CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2008 IX Legislatura Núm. 88

INTERIOR

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO

Sesión núm. 4 celebrada el martes 30 de septiembre de 2008

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora secretaria general de Instituciones Penitenciarias (Gallizo Llamas), para que explique la política penitenciaria de su departamento para la IX Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 212/000020.)... (Página 2)


Preguntas:


- De la diputada doña Carmen Navarro Cruz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las consecuencias del derrumbe de una parte de las instalaciones del centro penitenciario 'El Acebuche' de Almería, el mes de mayo de 2008.
(Número de expediente 181/000259.)... (Página 2)

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De la diputada doña Carmen Navarro Cruz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre centros penitenciarios españoles que se encuentran saturados. (Número de expediente 181/000290.)... (Página 2)


- Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre valoración de la puesta en marcha del módulo joven en el centro penitenciario de Málaga. (Número de expediente 181/000089.)...
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Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.



La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión de esta Comisión de Interior con el orden del día que todos conocemos, la celebración de la comparecencia de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias y una serie de preguntas. En primer
lugar, si les parece bien a SS.SS., cambiaríamos el orden del día incluyendo las preguntas que llevan como números de orden del día 2, 3 y 4 dentro de la propia comparecencia de la señora Gallizo, puesto que son temas del contenido que va a tratar.
Si están de acuerdo, así lo haremos.



Damos la bienvenida a esta Comisión en esta nueva legislatura a la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, a la que, como a todo su equipo, deseamos éxitos y aciertos en su gestión, lo que nos vendrá bien a todos, sobre todo para
la política penitenciaria en nuestro país.
Tiene la palabra, como corresponde, en primer lugar, a la señora Gallizo para su intervención en la comparecencia.



La señora SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Comparezco por primera vez en esta legislatura como secretaria general de Instituciones Penitenciarias con el propósito de presentarles la previsión de las
actuaciones de esta secretaría general en la legislatura que acabamos de comenzar. Es imprescindible que, antes de detallar algunas de las previsiones y proyectos que tenemos para esta legislatura, haga una visión general del panorama que presenta
el sistema penitenciario español. Después les citaré, como decía, los proyectos que pensamos acometer y posteriormente, como es natural, me someteré a las cuestiones que estimen conveniente formularme.



Querría empezar haciendo una pequeña declaración, si me lo permiten, afirmando que tenemos un buen sistema penitenciario en España y unos excelentes profesionales. Nuestro sistema es referencia para otros países del mundo y en buena medida
lo es no solo por sus instalaciones, por la mejora que se ha producido en sus infraestructuras, sino sobre todo por su coherencia con el sentido de reinserción que debe tener la pena de privación de libertad, así como con las condiciones de
humanidad y tratamiento de los reclusos, propias de una concepción del cumplimiento penal avanzada y progresista. Nuestro ordenamiento constitucional y la Ley General Penitenciaria que dimana de él establecen claramente que el fin primordial de las
instituciones penitenciarias tiene que ser la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados. El importante papel que juega
también el sistema penitenciario para la seguridad del Estado se ha visto reforzado con la integración de la hoy Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en la Secretaría de Estado para la Seguridad, lo que nos ha permitido mejorar la
coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la criminalidad y en particular contra la criminalidad organizada y el terrorismo. Al cumplimiento de este mandato legal, que aúna seguridad y compromiso con la
reinserción, dedican su esfuerzo los más de 23.400 funcionarios y empleados de nuestra institución, de la institución penitenciaria, del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo y de la empresa pública encargada de la
construcción de establecimientos penitenciarios. A todos ellos quiero aquí hacer patente mi reconocimiento por su esfuerzo y por su dedicación, que es, les aseguro, ingente, habida cuenta del ritmo de crecimiento de la población penada que venimos
experimentando en los últimos años y de las múltiples y nuevas actuaciones que en todos los ámbitos hemos venido desarrollando. Este será, señoras y señores diputados, el primer aspecto en el que quiero profundizar.



Nuestro sistema está haciendo frente a uno de los mayores retos desde la recuperación de la democracia como consecuencia del incremento de la población reclusa debido a las sucesivas reformas penales y a la aprobación de nuevas leyes, en
particular en relación con la violencia de género y la seguridad vial. Debo decirles que la institución penitenciaria está gestionando la situación con una gran solvencia y con la garantía de que el sistema funciona adecuadamente. Quiero decirles
algo más. A pesar de este incremento de población, el esfuerzo realizado en mejorar las infraestructuras, las condiciones de habitabilidad de los centros y las oportunidades de educación y formación de los internos, así como los programas de
tratamiento frente a los problemas que


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presentan ha sido uno de los más importantes en la historia de esta institución, lo cual pone todavía más en valor el mérito de todos los que trabajan y colaboran con ella. De 2000 a 2008, el número de personas en régimen de privación de
libertad en el ámbito de nuestra Administración (ya saben SS.SS. que la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene transferidas las competencias en esta materia) ha pasado de 39.013 personas a 62.239, 23.226 más, lo que supone en estos últimos ocho años
más de un 60 por ciento de incremento. Esta tendencia al alza de la población reclusa, lejos de disminuir, se está acelerando considerablemente. En los nueve primeros meses de 2008, la población ha crecido un 7,8 por ciento, 4.514 personas más,
incremento superior al registrado en todo el año 2007. Este dato, como manifiesto a menudo, contrasta con las cifras de criminalidad de nuestro país. Como explicó el secretario de Estado para la Seguridad en su comparecencia de la semana pasada,
España se sitúa por debajo de la media de los países de nuestro entorno en tasa de criminalidad, menos de 50 infracciones por mil habitantes. A pesar de ello, contamos con una de las tasas de encarcelamiento más alta de Europa en este momento, y en
la parte de la Administración General del Estado es la más alta de la Europa de nuestro entorno. En el conjunto de España hay en este momento 156,6 reclusos por cien mil habitantes, pero en el territorio de la Administración General del Estado ya
sobrepasamos los 160, mientras la media de la Europa de los Quince está en 102. El problema del incremento de la población reclusa no es exclusivo de España, aunque en nuestro país tenga una particular incidencia. En las reuniones que venimos
manteniendo los responsables de los sistemas penitenciarios europeos la cuestión del incremento de la población reclusa y la sobreocupación de las infraestructuras penitenciarias se ha detectado como el principal problema al que nos enfrentamos.
Los responsables de todos los países que formamos el entorno europeo vemos con preocupación este hecho, que puede incidir negativamente en la capacidad de los sistemas penitenciarios europeos para cumplir su tarea reeducadora. Todos pensamos que es
necesario concienciar a nuestras sociedades de que el recurso a la prisión debe ser la última y no la única forma de penalizar las conductas que se desvían de la norma y que el cumplimiento de penas en comunidad se revela como muy eficaz para los
pequeños delitos con bajo riesgo de reincidencia. Todos los responsables europeos estamos preocupados por el incremento de personas aquejadas de enfermedades mentales en nuestras prisiones y todos detectamos que el sistema penitenciario se está
convirtiendo en un recurso asistencial para personas que sufren patologías asociadas al consumo de drogas y patologías psiquiátricas. A esto me referiré posteriormente.



De manera simultánea a este incremento de la población reclusa, en los últimos años se ha producido un espectacular incremento de las personas condenadas a penas y medidas alternativas, producto de los cambios legales que, como muy bien
saben SS.SS., se han producido en estos últimos tiempos, y que han pasado a considerar delitos lo que antes era penalizado como falta. Por darles un dato tan indicativo como espectacular, hemos pasado de 812 personas condenadas a penas y medidas
alternativas, en el año 2000, a 39.335 en la actualidad. La implantación y el desarrollo de este tipo de medidas en nuestro sistema legal están modificando sustancialmente el tradicional ámbito de gestión de la Administración penitenciaria,
ampliándolo de manera muy significativa.
Estamos trabajando para hacer frente a esta nueva realidad que, como les decía, es nueva para nuestro sistema y que requiere la implicación de otros agentes, en particular de ayuntamientos y de comunidades
autónomas, sobre todo para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad. Con esta nueva situación que les describo tenemos hoy una población sometida a medidas de ejecución penal muy amplia, un 43 por ciento de la cual lo está a
medidas alternativas, proporción que en todo caso sigue siendo baja en comparación con países como Francia, Alemania, Italia y Holanda, que tienen un porcentaje mucho más alto, del entorno del 60 por ciento, frente al 40 por ciento de personas en
prisión; los países escandinavos, no digamos, que tienen una proporción del 70-30 por ciento, incluso del 80-20 por ciento, lo que tiene que ver con el equilibrio entre régimen cerrado y abierto en el cumplimiento de las penas y a que en España las
medidas alternativas no están constituyendo en su implantación tanto una alternativa a la prisión como una forma de extensión del control social de baja graduación a nuevas tipologías delictivas, como les decía antes. En consecuencia, el sistema
crece tanto en penas de prisión como en penas y medidas alternativas. El reto que tenemos ante nosotros y que venimos asumiendo -porque este no es un fenómeno de los últimos meses sino de los últimos años- es, consecuentemente, tomar las medidas
oportunas para hacer frente a esta situación, la del medio cerrado, y la nueva de las penas y medidas alternativas; el reto que tenemos particularmente es hacer frente a esta situación manteniendo los objetivos y los valores de nuestro sistema.



Por lo que se refiere a la política a desarrollar, nos proponemos continuar trabajando para cumplir nuestro papel de garantía de la seguridad de todos, custodiando a quienes tengan que estar apartados de la sociedad durante un tiempo y
trabajando para que el paso por la prisión sea una oportunidad para reeducar a una buena parte de las personas condenadas, para enseñarles a organizar sus vidas y para tratar los problemas que les llevaron al delito y evitar en lo posible la
reincidencia. Me voy a centrar, a continuación, en las medidas para hacer frente a esta situación y para mejorar la eficacia de nuestro sistema penitenciario. En primer lugar, haré referencia a la construcción de nuevas infraestructuras
penitenciarias. El sistema penitenciario español que gestiona la Administración General del Estado -insisto en que siempre hay que hacer referencia, porque a veces hay una confusión con las cifras generales, a que la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cataluña gestiona allí sus instituciones penitenciarias- cuenta en


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la actualidad con 70 centros penitenciarios, 15 centros de inserción social, 10 establecimientos para internos en régimen abierto y 46 unidades de custodia hospitalaria. Entre todos ellos suman en la actualidad 46.040 celdas. Del conjunto
de centros penitenciarios, 19 responden al modelo de centro tipo, conforme al plan de centros aprobado en 1991, siendo el resto edificios de diferente antigüedad, pero, sobre todo, en su mayoría, pensados para un modelo penitenciario muy diferente
al modelo constitucional actual, aunque estamos haciendo un gran esfuerzo -también quiero insistir en esto- para mejorar los centros más antiguos y adaptarlos a las necesidades actuales de nuestro sistema, como revela el hecho de haber invertido en
los últimos cuatro años más de 111 millones de euros en obras y equipamientos en los centros antiguos.



El impulso modernizador que supuso la aprobación del plan de centros en el año 1991 fue importante para cubrir las necesidades del incremento de la población penitenciaria hasta 2005. Hasta esa fecha se crearon 22.969 nuevas celdas y se
amortizaron 8.230 celdas en centros antiguos. A partir de ese año, debido al incremento de población reclusa, al que me he referido anteriormente, el Consejo de Ministros, el 2 de diciembre de 2005, aprobó la actualización y revisión del plan con
el horizonte de 2012, incrementando de manera considerable el número de plazas penitenciarias previstas con la previsión de creación de 12.000 celdas funcionales y 2.400 complementarias en régimen ordinario, con una inversión de 1.650 millones de
euros.



Una parte de este programa de construcción de nuevos centros se ha realizado en estos últimos tres años. Se han finalizado cuatro nuevos centros penitenciarios -Puerto III, Madrid VII, Castellón II y Sevilla II-, trece centros de inserción
social, una unidad de madres en Mallorca y cuatro unidades de custodia hospitalaria, y también se ha ampliado un centro penitenciario en la isla de Lanzarote. Los centros de inserción social para cumplimiento en régimen abierto, particularmente en
tercer grado, se crearon a partir de 1992, aunque su puesta en marcha fue muy lenta. En el momento actual ofrecen un número de 1.038 celdas de uso doble. En la anterior legislatura nos propusimos como objetivo dotar al sistema de instalaciones,
medios y personal para que el desarrollo del cumplimiento de las penas cortas o finales en medio abierto se hiciese con garantías, y seguimos trabajando en esa dirección. Desde junio de 2004 hasta hoy se han terminado trece nuevos centros de
inserción social, un número importante pero que sigue siendo insuficiente. A ello hay que añadir la utilización de los medios de control telemático que hemos incrementado y que, seguramente, tenemos que hacerlo todavía más ya que es una fórmula de
limitar la libertad y de establecer mecanismos de control sobre una persona sin producir una quiebra de su inserción laboral o de su entorno familiar. En este terreno hemos pasado de 417 internos con dispositivos instalados a finales de 2004 a
1.746 en el momento actual. También querría hacer una particular referencia a las unidades de madres, como edificios singulares dedicados al cumplimiento de penadas con niños, que constituyen una innovación en nuestro sistema y que estamos poniendo
en marcha. Como les decía, acabamos de terminar la primera de estas unidades, cumpliendo nuestro compromiso de sacar a los niños de las prisiones. Me gustaría, aunque sea brevemente, describir estas unidades porque es una iniciativa pionera en
nuestro país que está siendo seguida con gran atención por el resto de los países del mundo. Se trata de edificios singulares cuya finalidad primordial es la mejora de las condiciones de desarrollo físico y psicológico de los hijos de mujeres
sujetas a sanción penal, que ha sido nuestro principal objetivo.
Su finalidad es conseguir la máxima normalización en la vida de los menores que permanecen con sus madres, potenciando, de forma gradual, las actividades, tanto de las madres como de
los hijos, que sean convenientes para su plena integración en la comunidad. Es un recurso que tiene un fuerte contenido pedagógico y también un alto nivel de exigencia para las madres que ingresen en él y que está sujeto al cumplimiento de las
condiciones de un contrato terapéutico previamente establecido con estas mujeres. Su construcción precisa un elevado compromiso institucional para la dotación de medios y recursos humanos encaminados a potenciar las labores asistenciales y
tratamentales, contando además con espacios educativos, aulas y zonas de recreo y esparcimiento infantil para cubrir todos los objetivos propuestos.



Por lo que se refiere a centros penitenciarios, en esta legislatura se construirán once nuevos centros tipo y se realizará la segunda ampliación del centro de Lanzarote, que completará su remodelación. Estos nuevos centros se ubicarán en
Andalucía, Menorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Soria, Ceuta, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana, Álava y Guipúzcoa.
En total se pondrá en funcionamiento a lo largo de la legislatura un número muy importante de nuevas celdas preparadas para su
uso doble si es preciso. Ya saben SS.SS. que un objetivo que nuestra institución valora como muy importante es que algún día podamos tener un sistema penitenciario que albergue a un interno por celda pero que, en este momento, tiene muy difícil
realización en un corto plazo. Por eso la medida que hemos adoptado con realismo es que los nuevos centros que se están construyendo amplíen los metros cuadrados de las celdas para prever la eventualidad de su uso por dos personas; eventualidad
que, por otra parte, está contemplada desde la instauración de este modelo de centro tipo, que en su dotación desde su momento inicial, los años noventa, cuenta con literas en todas las celdas.



Se concluirá el programa de construcción de nuevos centros de inserción social con veintiséis nuevos centros que acabarán de cubrir toda el área geográfica dependiente de esta secretaría general, y que pondrán en disposición aproximadamente
tres mil nuevas celdas -estas sí de uso doble- desde su concepción y desde su previsión inicial hasta la previsión futura. Se pondrán en funcionamiento las cuatro unidades de madres previstas restantes en Andalucía, Canarias, Madrid y la Comunidad


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Valenciana. Se proseguirá con el programa de acondicionamiento de nuevas unidades de custodia hospitalaria, del que se han terminado cinco actuaciones y se realizarán catorce más hasta completar las diecinueve previstas en el plan.



La creación progresiva de nuevos establecimientos penitenciarios va acompañada, como es lógico, del incremento de las plantillas de personal para atenderlos. Actualmente contamos con 23.434 efectivos entre personal funcionario y personal
laboral, que se verán aumentados con la incorporación de importantes contingentes de nuevos funcionarios en los próximos años. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo que estamos realizando, esfuerzo inversor de todos los españoles, a la luz de los
incrementos de población, este esfuerzo puede no ser suficiente para absorber el impacto de las modificaciones legislativas desarrolladas hasta ahora. Señorías, si la tendencia al crecimiento no varía, tendremos que pensar en incorporar una nueva
ampliación del plan de amortización y creación de centros para incrementar tanto las celdas para régimen ordinario como las de régimen abierto.



Llegados a este punto parece imprescindible hacer una reflexión sobre la razón del incremento del recurso a la prisión, en particular en el caso de las penas de corta duración y para las personas que han cometido un único delito. A pesar de
que existe una creencia popular en nuestro país de que las penas de corta duración no se cumplen, tengo que decirles que actualmente hay más de 10.200 internos en nuestros centros que cumplen penas inferiores a tres años. Querría centrarme en el
coste económico que para el Estado representa este crecimiento de población reclusa que, como ustedes suponen, es muy elevado tanto en personal como en infraestructuras y en medios. Nosotros debemos cumplir la ley, es algo obvio, debemos poner los
medios para que la ley se ejecute independientemente del esfuerzo presupuestario que conlleve, pero debemos plantearnos si el recurso a la prisión es eficaz en la lucha contra el delito y si eso es así, bienvenido sea el gasto y debemos hacer todos
los esfuerzos para afrontarlo, pero no siempre es todo tan sencillo. Nos preocupa que no siempre se valore el impacto que la privación de libertad ejerce sobre las personas y que puede actuar a veces como elemento de desocialización de personas que
han cometido un único y primer delito, y creemos que también es obligación del sistema velar para que esto no suceda.



Como ustedes saben, la tecnología nos permite disponer de instrumentos de restricción de la libertad sin necesidad de internamiento. De la misma manera, el desarrollo de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad como sistema de
cumplimiento de la sanción impuesta, así como de reparación del daño causado, es la línea en la que están trabajando los sistemas penitenciarios europeos y una orientación del sistema que nos parece particularmente educativa. De momento, como les
dije antes, el desarrollo de esta modalidad de cumplimiento se ha producido para nuevas tipologías delictivas, sin embargo podría extenderse a estos perfiles primarios a los que antes hice referencia. Espero que podamos hacer un debate razonable
sobre esta materia como el que se está desarrollando en todos los países de nuestro entorno. Para ello sin duda necesitaremos un amplio acuerdo y además la colaboración de todas las administraciones, ya que el cumplimiento de penas en comunidad
requiere de políticas concertadas y sobre todo del compromiso de la comunidad en el establecimiento de plazas comunitarias, porque, como su propio nombre indica, el trabajo en beneficio de la comunidad tiene que establecerlo la propia comunidad para
esta modalidad de cumplimiento, y tengo que decir que en este momento somos muy deficitarios en la oferta de plazas que nos proporcionan las diferentes administraciones para el cumplimiento de estas penas.



Otro de los aspectos que estamos abordando y en el que tenemos que seguir incidiendo es en la mejora de las instalaciones existentes. Como les decía, a pesar de tener un muy importante plan de renovación de nuestro sistema penitenciario,
con la construcción de nuevos centros, tenemos un parque de centros en alguna medida obsoletos y en algunos casos bastante desatendidos durante mucho tiempo. El incremento presupuestario dedicado a mantenimiento y conservación de estos centros
penitenciarios ha sido en la anterior legislatura de un 224 por ciento, lo que desde luego ha permitido mejorar notablemente la habitabilidad de nuestros centros, así como su seguridad. De la misma manera se ha producido una importante inversión en
modernización del sistema, renovando todo el material informático de los centros e implantando nuevos sistemas que mejoran notablemente la gestión penitenciaria. En esta materia también queremos seguir haciendo una importante inversión en los
próximos años.



Un aspecto fundamental de nuestro sistema es la introducción de medidas de mejora de tratamiento y gestión penitenciaria. El volumen y las características de la población penitenciaria nos impone desarrollar medidas de mejora a medio plazo
en todos los ámbitos, que nos ayudan a racionalizar y preservar el sistema, y a continuar, como les dije, el trabajo emprendido en la anterior legislatura, con el fin de hacer nuestro modelo verdaderamente moderno y rehabilitador. Siempre es un
motivo de preocupación el alto nivel de reincidencia que presenta una parte de nuestra población reclusa, en particular, aquellos que no se han desenganchado de la droga, los que no disponen de un trabajo a su salida, en ocasiones porque no han
tenido nunca ni siquiera su primera experiencia laboral, los que no disponen de vivienda y de apoyos familiares. Para evitar el riesgo de reincidencia, tan importante como el trabajo de los profesionales penitenciarios es la capacidad de
integración que ofrezca la sociedad a las personas que han pasado por prisión y la existencia de una red de apoyo y de control a las personas que necesitan continuar tratamientos terapéuticos contra su adicción a las drogas, tratamientos de sus
problemas de salud mental o de otras patologías. Hemos puesto en marcha varios programas en coordinación con ayuntamientos y comunidades


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autónomas para evitar estos riesgos, pero todavía existe una débil cultura de la importancia que tiene la integración social en la lucha contra la reincidencia.



Esta secretaría general, en el ámbito de sus competencias, se propone poner en marcha una serie de actuaciones y medidas generales que les voy a enumerar a continuación. Obviamente, es fundamental la política en recursos humanos en una
institución que requiere de una intervención de personal tan importante como es esta. Por lo tanto, uno de los objetivos prioritarios debe centrarse en desarrollar el ámbito de los recursos humanos de la institución penitenciaria. Nos proponemos
establecer recursos suficientes para acometer los retos del nuevo medio abierto y medidas alternativas que, como les he dicho, es un ámbito en el que la población ha crecido extraordinariamente. Por primera vez el medio abierto empieza a tener
plantillas de personal destinadas a él, lo cual era una demanda histórica en el sistema y que estamos empezando a hacer realidad. Por supuesto, nos proponemos mantener el diálogo social que se ha desarrollado en la anterior legislatura y el acuerdo
con los sindicatos para mejorar progresivamente las condiciones de los trabajadores penitenciarios. En esta legislatura queremos acometer, de manera acordada con los sindicatos, una profunda modernización de la estructura organizativa de los
puestos de trabajo y de los cuerpos penitenciarios. Nos proponemos también desarrollar una estrategia integral de formación que permita avanzar en la especialización necesaria de los profesionales penitenciarios. Queremos también impulsar las
transferencias del personal sanitario a las comunidades autónomas y que asuman las competencias en lo referente a la salud de los internos de los centros penitenciarios que, como ustedes saben, es una obligación que nos impone la ley y que todavía
no hemos conseguido materializar. Esta secretaría general viene trabajando junto con la Dirección General de Cooperación Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas desde el año 2004 para conseguir el acuerdo con las comunidades
autónomas. Como les decía, no hemos conseguido materializar este traspaso, pero hemos hecho notables avances en el conocimiento mutuo, en la coordinación con las comunidades autónomas y en la implicación mutua en una buena resolución de esta
materia.



Por lo que se refiere a la reinserción y a la intervención, como ya les he dicho, nos hemos propuesto abordar los principales problemas que padece nuestra población reclusa aportando políticas tratamentales que faciliten la superación de
estos problemas a los internos que lo requieren. Para ello vamos a reforzar y ampliar los programas de tratamiento, que son parte fundamental de nuestra política penitenciaria, porque nos permiten incidir en algunas de las causas que llevan a
muchas personas al delito y tratar de modificar sus conductas. En la anterior legislatura se introdujeron numerosos programas terapéuticos de alta complejidad, para cuyo diseño y aplicación se ha contado con la participación de los más prestigiosos
especialistas universitarios, tanto en intervención como en evaluación, buscando dar una respuesta eficaz a problemas acuciantes como son la violencia de género, el control de la agresión sexual, la prevención de suicidios y la atención a
discapacitados, jóvenes y extranjeros, con una metodología en todos los casos científicamente contrastada en su eficacia. En estos programas han participado más de 10.600 internos y más de 1.000 profesionales -psicólogos, juristas, pedagogos,
sociólogos, trabajadores sociales y educadores- y también trabajadores de Interior que han recibido la formación correspondiente.



Nos proponemos impulsar la estrategia global de actuación en salud mental ya iniciada en el año 2006, con la puesta en marcha en todos los centros penitenciarios de un programa de atención integral a personas con enfermedad mental. Como les
dije, este es un problema en crecimiento en todos los sistemas penitenciarios europeos. En el estudio que la entonces Dirección General de Instituciones Penitenciarias realizó en el año 2006 detectamos que un 25 por ciento de la población reclusa
de nuestro país padecía alguna patología asociada a la enfermedad mental. En este campo la sanidad penitenciaria debe prepararse para liderar una segunda desinstitucionalización del enfermo mental. La reforma psiquiátrica de los años ochenta sacó
a los pacientes crónicos de los manicomios defendiendo que las instituciones asilares no eran las adecuadas para el tratamiento del enfermo psiquiátrico. Desgraciadamente, las prisiones se han convertido en nuevos asilos para trastornados mentales.
Si los manicomios no eran la solución, menos aún lo son los establecimientos penitenciarios, aunque estemos asumiendo con la mayor profesionalidad esta tarea. Es una reflexión que debe hacerse la sanidad pública y para la que tenemos que tener
estrategias de prevención, de actuación y también de integración.



Nos proponemos también mejorar la atención a las personas que tienen problemas de adicción a las drogas. Para llevar a cabo los programas de intervención psicosocial en internos en tratamiento con metadona y en los programas de
deshabituación, propondremos la incorporación de otros agentes en el tratamiento, así como una mayor intervención en el medio penitenciario del Plan Nacional sobre Drogas y plantearemos la necesidad de una mayor implicación de las comunidades
autónomas también en esta materia, porque nos conviene coordinar actuaciones que tienen mucho que ver, como les decía, con la prevención y con la reinserción una vez finalizada la condena de estas personas y con la necesidad de continuar los
tratamientos que se han iniciado en el medio penitenciario. Es nuestra intención, como dije antes, reforzar y ampliar los programas de tratamiento, que son parte fundamental de nuestra política penitenciaria, porque son los que nos permiten incidir
en algunas de las causas que llevan a muchas personas al delito y tratar de modificar sus conductas. A este respecto, ampliaremos la atención a la lucha contra la violencia de género mediante la aplicación de programas específicos a maltratadores,
a los que estamos dedicando un importante esfuerzo y que constituye una máxima


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prioridad para el sistema penitenciario. También en esta materia es importante mejorar la cooperación y la coordinación con las comunidades autónomas en el mantenimiento de una infraestructura de especialistas en tratamiento del maltratador
fuera del ámbito penal penitenciario, conforme al mandato del artículo 42 de la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. En los últimos tres años han sido 700 los internos que han participado en estos programas
en 46 centros penitenciarios y 146 profesionales los que han sido específicamente entrenados en dichas técnicas y nos proponemos ampliar estas actuaciones en los próximos meses a diez nuevos centros con la formación de veinticinco nuevos
profesionales. Aquí quiero también llamar la atención del esfuerzo que ha significado para el conjunto del sistema y, en particular, para nuestros profesionales, su formación para hacer frente a esta nueva necesidad. Hemos tenido que poner en
marcha programas importantes de formación de profesionales para poder abordar estos programas de tratamiento. Nos proponemos continuar reforzando el programa de control de la agresión sexual. Durante estos dos últimos años unos 370 internos han
participado en este programa. En este momento hay 243 internos en el programa de control de la agresión sexual en los 38 centros en que se desarrolla el mismo. La mayor parte de los establecimientos que contaban con suficientes recursos para el
desarrollo del programa han recibido formación y están desarrollando esta iniciativa. Las diferentes unidades terapéuticas trabajan, entre otras cosas, las biografías de los agresores, las distorsiones cognitivas que sustentan los comportamientos
violentos, la educación sexual y la prevención de recaídas. Nos proponemos también extender la experiencia de los módulos de respeto, porque el medio penitenciario puede y debe ser entendido como un espacio de convivencia, respeto y clima social
adecuado, cuya organización y funcionamiento faciliten la consecución de los objetivos de la institución penitenciaria. Por eso son tan importantes estos nuevos sistemas de convivencia con los que tratamos de modificar la cultura carcelaria para ir
pasando a espacios donde la convivencia se base en el respeto mutuo, la educación y los valores prosociales, empezando por asuntos tan básicos como la higiene, el cuidado de la salud, las buenas costumbres y hábitos; llegamos a intervenir en el
estilo de vida del interno y de esa manera vamos consiguiendo un cambio paulatino del clima general en nuestros centros.
Actualmente, ya existen cincuenta módulos de respeto en veintisiete centros penitenciarios con un total de 5.267 internos
destinados en ellos.



Nos proponemos ampliar los programas de discapacitados, que se realizan en colaboración con la Confederación española de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual, Feaps, a través del convenio firmado con dicha
organización. Al día de la fecha se han instaurado módulos de discapacitados en treinta centros que atienden a 444 internos con esta deficiencia. Igualmente, nos proponemos aumentar los programas de intervención en régimen cerrado. Régimen
cerrado es el régimen de cumplimiento más estricto dentro del sistema penitenciario al que están destinadas las personas que tienen un historial penitenciario más largo y más complejo. La introducción de estos programas ha supuesto un esfuerzo muy
importante para nuestros profesionales, pues ha debido conjugarse necesariamente con el mantenimiento de las adecuadas medidas de seguridad y protección de profesionales e internos, pero tengo que decirles que es una de las iniciativas de las que
nos sentimos más satisfechos. En los veintidós establecimientos que cuentan con este tipo de programas, en departamentos de máxima seguridad, se están realizando por primera vez actividades con los internos y participan en ellos 490 internos de
media.
El objetivo a perseguir es que en todos ellos se realice el programa marco de intervención de forma íntegra y recuperar a estos internos para un marco ordinario de convivencia. Nos proponemos también impulsar el programa de jóvenes; un
programa de entrenamiento en valores prosociales que incluyen diversos tipos de actividades terapéuticas, educativas, formativas y culturales. Es un programa que se desarrolla en diecinueve centros, en el que están participando 1.011 internos y que
está dando magníficos resultados. También nos proponemos seguir en la línea de fomento de la formación para el empleo y de mejorar el nivel de ocupación de nuestros internos en talleres productivos.



Por lo que se refiere al ámbito de la seguridad, que también es, como es obvio, una materia fundamental en esta institución, seguiremos incrementando todas las medidas de seguridad, continuando con la línea emprendida en la pasada
legislatura, en que apostamos por la implantación de la tecnología más avanzada que incide en un mayor control y seguridad de los establecimientos, como son: la implantación del sistema de identificación automatizado, la implantación del sistema
automatizado de telefonía para internos, la implantación del procedimiento disciplinario informatizado de internos y la creación de la base de datos de incidencias penitenciarias. En esta línea, en el momento actual, también estamos avanzando en la
constitución de grupos de control y seguimiento especializados en materia de seguridad en los centros para mejorar la especialización de nuestros funcionarios, en particular, frente al crimen organizado y al terrorismo. La creación de la Unidad
central de recepción, control, análisis y transmisión de la información es un importante avance que hemos realizado en esa materia. Se ha elaborado un manual para el control de la radicalización yihadista en los centros penitenciarios, sobre el
cual estamos trabajando, porque es una materia en la que es imprescindible formar a nuestro personal en la prevención de actuaciones dentro del centro penitenciario y también en la mejor coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. La ejecución del programa de redistribución de internos extranjeros es otro de los objetivos que estamos empezando a desarrollar en nuestro sistema, junto con la implantación del programa de gestión automatizado de


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comunicaciones, la implantación del control de rondas electrónico y la elaboración del programa de gestión interior de centros. Todas estas materias, aunque parezcan poco detalladas, tienen mucho que ver con la seguridad y con el buen
funcionamiento de los centros penitenciarios.
Además de todo ello, estamos también desarrollando otras actuaciones que mejoran la eficacia de la gestión de los centros y de las prestaciones de los internos, como el incremento de las conducciones
aéreas de internos, evitando las conducciones largas y penosas y, en particular, las travesías en barco, que presentaban muchos problemas, no solo de penosidad sino también de seguridad para las propias fuerzas conductoras.
Hemos realizado un
convenio con el Consejo de la Abogacía para la regulación informatizada de las visitas entre letrados e internos, que también está mejorando notablemente las prestaciones en esta materia y, en cualquier caso, nos planteamos continuar perfeccionando
la colaboración recíproca con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ha sido uno de los importantes avances de la legislatura anterior y que, como les decía, se ha mejorado sensiblemente desde que la institución forma parte de la
Secretaría de Estado de Seguridad.



Por lo que se refiere al medio abierto y las medidas alternativas, en relación con las necesidades que nos plantea este ámbito de actuación para la ejecución de las nuevas penas, tenemos el firme propósito de continuar en la línea del
esfuerzo llevado a cabo con el desarrollo de convenios con instituciones y con entidades. Concretamente, en esta etapa han sido 69 los nuevos convenios que hemos establecido para el desarrollo del medio abierto, de los que 34 son para recursos en
materia de trabajo en beneficio de la comunidad y 24 para intervención en materia de violencia de género. A lo largo del presente año se están gestionando 30 nuevos convenios, muchos de ellos orientados a dar respuesta al problema de la ejecución
de penas en materia de seguridad vial, que es otra de las grandes asignaturas que tenemos que aprobar con la mayor celeridad posible. Este trabajo debe verse reforzado por modificaciones legislativas que mejoren la viabilidad de la gestión, así
como por el desarrollo de modelos organizativos específicos, modernos y adecuadamente dotados. En esta línea, se ha avanzado en la modernización tecnológica, tanto a nivel de dotación de infraestructuras como de modernización e informatización de
procedimientos. En los dos últimos años se han informatizado la totalidad de las unidades periféricas. Ya en la legislatura anterior se creó una subdirección general de medio abierto para hacer frente a este reto. En la presente legislatura como
primera medida se ha creado la Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Abierto, dotando así del máximo rango directivo a un aspecto de la política penitenciaria que constituye una de las apuestas fundamentales que tenemos en este
momento. Esta nueva estructura va a permitir una redistribución de efectivos más operativa y eficaz, gracias a una actuación territorializada y más integrada en las comunidades autónomas, lo que facilitará la potenciación de sinergias positivas.
También querría aprovechar una vez más este momento para animar a ayuntamientos, comunidades y entidades diversas de la comunidad para que podamos disponer de un número importante de plazas que permita que el cumplimiento de las personas condenadas
a trabajos en beneficio de la comunidad se materialice rápida y eficazmente. Tengo que decir que algunas comunidades han tomado conciencia de la importancia que este tema tiene para trabajar por la seguridad de todos, pero en otros casos la oferta
es todavía muy insuficiente.



Señoras y señores diputados, nuestra gran tarea pendiente es en parte también una tarea pedagógica hacia la sociedad en general y hacia las instituciones en particular, que es el convencimiento de que un sistema penal alternativo es
realmente eficaz en la consecución de la paz social, es más sano desde la perspectiva de una ética social y más productivo económicamente, pero que ello solo es posible desde la corresponsabilidad de todos. En esta línea también queremos responder
a la expectativa de una institución penitenciaria moderna, dinámica, integrada en las estructuras sociales y de utilidad pública. Señorías, hasta aquí la primera parte de mi intervención. Como ustedes podrán comprobar, los problemas que tenemos
ante nosotros son numerosos e importantes, pero esta secretaría general cuenta para hacerles frente, desde luego con el apoyo del Ministerio del Interior, como no puede ser de otra manera, y del Gobierno y con el trabajo y la gran capacidad
profesional de sus funcionarios. También creo que podemos contar con su estímulo y su apoyo a través de sus iniciativas y también de sus críticas -cuando las haya- y de la receptividad que debemos de tener frente a ellas. Por todo eso, y para
responder a todas las cuestiones que quieran formularme, estoy a su disposición ahora y de manera permanente el resto de los días del año.



La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar la parte de la intervención de los grupos parlamentarios. En primer lugar, voy a dar la palabra al Grupo Parlamentario Popular, que es quien ha solicitado esta comparecencia, y con posterioridad al
resto de grupos de menor a mayor. Por lo tanto, tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Navarro.



La señora NAVARRO CRUZ: Señora Gallizo, mis primeras palabras son lógicamente para agradecerle su comparecencia y, como es natural, también nos sentimos satisfechos desde mi grupo de que sea usted una de las primeras en comparecer en esta
Comisión. Usted ha empezado su planteamiento diciendo que tenemos un buen sistema penitenciario en España y que también tenemos unos excelentes profesionales, como usted se imaginará nosotros compartimos el 50 por ciento de la afirmación.

Efectivamente, tenemos unos excelentes profesionales, pero el sistema penitenciario español deja un poco o bastante que desear. Quiero decirle -por empezar por el final de su intervención- que, cuando usted ha dicho que agradecería las iniciativas
que desde los grupos parlamentarios se plantearan, tenga claro que por parte de nuestro grupo siempre encontrará iniciativas


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o críticas encaminadas única y exclusivamente a mejorar el sistema penitenciario español; cuando compartamos sus ideas o sus propuestas, por supuesto que siempre nos encontrará, porque esa es la intención que creo tenemos todos.



Usted hoy viene a plantearnos las líneas maestras de esta legislatura, que comenzó en mayo, como todo el mundo sabe, pero no podemos olvidar que también usted ha sido la persona responsable de los centros penitenciarios de este país durante
toda la legislatura pasada, tanto para lo bueno como para lo malo; y de lo bueno ya se han dicho muchas cosas que nosotros compartimos, pero mi obligación en este caso es decirle todo lo que consideramos que no es tan bueno. Por esa razón, quiero
empezar diciéndole -usted ha dado una cifra, ha habido un incremento del 60 por ciento de las personas que están cumplimento penas en España- que nosotros consideramos que no son suficientes los centros penitenciarios donde las personas están
cumpliendo esas condenas. Ha hablado de muchos centros penitenciarios e incluso yo leí su comparecencia de la legislatura anterior en la que usted tenía lógicamente una gran ilusión, que todos hubiéramos compartido, que era la de tener un recluso
por cada celda, pero desafortunadamente no solo no se ha cumplido sino que, según detecto de las palabras que usted acaba de decir, la idea es que se sea un poco más realista en esas previsiones y que todos los centros penitenciarios puedan al menos
tener a dos personas por cada celda. Por tanto, nos hubiera gustado que se hubiera cumplido aquella idea que usted tenía al principio de la legislatura pasada. He de decirle también que en la legislatura pasada el único centro penitenciario que se
ha puesto en marcha ha sido Puerto III, y recuerdo que este es un centro que quedó proyectado por el Partido Popular y que además está preparado para albergar a 1.008 presos, como la inmensa mayoría de los centros tipo. Creemos que no hay una buena
capacidad para solucionar el problema de hacinamiento que tenemos ahora mismo en las cárceles españolas. Se han inaugurado tres centros penitenciarios, el de Estremera, el de Alboccaser y el de Morón de la Frontera, y digo inaugurado porque
efectivamente eso es lo que se ha hecho, inaugurar esos centros, pero por el momento no están funcionando, no hay reclusos en esos centros y tampoco está terminada ni siquiera la selección del personal que los va a atender. Por lo tanto, si tal
como usted acaba de decir se van a poner en marcha, nos gustaría que esto fuera así, pero por el momento lo único que vemos desde el Partido Popular es que se han inaugurado, que se han hecho fotografías y que han salido en prensa. Como digo, nos
gustaría muchísimo que estuvieran funcionando. Pero el problema que nosotros vemos es que aunque estuvieran funcionando, aun así, todavía seguirían siendo insuficientes para albergar a la gran cantidad de presos que en este momento tendrían que
estar cumpliendo su condena. Le digo esto porque la media de reclusos existente en las instituciones penitenciarias es de un 170 por ciento, no baja de ese 170 por ciento; incluso en algunos lugares hay un 300 por ciento. Le daré tres ejemplos
concretos: el de Zuera, que sabe usted que tiene 1.008 plazas para reclusos y ahora mismo está albergando 1.754; el de A Lama, de Pontevedra, que también tiene 1.008 plazas y ahora mismo alberga a 1.860 reclusos; o el de Mansilla de las Mulas, de
León, que ahora mismo alberga a 1.870 reclusos y también fue construido para 1.008.



Usted hablaba hace un momento de módulos de respeto, lo cual a nosotros nos parece fenomenal, pero díganos de qué manera se puede tener ese respeto cuando los presos tienen una tasa de hacinamiento muy importante en nuestro país. Eso lo
único que crea es un aumento de conflictividad, entre los propios internos, entre los internos y los funcionarios y desde luego una dificultad para los funcionarios a la hora de custodiar a esas personas. Lo cierto es que, a pesar de todos los
números que nos acaba de facilitar, que esperamos que en la próxima legislatura se hagan efectivos, ahora mismo nos faltan muchísimos recursos humanos y materiales para garantizar la convivencia dentro de esos centros penitenciarios. Le recuerdo
que hay módulos de 144 internos que habitualmente están controlados por un funcionario y excepcionalmente por dos funcionarios. Mientras los internos en los últimos cinco años se han incrementado en un 61,89 por ciento, la plantilla de funcionarios
de prisiones solo se ha incrementado en un 23,56 por ciento. Esta situación afecta, como le decía antes, a la calidad de los servicios tanto como a los derechos y condiciones en las que tienen que estar los internos, también al trabajo de los
funcionarios y del desarrollo de los cometidos penitenciarios básicos. El otro día, en esta misma Comisión el secretario de Estado apuntó posibles soluciones a este sistema que usted también ha vuelto a decir esta mañana. El secretario de Estado
dijo: Debemos aportar nuevos recursos humanos y materiales y optimizar los que disponemos para conseguir cinco grandes objetivos estratégicos en esta materia. Habló de disminución de presión demográfica en los centros penitenciarios, potenciar el
medio abierto y las medidas alternativas, establecer las bases de un pacto sindical a lo largo de esta legislatura, descentralizar y estructurar los servicios penitenciarios y convertir a los mismos en espacios socioeducativos y de intervención sin
ninguna merma para la seguridad. Añadió también -cosa que usted también ha compartido-: Habrá que analizar a lo largo de esta legislatura la posibilidad de modificar al alza el plan de amortización y creación de centros penitenciarios para
acomodarlos a las necesidades reales de la evolución que está presentando la población reclusa. A corto plazo, se habló de que se había valorado la puesta en marcha de un plan de choque para 7.944 celdas residenciales con carácter de urgencia,
5.815 para medio cerrado y 2.129 para medio abierto, y este plan se basa en la construcción de cinco centros tipos, como usted también ha dicho, y de dieciocho centros de inserción social, lo que permitirá utilizar espacios que están destinados
actualmente a secciones abiertas para régimen cerrado, posibilitando el incremento de las celdas tanto para medio abierto como para régimen cerrado. Estamos hablando de medio abierto, de régimen cerrado; estamos


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hablando, señorías, de una serie de cuestiones que aquí se plantean y de todo lo contrario. De todas formas, nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que aquellas personas que tengan que cumplir su condena en régimen abierto así lo
hagan y estén en ese tercer grado, como es natural, porque no puede ser de otra manera, pero también estamos totalmente convencidos de que cuando una persona ha sido condenada por la ley, no porque nadie diga que este señor tiene que estar aquí o
allí sino porque la ley así lo indica, no se puede tener en régimen abierto. El régimen cerrado tiene que ser lo suficientemente eficaz como para tener a una serie de personas. No se pueden tener en régimen abierto a asesinos, a violadores ni a
pederastas. Voy a hacer una alusión a una noticia que sale hoy en prensa, y es que un preso fugado acusado de asesinar mete en una tinaja a un hombre que le dio cobijo y lo asesina. La cuestión es que hay personas que no pueden estar en regímenes
que no sean cerrados, y desde luego no es que estuviera en régimen abierto este señor, sino que era un preso fugado, pero también hay que tener ese control como para que estas cosas no ocurran.



Por otra parte, usted también ha hablado ampliamente sobre las infraestructuras de los centros de inserción social. Ese plan de infraestructuras nos parece fenomenal al Partido Popular; nos parece estupendo que la gente pueda cumplir en
esos centros de inserción social, pero eso no significa que toda la atención se vaya a centrar en eso, significa que ustedes tienen que poner bastante más atención también en los centros penitenciarios, que no son exactamente los de reinserción
social. Eso lo compartimos y nos parece bien, al igual que el módulo de madre y todo lo demás, que lógicamente debe hacerse. Tenga en cuenta también que no solamente están en ese tipo de módulos las personas que están en tercer grado, sino que
también hay de segundo grado, que suponen 8.000 internos que cumplen penas en régimen abierto. Señora Gallizo, los datos de inseguridad ciudadana, a pesar de que el Gobierno no quiera reconocerlo o los quiera maquillar, cada vez son peores, y en
este caso la responsabilidad es del Gobierno de la nación, no de nadie anterior.
Usted ha dicho muy bien que la prisión ha de ser la última y no la única fórmula para cumplir la pena. Efectivamente, nosotros también estamos de acuerdo en eso, pero
lo que también está claro es que hay que cumplir la ley, y si la ley dice que una persona tiene que cumplir en régimen cerrado, pues ese régimen cerrado tiene que estar preparado para eso. Al Partido Popular le preocupan también las declaraciones
que la señora Gallizo ha hecho sobre política penitenciaria, diciendo que se eliminarían obstáculos no razonables para que los presos accedan al tercer grado. No sabemos si esa es la solución para que no haya hacinamiento en las cárceles o el
incremento de la población penitenciaria deje de aumentar día a día. Le voy a decir una cosa: la culpa de que haya más personas en instituciones penitenciarias no se la podemos echar continuamente al Gobierno anterior, ni a las cuestiones
legislativas. Hay que echársela también a cuestiones muy básicas; por una parte, a la inseguridad que en este momento hay en España y, por otra, a la efectividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estas me parecen dos razones muy
importantes a tener en cuenta y son uno de los motivos por los que hay mucha más población penitenciaria. Está muy bien decir, como decía el señor Zapatero en alguno de los debates del estado de la Nación, que impunidad cero es prevención y
reinserción, que haya menos delitos y menos delincuentes, que no haya más presos en las cárceles, algo que, con la política antisocial del Gobierno del PP, no es posible. Como declaración de intenciones, aunque no la compartimos, nos parece lógico
que la diga, pero la realidad es que hay un error de base, y es que en las sociedades libres y democráticas como la nuestra el delito existe; existe porque vivimos en una sociedad libre y hay que combatirlo, porque la falta de inseguridad limita
nuestra libertad. La calidad del sistema penitenciario se debe juzgar por la calidad de sus instalaciones y la asistencia a sus reclusos y no por la posibilidad de salir antes de una prisión; antes de haber agotado la pena entendemos que esa no
sería la fórmula de liberar los espacios dentro de las instituciones penitenciarias. El propio ministro de Interior dijo que el aumento de presos en España no debe ir en detrimento de la calidad del sistema penitenciario, y esa afirmación le
aseguro que desde el Partido Popular la compartimos absolutamente, porque, si confundimos, una cosa con la otra, estamos hablando de que trasladar el problema de la masificación en las cárceles a las condiciones de ejecución de la condena, estaría
rebajando y mermando la calidad de nuestro Estado de derecho.



Me gustaría hablarle también sobre otro tema que usted ha tocado, que ha sido el del tratamiento de los presos. Los programas específicos para maltratadores, prevención de suicidio, seguridad vial, educativo, etcétera, todos los programas a
los que usted acaba de hacer referencia, nos parecen insuficientes, que durante toda la legislatura pasada han dejado bastante que desear; esperamos que ahora, en el planteamiento que usted hace para la siguiente legislatura, esos programas sean
efectivos, la realidad es que los tratamientos nos parecen básicos dentro de la población reclusa. También creemos que la principal razón para que el recluso pueda tener esos programas tratamentales es la propia voluntad del recluso, con lo cual, a
la hora de recibir ese tratamiento, es imprescindible esa voluntad que, usted sabe, dentro de las prisiones no es muy grande, es bastante escasa. Usted ha dicho antes que era difícil, pero entendemos que está dentro de su responsabilidad
incentivarlo para que esto ocurra. También creemos que no solo se trata de la voluntariedad de los reclusos, sino que hay otra cuestión para que esos programas funcionen, que es que haya personal cualificado de instituciones penitenciarias dirigido
a la diversidad de presos que, por cultura, idiomas, tenemos dentro de las presiones. En este momento hay más de 25.000 presos extranjeros y el plan de formación que tiene usted para 2007 no contempla ni una sola medida en materia de idiomas.
Nosotros entendemos que la comunicación con esa serie de internos


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a lo mejor el que se presente para la próxima legislatura lo contendrá, pero este no lo tiene- con los que no se comparte el idioma es muy difícil y, en general, en la mayoría de las instituciones penitenciarias, se hace a través de otros
reclusos que, a su vez, traducen como les parece más oportuno lo que dicen las personas que hablan otro idioma.
Además, usted sabe que, aparte de todo eso, faltan cuestiones fundamentales como son: muchos más juristas, más pedagogos, más
traductores y más psicólogos, ya que, sin ellos, ningún programa tratamental podría tener éxito y sería difícil que funcionase. Lo que sí parece que ha funcionado bien en comunicación ha sido una cuestión que a nosotros nos preocupa. Parece ser
que en la legislatura pasada se han incautado dos mil tarjetas de teléfonos en las instituciones penitenciarias, por supuesto sin ningún permiso para tenerlas, y mil teléfonos móviles. Es una cuestión que debería tenerse en cuenta, porque no
solamente se les han facilitado a los presos esos teléfonos móviles o esas tarjetas, sino que también se les puede facilitar cualquier otra cosa que pueda suponer un problema a la hora de la seguridad.



Otro tema que me gustaría abordar son los trabajos en beneficio de la comunidad. Usted hablaba de esos trabajos que deben hacer ciertos reclusos que no tienen necesidad de cumplir las penas de otra manera.
Decía que hay una gran dificultad
por parte de las instituciones y de los centros privados que tienen que hacer una serie de convenios para poder hacer efectivos esos trabajos y darles plazas a esas personas. Entiendo lo que usted dice, que efectivamente es complicado poderse poner
de acuerdo para que les ofrezcan esas plazas, pero es que es su obligación.
Es obligación de ustedes tratar de llegar a acuerdos con esas instituciones para que estos condenados a cumplir con su sentencia en trabajos para la comunidad puedan
cumplirlos. Sin ir más lejos, le puedo indicar que en Soria hay 70 penados en espera de que se les pueda facilitar un lugar donde cumplir su pena. Al final, lo que ocurre con esto es que se da a la sociedad sensación de impunidad; parece que no
se cumple esa pena y que nunca llega a su término.



Por otro lado, me gustaría comentarle una cuestión a la que usted no ha hecho referencia. Es una pregunta que le hago. La instrucción penitenciaria 2/2005, en su artículo 72.5, hace referencia a la satisfacción de la responsabilidad civil
derivada del delito. Nosotros entendemos que se trata de embargar los bienes del recluso destinados a indemnizar a sus víctimas. Me gustaría saber qué efectividad ha tenido eso, si se ha planteado o no, si se está haciendo o no, porque la realidad
es que según vemos en prensa, en televisión y en la calle, hay algunas personas que han estado cumpliendo sus penas en centros penitenciarios y que no han resarcido a sus víctimas. Por lo menos han sido personas muy evidentes que salen con mucha
frecuencia en prensa, que sabemos que no se ha resarcido a sus víctimas y que parece que en ningún caso se les han embargado esos bienes, no llegándoles a las personas a las que les tenían que llegar.



Señora Gallizo, no quiero extenderme mucho más porque mi tiempo no es tan extenso como el suyo y voy a ir terminando.



La señora PRESIDENTA: Lleva casi veinte minutos.



La señora NAVARRO CRUZ: Ya he sobrepasado mi tiempo, pero hay otros muchos temas que nos gustaría debatir. De todas formas, en breve veremos los presupuestos y ahí podremos manifestar lo que consideremos oportuno y presentar las enmiendas
que estimemos necesarias, o en el caso de que sean perfectos, no enmendar nada, que sería maravilloso, pero me temo que no va a ser así, que alguna enmienda tendremos que plantear al presupuesto que se haga y, lógicamente, se harían de acuerdo con
lo que cada uno pensamos que sería la mejor solución para que las cosas funcionen. Por otra parte, solamente quiero volver a reiterar lo que le dije al principio, que nosotros nunca haremos una oposición destructiva sino todo lo contrario. Haremos
el planteamiento de cualquier cosa que consideremos que pueda ser buena. Por supuesto nuestra obligación, y la de las personas que nos han votado, es encargarnos precisamente de fiscalizar -por decirlo de alguna manera- todo aquello que ustedes nos
están planteando. Por supuesto no dude de que lo que nos parezca bueno, lo aceptaremos.



La señora PRESIDENTA: Corresponde ahora la intervención a los grupos no solicitantes de la comparecencia. Empezamos por el Grupo Mixto. Señora Díez, tiene la palabra.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: En primer lugar, quiero agradecerle a la señora secretaria general de Instituciones Penitenciarias, señora Gallizo, su intervención y todos los datos que nos ha aportado. Quiero destacar como cosa notable que la
señora secretaria general haya hecho una intervención en la que, a mi juicio, ha huido de la autocomplacencia, algo que desgraciadamente suele ser habitual, para plantear no solamente las iniciativas que tiene su departamento y todas las cuestiones
que se nos han anunciado que se van a poner en marcha, sino también para poner negro sobre blanco las deficiencias que tiene el propio sistema penitenciario, las propias estructuras penitenciarias, que son estructuras que se pusieron en marcha en
muchos casos hace bastantes años y que todavía no hemos conseguido adaptar a las nuevas exigencias democráticas y constitucionales. Le agradezco sinceramente que también haya puesto énfasis en hacernos notar todas las dificultades y deficiencias
que vive el sistema, de la misma manera que me parece que es un llamamiento siempre necesario exigir una cierta pedagogía democrática a la vez que se pone en práctica en un tema tan complejo como es el sistema penitenciario español y cómo esto que
tiene que ver con nuestra seguridad, con nuestro futuro y también con un determinado modelo de sociedad que cada uno de nosotros tenemos en la cabeza.



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Quiero hacerle algunos comentarios muy breves en desarrollo de lo que acabo de decir, hablarle de algunas ideas que me ha sugerido su intervención y de algunas dudas que he seleccionado respecto de denuncias que a lo largo de estos últimos
meses han venido produciéndose por parte de los sindicatos. Se lo voy a plantear solo a modo de ejemplo para obtener algunas respuestas. Si bien me voy a referir a centros penitenciarios en concreto, creo que tienen que ver con los problemas que
usted ha destacado: un crecimiento de reclusos realmente notable, de un 60 por ciento en los últimos ocho años, mientras que la plantilla de profesionales que han de atenderlos -no le he escuchado decir una cifra- creo que ha crecido alrededor del
20 por ciento, siendo también notable, a mi juicio al menos -y esto se lo quería preguntar-, que existe una enorme necesidad de especialización en esa plantilla, es decir, que ya no son solo cuidadores o carceleros -si se me permite la expresión-,
sino que para resolver los problemas que tienen el sistema y la sociedad se necesitan profesionales muy diversos de los que creo que Instituciones Penitenciarias está muy escasamente dotada. La señora Gallizo ha planteado como un ejemplo algo
recurrente, que las patologías de más de un 25 por ciento de los reclusos están asociadas a enfermedades mentales.
Este sería un caso, si quiere, extremo pero no es el único porque, como usted misma ha señalado, para determinadas penas de
prestación de servicios a la comunidad, también se requieren profesionales que controlen esos servicios a la comunidad y ahí también hay demasiados déficits.



No le he escuchado hablar de oferta pública de empleo. Quizá lo ha mencionado pero a mí se me ha pasado. Le pediría más concreción al respecto porque uno de los problemas es la escasez de infraestructuras.
Usted lo ha mencionado y ha
hablado de algunos proyectos de la institución que usted dirige, pero quizá el problema más importante -al menos a mí me lo parece- es el problema humano porque eso requiere, además de tiempo, mucha preparación; no se puede improvisar. Me gustaría
que nos pudiera dar usted más información al respecto. Hay muchas denuncias reiteradas por parte de los sindicatos, que usted conoce bien, que no son muy contradictorias con las cuestiones que usted misma ha planteado en relación precisamente con
la falta de dotación de personal, que en muchos casos provoca un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pone en riesgo a veces a los propios trabajadores del sistema, acrecienta la inseguridad en las propias prisiones; en
fin, disminuye el éxito del propio trabajo de las cárceles, ese éxito que usted cifraba en la reinserción. Si no hay suficiente personal, si no se trata suficientemente bien, creo que todo eso queda en cuestión. Tiene mucho que ver con la oferta
de empleo, como le decía antes, pero tiene también muchísimo que ver con la especialización de esa oferta de empleo.
Leí hace relativamente poco una denuncia que tenía que ver con el CIS de Valencia, precisamente en relación con la falta de
dotación de personal.
Los sindicatos explicaban que en la actualidad se había duplicado el número de internos sin que eso hubiera tenido una equivalencia ni siquiera remota con el número de trabajadores para atender el sistema, que los internos
estaban sufriendo el hacinamiento y que eso conducía, lógicamente, a la conflictividad pero que, además y sobre todo, no se podían realizar, por haber muy poco personal, los controles suficientes.
Según denunciaban los sindicatos el mes pasado,
había solamente tres coordinadores encargados de hacer visitas a los puestos de trabajo de los internos que tienen asignados trabajos en el exterior; si hay 500 internos que tienen asignados trabajos en el exterior y solamente tres funcionarios
-caso de que esta denuncia sea correcta y usted me dirá si es así-, evidentemente hay aquí un enorme déficit para hacer un seguimiento y un control eficaz de ese trabajo. De la misma manera y respecto del mismo centro -y todo tiene que ver,
insisto, con la falta de personal- se denunciaba que en los últimos doce meses no habían vuelto a la cárcel veinticinco internos que habían salido. Eso genera -usted lo sabe bien- un cierto desasosiego, cuando no un cierto temor, entre el conjunto
de los ciudadanos más allá de que la institución penitenciaria no cumple con su obligación. Por último, en relación con los trabajos en beneficio de la comunidad, que me parece verdaderamente una cosa muy necesaria -usted lo destacaba- y muy acorde
con estos tiempos y con esta exigencia constitucional respecto de la política penitenciaria y también respecto del mismo centro, los sindicatos denunciaban hay un elevado número de penados a trabajos en beneficio de la comunidad que, como no tienen
maestro de taller los fines de semana, se pasan las horas mezclados con el resto de internos viendo la televisión o jugando. Me encantaría que usted me lo desmintiera, como comprenderá, porque esta es una cuestión contraria a lo que debe ser la
tarea, el trabajo de la institución en relación con estas personas que no están privadas de derechos sino de libertades y que por tanto no tienen que estar mezcladas con personas que estén privadas de libertad.



Para concluir, señora Gallizo, creo que, como usted muy bien ha destacado, tenemos -y permítame que emplee la primera persona del plural- una tarea muy importante por delante, tenemos algunas luces, como usted ha destacado también, más que
nada los proyectos y el camino que hemos recorrido, pero tenemos todavía, creo yo, demasiadas sombras, demasiadas incertidumbres y demasiadas dificultades. Sobre todas esas cuestiones me gustaría que, si puede usted, me facilitara alguna
información complementaria y, en todo caso, le anuncio que a lo largo de la legislatura seguro que, desde esta humilde posición de diputada, podré contribuir a que la tarea de esa institución sea mejor para el conjunto de la sociedad.



La señora PRESIDENTA: Le corresponde el turno ahora al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora Gallizo, quiero que mis primeras palabras sean de felicitación por la elevación del rango orgánico de su figura y de su


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persona. Creo que la dimensión y profundidad de los problemas que tiene que acometer exigían la creación de una secretaría de Estado y los méritos que usted ha concitado en el desarrollo de su función como directora obviamente aconsejan que
sea usted la que ocupe esa posición.
Estas reflexiones preambulares son más proclives al piropo que las que vienen a continuación, que hacen referencia a la triste o a la cruda realidad que tiene usted que gestionar y nosotros que tutelar, impulsar
y controlar. Eso nos lleva a plantearle cuestiones donde la apología tiene menos encaje seguramente.



En la primera cuestión -nos vamos conociendo usted y yo porque son dos las legislaturas en las que vamos compartiendo debates de esta naturaleza- no le sorprenderá que haga referencia a un problema que nosotros hemos presentado al presidente
del Gobierno y al ministro del Interior -se lo presentamos a usted cada vez que tenemos ocasión de hacerlo y a otros cargos de su ministerio-, y es la relativa a la transferencia de la competencia en materia de instituciones penitenciarias a la
Comunidad Autónoma vasca. Lo hemos hecho desde los albores de la transición democrática en 79 ocasiones, la que le planteo yo en este momento haría la número 80, y seguimos sin saber cuáles son estas evanescentes razones que impiden que el
cumplimiento de un requerimiento de constitucionalidad, un requerimiento del bloque de constitucionalidad, si usted quiere, puesto que hay dos preceptos que atribuyen a la Comunidad Autónoma vasca la competencia en materia de instituciones
penitenciarias en el artículo 10 la competencia es de carácter exclusivo en relación con las infraestructuras y en el artículo 12 es de carácter ejecutivo en relación con la política penitenciaria, competencia además la del artículo 12 que ha sido
ya precisada en relación con su contenido esencial por la jurisprudencia constitucional, como usted sabe perfectamente, indicando que la competencia de ejecución de la política penitenciaria no impide que las comunidades autónomas -en este momento
solo cuenta con la fortuna de haber sido objeto de esta transferencia la Comunidad Autónoma de Cataluña- puedan articular políticas penitenciarias diferentes, sin perjuicio de las facultades de coordinación que reserva la propia jurisprudencia
constitucional a la Administración Central del Estado. No tengo ninguna esperanza de que me arroje algún tipo de luz porque ni el presidente Zapatero ni los diversos ministros del Interior, secretarios de Estado, etcétera, nos han explicado nada
razonable, al margen de cuestiones de puro decisionismo político y de oportunidad no concretada en ningún tipo de fundamento razonable, que nos permita comprender qué impide la transferencia de la competencia en materia de instituciones
penitenciarias, cuando no nos hemos encontrado con reflexiones del presidente Zapatero particularmente graves para nuestro grupo vinculando la imposibilidad de transferir esta competencia al carácter ínsito o vinculado de esta competencia a las
cuestiones atinentes a la seguridad nacional. No sé si en el inconsciente del presidente Zapatero figura la posibilidad o eventualidad de que soltemos a todos los presos de las cárceles vascas o procedamos a la reagrupación de determinada
organización o no sé qué. Pero impedir o no cumplir con los requerimientos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía vinculando los obstáculos que impiden el cumplimiento de estos requerimientos de constitucionalidad, se lo repito, a la
seguridad nacional, ya nos parece excesivo. Nos gustaría que, si usted tiene la posibilidad de arrojarnos un poco de luz, lo hiciera para satisfacer esta curiosidad ya casi morbosa de mi grupo parlamentario, aunque si en 80 ocasiones durante tantos
años ya de democracia, desde el año 1978 que existe la Constitución, no hemos sido objeto de satisfacción informativa, no voy a ser yo tan ingenuo para pensar que en este momento va a ser usted la que arroje luz sobre esta pretendidamente vidriosa
cuestión.
Pero, claro, aquí viene la paradoja que a nosotros nos perturba particularmente, la comparecencia realizada por usted hoy. Porque usted sí invoca la colaboración de las comunidades autónomas en aquellas cuestiones en que se pueden
mejorar las prestaciones del sistema penitenciario español, la invoca cuando pide la implementación o la inmersión del sistema médico penitenciario, tanto el convencional como el psiquiátrico, en los sistemas de salud de las comunidades autónomas.
Creo que lo invoca, por lo menos hay una proposición no de ley de su partido que solicita algo de estas características, la incrustación de los sistemas médicos que afectan a los reclusos, a las personas privadas de libertad, en aquellos sistemas de
salud de las comunidades autónomas, cosa que ya ocurría, como sabe usted perfectamente, con la cárcel de Nanclares. Por cierto, luego le hablaré sobre esta cárcel y los problemas sobrevenidos con los que nos encontramos en esta cárcel en donde
existía un sistema de asistencia, incluso de asistencia psiquiátrica, prestado por los Osakidetza, el servicio vasco de salud, 365 días al año y 24 horas al día. Esto en algunos momentos -ya se lo comenté, señora Gallizo, como sabe- provocó que la
Administración penitenciaria, con una actitud quizá no del todo leal, procediera a una concentración de reclusos con patologías psiquiátricas, con patologías vinculadas al consumo de sustancias tóxicas, de estupefacientes, y con una peligrosidad
conductual en este centro penitenciario, circunstancia quizá no ajena del todo al volumen de suicidios con el que hemos convivido -muy alto- en este centro penitenciario en algunos momentos de la historia.



Por otra parte, usted se queja de que en las penas menores se abusa de la privación de libertad o de que se abusa de las instituciones penitenciarias para el cumplimiento de penas menores, entre otras cosas por la inexistencia de servicios
que se puedan prestar a la comunidad, de servicios a realizar en favor de la comunidad, una de las penas alternativas previstas en el Código Penal del año 1995. De alguna forma me ha parecido intuir que usted no solo endosa, sino que reprocha a las
comunidades autónomas y a los municipios que no hayan podido articular los servicios que eventualmente se pueden prestar, concediéndoles el carácter de pena alternativa a la de privación de libertad. Si no transfiere la competencia,


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señora Gallizo, tampoco está usted sobrada de legitimidad para exigir a las comunidades autónomas que realicen funciones ajenas a una competencia, aunque estén cohonestadas con ella, que ustedes se niegan a transferir -permítame, con todo el
respeto y la amistad que nos une, que utilice esta expresión- de forma absolutamente arbitraria. Usted tendría que armarse de legitimidad para realizar ese tipo de invocaciones, cumpliendo, entre otras cosas, con lo que el bloque de
constitucionalidad le exige, que es transferir la competencia en materia de instituciones penitenciarias.



Dicho esto, vamos a dejar el ámbito de los reproches para comentar algunas cuestiones a las que usted no ha hecho referencia y que sin embargo forman parte de la actualidad más rabiosa. No sé si la elevación de rango administrativo del
cargo que usted ostenta supone también la incorporación de competencias ex novo en virtud de pactos de Estado, de los que estamos teniendo información a través de los medios de comunicación que establecen medidas de naturaleza punitiva -no sé si
llamarlas penas o complementarias a las penas- y en algunos casos incluso pueden tener dificultades de incardinación en los requerimientos de la propia Constitución. Sabe usted que en este momento se está pensando en la posibilidad de que a
determinados delincuentes, personas que han cumplido la pena de privación de libertad por la comisión de delitos específicos, particularmente delitos de terrorismo y de pederastia o de agresión sexual, se les haga un seguimiento o vigilancia. Esta
es la expresión o la locución que hemos podido leer en los medios de comunicación. Este pretendido pacto se ha suscrito por dos partidos y, por cierto, volvemos al Pacto antiterrorista, aparentemente revivido a dos en contra de lo que se acordó en
la legislatura anterior, que estas cuestiones se pactarían con todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
Pues bien, no sé si esta vigilancia durante veinte años -se trata de personas que han cumplido una pena de privación de libertad y que van
a ser sometidos a una vigilancia posterior- va a ser una competencia ex novo que se va a atribuir a la secretaría que usted ostenta. Y por qué no hablar también de la llamada castración química, un mecanismo de inhibición sexual que en la Comunidad
de Cataluña, parece que también incardinada en este Pacto de Estado, se va a aplicar como una medida punitiva complementaria a los agresores sexuales o pederastas. La primera medida, la vigilancia, evidentemente, estaría dirigida a los que han sido
condenados y han cumplido su pena de privación de libertad por la comisión de delitos de terrorismo. Yo tengo dudas sobre los requerimientos y contenido esencial del artículo 25 de la Constitución en relación con ambas medidas. Tampoco sé si se le
van a atribuir a usted y si las medidas forman parte de un pacto ya suscrito y formalizado o son todavía especulaciones periodísticas. En todo caso, si usted puede arrojar algún tipo de luz, solo quiero recordarle dos cosas. Una persona que ha
cumplido su pena de privación de libertad recupera su condición de ciudadano con indemnidad. No la ha perdido durante su pena de privación de libertad, se le han limitado algunos derechos, pero los recupera todos, la indemnidad y la totalidad de
sus derechos. Estas penas complementarias de naturaleza punitiva o preventiva -llámense como se quiera- tendrían que superar una jurisprudencia constitucional muy estricta en este ámbito, definiendo el contenido esencial del artículo...
¿Señora
presidenta?


La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, es que hay como un acople con otro micrófono. No sé si la señora Díez se lo dejó abierto, pero estamos oyendo un eco.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Espero que la señora secretaria de Estado me haya podido oír. Lo del acople era el teléfono. Les pido disculpas, señora presidenta, porque yo era el autor -nunca mejor usada la expresión- del acople, por lo que
se ve.



En cuanto a la inhibición sexual o a la castración química -llámesele como se quiera-, usted conoce perfectamente el contenido de las penas tal como está configurado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la ya prolija y larga
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a penas que supongan algún tipo de mutilación física o psíquica respecto a los penados, a los que son objeto de dichos tratamientos, y cómo es muy reticente y muy renuente esta
jurisprudencia al aplicar determinadas penas. Me gustaría saber dos cosas, si se está pactando esto realmente y si realmente va a ser usted la titular de esta competencia -entrecomillando la expresión-, en relación con las dobles medidas punitivas
o preventivas. Ya veremos semánticamente qué expresión se utiliza para evitar los requerimientos de constitucionalidad tan estrictos o los requerimientos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.



Le dije que íbamos a hablar del nuevo centro penitenciario de Nanclares, porque ya se han iniciado las obras de construcción y yo me jacto de ello, y se lo agradezco de verdad, porque la demolición de este centro penitenciario no estaba
prevista en el plan de amortización de centros penitenciarios aprobado por su Gobierno y lo incorporamos cuando comprobamos ambos la situación, yo a través de múltiples y reiteradas preguntas e interpelaciones y usted viendo que la situación de este
centro era materialmente insostenible, sobre todo porque ya cumplía algo que nos genera al Estado español un dudoso honor, y es que teníamos el centro penitenciario con mayor porcentaje de suicidios de toda Europa.
Entonces se decidió la demolición
del actual y su reubicación y reconstrucción en unos terrenos que pertenecían al Ministerio de Defensa, en el polvorín de Zaballa, en concreto. Nos hemos encontrado con la sorpresa -y me gustaría conocer su opinión sobre esta circunstancia- de una
oposición aparentemente beligerante y dura de la Diputación Foral de Álava en relación con la pertinencia de esta nueva ubicación en los terrenos que pertenecían otrora al Ministerio de Defensa, primero, por razones de impacto medioambiental -que yo
no sé si han llegado a su conocimiento y usted las valora como relevantes- y, en segundo lugar, por contradecir esta nueva ubicación


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los planes de ordenación urbanística de los municipios afectados por la construcción de la nueva prisión. Esta es una polémica que afecta al territorio alavés, al que yo me honro en representar, y me gustaría conocer su opinión sobre estas
circunstancias y sobre las manifestaciones tan enfáticas respecto a la improcedencia de ubicar en ese lugar este nuevo centro penitenciario de la Diputación Foral de Álava y, sobre todo, cuál va a ser el destino, el uso que ustedes tienen previsto
dar a los terrenos que queden vacantes, una vez producida la demolición definitiva de la actual prisión de Nanclares.



Volviendo a lo general -y perdón por el desorden en la intervención, quizás provocado por el acople al que nos referíamos antes, señora presidenta-...



La señora PRESIDENTA: No me tiene que pedir disculpas, pero le recuerdo para su tratamiento del tiempo que lleva quince minutos en el uso de la palabra.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya estoy acostumbrado a sus admoniciones, cosa que le agradezco, porque eso me permite concentrarme mejor.



Yo también puedo hacer una reflexión apologética, señora Gallizo, de la profesionalidad de los funcionarios de prisiones, pero recientemente ha comparecido el Defensor del Pueblo, dos veces en esta Cámara, en Comisión y en Pleno, y en su
informe anual cita la existencia, no muy numerosa pero sí relevante, de malos tratos de funcionarios policiales a reclusos.
Me gustaría saber si ha leído esa cita del informe del Defensor del Pueblo y si se han adoptado, en su caso, las medidas
represivas y punitivas que la legalidad, el ordenamiento jurídico, prevé. Pero, sobre todo, desde la perspectiva del análisis del ordenamiento jurídico penitenciario a mí me preocupan dos cosas, señora Gallizo, que le comento rápidamente: hay
70.000 presos, personas privadas de libertad, y un número de celdas disponibles que no llega a las 46.000, lato sensu, luego me hace el redondeo. (La señora secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Gallizo Llamas: Es que en el primer
dato suma los catalanes y en el segundo no. Nos quedamos en 62.000.)


La señora PRESIDENTA: Les ruego que no mantengan diálogo.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En todo caso, señora Gallizo, intente explicarme luego cómo se van a evitar los problemas de hacinamiento, sobre todo porque el sistema de construcción de celdas para dos presos contradice el artículo 19 de la Ley
General Penitenciaria, que atribuye el derecho pretendidamente subjetivo -así está consignado en el artículo 19 de la Ley General Penitenciaria- de una celda para cada preso, derecho dimanante además del contenido del artículo 25 de la Constitución,
como instrumento que posibilite la resocialización en los centros penitenciarios. Ustedes están pensando ya ab initio en celdas para dos presos, que van a ser más seguramente, dado que la evolución de la criminalidad y de las personas que van a
sufrir penas de privación de libertad supera en rapidez y notablemente su capacidad de construcción de centros penitenciarios nuevos. Nos vamos a encontrar con problemas de hacinamiento que pueden incumplir la legalidad penitenciaria. Me gustaría
una pequeña explicación de cómo se puede evitar esto, sobre todo cuando uno aprecia cierto desorden en la distribución de centros penitenciarios, hasta el punto de que vemos masificados algunos -quizá los más modernos o algunos que tienen ciertas
características para presos de especial peligrosidad- pero infrautilizados otros, que usted conoce perfectamente y que tienen una población reclusa prácticamente insignificante. Desde este punto de vista, hay que hacer una reordenación. Si tiramos
la toalla y preconizamos públicamente que somos incapaces de incumplir lo que prevé el artículo 19 de la Ley General Penitenciaria y construimos celdas para más de un preso, nos encontramos con una dificultad sobre la cual requerimos una pequeña
explicación por su parte.



Usted conoce profundamente -con esto termino- y creo que comparte buena parte de las opiniones, las llamadas doctrinas victimológicas o teoría de la victimología, a la que proveen aquí ilustres profesores, como el profesor Beristain o Esther
Giménez-Salinas, que ya están preconizando que hay que hacer un esfuerzo intelectual y normativo por parte de los poderes públicos competentes para buscar fórmulas alternativas a la privación de libertad y que garanticen también la seguridad de los
ciudadanos, que no tienen por qué soportar que personas peligrosas deambulen por las calles. Son penas o medidas vinculadas a la puesta en conocimiento de la víctima de un delito con el comitente del mismo, a la posibilidad de comprenderse, de que
hablen entre ellos, a la posibilidad de perdonar y a la posibilidad de utilizar una política penitenciaria mucho más humanizada que la consistente en el puro internamiento en centros penitenciarios respecto al cual yo no puedo compartir el optimismo
que usted ha preconizado públicamente en cuanto a su capacidad de reinserción. Tengo muchas dudas de que muchos presos sean eficaz o eficientemente reinsertados. Me da la impresión de que ocurre todo lo contrario, que el porcentaje de los
realmente reinsertados es mínimo y estamos incumpliendo el contenido esencial del artículo 25 de la Constitución, entre otras cosas porque no hay mecanismos en un sistema penitenciario que tiene problemas infraestructurales, a pesar de los esfuerzos
notables hechos por la secretaría de Estado, que yo halago, problemas de hacinamiento de presos, problemas de insuficiencia de mecanismos formativos, de formación profesional, de formación universitaria, incluso de formación primaria y secundaria de
los reclusos. Hay muchos problemas en una población penitenciaria que es difícil de gestionar, porque cada vez su composición es más heterogénea por la incorporación de personas de nacionalidad extranjera, por las tipologías delictivas distintas,
porque conviven jóvenes y mayores y porque no se buscan los mecanismos que posibiliten una real y eficiente resocialización de los presos. No puedo compartir ese optimismo. Aquí lo que se impone,


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como hemos comentado en más de una ocasión, es un gran pacto de Estado para articular una política penitenciaria, compartiendo las directrices de la secretaría de Estado y del Ministerio del Interior con la opinión de los demás grupos
parlamentarios. Esta sí que es una cuestión de Estado, casi paradigmática, señora secretaria de Estado, y los grupos parlamentarios nunca hemos sido invitados -o lo hemos sido a título particular o individual- a pensar en un sistema penitenciario
que realmente posibilite articular una política penitenciaria mínimamente humanista, en primer lugar, y el cumplimiento de la Constitución y del artículo 25, la resocialización de los presos. No se ha podido conseguir esto porque, entre otras
cosas, no hemos sido invitados o convocados a debatir sobre una cuestión que tiene la relevancia que le comento. Le manifiesto desde este momento nuestra predisposición a hablar en esta legislatura de esta cuestión para articular un gran pacto
sobre esta materia, partiendo de las posiciones que legítimamente discrepantes podamos tener unos y otros. En tanto en cuanto no se haga esto y sea la Administración Central del Estado, las instituciones penitenciarias, las únicas llamadas a
gestionar el problema de las personas en situación de privación de libertad -con esto acabo, señora presidenta-, nos encontraremos con un problema que le puede estallar en las manos, señora Gallizo. Usted sabe que en el ámbito de la Administración
de Justicia hay en este momento 70.000 ejecutorias penales pendientes. Imagínese -utopía a la que no voy a renunciar, porque es un ejercicio puramente intelectual- que de repente la Administración de Justicia, sabe Dios por qué razón de naturaleza
paranormal o milagrosa, empezara a funcionar bien y las 70.000 ejecutorias pendientes se ejecutaran de verdad. Ya me dirá usted entonces como se podría afrontar razonablemente este problema.



Dicho esto, no quiero ser particularmente crítico en esta primera intervención. Le he hecho algunas preguntas específicas cuya contestación resultaría pertinente. En todo caso, sabe que en nuestro grupo parlamentario va a tener siempre un
leal colaborador. Nosotros no venimos aquí a hacer oposición en sentido demagógico o contradictorio, entre otras cosas porque no somos un partido vocacionado a gobernar el Estado español, sino en una posición proactiva a la búsqueda del acuerdo
para resolver los problemas. Ojalá en esta legislatura podamos resolver los más que vidriosos problemas de su secretaría de Estado.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem. Como ven, soy flexible con los tiempos. Dejo que ustedes mismos se autocontrolen.



La señora PIGEM I PALMÉS: Señora secretaria general, quiero sumarme a las palabras de los portavoces que me han precedido para felicitarla por su nombramiento con este mayor rango administrativo que espero le permita cumplir de mejor manera
la nada fácil misión que tiene. También quiero agradecerle su comparecencia y las explicaciones que nos ha dado, exponiéndonos la situación del sistema penitenciario y apuntando algunas líneas para posibles soluciones.



Quiero trasladarle algunas reflexiones. En primer lugar, quiero expresar mi preocupación porque el aumento de la población reclusa esté conduciendo a una saturación del sistema penitenciario. El informe del Defensor del Pueblo, al que
también ha aludido el señor Olabarría, nos decía que en los últimos cuatro años había habido un aumento de un 4 por ciento. Usted, refiriéndose a un periodo sin duda superior, nos ha dicho que ha habido un 60 por ciento de incremento. Esto hace
que nos demos cuenta de las enormes exigencias que todas las administraciones van a tener, si se quiere -como es imperativo que sea- que el sistema penitenciario responda no solo a la función retributiva de la pena -que tampoco se puede olvidar-,
sino también a proporcionar los elementos necesarios para la reeducación y reinserción social de los presos, tal como prescribe el artículo 25 de la Constitución y dispone la Ley General Penitenciaria. Para atender estos objetivos, estamos todos
dispuestos a colaborar. Específicamente, le ofrezco la colaboración del Grupo de Convergència i Unió, al que tengo el honor de representar, para buscar entre todos las mejores soluciones y atender a estas exigencias que ciertamente no son pequeñas.



Usted ha manifestado en su primera intervención las razones del aumento de la población reclusa, que no hay que buscar en un aumento de la tasa de criminalidad, puesto que el secretario de Estado de Seguridad nos expuso, como usted ha
recordado, que la tasa de criminalidad se había ido reduciendo. Tal como usted ha expuesto, las razones hay que buscarlas en la nueva tipificación delictiva de conductas, como los delitos contra la seguridad vial o la nueva consideración de delitos
de violencia de género. También hay que buscarlas en el aumento absoluto de la población española, y asimismo habrá que tener en cuenta la supresión de las bonificaciones de penas por el trabajo. La confluencia de estos tres factores hace que haya
habido un aumento sustancialmente importante de la población reclusa en un país en el que la tasa de criminalidad no es de las mayores de nuestro entorno, al revés es de las menores. Usted ha hablado también de que los países de nuestro entorno han
aumentado los números de población reclusa. Me gustaría, si pudiera, que ampliara la información de cuáles son las causas del aumento en los países de nuestro entorno: si han aumentado las tipificaciones delictivas, si se ha reducido la
bonificación de penas por el trabajo, etcétera. Es evidente que, tal y como ha expuesto también el señor Olabarría, el desiderátum del artículo 19 de la Ley General Penitenciaria de atender a la ratio de una celda por recluso me parece que se nos
está escapando de las manos.
Es más, usted ha dicho en su intervención que ya en la previsión de las nuevas celdas se prevé de entrada que la ocupación será de dos presos por celda. De todas maneras, no hay que tirar la toalla; esta ratio es
buena.
También el ministro Rubalcaba -en una primera comparecencia en la legislatura anterior, en abril de 2006- se proponía conseguir esta


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ratio de una celda por recluso. Como digo, sabiendo las limitaciones que tenemos, no hay que tirar la toalla y hay que tender hacia ello. Desde este punto de vista, quiero preguntarle cómo está el desarrollo y la ejecución del Plan de
Infraestructuras Penitenciarias previsto para 2006-2012; si está previsto que todas las que estaban planificadas puedan acabarse en 2012 y si cree que va a ser necesario ampliar el número de infraestructuras para poder atender a estas ratios de
ocupación de las celdas. También quiero preguntarle si en un momento de restricción presupuestaria se van a poder cumplir las cantidades que estaban previstas para poder hacer frente a la construcción, remodelación, etcétera, de estos nuevos
centros penitenciarios; y si esto no es así, cómo van a poder cumplir este Plan de Infraestructuras Penitenciarias. Yo no tengo exactamente los números de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009; todavía no lo tengo pormenorizado.
Quizá usted los tendrá y sabrá si realmente se van a poder atender estos compromisos.



Además de prever el tema de construcción de nuevos centros penitenciarios y de adecuación de los que ya tenemos, es imperativo ahondar en algo que usted ha comentado, que es poder debatir en voz alta, con pactos de Estado o como sea
necesario, si no es excesivamente simplista o si va o no a ser posible combatir la delincuencia simplemente enviando gente a la cárcel. Este es el gran debate, no solo por las razones que aquí se han dicho y que son las principales a tener en
cuenta, que es que realmente las finalidades que persigue nuestra Constitución, no solo de la función retributiva de la pena sino también la resocialización y la recuperación de los delincuentes, van a ser posibles simplemente con esta medida, sino
también porque el contribuyente ha de entender que la medida de hacer más y más cárceles es altamente costosa para su bolsillo. Son dos razones, quizá la primera con más amplitud de miras, pero todas ellas se han de tener en cuenta.



No quiero que me confunda. No soy de las que pienso que el buenismo sea una adecuada solución. No es esto lo que me lleva a compartir o a realizar esta reflexión, pero la diferente etiología de los delitos que vamos introduciendo en el
Código Penal nos ha de llevar a pensar que el tratamiento no puede ser el mismo en todas las circunstancias. Por una parte, la sociedad nos está exigiendo que en determinado tipo de delitos (agresiones sexuales, agresiones sexuales a menores,
asesinatos, violencia de género, incluso multirreincidencia de otros delitos menores) la función retributiva de la pena se considere muy importante, y hay muchas personas que manifiestan sentirse seguras únicamente mientras los delincuentes están en
prisión; me refiero a algo que yo trato con especial dedicación como es el tema de la violencia de género. Es evidente que hay otros muchos delitos, como la sorprendente cantidad de 1.446 conductores que los nuevos delitos de seguridad vial han
llevado a prisión; quizá la etiología de este comportamiento delictivo nos lleva a la necesidad de tener que ahondar en el desarrollo de otro tipo de medidas alternativas a la prisión. Recuerdo que a finales de los setenta -usted sabe que soy
jurista- ya debatíamos acerca de las medidas alternativas a la prisión, entonces lo llamábamos probation. De todas maneras ha pasado el tiempo y las nuevas tecnologías especialmente y las nuevas etiologías de los comportamientos delictivos han de
hacer que esto no sea un desiderátum, sino que realmente podamos poner negro sobre blanco y desarrollemos un abanico importante para cumplir con medidas punitivas, pero de una manera más adecuada. Me gustaría que me ampliara la información que nos
ha dado en un doble sentido: primero, qué obstáculos hay para poder tener un elenco, un abanico más amplio de posibilidades para ampliar el tema de trabajos en beneficio de la comunidad, que están previstos ya en nuestro ordenamiento jurídico; y,
segundo, me gustaría que nos dijera, si usted lo conoce, cuáles son las experiencias al respecto en los países próximos a nosotros de la Unión Europea. ¿Cómo se hace esto, de qué manera y cuáles son los resultados que ha dado? El ministro en su
comparecencia anunció una reforma de la Ley General Penitenciara en este sentido; a ese respecto estamos completamente de acuerdo. Se puede reformar la Ley General Penitenciaria siempre y cuando atienda a este sentido. La Ley Penitenciaria que
tenemos es buena, por lo menos en sus principios y finalidades; dio un vuelco importante al tratamiento penitenciario que se había seguido hasta el nacimiento de esta Ley General Penitenciaria vigente actualmente. Nos gustaría que estos principios
y estas finalidades no quedaran desdibujados ni en aras de una mejor efectividad ni en aras de cualquier otro planteamiento; sin embargo, pensamos que se puede reformar en algún sentido, y puede contar con nosotros en el estudio de las propuestas
legislativas que se hagan al respecto.



En cuanto al tema de la salud mental, le quiero trasladar una reflexión.
Me parece que hay una actuación un tanto sorprendente por parte incluso de los propios legisladores. A finales de la pasada legislatura estuvimos tratando la reforma
de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. En esta reforma había una petición importante, sobre todo de familiares, de que se contemplara de manera obligatoria el tratamiento a enfermos mentales. Es decir, cuando los enfermos no quisieran medicarse,
debido a su propio trastorno, existiese la posibilidad de que mediante la intervención de juez se les pudiera obligar a esta medicación. Los enfermos no medicados sabemos que pueden llegar a cometer delitos terribles. Este fue uno de los
obstáculos por los cuales no salió la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, porque se adujo que esto cercenaba la libertad de esas personas. Respetando que cualquier tipo de medida ha de ser absolutamente garantista, por eso se pedía la
intervención del juez, es un poco contradictorio que no se legisle acerca de la medicación obligatoria y que la solución sea enviarles a la cárcel o a centros cerrados que, como usted dice, se han convertido en lo que eran los antiguos asilos para
enfermos mentales. Realmente esta no es la solución; no sé cuál sea, pero se debería abrir un debate acerca de todo el iter de comportamiento legal respecto a las personas


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que padecen esta patología de enfermedades mentales.



Quiero decir alguna palabra respecto a la terapia de inhibición sexual, la mal llamada castración química; insisto, ni es castración ni es química, y además hacemos un flaco favor no evaluando un tema que como mínimo merece ser atendido.
Según tengo entendido, por lo menos las pruebas que se van a hacer en Cataluña, es una terapia de inhibición sexual voluntaria, reversible, acompañada de terapia psicológica y solicitada por las propias personas que quieren utilizar este sistema
para ver si su conducta se puede modificar. Hasta ahora se podía utilizar, pero como no entraba dentro de lo que ofrecía la Administración era una terapia muy costosa económicamente. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto.
No sé si lo
recordará, pero mi grupo parlamentario la pasada legislatura hizo una interpelación acerca del tema de los agresores sexuales, porque realmente había un grado altísimo de reincidencia en la comisión de delitos. Mi grupo proponía entre otras medidas
la posibilidad del estudio de esta terapia de inhibición del impulso desordenado de actuación sexual. Me gustaría también que ampliara sus explicaciones sobre los programas específicos para los maltratadores. Señorías, hay muchos maltratadores en
la cárcel respecto a la población penitenciaria pero muy pocos respecto a los que están condenados. Según los últimos datos que he manejado, hay 70.000 personas condenadas por maltrato, por violencia de género, de las cuales están cumpliendo
prisión 6.000; mucho teniendo en cuenta la población penitenciaria y relativamente poco en comparación con las condenas. Como la terapia es voluntaria, me gustaría saber qué porcentaje de estas 6.000 personas lo están haciendo y cuál es el
porcentaje de éxito. Asimismo querría conocer si usted comparte la impresión que tiene la portavoz de esta grupo parlamentario sobre que estos programas deberían extenderse a las personas condenadas que no entran en prisión, porque si su
efectividad es buena evitaríamos el maltrato de mujeres en cadena, lo cual podría ser un objetivo importante y a tener en cuenta.



Acabo -estoy segura de que me he excedido mucho- con dos planteamientos que también quiero trasladarle: primero, si nos puede ampliar un poco del tema de suicidios en las prisiones. El Defensor del Pueblo en el informe manifestó que se
había producido una inflexión en el número de suicidios, de lo cual realmente nos alegramos, y en este sentido quiero preguntarle si esta tasa se está manteniendo o si realmente esa inflexión fue algo puntual. Por otra parte, y sobre el programa de
prevención de suicidios, al que usted ha aludido de pasada, me gustaría saber qué piensa acerca de la valoración que hizo el Defensor del Pueblo al decir que de los suicidios que se habían producido el 90 por ciento de esas personas estaba en una
situación de riesgo no detectada por este programa; si esto es así qué medidas de detección piensan tomar. Por último, en cuanto a los malos tratos el Defensor del Pueblo presentó una serie de quejas realmente graves y alarmantes, pero también
dijo que ponía de manifiesto la satisfacción de que usted hubiera aceptado que la investigación se realizara por organismos externos al propio sistema penitenciario. Me gustaría saber cómo y quién piensan que va a realizar estas investigaciones, si
cree que sería adecuado que se residenciaran en la propia institución del Defensor del Pueblo o del Síndic de Greuges en el caso de Cataluña- y si cree que sería adecuado que allí pudieran participar organizaciones no gubernamentales y de la
sociedad civil.



La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Arnaiz.



La señora ARNAIZ GARCÍA: Muchas gracias, señora Gallizo, por su comparecencia en esta Comisión, que nos ha resultado sumamente interesante y profusa, para exponer la política penitenciaria que se va a desarrollar en esta legislatura. En
primer lugar, quiero manifestar en nombre de mi grupo la satisfacción por su confirmación como responsable de instituciones penitenciarias y desearle los mayores éxitos a usted y al conjunto de trabajadores de la secretaría general. Estarán de
acuerdo conmigo SS.SS. en que el reto en materia penitenciaria debe ir encaminado a conjugar el adecuado cumplimiento de la pena impuesta con el tratamiento oportuno, haciendo posible así la reinserción plena en la sociedad, y esto me consta que ha
sido una constante en la tarea de la secretaría general. Prueba de ello es que somos ejemplo para muchos países de nuestro entorno. En la pasada legislatura la política penitenciaria experimentó un gran avance gracias a su impulso. Así, quiero
mencionar expresamente, entre otros y en primer lugar, la revisión del Plan de amortización y creación de centros penitenciarios, que se aprobó el pasado 2 de diciembre de 2005 y que recoge 18.000 nuevas celdas, de las cuales 3.500 van a ser para
centros de inserción social.
También contempla unidades de madre, pioneras en nuestro sistema penitenciario, y unidades de custodia hospitalaria. Este ambicioso plan, que ya se está ejecutando y que ha tenido en cuenta el arraigo social de los
internos, es equiparable en su magnitud al plan inicial de 1991 que se gestó asimismo con gobiernos socialistas; un plan con una dotación presupuestaria de 1.600 millones de euros, como todas las políticas que pone en marcha este Gobierno siempre
acompañadas de su memoria económica.
Al mismo tiempo también hay que incidir y recordar que se ha hecho un esfuerzo en la reforma de las instalaciones existentes, como ya ha apuntado en su comparecencia. En segundo lugar, me gustaría también
destacar el acuerdo histórico con los sindicatos para la mejora de sus condiciones laborales, firmado también por primera vez por la mayoría de los representantes de los trabajadores. Este acuerdo redundará sin lugar a dudas en la mejora del
servicio público, haciendo compatible la seguridad en los establecimientos penitenciarios con las tareas de reeducación y reinserción social. Y en tercer lugar, los numerosos convenios que ha suscrito con las administraciones territoriales para el


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cumplimiento de las penas en beneficio de la comunidad, pero aún así se necesitan más. Por ello el llamamiento a la corresponsabilidad del resto de administraciones públicas que ha hecho en su comparecencia y que son tan necesarias en estos
momentos.



Me consta su empeño en consolidar nuestro sistema penitenciario como uno de los mejores del mundo: en seguridad, en instalaciones y medios, en programas de tratamiento y en humanización; reconocimiento que le ha llegado desde muchos
sectores de la sociedad. El pasado 27 de mayo el ministro de Interior compareció ante esta misma Comisión y manifestó que el Gobierno de España ha hecho de la política penitenciaria uno de los ejes principales dentro de sus políticas de seguridad,
de ahí su integración en la Secretaría de Estado de Seguridad. Mencionó como objetivos a perseguir en esta legislatura: desarrollar el Plan de Infraestructuras, reformar la Ley Orgánica General Penitenciaria, reforzar el cumplimiento de penas en
medio abierto y elaborar una ley de cuerpos penitenciarios. Los miembros de esta Comisión vamos a tener, por tanto y sin lugar a dudas, ocasión de plantear propuestas que mejoren el sistema penitenciario para establecer medidas alternativas a las
penas de internamiento, a la mejora de los programas de rehabilitación y reinserción, y al seguimiento y evaluación del trabajo en el ámbito penitenciario. Está comprobado que la potenciación de los regímenes de semilibertad y de las medidas
alternativas son instrumentos más proporcionados hoy y de mayor eficacia para el tratamiento de algunas conductas delictivas porque, para quienes hayan cometido pequeños delitos y tienen un bajo riesgo de reincidir, tiene efectos más positivos el
tratamiento en semilibertad que en regímenes cerrados. En España esto es todavía una asignatura pendiente. También dijo el señor ministro que era necesaria una ley de cuerpos penitenciarios para ordenar los cuerpos de funcionarios y adaptarlos a
las tareas que tienen asignadas, actualizar sus funciones y revisar sus necesidades de formación. Tendremos mucho trabajo en adelante y este grupo trabajará por conseguir el consenso de todas sus señorías.



Hoy he escuchado a algunos portavoces críticas diversas que me gustaría contestar. Respecto de la saturación de nuestros centros penitenciarios, como bien ha apuntado la Secretaria General, se ha producido un incremento en la población
reclusa entre los años 2000 y 2006. Esto ha sido fruto de las modificaciones del Código Penal que endurecieron las penas y también de la eliminación de las redenciones por días de trabajo; esto además se acompañó lamentablemente con la caída del
ritmo de inversión y construcción en este periodo -y miro a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular-. Se incrementaron las penas pero no se planificó suficientemente la construcción de nuevos centros, lo que supuso una clara contradicción, una
falta de coherencia a la que nos tienen acostumbrados por otra parte. Tampoco se incrementó la plantilla de funcionarios. Aparte de esto, le refrescaré la memoria, en 1998 el Gobierno del Partido Popular planificó 24 centros de inserción social y
cuatro centros penitenciarios, y en el año 2004 -cuando el PSOE llegó al Gobierno- nos encontramos con que solo había cinco centros de inserción social iniciados y un centro penitenciario en proyecto; un escaso balance para ocho años de Gobierno.
Estas son las razones, y no otras, de la aglomeración de la población reclusa. La herencia que encontraron en 1996, prolija y dotada económicamente, no se parece en nada a la que nos dejaron en el año 2004, lasa y en mantillas, cuando la población
reclusa había aumentado de forma exponencial. Por ello es de importancia capital el Plan de amortización y creación de centros aprobados en el año 2005 porque, adaptándose a la nueva situación, contempla la realización de 55 proyectos constructivos
como una necesidad urgente para afrontar la masificación en las cárceles. Desde su aprobación, cabe destacar que se está cumpliendo con el plan. En el tiempo transcurrido se han construido cuatro centros penitenciarios (el de Puerto III,
Estremera, Albocasser y Morón de la Frontera) que están en funcionamiento, señora Navarro, y también se ha ampliado el centro penitenciario de Lanzarote; se han terminado 13 centros de inserción social, cuatro unidades de custodia hospitalaria y
una unidad de madres; además, en construcción se encuentran 11 centros de integración social y dos unidades de madres. Por tanto un buen balance en la ejecución del plan del año 2005: frente a ocho actuaciones nuevas en ocho años, 29 actuaciones
en tres de Gobierno socialista. Realmente apabullante. Ciertamente, señora secretaria general, se ha trabajado y se ha trabajado mucho. Es preciso apuntar también que se requiere tiempo para la construcción de estas dotaciones, no se puede
improvisar de la noche a la mañana. Requiere mucho consenso, señorías, con las comunidades autónomas afectadas; de ahí que la señora Gallizo haya recorrido muchas buscando suelo para este plan de infraestructuras, pero en todo caso el problema de
la sobreocupación es serio y durará en el tiempo si seguimos entendiendo que la privación de libertad es la medida más adecuada para sancionar cualquier conducta. Por este motivo es crucial, y lo valoramos de forma muy positiva, la construcción y
puesta en marcha de los centros de inserción social.
Aunque sí hay un problema de saturación, no comparto lo expresado por la portavoz del Grupo Popular, quien dice que ha habido un aumento de conflictividad; no es así. Según los datos que yo
conozco, eso no va en relación proporcional directa: hay más población reclusa pero no se están dando más problemas de convivencia o de conflictividad. Tampoco comparto el dato de la señora Navarro de reclusos en segundo grado, me parece que lo ha
sobredimensionado, aunque no recuerdo ahora mismo el dato exacto.
En cuanto al acceso al tercer grado, le pediría también un mayor rigor a la portavoz del Grupo Popular y que no provoque alarma social, porque las valoraciones de las progresiones de
grado se hacen en las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios, y estas valoraciones siempre tienen que contar con la corrección o la matización del juez de vigilancia pertinente.



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Por tanto, le pido un poco más de rigor en su exposición.



Termino animándola, señora Gallizo, a continuar con el proceso modernizador que inició en la pasada legislatura con la mejora de las infraestructuras, y la felicitamos por su trabajo a favor de la reinserción y de la humanización del sistema
penitenciario español. Le agradecemos su empeño en desarrollar actividades, programas de tratamiento, talleres ocupacionales, que abordan las causas que llevaron a prisión a quienes están en ellas, para que no vuelvan nunca más.
Manifestamos
nuestro reconocimiento al conjunto de funcionarios de Instituciones Penitenciarias que lo hacen posible. También quiero expresarle mi deseo, que quizás compartan otros portavoces, de citarnos de nuevo en otra comparecencia donde podamos conocer las
políticas de tratamiento, tan innovadoras que están cambiando la realidad de esta institución.



La señora PRESIDENTA: Finalizado este turno de grupo parlamentario, tiene la palabra la señora secretaria general para una nueva intervención, a fin de contestar lo planteado en la medida de lo materialmente imposible.
Recuerdo a SS.SS. y
también a la señora Gallizo que nosotros tenemos un Pleno a las cuatro de la tarde, y no estaría mal poder tener un ratito de asueto antes del Pleno. Por supuesto, no tiene usted límite de tiempo, pero seré mucho más estricta en los tiempos con los
portavoces. Tiene la palabra.



La señora SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Desde luego, va a ser imposible contestar las muchísimas cosas que me han planteado SS.SS.; algunas voy a tratar de responderlas ahora y otras por escrito, como
hacemos siempre, en lo que no dé tiempo de aclarar hoy.



A medida que ustedes hablaban, y después de oír la última intervención de la portavoz del Grupo Socialista, que nos sugería hacer un debate más tranquilo sobre los programas, yo estaba pensando en hacerles a ustedes una invitación, a los
portavoces de los grupos, a que vengan conmigo a ver sobre el terreno, en cualquiera de nuestros centros penitenciarios, la realidad del día a día de nuestro sistema contada por sus protagonistas, por los profesionales y también por los internos.
Es una experiencia que todos deberíamos hacer para conocer un poco más la realidad, conocer cómo son nuestras infraestructuras y cuál es el trabajo que se está haciendo, porque a veces se tiene una visión distorsionada e incluso un poco
cinematográfica de lo que es el sistema penitenciario, que en el caso de España es un sistema que tiene poco que ver con los estereotipos que funcionan acerca de él.



En relación con alguna de las cosas que ha dicho la portavoz del Grupo Popular, querría decirle algo, aunque no está en mi ánimo hacer ningún tipo de polémica, porque, como decía la señora Pigem, tenemos que hacer el esfuerzo de hacer de
esto una cuestión de Estado que todos compartamos y que no nos pasemos la vida reprochándonos unos a otros lo que pudimos haber hecho y no hicimos, o lo que quizá podríamos hacer mejor, sino que aportemos soluciones positivas. Yo creo que no es
bueno para nadie que no valoremos la calidad que tiene el sistema penitenciario español. Usted decía: Los profesionales son buenos, pero el sistema no es bueno. Los profesionales son el sistema, el sistema no es nada más que las personas que lo
componen; fuera de eso, hay edificios y medios, pero básicamente quien hace funcionar el sistema son los profesionales. El sistema penitenciario español hoy está valorado, no solo por nosotros sino por el resto de los países, quizás como el mejor
del mundo. No está bien que nosotros no valoremos nuestro sistema, aun sabiendo todas las deficiencias que tiene. Desde luego, si el sistema penitenciario español es como es, no es mérito mío, o sea que no le dé apuro reconocerlo, porque no es
mérito mío, ni de mi Gobierno; es mérito de la historia de muchas personas y de mucho tiempo, desde los penitenciaristas del siglo XIX, que marcaron unas líneas de pensamiento y de actuación que han guiado la actividad de todos, hasta muchísimas
personas que han creído en la finalidad del sistema y que han trabajado para aceptarlo y del conjunto de la sociedad española, que ha decidido invertir recursos como no se está invirtiendo en ningún país del mundo para tener un sistema penitenciario
moderno y bien dotado. Cuando vienen personas de cualquiera de los países que nos rodean y ven el esfuerzo inversor que se está haciendo y que se ha hecho en nuestro país para tener unos centros penitenciarios de una dotación muy aceptable y
moderna, se quedan impresionados. Y es un mérito de todos y sobre todo de la ciudadanía, que es la que ha aportado los recursos para que esto se pueda hacer. Debemos partir de ahí y saber que tenemos problemas, que tenemos algunos problemas
importantes, sobre los que tenemos que reflexionar y a los que tenemos que dar solución.



Yo no acepto que se diga que en los centros penitenciarios españoles hay una situación de hacinamiento, porque yo he visto muchos centros penitenciarios de muchos países y desde luego no tienen nada que ver con las condiciones en las que se
cumple la pena de privación de libertad en nuestro país, que son condiciones dignísimas. Otra cosa es que haya un número de internos que se haya ido incrementado muchísimo en los últimos años, pero la dignidad de nuestros centros y de la vida que
desarrollan los internos en nuestros centros afortunadamente no tiene nada que ver con ese concepto. Hay que pensar que el sistema penitenciario español es un sistema que trabaja por la participación del interno en actividades básicamente, cosa que
nos distingue de la mayor parte de los países del mundo, incluso de los de nuestro entorno, que tienen un sistema de cumplimiento en el que el interno está básicamente en la celda, aproximadamente veinte horas al día. Esto no es el sistema
penitenciario español; en el nuestro el interno está la mayor parte del día participando en actividades educativas, deportivas, formativas o de ocio y tiempo libre, pero tratando de socializarse y no de vivir la privación de libertad en el pequeño
espacio de su celda. El tema de la ocupación de las celdas, que es un problema sobre el que yo no tiro la toalla, como se me decía, creo que


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tenemos que relativizarlo en lo que es nuestro sistema, en el cual, como les dije, el sistema de vida hace que la inmensa mayoría de los reclusos, salvo los que están sometidos a medidas de especial control y que por tanto están viviendo en
departamentos especiales, como ustedes saben, que llevan un tipo de vida diferente, estén en la celda poco más que para dormir o para el tiempo de descanso, con lo cual la ocupación no es el elemento básico para ver la calidad del sistema. Insisto
en que yo no tiro la toalla en esa materia ni en ninguna otra.



Como ya les he dicho, el Estado español, el Gobierno viene haciendo desde hace mucho tiempo un gran esfuerzo en dotarnos de nuevas infraestructuras. Acabamos de aprobar en 2005 un plan muy ambicioso y muy amplio, pero yo tengo que ser
realista, porque gobernar es ser realista también y no decir cómo nos gustaría que fuera todo, sino hacer lo posible para que podamos administrar coherentemente lo que tenemos.
Sabemos que el ritmo de construcción de nuevos centros respecto del
ritmo de crecimiento de la población reclusa hace que esta sea una carrera imposible. Yo a veces pongo el ejemplo de la paradoja de Aquiles y la tortuga, en la que Aquiles corre mucho pero nunca llega a alcanzar a la tortuga, porque ésta se sigue
moviendo. Mientras siga creciendo la población reclusa al ritmo que crece, por muchos centros que proyectemos, nunca llegaremos a proyectar el número suficiente para hacer frente a esa situación, a no ser que decidamos que nuestro país tiene que
tener un número de celdas y de centros penitenciarios que creo que excede en mucho la razonabilidad en relación con el nivel de delitos que existe en nuestro país.



Tenemos que ser capaces de racionalizar el conjunto del sistema en aras de la eficacia. Creo que tenemos que plantearnos lo que se han planteado todos los criminalistas, los penalistas, todos los que desde el ámbito del derecho han tratado
de equilibrar un sistema de penas adecuado para cada momento y para cada época, que es ser eficaces en la lucha contra el delito. Eso es lo que nos tenemos que preguntar, con qué medidas y aplicándolas de qué manera somos eficaces en la lucha
contra el delito.
Tenemos que saber que detrás de una parte fundamental de las personas que cometen delitos hay muchas carencias y que, en tanto no seamos capaces de abordarlas, no vamos a poder resolver adecuadamente la situación en la que están
en el mundo. Esa es una cuestión que a menudo se debate dentro del ámbito penitenciario. Si el esfuerzo que hacen tantos profesionales y tantas personas -ahí haré también ahora un paréntesis- por tratar de que alguien haga frente a esos problemas,
a la drogodependencia, a la falta de formación, a la falta de hábitos o a esquemas de pensamiento totalmente distorsionados, no se ve acompañado por un itinerario de inserción que haga que cuando esa persona finalice su condena pueda seguir
integrándose en la sociedad, el fracaso está garantizado, pero el fracaso no es achacable al sistema penitenciario ni al sistema penal, sino al conjunto de una sociedad que no ha entendido que hay que trabajar coordinadamente en todos los terrenos.
Y sobre todo hay que trabajar para prevenir. Creo que la sociedad más segura no es la que castiga el delito con más o menos contundencia, sino la que tiene menos delitos, la que previene los delitos.



Hablaba la señora Pigem de los enfermos mentales, que es una de nuestras mayores preocupaciones. ¿Qué tenemos que hacer frente a la enfermedad mental? La solución del enfermo mental que ha cometido un delito quizá no es que vaya a prisión,
sino a un centro especializado, pero como no hay centros especializados que tengan medidas de seguridad, en tanto que esa persona representa un riesgo debe ir a prisión. Es lógico, y forma parte de la realidad del sistema. Más que esto, a mí me
preocupa que si hubiese unas políticas adecuadas de tratamiento y de atención a la salud mental, podríamos hacer una prevención de muchos de los delitos -algunos de ellos horribles- que cometen personas que tienen una patología que no está
diagnosticada, que no está tratada o que nadie supervisa que tome con continuidad su tratamiento. Eso es lo que nos tiene que preocupar, porque la seguridad se construye evitando que la gente sufra y que haga sufrir a otras personas. Esta es una
reflexión pendiente. Cuando hemos hecho la ronda de contactos con todas las comunidades autónomas para hablar de la transferencia de sanidad penitenciaria, sobre lo que venimos trabajando hace mucho tiempo, siempre les planteo el tema de la salud
mental. Es verdad que en los años setenta y ochenta se hizo una gran reforma de la psiquiatría, donde todo el mundo determinó que la manera más adecuada de tratar al enfermo mental no era en una institución cerrada. Esta fue una reflexión y una
conclusión muy interesante, pero después ¿qué? ¿Qué es lo que ha habido detrás de eso, si no ha venido acompañado por otras políticas? Pues que hemos sustituido los viejos manicomios por centros penitenciarios y eso yo no creo que ni es razonable,
ni es útil, ni es bueno. Por tanto, tenemos que plantearnos cómo debemos de ser eficaces ahí. Y con esto entro en otro de los temas, que es el seguimiento de la persona condenada una vez que finaliza su condena.



Como ustedes saben, hay un proyecto de regular legalmente algunas medidas de control después del cumplimiento de la condena; por supuesto, hasta que no tenga forma de proyecto concreto es difícil explicar, y más a mí, cómo se va a regular
esto de una forma material. En cualquier caso, como todas las leyes penales, entrará en vigor después de ser aprobada. Por tanto, los efectos prácticos se darán dentro de algún tiempo. Yo espero que no sea el sistema penitenciario el que tenga
que hacer la supervisión y el control de las personas que se determine que representan un riesgo después de cumplir su condena, porque, si no, haríamos del sistema penitenciario un monstruo. Ya no nos falta más que dedicarnos a la prevención,
aunque en parte ya lo hacemos. Es necesario que se corresponsabilice el conjunto de la sociedad, sobre todo la sociedad próxima, para poder abordar de una manera eficaz este tipo de medidas que lo que pretenden es proteger a la sociedad. Es verdad
que hay personas que representan un riesgo y


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lo van a representar durante mucho tiempo por dos razones: una, porque no se haya eliminado el problema fundamental que les lleva a esas situaciones y, otra, porque ellos mismos no acepten cambiar su actitud vital y social. Por tanto,
tendremos que establecer mecanismos de protección a la sociedad. Por supuesto, yo no concibo que en el siglo XXI no seamos capaces de establecer mecanismos que no sean respetuosos con los derechos de todos y con los derechos básicos de los seres
humanos que hemos definido, y más en nuestro espacio europeo en el que hemos sido tan exigentes en la propia evolución de los tiempos frente a ello. Creo que será posible acomodarlo todo, pero es verdad que tenemos que buscar nuevas fórmulas para
que, de la misma manera que no lleven de manera irremediable a algunas personas a medidas que quizá son desproporcionadas en relación con las faltas que han cometido, suceda al contrario, que les apliquemos medidas formalmente útiles y protectoras,
pero que en la práctica resulte que no. Creo que hay que hacer el debate desde esa óptica.



Las razones del crecimiento de la población reclusa en España serían largas de explicar, ya hay algunos estudios bastante interesantes sobre este tema y a ello ha afectado, a largo plazo, la reforma del Código Penal. Y vamos viendo el
efecto de la eliminación de las redenciones con el paso del tiempo, porque cada vez hay más personas condenadas por los códigos nuevos y no por el antiguo. De la misma manera, el efecto de la reforma penal de 2003 es retardado y lo vamos viendo con
el paso del tiempo; lo mismo ocurre con el efecto de las nuevas leyes. Eso hace que en España crezcamos singularmente. Ya he dicho que es un fenómeno que se produce en todos los países, pero en España de una manera mucho más acusada. ¿Cuál es la
razón del crecimiento de la población reclusa en todos los países? Necesitaría mucho tiempo para explicarlo, pero tiene que ver con una percepción que hemos producido en el conjunto de nuestras sociedades de alarma social frente a todo tipo de
delitos. Los medios de comunicación hacen su trabajo, y no seré yo quien reproche que lo hagan, pero es verdad que en la medida en que prestan atención a unas cosas y no a otras, se produce un efecto amplificador. Se habla de algo que representa
una actitud frente a cien mil actitudes, pero, como se amplifica, da la impresión de que afecta a muchas más personas. Esto en la práctica hace que exista una mayor preocupación social, una mayor inquietud, una mayor sensación de inseguridad. La
sensación subjetiva de inseguridad no siempre se corresponde con la realidad objetiva de la seguridad. Sobre esto hay numerosos estudios que pueden ser de mucho interés, pero que aquí nos aportan pocas cosas. Sí creemos que falta una reflexión más
compartida y más profunda sobre cómo construir la seguridad, cómo prevenir el delito y cómo integrar en la sociedad a quien ha cometido un delito. Estamos trabajando en ello, que es nuestra obligación.



Respecto de los profesionales de la institución, algunos de ustedes decían que faltan profesionales en la institución penitenciaria. Algunos dicen que falta personal en general y otros que faltan profesionales cualificados, como creo que
decía la señora Díez. Ausencia de profesionales cualificados. Yo tengo que decir que hemos hecho un esfuerzo, y que a pesar de la difícil situación económica lo vamos a poder seguir haciendo, para incrementar nuestras plantillas de personal.
Ha
habido un importante incremento en estos cuatro años. Podía haber sido mayor, pero también podía haber sido menor si hubiésemos seguido la tónica que había en los años anteriores. Hemos hecho un esfuerzo para incrementar el personal, pero queremos
tener un personal cada vez más cualificado. En otro tiempo se hablaba de un viejo concepto de que había una parte que es el funcionario interior, que solo tiene que hacer funciones represivas, funciones burocráticas o de control, y luego el
funcionario tratamental, que es el psicólogo, el jurista o el trabajador social. Nos parece que esa concepción hay que superarla de una manera relativa, porque es obvio que cada profesional está mucho más formado en su materia, pero nosotros
creeemos que todo el personal de esta institución tiene que ser personal de tratamiento. El personal de vigilancia tiene que tener también una formación que le ayude a saber cómo enfrentarse a los conflictos y, sobre todo, cómo hacer de educadores;
que la figura del educador sea una figura especializada dentro de nuestra relación de puestos de trabajo. Nosotros queremos que el personal básico haga también estas funciones y tengo que decirles que en una parte muy importante lo hacen. Yo decía
que tenemos unos profesionales con un grado muy alto de compromiso y de implicación con el trabajo que hacen. En programas de atención a discapacitados, a personas con enfermedades mentales o en programas como los módulos de respeto, la
participación del personal de vigilancia es determinante y también que ellos sean parte de los programas de tratamiento. Ese es el futuro de la institución.



Estoy contestando desordenadamente, pero es que tengo un millón de notas y me es imposible hacerlo de otra forma.



Respecto al Plan de centros, está funcionando de manera adecuada. No es verdad que no haya más que un centro terminado. Los cuatro centros y la ampliación de Tahiche están no solo inaugurados sino terminados y en funcionamiento. Que estén
en funcionamiento no quiere decir que en todos ellos haya un número ya importante de internos. Se está empezando ahora; en algunos se ha empezado hace una o dos semanas -en estos días se está empezando en los otros dos-, la llegada de los
internos. Para que lleguen los internos, un centro tiene que tener el personal funcionando durante un cierto tiempo previo, en el cual hay que ver la operatividad de los sistemas, adaptarse al nuevo centro en el que se va a trabajar, formar los
equipos, etcétera. Como se pueden imaginar, esta es una estructura muy compleja; no es como cualquier otro edificio, que se abre y entra la gente, porque esto no puede funcionar así. Me dice S.S. que no está seleccionado el personal. Estaríamos
buenos si a estas alturas no estuviera seleccionado. El personal no solo está seleccionado, sino que se ha hecho ya el concurso


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de traslados. Una parte de personal son los funcionarios que estaban en prácticas y que las han acabado y, otra parte, los que han pedido traslado de otros centros. Otra cosa es que el proceso de incorporación se haya visto afectado porque
los funcionarios también tienen vacaciones y, además, hay una disposición que reconoce como derechos de los trabajadores que, cuando cambian de puesto de trabajo, pueden demorarse un mes en incorporarse en el siguiente, cosa que suele utilizar la
mayor parte de los funcionarios afectados por estos cambios. También se ha hecho de manera paulatina pero desde luego no hay ninguna cosa, tal como que no esté seleccionado el personal, que está ya determinado desde hace tiempo.



Me ha dado cifras también de algunos centros penitenciarios que no son precisas. Le voy a decir por qué. Porque estas no son las personas que están físicamente en el centro penitenciario, sino que son las que dependen de ese centro. Ahí
están incluidas las personas que están en los centros de inserción social. Por ejemplo, en el caso de Zaragoza, de la prisión de Zuera, hasta ahora dependían de un centro de inserción social en Zaragoza de una capacidad relativamente grande -creo
que en este momento hay 150 personas-, un centro de inserción social en Huesca más las personas que están con medios telemáticos de control. Es decir, que este número de personas no es que estén físicamente en el centro penitenciario, sino que es
el conjunto de internos que, en diferentes modalidades, dependen de esos centros. Como les decía, los recursos humanos siempre nos parecerán insuficientes, pero hay que pensar que un centro tipo -que son ya la mayoría en nuestro sistema- tiene una
dotación inicial de más de 500 funcionarios. Funcionarios, más personal laboral, más algunos servicios que son contratados externamente o que prestan las comunidades autónomas, como son los maestros. Por cierto, aprovecho la ocasión para decirle
al señor Olabarría que no le voy a dar la satisfacción de desbloquear ese tema por el que él se interesa de manera repetida, la transferencia de esta competencia, primero, porque no es de mi competencia esa materia y, segundo, porque, como usted
sabe, no está entre las previsiones del Gobierno acometer esa transferencia en este momento. Pero sí querría decirle que la Comunidad Autónoma vasca, que en otros muchos terrenos es ejemplar en su coordinación con nosotros -incluso en este que le
voy a decir también-, mantiene una actitud numantina de no querer aceptar el traspaso de los maestros, cosa que ya se ha hecho con todas las comunidades autónomas. En el caso de los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma vasca, el Gobierno
vasco no acepta la transferencia de los maestros por esta que yo llamo actitud numantina de decir: si no se nos da toda la transferencia, a cachitos no aceptamos, no. Como todas las actitudes, es respetable, pero hay un colectivo de personas que
se ve afectado negativamente por eso, que son los profesionales que trabajan ahí y que seguramente estarían mejor formando parte de un sistema educativo de su comunidad autónoma y teniendo derecho a las mismas prestaciones que tiene el resto de sus
compañeros. Si usted me echa una mano para que podamos desbloquear esto, yo y sobre todo las personas afectadas se lo vamos a agradecer.



Tampoco es razonable que hablemos de aumento de la conflictividad. Yo les puedo dar las cifras de conflictividad que tenemos en las prisiones españolas, que no diré que son insignificantes, pero que desde luego son bajísimas en proporción
al número de internos que tenemos. Como yo digo muchas veces, se producen más incidentes en cualquier barrio de cualquiera de nuestras ciudades una noche de sábado que en un centro penitenciario. La mayor parte de los incidentes que se producen
son leves, porque incidentes graves y muy graves tenemos pocos, afortunadamente; tenemos menos que los que tienen los países de nuestro entorno, y no es porque seamos más buenos o más pacíficos, en este caso, sino por lo que les decía antes, porque
en nuestro sistema la gente está ocupada muchas horas al día y el mejor antídoto para la conflictividad es la ocupación, que el interno vaya a la escuela, que tenga actividades que realizar y que esté siguiendo programas de todo tipo. El nivel de
conflictividad que tenemos es bajo, aunque no es un nivel cero, porque eso es imposible en la vida libre y menos en un centro penitenciario.



Voy a ser brevísima, porque creo que nos estamos alargando en exceso.
Contestaré por escrito a todas las cuestiones que me han planteado, porque me parecen importantes y porque me gustaría aclarar las posiciones. Tampoco me parece que sea
correcto -la señora diputada del PP lo hacía- identificar régimen abierto con inseguridad. En primer lugar, creo que es un error conceptual, porque no tiene por qué representar más o menos inseguridad el cumplimiento en una modalidad o en otra; de
lo que se trata es de que la forma del cumplimiento se ajuste a lo que dice la ley y a la proporción del delito cometido y que se haga y se controle con profesionalidad. En segundo lugar, porque las cifras tampoco nos dicen eso. Es verdad que se
ha incrementado el número de terceros grados, pero no esa cifra que me daba usted de personas de segundo grado que están fuera de la prisión -seguramente la habrá sacado usted de algún sitio pero me parece que no la ha encajado en el sitio
adecuado-, pero da igual. Lo que quiero decirle es que no se está incrementando ni siquiera la tasa de incumplimientos en las personas que salen de permiso o que están calificadas en tercer grado. Otra cosa es que las mil personas que salen de
permiso y que lo cumplen adecuadamente no son noticia; el que sale de permiso y atraca una gasolinera sí lo es, y es lógico que sea así. Hay que saber que hay 999 personas que cumplen su permiso de manera adecuada y por tanto que ahí no ha habido
ninguna incidencia. Todo lo contrario, creo que estamos en un momento positivo en esa materia.



Los programas de tratamiento le parecerán insuficientes a S.S., pero si yo le enseño este cuadro -no creo que vea nada, porque es muy pequeño y además no está en colores-, que refleja nuestros programas de tratamiento, aún a esa distancia se
puede ver que hay unas casillas que están vacías; estas casillas son los años 2003


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y 2004. ¿Qué quiero decir? Que los programas de tratamiento se empezaron a implantar a partir de los años 2004 y 2005, con alguna excepción de programas de tratamiento para personas con drogodependencia, que son históricos dentro de la
institución. La mayor parte de los programas de tratamiento, los de discapacitados, violencia de género, control de la agresión sexual, jóvenes son programas que hemos puesto en marcha con un gran esfuerzo por parte de todo el sistema, porque ha
habido que formar a los profesionales que no tenían esa formación. Ha habido que hacer los programas que, como les he explicado antes, hemos querido que los hiciesen personas con competencia en la materia, de manera que sean programas de cambio de
conducta efectivos, porque son unos programas muy complejos y que normalmente tienen, sobre todo en el caso de violencia de género y agresión sexual, una duración de un año, durante el cual se hace una intervención muy intensa sobre una persona a la
que hay que seguir de una manera muy directa. Por lo tanto, creo que el esfuerzo ha sido extraordinario y nuestro empeño está en seguir haciéndolo y seguir incorporando a más personas en esta materia.



También me han preguntado por los trabajos en beneficio de la comunidad varias de SS.SS. Si hay algo que no se ha interpretado bien, querría precisarlo. La Administración penitenciaria es consciente de que esta es una responsabilidad que
nosotros tenemos que dirigir, controlar y supervisar, pero como son trabajos en beneficio de la comunidad, tiene que ser la comunidad la que determine si esos puestos que deban de ser ocupados por las personas que tienen que cumplir esos trabajos se
tienen que hacer cuidando parques, atendiendo los semáforos o acompañando a personas mayores que han sufrido accidentes. Tiene que ser la comunidad la que establezca dónde se pueden desarrollar esos trabajos y por lo tanto la que cree esos puestos.
Como les decía, todavía hay una conciencia débil en esta materia, aunque estamos trabajando intensamente y creo que en pocos meses mejorará, sobre todo porque hemos desbloqueado un tema que era menor, pero que incidía negativamente en que se
desarrollasen más puestos de este tipo, que es el del seguro de accidentes de las personas que participan en estos trabajos, que vamos a asumir. Aunque debería ser la institución que crea el puesto quien lo asumiera, nos parece que es razonable y
no tenemos dificultad para hacerlo si de esa manera lo desbloqueamos e incentivamos que se pueda hacer.



¿Cómo vamos de tiempo? ¿Fatal, no?


La señora PRESIDENTA: No se preocupe porque ya le he dicho antes que su tiempo no tiene límite y además ha habido un debate largo.



La señora SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Pero la paciencia de las señoras y señores diputados supongo que sí tiene límite.



Me ha gustado mucho el término que ha utilizado la señora diputada que representa al Grupo Mixto, doña Rosa Díez, de la pedagogía democrática, porque yo creo mucho en esto. Creo que las cosas hay que explicarlas y que además cuando a la
gente se le explican las cosas las entiende bien y el ciudadano a veces prefiere que le expliques lo difícil que es recuperar para la vida en libertad a una persona que tiene un problema de drogodependencia desde los diez años y que aunque hagas
muchos esfuerzos habrá de tener sistemas de control a que le digas que es muy fácil hacerlo todo. El material con el que trabajamos es un material complejo que viene de historias muy complicadas y que requiere actuaciones también muy largas en el
tiempo, de modificación de conductas en algunos casos pero en otros, como decía antes, de modificación también de espacios sociales en los que se pueda continuar la intervención que aquí se hace.
Por lo tanto, creo que es un avance que asumamos
todos que la construcción de una seguridad de fondo es una responsabilidad que debemos compartir.



Contesté lo relativo a la gente que sale de permiso y no se reincorpora.
Es un porcentaje muy pequeño y residual del conjunto de personas que no salen de permiso. De esas personas que no vuelven, la mayoría vuelve al día siguiente o a los
dos días por diversas razones que no voy a explicarles. A los restantes los trae la Guardia Civil, porque normalmente van a su casa, que es el sitio que tienen adonde ir.
Únicamente algunas personas -que no suele ser casual que estén de permiso o
que aprovechen una salida a un hospital o cualquier otra eventualidad para intentar una fuga- pueden hacerlo con otros objetivos, con otras intenciones y con otros apoyos. Afortunadamente, son escasos supuestos y tratamos de velar para que sean
mucho más escasos todavía.



También me ha comentado una cuestión muy concreta -que alguien le habrá explicado pero que no lo ha hecho bien- sobre personas que están condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad. Me comentaba doña Rosa Díez que no tienen maestro
de taller y que se pasan el fin de semana con otros internos. Los condenados a trabajos en beneficio de la comunidad no están en los centros penitenciarios; dependen de los servicios sociales penitenciarios, no están en los centros ni tienen que
cumplir ese trabajo en el centro penitenciario, salvo en pocos puestos que nosotros mismos creamos como trabajo en beneficio de la comunidad dentro de las prisiones, pero seguro que no se refiere a eso. Quizá le han dado alguna información cruzada
porque el maestro de taller es una figura que tiene el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario para los internos de los centros penitenciarios que están trabajando en talleres penitenciarios. No tiene importancia, seguro que es una información
cruzada.



Respecto a lo que me ha dicho el señor Olabarría, cuando me pasen la trascripción de la comparecencia haré un respaso y le contestaré adecuadamente a lo que me deje. La prisión de Nanclares es un centro que esta secretaria general tiene
mucho interés en que se haga, como todos los centros nuevos que están proyectados, pero sobre todo los que van a sustituir a los centros obsoletos, porque en algunos casos no son centros que


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se hagan en sustitución de otro pero en este caso sí que va a sustituir al centro actual de Nanclares, en el que tengo que decir que hemos hecho numerosas inversiones, ha mejorado sustancialmente y en el que -esto no me lo diga, se lo digo
yo- hemos hecho un esfuerzo aun sabiendo que era un centro que estaba destinado a desaparecer. El nuevo centro no va a tener ninguna dificultad porque por supuesto respetamos la legislación -como no puede ser de otra manera- y hablamos con todas
las instituciones -como no puede ser de otra manera-.



Existe una práctica -que es bastante generalizada, y aprovecho esta comparecencia para hacer este comentario- de algunas instituciones que piensan que no está bien visto por parte de sus comunidades que se instale un centro penitenciario
allí, actitud totalmente infundada y que no se corresponde para nada con la realidad, porque un centro penitenciario jamás representa un problema para el lugar en el que se ubica, pero a veces esa actitud de pensar que va a tener resistencia por
parte de algún sector de la población hace que se nos pongan más dificultades de la cuenta a la hora de poder ubicar los centros o de poder poner en marcha su construcción y así hacer que, lamentablemente, la construcción de un centro penitenciario
cueste más tiempo que cualquier otra infraestructura a la que no se le ponen todos estos inconvenientes. El ciudadano entiende que no es lo mismo hacer un centro penitenciario que un hospital. A un hospital no se le ponen inconvenientes, pero un
centro penitenciario no deja de ser una forma de hospital y por tanto no deberíamos tener esa actitud. A veces sucede esto y a veces se utiliza el impacto medioambiental de una manera desmedida que no se corresponde con el impacto que produce un
centro penitenciario, que es mínimo, sobre todo de los centros de nueva generación, porque tratamos de adaptarlos al máximo al lugar en el que se ubican y que tengan todas las consideraciones debidas. Quédese tranquilo, señor Olabarría, porque el
tema va por buen camino y creo que no va a tener más dificultades. Sobre el resto de las cosas, le contestaré por escrito, si me lo permite, porque si no nos alargaríamos excesivamente.



Sobre lo que planteaba la señora Pigem, la he contestado directamente a alguna de las cosas que decía, a cuáles son las causas del incremento de la población en nuestro país y en otros, aunque no se dé en la misma proporción. Me preguntaba
también si se va a cumplir el Plan de Infraestructuras en un momento de restricción presupuestaria. Creo que sí -no tengo ningún dato para pensar que no vaya a ser así-, que los compromisos se van a respetar y se van a cumplir en su momento. Sobre
los debates que sugiere, me parecen todos de extremo interés, sobre todo el de cómo combatimos adecuadamente la delincuencia, que es lo que nos tiene que preocupar a todos, y ese es el tema en el que estamos. No he hablado de los cambios
legislativos que vamos a proponer en esta legislatura porque ya el ministro hizo referencia en su comparecencia a la actualización de la Ley General Penitenciaria, de la Ley de cuerpos... En fin, creo que está ya claro ese compromiso.



Respecto al tema de los suicidios, es una extraordinaria preocupación de esta institución. Hemos trabajado muchísimo para evitar los suicidios.
Creo que es una de las cosas que hemos abordado con más intensidad en esta casa. Tenemos un
programa muy bueno, que está funcionando muy bien, pero es verdad, como decía el Defensor del Pueblo, que una parte de los suicidios que se están produciendo -quizá la parte más importante aunque hemos bajado muchísimo y hay que tener mucho cuidado
incluso de hablar de esto porque cada vez que se produce un suicidio hay tres detrás, o sea que prefiero que sobre esto hablemos lo menos posible- ocurre en personas que no dan síntomas y si no dan síntomas es muy difícil que les podamos aplicar el
programa de prevención de suicidios, porque son decisiones que toman en un momento determinado, aunque sí es verdad que estamos también trabajando sobre eso y que hay muchos factores que confluyen. Es un factor de riesgo, desde luego, para personas
acusadas y condenadas por delitos de violencia contra otras de su entorno familiar, pero también es un factor de riesgo que se produce en un momento determinado que a alguien que esperaba una visita no vayan a visitarle un sábado o que su compañera
le diga que no quiere seguir con él o, en fin, tantas cosas difíciles de determinar que le pasan a un ser humano que está en esas circunstancias y que las recibe con una carga emocional mucho mayor a como las podría recibir en la calle. En
cualquier caso, España tiene un índice de suicidios muy por debajo del de la mayoría de los países, muy por debajo, y estamos bajándolo muchísimo, aunque es una de las cosas más terribles que suceden en cualquier sistema penitenciario.



Respecto a la intervención de la diputada que representa al Partido Socialista, que es el partido que apoya al Gobierno, quiero desde luego agradecerle, primero, los deseos de que todo nos vaya bien y de que tengamos muchos éxitos, pero creo
que son deseos compartidos porque en este caso se trata de algo que va a redundar en beneficio de todos. Sobre todo le quiero agradecer también que valoren el esfuerzo que se está haciendo desde la institución por desarrollar programas de
tratamiento.
Quizás hablo demasiado de esto, pero es en lo que hemos hecho una apuesta más importante en los últimos años y de lo que nos sentimos también más satisfechos, de haber abierto este camino, que seguramente tenemos que completar, pero
que es el camino que más claramente conduce a la reeducación. En este caso estamos hablando quizá de reeducación como paso para la reinserción. Sobre las reformas legales me remito a lo que dijo el ministro.



Agradezco el apoyo en general e invito por último, más que a otra comparecencia, a la que estaré dispuesta en el momento en que ustedes quieran para tratar algún tema específico que nos permita abordarlo con un poco más de profundidad en
lugar de con generalidades, a que podamos estar un día entero en un centro penitenciario conociendo los diferentes aspectos de la seguridad, del tratamiento, de la alimentación, de todo lo que tiene que ver con el sistema, que creo que nos ayudará a
todos a


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entender mejor la materia de la que tratamos cuando venimos aquí.



La señora PRESIDENTA: Dado el carácter que ha tenido esta comparecencia y como la secretaria general se ha comprometido a repasar sus notas para responder por escrito a algunas cuestiones puntuales, ya que en un tiempo más o menos limitado
es imposible responder absolutamente a todo, si quieren hacemos un turno de dúplica, desde luego muy breve, y ya digo por alguna cuestión concreta y que, si no ahora, la podría contestar la señora Gallizo en su momento. Tiene la palabra la señora
Navarro.



La señora NAVARRO CRUZ: Efectivamente voy a ser muy breve, pero me gustaría hacer un par de puntualizaciones. Primero agradezco lógicamente a la señora secretaria general su información y la voluntariedad de pasar por escrito aquello que
no haya dado tiempo hoy. Quisiera matizar una cuestión respecto al tema del personal al que tanto la señora Gallizo como la señora Arnaiz han hecho referencia; incluso la señora Gallizo ha dicho textualmente que estamos creciendo de una manera
moderada pero con una tónica muy superior a la de años anteriores, en los que se crecía poco. Yo solamente quería dar un dato y es que en 2004 nosotros aumentamos 18.804 funcionarios, que son 3.446 más de los que había en 1996, durante el Gobierno
del PP, para 51.491 reclusos, y ahora en este caso tenemos 21.390 funcionarios para 62.111 reclusos. Les recuerdo que la ratio en la época del PP, en 2004, era de un funcionario por 2,7 reclusos y ahora es de un funcionario por 2,9 reclusos. Sé
que la diferencia es muy pequeña, pero no me gustaría dejar pasar el hecho de que ahora se crezca más que antes. En proporción a la población reclusa no se está creciendo más que antes, esa es la realidad.



Por otra parte, no se le pueden echar continuamente las culpas a la reforma del Código Penal de todo lo que está ocurriendo y de la cantidad de reclusos, que cada vez hay más en las cárceles, ya que, como ha dicho la señora portavoz de
Convergència i Unió, nosotros estaríamos totalmente dispuestos, en el caso de que se abra una nueva reforma, a participar en lo que consideremos positivo en el Partido Popular, pero también estamos totalmente de acuerdo con el Código Penal que está
vigente. Hay una realidad y es que hay inseguridad, pero sobre todo que existe una gran eficacia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



La señora Arnaiz hablaba de la herencia del Partido Popular y yo también quería dejar clara una cuestión y es que el Partido Popular dejó como herencia el proyecto de Estremera, de Albocasser, de Morón y de Puerto III. Esa es una realidad
incontestable porque ahí está, se puede tirar de hemerotecas e incluso de debates que se han hecho en el Congreso. No voy a contradecir a la señora directora general, pero a 19 de septiembre, según sus propios datos, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, que no son datos nuestros sino del ministerio, hay cero reclusos y la señora Arnaiz decía que no era así. Pues sí, eso dicen los datos de su secretaría general. También entiendo que todas las cosas requieren su tiempo
para ponerlas en marcha, claro que sí, pero hay algunos centros que hace bastantes meses que están inaugurados y que aún siguen en esas condiciones.



No he sobredimensionado cuando hablaba de los 8.000 reclusos de segundo grado que están en régimen abierto y tampoco he dicho que cuando se está en régimen abierto indiscutiblemente tenga que haber inseguridad. No he dicho eso. He dicho
sencillamente que tercer grado sería régimen abierto y que hay una serie de reclusos de segundo grado que están en régimen abierto y que cuando las leyes se aplican se aplican de manera adecuada para que las personas que tengan que cumplir esa pena
en régimen abierto lo hagan y los que tengan que hacerlo en régimen cerrado también lo hagan.



Agradezco también la invitación de la señora secretaria general de asistir un día a ver el funcionamiento, cómo transcurre un día en un centro penitenciario. La señora presidenta de esta Comisión sabe que mi grupo ha solicitado en algunas
ocasiones esas visitas y agradezco la invitación de la señora secretaria general. Mi grupo estará encantado.



La señora secretaria general ha dicho que el sistema son los profesionales y efectivamente es así, pero también lo son quienes dirigen a esos profesionales. Por tanto, cuando yo hablaba de eso me refería, lógicamente, a que esos
profesionales también tienen una dirección. Usted ha dicho que no acepta la palabra hacinamiento. Usted me dirá qué significa cuando hay centros donde hay un 300 por cien de personal recluso y donde no tendría por qué haberlo. Usted ha dicho que
hay que ser realistas y nosotros estamos totalmente de acuerdo. También hay que ser realista para reconocer esa cantidad de personas que están en esos centros penitenciarios, porque aunque usted me diga como me ha dicho que hay que quitar los 150
presos que están en centros de inserción social en Zuera, aun así le siguen quedando 1.604 reclusos en una institución penitenciaria que tiene capacidad para 1.008.



Termino diciendo que según la memoria fiscal que se presentó ayer, los delitos han aumentado en un 3 por ciento en 2007 y que según las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo que se prevé es que siga el incremento y no parece que vaya
a la baja. Nosotros entendemos que es prioritario un sistema penitenciario a la altura de nuestra democracia y que solamente se puede llegar a eso con el personal suficiente, con las edificaciones y con los centros suficientes y no solamente con el
personal, como decíamos antes, en funciones de cuidadores o controladotes de los reclusos, sino con el personal cualificado para que estos reclusos puedan tener esa posibilidad de volver a reinsertarse en la sociedad.
Cuando se puede llegar a un
300 por ciento de ocupación en un centro penitenciario al Partido Popular eso le parece si no imposible, sí bastante difícil, porque eso lo único que puede producir es una merma dentro de la propia institución penitenciaria, y no hablamos de que el
recluso esté en situación indigna,


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pero sí de que puede llegar a repercutir en esa indignidad por esa falta de espacio y por esa falta de recursos y desde luego también puede repercutir en una merma, dentro y fuera de la institución penitenciaria, de la seguridad. Termino la
exposición diciéndole que estaremos a su disposición, por supuesto, siempre y cuando se nos requiera para cualquier cuestión que pueda revertir en beneficio de la comunidad.



La señora PRESIDENTA: Por un breve espacio de tiempo tiene la palabra la señora Díez.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Brevísimo, presidenta.



Simplemente agradezco a la señora secretaria general sus explicaciones en lo general y en lo concreto. Hago una precisión respecto a esta cuestión en la que hemos discrepado sobre el centro de Valencia. Me he referido a una información del
centro de inserción social de Valencia, información detallada y presentada por los sindicatos, concretamente por el CSIF de prisiones, que denuncia exactamente lo que yo he planteado a la secretaria general, y es una denuncia realizada en los
últimos días del mes de agosto. Por tanto, es una denuncia reciente que tiene que ver con su institución y en concreto con ese centro. Supongo que no me puede dar explicaciones en este momento, pero no partía de una equivocación de papeles, sino
de una denuncia muy concreta referida a este centro.



La señora PRESIDENTA: Señora Arnaiz, no es necesario intervenir, no es obligatorio, pero ¿quiere hacer uso de la palabra?


La señora ARNAIZ GARCÍA: Sí, intervengo brevemente para decir que comparto plenamente la exposición que la señora secretaria general nos ha hecho de que aunque tengamos una ocupación alta en nuestras instituciones penitenciarias, esto no va
en detrimento de la calidad que las instalaciones ofrecen y que, desde luego, hay que trabajar, como creo que se ha puesto de manifiesto en esta comparecencia, por la prevención y por la integración de estas personas que han cometido delitos. Ya se
ha puesto de manifiesto que el plan de 2005 está funcionando bien. Esta es mi observación, que se ha estado apostando con recursos materiales y en infraestructuras y que vamos por buen camino, aunque nunca es suficiente.



La señora PRESIDENTA: Para cerrar el turno tiene la palabra la señora Gallizo.



La señora SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Intervengo brevísimamente, sobre todo porque no quiero entrar en polémicas de más calado, pues ni es momento ni es mi intención. A la señora Díez tengo que
decirle que voy a leer esta información, porque no sé a qué se refiere. Tal y como estaba expresada pensé que había un cruce de datos. Quizá los datos los cruzaron ellos, pero desde luego la leeré y le contestaré adecuadamente.



En cuanto a la señora Navarro, sería conveniente que fuésemos rigurosos en la utilización de los términos. Un centro tipo no tiene capacidad para 1.008 personas. Como les he explicado, están preparados, pero no ahora sino desde que se
construyeron, para tener dos internos en cada celda de una manera adecuada, luego como mínimo tiene capacidad para algo más de 2.000 personas, ya que también tiene más de 200 celdas complementarias; por tanto, tendría una capacidad muy alta. La
capacidad óptima de un centro tipo sí estaría en el entorno de unas 1.200 ó 1.300 personas, repito, capacidad óptima para que una persona estuviese en una celda, pero no es que su capacidad sea para 1.008 personas. Vamos a distinguir las cosas,
porque son diferentes. La capacidad de acogida que tiene nuestro sistema es una capacidad más amplia. En algunos centros también se dice que la ocupación está al 300 por cien. ¿Eso quiere decir que hay tres personas en una celda? Eso me resulta
raro; puede ser excepcionalmente verdad en algún momento puntual en el que se produce una detención de muchas personas, pero desde luego no es lo habitual, salvo en centros que están diseñados de otra manera, en los que las celdas son más amplias y
están pensadas para acoger a más personas. A veces se hace la ratio valorando estos centros que tienen habitaciones para ocho personas y, en consecuencia, el porcentaje sale muy desequilibrado.
Nosotros hemos intentando también, y aprovecho para
decirlo, reformar esos centros y tratar de hacer separaciones para que no haya más de dos personas en un mismo espacio, porque nos encontramos con centros que tenían habitaciones para ocho, diez y doce personas. Hemos hecho también algunas reformas
en esa materia y por eso a veces sale un poco distorsionado este cálculo, porque se aplica a celdas y no a capacidad.
Afortunadamente, la capacidad de nuestro sistema todavía es alta, porque si no tendríamos que cerrar la puerta y no estamos en esa
situación.
Estamos en una situación de acoger lo que se determine.



Como le decía, no quiero polemizar con usted sobre la ocupación de los centros que están inaugurados, porque ya le he explicado que se hace de forma progresiva. En ningún caso nos vamos a encontrar lo que yo me encontré cuando era diputada,
un centro como el de Zuera, que después de acabarse tardó cuatro años en ponerse en marcha. Esa fue una situación muy excepcional que se debió a un conjunto de factores, pero no creo que vuelva a repetirse nunca. Como ya les he explicado, sí que
cuesta abrir un centro. En este momento -además creo que se lo he dicho con precisión- creo que internos únicamente hay en Albocasser. Llegará en los próximos días el primer contingente, que será pequeño, porque para poner a funcionar el centro
hay que hacerlo de esta manera, que es lo que está establecido.



Me gustaría responder a un comentario suyo, ya que usted se empeña en que hay más gente en prisión porque hay muchos más delitos e inseguridad. Eso no es así,


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pero no me voy a empeñar yo en explicárselo. Están hechos los estudios sobre qué parte de la población reclusa en este momento es de nuevo ingreso, y qué parte se debe al alargamiento de las penas que estas personas cumplían; es decir, ese
efecto retardado, como he dicho, de las reformas legislativas que se han producido, tanto del Código Penal de la democracia, que tiene efectos retardados a muy largo plazo, pero los sigue teniendo, como de la última reforma del Código Penal. Y, por
supuesto, no he sido crítica ni he hecho ningún tipo de comentario sobre esas reformas del código porque no es mi papel hacer comentarios sobre las reformas legales. En todo caso, he de decir que ese es un efecto que se ha producido a largo plazo
en el sistema, ya que el análisis del conjunto de las personas que ingresan en el sistema penitenciario no da en absoluto las cifras a las que he hecho referencia. Si usted tiene interés, se lo explico un día con más detenimiento. Ahora bien, yo
sí tengo interés en dejar claro que este incremento de la población reclusa no se ha producido por una mayor inseguridad, ni siquiera por un mayor número de detenciones, sino porque el cumplimiento de las penas dura más.
Frente a una creencia
popular -también extendida en España- de que este es un país en el que la duración de las penas de privación de libertad es corta, estamos a una distancia enorme de los países de nuestro entorno en duración del cumplimiento de las penas. España es
uno de los países donde se cumple más tiempo en prisión, donde la duración de las penas es mayor.
Desde luego, estos son temas que requieren muchos más datos para ser explicados, y yo estaré gustosísima de proporcionárselos.



La señora PRESIDENTA: Señora secretaria general, le agradezco en nombre de la Comisión esa invitación a visitar un centro penitenciario, algo que había planteado en alguna reunión de portavoces el Partido Popular. Lo concretaremos más
adelante.



Como dije antes, hay tres preguntas, pero tanto la señora Navarro como el señor Heredia me han dicho personalmente que han sido respondidas en el transcurso del largo debate que hemos tenido.



La señora SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Se las paso por escrito también.



La señora PRESIDENTA: Muy bien, se las puede pasar por escrito para algún tema concreto. (El señor Heredia Díaz pide la palabra.)


No, señoría, porque entonces tengo que abrir el turno de preguntas y todo el mundo tendría derecho a pedir la palabra. Lo siento, señor Heredia.
Las damos por respondidas y, si tienen interés en alguna cuestión concreta, la secretaria
general les puede remitir la contestación.



Se levanta la sesión.



Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.