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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 108, de 08/10/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 108
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ
Sesión núm. 5 celebrada el miércoles 8 de octubre de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. (Número de expediente 121/000009.) ....
(Página 2)
- Del señor secretario de Estado de Justicia (Pérez Hernández). A petición de los Grupos Parlamentarios Socialista (número expediente 212/000204) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000225)... (Página
2)
- Del señor secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia (Martínez Meroño). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 212/000226)...
(Página
18)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2009. (Número de expediente 121/000009.)
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (PÉREZ HERNÁNDEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (número de expediente 212/000204) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000225).
El señor PRESIDENTE: Señorías, damos comienzo a la sesión. Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida al secretario de Estado de Justicia, a la subsecretaria, al secretario general y a todo el equipo del Ministerio de Justicia que hoy nos
acompaña para esta sesión, en la que vamos a analizar los presupuestos del Estado en relación al Ministerio de Justicia. Igualmente quiero agradecer, por supuesto, la presencia de todas sus señorías, de los medios de comunicación, y de los
servicios de la Cámara. Y quiero dar una especial bienvenida a don Julio Pérez como secretario de Estado.
El orden del día de hoy consta de tres puntos. El primero es la comparecencia del secretario de Estado de Justicia, a petición de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista. Vamos a empezar, por lo tanto, por esta
comparecencia. Sin más rodeos le concederemos en primer lugar el turno de intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, al señor García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Como cuestión previa le manifiesto la renuncia que hace nuestro grupo a la comparecencia de la ilustrísima señora subsecretaria; solamente mantenemos la petición de comparecencia del excelentísimo señor
secretario de Estado de Justicia y del secretario general de Modernización.
Permítame en primer lugar darle las gracias, señor secretario de Estado, por su presencia en este acto, que ya es tradicional y casi obligado, de ir dándonos a conocer las líneas generales del presupuesto del departamento del que usted es
secretario de Estado. Creo que nos va a resultar muy útil, por lo menos a este grupo parlamentario, para desmenuzar, para aclarar algunas cosas del presupuesto, que ya le digo, se lo digo desde el principio, no nos gusta mucho, lo que me imagino es
algo que usted esperaba. Primero, y también casi como una fórmula de estilo, aunque se lo haremos llegar por escrito, nos gustaría que usted nos dijera en este momento cuál es la ejecución del presupuesto del ejercicio 2008, las modificaciones
presupuestarias que haya habido o las que se prevean en el poco tiempo que queda; las generaciones de crédito que hayan tenido lugar, o las que también se prevea que puedan tener lugar, para tener conocimiento de lo que ha sido el presupuesto del
año 2008, y de esa manera quizá podremos tener con mayor claridad la percepción de este nuevo presupuesto para el ejercicio del año 2009.
Señor secretario de Estado, en esta primera intervención empezaría por recordarle algo que seguramente usted sabe muy bien, porque de ahí es de donde parten después las reflexiones y las preguntas que yo le voy a hacer. Son las
manifestaciones que tanto el Partido Socialista como el propio presidente del Gobierno y el ministro de Justicia han venido haciendo sobre el presupuesto de Justicia. En el programa electoral del Partido Socialista se manifiesta la especial
importancia que dice dar a la justicia, que dice que quiere que sea más accesible y moderna; dice que son necesarias reformas legales de profundísimo calado; busca la rapidez en el enjuiciamiento, especialmente en determinados delitos; una
modificación del Código Penal contra la delincuencia, dados los avances que éste va teniendo; la máxima protección a las víctimas; buscar que la justicia sea impartida por profesionales independientes y de calidad. Por su parte, el presidente del
Gobierno, en su discurso inicial, discurso para solicitar la confianza de la Cámara, habló de la importancia que su Gobierno pretende dar a la justicia, y formuló, entre las distintas propuestas de pacto o grandes acuerdos con las fuerzas políticas,
señaladamente con el Partido Popular, precisamente alcanzar un pacto nacional sobre la justicia. Por su parte, el ministro de Justicia, el titular de su departamento, es incansable en el discurso de que la justicia es una prioridad absoluta del
Gobierno, que es permanente su voluntad de llegar a acuerdos con la oposición para este gran pacto de modernidad, de agilidad y de eficacia de la justicia, la necesidad de dotar de medios a la Administración de Justicia, modernizarla, hacerla
eficaz; son continuas esas referencias. Y el propio presupuesto que hoy debatimos se hace eco de estos objetivos de modernización, de incorporación de nuevas tecnologías, de racionalización de recursos humanos, de la oficina judicial, es decir, de
todos estos temas de los que venimos hablando. Esto también en el propio presupuesto. Y yo creo que los profesionales de la justicia, abogados, colegios, procuradores, fiscales, las asociaciones judiciales, los propios magistrados, todos se hacen
eco de que la justicia es una de las asignaturas pendientes y más necesitadas de reforma, de modernización y de estímulo por parte de los poderes públicos.
Pero todo esto, señor secretario de Estado, no es más que una repetición de lo que viene diciendo el Gobierno del Partido Socialista desde la VIII Legislatura. Y si nosotros nos leemos todo lo que han sido las memorias, los libros rojos,
los libros verdes, los libros amarillos de los años anteriores, vemos que es una repetición. Yo, incluso, en algún momento me planteé si no se habrían trastocado las hojas del presupuesto anterior a este nuevo presupuesto. Porque allí se habló de
un compromiso, de
una promesa de 180 millones de euros anuales hasta alcanzar el 2 por ciento del presupuesto; y en los últimos cuatro años la justicia solamente ha recibido el 0,5 por ciento. La idea era llegar al 2 por ciento; estamos en el 0,5 por
ciento en los cuatro años. En este año, nos dice que el presupuesto crece, frente a la tónica general de contención del gasto público, el 3 o el 4 por ciento, que lo que crece es un 6 por ciento, 94,46 millones. Y el ministro dice que subimos el
9,9 por ciento.
Me imagino que está descontando lo que suponen las transferencias a Aragón... Pero, bueno, en todo caso me parece un poquito exagerado, porque yo hago las cifras y me sale escasamente el ocho y pico, pero, bueno, el ministro dice
lo que tiene que decir. Lo cierto es que la subida está en torno al siete y pico por ciento, llegaríamos al 8 por ciento; en eso no vamos a discutir, señor secretario de Estado. Pero lo que sí es cierto es que con todas esas subidas, sean del 6,
del 7, del 8 por ciento, seguimos estando en el 0,5 por ciento sobre el total de los recursos, y representa el menor peso específico en el área de los servicios públicos básicos del Estado es: esto es una realidad. Entonces, mi primera pregunta,
señor secretario de Estado es: ¿Qué justificación hay en estos momentos para que la justicia solamente represente el 0,5 por ciento del presupuesto general del Estado o de las áreas básicas de servicios de todo este gasto del Estado? Me gustaría
encontrarle una justificación. Entrando en el análisis del presupuesto más específicamente, tenemos un total de 1.619 millones de euros, de los que 72 millones, casi 73, corresponden al Consejo General del Poder Judicial y 1.522 millones
corresponden al Ministerio de Justicia. Y esto lo hace fundamentalmente en una serie de programas. Y el primero de ellos -así vamos viendo el incremento que señala-, es el programa 111, de la Dirección y Servicios Generales de Justicia, en donde
los gastos de personal representan el 46,79 por ciento; las inversiones reales llevan un total del 12,57 por ciento, pero esas inversiones reales, la práctica totalidad de lo que es el aumento (no estoy refiriéndome al año anterior, porque eso es
igual; el año anterior son casi 2.700.000 euros), va al nuevo Registro Civil central. Y quedan, según las cifras que yo tengo, 3,8 millones para el resto de los edificios judiciales. Si la justicia es ese sector tan prioritario y los que tenemos
son así, pues yo creo que a mí me parece que 3,8 millones para el resto de los edificios es una cantidad pequeña. Me gustaría que me lo aclarara. Pero es que en todo caso, incluso en esa inversión real del nuevo registro central, que a mí me
parece muy bien que tenga un nuevo edificio, yo creo que la modernización de la justicia está pidiéndonos algo más. Hacer edificios es algo como muy decimonónico, es algo que está muy bien, pero ahora nos están pidiendo información tecnológica, nos
están pidiendo registros informáticos, nos están pidiendo conexión de unos registros con otros, en fin, yo creo que es algo más que hacer un nuevo edificio lo que en estos momentos está demandando la justicia.
El segundo programa, el programa 112A, el programa estrella del ministerio bajo su competencia, está dedicado a los tribunales de Justicia y al ministerio fiscal: este es el programa que más sube, sube el 7,12 por ciento, según los datos
que tengo yo aquí, y representa el 82,66 por ciento del gasto. Esto va prácticamente todo a personal. ¿Y por qué va a personal? Pues porque fundamentalmente lo que se paga con esto es la huelga, la huelga de los funcionarios, y ahí está en las
cifras; esa huelga de funcionarios, sinceramente, yo creo que fue una gestión no muy exitosa del ministerio en aquellos momentos y ahora hay que pagarla, pero el programa no sube, se queda exactamente igual. Por tanto, la pretendida subida que
estaban diciéndonos es un cierto malabarismo: sube, sube, pero sube en base a una gestión que ustedes no llevaron a cabo bien, que determinó una huelga de funcionarios, y ahora mismo con esto lo pagan.
Porque en este presupuesto, en inversiones
reales ustedes bajan, bajan el 2,5 por ciento. Son los propios presupuestos, se los estoy leyendo literalmente. Por tanto, todo este programa estrella, el programa principal, se dedica a pagar los costes de una huelga mal gestionada y a bajar las
inversiones reales, esa es toda la subida. Y esto representa el 82,66 por ciento del presupuesto. Y no vemos muy bien las cosas.
En el programa 113, registros vinculados con la fe pública, las inversiones reales están congeladas, se quedan exactamente igual: el 0,04 por ciento. En el presupuesto del año 2008, veintiún millones y medio de euros, y en este del año
2009, veintiún millones y medio. Si ven ustedes las asistencias técnicas de las que se habla, por ejemplo, en la memoria de objetivos para iniciativas más específicas de los ciudadanos, como pueden ser los equipos informáticos, registros civiles,
le voy a decir que la asistencia técnica son 500.000 euros, y los equipos informáticos en registros civiles son 50.000 euros, son 50.000 euros. Entonces, ¿cómo se puede calificar en la memoria y en la modernización tecnológica de registros civiles,
de memoria de objetivos, como una de las iniciativas de más impacto a los ciudadanos y les dedica 50.000 euros? A mí no me parece que tengan ustedes demasiado impacto al respecto.
Programa 135, protección de datos de carácter personal, la Agencia de Protección de Datos, en gastos de personal, 46,54 por ciento. Esto sí supone una modificación casi del 60 por ciento. Está congelada la inversión real. ¿Dónde está el
objetivo de renovación de los sistemas informáticos? Aquí lo único que se ve, señor secretario de Estado, que es donde sube, es en los gastos de personal, prácticamente 2.700.000 euros, por una modificación de la relación de puestos de trabajo. Yo
no dudo de que la Agencia de Protección de Datos, que ha asumido nuevas competencias, que ha asumido nuevos objetivos, que tiene que hacer frente a nuevos desafíos, deba reforzarse, no me cabe la menor duda. Pero yo creo que esa diligencia y ese
esfuerzo que se hace en la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Agencia de Protección de Datos se podría haber hecho también
en el resto de la Administración de Justicia. Y aquí no sube nada. No me digan que ha subido, porque lo único que han hecho es actualizar trienios, la actualización por depreciación monetaria, y pagar la huelga, pero no hay más. Yo creo
que los presupuestos que tengo en la mano son los mismos que tendrá su señoría, por lo que en ese sentido no habrá modificaciones. Luego, por tanto, aquí algo me falla. Y no creo que esto que me ha dado a mí el Ministerio de Hacienda sea distinto
de lo que ustedes tienen.
Finalmente, el programa 312, asistencia sanitaria del mutualismo administrativo, prácticamente se queda congelado, se queda como estaba.
Es más, fíjese: en lo que son los pequeños incrementos, por ejemplo a familia e instituciones, en lo
que son los gastos de farmacia sube el 1,99 por ciento, el 2 por ciento; sube el 2 por ciento, aquí lo tengo.
Vuelvo a decir lo mismo. Si yo veo que la inflación está subiendo del orden del 5 por ciento, me temo que los funcionarios van a tener
que pagarse los medicamentos o una parte del coste de los medicamentos, porque ustedes esto lo han congelado. En definitiva, señor secretario de Estado, le he dado así muy por encima estos datos, que son los datos de que disponemos. Este
presupuesto, ¿qué es lo que me dice? Primero, el único aumento que de verdad tiene es en gastos de personal, y ese gasto de personal viene como consecuencia de una huelga de funcionarios que ustedes gestionaron mal, sinceramente. En segundo lugar,
este es un presupuesto congelado respecto al del ejercicio anterior, especialmente en materia de inversiones reales, donde no hay las inversiones reales que en las memorias del presupuesto se dice que se van a hacer. Es un presupuesto, se lo digo
amablemente, que no impone o no trae consigo una modernización de la justicia. Nos encontramos con una situación, llamémosla ciertamente difícil, por no emplear la palabra caótica, de los juzgados; con un aumento espectacular de la litigiosidad, y
que vendrá a más como consecuencia de esa no crisis económica que nos obliga a hacer un fondo de 50.000 millones; en definitiva, 50.000 millones, en otras palabras, una auténtica crisis económica que nos va a aumentar la litigiosidad. Una
disconformidad de todos los sectores relacionados con la justicia: jueces, fiscales, secretarios, abogados, la sociedad en general. Hoy mismo tenemos, y supongo que lo habrá leído, el propio comunicado que ha hecho la Asociación de Jueces para la
Democracia, una asociación judicial no sospechosa de cercanía o de proximidad a lo que puede representar el Partido Popular. En esta situación, sinceramente, señor secretario de Estado, no vemos por ningún sitio dinero para la justicia, y la
pregunta que me hago, y es la segunda, es: ¿y qué vamos a pactar? Porque aparte del Consejo General del Poder Judicial, aparte del Constitucional, ¿qué vamos a pactar? Porque aquí hay una cosa importante, yo creo que mucho más importante que todo
esto, y es cómo hacemos una justicia más moderna, eficaz y ágil para el ciudadano, ¿dónde tiene la respuesta? Y todo esto significa, señorías, significa vulgarmente dinero, efectivos; aquí, cuando se han querido hacer las cosas de verdad, como la
Agencia Tributaria, ha habido dinero. Pero en justicia, nada, nada, todo sigue igual. Seguimos exactamente como estábamos. Y yo mucho me temo que es que no les importa la justicia, se lo digo con toda la amabilidad del mundo, pero los
presupuestos son el reflejo, es la fotografía de lo que ustedes hacen y de lo que a ustedes les importa. Y no les importa la justicia. Esto son palabras, palabras, escritos, escritos... Se repiten un año tras otro, vienen diciendo las mismas
cosas, pero aquí lo que es cierto es que en los presupuestos de justicia seguimos estando en el 0,5 por ciento de los servicios básicos del Estado, y no llegamos ni con mucho a ese 2 por ciento, ni con mucho a ese compromiso anual de los 180
millones de euros que ustedes decían al principio de la anterior legislatura que iba a haber. Yo creo, señor secretario de Estado, y a lo mejor, hasta coincidimos, que este debería haber sido un presupuesto para luchar contra la crisis. Es decir,
yo creo que todos estos presupuestos hoy, en los parciales, en los programas, en las secciones, debían haber estado dirigidos a luchar contra la crisis. Y fíjese que la justicia es uno de los elementos o de las instituciones que más pueden hacer
contra la crisis, simplemente agilizando la justicia, modernizando la justicia; porque va a haber mucha mayor litigiosidad en una situación de crisis. Y ustedes lo que han hecho es un presupuesto, ya le digo, no para luchar contra la crisis, sino
un presupuesto de crisis, es decir, un presupuesto en el cual las cosas se han quedado como estaban, que es tanto como decir que era para peor. Yo no sé, señor secretario de Estado, lo que ha hecho el ministerio en este presupuesto, pero sí sé lo
que ha hecho el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Justicia: dejarle como estaba. Yo no sé, en este sentido, la capacidad, la fuerza, la intensidad que el Ministerio de Justicia ha puesto en esta materia. Lo que sí sé es que, dicho en
términos futbolísticos o deportivos, les han dado un vapuleo sensacional, les han dejado prácticamente congelados. Ahí estaban.
Señoría, la situación de la justicia no es buena, no es nada buena. Los casos lamentabilísimos que hemos tenido no han hecho más que poner de manifiesto el estado y situación en que se encuentra la justicia: en la justicia penal, pero vaya
usted a la justicia administrativa, a la justicia civil... Todas estas protestas que vamos teniendo de familias, etcétera, no obedecen, desgraciadamente, a que un día se hayan levantado esas familias, esas personas que han sufrido las situaciones y
hayan dicho: vamos a pedir cuentas a la justicia. Por supuesto que las personas que han incurrido en errores o en malas conductas deben ser sancionadas, pero es que el ministerio tiene también que hacer frente a sus responsabilidades. Aquí las
culpas de las cosas que pasan en la justicia no las tienen exclusivamente los jueces y los secretarios judiciales.
Ellos tienen su parte; pero el ministerio tiene que tener su parte y debe hacer frente. Y la responsabilidad y la respuesta no
puede ser este presupuesto que nos traen ustedes hoy aquí, un presupuesto
congelado, donde lo que nos dicen que sube, sube en gastos de personal, por lo que le vuelvo a repetir, la mala gestión de la huelga. Esa es la situación.
Señor secretario de Estado, me gustaría de verdad una reflexión, una respuesta, porque me gustaría estar equivocado, y se lo digo de verdad, a mí me gustaría estar equivocado. Yo soy amante, por profesión, si quiere por obsesión, de la
justicia y disfruto con esta profesión. Pero es que la situación en la que nos encontramos actualmente no es para disfrutar.
Y todos somos responsables. Y nosotros, como Parlamento y como oposición, tenemos que espolearles a ustedes y tenemos que
decir cuándo hacen las cosas mal. Y en este presupuesto, sinceramente, no lo han hecho bien. A ver si en este período de enmiendas que queda, cambia. A mí me parece difícil cambiar, porque lo que falla es la filosofía general del presupuesto,
pero, bueno, yo creo que tendrían que hacer el esfuerzo.
En cualquier caso, muchísimas gracias, se lo repito, por su presencia hoy aquí, y encantado con las respuestas que nos va a dar.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor secretario de Estado de Justicia, don Julio Pérez, muchas gracias por esta comparecencia y por lo que esperamos que sea la mayor información posible dentro del tiempo que tenemos para la misma.
Adelantamos también, señor presidente, al igual que ha manifestado el Partido Popular, que renunciaremos a la solicitud de comparecencia de la señora subsecretaria.
De entrada, señor secretario de Estado, la primer pregunta que le vamos a formular desde nuestro grupo, para ir al grano, es que, si es posible, nos intente hacer un resumen de objetivos, prioridades, cifras globales, contenidos, acciones
más importantes del proyecto de presupuesto de la sección 13, de Justicia, que nos han presentado. Y permítame además hacerle una serie de reflexiones y preguntas, contestando también en el mismo tono amable al portavoz del Partido Popular, a
algunas de sus manifestaciones, que dicho sea con la misma suavidad y con el mismo buen tono, le tengo que decir que en esta ocasión, don Arturo, no ha tenido el rigor que usted suele tener, y yo creo que es que ha andado un poco mal de tiempo para
ojear en estos días el tocho arduo, espeso, un poco tortuoso de seguir, que es el presupuesto. Y se ha ido a algunas frases hechas que poco coinciden con la realidad de lo que aquí, como vamos a observar en los próximos minutos, vamos a tener
ocasión de poner sobre la mesa.
Parte de algún error, además, seguro que bienintencionado pero de bulto.
Por ejemplo, no es el 0,5 por ciento el peso que tiene el presupuesto de la sección 13 sobre el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado, sino que supera el 1
por ciento. Ya parte de un error del cien por cien.
Es verdad que hace años cuando se firmó el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia el objetivo era poner 250.000 millones de pesetas adicionales anuales, que eran 150, no 180 millones de
euros, para proceder a la modernización, esa asignatura que todavía tenemos pendiente, de la justicia. Y aquel pacto fue posible, entre otras cosas, porque el Partido Socialista estaba en la oposición y porque fuimos leales en el ámbito de la
justicia. Y es verdad que la tendencia apuntaba a que se pusiera ese dinero con tendencia a llegar al 2 por ciento del conjunto de los presupuestos, pero no es menos cierto que a lo largo de estos años se han ido produciendo una serie de
transferencias importantes de medios materiales y humanos a las comunidades autónomas. Y usted sabe, don Arturo, porque es una realidad y usted la conoce bien, que el principal gasto -y ya le contesto a algo que usted manifestaba- en la sección 13
y en el capítulo 112A de tribunales de Justicia y ministerio fiscal, y no puede ser de otra forma, es el gasto de personal, porque es para el pago de jueces, de fiscales, de secretarios, de funcionarios, de gastos corrientes, de gastos de
informatización, de modernización, absolutamente de todo; pero sobre todo, el gasto más importante, por supuesto, es gasto de personal.
¡Cómo no vamos a entender que no le guste mucho!, ha dicho, ha sido sincero; ¡cómo le va a gustar mucho! No lo puede reconocer, ¡cómo le va a gustar mucho este presupuesto! A nosotros tampoco nos gusta demasiado.
Nos parece razonablemente
positivo para un momento de dificultad económica que crezca un 9,9 por ciento. Cierto es que no es exacto, es el 9,87 por ciento, tiene usted razón en que no es exacto. Ahora le diré, porque es el 9,87 por ciento. No el 6,3 por ciento que se
presentó inicialmente. Y seguro que es escaso para atender las enormes necesidades que tiene la justicia en España, ¡cómo no! Pero, claro, mirando un poquitín de reojo a los datos objetivos, vemos que en un momento de dificultad crecemos el 9,9 por
ciento, porque pasamos de 1.473,71 millones de euros a 1.619,1, que supone 145,39 millones de euros de aumento en un año, en un año de dificultades. Se aproximan a los 150; no se aproximan del todo porque los 150 tendrían que haber sido
adicionales al presupuesto ordinario. Ahí tendría razón, a ver si conseguimos en el futuro poder ir en esa dirección. Pero son 145,39. Pero, punto de partida: 1.619,1, una vez que además hay cantidades que se han transferido este año, como ya
apuntaba, a la Comunidad Autónoma de Aragón, por importe de aproximadamente 49,3 millones de euros, que se restan de la base homogénea del presupuesto del año 2009. Pero es que en 2004 escasamente superábamos los 1.000 millones de euros. Si ahora
no se presta atención, que podríamos coincidir, si tenemos de verdad ánimo de diálogo y de acuerdo, en decir que no es suficiente, naturalmente, ahí podemos coincidir. Pero se ha hecho un esfuerzo tremendo en los últimos cuatro años y en este
quinto hasta elevar a cerca del 60 por ciento los presupuestos en términos homogéneos de la justicia, en función de como
lo dejaron ustedes en el año 2004, tomando cualquier parámetro (el de cifras totales, el de personal, el de, por qué no decirlo, jueces y fiscales y el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia). Mire, sólo en los
cuatro últimos años ha habido 1.090 nuevas plazas de jueces y fiscales, 465 de fiscales frente a las 231 de los cuatro años anteriores. Pocos datos voy a comparar, no se preocupe, don Arturo, pero globalmente alguno por encima. Tenemos 624 órganos
jurisdiccionales nuevos frente a los 291 anteriores, es decir, 1.090 frente a 512 de los cuatro años anteriores. Y este año van otras 100 plazas de jueces y 75 de fiscales. Y ahí van -le adelanto ya- las grandes cantidades de los aumentos de
consignación en gastos de personal, no sólo para pagar el resultado de los acuerdos derivados y los compromisos derivados de la huelga, que también -agradecería que no se hagan gestos desde fuera de la bancada, lo agradecería, y más porque no es
parlamentario-, pero sobre todo es para los gastos del aumento de plantilla de los años anteriores, la nueva consignación de los nuevos de este año, de funcionarios, de secretarios, de jueces y de fiscales, como seguro tendrá ocasión de explicarnos
el señor secretario de Estado.
Y sí es verdad, sí es verdad que la reforma de la justicia, como decía el presidente del Gobierno, dice nuestro programa y dice el sentido común, es una reforma y un objetivo crucial e inaplazable. Y para ello -y además sé que coincidimos
aunque no lo reconozcan públicamente, seguro que sí, que en algún momento también lo reconocerán públicamente-, estamos ante una doble vertiente. Una, la necesidad de aumento de dotación de gastos y de recursos personales y materiales. Pero yo me
atrevería a decir, además siendo sincero, que quizá no sea la parte más importante; quizá sea mucho más importante mejorar el método, el sistema de trabajo, la organización del trabajo, la oficina judicial, porque invertir mucho en algo que es
escasamente eficiente, hacer crecer en un método y en una dirección que no está dando los resultados adecuados, quizá no sea lo más eficaz desde el punto de vista de la optimización de los recursos, de los dineros públicos. Por lo tanto, sí es
verdad que quizá haya que aumentar aún más, cómo no, los recursos personales y materiales, pero sobre todo el método, la organización, la implantación de las nuevas tecnologías, la digitalización, los nuevos sistemas de la oficina judicial, los
procedimientos, las reformas procesales que conlleven a todo ello, etcétera.
Señor secretario de Estado, hay luego otra comparecencia, que no está solicitada por mi grupo, para la Secretaría General de Modernización, Secretaría General de Modernización que ha sido creada en esta nueva legislatura precisamente para
que en el mismo organigrama del ministerio se refleje esta prioridad, sí, ahora, prioridad cierta de la necesaria modernización de la justicia en España, Secretaría General de Modernización y de Relaciones con la Administración de Justicia, de la
que dependen dos direcciones generales, la de Relaciones con la Administración de Justicia, así denominada, y la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia. Aquí ya quisiera, señor secretario de Estado, que nos dijera qué
líneas básicas en este presupuesto, qué reflejo presupuestario tiene esta literatura programática que manifiesta don Arturo García-Tizón, que tienen los presupuestos de este año. Porque quisiéramos que más allá de la literatura, si es posible, en
aquello que pueda, nos ponga datos concretos de millones de euros que avalen las políticas y las consignaciones concretas, hasta donde usted pueda llegar. Y le rogaría de entrada que lo que se esté poniendo en tela de juicio, por el anterior
portavoz o por lo que yo pueda afirmar o preguntar, que no estuviera en condiciones de manifestar en este momento, nos lo contestara a posteriori.
En el aspecto de modernización, quisiera hacerle alguna pregunta más, pero antes de llegar a la modernización (porque hay, insisto, una comparecencia expresa y específica), quisiera que pusiera sobre la mesa, si puede ser, unas líneas
generales sobre el proceso de transferencia a las comunidades autónomas, que hemos mencionado que es una de las razones de minoración en términos homogéneos, pero nos preocupa también políticamente porque otro de los objetivos que viene en el
programa electoral de este Gobierno sería, en la medida de lo posible, concluir el proceso de transferencias a comunidades autónomas. Si no estoy equivocado, faltan aún seis comunidades autónomas por recibir estas transferencias. Y para optimizar
y mejorar el servicio público de justicia, a nuestro grupo le parececía deseable que se concluyera este proceso. Alguna línea maestra sobre la situación en estos términos políticos y el reflejo presupuestario de cómo están los traspasos a las
comunidades autónomas, y algún tema puntual: por ejemplo, a qué se destinan los 8 millones de euros que figuran en el capítulo 7 del programa 112.A para comunidades autónomas según acuerdos de traspasos, si pudiera manifestármelo. Así como, en el
propio programa 112.A, para traspasos a la Comunidad Autónoma de Madrid, en el capítulo 7, por qué figuran esos créditos, pregunto, si está en condiciones de manifestarlo, para la ciudad de la justicia en la Comunidad de Madrid.
Dentro del aspecto de modernización, que sería amplísimo, quisiera que, al menos, nos diera esas líneas generales y el reflejo presupuestario, a ser posible, sin extenderse mucho en la teoría y sí en si hay medidas concretas adoptadas a este
fin. En este sentido querría también, aparte de las líneas generales en el ámbito de la modernización, plantearle alguna pregunta concreta, si está en condiciones de poder contestar.
Modernización de registros: el Registro Civil en línea con el
objetivo del Gobierno de que el ciudadano no tenga que acudir al Registro Civil para pedir los certificados de nacimiento, de matrimonio, de defunción, ¿Está contemplado este objetivo en este presupuesto? ¿Es voluntad del Gobierno llevar a cabo el
cumplimiento de este objetivo?
Otras cuestiones, si puede aclararnos: ¿Este presupuesto recoge el compromiso que el Gobierno tiene,
porque esta Cámara así lo ha acordado, de crear un nuevo registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias pendientes? ¿Tiene reflejo presupuestario para cumplir este compromiso que le mandató la Cámara? ¿Podría explicarnos en qué
va a consistir la modernización de los registros de apoyo a la actividad judicial? ¿Podría informarnos de cuál es el actual estado de informatización -voy un poco más despacio- de los registros civiles, que tanto le preocupaba a don Arturo? ¿Nos
podría decir en qué situación presupuestaria se encuentra el Plan de nuevas tecnologías y su reflejo presupuestario en 2009? Estas serían algunas de las cuestiones generales más amplias. Permítame ahora dar un pequeño repaso a lo que son los
programas concretos, en breves minutos, señor presidente, para fijar algunos contenidos.
Dentro del ámbito, porque es muy general, para no retroceder después, en el mapa judicial, que ya hemos hablado de jueces y fiscales, ¿nos puede concretar si son así las afirmaciones que yo realizaba en cuanto a plantilla y a ampliar el
resto del personal, si es posible? En materia de violencia sobre la mujer, hablando del nuevo mapa judicial, ¿nos puede decir qué políticas se recogen y qué reflejo presupuestario tiene para la violencia, para la lucha contra la lacra de la
violencia de género en 2009? De 2005 a 2008 han sido, si no me equivoco, 92 los nuevos juzgados exclusivos de violencia contra la mujer: ¿qué situación presupuestaria se recoge para 2009? ¿Tiene previsto o existe la voluntad política por parte
del Gobierno de presentar una nueva Ley de Planta y Demarcación Territorial, que sería uno de los ejes imprescindibles y necesarios para la tan mencionada y reiterada modernización de la Administración de Justicia?
Permítame resumir y formular alguna valoración, y sobre todo preguntas sobre las consignaciones concretas. Siguiendo el orden aproximado, porque se ha confundido en algún programa, ha cambiado algún programa don Arturo -las prisas,
¿verdad?-, sí ha empezado por el 111.N, que es el primero.
Le diré que el incremento no es para el pago de la huelga; el incremento no es solo de 3,8 millones para el conjunto de las inversiones, eso es un pequeño error conceptual, porque si
todavía tomara la cuantía del 112.A, que supone el ochenta y tantos por ciento del total del presupuesto, pues sería una cifra relativamente homogénea, pero, ¡hombre!, coger el total de las inversiones de infraestructuras del programa 111.N lo tengo
que atribuir simplemente a un pequeño error, no malintencionado, pero 3,8...
¡Hombre!, yo estoy pensando en alguna inversión en Madrid de más del doble o el triple de esa cantidad, solo una inversión, que espero que nos cuente el secretario de
Estado. Luego no estamos hablando de esa cifra tan cicatera ni estamos hablando de decrecimiento en términos globales.
En cambio, sí le pregunto, señor secretario de Estado, a qué es debido que este programa, 111.N, dirección y servicios
generales, tenga un incremento del 14,33 por ciento; con aumento espectacular (espectacular dentro de la cuantía, porque no es, insisto, el de mayor cuantía), del 52 por ciento casi en inversiones. Me suena, pero quisiera que nos aclarara si se
trata de alguna inversión específica y concreta. También a qué se debe el aumento del gasto corriente, que llega al 20,4 por ciento frente a solo el 6 por ciento de incremento del gasto de personal y que evidentemente no se trata de la huelga; se
ve que son incrementos que nada tienen que ver con la huelga porque se refieren a gastos corrientes y se refieren a inversiones. Por lo tanto, esas valoraciones generales no se pueden aplicar, don Arturo, a todos los programas porque nada tienen
que ver. Sí es verdad que éste es el más importante cualitativa y cuantitativamente quizá, el 112-A, de tribunales de justicia y ministerio fiscal. Evidentemente hay una parte fundamental, lo decía antes, es lógico porque lleva el pago de los
gastos de personal, ¿cómo no? Y tiene un incremento del 10,14 por ciento. Sin embargo, como resulta que en gastos corrientes y de servicios este programa sube el 9,5 por ciento, también nos gustaría alguna ligera explicación. En inversiones
reales nos vamos a 76,24 millones de euros, que nada tienen que ver con 3,8; solo en esta partida hablamos de 76,24 millones de euros, que suponen un 5,48 por ciento del aumento de inversiones en relación al año anterior, y ya es otra de las
preguntas que le dejo formulada, señor secretario de Estado: ¿Nos puede decir globalmente la cuantía total de inversiones y las inversiones más representativas o más simbólicas que se recogen en estos Presupuestos Generales del Estado? No solo de
las inversiones decimonónicas que decía don Arturo, que son los edificios (decimonónicos pero necesarios, porque tiene que haber salas de vista, tienen que celebrarse los juicios); pero es verdad, y esa segunda pregunta, aunque casi se la he
formulado, se la reitero: Además de esas inversiones decimonónicas (expresión que le gusta mucho al presidente de esta Comisión, don Álvaro Cuesta), ¿qué inversiones en nuevas tecnologías, en informatización, en definitiva en modernización no solo
de edificios sino del resto de la Administración de Justicia y también de registros civiles, al menos las cifras más importantes, se recogen en este presupuesto?
Rápidamente: hace ahora un año aprobamos en esta Cámara una magnífica ley, aunque a alguno no le guste mucho, pero yo creo que es una buena ley en términos generales, que es el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Ahí se recogen
algunas obligaciones que debieran tener reflejo presupuestario. Le pregunto también por ese aspecto, si está en condiciones de decírnoslo. Y le adelanto: una vieja aspiración del fiscal general del Estado, de la fiscalía, es que se tendiera a que
en el futuro la fiscalía pudiera tener cierto grado de autonomía presupuestaria para organizar sus actividades. Si quiere y está en condiciones, ¿puede comentar algo al respecto?
En cuanto a los registros vinculados con la fe pública, tampoco son para gastos de pago de huelga, porque hay un incremento del treinta y seis y pico por ciento en gastos corrientes y de servicios. Quiero pensar que es precisamente para lo
que desea don Arturo, la actualización
de los registros civiles, pero si puede, señor secretario de Estado, hacer algún comentario al respecto, se lo agradecería.
El presupuesto del Centro de Estudios Jurídicos presenta un incremento importante del 21,43 por ciento, y aquí sí hay un incremento en gastos de personal de 29,2 por ciento, que yo entiendo que tampoco es para el pago de la huelga. Me
gustaría saber, si está en condiciones el señor secretario de Estado de decirlo, por qué existe ese incremento del capítulo 1, y sobre todo el más importante aún del capítulo 4, que tampoco es para pago de la huelga, de un 66 por ciento en
transferencias corrientes. Quisiera pensar, pero aclárenoslo usted si fuera así, que es para el pago de preparación de oposiciones a secretarios, a jueces, para becas a personas que carecen de recursos y que no podrían pagarse de su bolsillo la
preparación durante varios años para esto. Dígame si es todo o parte dedicado a esto, nos congratularía que así fuera, porque estamos hablando de un aumento del 66 por ciento y se trataría sobre todo de abrir brecha hacia un camino que ya se inició
hace un par de años; díganos si es así o es para el pago de la huelga.
En el capítulo 301, que no el 135, de Agencia de Protección de Datos, se aumentan los gastos de personal casi un 60 por ciento. Quisiera que nos dijera también para qué es, porque la totalidad del programa se eleva a más del 33 por ciento,
que nos explicara, resumidamente si puede, por qué el importante incremento de esta partida.
Puntualmente, aunque hoy se le ha olvidado al portavoz del Grupo Popular (creo que se le ha olvidado, y por eso le voy a echar una mano para que se lo cuente), la Fundación Pluralismo y Convivencia recoge una vez más una partida de 5
millones de euros. ¿Nos podría explicar a qué va destinada esta partida de 5 millones de euros?
Con las cuestiones que le he planteado ya hay batería suficiente para que, si lo tiene a bien, nos vaya contestando. Por mi parte, en este turno nada más.
El señor PRESIDENTE: No hay que confundir, de todas formas, la elocuencia con lo decimonónico. (Risas.) Llevan los portavoces de los dos grupos consumido el turno del secretario de Estado, y todavía, al cabo de una hora de Comisión no ha
intervenido el secretario de Estado. Lo hago notar simplemente para que en lo sucesivo se limiten a aparecer e intervenir, y no a comparecer ante esta Comisión; quien comparece en la tarde de hoy es el secretario de Estado. Con él les dejo.
Tiene la palabra don Julio Pérez.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Pérez Hernández): Señor presidente, señorías, mis primeras palabras iban a ser, como es obligado pero con toda sinceridad, de agradecimiento por el interés de los grupos que han solicitado nuestra
comparecencia para hablar del presupuesto, para hablar de dinero.
Antes, con permiso de la Comisión y del presidente, querría (porque no serán mis primeras palabras, serán las segundas), dar una satisfacción al señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que ha hecho una intervención que a mí me parece
admirable, quizá porque yo también tengo una deformación profesional: la satisfacción del señor García-Tizón responde a su deseo de estar equivocado. Ha dicho usted, con la convicción propia de los buenos abogados: me gustaría estar equivocado.
Lo está, lo está. Alégrese porque está equivocado. Y, si me lo permite, lo está de un modo clamoroso. Lo está en aquello que usted me invita a no discutir, que son los números, y me dice: no vamos a discutir de los números. Le ruego que me
permita discutir un poco de los números, un poquito de los números. Le digo que su intervención me parece admirable, porque yo también soy abogado como usted, y creo que nunca luce más la habilidad profesional del buen abogado con la tranquilidad y
la serenidad con la que usted ha expuesto los datos que cuando no tiene razón. Es cuando mejores somos, ¿no? Así que voy a hacerle una corrección pequeña sobre los números por situarnos; luego trataré, si me es posible, de contestar a sus muchas
preguntas y a las de su compañero. No sé si podré.
Les ruego que si no puedo, si alguna se me escapa, me la recuerden o me permitan hacer uso de la posibilidad de contestarla por escrito.
Efectivamente, nuestro presupuesto debe descontar la partida o las partidas que en ejercicios anteriores figuraban para gestionar el servicio de justicia en Aragón. Esto no es una trampa ni es un maquillaje; es que, si comparamos el
crecimiento, debemos comparar también las competencias o las responsabilidades. En el año 2008 se han traspasado las competencias en materia de Administración de Justicia a las comunidades autónomas de Cantabria y de Aragón, pero en la de Aragón
acordose en diciembre; me parece que el real decreto de traspaso se aprobó por el Consejo de Ministros en noviembre o en diciembre, de modo que el presupuesto del año 2008 aún incorporaba el gasto correspondiente a Aragón. Traspasada la
competencia a Aragón, se han transferido a Aragón casi 50 millones de euros, a satisfacción, por cierto, de todos los partidos políticos aragoneses, según tengo entendido. Por lo tanto, la comparación debe hacerse en términos homogéneos, y, señor
García-Tizón; son 1.619 millones, no otra cifra un poquito inferior que usted manifestaba que no sé de qué parte de los numerosos informes presupuestarios extraía, pero no son 1.580, como usted decía, sino 1.619 millones. A esa cantidad debe
añadirse la que corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que no me toca a mí explicar ni exponer. Esos 1.619 millones, comparados con los del ejercicio anterior, sin Aragón, que eran 1.474 casi, 1.473, muestran un incremento que
redondeamos, esta es una cosmética que seguro que usted me permite, en el 10 por ciento; en realidad es el 9,87 por ciento. Mi amigo el señor Villarrubia, también amigo suyo, lo redondea en el 9,9 por ciento y yo lo redondeo en el 10 por ciento.
No crea que es solo por hacer propaganda; es por que se
entienda que estamos creciendo prácticamente el 10 por ciento, en un momento de deterioro de la economía, de crisis, como usted dice, que yo también lo digo, y de contención presupuestaria. Le corrijo en este punto. Le corrijo porque me
importa hacerlo ahora. Luego, con permiso del presidente, trataré de dar una exposición general en la que pueda de alguna manera contestar al mismo tiempo a las numerosas preguntas que ustedes han tenido la amabilidad de formular. Le corrijo, con
su permiso, señor García-Tizón, sobre el importe total, y le corrijo sobre dos cosas que me llaman mucho la atención, sobre tres que usted manifiesta. En informática gastamos 63 millones, 65 millones de euros en total, 65; no 2 millones, como
usted decía, o 50.000, no sé qué cantidad, porque manifestó varias. El conjunto del gasto en informática es de 65 millones de euros, de los cuales 53 lo son en inversión nueva -imagine 53 millones en inversión nueva de informática- y 12 en lo que
podemos llamar, que no es la palabra adecuada, mantenimiento, en la técnica presupuestaria que ustedes conocen, que es capítulo 2, garantías, asistencias, consumibles; 65 millones.
A mí también me parecen decimonónicos los edificios. Por eso, en este ejercicio gastamos más en informática que en edificios. El conjunto de nuestro capítulo 6, inversiones reales, que crece un 6,6 por ciento, es de 110 millones de euros
en total; y de esos 110 millones de euros, 65, un poco menos, son para ordenadores y el resto en edificios. De modo que gastamos mucho en esa tecnología por la que usted se interesa, así como el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Pese a las discrepancias, señor García-Tizón, y pese a las coincidencias, señor Villarrubia, me gustaría afirmar mi agradecimiento, esta vez colectivo, no solo hacia ustedes sino hacia quienes representan, para el conjunto de los votantes,
por el interés demostrado por la justicia. Han repetido, se ha repetido aquí la afirmación, ha repetido usted las afirmaciones de nuestro ministro, que dice usted que no se cansa -ojalá, creo yo, siga así- de repetir sus propósitos; yo creo que es
bueno en política mantener la tenacidad, la constancia, no desfallecer ante las dificultades, no me parece que sea algo -no digo que usted lo haya hecho- que se le deba reprochar, yo me alegro de llevar, como dicen los guardias civiles, los ojos en
las espaldas del capitán y ver que no desfallece. El interés, aunque sea un interés crítico por la justicia, tiene en esta época una característica por la cual nosotros desde el ministerio nos congratulamos especialmente, que es la de ser un
interés crítico, un interés no resignado. Es verdad que la sociedad española ha visto a la justicia durante muchos años con interés pero sin mucha confianza en sus posibilidades de modificación. La justicia era acríticamente aceptada como si
debiera llevar de modo necesario una especie de maldición del arcaísmo, una maldición del pergamino hemos dicho alguna vez, que le impidiese convertirse en un servicio público a la altura de los restantes servicios públicos que presta un país.
Ahora hay interés, y es de agradecer, no por nosotros, sino por los ciudadanos; hay interés, como digo, y además hay dinero, que es de lo que venimos a hablar.
En nuestra opinión, el presupuesto es suficiente para mantener el impulso de modernización que se ha iniciado ya hace unos años. Por cierto, contesto ahora y sin perjuicio de hacerlo luego, como me ha pedido, por escrito, a la pregunta
inicial del señor García-Tizón acerca del grado de ejecución del presupuesto; como el alumno que espera que le pregunten por aquello que más se sabe, le diré quesomos los mejores, señor García-Tizón, nos gastamos todo; en el ranking de
departamentos ministeriales en cuanto al grado de ejecución del presupuesto estamos, por ahora, en el número uno de la pole position. Según mis notas, al día 30 de septiembre teníamos ejecutado, naturalmente, la mayor parte del presupuesto, tanto
con respecto a las obligaciones contraídas como a los créditos reconocidos. Preguntaba usted también por las incorporaciones hechas. Esta sí que se la tengo que contestar por escrito, porque no me lo sé. Espero que lo acepte. Respecto a las
incorporaciones hechas me parece que rondarán unos 40 millones de euros las que, al cabo del año, podrán incorporarse como créditos adicionales a nuestro presupuesto. Así que lo entregan ustedes, si aprueban los presupuestos, a una gente que se lo
gasta, y a nuestro juicio que se lo quiere gastar con eficacia. Sin embargo, a nosotros nos parece que lo más importante de los presupuestos que con la aprobación de SS.SS: regirán la acción política del Gobierno en materia de justicia, lo más
relevante para mantener el impulso de modernización no es tanto el valor bruto -.619 millones-, el incremento -10 por ciento-, sino precisamente esa reconfiguración, reestructuración para salir de lo decimonónico y poner en primer plano lo del siglo
XXI, que es la gestión informática, la comunicación electrónica.
Se sabe, como ha puesto de relieve el señor García-Tizón, que la mayor parte de nuestro presupuesto es un presupuesto dedicado a gastos de personal. A pesar de que solo gestionamos la cuarta parte aproximadamente en términos de población y
de unidades judiciales del país (el resto está, afortunadamente, traspasado a las comunidades autónomas, quedan seis, en efecto, por traspasar, con algunas de ellas tenemos en avanzado estado de negociación la elaboración del proyecto de traspaso),
pues a pesar de que lo que gestionamos, vamos a decirlo así, no llega a la cuarta parte del territorio de las unidades judiciales, a pesar de eso mantenemos un porcentaje del gasto que se acerca al 50 por ciento, porque la mayor parte del personal
-todos los jueces, todos los fiscales, todos los secretarios, y aún unos 10.000 funcionarios, junto a funcionarios de los órganos centrales, como el Instituto de Toxicología-, se paga por el Ministerio de Justicia. Si descontamos los gastos de
personal, que es la partida más importante de nuestro presupuesto, de los 340 millones de euros que no son personal, la mayor cuantía, insisto, es la partida dedicada a gastos de nuevas tecnologías, a gastos de informática
y electrónica; más, insisto, perdonen, que en edificios. Si esto le complace al Grupo Parlamentario Popular, a mí me parece especialmente satisfactorio no solo que lo sea, sino que le complazca.
Dicho esto sobre la importancia de la modernización tecnológica, yo querría hacer, y me parece que algunas de las preguntas del diputado del Grupo Parlamentario Socialista me lo permiten, una exposición general, aunque sea breve, pero
ordenada del conjunto del presupuesto, como usted me pedía; antes de contestar concretamente a las preguntas y a las observaciones de su señoría, si lo puedo hacer hoy. Lo primero es exponer los objetivos políticos a los que sirve el gasto, la
estrategia de esta reforma que nos hemos fijado como meta, y cuando digo nos hemos fijado no me refiero solo al Gobierno, sino al conjunto del país. El Gobierno, es verdad que por boca de su presidente y de su ministro se siente especialmente
responsable, como así debe ser, y repite que la reforma es crucial e inaplazable. El presupuesto permite mantener esos objetivos, que se resumen -lo diré de la manera más breve posible, para no consumir tiempo en exceso- en que sin renunciar a
mantener el crecimiento, el crecimiento cuantitativo, la planta judicial, se pase a la mejora de la gestión de lo existente, al aprovechamiento de lo que tenemos; crecer, seguir creciendo. El señor Villarrubia ha expuesto las cifras de crecimiento
de los últimos cuatro años: estamos en 4.811 jueces, nos acercaremos a los 5.000 jueces en este año, si se culmina nuestro propósito. Sin embargo, crecer sin mejorar, y lo diré con claridad, al menos desde nuestro punto de vista puede ser inútil a
partir de un cierto punto, porque reproduce un modelo que debe ser corregido. Creceremos, nos proponemos crear, de acuerdo con las previsiones presupuestarias -contesto alguna de las preguntas-, otras 150 plazas, pero queremos sobre todo cambiar la
manera, el modo, la organización, los sistemas de funcionamiento de la justicia española. Por eso gastamos en nuevas tecnologías, por eso gastamos en formación. El incremento del presupuesto del Centro de Estudios Jurídicos, señor Villarrubia, se
debe fundamentalmente al aumento del personal que pasa por el centro (hasta ahora pasaban solo jueces, fiscales y secretarios; ahora pasarán también los funcionarios de los otros cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, en número de
varios miles), y crece también efectivamente, como usted pregunta -supongo que pregunta porque de algún modo conoce la respuesta-, el número de becas, se incrementa la partida correspondiente a las becas y el número de becarios. Además, para
sostener el gasto en política para grupos sociales particularmente vulnerables -juzgados de violencia sobre la mujer, asistencia jurídica gratuita-, políticas que la sociedad demanda para que las pongamos en lugar prioritario. En otras palabras,
queremos, como han repetido ustedes citando las nuestras, que la justicia sea un servicio público ágil y transparente, de uso intensivo; no cesamos de recordar que son más de 8 millones ya los procedimientos judiciales que cada año se gestionan por
los tribunales y juzgados españoles, por los órganos judiciales españoles, y que usan intensivamente las nuevas tecnologías para su propio trabajo y para su relación con los usuarios de su servicio.
Queremos revisar la demarcación; el señor Villarrubia nos pregunta si es preciso rectificar la demarcación; el señor ministro lo ha expuesto aquí y en el Senado: la demarcación judicial española es sin ninguna duda, en términos
estrictamente descriptivos y sin ninguna otra connotación, decimonónica, y es posible que sea conveniente rectificar en algunos puntos la demarcación. Y queremos como pauta principal de nuestra política modernizar los sistemas de registro.
Las cifras globales del presupuesto, me gustaría señalarlas al menos en términos generales. Ya he dicho que son 1.619 millones de euros, no mil quinientos y pico, como el señor García-Tizón decía; y hace bien, en mi opinión, el señor
Villarrubia en recordar la unidad de medida de la historia reciente. Es posible que 1.600 millones sean poco, es posible que debiéramos tener más; siempre aspiramos a más, aunque 1.619 millones de euros son muchos millones de euros. En todo caso
el crecimiento durante la legislatura anterior, que ahora se consolida, ha estado en términos interanuales medios por encima de un 10 por ciento, lo cual, como S.S. decía, ha hecho que el gasto anual pasara del entorno de los 1.000 millones, como
ya tuve ocasión de decir el año pasado al comienzo de la legislatura anterior, novecientos y pico millones de euros para la política de Justicia, a 1.619 en este ejercicio. Aumentamos en bruto en 145 millones de euros, que sí supone más del uno por
ciento de los Presupuestos Generales del Estado, del gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado, no el 0,5 por ciento, sino el uno por ciento. Por cierto, señor García-Tizón, en todos los ejercicios anteriores se ha alcanzado o
superado el incremento anual, de los 180 millones que comprometía en la legislatura anterior el programa electoral del Partido Socialista.
Por capítulos presupuestarios, que es una manera de describir el presupuesto, aumentamos el de personal un 10 por ciento (luego me referiré a la huelga, con su permiso), los gastos corrientes en un 11 por ciento, las transferencias en un
13,2 por ciento y las inversiones reales en un 6,6 por ciento. Lo señalo porque son todos porcentajes significativos. Es posible que en esta misma sala hayan comparecido compañeros con responsabilidades similares a las mías cuyos porcentajes de
incremento en otros ministerios, en otros departamentos, al servicio de otros programas presupuestarios, no han sido de la misma magnitud que los nuestros. Crecer entre el 6,6 por ciento, como les digo, en inversiones reales y el 13,2 por ciento en
transferencias -algunas de ellas, por ejemplo, para el Centro de Estudios Jurídicos- es una satisfacción para el ministerio, al que, lejos de lo que dice el señor García-Tizón, no solo no es que no le hagan caso en el Ministerio de Hacienda sino que
han tenido una especial sensibilidad con el mantenimiento de nuestras políticas.
Por grandes grupos de actividad, porque la mecánica de los programas presupuestarios y de los centros de gastos no siempre es expresiva para el ciudadano, en términos estrictamente políticos, de la importancia de los gastos, a mí me
gustaría, y me parece que con esto doy respuesta a algunas de las preguntas (si no es así, les ruego que me lo hagan notar, para inmediatamente corregir), por grandes actividades me gustaría resaltar algunas de las partidas y algunos de los
incrementos. En nuevas tecnologías y servicios electrónicos, que engloba, como he dicho, señor Villarrubia, el Plan de nuevas tecnologías de la justicia, el Plan de modernización de los registros civiles, 21 millones. Señor García-Tizón, para la
informática de los registros civiles no son 50.000 euros, son 21 millones; 15 solo en el Plan Avanz@, y el resto en programas propios de esa dirección general. Entre 50.000 euros y 21 millones hay una cierta diferencia. Para el impulso a la
Administración electrónica, para la integración de los sistemas registrales y para nuevos registros, como por ejemplo el de medidas cautelares, o el nuevo sistema de registros de penados, medidas cautelares, sentencias no firmes, requisitorias y
órdenes de busca y captura, que va a ser un único registro interconectado y que tiene una dotación presupuestaria específica, para ese conjunto de actividades presupuestamos, si el Parlamento lo aprueba, 65 millones de euros frente a 58 del año
pasado, lo que significa un incremento del 12,20 por ciento.
En infraestructuras físicas -seguiremos, con permiso de ustedes, con la broma y diremos en infraestructuras decimonónicas-, gastaremos 63,5 millones de euros frente a 57,5; algunos en los servicios comunes, en ese programa del propio
ministerio de Dirección y Servicios Generales, y otro, otros muchos para edificios judiciales. Son 63,5 frente a 57,5 millones del ejercicio anterior, que significa un incremento del 10,42 por ciento. El siglo XIX sigue llevándose un porcentaje
importante de nuestra actividad. (Risas.)
Me parece que una de sus preguntas, señor Villarrubia, se refería a un gasto en el programa de servicios generales, que es el nuevo edificio de la calle de la Bolsa, contiguo a la Dirección General de los Registros, donde están instalados
los servicios del Registro Civil Central, que están en este momento congestionados y que desbordan el propio edificio.
Iniciamos este año la construcción, son casi 3 millones de euros, me parece, la partida para este año, y esperamos en dos
ejercicios culminar el edificio. También hay otros edificios judiciales que se inician en el conjunto de los territorios que administramos.
El nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal tiene una previsión en varias partidas de 5,7 millones de euros, frente a 3,06 del ejercicio presupuestario anterior. Significa esto un incremento del 86 por ciento, que es un incremento muy
grande, pero, claro, la partida es pequeña, pequeña en comparación con los 1.600 millones, en comparación; en fin, 5,7 millones de euros son casi 1.000 millones de las antiguas pesetas gastadas en el despliegue del ministerio fiscal. No es posible
aún, no sé si algún día lo será, señor Villarrubia, que el ministerio fiscal, aunque es verdad que es una aspiración del actual Fiscal General del Estado, disponga de autonomía presupuestaria. Me parece que eso no es posible en la configuración
actual de la legalidad presupuestaria y financiera de nuestro país. La tienen otros órganos, desde luego el Parlamento, como es natural; y también el Consejo General del Poder Judicial. En el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se le
atribuye personalidad jurídica propia, pero aún no es suficiente para generar un mecanismo de autonomía presupuestaria como en alguna ocasión ha demandado el titular de la Fiscalía General del Estado. Lo que sí hemos podido hacer es configurar un
mecanismo de gestión de los créditos del ministerio fiscal, de modo que la fiscalía participe de un modo más activo en la aplicación y en el gasto de ese presupuesto. Sin embargo, en el presupuesto conjunto de la fiscalía, que desborda con mucho
estos 5,7 millones de euros, estos son exclusivamente para lo que entraña el aumento de la estructura del ministerio fiscal como consecuencia del nuevo estatuto: los fiscales de área, los fiscales autonómicos, y las fiscalías especializadas, que
son, por cierto, una demanda del conjunto del país y de la Administración de Justicia.
Algunas otras políticas me gustaría resaltar, no solo porque han sido objeto de sus preguntas, sino porque, en mi opinión, dibujan ese panorama general del presupuesto por el que usted preguntaba. La violencia sobre la mujer tiene
presupuestada una cantidad de 42,5 millones de euros frente a 41,2 del ejercicio anterior; es un incremento del 3,08 por ciento. Se financian muchas actividades al servicio de esta política. Hay una pequeña cantidad -pequeña en comparación con
las otras- que queremos poner de relieve: la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos. Aumenta un 10,78 por ciento, es poco más de medio millón de euros, era un poco menos el año pasado, este año es un poco más, pero a mí me parece que
esto políticamente tiene mucho valor porque significa la consolidación de líneas políticas y de partidas presupuestarias que, una vez que se generan en el presupuesto, tienen, digámoslo así, vida propia.
Después podremos hablar de que su aumento es
un poco mayor o un poco menor, pero como esta partida ya figura consignada como una obligación del Estado, será difícil de eliminar, podemos decir, esta obligación. Por eso la resaltamos: pequeña cantidad -pequeña relativamente, ochenta y pico
millones de las antiguas pesetas, 532.000 euros- para la asistencia psicológica a las víctimas del delito. Una partida que nos causa verdadera ilusión, si SS.SS. me permiten usar aquí esta expresión, es la que también aparece con nombre propio en
nuestros presupuestos de este año, y cuyo gasto ya existía el año anterior: es el Centro de Atención al Ciudadano. El año pasado gastábamos 600.000 euros; hay un incremento, este año gastaremos 1.100.000 en un servicio de atención al ciudadano
telefónico y por Internet que de algún modo nos ayude también a salir del siglo XIX. El número de
becarios, me preguntaba el señor Villarrubia, del Centro de Estudios Jurídicos, aquí no le hablo de euros sino de personas, es de 271 frente a 234 del año anterior. Todos los cuerpos, porque antes los secretarios no se beneficiaban de esta
ayuda, ahora también participan de los programas, tal como se nos había demandado. El propio presupuesto del Centro de Estudios Jurídicos, como antes le dije, se aumenta en un 21,4 por ciento.
La Fundación Pluralismo y Convivencia, por la que se interesaba, se mantiene, en efecto, con esta asignación de 5 millones de euros, y preguntaba a qué se destina. Se destina básicamente a actividades de subvención a las confesiones
religiosas minoritarias. Es un programa destinado a la integración de las religiones minoritarias. En el pasado ejercicio se han podido atender 600 solicitudes. Nos causa esto mucha satisfacción, significa un desafío porque debemos seguirlo
manteniendo, con una media que no llega a los 6.000 euros, una media unitaria de atención a estas solicitudes, para las comunidades judía, evangélica, protestante y musulmana. Es una cantidad que sigue figurando en nuestro presupuesto. No tiene
ningún incremento porque este año no ha sido posible, pero son 5 millones de euros. Figura también la partida, igual que el año pasado, no ha sido consumida en su totalidad y por eso no se ha producido un incremento, de asistencia jurídica gratuita
por 31 millones de euros. Y también nos complace señalar, es una pequeña partida, el aumento de medios del Servicio Jurídico del Estado, de los abogados del Estado, que tan buen papel, tan buen servicio prestan, por cierto, incluso en esta Cámara,
y me parece que el señor García-Tizón pertenece a ese cuerpo. Para el aumento de los medios del Servicio Jurídico del Estado se presupuestan 2,10 millones de euros frente a 1,24 millones de euros del ejercicio anterior, casi un 70 por ciento de
aumento, entre los cuales también está un incremento del equipamiento del parque informático.
Algunas partidas me interesaría destacar, y así contesto algunas de las preguntas que ustedes han hecho, y alguna otra, si se me queda, trataré de contestarla luego. Ya me he referido al nuevo edificio que albergará el Registro Civil
Central, casi 3 millones, en la calle de la Bolsa.
Confiamos en que se mejore la atención a los usuarios del Registro Civil Central, que hoy no se presta en las condiciones que a nosotros nos gustaría, por insuficiencia, entre otras cosas, de los
espacios físicos dedicados a este servicio. El Registro de Medidas y su integración con los registros existentes tiene, efectivamente, una partida presupuestaria. En este ejercicio -no recuerdo en este momento quién de los solicitantes de nuestra
comparecencia preguntó por el desarrollo del programa Infored, que es un programa que permitirá la completa informatización de los registros civiles-, esperamos que en lo que se refiere a informatización esté culminado a finales de año; y en lo que
se refiere a digitalización, en cambio -digitalizar significa escanear y convertir en pantallas de ordenador la totalidad de los asientos de todos los registros civiles de España desde 1950- esto no lo podremos terminar a lo largo del año, pero lo
impulsaremos y ya está en un porcentaje superior al 30 por ciento en el conjunto del país. Para las comunidades autónomas, señor Villarrubia, hay un presupuesto de 17 millones de euros, en números redondos: 6,6 para la Comunidad Autónoma de
Cataluña, porque el traspaso de competencias a aquella comunidad se acordó con la particularidad de que el incremento de planta se financiaba parcialmente por la Administración General del Estado. Pregunta S.S. por la consignación para Madrid.
Está traspasado, pero sigue figurando una consignación. En el acuerdo de traspaso se convino que se financiaría conjuntamente una parte de la ciudad de la justicia y que el ministerio efectuaría unos pagos anuales. Por cierto, el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Madrid en el ejercicio pasado no culminó la tramitación de la documentación necesaria para percibir ese pago y no pudo recibir los 3 millones del año pasado. Este año sí ha sido posible, pero es una financiación plurianual que
tendremos que seguir pagando para contribuir a los gastos de la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Hay otra previsión presupuestaria de 8 millones de euros para continuar con el cumplimiento de los decretos de traspaso de algunas comunidades autónomas cuyo traspaso incorporaba el compromiso de adicionar, al que llamamos coste efectivo de
los servicios traspasados, cantidades complementarias pagaderas en plazos plurianuales. Son los casos de Asturias, Cantabria y Aragón. Ha preguntado usted por algo, a nuestro juicio muy importante, que es la culminación del proceso de
transferencia. Para nosotros es políticamente esencial que ese proceso avance, porque, por las razones que luego expondré muy brevemente si tengo tiempo, no es posible ser al mismo tiempo un ministerio y una consejería. Seguimos gestionando las
políticas estructurales al servicio del conjunto de la Administración de Justicia, seguimos gestionando una parte del territorio nacional. Y es evidente que lo gestionan mejor las comunidades autónomas cuando reciben el traspaso, aunque algunas de
ellas -permítanme esta pequeña maldad propia de este escenario-, como la de Madrid, se olvide a veces de sacar los papeles para recibir los dineros que debemos pagar. En general, pese a algunas deficiencias, las comunidades autónomas han producido
una mejora en el servicio de Administración de Justicia tan notable que liberan energías que el ministerio debería aplicar a las políticas estructurales, a las políticas de conjunto, a las políticas de armonización, que es una de las demandas más
importantes que hoy tiene la Administración de Justicia.
El señor García-Tizón preguntaba por la huelga y atribuía a la huelga la totalidad del incremento de personal. Pues, no señor. Como dije, los gastos de personal aumentan en conjunto en 115,5 millones de euros, y la huelga es poco más de
20. Por cierto, conviene recordar, señor García-Tizón, que aquella huelga cuya gestión ha calificado (y me parece muy lícito que lo haga) produce
sus efectos ahora y no entonces, porque una de las dificultades que el ministerio tenía para gestionar las demandas de los trabajadores al servicio de la Administración de Justicia era la insuficiencia del presupuesto del año pasado. Por
eso se nota ahora un poquito la huelga.
También se notan las mejoras de las retribuciones de jueces y fiscales, que perciben pagas extraordinarias de mayor importe, vieja aspiración de la carrera. También se nota la creación de 50 plazas nuevas de
secretarios judiciales, que están financiadas con el capítulo 1. También se nota la nueva financiación del Instituto Nacional de Toxicología -me parece que es 2,7-; la nueva RPT del Instituto de Toxicología, en donde había interinos que llevaban
varios lustros -no llegaban al siglo XIX pero casi a la posguerra- y después de un laborioso y complejo proceso de convocatoria de oposiciones, se ha formulado una nueva relación de puestos de trabajo que necesita financiación. El Instituto
Nacional de Toxicología, que ha hecho recientemente un trabajo tan brillante en la identificación de víctimas del reciente accidente aéreo, lo cual significa presupuestariamente 2,7 millones de euros. Este aumento del capítulo 1 integra el
incremento de la partida de lo que llamamos refuerzos o sustituciones, es decir, la financiación de puntas de trabajo en órganos judiciales, en donde no está aconsejada la creación con carácter estable de un órgano judicial, pero en donde es
conveniente que se acuerde una medida complementaria que facilite un mejor funcionamiento de ese órgano circunstancialmente congestionado.
No sé si he contestado a la totalidad de las preguntas que me han ido formulando. Preguntaba el señor Villarrubia por la Agencia Española de Protección de Datos, que, por cierto, prácticamente se autofinancia porque una parte de su
presupuesto procede del resultado de su actividad.
Hay un nuevo reglamento de protección de datos que genera la necesidad de una mayor actividad inspectora, de una actividad inspectora más rápida porque se ha establecido un plazo de caducidad de
las sanciones mucho más corto; la agencia tiene que trabajar más, tiene que trabajar mejor, tiene que trabajar más deprisa, y se ha producido un aumento de su financiación. También para financiar un plan de extensión de la comunicación
electrónica. Hay informática y ordenadores, hay Internet en la Agencia Española de Protección de Datos.
Sí nos importa la justicia. Dice el señor García-Tizón que no nos importa la justicia. Cree que repetimos las palabras y que el aumento es insuficiente. Yo no lo creo así; los datos no lo demuestran así, los aumentos no lo demuestran
así. Podemos hacer una comparación -el señor Villarrubia lo ha intentado y lo ha hecho- con lo que se hizo en la legislatura anterior cuando gobernaba otro partido. Entonces estábamos en un gasto anual del orden de 1.000 millones para muchas más
comunidades autónomas, para una parte mucho más importante del territorio (no se habían efectuado los traspasos de competencias que se han producido en la legislatura anterior), para una planta judicial inferior. El señor Villarrubia, o alguno de
los intervinientes ha hablado de 1.090 plazas, pero son 1.100 las plazas que se han creado en la nueva legislatura, porque son 1.090 más aquellos diez juzgados suplementarios para localidades especialmente congestionadas en materia de desahucios. Y
porque nos importa la justicia se nos ha encomendado la gestión de un presupuesto tan importante.
Concluyo como empecé. Señor presidente, señoría, no quisiéramos insistir en la mejora cuantitativa. Este discurso, en nuestra opinión, ya es insuficiente: más juzgados, más fiscales, más secretarios, siguen siendo necesarios, pero ya no
es lo primordial. No estamos en la penuria o en la congestión o de congestión generalizada. La congestión, la penuria es en este momento selectiva, se concentra en algunas jurisdicciones, en algunos territorios, y con el incremento de la planta y
de los medios debemos esforzarnos a partir de ahora en la mejora cualitativa. Hacer una justicia, como ustedes han dicho -son también palabras nuestras- ágil y transparente. Nosotros solemos repetir dos adjetivos: una justicia visible (que no
parezca lejana, distante), y una justicia inteligible, porque con frecuencia, aunque solo sea a través de las patologías se producen actuaciones o funcionamientos que no resultan explicables y que el ciudadano medio no entiende. Para esta mejora
cualitativa el Ministerio de Justicia, con decisión aunque también, por qué no decirlo, con modestia y con humildad, cree que se requiere el ejercicio (y se propone llevarlo a cabo) de políticas y de funciones que llamamos estructurales, políticas
de conjunción, de coordinación, o como le gusta de decir a uno de mis colaboradores aquí presente, el nuevo secretario general de Modernización, de colegiación de la actividad de la Administración de Justicia. Se requiere la armonía del sistema,
que no ha tendido a la armonía en los últimos años. Y no ha tendido hacia la armonía probablemente por su propia arquitectura institucional, por la conjunción de protagonistas que intervienen en la justicia: los jueces y tribunales, titulares de
un poder del Estado independiente; el Consejo General del Poder Judicial, que los gobierna; y luego, las administraciones gestoras de los medios. Este conjunto, esta arquitectura, esta complejidad, esta multiplicidad no ha llevado a la armonía, y
ahora se demanda la armonía. No es posible que subsistan sistemas informáticos que no se pueden conectar entre sí, pero si existen, existen como consecuencia del traspaso y de la atribución de competencias a comunidades autónomas que han entendido
que debían desarrollar sistemas informáticos propios, hasta descubrir que ahora lo que procede, lo que toca y lo que queremos hacer es, si se nos permite -uso una expresión que no quisiera que pareciera petulante, arrogante o dominadora-, ejercer un
cierto liderazgo del conjunto del sistema. Y al servicio del liderazgo y del impulso de modernidad están estos presupuestos que sometemos a la consideración del Parlamento, que hemos tratado de explicarles y cuya aprobación esperamos ilusionados.
El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir ya un muy breve turno de preguntas y de fijación de posiciones. No olviden que lo decimonónico de la justicia es la lentitud, y debemos imprimir celeridad a esta Comisión de Justicia.
Tiene la palabra el señor García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Señor secretario de Estado, me encantaría de verdad estar equivocado; no sabe usted bien lo que a mí me gustaría que mi reflexión y mis palabras estuviesen equivocadas o que tuviesen falta de rigor porque eso
significaría que las he interpretado mal. Señor secretario de Estado, según la propia memoria del presupuesto, cuando manifiesto que estamos en el 0,5 por ciento de los gastos generales del Estado, desgraciadamente, no me estoy equivocando.
Estamos en el 0,5 por ciento porque estamos dentro del área de los servicios públicos básicos del Estado, cuyo peso específico en el total es el 6,6 por ciento y afecta a justicia, seguridad ciudadana, instituciones penitenciarias, defensa y
política exterior. En ese 6,6 por ciento, nosotros representamos el 0,5 por ciento. Son palabras de las memorias de los Presupuestos Generales del Estado. ¡Ya me gustaría a mí que fuese el 1 ó el 2 por ciento! Ya me gustaría estar, no equivocado,
equivocadísimo; sería feliz. En cuanto a los números que presentan, le voy a decir lo mismo: no los veo; lo siento mucho, pero no los veo. Lo que veo es que el programa 112-A, el célebre programa estrella de ustedes representa el 96 por ciento
de este presupuesto y el 83 por ciento va a gastos de personal; inversión real, prácticamente ninguna. Me habla de los planes tecnológicos, del plan de modernización, etcétera, leo los cuadros comparativos y veo que sobre un coste total de 358 ó
314 millones, en el año 2008 le dedicaron 22.500.000 euros; y en el presupuesto 2009, otros 22.500.000 euros, es decir, la misma cantidad. Eso sí, la proyección para los años futuros es: 60 millones en 2010; casi 70, en 2011 y 80 millones en
2012. Pero lo cierto es que son las mismas cifras para los planes de modernización tecnológica. ¿De dónde sacan ustedes las cifras? Como no sea de la proyección hacia el futuro o de lo que piensan hacer, no lo entiendo. Igual en el ministerio
fiscal. En el ministerio fiscal, el coste del plan de modernización e informatización, el coste total del programa es de 27,5 millones de euros; este año es de 2 millones; el año pasado igual, 2 millones. Eso sí, el año 2010, es de 6 millones;
el año 2011, 7 millones y el año 2012, 8 millones. Creo que me están contando lo que son las proyecciones, porque esas cifras suyas no aparecen por ningún sitio.
Nos hablan de edificios. Pues bien, el programa tiene un superproyecto de 58 millones (el coste total, 700 millones); el año 2008, 58 millones; en 2009, 57 millones. Hablan de 29 edificios nuevos y 19 ó 15 de remodelación. A esta
partida el año pasado le dedicaron 30 millones y este año, 31. Esto es lo que aparece en los números. Los únicos que encuentro (posiblemente puedo estar equivocado) como nuevos son: Talavera de la Reina, Toledo nuevo; en Castilla-La Mancha,
Plasencia y Almendralejo. Son los cuatro nuevos; los otros, sinceramente, o se los ha comido la impresora o se los ha comido el Ministerio de Hacienda, pero aquí no aparecen esos informes. Seguramente estarán y yo no los he visto, en cuyo caso,
disculpe, señor secretario de Estado, por no haber visto los edificios en el ejemplar que estoy manejando.
En cuanto a la inversión en Madrid, la transferencia de capital que se hace a la Comunidad Autónoma de Madrid, habla de la ciudad de la justicia. Corríjame si me equivoco. Ese aumento de transferencia que aparece a Cataluña y a Madrid
obedece a que en los acuerdos de transferencia con Cataluña el Estado se comprometió con el 20 por ciento a satisfacer las necesidades de los nuevos juzgados; y en Madrid porque el antiguo edificio del Tribunal Superior de Justicia, que tenía que
entrar en la transferencia, decidió el Estado que se quedaba con él, y lo que están haciendo son los pagos de ese edificio. Sencillamente, son los pagos a que se comprometieron por haberse reservado la propiedad del Tribunal Superior de Justicia,
sito en la calle General Castaños. No es el tema de la ciudad de la justicia; es simplemente que en las transferencias que se hicieron, que tenía que ir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la calle General Castaños, el Gobierno decidió,
en su legítimo derecho, quedárselo y lo que están haciendo es pagarlo.
Parece que son las compensaciones que deben hacerse de un lado y de otro.
Señor secretario de Estado, este presupuesto que presentan, que supone un incremento indudablemente, va a esos gastos de personal, pero no a lo que necesitamos, y ahora haré una pequeñísima reflexión al efecto. Dice S.S.
que en la
legislatura del Partido Popular -ya sabía que iba a salir este tema, es algo recurrente- se gastaban 1.000 millones; ahora nosotros gastamos 1.600 millones. ¿Sabe usted cuánto ha aumentado la litigiosidad en estos años? En más de un 30 por
ciento. Es decir, había 6 millones de asuntos en el tiempo que gobernaba el Partido Popular y hay 8 millones de asuntos en el tiempo que gobierna el Partido Socialista. Por esta razón, tendrían que haberlo multiplicado en las proporciones
correspondientes, pero solamente han multiplicado 600 millones. Con 1.000 millones el Partido Popular atendía a 6 millones de asuntos y ustedes, con 1.600, atienden a 8 millones. Creo que la regla de tres, aunque no es lo mío, le puede dar una
idea bastante clara de lo que quiero expresar.
Nosotros queremos indudablemente, igual que ustedes, una mejora de la justicia. Hacen falta más efectivos, y nos dice las plazas que han creado. Pero han creado menos plazas que lo que supone la mayor litigiosidad. Es que no van al ritmo
de la litigiosidad. Hablan de que quieren profesionales, y sin embargo estamos entre un 20 y un 30 por ciento de sustitutos; unos años el 20 otros años el 30 por ciento. No se ve esa dotación con efectivos profesionales; sinceramente, no los
vemos.
La oficina judicial brilla por su ausencia. Las inversiones brillan
por su ausencia. ¿Cómo vamos a hacer las oficinas judiciales, cómo vamos a hacer efectivos esos programas tan maravillosos si no los vemos por ningún sitio? Lo que sí veo es el coste -se lo digo y se lo repito- de una huelga. Que sucedió
así, de acuerdo, pero podía haberse hecho un esfuerzo mayor.
El final es el distinto concepto filosófico que tenemos quizá de este presupuesto. En una situación como en la que vivimos -y ahora sí que no hay ironía alguna en mis palabras- la justicia es uno de los instrumentos más eficaces para luchar
contra la crisis económica, dando rapidez, dando seguridad, dando certeza, haciendo posible que las controversias puedan encontrar un cauce lógico, rápido y efectivo de satisfacción de las distintas pretensiones. Desde nuestro punto de vista,
habría que hacer un esfuerzo especial mucho mayor de lo que se ha hecho (sinceramente creo que no se ha hecho el que se debía), como en su día se hizo con la Agencia Tributaria. Y esto lo tendría que hacer cualquier Gobierno, fuese del Partido
Popular o fuese del Partido Socialista. Es una crisis en la que nos encontramos, posiblemente como no la hemos conocido nunca. Y en estas situaciones la justicia es una pieza esencial, como otras medidas que se están adoptando. De ahí, mi queja,
mi sensación de pérdida de oportunidad de un momento y mi llamamiento también al Partido Socialista, a ver si logramos unos mejores presupuestos de justicia. ¿Que a usted le parecen correctos? No debía ser de otra manera, al fin y al cabo es uno
de los responsables, pero usted sabe como yo que son muy mejorables y que en un momento como el actual los necesitamos más que nunca. Esos miles de asuntos atascados en los juzgados, esa sensación de insatisfacción que tiene la sociedad no nos va a
perdonar a nadie si no le damos una respuesta eficaz, pronta, ágil y adecuada a las circunstancias. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros, dentro de nuestra misión como oposición, lo vamos a intentar y lo seguiremos intentando, espoleando al
Gobierno, llamando la atención del Gobierno, pidiendo más al Gobierno, seguramente el Partido Socialista soportando cada día con mayor dureza al propio Gobierno, pero en definitiva se trata de, en esta materia, en la justicia, encontrar una solución
que nos está demandando la sociedad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Quiero manifestarle que la indicación del presidente es casi una orden para este modesto portavoz, sobre todo cuando esta es sabia. Por lo tanto, menos de dos minutos va a durar mi intervención.
Dos indicaciones. Primero, quiero agradecerle al señor secretario de Estado la amplia información; algún tema puntual ha quedado sin contestar, pero no de especial relevancia y los datos han sido contundentes. Brevemente, don Arturo, con
amabilidad absoluta, como usted se merece. Se equivoca otra vez; no es falta de rigor porque a usted le sobra por los cuatro costados, pero esto de las reglas de tres de las matemáticas y de los números, creo que no es lo suyo. En el año 2004
había 6 millones de asuntos y se aplicaban 1.000 millones. Y dice usted: Fíjese, una simple regla de tres, ahora hay 8 millones, y aplicamos 1.600 millones, ¡dónde vamos a parar! Pues claro, de un 25 a un 60 por ciento es el diferencial.
Piénselo, piénselo un poquito. No sería tan simple el cálculo si hablamos con rigor, porque hay un incremento de otro tipo de situaciones. Lo cierto es que en términos homogéneos hay un esfuerzo muy superior hoy al del año 2004, pese a que es
manifiestamente insuficiente.
Esto es, en mi modesta opinión, lo que ocurre.
Otro dato. No somos de ciencias y pese a ser de letras, el libro amarillo que es el común, en su página 182 recoge todos los presupuestos y la aportación, o sea, el peso específico en tanto por ciento sobre el total.
La décima línea,
Ministerio de Justicia, 1.618,32 (1 por ciento). Aparte de que no sean los términos homogéneos, que sería más, para su tranquilidad, satisfacción y alegría, maneje el libro común que utilizamos casi todos los profanos, y en la página 182, a la que
primero acudimos, está ese porcentaje del 1 por ciento. Se lo digo en tono amable y con el aprecio que usted sabe que le tengo.
Solo me resta agradecer nuevamente al señor secretario la amable y amplia información de los presupuestos de este año, que van en la línea que hemos apuntado y que el secretario de Estado ha señalado.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición, en una intervención de preguntas o matizaciones muy breves, resto de grupos. Observo que el Grupo de Convergència i Unió solicita la palabra. El señor Jané tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), queríamos agradecer en esta nueva legislatura la presencia hoy aquí del secretario de Estado de Justicia don Julio Pérez, en
un nuevo mandato renovado ante el reto de entre todos mejorar la justicia. Y en ese reto, señor secretario de Estado, todo esfuerzo es poco. Hoy hemos estado debatiendo cifras.
Convergència i Unió le traslada que, más allá del debate puntual de
las cifras en el que todo esfuerzo presupuestario va a ser poco, necesitamos dar a este presupuesto en materia de justicia el alma que está detrás de los números, que es que mejore globalmente la Administración de Justicia como servicio público que
también es. En ese intento de mejora del funcionamiento global de la Administración de Justicia, le adelanto que va a encontrar a Convergència i Unió como un aliado fiel. Queremos que mejore y queremos implicarnos a fondo en ese proceso de mejora,
en el cual el presupuesto es necesario pero no es la única pieza necesaria; ese cambio estructural que debemos acometer en esta legislatura y que debe reflejarse
en los presupuestos, sí, pero también en un cambio global en la estructura y en el funcionamiento.
En este turno de fijación de posiciones quiero hacer una reflexión. En el presupuesto se contempla esa finalidad de dar cumplimiento a la carta de derechos ciudadanos en el ámbito de la Administración de Justicia, que se aprobó por
proposición no de ley el 16 de abril del año 2002. Eso va a ser especialmente importante en este momento de crisis económica, en el que tantos ciudadanos van a verse obligados a acudir a los tribunales; y garantizarles bien el cumplimiento de sus
derechos ante la Administración de Justicia es importante. Y de ahí el énfasis que queremos poner en ese cumplimiento de la carta de derechos.
Nos alegra que haya manifestado (fue una propuesta de Convergència i Unió) que el registro de pederastas tendrá reflejo en los presupuestos porque es necesario que lo tenga. Nos gustaría también, señor secretario de Estado, que estos
presupuestos reflejaran esa reforma de la oficina judicial. Ustedes han ido muy deprisa en presentar un anteproyecto que está en el propio Consejo General del Poder Judicial; han ido muy deprisa en presentar el anteproyecto de reforma de las leyes
procesales para hacer posible esa nueva oficina judicial, que debe acompañar a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué le pedimos? Que ese esfuerzo presupuestario que debe reflejarse en la nueva oficina judicial se refleje también
en esa nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que dé cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía o en el de Cataluña, en el que hay una reforma orgánica pendiente que debería acompañar, y no puede esperar más, a esa reforma
de la oficina judicial. Convergència i Unió estima que esto debería tener un reflejo en los presupuestos. Nos imaginamos que en la letra pequeña habrá en estos presupuestos dotaciones de nuevos juzgados que están en el programa.
Convergència i
Unió le pide ese juzgado de Violencia sobre la Mujer de Reus que está ya prácticamente acordado, pero que debe tener su reflejo en los presupuestos.
Más allá de las cifras, cuente, señor secretario de Estado, con esa voluntad decidida de Convergència i Unió de arrimar el hombro en todo lo que deba ser esta legislatura de reforma global de la Administración de Justicia. Esperemos que en
ella podamos contar con amplio consenso en esta Cámara. Es básico, es importante y le deseamos suerte también en esta tarea.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Pérez Hernández): Señoría, no sé si me permite contestar en orden distinto porque me gustaría responder, en primer lugar, a la intervención del señor Jané. La técnica parlamentaria es la materia
propia de ustedes; la nuestra es gastar estos dineros si aprueban el presupuesto.
Ha recordado el señor Jané algunas cosas que quizá yo hubiera debido decir. Es cierto que el traslado al derecho positivo de las aspiraciones contenidas en la carta de derechos de los ciudadanos debe ser un objetivo prioritario. Bien sabe
S.S. que no se trata de un instrumento trasladable mecánicamente. Algunos de los objetivos de la carta ya se han incorporado a normas jurídicas con rango de tales, han tenido su reflejo en el boletín oficial y en las páginas de la gaceta están ya
algunos de esos derechos, pero no todos. Y en la medida en que aquello fue un impulso unánime, de modernización, nuestro programa electoral, de Gobierno, y las comparecencias del ministro en esta Cámara y en el Senado han recordado que la
traslación al boletín oficial, al derecho positivo de todos los derechos de esa carta debe ser un objetivo prioritario. Le agradezco mucho que usted lo haya recordado, porque hubiera debido decirlo yo. Del mismo modo -creo que lo ha dicho o ha
insinuado-, el plan de transparencia judicial, el mecanismo, está ya en el boletín oficial desde hace tiempo y es una lista de indicadores necesarios para elaborar las políticas de justicia con rigor y con conocimiento de la realidad, porque
manejamos números (de litigiosidad, dependencia), usamos palabras (congestión, colapso, catástrofe), y a veces ni los números son exactos ni las palabras son las más adecuadas para describir la situación.
Le agradezco mucho su ofrecimiento de alianza, su condición de aliado fiel; en la medida en que sea precisa, la reclamaremos. Y no estoy seguro de que hayamos ido demasiado deprisa en la preparación de ese proyecto, anteproyecto por ahora,
de reforma de las leyes procesales, que está pendiente de informe del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades autónomas, que aprobó el Gobierno en forma de anteproyecto o de preanteproyecto en el mes de julio, y los cambios en el
Consejo General del Poder Judicial han influido en el retraso de su tramitación.
Nos hace mucha ilusión (de nuevo quiero usar esta palabra) el impulso de ese proyecto. Es verdad que después de ese proyecto, o al mismo tiempo (no quiero decir más
adelante, no quiero que vea en esto una remisión ad kalendas graecas), nos parecía muy importante empezar por cambiar lo cotidiano, lo de todos los días. Habrá que hablar de los consejos autonómicos porque los prevén leyes orgánicas vigentes, y así
lo ha dicho el ministro aquí y en el Senado; habrá que determinar cuál es su composición. En lo que tenga de reproche discuto o combato, con todo respeto, señor Jané, la palabra deprisa, pero nos parecía más importante generalizar el sistema de
grabación obligatoria de todas las actuaciones judiciales de España. En este momento, como usted sabe, la ley solo lo impone en materia civil. Nos parece muy importante -se destinan a ello 3 millones en una memoria económica de esa ley-
digitalizar todas las salas de grabación. Es verdad que hemos ido muy deprisa, nada más llegar al Gobierno separamos los aspectos procesales de las reformas que se habían planteado conjuntamente en la legislatura anterior, para discutir (si podemos
decirlo así) enseguida aquello que
se refiere al funcionamiento ordinario, cotidiano de los juzgados, a estas deficiencias que necesitamos resolver, sin perjuicio de abordar esas y otras reformas orgánicas o de otro tipo, la generalización de la segunda instancia penal, por
ejemplo, u otras materias que están también pendientes y que hemos de abordar. Probablemente con menos consecuencia presupuestaria, no la segunda instancia penal, pero sí algunas otras. Le agradezco que haya recordado estos compromisos que yo hago
míos, y le agradezco también su ofrecimiento.
Agradezco la respuesta del señor Villarrubia. Si alguna información no ha sido contestada, con mucho gusto le ruego que me lo recuerde para remitírsela por escrito. Y agradezco asimismo la intervención del señor García-Tizón. No he visto
ironía. Como digo, he visto la esgrima propia de los estrados, sean forenses o judiciales. En algún momento la utilización que S.S. hace de las palabras quizá sea un poco más áspera de lo que las propias palabras envuelven. No es que decidiera
el Gobierno del Estado imponerle a Cataluña o a Madrid un determinado sistema, es que se acordó en la Comisión bilateral de transferencias. Y ese sistema de financiación se convino así sin ninguna repugnancia, ni por el Estado ni por las
comunidades autónomas. He hecho una pequeña maldad al poner de relieve que la Comunidad Autónoma de Madrid, que usted sabe que no gestionamos nosotros, el año pasado se quedó sin 3 millones de euros.
Pero no hay por nuestra parte ninguna
repugnancia o incomodidad en el hecho de que esa financiación específica de Madrid o de Barcelona esté en vigor. No sé si esto lo oirán los responsables de la Secretaría de Estado de Hacienda, pero ese sistema de financiación complementaria, y por
una sola vez, lo hemos casi generalizado, palabra peligrosa porque nos quedan algunas transferencias que discutir, y yo no sé si en todas ellas estaremos en condiciones de acordar financiación complementaria, la del coste efectivo. Se acordó con
Madrid, estupendamente; se acordó con Barcelona, estupendamente también. Se ha acordado con Asturias, con Cantabria y con Aragón en términos más recientes. Nos parece que es un sistema perfecto. No porque el Estado, como dice usted, se quedara
-y me imagino así al ministro de Justicia- plantado en la puerta de la calle General Castaños, en la sede del Tribunal Superior de Justicia. De ninguna manera, no es así. Se acordó que se quedaría con él porque ese inmueble era del Estado y no le
sería en el futuro preciso a la Comunidad Autónoma de Madrid. Lo que quería poner de relieve, porque lo dice el presupuesto y lo preguntó el señor Villarrubia, es que hay 17 millones de financiación para las comunidades autónomas. Comunidades
autónomas, señor García-Tizón, que en el año 2000 al que nos referíamos su financiación era de un poquito menos de 1.000 (yo redondeo también al alza los presupuestos del Partido Popular y digo 1.000, pero eran 900 y pico; para entendernos hablamos
de 1.000 ó 1.500, 1.000 ó 1.600) y en aquella época la litigiosidad era mayor -S.S. compara la de entonces con la de ahora-, el ministerio gestionaba mucho más; nosotros gestionamos ahora aproximadamente el 20 por ciento de la litigiosidad. No
son magnitudes comparables. Precisamente por tratarse de una arquitectura compleja y de una multiplicidad de asuntos y de jurisdicciones, en materia de justicia las generalizaciones hacen mucho daño, sobre todo a los ciudadanos que perciben las
patologías, las estridencias, lo que es excepcional, porque hay 8 millones de asuntos y por tanto 8 millones de decisiones (sentencias definitivas, autos), la mayor parte de las cuales no producen ninguna patología. Los retrasos no son iguales: no
tienen el mismo retraso las salas del Supremo, en donde hemos gastado, y hay financiación aquí para ello, 6 millones de euros para recuperar un atraso de años, que los juzgados de lo Social o los juzgados de lo Penal, que tienen un atraso de algunos
meses, o que algunos de ellos gestionan con parámetros de normalidad de acuerdo con los módulos del Consejo.
Propongámonos, como usted sugiere, como ha sugerido el señor Jané y como hemos sugerido todos, la mejora de la justicia no en lo cuantitativo. Yo resalto lo cuantitativo, señor García-Tizón, señor Villarrubia, señor Jané, señorías, porque
no hubiese sido nada raro llegar esta tarde aquí con un incremento del 2, del 3 o del 4 por ciento, y decir: No están los tiempos para subir. Pero es que subimos un 10 por ciento. A partir del 10 por ciento podemos hablar de la mejora
cualitativa. También hablaríamos del cambio cultural, del cambio de los hábitos, de la necesidad de habituarse al uso de los ordenadores, a comunicarse por correo electrónico (en muchos casos ya están instalados los equipos y no son utilizados con
la intensidad que querríamos); eso a veces, más que dinero, requiere un cambio en los hábitos culturales, que también fomentaremos impulsando la formación. El dinero es importante. El dinero -me parece que es aquí donde alguna vez lo he oído- es
el alma del presupuesto, es el alma de la política, porque todo esto que yo digo que vamos a hacer y lo que usted me reclama que hagamos y lo que usted me ofrece apoyar y lo que usted pone de relieve no lo podríamos hacer si no tuviéramos un 10 por
ciento más. Por eso yo estoy muy complacido de presumir de ese 10 por ciento más, que queda, como es natural, igual que nuestro impulso, a la entera disposición de la Cámara.
Termino, señor presidente, insistiendo en que si algo se ha quedado sin contestar, no duden en hacérmelo saber para responderles tan pronto como me sea posible por escrito.
El señor PRESIDENTE: Finaliza esta comparecencia. Quiero felicitar y agradecer la presencia y la comparecencia del secretario de Estado de Justicia. Asimismo, al haber retirado la solicitud tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el
Grupo Parlamentario Popular de comparecencia de la subsecretaria de Justicia, me queda decirles que agradezco la presencia en esta sala de doña Susana Peri, subsecretaria de Justicia.
Vamos a celebrar el tercer punto del orden del día, a petición del Grupo Parlamentario Popular: comparecencia del secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, don Julio Martínez Meroño.
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE MODERNIZACIÓN Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (MARTÍNEZ MEROÑO). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000226.)
El señor PRESIDENTE: Dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, efectivamente supone para esta Comisión una novedad y una esperanza la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia. Al frente
de ella don Julio Martínez Meroño, su titular, comparece ante nosotros.
La solicitud de esta comparecencia ha sido formulada por el Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre tiene la palabra la señora Montserrat.
La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Señorías, me gustaría iniciar mi intervención agradeciendo la presencia del secretario de Estado, no sólo por el trámite de la solicitud de comparecencia, sino porque es la primera vez que interviene desde
que adquirió sus nuevas responsabilidades en este ministerio.
En principio no sé muy bien qué es lo que hacemos hoy aquí, porque realmente es cierto que nosotros hemos pedido la solicitud y es cierto que usted ha comparecido, pero a día de hoy usted aún no tiene las competencias delegadas. Y tampoco
la directora de Modernización tiene las competencias delegadas. Pero aun así, saludamos la rescatada Dirección General de Modernización, porque durante el Gobierno del Partido Popular usted sabe que nosotros tuvimos la Dirección General de
Modernización y usted también sabe que en la pasada legislatura el Partido Socialista decidió suprimir esta dirección general. Y por tanto nos felicitamos que otra vez haya esa Dirección General de Modernización, porque realmente para nosotros es
prioritaria la modernización en la justicia. Durante el Gobierno del Partido Popular nosotros iniciamos los programas Lexnet, Minerva, informatización de los registros civiles, la videoconferencia en los juzgados de lo Penal, la nueva oficina
judicial. Por tanto, nos felicitamos por esta nueva andadura de la Dirección General de Modernización.
Le manifiesto sinceramente mis mejores deseos al frente de esta secretaría general, ya que tiene un trabajo arduo: modernizar la Administración de Justicia con un presupuesto lleno de buenas intenciones y buena literatura pero carente de
los más mínimos resortes requiere, cuando menos, de una valentía encomiable. El reto de la modernización es conseguir una justicia rápida, y con eso usted seguro que estará completamente de acuerdo conmigo, una justicia rápida, de calidad, efectiva
y equitativa para todos los españoles, con independencia del partido judicial en el que residan. El objetivo final de la modernización es conseguir que las oficinas judiciales cumplan con los plazos establecidos en las leyes procesales y que sea
una justicia para y por el ciudadano, una justicia abierta y transparente que genere una relación de confianza entre la Administración, los ciudadanos y los profesionales juristas.
La penosa realidad de nuestra justicia a día de hoy es el dantesco colapso del que adolecen nuestras oficinas judiciales. No es baladí recordar que en fecha 31 de diciembre de 2007, según el Consejo General del Poder Judicial, se hallaban
pendientes de ejecución nada menos que 1.000.038 sentencias en el área civil y 403.000 sentencias penales, lo que nos concreta la magnitud del atasco judicial que sufrimos a diario. Añadimos otro dato objetivo: la situación se agrava por momentos
dado que la litigiosidad se ha incrementado considerablemente, al pasar de 8 millones de asuntos anuales a 8.300.000 asuntos anuales; y este crecimiento supone un 4 por ciento de la litigiosidad, y este crecimiento es de año en año.
Por ende, la
duración estimada de los procesos en cualquier orden jurisdiccional se ha incrementado. Por ejemplo, en el orden civil el promedio de duración de cada uno de los procesos está en 8,1 meses; en materia concursal el promedio se dispara a 21,6 meses;
en la jurisdicción de menores alcanza un promedio de 7,3 meses; en la sede penal 6,2 meses; en el contencioso 4,2 meses; y ni que decir tiene que los plazos de resolución en las segundas instancias se duplican e incluso se llegan a triplicar. Y
este crecimiento es siempre de año en año. Realmente no ha habido ningún año que se haya estancado o haya disminuido. Más datos objetivos: en el año 2007 se ha producido también un incremento del 12,6 por ciento en las quejas de los ciudadanos en
materia de justicia respecto del año anterior. Un 77 por ciento se trata de quejas relativas al funcionamiento de los juzgados y tribunales, y de estos, 77 por ciento, hay un 40 por ciento que se refieren al derecho a una justicia ágil y
tecnológicamente avanzada, por tanto, en el departamento del que hoy estamos hablando; y un 32 por ciento al derecho a una justicia atenta y tendente a reducir los retrasos y plazos de espera. Y aquí, a estos datos objetivos le tenemos que añadir
que la crisis económica agravará, y está agravando, el colapso en la justicia. Hoy mismo sale la noticia en La Vanguardia de que los abogados prevén una escalada de litigiosidad por encima de la media interanual, que estamos en litigiosidad en un 4
por ciento; por tanto, debido a la crisis económica tendremos aún más litigiosidad en los próximos años, en este y en los próximos.
Esta es la denostada situación de nuestra justicia, nos guste o no nos guste. Y es aquí donde el presupuesto debería aplicar más partida presupuestaria, para hacer de la modernización una realidad. El ministro Bermejo, tanto en la
comparecencia en el Congreso como en la comparecencia en el Senado, nos repitió hasta la saciedad que el gran reto de esta legislatura era afrontar la gran
reforma de la justicia y que su modernización era un objetivo crucial e inaplazable. Las palabras literales fueron: el reto de la modernización de la justicia es el que recibirá sin duda el grueso de nuestros esfuerzos. Pero no apreciamos
que este esfuerzo se haya reflejado en los presupuestos formulados por el ministerio.
El peso específico -y aquí repetiré lo que ha dicho mi compañero García-Tizón-, de la política de gasto proyectado en justicia para el año 2009 es el más bajo de entre los que se consideran servicios públicos del Estado, como son la
seguridad ciudadana, las instituciones penitenciarias, la defensa y la política exterior. La justicia supone un exiguo 0,5 por ciento del gasto, mientras que a defensa se aplica un gasto de 2,4 por ciento y a seguridad ciudadana un 2,6 por ciento.
Ustedes se ufanaron siempre de querer destinar un 2 por ciento del presupuesto general de justicia, pero sus vanas promesas han caído en saco roto, porque este es el segundo año que se está aplicando en peso un 0,5 por ciento, y el techo máximo al
que llegamos en la pasada legislatura era de un 0,7 por ciento. Estas cifras más los datos objetivos que antes le he dado son francamente preocupantes. Pero además queremos manifestar nuestra verdadera inquietud al haber advertido la paupérrima
dotación en fondos que se ha presupuestado para los programas destinados a modernizar la justicia. Y esto seguro que no me lo va a negar, que el programa más importante para desarrollar la justicia y su modernización es el programa 112-A, que se
ejecuta directamente por su Secretaría General de Modernización, como así se señala en los informes de los presupuestos. Este programa -y aquí voy a repetir un poco las anteriores intervenciones- pasa de 1.380 millones a 1.457 millones de euros, lo
que supone un incremento neto de 77 millones. Pero si lo comparamos con el ejercicio precedente, en que dicha cuantía se aumentó en 84 millones, podemos concluir que se ha producido un decremento del 10 por ciento en la partida destinada a este
programa. Dicho aumento neto se debe fundamentalmente a la inversión destinada a operaciones corrientes, y dentro de estas más concretamente a gastos de personal del capítulo 1, partida que absorbe el 82 por ciento del total de los recursos
asignados al programa. Dicho capítulo de gastos de personal se incrementa en 80 millones de euros, que se concentran en: 18 millones para consolidación de pagas adicionales y 27 millones para mejora de las condiciones laborales de la nueva oficina
judicial. La suma de estos dos últimos conceptos asciende a un total de 47 millones, que supone un 50 por ciento del incremento del capítulo de gastos de personal. No hay que olvidar que tal aumento responde al cumplimiento de los acuerdos
alcanzados con los sindicatos para solventar la huelga; esta es la factura de la huelga. El secretario de Estado ha dicho que sólo se habían invertido por la factura de la huelga 21 millones. Y esto no es cierto, porque en el acta del 6 de abril
de 2008, que es el acta en que se llegó al acuerdo con los sindicatos y con los huelguistas, está firmado que estas dos partidas, que suponen el 50 por ciento, eran partidas del acuerdo al que se había llegado debido a la huelga. Y si a ello
añadimos los 23 millones de euros por concepto de actualización del IPC, otros 103.000 euros en pensiones, 4 millones de euros en trienios, 6 millones de euros en Seguridad Social, obtenemos que un significativo porcentaje de los 80 millones de
euros en los que ha sido incrementado el capítulo va a ser aplicado a asuntos no relacionados con la modernización de la justicia. Supongo que usted habrá mostrado su disconformidad con el ministro de Justicia, porque realmente al programa más
cuantioso para la modernización le dejan casi sin recursos.
Ahora entramos a analizar aún más este programa en cuanto al capítulo 4, correspondiente a transferencias corrientes. Observamos que decrece un 11 por ciento en las transferencias a los juzgados de paz, pasa de 3.589.000 a 3.183.000. Los
juzgados de paz no están conectados, ni hay intención; no están conectados ni con los juzgados de Primera Instancia ni de Instrucción, ni Tribunales Superiores de Justicia, en nada. Es más, usted sabe qué es lo que pasa cuando entra una demanda en
el Juzgado de Primera Instancia: primero se tiene que admitir a trámite, que ya pasan dos o tres semanas; una vez admitido a trámite el agente judicial lo notifica por correo al Juzgado de Paz de donde sea el destinatario del demandado, por correo
normal, no por Lexnet. Por tanto, los juzgados de Paz no tienen Lexnet, y encima ustedes nos decrecen el presupuesto para los juzgados de Paz, dejándolos con pésima infraestructura, y funcionan con manivela; porque realmente, desde que entra una
demanda en el Juzgado de Primera Instancia hasta que se notifica la demanda a la persona que la tiene que contestar, pasan tranquilamente entre dos y tres meses, cuando con un simple botón entre el Juzgado de Primera Instancia y el Juzgado de Paz
tardarían un solo minuto. Y cuando me refiero al juzgado de paz también me refiero a registros civiles, porque cuando tenemos una sentencia de separación, por ejemplo, o una adopción, con un simple botón podría el Juzgado de Primera Instancia pasar
al Registro Civil la anotación ya en sus libros de una sentencia de separación. ¿Y sabe cómo se comunican? Por correo normal. Y por ello también rebajaríamos, con la modernización de la justicia la partida de correos, que es muy elevada en el
Ministerio de Justicia.
También decrecen las transferencias al Consejo General de la Abogacía, pasando de 31 millones a 28 millones. Y en el Consejo General de Procuradores también decrece el mismo porcentaje. Esta partida es para indemnizar a los abogados y
procuradores del turno de oficio, en especial a la atención de la violencia doméstica. Ambas circunstancias llevan a pensar que implica que ni a los abogados de oficio ni a procuradores se les aplica el IPC para este próximo año. Y encima,
entendemos que no se tiene en consideración que la crisis económica hace que esté creciendo el porcentaje de solicitudes de abogados de oficio y procuradores de oficio.
Hoy mismo, en esta misma noticia de La Vanguardia, el propio Colegio de
Abogados de Barcelona
establecía que el primer semestre del año 2008 ha crecido un 48 por ciento la solicitud de abogados de oficio. Y ustedes están decreciendo, o sea, están congelando esta partida. Por tanto entiendo que suponen que la crisis económica no
afectará en nuevas solicitudes de abogados de oficio y procuradores de oficio. La transferencia al Colegio General de Colegios Oficiales de Psicólogos para asistencia psicológica a las víctimas sólo se incrementa en 5.000 euros. La falta de
presupuesto a los psicólogos para asistencia de las víctimas llama todavía más la atención cuando el PSOE contempla en su programa electoral el despliegue de las oficinas de atención a las víctimas como una de sus promesas electorales en materia de
justicia. Una vez más comprobamos que las promesas del Gobierno no son más que palabras huecas, sin dotación presupuestaria que las sustente.
Respecto a las inversiones reales del capítulo 6, que en principio debería reflejar las inversiones que el Estado proyecta destinar a la modernización real de la justicia, advertimos que tan sólo representan el 5,25 por ciento del total del
gasto; en el ejercicio 2008 representaban el 5,65 por ciento del total del gasto del programa. Es decir, la inversión efectiva en materia de modernización ha decrecido un 7 por ciento respecto a la prevista en el ejercicio anterior.
Comparativamente, pues, se invierten 1.657 millones de euros menos que en el ejercicio 2008, que aumentó en 4.772.000; el hecho de que decrezcan 5.600.000 en concepto de traspasos a Aragón no explica de forma suficiente la cuantiosa diferencia que
se aprecia entre ambos ejercicios. Tampoco en el presupuesto se reflejan las inversiones prioritarias que prometieron realizar y que se exponen en el libro rojo de la justicia. El aumento de la inversión en infraestructuras crece en 3.800.000,
contra los 6.700.000 que crecía en el ejercicio anterior. Otra vez nos fijamos que están decreciendo los porcentajes.
Y si nos fijamos en el libro verde, en el anexo de Inversiones reales y programación plurianual, vemos que destinarán 31 millones de euros a edificios para sedes judiciales, y en el informe establecen que habrá 29 edificios judiciales
nuevos, 15 sedes de rehabilitación todas las remodelaciones necesarias para adaptar todas las oficinas judiciales del pacto de la justicia con la oficina judicial actual, y para suprimir todas las barreras arquitectónicas. Pero, en cambio, en el
libro verde vemos que para este año, de esos 31 millones que se aplican, solo hay programados cuatro nuevos juzgados, que son Talavera de la Reina, Toledo, Plasencia y Almendralejo. Por tanto, mi pregunta es dónde están las otras 25 oficinas nuevas
que establece el informe en el libro rojo y que en el libro amarillo no constan. También me gustaría saber, cuáles son las 15 sedes que se tienen que rehabilitar, ya que en el libro amarillo sólo consta como remodelación el Tribunal Superior de
Madrid y pone Madrid/otros. No sé si Madrid/otros significa 14 sedes. Y por tanto, entendemos que con esos 31 millones de euros de inversión no podrán suprimir todas las barreras arquitectónicas, como tampoco podrán adaptar todas las oficinas
judiciales a la nueva oficina judicial. Por lo tanto, a nosotros no nos salen las cuentas.
Por otro lado, de acuerdo con el libro rojo del programa 112 existe el Plan de modernización tecnológica de la Administración de Justicia, que teóricamente tendría que ser su bandera y su trabajo, y que entre otras cosas contempla
importantes reformas informáticas y la incorporación de nuevas herramientas que hagan posible a corto plazo la total utilización de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Asimismo este plan debe facilitar los trámites y notificaciones
del justiciable; el acceso de los ciudadanos a la información, que no existe; la interconexión entre los distintos órganos judiciales, que no existe: ministerio fiscal, Servicio Jurídico del Estado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e
Instituciones Penitenciarias. No obstante esta declaración de intenciones, que es muy buena y con la que estamos completamente de acuerdo, destacamos que en el libro verde no corresponde, porque realmente esta dotación es la misma que el año
pasado, está completamente congelada, son 22.503.000 euros. Por tanto, yo pregunto cómo va el Gobierno a acometer dicha modernización cuando la partida presupuestaria está congelada respecto al año anterior, y cuando ustedes han previsto que para
la proyección de 2010 se ascienda a más del doble de lo que se ha presupuestado este año, ¿por qué tenemos que dejar para el año que viene lo que este año podemos hacer, cuando la justicia está colapsada? Y en la proyección de 2011 aún lo
incrementan más y en la proyección de 2012 aún lo incrementan mucho más. Y no debemos olvidar que el proyecto de modernización de la justicia, justamente en este punto de este plan, se originó en el año 2003 cuando el Partido Popular estaba en el
Gobierno. Entonces se programó que el proyecto estuviese completamente ejecutado en el año 2007; estamos en 2008 y aún estamos ejecutando el proyecto y aún durará hasta el año 2012, y a día de hoy están congelando la partida de 2009, pero en las
proyecciones sí que les incrementa muchísimo las partidas; no sabemos si el año que viene el señor Solbes le dará esta cantidad de partida para la modernización de la justicia. Y ahora vemos que ustedes continúan congelando las cantidades
destinadas a edificios nuevos y plan de modernización. Para la remodelación de edificios este año ustedes tienen previsto 57 millones, para remodelación 18 millones, y el año pasado teníamos 58 millones para los edificios nuevos y 19 millones para
la remodelación. Por tanto, también estamos decreciendo en esta partida.
El libro rojo, en la explicación del programa, establece que también tiene que haber el plan de modernización de los registros de apoyo a la actividad judicial, como son los registros de penados y rebeldes, de violencia doméstica y la nueva
creación del registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias pendientes. Y en el libro rojo pone que es competencia de este programa. Nosotros hemos estado mirando por todas partes; es cierto que el secretario de Estado ha dicho que
realmente había 50 millones de euros para estos registros, y soy
sincera, pero en el libro verde no vemos por ninguna parte el plan de modernización de los registros. Por tanto le pregunto si cree usted que podrá crear estos registros con el presupuesto, que no lo vemos en esta partida, o con el
presupuesto que ustedes han establecido para este programa, que es el competente para desarrollar los registros.
También han congelado la modernización del ministerio fiscal, con 2 millones de euros. El año pasado les dotaron de 2 millones de euros y este año continúa con 2 millones de euros, cuando el programa total se inició en el año 2007 y se
tiene que terminar en el año 2012 y el programa total establece que el coste es de 27 millones; y han empezado con 2 millones el año pasado y 2 millones este; y el año que viene triplican la cifra, y el otro año aún la multiplican más. O sea,
estamos hablando de proyección pero no de realidad. Lo que nos interesaría es que el plan de modernización de la fiscalía realmente estuviera cubierto en este presupuesto. Por tanto, déjeme decirle que veo que la justicia no se la creen, o que
como mínimo no existe la voluntad de lo que realmente manifiestan.
Hablaré ahora de los programas que realmente creemos que tocan con la modernización de la justicia. Por ejemplo, en el programa 467G, que es el dedicado a la investigación y desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de la
justicia, la dotación presupuestaria decrece injustificadamente en un 48,40 por ciento respecto al ejercicio anterior, a pesar de que debería ser el puntal para la modernización de la justicia. ¿Qué justificación tiene que la dotación
presupuestaria decrezca en unos 409 millones de euros? En definitiva, nosotros pensamos que se cercena arbitrariamente el presupuesto en todas sus partidas relativas al I+D de la sociedad de la información, cuando apremia a potenciarlas.
Y en cuanto a tasas le voy a realizar un par de preguntas sobre la modernización, que me gustaría que hoy nos las pudiera contestar. En cuanto a la modernización de la justicia, ¿a qué partidas se aplica lo que se percibe en concepto de
tasas judiciales? Y ¿en qué partida podemos ver los intereses de los depósitos judiciales, a qué se destinan? En el Partido Popular entendemos que deberían invertirse directamente en los tribunales, o sea, en la justicia. Mi pregunta es: en qué
partidas podemos ver las tasas por intereses judiciales y los intereses de las cuentas de depósitos, quién lo administra, si realmente se traducen en justicia estos ingresos que tiene Hacienda, en este caso, porque entendemos que esto perjudica, y
no podemos luego hacer discursos, diciendo que en esto estamos creciendo. Pero si estamos recibiendo unas tasas, no es un impuesto, es una tasa, que la tasa responde al trabajo que están realizando nuestros funcionarios, no entiendo por qué la tasa
no la está cobrando directamente el Ministerio de Justicia, y por qué realmente no se está invirtiendo directamente en la Administración de Justicia. La no aplicación de las tasas en el Ministerio de Justicia y en este presupuesto, para nosotros
implica que con el transcurso de los años la situación de nuestra ya maltrecha justicia será cada vez más acuciante. No vemos solución. En el tema de los fiscales aplaudimos los esfuerzos del incremento de plazas de los fiscales, pero no es
suficiente. Pregunte usted cuántos juicios se celebran en nuestro país sin la intervención preceptiva del fiscal en material civil. Muchísimos.
La ausencia de la figura del fiscal debería llevar aparejada la nulidad completa del proceso. Pero
muchas veces no se pide la nulidad del proceso porque si no esperaríamos eternamente una resolución. ¿Usted se imagina que en un quirófano esté el médico pero no esté el anestesista? Yo no. Y esto es lo que está pasando en los juicios civiles
donde hay menores, que realmente no hay fiscales. La total ausencia del ministerio fiscal sólo hace dilatar aún más los procesos, incrementar la litigiosidad y descuidar a los más desprotegidos, que en este caso son los menores. En la
comparecencia del ministro, nos hablaba de regular los procedimientos sin contienda y potenciar la mediación y la conciliación. Pero si existieran los fiscales en todos los juicios civiles le puedo asegurar que realmente rebajaríamos mucho la
contienda, la litigiosidad, y muchos procedimientos se terminarían con mutuos acuerdos. Y en cambio, los fiscales no aparecen, no están. Por tanto, sólo con que haya un solo juzgado en España en que no haya un fiscal, el Partido Popular denunciará
la falta de fiscales en nuestro país.
El portavoz Villarrubia ha dicho que se han creado juzgados específicos de violencia doméstica, y eso es cierto. Pero no es menos cierto que en los juzgados mixtos lo único que ha significado es dar una nueva nomenclatura a un juzgado que
ya era competente en asuntos de Primera Instancia y de Instrucción. Y ahora lo único que le van a dar es un nuevo nombre. Y encima, está cargando con todos los asuntos de Primera Instancia, con todos los asuntos de Instrucción, y ahora de
violencia doméstica. Y aún peor: que realmente no han tenido formación todos los funcionarios que están en estos juzgados mixtos a los que se les ha adjudicado el nuevo nombre de violencia doméstica. Y en estos casos de juzgados mixtos de
violencia doméstica se está creando justicia de primera y justicia de segunda, porque realmente las personas que tienen que ir a un juzgado mixto, que también es violencia doméstica, en comparación a esos partidos judiciales en que sólo hay juzgados
de violencia doméstica, realmente las resoluciones son mucho más rápidas que en los juzgados mixtos, que también se les ha dado el nombre de violencia doméstica. ¿En qué partida presupuestaria se refleja la formación de los funcionarios de la
Administración de Justicia? Muchos de ellos -y estoy hablando de los funcionarios, no estoy hablando de magistrados, de jueces y de secretarios, sino del administrativo de los juzgados- tenemos que pensar que provienen de las empresas de trabajo
temporal y no tienen ni el más elemental conocimiento jurídico, no saben ni lo que es una diligencia de ordenación ni una providencia ni un auto ni una sentencia. ¿Dónde encontramos las partidas destinadas a su formación?
Y mi pregunta es: ¿no tendría que ser obligatoria una formación mínima y constante de los funcionarios y administrativos que acceden sin conocimientos a nuestra justicia? Porque el secretario de Estado ha dicho que hay formación para este
apartado, hay miles de cursos programados para esta próxima legislatura, pero yo en el libro solo he visto 88 plazas para gestión judicial, 293 plazas para tramitación judicial y 370 plazas para auxilio judicial; estos cursos de formación, son
insuficientes para todo el funcionariado que está en administración del propio juzgado.
Otra cuestión a responder sería dónde están las dotaciones presupuestarias para solucionar los ingentes retrasos en la ejecución de sentencias.
Nosotros no lo hemos visto en ninguna parte. También dónde están las dotaciones presupuestarias
para solucionar los retrasos de los juzgados mixtos, porque seguro que se ha preguntado por qué en un juzgado mixto la duración estimada de los procesos es superior a los juzgados de una sola materia. Por lo tanto, entendemos que este presupuesto
tenía que dar refuerzo a estos juzgados mixtos, porque realmente llevan más retraso que los juzgados que sólo son de una única materia. Y es en los juzgados mixtos donde estamos creando justicia de primera y justicia de segunda.
¿Dónde está reflejado en el presupuesto el incremento para descolapsar los asuntos concursales de nuestros juzgados mercantiles? Igualmente la demora reiterada en los desahucios, en la orden civil, y también la demora reiterada en todos los
temas hipotecarios y en todas las reclamaciones de cantidad, por lo tanto en morosidad. Nosotros pensábamos que esta partida, se incrementaría porque, debido a la crisis económica, entendemos que realmente se agravará el colapso en los juzgados, y
por tanto entendíamos que este presupuesto tenía que reflejar este apoyo a todos estos procedimientos y a todos estos juzgados que tratan temas de crisis económica, como decía, los concursales, desahucios, morosidad, hipotecario.
¿Cuánto tendremos que esperar para que los abogados y ciudadanos podamos tener una comunicación directa con la Administración de Justicia? ¿Por qué no se implementan las estructuras técnicas necesarias para evitar desplazamientos
innecesarios en los juzgados y para asimilarlo a programas como el de Hacienda y la Seguridad Social? ¿Qué nos dice del estado de asimetría informática de cada una de las comunidades autónomas, o simplemente de diferentes partidos judiciales que
sólo están a veinte kilómetros de distancia, que pertenecen a una misma comunidad autónoma, y donde hay una asimetría alucinante en informática? ¿Y qué nos dice de la no conexión -y antes lo señalaba un poco-, de los juzgados de Paz y registros
civiles con los juzgados de todos los partidos judiciales, que con una simple tecla podrían solucionar las notificaciones. No olvidemos tampoco el gran colapso que sufren nuestras oficinas. Y aquí entraré un poco en el tema de la optimización de
los recursos.
El señor PRESIDENTE: Señora Montserrat, lleva veinticinco minutos en el uso de la palabra. Vaya concluyendo.
La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Termino. Tres preguntas más. Muchas oficinas sólo atienden al ciudadano de 10 a 11 de la mañana, con la correspondiente pérdida de la jornada laboral. cuando realmente la oficina tendría que estar abierta
de 8 a 3, pero debido al colapso pone un cartelito que sólo se atiende de 10 a 11 de la mañana. ¿Para cuándo un plan de productividad y optimización de los recursos personales? ¿Cómo solucionar el absentismo? ¿Nos puede responder del heterogéneo
uso que realizan los juzgados de los medios de que disponen? Porque en aplicación, por ejemplo, de informática Lexnet, hay juzgados que lo tienen incorporado pero hay días que lo utilizan y hay días que no. ¿Es debido a que falta formación a los
funcionarios, que no saben utilizar la Lexnet? ¿Es que realmente no es obligatorio utilizar la Lexnet? ¿Para cuándo la implantación en todas las oficinas judiciales de la videoconferencia, un instrumento tan eficaz para evitar desplazamientos en
centros penitenciarios, y para hacer pruebas de otros juzgados, para evitar exhortos? Usted sabe que en muchas ocasiones no se puede practicar toda la prueba en juicios civiles por falta de medios de los juzgados. En un caso recientemente
solicitamos en un juicio el visado de unas fotografías, y se nos dijo: Mejor que usted aporte al juzgado un proyector porque si no, no podremos proyectar las fotografías. Esta es la realidad de la justicia. ¿Y qué me dice de los alardes de los
juzgados, que debido a la situación de colapso tienen que cerrar dos y tres días hábiles para hacer sus alardes de los juzgados? Cuando un magistrado se va, un juez se va, tienen que hacer los alardes. No entiendo que en el año 2008 tengamos que
cerrar dos y tres días hábiles para realizar un alarde, cuando con un botón en el programa Minerva tendría que estar solucionado el alarde.
Y para no cansar, porque realmente podría estar horas y horas preguntándolo y porque echamos en falta muchas partidas que no pueden obviarse de plano.
El señor PRESIDENTE: Por favor, es que el tiempo excede todas las posibilidades, no se puede extender más, señora Montserrat.
La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: La última pregunta, ¿en cuánto se prevé que se incremente la litigiosidad en las materias que afectan directamente a la crisis económica?; ¿se ha previsto una partida presupuestaria para hacer frente a
dicho incremento?
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, don Julio Martínez Meroño, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE MODERNIZACIÓN Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Martínez Meroño): Ante
todo buenas tardes. Efectivamente es la primera vez que me siento aquí, y realmente para mí es una satisfacción poder contar lo que vamos a hacer o lo que vamos a intentar hacer en el próximo futuro, y en particular vinculado al presupuesto
que ahora se somete a la consideración del Parlamento.
Tengo que decir que el bombardeo a que me ha sometido su señoría ha sido auténticamente amplio y complejo, y se han tocado muchísimos temas; algunos los conozco mejor, otros los conozco peor, pero yo creo que ha tocado, ha barrido todo el
conjunto de problemas, o una parte importante de los problemas y de las carencias que la Administración de Justicia viene arrastrando en nuestro país desde hace muchísimos años.
Yo quería hacer primero una reflexión. El proceso de modernización no es un proceso que se pueda hacer de la noche a la mañana en un año y que directamente, haciendo una inyección presupuestaria, en un tiempo muy breve alcancemos el
nirvana, esta situación en la cual todos y cada uno de los problemas hayan desaparecido. Muchos de estos problemas que se han mencionado se vienen arrastrando históricamente, y lo importante es poder desarrollar un esfuerzo e irlos abordando de una
manera ordenada y en la medida de las posibilidades.
En algunos de los temas que ha planteado no estoy muy de acuerdo, ahora podemos comentar alguno de ellos, pero básicamente, como decía antes el secretario de Estado, la situación de la justicia no es apocalíptica. O sea, la mayor parte de
las veces la justicia funciona; tiene carencias, desde luego que las tiene; y hay campo de mejora, desde luego que lo hay, y en eso estamos. Pero la realidad es que la mayor parte de los asuntos no son excepcionales, van saliendo y la justicia se
va administrando en nuestro país. Evidentemente, a veces hay que centrarse en el tratamiento de excepciones, ver qué ocurre en los casos excepcionales y centrarse en ellos. Pero yo también quiero apuntar que la situación, que desde luego es
mejorable y por eso se ha creado esta Secretaría General de Modernización, tampoco es a una situación tan negativa como apunta usted.
Eso no quiere decir que no tengamos una lista de tareas bastante considerable que hacer.
Yo quiero hacer una observación, y es que se han apuntado muchas materias aquí. Al principio, en la conversación anterior, también salió el tema de los costes de personal, si la inversión este año tenía que centrarse en capítulo 1, en
capítulo 6; casi se han planteado posturas distintas, porque por una parte se habla de la necesidad de incrementar el gasto en formación, se habla de necesidad de mejores dotaciones, de dotaciones de recursos, de crear nuevos juzgados (para
violencia, para otras necesidades), y sin embargo también se ha podido criticar cuando una parte significativa del presupuesto se dedica precisamente a esas tareas.
Yo le voy a decir una cosa: yo llevo muchos años trabajando en la Administración
del Estado, soy funcionario de carrera, he trabajado en muchos ministerios, en los últimos veinte años he trabajado en muchos procesos de modernización. Y la experiencia que yo he ido teniendo de estos procesos es, en primer lugar, que la pieza
fundamental para una modernización no está en las máquinas -y yo soy informático de profesión, la mayor parte de mi carrera profesional se ha desarrollado en el campo de las TIC-, sino que la modernización está en la cabeza de las personas, es al
final la mente de las personas, es la formación, es la capacitación, es poder traer inteligencia y aportar inteligencia a los sistemas lo que permite finalmente mejorar las organizaciones. Eso no es un proceso inmediato, pero desde luego, tanto en
estas legislaturas como en las que vengan, como sin duda se ha hecho en legislaturas anteriores, el esfuerzo siempre se ha centrado en las personas. A mí me hubiera encantado que las partidas del ministerio hubieran sido superiores, desde luego,
puesto que la tarea que tenemos es muy grande, y usted misma lo ha señalado, desde luego me hubiera encantado que las partidas que tuviéramos fueran mayores, pero la realidad es que el esfuerzo continuado que se está haciendo en el personal de la
Administración de Justicia yo creo que va a redundar en el proceso de modernización. Necesariamente tiene que hacerlo, porque solamente las inversiones no son suficientes, aunque ciertamente el crecimiento en las partidas de inversiones ha sido
también bastante alto. Yo le voy a decir una cosa: cuando hace unos días preguntaba cómo va el presupuesto, cómo vamos quedando y me dieron las cifras, y luego yo cogí la calculadora y empecé a hacer unos números, la verdad es que me quedé
sorprendido, porque la realidad es que si normalizamos y restamos en la partida las transferencias, un crecimiento de casi el 10 por ciento en un año es algo que muy pocas veces he visto o he experimentado yo personalmente en la Administración del
Estado, y más cuando lo que se ha producido en este departamento es un crecimiento continuado durante ya cinco años en sus partidas presupuestarias. En el Estado es muy difícil conseguir -mi experiencia, por lo menos, lo indica así- conseguir
incrementos presupuestarios tremendos en un año, porque simplemente el conjunto de la organización también demanda, hay otros ministerios que demandan. Lo importante es poder conseguir políticas continuadas de mejora presupuestaria. Eso es lo que
permite que al cabo de cinco años el presupuesto del departamento haya aumentado un 50 por ciento. Y si logramos mantener este crecimiento en años futuros, al cabo de un período medio la dotación que va a tener el ministerio para justicia va a ser
notablemente superior. Máxime teniendo en cuenta que esos crecimientos se producen a pesar de que luego hay unos procesos de transferencia por los cuales realmente la materia para gestionar, digamos, la infraestructura para gestionar por parte del
departamento se va reduciendo. Con lo cual, yo sinceramente no quiero tener una posición tan pesimista como la que ha apuntado su S.S., porque yo realmente creo que ahí el camino que estamos llevando es razonablemente bueno.
Evidentemente, tenemos
mucho camino que recorrer.
Ha ido apuntando temas distintos. Los temas de infraestructura y de obras, aunque se financian con cargo al 112.A, en este caso los gestiona el servicio 01 del ministerio, entonces no los conozco con detalle. Todas estas preguntas que ha
estado usted haciendo no tengo ningún inconveniente y estaré encantado en transmitírselas, porque realmente no sabría contestarle con detenimiento. Lo que sí le puedo comentar es algo acerca de las previsiones que tenemos previstas para la
modernización tecnológica en el departamento. habido un gazapo: el programa 467.G, que es el de investigación y desarrollo de la sociedad de la información está dotado (y el año pasado también) con 2.3000.000 euros, una cifra del 409; ahí ha
habido algún error. En esencia, la cuantía que tiene es capítulo 6, el 6.20, impresión nueva, y se mantiene exactamente en los mismos términos, en la misma cuantía en este presupuesto. Es el 467.G, impulso de la Administración electrónica; eso no
hay ningún problema en transmitírselo. Globalmente, las cifras que estamos manejando, como dijo el secretario de Estado hace un rato, la inversión global que realiza el departamento en tecnologías de la información, incluyendo todos los servicios
presupuestarios, está en el entorno de los 65 millones. En particular el servicio 112.A y el 113.M, que es el de registros, más el 467.G, que son los que estamos manejando directamente desde la secretaría general, para el año 2009 la cuantía con la
que esperamos contar es 49,4 millones de euros, que se distribuyen entre estos tres programas, tanto en inversión nueva como en inversión de reposición. Esta cuantía es cuantitativamente muy parecida a la del año pasado, que fue también 49,6;
pero, como se decía en la exposición anterior, quitando aquellas partidas que del presupuesto de 2008 hemos tenido que detraer en el capítulo de inversiones debido a las transferencias a Aragón (al final hemos tenido que hacer una modificación
presupuestaria y pasarlo a capítulo 7 en ese caso para transferirlo), realmente en el momento en que homogeneizamos el crecimiento ha sido, sin ser tremendo, un crecimiento en torno al 6 por ciento. Dada la situación que tenemos en estos momentos,
yo creo que está bien, se puede trabajar con ello.
Hay una cuestión que le quería apuntar acerca de los programas. Usted ha tocado prácticamente todos los temas, ha tocado el tema Minerva, ha tocado el tema de registros, etcétera. Lo que le quería decir es que en estos momentos, con estos
presupuestos, se puede trabajar bastante bien y se pueden desarrollar bastantes actuaciones. El ministerio, a lo largo de los años, ha ido invirtiendo cantidades relativamente importantes en tecnologías de la información. Yo vengo de otros
ministerios en los cuales se manejaban cifras bastante distintas, pero la realidad es que al cabo del tiempo ha entrado bastante dinero. Pero es muy importante, sobre todo en un momento en el que los crecimientos no pueden ser tremendos, intentar
mejorar la capacidad de gestión del dinero que recibimos. Muchas veces el invertir, el meter solamente dinero, lo mismo que meter solamente tecnología, a veces no conduce a mejoras sustanciales en lo que queremos, que es mejorar la gestión y
mejorar la calidad del servicio a los ciudadanos.
El ministerio necesita algunas reordenaciones internas en el campo de cómo se están desarrollando los programas de inversión en tecnologías de la información y comunicaciones. Una de las cosas, por ejemplo, que queremos implantar en estos
meses próximamente es orientar las tareas de desarrollo e implantación de sistemas hacia estructuras muy parecidas a las que se utilizan en otros departamentos, como es el caso de Defensa o el caso de Interior, de estructuras de programa, por
ejemplo. Porque montar oficinas de gestión de programaros va a permitir identificar mejor los costes, los objetivos y los esfuerzos que se centran en cada una de las áreas que se abordan, cada uno de los proyectos fundamentales.
Yo creo que si no hacemos eso, una gran parte de los recursos que introdujéramos al sistema se acabaría perdiendo, desviando. Uno de los problemas que ha tenido el ministerio tradicionalmente ha sido que -hablo ya de una situación de muchos
años también-, al no tener una cantidad tremenda de recursos, realmente estos se destinaban un poco para tapar agujeros, para ir cubriendo necesidades sobre la marcha. Y eso, de alguna manera, tenemos que estructurarlo, tenemos que organizarlo de
modo que podamos identificar objetivos. En este línea le quiero comentar -apunta usted el tema de Minerva, ha apuntado el tema de las redes de comunicaciones- que nosotros estamos ahora desarrollando un nuevo sistema de gestión procesal, que es la
nueva versión de Minerva, que tenemos que sacar adelante porque en la implantación de la nueva oficina judicial estamos trabajando con un escenario de que a comienzos de 2010 se entre ya en funcionamiento con la misma. Esto nos obliga a desarrollar
el aplicativo, y luego a realizar inversiones en infraestructura para mejorar las infraestructuras de las oficinas judiciales. En este sentido tenemos unas partidas en torno a unos 10 millones, que es la cifra que calculamos que dotaremos del total
de los 49 millones, para todo lo relativo a la gestión procesal y puesta en marcha de la nueva oficina judicial.
Con relación a las redes de comunicaciones, recientemente se ha mejorado mucho la red de comunicaciones del departamento y en estos momentos estamos trabajando en mejorar la infraestructura tecnológica que se utiliza sobre esta red de
comunicaciones. Con lo cual va a mejorar notablemente la cobertura ahí. Realmente creo que esa, que era una de las lagunas del departamento tradicionales, se va a poder cubrir.
Ha apuntado usted el tema de Lexnet. Lexnet se está utilizando sistemáticamente en Cataluña, y ahora se está haciendo un esfuerzo muy importante por, ya de una vez, implantar el producto en todo el territorio. Nuestro objetivo es que para
finales de este año lo podamos tener en todas las capitales de provincia. Esto nos está obligando a hacer unos esfuerzos de despliegue y tecnológicos importantes que el año que viene tendremos que continuar
también, porque no solamente se ha de llegar a las capitales de provincias (usted lo ha apuntado), hay que ir luego llegando al resto del territorio. Para esta finalidad tenemos también una partida, hemos presupuestado en torno a un millón
y medio de euros para este proyecto en concreto. Quiero señalarle que uno de los problemas con que ha tropezado la implantación de Lexnet en determinados territorios, en particular el nuestro, pero también en otras comunidades autónomas, es que una
gran parte de los sistemas de gestión procesal que tenemos está basada en tecnologías que están anticuadas. Por ejemplo, Cataluña tiene un modelo centralizado, con lo cual eso le facilita el hacer el despliegue de Lexnet. Sin embargo, por ejemplo,
en el territorio del Estado se viene desarrollando desde hace muchos años la aplicación Minerva; la aplicación Minerva está diseñada sobre equipos distribuidos, esto significa que el ministerio en estos momentos tiene 300 y pico equipos
informáticos repartidos por todo el territorio. ¿Esto qué significa? Pues que cuando hay que introducir un cambio cualquiera en el aplicativo, los costes de gestión, de distribución, de soporte a usuarios, de desplazamiento, son tremendos. Esto
le pasa también a otras comunidades autónomas. Uno de los bloqueos que tenemos ahora mismo es que vamos a tener (y eso yo creo que es una cuestión inevitable, habría que hacerlo) que cambiar toda la arquitectura de los sistemas de gestión procesal,
por una parte, para adaptarlos a la nueva oficina judicial, pero también debido a la necesidad de hacer una adaptación tecnológica.
Se ha hablado de fiscalías. En el presupuesto para el año que viene prevemos invertir unos 3,7 millones para la modernización de fiscalías; con lo cual los sistemas de gestión de fiscalías en general no están mal, se pueden mejorar, pero
realmente ahí sí se puede decir que el producto que tenemos en estos momentos es razonable.
En el tema de registros civiles apuntaba usted antes dónde estaba el dinero, no recuerdo exactamente la afirmación que hacía. Para este año que viene, para registros civiles y otros registros (últimas voluntades y demás) tenemos en torno a
los 21 millones de euros. De estos, una parte muy importante, 11 millones, se destina al cumplimiento de un convenio que existe con Red.es por el que se están digitalizando retrospectivamente todos los documentos de los libros de registro desde el
año 1950 hasta ahora. Creemos que este proyecto es muy importante.
Evidentemente anteriormente a 1950 no es posible informatizar eso, no se ha realizado la inversión y realmente las cifras podrían ser astronómica, pero a partir de 1950 cubriríamos
un porcentaje muy importante de la población española. Teniendo en cuenta que la informatización de los registros civiles principales se completa para finales de este año, y que en todo sitio donde ya está la aplicación Infored, bien en versión 2 o
en versión 4, los asientos registrales se registran, se conservan informáticamente, cuando terminemos la operación de digitalización, que concluirá a finales del año que viene, va a permitir que de una gran parte de la información registral se pueda
disponer on line. Para poder, como usted apuntaba antes, conseguir que una persona acceda a su historial registral en su Registro Civil online, hay que hacer muchas cosas antes. Primero hay que ir a los datos antiguos y hacer esta digitalización.
También hace falta un cambio estructural muy importante en el modelo de los registros civiles. Los registros civiles, que se rigen por una legislación muy antigua, como usted sabe perfectamente, están orientados al libro. Realmente, lo que hay son
multitud de registros civiles distribuidos por todo el territorio. La tarea, que se está haciendo ya, que está bastante avanzada y que se completará el año que viene, es, primero, centralizar esas bases de datos (una vez que se van informatizando
ya se pueden ir centralizando), y lo siguiente es reestructurarlas para darles una orientación a persona. Porque al final lo que interesa de cara al ciudadano es decir:yo soy Julio Martínez, quiero ver cuáles son mis datos que están en el
registro; no tanto decir: quiero los datos del tomo no sé cuántos del Registro Civil de no sé dónde, que eso también se puede conseguir ya. Pero, desde luego, el objetivo futuro es este. En ese tema se está trabajando bastante. Quiero decir que
la aportación que hace el ministerio, le decía de 11 millones el año que viene, es una parte, y no la mayor, del conjunto del proyecto, puesto que otra parte, la mayor, la realiza la entidad Red.es, esto es un proyecto conjunto entre el Ministerio
de Industria y Red.es y el Ministerio de Justicia. Con lo cual, se está trabajando en esa línea.
Acerca de otros temas que planteaba, ha hablado usted de la Agencia Tributaria. Yo viví la época de la Agencia Tributaria, recuerdo también la etapa de la Tesorería General de la Seguridad Social cuando se lanzó el plan SIL. Las mejoras
modernizadoras importantes, tanto en Hacienda como en Trabajo, se consiguieron en base a, durante muchos años, llevar políticas continuadas de inversión en tecnologías de la información y también políticas de mejora en la organización. Yo le quiero
recordar que tanto la agencia como la Seguridad Social o el Ministerio de Trabajo fueron los primeros ministerios (estoy hablando de hace veintitantos años) en los que había direcciones generales de Informática, cuando eso era algo verdaderamente
insólito en la Administración; había tres, la de Trabajo, la de Presupuestaria y la de Informática Tributaria que luego pasó a la Agencia Tributaria. Son estas medidas, que en este caso son organizativas, destinar presupuestos, aislar proyectos,
montar oficinas de programa y luego llevar un seguimiento sobre ellas, y políticas presupuestarias de incremento continuado a lo largo del tiempo lo que nos va a permitir modernizar la Administración de Justicia. Sinceramente creo que una mejora
presupuestaria del 10 por ciento no está nada mal, dada la situación que tenemos. Me hubiera encantado que hubiera sido del 200 por ciento, y en eso lo comparto con usted plenamente. Pero siendo realistas, yo creo que el objetivo en cierto modo se
ha cumplido, no podemos estar insatisfechos.
Y la tarea que tenemos pendiente, la tarea que yo tengo pendiente es conseguir que la organización que tenemos se adapte de manera que estas inversiones realmente puedan ser útiles en los próximos años, y que apuntemos en la dirección
correcta.
Hay una línea de trabajo, que no es tanto de inversión como de mejora organizativa, que queremos lanzar, que tendría que lanzarse con las comunidades autónomas, en particular con aquellas que tienen la competencia de justicia transferida, y
que, cuando se ha apuntado en reuniones que hemos tenido en la conferencia sectorial, la iniciativa yo creo que ha sido bastante bien recibida. Es lo que el secretario de Estado mencionó de pasada, que yo llamo la estrategia de colegiación de
esfuerzos. Hay un tema muy sencillo: los sistemas de gestión procesal, que al final son el núcleo para poder obtener estadísticas, para poder dar mejor servicio a los ciudadanos, para poder hacer cualquier actuación de mejora efectiva en la
Administración de Justicia, son sistemas muy costosos de implantar, es muy difícil hacer unas especificaciones, es muy difícil hacer los desarrollos, luego es muy costoso de llevar el sostenimiento de estos sistemas; ahora mismo, con motivo de la
nueva oficina judicial, gran parte de los sistemas de gestión procesal que hay en todo el Estado van a tenerse que retocar para adaptarlos a los nuevos procedimientos de tramitación que sacará adelante en su momento la modificación normativa y la
implantación de la nueva oficina. ¿Qué significa esto? Que en el conjunto del Estado nos estamos gastando muchísimo dinero en implantar estos sistemas sin llegar a alcanzar unos resultados que, sinceramente, la sensación que tengo es que no son
satisfactorios prácticamente para nadie. En el Estado ya he comentado algunos de los problemas tecnológicos que tenemos; otras comunidades -hace unos días hablé con responsables de la Comunidad Autónoma catalana- se encuentran que sus sistemas ya
tienen que afrontar próximamente un cambio tecnológico, por cambios de generación tecnológica; en otros sitios están en situaciones parecidas. Lo que creo que tenemos que lanzar es una estrategia de modo que, de forma coordinada, podamos entre el
Estado y las comunidades autónomas desarrollar conjuntamente este tipo de proyectos compartiendo los costes. Esto significará que cada uno aportará el dinero que está aportando a estos proyectos, pero a la vez nos permitirá generar economías de
escala y eficiencias. Esa es una de las líneas que se apuntaban antes que no tienen una implicación presupuestaria directa en cuanto a coste en presupuesto de gastos, pero que creemos que va a tener un efecto bastante importante a medio plazo si la
desarrollamos. (La señora Montserrat Montserrat pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Va a hacer uso de la palabra? Soy consciente de que usted podría hablar de justicia muchas horas. Yo le hago dos ruegos: primero, no me agote hoy las posibilidades de toda la legislatura; y además le ruego que
consuma, ya en este último turno, no más de dos minutos.
La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Enhorabuena, secretario, por la comparecencia extraordinaria, porque realmente nos ha explicado muchas cosas, pero no me ha contestado en ninguna de mis preguntas. Espero que me conteste por escrito a todas
y cada una de las preguntas que le hemos formulado.
Para terminar, quiero decirle que nosotros estamos dispuestos al diálogo y a trabajar conjuntamente para conseguir una buena justicia y una buena modernización para la justicia, pero con este presupuesto solo me queda decirle: ¡mucha
suerte!
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE MODERNIZACIÓN Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Martínez Meroño): Efectivamente, este es un tema difícil y, efectivamente, voy a necesitar suerte. En cualquier caso quiero insistir en el mensaje
de que se puede conseguir mucho con los recursos que tenemos.
En cuanto a la lista de temas que usted me ha planteado, la verdad es que ha sido exhaustiva, he intentado tomar nota de la mayoría de ellas y se las iremos transmitiendo. Se lo agradezco.
El señor PRESIDENTE: Agradeciendo la presencia una vez más de todo el equipo del Ministerio de Justicia, de la subsecretaria que también nos acompaña y que no ha podido comparecer por haber retirado los grupos a última hora la solicitud de
su comparecencia, de los secretarios de Estado y del secretario general de Justicia, de todas y de todos ustedes, señorías, de los medios de comunicación y de los servicios de la Cámara, agradeciendo por tanto su presencia y colaboración. Se
levanta la sesión.
Eran las seis y cincuenta y cinco minutos de la tarde.