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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 125, de 29/10/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 125
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN FERNANDEZ LÓPEZ AGUILAR
Sesión núm. 4 celebrada el miércoles 29 de octubre de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Cooperación Territorial (Puig de la Bellacasa Aguirre) para informar sobre:
- Las líneas generales de actuación del departamento en el ámbito de sus responsabilidades. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000121.)... (Página 2)
- Las previsiones del Gobierno en materia de financiación autonómica. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000062.)... (Página 2)
- Las previsiones del Gobierno en materia de financiación local. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000063.)... (Página 2)
Los planes del Gobierno en orden a modificar el marco normativo local. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000066.)... (Página 2)
- Las previsiones del Gobierno en orden a impulsar la reforma de los gobiernos locales y su participación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente
212/000069.)... (Página 2)
Comparecencia de la señora secretaria de Estado para la Administración Pública (Del Palacio Tascón) para informar sobre:
- Las líneas generales de actuación del departamento en el ámbito de sus responsabilidades. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000119.)... (Página 22)
- El desarrollo del Estatuto básico del empleado público en la Administración General del Estado. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000059.)... (Página 22)
- La planificación de los recursos humanos en la Administración General del Estado, formación del personal, movilidad, oferta de empleo público para el próximo ejercicio y previsiones sobre eventuales modificaciones para el acceso a la
función pública. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000060.)... (Página 22)
- Las medidas que piensa adoptar el ministerio en orden a impulsar el desarrollo de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos en la Administración General del Estado y su colaboración con las Administraciones
Públicas. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000061.)... (Página 22)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (PUIG DE LA BELLACASA AGUIRRE) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000121.)
- LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN MATERIA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000062.)
- LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN MATERIA DE FINANCIACIÓN LOCAL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000063.)
- LOS PLANES DEL GOBIERNO EN ORDEN A MODIFICAR EL MARCO NORMATIVO LOCAL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000066.)
- LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A IMPULSAR LA REFORMA DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y SU PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente
212/000069.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Administraciones Públicas, en la que vamos a sustanciar algunas comparecencias solicitadas por distintos grupos parlamentarios, de acuerdo con el
procedimiento que habíamos acordado, el de la acumulación. En cada una de las comparecencias solicitadas de los altos cargos que están convocados a esta sesión de la Comisión de Administraciones Públicas, se acumularán los distintos puntos,
incluido el que se formula a petición propia. En primer lugar tenemos la comparecencia del secretario de Estado de Cooperación Territorial al que invitamos a tomar asiento en la Mesa de la Comisión. Bienvenido, secretario de Estado de Cooperación
Territorial, señor Puig de la Bellacasa, al que damos, junto a la bienvenida, la palabra, para que exponga las líneas de la comparecencia solicitada a petición propia; después ofreceremos los
turnos a los portavoces de los grupos parlamentarios presentes en la Comisión, empezando por el Grupo Parlamentario Popular.
Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Puig de la Bellacasa Aguirre): Señor presidente, señorías, antes de nada quiero expresar mi satisfacción por poder comparecer hoy ante esta Comisión de Administraciones Públicas del
Congreso de los Diputados y en primer lugar quiero agradecer su interés a los grupos que han solicitado mi comparecencia.
Querría comenzar mi intervención con una breve reflexión sobre lo que ha supuesto para nuestro país el nuevo modelo territorial que elegimos al aprobar la Constitución. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hemos conseguido alcanzar
en estos años unos niveles de desarrollo económico y de bienestar social similares a los de los países europeos que hace treinta años eran la referencia en la definición de nuestras políticas. Hemos cumplido este reto colectivo al tiempo que
reducíamos de forma progresiva las diferencias sociales y económicas entre los territorios y los desequilibrios en el acceso a los servicios públicos esenciales por todos los ciudadanos, con independencia del lugar de España en el que vivan. Para
ello ha tenido un papel relevante el proceso de descentralización política que culminó en el llamado Estado de las autonomías. La construcción de nuestro Estado se ha fundamentado en un ejercicio permanente entre el equilibrio entre la unidad y la
pluralidad, de forma que la profundización de las capacidades de autogobierno de las diferentes administraciones se ha conseguido respetando el principio de solidaridad como fundamento de la cohesión territorial. Gracias a todos, España es hoy un
país complejo, plural y al mismo tiempo unido y solidario. En cada etapa, en la que ha habido un impulso profundo de descentralización, se ha combinado esta con la cooperación para asegurar un correcto funcionamiento del sistema. Por ello, ahora
que el marco competencial y el proceso de traspasos ha adquirido la madurez que le aporta la evolución de estos treinta años, creemos que nuestro principal reto es garantizar el máximo nivel de eficacia y de eficiencia en el funcionamiento de
nuestro Estado.
El sistema complejo de administración, consecuente con el Estado compuesto que hemos construido, nos obliga en muchos casos a integrar políticas comunes en un entramado competencial de las respectivas administraciones.
Estamos en un momento
en que lo esencial es aunar voluntades para conformar esta política de Estado, para desarrollar la cogobernanza de nuestro país mediante la colaboración de las tres administraciones, de tal forma que seamos capaces de garantizar la igualdad de
derechos en todo el territorio y de mantener y reforzar el modelo de convivencia reflejado en nuestra Constitución. Para lograrlo vamos a trabajar los próximos años en la potenciación y en el perfeccionamiento de los mecanismos de colaboración y de
participación a todos los niveles y con todas las administraciones y en la consolidación de un marco estable y sólido de relaciones entre los tres niveles de gobierno, con la máxima lealtad institucional y con un absoluto respeto al ejercicio
competencial propio de cada uno de ellos.
Comenzaré mi intervención, señorías, por esta apuesta por la cooperación como lo que creemos nosotros que es el principio vertebrador de las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. Es nuestro propósito en esta legislatura
continuar potenciando los principales instrumentos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.
Empezando por la Conferencia de Presidentes, que debe consolidarse como el instrumento político más importante en las relaciones de
cooperación del Estado autonómico, y continuando por las conferencias sectoriales, en su condición de instrumentos de cooperación multilateral, deben fortalecer su posición e incrementar sus capacidades y los resultados efectivos de su intervención
en el desarrollo, seguimiento y evaluación de los acuerdos y políticas públicas comunes a las dos administraciones.
La constitución de la Conferencia de Presidentes como órgano máximo de nivel político de cooperación entre el Estado y las
comunidades autónomas y como máxima expresión de la cooperación multilateral ha sido, todos lo debemos de reconocer, una de las importantes novedades en el desarrollo del Estado autonómico durante la pasada legislatura. Durante la presente, y dada
la importancia de esta conferencia como foro de diálogo y de acuerdo, pretendemos reforzar su papel para que se consolide como el alto instrumento de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Y así, como
manifestó el presidente del Gobierno en el debate de investidura, se van a celebrar varias conferencias a lo largo de la legislatura, para tratar asuntos especialmente relevantes para los ciudadanos, como la mejora del sistema educativo, la política
ambiental y el cambio climático o la mejora de medidas de apoyo a las víctimas de la violencia de género. Por lo que se refiere al régimen interno de esta conferencia, estamos trabajando en la elaboración de un reglamento de funcionamiento que
trataremos y consensuaremos con las comunidades autónomas.
Como bien conocen, las conferencias sectoriales permiten una lectura multilateral de cuestiones de interés mutuo y facilitan la adopción de acuerdos compartidos entre el Gobierno y las comunidades autónomas, por lo que nosotros las
consideramos el mejor instrumento para articular las relaciones de colaboración, ya que son un instrumento institucionalizado, estable y permanente y que garantiza la continuidad de estas relaciones entre las dos administraciones. Así, durante la
VIII Legislatura, las conferencias sectoriales celebraron una media de casi seis reuniones mensuales y además se crearon siete nuevas conferencias de gran relevancia. Estas son: la de asuntos locales, la de ciencia y tecnología, la de
telecomunicaciones y sociedad de la información, la de inmigración,
el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la Conferencia General de Política Universitaria, así como la prevista y aún no constituida conferencia del agua. Igualmente, en la VIII Legislatura se han
relanzado tres conferencias sectoriales que no se reunieron durante los últimos ocho años, como la de cultura, la de industria y energía y la de infraestructuras. También se ha reunido el Consejo de Política de Seguridad, que no lo había hecho
desde el año 1986.
Ya en esta legislatura destacaría la constitución de la Conferencia sectorial de la inmigración el pasado 9 de julio de 2008, y próximamente -tal y como recoge el anteproyecto de ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de
servicios, la trasposición de la directiva de servicios- se va a constituir también un órgano de colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para ayudar al desarrollo de la trasposición de esta directiva de
servicios.
Señorías, creemos que, con la perspectiva que dan casi treinta años de funcionamiento de las conferencias sectoriales, todos, Administración General del Estado y comunidades autónomas, tenemos ya una visión bastante completa de su
funcionamiento, por lo que estamos en condiciones de iniciar un proceso de reflexión que sobre la base del consenso mejore su funcionamiento y aproveche la experiencia de aquellas que han mostrado una mayor efectividad. Debemos ser capaces de
conseguir que las conferencias sectoriales se configuren como un foro efectivo de impulso y evaluación de políticas públicas y, consecuentemente, como un instrumento que ayude a utilizar de forma eficiente los recursos públicos mediante la
integración coherente de los programas de actuación del conjunto de las administraciones. En este sentido debo recordarles la creciente importancia que han adquirido los distintos instrumentos de colaboración con financiación condicionada para
posibilitar el desarrollo de planes sectoriales y programas de intervención pública, en particular la extraordinaria utilidad de los convenios de colaboración firmados entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Estos convenios
constituyen el instrumento de cooperación de uso más frecuente y consolidado en el funcionamiento del Estado autonómico y la parte más importante de la financiación condicionada que reciben las comunidades autónomas habiendo alcanzado estabilidad y
continuidad, de modo que un número muy significativo de ellos tienen vigencia plurianual o se prorrogan o se desarrollan anualmente, pero manteniendo una colaboración ya establecida. No en vano los convenios de colaboración, junto con las
subvenciones y los contratos-programa durante la VIII Legislatura, supusieron una aportación estatal de 25.861 millones de euros, frente a los 17.191 millones de la VII Legislatura. Creemos que la importancia de la utilización de los convenios
exige que nos esforcemos por evaluar el impacto efectivo de los recursos económicos aplicados, para lo que pretendemos mejorar los mecanismos de seguimiento y de evaluación que suelen incorporar en sus cláusulas. Es necesario vincular la correcta
aplicación de los fondos con los objetivos contemplados en los convenios mediante la definición de una serie de sistema de evaluación permanentes, pactadas, accesibles al análisis de las conferencias sectoriales, en particular, y de los ciudadanos,
que son los destinatarios de estas políticas, en general. Solo así estaremos en disposición de obtener datos cualitativos suficientes que completen la evidencia de la importancia presupuestaria de este instrumento de colaboración.
Por supuesto, unido a este desarrollo de la cooperación multilateral vamos a desarrollar también los instrumentos de cooperación bilateral que prevén los estatutos de autonomía de nueva generación. Estos instrumentos son expresión del nuevo
escenario en el que va a desenvolverse el Estado de las autonomías durante los próximos años. Y, una vez superada la fase en la que el trabajo de los órganos bilaterales entre el Estado y las comunidades autónomas han estado dominados por los
procesos de traspasos de funciones y de servicios estatales, estos órganos de cooperación bilateral deben ser el escenario en el que se entable un diálogo permanente entre el Estado y cada una de las comunidades autónomas, que facilite la
disminución de controversias competencias, agilice los traspasos pendientes y fundamentalmente permita también la definición cooperativa de determinados acuerdos en políticas públicas comunes. De esta forma, señorías, se han constituido nuevas
comisiones bilaterales de cooperación, que, a diferencia de las reguladas en el año 2000, tienen mayor relevancia y peso político, así como un carácter permanente y estable. Como está demostrando su funcionamiento desde su constitución, estas
comisiones están llamadas a desempeñar un papel muy importante en el entramado de las relaciones de cooperación, tanto por su flexibilidad organizativa como por su capacidad para abordar aquellos aspectos que en cada momento requieran una solución
negociada, dialogada, o una perspectiva conjunta. En febrero y abril de 2007 se constituyeron las comisiones bilaterales previstas en los estatutos de Cataluña y de Andalucía, mientras que con fecha 9 de enero y 10 de julio de 2008 se han
constituido las previstas en los estatutos de Aragón y de Castilla y León. Dentro de este marco, vamos a impulsar especialmente las subcomisiones y los grupos de trabajo creados en el seno de estas comisiones bilaterales, tanto en el seguimiento
normativo como en la prevención de la conflictividad o en las relaciones de colaboración en sentido estricto.
En el caso de Cataluña, mencionaría la Comisión mixta de asuntos económicos y fiscales, que ya ha celebrado cinco reuniones, la comisión prevista en la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña sobre las inversiones
en infraestructuras, en cuyo seno se ha aprobado un conjunto de proyectos que suponen una inversión adicional del Estado en Cataluña por un importe de 787 millones de euros en el ámbito de las infraestructuras y del medio ambiente para el efectivo
cumplimiento de la citada disposición adicional. Con Andalucía se ha constituido la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales y la Comisión mixta paritaria de traspasos, que el pasado 20 de septiembre concluyó el traspaso a la
comunidad autónoma de las aguas de la cuenca del Guadalquivir, que discurren íntegramente por Andalucía, cuyo real decreto fue aprobado recientemente por el Consejo de Ministros junto con otros siete reales decretos de ampliación de medios o de
servicios ya traspasados. Con Illes Balears hemos constituido también la Comisión Mixta de Economía y Hacienda, la Comisión Mixta de Transferencias. Con Aragón la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales y la Comisión Mixta de
Transferencias. En el caso de Castilla y León, recientemente se han creado tres grupos de trabajo de seguimiento normativo, de prevención y solución de conflictos, de infraestructuras y para el desarrollo del Estatuto cuya actividad, en este último
caso, se va a centrar en la previsión del Estatuto de Autonomía de Castilla y León sobre la cuenca del Duero.
Señorías, estamos desarrollando, por tanto, las previsiones estatutarias y manteniendo un alto ritmo de trabajo derivado justamente de las obligaciones de estos nuevos estatutos. Como saben, son ya seis comunidades autónomas, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla y León, las que sobre la base del máximo consenso han procedido a reformar sus estatutos. Otras comunidades autónomas están avanzando en el mismo proceso, por lo que es de esperar que
durante esta legislatura se debatan en esta Cámara otras reformas estatutarias. De hecho, el primer debate se produjo el pasado 14 de octubre, con la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Para nosotros este proceso de profundización y mejora del autogobierno supone un motivo de satisfacción, porque pone de manifiesto que la modernización del Estado autonómico, transcurridos casi treinta años desde los primeros estatutos, era
necesaria y así está siendo asumida por prácticamente todas las comunidades autónomas. Pero es que, además, señorías, estos evidentes procesos de avance y mejora en los órganos de participación institucional y en la definición de la nueva fase del
desarrollo del Estado de las autonomías se manifiesta igualmente en la continuación de los traspasos pendientes y en la notable reducción de la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas. En estos ámbitos, como expondré a
continuación, estamos consiguiendo avances significativos que reflejan el clima de cooperación que preside las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. En la presente legislatura vamos a continuar con el desarrollo de los estatutos
de nueva generación en asuntos tan relevantes como el traspaso a Castilla y León de la cuenca del Duero -como ya se ha hecho con la cuenca del Guadalquivir- o de la función inspectora en materia de trabajo y relaciones laborales y las autorizaciones
iniciales de trabajo en materia de inmigración a la Generalitat de Catalunya.
Nos encontramos en varios de estos traspasos con materias compartidas entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, por lo que es obligado instrumentar sistemas de cooperación entre nuestras administraciones que
garanticen la excelencia en el servicio que se presta a los ciudadanos. Haciendo un rápido balance de la pasada legislatura, hay que recordar que se aprobaron 107 traspasos a favor de casi todas las comunidades autónomas en materias tan relevantes
como la Administración de Justicia o los aprovechamientos hidráulicos. Ahora continuamos trabajando para completar los trabajos pendientes, muchos de los cuales tienen una importancia relevante en la prestación de servicios públicos a los
ciudadanos. Me refiero, por ejemplo, a los traspasos de la Administración de Justicia; todavía quedan algunas comunidades pendientes de recibir estas competencias. De hecho, mañana se va a reunir el pleno de la Comisión Mixta de Transferencias
con Cantabria, donde se aprobará el traspaso de la gestión del Fondo de Garantía Agraria, del seguro escolar y la ampliación de medios personales de la Administración de Justicia. Estos dos últimos traspasos están cerrados con Asturias y se
incluirán, con carácter inmediato, en el próximo pleno de la Comisión mixta previsto para el próximo día 20 de noviembre.
Como les decía, uno de los aspectos positivos de la pasada legislatura ha sido también el acusado descenso de la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas, algo que responde a una estrategia de cooperación que, a través del
diálogo y la búsqueda de acuerdos, ha sustituido una dinámica de confrontación imperante en periodos anteriores. Así, en la pasada legislatura la conflictividad se cifró en el planteamiento de 76 asuntos, frente a los 217 de la VII Legislatura.
En
esta senda y tal como expuso la ministra de Administraciones Públicas en su reciente comparecencia en la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado, el Gobierno se va a seguir esforzando, tanto desde un punto de vista preventivo -en lo
que se refiere al planteamiento de nuevas controversias competenciales- como desde un punto de vista paliativo en lo tocante a los asuntos pendientes de sentencia del Tribunal Constitucional.
Desde el punto de vista preventivo, señalaría que en este descenso ha tenido una influencia fundamental el esfuerzo realizado para que las normas elaboradas por el Estado se adecuen a lo dispuesto por la Constitución, la jurisprudencia
constitucional y los Estatutos de Autonomía. En tal sentido, parece claro que una rigurosa interpretación y delimitación del ámbito competencial que asiste al Estado va a redundar en una pacífica aplicación normativa, evitando recursos y conflictos
por parte de las comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional. Para cumplir con este compromiso, el Ministerio de Administraciones Públicas ha elaborado una serie de criterios sobre adecuación de la normativa estatal al orden
constitucional de distribución de competencias
que conjuntamente con la vicepresidenta primera del Gobierno remitimos hace un par de meses a todos los ministros, a todos los departamentos ministeriales. Estos criterios, que se centran esencialmente en aquellos aspectos que en los
últimos años han suscitado mayor número de controversias, constituyen pautas que resumen la posición doctrinal del Tribunal Constitucional sobre la distribución de competencias y tienen por objetivo proporcionar a los departamentos ministeriales,
como principales centros de producción normativa del Estado, unas orientaciones prácticas y claras sobre el modo de abordar la elaboración de normas de forma respetuosa con el vigente marco competencial. Además, y en la línea apuntada por la
vicepresidenta primera del Gobierno, vamos a impulsar y garantizar que todos los proyectos normativos que se elaboren desde los distintos departamentos ministeriales que puedan incidir en el orden constitucional de distribución de competencias vayan
acompañados de un informe de impacto autonómico, que será valorado por la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, con el objeto fundamental de reducir al máximo la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas. Esperamos que
este esfuerzo que estamos desarrollando sea compartido por el conjunto de las administraciones autonómicas. De cualquier forma, vamos procurar, en los casos en que se considere conveniente, llegar a acuerdos con las comunidades autónomas que hayan
impugnado normas estatales, para que retiren su pretensión a través del correspondiente desistimiento. Me permito recordar a SS.SS.
que en la pasada legislatura alcanzamos la cifra récord de 109 desistimientos, de los que 35 correspondieron a la
iniciativa del Estado y 74, a la iniciativa de las comunidades autónomas. Por último y para una menor conflictividad, desde el Ministerio de Administraciones Públicas vamos a continuar promoviendo la utilización de la conciliación que contempla el
artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Debo destacarles que, en estos últimos cinco años, el uso de este procedimiento, tanto a iniciativa del Estado como de la respectiva comunidad autónoma, ha evitado la interposición de
más de 40 nuevos recursos de inconstitucionalidad.
Señorías, otro aspecto importante que vamos a seguir impulsando es el uso de las lenguas cooficiales en el ámbito de la Administración General del Estado. Las diferentes lenguas de España forman parte de nuestro patrimonio, de nuestra
historia, son un expresión de nuestra diversidad, de nuestra riqueza cultural, debemos enorgullecernos por ello y fomentar su desarrollo como elemento integrador. El Gobierno ha venido demostrando su voluntad de defender y promover la utilización
de todas las lenguas oficiales en España, sobre todo con el impulso de normas que prevén su uso a los diferentes medios a través de los que los ciudadanos se relacionan con la Administración General del Estado. Entre estas normas debo destacar la
disposición adicional sexta de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en la que se garantiza el uso de todas las lenguas oficiales del Estado en las relaciones por medios electrónicos de los ciudadanos con
las administraciones públicas antes del 31 de diciembre de 2009. Como ejemplo significativo, resaltaría que se han suscrito ya convenios con las comunidades catalana, gallega y valenciana, para la publicación en el BOE de las disposiciones
estatales con rango de ley en sus respectivas lenguas oficiales a partir del uno de enero de 2009. Por otra parte, me permito recordarles que mediante decreto se creó el Consejo de Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado, órgano
encargado de lograr el mejor cumplimiento de las exigencias derivadas de la existencia de distintas lenguas oficiales y su reconocimiento en la Administración General del Estado, con el fin de procurar una mejor atención a los derechos de los
ciudadanos. Para garantizar el correcto funcionamiento de este consejo también se ha creado la Oficina para las lenguas oficiales en la Administración General del Estado, que queda configurada como una unidad permanente de asistencia y apoyo al
conjunto de los ministerios y delegaciones de Gobierno. En su reunión constitutiva, el pasado 28 de enero de 2008, el Consejo de Lenguas Oficiales acordó llevar a cabo un estudio para conocer el grado de aplicación por la Administración General del
Estado de la normativa vigente en materia lingüística, sobre la base de un cuestionario remitido a los órganos directamente obligados a su cumplimiento. Este estudio, elaborado por la oficina de lenguas oficiales, se encuentra prácticamente
finalizado y va a ser examinado por el consejo en su próxima reunión, antes de finales de este año, al objeto de adoptar todas las medidas que se consideren oportunas para potenciar su uso en el conjunto de la Administración General del Estado.
Señorías, hasta aquí les he expuesto las principales líneas de la política autonómica que desarrollamos en la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, que tendrán su continuidad en la que ya se inició el pasado mes de abril. Estas
líneas de trabajo van a ser coherentes con las políticas que la Secretaría de Estado va a impulsar en el ámbito de las entidades locales. El mundo local desempeña un papel clave en el desenvolvimiento de la estructura territorial del Estado, por
ser el nivel de Gobierno más cercano al ciudadano y prestatario más directo de los servicios básicos en la vida diaria del mismo. En el proceso de definición del modelo territorial, las corporaciones locales han cumplido un importante papel en el
desarrollo de nuestras instituciones y en la consolidación de nuestros valores políticos y jurídicos. Los municipios y los entes provinciales han sido piezas esenciales en la construcción de las diferentes identidades del Estado, en la formación de
espacios de libertad, de progreso y de pluralismo. Así, cualquier política territorial a desarrollar por el Gobierno debe siempre tener presente que, para garantizar la convivencia democrática, la mejora de la calidad de vida y la vinculación de
los ciudadanos con lo público, el papel de los gobiernos locales es esencial. Por ello, la modernización y la potenciación de las entidades locales es
igualmente una prioridad para el Gobierno, para el Ministerio de Administraciones Públicas y, especialmente, para la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, a la que corresponde el impulso de las relaciones de cooperación con estas
entidades locales. En la consecución de este objetivo el Gobierno se ha comprometido permanentemente con la mejora de las capacidades de los ayuntamientos y de las restantes entidades locales. Les recordaría cómo en la legislatura anterior hemos
introducido mecanismos de transparencia en el proceso de toma de decisiones y en el funcionamiento de sus órganos de gobierno y hemos contribuido a incrementar la participación de los ciudadanos, fundamentalmente en materia urbanística, reforzando
la competencia de los plenos de los ayuntamientos en la aprobación de los planes urbanísticos y asegurando la disponibilidad y accesibilidad de la información por parte de los vecinos. También hemos incidido en el control del régimen de
incompatibilidades y hemos instado a la reforma del pacto contra el transfuguismo creando la comisión de expertos para los supuestos de desacuerdo entre los partidos políticos, con resultados muy positivos para el funcionamiento del conjunto de las
entidades locales.
Vamos a seguir trabajando en esta línea pensando en la mejora global del funcionamiento de los gobiernos locales, pero sin descartar intervenciones concretas que resulten necesarias ante supuestos de corrupción, como ya ocurrió en el caso
de Marbella. No cabe tolerancia alguna con estos comportamientos delictivos concretos, que transmiten una impresión injusta de desorden y de mal funcionamiento de nuestros ayuntamientos. En la última legislatura hemos mejorado también las
dotaciones de los ayuntamientos para la prestación de los servicios que les corresponde gestionar. La participación de las entidades locales en los Presupuestos Generales del Estado se incrementó un 34 por ciento respecto a 2004, se les ha
compensado por importe de 120 millones de euros por la reforma del impuesto de actividades económicas, se ha consolidado el fondo especial de financiación a favor de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes por un importe de 40 millones de
euros, lo cual garantiza una financiación de 153 euros por habitante a un número importante de municipios. Además, hemos aumentado los recursos destinados a la cooperación económica local mediante líneas de financiación a proyectos de modernización
y de participación de la sociedad civil en la vida municipal. A pesar de encontrarnos en una coyuntura económica difícil, para el año 2009 se va a mantener la capacidad para financiar todas estas líneas de ayuda vinculadas con la modernización de
las administraciones locales y el impulso de la participación democrática de los vecinos.
La suma de los programas presupuestarios de la Secretaría de Estado previstos en el proyecto de ley de presupuestos para 2009, junto con las ayudas de los fondos comunitarios, va a permitir mantener los compromisos del Gobierno con el
impulso de los instrumentos de cooperación interadministrativa y fundamentalmente con la mejora de los recursos de las entidades locales para la modernización y desarrollo de los servicios que gestionen. Debo recordarles en este punto que en el
proyecto de presupuestos se mantienen las dotaciones de años precedentes en el fondo de municipios para menos de 20.000 habitantes, creado en los Presupuestos Generales del Estado de 2007 con 40 millones de euros, también las líneas de ayuda a los
proyectos de modernización en los proyectos con participación de la sociedad civil y, asimismo se mantiene con un importe similar al del año anterior la partida destinada a la cooperación económica local, los planes provinciales e insulares de
cooperación y el Plan único de obras y servicios de Cataluña. Tengan además en cuenta que, también para el periodo de intervención 2007-2013, los importes financieros de las ayudas gestionadas por el Ministerio de Administraciones Públicas a favor
de las entidades locales ascienden a 914 millones de euros, de los cuales 583 corresponden a la convocatoria de 2007, resuelta en los meses de mayo y junio pasados, y 331 millones corresponden a la convocatoria de 2011, que se distribuirá entre las
regiones de convergencia.
Queremos conseguir igualmente ayuntamientos más eficaces y modernos y por ello vamos a impulsar en esta legislatura, esperamos que con el mayor acuerdo posible, una nueva ley de gobierno local y vamos a aprobar también la nueva financiación
local como los dos elementos estructurales sobre los que debe perfilarse un nuevo modelo de administración de las entidades locales que se caracterice por la eficiencia en la utilización de los recursos y en la prestación de servicios a los
ciudadanos. Además, con la misma convicción, vamos a fomentar la cooperación y el diálogo entre los tres niveles de administración -Estado, comunidades autónomas y entidades locales-, otro elemento operativo sobre el que construir gobiernos locales
que participen en el diseño de políticas integrales al servicio de los ciudadanos. Nuestro propósito es mejorar la calidad democrática de las administraciones locales incentivando las formas de participación ciudadana, potenciando la actividad de
los representantes elegidos por los vecinos y estimulando la transparencia en el funcionamiento de las entidades locales. Estas mejoras serán elementos esenciales del futuro proyecto de ley de gobierno local, cuyas líneas fundamentales expondrá la
ministra de Administraciones Públicas en la comparecencia que a petición propia ha solicitado en la Comisión de Entidades Locales del Senado.
Vamos a mejorar el régimen jurídico, vamos a mejorar las capacidades financieras de los municipios y entidades locales, pero sin olvidar otros cambios necesarios vinculados a la mejora de la eficiencia y la gestión eficaz de las políticas
municipales, porque, señorías, debemos construir administraciones eficaces, que ofrezcan y presten a los ciudadanos los mejores servicios, que colaboren en la actividad económica, que fomenten el empleo, el progreso y el bienestar. Ahora mismo,
como ustedes saben, están abiertos dos procesos de enorme
calado en los procedimientos de modernización que debemos afrontar a corto plazo el conjunto de administraciones y particularmente también las entidades locales y cuyo éxito será prueba efectiva de este cambio de cultura en la forma de
gestionar y relacionarse con los ciudadanos. Me refiero al proceso de trasposición de la Directiva 2006/123, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios de mercado interior y al Plan de reducción de cargas administrativas,
aprobados por el Consejo de Ministros el mes de junio pasado. Respecto a la directiva de servicios, debo señalar que su trasposición supone una gran oportunidad para mejorar y agilizar la prestación de servicios por la Administración local y para
reducir las cargas que su normativa impone a empresas y a ciudadanos.
La correcta trasposición de esta directiva, a través del anteproyecto de ley sobre libre acceso y ejercicio de actividades de servicios y el actual proceso de evaluación de la normativa municipal, es trascendental en el ámbito local, dado
que modifica una de las técnicas de intervención de la Administración municipal en la esfera de la actividad económica de los ciudadanos, como es el de la concesión previa de autorizaciones y licencias para el establecimiento y prestación de
servicios, pero también es fundamental porque va a crear oportunidades para la mejora de la competitividad de las empresas pequeñas y medianas en el ámbito municipal, dinamizando el tejido empresarial local y creando nuevas oportunidades de empleo y
de desarrollo. No en balde, el sector de servicios supone dos tercios del producto interior bruto y genera el 70 por ciento del empleo en España, por lo que la reforma del sector será estratégica para el conjunto de la economía y contribuirá a
reducir el diferencial de inflación en estas actividades con el resto de la Unión Europea e incentivará la creación de empleo y el potencial de crecimiento del sector de servicios, al crear nuevas oportunidades para las empresas españolas en un
mercado europeo menos rígido y menos intervenido.
El proceso de trasposición de la directiva de servicios se presenta para España como una oportunidad para reducir trabas injustificadas o desproporcionadas al ejercicio de la actividad en determinados sectores, contribuyendo por tanto a la
mejora de la regulación. Y de la mejora del marco regulatorio se van a derivar ganancias de eficiencia, de productividad y de empleo, además de un incremento de la variedad y la calidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos,
consecuencia del fomento de la competencia en el futuro mercado interior único de servicios. Por su parte, el Plan de reducción de cargas administrativas, aprobado por el acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de junio de 2008, incorpora otras
iniciativas comunitarias como la estrategia de la Comisión para que en el año 2012 este tipo de cargas se reduzca un 25 por ciento en el territorio de la Unión Europea. Este plan señala que, para que la citada reducción de cargas sea efectiva, debe
extenderse a todas las administraciones territoriales, incluidas las entidades locales en general y los ayuntamientos en particular. Desde la Administración General del Estado y, en especial, desde mi Secretaría de Estado, en permanente e
imprescindible colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, estamos apoyando y vamos a seguir apoyando ambos procesos. En el caso de la directiva de servicios, poniendo en práctica la estrategia de actuación para la
identificación y evaluación de la normativa y procedimiento de las entidades locales aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en julio pasado y en el caso del Plan de reducción de cargas, estableciendo programas piloto
con el concurso voluntario de varios municipios seleccionados por tramos de población en los que vamos a evaluar la implantación de programas de reducción de cargas con el fin de, en el medio plazo, a mitad del año que viene, fomentar el traslado de
buenas prácticas a todas las entidades locales.
En definitiva, señor presidente, señorías, podemos concluir afirmando que la consolidación del modelo territorial, tras la aprobación de la Constitución, ha venido acompañado de un incremento de la complejidad en las políticas públicas
vinculadas con la prestación creciente de servicios a los ciudadanos y que todas las administraciones han participado de manera activa en este proceso y deben seguir haciéndolo.
Un buen gobierno de un sistema complejo y diverso como el nuestro solo
puede alcanzarse mediante el desarrollo y la potenciación de los instrumentos de cooperación desde el consenso y desde la lealtad institucional. Estos principios son los que van a guiar nuestra actuación en esta legislatura.
Muchas gracias, señorías, por su atención y contestaré encantado a todas las cuestiones que deseen plantearme.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Procede ahora que se abra el turno de palabra a los grupos solicitantes de la comparecencia. En primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Señor secretario de Estado, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, nuevamente bienvenido. Sabe usted que para nosotros es un placer contar con su presencia, si bien, políticamente hablando, tengo que decirle,
señor secretario de Estado, que su intervención ha sido auténticamente decepcionante. Hasta tal punto, señor secretario de Estado, que es que usted no ha dado cumplimiento ni a su propia petición de comparecencia, la que efectúa el Gobierno,
petición que dice textualmente: Comparecencia del secretario de Estado de Cooperación Territorial, para informar sobre las líneas generales de actuación en el ámbito de sus responsabilidades. No, señor secretario de Estado, para hacernos una
historia del mundo de las comunidades autónomas o una historia del mundo de las corporaciones locales, que es lo que usted ha hecho en su intervención. Lo único que ha dicho que
pudiera considerarse novedoso, en su exposición de unos cuarenta o cuarenta y cinco minutos, aunque ya es reiterativo y no es parte de la historia, es que se va a hacer una nueva ley de financiación local y una nueva ley de gobierno local;
todo lo demás ha sido historia del mundo de las comunidades autónomas, del pasado de treinta años de comunidades autónomas y del pasado de treinta años de corporaciones locales. Si usted no ha dado cumplimiento a su propia petición de
comparecencia, imagínese lo que ha hecho con las peticiones de comparecencia que nosotros le habíamos formulado. Le reconozco su habilidad política, porque esto en mi tierra se llama dar una larga cambiada.
Señor secretario de Estado, hoy en España hay 8.000 alcaldes -así de simple y de sencillo- y todos los presidentes de comunidades autónomas esperando sus palabras. Yo he calificado de decepcionante su intervención por el respeto y la
amistad que me unen a usted, pero supongo que habrá algún alcalde o alcaldesa que utilizará otros términos más contundentes que los que yo estoy utilizando aquí. De lo que hoy se trataba, y era el objetivo del Grupo Parlamentario Popular, era de
hablar del presente y del futuro de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, porque hay una situación muy complicada en el ámbito de las comunidades autónomas, como usted bien conoce o debería conocer, y hay una situación más
preocupante aun en el mundo de las corporaciones locales. Señor secretario de Estado, hay que tener en cuenta lo que ocurre cuando un Gobierno engaña, como ha sido el caso del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero negando que había una crisis. Las
comunidades autónomas en el año 2007 elaboraron unos presupuestos que hoy no tienen ningún sentido, ningún significado, y que están ocasionando unos enormes problemas a las propias comunidades autónomas, que elaboraron esos presupuestos confiando en
la palabra de un presidente de Gobierno que decía que no había crisis; elaboraron unos presupuestos con unos objetivos, con unas previsiones de ingresos y de gastos que en este año 2008 se han visto absolutamente desbordadas por la crisis que
existe en España. Que además comparezca el secretario de Estado de Cooperación Territorial y no diga ni una sola palabra en su intervención de financiación autonómica es realmente para echarse las manos a la cabeza. Si el secretario de Estado, en
vez de ser del Partido Socialista, fuera del Partido Popular, habría que ver lo que estaría diciendo el Grupo Socialista hoy y en los próximos días.
Usted no ha dicho ni una sola palabra de financiación autonómica, señor secretario de Estado. Me imagino que los consejeroz de Hacienda y Economía de todas las comunidades autónomas estarán hoy absolutamente pasmados con esta intervención.
Lo digo porque me imagino que algunos de los diputados catalanes estarían esperando que usted les contara algo, ya que ustedes fueron los promotores del Estatuto de Cataluña, sobre por qué no han cumplido con el propio Estatuto de Cataluña y por qué
el Gobierno lleva a cabo la ilegalidad de no cumplir un Estatuto, siendo el propio Gobierno, y más aun, el propio presidente del Gobierno quien en el Palacio de la Moncloa cerró el acuerdo de ese Estatuto de Autonomía. Sin embargo, viene el
secretario de Estado a hablar de financiación autonómica y no dice ni una sola palabra de financiación autonómica y no hace ni una sola referencia al Estatuto de Autonomía de Cataluña y al incumplimiento por parte del Gobierno. Yo, como diputado
andaluz -y me imagino que algún diputado andaluz más que haya aquí-, tenía la ilusión de que usted me dijera algo de la deuda histórica de Andalucía, como bien se imagina. Es que por lo visto no existe para usted la deuda histórica en Andalucía, ni
el problema de financiación autonómica, ni las dificultades que tienen las autonomías. Le voy a sacar un titular de prensa que viene al caso, que es del número dos del Partido Socialista en Andalucía, el señor Pizarro, muy conocido de todos, que
dice textualmente: Con la crisis económica no era el mejor momento de hablar de deuda histórica. No sé si es que usted suscribe estas palabras del número dos del Partido Socialista de Andalucía y por eso no ha querido ni hablar de deuda histórica
de Andalucía, pero es que los andaluces llevamos treinta años esperando. Fue el Gobierno del presidente Aznar el primero que dio dinero para compensar la deuda histórica de Andalucía.
(Rumores.) Comprendo que hay cosas que duelen, pero los 20.000
millones primeros los dio el presidente Aznar, y eso lo saben los andaluces y la historia, aunque no lo haya dicho el secretario de Estado, es la historia. Comprendo que esto a ustedes les escueza, pero qué le vamos a hacer; ha habido otros
presidentes de Gobierno andaluces que no dieron ni un duro a Andalucía. (Rumores.)
Señor secretario de Estado, venimos aquí a escucharle hablar de autonomía y tampoco nos dice nada de por qué el Gobierno ha denegado el anticipo de 3.000 millones a las comunidades autónomas, que ha provocado y está provocando otra grave
situación en las comunidades autónomas, pero por lo visto este es otro tema que para el secretario de Estado no existe.
Tampoco nos ha dado usted una propuesta de solución al decrecimiento de los ingresos de las comunidades autónomas, por los
ingresos, que han caído absolutamente en picado en este año 2008, lo cual está ocasionando gravísimos problemas a las comunidades autónomas. Frente a esto, lo que nos hemos encontrado en los Presupuestos Generales del Estado ha sido que el Gobierno
se ha dedicado a incrementar el gasto corriente un 5,1 por ciento para el año 2009. Sin embargo, a las comunidades autónomas -y no son datos míos, son datos del secretario general de Financiación Territorial, del propio Gobierno al que usted
pertenece, en la comparecencia que celebró el 8 de octubre de 2008- se les aumenta solamente el 1,5 por ciento, es decir, no llega ni al IPC. Por tanto, en el año 2009 para las comunidades autónomas va a decrecer la aportación que les hace el
Estado, porque no se llega ni al IPC. Frente a ello, el Gobierno socialista incrementa el gasto corriente del Estado en un 5,1 por ciento y se queda tan
tranquilo. Eso por no hablar del incremento de altos cargos y de otras bagatelas de Presidencia del Gobierno, porque ya vamos conociendo los gastos que allí se llevan a cabo. Esa es la realidad que existe hoy en las comunidades autónomas.
Pero no solo hay esa, las hay más preocupantes. También las hay más de márquetin electoral del Partido Socialista que de realidad, de rigor y de seriedad por parte del Gobierno socialista, en un tema tan social como es la Ley de Dependencia, al que
ustedes dan tanto bombo y platillo y del cual hablaremos hoy a lo largo de la tarde. Tengo aquí otra información de prensa, con el título de Crac financiero en la dependencia. Dice: La Ley de Dependencia hace agua.
Cinco de las principales
autonomías asumieron en el año 2007 casi toda la carga económica de estos servicios en su región, pues el Gobierno solo aportó una media del 10 por ciento de la financiación.
Esa es la situación autonómica con la que hoy nos encontramos, señor secretario de Estado. Además, tampoco ha dicho usted ni una sola palabra respecto a cuál es la política general de su departamento en cuanto al incremento de población en
determinadas comunidades autónomas. ¿Piensan ustedes reconocer esa población? ¿Piensan ustedes dotar económicamente ese incremento de población a esas comunidades autónomas? ¿Qué es lo que piensan hacer ustedes? Parece ser que para la secretaría
de Estado no existe el incremento de población en determinadas comunidades autónomas.
Respecto al nuevo modelo de financiación autonómica, usted ni lo ha nombrado, porque me imagino que es que no tienen ningún modelo y, a la vista de los hechos y
de los acontecimientos, nos damos por contestados diciendo que ustedes no tienen nuevo modelo de financiación autonómica.
Al final, el Partido Popular llegó a un modelo de financiación autonómica con la unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera.
Si nos metemos en el ámbito local, ¡qué le voy a contar a usted! Si el señor secretario de Estado me dice que el objetivo del Gobierno en esta legislatura es modernizar y potenciar las entidades locales, yo le pregunto cómo se va a hacer
eso, cuando ustedes en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 decrecen los ingresos para las corporaciones locales en 900 millones de euros. Por primera vez en la historia -esto sí que es historia real, señor secretario de Estado-
unos Presupuestos Generales del Estado mandan menos dinero a las corporaciones locales que el año anterior y que el resto de los años. Salvo que ese sea su sistema de modernización, ustedes están perjudicando enormemente al conjunto de los
ciudadanos que son atendidos por las corporaciones locales, que, como usted bien sabe, son las que mayor política social realizan de todas las administraciones. Con esta actuación ustedes están llevando a cabo la mayor política antisocial que se ha
conocido en España en los últimos treinta años, ya que hablamos de tanta historia. Aquí nos volvemos a encontrar, señor secretario de Estado, con el mismo engaño del señor presidente del Gobierno y del Gobierno. Se dijo en 2007: No hay crisis
económica, esto va de maravilla. Los ayuntamientos, basándose en esa promesa que decía el señor Rodríguez Zapatero, elaboraron unos presupuestos con unos ingresos y con unos gastos, y lo único que se ha mantenido de esos presupuestos de las
entidades locales han sido los gastos, porque los ingresos se han desplomado, hasta tal punto que hay ayuntamientos donde la disminución de ingresos llega al 80 por ciento, como usted bien conoce. Eso se ha unido a la situación que arrastraban los
ayuntamientos de endeudamiento, a que los ayuntamientos realizan un 30 por ciento de competencias impropias, competencias de comunidades autónomas que están llevando a cabo los ayuntamientos, la mayoría de ellas de política social, palabra que tanto
le gusta al Gobierno socialista pero que tan poco ejerce, y a que ustedes encima les dan 900 millones menos de euros a los ayuntamientos.
Le voy a volver a dar datos, también del secretario de Estado de Financiación Territorial, con respecto a los ayuntamientos: en el caso de las corporaciones locales, los ayuntamientos de más de 75.000 habitantes, decrece un 1,3 por ciento;
en los de menos de 75.000 habitantes decrece un menos 3,5 por ciento; y a las diputaciones y cabildos, menos 2 por ciento. Esas son las cifras que ofreció el secretario de Estado de Financiación Territorial en su comparecencia aquí, en sede
parlamentaria.
A esta situación de los ayuntamientos hay que unir la imposibilidad material de encontrar financiación debido a la crisis económica en la que nos encontramos y a aquellos que puedan volver a renegociar sus préstamos se les va a
encarecer la carga financiera por el incremento de los puntos de interés. Señor secretario de Estado, esta es la crítica situación que tienen los ayuntamientos, y no lo digo yo, lo dice la Federación Española de Municipios y Provincias, es más, lo
dicen los pequeños ayuntamientos.
Dicen: los pequeños municipios se unen para exigir al Gobierno más dinero; la crisis económica ya se aprecia en el descenso de la recaudación de las arcas municipales. Reclaman una reforma financiera y la
creación de nuevos impuestos en un congreso que se ha celebrado recientemente, que ayer y hoy es noticia, el primer congreso de pequeños municipios celebrado en Logroño el 27 y el 28 de octubre. Por tanto, no lo está diciendo el Grupo Parlamentario
Popular sino los ocho mil alcaldes y alcaldesas de España. Y para llegar al súmmum de lo que empieza a verse ya en este país, señor secretario de Estado, le enseño una foto de los alcaldes de Izquierda Unida andaluces encerrados en la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, en donde se dice: IU eleva sus protestas por la financiación local y asalta por la fuerza la consejería. Evidentemente, en el Grupo Parlamentario Popular no estamos de acuerdo con las formas que
utiliza Izquierda Unida, pero desde luego sí compartimos el fondo de la petición de Izquierda Unida, que es la que hacen los 8.000 alcaldes y alcaldesas de toda España.
Señor secretario de Estado, que usted venga aquí hoy a hablar de lo que hay que hablar, que nos cuente la
historia de los ayuntamientos y no nos diga qué solución aporta usted, cuando unos ayuntamientos están en congresos y otros encerrándose, tomando sedes de consejerías, precisamente gobernadas por el Partido Socialista, y que el Gobierno de
España no tenga ni una sola propuesta para solucionar los problemas de las corporaciones locales es realmente para preocuparse. Esta situación, señor secretario de Estado, no aguanta más. Yo he estado en un ayuntamiento, sé lo que es gobernarlo y
sé lo que es sacar a un ayuntamiento de una crisis económica, como la que ustedes nos dejaron en los años 1993 y 1994; nos encontramos ayuntamientos en quiebra y tuvimos que sacarlos adelante. Señor secretario de Estado, con su política lo que van
a conseguir es que el año que viene los ayuntamientos sean auténticas máquinas de fabricar parados. El tiempo nos dará o nos quitará la razón. Se lo voy a explicar de forma muy sencilla.
Entre los contratos de los empleados que los ayuntamientos
van a tener que rescindir o dar por finalizados más la situación financiera que ustedes están generando a los ayuntamientos, que va a provocar que los ayuntamientos tengan que aplazar pagos a los proveedores, a esas pequeñas y medianas empresas, que
son las que crean empleo en este país, ustedes van a conseguir que los ayuntamientos provoquen un incremento masivo de paro y, si no, a mediados del año que viene hablaremos. Ojalá me equivoque, pero conozco bien los ayuntamientos por dentro. Lo
que ustedes están haciendo con la política o con la antipolítica municipal es ir contra los intereses de los ciudadanos de este país. Si ahora estamos viendo colas de paro, dentro de unos meses vamos a ver, como consecuencia de lo que ustedes están
haciendo a los ayuntamientos, las distancias y la longitud de esas colas de paro en las oficinas de empleo.
Señor secretario de Estado, no ha aportado usted ni una sola solución a las corporaciones locales ni ha sido capaz de dar una sola idea de hacia dónde va el nuevo modelo de financiación local. Simplemente ha dicho: Vamos a hacer un nuevo
modelo de financiación local. Tendrá alguna idea.
¿Cómo lo piensan plantear? ¿Qué nos piensan proponer al resto de los grupos parlamentarios? ¿Qué piensan proponer a la FEMP? ¿Qué piensan decir a los alcaldes y a las alcaldesas? ¿Qué van a
decir ustedes a esos alcaldes de ayuntamientos de 1.000 ó 1.500 habitantes o de menos de 20.000 habitantes? Nosotros lo hemos dicho, lo hemos planteado, lo hemos presentado, y ustedes lo han rechazado, nosotros creemos urgente la necesidad de que
las corporaciones locales estén en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo creemos absolutamente necesario y más en esta situación de crisis profunda en la que se está viviendo, absolutamente preocupante en los ayuntamientos para aquellos
que tenemos sensibilidad con el municipalismo, sensibilidad con las políticas sociales que desarrollan. Señor secretario de Estado, la política de este Ministerio de Administraciones Públicas es absolutamente desconcertante.
No se les puede a
ustedes llenar la boca hablando de la Ley de Dependencia y que ustedes este año, en los Presupuestos Generales del Estado, pongan la tasa de reposición del 30 por ciento para el personal que se va a dedicar a Ley de Dependencia. Eso lo han hecho
ustedes, el Gobierno socialista. El año pasado era el cien por cien, y este año solamente es el 30 por ciento. Explíquenles a todas esas personas que están pendientes de la Ley de Dependencia por qué ustedes no permiten que se cubran esas
vacantes.
Como estoy viendo que el señor presidente me está mirando, sin que me llame la atención, voy a dar por finalizada la intervención.
Señor secretario de Estado, creo sinceramente que el Ministerio de las Administraciones Públicas no tiene solución alguna para las corporaciones locales, no tiene solución alguna para sacar de la crisis a las comunidades autónomas y, lo que
es peor, ni las tiene y, por lo que usted ha demostrado con su intervención, no hay previsión de que las tenga en un futuro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Efectivamente, en el orden del día de hoy no hemos presentado ninguna solicitud de comparecencia del secretario de Estado, pero sí que estamos interesados en la comparecencia que acaba de realizar. Desde luego
queremos aprovechar, aunque sea con brevedad, la misma para plantear algunas cuestiones que son de nuestro interés como Bloque Nacionalista Galego, en la medida que existen algunas cuestiones pendientes que tienen que resolverse entre el Ministerio
de Administraciones Públicas y el Gobierno de Galicia.
Señor secretario de Estado, agradecemos su comparecencia. Hemos atendido a la misma y nos hemos dado cuenta de la importancia que usted ha dado en esta comparecencia al trabajo que está haciendo el Ministerio de las Administraciones
Públicas para llevar a cabo aquellas nuevas cuestiones que se recogen en los nuevos estatutos que usted llama estatutos de nueva generación, e incluso la cantidad de comisiones bilaterales que se han creado ya a finales de la legislatura pasada y la
orientación que desde el ministerio se está dando al inicio de esta legislatura. A nosotros nos parece muy positivo el esfuerzo que se está haciendo por parte de las comunidades autónomas que afortunadamente cuentan con estos estatutos modificados
y mejorados en relación con el anterior. Sin embargo, aunque Galicia no tiene su Estatuto de Autonomía renovado -por tanto, no puede ser denominado de nueva generación sino que está a la moda antigua-, en cambio sí pensamos que con este Estatuto de
Autonomía se pueden llevar a cabo actuaciones por parte de las dos administraciones que signifiquen un incremento de las transferencias competenciales. A eso era a lo que me quería referir cuando hablaba de asuntos de nuestro interés.
En diciembre de 2007 se reunió la Comisión bilateral de cooperación de la Administración General del Estado
con la Comunidad Autónoma de Galicia. Ahí se acordaron una serie de transferencias, en concreto nueve, que el Gobierno se comprometía con la Administración gallega a transferir en los próximos meses. Tenemos que decir que a estas alturas,
después de que se hicieran efectivas cuatro de las nueve en el mes de junio pasado, quedan pendientes otras cinco que, después del diálogo y acuerdos que se han llevado a cabo entre el Grupo Socialista y el Bloque Nacionalista Galego en estos días
con motivo del debate presupuestario, entendemos que el Gobierno va a resolver en los próximos meses. Pero sí queremos manifestarle que esto debería hacerse no solamente a la mayor brevedad posible, sino que debería estar incluso acompañado de una
gran celeridad precisamente porque entendemos que va con retraso.
Hay una cuestión que yo también he recogido de su intervención, aquella que usted menciona en relación con la transferencia a Cataluña de la inspección de trabajo, cuestión que se hace de acuerdo con las nuevas competencias del Estatuto de
Autonomía catalán. Señor secretario de Estado, nosotros estamos muy satisfechos de que se haga esta transferencia a Cataluña, pero tenemos que decir que en esos acuerdos de diciembre de 2007 también se dispuso la transferencia de la inspección de
trabajo a Galicia. Aunque es cierto, como ya dijimos, que no tenemos un Estatuto de nueva generación, no existe nada en nuestro Estatuto que impida que la Administración General del Estado transfiera a la Xunta de Galicia las competencias en
materia de inspección. No voy a explicar, porque lo hemos hecho en muchas ocasiones en esta institución parlamentaria, la importancia que para Galicia tiene esta transferencia sobre todo para una optimización de los recursos de la inspección y, por
tanto, una mayor eficacia en esta inspección. Por tanto, dado que esta transferencia a Galicia está reconocida en acuerdos anteriores, esperamos que se haga con la máxima celeridad y podamos considerar aquellos que defendemos las competencias del
Gobierno de Galicia que los acuerdos que se hacen con el Gobierno del Estado van adelante. Quiero planteárselo en esta comparecencia para que no tengamos que decir que hay acuerdos que luego no se llevan a cabo, lo cual no nos gustaría que así
fuera.
Me gustaría resaltar una cuestión de su comparecencia en relación con el Consejo de Lenguas que ha creado su departamento y en concreto con el estudio que está haciendo en estos momentos para evaluar el grado de cumplimiento de los
diferentes servicios o entes de la Administración General del Estado con los idiomas cooficiales del Estado. Señor secretario de Estado, nos parece muy oportuno no solamente la creación del consejo sino la elaboración de este estudio porque, como
usted bien sabe, no sería la primera vez ni la segunda ni seguro que será la última que nos dirigimos al Gobierno en relación con este tema, que evidentemente nos preocupa. Es una constante observar cómo en diferentes departamentos ministeriales o
dependientes del Gobierno del Estado se incumplen esas normativas. No estamos hablando de departamentos que están en la capital del Estado o en otros lugares del territorio donde es cooficial la lengua; estamos hablando de aquellos que
corresponden al propio territorio, como el caso de Galicia, donde es oficial la lengua gallega. En muchas ocasiones se lo hemos trasladado. Nos parece muy importante que esto se haga, pero también nos parecería muy importante que se transmitieran
las oportunas recomendaciones para que se cumpla en todos los ministerios esta cuestión, del mismo modo -como usted mismo acaba de exponer- que se ha hecho con la cuestión del respeto al marco competencial en aquellos proyectos de ley que presenten
los diferentes departamentos del Gobierno del Estado, cuestión que también nos parece importante, en algún momento se lo hemos hecho saber. En la legislatura pasada una de las cuestiones casi ordinarias por nuestra parte era enmendar todos los
proyectos de ley que provenían del Gobierno justamente por la injerencia competencial. Por tanto nos parece muy importante esta cuestión.
Ya le dije, señor secretario de Estado, que solo le iba a transmitir aquellas cuestiones que son para nosotros motivo de preocupación. Vuelvo a reiterar que consideramos necesario que se hagan efectivas esas transferencias que en este
momento están pendientes y que no voy a nombrar porque usted ya las conoce.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la diputada doña Meritxell Batet.
La señora BATET LAMAÑA: En primer lugar, le doy la bienvenida en nombre del Grupo Socialista al secretario de Estado de Cooperación Territorial, don Fernando Puig de la Bellacasa. Gracias por la información exhaustiva y amplia que nos ha
ofrecido en su comparecencia. Yo haré referencia a algunos de los temas a los que nuestro grupo quiere dar una mayor importancia y, por tanto, no hablaré de todos y cada uno de los que ha expuesto.
Quiero empezar señalando la satisfacción del Grupo Socialista al comprobar que el modelo territorial constitucional que nos propone el Ministerio de Administraciones Públicas, en definitiva el Gobierno de España, y la concepción que tienen
de esta organización territorial se ajusta perfectamente a aquello que este grupo defiende y a aquello que la Constitución determina. Yo no creo que, como decía el portavoz del Partido Popular, esto sobre de su comparecencia, ni mucho menos. Creo
que es una de las piedras angulares que el Gobierno -y usted, dado que esta es su primera comparecencia en esta nueva legislatura- debe trasladar a las Cortes Generales y a esta Cámara porque sobre este modelo es sobre el que vamos a construir y
vamos a desarrollar o a perfeccionar este modelo de organización territorial que nos ha dado nuestra Constitución. En este sentido, creo que es importante que el Gobierno deje claro que todo el desarrollo se va a fundamentar en principios tan
importantes como son los de colaboración, cooperación y
lealtad institucional. Me parece que es la única manera de trabajar, en un país descentralizado como el nuestro, entre administraciones públicas que tienen que servir en todo momento al ciudadano, y por tanto velar por que este ciudadano
reciba los mejores servicios posibles, al mismo tiempo que también es un gobierno que va a respetar al máximo el hecho de estar en un país descentralizado, que en el bloque de constitucionalidad se marque una distribución de competencias determinada
y al principio general de servicio que deben tener todos los poderes públicos hacia los ciudadanos.
Creo que hay que poner en valor el esfuerzo que está haciendo este ministerio para desarrollar los nuevos estatutos de autonomía y también, como
decía la portavoz del Grupo Mixto del Partido BNG, los que son más antiguos pero que continúan teniendo necesidad de ser desarrollados.
Sin duda, los mecanismos formales que ha habido hasta ahora para establecer las vías de comunicación entre las administraciones públicas o entre los distintos gobiernos, me refiero al estatal y al autonómico, eran pocos o los que había no se
usaban o se utilizaban de una manera muy debilitada. Yo creo que la apuesta de potenciar estos mecanismos formales de cooperación y de colaboración es uno de los elementos esenciales del Gobierno socialista, y desde este grupo pensamos que es algo
muy positivo. Seguramente era una de las asignaturas pendientes del desarrollo del modelo autonómico. Estábamos acostumbrados a la reivindicación constante por parte de las comunidades autónomas pero, en cambio, no se habían potenciado
suficientemente todos los mecanismos formales de relación entre Estado y comunidades autónomas que ya existen.
En ese sentido me gustaría destacar la Conferencia de Presidentes y el hecho de que el ministerio esté haciendo un desarrollo
reglamentario para establecer normativamente esta Conferencia de Presidentes, también las conferencias sectoriales y todos los convenios de colaboración que ha citado el secretario de Estado, así como el gran esfuerzo que se ha hecho durante la
anterior legislatura -esfuerzo que se mantendrá en esta legislatura- para intentar disminuir la conflictividad entre Estado y comunidades autónomas. El informe que este ministerio ha remitido a los demás ministerios del Gobierno de España para dar
claves en relación con la jurisprudencia constitucional y para dejar muy claro cuáles pueden ser los límites de la distribución competencial, así como haber incorporado en las comisiones bilaterales de cooperación la negociación de lo que prevé el
artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para intentar llegar a acuerdos y así no tener que interponer recursos frente al Tribunal Constitucional, pensamos que son instrumentos que han sido de gran utilidad y que vale la pena
destacar y poner en valor.
En relación con estos temas formales, quería hacer referencia a tres cuestiones que de alguna manera son más novedosas. La incorporación del estudio de impacto autonómico para reducir la conflictividad ha sido una propuesta por parte del
Gobierno de España muy interesante, muy importante y que seguro va a dar sus frutos en breve. La creación del Consejo de las Lenguas -la portavoz del BNG ha hecho referencia a ello- también es importante para el Grupo Socialista. Sería bueno que
el secretario de Estado pudiera informar a esta Cámara de las conclusiones de este informe que está elaborando el Consejo de Estado, porque creo que sería interesante que supiéramos cuál es el uso de las lenguas cooficiales por parte de la
Administración General del Estado en las comunidades bilingües. En tercer lugar, nos parece destacable la puesta en marcha de los instrumentos de bilateralidad. Como usted ha dicho, siempre se habla del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero no
solo es un instrumento que se prevea en el texto estatutario de Cataluña, sino que estos instrumentos se han puesto en marcha tanto para Andalucía, Aragón, Castilla y León como para Cataluña. Estos elementos, desde la Conferencia de Presidentes
hasta este último que ha anunciado, son pasos de gigante para conseguir esta relación fluida, necesaria, leal, entre los diferentes niveles de gobierno.
Este año se cumplen treinta años de Constitución española. Por tanto, estamos en un momento en el que valdría la pena apostar por algunos cambios pendientes de nuestra democracia, algunos tan importantes como puede ser, por ejemplo, abordar
la mejora de relación entre las administraciones públicas y los ciudadanos y las empresas. Yo creo que este Gobierno -como el anterior Gobierno socialista, el de la VIII Legislatura- ha apostado claramente por una modernización de las
administraciones públicas, por una mejora de su eficacia y de su eficiencia, por una mejora también en la transparencia, una mayor accesibilidad, por tanto, a la información pública y también a la cooperación inter administrativa de los distintos
niveles de administraciones públicas que tenemos en nuestro país. Seguramente, también sería el momento -aunque este no es el foro adecuado para plantearlo- de adaptar el texto constitucional a la realidad autonómica existente. Estoy pensando,
claro está, en la reforma del Senado. Este sería un instrumento fundamental para acabar de potenciar un sistema de país descentralizado, una organización territorial como es el sistema autonómico que nos dota la Constitución, por tanto, un
instrumento que nos parece que está pendiente dentro de nuestro sistema constitucional.
En definitiva, creo que sería el momento para iniciar debates en profundidad sobre el perfeccionamiento y la mejora de este Estado autonómico, siempre
evidentemente bajo los principios de cooperación, de entendimiento, de diálogo, de lealtad institucional, a los que usted mismo hacía referencia y a los que este grupo parlamentario da una especial importancia.
Respecto a las corporaciones locales, yo quería destacar que para el Grupo Socialista uno de los grandes objetivos de la legislatura -seguro que esto no le sorprenderá- es precisamente la necesidad de dotarnos de una nueva ley de gobierno
local. Por tanto, celebramos que este haya sido uno de los anuncios que el secretario de Estado ha traído hoy a esta Comisión, porque para
nuestro grupo este proyecto va a ser muy importante. Evidentemente es un proyecto que entendemos que tiene que ir en paralelo o más o menos a caballo con el proyecto de ley de reforma de las haciendas locales, pero a la financiación me
referiré un poquito más adelante.
Respecto a la ley de gobierno local, desde nuestro punto de vista, precisamente por su gran importancia, por el gran impacto que va a suponer y por la gran expectativa que hay sobre este proyecto, es fundamental e imprescindible el consenso
entre las fuerzas políticas.
Pensamos que si no conseguimos ese consenso en este proyecto de gobierno local, en esta ley o en este estatuto de gobierno local, sería un fracaso por parte de las fuerzas políticas. Para ello, evidentemente el
Gobierno y el grupo mayoritario que da soporte al Gobierno tendremos que poner el máximo de nuestra parte, pero también la responsabilidad, las ganas y la voluntad de llegar a acuerdo por parte de los otros grupos políticos va a ser importante.
Indudablemente si dos no quieren no se llega a un acuerdo. Pero el consenso al que me estaba refiriendo no solo se tiene que dar entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria sino que el consenso, y por encima de todos los demás,
tiene que llegar de manos de la Federación Española de Municipios y Provincias. El diálogo con la Federación Española de Municipios y Provincias para la elaboración de este texto y para marcar las líneas generales que tendrían que incluirse en este
texto se considera que va a ser imprescindible en nuestro grupo parlamentario. Para nuestro grupo este texto tendría que tener algunas líneas básicas importantes. Tendría que ser un texto que respetara evidentemente las competencias de las
comunidades autónomas y que respetara escrupulosamente la autonomía local reconocida en el Constitución. Tendría que ser también, como ya decía, un texto de consenso y de acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y tendría que
ser un texto que buscara la cooperación y la colaboración entre las corporaciones locales, el Estado y también las comunidades autónomas para ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos y una mayor transparencia a la hora de hacer cumplir o de
ofrecer estos servicios a los ciudadanos.
Respecto al tema de la financiación al que hacía referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y sabiendo que una de las peticiones que había sobre la mesa para su comparecencia era tratar precisamente la financiación autonómica y
local, queríamos empezar diciendo que es una materia importante para este ministerio, pero también es evidente que desde el punto de vista organizativo esta materia recae directamente sobre el Ministerio de Economía y Hacienda. De hecho, hay una
secretaría general creada expresamente sobre financiación territorial que es la directamente responsable para tratar sobre la materia de financiación autonómica y financiación local. En cualquier caso, quería hacer referencia a algunas cosas. El
Grupo Parlamentario Socialista cree que efectivamente hay una necesidad imperiosa de llegar a acuerdos para diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica. Creemos que el modelo actual no es bueno. Celebro que el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular tampoco esté satisfecho con el actual modelo. Él fue uno de los artífices de este modelo; un modelo pactado, como todos recordamos, por el Partido Popular y por Convergència i Unió. Celebro que no les guste y celebro que lo
quieran cambiar. Además, también es importante llegar a un acuerdo porque hay estatutos de autonomía que establecen una obligación legal para llegar a un acuerdo sobre la financiación autonómica. Celebro también que el señor Merino defienda con
tanto énfasis el Estatuto de Autonomía de Cataluña que le recuerdo que lo recurrió su grupo parlamentario ante el Tribunal Constitucional. Está bien que ahora defienda la aplicación y el cumplimiento de este Estatuto de Autonomía de Cataluña. En
cualquier caso, el acuerdo de financiación autonómica sí que tiene que ser un acuerdo justo para todas las comunidades autónomas; tiene que ser un acuerdo solidario, porque la solidaridad es uno de los elementos imprescindibles de nuestro modelo de
organización territorial; y, evidentemente, tendría que ser un acuerdo que garantizara la suficiencia financiera y que no supusiera una disminución de ingresos para ninguna de las comunidades autónomas tal como está en estos momentos. En ningún
caso nos parece que sea demasiado inteligente dar cifras cuando se habla de la financiación autonómica, porque hablar de un modelo es incompatible con dar unas cifras o unas cuantías concretas.
Antes de entrar en la financiación local quería destacar la habilidad política del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Es algo que a él siempre le gusta destacar de los otros intervinientes en esta Comisión, nuestra habilidad
política, pero él sí que creo que realmente tiene una gran habilidad política como portavoz porque responsabilizar al Gobierno del Estado de los presupuestos o de las previsiones de los presupuestos que hace cada una de las comunidades autónomas ha
sido notabilísimo. Creo que esto ha sido algo de tecnología punta en el parlamentarismo, porque evidentemente cada Administración, cada institución, es responsable de aquellos presupuestos que aprueba no solo el Gobierno sino los parlamentos
autonómicos de cada comunidad autónoma. Refiriéndome a la financiación local, estoy de acuerdo en que efectivamente también es necesario repensar un nuevo modelo para la financiación local. Es evidente que los ingresos para las corporaciones
locales en estos momentos son insuficientes para llevar a cabo todas aquellas competencias que están desarrollando y es cierto que es una vieja reivindicación de la Federación Española de Municipios y Provincias y, como decía el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, es algo que durante veinticinco o treinta años se ha estado esperando. Veo que tuvo poco éxito durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular para llegar a un acuerdo y para cambiar y pactar un buen modelo de
financiación local. En cualquier caso, este Gobierno lo hará. Será el
Gobierno socialista el que consiga -espero que de la mano de ustedes también y de los demás grupos parlamentarios- perfilar, definir y diseñar un buen modelo de financiación local. Lo más importante a nuestro entender es que haya una
negociación permanente e intensa con la Federación Española de Municipios y Provincias. Ya hay de hecho una comisión entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias que se reúne periódicamente, que
está trabajando con unos documentos básicos sobre los cuales se está discutiendo y nos parece que ese es el camino. Por tanto, creemos que lo que tenemos que hacer desde el Congreso de los Diputados es apoyar este diálogo, apoyar estas relaciones,
intentar que sean lo más fluidas y ágiles posibles para que se llegue a acuerdos con cierta rapidez, pero no exigirle al secretario de Estado de Cooperación Territorial que nos detalle toda esta información; entre otras cosas, porque, como decía,
recae en la competencia directa del Ministerio de Economía y Hacienda.
Quería acabar diciendo simplemente que en el caso de la financiación local también el Grupo Parlamentario Socialista piensa que hay algunos elementos importantes de los que queremos dejar constancia. En primer lugar, para llegar a un
acuerdo sobre este nuevo modelo de financiación local será fundamental hablar de la suficiencia financiera. Por tanto, este modelo tiene que garantizar en cualquier caso que las corporaciones locales tengan suficiencia financiera para abordar todos
aquellos servicios que tienen que ofrecer a los ciudadanos. En segundo lugar, tiene que ser una financiación que se dé de forma coordinada y en paralelo también con la financiación autonómica; y quiero dejar muy claro que tanto la financiación
local como la financiación autonómica son dos modelos importantes. Desde el Grupo Parlamentario Socialista no establecemos ningún tipo de gradación, sino que las dos -por decirlo de forma gráfica- nos parece que son financiaciones de primera
división y que requieren un tratamiento pormenorizado, serio y riguroso para llegar a un acuerdo. En todo caso, lo dejaría aquí. Si luego hay un segundo turno, haré referencia a otras cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Para un turno de respuestas tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Puig de la Bellacasa Aguirre): Señorías, contestando al señor Merino quiero recordarle que mi comparecencia, según el boletín del Congreso, es para informar sobre las líneas
generales de actuación del departamento en el ámbito de sus responsabilidades, es decir, de mis responsabilidades, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por tanto no del ámbito de responsabilidades de otros altos cargos del Gobierno
o de otros departamentos ministeriales. Si al señor Merino le parece que es poco relevante y que es decepcionante tratar temas tan importantes como la cooperación entre las diferentes administraciones del Estado, intentado explicitar a través de
las conferencias sectoriales el nuevo entramado de las comisiones bilaterales con los nuevos estatutos, si parece irrelevante un análisis y una evaluación de lo que está siendo la financiación condicionada por parte del Estado en una altura de
25.000 millones de euros de la anterior legislatura, o si la eficiencia del conjunto de las administraciones, especialmente de las administraciones locales a través de la trasposición de la Directiva de servicios, que personalmente creo que es el
gran reto como país que tenemos a lo largo de esta legislatura, es irrelevante y provoca decepción en el Grupo Parlamentario Popular, no es mi responsabilidad. Son temas de un gran calado que tienen una gran importancia en lo que es la
estructuración de nuestro Estado y debían de ser analizadas y tratadas con todo rigor, porque, y eso es algo que he planteado en mi intervención, que ha recogido también la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, la gran mayoría de estos temas
tenemos que tratarlos de una forma conjunta las fuerzas políticas para llegar a grandes acuerdos porque estamos hablando de temas de un gran calado, temas que tratan lo que es la vertebración del Estado y, por lo tanto, es muy importante que lo
abordemos siempre desde la seriedad, desde el rigor y desde las posiciones de acuerdo y de consenso. En los temas que recuerdo que también usted, señor Merino, trató en mi comparecencia sobre el tema presupuestario, muchos de ellos no tienen una
relación directa con lo que son las responsabilidades de esta secretaría de Estado. Permita que en relación con la financiación autonómica, por ejemplo, me refiera a todos estos temas relativos a la reforma de la financiación autonómica, en muchos
casos ya dicho, y muy recientemente además, por el vicepresidente segundo del Gobierno y por los diferentes responsables del Ministerio de Economía y Hacienda. Es el ámbito de su competencia y yo lo voy a respetar escrupulosamente. Lo único que le
quiero decir es que habrá acuerdo, que este acuerdo será de amplio consenso, como no puede ser de otra forma porque estamos hablando de un acuerdo que tiene un gran calado de medio y largo plazo y que mejorará el sistema para el conjunto de las
comunidades autónomas. Por tanto, no vamos a caer en los errores de 2001, cuando hablábamos de un proyecto para mil años. El proyecto para mil años en 2004, nada más ganar las elecciones el Partido Socialista, ya se estaba poniendo en cuestión por
parte del Partido Popular. Vamos a abordar este proceso con transparencia, con todos los datos encima de la mesa, como hemos hecho, a diferencia del proceso 2001, colocando la liquidación del año 2006 en conocimiento de todas las comunidades
autónomas. Estoy seguro de que va a llegar a buen puerto y que va a tener efectividad a partir del primero de enero. Voy a cerrarlo aquí. Los consejeros de Economía de las comunidades autónomas saben perfectamente quiénes son sus interlocutores.
Ningún consejero de Economía va a pretender que el secretario de Estado de Cooperación Territorial dé las
claves de lo que es hoy la negociación en cuanto a la financiación de las comunidades autónomas. Saben perfectamente quiénes son sus interlocutores, que son los del Ministerio de Economía y Hacienda, con una permanente presencia y
constancia en las reuniones desde hace ya bastantes meses, desde el principio de legislatura.
Querría comentar, porque es algo que tiene relación con lo que es el ámbito de mi responsabilidad y que lo ha destacado la diputada socialista, y es el cumplimiento del Estatuto de Cataluña. Me preocupa que desde el Partido Popular se esté
trasladando el mismo mensaje que se está trasladando desde otros ámbitos que no tienen nada que ver en relación con el mayor o menor cumplimiento. Han transcurrido poco más de dos años desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto y el balance de
resultados relacionados con su puesta en práctica en opinión del Gobierno es más que positivo. Hemos desarrollado un esfuerzo conjunto con el Gobierno de la Generalitat, tanto en la legislatura anterior como en la que acaba de comenzar, que me
gustaría poner en valor. En primer lugar, la puesta en marcha de esta Comisión bilateral Generalitat-Estado, que es un espacio nuevo que ha sido continuado después por los nuevos estatutos, terminando por el último de Castilla y León, un nuevo
espacio para el diálogo y para la concertación. Es un hecho incuestionable que tras este año y medio desde la constitución de esta comisión bilateral hemos avanzado enormemente en su consolidación. Un botón de muestra es la última reunión del
pasado 30 de julio con los acuerdos alcanzados en ella a través de las múltiples subcomisiones que han estado trabajando a lo largo de estos meses. Quiero recordarle que en las dos comisiones mixtas de transferencias que hemos celebrado con
Cataluña han permitido que ya sean una realidad traspasos derivados del nuevo Estatuto como, por ejemplo, la ordenación y la gestión del litoral, las comunicaciones electrónicas, la homologación de títulos extranjeros no universitarios, las
declaraciones de utilidad pública de asociaciones, asignación del ISBN, etcétera. Tenemos avanzados traspasos muy importantes en estos momentos como, por ejemplo, las autorizaciones laborales de los emigrantes, los permisos iniciales de trabajo o
la inspección de trabajo.
Ninguno de estos traspasos, puedo asegurarle, ha sido fácil porque como he destacado en mi intervención estos traspasos, a diferencia de los de los años ochenta o noventa, tienen un rasgo diferencial que es que tenemos que
acotar funciones que prestamos conjuntamente ambas administraciones. Por tanto, nos exige un proceso de cooperación y de colaboración entre administraciones para que el resultado final en ningún caso vaya en detrimento de los servicios a los
ciudadanos. Por lo tanto, hay una complejidad que es la del Estado compuesto, complejidad que se manifiesta, por ejemplo, en un traspaso como el de la cuenca del Guadalquivir, que me imagino que a usted le interesa especialmente y que refleja lo
que es la nueva relación entre administraciones después del impulso descentralizador de los últimos estatutos de última generación.
También destacaría, en relación con Cataluña, la reducción de la conflictividad competencial. Desde la entrada en
vigor del nuevo Estatuto el Estado no ha recurrido ninguna ley aprobada por el Parlamento de Cataluña. Estamos utilizando la vía del 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y mejorando las fórmulas preventivas. Por último -y esto es
importante- en el terreno de la financiación quiero recordarle la puesta en práctica para el ejercicio presupuestario de 2007 de las previsiones contenidas en la disposición adicional tercera del Estatuto justamente para remediar un déficit
estructural histórico de inversiones en el periodo anterior en Cataluña, de ahí el esfuerzo sostenido que plantea en el tiempo el Estatuto -siete años- para paliarlo. A partir del año 2007 nunca el Estado ha invertido más en Cataluña y por lo
tanto, creo que es de justicia reconocer los importantes avances que se han dado en el cumplimiento del Estatuto de Cataluña que, evidentemente, todavía tiene un gran recorrido y que nosotros, de acuerdo con la Generalitat, vamos a seguir impulsando
a lo largo de la legislatura.
Quiero hacer un comentario en relación con la deuda histórica de Andalucía. Yo tuve ocasión de participar en la última comisión bilateral en donde se decidió darse, a través de la buena fe y de la lealtad institucional, un plazo de seis
meses para cuantificar la deuda. No se preocupe, el Ejecutivo va a cumplir sus compromisos con Andalucía, como lo ha hecho siempre, frente al periodo de gobierno del Partido Popular, que no hizo ningún pago. Fue un compromiso del Gobierno de
Felipe González del mes de febrero del año 1996 que ejecutó el Gobierno del Partido Popular porque era obligado, me parece que en el mes de julio o de septiembre de ese mismo año, pero ya había un compromiso presupuestario previo por parte del
Gobierno anterior. Cuando concluya el proceso de negociación vamos a fijar entre ambas administraciones la valoración técnica definitiva y por lo tanto la cuantificación. No se preocupe porque el Gobierno cumplirá con sus obligaciones y hará
efectiva la llamada deuda histórica andaluza.
Ha planteado usted algunas cuestiones en relación con la financiación local. Le diría lo mismo que respecto a la financiación autonómica. Hemos abordado un proceso paralelo de reflexión y de definición de lo que deberían ser las nuevas
bases del nuevo sistema de financiación local. El Gobierno siempre ha manifestado el firme compromiso de actualizarlo, además en paralelo con la reforma del sistema de financiación autonómica para que la Administración local, el conjunto de
ayuntamientos, puedan tener la financiación suficiente para desarrollar los servicios que tienen que asumir. No entraré en detalles pero ustedes conocen por la comparecencia del secretario general de Financiación Territorial el trabajo intenso que
se está realizando con la Federación Española de Municipios y Provincias, tanto a nivel técnico, en una comisión técnica que se ha reunido ya -si la memoria no me traiciona- seis veces desde el mes de
junio y en la comisión política. Se está avanzando; es un proceso enormemente complejo y estoy convencido de que, igual que con la financiación autonómica, vamos a llegar a resultados positivos. En los presupuestos para 2009, a pesar de
la importante caída de ingresos del Estado, habrá un incremento del 2 por ciento global para las corporaciones locales en cuanto a financiación incondicionada por parte del Estado. Por lo tanto, esa visión, si me permite, un poco catastrofista o
tremendista de que la situación no aguanta más, que es la mayor política antisocial de los últimos treinta años, etcétera, tiene poco sentido de la realidad. Nosotros vamos a seguir trabajando y estamos convencidos de que con el consenso, con el
rigor y evidentemente con la constatación de la situación económica que hoy tenemos vamos a poder abordar un proceso de reforma de la financiación local que sea mucho más favorable para el conjunto de entidades locales.
No me he referido, señor Merino, al proyecto de ley ni en concreto a los temas de financiación local por un motivo de cortesía parlamentaria. El otro día la propia ministra pidió una comparecencia en el Senado para informar sobre las
grandes líneas de este proyecto, por lo tanto vamos a dejar a quien es la máxima responsable del ministerio en estos temas la primacía de presentar a las Cámaras lo que van a ser las grandes líneas de este proyecto que esperamos que tenga un grado
de consenso muy amplio con su grupo y con el conjunto de la Cámara, porque este es otro de los temas nucleares de la vertebración del Estado, el papel de las entidades locales, de los municipios, y estamos convencidos de que vamos a conseguir
avanzar a lo largo de los próximos meses en la presentación de este proyecto.
A la señora Fernández Davila le comentaría que efectivamente Galicia no tiene la misma estructura de comisión bilateral que tienen las comunidades autónomas que se han dotado de un nuevo Estatuto, pero eso no es óbice para que las relaciones
políticas al máximo nivel entre las dos administraciones se estén desarrollando con total normalidad. Tenemos un proceso de transferencias en marcha que desde la celebración de la comisión bilateral de diciembre de 2007 está dando frutos
interesantes.
Ya tuvo frutos en la Comisión mixta de transferencias de antes del verano en cuatro transferencias muy importantes y significativas para Galicia, y este trabajo va a continuar. Tenemos la voluntad de poner en marcha aquellos grupos
que todavía no han empezado a trabajar y culminar aquellos en los que llevamos trabajando bastantes meses con el objetivo de celebrar la Comisión mixta de transferencias antes de navidades y poder culminar algún traspaso significativo que ya está
siendo estudiado por los responsables de ambas administraciones desde hace meses. Creo que hay plena normalidad y plena disponibilidad desde el ministerio. En concreto, ha habido reuniones de la ponencia sobre el traspaso de la titularidad de
museos y bibliotecas a lo largo de los últimos quince días. Vamos a tener otra ponencia técnica próximamente y veremos si durante los próximos meses podemos culminar el conjunto de traspasos que teníamos pendientes.
En relación con el Consejo de Lenguas, tenemos absoluta disponibilidad.
Vamos a oficializar el primer informe del consejo sobre cuál es el esfuerzo que la Administración General del Estado está haciendo para que se cumpla lo que marcan las
diferentes leyes en relación con el bilingüismo en las diferentes comunidades que cuentan con dos lenguas oficiales. Yo me adelanto a lo que ha planteado la diputada socialista.
Estaría encantado, cuando este Congreso lo decida, de poder presentar
cuál es el resultado de este análisis que la Administración General del Estado hace sobre el grado de cumplimiento del bilingüismo en el marco de la Administración General del Estado.
Por último, en relación con la intervención de la diputada socialista, quisiera decirle que nuestro modelo -y es algo que hemos querido destacar- es un modelo de un país maduro en cuanto a su estructura territorial, ya no estamos en un
modelo de construcción, estamos en un modelo de consolidación y, por tanto, los aspectos de colaboración y de cooperación, siempre en el marco de la lealtad institucional y potenciándola, creemos que deben ser el objetivo que debemos desarrollar el
conjunto de administraciones a lo largo de esta legislatura. La reducción de conflictividad es algo muy importante porque creemos que existe la necesidad de hacer un esfuerzo desde el conjunto de las administraciones para que esa conflictividad sea
prácticamente residual y, por tanto, tenemos que utilizar todos los mecanismos que las leyes nos dan, tanto preventivos como paliativos, justamente para poder desarrollar una relación entre administraciones en la que utilicemos lo menos posible el
instrumento del Tribunal Constitucional. Creo que la anterior legislatura ha sido un paso adelante importante si la comparamos con las dos anteriores donde hubo una bajada muy importante, como destacaba en mi intervención, pero creo que tenemos
todavía un margen de mejora y el sentido del mismo son estas instrucciones que desde el Ministerio de Administraciones Públicas con la vicepresidenta primera del Gobierno hemos trasladado al conjunto de ministerios con el objetivo de que exista un
riguroso cumplimiento del marco competencial, para que podamos evitar conflictividades que son en muchos casos claramente evitables, teniendo en cuenta lo que son las competencias de cada cual y, por consiguiente, teniendo en cuenta siempre la
lealtad institucional. Evidentemente, estoy completamente de acuerdo en que los instrumentos de bilateralidad son de una gran utilidad y que complementan los instrumentos multilaterales de los que se dotó el Estado autonómico prácticamente desde el
principio de la democracia, desde principios de los años ochenta; me parece que el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebró la primera conferencia sectorial en el año 1980. Por tanto, este es un complemento enormemente útil para desarrollar
esas tareas de cooperación y de colaboración entre administraciones. Así lo estamos haciendo y la última ha sido la
Comisión bilateral con Castilla y León, creando tres grupos; las primeras fueron con Cataluña, con los nuevos estatutos, pero estamos utilizando las posibilidades que nos da la Ley de Régimen Jurídico como, por ejemplo, con Galicia para
tener siempre, independientemente de que existan o no nuevos estatutos, ese marco bilateral que siempre es un marco complementario y que enriquece mucho las relaciones entre ambas administraciones. Quisiera decirle a la señora Batet que en la
cooperación local vamos a hacer un esfuerzo enorme de consenso con la ley de gobierno evidentemente. Tiene que ser efectivamente una ley básica y, por tanto, tiene que tener en cuenta la regulación de los nuevos estatutos en relación con los
municipios; tiene que marcar unas nuevas vías de cooperación entre las entidades locales, las comunidades autónomas y la Administración General del Estado y todo esto lo tenemos que hacer siempre con un marco de consenso muy amplio que nos permita
que por lo menos tenga la misma vida que tuvo la Ley del año 1985, es decir, que sea una ley de largo recorrido que nos permita avanzar en la democratización del gobierno local, en una mayor participación de los ciudadanos, en una presencia mucho
más importante de las minorías y que cree realmente un estatuto de derechos y deberes de los cargos electos en las entidades locales. Por tanto, creo que es una tarea muy importante la que tenemos por delante y esperamos que en la comparecencia de
la ministra en el Senado a lo largo de las próximas semanas podamos explicitarlo de una forma mucho más concreta para después empezar la discusión, la negociación y el diálogo tanto con la Federación Española de Municipios y Provincias como con
alcaldes y evidentemente también con los grupos parlamentarios. Este ofrecimiento de consenso en relación con la Administración local y con la nueva ley local y las negociaciones en curso en estos momentos con los temas de financiación lo hago
extensivo a todos los temas que tratamos desde la secretaría de Estado. Son temas -volviendo al principio de mi intervención- nucleares, que están realmente en el núcleo de lo que es la relación del Estado con las comunidades autónomas y con los
entes locales y, por tanto, tienen que tener un grado de aceptación muy amplio que estoy convencido que lograremos a lo largo de esta legislatura.
El señor PRESIDENTE: Para un turno de réplica, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, Rafael Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Como figurará en el 'Diario de Sesiones', no me gustaría que el secretario de Estado manipulara mis palabras. Yo no he dicho en ningún momento que no considere de interés los temas que ha planteado de cooperación y
de modernización. Lo que sí le digo y reitero es que lo que usted ha hecho ha sido la historia, porque en su segunda intervención me ha puesto un ejemplo muy concreto, los 25.000 millones, y eso es de la legislatura pasada. Por eso le he dicho que
usted ha hecho historia y no ha hablado ni del presente ni del futuro que es en lo que tenemos que hablar en esta IX Legislatura. Por tanto, es una manipulación y lo digo a efectos del'Diario de Sesiones' porque todos los temas son interesantes
pero cuando se habla del presente y del futuro, hablar de la historia trae poca aportación en estos momentos de crisis económica.
Señor secretario de Estado, lo de ustedes es realmente alucinante. Cogen y sueltan la financiación como les interesa. Ha terminado usted su intervención segunda apelando al consenso con el resto de grupos políticos y con el Grupo
Parlamentario Popular para la financiación local y la financiación autonómica; si usted ha dicho antes que no tiene competencias y le pasa la bola al Ministerio de Economía, ¿por qué apela ahora al consenso aquí en la sede de la Comisión de
Administraciones Públicas? Por eso ustedes cogen y sueltan el asunto según les conviene o les interesa políticamente, porque si dice que no tiene ninguna competencia en financiación, no apele aquí a un consenso, no me diga que la ministra va a ir
al Senado a hablar de financiación. ¿Sabe usted cuál es el problema verdadero? Que les falta liderazgo, al Ministerio de Administraciones Públicas y a la ministra de Administraciones Públicas, porque, con independencia de que Economía tenga que
intervenir o no en una cuestión de financiación, la ministra y ustedes deberían liderar y marcar las pautas al Ministerio de Economía y Hacienda, ya que al final ustedes son los que tienen la relación con las comunidades autónomas y con las
corporaciones locales y deberían ser los que lideraran el proyecto y no ir a rastras del Ministerio de Economía y Hacienda porque ya sabemos cómo se las gastan todos los ministerios de Economía y Hacienda, ya sabemos cómo se las gastan. Entonces,
aquí lo que hay es un problema de liderazgo de la ministra y cuando venga la ministra le diré personalmente que le falta liderazgo, y a ustedes, por ende, les falta liderazgo porque deben marcar las pautas para buscar y proponer las soluciones de
las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, ya que eso es lo que les están demandando y, si no, ¿por qué la relación de la FEMP es con el Ministerio de Administraciones Públicas?, ¿por qué la relación de las comunidades autónomas es
con el Ministerio de Administraciones Públicas?, ¿para todo menos para el dinero? Pues pásenle ustedes todo el tema al Ministerio de Economía; si ustedes llevan todo menos el tema importante, ya que al final todo se resume a un tema de
financiación, pásenle las transferencias al Ministerio de Economía y nos ahorramos un importante dinero de altos cargos, que no viene mal en estos tiempos de crisis económica. Lo que no se puede es decir en un momento de la intervención que se
apela al consenso para la financiación y en otro momento de la intervención decir que el tema de la financiación es un tema del Ministerio de Economía para yo lavarme las manos y salir de aquí al Ministerio de Administraciones Públicas corriendo y
sin habernos quemado, porque eso no procede políticamente ni es riguroso ni presentable políticamente
ante 8.000 alcaldes y alcaldesas de España que, aunque usted no se lo crea, como ellos consideran que el Ministerio de Administraciones Públicas es, por decirlo de algún modo, su correligionario en la Administración General del Estado,
piensan que son ustedes los que deben marcar las pautas y decir hacia dónde van y qué soluciones proponen.
Habrá que decir a 8.000 alcaldes y alcaldesas que se vayan al señor Solbes, que se olviden del Ministerio de Administraciones Públicas y que
dejen de reunirse con ustedes porque, según ustedes -algunas veces, otras no-, no tienen competencia ninguna. Eso lo ha dicho usted, no lo he dicho yo; está en el'Diario de Sesiones' que usted ha dicho que no tiene competencia ninguna en
financiación. Habrá que trasladarle eso y ya le preguntaremos a la señora ministra cuando aparezca por aquí qué es lo que pinta. El problema que ustedes tienen es de liderazgo y de falta de propuestas y de soluciones a la grave crisis de las
comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
Señor secretario de Estado, y de paso contesto a mi ilustre colega la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, yo ni defiendo ni dejo de defender un Estatuto de Autonomía ni otro; yo lo que respeto es la ley y lo que me gusta es que se
cumpla la ley. Si un Estatuto de Autonomía como el catalán dice que en tal fecha hay que tener fijada la financiación, pues hay que tenerla fijada, si no el Gobierno está cometiendo una ilegalidad. Si el Estatuto de Autonomía de Andalucía en una
disposición adicional dice que en tal fecha tiene que estar fijada la deuda histórica, pues tiene que estar fijada la deuda histórica. Señor secretario de Estado, ¿cómo quiere usted que yo me crea lo que usted me acaba de decir con respecto a la
deuda histórica de Andalucía y que, como andaluz, esté tranquilo sobre que se va a llegar a un acuerdo, cuando usted ha cometido la ilegalidad de no cumplir el Estatuto de Andalucía, que tenía una fecha concreta? Explíqueme usted cómo puedo confiar
en su palabra o en la de la señora ministra cuando ustedes se han saltado a la torera una norma legal. Si ustedes no cumplen una ley ¿yo me tengo que fiar de la palabra de que se va a llegar a un acuerdo? Es que no tiene ningún sentido ni ninguna
lógica, señor secretario de Estado. Por mucho respeto personal que le tenga, usted comprenderá que este argumento que le estoy dando es que se cae por su propio peso. ¿Usted cree que algún catalán se puede quedar hoy tranquilo -salvo la portavoz
del Grupo Socialista, que lógicamente está cumpliendo su obligación de apoyar al Gobierno- diciendo: no se preocupen ustedes, que vamos a resolver el tema de la financiación de Cataluña, cuando los catalanes son conscientes de que ustedes han
incumplido el Estatuto de Cataluña? Esto, señora portavoz del Grupo Socialista, es defender el cumplimiento de la ley, defender que se cumplan las leyes que uno mismo propone y que uno mismo aprueba, y luego el mismo Partido Socialista incumple lo
que el aprueba; en este caso, ustedes mismos se lo guisan, se lo comen y lo incumplen.
Si hablamos de la transferencia del río Guadalquivir, señor secretario de Estado, le recomiendo que ni vea el folleto que hicieron de propaganda del traspaso del río Guadalquivir, donde sacaban una magnífica foto del río Guadalquivir con la
catedral de Palma de Mallorca. Eso se ha pagado con el dinero de todos los andaluces y ha sido uno de los mayores escándalos. Esa es su política de traspasos y su magnífica política de propaganda, en el río Guadalquivir, en vez de poner la
mezquita o la catedral de Sevilla, sacan la catedral de Palma de Mallorca. Todavía están los medios de comunicación muertos de risa y los andaluces muertos de pena por ver la forma que tienen ustedes de hacer propaganda de los traspasos que ustedes
llevan a cabo. Como sé que usted tiene sensibilidad personal, le recomiendo que ni se vea el folleto del traspaso del río Guadalquivir porque va a herir su sensibilidad enormemente. Recuerdo una frase que me dijo la señora Álvarez, famosa, en el
Pleno del Congreso sobre que el AVE Córdoba-Málaga lo inventó ella, no Álvarez-Cascos, que fue el que lo hizo. Contó que cuando era consejera un día dijo que había que hacer un AVE Córdoba-Málaga. Usted, en el caso de los 20.000 millones que pagó
el presidente Aznar, ha hecho lo mismo que la ministra Álvarez y ha dicho que eso se le ocurrió a Felipe González, pero lo pagó Aznar. Eso es así; unos inventan y otros cumplen.
Señor secretario de Estado, nosotros no tenemos visión catastrofista. Le he enseñado documentos de prensa de alcaldes de pequeños municipios que han celebrado un congreso diciendo que la situación es catastrófica.
Conoce usted las
manifestaciones de los miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias. Si la situación no es catastrofista ¿por qué hace una semana el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, don Pedro Castro, alcalde de
Getafe, vino a reunirse con el Grupo Parlamentario Popular del Congreso, para manifestarle su preocupación por la crisis económica de las corporaciones locales? ¿También le llamamos catastrofista al señor Castro? Porque esto me recuerda a las
intervenciones que ustedes hacían hace un año, antes de las elecciones, cuando decían que los del PP éramos catastrofistas y antipatriotas por decir que había crisis, cuando ustedes la negaban.
Ahora también volvemos a ser los catastrofistas. El
año que viene, cuando se cumplan las predicciones que le estoy haciendo de lo que va a pasar con los ayuntamientos, dirá, como dijo el señor Solbes, que nunca habían negado la situación crítica de los ayuntamientos, y se quedan ustedes más anchos
que largos, pero al final quienes están pagando las consecuencias son los ciudadanos que reciben las políticas de los ayuntamientos y que ven como día a día esas políticas se están degradando, porque el Gobierno socialista de España en 2009 va a
mandar 900 millones de euros menos en traspasos a los ayuntamientos. En este caso, señor secretario de Estado, no puede usted jugar con el dato presupuestario de la liquidación de 2007, porque ese fue un buen año de ingresos, pero yo quiero ver la
liquidación
de 2008 -esa es la que yo quiero ver- para que se compruebe cómo están ustedes jugando este año con los datos presupuestarios para decir que aunque no llegan ni al IPC están subiendo a los ayuntamientos, cuando el decrecimiento es muy
importante y esto va a repercutir -lo mantengo- en que esta sea la legislatura de la política más antisocial que se ha llevado nunca a cabo en España; lo mantengo y lo reitero para que conste en el'Diario de Sesiones', y a la prueba me remito de lo
que va a pasar con los ayuntamientos en el año 2009 en cuanto a políticas sociales de todo tipo que realizan y que muchas de ellas entran dentro de las competencias impropias de las que hemos hablado. Tampoco usted nos ha planteado nada sobre esto,
según dice, por respeto a la intervención de la señora ministra en el Senado. Voy a aceptarle ese planteamiento, pero espero que en esa comparecencia de la señora ministra se nos diga algo de qué se va hacer con las competencias impropias que están
asumiendo los ayuntamientos, cómo se va a resolver ese tema, si tienen alguna propuesta o si van a dejar que los demás les aportemos alguna para resolver esa situación.
En definitiva, señor secretario, para terminar como usted lo ha hecho, nosotros creemos que el Ministerio de Administraciones Públicas tiene competencias en materia de financiación autonómica y local. Estamos abiertos al diálogo con el
Grupo Parlamentario Socialista y con el resto de los grupos políticos para llegar a acuerdos en esos temas que son cruciales para las corporaciones locales y para las comunidades autónomas y estamos también abiertos al consenso en cuanto a la nueva
ley de gobierno local. Lo que estamos deseando es que ustedes tengan alguna propuesta que poner en lo alto de la mesa sobre la cual debatir, opinar y llegar a consensos. Hay un matiz que le hago a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
porque parece que en su intervención ha dicho que lo que acuerde la FEMP con el Gobierno es lo que debe salir; yo creo que los grupos parlamentarios tienen también mucho que aportar en estas leyes de financiación local y autonómica y en la ley de
gobierno local, y el Grupo Popular está dispuesto a esa colaboración leal con el Gobierno y el resto de los grupos políticos.
El señor PRESIDENTE: Señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Respecto a la política social de este Gobierno, quería empezar diciéndole al señor Merino que el'Diario de Sesiones' recoge palabras, no verdades. Aunque reitere una falsedad, por exagerada o reiterada que sea, no
se convierte en verdad. Constará en el'Diario de Sesiones' dos, tres o cien veces, pero la política social de este Gobierno me parece que es incontrastable, más si la comparamos con la política social de los gobiernos populares. En segundo lugar,
creo que se siguen confundiendo los Presupuestos Generales del Estado y el modelo de financiación local. Usted habla indistintamente de uno y de otro.
Respecto a los Presupuestos Generales del Estado, me quedo con un dato significativo, y es que
ha habido un aumento respecto al año 2004 de un 34 por ciento en la aportación a las corporaciones locales por parte de los gobiernos socialistas. Ese es el dato relevante de los Presupuestos Generales del Estado. En cuanto al modelo de
financiación, me gustaría preguntarle al portavoz del Grupo Popular si su gran aportación al modelo de financiación local ha sido la supresión del IAE. Esa fue su gran aportación. Dice: No hablemos de pasado. Pero es que a veces los precedentes
son necesarios. ¿Cuáles son los precedentes? Un modelo de financiación autonómico malísimo, nefasto, injusto, arbitrario en determinados casos y una ausencia total de modelo de financiación que realmente cubra las necesidades de los ayuntamientos.
Usted dice que quiere hablar de futuro; hablemos de futuro. Este Gobierno socialista traerá a esta Cámara un nuevo modelo de financiación autonómico, un nuevo modelo de financiación local y una nueva ley del gobierno local. Ese es el futuro de
esta Comisión y de las administraciones públicas de este país; y por supuesto que los partidos políticos tienen que entrar en la negociación. Yo no decía que tuviéramos que someternos al acuerdo del Gobierno y la Federación Española de Municipios
y Provincias, ni mucho menos. Cuando he hablado de consenso, tanto para la financiación como para la ley del gobierno local, me refería también de la necesidad del consenso con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en esta
Cámara. Ha hablado usted también de falta de liderazgo. El liderazgo no es hacer grandes declaraciones oportunistas o mediáticas; el liderazgo es trabajar codo con codo con el Ministerio de Economía y Hacienda para llegar al mejor objetivo, al
mejor modelo tanto para la financiación autonómica como para la financiación local, y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Administraciones Públicas. No se preocupe por mi papel como portavoz y porque crea que estoy escenificando alguna
cosa en la que no creo. Le aseguro que hablo con convicción, no por obligación, como catalana y como española también.
El señor PRESIDENTE: Se incorpora a la Comisión el diputado Jordi Jané en representación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que en este segundo turno tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Quisiera excusar mi ausencia hoy, al igual que le ha pasado al señor Olabarría del Grupo Vasco. Ha coincidido esta Comisión con una ponencia legislativa de la Comisión de Justicia en la que ambos somos portavoces,
pero no quería dejar pasar esta oportunidad para saludar y dar la bienvenida al señor Puig de la Bellacasa. También quisiera transmitirle una inquietud, al hilo de algunas informaciones que han podido ser publicadas en la prensa catalana de esta
misma semana, en relación con una posible reactivación desde el Ministerio de Administraciones Públicas de conferencias sectoriales con un cierto ánimo, si me lo permite el señor Puig de la Bellacasa, loapizante, armonizador,
hecho que incluso provocó que llamaran a este portavoz de Administraciones Públicas medios de comunicación para que reaccionara sobre ese supuesto plan del MAP para reactivar contactos no bilaterales sino del ámbito de las conferencias
sectoriales, pero dándoles mayores atribuciones y superando lo que podría ser una dinámica bilateral que el Estatuto de Autonomía de Cataluña define muy bien. Quería trasladarle esta inquietud, esperando que esas informaciones no se correspondan
con una realidad en los planes de su propio ministerio. Muchas gracias y disculpen la ausencia que hemos podido tener algunos grupos parlamentarios al darse esta coincidencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané, sobre todo por la brevedad de su intervención en este segundo turno.
Para un turno de cierre toma la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Puig de la Bellacasa Aguirre): Quiero saludar al señor Jané y decirle que nada más lejos de la intervención de la ministra en la Comisión del Senado que las intenciones loapizantes.
Si hubiese tenido la oportunidad de escuchar mi intervención -podrá leerla en el'Diario de Sesiones'-, hubiera visto que he destacado que en el momento en el que estamos necesitamos desarrollar todos los ámbitos de cooperación existentes entre las
diferentes administraciones, entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. He hablado de la Conferencia de Presidentes, he hablado de las conferencias sectoriales y he hablado de las comisiones
bilaterales; ninguna de ellas se contradice entre sí, sino que son complementarias. En relación con las conferencias sectoriales, que tienen un largo desarrollo, casi treinta años -comentaba que la primera fue el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, a principios de los años ochenta-, estamos convencidos de que son el foro adecuado para proyectar un visión integrada sobre las diferentes políticas públicas que de una forma sectorial desarrollan las comunidades autónomas y la
Administración General del Estado. Es un foro que ha tenido una actividad importante a lo largo de la pasada legislatura, casi seis reuniones mensuales y casi cuarenta conferencias sectoriales. Vamos a activar alguna en relación con la
trasposición de la Directiva de Servicios, porque el reto que tiene el país de incorporar al derecho interno las obligaciones de la Directiva de Servicios nos obliga a todos por igual y, en nuestra opinión, prácticamente el 85 por ciento de las
reformas normativas van a depender de las administraciones autonómicas y de las administraciones locales. Es fundamental que abordemos de una forma conjunta esa trasposición de la directiva, y por eso lo que planteó la ministra fue que la
Conferencia Sectorial tuviera el papel que las leyes le han otorgado. Por tanto, nada más lejos de la realidad que esa intención que pudo aparecer en algún medio de comunicación, con un análisis que nosotros, desde el ministerio, en absoluto
compartimos.
Tenemos ese marco de cooperación, que son las conferencias sectoriales, y además el marco de cooperación bilateral, e insisto en que esos dos marcos de cooperación son absolutamente complementarios y compatibles.
Por tanto, señor
Jané, no tenga ninguna preocupación en ese sentido.
Como cierre, en relación con la última intervención del señor Merino, no quiero polemizar sobre algunos temas que ha planteado, simplemente quiero quedarme con la última parte respecto a la colaboración leal, que es la que tiene virtualidad
a medio y a largo plazo. Cuando le planteaba el tema del consenso, lo hacía porque daba la impresión de que la negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica o de financiación local fuera algo que estuviese siendo desarrollado con una
gran opacidad y sin ningún tipo de contraste de opiniones. Nada más lejos de la realidad. En la parte de financiación autonómica está habiendo una permanente relación de los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda con el conjunto de
responsables de economía y hacienda de todas las comunidades autónomas. Son decenas las reuniones que desde los meses de mayo y junio se están manteniendo justamente para ir contrastando opiniones que tienen una sensibilidad muy diferente, porque
la percepción desde el territorio es muy distinta y las necesidades de cada una de las comunidades autónomas también lo son. Por tanto, ahí hay una gran transparencia. A través de las comunidades autónomas todos podemos conocer cómo se está
desarrollando ese proceso de diálogo entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
Exactamente igual pasa con la financiación local. En las comisiones técnicas, en las que están la Administración General del Estado -el
Ministerio de Economía y el Ministerio de Administraciones Públicas- y la Federación Española de Municipios, están alcaldes de todos los partidos políticos. Por tanto, el programa de trabajo de esas comisiones técnicas es público, se conoce; lo
que ocurre es que es un programa muy complejo que implica aspectos muy técnicos de la imposición local, de los problemas de los municipios, en donde la variedad de la estructura municipal española también dificulta enormemente llegar a un modelo que
pueda ser global. Tenemos una estructura municipal en la que prácticamente el 85 por ciento de los municipios tiene menos de 20.000 habitantes; casi 5.800 municipios tienen menos de 2.000 habitantes, con lo cual tenemos que hacer algo que
realmente es enormemente complejo, pero con transparencia absoluta y total porque, insisto, en esas comisiones técnicas participa la representación plural de la Federación Española de Municipios y Provincias. Posteriormente, después de que exista
una propuesta del Gobierno, que esperamos que sea ampliamente consensuada, habrá que reformar la Lofca y también la Ley de Haciendas Locales. Ese será el momento procesal oportuno en el que el
Parlamento pueda poner el punto final a ese proceso, que esperamos que culmine lo antes posible y con efectos desde luego en la parte de financiación autonómica de primeros de enero de 2009 a lo largo de los próximos meses. En este
contexto, el hecho de decir que la responsabilidad directa no es de uno no quiere decir que haya un absoluto paseismo en relación con lo que está ocurriendo; lo que existe es un escrupuloso respeto a las competencias de cada cual. Desde luego
estoy seguro -porque lo ha hecho hace poco- de que el secretario general de Financiación Territorial o el secretario de Estado de Hacienda están compareciendo de una forma permanente en este Parlamento para contar los avances de este proceso. Es a
ellos a quienes corresponde, no a este secretario de Estado, que bastante tiene con lo que ya tiene.
El señor PRESIDENTE: Con este último turno y si no hay ninguna petición de puntualización adicional, damos por concluido este punto del orden del día, la comparecencia del secretario de Estado de Cooperación Territorial, a quien damos las
gracias.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (DEL PALACIO TASCÓN) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000119.)
- EL DESARROLLO DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000059.)
- LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, FORMACIÓN DEL PERSONAL, MOVILIDAD, OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO Y PREVISIONES SOBRE EVENTUALES MODIFICACIONES PARA EL ACCESO A LA
FUNCIÓN PÚBLICA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000060.)
- LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL MINISTERIO EN ORDEN A IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA LEY DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y SU COLABORACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000061.)
El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a la secretaria de Estado para la Administración Pública, a quien invitamos a tomar asiento en la Mesa de la Comisión para proceder a la segunda comparecencia que figura en el orden del día. Sin
dilación y con el mismo formato con el que acabamos de sustanciar la primera comparecencia, vamos a proceder a esta segunda, en la que también se acumulan la solicitada a petición propia con la solicitada por los grupos parlamentarios para informar
sobre asuntos de su responsabilidad, de manera que toma la palabra la secretaria de Estado para la Administración Pública.
La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Del Palacio Tascón): Muchas gracias, señor presidente.
Es para mí siempre motivo de alegría comparecer en las Cámaras para cualquier cosa que sea requerida, y en este caso para exponer las líneas fundamentales de las atribuciones que tiene esta secretaría de Estado dentro del Ministerio de
Administraciones Públicas. Las competencias o atribuciones que tiene la Secretaría de Estado para la Administración Pública contemplan a esta, a la Administración pública, como el sistema organizativo que es; en consecuencia, nos corresponde
abordar la dirección, el impulso y gestión de las atribuciones ministeriales en materia de empleo público, estructuras administrativas, procesos y procedimientos, con un doble objetivo: por un lado, facilitarnos la vida a los ciudadanos y, por
otro, contribuir decididamente a la productividad y competitividad de nuestro sistema económico. Dicho de otra manera, una Administración pública más eficiente ha de ser un factor que tiene que contribuir a la recuperación económica de España. Por
lo que se refiere a nuestro método de trabajo, este no es otro que el diálogo, el diálogo con los agentes sociales, con las comunidades autónomas y entidades locales y con todos los sectores involucrados en las políticas que desarrollamos.
Las
administraciones públicas españolas están inmersas en un proceso de innovación profunda. Si se me permite la paradoja, podríamos decir que el cambio permanente se ha instalado con pertinacia en nuestras organizaciones. Por otra parte, la actual
coyuntura económica parece presagiar que estos cambios habrán de ser más profundos si se quiere no ya responder a las necesidades de los ciudadanos, sino anticiparnos a ellas.
Circunscribiéndonos a la Administración General del Estado, observamos que en poco más de dos décadas ha experimentado cambios enormemente sustantivos; desde el punto de vista de las funciones, los que se derivan de la distribución
territorial del poder político que marca nuestro sistema constitucional y que nos lleva a ocuparnos predominantemente de la planificación, la coordinación,
la evaluación de las políticas públicas, al tiempo que se participa en funciones de carácter transversal con otras administraciones. Además, continuamos desarrollando políticas y funciones con una gran proximidad a los ciudadanos y con una
gran incidencia en nuestro sistema económico.
Algunas tradicionales como el servicio, por ejemplo, de identificación personal y otras nuevas o relativamente nuevas como las políticas reguladoras de los mercados. En cuanto a cómo la Administración
General del Estado desenvuelve estas atribuciones o competencias se aprecia un cambio rotundo. De un modelo piramidal y escasamente permeable a los input procedentes de los distintos sectores sociales, se ha pasado progresivamente a una
Administración negocial que ha hecho de la transacción, de la búsqueda del acuerdo uno de los elementos sustantivos de su modus operandi. En relación con los recursos humanos, al factor humano, en el ámbito de la Administración General del Estado
se ha pasado, desde mediados de los años ochenta, de ser el 80 por ciento de los efectivos totales al 21 por ciento. Correlativamente, las comunidades autónomas y la Administración local han pasado de un 8 por ciento a un 50 largo por ciento y de
un 15 por ciento a un 24 por ciento de los efectivos totales. Por lo que hace a la estructura de los modelos organizativos, tenemos una pluralidad de entes instrumentales que responden a la necesidad de abordar las distintas y complejas funciones
que demandan nuestros ciudadanos con flexibilidad.
A este agregado de factores ya conocidos se unen en esta legislatura un conjunto de iniciativas impulsadas por el Gobierno de España, estrechamente vinculadas entre sí, que van a imponer, que están imponiendo ya, una nueva cultura y que al
Ministerio de Administraciones Públicas le corresponde liderar, impulsar y gestionar. En primer lugar, la aplicación y desarrollo de la Ley 11/2007, ley que garantiza el acceso de todos los ciudadanos por vía electrónica a los servicios públicos y
que obliga a que todas las administraciones públicas presten estos servicios on line antes de que finalice el año 2009. Ello introduce un cambio de paradigma en los parámetros que habían orientado la Administración electrónica en España. Ya no se
trata de procurar o facilitar servicios on line, se trata de una obligación, una suerte de imperativo categórico que permitirá que nuestras administraciones públicas estén disponibles 365 días al año, 24 horas sobre 24. Al tiempo nos obliga a la
creación de un conjunto de infraestructuras tecnológicas comunes que pueden ser utilizadas por el conjunto de administraciones públicas y además establece las bases del régimen jurídico de la Administración electrónica. En resumen, por primera vez
la Administración electrónica pasa de ser un corolario inexcusable de la estrategia a ser la estrategia misma.
En segundo lugar -ya lo mencionó el secretario de Estado de Cooperación Territorial-, la trasposición de la Directiva de Servicios aprobada recientemente en primera lectura por el Consejo de Ministros va a suponer un cambio profundo en el
modo de entender la relación de la Administración con los ciudadanos y las empresas, ya que alterará uno de los elementos clásicos de nuestro derecho público afincado en los controles preventivos de las actividades privadas, controles preventivos
que serán sustituidos por auditorías o controles ex post. Este pequeño cambio, aparentemente semántico, tiene un gran calado, ya que supone pasar de un modelo de relación Administración-ciudadano o Administración-empresas basado en la desconfianza
a otro que hace de la confianza y de la corresponsabilidad los criterios sobre los que dibujar las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos y empresas.
Otro tanto puede decirse del proyecto de reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación, cuyo objetivo es aliviar en un 30 por ciento el esfuerzo que la normativa vigente exige realizar a las empresas para cumplimentar los
requerimientos que exigen las administraciones públicas, minimizar o, mejor, eliminar las cargas administrativas que pueda imponer la nueva normativa y por último incorporar o interiorizar estos principios en la cotidianeidad de la vida de las
administraciones públicas y de los empleados públicos. Esta mejora en la regulación permitirá a las empresas liberar recursos productivos que podrán ser destinados a la inversión y en consecuencia aumentar la productividad y la competitividad de
nuestra economía.
El éxito de este conjunto de iniciativas depende de modo sustancial del factor humano, de los empleados públicos que trabajan en nuestras organizaciones, y en este sentido en el marco del diálogo social tenemos una buena ocasión de conseguir
un empleo público acorde con nuestras necesidades cuando hemos de desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público. En nuestro caso concreto, la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado es una buena oportunidad para
modificar y adaptar aquellos elementos que engloban las políticas y la gestión de los recursos humanos en la gestión más eficaz, más eficiente, más productiva y más disponible que nuestros conciudadanos requiere. Se necesitan empleados públicos,
funcionarios públicos con un perfil en el que destaque una gran capacidad de adaptación a los nuevos entornos capaces de integrarse en los procesos de cambio, de gestionarlos y en su caso de liderarlos. De ahí la importancia estratégica que
adquieren todas las facetas de la formación, tanto durante los procesos en virtud de los cuales se accede al empleo público como durante toda la vida profesional de los empleados públicos. En el ámbito del empleo público se han iniciado ya los
trabajos con las organizaciones sindicales más representativas dirigidas a articular el texto de desarrollo del Estatuto básico del empleado público, partiendo de la base de que creemos que se debe intensificar el uso de las herramientas
planificadoras y explorar los mecanismos que permitan introducir ciertos criterios de flexibilidad y de competitividad en la gestión de los recursos humanos. Así, por ejemplo, en el acceso a empleo público se debe valorar, además de los
conocimientos, las actitudes y las aptitudes de los aspirantes
y utilizar intensivamente las nuevas tecnologías particularmente en los procesos masivos. También es necesario trabajar sobre la otra alternativa para el reclutamiento de personal, la promoción interna, esto es el mercado de empleo público
interno. Esta es una política que favorece los principios de confianza, permanencia, tiene un menor coste en tiempo y en dinero, es un elemento motivador y sobre todo aprovecha la experiencia y el esfuerzo continuado realizado por las
administraciones públicas en formación.
Por lo que se refiere a la carrera profesional -otra de las cuestiones sustantivas del desarrollo del Estatuto básico del empleado público-, pensamos que debería ser razonablemente flexible integrando elementos verticales y horizontales y
conciliándolo con el actual sistema de puestos de trabajo, tal y como prevé el estatuto básico. Asimismo se deberían introducir criterios de competitividad toda vez que la carrera profesional es un derecho de los empleados públicos que está
referenciado por las necesidades de la organización y por las disponibilidades presupuestarias. Otra de las cuestiones novedosas que introduce el Estatuto básico del empleado público es la evaluación del desempeño, que creemos debe contemplar dos
aspectos: la valoración de la conducta profesional en sentido amplio y la medición del rendimiento o logro de resultados. El primero valora la actitud hacia el trabajo, una forma de hacer las cosas que puede concretarse en factores conocidos como
la creatividad, la apertura al cambio o la capacidad para trabajar en equipo. El segundo se refiere al valor cuantificable que cada funcionario aporta en la consecución de objetivos precisos medibles y negociados establecidos previamente. En todo
caso, creemos que la piedra angular de la cuestión es que la evaluación del desempeño sirve sobre todo para mejorar la prestación de los servicios públicos. En este sentido, supone un esfuerzo de programación, de planificación y de negociación en
las unidades administrativas, y ello creemos que será una de las contribuciones más importantes a nuestro sistema.
Siempre en el marco del diálogo social, hay otros dos aspectos a abordar en un futuro inmediato: la negociación del tercer convenio único de la Administración General del Estado y el desarrollo del Acuerdo del personal de la Administración
General del Estado que presta sus servicios fuera de España. Para completar el capítulo dedicado al empleo público, esto es al factor humano en las administraciones públicas, me referiré a los proyectos que está desenvolviendo el Instituto Nacional
de Administración Pública que habrá de acomodar su organización y su modus operandi a las necesidades de esta nueva cultura en la que ya estamos inmersos. Así, estamos trabajando en la implantación de una estructura de gestión para dar mayor
coherencia a su funcionamiento. Esta nueva estructura se basa en cuatro áreas de actividad perfectamente diferenciadas y en un área de gestión administrativa. Las cuatro áreas son la selección, la formación, las relaciones internacionales y la
cooperación, y la investigación, estudios y publicaciones. Como consecuencia de esta transformación se promoverá la conversión del Instituto Nacional de Administración Pública en agencia estatal, para implantar mecanismos de gestión más flexibles,
orientados a satisfacer las necesidades que los nuevos servicios de la Administración General del Estado nos demanda. Actualmente se está trabajando en el articulado del real decreto que propiciará esta transformación, si bien la transformación
organizativa ya está en marcha, desde un punto de vista material, que no formal. Me detendré en el área de formación que es, como dije anteriormente, la que en este momento consideramos prioritaria.
Estamos poniendo especial énfasis en dos líneas
de actuación, por una parte la formación de personal destinado a ocupar puestos directivos para quienes estamos elaborando planes formativos asociados al desempeño de estos puestos y áreas de especialidad. En paralelo, se está diseñando un master
de alta cualificación en colaboración con escuelas de negocio, universidades y entidades con experiencia en el ámbito de la formación en gestión pública. El master o maestría se articulará en un sistema modular de créditos que facilite su
seguimiento por parte de los alumnos que ya son funcionarios en un plazo flexible de tiempo. El control de la calidad de los contenidos, la sección de los propios alumnos y el diploma de master le corresponderá al Instituto Nacional de
Administración Pública y cada módulo estará acreditado por las entidades con las que se acuerde la colaboración, acuerdo que se verificará mediante un procedimiento concurrencial. Una segunda línea de actuación en este campo pasa por intensificar
la formación continua para el desarrollo de las carreras profesionales, trabajando en la coordinación entre los distintos planes de formación específicos de los ministerios y de los distintos promotores y los procesos de promoción interna, apostando
por el e-learning como herramienta estratégica de formación para derivar a esta modalidad el grueso de los cursos, lo que facilitará además la implantación de la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos al aunar en una
misma plataforma el aprendizaje y la práctica telemática. Asimismo se implantará un sistema de evaluación, auditoría y control de la calidad de los cursos de los diferentes promotores. Para finalizar el capítulo dedicado al empleo público, me
referiré a la mutualidad de funcionarios civiles del Estado, que proseguirá el proceso de racionalización y optimización de los recursos iniciado en la legislatura pasada. Entre las iniciativas más inmediatas está la elaboración de la propuesta de
real decreto, en virtud del cual se trasladen al ámbito mutualista las deducciones aplicables a las oficinas de farmacia en la dispensación de medicamentos para el consumo humano. Esto supone la aplicación a este ámbito de la previsión contenida en
el Real Decreto Legislativo 5/2000 y legislación concordante. Asimismo, se está trabajando en la renovación del concierto con las entidades aseguradoras para la prestación sanitaria en el territorio nacional, que por primera vez será concurrencial
y no de adhesión. Quiero subrayar simplemente que -entre
comillas- el mercado mutualista público supone el 36 o el 37 por ciento del mercado sanitario privado.
En cuanto a la Administración electrónica, una de las iniciativas que está desarrollando el Gobierno de España en el área de la Administración pública, el pasado mes de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el plan de desarrollo de esta
ley que pone el acento en la adaptación de los procedimientos a la misma, de manera que sean accesibles electrónicamente, en el impulso a las infraestructuras y servicios comunes para que puedan ser utilizadas por todas las administraciones públicas
y en el desarrollo del régimen jurídico de la Administración electrónica. La ejecución del plan está dando buenos resultados, diría yo que resultados más que positivos, entre los que cabe citar, en primer lugar, lo que ven los ciudadanos, que es la
red integrada de atención al ciudadano, la red 060 que como saben es multicanal, que utiliza la web, el teléfono y las oficinas presenciales, y que está destinada a facilitar el acceso a los servicios públicos de todas las administraciones. La web
es multilingüe, puesto que están recogidas todas las lenguas oficiales que existen en España y recibe en torno a 220.000 visitantes de media mensual. A día de hoy, proporciona acceso a 889 servicios, de los que 393 son de la AGE, 340 de las
comunidades autónomas y 156 de las entidades locales. El canal telefónico, el teléfono 060 atiende una media de más de 150.000 llamadas mensuales, la estimación para este mes rondará las 170.000. Para establecer un dato comparativo, piénsese que
cuando se implantó, hace algo menos de dos años, se recibían en torno a 8.000 llamadas mensuales. La red de oficinas de atención presencial se está construyendo sobre la base del establecimiento de convenios con aquellas comunidades autónomas que
desean participar en la misma, convenios a los que adhieren los ayuntamientos que lo desean, de manera que desde las oficinas de cualquiera de ellos se puedan recepcionar documentos o realizar procedimientos del resto de las administraciones. A día
de hoy se han suscrito convenios con trece comunidades autónomas, todas excepto el País Vasco, Navarra, Rioja y Murcia, y ya se han adherido a la red 1.562 ayuntamientos.
Otra infraestructura que contempla la ley, que es esencial para el desarrollo de la Administración electrónica pero que no es visible para los ojos de los usuarios, es la red de comunicaciones interadministrativa, que llamamos red SARA.
Esta red ha incrementado notablemente sus capacidades de comunicación y ha ido extendiéndose a todos los ministerios y comunidades autónomas. A día de hoy están conectadas la totalidad de las comunidades autónomas y 1.063 entidades locales,
convirtiéndose de esta manera en una de las más extensas y rápidas de Europa. Desde su implantación ha experimentado dos evoluciones tecnológicas importantes que afectan a su capacidad y velocidad. En la actualidad es de 10 gigas entre los centros
tecnológicos más importantes de la Administración General del Estado, de 1 giga entre todos los ministerios y de 100 megas entre las comunidades autónomas; todo ello, naturalmente, redundante. Asimismo, quiero citar el proyecto de plataforma de
validación de certificados y firma electrónica, que ha validado del orden de 790.000 certificados digitales de media mensual entre enero y septiembre de este año, frente a los 513.000 de media en el año 2007. Es utilizada por 283 organismos de los
tres niveles de administración y ha sido considerada como mejor práctica por la Comisión Europea. Además otra infraestructura tecnológica común es la plataforma de validación de datos de identidad y residencia, con una actividad de algo más de
400.000 validaciones mensuales y que ha recibido también varios galardones en su sector. Ha permitido eliminar la petición de datos de DNI y de certificados de residencia por parte de las administraciones públicas que la utilizan. Durante el año
2009 continuaremos trabajando en la implementación y desarrollo de la Ley 11/2007. En primer lugar, estamos reforzando -y tenemos previsto reforzar más- la red 060 en todos sus canales, particularmente en lo que se refiere a la web y a las oficinas
060. Por un lado, continuaremos con la introducción de accesos directos desde la web a los procedimientos y servicios de todas las administraciones. Auguramos que el número de procedimientos y servicios seguirá incrementándose de modo exponencial
hasta alcanzar la totalidad de ellos antes de que finalice el próximo año. Por otra parte, al igual que ocurre con todas las web de éxito -y el 060 lo es-, tendremos que seguir incorporando nuevas mejoras tecnológicas, con el objetivo de continuar
mejorando la facilidad de acceso y la utilidad para ciudadanos y empresas. Solo hay que fijarse en el fuerte ritmo de innovaciones de este sector para darse cuenta de que en este apartado no basta con colocarse entre los mejores, sino que hay que
continuar realizando los esfuerzos necesarios para estar ahí. También queremos que todos los servicios que incorporamos a la web 060 puedan ser, a su vez, incorporados por todas aquellas web públicas que lo deseen. Es una demanda que hemos
recibido de algunas comunidades autónomas y entidades locales y que estamos decididos a facilitar.
Entendemos que los servicios de todas las administraciones deben ser fácilmente accesibles desde todas las web que así lo deseen. En consecuencia,
pondremos el mismo empeño en facilitar el acceso a los servicios de la AGE que en facilitar el acceso a los servicios desde el 060 a otras administraciones.
Por último, quiero resaltar el esfuerzo que vamos a realizar para facilitar no solo el acceso a servicios públicos sino a toda la información disponible en todas las webs públicas desde el 060. Para ello hemos puesto en marcha en este mes
un buscador federado que vamos a seguir intensificando a lo largo del año 2009. En relación con el canal presencial, en el próximo año procederemos a interconectar electrónicamente los registros físicos de las entidades locales y de las comunidades
autónomas que participan en el proyecto 060 para que no solo sean registros receptores de documentación sino que permitan la tramitación automatizada de los procedimientos
y concluiremos el proceso de transformación de las oficinas de información de las delegaciones de Gobierno en oficinas 060. Vamos a continuar extendiendo la red SARA y a ampliar sus capacidades de conexión; para ello vamos a dedicar una
cantidad importante de nuestro presupuesto, en torno a 7 millones de euros, de los cuales 5,5 millones serán para inversiones nuevas y el resto irá destinado a las actividades de explotación, soporte y mantenimiento de la red. Asimismo queremos
introducir en el año 2009 nuevas funcionalidades y servicios en la plataforma de validación de certificados y firma electrónica, en particular un sistema de redundancia y respaldo, además de liderar el proyecto europeo Stork cuyo objetivo es lograr
el reconocimiento mutuo de firmas electrónicas en toda la Unión Europea. Una nueva línea estratégica que vamos a desarrollar en el año 2009 es la relativa a la ventanilla única que prevé la ley que traspone la Directiva de Servicios. Sus señorías
saben que el sector servicios es el más importante en cualquier economía moderna y, por ende, el más importante de nuestra economía. Es un motor de crecimiento y de creación de empleo en España. Sin embargo, somos conscientes de que su marco
regulatorio puede y debe ser más eficiente y transparente para mejorar la competitividad, la productividad y el empleo de los sectores implicados, además de incrementar sustancialmente la variedad y la calidad de los servicios disponibles para
ciudadanos y empresas. Así, la trasposición de la Directiva de Servicios que lleva consigo una simplificación de los procedimientos administrativos y una supresión de las barreras injustificadas o desproporcionadas en el acceso y ejercicio de la
actividad, de las distintas actividades vinculadas a este sector económico, se traducirá en mayores beneficios, porque además se ha optado por un enfoque ambicioso en el proceso de trasposición. En este proceso estamos realizando tres tareas
claramente diferenciadas, todas ellas, subrayo, en curso. Una parte estrictamente jurídica, que es la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de esta directiva. Ya les dije que el Consejo de Ministros ha aprobado en primera lectura este
proyecto de ley de trasposición, y además vamos a tener que adaptar las normas sectoriales en vigor, proceso en el que estamos inmersos y que se estructura en tres fases, alguna de las cuales ya está concluida: por una parte, la identificación de
la normativa potencialmente afectada; en segundo lugar, la evaluación de la compatibilidad de esta normativa con la directiva y, en tercer lugar, la modificación de la normativa sectorial, eliminando como he dicho los trámites y barreras
innecesarias.
Una segunda tarea es el establecimiento de la cooperación administrativa entre Estados miembros. La directiva -la ley que la traspone así lo prevé- establece obligaciones de asistencia recíproca entre los Estados miembros con objeto de
garantizar la supervisión de los prestadores y sus servicios; ello supone que tendremos que estar en disposición de responder a todas las solicitudes de información realizadas por cualquier Estado miembro e incluso permitir comprobaciones e
inspecciones siempre que estén debidamente motivadas. Con este fin, la Directiva de servicios prevé la creación de una red europea de autoridades competentes coordinadas por uno o más puntos de contacto en cada Estado miembro y el establecimiento
de un sistema electrónico de intercambio de información por parte de la Comisión Europea en cooperación con los Estados miembros.
La tercera tarea. Como apunté inicialmente, la línea estratégica que estamos acometiendo es la puesta en marcha de una ventanilla única, ya que la Directiva de servicios exige que los prestadores puedan obtener toda la información sobre los
procedimientos y los trámites necesarios para el acceso y ejercicio de una actividad a través de un único punto por vía electrónica y además que los trámites se puedan realizar electrónicamente. El plazo para que los Estados miembros cumplan con
estas obligaciones finaliza el 28 de diciembre de 2009 y coincide prácticamente con el tiempo en el que tiene que estar plenamente desarrollada la Ley 11/2007.
La mera enumeración del programa de trabajo pone de manifiesto el papel del Ministerio de Administraciones Públicas en el conjunto del proceso y la interconexión de este proyecto de trasposición de la Directiva de servicios con las dos
iniciativas que cité al principio de mi intervención: el desarrollo de la Ley 11/2007 y el proyecto de reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación. Una buena parte de las exigencias que impone la Directiva de servicios en lo que
a la ventanilla única se refiere ya han sido establecidas también en la Ley 11/2007 y en el programa de reducción de cargas y mejora de la regulación. Sin embargo, como dije antes, se nos impone una nueva obligación que es la puesta en
funcionamiento de esta ventanilla única, que implica que cualquier ciudadano español o del cualquier Estado miembro ha de poder llevar a cabo todos los procedimientos y trámites necesarios a través de un único punto que los integre por vía
electrónica. Esta nueva obligación requiere, lógicamente, que desarrollemos programas de cooperación intensa con todas las administraciones públicas porque todas estamos involucradas en estas iniciativas.
Me referiré a continuación al proyecto de reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación. Este proyecto fue impulsado por la Comisión Europea, por el Consejo de primavera de 2007, que adoptó la decisión de considerar el
principio de mejora de la regulación y reducción de cargas administrativas como una prioridad en la Unión con el objetivo de simplificar la regulación e incrementar la competencia de las empresas europeas. El Gobierno español ha venido incluyendo
ya desde el año 2005 a través del Plan nacional de reformas medidas para la simplificación y reducción de las cargas administrativas basadas en el uso de las nuevas tecnologías. Este proceso se ha intensificado después del mencionado Consejo de
primavera 2007 con la adopción de las siguientes medidas: una batería de acuerdos de Consejo de Ministros para el impulso de este programa de mejora de la regulación y de la reducción de cargas administrativas
administrativas que se inicia en mayo de 2007 y, a día de hoy, el último es de 14 de agosto de 2008. A través de esta serie de acuerdos, que son cuatro, por una parte se aprueba el desarrollo del plan español y, por otra parte, se ha
adoptado ya un conjunto de más de 80 iniciativas tendentes a reducir las cargas administrativas que soportan nuestras empresas. El plan establece dos líneas de actuación paralelas. Una de ellas actúa sobre la legislación vigente y consiste en
reducir estas cargas administrativas en un 30 por ciento, lo cual -tengo que subrayarlo- son cinco puntos más que lo que el plan europeo prevé, que fija este objetivo de reducción en un 25 por ciento. La segunda línea de actuación está orientada a
minimizar las cargas en la normativa que se apruebe a partir de enero de 2009, para lo cual se adoptará un protocolo de actuación que evalúe el impacto de la nueva normativa y que garantice la identificación y valoración de las cargas y que estas
sean además las menos posibles. Este protocolo se aprobará por real decreto y esperamos que entre en vigor, como dije antes, a principios del año 2009.
Además, el plan escoge, entre las trece áreas de actuación prioritaria que el proyecto europeo establece, seis de ellas que le han parecido al Gobierno las más sensibles en nuestro país. Sería el derecho de sociedades, la legislación
fiscal, las estadísticas, la contratación pública, el medio ambiente y el entorno laboral. En este momento el Ministerio de Administraciones Públicas se halla inmerso en un proceso de evaluación del impacto que supone para las empresas las cargas
administrativas contenidas en la regulación de estas seis áreas prioritarias. Asimismo están en fase de desarrollo los proyectos piloto del plan de acción y las iniciativas concretas de reducción de cargas aprobadas en los acuerdos de Consejo de
Ministros antes referenciados. La evaluación se realizará siguiendo el modelo de costes estándar, que es el que la Unión Europea propone, y además en las próximas semanas se iniciarán los módulos formativos que se prolongarán en el tiempo durante
todo el año 2009 y que van dirigidos a empleados públicos involucrados en el proceso de elaboración de las normas. Porque el objetivo final de este plan es no solo cumplir el objetivo de reducción de cargas, sino incorporar estos principios a la
actividad cotidiana de nuestra Administración y ello implica que tienen que ser necesariamente interiorizados por los empleados públicos, por los funcionarios públicos.
Todos estos procesos cuentan con la participación de las organizaciones
empresariales y de los interlocutores sociales.
A finales del año 2007 se suscribieron sendos convenios de colaboración con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio con la CEOE-Cepyme.
Actualmente estamos tratando con ambas instituciones la ampliación del contenido de los acuerdos ya
suscritos.
Por último, como no podía ser de otra manera y como el secretario de Estado de Cooperación Territorial ha anunciado, estos procesos de reducción de cargas, de simplificación administrativa o de trasposición de la Directiva de servicios
tienen que llevarse necesariamente a cabo en colaboración con todas las administraciones públicas. En este sentido, estamos trabajando en el diseño de mecanismos de colaboración y coordinación con las comunidades autónomas y con las entidades
locales, ya que en ellas recae buena parte de la responsabilidad de la normativa y de los procedimientos que esta conlleva. Así, propondremos a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias la creación de un foro
de trabajo y la firma de convenios de colaboración entre las distintas comunidades autónomas y entidades locales para impulsar estos proyectos.
El desarrollo de las iniciativas que acabo de enunciar exige modificar, entre otras, la Ley 30/1992, de régimen jurídico y procedimiento administrativo común, en la línea de considerar el procedimiento no solo, como dice la doctrina clásica,
el cauce formal de la serie de actos en que se concreta una actuación administrativa, sino sobre todo el modo en que las administraciones públicas interaccionan con ciudadanos y empresas. Nuestro punto de partida arranca de considerar que la
relación de las administraciones públicas con los ciudadanos y empresas debe basarse, como dije antes, en la confianza y en la corresponsabilidad, lo que implica un cambio profundo en el modelo de nuestro derecho público.
Habrá, como dije, que
fortalecer los controles ex post, las auditorías a posteriori, conjugando eficacia y seguridad jurídica.
A continuación, voy a enumerar alguno de los criterios que creemos deben impulsar esta reforma. En primer lugar, el reconocimiento y concreción del derecho de los ciudadanos a una buena Administración, ya reconocido en los nuevos estatutos
de autonomía que denominamos de segunda generación. Este derecho a una buena Administración debe garantizar a los ciudadanos el acceso a la información que obra en poder de las administraciones públicas. Además, nos tenemos que obligar a funcionar
con el máximo nivel de transparencia, articulando las medidas necesarias para conseguir la plena efectividad de este principio de actuación, ítem más, debemos reforzar los instrumentos de participación de los ciudadanos en la actividad de las
administraciones públicas, aprovechando las herramientas, los instrumentos que las nuevas tecnologías nos ofrecen.
Además, hay que garantizar en esta ley el análisis y la evaluación o valoración de las cargas administrativas que la nueva normativa
pueda imponer. Debemos garantizar la agilidad de los procedimientos y la facilidad del cumplimiento de los mismos por parte de los ciudadanos.
Debemos reforzar la obligación de resolver por parte de las administraciones públicas, fortalecer la
regla del silencio administrativo positivo y la exigencia de responsabilidad inherente a la no resolución en plazo. Debemos extender los procedimientos abreviados y regular con carácter restrictivo las intervenciones administrativas previas al
ejercicio de una actividad por parte de los ciudadanos y de las empresas.
Concluyo mi exposición. Espero haberme explicado con relativa claridad y haber transmitido con un cierto nivel de eficacia a SS.SS. las iniciativas que tiene encomendadas esta secretaría de Estado. Quedo naturalmente a su disposición para
cualquier pregunta o aclaración.
El señor PRESIDENTE: En el turno correspondiente a los grupos parlamentarios solicitantes de la comparecencia tomará la palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Como ya -a mí al menos me lo parece- es un poco tarde y el reloj avanza, a pesar de que la Unión Europea hace algunos días ha pretendido adelantar nuestros relojes, intentaré ser lo más breve que pueda.
Agradezco a la secretaria de Estado su intervención y le doy la bienvenida en nombre de mi grupo. He escuchado atentamente su extensa información sobre algunos de los aspectos de la política del departamento que ella dirige y le voy a
plantear algunos temas concretos, cosa que hago con bastante escepticismo, pues en la última sesión que se ha celebrado de esta Comisión con motivo de la información de los aspectos de la Ley de Presupuestos planteé por escrito, como debe hacerse,
veintitrés preguntas al departamento sobre aspectos concretos a los que me había referido en mi intervención en público y he recibido solo una respuesta. Por lo que respecta a las otras veintidós, no he obtenido ningún tipo de respuesta por parte
del departamento y tengo que decir, señora secretaria de Estado, que eso me parece muy mal. Me parece fatal que los diputados que estamos ejerciendo tareas de control del Gobierno y preparando nuestras posiciones en temas importantes seamos
ninguneados como lo hemos sido.
Ayer me pasó lo mismo en otra Comisión de esta Cámara, en la que se me negó una información relevante. Tuve que pedir amparo al presidente de la Cámara y por eso tengo que decir aquí en público que siento que hay un
deseo no sé si deliberado de las altas autoridades del Gobierno de no responder a las cuestiones que plantean los diputados.
Los temas que quiero plantear lo más telegráficamente que pueda son los siguientes. En primer lugar, en relación con la Administración electrónica, a la que se ha referido, nos preocupan fundamentalmente tres puntos. Primero, el desarrollo
del artículo 6 de la ley, un artículo capital de la misma que se refiere a los derechos de los ciudadanos en relación con la Administración electrónica. Sé que dicho artículo establece unos compromisos muy serios por parte del conjunto de las
administraciones que probablemente no se pueden hacer de inmediato, pero, en relación con los puntos d), e), f) y g), creemos que es imprescindible la actuación más perentoria posible para la satisfacción de esos derechos reconocidos por la ley.
Nos gustaría conocer con algo más de detalle qué se está haciendo, por ejemplo, en relación con la obtención de los medios de identificación electrónica, la utilización del sistema de firma electrónica en el documento nacional de identidad, qué
ritmo se está llevando en este sentido. El segundo punto se refiere al artículo 7 de la ley, la creación de la figura del defensor del usuario de la Administración. Que yo sepa, esta figura no se ha creado todavía. Se dice que será nombrado por
el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Administraciones Públicas, por lo que dicho ministro tiene una especial responsabilidad en esta materia, y a nosotros nos parece que es una figura cuya creación no se puede dilatar más. En tercer
lugar, le quiero plantear una pregunta sobre la Administración electrónica. Estamos en épocas de vacas flacas, de reducción de recursos y de medios por parte de la Administración y esto ha afectado también a la aplicación de la Ley de la
Administración Electrónica, puesto que hemos visto que los recursos destinados a la aplicación de la Administración electrónica, según mis cálculos -y si estoy equivocado me lo corrige, señora secretaria de Estado-, se reducen en un 50 por ciento
aproximadamente.
El segundo punto al que me quería referir, señora secretaria de Estado - y usted ha hablado extensamente sobre este asunto-, es el tema de los recursos humanos que son esenciales para la Administración moderna, eficaz y eficiente que todos
deseamos. Quiero abordar un punto concreto que está de actualidad y que es básico para saber el camino, los compromisos y las responsabilidades que ustedes han asumido. En a Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 ustedes han
asumido que la tasa de reposición de efectivos sea de un 30 por ciento, salvo una lista ciertamente muy amplia de excepciones. Esta decisión puede ser loable o puede no serlo en función de si responde a una planificación seria, rigurosa y con
criterios, a la vista de las necesidades de servicio, etcétera. Estaría de acuerdo con que un adelgazamiento inteligente y responsable de los efectivos de la Administración, en unos momentos de crisis como los que estamos, sería oportuno, pero,
primero, ¿hay una planificación sobre las medidas de tasa de reposición de efectivos por parte de la Administración pública? Segundo, algo que ustedes no me contestaron porque es una de las preguntas que hice en relación con la Ley de Presupuestos,
¿cómo ha ido la tasa de reposición con respecto al año 2008? Ustedes tendrán ya datos al respecto y me gustaría saber cuál ha sido la evolución, ya que la disminución de efectivos ha afectado a algunos departamentos, servicios, etcétera, porque, si
no, no tendría sentido. Si en estos momentos no está en condiciones de hacerlo, yo pediría una sesión incluso monográfica para debatir y estudiar con seriedad y rigor una planificación de los recursos humanos partiendo de la base de los objetivos
que ustedes han planteado.
El tercer punto al que me quería referir es a los recursos humanos, a política de personal, al momento en el que ya se ha agotado, por las razones que sean, el servicio activo de los funcionarios, y me refiero a las pensiones de clases
pasivas. Quiero comentarlo en relación con las dos medidas que ha adoptado el Gobierno, en las disposiciones decimotercera y decimosexta de la
Ley de Presupuestos, para reafirmar y decirle al Ministerio de Administraciones Públicas, en lo que es también su responsabilidad, que nos parece una medida inaceptable. Primero, que la modificación sustantiva de una ley como la de clases
pasivas no se puede hacer en unas disposiciones adicionales de la Ley de Presupuestos, porque eso es rigurosamente anticonstitucional. Le reitero que si ustedes no retiran estas dos disposiciones adicionales, mi grupo parlamentario se verá en la
obligación de presentar el correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Además ustedes incumplen el Pacto de Toledo, porque hay un compromiso firme y serio que forma parte del consenso de esta Cámara sobre que cualquier reforma en materia de
pensiones o de clases pasivas tiene que pasar por el Pacto de Toledo. Además esta medida nos parece en estos momentos brutalmente injusta porque supone un recorte de derechos sociales que afectan fundamentalmente a las víctimas propiciatorias de
esta medida, que son los colectivos de funcionarios, principalmente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los que pueden estar afectados por una incapacidad con menos de veinte años de servicio activo. Por ello le transmito,
señora secretaria de Estado, una reflexión para que se la haga el Gobierno. Nosotros consideramos que sería una buena decisión, una acertada decisión, que ustedes retiraran esas dos disposiciones del actual proyecto de Ley de Presupuestos y que, si
quieren hacer algún tipo de modificación en clases pasivas, acudan al Pacto de Toledo.
El cuarto punto al que me quería referir es el relativo a las agencias. En la legislatura anterior se aprobó la Ley de Agencias. Se han creado ya siete agencias y parece ser que hay en previsión otras cinco nuevas agencias para el próximo
ejercicio 2009. Le tengo que decir que es el momento, aunque ha empezando un camino, de que nos expliquen qué mejoras están obteniendo y qué repercusión económica ha supuesto el cambio de modelo de gestión, es decir, qué beneficios están
encontrando o si se trata de un cambio meramente nominal de las agencias. Este es un tema también que nos gustaría tratar.
En quinto lugar, en materia de recursos humanos -usted se ha referido a ello-, y respecto al tema de la negociación con los funcionarios públicos me preocupa un asunto en concreto, y es que tengo la impresión, según mis informaciones, que
las llamadas mesas sectoriales están absolutamente congeladas, que no se convocan en algunos casos desde hace dieciocho meses y en otros desde hace doce meses. Le pregunto cuál es la posición del Gobierno en relación con las mesas sectoriales. ¿Es
que consideran que es un instrumento a tirar por la borda, un instrumento a marginar? ¿Va a haber solo una mesa general de la Administración del Estado o van a reactivarlas? Le indico -creo que mis datos no son erróneos- que algunas están
congeladas y que los representantes de funcionarios públicos tienen una gran preocupación.
En sexto lugar, le quiero transmitir una idea y hacerle una pregunta. Me parece esencial que en esta legislatura y sin tardanza se elabore la Ley de la Función Pública y de la Administración General del Estado.
Prescindiendo de las
circunstancias, que quizá no son las más favorables desde el punto de vista económico, sería una irresponsabilidad dejarlo ad kalendas graecas. Mi grupo tiene el máximo interés en colaborar para hacer la ley mejor posible, porque si esa ley sale
bien tendrá un efecto en todas las leyes que hagan las comunidades autónomas, es decir, sería un elemento ejemplificador o como lo queramos llamar. Por tanto, ¿qué previsiones tienen para la elaboración de esta ley? ¿Han iniciado ya las
negociaciones?
Séptima cuestión. Se refiere a algo que usted no ha abordado, pero en estos momentos la actualidad manda y se lo tengo que preguntar. Es responsabilidad del Ministerio de Administraciones Públicas, aunque no sé si a usted personalmente le
compete esa responsabilidad, y se refiere al código del buen gobierno. Usted podrá comprobar que en la legislatura anterior yo hice varias preguntas al ministro de Administraciones Públicas para que me diera información. El código de buen gobierno
contiene una norma que dice que el Ministerio de Administraciones Públicas elevará al Consejo de Ministros un informe anual sobre el cumplimiento del código del bueno gobierno. Las preguntas que he hecho han sido si se ha producido ese informe, en
qué términos, y para mi estupefacción las respuestas han sido que no había sido necesario nunca hacer el informe anual. Por tanto, el propio Gobierno o el ministerio que es responsable de aplicarlo no elabora ni siquiera el informe anual que
preceptivamente reclama el propio código del buen gobierno. Digo esto porque en estos momentos hay noticias e informaciones de diverso tipo que a mi juicio no se compadecen con los criterios contenidos en el código de buen gobierno. Querría una
observación, un comentario, una respuesta a mi preocupación sobre este tema.
Finalmente, señora secretaria de Estado, también querría expresarle un comentario sobre uno de los puntos al que se ha referido en su intervención, que es la trasposición de la Directiva de servicios. A nosotros nos parece que es una
directiva muy importante, pero que al mismo tiempo es un reto de enorme magnitud; que hay que hacer bien las cosas; que es una oportunidad; pero que puede ser un fracaso. Lo digo porque casi desde que tengo pantalones cortos he venido oyendo el
tema de la ventanilla única. Año tras año, legislatura tras legislatura, todos diciendo: el año que viene habrá ventanilla única. Y la ventanilla única no acaba de llegar. A mí casi me causa risa cuando oigo hablar a alguien sobre la ventanilla
única. No sé si este será el momento de que llegue la ventanilla única, en qué condiciones y cómo, pero en todo caso, a mí me parece que la maraña de trámites administrativos que sigue habiendo en las tres administraciones es algo que tenemos que
intentar, con rigor y con seguridad jurídica, combatir eficazmente. En esto también le digo, señora secretaria de Estado, que cuenta con el trabajo y la colaboración de este grupo parlamentario
si ustedes consideran que hablar, estudiar, debatir, trabajar sobre este tema con el grupo parlamentario de la oposición que en estos momentos represento les merece la pena.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere tomar la palabra por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) el señor Olabarría? Por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Por muy solemne y por mucha impostura que imponga a mi expresión, no puedo decir que haya escuchado atentamente sus palabras porque he llegado justo al final de su discurso, y bien que lo siento porque la parte
final me ha parecido particularmente sugestiva. Es un uso parlamentario no hacer intervenciones cuando no se ha escuchado a la interlocutora. No obstante, sí que he tenido la ocasión de escuchar algo detrás de lo cual el portavoz del Grupo Popular
también ha manifestado ciertas inquietudes. Nosotros estamos indagando y tenemos, fundamentalmente, dudas kantianas en relación con la naturaleza de este derecho subjetivo, que es el derecho al buen gobierno, que es un derecho de los llamados de
nueva generación, y que usted misma ha preconizado como ya consagrado normativamente por algunos estatutos de autonomía. No hay legislación estatal que consagre un derecho de estas características.
Desconozco la naturaleza del mismo, su referencia
constitucional, su contenido esencial, su contenido material. Sí que me gustaría, si usted tiene a bien, que explicara qué actuaciones, desvinculadas de lo único que usted ha manifestado, y en qué se va a concretar el ejercicio de este derecho que
es una mayor transparencia de la Administración. Ya mayor transparencia de la que hemos aprobado en la última legislatura y en las anteriores, no sé..., tendríamos que convertir en peceras los órganos de la Administración para que la transparencia
fuera mayor. En qué se va a concretar? Porque este es un dilema que suscita controversias doctrinales que usted conoce perfectamente. ¿En qué se concreta este derecho al buen gobierno? No se lo voy a preguntar a usted. Se lo preguntaré al
responsable del ramo: ¿en qué consisten otros derechos de estos de última generación, como el derecho al medio ambiente y otros derechos que están preconizando en algunas declaraciones internacionales? Es decir, en este ámbito ¿qué es lo que
ustedes piensan hacer?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz para este turno, el señor Pérez Tapias.
El señor PÉREZ TAPIAS: Es verdad que es un poco tarde. Después de todo, estamos en estos momentos como en Canarias la semana pasada, a una hora aproximada, dicho sea con la venia del señor presidente, pero aunque sea tarde, el tema merece
que nos demoremos un poco en él.
Quiero empezar dándole la bienvenida a doña Mercedes del Palacio, secretaria de Estado para la Administración Pública, que viene una vez más a esta Cámara a tratar las cuestiones que le han sido solicitadas.
Hace unos días tuvimos la
ocasión de escuchar sus exhaustivas y clarificadoras palabras sobre la parte que le corresponde de los Presupuestos Generales del Estado en la secretaría de Estado a cuyo frente está.
Por lo demás, diría de entrada que, obviamente, no compartimos el escepticismo que ha manifestado el señor Nasarre, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no solo porque nuestro grupo parlamentario apoya al Gobierno sino porque se han
presentado proyectos sólidos y con argumentos que los respaldan. Ese escepticismo se puede contrarrestar suficientemente desde las preguntas que aún no han sido respondidas, entre otras cosas porque, aunque el caudal de respuestas es muy intenso,
el volumen de preguntas, como se ha visto aquí en sesiones anteriores, es enorme. Ese escepticismo también se puede contrarrestar en cuestiones tales como las relativas a las clases pasivas, tal como se ha planteado al hilo de la Ley de
Presupuestos, que es una cuestión en torno a cuyo proceso de tramitación hay un diálogo intenso. Creo que la secretaria de Estado podrá dar cuenta de cómo se halla ahora mismo ese diálogo de cara a resolver ciertas cuestiones que se han planteado,
siempre desde el consenso social y, a ser posible, desde el consenso político. Igualmente, creo que el escepticismo no está fundado, aunque hay preguntas, claro está, que se pueden plantear respecto a la transformación de algunos organismos en
agencias. Por otra parte, sorprende que desde el Partido Popular, que acomete procesos de privatización -lo cual va mucho más allá y no tiene nada que ver con lo de las agencias-, se planteen dudas al respecto. En este caso hablamos de unas
agencias que siguen teniendo un carácter público. Bien es verdad que pueden asomar inquietudes, como acaba de decir el señor Olabarría, pero estas no deben ser paralizantes ni dejar paso a un exceso de sospecha.
De lo que hemos oído, se pueden subrayar distintas líneas de actuación que se van a impulsar y en las que va a seguir trabajando en el futuro inmediato y a medio y largo plazo la Secretaría de Estado para la Administración Pública. Casi me
atrevo a indicar que en este caso no estamos solo ante unas líneas de actuación que se van a acometer desde instancias políticas y desde las administraciones públicas, en este caso la Secretaría de Estado y el Ministerio de Administraciones
Públicas, sino que hay un cuerpo teórico que está apoyando todo eso, que está dando solidez a lo que aquí se ha formulado. Desde el Grupo Parlamentario Socialista podemos decir que tales líneas de actuación responden efectivamente a tres puntos que
consideramos fundamentales y que, a pesar de la hora, merece la pena que se acentúen. En primer lugar, los compromisos públicamente adquiridos por el Gobierno y por el grupo parlamentario que le apoya en este terreno, en el terreno de la
Administración pública, su puesta al día, su modernización, su transformación en
lo que sea necesario, en definitiva, el compromiso de lograr una Administración pública que por su eficacia, transparencia y otras características esté de verdad al servicio de los ciudadanos. En segundo lugar, responde lo expuesto a las
necesidades actuales que se presenten en la Administración General del Estado, tanto en lo que se refiere a estructuras como a personal, como aquí muy bien se ha enfatizado. En tercer lugar, a las exigencias que se plantean hoy a una Administración
pública concebida como servicio a la ciudadanía en un Estado democrático de derecho, diseñada con recursos de todo tipo, incluyendo por supuesto los recursos que proporcionan todavía las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que,
por una parte, permiten con su uso que las administraciones sean más eficaces pero que, por otra, suponen nuevos retos y a veces quizás zonas de sombras que hay que disipar, como se refleja en las inquietudes de las que hablaba el señor Olabarría.
En lo que se refiere al punto primero de los que he señalado, los compromisos, el Grupo Parlamentario Socialista subraya las actuaciones aquí expuestas para que se aplique de la manera más fructífera esa tan mencionada Ley 11/2007, que
obliga a las administraciones públicas a prestar sus servicios on line antes de final de 2009. La agilidad que con ello se consigue, la proximidad a los ciudadanos, la mayor eficacia y su eficiencia en una gestión administrativa que se consigue con
servicios mediante prestación y digitilización merecen la pena sin ningún género de dudas. Las administraciones públicas no pueden quedar por detrás de lo que ya se va consiguiendo en otros ámbitos en esta sociedad, en el ámbito empresarial, en el
ámbito académico, no digamos en las vidas privadas de individuos y grupos. Es más, allá donde sea necesario y se pueda las administraciones públicas han de ser pioneras en esos nuevos procedimientos de la era de la información por utilizar una
fórmula consolidada a través de la famosa trilogía del sociólogo catalán Manuel Castells. En esta era de la información, la gestión del Estado no puede quedar ajena al cambio tecnológico. Aquí incluso puedo hacer alusión a esa expresión que ha
utilizado la señora Del Palacio, una expresión de sabor kantiano, que hay que responder a esa especie de imperativo categórico para poner a las administraciones públicas, a la Administración General del Estado, al servicio de los ciudadanos en una
disponibilidad a tiempo completo. Lo del imperativo categórico en este caso lo podemos concretar diciendo que se trata de una obligación que exige una responsabilidad máxima para un cumplimiento exhaustivo de la obligación que políticamente se
contrae, y es lo que aquí se está formulando. Es muy importante en esos compromisos todo lo que se ha subrayado respecto a nuestra posición, a los ámbitos de nuestras administraciones públicas, empezando por la Administración General del Estado de
la Directiva europea de servicios. Ya se ha dicho mucho acerca de la importancia que ello tiene y de todo lo que implica en cuanto a compromiso colectivo, incluso no solo desde las administraciones públicas sino también desde otros ámbitos de la
sociedad. Eso ya se está realizando, como bien se ha dicho por parte de la secretaria de Estado.
No solo hay que cumplir sino potenciar todo lo que esos compromisos suponen y ello es lo que también queda apuntado en todo lo que se refiere a esa
línea de reducción de cargas administrativas y de simplificación de procedimiento, como también se ha señalado desde la Comisión Europea, máxime en tiempo de crisis. Ya se han tomado iniciativas a ese respecto, pero más allá de una coyuntura que
aconseja todo ello para aliviar hasta donde se pueda lo que la crisis financiera y económica supone, hay que constatar que aquí se está construyendo espacio europeo, no solo político sino también administrativo y por supuesto reforzando el espacio
europeo desde el punto de vista económico e intensificando las relaciones con otras administraciones.
Desde el Grupo Socialista queremos manifestar nuestro más profundo acuerdo con lo que la señora Del Palacio ha manifestado y ha puesto de relieve.
Tal trasposición conlleva avanzar hacia un nuevo modelo de relaciones entre Administración
pública y ciudadanía -ese es uno de los puntos nucleares de su exposición- un nuevo modelo que ya no se basa en la premisa de que lo prioritario para la Administración es controlar, si queremos decirlo así, preventivamente a los administrados sino
que se basa en una premisa bien distinta de que lo prioritario es el servicio a los ciudadanos y a las instituciones de la sociedad civil, instituciones económicas, empresas, pero también fundaciones, organizaciones, entidades del mundo académico,
en fin, organizaciones y entidades de todo tipo. Lo que se espera de una Administración pública de carácter profundamente democrático es que funcione conforme a las reglas, efectivamente democráticas, con todos los recursos que el Estado puede
poner a su disposición, que en definitiva ponemos los ciudadanos, en lo que es nuestro Estado de los ciudadanos que entre otras cosas sostenemos con nuestros impuestos.
En lo que se refiere al punto segundo, las necesidades de la Administración General del Estado, cabe acentuar de las palabras formuladas por la secretaria de Estado que además de la necesidad de infraestructuras materiales pesa en las
preocupaciones del ministerio y de esta secretaría de Estado lo relativo a las necesidades de personal, habida cuenta de todos los cambios más que dichos y conocidos respecto a esa reducción de personal en la Administración General del Estado debido
a las transferencias realizadas a las comunidades autónomas por lo menos desde el año 1983. Se trata de realizar esos cambios de personal insistiendo en la formación, la carrera funcionarial, los criterios de promoción, etcétera, como parte también
de ese proceso de innovación y puesta al día. La Administración General del Estado tiene en este caso que encarnar esa idea de las organizaciones que aprenden. También hay procesos de aprendizaje colectivos institucionales, y en este caso estamos
ante una de esas situaciones. Precisamente una organización
que aprende es una organización que emprende, y que emprende cambios y transformaciones de largo alcance como los que aquí se han indicado.
Es importante reparar en lo expuesto sobre empleo público, atendiendo a todas esas nuevas modalidades de acceso, de carrera funcionarial, etcétera, para ver cómo a través de ello se trasluce todo lo que supone un gran esfuerzo de
dignificación de la Función pública, que es tarea asumida conscientemente, tomada sobre sí, por parte de este Gobierno, y a la que desde luego en el Grupo Parlamentario Socialista está dispuestos a apoyar en todo lo que haga falta. No habrá una
Administración General del Estado eficaz sin un funcionariado no solo eficiente sino consciente de su función y con conciencia de su dignidad profesional, lo cual no solo se resuelve mediante incrementos salariales sino sobre todo potenciando el
necesario reconocimiento social. La formación, como se ha ido indicando, nos parece especialmente relevante, sobre todo esa formación diseñada con nivel universitario, por tanto, con rigor académico, incluso a través de másteres homologables a los
criterios establecidos en los acuerdos de Bolonia. Podríamos insistir mucho en todo esto pero sin duda no es el momento, aunque sí debemos poner el acento en el hecho de que en medio de la crisis en que estamos, en la que el modelo neoliberal, con
lo que ha conllevado de desvalorización de lo público, ha mostrado su fracaso, se presenta un nuevo horizonte en el que la revalorización del papel del Estado con relación al mercado -con una adecuada interacción entre ellos- tiene que ir acompañada
de la revalorización de quienes en sus estructuras administrativas trabajan a lo largo de todas sus escalas al servicio de la ciudadanía. Lo anunciado respecto al Estatuto básico del empleado público en la Administración General del Estado
responde, si queremos decirlo así, a esa eficacia y dignificación de la Función pública que para el Grupo Socialista es un objetivo irrenunciable. Esos objetivos son los que al hilo de esa elaboración del Estatuto básico del empleado público
también habrá que tener en cuenta en esa anunciada reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo. Hay que reforzar esas estructuras administrativas no solo en su aspecto material, logístico, etcétera, en toda su dimensión de estructuras
objetivas, sino que nos parece muy atinado insistir, como se ha hecho aquí, con esa fórmula incluso de ciertas resonancias literarias, en la importancia del factor humano.
Respecto al punto tercero, exigencias de cara al futuro para una Administración que quiera ser eficaz -como debe serlo-, se puede subrayar lo manifestado por la secretaria de Estado acerca de ese plan de desarrollo de la Administración
electrónica, que sin duda también presenta sus dificultades, pero que se concreta en cosas y que no parte de cero sino que supone ya un recorrido importante, como la Red 060, sobre la que se ha comentado bastante, o la Red de comunicaciones SARA,
extendida entre otras instituciones a más de 500 ayuntamientos.
Es verdad que la ventanilla única es un tema con cierta recurrencia, pero es que hay ciertas incógnitas que no acaban de resolverse del todo. No es solo una cuestión de voluntad sino estructural: dónde se pone la ventanilla única. Sin
duda yo creo que estos recursos informáticos y telemáticos van a hacer posible resolver esa cuestión pendiente, pero quiero subrayar que esto de la Administración electrónica no solo tiene un carácter obviamente tecnológico sino que tiene un
carácter profundamente político: acerca la Administración, responde a criterios de igualdad y sin duda es un elemento más para impedir que se ahonde, que crezca o incluso que se dé esa división digital que aparece en una sociedad donde todas estas
nuevas tecnologías están haciendo valer todo su impacto. En un Estado como el nuestro, complejo por su estructura territorial y al decir de muchos compuesto, la coordinación entre administraciones y la conjunción de medios para ofrecer un mejor
servicio a la ciudadanía es un imperativo político ineludible -recuerdo la expresión kantiana utilizada por doña Mercedes del Palacio-. Esa complejidad de nuestro Estado no debe traducirse en un aumento de requisitos administrativos, como se ha
dicho al hilo de la trasposición de la Directiva europea de servicios, sino que por el contrario esa complejidad lo que reclama es verse acompañada de una racionalización más efectiva de los procedimientos administrativos que, como sabemos entre
otros desde Max Weber, ha de ser característica de las burocracias modernas, entendiendo burocracia en el sentido positivo en que el sociólogo alemán utilizaba la palabra, una racionalización, es decir un uso adecuado de los medios en razón de los
fines que se pretenden.
Hay más cosas de las que podríamos seguir hablando pero es el momento de que retome la palabra, para responder a todo lo que se ha planteado, la señora secretaria de Estado. Sí quiero terminar expresando el agradecimiento por su exposición,
clara como acostumbra, de unas líneas de actuación que expresan unas determinadas opciones políticas, y el agradecimiento también por informar en cuestiones de detalle incluso relativas a Muface o al INAP, aunque se puede sin duda abundar en más
información como se ha solicitado aquí. Compartimos esa demanda porque clarifica las cosas. ¿Qué ventajas supone la conversión del INAP en agencia? Además del agradecimiento quiero expresar nuestro apoyo para trabajar por la Función pública que
el Estado necesita y que la ciudadanía española merece.
El señor PRESIDENTE: Para un turno de respuesta recupera la palabra la secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Del Palacio Tascón): En primer lugar, al diputado Nasarre, portavoz del Grupo Popular, quiero decirle que sinceramente no soy consciente de que me comprometiera. (El señor
Nasarre Goicoechea: Fue el subsecretario.).
Entonces callo. Sí en cambio soy consciente de las 800 preguntas que
hemos recibido de su correligionario el diputado Merino sobre las situaciones administrativas de los funcionarios públicos, territorializadas por provincias, y recibirá cumplida respuesta como no puede ser de otra manera. En principio, en
lo que a mí modestamente respecta, contestamos las preguntas que nos hacen e intentamos además responder al contenido que los diputados nos plantean, lo cual no siempre es práctica habitual en otros parlamentos autonómicos. Recuerdo por ejemplo el
Parlamento valenciano (Rumores.), donde se pregunta el precio de algo y dicen: cuesta lo que tiene que costar. Insisto, no creo estar en deuda en este caso.
En lo que se refiere a las cuestiones que ha planteado relativas a la Administración electrónica, en concreto sobre las herramientas de identificación, le tengo que decir que el documento nacional electrónico está implantado en las 52
provincias, está implantado en más del 98 por ciento de las localidades en las que está el Cuerpo Nacional de Policía, y que el porcentaje de revocación de los certificados de firma, los certificados electrónicos del DNI es prácticamente nulo, es
del 0,03, prácticamente cero por decirlo de alguna manera. Hay otras herramientas informáticas que permiten la validación de la identidad y de otros datos.
Está la plataforma de validación @firma, a la que me referí. Es una plataforma que permite
comprobar la autenticidad y vigencia de los certificados electrónicos que se realizan para transacciones a través de Internet. No solo es el certificado del DNI electrónico, sino otros certificados de identificación que expiden otros organismos
públicos o incluso organismos privados. Esta plataforma se puso en marcha a mediados de 2006, coincidiendo con el DNI electrónico, y su utilización, como he dicho a lo largo de mi exposición, ha tenido un desarrollo exponencial.
Creo recordar que
si en el año 2007 la media mensual de utilización estaba en torno a los 510.000/515.000, en este momento estamos muy por encima. He dado antes la cifra y no querría equivocarme, pero está en torno a los 800.000, exactamente 790.000. Además, hay
otra herramienta informática que permite no solo validar la firma sino otros datos de identificación y de residencia. Eso nos ha permitido eliminar la solicitud tradicional de la fotocopia del DNI o del certificado de empadronamiento. Esta
plataforma tiene una actividad media en torno a 411.000 validaciones mensuales y tiene una alta consideración, al igual que la plataforma @firma, por el sector de las nuevas tecnologías. Ha sido objeto de sucesivos galardones, de publicaciones del
sector, etcétera. Pretendemos ampliar las funcionalidades de esta plataforma para, a lo largo del año 2009, facilitar o, si se me permite el negativo, impedir que los ciudadanos tengan que presentar otros documentos de manera física. En cuanto al
DNI, creo que hasta el momento se han emitido en torno a los 6 millones de unidades y hacia finales de año se habrán superado largamente los 8 millones. Si me equivoco en la cifra, se la confirmaré por escrito.
Respecto al desarrollo reglamentario de la ley, el artículo 7, el defensor del usuario, estamos trabajando no solo en la configuración de esta institución, sino también en el desarrollo reglamentario del conjunto de la ley, porque la ley
establece las bases del régimen jurídico de lo que será la Administración electrónica, habla de sede electrónica, de archivo electrónico, de expediente electrónico, pero hay que concretarlo un poco más y estamos trabajando intensamente en ello.
Nuestro objetivo sería que, como muy tarde, a principios del próximo año pudiéramos presentarlo a Consejo de Ministros.
En cuanto a los recursos destinados en el presupuesto para 2009 a la Administración electrónica en el ámbito del ministerio, en la secretaría de Estado tenemos dos programas presupuestarios. En concreto, el 467 es el específico relativo a
las inversiones y sinceramente tengo que decirle que no veo una reducción del 50 por ciento por ninguna parte. Se ha finalizado uno de los proyectos de este programa, que era el Plan Jaén XXI, que estaba dotado con 1.095.000 euros, y naturalmente
este proyecto se ha dado de baja. Igualmente, se ha dado de baja el proyecto de ventanilla única de I+D+i porque al haberse creado el Ministerio de Ciencia e Innovación, será ese ministerio el que tendrá que acometer la herramienta informática que
considere. Además, tengo que decir que esta ventanilla única, tal y como estaba configurada, ha perdido en buena parte su virtualidad porque tenía sentido cuando los créditos dedicados a ciencia e innovación estaban distribuidos entre un buen
número de departamentos; ahora, al estar básicamente concentrados en uno solo, el proyecto tiene lógicamente una enjundia mucho menor. La disminución de 4 millones que experimentamos en el capítulo 6 se justifica porque había una dotación de 5
millones para esta ventanilla única de I+D+i y, en cambio, se mantiene un millón de euros para la ventanilla única de la Directiva de Servicios. Respecto a su escepticismo sobre la ventanilla única, estoy hablando de una ventanilla básicamente
virtual, que es la que nos pide o exige la Directiva de Servicios. Realmente, le animo a que combata su escepticismo de alguna manera porque en las oficinas 060 de los más de mil y pico ayuntamientos que están vinculados a esta iniciativa se
recepcionan documentos, ciertamente en un número pequeño aún, en los que se puede proceder a la tramitación de un buen número de procedimientos.
En cuanto a la oferta pública de empleo, a su disminución y a la planificación estratégica, me parece muy bien su preocupación. Yo también la tengo sobre la planificación de los recursos humanos porque forma parte de mi ámbito de
competencias, y como todos tenemos historia esa preocupación no fue tan compartida por otros de sus colegas durante su periodo de Gobierno. Le puedo anticipar que nuestra intención es considerar la Administración electrónica como uno de los
sectores estratégicos dentro de la próxima oferta pública de empleo, que será no solo estratégico sino prioritario en la recepción de nuevos empleados públicos, tal y como lo ha sido en este año 2008. Sobre las pensiones de clases pasivas, que en
su opinión es inaceptable, uno de los principios del
Pacto de Toledo es una tendencia a la homogeneización de los distintos regímenes de pensiones públicas y las medidas que se incluyen en esas disposiciones adicionales son tendentes a homogeneizar el régimen general con los regímenes
especiales, porque en este momento hay una separación demasiado intensa en estos dos puntos concretos, en el de la incapacidad permanente, porque en el régimen general hay una gradación y en ningún caso se tiene acceso a la prestación total en
cualquier momento de la vida profesional habiendo cumplido un número relativamente pequeño de años de ejercicio profesional. Creemos que en ese punto hay una separación demasiado grande, del mismo modo que la hay en el ejercicio de la segunda
actividad, que solo está permitida a los funcionarios públicos que perciben una pensión por incapacidad, sea permanente o no, compatibilizar la percepción de esa pensión con el desenvolvimiento de actividades en el sector privado y con la percepción
de retribuciones económicas por esas actividades. Creemos que entra dentro de lo racional y razonable intentar homologar u homogeneizar ambos regímenes, lo cual tampoco es ninguna novedad porque creo que por lo menos desde el año 1985 se está
andando en este camino.
Me ha preguntado si se han notado cambios en el modus operandi en los procesos y en los procedimientos que llevan las agencias que están ya funcionando. Se han notado cambios, pero es verdad que llevan tan pocos meses que una evaluación
quizá sea precipitada en este momento, pero creemos que la fórmula de las agencias sin duda permite una mayor flexibilidad, y así al menos nos lo están transmitiendo los responsables.
Pensamos que al menos hay que dar un mínimo plazo de algo más de
un año de vida -muchas de ellas ni siquiera lo han cumplido- para valorar con un mínimo de datos el funcionamiento de estas instituciones. La percepción, sin embargo, es positiva.
En cuanto a la negociación y las mesas sectoriales, sabe S.S. que el primer desarrollo del estatuto básico ha sido la configuración de una nueva estructura de la negociación, que el acuerdo se suscribió en el mes de diciembre del año 2007 y
que esa nueva estructura de la negociación se está poniendo en marcha, y desde el Ministerio de Administraciones Públicas somos absolutamente partidarios de que se pongan en marcha todas las mesas sectoriales y negocien aquellas materias que se
tienen que negociar. Agradezco su ofrecimiento de colaboración y de negociación para la ley de la función pública de la Administración General del Estado, respecto de la cual nuestro objetivo es presentar un proyecto en la Cámara a lo largo del
próximo año 2009; como digo se han iniciado los trabajos en ese sentido con las organizaciones sindicales. Del mismo modo agradezco su buena disposición para la trasposición de la Directiva de Servicios. Comparto su opinión de que es un proceso
enormemente complejo que afecta a las tres administraciones, sin embargo yo no participo de su escepticismo, sino que soy optimista, no tanto por naturaleza como por convicción. El pesimismo no nos conduce a muchos lugares y el escepticismo tampoco
nos lleva mucho más allá. Personalmente solo puedo trabajar y llevar a cabo las iniciativas y proyectos que se me encomiendan si creo en ellos y si estoy firmemente convencida de que los puedo llevar a cabo. Estoy modestamente convencida de que
puedo hacerlo y de que tenemos un buen equipo para ello, pero como todas las manos son pocas recojo su oferta de ayuda y colaboración y espero que no sea solo del Grupo Popular en esta Cámara, sino también de los gobiernos del Partido Popular en
otras administraciones autonómicas y locales que están tan involucradas o más en este proceso que el Gobierno de España y la Administración General del Estado. Respecto al informe anual del código de buen gobierno, hasta el día de hoy no hemos
detectado que haya habido incumplimientos sustantivos de este código y les recuerdo que con la periodicidad que la ley exige se remiten a esta Cámara puntuales informes sobre las declaraciones de actividades y de patrimonio de los altos cargos del
Gobierno y de la Administración.
Al señor Olabarría, portavoz del Grupo Vasco, quiero decirle que creemos que todavía tenemos recorrido respecto al reconocimiento del derecho de los ciudadanos a una buena administración. No se han dado pocos pasos; se han dado pasos
interesantes y firmes, pero creemos que tenemos recorrido.
Pensamos que, con la ayuda de las nuevas tecnologías, la participación de los ciudadanos y de las entidades que los representan se puede multiplicar de manera exponencial. Creemos que
podemos ser más transparentes, aunque no le voy a ocultar que los empleados públicos -yo soy una de ellas y sé de lo que hablo- seguramente tenemos que tener interiorizado todavía más de lo que lo tenemos que nuestros conciudadanos, más que nuestros
clientes, son el objeto de nuestro trabajo, y el reconocimiento del derecho a la buena administración tiene sobre todo una carga para la Administración, para los funcionarios y para los empleados públicos. Es en ese contenido obligacional para la
contraparte de los ciudadanos en el que verdaderamente queremos insistir.
Esa es la línea en la que queremos avanzar y difícilmente se puede estar en desacuerdo.
Al portavoz socialista quiero agradecerle su intervención y decirle simplemente que a la red SARA están adscritas en este momento todas las comunidades autónomas y no 500 entidades locales sino 1.063. El seguimiento de la aplicación y el
desarrollo de la Ley de Administración Electrónica lo hacemos a través de un cuadro de mando semanal. Tenemos buena información de cómo avanza, pero no estamos refocilándonos en la autocomplacencia porque sinceramente no tenemos tiempo. Los plazos
son muy perentorios y estamos dedicándonos a que de verdad el derecho que reconoce la ley a que los ciudadanos se relacionen on line con las administraciones públicas sea efectivo en plenitud en la fecha que prevé la propia ley, que es el 31 de
diciembre de 2009. Les podría explicar más cosas que estamos
haciendo para este fin. Si tienen tiempo se las explico; yo no tengo prisa. Si el presidente lo considera oportuno puedo extenderme más, estoy dispuesta a ello. (El señor Nasarre Goicoechea pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No creo que haga ninguna falta. Gracias, secretaria de Estado. Estoy seguro de que no hace falta mucha elaboración ulterior, pero parece que hay pedida la palabra para un segundo turno de réplica.
Adelante el
portavoz del Grupo Popular, señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Lo haré telegráficamente porque ya es tarde.
Quería hacer unos brevísimos comentarios. Primero, en relación con la ventanilla única más que escepticismo por mi parte lo que me ha hecho gracia es que,
efectivamente, en todos los programas electorales de todos los partidos políticos desde el año 1977 aparece como una especie de fórmula mágica la ventanilla única. Hay que tomárselo en serio y vamos a ver si en los próximos programas electorales
los partidos políticos no tienen que poner en sus programas: haremos la ventanilla única. Segundo, por lo que se refiere a la planificación de recursos humanos, yo le voy a formular esta pregunta por escrito y le ruego, señora secretaria de
Estado, que cuando pueda la conteste. Me interesa mucho conocer las conclusiones o lo que ha pasado este año con la oferta de empleo público del año 2008 y en qué medida se han cumplido las previsiones de una reposición de efectivos del 30 por
ciento; es decir, ha servido para adelgazar en qué tipo de servicios, en qué tipo de funciones. Yo no tengo estos datos y me parece que son muy elementales para hacer una evaluación tanto de dónde estamos como del futuro. Lo mismo sucede con las
previsiones en relación con el año 2009, porque, en el Ministerio de Administraciones Públicas deducimos que el incremento presupuestario en materia de personal va a ser en el año 2009 de aproximadamente 400 ó 500 funcionarios. El incremento del
capítulo 1 es un 13 por ciento y el incremento de las retribuciones es un 3,5 por ciento, luego tiene que incrementarse el número de funcionarios; si no, me parece que estarían mal hechos los cálculos, señora secretaria de Estado. Quería saber qué
evolución hay en materia de recursos en la Administración General del Estado. Tercero, en relación con el punto de agencias estatales, no es un intento de reconsideración o no de la política de agencias estatales, pero nos ha extrañado mucho, y
necesita algún tipo de justificación que no tenemos, que en la disposición adicional trigésima octava de los Presupuestos Generales del Estado se diga que se van a crear nuevas agencias que no podrán exceder en ningún caso de cinco. Nosotros
querríamos algún tipo de argumento racional, porque ¿por qué no pueden exceder de cinco o por qué no van a ser tres o seis? Nos parece un criterio aparentemente solo cuantitativo que no se compadece con un planteamiento de racionalidad y de
justificación. Por tanto, queremos saber cuáles son los criterios para la selección o qué tipo de selección de agencias estatales. En cuarto lugar, quiero constatar que no coincidimos con el recorte que han hecho en materia de pensiones públicas.
Yo siento, señora secretaria de Estado, que no hagan una reflexión, porque -insisto- no es la Ley de Presupuestos Generales del Estado el instrumento legislativo para eventualmente hacer esa política de racionalización de las pensiones. No lo es,
aparte de que la medida a nuestro juicio sigue siendo en su contenido injusta. Finalmente, quiero manifestar mi extrañeza -mi impresión es que no va a servir para nada- puesto que en cinco años que tiene de vigencia el llamado código de buen
gobierno, que estableció el Gobierno Zapatero con gran alharaca y presentación a la opinión pública al comienzo de su primer mandato, no haya dado lugar a ningún tipo de informe. Me parece bastante increíble que en cinco años no hayan tenido que
hacer ningún tipo de observación.
Todo es perfecto, y cuando todo es perfecto es que no sirve para nada, señora secretaria de Estado. Por tanto, esto plantea muy serias dudas en relación con la observación del Gobierno en un tema tan importante
como es el llamado buen gobierno.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere intervenir de nuevo el portavoz del Grupo Vasco?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Me considero perfectamente ilustrado porque el señor portavoz del Grupo Popular ha planteado 8 preguntas a la secretaria de Estado y ella ha contestado a 24 ó 26, no recuerdo cuántas.
El señor PRESIDENTE: El señor Pérez Tapias.
El señor PÉREZ TAPIAS: En primer lugar, quiero congratularme de poder disponer con más precisión de los datos acerca del alcance de la red SARA. En segundo lugar, dado que el señor Nasarre entre las cuestiones que ha vuelto a tocar ha
mencionado lo de las clases pasivas al hilo de la ley de presupuestos, he de comentar que para facilitar acuerdos no es pertinente hablar en este caso de una situación injusta. De lo que se trata es de lograr un tratamiento justo de las diferentes
situaciones.
Por ello, creo que lo que procede es hablar de criterios adecuados, pertinentes a las distintas situaciones que se contemplan, como es el caso que aquí hemos traído a colación. En tercer lugar, creo que el escepticismo siempre es
mejor que el rechazo. Por tanto, como punto de partida, si logramos dar razones que hagan salir del escepticismo al portavoz del Grupo Popular y con él al Partido Popular en estas cuestiones, recordando ciertas canciones o parafraseándolas: manos
de la derecha, manos de la izquierda podremos acometer esta empresa de largo alcance como es poner una Administración pública, cual es la del Estado, al día. Estamos en un momento crucial, porque solo el mero hecho de las nuevas tecnologías
aplicadas al campo de las administraciones públicas es algo decisivo. Podíamos utilizar
muchos calificativos para hablar de esta situación. Igual que el conocimiento no solo se difunde de otra manera con soportes informáticos, sino que se produce de otro modo, y que la información no solo se difunde, sino que se genera de otra
manera a través de la informática y la telemática, estas nuevas tecnologías no solo hacen que determinadas funciones de la Administración pública se desarrollen de otra manera sino que obliguen, por la fuerza de los hechos, a cambios estructurales
en las administraciones públicas. Si a esos cambios nos anticipamos con un atinado criterio político, que es de lo que se trata, creo que estamos en el buen camino. Para terminar quiero subrayar que muchos de los principios que la secretaria de
Estado ha vinculado a esa reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, tales como acceso a la información pública, transparencia, participación ciudadana, nuevos criterios de responsabilidad, etcétera, también constituyen un anticipo de lo que
puede ser en su momento esa ley de acceso a la información pública, que por otra parte el mismo presidente del Gobierno ha anunciado en algún momento.
El señor PRESIDENTE: Para un turno de cierre tiene la palabra la secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Del Palacio Tascón): Desde el optimismo de la voluntad, que decía Gramsci, respondo diciendo que el incremento del capítulo 1 en el Ministerio de Administraciones Públicas, como
explicó el subsecretario del departamento en su comparecencia en la ley de presupuestos, no es tanto por que se vayan a incrementar en 500 efectivos la plantilla del ministerio, ni muchísimo menos, sino para hacer frente a un déficit histórico en el
presupuesto del departamento y dejar ese déficit histórico a cero.
Respecto a la oferta pública de 2008 no han acabado todos los procesos selectivos, se han puesto en marcha la enorme mayoría de ellos; como usted sabe el número de plazas ofertadas
estaba en torno a 35.900, seguramente era el contingente más importante, afectaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que junto con la oferta de los últimos años nos ha permitido salvar el déficit estructural que nos encontramos en
estas plantillas en el año 2004. La configuración que de la oferta pública del año 2009 hace la ley de presupuestos nos ha permitido que de la tasa de reposición para estos colectivos esté excepcionada el 30 por ciento, pero no esté absolutamente
excepcionada como había sucedido en la legislatura anterior. Es importante también el contingente de Fuerzas Armadas en el entorno de los 5.600 ó 5.700 efectivos. En este momento podría informarle fehacientemente de cómo ha ido la oferta 2007. La
oferta 2008 cambiaría cada día, esperemos a que se cierre. Le respondo por escrito en el statu quo del momento en el que recibamos la pregunta.
El proceso por el control va más que razonablemente bien. Los grandes números se están cumpliendo
puntualmente. Eso quiere decir que el cumplimiento global de la oferta va en línea. Puede que haya colectivos menores en los que el proceso vaya un poco más retrasado, pero los grandes colectivos, que son las grandes cifras, nos dan un resultado
razonablemente positivo, como todos los años. La oferta pública en la Administración General del Estado se cumple con bastante puntualidad.
El señor PRESIDENTE: Damos las gracias a la secretaria de Estado para la Administración Pública y al secretario de Estado de Cooperación Territorial, que aún nos acompaña, después de haber concluido los puntos del orden del día en esta
agotadora sesión de la Comisión de Administraciones Públicas. Habíamos acordado reunir Mesa y portavoces inmediatamente después de la finalización de esta sesión para fijar el orden del día de la próxima, que deberá sostenerse en este mismo periodo
de sesiones, pero por consenso se ha modificado esta previsión para posponerla a la sustanciación de la comparecencia de la ministra en el Senado, solo después de la cual procederá que reunamos Mesa y portavoces para poder concordar y precisar el
orden del día de la próxima reunión de esta Comisión. Muchísimas a todos los intervinientes por sus contribuciones y por su paciencia.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la noche.