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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 137, de 06/11/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 137
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ
Sesión núm. 6 celebrada el jueves 6 de noviembre de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor fiscal general del Estado (Conde-Pumpido Tourón) para:
- Presentar y explicar la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a sus actividades durante el año 2007. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000118.)...
(Página
2)... (Página )... (Página )... (Página )
- Dar cuenta de la política criminal que impulsa y, en particular, la política antiterrorista. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000114.)... (Página 2)...
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- Explicar la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/000110.)... (Página 2)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión.
En nombre de la Comisión de Justicia, quiero dar la bienvenida al fiscal general del Estado, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, a todo el equipo técnico de la Fiscalía General del Estado y, por supuesto, a todas y a todos ustedes, a los
medios de comunicación y a los servicios de la Cámara.
La sesión tiene tres puntos en el orden del día, son tres comparecencias: la primera, para presentar y explicar la memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a sus actividades durante el año 2007, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista; la segunda, a petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dar cuenta de la política criminal que impulsa y, en particular, la política antiterrorista, y la tercera, del Grupo Parlamentario Mixto, para que
explique la política de su departamento. La Mesa y portavoces de la Comisión de Justicia acordaron, en su sesión del 22 de octubre, dar a las tres comparecencias tramitación única, porque las materias están subsumidas dentro de la memoria de la
Fiscalía General del Estado. Por tanto, abordaremos las tres comparecencias en un único punto. Seremos flexibles en las intervenciones, para que los portavoces puedan encajar todas las materias en su intervención. También hemos acordado que el
orden de intervenciones de los grupos parlamentarios será de menor a mayor. Estos son los acuerdos de la sesión de 22 de octubre de Mesa y portavoces.
Agradeciendo una vez más su presencia y la del fiscal general del Estado, le cedo la palabra.
El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Conde-Pumpido Tourón): Señor presidente, señoras y señores diputados, cumpliendo un año más el designio de la ley, tengo el honor de comparecer ante SS.SS. para dejar constancia de la actividad del
ministerio fiscal correspondiente al último año natural. Creo oportuno destacar una vez más, porque esta vez es especial, que en esta cita anual con el Parlamento se materializa el mecanismo legitimador democrático del ministerio público. En
efecto, si mi última comparecencia ante esta Comisión, conforme a la nueva legalidad vigente, tenía por objeto someter la propuesta de mi nombramiento para el cargo de fiscal general a la valoración de los representantes democráticos de los
españoles, esta de ahora trasciende al más elevado ámbito institucional y refleja, también de acuerdo con la Constitución y con las disposiciones del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, el vínculo esencial entre el ministerio público, ahora
definido por la ley como órgano de relevancia constitucional, y esta Cámara, que es la depositaria de la voluntad popular. Ese reforzado factor de legitimación es el que no solo justifica sino que hace constitucionalmente imprescindible esta tarea
de dación de cuentas de la actividad del fiscal en todos los ámbitos de su competencia. A ella se añade en este caso la petición concreta de los grupos parlamentarios para el examen -leo literalmente- de la política criminal que impulsa y, en
particular, la política antiterrorista, así como de la política de mi departamento.
Resulta evidente que el terrorismo es, por constituir nuestra primera prioridad, un asunto llamado a capitalizar buena parte de la exposición dedicada a la presentación misma de la memoria. Me permitirán sin embargo SS.SS. que, por razones
de operatividad, y para no cansar su atención más de lo necesario con repeticiones inevitables, altere el que sería el curso de exposición lógico, por orden de importancia, desplazando el análisis de la actividad antiterrorista del fiscal al final
de mi intervención, en la que trataré de dar una respuesta concreta y por tanto más amplia a la petición del Grupo Popular.
Hecha esta advertencia de índole metodológica, quiero comenzar destacando, como ya lo hice con ocasión del acto solemne de apertura del año judicial, la concurrencia de dos factores novedosos. El primero consiste en la renovación del
Consejo General del Poder Judicial que el imprescindible consenso de esta Cámara ha permitido finalmente hacer realidad. Esa decisión del Parlamento que a todos los españoles representa contribuye a iniciar una nueva etapa abierta a la profunda
renovación de la justicia que los ciudadanos esperan y que me consta que muy mayoritariamente SS.SS. desean hacer efectiva. Debo decir en nombre de una institución que incluye entre sus mandatos uno plenamente coincidente con el del Consejo
General del Poder Judicial -el mandato constitucional de velar por la independencia de jueces y tribunales- que este hecho, aunque solo fuera por esa perspectiva de futuro que aporta, constituye un aliciente de primer orden para potenciar al máximo
la colaboración profunda e intensa de fiscales y jueces en orden a ese esfuerzo modernizador inaplazable.
La segunda novedad concierne precisamente a la diferente naturaleza con la que, por vez primera, se presenta ante esta Comisión el fiscal general del Estado. La continuidad de mi persona a partir de la confianza renovada del Gobierno y de
la mayoría de SS.SS., que así me hicieron el honor de expresármelo en mi última comparecencia, no debe dejar pasar por alto la radical transformación del cargo. El hecho mismo de mi paso previo por esta Cámara como único responsable público de
nuestro sistema jurídico, nombrado con la intervención directa de los tres poderes del Estado, es revelador de la voluntad transformadora implícita en la reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal que SS.SS. aprobaron en la última
legislatura. Pero otros hechos, de mayor trascendencia práctica si se quiere, aquilatan una nueva definición jurídica y una forma distinta de presencia institucional del órgano al que represento.
El Gobierno que me propuso no me puede cesar si no
es por una de las causas legalmente tasadas bajo control jurisdiccional. Por tanto, nunca antes un fiscal del Estado habló en esta sede tan objetivamente amparado en su autonomía por la propia ley. La nueva ley impone igualmente que esa
autonomía del órgano se conjugue en términos de unidad de actuación, especialización y reorganización territorial, de modo que las nuevas responsabilidades atribuidas a los fiscales de sala, a los fiscales superiores de las comunidades
autónomas y a los fiscales jefes redunden directamente, por la vía de la transparencia, en lo que algún autor ha llamado la imparcialidad colectivamente reflexionada del ministerio público. A todo ello se unen, y de ello son especialmente garantes
estas Cortes Generales, las disposiciones relativas a la individualización presupuestaria y la dotación de medios imprescindibles. A lo largo de mi larga trayectoria profesional he sido siempre más partidario de buscar la máxima eficacia a partir
de los recursos disponibles que proclive a quejarme de no tener medios bastantes. Como fiscal general creo haber dado prueba de ello, proponiendo siempre reformas realistas y factibles y, por tanto, reformas viables. Pero este Parlamento, el
Gobierno y los poderes autonómicos competentes en la materia tienen la responsabilidad añadida de ajustar las prioridades de acuerdo con las necesidades de los servicios públicos, y ahora tienen también el deber expreso de reflejar de manera
individualizada en los presupuestos, conforme a la ley, la proporción concreta de ese esfuerzo que corresponde al ministerio fiscal.
Más allá del voluntarismo o la retórica, ni la autonomía de las instituciones, que han de tenerla, ni la
modernización y la eficiencia de su trabajo pueden caminar por el sendero de la excelencia, ni aún de la suficiencia que los ciudadanos tienen derecho a exigir, sin un soporte proporcionado a la clase y al nivel de los resultados que se pretendan
obtener.
Dicho esto, veamos precisamente cuáles son esos resultados en el ejercicio anual que nos ocupa. Como se expone en toda su extensión en los dos tomos de la memoria anual, de la que ya disponen SS.SS., me voy a limitar a reseñar sus aspectos
más significativos, sin perjuicio por supuesto de atender a sus observaciones o de las precisiones que me puedan requerir.
Como primera impresión se hace notar una leve ralentización del crecimiento global de los procesos penales en relación con
años anteriores, un 2,8 por ciento de aumento, con lo que alcanzamos un total de 4.521.481 causas por delito en el año 2007, frente a un incremento del 3,54 por ciento en 2005 y del 4,12 en 2006. Son porcentajes, en todo caso, muy volátiles en la
medida en que en variaciones interanuales tan reducidas las cifras resultan difíciles de ajustar dadas las deficiencias, que ya he reseñado varias veces, de los procedimientos de obtención y tratamiento de la información, pero esas son las
estadísticas.
En el tradicional terreno de la seguridad ciudadana, los delitos contra el patrimonio siguen a la cabeza, ocupando en torno a un 50 por ciento del total de nuestra actividad, el 50,42 por ciento exactamente, y se observa cierto repunte en
los delitos dolosos contra la vida, de entre los cuales por supuesto nos sigue preocupando especialmente la cifra de mujeres fallecidas, 75 en el año 2007, a consecuencia de la violencia de género.
El trabajo intenso de la red de fiscales
especialistas tiene un reflejo exhaustivo en la memoria, en la que la fiscal de sala delegada expone y analiza con detalle uno por uno cada uno de estos casos. Estamos, por tanto, en el camino del conocimiento profundo de un problema de muy larga
trayectoria e iremos ganando terreno en la medida en que el conjunto de la sociedad, como parece que está ya ocurriendo, siga interiorizando la idea de igualdad como fundamento esencial de nuestro modelo de convivencia.
Si algo hay que destacar en este periodo, es lo que me atrevería a calificar como la consolidación de una tendencia que ya anuncié en años anteriores. Me refiero a la evidente reacción de nuestro sistema, pese a todos los problemas, a las
demandas prioritarias de la sociedad tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Ciertas conductas delictivas, que no son nuevas pero que van traspasando la sensibilidad de los ciudadanos, exigen nuevas respuestas que -permítanme decirlo con
todas las cautelas, pero también con satisfacción- estamos siendo capaces de ofrecer desde el ministerio público y los tribunales de justicia. En años anteriores, por ejemplo, logramos que el número de procesos por muerte en accidente laboral
aumentase más que el de los propios accidentes mortales, lo que refleja una mayor atención basada en una respuesta excepcional a las directrices impartidas desde la Fiscalía General del Estado y también una respuesta a la labor del fiscal de sala y
los fiscales especialistas encargados de esta materia. Pues bien, en el año 2007 hemos sido incluso más allá: los fallecimientos en accidente laboral descendieron un 12,60 por ciento, pero el número de procesos judiciales se incrementó en más del
3 por ciento; a menos muertes, más investigaciones, lo cual quiere decir que se está trabajando de una manera más intensa, más eficaz, en un problema que indudablemente preocupa al conjunto de los trabajadores y de la sociedad española.
Los datos son aún más llamativos en otros ámbitos. En el año 2007 se incoaron en España un 12,5 por ciento más de diligencias por blanqueo de capitales que el año anterior. Fíjense en la importancia que este delito, denominado lavado de
activos en otros países de nuestro entorno latinoamericano, tiene precisamente para estrangular financieramente a las redes del narcotráfico, de la criminalidad organizada trasnacional.
Pues bien, hemos incrementado en un delito tan técnico, tan
difícil y tan destacado en la lucha contra la criminalidad organizada nada menos que un 12,5 por ciento las diligencias por blanqueo de capitales; un 32 por ciento más en causas por delitos contra la propiedad intelectual, otra materia que también
es un sector moderno en la persecución de los hechos delictivos y también preocupa a un conjunto importante de la sociedad; o un 26 por ciento de incremento en delitos contra la ordenación del territorio, delitos urbanísticos.
Y si hablamos de seguridad vial y de la reforma del Código Penal llevada a cabo por este Parlamento, beneficiaria en buena medida de un largo y concienzudo
trabajo de la Comisión ad hoc que se creó sobre este problema en la pasada legislatura, creo poder decir que la aportación de la fiscalía, y singularmente, una vez más, la aportación del fiscal del Sala especialista en esta materia y la red
de fiscales especializados, está siendo determinante. Estamos disminuyendo de una manera relevante el número de fallecimientos por este problema de siniestralidad vial y creemos que el trabajo de la red de fiscales especialistas está siendo muy
importante, en colaboración con la reforma llevada a cabo por este Parlamento y el trabajo también del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Tráfico. No solo estamos logrando administrar y sortear los numerosos obstáculos derivados,
entre otras cosas, de la dificultad para ejecutar algunas penas -y me refiero a los trabajos en beneficio de la comunidad, pena sobre la cual hay que establecer una reflexión en cuanto a las dificultades que en este momento se plantean para su
ejecución- y también las dificultades derivadas del importantísimo volumen de procedimientos por esta materia, que frisan nada menos que las 44.000 diligencias previas en el año que comentamos, sino que en el plano de lo que podríamos llamar acción
preventiva, las ideas innovadoras que va desgranando la memoria en este apartado dan fe -y lo digo con orgullo- de un trabajo exactamente en la línea de lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Creo que en la memoria está reflejado el
importantísimo trabajo que se ha hecho en esta materia de seguridad vial, tanto en el ámbito de la aplicación de las nuevas normas aprobadas por esta Cámara como en el ámbito de las propuestas y sugerencias innovadoras para reforzar la labor
preventiva por parte del ministerio público. Todo ello sin descuidar ninguno de los numerosos y diversos cometidos que la Constitución y la ley nos encomiendan, desde la protección de las víctimas de cualquier tipo de delitos, en especial los
violentos, hasta la inveterada lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico, tarea esta en la que, por cierto, cumple su vigésimo aniversario la Fiscalía Especial Antidroga. La vigilancia penitencia, la protección de los menores o de los
derechos de los incapaces de la que hemos distinguido con el nombramiento específico de un fiscal de Sala emérito un marco singular de protección de las personas mayores que, por el mero hecho de su edad avanzada, aparecen como especialmente
vulnerables a ciertas conductas antijurídicas. Este marco especial especializado para los problemas derivados de la atención a las personas mayores surge precisamente de una iniciativa y de un planteamiento que recibí de alguno de los miembros de
esta Cámara. Y además sostenemos, por segundo año consecutivo, un nivel sin precedentes en el número de diligencias preprocesales de investigación, que se aproximan ya a las 11.000, 10.873 en 2007, diligencias preprocesales de investigación que
realiza autónomamente, como ustedes saben, el ministerio público.
Un fiscal volcado sobre los problemas reales y vivos de la sociedad, y dotado de la formación imprescindible, produce inmediatamente resultados espectaculares como estos. De ahí que -permítanme el paréntesis-, si de algo me siento orgulloso
y seguro en estos momentos en que he de responder de lo que hace el ministerio fiscal es de la solvencia profesional y del entusiasmo de quienes integran el ministerio público.
Todas esas son, señorías, prioridades que se han ido convirtiendo en
realidades de nuestra actuación por el cauce que esta Cámara construyó al aprobar la Ley 24/2007, de 9 de octubre, que reformó el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Y es que los instrumentos no aseguran los fines, pero resultan en ocasiones
imprescindibles para conseguirlos. Por eso el fiscal general del Estado hace uso en esta ocasión de la facultad que la ley le otorga para elevar formalmente al Gobierno una propuesta de reforma legislativa de la máxima importancia.
Señor presidente, señoras y señores diputados, la justicia penal española soporta, según datos de la Comisión Europea, la mayor carga de trabajo de toda la Unión. Podemos seguir aplicando recursos, aumentando plantillas o mejorando las
herramientas pero, como representante de la institución que tiene a su cargo promover la acción de la justicia con arreglo a la ley y velar por los derechos de los ciudadanos, no puedo dejar de manifestar que creemos llegada la hora de hacer frente
a la historia y asumir una tarea de auténtica renovación. He dicho alguna vez que, cuando don Manuel Alonso Martínez vio aprobar su Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta misma Cámara -ley todavía vigente-, los españoles en su gran mayoría no
sabían leer, no tenían luz eléctrica y viajaban en carruaje de caballos.
España es hoy uno de los Estados más dinámicos y más modernos del mundo, enganchado a las nuevas tecnologías, un país en el que para mejorar los transportes a nadie se le
ocurriría ponerle alas a aquellas viejas calesas, más bien parece que pronto seremos el primer país del mundo en kilómetros de ferrocarril de alta velocidad. Pues bien, este mismo país tan moderno, a treinta años vista de la Constitución
democrática, ha sustituido todas las leyes procesales de acuerdo con las necesidades de la sociedad en la que vivimos y de acuerdo con los principios democráticos que la rigen. En los diversos gobiernos sucesivos, del Partido Socialista o del
Partido Popular, en unos o en otros, se han ido sustituyendo absolutamente todas las leyes procesales -civil, laboral, contencioso-administrativa e incluso de la jurisdicción militar o la jurisdicción constitucional-; todas, menos una: sigue
vigente la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y aunque hayamos tratado de ponerle alas, no vuela. Es hora de responder a la vieja demanda fundada, que hoy se torna en una necesidad inaplazable para el prestigio, para la estabilidad y para la
eficacia del ordenamiento jurídico español. Del correcto funcionamiento de la justicia dependen los bienes supremos de la libertad y la seguridad, y la justicia penal constituye precisamente la clave, porque ante ella se ventilan los problemas más
graves y se protegen los intereses individuales y colectivos más valiosos. Por ello, hemos asumido la responsabilidad
de solicitar formalmente al Gobierno que traiga ante esta Cámara un proyecto de ley procesal penal capaz de encarnar la aspiración de un proceso penal propio y digno de la democracia avanzada en la que vivimos.
Más allá de esta propuesta,
la fiscalía no contempla ni propugna, porque ello no es su cometido, ninguna opción concreta. La memoria que hoy presento, que por cierto dice lo que dice y no lo que algunos han dicho que parece que tal vez quería decir, sólo toma postura en un
punto de manera tajante -confieso que sí, con un criterio tajante-, afirmar que un proyecto de esta envergadura sólo será viable y útil y sólo podrá cumplir con su función histórica si cuenta con un amplísimo consenso parlamentario y social. A
partir de esta convicción, somos fervientes partidarios exactamente de la ley que este Parlamento haga, precisamente de esa, ni más ni menos, y dejamos solemne constancia de que el ministerio fiscal -gracias a la reforma que esta misma Cámara ha
convalidado en los últimos años- está técnica y funcionalmente preparado para hacer frente a cualesquiera que sean las tareas y cualesquiera que sean las responsabilidades que esa misma ley le atribuya, responsabilidades y tareas que serán las que
SS.SS. determinen. Este es el más preciado objetivo de los fiscales españoles que conocen el día a día de nuestra responsabilidad para con los ciudadanos y ese es también, señorías, uno de los hilos conductores de la respuesta que me satisface
ofrecer, a partir de aquí, a la cuestión concreta que me plantea el Grupo Parlamentario Popular acerca de la política criminal que impulsa la Fiscalía General del Estado y, en particular, de la política antiterrorista. Sin embargo, creo conveniente
hacer antes una precisión conceptual. Al preguntarme por nuestra política criminal o por nuestra política en general y, en particular, por la política antiterrorista, creo que se está dando por sentado algo que los ciudadanos podrían
malinterpretar. Por tanto, debo aclarar que el fiscal, en nuestro sistema constitucional, ni hace ni impulsa la política criminal. En realidad, la política criminal, igual que el resto de las políticas en las áreas de que se trate, tiene su origen
en la acción del Gobierno. Como establece el artículo 97 de la Constitución, y en lo que al ministerio fiscal le concierne, la política criminal se plasma en las leyes que aprueba esta Cámara. Lo que nosotros hacemos es aplicar esas leyes y solo
en ese sentido -de aplicación de las leyes- se puede considerar que la institución que dirijo cumpla una función de impulso o de realización -diría yo más bien- de la política criminal del Estado. Por tanto, en cierto modo esa aclaración lleva
implícita una primera respuesta a la cuestión que SS.SS. me plantean y es que el ministerio fiscal impulsa exactamente la política criminal que la ley le marca. En ese contexto es obviamente cierto, y de ello he estado precisamente hablando aquí
esta mañana, que la institución que dirijo procura optimizar sus recursos escasos para atender prioritariamente las principales preocupaciones de los ciudadanos. Por ejemplo, la decisión de optar por la especialización del trabajo para proyectar
ese principio de especialización sobre temas como el medio ambiente, la corrupción, la siniestralidad laboral y vial, la violencia de género, la protección y reforma de los menores, la extranjería y la inmigración, integra decisiones de esta
naturaleza. En esa misma línea, además de cuanto he dejado dicho, puedo añadir, con la esperanza de dar satisfacción a SS.SS., algunos proyectos en los que pretendo centrar esta nueva etapa en la que tengo el honor de volver a dirigir el ministerio
público, pero dejando claro que la política criminal que el ministerio público y la Fiscalía General del Estado impulsan es la política criminal del Estado, que se inicia a propuesta del Gobierno de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución y se
plasma en las leyes que SS.SS. aprueban. Es la política criminal aprobada por la ley.
La aspiración de un cambio profundo en el proceso penal a la que acabo de hacer mención no impide avanzar en actuaciones concretas del ministerio público dentro de la legalidad vigente. Pretendemos profundizar en el propósito ya enunciado
en las instrucciones 1 y 2 del año 2008 de la Fiscalía General del Estado de incrementar la efectividad y la agilidad de nuestro trabajo tanto en la relación funcional del ministerio fiscal con la Policía judicial como en nuestra aportación a la
instrucción judicial, de manera que podamos mejorar, como la ley nos exige, los parámetros de celeridad y de eficacia del proceso. Por tanto, vamos a seguir esforzándonos sobre la base de nuestra experiencia profesional para aportar lo mejor de
nuestros conocimientos a ese impulso innovador.
Un segundo bloque en nuestra línea de objetivos se centra en la cooperación judicial internacional. Hemos conseguido acceder a la presidencia de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y estamos ocupando posiciones de liderazgo
en todas las iniciativas que surgen en el seno de la Unión Europea. El pasado mes de septiembre hemos impulsado y sacado adelante de la mano de la Presidencia francesa una iniciativa para constituir formalmente un órgano de coordinación de los
fiscales europeos en el marco institucional de la Unión y también estamos trabajando intensamente en el concepto de la fiscalía europea que queremos colocar en el centro de nuestra aportación a la próxima Presidencia española de la Unión. Es
indudable que vivimos en un mundo global, es indudable que el principal enemigo al que nos enfrentamos es la criminalidad organizada transnacional, y es indudable que no podemos hacer frente a esta criminalidad transnacional si nosotros no
trabajamos también con una perspectiva transnacional, si no reforzamos tanto en el ámbito de la lucha contra el terrorismo como en el de la lucha contra el narcotráfico como en el de la trata de seres humanos, y como en general cualquiera de las
grandes modalidades de delincuencia, la cooperación judicial internacional con los países de nuestro entorno, con los países de América Latina, con los países del Magreb y, en general, con el conjunto de los sistemas jurídicos internacionales.
El tercer gran objetivo es la formación de los fiscales. El camino de la especialización ha demostrado su enorme rentabilidad social a corto plazo y, como era previsible, ha desencadenado la imperiosa necesidad de profundizar en esa línea,
pero al mismo tiempo también la necesidad de ensanchar el horizonte con el fin de ir extendiendo la misma filosofía a las distintas materias que lo vayan requiriendo. Hay que proyectar la formación de los fiscales hacia campos más abiertos, pero
también hay que intensificar los aspectos estrictamente profesionales y jurídicos que sustentan el día a día de su servicio a los ciudadanos. Por ello nos proponemos fortalecer y ordenar la presencia de la Fiscalía General del Estado en la
actividad de formación inicial y continuada del Centro de Estudios Jurídicos, a través de las funciones de colaboración que el estatuto orgánico atribuye a la secretaría técnica de la Fiscalía general y especialmente también de las facultades de
conocimiento que la misma ley atribuye al Consejo Fiscal. Este es un reto para nosotros de la máxima prioridad. Como soporte de todo ello, seguimos avanzando de acuerdo con el Ministerio de Justicia en las tareas de desarrollo y consolidación de
la reestructuración orgánica y funcional y del nuevo modelo de implantación territorial que deriva de la ya mencionada reforma del estatuto orgánico, que entre otras cuestiones exige -lo exige desde hace cuarenta años y vamos a intentar realizarlo
en esta legislatura- un desarrollo reglamentario adecuado del régimen de organización y funcionamiento de las fiscalías y del régimen de funcionamiento de la carrera fiscal como tal carrera profesional.
En el plano de los contenidos, las prioridades que he señalado al describir nuestra actividad del último año van a seguir siéndolo, aunque estamos trabajando de manera especialmente intensa, por ejemplo, en el tema de la ejecución de las
sentencias, que incluye un mayor control por parte del fiscal del cumplimiento de las condenas y de la efectiva satisfacción de los derechos de las víctimas. El problema es complicado -la ley atribuye la función de juzgar y ejecutar lo juzgado a
los órganos jurisdiccionales-, pero hemos avanzado considerablemente en el análisis de la situación actual y en poco tiempo estaremos en condiciones de impartir a los fiscales una instrucción que aporte criterios claros y eficaces.
Por lo demás, solo me queda repetir una vez más que la primera prioridad del ministerio fiscal español es la lucha contra el terrorismo. Comprendo perfectamente, desde esta perspectiva, que esa sea una preocupación singular de este
Parlamento al examinar la actuación del ministerio fiscal. En diciembre del año 2007, después de diez atentados sin víctimas mortales, ETA volvió a matar; en este caso, a los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero, que cayeron trabajando
por la seguridad de todos nosotros. Dos de los autores de aquel atentado ya se encuentran en prisión con otros 181 detenidos más de ese año 2007 por su relación con la actividad terrorista. Lamentablemente, la evidencia de una derrota irreversible
no parece conducirles al sentido común, sino a una mayor irracionalidad si cabe. Lo acabamos de ver otra vez hace solo unos días, cuando han estado a punto de provocar una carnicería en la Universidad de Navarra. Pues bien, mientras ETA seguía
matando o intentando matar, la fiscalía formuló en el año 2007 un total de 62 escritos de acusación contra 133 personas integradas en grupos terroristas y contra otras 178 personas acusadas de colaboración con banda armada; 133 por integración, 178
por colaboración. Se celebraron 59 juicios en el año 2007 en virtud de la acusación formulada por la fiscalía, entre los que el correspondiente al denominado caso Ekin culminó tras diecisiete meses de sesiones con una sentencia condenatoria, que en
cierto modo supone un salto cualitativo en el avance judicial contra la infraestructura de apoyo y cobertura a ETA. Me gustaría destacar especialmente este procedimiento porque es un procedimiento realmente muy complejo y difícil -efectivamente, se
llevó a cabo en el año 2007, al que se refiere la memoria- y representa un avance cualitativo en la lucha del ministerio público no contra los comandos de la organización terrorista, sino contra el entramado de apoyo y cobertura a toda la
infraestructura de la organización terrorista. Es una materia de muy difícil prueba, que presenta problemas jurídicos probablemente muy novedosos, una materia en relación con la cual el ministerio público celebró un juicio -fueron 17 meses de
sesiones-, obteniéndose una sentencia muy relevante frente a esta estructura de cobertura de la organización terrorista. Es un hito histórico en la lucha contra ETA. La sentencia se dictó en el año 2007 y todavía está pendiente de recurso ante la
Sala segunda del Tribunal Supremo, donde indudablemente nos vamos a encontrar con las dificultades derivadas de los problemas probatorios que estos asuntos siempre llevan consigo.
Año tras año, el empeño y el mérito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional han ido arrojando sin interrupciones ni excepciones por ningún motivo ni en ninguna circunstancia cifras exponencialmente crecientes en esta tarea. No voy a
aburrirles repitiendo los números, pues los he facilitado en numerosas ocasiones en esta Cámara y se encuentran ya recogidos en el 'Diario de Sesiones', pero sí estoy en disposición de decirles que esa va a seguir siendo -no lo duden SS.SS.- la
tónica de nuestra actuación. Seguiremos actuando con toda la fuerza de la ley, aplicada con imparcialidad, como la Constitución nos exige, al margen de los tiempos, de los objetivos por legítimos que sean o de los límites de la política. En este
punto, permítanme SS.SS. confesar mi más absoluta convicción de que nuestro trabajo será, no más o menos eficaz en cada caso, pero sí más útil para acercar el final del fenómeno terrorista en la medida en que ese trabajo se pueda desarrollar en un
trasfondo de unidad política, en un escenario en el que la actuación o incluso los errores que pueda cometer el ministerio fiscal -que seguro que los cometeremos- no constituyan nunca un arma arrojadiza al servicio de cualquier interés
que no sea precisamente el que objetivamente deriva de la propia ley, interpretada y aplicada por los tribunales de Justicia. La ley, pues, seguirá siendo nuestro patrón y nuestra frontera en todos los frentes de la lucha antiterrorista;
nuestro patrón pero también -como he indicado- nuestra frontera, nuestro límite, en la tarea de erradicar la presencia política, no de los que piensan de uno modo u otro sino de los que apoyan o sustentan la vía terrorista para imponer su
pensamiento. La reciente estimación de las demandas interpuestas por este ministerio fiscal y la Abogacía del Estado para ilegalizar el Partido Comunista de las Tierras Vascas y de Acción Nacionalista Vasca son el fruto de esta línea de trabajo,
son el fruto de un esfuerzo muy largo y muy intenso de investigación por parte del ministerio público y por parte de las fuerzas de seguridad que, una vez reunidas, no las evidencias, no las conclusiones de carácter político, no los indicios, sino
las pruebas legalmente viables que resultaban imprescindibles para ese propósito, pruebas de hechos producidos básicamente a partir de las elecciones de mayo de 2007 y a lo largo del segundo semestre de ese mismo año, cuyo balance examinamos, nos
han permitido finalmente obtener esta decisión judicial absolutamente congruente con nuestras pretensiones. Igual que con esfuerzo y con indudables e inevitables dificultades, pero con sustancial éxito de todos -y digo de todos, de todos los
ciudadanos y de toda la sociedad española, no solo de los jueces y de los fiscales-, entre febrero y julio del año 2007 -que también estamos examinando- conseguimos marcar un hito en la lucha contra el terrorismo internacional celebrando un juicio
justo para los autores del feroz atentado perpetrado en Madrid el 11 de marzo del año 2004. Los 56 días de sesiones de mañana y tarde, 29 acusados, más de 300 testigos, 100 peritos y miles de documentos condujeron a una sentencia que acredita el
éxito rotundo de nuestro Estado de derecho, culminado por la sobresaliente celeridad con la que el Tribunal Supremo resolvió los complejos y numerosos recursos de casación, de modo que cuatro años y seis meses después de aquel crimen terrible -como
dijo la propia sentencia de la Sala segunda- la justicia española ha sabido dar al más grave atentado terrorista de nuestra historia una respuesta razonada en un tiempo razonable.
Vengo a hablarles, pues, de un periodo -el año 2007- en el que el ministerio público ha impulsado, en el ámbito de esta política criminal por la que nos preguntan en materia de terrorismo, la celebración de los dos juicios más relevantes de
nuestra época reciente en materia de terrorismo: el juicio sobre el denominado caso Ekin, en relación con el terrorismo etarra, y el juicio sobre los atentados del 11 de marzo, en materia de terrorismo yihadista internacional. Los dos juicios
culminaron con una resolución que fue sustancialmente conforme con las pretensiones del ministerio fiscal. Y digo sustancialmente conforme porque en esta materia tan compleja es indudable que será difícil que unos tribunales de Justicia tan
respetuosos con las garantías y con el ordenamiento jurídico, y tan sensatos a la hora de valorar las pruebas y dictar las resoluciones no encuentren dentro de nuestras acusaciones algunos elementos que probablemente no permitan acogerlas en su
totalidad. Pero, sustancialmente, el ministerio público obtuvo en estos juicios una resolución que permitió -como decía el Tribunal Supremo- dar una respuesta razonada en un tiempo razonable. Ese es el balance de un esfuerzo continuado que
pretende perpetuarse con el trabajo convergente y decidido de 2.200 servidores públicos que, sin más compromiso que su vocación y los valores constitucionales que guían cada instante de su trabajo, están en el ministerio fiscal a disposición de
todos los ciudadanos y, naturalmente, a disposición de sus señorías. Queda también a su disposición de SS.SS. este fiscal general del Estado, agradeciendo sinceramente de antemano sus observaciones, sus críticas y sus sugerencias.
El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir a continuación el turno de intervención de los grupos parlamentarios. Les haré una breve consideración para su administración. Seremos flexibles en los tiempos, pero a partir del consumo de los quince
minutos les avisaré para que no utilicen otros cinco más adicionales, en la medida de lo posible. Seis grupos con un promedio de veinte minutos significaría que el trámite de intervención de los grupos ya se nos va a dos horas, es decir, a la una
volveríamos a tener el turno del fiscal general del Estado. Lo digo para que se administren en los tiempos. El deseo es que luego no haya un ulterior turno más allá de lo que sean preguntas o aclaraciones muy puntuales y muy breves.
Sin más rodeos, le damos la palabra a la señora Díez González en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Resulta incomprensible, señor fiscal, porque no se han variado las circunstancias, que con el mismo material probatorio se haya degradado el delito de injurias a la corona a un mero hecho de desorden. O el delito
de injurias es un delito o no es nada. Son palabras pronunciadas hace apenas unos días por el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, después de que el fiscal cambiara la calificación de las actuaciones que estaban siendo juzgadas, y
así los que iban a ser juzgados por un delito ante la Audiencia Nacional, ante la nueva calificación de falta, fueron absueltos. Es un ejemplo más, señor fiscal general del Estado, de una actividad de esa fiscalía que usted dirige, que podríamos
considerar mutante, una actividad incoherente, una actitud incomprensible y una actitud que ha producido a lo largo de todos los años que usted ha estado al frente de esa institución, una enorme inseguridad a los ciudadanos y que no hemos podido
comprender a qué obedecía porque -como acabo de leer en una brevísima intervención- no se explica su actividad si no es desde un sentido de no sometimiento al derecho, y sí de sometimiento al interés partidario o coyuntural.
Señor fiscal general del Estado, tengo una posición muy negativa sobre lo que ha sido la actividad de la fiscalía que usted dirige. Si estuviéramos ante una comparecencia en la que simplemente nos hubiera informado -como ha tratado de
hacer- de cuáles eran los propósitos de la fiscalía, podría tener una posición relativamente cercana o lejana y podría hacerle propuestas sobre el futuro del que ha hablado. Pero es que usted ha sido fiscal general del Estado en los últimos cuatro
años, y sigue siéndolo, y no puedo evitar juzgarle no por lo que dice, sino por lo que ha hecho.
Entiéndase bien que no estoy juzgando al señor Conde-Pumpido; mis calificaciones y mis calificativos son sobre la política y no sobre la persona -a la
que expreso de antemano mi respeto personal-, por tanto, insisto, califico su política y no le califico a usted.
Señor fiscal general del Estado, su trabajo al frente de la fiscalía es un ejemplo de arbitrariedad totalmente inadmisible, un ejemplo de arbitrariedad que se compadece muy mal con su obligación constitucional y que ha producido en los
últimos años -particularmente en la lucha contra el terrorismo, aunque no solamente en esa materia, acabo de citarle otra- consecuencias nefastas para la vida democrática española y, por tanto, nefastas para el derecho de los españoles a la vida o a
la libertad.
Usted ha dicho en su intervención que no puede ser cesado más que acotando los motivos por los cuales el Gobierno lo puede cesar. Eso es así, pero entre los motivos por los que puede ser cesado un fiscal general del Estado está la
arbitrariedad. Hay varias sentencias del Tribunal Constitucional -abunda la jurisprudencia- que condenan la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos, desde la sentencia 71/1982 hasta las sentencias 77/1985; 34/1995, de 6 de febrero;
50/1995,225/1998; 49/1999; y la 91/2000. Insisto, jurisprudencia del Tribunal Constitucional que condena la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿Por qué afirmo que ha actuado usted con arbitrariedad en función y en relación con la lucha
contra el terrorismo? Señor fiscal general del Estado, sabe que en las elecciones del 27 de mayo, la Fiscalía General del Estado dejó, con conocimiento de causa, que determinadas candidaturas de ANV compuestas por personas que habían formado parte
de Herri Batasuna y que se habían presentado a las elecciones cuatro años antes en las candidaturas de Batasuna -candidaturas y partido después suspendido, no por sus ideas, como usted ha dicho, sino por formar parte de la organización terrorista
ETA- pasaran las elecciones del año 2007. Con conocimiento de causa, no solamente por la labor de la Policía y de la Guardia Civil -que hicieron su trabajo-, sino porque usted también sabía que personas que conformaban determinadas candidaturas
habían formado parte de Herri Batasuna y, por tanto, la fiscalía también lo sabía. En un acto de absoluta arbitrariedad determinaron impugnar unas candidaturas sí y otras no; con circunstancias exactas, cuando no menores, desde el punto de vista
de la responsabilidad terrorista -si me permite la expresión, aunque sea entre comillas y en minúsculas- de las personas que formaban parte de esas candidaturas. Le citaré solo un ejemplo, un ejemplo notorio, notable y desgraciadamente conocido
porque en ese mismo municipio se produjo un atentado mortal contra quien fue en la pasada legislatura un concejal del Partido Socialista. Me refiero al municipio de Mondragón. Gracias a su decisión, a la decisión arbitraria de la Fiscalía General
del Estado, en el Ayuntamiento de Mondragón, esa candidatura de ANV no fue impugnada.
Ustedes decidieron no impugnarla; decidieron impugnar algunas y otras no, con lo cual, ataron de manos a los tribunales que podían determinar y decidir después
si en esas candidaturas se estaba dando el supuesto de que se estuviera colando una organización que formaba parte de una organización terrorista. En el Ayuntamiento de Mondragón -por fijarme solamente en ese municipio, porque no tengo tiempo para
hacer un repaso al conjunto de los municipios-, ustedes pasaron por alto -sabiendo que algunas de las personas que voy a citar eran miembros de las candidaturas impugnadas en el pasado porque representaban a Herri Batasuna- el hecho de que en esa
candidatura de ANV estuvieran Galparsoro Markaide, Aranburu Uriarte, Pagaldai Urrutia, por citar solo algunos ejemplos, y que todos ellos habían tenido implicaciones y vinculaciones contrastadas, verificadas y manifiestas con la ilegalizada
Batasuna. Curiosamente, en otros municipios en los que se daban situaciones similares, ustedes impugnaron las candidaturas, por ejemplo, de la agrupación Arrasateko, Abertzale Sozialistak, en la que había personas como Zubizarreta Lasagabaster,
Urrizalki Jauregui, o Trojaola Berezibar, que habían tenido en el pasado relación similar a la que le acabo de mencionar -en algunos casos ni siquiera habían ido en listas impugnadas en el año 2003-, pero en ese caso, el interés partidario de que
esas candidaturas colaran hizo que la arbitrariedad de la fiscalía impidiera que los tribunales hicieran su función para evitar que en estos ayuntamientos, en estas instituciones democráticas entraran personas que formaban parte, como ya han
determinado hoy los tribunales, de una organización terrorista llamada ANV. Esa es una actuación, señor fiscal general del Estado, no solamente arbitraria sino peligrosa desde la perspectiva de los ciudadanos; peligrosa desde la perspectiva
democrática, pero peligrosa también desde la perspectiva de nuestra propia seguridad.
Usted sabe -me consta que lo sabe- que en el pasado -no en un pasado demasiado lejano- hemos visto en la Audiencia Nacional cómo se juzgaba a personas que cuando no existía la Ley de Partidos formaron parte de candidaturas de Herri Batasuna,
entraron por tanto en los ayuntamientos, y durante su presencia en los ayuntamientos ayudaron a que se cometieran atentados contra demócratas y contra concejales de partidos democráticos que estaban al servicio de los intereses de los ciudadanos.
No teníamos instrumentos; el Estado de derecho no tenía entonces instrumentos para evitar que se colaran en las instituciones democráticas, ahora los
teníamos, en el año 2007 los teníamos y ustedes decidieron dejar que se colaran sabiendo quiénes eran y cometiendo no solamente una arbitrariedad condenable, contraria al interés general, contraria a su obligación como fiscal general del
Estado, sino una arbitrariedad que puede tener gravísimas consecuencias desde la perspectiva de la seguridad de los ciudadanos.
Es una actividad, insisto, señor fiscal general del Estado, absolutamente reprobable, que yo repruebo; que le debería haber llevado a usted -porque ahora sí han decidido imputar, han decidido pedir la ilegalización de ANV, la disolución de
ANV-, después de la resolución de los tribunales a pedir perdón por lo que no hizo en el pasado. Usted dijo en el pasado que no podía pedir la ilegalización de ANV porque eso sería tremendamente lesivo y podría afectar a derechos fundamentales;
estaba hablando de los derechos fundamentales de ANV, no estaba pensando en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Dijo que además sería una temeridad, esperó a que pasaran las elecciones, a que ETA rompiera el llamado proceso de paz, y
entonces lo que hace unos meses no se podía hacer porque estaban por dejar que entraran en las instituciones, ahora resulta que se puede hacer. O sea, que -ahora- dejan a los tribunales actuar porque su no actuación anterior, como también sabe muy
bien, impidió que el Supremo pudiera anular las candidaturas de ANV, lo impidió porque todas las que ustedes impugnaron, todas, fueron anuladas; las únicas que colaron fueron aquellas que política y partidariamente decidieron que debían colar; por
cierto, territorios tradicionales de Batasuna y de su entorno. Señor fiscal general del Estado, no pidió la ilegalización, no impugnó todas las candidaturas, no veló por el cumplimiento de la ley ni por la protección de los ciudadanos y, por tanto,
de los derechos de los ciudadanos. Ha esperado a que la coyuntura partidaria indicara que pudiera hacer otra cosa; señor fiscal general del Estado, ha demostrado una enorme arbitrariedad en toda su actuación, como le he dicho antes, una
arbitrariedad sobre la que hay jurisprudencia extensa del Tribunal Constitucional que le llevaría a tenerse que marchar de esa institución que preside.
En fin, tampoco hace falta abundar más en algo que está plenamente probado. Me gustaría además, créame si se lo digo, que esto no fuera así; a mí me gustaría poder tener confianza en esa institución que preside, pero no puedo tener
confianza porque usted la ha contaminado, porque con su actividad en la pasada legislatura ha contaminado esa institución, una institución que tiene la obligación de defendernos, que tiene la obligación de protegernos, la obligación constitucional;
y esa actividad política que ha desarrollado -entiéndame así el usted, que no es personal- ha hecho que muchos ciudadanos o algunos, como es mi caso -no voy a hablar más que en nombre de mí misma-, hayamos podido perder la confianza en aquellos que
más obligación tienen de protegernos. Esa arbitrariedad de la que ha hecho gala, de la que la fiscalía por usted dirigida ha hecho gala, hace que hoy en más de treinta instituciones democráticas del País Vasco estén personas que pertenecen a una
organización que ya los tribunales acaban de determinar que es una organización terrorista. Sí, lo ha impugnado ahora, pero se negó a hacerlo cuando estaba a tiempo de evitar que esas personas en representación de esa organización entraran en las
instituciones democráticas. Eso es lo que más me duele, señor fiscal general del Estado, que usted podía haberlo evitado, como lo ha hecho ahora. Ahora ha sido políticamente correcto para seguir las instrucciones partidarias que usted sigue, pero
cuando tenía que protegernos y tenía que evitar que entraran en las instituciones quienes desde dentro de ellas trabajan para tenernos más a tiro, no lo hizo. Eso es una enorme irresponsabilidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría Muñoz.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, bienvenido a esta Cámara otra vez, a pesar del carácter de la primera exposición, que forma parte de la retórica dialéctica o de la dialéctica retórica que aquí se
practica actualmente. Voy a intentar no suscitar un turno de alusiones por parte de la señora Díez, señor presidente, en lo que se está convirtiendo ya en un clásico en el ámbito de las discrepancias que mantenemos ambos sobre esta vidriosa
cuestión a la que se ha referido, que es la acción o inacción del ministerio fiscal en relación con la presencia en determinadas instituciones municipales y forales de determinadas organizaciones que ex post han sido declaradas ilegales. Yo
discrepo, y se lo he dicho a la señora Díez con tono amistoso, por las convicciones profundas que mi grupo mantiene. En primer lugar, es difícil asumir como reflexión genérica que ella critique con dureza sus políticas, pero respete su persona. El
diagnóstico de una reflexión de estas características sería el de la conducta bipolar, en términos políticos, no en términos psiquiátricos, una conducta bipolar difícil de comprender. Es difícil asumir posiciones políticas mantenidas por la
institución que usted representa sin hacer una refutación de su propia personalidad.
Al margen de estas circunstancias, que forman parte de la pura retórica, tengo que decirle a la señora Díez -lo hemos comentado más de una vez- que los órganos y las personas que en este momento tienen presencia institucional en determinadas
corporaciones locales e instituciones forales del País Vasco, han pasado todas el cedazo de los requerimientos y resoluciones judiciales de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, cuando se instó la eventual ilegalización de las mismas, y de las
acciones jurisdiccionales de la Audiencia Nacional, mediante la aplicación del Código Penal, es decir, tanto de la Ley de Partidos Políticos, aplicada por la Sala del 61, como de la legislación penal, en el ámbito de las competencias de la Audiencia
Nacional. No es cierto que no existieran
antes de la aprobación de la Ley de Partidos Políticos medidas de protección contra la eventual presencia institucional de personas vinculadas a organizaciones terroristas en el ámbito de la integración o en el ámbito de la colaboración.
Sabe perfectamente que el Código Penal prevé estas figuras delictivas, y no solo eso, sino también la posibilidad de la suspensión de una organización política cuyos miembros se dediquen a realizar estas actividades delictivas. Sin embargo, parece
que no se termina de comprender que la Ley de Partidos Políticos posibilita así la ilegalización de una organización política, pero no la privación de uno solo de los derechos constitucionales que asisten, que pertenecen o de los que disfrutan sus
componentes desde una perspectiva de su consideración individual. ¿Por qué usted o por qué la fiscalía o quienes tenían legitimación procesal para hacerlo en las anteriores elecciones municipales o forales actuaron de una forma dispar? Imagino que
obrarían en su poder elementos probatorios para realizar una acción de estas características, bien ante la Sala del 61 o bien ante la Audiencia Nacional. No puedo creer o no quiero creer -me parecería una perversión o una patología política o
político-jurídica extrema- que se buscara una especie de selección discrecional -en unos sitios sí y en otros no- de las posibilidades de participar en los comicios electorales citados para buscar sabe Dios que bastardos fines políticos. Tengo la
convicción de que sus actuaciones jamás han estado inspiradas por ese tipo de previsiones y, desde luego, de que han sido todas ellas ajustadas a los requerimientos de la legalidad, legalidad -ya que la señora Díez se ha manifestado con tanta
desinhibición, vamos a utilizar esta expresión, sobre la validez o bondad de determinadas leyes- en la que nosotros no creemos, por cierto. Me gustaría conocer su opinión no ya sobre la Ley de Partidos Políticos, que conozco perfectamente, sino
sobre su ajuste.
Nosotros no creemos en el ajuste de la Ley de Partidos Políticos, ya no le voy a decir a los requerimientos del Tribunal Constitucional o de la Constitución, puesto que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, pero sí -veremos
a ver qué decide el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- a los requerimientos de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Tenemos muchas dudas en relación con la Ley de Partidos Políticos, y parafraseando a Günter Jakobs, penalista que usted conoce perfectamente -seguramente el penalista más ilustre que cabe parafrasear en la actualidad- la Ley de Partidos
Políticos se incardina -aunque no es una ley formalmente penal, materialmente sí lo es porque su efecto a la suspensión de un partido político es punitivo- en lo que Günter Jakobs advierte que se configura como un derecho penal del enemigo, versus
un derecho penal del ciudadano. La Ley de Partidos Políticos es una ley ad hoc, es una ley para organizar determinadas organizaciones políticas en tanto en cuanto las causas que consigna el artículo 9 de dicha ley para instar un procedimiento de
ilegalización, coinciden exactamente con los objetivos políticos de determinadas organizaciones. Es mucha coincidencia que el legislador haya buscado esa coincidencia. Exactamente las causas de legitimación para instar la ilegalización son las
mismas que configuran los objetivos políticos de determinadas organizaciones. Desde luego, es una penetración un poco extravagante en los requerimientos axiológicos del derecho punitivo de una ley a la que no se califica como punitiva, que lo es de
facto, pero que además se superpone a lo que ya posibilita el Código Penal, que es la suspensión de una organización compuesta o configurada por miembros de una organización terrorista, o que colabora con una organización terrorista mediante las
figuras previstas en el delito de colaboración con banda armada, que usted conoce perfectamente, y que requieren actos materiales de colaboración, o allegamiento de fondos o colaboración logística con los comandos o todos los que prevé el Código
Penal en esta materia.
Desde esta perspectiva, su actuación ha sido pulcra, y cualquier previsión al contrario resultaría particularmente preocupante, porque estaría utilizando tanto la legislación de partidos políticos como la penal para buscar fines o
rendimientos políticos electorales en el sentido más bastardo del término. Su larga trayectoria profesional me lleva a la convicción de que jamás ha formado parte de los elementos de inspiración de sus actuaciones una previsión de esas
características. Usted y yo nos conocemos hace mucho tiempo, tanto en su condición como magistrado de la Sala segunda como antes de su acceso al Tribunal Supremo, y también mediante el desarrollo de sus gestiones al frente de la Fiscalía General
del Estado. Por tanto, tengo que refutar -y espero, señor presidente, que esto no genere un turno de alusiones- todas las reflexiones realizadas por la señora Díez, porque honestamente no comparto ninguna de ellas. Por resumir, les digo que
ninguna de ellas me parece pertinente ni jurídicamente atinada, entre otras cosas porque se acredita un desconocimiento de uno de los aspectos tan elementales de la Ley de Partidos Políticos como es que esta ley puede posibilitar la ilegalización de
un partido pero sin privar de todos los derechos y libertades que corresponden a sus componentes individuales; tampoco se les priva del derecho al sufragio activo y al sufragio pasivo por haber pertenecido a una organización previamente
ilegalizada.
Hecha esta larga digresión, que no pensaba hacer y que he tenido que improvisar por requerimientos de esta retórica o dialéctica a la que ya estamos acostumbrados en los preámbulos de las intervenciones donde es posible hablar de terrorismo,
tengo que decirle que me ha sorprendido una reflexión hecha por usted. Yo tampoco comparto el Estatuto del ministerio fiscal -es una configuración del año 2007-, nosotros somos unos apologetas del nombramiento y del control parlamentario de la
fiscalía y de que el control de la legalidad mediante esa reflexión un tanto tautológica del artículo 124 de la Constitución se haga en sede parlamentaria. Tampoco es estrambótica la tesis alternativa de que sea el Gobierno
en definitiva el que ejerza esta función tan importante de defensa de la legalidad en su conjunto, pero este trámite ya está incardinado con otra fundamentación. Usted dice que ya en este momento se siente más amparado porque los mecanismos
de cese son mucho más intensos y requieren la intervención de poderes diferentes al Ejecutivo, pero recuerdo perfectamente en anteriores comparecencias de usted mismo, y de quienes le han precedido, que con el anterior Estatuto fiscal tampoco se
consideraban ellos particularmente preteridos en su independencia, a pesar de que los mecanismos de cese eran mucho más fáciles de utilizar por parte del Gobierno, que nombraba de forma absolutamente discrecional.
No sé hasta qué punto estamos
hablando de que o bien antes faltaba suficiente libertad o bien en este momento esta reflexión hecha por usted, respecto a que se considera más libre a la hora de ejercer sus funciones -todas las personas están jerárquicamente bajo su dependencia-
resulta cuando menos un tanto sorprendente y paradójica intelectualmente
En cuanto a las estadísticas que nos ha remitido, yo sé que estamos hablando de cosas diferentes, pero nos encontramos siempre con la falta de sintonía entre las estadísticas que presenta y las que presenta el ministro del Interior en
relación con la evolución de la criminalidad. En este momento usted habla de una leve ralentización de determinados delitos pero, a pesar de todo, mantiene un incremento de determinadas figuras delictivas que no se corresponden exactamente con las
actuaciones realizadas por el Ministerio del Interior, aunque estamos hablando de estadísticas diferentes. Las estadísticas que usted maneja son las que requieren la acción procesal o preprocesal por parte del ministerio fiscal. En la Comisión de
Interior, hace dos semanas, se aprobó una proposición no de ley en donde todos los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Interior consensuamos aspectos metodológicos para la elaboración de las estadísticas. Yo le aconsejaría
humildemente que no sería malo un contacto de la fiscalía con los grupos parlamentarios a efectos de poder evaluar cuál es la metodología que se usa para la evaluación de las estadísticas, aunque las de usted no son más que una pura reproducción de
las acciones procesales o preprocesales realizadas.
En esta falta de sintonía, las únicas coincidencias que nosotros hemos percibido es el incremento de los hurtos, sí reconocido este por parte del Ministerio del Interior, los delitos por el
patrimonio, sí reconocidos en su memoria y, paradójicamente, los más graves, los delitos contra la vida, los delitos contra la integridad y contra la indemnidad sexuales. El ministro del Interior explicaba que esto se debe en buena medida al mayor
nivel de denuncia de los delitos de violencia doméstica, que imagino que será un diagnóstico que usted probablemente compartirá.
Tengo que decirle también, señor fiscal general del Estado, que nos sigue preocupando la real vigencia del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en donde se invoca y se exige un mantenimiento, en la medida de lo posible, de la
privacidad de las personas sujetas a privación de libertad, y se encomienda al ministerio fiscal velar por la privacidad de las personas detenidas. En este momento estamos asistiendo a verdaderos espectáculos mediáticos, sobre todo en algunos
órganos judiciales que no voy a glosar en este momento, en donde no solo se conocen las características de las personas detenidas, sino que la entrada en esos órganos judiciales, la salida, las características, las incidencias se convierten en un
verdadero espectáculo mediático, como le digo, y se filtra sistemáticamente todo lo actuado dentro. Esto ocurrió, por ejemplo, con don Gorka Agirre, una persona de la ejecutiva de mi partido, detenida por una presunta o pretendida colaboración con
la extorsión de ETA, con el llamado impuesto revolucionario, cuya causa ha sido archivada, como usted sabe perfectamente. El daño producido por la publicidad de las actuaciones me hace preguntarme hasta qué punto el artículo 520 y sus enfáticos
requerimientos respecto a la privacidad de las personas que sean objeto de detención, van a ser cumplidos en la medida que corresponde o que es posible cumplirlo al ministerio fiscal.
Tengo que seguir felicitándole por la actuación de la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por algo que nos preocupa mucho, que es el encausamiento de dos personas tan relevantes como el lehendakari de Euskadi y el
secretario general del Partido Socialista de Euskadi, don Pachi López, por la pretendida comisión de injustos penales que, por mucho que uno investigue el Código Penal pormenorizadamente, con lupa, con microscopio, con lo que se quiera, no se pueden
percibir en ningún lugar, y por la oposición, que nos parece de una pulcritud jurídica meritoria y digna de encomio, yo no me resisto a felicitar a las actuaciones de la fiscalía en relación a estos supuestos.
En materia de seguridad vial, tengo que felicitarle por la designación del fiscal de Sala, señor Vargas, cuya actuación ha sido terriblemente relevante -lo quiero decir con énfasis y, además, en mi condición, si me permite invocar, de
presidente de la Comisión de Seguridad Vial- en la reducción sistemática y significativa de la accidentalidad en nuestras carreteras.
Tengo que preguntarle también, en materia de ejecución de sentencias, donde usted establece que hay un problema muy serio, qué opinión le merece que en los módulos configurados en este momento por el Consejo General del Poder Judicial, que
miden la productividad, entrecomillando la expresión, de los órganos judiciales, se atribuyan cinco puntos a dictar una sentencia y un solo punto a una ejecutoria, y hasta qué punto muchas veces, ante la necesidad de cubrir estos módulos, no estamos
potenciando la elaboración de sentencias muchas veces en régimen convulsivo y de escasa calidad, por la gran carga de trabajo que tienen los órganos penales en el Estado español. Pero el punto de las ejecutorias no hace que ese celo se incorpore
también a las ejecutorias penales y nos encontramos con disfunciones, algunas con las que hemos convivido un tanto traumáticamente
en los últimos tiempos y que han provocado nada menos que una huelga de secretarios generales, lo que podría conseguir algo homónimo a la huelga, que serían unas convocatorias de juntas de jueces con el efecto de presionar al Consejo General
del Poder Judicial.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego vaya concluyendo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Por último, me gustaría conocer, ya que se ha hablado tanto de terrorismo, dos cuestiones. Usted habrá tenido conversaciones con el relator de las Naciones Unidas para los derechos humanos, el doctor Sheinin, y
sabe que ha elevado a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas un informe lacerante sobre la legislación española en materia antiterrorista, sobre todo, y particularmente sobre la posibilidad de periodos de
incomunicación durante cinco días, que él denomina periodos de opacidad donde es posible que se cometan torturas y tratos degradantes a los detenidos en estas condiciones. Me gustaría conocer si usted ha tenido la oportunidad de hablar con el
doctor Sheinin, si es conocedor del informe emitido por el relator, que va a ser analizado por las propias Naciones Unidas, y con el que coinciden organizaciones tan prestigiosas como Amnistía Internacional y la Asociación Europea de Derechos
Humanos. Cómo no decirle que mi grupo parlamentario comparte estas preocupaciones.
Finalmente, con relación al 11 de marzo, el atentado terrorista más grave sufrido en los países de Europa occidental en los últimos decenios, la actuación de la Audiencia Nacional ha sido de una pulcritud excelente y digna de encomio en su
conjunto, con una única excepción que ya le comenté en su día a título privado, que es el artículo que en los medios de comunicación escribió la fiscal encargada del caso, un tanto exculpatorio de sus actuaciones y que no parecen muy pertinentes en
un órgano de las características del ministerio fiscal, jerarquizado, y donde las explicaciones no las deben dar los funcionarios actuantes en determinado proceso penal, sino en su caso los portavoces acreditados y particularmente usted. Sin
perjuicio de esto, les quiero felicitar en lo atinente al ministerio fiscal, a la fiscalía, por la brillante actuación en la resolución del mayor atentado que hemos sufrido en los últimos tiempos. Esta es la última expresión, frase u oración, sin
diptongos ni hiatos, señor presidente, y es la siguiente. Una de las recomendaciones de la Comisión de investigación sobre el 11-M era intentar forzar la creación de fiscales especializados en terrorismo yihadista. Yo no sé si ha habido
actuaciones, no me constan la existencia de ninguno de ellos ni actuaciones en esta materia, ni siquiera que haya algún tipo de formación específica para los fiscales que se dedican a ello, pero me gustaría alguna explicación colateral con lo que le
he dicho.
Perdone por la extensión, señor presidente, la señora Díez estimula mi creatividad muchas veces. Somos buenos amigos, lo hacemos desde una perspectiva cariñosa, pero desde la discrepancia más rotunda, y esto quizá haya provocado una
extensión adicional que no era voluntad de la persona que en este momento está dirigiéndoles la palabra.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) queremos dar la bienvenida al fiscal general del Estado en la Comisión de Justicia, cumpliéndose con esta comparecencia uno de los
elementos del nuevo Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que en su artículo 9 prevé de manera expresa que pueda presentarse ante las Cortes Generales la memoria en el espacio temporal más próximo a su presentación pública, y este lo es; este
periodo de sesiones es en el que le corresponde al fiscal general del Estado venir y dar cuenta al conjunto de la ciudadanía, porque esta Cámara representa al conjunto de la ciudadanía, de la actividad del ministerio fiscal. Por tanto, le
agradecemos, señor Conde-Pumpido, su comparecencia.
Le agradecemos también los dos volúmenes que ha aportado a estas Cortes Generales al presentar la memoria. Son volúmenes que reflejan una calidad en el trabajo -es bueno reconocerlo- y nos facilitan el trabajo a los propios parlamentarios a
la hora de analizar cuál es la actividad del ministerio fiscal. Por tanto, también aquí le quiero agradecer expresamente esta labor. No le debo agradecer al Gobierno la descortesía que ha tenido con esta Cámara y con la fiscalía a la hora de
presentar ante la misma el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. Cómo puede ser que se presente un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y se incumpla de manera directa lo que establece la nueva Ley
del Estatuto orgánico del ministerio fiscal.
Quiero recordar que, como consecuencia de una enmienda de Convergència i Unió y de otros grupos parlamentarios, se llegó a un consenso, si me lo permite, incluso con una cierta rebaja en el planteamiento
inicial que hacía nuestro grupo parlamentario, y se logró que de manera clara -no hay interpretación posible ya que es una norma de obligado cumplimiento- el artículo 72 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, en su apartado 3, estableciera de
manera clara que los Presupuestos Generales del Estado y los de las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de la Administración de Justicia contemplaran, dentro de la sección que corresponda y previa ponderación de las
necesidades funcionales del ministerio fiscal, propuestas por el fiscal general del Estado, previa audiencia, en su caso, a las comunidades autónomas, las correspondientes partidas presupuestarias adecuadamente singularizadas para atender a
aquellas. Señor Conde-Pumpido, no he sabido encontrar en el
proyecto de presupuestos esas partidas singularizadas que la ley manda al Gobierno que debe atender. Me gustaría conocer su criterio y saber si el Gobierno se ha dirigido a usted, tal como prevé ese artículo 72 para que pueda ponderar esas
necesidades. Creo que aún estamos a tiempo e incluso que esta Comisión de Justicia podría dirigir directamente una queja porque esta ley que aprobamos en esta Comisión no se está cumpliendo y no la estamos cumpliendo en el propio trámite de los
Presupuestos Generales del Estado. Eso era positivo e iba en la línea de un aspecto que el fiscal general del Estado ha expresado en su comparecencia de hoy, que es la necesidad de ponderar al máximo lo que debe ser, de acuerdo con la ley. Hay una
dependencia jerárquica, sí; pero también está la necesidad de actuar en el marco de la legalidad y de la imparcialidad. Y para hacerlo es cierto que la nueva ley aprobada impide al Gobierno, una vez nombrado, cesarle. Esto es cierto. Nunca había
pasado antes. Por tanto, ahora el Gobierno ya no lo puede cesar. Pero también es cierto que usted cesa automáticamente, si cesa el Gobierno que le nombró. Ahí hay un elemento de discrepancia porque saben que nuestro grupo parlamentario hubiera
preferido un mandato del fiscal general que fuera de cinco años, distinto al de la legislatura en donde se produce su nombramiento. Esto hubiera ayudado, tal como incluía el programa electoral del Partido Socialista en el año 2004, a cumplir ese
mandato de cinco años, que después al elaborar el Estatuto orgánico olvidaron. Eso sí que hubiera ahondado más en la deseable mayor autonomía funcional del ministerio fiscal en el cometido de las funciones que la propia Constitución le encomienda.
Repasando la memoria hay un hecho preocupante. Es preocupante, señor Conde-Pumpido que no pueda haber una exposición completa de todos los datos porque -y usted lo ha dicho en su intervención inicial- en muchos procedimientos es difícil
obtener toda la información. Y se pone de relieve en la memoria que hay carencias informáticas. Y esto en pleno siglo XXI no nos lo podemos permitir. Ustedes lo destacan en la memoria y nosotros debemos denunciarlo en el Parlamento. No puede
pasarnos esto.
Muchos de los males que tiene el Poder Judicial en su conjunto vienen provocados por una mala incardinación informática global en el proceso necesario de compartir datos. Por tanto, debemos afrontar esa reforma ya.
Seguro que
tenemos que modificar muchas leyes. Usted hoy ha hecho una proclamación, y está dentro de sus funciones hacerlo porque el Estatuto orgánico dice que en la memoria puede hacer propuestas al Poder Legislativo, y usted hoy de manera solemne ha hecho
una propuesta que mi grupo comparte: necesitamos modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Necesitamos modificarla ya. No podemos permitirnos esa cifra, que usted también ha destacado, de 4,5 millones de causas por delito. Aquí hay un atasco
considerable, y tenemos un proceso penal que viene arrastrándose desde el siglo XIX, por tanto estamos de acuerdo en que debemos cambiarlo. Pero no únicamente debemos cambiar leyes. Quienes están en el ámbito del Poder Judicial, de la
Administración de Justicia y de las fiscalías lo primero que reconocen es que debemos mejorar las formas de obtener los datos y de compartirlos. Debemos mejorar nuestra eficiencia informática. Ante esta carencia, el Gobierno puede haber
modernizado su estructura gubernamental pero o somos capaces de compartir bien esas bases de datos y esos procedimientos informáticos o fracasaremos en ese intento. Por tanto, también nos gustaría conocer su opinión al respecto.
En cuanto al número de delitos, a las diligencias incoadas, nos ha llamado la atención el hecho de que hay una cierta tipología de delitos que va en aumento. Es importante que esta Comisión de Justicia lo detecte también a la hora de
legislar. Usted ha destacado el aumento significativo de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, un aumento de casi el 30 por ciento, pero observamos un incremento del 150 por ciento en las diligencias incoadas por pornografía
infantil. Este es un hecho preocupante, que va a llevar seguramente a que en las próximas semanas empecemos a legislar en esta Cámara a partir de que el Gobierno nos presente el proyecto de reforma parcial del Código Penal, cuya aprobación en el
Consejo de Ministros está ya cercana. Y cuando debamos atenderlo en esta Cámara, quizá deberemos incrementar la pena de algunos delitos que afectan directamente a la pornografía infantil, por el bien jurídico que todos queremos proteger en este
ámbito, con lo cual aquí tendremos el trabajo de aumentar las penas, y quizá no estaremos preparados a la hora de enjuiciarlas, por la necesidad de un proceso con la celeridad adecuada, pero también por el hecho de compartir los datos de forma
adecuada y fluida. Se trata de una reflexión. Vamos a modificar el Código Penal, pero ¿estaremos preparados para aplicarlo? Es una reflexión que afecta también a la fiscalía.
Ayer este diputado estaba en el ilustre Colegio de Abogados de Reus y en esa reunión estaban también presentes representantes de la propia Fiscalía provincial de Tarragona. Si algo estaba encima de la mesa en esa reunión era esa falta de
medios y también, por parte de la fiscalía, que no siempre, cuando creamos nuevos juzgados, van acompañados del fiscal que debe atenderlos. Aquí debemos hacer una reflexión global: la planta judicial sí, pero debe ir acompañada de esa planta del
ministerio fiscal.
Aquí el fiscal general del Estado va a tener el apoyo y la ayuda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en lo que pueda ser ese mayor aumento de recursos -hemos presentado una enmienda a estos presupuestos en la
que pedimos 5 millones de euros más en las partidas destinadas al ministerio fiscal-, y entendemos que para que la acción de la justicia sea eficaz deberíamos tener ese mayor aumento de la planta, previsible cuando se da ese aumento en la planta
general del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial.
Otro aspecto. Usted ha destacado que el nuevo Consejo General del Poder Judicial se ha congratulado de
que finalmente se haya llegado al consenso en su renovación. Quiero destacar que, de acuerdo con su estatuto orgánico, el ministerio fiscal está también dentro del Poder Judicial, y debemos congratularnos en este caso de que existan dos
fiscales que son vocales del Consejo General del Poder Judicial; es un hecho positivo, en esa concepción de que el ministerio fiscal está también dentro del Poder Judicial, y si ha habido consenso en esa renovación del consejo, también comparto con
usted que si queremos renovar el proceso penal, como antes hacía referencia, deberíamos actuar todos con el máximo consenso. No sería bueno que hiciéramos una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que no tuviera un consenso amplio de esta Cámara, y
que futuras mayorías pudieran derogar una reforma global como la que se pretende hacer en esta legislatura. Por tanto, en esa premisa del consenso considero que no sería suficiente una mayoría ajustada para reformar el proceso penal, sino que
necesitaríamos una mayoría mucho mayor que la propia mayoría absoluta que exige la Constitución, y deberíamos ponernos de acuerdo la inmensa totalidad de los grupos de esta Cámara en realizar las bases de ese nuevo proceso penal.
También ha hecho referencia, y se lo agradezco, a los aspectos relativos a la seguridad vial. El señor Olabarría destacaba antes la labor que ha realizado el fiscal de Sala, don Bartolomé Vargas, que está haciendo una excelente labor, así
como también -y lo quiero destacar de manera muy directa- su fiscal de apoyo, doña Elena María Prieto, que está haciendo una magnífica labor en ese ámbito que, tras las reformas legislativas, está dando unos resultados que no son negativos. En este
aspecto nunca he utilizado -y lo sabe bien el fiscal general del Estado- la palabra positivos, porque nunca podemos decir que son positivos cuando los accidentes de tráfico siguen siendo la primera causa de muerte violenta en nuestra sociedad, pero
sí es cierto que no son tan negativos. Desde esa óptica, entendemos que la fiscalía ha hecho una buena labor, y no es fácil...
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, le ruego que vaya concluyendo.
El señor JANÉ I GUASCH: ...porque hay una clara acumulación de nuevas diligencias, precisamente por una ley más rigurosa que evidentemente ha provocado un mayor esfuerzo de todos. Por tanto, en esto también debemos intentar entre todos
aportar los medios materiales y personales necesarios.
Voy terminando ya, señor presidente, con un último aspecto al que quería referirme. El nuevo Estatuto orgánico del ministerio fiscal ha creado esos fiscales superiores de comunidad autónoma. Es cierto que la constitución formal de los
mismos se celebró el 21 de enero de este año 2008, por tanto no entraría en el análisis de los volúmenes de esta memoria, pero nos gustaría conocer cómo valora esta nueva implantación, cómo están fluyendo las relaciones entre la Fiscalía general y
los fiscales superiores. Para terminar, también me gustaría que nos dijera si se ha planteado algún caso práctico de aplicación del artículo 96.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que prevé esos convenios que se pueden celebrar desde el
ministerio fiscal, y si se ha hecho o está previsto hacer algún convenio con Cataluña, a raíz de la aplicación de ese artículo 96.4 del Estatuto de Autonomía.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Trillo-Figueroa.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señor fiscal general del Estado, el Grupo Parlamentario Popular, al que me honro en representar en esta sesión, solicitó esta comparecencia el pasado 19 de septiembre para dar cuenta de la política
criminal que impulsa, y en particular de la política antiterrorista. Sí, señor fiscal general, queríamos conocer cuál era y es su criterio después de que, el pasado 23 de julio, el líder de nuestro grupo y de la oposición parlamentaria, el señor
Rajoy, que representa a más de 10 millones de españoles, firmara un pacto en materia antiterrorista con el presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, tras el cambio del Partido Socialista y de su Gobierno a partir de las elecciones
generales; queríamos conocer cuál era su posición, la del fiscal general del Estado, una figura eminente a la hora de determinar la implementación de ese pacto. A la altura del 19 de septiembre, nos hemos encontrado con que el señor Conde-Pumpido
no se daba por enterado, el señor Conde-Pumpido, tan acostumbrado a hablar, tan dicharachero en la época de las negociaciones. Esto me recordó una cita -que seguro que a usted también le suena- de Bentham, un clásico, que distinguía entre las
magistraturas parlantes y las magistraturas silenciosas o silentes. Usted pasaba de ser la magistratura más parlante del Estado, en la época de la negociación con ETA, a ser el fiscal general del Estado silente. Usted no se había enterado de que
ya no se trata de negociar, sino de combatir, de luchar contra ETA; de que el llamado proceso de paz se llama ahora derrota definitiva del terror; de que no se podía ignorar o menospreciar a las víctimas del terrorismo o simplemente dejarlas en la
calle, sino que constituyen la principal preocupación del Gobierno y de la oposición parlamentaria, al menos de la mayoritaria, y también de alguna minoría; de que van a tener un apoyo constante, una atención cotidiana y permanente. Usted no
parecía enterarse de eso -ahora diré por qué-, ni de que se ha pasado de que la justicia no está para favorecer ni para obstaculizar procesos políticos, en frase suya, a que el terrorismo no tiene vías políticas, en frase del pacto. No. Usted se
ha quedado callado todo el verano ante la libertad de De Juana Chaos, ante su presunta insolvencia, ante los fraudes quizá de ley para utilizar un piso, ante su ubicación entre cinco familias víctimas del terrorismo, ante su salida de España. Usted
ha guardado silencio e inactividad ante las amenazas a los concejales del Partido
Popular en Getxo, por un etarra suelto, por decisión por cierto del juez Garzón, que tuvimos que rectificar ante su pasividad y la del juez por comparecencia personal y de partido ante la Audiencia Nacional. Usted no se enteraba de las
manifestaciones que volvían a alborotar con la kale borroka, usted no se entera de la quema de banderas, de la quema de fotos del Rey, que es verdad que no son -como se ha dicho y con razón- estas últimas actos terroristas, pero sí antisistema.
Usted guardaba silencio.
Eso sí, bastó que le llamáramos y bastó que el Tribunal Supremo dictara sus esperadas sentencias sobre ANV y PCTV para que usted pasara a ser el campeón de la legalidad. Había que olvidarse ya de cuando usted se olvidó de
recurrir la mitad de las candidaturas de ANV. Era un triunfo del Estado de derecho y de la Fiscalía general. Había que olvidarse de que la Ley de Partidos Políticos, que permitía la ilegalización del PCTV, era poco menos que un Guantánamo
electoral, para pasar a ser un triunfo de la Fiscalía general. Había que olvidarse de que en esa misma ley quizá se había pasado el legislador cuando la había puesto en marcha, para que usted fuera el paladín, el adalid de la nueva causa
contraterrorista, ya con esas dos sentencias y con esa comparecencia pedida.
Desde entonces -tanto en la apertura de tribunales ante Su Majestad el Rey, el pleno del consejo y del Tribunal Supremo- hasta esta misma mañana usted ha cogido la memoria de la fiscalía y la trata de convertir en el monumento de la
desmemoria. Usted pasa con toda tranquilidad, sin inmutarse, del sarcasmo, en la etapa anterior, a la retórica vacua de su intervención de hoy. Usted pasa del uso alternativo del derecho declarado en la legislatura anterior, de manualito de
marxismo y democracia de los años setenta, permítame que le diga, al uso de la ley para el propio boato. Quiere usted aparecer como una magistratura investida nada menos que por los tres poderes del Estado.
Señor Conde-Pumpido, son tantas y tantas las cosas que usted ha dicho, tantas y tantas las omisiones gravísimas que ha tenido, tanta la desfachatez, para pasar sin inmutarse de una a otra posición, que estos días, esperando esta
comparecencia, releyendo sus declaraciones y las pacientes peticiones de dimisión de mis compañeros y antecesores en esta portaduría, releía por las noches la Historia universal de la infamia, de Jorge Luis Borges, que si todavía viviera tendría que
abrir un capítulo para su actuación como fiscal general del Estado, señor Conde-Pumpido.
Qué poco se ha parecido a lo que esperábamos de usted algunos que creíamos que usted pertenecería a una escuela que sabía lo que era la fiscalía, que glosó el
124 de la Constitución, que glosó ejemplarmente el primer Estatuto del ministerio fiscal. No; no tiene nada que ver con la realidad. Y hoy vuelve usted a tratar de presentar a esta Comisión su propia versión de Historia universal de la infamia,
que continúa.
Señor fiscal general, en el estatuto anterior y en el presente, en el 124 de la Constitución y en cualquier parte del mundo civilizado y democrático al principio de legalidad no se le llama principio de oportunismo. El viejo Ruiz Badillo,
que en paz descanse, amigo también de esa misma escuela, decía que si hay algo que se oponga al principio de legalidad es el principio de oportunidad. Pues bien, hay una cosa más dura para el principio de legalidad, y se ha dicho, que es el
principio del oportunismo, y yo añado que del arbitrismo; hay algo que es la antítesis del principio de objetividad. Me fui al diccionario para encontrarlo -el diccionario de antónimos y sinónimos; se ha publicado uno nuevo, lo puede comprar la
fiscalía- y vi que dice: lo contrario a la objetividad es el favoritismo, la subjetividad y la injusticia; la marca y el sello de su trayectoria al frente de la fiscalía general. Hay algo que se contrapone al principio de unidad, que es el de
fractura de la carrera fiscal. Hay algo que se contrapone al principio de cualquier legitimidad como la que usted ha vuelto a invocar aquí, con todo desparpajo, que es el de veracidad, señor Conde-Pumpido. Usted no dice una verdad ni durmiendo,
perdóneme.
Vamos a repasar esos principios, señor Conde-Pumpido. Oportunidad, oportunismo, arbitrismo; primer capítulo de la nueva Historia universal de la infamia. Durante la tregua de ETA usted también decretó la tregua del Estado de derecho. En
marzo de 2006 dejo irse a su casa a Otegi, con fianza, después de que el propio fiscal general anunciara que pediría su prisión incondicional por una huelga ilegal de Batasuna. En junio de 2006 redujo de 131 años a 61 la petición para ocho
colaboradores de ETA. En julio de 2006 redujo de 6 a 2 años la petición contra dos acusados por ayudar a fugarse a un etarra. En septiembre de 2006 rebajó de 12 a 2 años la petición de condena por amenazas contra el etarra Bilbao, a pesar de que
en el mismo juicio amenazó al presidente del tribunal con meterle siete tiros (sic). En octubre de 2006 redujo la petición contra De Juana Chaos de 96 a 12 años por amenazas a funcionarios de prisiones. En noviembre de 2006 se opuso a la
liquidación de las errikotabernas argumentando que no estaba acreditado que estuvieran vinculadas a Batasuna, después de años diciendo lo contrario. En enero de 2007 pidió a la Audiencia Nacional que excarcelara a De Juana Chaos. En febrero de
2007 rebajó a más de la mitad las penas solicitadas contra los acusados del caso Ekin. En marzo de 2007 retiró los cargos contra Otegi, ante la negativa del juez de posponer el juicio, como demandaba la fiscalía, para evitar que fuera a la cárcel.
Sería interminable, pero déjeme que profundice en el recuerdo que ha tenido antes una colega del Parlamento. la portavoz señora Díez, sobre el tema de ANV-PCTV. Usted no tuvo bastante con que se demostrara que tenían financiación pareja.
No le pareció suficiente que tuvieran condiciones subjetivas de parentesco, conexiones ideológicas, ni le pareció suficiente tampoco que luego utilizaran los mismos interventores. No le pareció suficiente que se pidiera el voto por HB, por sus
líderes, por los etarras. No, no le pareció; no había suficiente. Es más, cuando pidió que se ilegalizara parte de las candidaturas
de ANV, luego contrito dijo: tengo la pena -¡ay, la pena!-, la duda de si nos hemos ido demasiado lejos; es posible que nos hayamos pasado, pero ha colado -afirmó-. Ya le digo, lo del sarcasmo también se le da bien. Eso sí, no le pareció
suficiente que la Guardia Civil comunicara, en un informe de 90 páginas, que el PCTV era la sucesión operativa de Batasuna.
Siempre, eso sí, tenía que esperar. Consideraba que era mejor dejar que el proceso continuara. Consideraba que había que
dejar que la toga se manchara de barro. Y, de repente, en una conversión paulina, en el momento de las elecciones generales inicia el proceso de ilegalización y, eso sí, hace unas semanas se pone al frente de la manifestación. Pero, mire, yo voy a
detallar más de lo que lo ha hecho la señora Díez las consecuencias de su inactividad. Usted es el responsable de la presencia de ANV en un total de 127 ayuntamientos, 94 del País Vasco y 33 de Navarra. Usted es el responsable de que ANV gobierne
en 42 ayuntamientos de Navarra y del País Vasco, cuando ha sido declarada ilegal por el Tribunal Supremo. Usted es el responsable de que gobierne en 33 alcaldías del País Vasco y en 9 de Navarra. Usted es el responsable de los 437 concejales de
las 127 candidaturas de ANV que no fueron impugnadas, porque a usted no le dio la gana. El PCTV tiene hoy presencia en el Parlamento vasco con 9 parlamentarios autonómicos, de los que usted es también el responsable. Por cierto, señor
Conde-Pumpido, ¿por qué no ha pedido al Tribunal Supremo que se notifique al Parlamento vasco esa sentencia? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar para que esos concejales, esos grupos municipales, esos alcaldes y esos parlamentarios no estén
ofendiendo la legalidad democrática en los puestos en los que usted propició que estuvieran? Usted que cambia tan fácilmente de criterio probablemente tenga la solución hoy aquí para hacerse perdonar ese pasado.
Pero, señor presidente, señorías, el señor Conde-Pumpido no se ha limitado en materia terrorista a hacer gala del oportunismo, del arbitrismo o del sectarismo; quiero simplemente recordarle que también ha sufrido las consecuencias de esa
característica de su gobierno de la Fiscalía general la propia carrera fiscal. Yo sí confío en la carrera fiscal. Confío en los parámetros que la carrera fiscal tenía cuando se escribió esta monografía en el año 2000, y sigo pensando que se puede
recuperar, si su señoría abandonara de una vez el cargo y no se agarrara contumazmente a la negativa de lo que le enseñaron.
El señor PRESIDENTE: Señor Trillo, lleva usted quince minutos.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: ¿Solo? Muchas gracias, señor presidente.
Déjeme recordarle la designación del señor Fernández Bermejo, hoy ministro, como fiscal jefe en la Sala del Tribunal Supremo, a pesar de perder la votación frente al señor Herrero Tejedor. Déjeme recordarle el caso Fungairiño, en el que
usted se quitó de en medio -literalmente- al fiscal al que todo el mundo agradecía su denodado valor y su entrega en la lucha contra el terrorismo para traer, por menos votos que el señor Sequeros, a su amigo, el señor Zaragoza. Déjeme recordarle
el caso del señor Herrero Tejedor, al que expulsó usted sin previo aviso del Consejo Fiscal, y luego lo cesó en la Fiscalía delegada en materia de delincuencia informática por pura consecuencia de su arbitrismo. Eso sí, últimamente tampoco nos ha
dado ninguna explicación -y ya se la ha pedido algún colega- de por qué retira acusaciones como la de las quemas de fotos de la Corona. ¿Por qué? ¿Por qué esos cambios? ¿Por qué esas omisiones? ¿Cuál es el sentido de la ley? ¿Cuál es el
mantenimiento de la legalidad? ¿Qué inspira la conducta y las instrucciones del fiscal? No quiero ni insinuarle lo que le podría yo contar de los cambios de criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Menos mal que me ha privado usted de
ver hoy aquí al fiscal jefe que usted nombró, con sus recursos donde no recurrió, sus adhesiones, etcétera. Por una elegancia que no practican sus subordinados yo no voy a referirme aquí a otros casos que afectan al Partido Popular, señor
Conde-Pumpido. También en eso ha hecho usted gala del sectarismo mayor que se ha dado hasta ahora en la democracia por parte de un fiscal general del Estado. Luego, eso sí, consigue usted un Estatuto orgánico del ministerio fiscal a su medida,
calificado por sus propios compañeros, por alguna de las asociaciones, por la mayoritaria, y por algunos medios de comunicación, como auténtico asalto a la justicia penal. Y, por si fuera poco, por si no había quedado claro en ese estatuto, lanza
usted estas dos inigualables instrucciones, la 2/2008 y la 1/2008, una sobre la dirección por el ministerio fiscal de las actuaciones de la Policía judicial, y otra sobre las funciones del fiscal en la fase de instrucción, anticipando ya de hecho lo
que de derecho sabe que no le corresponde. Así, en conclusión, viene a decirles a sus colegas que han de oponerse activamente a cuanto suponga innecesarias repeticiones de diligencias o inútiles acopios de material impropiamente sumarial. ¿Quiere
usted explicar qué significa eso? ¿Quiere usted decir que las actuaciones en los sumarios del juez y del secretario están llenas de repeticiones innecesarias e inútiles acopios de material impropiamente sumarial? Sería muy clarificador que nos
dijera a qué se refiere en esa instrucción. ¿Quiere usted decirme por qué el fiscal está en mejor posición para orientar la instrucción -según dice esta circular suya- que el juez que tiene esa instrucción legalmente encomendada? ¿Puede usted
aclararme por qué tiene que sembrar con esta instrucción una permanente actitud de sospecha sobre las actuaciones instructoras del juez, ordenando a los fiscales que estén de inspección permanente sobre las actuaciones instructoras del juez? ¿Puede
usted aclararme todo eso, señor Conde-Pumpido?
Tengo que terminar, porque no quiero abusar de la paciencia de los comisionados, y menos aún de la del presidente de esta Comisión, pero lo voy a hacer mencionando a otro principio: el principio de unidad. Sabe
usted que también le obliga a ese principio el Estatuto del ministerio fiscal, y usted se inventa los fiscales jefes superiores, y usted, que viene aquí de independiente, de investido por tres poderes del Estado, multiplica ahora, si se
siguiera su criterio, por diecisiete la dependencia de los fiscales jefes. Extraordinaria lección de independencia, señor Conde-Pumpido; o de unidad, cuando va haciendo compartimentos estancos de las fiscalías, y anticipando esa función
instructora, por cierto, siempre o casi siempre del mismo lado. Yo soy diputado por Alicante -¿le dice a usted algo?- y nacido en Murcia, ¿le dice a usted algo de las actuaciones de la fiscalía allí? Póngase usted a averiguar cómo se filtran los
sumarios en determinados medios de comunicación, siempre en la misma dirección, es decir, siempre contra el mismo partido político, a saber, el gobernante en la Comunidad valenciana y en la Comunidad murciana. Señor Conde-Pumpido, para concluir le
diré que sus declaraciones, sus actuaciones son la más descomunal antología del disparate jurídico que he encontrado a lo largo de mi vida. (Varias señoras y señores diputados: ¡Qué barbaridad!) Mis compañeros, mis antecesores en esta
responsabilidad le pidieron a usted reiteradamente la dimisión. Sé que a usted no le hace mella -lo ha demostrado una vez más hoy-, pero le voy a decir algo más: usted no está alcanzado por el Pacto antiterrorista, usted no está alcanzado por el
Pacto por la justicia, usted no tiene la confianza de quienes representamos a 10 millones de españoles -tómelo usted muy en cuenta-, para nada, señor Conde-Pumpido; usted tiene toda la desconfianza y será, en el tiempo que permanezca en el cargo
-allá usted con su conciencia-, permanentemente vigilado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: En primer lugar, señor fiscal general del Estado, bienvenido una vez más al Congreso de los Diputados, y gracias por su amplia información. Quiero felicitarle por el trabajo al frente de la Fiscalía General
del Estado, mostrarle el respeto del Grupo Parlamentario Socialista -el más votado de este país- y creo que el de casi todos los grupos de esta Cámara, y quiero decirle también que este respeto va en consonancia con el que usted tiene y ha
demostrado a lo largo de todos estos años con esta Cámara.
Señor fiscal general del Estado, aunque a alguno no le guste, es cierto que el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, aprobado por la Ley 24/2007, de 7 de octubre, recoge aspectos importantes. Solo voy a mencionar alguno de ellos. En
efecto, intervienen los tres poderes del Estado en el nombramiento del fiscal general del Estado, por primera vez.
Su comparecencia del 8 de mayo ante este Congreso así lo confirmó, y ya le adelanto que me gustaría, al igual que le preguntaba el
portavoz de Convergència i Unió, que nos contara algo del despliegue efectivo que correspondería a la memoria de 2008 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que recoge aspectos importantísimos de los que algún portavoz no ha hablado -porque,
probablemente, no es lo que importa-: la modernización de la justicia, de la fiscalía, de los tribunales, del funcionamiento de este servicio público. No. Importa erosionar, armar bronca, preparar gresca. Creíamos que era un tiempo ya superado
en el que, lamentablemente, señor Trillo, usted ha hecho bueno a su predecesor, al que por cierto ha leído y ha querido superar. No sé si lo ha conseguido, pero ha estado usted muy cerca, y tremendamente desafortunado, en este catálogo de insultos,
que sería bueno que usted retirara del orden del día; yo se lo sugiero por la buena marcha del diálogo, señor Trillo. El principio de autonomía, que recoge el Estatuto orgánico del ministerio fiscal en el aspecto orgánico y funcional, como
garantía de imparcialidad, ¡cómo se puede desconocer eso! La temporalidad del mandato del fiscal general del Estado. Las causas de cese tasadas bajo control jurisdiccional. El sistema de especialización en el trabajo, con las fiscalías de sala,
que se desprecia; de los coordinadores en violencia de género, medio ambiente, urbanismo, siniestralidad laboral, extranjería e inmigración, seguridad vial, menores, que tan buenos frutos están dando. La implantación del despliegue territorial más
eficiente, que potencia los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley, de los que parece que no interesa hablar a esos que dicen que 10 millones de votos les avalan para las barbaridades que aquí se han manifestado, media docena de
personas que pierden el control, y se desahogan en unos tonos impropios del respeto que merece un órgano de relevancia constitucional como el fiscal general del Estado. Por eso insisto en mi petición -y no lo repetiré- de que retire la cadena de
insultos que ha manifestado contra su persona y esta alta institución.
No se ha hablado apenas -apenas, no, nada- por algún portavoz de lo que es la evolución de la delincuencia; de lo que es el funcionamiento de las fiscalías; de lo que es la memoria; este trabajo que ha destacado ya algún portavoz, en dos
magníficos tomos, que se va superando cada año. Y, lógicamente, su intervención no hace sino resumir y dar unas pautas generales a algo que se entiende que hemos tenido la obligación, al menos, de ojear o leer en sus partes más importantes. Me
remito -en aras de la brevedad- a los detalles que vienen en la memoria en cuanto a toda la evolución y a todos los datos estadísticos, señor fiscal general del Estado. Pero sí quisiera simplemente indicar que nos parece positiva la disminución de
la tendencia en los incrementos de delitos, al cerrarse este año con el 2,8 frente al 3,54 y al 4,12 de los dos años inmediatamente precedentes. Y nos parece muy positivo -y aquí hago una pequeña observación amistosa, como no puede ser de otra
forma, a mi compañero Jordi Jané- que el aumento de diligencias en algunos tipos de delitos no signifique un aumento de la comisión de esos delitos, sino la mayor persecución y el mayor grado de eficacia de las fiscalías especiales
para perseguir esos delitos, así como de la acción inspectora y de la acción acusatoria. Quiero felicitar a la fiscalía por el importante aumento en las diligencias previas en delitos contra la seguridad vial, en la siniestralidad laboral,
en el blanqueo de capitales, en el patrimonio histórico, en la ordenación del territorio y el medio ambiente, que tanta corrupción y tantos sinvergüenzas lamentablemente trae en este país, que empiezan a ser investigados y perseguidos, aunque sean
del Partido Popular, sean de donde sean; al corrupto hay que perseguirlo sea de donde sea, y más debieran avergonzarse y callarse un poco algunas manifestaciones que recriminar a quien cumple con la ley. Lo digo en tono suave, porque merecería
quizá algún otro tipo de reflexión.
Don Federico, apoyemos a quien persigue a los corruptos y no critiquemos a quien cumple con la aplicación de la ley y con el principio de legalidad, venga de donde venga. Le animamos y le felicitamos porque es
un paradigma de la honradez y de la honestidad en el ejercicio de su cargo, por mucho que les pese a algunos que no le pueden manejar porque no es un títere como algún fiscal general del Estado lamentablemente sí lo fue. (Varias señoras y señores
diputados: ¡Muy bien!) Tenga constancia de ello porque es una realidad que piensa muchísima gente. Desde luego no se va a dejar intimidar por tan poca cosa. (Risas.)
Señor fiscal general del Estado, es importante -tengo que abreviar mucho- el aumento de las diligencias preprocesales, que es otro de los síntomas del buen funcionamiento y de la mejora de la fiscalía. Respecto a la modernización que ha
tocado usted, que viene más desarrollada en la memoria, nos gustaría que hiciera alguna precisión. Hay dos aspectos fundamentales a nuestro modesto entender que recoge la memoria -no es ninguna lucidez de este modesto diputado, sino que lo he leído
en esos tomos- que me han llamado la atención. El factor de la formación permanente en la carrera fiscal, los esfuerzos que se han hecho estos años y lo que queda por hacer, y la adaptación de los medios materiales a las actividades complejas de
los nuevos delitos. Yo añadiría un tercer aspecto -permítame, un poco partidariamente, claro- que es el número de fiscales, la evolución de los fiscales. Ya sé que se ha hecho alusión a ello en el día de hoy. Claro que harán falta probablemente
más jueces y más fiscales, pero la realidad es que en los últimos cuatro años tenemos 465 fiscales más, frente a los 231 de los cuatro años anteriores, así como 624 jueces, frente a los 291 de los cuatro años anteriores. Claro que harán falta más y
más medios económicos, claro que sí, pero se ha hecho un esfuerzo tremendo. Probablemente, además, no sea el factor principal -esto entre paréntesis- la necesidad de mayor dotación, que también, sino la auténtica modernización, la implantación de
nuevos métodos, de nuevos procedimientos y la optimización de los recursos disponibles. La modernización con carácter general sería objeto de otro tema, pero en este asunto quisiera que nos dijera, señor fiscal general del Estado, muy por encima,
algo sobre el cumplimiento de la disposición adicional segunda del estatuto, que tampoco gusta parece ser a alguien, pero que está aprobado por esta Cámara, y usted no tiene más obligación que cumplirlo, porque usted es el garante del principio de
legalidad.
Usted tendrá que cumplirlo, pero no lo ha aprobado usted; lo ha aprobado esta Cámara. En mayo de 2008 se constituyó la Comisión nacional de información del ministerio fiscal donde tienen cobertura la fiscalía, el Ministerio de
Justicia, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial, cuyo objetivo es la implantación del sistema de información entre todos los órganos del ministerio fiscal, creando una red de comunicación electrónica plenamente integrada.
Me gustaría, señor fiscal general del Estado, si puede, que hiciera alguna mención a este aspecto.
Otro tema que me parece relevante -solo unas pinceladas en cada caso- se refiere a las propuestas de reformas legislativas. Cómo no coincidir con usted, señor fiscal general del Estado, con la que expresamente ha mencionado de una Ley de
Enjuiciamiento Criminal de la democracia, que es una necesidad inequívoca, elemental, imprescindible en el siglo XXI, sin entrar en este momento en cuáles deban ser los contenidos de esta ley procesal, que es la única que, como usted ha dicho, desde
que se aprobó la Constitución, no ha sido reformada esencialmente o en su totalidad, sino en numerosas reformas parciales que hacen que no vuele adecuadamente, creo recordar más o menos que es lo que usted ha dicho.
Coincido con usted, aunque
escuchando intervenciones como las de hoy, habría que tener demasiada fe -cosa de la que lamentablemente no ando demasiado sobrado- para poder creer en esta buena disposición para llegar a acuerdos con actitudes como las de hoy, pero por mi grupo
parlamentario, por mi partido político no va a quedar. Esta ley tiene que salir, es imprescindible, y digo tiene entre comillas, no en tono imperativo, sino con voluntad y con buena fe, con consenso, y no solo parlamentario, sino social y de todos
los operadores jurídicos que intervengan en lo que es el desarrollo del proceso penal.
Quisiera hacerle también otra pregunta, porque me ha parecido leer en la página 1007 y siguientes una segunda demanda que o me he descuidado o usted no ha mencionado hoy, que es, dentro del principio de especialización, llevar el mismo a la
Audiencia Nacional. Creo que alguna cosa se ha hecho, pero me ha parecido leerlo como demanda expresa al Gobierno -repito que no lo ha mencionado esta mañana-, fundamentalmente desde el punto de vista funcional, porque hay materias tan complejas y
tan distintas como los delitos económicos, de terrorismo, de narcotráfico, temas de jurisdicción extraterritorial, y en más de una ocasión y en la memoria he podido leer y escuchar -escuchar hoy creo que no- esa conveniencia; le agradecería que
hiciera algún matiz, alguna brevísima explicación al menos al respecto.
Daré algunos apuntes más, porque no puedo dejar de contestar siquiera mínimamente, aunque corresponda...
El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia, lleva quince minutos.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Me parecen bastantes, no digo solo, como algún otro portavoz. Voy a intentar terminar en tres minutos, señor presidente.
Hay algunas manifestaciones a las que tengo que contestar, aunque sea un poco. En lo que se refiere a afirmaciones que se han realizado aquí sobre la política que impulsa la fiscalía, creo que ha quedado muy claro: la fiscalía no impulsa
la política criminal del Estado, aplica la ley, creo que ha quedado clarísimo; además, quien así lo manifestaba es fino jurista y conocedor de esta realidad, conocedor de la Constitución y del artículo 97 de la misma. El fiscal general del Estado
ha explicado ampliamente en qué consiste la posible actuación, que es priorizar, dentro de los recursos escasos, y está priorizando extraordinariamente el señor fiscal general del Estado con estos criterios de especialización.
En las estadísticas
-he saltado antes- nos preocupa expresamente también -hago un paréntesis- el número de víctimas mortales de la violencia de género, 75 el año pasado; creo que han sido 92 los nuevos juzgados exclusivos de violencia contra la mujer que se han puesto
en marcha en los últimos años. Le agradecería que desarrollara algún matiz en esa información, porque no lo había mencionado antes al hablar de estadísticas.
En el aspecto, que doy por reproducido, porque lo ha contestado usted y lo comparto plenamente, de esos principios y de esas prioridades en formación en la Fiscalía Europea, en el desarrollo del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, en un
tema que nos ha parecido extraordinariamente importante, señor fiscal general del Estado, habrá que ir incluso más allá, no más allá de la ley, sino incluso más allá del sentido estricto del cumplimiento de competencias y a la vista de la situación
real que atraviesa nuestro país decir: vamos a intentar mejorar en el control de la ejecución de sentencias, mejorar en la actuación inspectora y de investigación, más allá de la estricta labor y función que viene recogida en el Estatuto orgánico
del ministerio fiscal, no yendo, en absoluto, contra el principio de legalidad, no se interprete mal por algún portavoz.
En cuanto a la política antiterrorista, creo que no se puede, no creo, afirmo que no se puede venir a esta Cámara a hacer de inquisidor de la época medieval contra el fiscal general del Estado. Este órgano de relevancia institucional se
merece el respeto que no ha encontrado hoy en esta Cámara. Yo le pido disculpas, en nombre de mi grupo, por el mal trato y la vejación de la que usted ha sido objeto y sujeto en el día de hoy. Espero que tenga enseguida, en unos minutos, la
satisfacción de que esos insultos y esos adjetivos sean retirados por quien los ha vertido y los ha pronunciado. Pero desde el punto de vista político es intolerable que se venga a exigirle a usted explicaciones del caso concreto cuando quien lo
está realizando sabe que no se puede llevar a cabo, que usted podrá informar de criterios generales de la política de la fiscalía, pero jamás de las explicaciones del caso concreto, como reiteradamente tiene declarado esta Cámara en resoluciones de
cuando usted, señor Trillo, era presidente. Parece mentira que las conculque de forma tan arbitraria. No se puede venir aquí a hablar de política antiterrorista teniendo datos más que suficientes -páginas 223 y siguientes de la memoria que, por
cierto, no veo que la tenga a mano-, teniendo toda esa información exhaustiva y detallada de lo que hay que hablar prudentemente y no en público. No voy a profundizar en esto, solo pediré de la responsabilidad del Partido Popular que no vuelva a
las andadas, que no utilice sectariamente el terrorismo y al fiscal general del Estado como arma arrojadiza; creíamos -y queremos seguir creyendo- que estábamos en una nueva época de intento de debate, de discusión y de acuerdos, pero de verdad, no
con la perversión del lenguaje del digo una cosa y hago la contraria, como lamentablemente hemos tenido ocasión de ver esta mañana.
Apoyamos íntegramente las decisiones de los tribunales, cómo no, y lo que dicen las sentencias firmes, cómo no, y la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas y de ANV, que provienen de una demanda, cosa que se ignora. Si
hace, porque hace, y si no hace, porque no hace.
La demanda la ha interpuesto usted, la Fiscalía General del Estado -termino ya, señor presidente- y la Abogacía del Estado, y le tenemos que felicitar por el escrupuloso respeto a la ley, porque hay
que ir con hechos, en el ámbito penal sobre todo, no con conjeturas ni con valoraciones políticas, y hay que respetar a los tribunales en todas las resoluciones, y a la fiscalía también, más allá de que interesen o de que convengan.
Le reitero -porque ya tengo que terminar- el agradecimiento por la información facilitada y quiero darle ánimos para que siga aplicando los principios que viene aplicando, que son los de la legalidad y la defensa de los derechos de los
ciudadanos y -como a usted le gustaba decir, y yo le recuerdo- especialmente de los más débiles.
El señor PRESIDENTE: Antes de suspender la sesión, como presidente, quiero manifestar que algunas de SS.SS. han sido especialmente proclives a la declamación y al drama; pero tengo que decirles que nada nuevo bajo el sol en esta Comisión,
que no he apreciado como presidente la más mínima desconsideración institucional por parte de esta Comisión y que cada portavoz parlamentario es dueño y responsable de sus palabras.
Se suspende la sesión. (Pausa.)
Vamos a reanudar la sesión.
Tiene la palabra el fiscal general del Estado.
El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Conde-Pumpido Tourón): Señor presidente, tomo nuevamente la palabra para responder a las intervenciones de SS.SS. y agradecer, como ya había expresado previamente, todas las sugerencias, todas las
observaciones y también las críticas que se me formulan, porque en la medida en que vienen de los representantes de los ciudadanos, de los representantes de la voluntad popular, son para mí y para la institución que dirijo ilustrativas y, en
cualquier caso, sean expresadas de una manera más o menos acerba, las críticas siempre tendrán algo positivo en lo que las pueda aprovechar.
Me van a permitir que invierta el orden al dar las respuestas, comenzando por el grupo mayoritario y yendo de mayor a menor en este caso, en gran medida porque creo que los temas de mayor calado institucional se han planteado en estas
últimas intervenciones. Me planteaba el representantes del Grupo Socialista que informase a la Cámara del despliegue efectivo que se ha producido como consecuencia de la aprobación de la ley que esta misma Cámara tuvo a bien aprobar de modificación
del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Creo que es importante que, aunque la reforma se refiera al año 2007, y teniendo en cuenta que la próxima memoria se dilatará a mi presencia ante la Cámara, les exponga que la ley aprobada por esta
Cámara ha sido puesta en marcha no solo en el aspecto del nombramiento del fiscal general del Estado, sino que fundamentalmente en los meses de enero, febrero y marzo se produjo el despliegue efectivo del nuevo sistema institucional de reparto
territorial de las competencias del ministerio fiscal, poniendo en marcha las fiscalías superiores de las comunidades autónomas, que se constituyeron en todas las comunidades autónomas, y específicamente en aquellas de carácter pluriprovincial y en
Madrid se desdoblaron además las fiscalías, de tal manera que se creó una nueva figura de fiscalía provincial, inexistente hasta entonces. El mes de enero se designaron y tomaron posesión todos los fiscales superiores, que no es una figura que se
haya inventado el fiscal general, sino que ha sido establecida por este Parlamento, que viene a sustituir a los antiguos fiscales jefes de los tribunales superiores de justicia, pero ahora son fiscales superiores de las comunidades autónomas, y se
pusieron en marcha, como digo, en todas las comunidades autónomas. Se creó la nueva figura de los fiscales de área, también incorporada por esta Cámara, y se pusieron en marcha 17 fiscalías de área: en Cartagena, en Algeciras, en Santiago de
Compostela, en Mérida, en Ceuta, en Melilla, en Jerez, en Elche, tres fiscalías del entorno de Madrid y tres fiscalías del entorno de Barcelona. En total 17 nuevas fiscalías de área, en las que ya se designaron a los fiscales jefes y que están
funcionando a satisfacción. En este momento se encuentra pendiente -ya informado por el Consejo General del Poder Judicial- un nuevo decreto que crea otras 11 fiscalías de área en localidades como Ferrol, Ponferrada, Marbella y también en
localidades insulares, fiscalías insulares, donde hasta ahora no se habían establecido las nuevas fiscalías de área, concretamente en Ibiza y en Lanzarote, y también se incluyen otras tres fiscalías de área en el área territorial de Barcelona. Se
han celebrado ya la primeras reuniones del nuevo órgano constituido por el estatuto, que es la Junta de Fiscales Superiores, y puedo decir que a lo largo de este año está desplegándose y está trabajando de una manera absolutamente satisfactoria.
Esperamos que el decreto -ya informado por el consejo, pero que entrará en funcionamiento en diciembre y se publicará una vez que se apruebe por el Consejo de Ministros- ponga en funcionamiento una nueva figura también que es la de las secciones
territoriales y los decanos de las secciones territoriales; creo que son ochenta y tres u ochenta y siete secciones territoriales las que se pondrán en funcionamiento. A lo largo de este año prácticamente se va a desarrollar todo el despliegue del
nuevo sistema establecido por el Estatuto del ministerio fiscal.
En cuanto a la modernización, que me parece que es un tema de especial interés, creo que debemos trabajar intensamente en el ámbito de la modernización del ministerio público. Tenemos un sistema de información que se aprobó con la reforma
del estatuto que se produjo durante el Gobierno del Partido Popular en el año 2003, pero todavía no hemos conseguido los medios necesarios para que ese sistema de información esté totalmente establecido. Se ha aprobado un reglamento, se ha puesto
en marcha la correspondiente comisión, a la que se refería el portavoz del Grupo Socialista, pero nos encontramos con dos clases de problemas que me gustaría sintetizarles a ustedes en este momento, porque son importantes y es necesario que la
Cámara los conozca.
El sistema informático del que disponen las fiscalías está diferenciado en el territorio que denominamos ministerio y en las comunidades autónomas y los sistemas no son compatibles entre sí, con lo cual nosotros hemos tratado de desarrollar
un sistema propio, el sistema denominado Fortuny, y hemos intentado lograr, con aquellas comunidades autónomas que no tuviesen establecido ya un sistema de informatización propio, convenios para que las comunidades autónomas incorporasen el sistema
que utiliza el conjunto del ministerio fiscal, con la finalidad de evitar el gasto reduplicado de que esas comunidades autónomas tuvieran que desarrollar un nuevo sistema informático y con la ventaja adicional de que ese sistema Fortuny, establecido
en estas comunidades autónomas, pudiera ser compatible con el del territorio ministerio. Por tanto, llegamos a un convenio con Galicia, que ha incorporado el sistema Fortuny, después llegamos a un convenio con Andalucía, y hemos tenido la ventaja
de que estos dos territorios no desarrollan su propio sistema, sino que incorporan el nuestro y de esa manera es compatible. Después de un largo trabajo y de muchas negociaciones llegamos a un convenio con el Gobierno de Valencia, y el Gobierno de
Valencia, que era el lugar donde efectivamente había más problemas estadísticos por la carencia de un sistema informático propio, ha incorporado a lo largo del año 2007,
al que se refiere la memoria, primero en Castellón, luego en Alicante y después en Valencia, el sistema informático Fortuny, por lo tanto, en este momento, afortunadamente, Valencia está también integrada en el sistema general.
El próximo lunes vamos a firmar un convenio con la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que era el único territorio que seguía siendo una especie de agujero negro, porque carecía de sistema informático en la fiscalía, porque se
estaba desarrollando el propio sistema de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero pasaban los meses y los años y el sistema independiente de la Comunidad Autónoma de Madrid no se llegaba a concluir y, por fin, con el señor Prada, el consejero de
Justicia anterior, llegamos al acuerdo de establecer también en Madrid el sistema Fortuny. Como le digo, ha cambiado el consejero de Justicia, pero en cualquier caso el próximo lunes, con el ministro de Justicia y con la presidenta de la Comunidad,
lo estableceremos también en la Comunidad Autónoma de Madrid. Por tanto, estamos trabajando para generalizar este sistema informático.
En aquellas comunidades autónomas que tienen un sistema informático propio estamos tratando de llegar a acuerdos, tanto con la Comunidad Autónoma del País Vasco, como con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para hacer compatible el sistema
del ministerio fiscal general con el sistema propio. Dado que son comunidades que empezaron antes con su sistema informático y en las que ya está muy desarrollado, realmente no tiene mucho sentido incorporar el sistema general, sino que lo que
tenemos que hacer es hacerlos compatibles. En el País Vasco se está desarrollando el sistema Justizia.Bat, que pretende precisamente establecer un sistema único para todo el sistema judicial, lo que nos permitiría resolver el segundo problema al
que ahora me referiré. En Cataluña también tienen un sistema propio del ministerio público y estamos en contacto con la consejera de Justicia para buscar una compatibilidad entre todos los sistemas para que obtengamos la información completa.
Ahora, en este momento, solamente podemos tener información directa de los territorios que aplican el sistema informático Fortuny.
El segundo problema es el problema de la compatibilidad entre los sistemas informáticos del ministerio público y judicial. Los sistemas informáticos se han ido desarrollando paralelamente, pero no permiten la comunicación íntegra de los
datos, lo cual representa un enorme incremento del coste y del tiempo, porque resulta que todos los asuntos que pasan a la fiscalía es necesario -a pesar de que estén informatizados en el ámbito judicial- volver a registrarlos, hacer una toma
completa de datos, esto sucede también con las ejecutorias, es decir, hay una pérdida de valor en cuanto al trabajo que realizan los funcionarios porque es necesario repetir. Hay dos comunidades autónomas, Navarra y Canarias, que tienen un sistema
integrado, que es el que nosotros querríamos generalizar. El sistema integrado de Navarra y de Canarias permite que las diligencias previas pasen directamente del juzgado a la fiscalía y el fiscal informáticamente ponga el visto e informáticamente
vuelvan las diligencias. Hay un ahorro tremendo en papel, en trasiego, en personal, en funcionarios, por lo que nosotros querríamos -y eso es en lo que estamos trabajando a lo largo de este tiempo-, primero, hacer compatibles el sistema informático
generalizado del ministerio fiscal, que a partir del lunes también podremos incorporar a la Comunidad Autónoma de Madrid, con los sistemas informáticos de las comunidades autónomas que hasta ahora no sean compatibles y, segundo, hacer compatible el
sistema informático del ministerio fiscal con el sistema informático judicial, porque el tiempo, la rapidez y las ventajas para los ciudadanos y para el coste de la justicia que se obtendrían, serían inmensos. Llevamos trabajando intensamente en
esta materia en contacto con las comunidades autónomas y le puedo decir, por ejemplo, que la relación que llevaba la unidad de apoyo de la fiscalía con el consejero de Justicia del País Valenciano, don Fernando de la Rosa, que hoy está incorporado
al Consejo General del Poder Judicial, nos permitió, efectivamente, incorporar a Valencia a este sistema, con gran ventaja para todos los ciudadanos, y finalmente vamos a incorporar Madrid. Por tanto, esta cooperación se hace con todas las
comunidades autónomas, con independencia -que para el ministerio fiscal eso es irrelevante- del Gobierno que exista en cada comunidad autónoma.
Nos planteaba también el problema de la especialización de la Audiencia Nacional. Es verdad que como fiscal vengo insistiendo en la necesidad -y es una necesidad que en este momento todavía se nota más, dada la crisis económica que se ha
producido- de que las dos funciones relevantes que desarrolla la Audiencia Nacional se especialicen y se separen en órganos jurisdiccionales distintos y también en órganos de instrucción distintos: los grandes delitos económicos que afectan a la
economía nacional y que son competencia de la Audiencia Nacional y, por otro lado, la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada. La fiscalía ya está especializada, es decir, que ante un mismo juzgado de Instrucción de la Audiencia
Nacional pueden estar actuando en un momento determinado seis fiscales distintos. Los juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional avanzan en gran medida en su trabajo gracias al trabajo de varios fiscales distintos: dos fiscales que llevan
temas de terrorismo, de competencia específica de la Fiscalía de la Audiencia Nacional; dos fiscales que llevan temas de narcotráfico y blanqueo de dinero, de competencia específica de la Fiscalía Antidroga y dos fiscales que llevan temas de
delincuencia económica, de competencia específica de la Fiscalía Anticorrupción. Nosotros ya tenemos fiscales especializados: fiscales especializados en temas económicos, en temas de criminalidad organizada y narcotráfico y en temas de terrorismo.
Los fiscales tienen una especialización y corresponden a tres fiscalías distintas, pero las tres actúan sobre los mismos juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional, y a veces estos juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional se
encuentran -entendemos nosotros- ante una situación difícil, porque es muy difícil ser especialista en todo. Además, los términos de la investigación de un delito financiero o económico son muy diferentes, los tiempos, las formas, la
especialización, de los que llevan, por ejemplo, una actuación contra el terrorismo. Por tanto, sería conveniente que los tribunales de la Audiencia y los órganos de Instrucción estuvieran separados, aquellos que puedan llevar delincuencia
económica propiamente dicha y financiera de los de terrorismo y criminalidad organizada, por razones de especialización del trabajo, lo que, como le digo, nos evitaría que determinados delitos de grave importancia económica y financiera se dilatasen
extraordinariamente en la Audiencia Nacional y se produjera su enjuiciamiento de manera muy tardía, porque los órganos judiciales tienen que atender a cuestiones más acuciantes, como son los problemas de criminalidad organizada o de terrorismo.
Esta es una propuesta que esperamos que de un momento a otro se pueda llevar adelante por esta razón. La fiscalía ya está especializada, pero no los órganos de Instrucción y no los órganos jurisdiccionales y sería conveniente, a nuestro entender,
realizarlo.
Es verdad, y le agradezco al representante del Grupo Parlamentario Socialista que lo haya planteado, que hemos tenido un incremento importante de plantilla del ministerio público durante estos últimos años más de -400 fiscales en cuatro
años-, que nos ha permitido, como antes expresaba, encontrarnos en disposición de asumir las nuevas tareas que nos pudiera encomendar eventualmente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Deseo agradecer el apoyo que se me presta desde
este grupo y desde otros grupos, en general de la Cámara para tratar de llevar adelante esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Debo decir, y así lo he dicho, que parto de la idea de que esta reforma debe hacerse sobre la base del
consenso, porque no tiene sentido que una reforma tan relevante pueda ser modificada con posterioridad, y debe hacerse en el ámbito del Pacto de Estado por la justicia. Puedo recordar que en el anterior Pacto de Estado por la justicia -que
efectivamente suscribieron en su día el señor Michavila, como ministro de Justicia, y el señor López Aguilar, como portavoz- figuraba ya la necesaria reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la base de los postulados del reforzamiento del
principio acusatorio. Sencillamente pedimos que se haga una reforma en el ámbito de lo que tenemos en los países de nuestro entorno europeo, naturalmente con todas las garantías que sean necesarias. Es verdad que hoy tenemos establecido un espacio
de Justicia, Libertad y Seguridad en Europa, que una gran parte de la criminalidad es transfronteriza y que el ministerio público español debe estar en condiciones de trabajar con sus compañeros de los demás ministerios públicos de Europa sobre la
base de un entorno procesal que por lo menos, si no es homogéneo, sí tenga una cierta similitud.
En cualquier caso, sea cual sea la decisión que adopte esta Cámara, vuelvo a decir que para nosotros lo más importante es el consenso y que la Cámara adopte un procedimiento modernizador y actualizado, y eso no significa que lo sea solo en
el ámbito de la investigación, sino en muchos ámbitos. Hemos sido condenados en varias ocasiones por Naciones Unidas por no haber establecido un sistema de doble instancia; también por el Tribunal de Estrasburgo por no tener una ley de calidad en
materia de intervenciones telefónicas; se producen muchos conflictos entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que precisamente vienen de distintas interpretaciones de la norma en esta materia. Necesitamos una mayor unificación de
doctrina por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y que este pueda pronunciarse sobre todos los tipos delictivos, porque nosotros podemos tratar de garantizar la unidad del ordenamiento jurídico desde el ministerio fiscal, a través de las
circulares, instrucciones y consultas, pero también sería conveniente que hubiese una jurisprudencia unificada del Tribunal Supremo sobre el conjunto de los tipos delictivos, de manera que el Tribunal Supremo se pronunciara pocas veces, pero sobre
todos los delitos, y no muchas veces, pero siempre sobre los mismos delitos. Por tanto, necesitamos una reforma del recurso de casación, de la doble instancia, del sistema probatorio, incorporar los testigos protegidos, los sistemas de ADN, las
intervenciones telefónicas, etcétera. Tengan ustedes en cuenta que el 75 por ciento de los temas que van a la justicia son temas penales, que España, como antes les decía, tiene 4,5 millones de procedimientos penales judicializados, que es el
número mayor de toda Europa, y que en gran medida eso sucede porque nuestro sistema procedimental carece de filtros y se judicializan temas que en otros países no se judicializan, lo que puede llevar a una saturación de la justicia, que finalmente
termina en una serie de problemas que todo el mundo es consciente de que se producen.
Para dar una solución efectiva a los temas, hay que tener en cuenta que es importante disponer de medios, modernizar, tener más jueces, tener más fiscales, e indudablemente todo lo que se refiera a la oficina judicial y fiscal, pero no puede
hacerse con un procedimiento del siglo XIX, señores, porque una diligencia, aunque le pongamos cuarenta caballos, sigue siendo una diligencia. En la época actual podemos ponerle más caballos a la diligencia, pero lo que en realidad tenemos que
hacer es sustituir la diligencia por un tren de alta velocidad, que es lo que sería un procedimiento penal nuevo. Señor Trillo, discúlpeme por mi insistencia en la necesaria reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero mi insistencia durante
la anterior legislatura fue en la necesaria reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que afortunadamente fue una de las escasas leyes que en materia de justicia se aprobaron en la anterior legislatura, y ahora intentaremos que en esta
legislatura se apruebe también esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como fiscal general del Estado, lo más importante
para mí es conseguir que tengamos una norma a la altura de lo que los ciudadanos y la sociedad demandan y que nos permita tener una justicia penal en la que no se produzcan toda una serie de situaciones que hoy en día, en ocasiones, está
llevando a los ciudadanos a una cierta desconfianza. Como decía antes, somos el primer país en número de diligencias penales: los fiscales se personan cada año en 4,5 millones de procedimientos por delito, de los cuales, como ustedes comprenderán,
el fiscal general no conoce todos y, desde luego, por lo general no interviene más que en los criterios de carácter general, porque es cada fiscalía y cada fiscal profesionalmente el que lleva los asuntos. Pero no solamente tenemos el mayor número
de procedimientos, es que somos el tercer país por la cola en confianza de los ciudadanos en la justicia penal, y algo habrá de relación con que somos el único país que sigue con una ley del siglo XIX en esta materia.
En cuanto a la intervención del Grupo Parlamentario Popular -y vuelvo a reiterar mi agradecimiento al Grupo Parlamentario Socialista por el apoyo prestado-, no voy a responder en el mismo tono que ha tenido el ilustre representante de este
grupo. Me dice que quizá no me haya enterado de que ha habido un acuerdo entre el presidente del Gobierno y el presidente del Partido Popular. Como fiscal general del Estado, mi obligación es aplicar la ley, no estar al tanto de pactos o acuerdos
políticos, es estar fundamentalmente a lo que los legisladores establezcan. A lo mejor el que no se ha enterado es usted, porque me dice que ese nuevo espíritu no alcanza al fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado se ha reunido
hace muy pocos días con el señor presidente de su partido y, desde luego, lo que le comunicó no fue en absoluto eso; lo que le comunicó es que, efectivamente, estamos ante un nuevo Partido Popular, ante una nueva etapa y que, indudablemente, habrá
una colaboración y respeto entre el ministerio público y el Partido Popular, como no puede ser de otra manera. Por lo tanto, a lo mejor es usted el que no se ha enterado. Yo, desde luego, sí estoy perfectamente enterado de lo que tengo que
enterarme y de aquello que, de acuerdo con el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, el señor presidente del Gobierno quiera o no comunicarme. En cualquier caso, no afecta al fiscal general del Estado cualquier acuerdo que se haga entre los
partidos en la medida en que éste, en el bien de la justicia y de los ciudadanos, deba insistir en el hecho de que es necesario reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Creo que en esa reforma podemos alcanzar un consenso, necesario para los
ciudadanos. Si usted me dice que no, seguiremos veinticinco años más con la vieja ley del siglo XIX del señor Alonso Martínez, pero estoy completamente seguro de que no va a ser así.
También me traía una serie de cuestiones, entre las cuales me decía usted que me tenía que recordar -me parece que debió ser en junio del año 2004, hace casi cuatro años y medio- que había nombrado como fiscal de Sala al señor Fernández
Bermejo, hoy ministro de Justicia. No hace falta que me lo recuerde, porque me lo ha recordado el señor Astarloa veinticinco veces, así que si usted quiere recordármelo una veintiséis, recuérdemelo.
Todo lo que ha venido usted a decir durante esta
legislatura es una especie de refrito de las intervenciones del anterior portavoz del Partido Popular, que realmente no se refieren a la memoria que vengo a presentar ahora ni a la etapa de fiscal general del Estado que por segunda vez he sido
nombrado, sino a hechos que en esta Comisión de Justicia ya han sido tratados por activa y por pasiva antes de que usted se incorporara como portavoz a esta Comisión. Por lo tanto, no voy a cansar a las señoras y señores diputados repitiéndole
estas cuestiones.
Sí me gustaría hacer referencia a dos temas. Uno, porque lo ha mencionado usted y creo que es importante, para poner un ejemplo. Me dice usted que el ministerio fiscal modifica en ocasiones las conclusiones. Realmente la Ley de
Enjuiciamiento Criminal establece que el ministerio fiscal y las partes deben establecer unas conclusiones provisionales, que se denominan así -provisionales- porque luego en el juicio oral se elevan o no a definitivas. Por lo tanto, hay
modificaciones que están en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y mientras esta no se modifique, el ministerio fiscal hará uso de la facultad que tiene de modificar sus conclusiones en el acto del juicio oral. Pero no es un tema que dependa
directamente del fiscal general del Estado. Es un tema que depende del fiscal del caso, que profesionalmente toma una decisión y, eventualmente, del jefe del fiscal del caso que tiene que autorizar esa modificación. Como ha citado usted -y también
doña Rosa Díez- un caso concreto que se ha producido, le voy a decir cuál es el sistema de actuación. Yo pido un informe al fiscal del caso para decirle que ha habido una referencia en los medios a que se ha producido una modificación de
conclusiones y para que me explique por qué es eso. Le voy a dar lectura, para su satisfacción y la de los medios de comunicación -porque me han preguntado por ello-, al informe que me ha elevado el fiscal jefe de la Audiencia Nacional en relación
con la modificación de conclusiones que se ha producido recientemente en un presunto delito de injurias contra la Corona. Dice así: En relación con el procedimiento abreviado 296/07 del Juzgado Central de Instrucción número 3, seguido contra 16
individuos acusados de un presunto delito de injurias contra la Corona, cuyo juicio oral se ha celebrado el pasado 29 de octubre ante el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, tengo el honor de poner en conocimiento de vuestra
excelencia los siguientes extremos. Primero, el procedimiento penal fue incoado de oficio por el Juzgado Central de Instrucción número 3 en funciones de guardia y no a instancias de la fiscalía -como erróneamente se ha publicado en algún medio de
comunicación- para investigar los hechos ocurridos el 22 de septiembre de 2007 en la ciudad de Gerona que a continuación se relatan. En el curso de una concentración convocada por un movimiento de corte independentista,
conocido como Alerta Solidaria, para expresar su apoyo y solidaridad con los acusados de una acción perpetrada el anterior día 13 de septiembre con motivo de la visita oficial de Sus Majestades los Reyes de España a Gerona y protestar contra
su inculpación en un proceso penal, varios de los asistentes a la misma esgrimieron y quemaron recortes de periódicos y fotocopias tamaño folio con imágenes de los reyes de España y, en algún caso, del anterior jefe del Estado. Segundo una vez
practicadas las diligencias acordadas por el juzgado instructor, este, sin audiencia previa del ministerio fiscal, dictó en fecha 30 de octubre de 2007 auto de incoación de procedimiento abreviado por un presunto delito de injurias graves contra la
Corona, previsto en el artículo 490.3 del Código Penal, contra diecinueve individuos. Tercero, la fiscalía de la Audiencia Nacional, en atención al contenido del auto judicial, con el fin de proceder a una valoración definitiva de tales hechos en
el acto del juicio oral, formuló con carácter meramente provisional escrito de acusación en fecha 11 de enero de 2008, imputando a dieciséis acusados un presunto delito de injurias contra la Corona del artículo 491.1 del Código Penal, solicitando
para cada uno de ellos una multa de seis meses con una cuota diaria de veinte euros y solicitando el sobreseimiento provisional para los tres restantes.
Celebrado el juicio oral, y teniendo en cuenta el resultado de la prueba practicada que evidenció la ausencia de un ánimo manifiestamente injurioso u ofensivo en la conducta de los acusados, el representante del ministerio fiscal que asistió
al mismo con la autorización de esta jefatura, modificó la calificación jurídica de los hechos por considerar que los acusados había cometido una falta contra el orden público prevista en el artículo 633 del Código Penal, solicitando para cada uno
de ellos la pena de diez días de localización permanente y multa de veinticinco días con una cuota diaria de veinte euros. El Juzgado Central de lo Penal encargado del enjuiciamiento no empleó la vía legalmente establecida por el artículo 788.3 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mostrar su discrepancia con la acusación definitiva formulada por la fiscalía. (Debo decir que en relación con esto tengo también una queja, que estamos estudiando, del fiscal de la Audiencia Nacional contra
el órgano jurisdiccional por no haber empleado la fórmula adecuada y haber hecho pronunciamientos que la fiscalía considera inapropiados). El ministerio fiscal, en el ejercicio de sus funciones constitucionales como responsable de la acusación
pública y actuando con absoluta autonomía, ha estimado que los hechos, teniendo en cuenta las concretas circunstancias concurrentes en su realización, no podían ser calificados jurídicamente como un delito de injurias contra la Corona al no
concurrir en los acusados el ánimo o la intención de injuriar u ofender a la más alta institución del Estado y tratarse, por el contrario, -y aquí está la diferenciación de cada caso, porque el ministerio fiscal tiene que atender a cada caso
individualizadamente- de una acción ejecutada con una expresa intención de protesta y solidaridad con la inculpación judicial de otros dos individuos participantes en un hecho parecido, pero objetivamente más grave, que se había producido unos días
antes. En esta tesitura, al faltar el elemento subjetivo del tipo penal, es decir, el ánimo específico de injuria, ofensa o menosprecio a la dignidad de la Corona, como presupuesto imprescindible para la existencia del delito, y no habiendo
resultado afectado con la suficiente intensidad el bien jurídico que se trata de proteger en los delitos contra la Corona, la fiscalía en aplicación estricta del principio de legalidad penal optó por una calificación definitiva más ajustada al
verdadero contenido antijurídico de la acción. Es todo cuanto tengo el honor de informar a V.E. respecto al asunto de referencia. El fiscal jefe. Madrid, 3 de noviembre. Les informo exactamente a SS. SS. de lo que yo sé, de lo que a mí se me
ha informado por el fiscal jefe y le pongo de relieve cuál es el sistema estrictamente autónomo y estrictamente jurídico con el que funciona el ministerio público, diferenciando los supuestos -y no voy a entrar en más detalles-, atendiendo al
criterio profesional del fiscal que acude al caso, solicitando la autorización del fiscal jefe y, en aquellos supuestos en que tiene especial relevancia, informando a posteriori al fiscal general del Estado.
Debo decir como fiscal general del Estado que ha sido un comportamiento absolutamente profesional y jurídicamente adecuado. La Audiencia Nacional ha venido en el día de hoy a ratificar la anterior sentencia, la anterior acusación, es decir,
la acusación primigenia por el hecho más grave que nosotros entendíamos que se había cometido, que era alguna especie de quema de la efigie de los monarcas por unos enmascarados. La fiscalía ha entendido que estos otros hechos, que más bien
responden a una voluntad de solidaridad o de apoyo, no tienen el mismo contenido antijurídico. Es el criterio profesional del fiscal y se lo traslado a ustedes.
Naturalmente, pueden ustedes discrepar absolutamente, porque todas las actuaciones del
ministerio público pueden ser objeto de discrepancia.
Hemos comprobado hoy cómo las actuaciones del ministerio público son objeto de discrepancia desde unas posiciones y desde otras posiciones contrarias. Yo saludo todas las discrepancias. Pero,
dado que es importante, también le voy a hablar -y con ello concluiría la respuesta al Grupo Parlamentario Popular, porque no quiero entrar en mayores cuestiones- del ejercicio de las competencias que la Ley de Partidos atribuye a la Abogacía del
Estado y a la Fiscalía General del Estado. Es una ley que han aprobado SS.SS., que conocen SS.SS. muy bien y que, a los efectos de interesar la ilegalización de un partido -porque es distinta la ilegalización de un partido que la impugnación de
unas determinadas candidaturas-, establece unas causas específicas en las que debe incurrir. Tienen que ser unas causas que deben estar debidamente tipificadas -como lo están- y, además, deben ser unos hechos que estén suficientemente acreditados,
porque es realmente muy relevante
la ilegalización de un partido político en una democracia.
¿Qué es lo que ha hecho la Fiscalía General del Estado desde que yo estoy al frente de ella? Pues hemos interpuesto siete demandas de ilegalización diferentes ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo y hemos obtenido siete sentencias
favorables a nuestra posición en los siete casos. Me siento orgulloso de ello. Si hemos obtenido una sentencia estimatoria de nuestras pretensiones en las siete demandas interpuestas es precisamente porque hemos procurado que esas demandas, con
absoluto y estricto respeto al Estado de derecho, estuviesen perfectamente fundamentadas desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva fáctica. Presentamos una primera demanda en las elecciones europeas de julio de 2004 contra una
candidatura que se llamaba Herritarren Zerrenda. Debo decir que no solamente hemos obtenido siete sentencias favorables del Pleno de la Sala especial del 61, sino también cuatro del Tribunal Constitucional, porque hay tres sobre las que el Tribunal
Constitucional todavía no se ha pronunciado. Primera sentencia: elecciones europeas, Herritarren Zerrenda. No es tan sencillo impugnar una candidatura en la medida en que cada vez los sistemas se van haciendo más sofisticados y, por tanto, se va
haciendo más difícil poder acreditar la impregnación de esa candidatura por parte de otros partidos o grupos que han sido impugnados con anterioridad. En el caso de Herritarren Zerrenda, solamente gracias a que pudimos conseguir información
relativa a determinadas transferencias económicas conseguimos que efectivamente el Tribunal Supremo declarase la ilegalización de esta candidatura y el Tribunal Constitucional nos dio la razón. En las elecciones autonómicas presentamos también
contra Aukera Guztiak. Aukera Guztiak se presentaba en aquel momento como una candidatura que representaba a todas las opciones. Se presentaba como una candidatura que no estaba vinculada de manera directa a la izquierda abertzale, sino como una
posibilidad de que todas las opciones pudieran presentarse. Obtuvimos información a través de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de determinados procedimientos que estaban bajo secreto, teníamos datos de intervenciones telefónicas y pudimos
impugnar también la candidatura de Aukera Guztiak. Y, efectivamente, obtuvimos una sentencia favorable del Tribunal Constitucional el último día establecido por la ley. Después, ya en una fase posterior, una candidatura que no tenía inicialmente
ninguna tacha de ilegalidad se presentó y asumió esas funciones. Pero, indudablemente, nosotros habíamos impugnado la única que en el plazo determinado para la impugnación y de acuerdo con los informes policiales se nos había presentado como
candidatura que presentaba algunos indicios. Sentencia favorable del Tribunal Supremo y sentencia favorable del Tribunal Constitucional.
En las elecciones municipales impugnamos más de 400 candidaturas que afectaban a varios miles de ciudadanos que se habían presentado a las elecciones y presentamos tres demandas distintas ante la Sala del 61.
Tres demandas, tres sentencias
favorables. Demanda contra un nuevo partido que se creó precisamente unos días antes de la convocatoria de las elecciones, que se llamaba Abertzale Sozialista Batasuna. Era un partido nuevo; por tanto, ya no estábamos ante la situación anterior.
Primero hubo unas demandas de ilegalización contra Batasuna en la anterior legislatura. Luego presentamos demandas contra las agrupaciones electorales. Ahora nos presentaban tres frentes: agrupaciones electorales, partido nuevo y partido antiguo.
El partido nuevo era Abertzale Sozialista Batasuna. Presentamos una demanda de ilegalización de ese partido y, efectivamente, prosperó y el Tribunal Supremo no lo admitió y no se pudo presentar. Está pendiente de recurso ante el Tribunal
Constitucional y esperamos que el recurso nos sea favorable.
Agrupaciones de electores de Abertzale Sozialista, más de 200 agrupaciones de electores de Abertzale Sozialista con el nombre correspondiente. Impugnamos la totalidad de esas
candidaturas por entender que todas ellas estaban vinculadas al partido Batasuna. No nos dieron la razón en todas -hubo algunas candidaturas independientes que impugnamos ante la Sala del 61 y, sin embargo, el Tribunal Supremo entendió que no había
pruebas suficientes-, pero nosotros aplicamos los criterios probatorios que había establecido el Tribunal Constitucional. Y ANV, que era un partido político legalizado con anterioridad y, por tanto, no se podía solicitar su ilegalización. Habrán
podido observar que la ilegalización de ANV y PCTV que presentamos nosotros en el mes de enero ha sido resuelta en el mes de septiembre. Por tanto, la ilegalización de un partido legal con anterioridad requiere un tiempo.
Nosotros buscamos una
nueva fórmula para poder impugnar, no el partido -en ese momento no existía base suficiente porque hasta entonces no había realizado ninguna actuación; había surgido prácticamente de la nada y, por tanto, no había incurrido en las causas que
figuran en la ley-, sino todas aquellas candidaturas que estaban impregnadas de Batasuna.
Aplicamos unos criterios que me gustaría que algunos de los que hablan tanto de este tema se leyeran alguna vez, porque los criterios están perfectamente
establecidos y son objetivos, absolutamente objetivos, y deducidos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos permite esto, esto y esto.
Aplicando estos criterios a estas candidaturas,
efectivamente salían todas estas candidaturas como impugnables. Las impugnamos y obtuvimos una sentencia favorable del Tribunal Supremo y favorable del Tribunal Constitucional. Y en la sentencia del Tribunal Constitucional se decía que era
correcto haber acudido a este sistema de impugnación de las candidaturas porque no hubiese sido proporcionado acudir a un sistema de impugnación de la totalidad del partido. Tengo aquí los datos de lo que dice la sentencia correspondiente del
Tribunal Supremo. A partir de la celebración de las elecciones, ANV empezó a realizar determinadas actuaciones. A partir de la ruptura de la denominada
tregua empezamos a recopilar pruebas y datos y, como dice la sentencia del Tribunal Supremo, sobre la base de una serie de pruebas que se han producido durante el segundo semestre del año 2007, en el mes de enero presentamos dos demandas y
obtuvimos una resolución favorable del Tribunal Supremo en cuanto a las medidas cautelares y una resolución favorable del Tribunal Supremo en cuanto a la ilegalización.
Va a ser la última vez que hable sobre este tema en esta Cámara. Lo hago en consideración al señor Trillo que no me ha escuchado en otras ocasiones, porque creo que en la primera comparecencia en la que expliqué todo esto detalladamente a
la señora Díez no estaba presente por razones que supongo plenamente justificadas. En realidad, es un tema que he explicado ya detalladamente en muchas comparecencias anteriores. Por tanto, concluyo diciéndole que le agradezco su crítica en la
medida que pueda ser positiva para el ministerio fiscal, que no comparto el criterio de que el ministerio fiscal deba quedar excluido en absoluto del ámbito de un cierto espíritu de trabajo por la mejora de la Justicia, que intentaré la búsqueda del
consenso por todos los medios que como ministerio fiscal me sea posible y que si esto no es compartido por S.S.
lo lamentaré, pero no depende exclusivamente de mí obtener ese consenso.
Debo agradecer a Convergència i Unió sus atinadas observaciones en casi todos los temas en los que la fiscalía ha realizado un esfuerzo. Se ha referido a aquellos temas que realmente nos preocupan, desde el tema de la siniestralidad vial
hasta el tema de las carencias informáticas, a la necesidad del cambio del proceso penal, la necesidad de mejorar la planta, etcétera. Me ha llamado poderosamente la atención y comparto absolutamente el hecho de destacar que la ley aprobada por
esta Cámara establece en el artículo 72 la necesidad de singularizar el presupuesto del ministerio público atendiendo además a recomendaciones internacionales y a acuerdos adoptados por unanimidad por esta misma Cámara y que, efectivamente, ese
deseo de singularización se hizo efectivo en la norma aprobada el año pasado. Como fiscal general del Estado lo único que he podido hacer ha sido trasladarle al señor ministro de Justicia, por un lado, al señor ministro de Economía y Hacienda y
vicepresidente segundo del Gobierno por otro y al señor presidente de las Cortes por otro, el deseo de que esta ley sea cumplida, como las demás leyes, y que por lo tanto haya unas partidas singularizadas en el presupuesto, pero indudablemente no le
corresponde hacer el presupuesto al fiscal general del Estado y tanto en las partidas singularizadas como en las específicamente destinadas a la fiscalía general del Estado a las que se refiere el artículo 72, como en las que los gobiernos
autonómicos que tienen competencias transferidas deberían establecer, hemos hecho el máximo esfuerzo a lo largo de este año en solicitarlo al Ministerio de Justicia y a los gobiernos con competencias transferidas. Y el fiscal jefe de Sala de la
unidad de apoyo, don José Luis Bueren, que está presente en este acto, se ha dirigido reiteradamente a unos y otros para recordar esta obligación legal y para interesar por parte del ministerio público que se cumpla. No depende el cumplimiento del
ministerio fiscal, sino que depende de sus señorías.
Por otra parte, debo decirle que el artículo 96 del Estatuto de Autonomía de Cataluña se ha puesto en marcha, porque hemos acordado un convenio ya entre la Fiscalía Superior de Cataluña y la Consejería de Justicia. Usted sabe que en el
Estatuto del ministerio fiscal se establece que ese convenio debe ser autorizado por el fiscal general del Estado y precisamente esta misma semana he firmado la autorización de ese convenio. Ha habido una negociación que ha llevado a algunas
modificaciones por ambas partes en relación con algunos términos del convenio. Las últimas propuestas de la fiscalía han sido aceptadas por la Generalitat de Catalunya y finalmente hemos firmado ya la autorización para que el convenio se suscriba;
espero que la fiscal jefe de Cataluña y la consejera correspondiente suscriban el convenio en las próximas semanas. Este artículo ya se ha puesto en marcha.
Le agradezco las felicitaciones en relación con el funcionamiento de la Fiscalía de Siniestralidad Vial. Sabe que para nosotros ha sido muy importante pero sabe también, siempre lo digo, que ha sido un trabajo de la Cámara, de la Comisión
de Siniestralidad Vial que ahora preside el señor representante del grupo vasco, que S.S. presidió en la anterior legislatura y que trabajó en gran medida por esta materia y nosotros se lo agradecemos.
Al Grupo vasco le quiero agradecer también el apoyo que presta al trabajo del ministerio fiscal. Debo decirle que el trabajo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es un trabajo muy difícil, es una zona difícil para
realizar el trabajo de la fiscalía; es una zona en la que lamentablemente no tenemos los medios personales suficientes, fiscales con suficiente experiencia por los trasiegos de concursos que se producen con frecuencia; disponemos de medios
materiales, normalmente no hay queja en cuanto a los medios materiales de las fiscalías, tienen buenas dotaciones de espacio, tanto la fiscalía de Vitoria-Gasteiz, como la de Donostia-San Sebastián, como la de Bilbao. Y la puesta en funcionamiento
de la Fiscalía superior ha sido un éxito con el nombramiento de la nueva fiscal provincial de Bilbao; por tanto, en este momento no hay problemas entre la fiscalía y la consejería. Nos gustaría tener, naturalmente, la máxima colaboración, la
máxima comunicación entre la consejería y la fiscalía, pero el trabajo de la fiscal en este caso, como en muchos otros, no ha sido unánimemente valorado. Nosotros entendemos que la fiscalía defiende la legalidad y esperamos que finalmente el
resultado de la resolución que se dicte -como ha sucedido en la mayor parte de los casos que a mí tanto me han reprochado pero en los que finalmente el Tribunal Supremo ha acabado por darnos la razón, en algunos no pero prácticamente en la mayor
parte- sea reconocer en este caso la posición de la fiscal jefe de Bilbao, que sea reconocida finalmente por los tribunales. Por eso yo
le agradezco, dada la necesidad de apoyo que tiene el fiscal en aquel territorio, las manifestaciones tan generosas que ha hecho.
Conozco los problemas que existen en relación con la regulación de la incomunicación, he tenido conocimiento directo, incluso hemos tratado de dar instrucciones para que se haga un uso muy excepcional de esta medida.
Concretamente en la
visita anterior que se hizo por parte de una comisión nos plantearon el tema de la incomunicación en los supuestos de menores, y la fiscalía se comprometió a dictar una instrucción en la cual se excluyera la aplicación de la incomunicación a los
menores y efectivamente esa instrucción se ha dictado. Se nos pidió también específicamente que se dedicara un apartado de la memoria a recoger los casos de malos tratos de carácter policial y se ha dedicado un apartado de la memoria
específicamente a estos supuestos. Por lo tanto, nosotros tenemos comunicación con todas las organizaciones de derechos humanos y tratamos de atender todas las solicitudes que nos llegan. No le puedo contestar detalladamente a todos los supuestos,
pero le diré que comparto su preocupación en el ámbito de la necesidad de prestar una mayor atención a la ejecución de las sentencias y así se lo he transmitido a los fiscales. Como digo, en realidad la competencia es específicamente judicial pero
el ministerio público, en uso de su función -en realidad nosotros en la instrucción que hemos dictado, cuando hablamos de la inspección de la instrucción lo único que hacemos es repetir la ley, -es la ley la que dice que el fiscal cumple una función
de inspector de la instrucción sumarial-, lo único que ha hecho en esas instrucciones es trasladar a la instrucción las normas legales para tratar de obtener la máxima colaboración de los fiscales en la instrucción judicial. Pero al mismo tiempo
vamos a elaborar una instrucción específica para que, aunque no esté establecida esta función de inspección especialmente en la ley, los fiscales puedan colaborar al máximo en la ejecución de la sentencia, porque una justicia que dicta sentencias
pero no las ejecuta indudablemente no es una justicia que pueda dejar satisfechos a los ciudadanos. Concluyo lamentando no poder responder a todo lo que me ha planteado por cuestión de tiempo.
Llego a la intervención de la señora Díez. Sencillamente, así como en todas las demás intervenciones he ido apuntando las cuestiones que me han planteado, lo que tengo aquí apuntado son una serie de expresiones como incoherente,
incomprensible, inseguridad, sometimiento al interés partidario, negativo, arbitrariedad inadmisible, consecuencias nefastas de mi comportamiento para el derecho a la vida o a la libertad, absoluta arbitrariedad, etcétera. No vengo aquí a responder
descalificaciones y, por lo tanto, dado que tampoco tengo argumentos jurídicos para responder a este tipo de calificativos, no tengo nada más que añadir.
Termino mi intervención. Vuelvo a insistir a los señores y señoras diputadas que agradezco todas sus intervenciones, las que son favorables y las que son críticas, que en todo caso trataremos de incorporar al trabajo del ministerio fiscal
silenciosamente si es necesario. También he acogido algunas reflexiones del señor Astarloa que en otras ocasiones manifestaba una excesiva presencia del ministerio fiscal en los medios, y hemos restringido esa presencia, pero ahora el señor Trillo
me llama fiscal silente. Vamos a hablar y estamos hablando a través de las actuaciones del ministerio fiscal. El fiscal general del Estado interviene cuando le corresponde, en la apertura de tribunales o ante esta Cámara, procurando dejar al
conjunto de los fiscales en esta nueva etapa que se exprese. Pero teniendo en cuenta que tenemos ya fiscales de siniestralidad vial, fiscales de violencia de género, fiscales en materia de extranjería, fiscales en materia de antidroga y que tenemos
un número tan amplio de fiscalías que están trabajando, lo conveniente es que cada fiscal se exprese en el ámbito de su terreno y que el fiscal general del Estado se exprese cuando sea necesario, fundamentalmente en aquellos momentos en que esté
especialmente previsto y de una manera detallada, y siempre que SS.SS. lo soliciten, ante esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno, habíamos anunciado al principio de la sesión que solo habría una posibilidad breve de intervención a efectos de rectificación o de aclaración de algún extremo. Por tanto, para esas intervenciones
¿qué grupos desean pedir la palabra? (Pausa.) Observo que todos. Señora Díez, tiene la palabra. El tiempo máximo para su conocimiento no puede exceder ya de cinco minutos.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Cinco minutos serán suficientes, señor presidente.
La grandeza de la democracia es que cada cual ejerce su papel y a mí me corresponde ejercer un papel de oposición. Apoyar a la Fiscalía General del Estado no es decir amén a todo. No espero del fiscal general del Estado apreciaciones
jurídicas porque no estamos en un tribunal, de la misma manera que las mías tampoco han sido jurídicas sino políticas. Le quiero decir al señor fiscal general del Estado que en esto me pasa un poco como le pasa al portavoz del Grupo Socialista, que
me falta la fe para creer en el Dios verdadero. A usted le tengo que juzgar por lo que ha hecho como fiscal general del Estado, e insisto que califico políticamente las actuaciones de la fiscalía. Todos los adjetivos que usted ha mencionado son
adjetivos de la actuación de la fiscalía, adjetivos políticos que además he tratado de contener en un juicio y en un relato de cuál ha sido su actuación arbitraria y de cuáles son las consecuencias de esa actuación arbitraria. Dice usted que no va
a volver a hablar de esta cuestión aquí porque ya dio sobradas explicaciones en la primera comparecencia y dice usted que me las dio a mí. Le invito a que visite la página web de Unión Progreso y Democracia, su intervención en aquella actuación -y
la mía también- está recogida. Usted no me contestó a nada, se limitó a poner en cuestión eso de que hubiera dicho lo del Guantánamo electoral en relación
con la Ley de Partidos. Tengo buena memoria, pero por eso además lo colgamos en la página para que la gente pueda recordar. Señor fiscal general del Estado, usted ha hecho hoy un repaso pormenorizado, que yo le agradezco, de por qué la
fiscalía intervino o no, impugnó o no, determinadas candidaturas. Nos ha tratado de explicar que impugnaron todas las candidaturas cuando los partidos eran nuevos y no impugnaron más que algunas cuando los partidos, como el caso de ANV, no lo eran.
Sabe usted que eso no es cierto, porque el Partido Comunista de las Tierras Vascas era nuevo y ustedes no lo impugnaron. Osea, que ese caso no se produjo el supuesto. Nos ha dicho también que estaba perfectamente tasado qué candidaturas de ANV y
con qué criterios se impugnaban unas sí y otras no, y que el criterio era un criterio objetivo. Señor fiscal general del Estado, el criterio era -que, por cierto, no se cumplió y ustedes lo dijeron- que más de tres no blancos en las listas, más de
tres candidatos con alguna relación con el mundo de ETA, llevaban a la impugnación y si eran menos de tres, no. Si eso le parece a usted un criterio objetivo, pues es un criterio, objetivo a mí no me lo parece.
Por cierto, fue un criterio que
luego no llevaron a cabo. Le he leído incluso los nombres de candidatos del Ayuntamiento de Mondragón, para no leer tantísimos, que usted conoce. No se lo he leído pero se lo voy a recordar, porque usted lo sabe, pero lo voy a recordar también
para generar conocimiento. El argumento fundamental de las impugnaciones que se produjeron en el año 2007, cuando no eran partidos nuevos, era que hubiera relación con Batasuna, que estuviera probado que algunas de las personas que iban en la lista
habían tenido relación con un partido que se ilegalizó por formar parte de ETA. En algunos casos, como es el Ayuntamiento de Mondragón, había más de tres personas que estaba probado, porque habían ido en las listas de Batasuna cuatro años antes,
que habían tenido esa relación. En esos ayuntamientos decidieron no impugnar, pero en otros en el mismo supuesto -exactamente en el mismo supuesto y con el mismo argumento de que habían ido en las listas de Batasuna, que están publicadas, no hace
falta ni que la Guardia Civil haga el informe- ustedes decidieron impugnar. Eso es la arbitrariedad, señor fiscal general del Estado, que ante el mismo supuesto se actúe de forma diferente. Como diría el señor ministro de Justicia, como la jugada
aconseje, en función de cómo aconseje la jugada. Yo no cumpliría con mi obligación, estando convencida de lo que digo y pudiendo estar naturalmente equivocada, de controlar y de hacer esta tarea que la democracia nos encarga si no le dijera que
estoy enormemente preocupada por esta actuación arbitraria, porque tiene consecuencias, claro que las tiene. Yo le he citado antes, señor fiscal general del Estado, algunas cosas que ocurrieron en el pasado, personas que se colaron porque no
podíamos evitarlo, aunque alguien diga lo contrario, en las instituciones democráticas para ayudar a que se cometieran atentados contra concejales socialistas o del Partido Popular. Señor fiscal general del Estado, me parece que hay una enorme
responsabilidad política -diferencio muy bien entre lo que es la responsabilidad y lo que es la culpabilidad- por parte de quien ha dejado que personas que estuvieron en listas ya de partidos ilegalizados por ser parte de ETA, hayan podido
presentarse a las elecciones. En un momento les han dejado y en otro momento no les han dejado. Estoy hablando de las impugnaciones de las candidaturas, con los mismos argumentos, señor fiscal general del Estado. Repase usted lo que dice el
fiscal para impugnar esas candidaturas de las que usted ha hablado, según usted independientes, quiero decir nuevos. Dice: han estado en la lista en tal año, o estuvieron en la lista en tal año, pero en un momento las impugnan y en otro no las
impugnan.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, ha concluido su tiempo.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, señor presidente.
A mí no me gustaría estar en su lugar, señor fiscal general del Estado, si dentro de algunos años se reproduce una circunstancia como esa lamentable que he citado antes, de alguien que sea condenado por la Audiencia Nacional durante el
tiempo que ejerció su responsabilidad como concejal.
No me gustaría que nadie me pudiera preguntar: y usted qué hizo para evitarlo, y no pudiera mirarle a los ojos y contestarle que hice todo lo posible.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor fiscal general del Estado, por sus respuestas.
El tema que se ha vuelto a plantear ya resulta agotador. Yo no voy a incidir de nuevo en la materia sino para hacer una recomendación al señor presidente de esta Comisión, que se realicen unas jornadas en esta sede, en sede parlamentaria,
con catedráticos ilustres que nos puedan avezar a todos e ilustrar convenientemente sobre los problemas de hermenéutica que plantea la Ley de Partido Políticos, porque parece que no son bien conocidos. El señor fiscal general del Estado ha glosado
perfectamente qué ocurre cuando se ilegaliza una organización política, cómo se mantienen los derechos de los que siguen, que la sucesión contaminada se tiene que probar. A mi grupo no le gusta nada de lo que emana de la Ley de Partidos Políticos,
entre otras cosas, porque ya el Código Penal prevé los mismos mecanismos de defensa del sistema democrático que la Ley de Partidos Políticos y porque es una ley falsa, es una ley formalmente reguladora del funcionamiento ordinario de los partidos
políticos, pero es una ley materialmente punitiva, es una ley que tiene un vicio ya de legalidad o de legitimidad de esta naturaleza. Yo estoy con Günter Jakobs, al que usted conoce perfectamente, que la calificó
así, como una ley que se incardina en el derecho penal del enemigo. Me resulta agotador ya discutir de estas cosas y usted ha explicado perfectamente cómo funciona la aplicación de la Ley de Partidos Políticos. Yo pienso que es una ley ad
hominem, es una ley hecha intuíto persone, para ilegalizar determinadas organizaciones y en lo que discrepaba con usted es que están perfectamente tasadas y tipificadas las causas de ilegalización. No, hombre, estas cosas son absolutamente
deletéreas y posibilitan un arbitrismo judicial absoluto.
Pero le voy a preguntar cosas institucionales, que yo creo que es para lo que estamos aquí presentes, señor presidente, y con mucha rapidez. Las medidas cautelares que se adoptan muchas veces han provocado consecuencias irreversibles; por
la aplicación de la Ley de Partidos Políticos o leyes penales, o causas penales, se han cerrado medios de comunicación por la desmesura de las medidas cautelares adoptadas.
También yo pediría una vigilancia a la fiscalía en relación a la adopción
de medidas cautelares que han podido concurrir en casos como el de Egin, Egunkaria y otros medios de comunicación, alguno de los cuales han visto sus causas paradójicamente archivadas después.
En cuanto a la legislación penal, es decir, a la abrumadora presión que contra los órganos judiciales de naturaleza penal hay en el Estado español, deberíamos hacer todos en este Pacto por la justicia una reflexión colectiva, y es que el
Código Penal de 1995 parece ya la colección Aranzadi, cada vez que se produce un suceso que provoca la más mínima alarma social se crea un tipo específico. Cuando no son los delitos contra la seguridad en el tráfico -de los que yo discrepo a pesar
de que aquí haya apologetas de los mismos-, se trata de delitos específicos provocados por violencia entre los menores u otros, que van incrementando el Código Penal de tal manera que va a haber un momento en el que no va a ser posible digerir por
los órganos penales, aunque se multipliquen por cien, el extensísimo volumen de injustos penales ya configurados. El principio de intervención mínima se está relativizando hasta niveles peligrosísimos en este Estado, y me gustaría que el fiscal
general del Estado realizara alguna reflexión sobre esta cuestión. Lo de las ejecutorias tiene difícil solución por el problema que yo le he comentado. Si los módulos que aprueba el Consejo General del Poder Judicial bonifican a un juez con cinco
puntos por dictar una sentencia y con un punto por ejecutarla, difícilmente vamos a estar en la tesitura de que las sentencias se ejecuten debidamente. Y si no se ejecutan las sentencias, la justicia no funciona. Yo creo que esta preocupación
usted y yo la compartimos.
En materia de siniestralidad laboral, nosotros todavía apreciamos déficit en materia de especialización. La siniestralidad en el ámbito del trabajo todavía es una asignatura pendiente para el ministerio fiscal, no hay suficientes fiscales
especializados en las demarcaciones judiciales o en las fiscalías generales. Además, usted sabe que se elaboró un libro blanco hace diez años por el Consejo General del Poder Judicial y se comentó que la tipificación penal del delito contra la
seguridad de los trabajadores constituía un verdadero delito en blanco, era de imposible aplicación porque era imposible determinar el comitente material del delito -por eso era en blanco-, había que recurrir a la Ley de prevención de riesgos
laborales para identificar al comitente del delito. Luego estamos también con una laguna, una disfunción del ordenamiento jurídico difícil de solucionar.
Con esto acabo, señor presidente. Señor fiscal general, usted conoce muy bien las demarcaciones, el territorio y la Comunidad Autónoma de La Rioja. Fíjese hasta qué punto hay disfunciones todavía y es insuficiente el número de fiscales.
No sé si usted sabe que en La Rioja, en este momento, los fiscales existentes en esta comunidad autónoma están todos en el Tribunal Superior de Justicia radicado en Logroño -dónde, en Logroño- y la conexión con las demás demarcaciones judiciales no
se hace por presencia física de los fiscales, sino por videoconferencia. Esto acredita una de las patologías que el señor Jané y yo le hemos comentado.
Todavía es manifiestamente insuficiente el número de fiscales existente.
Agradezco su generosidad, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Tiene la palabra el señor Jané en nombre del Grupo de Convergència i Unió.
El señor JANÉ I GUASCH: Yo agradezco el tono del fiscal general del Estado en esta comparecencia, pero debo lamentar que, tras la respuesta del fiscal general del Estado, quede claro que se han hecho esfuerzos desde el ministerio fiscal
para alertar al Gobierno de que debía cumplirse ese artículo específico, el 72, por el hecho de tener esas partidas singularizadas. Por tanto, el Gobierno incumple doblemente, porque incumple por no haber hecho caso a una disposición normativa
imperativa.
Ha sido alertado por parte del ministerio fiscal y, por tanto, creo que debemos lamentarlo. Esperemos que aún estemos a tiempo de que nadie nos diga que los Presupuestos Generales del Estado incumplen directamente el Estatuto orgánico
del ministerio fiscal, hecho que sería grave.
Nos congratulamos porque se esté cumpliendo en este caso el artículo 96.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero también, en idénticos términos, el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Yo creo que podríamos hacer una reflexión sobre
cómo dos estatutos de autonomía aprobados por estas Cortes Generales se están cumpliendo en el ámbito del ministerio fiscal. Usted hoy ha puesto el ejemplo de un convenio que está a punto de ser firmado entre la Generalitat de Cataluña y el
ministerio fiscal, lo prevé el Estatuto de Cataluña y lo prevé el Estatuto de Andalucía; pero además, si lo repasáramos, en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal también ha tenido un acomodo en lo que a tal efecto establecen los estatutos de
Andalucía y de Cataluña. Por tanto, creo que
debemos congratularnos. Y hay aún alguna disposición que está en el Estatuto de Andalucía y en el de Cataluña y que, de momento, no podemos cumplir. Concretamente, si nos fijamos en el artículo 36 del Estatuto orgánico del ministerio
fiscal, de manera clara, y también imperativa, dice: Cuando los estatutos de autonomía prevean la existencia del consejo de justicia de la comunidad autónoma, este -el consejo de justicia de la comunidad autónoma- será oído necesariamente con
carácter previo a un nombramiento del fiscal superior de la comunidad autónoma. Este aspecto afecta ya directamente a Andalucía y a Cataluña, que en sus estatutos prevén esos consejos de justicia, pero en cambio, es una norma de imposible
cumplimiento hoy, dado que aún no hemos desarrollado ese aspecto porque deberíamos modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacerlo, y quería ponerlo de relieve.
En la memoria, concretamente en la página 915, se llega a cuantificar en 332 el número de grupos de delincuencia organizada, y se detecta que este año hay 372 en la memoria y que en el año anterior había 238, casi 100 más. Sabe de la
preocupación de nuestro grupo parlamentario respecto a la tipificación de esa delincuencia organizada y estamos tramitando en estas Cortes Generales una proposición de ley de Convergència i Unió, en la que recogemos esa necesaria tipificación de las
bandas organizadas. Esto nos va a suponer más medios también, porque nos va a suponer una acción penal distinta. Aquí quizá discreparíamos el señor Olabarría y yo en el sentido de que es verdad que en ocasiones no todo puede llevarse al derecho
penal, pero es verdad también que en ocasiones, cuando se tipifican o se endurecen determinadas conductas, tiene mayores efectos preventivos. Por tanto, nosotros, en el caso de las bandas organizadas, que en Cataluña han cometido tantos y tantos
delitos silenciosos, quiero decir hurtos y robos silenciosos, entendemos que es necesario ese mayor esfuerzo.
Para acabar, le pediría que en futuras memorias, cuando se refieran a la Fiscalía provincial de Girona, utilicen la toponimia adecuada, que es Girona. Lo hacen así cuando hablan de la Fiscalía provincial de Lleida -no ponen Lérida, ponen
Lleida-; en cambio, cuando se refieren a la de Girona en esta memoria, se refieren a Gerona. Debo recordar que hay una ley de estas Cortes Generales que cambió la toponimia tanto de Gerona como de Lérida para que pasaran a denominarse oficialmente
Girona y Lleida. Por tanto, bueno sería que se cumpliera, pero en la memoria no se ha reflejado, como tampoco se ha reflejado al leer las diligencias que desde la fiscalía le informaban de los delitos que tuvieron lugar en la demarcación de Girona.
El señor PRESIDENTE: Señor Trillo-Figueroa.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Gracias, señor presidente, por su turno y sobre todo por su arbitraje, ecuánime como siempre, y amable.
Señor Conde-Pumpido, desempeñar la Fiscalía General del Estado como usted la ha desempeñado no es gratuito en una democracia. En una democracia se responde; los diputados ante los electores y usted, ya que lo quiere así, ante esta Cámara,
por lo menos. Por tanto, no piense que vamos a correr cortina sobre todas las cosas que se le han recordado aquí y otras muchas que irán saliendo, para nada. Lo hago con lo que yo creía que era respetuoso y lamentaría que no se entendiera así por
todos los portavoces. Llamarle adalid del proceso de paz, campeón de la legalidad o paladín no es ningún insulto, pero si es eso lo que le molesta al señor Villarrubia, he de decirle que él tendría que retirar lo de títere, protector de corruptos e
inquisidor de la época medieval. En lo de Bentham, el señor Conde-Pumpido sabe muy bien de dónde he extraído la cita, la magistratura parlante que fue, la magistratura silente que dice quiere ser, siguiendo los consejos de mi antecesor, allá cada
cual, a mí lo que me importa es lo que actúa y lo que omite, y en lo que actúa y en lo que omite, le vuelvo a decir, oportunismo y arbitrariedad. Y le voy a señalar solo dos ejemplos, en primer lugar aquel al que se ha referido el señor fiscal
general con cierta profusión, el de la ilegalización de partidos. Señor Conde-Pumpido, no se lo digo yo, ni la señora Díez, se lo dijo el Tribunal Supremo en el momento de la anulación de las candidaturas: Debieron instar la ilegalización de ANV y
no lo hicieron. Y lo ha dicho usted con claridad, que se agradece, para que conste en el'Diario de Sesiones'. Ha dicho que no empezaron hasta que no acabó la tregua. Eso es oportunismo, eso es arbitrariedad, utilizar la ley y la magistratura que
usted dirige para hacer acusaciones o no, impugnaciones o no, utilizaciones o no de las leyes -le gusten o no al señor Olabarría, y lo digo con todo cariño y respeto- cuando hay tregua o cuando no hay tregua, cuando hay elecciones o cuando no hay
elecciones. Nos hemos enterado también de un ejemplo paradigmático. Resulta que ahora quemar las fotos de los monarcas no implica animus iniuriandi. Es un nuevo criterio, efectivamente, trata de explicarme lo que es el pase de las conclusiones
provisionales a las conclusiones definitivas. Señor Conde-Pumpido, ya cuando era muy joven tuve que ejercer esa función, ya se lo contaré otro día, pero hasta ahí llegamos. Y, como dice la señora Díez, no vamos ahora a discutir calificaciones
jurídicas. De nuevo, allá cada cual con su responsabilidad, y allá usted y el fiscal jefe que parece que fue -que primero ha dicho que instruyó y luego que fue consultado- el que llegó a esta conclusión de que quemar no es injuriar.
Excepcional.
Ya me lo explicará.
Fractura de la unidad -he dicho- territorial y sectorial, que además es inútil, pero voy a ver si convenzo al señor Villarrubia Mediavilla.
El señor PRESIDENTE: Le quedan dos minutos y medio. (Risas.)
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Sí. Que me explique dónde está en la Constitución eso de que las comunidades autónomas tienen competencia sobre la justicia, además de la mal llamada, en pésimo estilo en la jurisprudencia
constitucional, administración de la Administración de Justicia. A ver de dónde se han sacado esto de los fiscales superiores de la comunidad autónoma. Pero, sobre todo, señor Villarrubia, si la política criminal depende del Gobierno de acuerdo
con la Constitución, como usted ha dicho, estoy de acuerdo. Pero es que ahora resulta que hay que dar cuenta al Gobierno de la comunidad autónoma y enviar memorias a cada una de sus asambleas legislativas, diecisiete, lo que ha hecho ha sido
multiplicar por diecisiete el principio de jerarquía y fracturando por diecisiete. En cuanto a la sectorial, un éxito. La dedicación sectorial de los fiscales que usted dirige ha sido un éxito. Observatorio de la mujer, estadística sobre
violencia de género, primer trimestre de 2008, órdenes de protección en España sobre un total de 9.021, solo se han incoado 319 a instancia del fiscal. Pero, fíjese, sentencias a instancia de la víctima, el 99,16 por ciento; a instancia del
ministerio fiscal, el 3,3 por ciento. No parece que esté resultando la fórmula de mayor eficacia la fractura sectorial de la fiscalía.
Finalmente, lo más importante, señor presidente. Yo sí me entero. Me entero de que trata usted de verse con el señor Rajoy con luz y taquígrafos -que fue con luz y, desde luego, sin taquígrafos- el mismo día que yo interpelo al ministro de
Justicia, a ver si así aparece una distorsión estrábica. (Risas.) Pues no, hasta ahí llegamos. Pero usted no se entera de que fue el propio jueves ni se enteró de lo que le dijo. En el Pacto por la justicia se excluyó expresamente por el Gobierno
a la última hora del último día todo lo que concernía a la administración de la Administración de Justicia en las comunidades autónomas y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque lo que había pactado el portavoz titular e ilustre del Grupo
Socialista no le valía a la señora vicepresidenta del Gobierno y se cayeron diez puntos de lo que había pactado, entre ellos, ese. Pero es más, expresamente el presidente del Gobierno y el líder de la oposición acordaron que con esa fórmula que
usted defiende no vería la luz en esta legislatura. Entiéndalo. Concluyo, señor presidente, agradeciendo su generosidad -e insisto-, su moderación y su arbitraje. La crítica que le hace, por ejemplo, la Asociación Profesional de la Magistratura,
que no es a la que S.S. se siente más próxima, pero es respetable porque representa a la mitad de los jueces y magistrados asociados en España, es que la fórmula que usted pretende permitiría no solo dirigir la investigación inculpatoria hacia
quien se desee, sino fundamentalmente paralizar aquellas que puedan ser particularmente incómodas o inadecuadas en función del proceso de paz o de que la injuria sea considerada o no...
El señor PRESIDENTE: En este momento ha finalizado su tiempo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Término, señor presidente.
No va a contar con nuestro acuerdo para hacer una Ley de Enjuiciamiento Criminal al dictado de lo que usted pretende y, por cierto, también estos días en el Consejo General del Poder Judicial, que también ahí estamos enterados y de lo que ha
hecho durante estos años.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Quiero agradecer nuevamente la información de la segunda parte en los tres bloques: de modernización, que es muy importante, de especialización de la Audiencia Nacional, que compartimos, y la posible
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin entrar en los contenidos, como respetuosamente ha manifestado por escrito en la memoria y en la intervención de hoy. La necesidad, sí, los contenidos corresponden a la Cámara y el ministerio fiscal
da fe u opina de la imperiosa necesidad, no se ha pronunciado sobre los contenidos concretos, salvo algunos aspectos claros como la doble instancia, etcétera.
Voy a mencionar un par de cuestiones muy rápidas: una, para que no quede en el aire, el contenido del artículo 72 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Yo creo -no afirmo- que no es una mera cuestión de incumplimiento de la letra de
la norma ni de consignación presupuestaria nominal, sino que es bastante más compleja la estructura del ministerio fiscal hoy existente, que puede tener complicación para tener un presupuesto propio; aunque la tendencia deba ser probablemente esa,
no es posible que lo tuviera en este momento aplicando la legislación actual.
Adelanto que mi grupo parlamentario ve con buenos ojos el cumplimiento y el desarrollo del artículo 72 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal.
Brevemente, no merece la pena discutir mucho más, don Federico. Hay que quedarse con el respeto y el nuevo clima que tiene que guiar las reformas necesarias para la modernización de la justicia. Desde luego, no eran esos epítetos que me ha
referido antes los que yo le pedía amistosamente, y sin suplir a la Presidencia, que se podían retirar, sino algunos otros que figuran en el'Diario de Sesiones', pero que vamos a tenerlos, por lo menos por mi parte, por no reproducidos. No hay
tiempo material, pero le reitero que el cumplimiento de los estatutos aprobados, con su voto también, de todos excepto el de Cataluña, es una obligación. Otra cosa son los matices de contenido y las diferencias que podamos tener. Ahí está su voto,
aunque hoy discrepe de lo que su partido ha votado: el Estatuto de Valencia, el de Andalucía, el de Castilla y León, mi tierra, y otros tres más,
hasta siete, el séptimo es uno que no votaron ustedes. Aludiré a una última cuestión, porque se me olvidó antes y entro dentro de tiempo. Me referí a casi todas las fiscalías y quería felicitar expresamente también, porque no lo había
hecho, a la Fiscalía Anticorrupción por su trabajo, a la que hay que potenciar cuanto más podamos mejor, se está haciendo, y sobre todo con la aplicación del artículo 19.4 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que redefine competencias, y a
la Fiscalía Antidroga, con esa posibilidad de investigar y perseguir el blanqueo de capitales asociado al tráfico de drogas, también posibilitado por el nuevo estatuto. Quería añadir expresamente la mejora clara y notable del funcionamiento de
estas dos fiscalías especiales que nos parecen importantísimas y que entre todos debemos hacer que funcionen todavía mejor. Termino agradeciéndole su información y reiterándole nuestro respeto y nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: Antes de darle la palabra al fiscal general del Estado, quisiera hacer unas precisiones finales. Primero, en el orden del día, efectivamente, consta la explicación de la memoria de la Fiscalía General del Estado para
sus actividades durante 2007, pero consta también en los términos literales: para dar cuenta de la política criminal que impulsa y, en particular, la política antiterrorista. No se somete a plazo, y así fue admitida por la Mesa de la Cámara. No
es la Comisión de Justicia quien desautorice los actos de la Mesa de esta Cámara. La Comisión de Justicia -y lo agradezco a todos los portavoces- ha decidido integrar y dar tratamiento único a este punto, de manera que hemos concentrado todas las
comparecencias.
La segunda consideración, ya que va de recomendaciones, se refiere a la retirada de epítetos, señorías. No es esta Presidencia partidaria de incurrir en lo que ha incurrido alguna otra Presidencia al observar que, si una señoría no retira
un adjetivo con el que -digamos- adorna su intervención política, lo da por retirado, porque podría inducir a confusión histórica. Permítanme simplemente una ironía y un recuerdo a un'Diario de Sesiones'. Hubo un ilustre diputado que en el turno
de control al Gobierno le dijo a un ministro: Exhibe usted cuando se desnuda y muestra una desfachatez, es usted un sectario. Como no retiraba esos adjetivos el ilustre diputado, el presidente ordenó a los servicios de la Cámara que los diera por
retirados, lo cual llevó al'Diario de Sesiones' a reflejar el incidente de la siguiente manera: Exhibe usted cuando se desnuda una... es usted un... (Risas.) No quisiera yo, señorías, contribuir en la confusión histórica. No hemos apreciado
voluntad de zaherir ni menospreciar a la institución ni al fiscal general del Estado, al que cedo la palabra para que cierre esta Comisión.
El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Conde-Pumpido Tourón): En este ánimo positivo y esperanzador, y en este tono de humor que ha incorporado el señor presidente me gustaría terminar mi intervención. Lamentablemente, tengo que reiterar a la
señora Díez que, de la misma manera que me remite a la página web de su partido, que no voy a visitar, y lo siento mucho, a mí me gustaría que leyera los argumentos jurídicos. He sido magistrado durante toda mi vida profesional. No soy un político
ni he ejercido nunca ningún cargo político. He sido juez de instrucción, magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián durante muchos años, como usted sabe -la recuerdo perfectamente en política en aquella época, en los años ochenta, dónde
estaba y lo que hacía-, después he sido también presidente de una audiencia provincial, he sido magistrado del Tribunal Supremo durante diez años, y ocupo lo que yo entiendo que es un cargo jurídico, porque la Constitución establece que el cargo de
fiscal general del Estado deberá ser ocupado por un fiscal, por un jurista de reconocido prestigio, que lleve además más de quince años en el ejercicio efectivo de su profesión. Además, como es sabido, el Tribunal Supremo en su momento dijo que la
profesión de político no era tiempo hábil para computar a estos efectos y, por tanto, solo la profesión de jurista en activo. Soy un jurista, y como jurista le remito única y exclusivamente a los argumentos jurídicos, que me gustaría que leyera.
Como le digo, como jurista no consulto las páginas de los partidos políticos, y como jurista sí le recomendaría que acudiera a la fundamentación jurídica de la demanda que se presentó en su momento, y acudiera también a la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, que distingue específicamente las personas que puedan estar contaminadas por haber ejercido cargos políticos con un determinado partido ilegal, de las personas que formaban parte de una lista que fue declarada ilícita por la
presencia de otros, y que solamente la presencia de esos otros es efectivamente lo que está prohibido, y no puede -dice el Tribunal Constitucional- extenderse como una mancha de aceite, de tal manera que si se impugna una lista porque hay dos
personas contaminadas, eso significa que los otros ocho se conviertan en contaminadores para lo sucesivo. Por tanto, todas aquellas personas que el Tribunal Constitucional no autorizó a que se consideraran como objetivo para poder impugnar una
lista, no fueron consideradas. Los criterios fueron absoluta y tajantemente objetivos, y me siento tan orgulloso de mi trabajo como fiscal general del Estado durante estos años como me he sentido orgulloso de mi trabajo como magistrado del Tribunal
Supremo, de mi trabajo como magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián o como presidente de una audiencia provincial. Miraré a los ojos permanentemente a todas las personas, porque hemos hecho un esfuerzo tremendamente efectivo de
imparcialidad y de objetividad para situar al ministerio fiscal no donde le querían tirar unos ni donde le querían tirar otros sino precisamente en la aplicación de la ley, que a veces no les gusta ni a tirios ni a troyanos o a veces les gusta a
troyanos y otras a tirios. Pero nosotros hemos procurado estar siempre en una posición de absoluta imparcialidad.
Para algunos, como el señor representante del Partido Nacionalista Vasco, que no comparte la Ley de Partidos Políticos, que es muy legítimo, nosotros hemos ido demasiado allá. Nosotros aplicamos la Ley de Partidos Políticos, no la juzgamos;
la aplicamos. El Tribunal Constitucional la ha declarado constitucional, por tanto, mi opinión sobre la ley es irrelevante. La ley ha sido declarada constitucional y nosotros la aplicamos, y la aplicamos en sus propios términos. No vamos a ir más
allá, por mucho que griten o busquen la oportunidad de figurar algunas personas. No vamos a ir más allá. Y no vamos a ir más acá, por mucho que nos digan algunos que nos estamos excediendo. Actuaremos siempre en el punto que el Estado de derecho
nos indica.
Señor Trillo, el fiscal general del Estado ha incorporado entre sus funciones institucionales, desde hace varios años, la entrega de la memoria a los representantes de las diversas instituciones y ha entendido que, de la misma manera que se
entrega a Su Majestad el Rey, a Su Alteza Real, al presidente del Gobierno o a los presidentes del Congreso y del Senado, era procedente hacerle entrega de esta memoria institucional al señor presidente del Partido Popular, como líder de la
oposición. El señor presidente del Partido Popular ha tenido a bien acceder a ello, y el fiscal general del Estado acude a entregar la memoria al señor presidente del Gobierno el día y a la hora en que el señor presidente le señala, y acude a
entregar la memoria al señor presidente del Partido Popular el día y a la hora en que el señor presidente del Partido Popular le señala, sin saber si existen o no comparecencias. Cuando el señor presidente del Partido Popular me indica que está
dispuesto a que le sea entregada la memoria, el fiscal acude y le entrega la memoria. En este sentido, si hay algo en cuanto a la inoportunidad del momento, puedo garantizarle completamente que es absolutamente ajeno al fiscal general, y supongo
que se debe a que la agenda del señor presidente, lógicamente -yo lo respeto-, está sobrecargada y tiene que encontrar el momento más oportuno.
Creo que está usted un poquito desfasado en cuanto a la información temporal, porque me ha dicho no se qué del señor Herrero. Lo digo ahora porque quiero agradecer al señor Villarrubia que haya alabado el trabajo realizado por la Fiscalía
Anticorrupción; quiero destacar que con absoluta imparcialidad, autonomía y haciendo un análisis estrictamente jurídico de las cuestiones la Fiscalía Anticorrupción, que es un modelo en el ámbito europeo y mundial, está trabajando con gran rigor,
eficacia y de manera muy efectiva, tan efectiva que en la última reunión del Consejo Fiscal como fiscal general del Estado he propuesto la renovación del señor Salinas como jefe de la Fiscalía Anticorrupción, precisamente una persona que habían
nombrado ustedes en el anterior Gobierno, de la misma manera que en esa misma sesión del Consejo Fiscal he propuesto la continuidad del señor Herrero al frente de la fiscalía que ocupa en este momento, en la Sala de lo Militar. Por tanto, no sé qué
me dice usted del señor Herrero Tejedor, porque le acabo de proponer para ser renovado en el puesto que ocupaba, ni de la Fiscalía Anticorrupción, pues también acabo de proponer su renovación.
Concluyo. Muchas gracias de nuevo a todos los señores parlamentarios. Yo quería trasladar la convicción total y absoluta de que la fiscalía está trabajando en este momento activamente, de forma coordinada y muy eficaz.
Verán ustedes que
en este momento hay pocos problemas que puedan aparecer entre los fiscales; quizá los problemas estén en otros ámbitos, pero la fiscalía está trabajando como un reloj, y yo me comprometo a que el ministerio fiscal, sólido como una roca, defienda de
manera efectiva los principios de imparcialidad y legalidad.
El señor PRESIDENTE: Señor fiscal general, su comparecencia ha sido de gran utilidad para esta Comisión de Justicia. Quiero agradecerle su presencia entre nosotros esta mañana, y dar las gracias también al equipo de la fiscalía, a los
servicios de la Cámara, a los medios de comunicación y por supuesto a todas las diputadas y a todos los diputados.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.