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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 85, de 25/09/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 85
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 3 celebrada el jueves 25 de septiembre de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad (Camacho Vizcaíno), para informar sobre las medidas políticas de su departamento para la IX Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 212/000022.)... (Página 2)
Preguntas:
- Del diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la fecha prevista para la reconstrucción del cuartel de la Guardia Civil de Legutiano (Álava). (Número de expediente 181/000244.)...
- Del diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas para atajar el aumento de la inseguridad ciudadana en Palencia. (Número de expediente 181/000245.)...
Del diputado don José Andrés Torres Mora, en sustitución de don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el grado de implantación del DNI electrónico. (Número de expediente 181/000075.)...
- Del diputado don Carlos González Serna, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración de los distintos instrumentos operativos y de coordinación puestos en marcha para la lucha contra la criminalidad organizada. (Número de
expediente 181/000376.)... (Página 35)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (CAMACHO VIZCAÍNO), PARA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS POLÍTICAS DE SU DEPARTAMENTO PARA LA IX LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 212/000022.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión de la Comisión, cuyo orden del día SS.SS. conocen y en el que consta, en primer lugar, la celebración de la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, para informar sobre las medidas
políticas de su departamento para la IX Legislatura, a petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Quiero en mi nombre -y seguro que también en el de todos los componentes de esta Comisión- dar la bienvenida al secretario de Estado de Seguridad a esta Comisión de Interior y, también en nombre de todos, le deseo una gestión lo más eficaz
posible para la seguridad y para los intereses de todos los españoles. Por tanto, tiene la palabra el señor Camacho para hacer la primera intervención en esta comparecencia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Gracias, señora presidenta, por la bienvenida.
Al igual que hice al comienzo de la pasada legislatura, comparezco ante esta Comisión para presentar las líneas generales de actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad. He de comenzar -porque creo que es necesario- renovando mi deseo
de colaboración y diálogo con todos los grupos y formaciones políticas que aquí están representadas, en busca del consenso imprescindible en una materia que todos estaremos de acuerdo en que es estratégica y prioritaria para este Gobierno. Además,
comparezco en una semana especialmente dura para nuestra democracia. El pasado lunes, ETA volvió a asesinar -lo ha hecho ya 824 veces- y esta vez la víctima fue el brigada del Ejército Luis Conde. A él le quiero rendir homenaje y en su persona a
todas y cada una de las víctimas de la barbarie terrorista. En las víctimas, en sus familiares, en sus seres queridos se concentra, sin ningún género de dudas, toda la dignidad y toda la fortaleza de nuestra democracia y de la lucha tenaz y
constante que mantenemos por la libertad. La historia reciente de nuestro país es la historia de un éxito colectivo, del triunfo de varias generaciones de ciudadanos que, a pesar de los momentos duros y dramáticos que nos ha tocado vivir a todos,
nunca hemos renunciado a ampliar nuestras libertades, nunca nos hemos planteado ceder ni uno solo de nuestros derechos frente a la locura terrorista. De ahí nace nuestra fortaleza como democracia y nuestra determinación, la de todos los demócratas,
para hacer frente al terrorismo hasta su derrota definitiva. De ahí nace la fortaleza de nuestra democracia, la que nos permite ser libres y revelarnos con firmeza y con determinación, pero siempre con serenidad y mesura, contra aquellos que
intentan imponer su tiranía mediante la violencia. Los demócratas, sin ninguna duda, estamos ganando la batalla contra ETA; estamos ganando porque hemos resistido, porque nunca hemos renunciado a uno solo de nuestros valores ni de nuestros
principios, porque tenemos la legitimidad que nos da tener la razón frente a los bárbaros y porque los terroristas saben que nunca van a conseguir sus objetivos mediante la violencia, pero tampoco por dejarla. No lograrán ninguno de sus objetivos,
por mucho dolor que impongan a nuestra sociedad. Hoy, los terroristas no tienen ninguna duda de si serán detenidos o no; su única duda es saber cuándo serán detenidos y dónde se encontrarán frente a frente con el Estado de derecho. Hoy, más que
nunca, los terroristas saben que solo tienen una elección: desistir o acabar en la cárcel. Volveré luego, a lo largo de la comparecencia, a la lucha contra el terrorismo, que constituye una de las principales tareas a la que he dedicado mi
esfuerzo estos años y lo seguiré haciendo desde mi responsabilidad y, sin duda, ustedes también desde la responsabilidad de cada uno. Lo haré porque, como señaló el ministro del Interior en su reciente comparecencia ante esta Comisión, los
objetivos estratégicos de nuestra política de seguridad no han cambiado; han sido durante la pasada legislatura -y lo seguirán siendo durante la actual- hacer de España un país más seguro y, por lo tanto, hacer de España un país más libre,
cumpliendo así con el mandato constitucional y dando respuesta a las legítimas demandas de los ciudadanos en
esta materia. Porque la seguridad de los ciudadanos y de nuestras instituciones, en definitiva la seguridad de la nación, es, sin duda, la primera, probablemente la tarea más importante en la que debe empeñarse el Estado y, por tanto, la
gran tarea que de él se espera, garantizando la convivencia democrática, garantizando el imperio de la ley y garantizando el libre ejercicio de las libertades. Un concepto de seguridad, entendida de este modo, en un sentido mucho más amplio, que va
más allá del concepto tradicional de protección de personas y de bienes, porque en el nuevo escenario en el que nos movemos, el escenario globalizado, el concepto y las dimensiones de la seguridad han adquirido una complejidad que supera con mucho
la lucha contra la criminalidad tradicional -a la que también vamos a seguir prestando toda la atención que merece- y que convive ahora con nuevas amenazas y nuevas formas de riesgo, como el terrorismo internacional y el terrorismo nacional, la
inmigración irregular, el tráfico de armas, la criminalidad organizada o las derivadas de aquellas catástrofes climáticas de carácter industrial, alimentario o energético; sin olvidar la prevención y protección de conductas como la violencia de
género o contra los niños y las personas mayores. Todos estos riesgos a los que he hecho mención y muchos más, son los que configuran un nuevo escenario al que las instituciones del Estado, conjunta y coordinadamente, deben hacer frente, poniendo
en común objetivos y recursos como punto de partida necesario para afrontar con eficacia la prevención y la reacción contra los mismos. Por tanto, estamos ante un nuevo escenario en el que nuestra seguridad no se ve amenazada por la acción directa
de ningún otro Estado, sino por nuevos y poderosos riesgos que implican necesariamente un escenario que debemos compartir con los otros Estados de la Unión y con todas las democracias avanzadas; amenazas y riesgos compartidos que exigen también
respuestas comunes desde las instituciones comunitarias, además de las medidas bilaterales entre los Estados miembros o con terceros países.
Señorías, tras más de cuatro años al frente de la secretaría de Estado de la que soy responsable, puedo afirmar -e intentaré justificarlo a lo largo de esta comparecencia- que España es hoy un país más seguro, tanto desde el punto de vista
de los datos objetivos de comportamiento y evolución de nuestras tasas de criminalidad, como por las nuevas y potentes capacidades operativas y de inteligencia desplegadas para hacer frente a las viejas y a las nuevas amenazas. Todo ello se
corresponde además con la percepción que tienen los ciudadanos sobre los niveles efectivos de seguridad de que disfrutan, y así se pone de relieve en los datos del barómetro publicado por el CIS, que sitúa la preocupación ciudadana sobre la
situación de seguridad en los niveles más bajos de la serie histórica de este indicador. Es muy fácil comprender el porqué de esta disminución en la preocupación ciudadana en materia de seguridad si atendemos a la evolución de las cifras sobre
criminalidad. Como bien saben ustedes, entre 2003 y 2008 la población española creció un 7,8 por ciento, y de forma específica en lo que podríamos denominar territorio MIR, es decir, el territorio en el que corresponde esencialmente al Estado el
mantenimiento de la seguridad pública, ese incremento poblacional fue del 2,1 por ciento. En ese mismo ámbito territorial, la criminalidad ha descendido en un 3,8 por ciento, lo que significa que hemos pasado de una tasa de criminalidad, es decir,
de infracciones penales por mil habitantes, del 52,1 por ciento en 2002, que ha sido nuestro máximo histórico, a las -y estas son cifras aún provisionales- 47,5 infracciones en 2007 o las 46,6 en el mes de julio de este año. Ello ha sido posible
por un conjunto de razones ya reiteradas en las anteriores comparecencias en esta Cámara. Sin duda, la principal razón es el excelente trabajo operativo de nuestros policías y guardias civiles, y además ese excelente trabajo -permítanme que se lo
diga- ha estado apuntalado en un conjunto de actuaciones estratégicas puestas en marcha por el Gobierno durante los últimos cuatro años. En primer lugar, un incremento significativo del gasto en seguridad, un aumento de más del 36 por ciento en la
dotación económica de la Policía y de la Guardia Civil respecto al periodo 2001-2004; un fuerte incremento en concreto de un 18 por ciento en el número de policías y de guardias civiles, pasando de 3 agentes por cada mil habitantes en 2005 a 3,5
agentes en la actualidad, teniendo además en cuenta el aumento de la población española a que he hecho referencia anteriormente. Todo ello, señorías, enmarcado en una verdadera estrategia de seguridad con líneas y objetivos claramente definidos y
una gestión en la que la coordinación, la cooperación y la evaluación permanente vienen aseguradas semana tras semana por el Comité Ejecutivo para el Mando Unificado.
Permítanme, señorías, todavía una rápida y muy gráfica ilustración sobre lo que acabo de manifestarles. Hace cuatro años, cuando comparecí ante esta misma Comisión, la Guardia Civil y la Policía no compartían ni una sola de sus respectivas
bases de datos. Hoy, cuatro años después, hemos puesto en práctica, y forma parte ya consolidada de la cultura operativa de nuestros cuerpos policiales, uno de los requerimientos esenciales para generar una buena inteligencia policial y por lo
tanto garantizar la seguridad, como es el principio de la inmediatez en la disponibilidad de la información existente en las bases de datos policiales. Gracias a ello, la Guardia Civil y la Policía tienen hoy acceso compartido a las bases de datos
sobre antecedentes policiales, ADN, documento nacional de identidad, sistema automático de identificación dactilar, catálogo de infraestructuras estratégicas, la base de datos de crimen organizado en el CICO, la de operaciones antiterroristas en el
Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, la de bastidor de vehículos de la Dirección General de Tráfico, etcétera. Es un acceso compartido al que, en algunos casos y cada vez más, acceden también las policías autonómicas. Somos muy
conscientes de que a pesar de los éxitos conseguidos, siempre queda por hacer; por eso, el presidente
del Gobierno anunció en su debate de investidura la necesidad de elaborar una estrategia nacional de seguridad que supera, sin duda, y en determinados ámbitos la competencia de la secretaría de Estado e incluso la del Ministerio del
Interior, pero que sin duda recae en su mayor parte sobre ellos, de ahí que nuestros esfuerzos en esta legislatura en parte irán dirigidos a la consecución de esa estrategia nacional de seguridad.
Introduciéndome ya en el objeto de esta comparecencia, la basaré en una revisión uno a uno de los grandes ejes de nuestra estrategia de seguridad, que va a descansar en un riguroso análisis estratégico de los riesgos, de las amenazas y de
las vulnerabilidades que nos afectan, en el análisis y evaluación de nuestras fortalezas y debilidades frente a los mismos, en una precisa definición de cuáles son nuestros objetivos y prioridades estratégicas, en la determinación y precisión de
nuestras capacidades y medios de respuesta y en el establecimiento de los requerimientos precisos para asegurar la coordinación y la planificación de los esfuerzos dependientes del Gobierno de la nación y de las demás administraciones e
instituciones y en su caso también, por qué no, del sector privado. Por lo que se refiere a los ejes de nuestra estrategia de seguridad, el primero de los mismos, como no podía ser de otra manera, va a seguir siendo la lucha contra el terrorismo,
contra todo tipo de terrorismo, con determinación y desde la unidad de los demócratas. El segundo de los ejes está constituido por la lucha contra el crimen organizado, que continúa suponiendo una de las principales amenazas contra nuestra
seguridad, en busca de una garantía de convivencia y de desarrollo para todos los que viven en España. El tercer eje es la lucha contra la inmigración ilegal. El cuarto está orientado a lograr una mejora general de nuestro nivel de seguridad
ciudadana. El quinto está constituido por la protección de los colectivos más vulnerables en nuestra sociedad y por la lucha contra la violencia de género. En sexto lugar se encuentra la modernización y la optimización de nuestro sistema público
de seguridad. Como séptimo eje aparece el refuerzo de nuestra política penitenciaria, y por último, el fomento de la participación de la sociedad civil en la política de seguridad a través del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
Por lo que se refiere al primer eje, en el escenario globalizado en el que vivimos la lucha pasa necesariamente, como he dicho, por abarcar todo tipo de terrorismo, tanto el nacional como el internacional, y tanto en el ámbito de la
prevención como de la lucha activa contra cualquiera de los terrorismos, y prestando en esa lucha todo el apoyo y toda la asistencia que merecen las víctimas del terrorismo. En cuanto al terrorismo nacional, ETA está hoy más débil que nunca;
socialmente derrotados, políticamente irrelevantes, acorralados por la acción constante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la justicia y aislados en el ámbito internacional. Su único destino es desaparecer, rendirse ante la fuerza de la
democracia y del Estado de derecho, un empeño que exige la unidad de todos los españoles, de las fuerzas políticas y de las instituciones, pues es el mejor medio para incrementar la fortaleza y la eficacia de la acción policial, de la acción
judicial y de la cooperación internacional. Pero ustedes y yo sabemos que ETA está social y políticamente derrotada, policial y judicialmente acorralada, internacionalmente aislada y perseguida y además interna y organizativamente en
descomposición. Por eso, podemos decir que ellos están en este momento más débiles que nunca y nosotros más fuertes y unidos que nunca, y por eso también nunca como ahora nosotros -y ellos también- sabemos que su único destino es desaparecer,
rendirse ante la fuerza de la democracia y del Estado de derecho. La unidad de todos los españoles, de las fuerzas políticas y de las instituciones es el mejor medio para incrementar nuestra fortaleza y la eficacia de la acción policial, de la
acción judicial y de la cooperación internacional.
Señorías, las líneas de la política antiterrorista de este Gobierno descansan en una premisa básica e indestructible: la voluntad compartida de todos los demócratas de impedir que los terroristas
actúen, de impedir que logren ni el más insignificante de sus objetivos, una voluntad compartida y firme que ha de preservar esta materia de la confrontación política partidista. Por todo ello, frente al terrorismo de ETA estamos resueltos a seguir
dando un impulso a los servicios antiterroristas del Estado con una mejor dotación de medios humanos, de medios materiales y de medios tecnológicos. Vamos a seguir incrementando la cooperación política, judicial y de inteligencia tanto en el ámbito
nacional como en el internacional, y vamos a intentar estrechar el consenso político y la máxima coordinación con todos los partidos democráticos. Frente al terrorismo internacional, nuestro segundo gran reto, vamos a dar un nuevo desarrollo a
nuestra estrategia de cooperación, especialmente con el Magreb, con Estados Unidos y con nuestros socios estratégicos. Seguiremos siendo líderes en el impulso de los mecanismos operativos y de inteligencia antiterrorista en la Unión Europea -como
lo hemos sido siempre-, así como en la cooperación bilateral y multilateral con los Estados miembros, en especial mediante el despliegue de equipos conjuntos de investigación y la utilización del principio de disponibilidad inmediata de la
información al que he hecho antes referencia.
Tan firme es nuestra voluntad como las medidas que dispondremos para su consecución. Se incrementará la lucha contra el terrorismo en más de 500 especialistas, con lo que en menos de ocho años habremos incrementado en 1.800 especialistas
nuestras unidades contra terroristas. Seguiremos potenciando la actuación conjunta de las unidades especializadas de la Policía y de la Guardia Civil, que tan buenos resultados está dando, además de reforzar la cooperación con los servicios
antiterroristas de la Ertzaintza y de los Mossos. Potenciaremos la labor del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, incrementando sus recursos humanos, su formación y sus medios tecnológicos de apoyo, reforzando su excelente labor de
análisis y prospectiva en
materia de terrorismo, todo ello regido por el ya citado principio de disponibilidad inmediata de la información, en colaboración con los servicios de inteligencia de la Unión Europea y de sus Estados miembros.
Asimismo, el CNCA, como bien
saben SS.SS., ha establecido relaciones en el ámbito internacional con las principales estructuras de carácter análogo -una docena a lo largo de los cinco continentes-, destacando especialmente la colaboración que mantenemos con los centros de Reino
Unido, Francia, Estados Unidos, Australia, Singapur y el de la Unión Africana, con sede en Argel.
Señorías, conscientes de la necesaria cooperación internacional para combatir con éxito el terrorismo, el pasado 9 de abril convocamos y celebramos en Madrid la primera reunión de responsables de los centros de carácter conjunto que operan
en el ámbito de la Unión Europea, con participación de la UCLAT por Francia, del JTAC por el Reino Unido, de la UCAT por Portugal, de CASA por Italia, de GTAZ por Alemania, del CTA por Dinamarca, del NCTb por los Países Bajos y de la OCAM por
Bélgica. La reunión, que obtuvo una positiva acogida entre los centros participantes, sirvió para acordar la celebración periódica de reuniones entre responsables de los centros y su extensión al ámbito de los analistas para el tratamiento de
fenómenos de interés común, en especial el proceso de radicalización islamista. Durante la Presidencia española que, como saben, se va a desarrollar a lo largo del primer semestre de 2010, el CNCA retomará el liderazgo en la iniciativa convocando
una nueva reunión de responsables en Madrid, a fin de dar continuidad y conseguir la definitiva consolidación de la propuesta. Hemos ampliado -lo saben SS.SS.
también- nuestra red de agregados en el exterior, especialmente en los países de la
cuenca del Mediterráneo y de Oriente Medio, teniendo en cuenta los intereses nacionales en esta área y la necesidad de intercambio de información operativa sobre islamismo radical de carácter violento, correspondiendo al Centro Nacional de
Coordinación Antiterrorista recopilar la información relativa a las actividades desarrolladas en la lucha contra el terrorismo que afecten a la seguridad interior de España.
También quiero destacar la labor de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, cuyas actuaciones más relevantes han sido llevadas a cabo por el servicio ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de
capitales e infracciones monetarias, y que en los últimos años han tenido conocimiento de más de 680 asuntos relacionados con la financiación del terrorismo. Por otro lado, en octubre del año pasado se publicó la Ley 25/2007, de conservación de
datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, en parte en trasposición de la directiva europea sobre esta materia. Esta nueva disposición constituye una herramienta fundamental para la investigación de
los delitos y, muy especialmente, en la lucha contra los grupos de delincuencia organizada y terrorista, puesto que la misma establece la obligación de los operadores de conservar una serie de datos y el deber de cesión de los mismos a los agentes
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través siempre de la correspondiente autorización judicial. Hace apenas dos semanas hemos realizado precisamente en el Comité Ejecutivo del Mando Unificado una evaluación de los resultados
operativos obtenidos con las previsiones de esta norma, y la evaluación ha sido muy satisfactoria tanto para los responsables de la Policía como de la Guardia Civil.
Con todas estas y otras políticas y medidas que pongamos en marcha, nuestra estrategia operativa antiterrorista persigue cuatro grandes objetivos. En primer lugar, estar preparado para responder en todo momento a todas y cada una de las
amenazas que provengan del terrorismo.
En segundo lugar, disponer de las estrategias adecuadas para prevenir y reducir las amenazas, para lo cual revisaremos, actualizaremos y reforzaremos nuestros planes operativos antiterroristas. En tercer
lugar, disponer de los medios operativos policiales y judiciales adecuados para perseguir a los terroristas. Y en cuarto lugar, proteger eficazmente a los ciudadanos, a las instituciones y a los bienes públicos y privados con los planes oportunos
contra los efectos de los ataques terroristas, reduciendo por tanto nuestra vulnerabilidad frente a los mismos.
Precisamente en este último punto me permito destacar la implantación efectiva desde comienzos del año 2007 del Plan de protección de
nuestras infraestructuras estratégicas, que hemos diseñado y desarrollado en estrecha colaboración con los propietarios y los administradores de las citadas infraestructuras. Señorías, todos los grupos que aquí representan la soberanía nacional
saben que la fortaleza y la superioridad ética del combate de los demócratas frente al terrorismo descansa, además, en la memoria y en el respeto constante y continuado a las víctimas del terrorismo y a sus familias. Si en la pasada legislatura
hemos insistido en la mejora cualitativa y cuantitativa del apoyo institucional a las víctimas del terrorismo, este compromiso permanente se verá reforzado en esta legislatura que comienza mediante la aprobación de una ley de protección integral de
las víctimas del terrorismo, que todos esperamos que sea fruto del más amplio consenso en esta Cámara.
El segundo de los ejes es la lucha contra la criminalidad organizada en todas sus vertientes. Ya en la pasada legislatura se puso en marcha una estrategia específica en esta materia que, en nuestra opinión, ha dado excelentes resultados.
Durante los últimos cuatro años se han desarticulado 1.527 grupos criminales vinculados con el blanqueo de capitales, se han detenido 17.376 personas relacionadas con dichos grupos, y se han intervenido o bloqueado bienes por un valor estimado de
4.126 millones de euros. En el ámbito del narcotráfico, una de las vertientes más intensas dentro de la criminalidad organizada, se incautaron cerca de 170 toneladas de cocaína, 2.577 toneladas de hachís y más de 2.300.000 dosis de éxtasis. Los
éxitos cosechados no pueden llevarnos
si no a reforzar esta estrategia con actuaciones específicas, que han de consistir en dotar con 800 especialistas más las unidades de inteligencia de la Policía y de la Guardia Civil que se dedican a la lucha contra el crimen organizado;
duplicar los efectivos de los Greco, en el ámbito de la Policía, y de los ECO en el ámbito de la Guardia Civil, y reforzar las funciones del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, del CICO, incluyendo la cooperación con los cuerpos
autonómicos y los centros de inteligencia en esta materia en otros Estados. Asimismo, es nuestra firme voluntad seguir potenciando la lucha contra el narcotráfico mediante la persecución intensa y contundente de la oferta de drogas en todos y cada
uno de los escalones de la misma y haciendo un especial hincapié en la operativa contra la distribución y venta de drogas en los centros educativos y sus entornos, así como en los lugares de ocio y diversión de los jóvenes. Los resultados en este
ámbito hasta ahora son desde luego, en nuestra opinión, también excelentes. Desde comienzos del año 2006, donde los planes que conocen perfectamente SS.SS. se pusieron en marcha, se han desactivado más de mil puntos de venta y se han efectuado más
de 2.700 detenciones, dificultando con ello algo que sin ninguna duda constituye el objeto de todos los que estamos aquí presentes, que es el acceso de nuestros menores, en definitiva de nuestro futuro, a esas sustancias.
El tercero de los ejes es la lucha contra la inmigración irregular.
Señorías, estarán de acuerdo en que para conseguir la plena igualdad de derechos y deberes de quienes residen regularmente en España es fundamental continuar de una manera
intensa la lucha contra la inmigración ilegal. Por eso, vamos a seguir potenciando todas las medidas que fueron puestas en marcha a lo largo de la última legislatura -fueron muchas-, dirigidas a vigilar e inspeccionar con firmeza y eficacia y
también con estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia de inmigración, el fenómeno de la inmigración ilegal, condición sine qua non para hacer realidad los valores de integración y de cohesión social en los que se ha de fundar
nuestra convivencia y nuestra seguridad pública. Por lo que se refiere a esta materia, esta secretaría de Estado tiene previsto el reforzamiento de los controles operativos y de las estructuras policiales de lucha contra la inmigración clandestina,
mejorando los mecanismos para la prevención de las llegadas irregulares de personas a nuestras fronteras y combatiendo con firmeza las redes de inmigración ilegal. En segundo lugar, vamos a agilizar los procedimientos de expulsión, especialmente
cuando se trate de ciudadanos extranjeros que delincan o que alteren el orden y la seguridad pública, y además, como saben ya, se va a proceder a una modificación del actual periodo máximo de cuarenta días en internamiento en los centros de
internamiento de extranjeros. Para todo ello vamos a dotar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de los medios suficientes y vamos a potenciar las infraestructuras destinadas a esta tarea. Ampliaremos, especialmente en Canarias, los
equipos destinados al control de las costas, del mar territorial y el patrullaje, buscando asimismo la cooperación con los países de procedencia de la inmigración irregular. En colaboración con otras instituciones, pondremos en marcha un plan de
lucha contra la trata de seres humanos para la explotación sexual y laboral, así como un plan específico de actuación entre la Inspección de Trabajo y los servicios de Policía y Guardia Civil para combatir de una manera más efectiva y sancionar la
contratación de ciudadanos que no se hallen legalmente en España.
Es obvio que para hacer frente a este problema es fundamental la colaboración a nivel internacional. De este modo se ha realizado una intensa labor de reforzamiento de la colaboración con las autoridades de los países de los que parten los
flujos migratorios, tanto de lugares de origen como también de tránsito, con un significativo incremento de la actividad diplomática y con medidas adicionales de apoyo en zonas especialmente sensibles, así como con la aportación de recursos para que
puedan reforzar sus propios medios de control. Por otra parte, España ha sido y es un firme defensor de la necesidad de construir una política migratoria común. En este sentido, hemos participado muy activamente en la elaboración del Pacto europeo
sobre inmigración y asilo, potenciando la participación de todos los actores y ámbitos implicados en el fenómeno migratorio de forma proporcionada. Próximamente, seguramente en el próximo Consejo Europeo, a celebrar los días 15 y 16 de octubre, los
jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea aprobarán definitivamente el citado pacto. Otro aspecto a destacar es la creación de una Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros, la Bedex. El objetivo de esta unidad policial consiste
básicamente en contribuir a la disminución de la alarma social que provocan determinados hechos violentos llevados a cabo por delincuentes extranjeros, ya sean integrantes de bandas de delincuencia organizada, terroristas o como protagonistas de
delitos de violencia de género. Esta unidad acentuará las llamadas repatriaciones cualificadas, es decir, las de aquellos individuos que por su condición de multirreinidentes o de agresividad en la comisión de delitos tienen un efecto más negativo
para la seguridad del resto de los ciudadanos que residen en nuestro país. La Bedex comenzará su andadura este mismo otoño en el ámbito de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
El cuarto de los ejes es la mejora de la seguridad ciudadana. En definitiva, este eje está orientado a lograr una mejora de nuestros niveles generales de seguridad ciudadana. Creo que puedo decir -además, no es solo una satisfacción para
mí, sino también para el Gobierno y debe serlo, sin duda lo es, señorías, para todos nosotros- que en este aspecto, en el de la seguridad, lo estamos haciendo razonablemente bien y a las pruebas me remito. Los indicadores del CIS, como mencionaba
al principio de esta comparecencia, sobre los principales problemas de España, nos señalan que la percepción
ciudadana de nuestros niveles de seguridad se encuentra en una banda muy razonable. Solo un 2,6 por ciento de los españoles citan la inseguridad ciudadana como un problema que les afecta personalmente y tan solo un 2,1 por ciento cita
espontáneamente la inseguridad como un problema para España. Como les señalaba al comienzo de mi intervención, la tasa efectiva de criminalidad en España, hablando del territorio Ministerio del Interior, es aproximadamente, con datos provisionales,
aún de 46,6 infracciones por cada mil habitantes, situándose casi 25 puntos por debajo de la correspondiente a los países centrales o de referencia de la Unión Europea. Además, nuestra tasa de criminalidad violenta, es decir, aquellas formas
delictivas acompañadas de violencia física o psíquica sobre la víctima, también está claramente por debajo de los niveles de nuestros socios europeos de referencia: 2,5 delitos de este tipo en España frente a 2,6 en Alemania, 3,5 en Dinamarca, 5,1
en Francia, 6,8 en Holanda, 9,6 en Bélgica y 10,8 en Suecia. Todo ello nos permite asegurar que España, sometida a profundas transformaciones sociales, demográficas y culturales, es un país seguro; diré más, es comparativamente un país muy seguro,
y lo es por dos razones fundamentales. Una, porque el Gobierno de la nación ha obrado con prevención y con rigor en esta materia y ha dotado a nuestros cuerpos de seguridad de recursos humanos, de recursos económicos y de medios materiales y
tecnológicos suficientes para que nuestros policías y guardias civiles puedan hacer frente de una forma más que razonable a los nuevos retos presentes en nuestra sociedad.
Y dos, porque hemos desarrollado políticas de cohesión social acertadas, que
han mitigado los posibles impactos negativos sobre nuestra seguridad procedentes de nuestro importante crecimiento demográfico y nuestra creciente complejidad en relación con grupos o minorías socioculturales que acaban de llegar o de incorporarse a
nuestro país. Por lo tanto, señorías, en materia de seguridad ciudadana estamos razonablemente satisfechos y, como les acabo de decir, creemos que tenemos razones objetivas para estarlo. Estas cifras que les he mencionado, señorías, además son
corroboradas sistemáticamente por todos los estudios europeos en materia de victimización. En el último estudio, financiado por la Comisión Europea, sobre la situación de seguridad en los Estados miembros, realizado por el Instituto Max Planck, por
Gallup y por Unicri Internacional, se sitúa a España como el país con la tasa más baja de victimización de todos los estudiados, pero somos y debemos ser conscientes de que debemos y podemos hacer todavía mucho más para mejorar los niveles de
seguridad de la ciudadanía frente a la delincuencia, y lo podemos hacer si perseveramos en la mejora de la actividad y de la eficacia policial. Por eso los objetivos que nos marcamos en este apartado pretenden ser muy claros: seguir trabajando
frente a todas y cada una de las formas de criminalidad para mantener nuestra tasa de criminalidad general en el actual diferencial, favorable en relación con la tasa media de los países de referencia de la Unión Europea; reducir aún más la tasa de
delitos graves; aumentar aún más la eficacia investigadora contra las diferentes formas de crimen organizado, incrementando en particular el número de delitos detectados en relación con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, y perseguir
de forma específica las infracciones penales de corrupción de menores y delitos de pornografía infantil. Además impulsaremos la mejora de las ya excelentes tasas de actividad y de eficacia policial mejorando las tasas de infracciones penales
esclarecidas y, en particular, las correspondientes a los delitos, que en definitiva son las infracciones penales más graves, y estableceremos tiempos máximos de respuesta policial a los ciudadanos a requerimiento de las personas y en función del
tamaño de la población.
Todas estas medidas y objetivos estarán incluidos en el Plan estratégico conjunto, que alcanza hasta el año 2012, para la Guardia Civil y la Policía, en cuya elaboración y desarrollo están trabajando el director general de
la Policía y de la Guardia Civil y los directores adjuntos operativos de ambos cuerpos, y que esperamos aprobar en el Comité Ejecutivo para el Mando Unificado a lo largo del mes de octubre. Por cierto, señorías, nunca antes había existido un
instrumento de tales características ni de forma individualizada dentro de cada uno de los cuerpos, y mucho menos conjunto para la Policía y la Guardia Civil hasta que este Gobierno lo introdujo y lo puso en marcha a comienzos del año 2006.
Señorías, queremos seguir avanzando en un objetivo muy importante, sin duda de los más importantes para la vida cotidiana de los ciudadanos: que los barrios de nuestros pueblos y de nuestras ciudades sean espacios seguros donde sea posible
la convivencia. Para ello vamos a cooperar con las corporaciones locales, con los cuerpos de policía local, para luchar contra la pequeña delincuencia y los comportamientos incívicos o peligrosos en los barrios, potenciando las funciones y las
actividades de los policías de barrio e impulsando la participación de todos los colectivos ciudadanos en el establecimiento de objetivos y de actuaciones específicas a través de los consejos locales de seguridad. Este objetivo de lograr espacios
seguros para la convivencia es una línea transversal de nuestra estrategia de seguridad para cuyo logro estamos obteniendo un amplio consenso y una colaboración mutua con la Federación Española de Municipios y Provincias.
El quinto eje sobre el que pivota la acción de la secretaría de Estado seguirá siendo nuevamente la lucha contra la violencia de género y, en general, cualquier forma de violencia que afecte a los colectivos más vulnerables de nuestra
sociedad, como lo son los niños, los jóvenes o las personas mayores. En esta línea de actuación se enmarca también el Plan contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, al que me acabo de referir, así como el Plan
director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar que pusimos en marcha a finales del año 2006 en cooperación con la comunidad educativa. Por lo que se refiere a
la lucha contra la violencia de género, seguiremos contribuyendo de manera muy activa y directa en la lucha contra este fenómeno, que todos estamos de acuerdo en que es intolerable. Desgraciadamente frente al agresor, en el ámbito de la
violencia de género, y especialmente frente al agresor asesino, no siempre es fácil poner a tiempo los medios para evitar que su acción se materialice, pero vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos para mejorar la protección de las
mujeres frente a los maltratadores, favoreciendo algo que creo que se ha logrado a lo largo de la última legislatura, y es que las mujeres denuncien, y poniendo en marcha un abanico de actuaciones asistenciales y de protección para que ni ellas ni
las personas de ellas dependientes se encuentren en ningún momento desamparadas.
En la pasada legislatura aumentamos en un 377 por ciento las actuaciones económicas destinadas a los servicios de prevención y de protección contra la violencia de género, así como los recursos humanos directos de las unidades
especializadas, pasando de 505 efectivos a comienzos del año 2004 a los 1.848 que habrá al finalizar el presente año. Como saben SS.SS. a lo largo del año 2007 hemos puesto en marcha además el sistema de seguimiento integral contra los casos de
violencia de género en el que se integra todo un abanico de recursos operativos y asistenciales disponibles para articular medidas de protección policial efectiva y de asistencia a las mujeres víctimas de la violencia de género. El sistema está
diseñado para hacer un seguimiento de todos los casos conocidos en nuestro país, donde se evalúa el riesgo en el que se puede encontrar la mujer víctima y se ponen en marcha medidas específicas de protección acordes con el nivel de riesgo en que
ella se encuentre. En este momento se están desarrollando los trabajos técnicos de conexión al sistema por parte de los Mossos d'Esquadra y se están poniendo en marcha programas piloto con los cuerpos de policía local.
Esta materia exige, sin duda, la colaboración entre distintas instituciones para hacer más eficaz y más amplia la protección de las mujeres maltratadas y por ello hemos firmado diferentes convenios y protocolos de actuación y coordinación
con diferentes instituciones. Para no hacer más árida la intervención, si alguno de los grupos lo considera necesario, mencionaré los protocolos en los siguientes turnos, pero son instrumentos perfectamente conocidos por sus señorías.
Desgraciadamente, todos sabemos que estas medidas que se han articulado no han impedido que algunas mujeres hayan pagado con su vida la violencia desatada contra ellas, pero no dudamos de que estas medidas están surtiendo, directa o indirectamente,
una muy importante labor de protección sobre miles de mujeres y de disuasión efectiva sobre potenciales agresores. No nos daremos, sin embargo, por satisfechos mientras haya una sola mujer asesinada o maltratada por quien es o ha sido su pareja.
En otro ámbito, a lo largo de la pasada legislatura hemos impulsado una serie de medidas dirigidas a otro de los colectivos más vulnerables: los más jóvenes. Así, junto a las actuaciones dirigidas a luchar contra el tráfico de drogas en
ese ámbito de jóvenes a los que antes hice referencia, hay que hacer también alusión al Plan de actuación y coordinación judicial contra grupos organizados y violentos de carácter juvenil. Dicho plan ha obtenido, durante los dos años que lleva de
vigencia, un balance de 772 grupos identificados y 1.637 detenidos y muy recientemente, dado el buen resultado del plan, se ha acordado en el CEMU continuar el mismo para los próximos años. Recientemente también hemos puesto en marcha el Plan
director para la mejora de la convivencia y de la seguridad escolar, que en su primer año de aplicación ha recibido una acogida favorable por parte de la comunidad educativa y que tiene una doble faceta, preventiva e informativa, combinada con una
mejor orientación de los servicios de vigilancia sobre los centros con charlas y reuniones con alumnos, padres y profesores.
La sexta línea de actuación de nuestra política de seguridad va a seguir siendo la modernización y optimización de nuestro sistema público de seguridad. A lo largo de la pasada legislatura esa mejora ha sido posible porque hemos desplegado
todo un conjunto de actuaciones estratégicas para conseguir que nuestro país cuente con un sistema de seguridad con más recursos económicos y humanos, disponga de unos cuerpos de seguridad más integrados y mejor coordinados entre sí y la acción de
la Policía y de la Guardia Civil se oriente al logro de objetivos definidos y compartidos a través de un plan estratégico conjunto de la Policía y de la Guardia Civil. Este objetivo estratégico de nuestro sistema de seguridad, en busca de la
eficacia de los resultados y de la eficiencia en el empleo de los recursos, vamos a mantenerlo en esta legislatura a través de tres tipos de actuaciones. En primer lugar, a través de medidas para reforzar la necesaria coordinación, imprescindible
en un sistema de seguridad complejo, como es el nuestro, en el que intervienen múltiples actores.
Para ello seguiremos impulsando las funciones y actuaciones del CEMU, en su labor de coordinación de las actuaciones del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil, reforzando además la colaboración, que consideramos esencial, con los cuerpos policiales autonómicos e impulsando de forma especial la participación de estos cuerpos autonómicos en el sistema estatal de bases de datos
policiales. Por otra parte, como ya anunció el propio ministro en su comparecencia, se van a constituir juntas autonómicas de seguridad en todas las comunidades autónomas para el desarrollo de funciones de coordinación de las políticas de seguridad
que se desarrollen en sus respectivos ámbitos territoriales.
Por lo que se refiere a los entes locales, saben perfectamente SS.SS. que hemos firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias, al final de la pasada legislatura, importantes convenios para poner en marcha a lo largo de esta
legislatura formas efectivas de cooperación con los cuerpos de policía local en las funciones de policía judicial y de mantenimiento de la
seguridad y la convivencia ciudadana y en la protección de aquellos colectivos más vulnerables. Nuestro objetivo es empezar a firmar a lo largo de esta legislatura los primeros acuerdos con grandes y medianos municipios para materializar
tales modalidades de cooperación. Como esperamos también que otro de los acuerdos con la FEMP, con la Federación Española de Municipios y Provincias, el que se refiere a la regulación de las juntas locales de seguridad, se apruebe en breve plazo
por el Consejo de Ministros una vez que finalice la tramitación del correspondiente real decreto.
En cuanto al sector de la seguridad privada, vamos a actuar en una doble dirección, tanto para mejorar la calidad de los servicios prestados por las empresas de dicho sector como para impulsar una definitiva coordinación de sus servicios a
favor de la seguridad pública; por lo tanto, de la seguridad de todos. Así, en el plan estratégico conjunto al que he hecho referencia vamos a implantar un programa de cooperación con las empresas de seguridad privada que incluirá una herramienta
informática para aprovechar adecuadamente las sinergias que puedan y se deban generar con la seguridad pública, y además, como se anunció también aquí por el ministro, procederemos a reformar las disposiciones reguladoras en materia de seguridad
privada para modificar cuestiones sobre habilitación como personal de la misma de los nacionales de terceros Estados que residan en España, modificar algunas previsiones temporales, ordenar el contenido de las competencias autonómicas y mejorar el
régimen de vigilancia y control de las empresas, intensificando los requisitos exigidos a quienes pretendan ejercer estas tareas. En cualquier caso, pretendemos que las reformas se hagan siempre en colaboración con las empresas del sector y los
sindicatos más representativos.
Un segundo grupo de actuaciones dentro de este eje de modernización estará dirigido a la modernización de las estructuras, de los medios y de los recursos de la Policía y de la Guardia Civil que también se han de recoger en ese plan
estratégico conjunto elaborado por el Comité Ejecutivo para el Mando Unificado, y uno de cuyos ejes será la modernización y mejora de los servicios y sistemas de atención al ciudadano. En ese mismo plan se recogerá el reforzamiento de la presencia
operativa e institucional de la Policía y de la Guardia Civil en todo el territorio del Estado. En este mismo grupo de actuaciones en materia de modernización, se va a crear un instituto de investigación e innovación tecnológica aplicada a la
seguridad para impulsar adecuadamente la investigación y el desarrollo de nuevos sistemas tecnológicos al servicio de las funciones policiales, en especial aquellas relacionadas con el terrorismo, el crimen organizado y, en especial, la
ciberdelincuencia.
En cuanto a los recursos humanos, pondremos en marcha un nuevo plan de formación, de perfeccionamiento y de reciclaje de conocimientos para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil que responda a los nuevos requerimientos sociales y
profesionales, y además revisaremos los sistemas de selección y de formación profesional de los funcionarios policiales para adecuar dichos sistemas a las nuevas realidades y responder a las expectativas de promoción profesional de nuestros
funcionarios. Seguiremos con la oferta de puestos de trabajo hasta alcanzar una plantilla estable minima de 140.000 policías y guardias civiles disponibles en esta materia, y todo ello acompañado de medidas de carácter legislativo como la reforma
parcial de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la nueva Ley de personal del Cuerpo Nacional de Policía, que regulará la carrera profesional y los sistemas de acceso, promoción y prestación del servicio, recopilando la
dispersa normativa legal que en esta materia existe hoy en día. También se impulsará una nueva ley de régimen disciplinario de la policía, en la que queden reflejadas también las modificaciones que se derivan de la aprobación del Estatuto básico de
los empleados públicos y una nueva ley de personal de la Guardia Civil para responder a dos necesidades fundamentales, la de adecuar la ley actual a las previsiones de la Ley orgánica de derechos y deberes y la de regular en el ámbito de la Guardia
Civil las previsiones derivadas de los contenidos de la Ley de Carrera Militar, que fue aprobada en la anterior legislatura por esta Cámara.
En política penitenciaria, no es exagerado afirmar que el sistema penitenciario español es uno de los más avanzados del mundo y coherente sin duda con el sentido que da a la pena de privación de libertad nuestra Constitución y con las
condiciones de humanidad y de tratamiento en que se ha de desarrollar el cumplimiento de la pena. Durante la pasada legislatura se han logrado avances importantes en materia de infraestructuras, de seguridad y de modernización del sistema
penitenciario tanto en la gestión como en el control, fruto del esfuerzo económico de la Administración, pero también del trabajo desarrollado por los funcionarios de instituciones penitenciarias que, con su dedicación y su profesionalidad, han
contribuido a ello. No obstante, estamos ante nuevos retos por el incremento de la población reclusa y que son consecuencia directamente de las reformas penales y del crecimiento de las penas en medio abierto aparejado a la aprobación de nuevas
leyes sobre violencia de género y seguridad vial. Por lo tanto, debemos hacer frente de una manera efectiva a estos retos aportando nuevos recursos humanos y materiales y optimizando aquellos de los que disponemos para conseguir cinco grandes
objetivos estratégicos en esta materia: disminuir la presión demográfica en los centros penitenciarios, potenciar el medio abierto y las medidas alternativas, establecer las bases de un pacto sindical a lo largo de esta legislatura, descentralizar
y estructurar los servicios penitenciarios, y convertir a los mismos en espacios socioeducativos y de intervención sin ninguna merma para la seguridad. En cuanto a reformas legales, se tramitará el proyecto de modificación de la Ley General
Penitenciaria y su reglamento en colaboración con las medidas legislativas que adoptará el Ministerio de Justicia respecto
al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Respecto a las infraestructuras penitenciarias, este mismo verano se han inaugurado tres nuevos centros penitenciarios, lo que ha representado ya un incremento de 4.800 nuevas plazas
residenciales, que nos permitirá disponer de un superávit en esta materia. La ejecución del plan de centros, sin embargo, sigue su curso; no obstante, habrá que analizar a lo largo de esta legislatura la posibilidad de modificar al alza el Plan de
amortización y creación de centros penitenciarios para acomodarlo a las necesidades reales de evolución que está presentando la población reclusa. A corto plazo se está valorando la puesta en marcha de un plan de choque para conseguir 7.944 celdas
residenciales con carácter de urgencia, 5.815 para medio cerrado y 2.129 para medio abierto. Este plan se basa en la construcción de cinco centros tipo y de 18 centros de inserción social, lo que permitirá utilizar espacios que están destinados
actualmente a secciones abiertas a régimen cerrado, posibilitando el incremento de celdas tanto para medio abierto como para régimen ordinario.
Para finalizar mi intervención, me refiero ya, señorías, al último de los grandes ejes de la estrategia de seguridad del Ministerio del Interior, que es el de fomentar la participación ciudadana en la formulación y en la ejecución de
nuestras políticas de seguridad. Durante la pasada legislatura procedimos a la celebración de dos reuniones plenarias del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el 20 de abril de 2006 y el 28 de febrero de 2007, órgano consultivo constituido con
la finalidad de dar cabida a las diferentes administraciones, instituciones y los más amplios sectores de la sociedad en el diseño de la política nacional de seguridad y que nunca se había reunido desde su creación en 1995. En el seno del Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana hemos acordado una serie de iniciativas y de medidas concretas que vamos a desarrollar a lo largo de esta legislatura en materia de siniestralidad laboral y de juventud. Se ha firmado así un protocolo marco de
colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fiscalía General del Estado para la investigación más eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la
integridad física de los trabajadores, así como para la ejecución de las sentencias condenatorias que pudieran dictarse. Se ha suscrito también un acuerdo marco de colaboración en educación para la mejora de la seguridad entre los Ministerios de
Educación y Ciencia y de Interior, así como un protocolo de colaboración entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio del Interior para coordinar las actuaciones en materia de seguridad ciudadana relacionadas con la
juventud.
Desde la Secretaría de Seguridad hemos puesto en marcha, además, el Plan director de la Policía y la Guardia Civil para la mejora de la convivencia y la seguridad escolar que ha tenido, como ya se señalado anteriormente, una excelente
acogida por parte de la comunidad educativa y unos resultados que podríamos valorar como positivos desde su primer año de aplicación, tanto en sus aspectos preventivos como en la faceta pedagógica para formar mejor a nuestros jóvenes, a nuestros
niños, frente a aquellos problemas de seguridad que más les afectan.
El compromiso de este Gobierno, dentro de la nueva estrategia de seguridad compartida de la que les hablaba al comienzo de mi intervención, es seguir potenciando el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana durante la
presente legislatura, de forma que los responsables en materia de seguridad, no solo trabajemos por la seguridad sino que nos acerquemos más a los problemas que preocupan a los ciudadanos y, al mismo tiempo, les permitamos participar de una forma
activa en la búsqueda de soluciones eficaces a los citados problemas.
Señorías, les he trasladado durante mi intervención cuáles van a ser los principales campos de actuación en el ámbito de mi responsabilidad al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad para la presente legislatura. Pero, como les
señalaba al inicio de esta comparecencia, este conjunto de acciones no se debe entender de forma aislada sino como parte de una estrategia nacional de seguridad o, si lo prefieren, una estrategia de seguridad compartida. Compartida porque, como
hemos visto, va mucho más allá del mantenimiento solo de la seguridad de las personas y bienes en el sentido clásico, abarcando aspectos de índole más variada que pueden suponer un riesgo para el bienestar de los ciudadanos.
Compartida, además,
porque su propia complejidad hace que todas las instituciones del Estado se vean, de una forma u otra, implicadas en su consecución, por tanto, en una estrecha colaboración con las comunidades autónomas y las corporaciones locales, además de con
otros Estados, especialmente con nuestros socios de la Unión Europea. Y compartida porque creemos que todos los ciudadanos deben implicarse en la consecución de una sociedad más segura y más libre. Como en su momento dijo Aristóteles, las
sociedades para prosperar necesitan leyes e instituciones justas, gobernantes prudentes y árbitros honestos, pero también un ingrediente sin el cual la vida pública no funciona bien, la amistad cívica, la de unos ciudadanos que sabemos que
perseguimos metas comunes y para ello hemos de trabajar conjuntamente. Entre esas metas se encuentra, sin ningún género de dudas, permitir que todos puedan expresarse libremente, siempre que no atenten contra la libertad y la vida de los otros. En
esta última tarea las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben tener y tienen un papel fundamental. Espero que SS.SS. compartan las líneas generales de nuestra política de seguridad para los próximos años y que, desde la alta
responsabilidad que ostentan como miembros de esta Cámara, asuman un papel activo -no dudo que lo harán- aportando ideas, reflexiones y propuestas específicas que enriquezcan esta estrategia de seguridad compartida, que es una estrategia de todos y
para todos. Y quedo a partir de este momento
a su disposición para responder a cuantas preguntas, sugerencias y reflexiones puedan formular.
La señora PRESIDENTA: Se abre ahora el turno que corresponde a los grupos parlamentarios. El orden que vamos a seguir es el habitual: tomará la palabra en primer lugar el grupo que ha solicitado la comparecencia y a continuación, el resto
de los grupos de menor a mayor; después habrá otra intervención, espero que algo más breve, del secretario de Estado y, si hace falta alguna aclaración o pregunta, podríamos dar también un breve turno de dúplica.
Dicho esto le corresponde ahora la palabra al Grupo Parlamentario Popular.
Señor Cosidó, tiene un tiempo aproximado de diez minutos, aunque trataré de ser flexible.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidenta, por su flexibilidad anticipadamente.
El señor secretario de Estado ha rivalizado con el presidente del Gobierno en su optimismo. Yo diría que casi, casi lo ha superado, cosa que parecía difícil. En todo caso, permítame que comience dándole la bienvenida a esta Comisión y, al
igual que ha hecho la presidenta, deseándole suerte que, a tenor de su intervención, es probable que crea que no la necesita; yo creo que sí la necesita, no solo usted sino todos los españoles.
Viene usted a esta primera comparecencia a la Comisión y tenemos ya pendientes ocho comparecencias y 52 preguntas orales. Creo que sería bueno que nos planteáramos un cambio de dinámica respecto a lo que ha ocurrido en legislaturas
anteriores. La presencia del Gobierno en esta Comisión, no solo debe ser entendida como una obligación constitucional de dar cuenta al Parlamento de su acción de Gobierno, sino que creo que es también una oportunidad política, y así lo debe
entender el Gobierno.
A todos nos une un objetivo común que es mejorar la seguridad de los españoles y creo que el debate político e incluso los consensos a los que podamos llegar en esta Comisión van a ser siempre positivos en ese objetivo común
que tenemos. Por tanto, antes que nada, quiero garantizarle que vamos a ejercer una función de oposición, de control al Gobierno, que lo vamos a hacer siempre desde una crítica constructiva que plantee también ideas, propuestas y alternativas. Yo
no voy a poder contestar en los diez minutos, ni aun abusando de la flexibilidad que me ofrece la presidenta, al cúmulo de cuestiones que usted ha planteado en una hora y media de intervención. Por tanto, permítame que me limite a hacer algunas
reflexiones y aportar algunas ideas sobre algunos de los problemas que entiendo que son más críticos en relación con la seguridad ciudadana.
En primer lugar, se ha referido usted a ETA y lo primero que quiero hacer es unirme al homenaje que usted ha hecho al brigada Luis Conde y a todas las víctimas de ETA. El mejor homenaje que les podemos hacer es estar trabajando para mejorar
la eficacia del Estado de derecho y para conseguir la victoria de la democracia para que el brigada Luis Conde sea la última víctima que cause la banda terrorista ETA. En todo caso quiero lanzar tres mensajes que me parece que es importante que
perciban los ciudadanos después de esta semana tan dura en la que ETA ha puesto en marcha una ofensiva que ha costado la vida de esta persona. En primer lugar, creo que es muy importante que la sociedad sepa que el único camino es la derrota, que
probablemente sea el camino más difícil y el más duro que podamos recorrer, pero que no hay otro. No hay atajo posible para acabar con ETA que no sea la derrota definitiva y, total de esta organización terrorista. En segundo lugar, creo que
también es muy importante, y usted lo ha señalado, que los ciudadanos sepan que estamos unidos, que estamos decididos a recorrer conjuntamente ese camino y que estamos unidos en la determinación de derrotar a la banda terrorista. En tercer lugar,
es importante decirles a los ciudadanos que no nos vamos a quedar quietos; que ante cada crimen no vamos a sentir impotencia; que vamos a dar nuevos pasos; que vamos a seguir trabajando para mejorar la protección de las víctimas, su protección
física y la protección de su honor y de su dignidad, que es casi tan importante; que vamos a seguir trabajando para expulsar a los terroristas de las instituciones democráticas, y que vamos a seguir trabajando para hacer más eficaz nuestro Estado
de derecho porque estamos convencidos de que nada hay más importante en nuestro trabajo político que la victoria de la libertad sobre el terror.
Con relación a lo que usted llama el terrorismo internacional sería bueno que precisáramos más cuál es la amenaza, y la amenaza clara que tiene España en este momento es el terrorismo jihadista. Me preocupan dos cosas de manera muy
especial, que me imagino que también serán preocupación del Gobierno. En primer lugar, la creciente presencia y actuación de Al Qaeda en el norte de África, porque es evidente que por su proximidad geográfica eso es una amenaza directa contra
nuestro país. En segundo lugar, las constantes, y yo diría que crecientes, referencias de esta organización terrorista a España como un objetivo. Quiero brindar nuestro total apoyo a todas las medidas que usted ha enunciado y a cualquier otra que
el Gobierno nos quiera plantear para poder contrarrestar de forma más eficaz esa amenaza que ya tanto dolor ha causado a la sociedad española.
Hay dos áreas en las que creo que sería necesario un impulso; se lo dije al ministro en su primera comparecencia y él coincidía con nuestro diagnóstico. En primer lugar, acotar la presencia de estas redes terroristas en Internet, porque
han constituido esta red de redes en el gran instrumento para su proselitismo, para su organización, para el propio reclutamiento de terroristas. Creo que es necesario que pongamos más énfasis en ese campo. En segundo lugar, que desarrollemos
también una estrategia para evitar la radicalización de una parte de la comunidad musulmana que vive en España. Creo que tenemos una gran fortuna respecto a otros países
europeos, y es que tenemos una comunidad musulmana que es particularmente moderada, pero creo que tenemos que diseñar una estrategia que impida lo que ha ocurrido en otros países, y es que las segundas, las terceras generaciones puedan
entrar en un proceso de radicalización. Probablemente frente a este terrorismo, como frente a todos, no basta únicamente con una estrategia policial, sino que también hace falta una estrategia que combata esa radicalización de la que luego se
nutren estas organizaciones terroristas para reclutar y manipular a posibles candidatos.
Entrando en el tema de la seguridad ciudadana, le aconsejaría que redujera un poco el grado de optimismo -le decía al principio que creo que ha superado, aunque parecía difícil, al señor Rodríguez Zapatero en Estados Unidos-, porque si no le
puede pasar como al vicepresidente económico y que algún día viniéramos a la Comisión y nos dijera usted: Yo nunca he dicho que en España estuviera disminuyendo el número de delitos. Es muy difícil que podamos debatir seriamente sobre esta
cuestión porque ustedes han decretado un apagón informativo total en el Ministerio del Interior; los últimos datos oficiales que nosotros tenemos son del año 2006. Pero con esos datos y con los que tenemos de la memoria de la Fiscalía General del
Estado, que abarcan también hasta el año 2006, a mí no me cuadra nada esa reducción que usted anunciaba en el número de delitos. Según los datos de la fiscalía, entre 2004 y 2006 estamos en un incremento en torno al 20 de las diligencias previas, y
según los propios datos oficiales, facilitados por el Ministerio del Interior, a nosotros nos sale un incremento en el número de delitos y faltas en torno al 8 por ciento.
Creo que el problema de fondo, insisto, es que resulta inadmisible que a
fecha de hoy ustedes no hayan ofrecido un solo dato sobre el año 2007, y es inaudito que cuando se les hace una pregunta parlamentaria relativa a los primeros meses del año 2008, ustedes contesten que están cambiando el sistema estadístico y que no
hay datos. Me parece bien que cambien el sistema estadístico, hemos conversado sobre ello en la sede del ministerio y estamos dispuestos a que haya un mejor sistema de cara al año 2010, pero creo que su primera obligación -y la primera que tiene
esta tarde- es darnos algunas cifras reales sobre cómo está evolucionando la delincuencia en nuestro país.
Por los datos que ustedes no dan, pero que se publican en los medios de comunicación y que facilitan las organizaciones sindicales de policía o las asociaciones de guardias civiles, en este año 2008 estamos asistiendo a un crecimiento en el
número de delitos en demarcación Guardia Civil del 10 por ciento. (El señor secretario de Estado de Seguridad, Camacho Vizcaíno, hace signos negativos.) Si usted me lo niega, me gustaría que me dijera de enero a agosto cuál es el porcentaje de
incremento de delitos en la demarcación de la Guardia Civil; si consulta el dato -porque probablemente no se acuerde de memoria-, le va a dar el 9,6 por ciento. Si no es así, usted me dice: No, el dato es el 3,8 por ciento.
Pero no solamente es
esto, es que los homicidios y asesinatos, de enero a agosto, en demarcación Guardia Civil han crecido un 11,78 por ciento; los secuestros, de enero a agosto, en demarcación Guardia Civil han crecido un 52 por ciento; los delitos contra la libertad
sexual han crecido un 9,13 por ciento. No es como para que venga a la Comisión a hacernos una fiesta. Sinceramente, le pediría un poco más de humildad, un poco más de realismo y que nos ofreciera estos datos, porque nosotros los tenemos a través
de asociaciones, de prensa, etcétera; le pediría que nos diera información fidedigna sobre cuál es la realidad. La realidad es que estamos asistiendo a una crisis en nuestra seguridad, que además se va a solapar con una crisis económica que
también ustedes negaban, pero que parece que ahora el señor Solbes comienza a admitir.
Es muy difícil poder enfrentarse a un problema si no reconoce uno que tiene un problema. Sinceramente creo que usted tiene una enorme incapacidad política para reconocer que tiene un problema, pero créame que lo tiene. Sepa que nosotros
estamos ahí y que no solamente vamos a apoyar las iniciativas del Gobierno para mejorar la seguridad de los ciudadanos, sino que vamos a instar al Gobierno a que tome medidas, porque nos parece que hay que tomar medidas urgentes. La primera medida
es que todavía tenemos un déficit muy importante, en torno a 15.000 efectivos en el catálogo de puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ustedes han rebajado la expectativa a 140.000 efectivos a final de legislatura,
cuando ese catálogo es de 150.000. Nos parece que un objetivo prioritario sería completar el catálogo. Estamos dispuestos a estudiar conjuntamente reformas legislativas que consideramos indispensables para hacer frente a algunas de las nuevas
tipologías de delitos y a tomar cualquier otra medida que nos permita un mejor control de nuestras fronteras, que también nos parece algo imprescindible.
Un hecho que usted ni ha mencionado, pero que a nosotros nos preocupa extraordinariamente, es la situación de conflicto colectivo que se vive en el seno de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, formalmente en el Cuerpo Nacional de
Policía e informalmente -porque no tienen derecho a declaración formal de conflicto colectivo- en el caso de la Guardia Civil. No tienen uno, tienen dos conflictos colectivos declarados. Llevamos varios meses en los que los sindicatos han
declarado una fórmula de trabajo a reglamento; además, estamos asistiendo todas las semanas a concentraciones de policías ante subdelegaciones y delegaciones del Gobierno. Yo anuncié al ministro, y parece que se ha confirmado, que no iba
desencaminado en mi predicción, que van a ser ustedes el primer Gobierno al que le van a hacer una manifestación conjunta Policía y Guardia Civil en las calles, que según los últimos comunicados está convocada para el día 18 de octubre. Nos
preocupa enormemente esta situación por dos motivos. Primero, porque creemos que esto no es nada bueno para la seguridad de los ciudadanos. Usted me dirá: No influye esta
situación de conflicto que se vive dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la calidad del servicio que las mismas prestan.
Yo creo que sí, señor secretario de Estado, y le planteo un reto, a ver si me lo admite. Dénos
cifras sobre el número de actuaciones policiales, sobre el número de identificaciones, sobre el número de actas por faltas, ya sean por consumo de droga, por tenencia de droga, etcétera; dénos cifras de los meses en los que está declarado ese
conflicto colectivo y de los meses del año anterior en los que no lo había. Creemos que lo más importante que tenemos para combatir este aumento de la delincuencia al que me he referido son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y nada hay
más eficaz para luchar contra la criminalidad que unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado motivados, reconocidos en su labor. Eso está fallando, señor secretario de Estado, y a nosotros nos preocupa.
En segundo lugar, nos preocupa también que estamos asistiendo a un recorte de las libertades sindicales dentro de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ustedes no convocan al Consejo de la Policía para resolver el conflicto
colectivo, que sería lo aconsejable, y tienen obligación reglamentaria de hacerlo al cabo de un determinado período de tiempo.
Hace casi un año que ustedes no lo han convocado. Ustedes han abierto expedientes a líderes sindicales en esta
declaración de conflicto, expedientes disciplinarios; han denegado permisos sistemáticamente para la celebración de actos sindicales; han detenido a policías y tienen paralizadas las elecciones al Consejo Asesor de la Guardia Civil, cuando tenían
una obligación legal, porque está en la Ley de Derechos y Deberes, de la que ustedes legítimamente se sienten tan orgullosos. Mal empezamos con esa Ley de Derechos y Deberes, si habla de un plazo de nueve meses para la convocatoria de unas
elecciones al Consejo Asesor de la Guardia Civil y ustedes empiezan incumpliendo esa primera premisa. Mal empezamos, señor secretario de Estado.
Yo tengo la impresión de que están ustedes en un camino equivocado para resolver el conflicto. Les pediría más diálogo y menos represión en su relación con los sindicatos de Policía y con las asociaciones de guardias civiles. Nosotros nos
hemos reunido con ellos, porque nos lo han pedido, porque querían dialogar con nosotros, y me atrevo a decirle que ellos entienden cuáles son las dificultades económicas por las que atraviesa nuestro país. Creo que están dispuestos a llegar a un
acuerdo que sea razonable y que también sea asumible, en términos económicos, por parte del Gobierno, pero para eso hace falta dialogar, y hace falta que, no ya usted, como primer paso, sino el propio ministro se implique, porque se comprometió a
ello en esta misma Comisión en su primera comparecencia; se comprometió a iniciar un diálogo con los sindicatos policiales, y hasta ahora lo que ha habido son dos reuniones con el director general, que han sido absolutamente contraproducentes a
efectos de resolver este conflicto.
En tercer lugar, señor secretario de Estado, querría referirme al tema de la inmigración. Somos el país del mundo con más inmigración ilegal, después de Estados Unidos. El año pasado, según datos del INE, en España hubo un total de 920.000
nuevos inmigrantes. De ellos, más de 300.000 fueron ilegales o irregulares. Creo que hay un fracaso evidente en la política de inmigración del Gobierno. A pesar de todo el esfuerzo, de todas las medidas que usted nos ha descrito -y que nosotros
consideramos necesarias y apoyamos-, lo cierto es que no se ha reducido el flujo desde los países de origen hacia nuestro país, porque si usted, nuevamente, mira las estadísticas se dará cuenta de que el número de inmigrantes irregulares detenidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es ya mayor de enero a agosto, este año, del que había el año anterior. Y tengo que decirle de nuevo que estoy encantado de que me dé las cifras concretas.
Está fallando el control en nuestras fronteras,
porque lamentablemente el número de víctimas mortales también está aumentando en relación con el año anterior, y está fracasando el tema de las repatriaciones, porque lo del último avión de Ghana es, señor secretario de Estado, de chanza; y ya
tienen ustedes alguna experiencia triste en el pasado, como aquella expedición a Mauritania que tanto recordamos todos, que debería haberles hecho aprender. Mientras ustedes no lleven el convencimiento, no solamente a los inmigrantes sino a las
mafias que trafican con ellos, de que cualquier persona que entre ilegalmente en España va a ser expulsada de nuestro país, va a ser muy difícil que tengamos éxito en nuestra política de lucha contra la inmigración ilegal.
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Cosidó, solo quiero recordarle que aproximadamente lleva veinte minutos. Se lo recuerdo.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Voy a acelerar mucho, señora presidenta, porque la verdad es que me quedaban todavía dos o tres puntos y no querría dejar por lo menos de mencionarlos, aunque sea de forma más rápida.
Ustedes han cambiado claramente el discurso en materia de política de inmigración. Creo que ha llegado el momento de que cambien también de política. Me gustaría que usted me dijera cuándo van a traer la reforma de la ley y también que, en
ese interesante debate que ha surgido en el Gobierno entre el ministro de Trabajo, señor Corbacho, y la vicepresidenta del Gobierno, el Ministerio del Interior diera su opinión.
A ustedes esto les afecta muy directamente, porque si el señor
Corbacho lleva a término esa voluntad de reducir casi a cero las contrataciones en origen, probablemente la presión que ustedes están soportando en estos momentos en nuestras costas va a aumentar todavía más. Por tanto, me gustaría saber cuál es el
criterio -si es que lo tiene- del Ministerio del Interior, porque esto es como cuando uno tiene un mal, va a tres médicos y al final siempre tiene tres
diagnósticos y puede quedarse con el que más le satisfaga. También querría que nos diera, si puede, alguna pista sobre el calendario de SIVE, un sistema que debería estar ya plenamente desplegado en el conjunto de nuestro litoral y que me
temo que todavía esta en proceso.
Donde su optimismo a mí me ha resultado casi insultante es en el tema de la violencia doméstica. No voy a entrar en la demagogia que hizo el Partido Socialista con este tema cuando gobernaba el Partido Popular, pero sí quiero dejar
constancia de un hecho, desde la aprobación de la Ley integral de protección frente a la violencia de género lo que se ha producido es un aumento de las víctimas mortales y no una disminución.
Nuevamente le doy los datos: 234 muertes entre el año
2000 y el año 2004; 280 mujeres muertas a partir del año 2004. Y este año, si no falla la fuente que he consultado, estamos hablando ya de 55 mujeres asesinadas.
Es verdad que es un problema -le decía que no iba a hacer ninguna demagogia- de una
enorme complejidad, en el que usted tiene una responsabilidad, aunque hay muchas más responsabilidades. Pero usted tiene una responsabilidad que es esencial: la protección de las mujeres amenazadas. Y mientras tengamos una media de 20 mujeres
protegidas por cada policía que debe protegerlas, tendremos un déficit en la protección de estas mujeres. Y usted sabe mejor que yo que hay comisarías en las que esa ratio es todavía muchísimo peor. Por tanto, querría pedirle un esfuerzo, un
esfuerzo para aumentar de manera importante el número de policías destinados a esta misión, porque entiendo que esta es la gran asignatura pendiente, o una de las grandes asignaturas pendientes, que en estos momentos tiene el Ministerio del
Interior.
Termino, señora presidenta, con una referencia muy breve a Instituciones Penitenciarias. Aquí tenemos suerte y es que la secretaria general de Instituciones Penitenciarias va a comparecer dentro de pocos días en esta misma Comisión y por
tanto podremos profundizar mucho más en la política penitenciaria. No hemos tenido la misma suerte, y yo lo lamento mucho, con el director general de la Policía y de la Guardia Civil, que parece que no encuentra hueco en la agenda, si no para
utilizar esta Comisión como oportunidad política, al menos como obligación constitucional que tiene de venir a dar cuentas al Parlamento. Pero no cejaremos en el intento y esperemos que algún día podamos tenerle aquí. Sobre Instituciones
Penitenciarias solamente le quiero dar un dato: entre 2004 y 2008 se incorporaron 11.000 reclusos al sistema penitenciario español.
Eso significa una media de 7,5 reclusos cada día. Actualmente estamos en una media de 19 reclusos cada día y el
índice de saturación que tenemos en estos momentos en las cárceles españolas es del 160 por ciento. Usted nos ha dicho que se van a crear cuatro mil y pico plazas. A este ritmo, el sistema se colapsa. Yo le rogaría por tanto que se tomara muy en
serio el problema y que tomara medidas muy urgentes, porque si no, se lo digo con sinceridad, tenemos un riesgo de que el sistema se colapse a este ritmo de crecimiento.
Como le decía, he intentado hacer una crítica constructiva. Creo que vamos a tener mucho tiempo a lo largo de la legislatura de plantear nuestras alternativas y estoy seguro de que en algunos de los puntos vamos a llegar a acuerdos, porque
estoy convencido de que el interés por la seguridad de los españoles es compartido entre usted y yo.
La señora PRESIDENTA: Seguimos con las intervenciones de los grupos. Veo que no están en la sala los portavoces del Grupo Mixto ni del Grupo de Esquerra- Izquierda Unida. Por tanto, por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, si la invocación a la disciplina en el uso de la palabra ha sido muy admonitoria para el secretario de Estado, que ha ocupado hora y media, y para el portavoz del Grupo Popular, que ha ocupado
media hora, no quiero imaginarme las admoniciones que va a realizar al grupo que yo represento.
La señora PRESIDENTA: Nunca ha sido admonizado por esta presidenta, por tanto tampoco lo será en esta ocasión, pero también quiero recordarle que el secretario de Estado, según establece el Reglamento, no tiene límite de tiempo en su
intervención, pero todos tenemos que ser un poco prudentes en el uso del tiempo, incluso quien no tiene ninguna limitación. Por tanto, con usted seré igual de flexible.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muy agradecido, señora presidenta.
Señor secretario de Estado, su intervención siempre es relevante, entre otras cosas porque de facto nosotros le consideramos el ministro. Dado que el ministro tiene una agenda tan apretada y su actuación política es tan omnicomprensiva -es
de las pocas personas que podríamos calificar de un personaje del Renacimiento, que se dedica a resolver lo mismo los problemas de la Federación Socialista de Madrid que los problemas atinentes a la justicia y tantos otros-, nos parece muy
pertinente lo que usted pueda explicarnos en materia de seguridad ciudadana, que al fin y al cabo es lo que se dilucida en esta Comisión. Por tanto, tengo la impresión de que estamos realmente, de ipso, ante el ministro, en el ámbito de las
competencias que usted ejerce, que son todas las del Ministerio del Interior o, de forma transversal, prácticamente todas.
Me alegra mucho su invocación a Aristóteles en el epílogo de su intervención. Yo le voy a hacer una reflexión realizada por Lucrecio, que no es menos relevante. En materia de seguridad ciudadana, nada está escrito en la naturaleza de las
cosas, todo es opinable, todo es discutible, y particularmente las estadísticas. A mí me parece que todos hemos sido convocados para llegar a un punto de encuentro sobre cómo evaluar y analizar las estadísticas, en tanto en cuanto las estadísticas
son un instrumento perverso que puede ser utilizado contra el Gobierno, a favor del Gobierno o de forma neutra. Vamos a ver si en esta legislatura somos capaces entre todos de hacer un uso estadístico de la evolución de las patologías
delictivas o criminales neutral. Con eso avanzaremos bastante en materia de los consensos que usted invocaba. Y desde ese perspectiva le voy a manifestar mi primera reflexión.
Señora presidenta, esta Comisión, como usted recuerda, estaba convocada para el martes por la mañana. Por razones que nosotros compartimos, nos adherimos al pésame en relación con la persona asesinada por ETA en Santoña, a los heridos que
hubieran podido ser asesinados en la localidad de Ondarroa, donde se podría haber realizado una auténtica masacre si los terroristas llegan a conseguir sus objetivos, a lo ocurrido en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, donde yo vivo, y, anteriormente, en
otras ciudades.
Desde esta perspectiva, se ha hecho una invocación a lo que se debe hacer, y lo que se debe hacer yo no se lo voy a glosar. Usted sabe perfectamente lo que ustedes deben hacer y lo que deben hacer las demás fuerzas policiales con
competencia en esta materia, es sencillamente detener a los asesinos; en la medida de sus posibilidades, detener a los asesinos. Pocas referencias complementarias a estas es pertinente hacer.
Lo que pasa es que detener a los asesinos a veces
también requiere fórmulas de coordinación que aumenten la eficiencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las demás policías de carácter integral existentes en el Estado español. Le voy a reiterar algo que no le sonará a nuevo en
mi boca, en mis palabras, que es la necesidad de integrar a la Ertzaintza y a los Mossos d'Esquadra a estructuras de obtención de información y de utilización de la información para que la actuación policial contra esta banda de asesinos sea
realmente eficiente.
Se lo digo porque todavía nos encontramos en una situación en que la Ertzaintza no tiene acceso al sistema Schengen, no es una policía de Schengen, ni a la información de Europol, en tanto en cuanto ustedes no tienen a bien
transmitirle información de estas características, cosa que, afortunadamente para los Mossos d'Esquadra en Cataluña y desafortunadamente para la Ertzaintza, se está empezando a corregir con relación a los mossos; me estoy refiriendo a varios
convenios que hemos conocido por procedimientos colaterales, indirectos o no sé cómo calificarlos. Me refiero al convenio de Le Rois, al convenio de Le Perthus y al convenio de Pont du Roy, en relación con la actuación de los mossos en materia de
actuación de política fronteriza, que posibilita una integración en estos mecanismos transnacionales de actuación policial; no son trasladados a la Ertzaintza, que tiene sin embargo la función de ser una policía de frontera, de ser una policía de
trinchera, de primer frente de batalla contra la actuación de la organización terrorista a la que nos estamos refiriendo. Le hago una invocación de nuevo, señor secretario de Estado, con todo respeto, para que la Ertzaintza, policía integral con
competencias en materia de seguridad ciudadana exclusivas, una policía de carácter integral, sea objeto de la atención que merece una policía de estas características, integrándose en los mecanismos transnacionales de actuación contra la
fenomenología terrorista, contra la fenomenología criminal de las bandas organizadas y contra las demás patologías criminales, en donde la información -qué le voy a explicar a usted que no sepa- es particularmente relevante para resultar
particularmente eficientes.
Dicho esto, señor secretario de Estado, nos hemos enterado también, y, desafortunadamente, no por una interlocución directa con ustedes, sino a través de los medios de comunicación, de determinadas reformas del ordenamiento jurídico punitivo
y particularmente del Código Penal, aparentemente, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pactada, también a tenor de las informaciones que hemos leído, entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español o entre los grupos
parlamentarios de ambos partidos. No sé si estamos de alguna forma asistiendo a una especie de revitalización o de resurrección -quizás esta segunda expresión sea más pertinente- del viejo Pacto antiterrorista suscrito entre estos dos partidos,
entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Sabe usted que nosotros refutamos esta fórmula de actuación, porque la política criminal y la política antiterrorista deben ser políticas compartidas por todos, en el ámbito de
obtención de información y en el ámbito de propuesta de medidas, y cuando digo por todos me refiero a todos los partidos por lo menos con representación parlamentaria en esta Cámara. Pero bueno, cuando uno tiene la oportunidad de leer ciertas
informaciones que hacen referencia a medidas de profundo calado punitivo, incluso, por qué no decirlo, de dudoso encaje constitucional en algunos casos, como la posibilidad del seguimiento a los que han cumplido la condena en su integridad durante
determinados periodos de tiempo, cuando han cometido determinados tipos de delitos específicos, no a todos los delincuentes que han cumplido sus penas de privación de libertad, sino a algunos de ellos; cuando estamos oyendo la posibilidad de que en
determinadas patologías criminales también se esté ya especulando sobre posibilidades de actuación no solo criminalísticas, sino también terapéuticas, como la castración química u otro tipo de operaciones, que son medidas punitivas que tendrían un
encaje dudoso por ser penas mutilantes, contrarias por tanto al Convenio Europeo de Derechos Humanos y ya refutadas por amplísima jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, me gustaría sabe con quiénes se están pactando y si se están
pactando medidas de esta naturaleza realmente.
Le recuerdo que ustedes mismos, el presidente del Gobierno, el señor Zapatero, y el presidente del Partido Popular, el señor Rajoy, han dicho que la actuación contra el terrorismo tiene que ser compartida, consensuada y utilizando todos, no
todos sino solo los mecanismos del Estado de derecho. Y cuando hablamos de los mecanismos del Estado de derecho estamos hablando
de los mecanismos previstos en el sistema de libertades públicas y derechos fundamentales previstos en la Constitución española; me imagino que no otros. Algunas de estas medidas que nos han sido dadas a conocer a través de los medios de
comunicación, pretendidamente pactadas o por lo menos en el ámbito de una negociación preliminar, tienen dudoso encaje, y nosotros tendríamos también interés en aportar nuestras opiniones legítimas, tal como las de todos los demás, sobre cómo actuar
punitivamente o desde una perspectiva legítimamente represiva contra determinadas fenomenologías criminales, sobre todo cuando la Constitución española dice lo que dice. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha determinado el contenido
esencial de determinados preceptos constitucionales de carácter punitivo y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en determinados ámbitos es manifiestamente inequívoca. Luego, si estamos resucitando el pacto antiterrorista
preexistente entre dos, yo le manifiesto mi preocupación. Si estas medidas, las que haya que adoptar, de corrección o de reforma del ordenamiento jurídico punitivo, se van a hacer con todos los grupos parlamentarios, con presencia institucional en
esta Cámara, yo me alegro de que esto se haga así, porque hay lagunas y disfunciones en el ordenamiento jurídico que sería pertinente corregir.
La segunda materia a la que usted se ha referido es la especialización.
Nosotros somos partidarios de la especialización manifiesta, pero la especialización tiene que hacer referencia a todas las fenomenologías criminales nuevas, tienen que
especializarse, en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de la creación de las correspondientes brigadas o grupos de actuación, las actuaciones contra la delincuencia económica, contra el crimen organizado, contra el
terrorismo, contra las agresiones sexuales, contra los pederastas, contra los delitos informáticos y contra algunas fenomenologías de nuevo cuño que no están bien tipificadas, ni siquiera por el Código Penal del año 1995, porque incluso su
afloramiento o su denuncia pública, cuando menos, es posterior en el tiempo; tienen que crearse grupos especializados y no terminamos de ver que, en todos estos ámbitos o patologías criminales nuevas, el componente de la especialización esté siendo
suficientemente potenciado por el ministerio que usted codirige con el señor Rubalcaba.
Le haré una invocación a la especialización y sobre todo a la coordinación entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Tenemos la impresión, y compartimos la opinión del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de que, a pesar
de la existencia de un mando único y de una especie de integración on line de los datos informáticos entre ambos cuerpos, en materia de coordinación hay un largo camino que recorrer todavía. Nos lo comentan las asociaciones representativas de la
Guardia Civil, nos lo comentan las asociaciones representativas del Cuerpo Nacional de Policía y nos lo comentan los responsables incluso jerárquicos de estos cuerpos. Hay mucho que hacer, hay todavía recelos y renuencias en cuanto a una actuación
conjunta, seguramente inerciales de una actuación que ha sido disjunta durante muchos años y que ustedes tratan de hacer un esfuerzo, que yo alabo, notable por remover, pero que todavía provoca disfunciones como las que hemos conocido los que hemos
pertenecido a la Comisión de los atentados del 11 de marzo, donde se produjo la paradoja, verdaderamente patológica, patética, sería la expresión utilizada, de que aquellas personas que proporcionaban a los terroristas yihadistas los explosivos de
las minas asturianas eran precisamente personas confidentes del Cuerpo Nacional de Policía, en unos casos, o de la Guardia Civil, en otros. Patología mayor que esta es imposible concebir ni en la peor de las pesadillas, señor Camacho. Me imagino
que los ámbitos de coordinación están siendo implementados con suficiente eficiencia para que una situación de esta naturaleza sea imposible que se repita.
La evolución del fenómeno yihadista en el ámbito del terrorismo internacional ha sido bien glosada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular con una reflexión que yo no comparto, que es la estigmatización de las personas de religión
musulmana de los distintos países de origen árabe o musulmán que viven en nuestro país. Se ha hecho una reflexión subliminal, muy sutil, muy elegantemente expuesta, alabando el carácter moderado de la mayoría del colectivo, pero no sin realizar una
incidencia obiter dicta en relación con quizá el radicalismo de algunos de los dirigentes. Vamos a tener mucho cuidado con las estigmatizaciones de carácter étnico, racial, religioso, entre otras cosas porque están preteridas y prohibidas por la
Constitución. Ustedes saben lo que tienen que hacer aquí perfectamente. En este ámbito, la información -la desinformación, como se demostró, antes del 11-M provocó o contribuyó a que fueran posibles los atentados del 11-M- en este momento es
fundamental, pero desde luego es una información comprometida con las personas que evidentemente viven en nuestro país, conviven con nosotros en nuestro país, y a las que no se puede estigmatizar,- porque solo la estigmatización ya provoca en sí
misma un efecto de radicalización que puede provocar al final efectos patológicos perversos.
Y no hay más que recurrir a experiencias muy próximas geográficamente como lo sucedido en Francia y en otros países, como Alemania, experiencias que usted
conoce perfectamente.
En relación con la seguridad privada, ha sido poco glosada su intervención en este ámbito, en tanto en cuanto los miembros de la seguridad privada, los ciudadanos que se dedican al ejercicio de esta función, en alguna forma comparten
funciones de forma muy relevante con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los que tenemos que viajar todas las semanas en avión lo comprobamos en los aeropuertos. No sé si los que viajan por la sala de autoridades tienen que soportar las
humillaciones y las dificultades en que consiste traspasar los escáner y los límites de seguridad -yo le podría
glosar una amplia casuística de humillaciones, dificultades y problemas, que dimanan además de unas normas que no constan o no están escritas en ningún sitio, a pesar de que yo las he requerido a los responsables de la Guardia Civil en
múltiples ocasiones-, pero esa es una queja colectiva de los que viajan en avión. Por si ya tuviera pocas dificultades viajar en avión, añadir esta no sé si va a contribuir a estabilizar económicamente los problemas financieros de algunas compañías
de aviación. Sin perjuicio de esto, el énfasis que ustedes tienen que poner en la formación de los que componen la seguridad, porque al fin y al cabo son agentes colaboradores de las autoridades públicas en materia de seguridad ciudadana, es
infinito. Y me estoy refiriendo a un episodio que es paradigmático, recientemente ocurrido en Bilbao, en donde hubo un intercambio de tiros entre una persona, un escolta que pertenecía no a la Ertzaina, sino a una empresa de seguridad privada, que
escoltaba a un concejal de Portugalete, y un vigilante de seguridad en la estación de Abando, de Bilbao, en donde se intercambiaron disparos y hubo heridos.
Desde esa perspectiva, habría que enfatizar los controles y enfatizar la formación de las
personas que se dedican a estas actividades; todo lo que se haga en este ámbito es poco.
En materia -y ya voy acabando, señora presidenta- de inmigración ilegal, ¿qué quiere que le diga? En esta materia, sus evaluaciones han sido manifiestamente autocomplacientes. Los datos no son los que usted nos ha dado. Las llegadas
masivas de inmigrantes están creciendo cuantitativamente y le puedo proporcionar los datos que yo tengo, que son datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, entre otras cosas. Y sobre todo se está recurriendo a una perversión -y aquí sí me
gustaría que, en el ámbito de la especialización, también hubiera brigadas especializadas en la atención a esta patología, que no es criminal; yo no considero delincuentes a los que vienen al Estado español, es un fenómeno que requiere una atención
desde la perspectiva de la solidaridad y no desde la perspectiva de la política criminal- en materia de atención en los centros de internamiento, en materia de atención a las situaciones físicas y psíquicas en las que llegan y sobre todo en el abuso
sistemático que se hace de la figura del retorno. A estas personas no se les expulsa, no se les repatría, muchas veces, no se les devuelve a su país, se les retorna y retornar significa devolverles al punto de donde vienen o bien en pateras o bien
traspasando las fronteras, etcétera. El retorno es una figura en la Ley de Extranjería de carácter excepcional, porque el retorno no proporciona seguridad jurídica, garantías jurídicas y protección jurídica a personas que, aunque lleguen en
avalanchas masivas, pueden invocar su condición de perseguido político, o su legitimidad para reclamar su condición de refugiado, o legitimidad para reclamar que tienen la posibilidad de ser contratados en algún país de la Unión Europea o
reagruparse familiarmente, o, por la vía del arraigo, regularizar su situación en el Estado español o en cualquier otro país de la Unión Europea. Desde esa perspectiva, la actuación de la Policía tiene que ser pulcra y tiene que por lo menos
conferir la posibilidad, cosa que no se hace hoy en día, de que estas personas puedan alegar aquello que en derecho eventualmente ellos digan que les puede corresponder.
Para ir acabando definitivamente, en cuanto a la materia penitenciaria -esto se lo explicitaré con más detenimiento a la señora Gallizo, que va a comparecer-, sus expresiones autocomplacientes en este ámbito son poco pertinentes y se lo digo
con la amistad que nos une y con el respeto que sabe que le profeso. En el Estado español en este momento el incremento de la población reclusa ha provocado un sistema de hacinamiento que ustedes no están en condiciones de resolver. También el
incremento de la población reclusa en 11.000 personas en los últimos años ha provocado una verdadera complicación para la Administración penitenciaria difícil de resolver. A pesar de que el artículo 19 de la Ley General Penitenciaria concede el
derecho, que es una pura utopía en estos momentos, de una celda a cada recluso, a cada persona privada de libertad, yo conozco prisiones en donde comparten una sola celda hasta 6 reclusos; no es infrecuente que sean 5 y es muy frecuente que sean 4
los que comparten una celda. El artículo 15 prevé que se establezca un protocolo individualizado para analizar la situación psicofísica de cada persona que ingresa en prisión, sobre todo para evitar preventivamente suicidios.
Los suicidios se
siguen produciendo y el artículo 15 materialmente no se cumple, no se establecen estos protocolos individualizados. Le aseguro que muchos reclusos no son objeto de una identificación protocolaria de las características que reclama el artículo 15.
Y el derecho a la vida, del cual ustedes son los garantes, porque el derecho a la vida de una persona que ingresa en prisión es garantizado por la Administración, tampoco se garantiza en tanto en cuanto muchos mueren por suicidios, por riñas
tumultuarias, por agresiones de otros reclusos, etcétera. Luego ni siquiera se están cumpliendo los requerimientos de la legislación penitenciaria.
Ya para terminar...
La señora PRESIDENTA: Ya, señor Olabarría, ya sí le pediría que fuera terminando porque ha agotado usted tanto tiempo como el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, señora presidenta. Acabo ya.
Evidentemente le deseo suerte también, pero además de suerte le deseo colaboración leal. Usted sabe -porque nos conocemos hace mucho tiempo- que puede contar con la nuestra, desde una perspectiva proactiva al consenso, proactiva a la
integración de ideas, para resolver problemas, que son complejísimos, son problemas que constituyen el corolario negativo de la vida, los aspectos más obscenos y oscuros de la vida, y que nos toca gestionar a usted desde la Administración y a mí
desde la perspectiva de impulso y de control que por mi carácter
de diputado me corresponden. Lo voy a hacer con honestidad, pero le decimos con el mismo énfasis que aquí los pactos a dos no sirven y la historia lo ha demostrado. Aquí lo que sirve son los pactos entre todos los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: Tiene el turno ahora la señora Pigem por el Grupo de Convergència i Unió.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señor secretario de Estado, quiero que mis primeras palabras sean para darle la bienvenida en nombre de Convergència i Unió y sumarme a las últimas palabras del portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra
-y perdón por la redundancia-, y para decirle sin mayor preámbulo nuestra disposición, la disposición de mi grupo parlamentario, una disposición general, al diálogo y a la colaboración en una materia como la de seguridad, que constituye sin duda una
de las preocupaciones y demandas de la ciudadanía a la que representamos. Se lo expuse ya al señor ministro en su comparecencia de antes del verano, pero quiero también transmitirle a usted que compartimos la apreciación del ministerio de que el
binomio seguridad y libertad va intrínsecamente unido. Por ello, reitero que van a contar con nuestra predisposición para encontrar e implementar las mejores políticas para dotarnos de un sistema de seguridad que genere confianza a la ciudadanía,
siempre, naturalmente, que esté sometido al imperio de la ley -como no puede ser de otra manera-, es decir, que sea garantista, que respete los derechos individuales de los ciudadanos y las ciudadanas y que respete asimismo las competencias de las
comunidades autónomas en esta materia.
Ha hablado usted de muchísimas cosas. Me gustaría referirme a todas pero me va a ser imposible; por tanto he tomado algún apunte y voy a trasladarle alguna sugerencia, alguna preocupación o alguna pregunta. Con respecto a las cifras, la
verdad es que a mí me ha alegrado positivamente que desde el año 2004 al año 2008 hayamos bajado dos puntos netos en la tasa de criminalidad, pero yo me pregunto, sumándome a las reflexiones que hacía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
sobre qué indicadores y parámetros. ¿Son los mismos indicadores y parámetros del año 2004? ¿Son indicadores y parámetros distintos? Porque la verdad es que, alegrándome del resultado, sí le quiero trasladar que la percepción que hay al respecto y
las cifras de la fiscalía y de los juzgados no nos conducen a pensar que esto sea así.
Terrorismo. No puedo más que sumarme a la condena rotunda de los últimos atentados de este fin de semana y a lamentar especialmente la pérdida de la vida de don Luis Conde. Quiero trasladar también desde Convergència i Unió a su familia y
a toda la gente que le ha querido nuestro más sincero sentimiento de pesar. Dicho esto quiero decirle que celebramos que la cooperación con el Gobierno francés haya dado ya como fruto algunas detenciones y de alguna manera nos tendrá siempre al
lado del Gobierno en toda la política para conseguir los mejores resultados para la detención de los asesinos. Quiero ampliar esta consideración y decirle que seguiremos apoyando al Gobierno en su política antiterrorista en el uso de toda la fuerza
de la ley, tal como hemos hecho con este Gobierno y con todos los gobiernos del Reino de España. Quiero decirle también que seguiremos apoyando a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -a todos; a los del Estado pero también a la
Ertzaintza, a los Mossos d'Esquadra y también a todo tipo de policías- y que seguiremos apelando, como hemos hecho hasta ahora, a la unidad de todos los demócratas.
Coincido con sus palabras de que esta unión supone un aumento exponencial de
nuestra autoridad ética para luchar contra una banda que, entre otras cosas, lo que quiere es que estemos divididos. Estas son las consideraciones que le quería trasladar con respecto al tema del terrorismo.
Respecto a otros temas que me gustaría tratar, voy en primer lugar a hacer una referencia y a llamar su atención sobre el despliegue de mossos y el repliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estamos acabando este tema, pero le
traslado los informes que me dan de que hay bajas que no se cubren. Hay una obligación legal, pero creo que también hay una obligación moral de que esto no sea así y de no dejar desasistida a la población en este tránsito entre despliegue y
repliegue de efectivos. Se lo trasladé así el señor ministro en su comparecencia, pero me gustaría preguntarle a usted concretamente qué instrucciones y objetivos hay desde el Ministerio del Interior en este periodo final del repliegue y el
despliegue. Quiero también hablarle del control de fronteras y unirlo, como no puede ser de otra manera, con la entrada de inmigrantes en situación irregular o ilegal, como quiera llamarse. Cataluña tiene, como usted conoce, muchos puestos
fronterizos con Francia y hay puestos que ciertamente son pequeños, muy pequeños, y que no están bien asistidos; por decirlo suavemente, porque por decirlo realmente están totalmente desasistidos. No se les escapa que esto es una dificultad para
el control de la inmigración ilegal y un paso que utilizan las mafias para introducir inmigrantes ilegales en España. Me gustaría preguntarle qué medidas se están tomando al respecto. Me sumo también a las palabras del portavoz del Grupo Vasco en
cuanto a la incorporación de las policías integrales -la Ertzaintza, evidentemente, y también los Mossos d'Esquadra- a foros operativos policiales europeos. El señor Olabarría ha citado algunos protocolos donde ya se ha incorporado a los Mossos
d'Esquadra, pero me gustaría saber si la incorporación a Schengen, a Europol, etcétera, está prevista, en qué condiciones y si usted cree que es necesaria alguna modificación legal; desde nuestro punto de vista, este es un tema absolutamente
político, porque la ley lo permite perfectamente. Me voy a referir a otro tema que también trasladé al señor ministro y al que no obtuve una respuesta concreta. Me refiero a la incorporación de los distintivos de las comunidades autónomas
a las placas de matrícula. Se han aprobado distintas mociones, distintas iniciativas parlamentarias y la posición del Gobierno socialista le he de decir que reconozco que ha sido siempre positiva, pero nunca hemos pasado de las musas al
teatro. Me gustaría saber en concreto qué previsiones hay al respecto.
Un tema que usted sabe, señor secretario de Estado, que a la portavoz que le está hablando le preocupa especialmente es el que se refiere a la violencia de género, a la protección de las mujeres maltratadas. El señor Cosidó ha hecho
referencia también a ello, pero yo le quiero preguntar directamente qué es lo que a su juicio está pasando. ¿Por qué la protección policial no consigue evitar algunas muertes que eran previsibles? Me refiero a mujeres con órdenes de protección, a
agresores con órdenes de alejamiento y a agresores incluso con orden de expulsión del territorio del Estado español. No quiero que mis palabras se malinterpreten. La culpa recae toda y absolutamente en los asesinos; esto está fuera de toda duda.
Reconozco también que se están adoptando medidas más drásticas, como una nueva calificación del riesgo, el riesgo extremo, en el que se supone que hay un vigilancia permanente de la víctima, un control de movimientos del agresor y una vigilancia de
los centros escolares de los hijos. Todo esto nos parece muy positivo y todo esto nos consta que está en vigor desde el pasado 18 de julio. Lo que pasa es que esto implica un seguimiento de veinticuatro horas lo cual supone, si las jornadas de
trabajo son de ocho horas, la atribución de tres efectivos por cada mujer que tenga esta calificación de riesgo extremo. Yo le pregunto: ¿Hay suficientes miembros en las unidades de prevención, asistencia y protección de la violencia de género?
Usted ha hablado del aumento significativo de efectivos desde el año 2004 hasta el año 2008.
Yo valoro el esfuerzo del aumento de efectivos, pero mi pregunta es si considera que son suficientes, para saber qué es lo que está fallando.
Conozco las
declaraciones del portavoz del Sindicato Unificado de Policía en las que manifiesta que no hay medios ni personal suficiente y dice que los cursos de formación especializada son excesivamente breves y poco prácticos. Añade que a estos puestos están
destinados agentes de segunda actividad. Sé que la violencia de género es un problema complejo, que muchas veces son las propias víctimas las que hacen un zigzag en su propia protección, pero hay un tipo de personas a quienes hemos alentado a
denunciar, que han denunciado, que han ratificado la denuncia, que han obtenido una orden de protección, que no la han retirado, que no han permitido que esta orden de protección se quebrantara y que desgraciadamente han muerto. Yo le traslado la
pregunta de qué es lo que ha fallado, porque la impresión que da es que el eslabón débil de la cadena está en la protección policial. Esta es la sensación que da. La propia Montserrat Comas, hasta ahora presidenta del Observatorio contra la
violencia de género, alude como uno de los puntos débiles la colaboración entre policías. A mí me gustaría saber cuál es su opinión al respecto y cómo y en qué medida se está trabajando en esta colaboración.
Me parece que algo de esto ha dicho
usted en su primera intervención, pero me gustaría que lo precisara.
Ha hablado usted de criminalidad organizada y de éxito en la lucha contra la droga, especialmente en los centros escolares. Produce una gran satisfacción hablar en términos positivos de algo que nos preocupa a todos. Pero poco ha hablado
de la lucha contra la trata de personas, especialmente mujeres con fines de explotación sexual. Hace cinco años que se mandató al Gobierno para que hiciera este plan. Comprendo que es un plan complejo, pero no entendemos por qué este plan no acaba
de salir.
Anteayer -creo recordar- la ministra de Igualdad anunció algunas líneas de este plan, que dijo que no estaría terminado hasta finales de año. Las líneas que anunció nos parecen un poco débiles: Por una parte proclamó la posibilidad de
expedición del permiso de residencia a las personas que denunciaran a las mafias, algo que, si no tengo mal entendido, está previsto ya en la actual Ley Orgánica de Inmigración, en su artículo 59, y en el artículo 118 del reglamento que desarrolla
la ley. Por otra parte, habló también de asistencia económica a las personas que denunciaran, lo cual me parece incompleto si no ofrece la cuantía de la asignación económica que se va a prever para esta asistencia a las personas que denuncian. Por
otra parte, de acuerdo con la distribución competencial de nuestro Estado, esto es competencia de las comunidades autónomas. Es muy fácil anunciar medidas económicas sin decir qué cantidad se va a poner encima de la mesa y si se va a
territorializar o no. Si no estamos en la tesitura de nosotros legislamos y las comunidades pagan.
Yo quisiera trasladarle otra consideración. Usted nos ha hablado de endurecer las normas con las personas que contratan a ciudadanos que no se hallan legalmente en España. Le pregunto qué impresión tiene el Gobierno de la situación en la
que se mueve la prostitución. Si en cualquier otra actividad se tuviera la certeza -como se tiene en ésta- de que en determinados sitios, que se conocen perfectamente, hay un montón de personas en situación ilegal -por no hablar ya de explotación-,
que están desarrollando una serie de actividades, estoy segura de que la Policía y la Guardia Civil actuaría. ¿Qué pasa con este tema? ¿Por qué no se está activando? Ya sé que el problema es complejo, pero le quiero recordar que nuestra
legislación tiene suficientes recursos para actuar contra esto. Tenemos tipificadas las conductas sobre los derechos de los trabajadores, sobre los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas con
propósito de explotación sexual; tenemos castigada la inducción a la prostitución; tenemos castigado lucrarse con la explotación de la prostitución aun con el consentimiento de la víctima, y tenemos legislada la posibilidad de clausurar todos los
locales donde se realicen estas prácticas. Yo le pregunto: ¿Qué está pasando con la prostitución? ¿Qué está pasando con el plan contra la trata de personas?
En cuanto a una cuestión a la que ha aludido también el señor Olabarría -el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra-, puesto que es algo que quiero ligar con los delitos que afectan especialmente a las mujeres, yo discrepo de su
apreciación. Desde mi grupo parlamentario estamos completamente de acuerdo en que se legisle acerca de la posibilidad de la vigilancia más allá del cumplimiento de las penas. Son delitos que afectan mayoritariamente a la libertad y a la integridad
sexual de las mujeres, como hemos tenido la oportunidad desgraciadamente de contemplar en la práctica. Estoy de acuerdo también en que se estudie y se creen normas sobre la llamada castración química, que lo peor que tiene es el nombre porque ni es
castración ni es química. Es una especie de tratamiento reversible que pueden solicitar determinadas personas con el fin de que pueda reprimir ciertos impulsos que le hacen cometer delitos básicamente contra las mujeres. No ha aludido usted a este
tema, pero puesto que el señor Olabarría lo ha mencionado -con el que coincido en muchísimas otras cosas pero en esta, no-, quisiera trasladarle que mi grupo parlamentario está de acuerdo.
Finalizo con dos consideraciones.
La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, lleva ya bastante rato en el uso de la palabra. Por favor, vaya concluyendo.
La señora PIGEM I PALMÉS: Lo reduciré a una. Es la relativa a la tarjeta de residencia de los ciudadanos comunitarios. Hay muchísimas quejas al respecto. A los residentes comunitarios se les ha complicado mucho este tema. ¿Por qué?
Usted sabe que soy concisa. Hasta ahora tenían un documento de residencia con una fotografía, lo cual les permitía acreditarse donde se tuvieran que acreditar. A partir de ahora no existe esta tarjeta de residencia con la fotografía y se tienen
que acreditar con un documento en el que no hay ninguna fotografía en la que se les pueda reconocer y con un documento del país de origen en el que hay una fotografía por la que se pueden acreditar; es decir, documento del país de origen con
fotografía y documento español en donde no hay fotografía.
Además, es un documento poco práctico para llevar encima, que es lo que tienen que hacer. Me gustaría que se racionalizara este tema y se simplificara la identificación para los ciudadanos
comunitarios.
La señora PRESIDENTA: Para finalizar esta parte del debate tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor González Serna.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Mis primeras palabras en nombre del Grupo Parlamentario Socialista han de ser forzosamente para expresar nuestra más enérgica y rotunda condena a los atentados terroristas cometidos por ETA en Vitoria, Ondarroa y
Santoña días atrás. Queremos trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo a los heridos y afectados por los tres atentados y manifestar nuestra condolencia y nuestro más sentido pesar a los familiares, al hijo y a la esposa del brigada del Ejército
de Tierra, don Luis Conde de la Cruz, asesinado en la mañana del pasado lunes. Este fin de semana hemos vuelto a comprobar que los terroristas conservan capacidad para hacernos mucho daño, para sembrar de dolor las calles y la vida de los
ciudadanos. Compartimos con usted, señor Camacho, que ETA solo tiene un destino, poner fin a su barbarie criminal de forma definitiva e incondicional, rendirse, como usted mismo ha dicho, ante la fuerza de los demócratas. Los violentos, los
asesinos, el mundo etarra -este es el mensaje principal que el Grupo Parlamentario Socialista quiere lanzar en esta cuestión- deben saber que jamás alcanzarán ninguno de esos objetivos y que la violencia solo les llevará a conseguir la cárcel, el
rechazo y la repugnancia de la inmensa mayoría de la sociedad española.
Quiero con estas palabras iniciales, señorías, señora presidenta, reiterar el reconocimiento del Grupo Parlamentario Socialista a todas las víctimas del terrorismo, a las víctimas de todo tipo de terrorismo; deben saber que tienen nuestro
cariño, nuestro apoyo y también nuestra solidaridad.
En este punto expresaré el sincero reconocimiento del Grupo Socialista a la tarea impagable que a diario prestan a la sociedad española las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nos
sentimos legítimamente orgullosos del trabajo profesional, la dedicación y la entrega a la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, de los Mossos d'Esquadra y de la Policía
autónoma vasca. Señorías -y este es el segundo mensaje clave que este grupo quiere transmitir esta tarde-, quiero reafirmar en esta Comisión la convicción del Grupo Socialista de que la unidad de los demócratas no solo nos hace más fuertes, sino
que unidos, luchando con las herramientas que nos proporciona el Estado de derecho, pondremos punto y final antes a esa lacra que tanto daño, dolor y sufrimiento ha causado ya a la sociedad española. Han pasado afortunadamente los tiempos del
desencuentro y de la división de los demócratas. Este grupo agradece expresamente el respaldo de todos los portavoces ante los atentados y singularmente la nueva actitud, el apoyo expresado públicamente y también en la Cámara por el primer partido
de la oposición. Señor Cosidó, en nombre del Grupo Socialista agradezco sus palabras en esta cuestión.
Dicho lo cual, señorías, vuelvo a lo que en circunstancias normales tendrían que haber sido mis primeras palabras al inicio de mi intervención. Deseo agradecer al señor secretario de Estado su comparecencia en esta Comisión. Hay que
recordar que es la primera en esta legislatura que prácticamente acaba de comenzar y esperamos que haga acto de presencia en numerosas ocasiones, como ocurrió en su anterior mandato. Seguro que el señor secretario de Estado lo sabe, pero es
conveniente decir que el señor Camacho ha sido el secretario de Estado que más veces ha comparecido en esta Comisión
en los últimos doce años. Quiero subrayar que este no es un gobierno que tenga aversión ni de alergia alguna a venir al Parlamento; son un gobierno, un ministro, un secretario de Estado y unos directores generales que vienen asidua y
frecuentemente a la Cámara a rendir cuentas sobre las decisiones que toman en materia de seguridad. Continuando con el hilo conductor de mi intervención, señor Camacho, me gustaría, felicitarle en nombre de mi grupo por su confirmación en el cargo,
que le aseguro que a este grupo no le ha sorprendido dados los buenos resultados que ha cosechado con su trabajo en el mandato anterior. Lo digo desde el realismo y la objetividad de los datos, que no desde el optimismo infundado, señor Cosidó.
Entrando en materia, quiero decirle sin rodeos que las prioridades que ha ido desgranando en toda su intervención son, en opinión del Grupo Socialista, muy correctas y adecuadas para conseguir ese objetivo que diseñaba y que este grupo
comparte plenamente de garantizar la seguridad en nuestro país, de hacer de España un país cada día más seguro. Reafirmo que compartimos el análisis que ha efectuado, así como el camino que se propone recorrer en la legislatura en esa estrategia de
seguridad compartida, de seguridad nacional, usted ha mencionado. En opinión de este grupo, ha hecho una intervención sólida, consistente y coherente con los objetivos y con el trabajo que ha realizado el ministerio y esa secretaría de Estado en
los últimos cuatro años. Me voy a referir con extraordinaria brevedad a cuatro cuestiones muy importantes para este grupo: terrorismo, delincuencia organizada, inmigración ilegal y seguridad ciudadana, que son también ejes conductores de su
intervención.
Empezaré con el terrorismo. Antes hice referencia a los atentados, al reconocimiento a las víctimas y al trabajo serio y riguroso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Mis reflexiones anteriores tienen perfecto sentido en este
punto de la intervención y las doy por reproducidas. Solo quiero manifestar de forma expresa el apoyo incondicional del Grupo Parlamentario Socialista al Gobierno en la lucha contra ETA y contra el terrorismo internacional. Este grupo -usted lo
sabe, lo saben SS.SS.- apoyó también sin condición alguna al Gobierno del Partido Popular en los ocho años de Gobierno del señor Aznar, y vamos a dar a este Gobierno el mismo apoyo que dimos a gobiernos anteriores.
En materia de criminalidad organizada hubo años en los que en este país se negó la realidad, se miró para otro lado en relación con la presencia del crimen organizado en nuestro país y, en consecuencia, no se tomó una sola decisión ni
ninguna medida para poner coto a la actividad delictiva de las bandas, que camparon a sus anchas entre 1996 y 2004. Afortunadamente hubo un cambio de rumbo, un cambio en las políticas a partir de 2004, momento en el que el Ministerio del Interior,
su secretario de Estado, se tomó muy en serio esta grave amenaza para la seguridad nacional. En opinión de este grupo, la estrategia sobre la que se ha trabajado en los últimos cuatro años y en la que S.S. desea sustentar la lucha de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado contra el crimen organizado nos parece correcta porque arrojó buenos resultados en los cuatro años anteriores y porque estamos seguros de que es el camino adecuado. Usted ha hablado de especialización policial, de
mejora de los servicios de información e inteligencia, de más medios materiales y de incremento de los medios tecnológicos. Nosotros creemos que hay que ir en esa dirección, que, como decía anteriormente, es la que nos ha dado buenos resultados.
Si no he tomado nota mal, ha hablado de más de 1.527 grupos desarticulados, bandas de criminales organizados que se asentaron en España entre 1996 y 2004 y que este Gobierno con buen criterio, con un trabajo serio y riguroso de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, ha conseguido desarticular. Este es el camino que da resultados y que hay que seguir.
En materia de inmigración ilegal suscribimos todas sus reflexiones, su posición y el planteamiento de futuro que hace. Estamos ante un problema de extraordinaria complejidad y que algunos simplifican irresponsablemente. Como dijo
recientemente el ministro en su comparecencia de 4 de septiembre en el Senado, no hay soluciones mágicas ante la inmigración ilegal. Este es un problema muy serio, muy grave, y consideramos que estamos caminando en la dirección correcta. El
Gobierno está trabajando con inteligencia, buscando la cooperación de los países emisores y la implicación de la Unión Europea, a la vez que actúa en las repatriaciones con la misma determinación que respecto a los derechos humanos. Si me permite
una sugerencia, señor secretario de Estado, yo no tendría muy en cuenta las infundadas críticas de aquellos que cuando tenían responsabilidades de Gobierno mantenían de cara a la galería un discurso tan grandilocuente como vacío, porque nunca iba
acompañado por ninguna medida seria o medianamente efectiva. El señor Cosidó en su intervención ha hablado de fracaso, pero considero que el único fracaso rotundo que ha habido en este país en materia de política de inmigración fueron los ocho años
de Gobierno del Partido Popular, en los que, como dije anteriormente, no hubo ni una sola medida y en los que, como todos sabemos, la política de inmigración del Partido Popular se sostuvo en una máxima que era: papeles a cambio de un simple
billete de autobús, como quedó acreditado recientemente en un célebre debate.
En materia de seguridad ciudadana, este grupo comparte la estrategia que puso en marcha su Gobierno durante los cuatro años anteriores, en la pasada legislatura. Quiero responder a mi colega, al que aprecio y respeto, señor Cosidó, que yo
no he visto optimista al secretario de Estado en materia de seguridad ciudadana. Lo he visto serio y sobre todo realista, con el aval del trabajo realizado en los últimos cuatro años y los frutos que ese trabajo realizado por el Gobierno, el
Ministerio del Interior, la secretaría de Estado y sobre todo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha dado a los ciudadanos en términos de mayor seguridad. Todos
los que estamos aquí sabemos que España pasó en esos ocho años de Gobierno del Partido Popular, de una política de seguridad caracterizada por la reducción en el gasto público, por la reducción de los efectivos, que tuvo consecuencias graves
en términos de aumento de la inseguridad y del número de delitos, en esos a una política de seguridad, la del partido Socialista, la que ha liderado usted primero con el señor Alonso y luego con el señor Rubalcaba, en la que se ha incrementado de
forma muy importante la inversión en medios materiales y en medios humanos dedicados a la seguridad pública, que ha tenido como resultado lo que usted ha dicho: que los ciudadanos perciben en los pueblos y ciudades que hay mayor seguridad, como
indican de forma clarísima las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas a las que ha hecho referencia.
Ha hablado el señor Cosidó -y tengo que salir al paso de esa afirmación- de las estadísticas, del uso de las cifras de delincuencia. En primer lugar, los datos del señor Cosidó -sabe que se lo digo, sinceramente, de forma respetuosa- son
sesgados, deformados, si se me permite una expresión coloquial y amable, marca FAES y, por tanto, con poco valor.
Sus datos son poco creíbles y le voy a poner dos ejemplos, uno en tono de broma. Usted le ha imputado una hora y media de
intervención al señor secretario de Estado cuando solo ha hablado 61 minutos que he cronometrado. El segundo ejemplo que sí tiene relación con lo que estamos hablando es el relativo a los delitos más graves que son los que mayor alarma social crean
entre los ciudadanos. Me refiero a los homicidios y asesinatos. Cuando ustedes llegaron al Gobierno, en 1996, en España se cometieron 813 homicidios y asesinatos; cuando ustedes salieron del Gobierno, en 2004, se habían cometido 1.366. Le voy a
dar el porcentaje: con su Gobierno, la tasa de homicidios y asesinatos creció espectacularmente un 68 por ciento. En este momento llevan cuatro años consecutivos decreciendo, disminuyendo y es producto de las políticas de seguridad, de esa
política de incremento de efectivos, de mayor especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de mayores recursos.
Le decía que le iba a hacer un ofrecimiento serio y sincero. Creo que no podemos pasarnos la legislatura discutiendo sobre las cifras y manejando, de forma caprichosa e intencionada, los datos sobre la delincuencia.
Tenemos que abordar
esta cuestión con seriedad. Me consta que el Gobierno y también este grupo tienen voluntad e interés y ofrecemos al conjunto de los grupos el ponernos de acuerdo en alguna metodología que objetive la medición del número de delitos y faltas. El
Grupo Socialista, el Gobierno, estamos en condiciones de ofrecer un acuerdo del cual resulte una metodología para que no tengamos que estar discutiendo ni de apagones estadísticos, ni de ninguna cuestión de esta índole.
Usted ha hecho un uso de los datos absolutamente sesgado. Hablar solamente del territorio Guardia Civil y decir que ahí se produce un incremento del número de delitos y faltas es dar una visión objetivamente sesgada. Digo objetivamente en
lo que tiene que ver con el sesgo que tienen esos datos porque está dando unos datos que no son correctos. Habla del número de delitos estimado por la fiscalía, pero sabe que estamos hablando de una magnitud que no tiene nada que ver ya que con el
número de delitos y faltas de la memoria del fiscal general del Estado se está midiendo una cuestión muy distinta. Esta es una discusión muy antigua en esta Cámara.
Propongo que alcancemos un acuerdo y que aprobemos una proposición no de ley que
inste al Gobierno a encontrar una solución a esta cuestión pero, por favor, no hable de apagón estadístico porque fue precisamente su Gobierno el que nunca dio dato alguno y sabe S.S. que lo que digo es absolutamente cierto. Fue su Gobierno el que
eludió sistemática y reiteradamente dar la cara con el número de delitos y faltas.
Quiero hacer una referencia también -y voy terminando señora presidenta- al planteamiento serio y riguroso que ha realizado el secretario de Estado sobre la lucha contra la violencia de género. Se ha hablado de optimismo insultante. Lo que
ha visto en la intervención del secretario de Estado este grupo ha sido seriedad, rigor, trabajo coordinado, mayores recursos humanos, mayores recursos materiales y el reconocimiento implícito de que, aunque este Gobierno ha tomado importantes
medidas que han conllevado significativos avances, lo que se deduce de sus palabras, el sentimiento que late en su planteamiento es que tenemos que seguir haciendo más esfuerzos. Es injusto que algún portavoz hable de optimismo insultante, cuando
lo que se ha hecho es un planteamiento serio y riguroso.
Voy a hacer tres afirmaciones que son precisas en este momento por rigor y por respeto a la realidad. Ha hecho el señor Cosidó alguna referencia a la política de recursos humanos en materia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que
merecen ser aclaradas. Ha hablado de la merma de las plantillas y de los escasos objetivos que se fija en número de efectivos totales este Gobierno. Creo que el Partido Popular, si de algo es mejor que no hable en esta Cámara, es de efectivos y de
recursos humanos en la Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de Policía. Los datos que recuerdo arrojan que en ocho años de Gobierno del Partido Popular hubo una reducción de más de 15.000 efectivos, y los datos objetivos que están aquí, que se
pueden esgrimir y poner sobre la mesa, es que cuatro ofertas de empleo público, anunciadas por el Gobierno, por el Secretario de Estado de Seguridad, han supuesto la creación de 40.000 nuevas plazas en cuatro años y más de 19.000 nuevos efectivos
que se han incorporado a las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en cuatro años. Por tanto, una política diametralmente opuesta a la que impulsó el Partido Popular en sus años de Gobierno de reducir plantillas y disminuir el
número de agentes a incrementarlos ostensiblemente.
Se ha hablado (lo he anotado correctamente porque mi sorpresa ha sido mayúscula), de recorte de libertades sindicales y de que hace falta más diálogo y menos
represión. Mi sorpresa, señora presidenta, señor secretario de Estado, es que esas palabras vienen de quien ha votado hace menos de un año en contra de las leyes que amplían los derechos de los hombres y mujeres que prestan sus servicios en
la Guardia Civil. ¡Vaya paradoja! Por no utilizar otra expresión. Se ha hablado también de incrementos salariales, como siempre, alrededor de la crisis y de la catástrofe. Le voy a dejar encima de la mesa un dato al respecto aunque, seguro que el
secretario de Estado tiene muchos más. Es muy difícil -usted lo sabe mejor que yo- hablar con rigor de incrementos salariales en la Guardia Civil y en la Policía Nacional porque hay multitud de puestos, pluses y distintas circunstancias que
influyen en las retribuciones que finalmente obtiene un policía o un guardia civil, pero, si cogemos a un policía nacional medio que viva en Madrid, podríamos decir con absoluta precisión que en los ocho años de Gobierno del Partido Popular
experimentó un incremento salarial bruto de 468 euros. En cuatro años de Gobierno del Partido Socialista el incremento salarial bruto experimentado ha sido de 488 euros. Por tanto, no hay parangón posible entre el incremento de poder adquisitivo,
entre el incremento retributivo experimentado con los gobiernos del Partido Socialista y con los gobiernos del Partido Popular.
Utilizando otra referencia -la hizo el ministro Rubalcaba en su comparecencia en esta Cámara el pasado mes de junio, si
no recuerdo mal-, los policías y guardias civiles han incrementado su poder adquisitivo, sus retribuciones un 10 por ciento por encima del incremento de los funcionarios.
Acabo, señora presidenta, expresando la convicción de que este grupo, el Grupo Socialista, de su intervención extrae la conclusión inequívoca de que hay un planteamiento serio y riguroso para una estrategia integral de seguridad nacional, un
buen planteamiento -quiero reiterarlo- que cuenta con un aval muy sólido. Usted y su equipo, señor secretario de Estado, comparecen aquí cargados de la credibilidad que le otorga el haber comparecido aquí en numerosas ocasiones durante la
legislatura pasada, de haber adquirido compromisos y de haberlos cumplido uno por uno en estos cuatro años.
Finalizo reiterando que tiene usted la confianza del Grupo Parlamentario Socialista y deseándole también mucha suerte, mucho acierto, porque de ello depende en muy buena medida la seguridad de los ciudadanos españoles.
La señora PRESIDENTA: Vamos a suspender la sesión durante tres minutos.
(Pausa.)
Tiene la palabra de nuevo el señor secretario de Estado para contestar a las intervenciones de los grupos, por supuesto, sin límite de tiempo, pero haciéndole la recomendación -si se puede expresar así- de que sea breve. Tenemos algún punto
más en el orden del día y me gustaría terminar la sesión a una hora razonable.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Señora presidenta, tendré en cuenta ese consejo. En todo caso, a lo largo de mi intervención estaré dispuesto a recibir cualquier admonición que la presidenta de la Comisión
considere necesaria.
Si algún observador imparcial accediera dentro de veinte años al 'Diario de Sesiones' y leyera esta comparecencia pensaría que comparece un personaje singular, porque en las intervenciones de SS.SS. me han comparado al presidente del
Gobierno y me han dicho que soy el ministro del Interior. Creo que debemos situar las cosas en sus justos términos, sobre todo para que no termine con un problema con dos políticos a los que admiro y respeto. Si me parezco al presidente del
Gobierno será solo en el optimismo pues no tengo la capacidad política del actual presidente del Gobierno ni soy el ministro del Interior, entre otras cosas, porque no tengo capacidad, aptitudes ni, sobre todo, voluntad. Que nadie dude de que el
ministro del Interior -le conocen perfectamente- controla todos y cada uno de los temas a los que he hecho referencia y sin duda los controla mucho mejor que yo. Los ciudadanos tienen suerte de tener al ministro que tienen y no creo que sea
necesario ningún cambio.
Por lo que se refiere a la intervención del representante del Grupo Popular, le diré que ciertamente soy optimista, porque creo que a los grandes retos, a los trabajos difíciles solamente se les puede hacer frente con éxito desde el
optimismo. Desde ese punto de vista, soy optimista y en ámbitos como el de la seguridad hay que serlo, siempre que ese optimismo esté basado en datos objetivos. A lo largo de mi primera intervención y también en está le voy a proporcionar datos
más que suficientes para que al final de la misma S.S. sea igual de optimista, si no más, que yo.
Agradezco la bienvenida a esta Comisión, el deseo de suerte y quiero reiterarle que en la anterior legislatura nuestro ministerio ya demostró que era el que más preguntas parlamentarias había respondido a lo largo de la historia
parlamentaria de nuestro país y que los miembros del Ministerio del Interior, el ministro, el secretario de Estado y el resto de altos cargos del mismo, eran, sin ningún tipo de duda, los que más habían comparecido en comisiones a efectos de
someterse al necesario y legítimo control de las Cámaras. Agradezco su ofrecimiento de colaboración y de consenso, especialmente en el ámbito del terrorismo.
Sin duda, es mucho más fácil hacer frente a la principal competencia, desgraciadamente en
este momento, del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Estado, que es la lucha contra el terrorismo, desde una política de colaboración y de consenso de todos los grupos políticos, lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo en todo
siempre, sino que tenemos muy claro y ponemos de manifiesto cuál es el objetivo que pretendemos; objetivo que creo que siempre ha sido el mismo, pero que en otros momentos probablemente quedó distorsionado por el ruido que había alrededor de una
cuestión tan esencial para la seguridad de nuestros ciudadanos como es el terrorismo. En este ámbito, agradezco
la intervención de todos los grupos y el apoyo que muestran al Ministerio del Interior y el apoyo que, en definitiva, muestran a la ciudadanía en la lucha contra el terrorismo. Desgraciadamente, el último fin de semana nos ha puesto de
manifiesto que su capacidad de barbarie y de locura no se contiene, que cada vez es más intensa; por medio de tres vehículos estuvieron poniendo a los ciudadanos en un riesgo que se terminó materializando desgraciadamente en un fallecimiento, pero
tanto en Vitoria, como en Ondarroa, como en Santoña creo que los terroristas pusieron de manifiesto que su locura no tiene fin, que su barbarie no tiene fin. La sociedad debe estar preparada para encontrarnos con actos de barbarie y con actos de
locura similares porque, en definitiva, no dejan de ser una fiera, una fiera herida, pero una fiera, y su capacidad de locura es, por lo que han demostrado este fin de semana, inconmensurable. En todo caso, los ciudadanos deben tener la certeza de
que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, 365 días al año para intentar prevenir y evitar los resultados de esta barbarie y que, además, trabajamos conjuntamente con las
policías autonómicas en todos los ámbitos para tratar de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Permítanme que felicite por su buen trabajo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por las detenciones que han efectuado en los
últimos años, a lo largo de toda la historia en nuestra lucha contra el terrorismo y por las últimas detenciones, en especial, al Cuerpo Nacional de Policía.
Por lo que se refiere al terrorismo internacional, estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Popular en que uno de los riesgos más intensos que sufre este país es la presencia de Al Qaeda en el Magreb islámico, por la cercanía geográfica
del lugar donde se encuentra. Hay que tener en cuenta que está en el Magreb, una zona que prácticamente está a una hora de vuelo de cualquier punto de nuestro territorio nacional. No crea que solo lo digo aquí, cada vez que tengo la posibilidad de
tener un contacto con un responsable internacional de cualquier país, le transmito nuestra preocupación y nuestra información y le pido, de alguna manera, que conciencie al resto del mundo en el que nos movemos de la importancia que tiene la
presencia de una sucursal de Al Qaeda tan cerca de nosotros, tan cerca de Europa. El portavoz del Grupo Popular planteaba dos cuestiones en relación con el terrorismo internacional. Por un lado, lo de acotar la presencia, los grupos y, sobre todo,
los movimientos que hacen en Internet. Esto es algo que ha preocupado al Ministerio del Interior desde el mismo momento en que el actual equipo inició su andadura en la anterior legislatura, hasta el punto de que una de las competencias que se
otorgó al Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista era un estudio diario de la presencia de Al Qaeda en la red. Su señoría conoce perfectamente que uno de los mecanismos de comunicación y de expresión de sus ideas por parte de los terroristas
islamistas radicales es Internet; incluso en esa reunión de centros nacionales de coordinación antiterrorista europea, a la que ha hecho referencia, y que se produjo en este mes de abril, una de las cuestiones que se estudiaron fue la necesidad de
compartimentar de alguna manera Internet de tal forma que los distintos centros pudieran hacer un análisis más intenso de determinadas partes de Internet, y después compartir la información. Creo que es una fórmula inteligente para que nuestro
análisis de los movimientos que se producen en Internet pueda ser más intenso, más eficaz y más eficiente. Por lo que se refiere a los procesos de radicalización, estoy de acuerdo en que es absolutamente necesario tener el ojo puesto en la
radicalización que pueden en algún momento sufrir determinadas partes de nuestra sociedad. Hasta tal punto creo en ello, que mis contactos con los líderes de las comunidades islámicas son constantes, que mis teléfonos y mi correo electrónico están
abiertos directamente a cualquier correo o llamada por parte de cualquiera de los líderes de las comunidades islámicas, con los que voy a comer de vez en cuando en la mezquita y en la semana que viene me han invitado al cierre del Ramadán.
Creo que
esta es una buena forma de encarar el fenómeno de la presencia de distintas comunidades con distintas religiones en el seno de nuestro territorio. Debemos demostrar las bondades de nuestro sistema; creo que vivimos en el mejor sistema posible para
todos los ciudadanos, y debemos también entender a las comunidades islámicas, su cultura, sus formas de actuar en la medida en que, en su inmensa mayoría, nos enfrentan a los principios de nuestro Estado de derecho. Debemos reflejar que somos
sociedades abiertas, que somos sociedades que entendemos fenómenos culturales distintos y, en definitiva, creo que España está en las mejores condiciones para entender el fenómeno musulmán, porque no debemos olvidar que durante más de siete siglos
fuimos un país musulmán y que gran parte de nuestra cultura tiene un origen musulmán. Por tanto, creo que esa es la mejor forma de hacer frente al fenómeno de la radicalización, conocer las sociedades musulmanas, sus formas de entender la realidad
y mostrarnos como lo que somos, una sociedad abierta, tolerante, que es capaz de acoger en su ámbito todo tipo de fenómeno, religioso o cultural, en tanto en cuanto no se enfrente con unos principios básicos a los que nos enfrenta la tradición
musulmana.
En seguridad ciudadana, me imputa optimismo -como me imputa a lo largo de toda mi intervención-, y hace referencia a la cuestión relativa a los datos. Su señoría utiliza los datos de la Fiscalía General de Estado y me habla de diligencias
previas. Sabe perfectamente, y si no lo sabe yo le recuerdo que las diligencias previas es solamente uno de los tipos de procedimiento penal que hay; existe el juicio de faltas, el juicio rápido, el sumario ordinario, el juicio del jurado. En
todo caso, S.S.
cita los datos de la Fiscalía General del Estado del año 2006, porque los del año 2007 no han sido presentados; y por lo que yo sé, la semana que viene se abre el año judicial con la presentación de la memoria del Poder Judicial de
2007. Entendería que S.S. dudara de que el
Ministerio del Interior está retrasando la presentación de datos, incluso de que la Fiscalía General del Estado también los retrasara, pero creo que no dudará de que el Poder Judicial no está escondiendo ningún dato, sobre todo, teniendo en
cuenta que la memoria que se va a presentar ahora ha sido elaborada por un Consejo General del Poder Judicial especialmente querido para el Partido Popular tan querido que hemos tardado siete años en poder cambiarlo. Por tanto, si la Fiscalía
General del Estado presenta ahora los datos del año 2007, el Poder Judicial presenta ahora los datos del año 2007, no sé donde ve la oscuridad en el Ministerio del Interior.
Estamos hablando de los datos de 2007, de los que todavía no tenemos
conocimiento en relación con los datos de la Fiscalía ni con los datos del Poder Judicial. No creo que todo el sistema institucional español sea oscuro o tenga malas intenciones. Su señoría sabe perfectamente, porque nos hemos reunido para ello,
que estamos elaborando un nuevo programa que es mucho más completo y que nos va a permitir una mejor reflexión en materia de seguridad; y sin duda también conoce perfectamente, y a eso me he comprometido, que vamos a dar los datos relacionados con
la actividad policial relativa a 2007, y además lo vamos a dar al mismo tiempo que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial. En todo caso, no compare los datos de las diligencias previas. No lo compare inconscientemente; si
conscientemente es un dato que le resulta útil para esta comparecencia, no me puedo oponer a que lo utilice, pero sabe perfectamente S.S. -sé que sabe perfectamente- que ese dato no puede, de ningún modo, reflejar cuál es la seguridad ciudadana en
nuestro país. Me ha hecho un reto, y me encantan los retos, no hubiera estado en esta secretaría de Estado durante más de cuatro años. Le voy a dar datos, datos provisionales, pero le voy a dar datos, para que salga aun más optimista de esta
comparecencia. Su señoría sabe perfectamente que si no hemos proporcionado los datos es porque hemos hecho un profundo cambio en el sistema informático. Lo ha hecho el GESI, que creamos para eso, y este cambio es el que ha retrasado la
presentación pública de los datos. También lo ha retrasado sin duda el que este año haya habido elecciones legislativas. Evidentemente, han cambiando las Cámaras y con esa modificación que se ha producido y con el cambio del sistema era imposible
que nos hubiéramos presentado antes, pero S.S. sabe perfectamente que este Gobierno es el primero que ha comparecido públicamente en una comparecencia en Comisión, tanto en el Congreso como en el Senado, no solo para dar los datos, sino también
para admitir un debate sobre los mismos, lo cual, por otro lado, ha sido especialmente fácil, porque nuestros datos desde 2004 han sido muy positivos. De ahí que entienda por qué los responsables anteriores no comparecían en Comisión; era mucho
más difícil sostener los datos. En todo caso, ya hemos establecido la tradición, y sea cual sea el Gobierno, los responsables del Ministerio del Interior comparecerán en Comisión, no solo para presentar los datos, sean estos buenos o malos, sino
también para reflexionar sobre los mismos.
Me habla de una crisis de seguridad. Ese término me preocupa, porque lo que perciben los ciudadanos no son solo los datos que proporcionamos nosotros pronto o tarde, sino también la apreciación que sobre esos datos realizan aquellos que
tienen altas responsabilidades públicas. Por tanto, debemos ceñirnos a los datos objetivos. Los últimos datos que conoce S.S., que son los que están colgados en la web del Ministerio del Interior, eran datos positivos. Por tanto, no puede hablar
de crisis de seguridad. Los datos de 2007 aún no los conoce, pero cuando los conozca se dará cuenta de que tampoco puede hablarse de crisis de seguridad, y sin conocer los datos no creo que deba valorarse la situación de nuestra seguridad, de un
sistema de seguridad en el que, como le he mencionado a S.S., hemos invertido mucha de la capacidad económica del Estado, hemos crecido en un 36 por ciento, y en el que existen multitud de buenos profesionales, policías y guardias civiles, que
gestionan un sistema de seguridad puntero dentro de Europa, concretamente un 18 por ciento más de lo que había en 2004.
Decía S.S. que es difícil enfrentarse a un problema cuando no se conoce.
No, yo creo que es difícil enfrentarse a un problema cuando no se tienen instrumentos adecuados para enfrentarse al mismo. Por tanto, tengo una cierta capacidad de
entender cómo gobiernos anteriores tenían dificultades para enfrentarse a la seguridad ciudadana y tener buenos resultados, porque sin esa capacidad de inversión y sin esos buenos profesionales que nosotros hemos añadido a los catálogos de Policía y
Guardia Civil, no debía ser fácil su función. En todo caso, paso al reto de dar números en relación con las cuestiones relativas a la seguridad ciudadana. Señoría, en 2002 la población de España era de 41.837.894 ciudadanos y en 2007 era de
45.200.737 ciudadanos. Es decir, más o menos hemos crecido unos 4 millones desde 2002 a 2007. Pues bien el número de infracciones -y aquí se ha utilizado tradicionalmente un sistema que es un tanto complejo, que es dar un número tanto al delito
como a la falta, y por tanto tiene el mismo peso en la cifra un delito de asesinato que una falta de hurto- utilizando el criterio tradicional, para que no crea que intento engañarle, si las infracciones, por tanto los delitos y faltas penales, en
2002 eran 2.020.131, en 2007 han sido 1.882.642. En definitiva, aumentando la población más o menos en 4 millones de habitantes, hemos conseguido reducir las infracciones penales en más o menos 200.000. Por tanto, una vez que tiene el dato,
supongo que el calificativo será que tenemos una seguridad ciudadana boyante y, en definitiva, con ello estará de acuerdo con la mayor parte de los ciudadanos españoles, que en este momento, en relación con la serie histórica del CIS, consideran que
estamos en la mejor situación posible en los últimos años en materia de seguridad ciudadana. Pero continuaré dando cifras, ya que me gusta hacer frente a los retos con todas sus consecuencias. Si hablamos de delitos esclarecidos, si
en 2002 se esclarecían un 26,6 por ciento de los conocidos, en 2007 es un 36,2, es decir, de un 26 a un 36 por ciento. Si hablamos de tasa de detenidos, se ha pasado de 116 detenidos por cada 1.000 infracciones a 138. Si hablamos de
delitos de pornografía infantil -y esto me parece especialmente importante, porque aunque supone un incremento de delitos es sin duda positivo-, si en 2002 fueron 87 los investigados, en 2007 fueron 677, es decir, el crecimiento exponencial es
absoluto. Si hablamos de delitos de corrupción de menores hemos pasado de 93 a 255 investigados. Si hablamos de blanqueo de capitales, de 60 a 125.
Preguntaba por las actas de posesión de consumo de drogas. Hemos pasado de 80.840 en 2002 a
265.818 en 2007, y si ya hablamos finalmente de actas por posesión de armas u objetos peligrosos, hemos pasado de 20.372 en 2002 a cerca de 51.000 en 2007. Creo que todos estos datos abonan el que al final de esta intervención S.S. pase a ser
optimista, al igual que el secretario de Estado. Pero si esto no fuera suficiente podemos entrar en el análisis de la cuestión desde otro punto de vista. Ya se ha hecho referencia por alguno de los diputados intervinientes a la reducción que se ha
producido en la tasa de homicidios dolosos y asesinatos. La tasa en 2002 era de 3,23 por cada 100.000 habitantes, en 2007 era de un 2,49. Hay una reducción importante, sobre todo para más de un centenar de personas que no han fallecido fruto de un
delito violento. Puedo continuar así, pero sé perfectamente que S.S. con estos datos tiene suficiente y ya se habrá convertido en un optimista nato, que es probablemente lo más adecuado cuando estemos hablando de datos en materia de seguridad
ciudadana.
También ha hablado S.S. del control de fronteras, créame que también se ha hecho un esfuerzo importante en materia de control de fronteras. Puedo proporcionarle incluso el número de funcionarios que están destinados en este momento a
control de fronteras en relación a los que había en 2003.
Si hablamos del Cuerpo Nacional de Policía, mientras que en 2003 había 3.162, en agosto de 2008 hay 6.989, es decir, se ha más que doblado el número los policías que se dedican al control de
fronteras. Y como sé positivamente que la confianza de S.S. en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es ilimitada, si 3.000 funcionarios de policía hacían una buena labor en 2003, sin duda S.S. reconocerá conmigo que en este momento lo
hacen doblemente mejor y, por tanto, el control de fronteras es mucho más intenso.
Ha hablado del anuncio del conflicto colectivo. Su señoría sabe perfectamente que los sindicatos policiales han planteado conflictos colectivos a lo largo de toda su historia, no en esta última legislatura sino en la anterior y en la
anterior. Yo le puedo hablar de todo lo que se ha avanzado en esta materia. Sé que S.S. sabe perfectamente cuáles han sido los incrementos salariales de la Policía y de la Guardia Civil, de lo que ha supuesto el anterior acuerdo. También conoce
perfectamente cuál es la voluntad del actual equipo del ministerio, al frente del cual está el ministro -no dude en ningún momento que el que más se ha implicado en la negociación con sindicatos ha sido el ministro-, de llegar a un acuerdo ajustado
a la realidad en la que nos movemos en este momento y a los siguientes Presupuestos Generales del Estado. Además, es contradictorio, y permítame S.S. que con cariño se lo diga, que hable de que este Gobierno ha recortado los derechos y libertades
de los sindicatos y asociaciones, cuando ha regulado por primera vez ese derecho en el ámbito de la Guardia Civil o ha mandado a la Cámara un proyecto de ley de régimen disciplinario adaptado a la sociedad democrática en la que nos movemos. Ni hay
voluntad por parte del equipo del ministerio de recortar derechos y libertades ni se han recortado, porque ni el ministro ni ninguno de los cargos del Ministerio del Interior lo hubiera permitido en ningún momento. Y por supuesto que el Ministerio
del Interior no ha detenido a policías en aplicación de una especie de discriminación de tipo sindical. Si algún policía ha sido detenido probablemente es porque haya incurrido en alguna actividad delictiva. Evidentemente, sería muy grave que el
Ministerio del Interior por un conflicto colectivo terminara deteniendo a un policía. No es que fuera grave, es que sería constitutivo de un delito de detención ilegal, y no tenemos ninguna voluntad ni ninguna capacidad, ni el ministro ni yo ni
ninguno de los responsables del ministerio, de incurrir en ese tipo de actividades.
Por lo que hace referencia a la inmigración, el portavoz del Grupo Popular ha hecho una intervención crítica con la política de inmigración de este Gobierno y habla de que el número de inmigrantes ilegales ha aumentado.
Yo le voy a
proporcionar datos, eso sí, cerrados a agosto porque todavía no tengo los datos de septiembre, porque no se ha cerrado septiembre. Si en Canarias en el mes de agosto entraron 903 inmigrantes ilegales, eso supone una reducción de menos 23,34 por
ciento en relación a las cifras de 2007 y de menos 85,13 por ciento en relación a las cifras de 2006. En todo lo que va de año la reducción es prácticamente un menos 15 por ciento en relación al 2007 y un menos 70 por ciento en relación al 2006.
Si vamos a la Península, es cierto que se ha producido un incremento en relación al 2007 en las llegadas a la Península, pero en todo caso hay una reducción de menos 31,58 por ciento en relación a las llegadas de 2006. Créanme que la política de
inmigración de este Gobierno nos ha dado mucho trabajo en la anterior legislatura, pero hemos iniciado un camino correcto que probablemente quienes nos sucedan podrán continuar.
En este momento, y no es que suene a autobombo, autocomplacencia o
excesivo optimismo, somos un país de referencia en el ámbito de la Unión Europea en materia de inmigración y cuando Francia a lo largo de su Presidencia se plantea hacer un pacto de inmigración habla con España.
Pero también somos un país de
referencia, y eso debería enorgullecer a S.S. y sin duda terminará enorgulleciéndolo, en políticas migratorias para los países de origen, para Argelia, Marruecos, Mauritania, Mali y Senegal. Esta misma semana he tenido
oportunidad de reunirme con el ministro de Senegal y entienden la política española en la medida en que España ve la inmigración ilegal no solo desde el punto de vista de aquel que se encuentra rodeado de un muro y no quiere que alguien
entre, sino de aquel que intenta establecer políticas que procuren evitar que los ciudadanos tengan que salir de sus países para buscarse la vida. Por tanto, intentamos controlar el fenómeno de la inmigración en las fronteras y lo estamos haciendo,
pero también tratamos de evitar que las personas se vean forzadas a salir de su territorio por necesidades económicas, y creo que esa es la política adecuada. Nunca probablemente ningún secretario de Estado había viajado por motivos de inmigración
ni a Argelia ni a Marruecos ni a Senegal ni a Mauritania, el que aquí comparece lo ha hecho varias veces, y créame que cuando explicas tu política produce sus efectos. En este momento probablemente estemos a la cabeza de los países del mundo en
materia de repatriaciones, y lo estamos en la medida en que hacemos políticas adecuadas no solo para nosotros, sino también para los países de origen.
Menciona el suceso de la última repatriación y de los problemas que hubo en Gambia. Permítame que le ponga un ejemplo. Si alguien no es camarero, evidentemente será difícil que rompa un vaso, si alguien no coge un vaso no lo romperá. La
mayor parte de los países no tendrán problemas porque la mayor parte no hacen repatriaciones. Nosotros tenemos problemas puntuales en relación con determinados países porque tenemos una política de repatriación intensa. No se preocupe, porque el
problema de Gambia ya ha sido solucionado. No se preocupe, porque la repatriación se va a hacer en fechas próximas y se va a hacer de la manera más adecuada, respetando los derechos que tienen esos inmigrantes y con un absoluto respeto a lo que les
ha llevado a intentar entrar en nuestro país, que es la necesidad económica. Siempre digo lo mismo, es muy duro morirse de hambre, pero es muy duro morirte de hambre mientras ves que tu familia también se está muriendo de hambre. Y como España es
un pueblo de inmigrantes, creo que todos estamos en condiciones de saber por qué estas personas huyen de su país y qué les fuerza a huir de su país.
Habla de cambio de política, de que el Gobierno debe cambiar la política.
Creo, siempre puedo estar equivocado, que estamos haciendo la política que debemos hacer. Pero, claro, ¿hacia dónde va ese cambio de política? ¿Hacia la política
del anterior Gobierno, que tiene un récord en materia de la historia legislativa de nuestro país en la medida en que reformó en un solo año tres veces la Ley de Extranjería e incluso la reformó en una ocasión antes de que entrara en vigor? No creo
que sea el modelo adecuado. Si usted me proporciona algún modelo objetivo en materia de política de inmigración, siempre estoy dispuesto a reflexionar, pero no creo que la reflexión pase por modelos ya vistos de políticas de inmigración en donde en
tres años se cambió tres veces la Ley de Extranjería, ni tampoco creo que sea un ejemplo esa política de inmigración que llevó a que hubiera 700.000 personas casi que trabajaban en nuestro país, que estaban integradas en nuestro país, pero no
existían desde el punto de vista oficial. Es mejor política aquella que hizo aflorar a casi 700.000 personas que trabajaban, que ahora están en la Seguridad Social, que cotizan, que además tienen una vida normalizada y que están aportando cosas a
nuestro país. Esa política es adecuada. Estoy abierto a la reflexión, como sin duda S.S. -no tengo la más mínima duda- está también abierto a la reflexión de ser optimista en esta materia.
Habla de violencia de género. Créame que es un fenómeno que me preocupa intensamente, en relación con el cual hemos hecho muchas cosas y hemos puesto en marcha muchos mecanismos. Tenemos un sistema de seguimiento, que ofrezco a SS.SS. que
vayan a ver, que creo que ningún país de Europa y probablemente ningún país del mundo tiene en materia de protección de víctimas de violencia de género. Hay una valoración inicial del riesgo y, dependiendo de ese riesgo inicial, se hace una
valoración periódica -a veces se hace prácticamente cada semana- del riesgo de cada una de esas personas. Deberían ir, ver el sistema y después analizar si es posible que todos juntos hagamos algo distinto. Hemos potenciado las unidades
especializadas, las UPAP, los Emume y los SAM, pero hay un error en el que siempre se incurre. A lo largo de mi intervención he hecho referencia a que estas unidades especializadas -son 1.800 funcionarios policiales- no son las que se encargan
directamente de la seguridad de las víctimas de la violencia de género, sino que se encargan todas las policías y guardias civiles que están integradas en las secciones de seguridad ciudadana de cada comisaría, de cada puesto de la Guardia Civil.
Son miles y miles, y sería imposible que 1.800 personas pudieran dedicarse a la protección, pues en algunas ocasiones esa protección implica un sistema de escolta las veinticuatro horas del día. Por lo tanto, estas 1.800 personas coordinan,
dirigen, establecen los principios, pero después los miles y miles de policías y guardias civiles que están en las unidades especializadas de seguridad ciudadana ejecutan esas políticas que previamente son coordinadas, dirigidas y establecidas por
las unidades especializadas.
En materia de instituciones penitenciarias, es evidente que se ha producido un crecimiento intenso de la población penitenciaria. Yo creo que no nos vamos a meter en cuáles son las razones que han llevado a este crecimiento ni cuáles son
las razones de que en este momento no haya todos los centros penitenciarios que debiéramos tener. Me voy a centrar en la última legislatura, en un plan ambicioso que se puso en marcha en ese momento y que ha supuesto que a día de hoy se hayan
inaugurado los centros penitenciarios de Puerto III, Madrid VII, Castellón II y Morón de la Frontera, las reformas de Lanzarote, Arrecife y el Dueso y que se hayan construido centros de inserción social en Jerez de la Frontera, Salamanca, Zaragoza,
Córdoba, Ciudad Real, Huesca, León, Vigo, Alicante, Segovia y Sevilla. Le puedo contar lo que vamos a poner en marcha a lo largo de la siguiente
legislatura, pero pisaría de alguna manera la comparecencia de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, a la que ustedes saben que deben dedicarle también su tiempo. Por tanto, ella se lo contará. De lo que he hablado a lo
largo de mi comparecencia es de un plan que de alguna manera quiere sumarse al que ya está puesto en marcha y que está obteniendo resultados. Estoy dispuesto a abrir una reflexión acerca de qué es lo que ha motivado en este momento ese incremento
de la población penitenciaria y por qué actualmente todavía no tenemos todos los centros penitenciarios que debiéramos tener.
Por lo que se refiere finalmente a la comparecencia del director general de la Policía y de la Guardia Civil, aquí se sigue una tradición, y es que los distintos cargos del ministerio vayan compareciendo por orden. A partir de este momento
no tengo ninguna duda de que el director general de la Policía y de la Guardia Civil estará encantado de comparecer en esta Comisión a efectos de fijar cuáles van a ser sus políticas y responder a las preguntas de su señoría.
En cuanto a la intervención del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, quiero agradecerle su ofrecimiento de colaboración. Creo que es absolutamente necesaria la colaboración, el diálogo, la reflexión y además no solamente lo creo, sino
que lo practico continuamente con los responsables vascos desde el punto de vista de seguridad. Soy de aquellos que creen que nuestros ciudadanos merecen que las instituciones que están dedicadas a la seguridad se relacionen y trabajen de la manera
más coordinada posible. No es algo en lo que crea, sino que lo practico. El Ministerio del Interior lo practica y, como S.S. sabe, por primera vez a lo largo de la historia de nuestro país desde el advenimiento de la democracia, nos hemos reunido
a nivel de ministro del Interior y consejero de Interior del Gobierno vasco para establecer determinadas líneas políticas y estratégicas en materia de lucha contra el terrorismo, y trabajamos mano a mano y hablamos cada vez que tenemos un problema y
cada vez que los ciudadanos del País Vasco se ven, desgraciadamente, ante una de las amenazas que se producen, como las que se han producido esta semana. Lo que intentamos, en definitiva, es que los ciudadanos del País Vasco tengan las mejores
garantías de seguridad. El diálogo puede ser mejorado, pero no se puede decir que sea inexistente. Todo lo contrario.
Yo creo que no hay semana en la que no hablemos con los responsables de la Consejería de Interior del Gobierno vasco. Creo que
también trabajamos coordinadamente y hemos establecido líneas estratégicas de coordinación en determinados ámbitos. Estamos abiertos a nuevas fórmulas de trabajo conjunto, de coordinación y citaba la integración de los mossos d'esquadra en los
centros de cooperación policial aduanera francoespañola. Estamos dispuestos a hablar de esas cosas, como antes hemos estado dispuestos a conexionar bases de datos o a establecer acuerdos, protocolos y convenios en ámbitos en los que la seguridad de
los ciudadanos puede mejorar como consecuencia de nuestro entendimiento.
Créame -repito-, nos entendemos y nos entendemos muy bien con los responsables del Gobierno vasco en materia de seguridad.
Por lo que se refiere a la modificación del Código Penal, S.S. sabe perfectamente que esa iniciativa corresponde al Ministerio de Justicia.
Tengo conocimiento de esa reforma, no tengo ninguna duda de que va a ser una reforma hecha desde el
Estado de derecho y desde los principios de una sociedad democrática, pero deberán ser los responsables del Ministerio de Justicia los que la desgranen, sin duda ante estas Cámaras, porque no hay otra forma de reformar el Código Penal que trayendo a
esta Cámara la reforma que se pretende.
En materia de especialización, estoy de acuerdo con S.S. en que es necesario avanzar en la especialización. Vivimos en una sociedad muy compleja, los fenómenos delictivos son cada vez más complejos y, por tanto, vamos a seguir trabajando
en la especialización que iniciamos en materia de crimen organizado, de terrorismo o de determinados tipos de delitos como, por ejemplo, los ciberdelitos, los delitos económicos, los delitos de tipo sexual, incluso los secuestros. Vamos a seguir en
esa línea y, sin duda, tendremos posibilidad de hablar sobre esa cuestión a lo largo de las sucesivas comparecencias de los responsables del Ministerio del Interior en esta materia. Creo, como S.S. que la coordinación es esencial en un sistema de
seguridad como el nuestro extraordinariamente complejo; complejo por los retos a los que ha de hacer frente, pero también porque es un sistema con múltiples actores, las policías autonómicas que tienen una importancia esencial en sus respectivos
territorios en materia de seguridad, las policías locales y, sin duda -lo reconocerá-, las policías estatales, la Policía y la Guardia Civil.
En materia de coordinación, vamos a seguir en la misma línea en el Comité Ejecutivo del Mando Unificado que analiza todas las semanas la realidad de nuestro país desde el punto de vista de la Policía y de la Guardia Civil, y en sistemas tan
importantes, en mi opinión, como el Sicoa, que por primera vez ha permitido que las investigaciones en materia de terrorismo estén realmente coordinadas y que exista una reunión de coordinación en cada momento en que se enciende una luz roja y se
pone de manifiesto que ambos cuerpos están investigando un mismo hecho o un hecho conexo. Nos queda camino por recorrer, y sin duda estaremos dispuestos a oír las reflexiones de S.S. en materia de especialización y en materia de coordinación y no
solamente a oírlas, sino a reflexionar sobre ellas y a ponerlas en práctica, si se ajustan a nuestro sistema.
Estoy de acuerdo con usted en que en este momento vivimos en una sociedad en la que probablemente no le hagamos pasar bien a los ciudadanos sus viajes al extranjero por los controles que existen en los aeropuertos y estamos en este momento,
por indicación del ministro del Interior, que, como sabe S.S., está en todas las cuestiones, intentando de alguna manera establecer sistemas que sean seguros, pero que no perjudiquen a los ciudadanos
y que no puedan ser interpretados por algunos ciudadanos como una ofensa.
En todo caso, el compareciente conoce perfectamente esos sistemas porque tiene la buena costumbre de irse de vacaciones como ciudadano y no como secretario de Estado
y, por tanto, se somete a los mismos controles, a las mismas colas y a las mismas investigaciones en torno al contenido de su equipaje a las que someten el resto de los ciudadanos y además me parece una buena idea que los conozca de una forma
directa. A la hora de establecer los ejes de nuestra política creo que he hecho referencia en algún momento a que tenemos que mejorar la atención a los ciudadanos. Los servicios públicos no solamente tienen que ser servicios que proporcionen en
nuestro caso seguridad, sino que lo hagamos de la manera menos molesta para los ciudadanos. Yo creo que el Estado a estas alturas debe cumplir su función, pero no debe molestar innecesariamente a los ciudadanos.
Comparto con usted la reflexión y
créanme que estamos estudiando la posibilidad de garantizar la seguridad, pero de la manera menos molesta para nuestra ciudadanía.
Estoy de acuerdo en que la formación es necesaria tanto para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como para la seguridad privada. En todo caso no creo que podamos elevar acontecimientos que se han producido en los últimos meses a
la categoría de problema en el ámbito de la seguridad privada porque S.S. sabe que desgraciadamente son muchos los miembros de la seguridad privada que en el País Vasco garantizan la seguridad de nuestras instituciones, de nuestros concejales, de
nuestros representantes públicos, y su labor es en general una labor muy buena y cumplen muy bien su función. Incluso las últimas detenciones han puesto de manifiesto que impiden que los terroristas, en su locura, puedan atentar contra determinadas
personas, pero estoy de acuerdo en que todo lo que podamos mejorar en ese ámbito debemos mejorarlo y por lo tanto queremos hacer un esfuerzo importante para garantizar la mejor formación posible en ese ámbito.
Por otro lado es obvio que también estoy de acuerdo con S.S. en que los inmigrantes no son delincuentes, y creo que no hay nadie en esta Comisión que piense que los inmigrantes son delincuentes. Los inmigrantes -repito somos un pueblo de
inmigrantes- son aquellas personas que se ven obligadas a salir de su país como forma de garantizar su supervivencia económica en algunos casos y desgraciadamente vital en otros.
Por lo que se refiere a la repatriación, S.S. ha hablado de retorno.
Realmente dentro de las figuras de la Ley de Extranjería, que conoce perfectamente S.S., no se utiliza el retorno a pesar de que se hable de retorno. Hay dos
expedientes, el de expulsión y el de devolución. El que se utiliza habitualmente es el de devolución, y es un expediente que está lleno de garantías, donde el internamiento, por ejemplo, de los inmigrantes que llegan está sometido a control
judicial y existe un expediente administrativo susceptible de ser recurrido ante los tribunales. Por lo tanto creo -sin que el representante del Grupo Parlamentario Popular me considere excesivamente optimista- que afortunadamente tenemos uno de
los sistemas con mayores garantías en ese ámbito, pero estamos dispuestos a reflexionar y de hecho sin duda habrá una reflexión sobre la cuestión en esta Cámara acerca de modelos que mejoren no solamente la eficacia en las repatriaciones sino
también en las garantías, porque creo que todos los que estamos aquí estamos preocupados no solo por las repatriaciones, no solo porque estas se efectúen sino porque además se efectúen con garantía plena de los derechos y libertades de los
ciudadanos de otros países. Por lo tanto estoy de acuerdo con la reflexión final que S.S. ha hecho. Esta actividad, la inmigración, debe ser pulcra y sin duda nuestra voluntad y nuestro deseo es que así lo sea.
Por lo que se refiere a instituciones penitenciarias, si he dado la sensación de que era autocomplaciente ha sido un error o probablemente sea una percepción que no corresponde con la realidad. Hay un problema penitenciario; la secretaria
de Instituciones Penitenciarias lo pondrá de manifiesto. Repito que estoy dispuesto a hacer un debate un día acerca de los motivos y las causas, y algo sé porque he estado en todos los lados -en el lado donde se manda a los internos a los centros
penitenciarios y en el lado de los que los detienen para introducirlos en los centros penitenciarios-, pero creo que lo importante es que la Secretaría de Instituciones Penitenciarias tiene una política en esa materia, tiene un plan de centros y
está intentando garantizar que los principios que presiden el derecho penitenciario en los países avanzados estén cada vez más presentes en nuestro sistema, pero al menos ella me dice que cuando sale fuera y compara los sistemas penitenciarios
dentro de la Unión Europea siempre llega a la misma conclusión. En todo caso, como la tendrán aquí, podrán reflexionar sobre esa cuestión.
Sí existen programas de suicidio. Se lo digo no solo desde el punto de vista teórico porque, cuando hemos tenido preocupaciones en relación con determinados internos, se nos ha puesto de manifiesto que existía un programa de suicidios, que
se aplicaba a ese interno concreto y que suponía un seguimiento las 24 horas para evitar que un efecto derivado del ingreso en prisión pueda finalizar con la muerte del interno. Es cierto que el Estado -así lo han señalado los tribunales de una
manera reiterada- tiene la obligación de conservar la vida de los internos, y créanme que desde el Ministerio del Interior, desde la Secretaría de Instituciones Penitenciarias así se hace.
Por lo que se refiere a la representante de Convergència i Unió quiero agradecerle, a pesar de que no está presente, su ofrecimiento de colaboración y de diálogo, y a pesar de que no está y para que conste de una manera breve en el'Diario de
Sesiones' he de decirle que tenemos un sistema garantista, que creo que estamos a la cabeza de garantías en todos los ámbitos de actuación en materia de seguridad pública y que, como he señalado al representante del Partido Nacionalista Vasco,
intentamos -y creo que conseguimos- tener una política
en materia de seguridad lo más coordinada posible con el cuerpo de los Mossos d'Esquadra.
En materia de puestos fronterizos, todos sabemos que desde que estamos en el espacio Schengen no existen puestos fronterizos en Cataluña, pero de alguna manera sí existe un control indirecto de lo que ya no es frontera desde el punto de
vista jurídico. Por lo que se refiere al despliegue de mossos, tengo los datos, intentamos que los catálogos en Cataluña estén prácticamente al cien por cien para garantizar que esa operación de despliegue de los mossos y de repliegue de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado se haga siempre con las máximas garantías para los ciudadanos.
En cuanto a la violencia de género, en parte ya he contestado a las cuestiones que ha mencionado en su intervención y, por lo que se refiere al Plan de trata de seres humanos con fines sexuales, existe todo un contenido que en su momento se
pondrá de manifiesto con medidas que se van a adoptar por parte del ministerio y que tratan de hacer frente a un fenómeno tan desgraciado como es la trata de seres humanos desde el punto de vista sexual.
Finalmente -y para evitar que se produzca cualquier admonición por parte de la presidenta-, en respuesta a la intervención del representante del Grupo Parlamentario Socialista, quiero agradecer no sólo la felicitación, sino la percepción de
la presencia del secretario de Estado en esta Comisión a lo largo de la anterior legislatura. Parece que es el único de los grupos que se ha dado cuenta de que probablemente el ministro y el secretario de Estado del Ministerio del Interior hemos
sido los que más hemos comparecido en el Parlamento, porque creemos firmemente en el debate y en el control parlamentario. Debo agradecerle esa percepción en la medida en que nos ha visto un poco por encima de lo que nos han visto el resto de los
grupos. Quiero agradecerle también su apoyo, como el apoyo del resto de los grupos, en políticas tan esenciales para nuestros ciudadanos y tan importantes para la estrategia de seguridad de nuestro Gobierno como son la lucha contra el terrorismo
nacional e internacional, la lucha contra el crimen organizado, la inmigración o la violencia de género. Probablemente me haya dejado alguna cuestión, pero como hay un segundo turno estoy dispuesto a contestar, dentro de la medida de mis
posibilidades, a aquellas cuestiones que hayan quedado fuera de esta respuesta a las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: Le agradezco lo de la admonición, porque estábamos cerca del tiempo que tuvo en su primera intervención, pero repito que el Gobierno no tiene limitación de tiempo en ningún momento en este tipo de comparecencias, somos
los diputados más bien, incluida la presidenta, los que tenemos un interés en que el debate se produzca en un tiempo adecuado, pero no demasiado extenso. Después de oír la intervención del secretario de Estado, daría un turno, si lo quieren los
grupos, pero ahora sí que voy a ser mucho más rígida con los tiempos para poder hacer todo el orden del día.
Tiene la palabra ahora el señor Cosidó por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Intervengo con la máxima brevedad de que soy capaz. Coincidirá conmigo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en que en mi estimación de 90 minutos me quedé bastante escaso. En todo caso, he de reconocer
que ese ha sido el único dato de los varios que he dado en el que he sido razonablemente desmentido y, por tanto, le felicito por ello, porque ahí sí tenía razón, había consumido 61 minutos y no 90 ni los 115 que lleva de intervención actualmente.
El secretario de Estado ha pasado del optimismo al triunfalismo. Le quiero decir que el triunfalismo siempre es malo en política, pero en el Ministerio del Interior es especialmente peligroso, en todo caso no seré yo quien le desee que no
tenga razón en sus más triunfales perspectivas.
Los datos existen, usted los tiene y no los quiere dar. Le agradezco mucho que nos haya dado datos del año 2002, de 2004, de 2006. Se lo agradezco mucho, aunque algunos de los que ha dado son muy
discutibles; aunque no es el sitio ni tengo tiempo. Querría tener los datos del año 2008 y los del año 2007. Esos datos dicen -usted me lo reconocerá, porque están en la página web del Ministerio del Interior respecto al balance del año 2006- que
nunca ha habido más delitos y faltas en España que actualmente. Ya sé que ustedes quitan Cataluña y hacen juegos, pero reconózcame que nunca ha habido en España más delitos. Reconózcame que en la demarcación de la Guardia Civil, en el año 2008
-usted tiene los datos-, los delitos están creciendo un 10 por ciento. Eso no da para triunfalismos, señor secretario de Estado. Eso da para reconocer que tenemos un problema y poner los medios adecuados para poder solucionarlo.
En relación con los recortes de derechos sindicales, primero, es una denuncia unánime de todos los sindicatos policiales, y yo le he dado algunos datos: no reunión del Consejo de la Policía, no convocatoria de elecciones en el Consejo de la
Guardia Civil, limitación de los permisos para actividades sindicales a los policías, expedientes disciplinarios a los policías. Es una denuncia unánime. Yo creo que, objetivamente, es algo que a usted también debería preocuparle, aunque también
es verdad que, después de escucharle, a mí me parece que el 18 de octubre los policías y los guardias civiles se van a manifestar para celebrar los éxitos y las grandes conquistas del Gobierno, más que para protestar por una situación que usted y yo
reconocemos que objetivamente es injusta, al margen de las dificultades que tenga el poner solución en este momento y las negociaciones lógicas que tienen que tener. Reúnanse. Yo le insto formalmente a que tome usted cartas en el asunto porque el
tema va mal y si ustedes no cambian de posición, va a ir peor.
Un último dato. Detenciones efectuadas por la Guardia Civil por entrada ilegal, de enero a agosto de 2007, 4.793; de enero a agosto de 2.008, 4.725. Mire el mes de septiembre -muy pronto va a tener los datos-, no hay una disminución en el
número de detenidos por entrada ilegal. La presión migratoria está creciendo en estos momentos y basta ver un telediario para darse cuenta de que tenemos un problema gravísimo, como muy bien han puesto de manifiesto otros portavoces.
Hace falta un cambio de política de inmigración. Después de escucharle, me da la impresión de que va a proponer una nueva regularización masiva, después del gran éxito que tuvo la anterior, o que usted desmiente al ministro del Interior
cuando habla de una reforma de la Ley de Extranjería para modificar el tiempo para expulsar a los inmigrantes. Me gustaría que se definiera -no lo ha hecho- sobre cuál es la posición del Ministerio del Interior en relación con las contrataciones en
origen. Yo creo que hace falta un cambio de política de inmigración. Y les digo más.
Nosotros les vamos a apoyar en el cambio que necesita la política de inmigración y que ustedes ya han hecho en el discurso. Por tanto, lo que yo les pido es una
cierta coherencia en esa línea.
Lo hemos puesto de manifiesto todos los portavoces -termino ya, señora presidenta-, no solamente el Grupo Popular, y lo ponen de manifiesto todos los sindicatos policiales. Tenemos un serio déficit de protección a las víctimas de la
violencia de género. Señor secretario de Estado, tome medidas en ese sentido.
Por último -y es la última referencia que hago, porque aquí venimos a una comparecencia del secretario de Estado de Seguridad-, no me resisto a decirle al portavoz del Grupo Socialista que veo en él una vocación muy definida de oposición,
que yo espero que sea satisfecha en el menor tiempo posible.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún otro portavoz quiere hacer uso de la palabra? No es obligatorio este turno, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Como no es obligatorio, voy a renunciar, no sin decir que le agradezco al señor Camacho la información proporcionada. Las discrepancias las intentaremos dilucidar en una legislatura que espero que sea larga, y los
consensos espero que queden afianzados y consolidados. En todo caso, yo tengo que tomar un avión esta noche.
(Rumores.) Y le vuelvo a repetir que si se puede hacer alguna indicación, entre otras cosas, porque hemos presentado una pregunta para que
sea respondida por usted mismo o por su ministerio, en donde se indique algo que nadie ha sido -es algo que raya en la metafísica- capaz de discernir todavía en los aeropuertos españoles: cuál es la norma exactamente, dónde está escrita y cuál es
el contenido material que establece el funcionamiento o las actuaciones tanto de los vigilantes privados de seguridad como de los pretendidamente responsables guardias civiles, que a veces es muy difícil encontrarlos por ahí.
La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, le deseo suerte en su próximo viaje a su casa.
Tiene la palabra el señor González Serna.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Tan solo necesito treinta segundos para responder con amabilidad al guante que me lanzaba el señor Cosidó. Si yo volviera a estar en la oposición, si el Partido Socialista volviera a estar en la oposición -lo hará
cuando los ciudadanos así lo manden-, le aseguro que personalmente no haría lo que hace usted y lo que ha hecho el Partido Popular durante mucho tiempo, que es negar sistemáticamente la realidad y negarle al Gobierno sus aciertos en una materia como
la seguridad ciudadana.
La señora PRESIDENTA: ¿Quiere el secretario de Estado cerrar el turno de este debate?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Su señoria me conoce perfectamente. Ni peco de optimista ni de triunfalista, simplemente he hecho una reflexión sobre datos objetivos y espero todavía que al final de mi
comparecencia S.S. se vuelva optimista e incluso, por qué no, triunfalista en relación con la buena labor realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los últimos tiempos y el buen nivel de seguridad que nuestros ciudadanos
perciben. Como sé que es un diputado cercano a la ciudadanía, debe situarse en el nivel en el que están los ciudadanos en torno a la percepción de nuestro sistema de seguridad.
Señoría, no le he proporcionado los datos de 2002 o de 2003; le he proporcionado datos de 2007, lo único que ahora me pide los de 2008.
Probablemente, eso sea bastante complicado. No hay institución en el mundo que sea capaz de
proporcionar datos en torno a un año que todavía no ha finalizado. Yo le puedo hacer desde mi optimismo una especie de proyección de futuro, pero simplemente sería una proyección de futuro. En todo caso, le reitero que si el Poder Judicial
presenta en el mes de septiembre los datos de 2007, así como la Fiscalía General del Estado, no vamos a ser oscuros todos, no vamos a esconder una realidad, y le he adelantado con cifras que los datos son buenos. Y, por lo que yo percibo, los datos
de 2008 son mejores y creo que eso le alegra profundamente.
Por lo que se refiere al conflicto sindical, reitero que la voluntad de acuerdo es máxima por parte del Ministerio del Interior, que los expedientes disciplinarios que se han abierto es porque se han realizado conductas que contravenían
leyes previamente aprobadas y que además están sometidos al control judicial, es decir, no ha habido ninguna voluntad de exceso por parte de ningún responsable policial a la hora de hacer frente a esas conductas que incurrían en las leyes
disciplinarias. Por otra parte, en ningún momento he desmentido al ministro en nada en mi intervención, ni siquiera en lo relativo a la reforma de la Ley de Extranjería. El ministro habló de que se iba
a incrementar el plazo de internamiento y eso es lo que yo he dicho. Por lo tanto, contradicción ninguna.
En cuanto a contrataciones en origen -finalmente y ya que me pregunta-, se va a mantener la política -y así creo recordar que lo dijo también el ministro- de contrataciones en origen, en la medida en que haya sectores en donde sigamos
necesitando, como seguimos necesitando, la aportación de trabajadores extranjeros.
Por lo que se refiere a las víctimas de violencia de género, reitero la invitación que he hecho a S.S. para que vaya y vea el sistema de seguimiento y lo que estamos haciendo y después de eso reflexionemos conjuntamente en lo que sin duda
constituye el objetivo de todos los diputados que están presentes en esta Cámara, que es conseguir una mayor y mejor protección de las víctimas de un fenómeno tan execrable como es la violencia de género.
- DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA FECHA PREVISTA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE LEGUTIANO, EN ÁLAVA (Número de expediente 181/000244.)
La señora PRESIDENTA: Terminado este primer punto de la sesión de la Comisión, pasamos a los puntos siguientes, que son preguntas. La número 2º y la número 3.º son dos preguntas del señor Cosidó. ¿Tendría inconveniente en formular las dos
a la vez para ahorrar tiempo en el procedimiento?
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Prometo a la presidenta ser extraordinariamente breve, pero preferiría no mezclar los dos temas porque son tan diferentes que no procede mucho aglutinarlas en una sola.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para una primera intervención breve sobre la primera pregunta.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Todos conocimos el atentado tan brutal que se produjo en el puesto de la Guardia Civil de Legutiano, que lamentablemente costó la vida a un guardia civil y que por fortuna no produjo más víctimas civiles, porque
visto el grado de destrucción que había en el cuartel podían haberse producido más víctimas que la que hoy tenemos que lamentar. A mi grupo le parece que sería importante por parte del Gobierno obrar con la máxima diligencia. Por otro lado, con
posterioridad a la formulación de la pregunta parece que así está siendo por alguna referencia de prensa, pero no queríamos dejar de instar al Gobierno a que ese cuartel se reconstruyera en el tiempo más breve posible, porque cuando se produce un
atentado de esta naturaleza creo que es muy importante mandar el mensaje a los terroristas de que, más allá del dolor que causan, no van a conseguir ninguno de sus objetivos políticos, ni siquiera ninguno de los objetivos materiales más inmediatos
que provocan. Ese era el sentido de la pregunta y espero la respuesta del señor secretario de Estado.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Por lo que se refiere a la argumentación de fondo del representante del Partido Popular estamos absolutamente de acuerdo en la necesidad de la reconstrucción en el mínimo tiempo
indispensable del cuartel de Legutiano. A estos efectos ya se ha tramitado por el procedimiento de emergencia el expediente para la demolición de los restos del cuartel de Legutiano, que finalizó el 21 de julio de este año 2008. La previsión a
partir de este momento es que la redacción del proyecto se realice a lo largo de 2009 y la construcción se lleve a cabo en los años 2010 y 2011, ascendiendo en este momento de una manera provisional el importe de reconstrucción del cuartel de
Legutiano a 4,5 millones de euros. La cantidad concreta solo se sabrá una vez que, a lo largo del año siguiente, tengamos redactado el proyecto del nuevo cuartel de Legutiano.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias por la información, y únicamente queremos hacer la petición al Gobierno de que, en la medida en que se pueda, se acorten esos plazos lo máximo posible. Sabe que hemos solicitado -y el Gobierno ha
tomado alguna iniciativa en ese terreno- que el nuevo proyecto mejore en todo lo posible los sistemas de seguridad que lamentablemente son necesarios en este tipo de instalaciones en el País Vasco, en Navarra y en muchos otros sitios de España y que
se dé la máxima prioridad dentro de lo que es el presupuesto para que, insisto, esos plazos sean lo más breves posible.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): No tenga ninguna duda S.S. de que así se hará.
- DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA ATAJAR EL AUMENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN PALENCIA. (Número de expediente 181/000245.)
La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta también es del señor Cosidó.
Tiene la palabra para formularla.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: De manera muy breve por la hora en la que estamos ya. Yo soy diputado por Palencia, como bien conocerá, y Palencia es una provincia y una ciudad maravillosa y además tiene entre sus cualidades ser una provincia
particularmente tranquila, en la que los niveles de seguridad ciudadana siempre han estado muy por encima del conjunto de la media nacional. En este último año hemos asistido a dos fenómenos que han generado una gran alarma social: por un lado,
una ola de atracos con armas a distintos establecimientos hosteleros y, por otro lado, una ola de robos en comercios que ha tenido su prolongación en un incremento notable de los robos con fuerza en las cosas en los pueblos de la provincia. Estoy
seguro de que el secretario de Estado va a poner de manifiesto los buenos índices de seguridad que hay en el conjunto de España, pero quiero transmitirle que la seguridad, como bien sabe -y se ha referido a ello-, tiene un componente objetivo y otro
subjetivo, y en una provincia en la que afortunadamente el número de delitos es menor que en otras este tipo de hechos genera una enorme alarma entre la población.
Me gustaría saber qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Ministerio del
Interior para poner coto a esta situación de incremento de la delincuencia.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para dar respuesta el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Debo comenzar mi intervención negando la afirmación realizada por S.S., y mire que lo siento. No es cierto que esté aumentando la inseguridad ciudadana.
A todos nos preocupan
determinados hechos violentos que pueden producirse en el ámbito de nuestro país, pero no podemos analizar la seguridad ciudadana solamente por esos hechos, porque incurriríamos en un error, y no tengo ninguna duda de que S.S. no quiere ni pretende
incurrir en ningún error. Nos preocupan los hechos aislados, pero a la hora de analizar la situación de seguridad e inseguridad ciudadanas hemos de acudir a cifras objetivas, más allá de la apreciación que podamos tener al conocer determinados
hechos violentos. La afirmación de que está produciéndose un aumento en la inseguridad ciudadana en Palencia sería alarmista y poco responsable. El índice de criminalidad, la tasa de criminalidad -estamos hablando del número de infracciones por
mil habitantes- se ha reducido. Si era de 40 puntos en el año 2000 pasó a ser de 35.7 en el año 2005 y de 33.7 en el año 2007. Por tanto, se ha reducido prácticamente 7 puntos. ¿Qué es lo que hemos hecho para que se reduzca esa tasa en la
provincia de Palencia? En primer lugar, se ha procedido a la especialización de los servicios policiales de la comisaría provincial de Palencia, creando cinco brigadas donde antes no había: una brigada de seguridad ciudadana, otra de Policía
judicial, una tercera de extranjería y documentación, una de información y otra de Policía científica. Se ha creado también en ese ámbito el servicio de atención a la familia y se ha creado un grupo de unidades policiales de intervención. Por otro
lado, los efectivos se han incrementado tanto en el ámbito de Policía como de Guardia Civil, pasando en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la provincia de Palencia de 732 a los 808 actuales. Se mantienen, al igual que en todo el territorio nacional,
los planes operativos de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en los centros educativos y sus entornos, así como en los lugares de ocio y diversión, el plan de actuación policial sobre la zona periurbana de Palencia,
especialmente en el término municipal de Venta de Baños, y se está también desarrollando en esa provincia el plan director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar. Por otro lado, desde el 1 de junio al 30 de septiembre, como bien sabe
S.S., está activado el plan de presencia y prevención policial en la zona turística y comercial de Aguilar de Campoo, y durante esas mismas fechas se ha potenciado asimismo el núcleo de reserva de la Guardia Civil. Por tanto, entre las medias
estratégicas de coordinación, los planes específicos y los incrementos que se han producido en personal hemos conseguido que la situación de la seguridad ciudadana en Palencia sea mejor, y no tengo ninguna duda de que por sus conexiones con esa zona
S:S: también se felicitará de que este Gobierno haya mejorado en Palencia la situación de inseguridad ciudadana que previamente había.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Yo me felicito de cualquier mejora para mi provincia, aunque la haya hecho este Gobierno, y quiero agradecerle que por una vez me haya reconocido el importante descenso de delincuencia que hubo en esa provincia
hasta el año 2005. No le voy a discutir que ha habido también un leve descenso en el año 2007, pero eso entra manifiestamente en contradicción con un incremento espectacular de las diligencias previas de la fiscalía, aunque ya sé que usted, no sé
si por su condición de fiscal, considera que ese dato es absolutamente irrelevante en términos de medir delincuencia. A mí me parece que es un dato más que se debe considerar, que se debe valorar, entendiendo que son conceptos distintos, que tienen
matices, pero sin duda no es irrelevante y por eso la Fiscalía General del Estado elabora su memoria y lo da bajo un epígrafe general de delincuencia y seguridad ciudadana. Como yo no le voy a discutir eso, espero que usted no me discuta que los
delitos de robo con fuerza en las cosas en la provincia y los delitos con violencia en la capital han aumentado en este año 2008, y si me lo desmiente estaremos en disposición de contrastar cifras. Pero yo le digo que, realmente, en este año -y
usted se ha referido únicamente hasta el año 2007-ha habido una creciente preocupación, que yo le digo que es muy real, que está ahí. Y a mí me gustaría llevar a mi provincia algún mensaje tranquilizador en ese sentido. Nosotros tenemos un
déficit de plantillas -como usted conoce- que también está muy por encima de la media nacional, tanto en Guardia Civil como en el Cuerpo Nacional de Policía, a pesar de que reconozco que se ha aumentado algo en concreto en el caso del Cuerpo
Nacional de Policía en los últimos años. Pero ante este repunte de delincuencia me gustaría que esas plantillas se pudieran cubrir, que tuviera como objetivo el ministerio cubrirlas al cien por cien. Me gustaría llevar esa buena noticia, que
llenaría de felicidad, seguro, a muchos palentinos. Y también que en los próximos Presupuestos Generales del Estado tengan en consideración que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en esta provincia -que, por cierto, hacen un trabajo encomiable y
respecto a las que no puede haber más que felicitaciones y elogios por la labor que realizan día a día- puedan realizar esa función con una mayor dotación de medios. Estoy seguro que el secretario de Estado, que le veo muy preocupado por mi
felicidad, tendrá alguna buena noticia que darme.
La señora PRESIDENTA: Responde de nuevo el señor secretario de Estado de Seguridad.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Brevemente.
El secretario de Estado está preocupado por su felicidad, como está preocupado por la felicidad, en materia de seguridad, de todos y cada uno de los ciudadanos, y
sin duda S.S. lo es. Simplemente, quiero recordarle a S.S que si conseguimos reducir la tasa en 2005 fue porque gobernamos en 2004 y en 2005. Es cierto que se ha producido un ligero repunte en algunos delitos, pero la tasa total ha disminuido. Y
creo que puede llevar a sus paisanos buenas noticias, y es que este Gobierno ha conseguido, por ejemplo, que la tasa de homicidios dolosos o asesinatos en Palencia, a lo largo de 2007 y 2008 sea cero. Que, por ejemplo, la tasa de robos con fuerza
en la cosas, que era de 49.6 por cada 10.000 habitantes en 2001, sea ahora de un 28.8, y así sucesivamente. Puede llevarles buenas noticias. (El señor Cosidó Gutiérrez: En 2001.) Sí, en 2001 era un 49.6; en 2002, un 48 ahora, es un 28.8.
Ciertamente, un poco por encima de la que era en 2007. En todo caso, esa buena nueva que puede llevarles a los palentinos es que el Gobierno que en este momento gobierna lo está haciendo bien en materia de seguridad.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA, EN SUSTITUCIÓN DE DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO. (Número de expediente 181/000075.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a las preguntas de los puntos 4.º y 5.º del orden del día. Como no está el señor Heredia, que es el diputado que preguntó la del punto 4.º, hará la intervención en su nombre otro diputado por Málaga, el
señor Torres Mora. Tiene la palabra.
El señor TORRES MORA: Señor Camacho, efectivamente, hago esta pregunta en sustitución de mi compañero Miguel Ángel Heredia. Además de ésta, tanto él como yo, hemos formulado alguna otra pregunta por escrito sobre la situación de la
implantación del DNI electrónico en nuestra provincia, Málaga, por la que ambos somos diputados. Consultando los archivos de la Cámara vemos que en la pasada legislatura hubo 45 iniciativas parlamentarias sobre el DNI electrónico, y en esta ya van
12. Creo que a nadie puede sorprender el interés que suscita el DNI electrónico teniendo en cuenta su importancia para el desarrollo de la sociedad de la información y la importancia que tiene poderse identificar con seguridad en Internet. (El
señor vicepresidente, Rascón Ortega, ocupa la Presidencia.) Los ciudadanos españoles, a partir de la implantación del DNI electrónico, pueden usar el mismo instrumento para identificarse tanto en el mundo digital como en el mundo físico, el DNI
electrónico. No cabe duda de que una operación como la que se ha puesto en marcha de implantación del DNI electrónico produce, sin duda, problemas organizativos y técnicos que en la pasada legislatura, cuando empezó a implantarse generaron algunas
noticias sobre colas en las comisarías a la hora de obtener el DNI. Hoy he mirado en un buscador de noticias de Internet y he visto que en las últimas semanas -casi en el último mes- solo metiendo DNI electrónico y colas aparecían doce noticias,
pero no se referían a que hubiera colas en las comisarías, sino a que el DNI electrónico eliminaba las colas. Recuerdo un viaje en coche con un amigo científico en el que de pronto nos encontramos con un atasco que apareció de la misma forma tan
milagrosa como desapareció, y mi amigo que era un experto en teoría matemática de colas me dijo: Probablemente el origen de este atasco tenga lugar en otro momento y en otro lugar y ahora lo estamos padeciendo. Tengo la impresión de que con las
colas en las comisarías de la pasada legislatura pasó lo mismo, que tuvieron su origen en otro tiempo, un tiempo en el que se redujeron los recursos humanos y materiales en las comisarías. De igual modo, creo que la desaparición de las colas en la
presente legislatura tiene que ver con la importante inversión que en medios materiales y humanos realizó el Gobierno del presidente Zapatero en la pasada legislatura. Por tanto, ya que afortunadamente no tenemos noticia de atascos en la expedición
del DNI electrónico, le rogaría que nos las diera de los avances en la implantación del mismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rascón Ortega): Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Como bien saben SS.SS.,
el proyecto de DNI electrónico se pone en marcha en el año 2005 con un coste previsto en aquel momento de 314 millones de euros, mejorando y ampliando el nivel de seguridad en la identificación del titular, la seguridad en el documento y,
sobre todo, los servicios que puede proporcionar a nuestros ciudadanos en una administración y en un mundo cada vez más electrónico este nuevo documento de identidad. Además, la generalización del DNI electrónico ha supuesto una serie de medidas
complementarias que nosotros interpretamos como avances, como son a ampliación de los horarios de apertura al público de las oficinas de expedición del DNI, la contratación temporal de personal para hacer frente a ese sistema, la implantación del
sistema de la cita previa para la obtención del DNI y el pasaporte, además de un plan de carácter estructural para la adscripción de funcionarios de carrera a los equipos.
Es cierto, y espero que no se me considere especialmente pesimista por ello,
que a lo largo del último año hubo problemas en alguna de las oficinas, fruto de la adaptación y de la necesidad de hacer una ampliación de personal importante, que prácticamente en funcionarios interiores fue de un millar de personas. Intentamos
solucionar el problema y creo que en este momento está solucionado. Con la puesta en marcha de las oficinas del DNI electrónico en la ciudad de Lleida, el pasado día 28 de mayo, se considera ultimado el proceso de despliegue de la implantación del
DNI electrónico. En este momento se puede obtener en todas las capitales de provincia y en 143 localidades más, totalizando 195 ciudades y 242 oficinas dotadas todas con el sistema de expedición del nuevo documento, lo que representa el total de
las oficinas de documentación que teníamos. El objetivo es que el actual sistema de expedición del antiguo documento, que tiene un carácter muy residual, quede finalizado a lo largo del mes de octubre. A fecha 18 de septiembre de 2008 el número de
DNI electrónicos expedidos es de 6.231.139.
Finalmente, quiero poner de manifiesto que en el nuevo sistema de expedición, esta se produce en el mismo momento en que el ciudadano lo pide, con lo cual evitamos la doble presencia y, por tanto, mejoramos lo que creo que debe ser objetivo
de todas las administraciones, que es la atención al ciudadano.
El señor VICEPRESIDENTE (Rascón Ortega): ¿Renuncia el señor Torres Mora?
El señor TORRES MORA: Solo quiero dar las gracias.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS GONZÁLEZ SERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS OPERATIVOS Y DE COORDINACIÓN PUESTOS EN MARCHA PARA LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA. (Número de
expediente 181/000376.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rascón Ortega): La última pregunta del orden del día es del señor González Serna, que tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Renuncio a formular la pregunta que figura en el orden del día, dado que ha sido respondida de forma totalmente clara por el señor secretario de Estado a lo largo de su intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Rascón Ortega). No sabe cómo se lo agradecemos los que estamos aquí y el señor secretario de Estado para poder coger nuestros vuelos y AVE.
Gracias a todos los diputados y especialmente al señor secretario de Estado.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.