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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 65, de 28/08/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 65
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 6 (extraordinaria) celebrada el jueves 28 de agosto de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), para informar sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. A petición propia. (Número de expediente 214/000033.)...
Se abre la sesión a las seis de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, si les parece, damos comienzo a la reunión, que tiene como único punto del orden del día la comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, don Pedro Solbes, para
informar sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Damos la palabra al compareciente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.
Comparezco ante esta Comisión de Economía y Hacienda, en sesión extraordinaria, para informar sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Señorías, desde la formación del actual Gobierno el Consejo de Política Fiscal y Financiera se
ha reunido dos veces, el 20 de mayo y el 22 de julio, y en ambas ocasiones tuve la oportunidad de adelantar los planes del Gobierno sobre la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de
Autonomía. En la reunión de mayo anticipé las que considerábamos que debían ser las distintas fases del procedimiento a seguir para la reforma del sistema actualmente en vigor. Dicho procedimiento contemplaba el desarrollo de una primera ronda de
contactos con las comunidades autónomas para, tras realizar un análisis conjunto, presentar una propuesta con las bases para la reforma del sistema que fuera lo más consensuada posible. De acuerdo con este compromiso de trabajo, se desarrollaron en
los meses de junio y julio los contactos bilaterales.
Concluidos los mismos, se elaboró el documento de bases de reforma que se presentó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 22 de julio. El documento trataba de ser una base común,
un marco ampliamente compartido, desde el cual podríamos abordar los aspectos más concretos del modelo, y responde al plan de trabajo trazado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 20 de mayo y recibido entonces por las comunidades
autónomas de manera positiva. De acuerdo con este plan y una vez presentadas las líneas básicas de la reforma, se continuarían las negociaciones para avanzar en la reforma del modelo de financiación.
Respecto al contenido del documento, tengo que recordar hoy a SS.SS. la presentación que hice en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de los doce puntos que lo conforman, aunque lo haré de forma muy breve. En primer lugar, recoge el
principio de garantía de la suficiencia global, presente en todos los estatutos de autonomía, incluidos los recientemente reformados, así como en la Constitución española, a través del principio de autonomía del artículo 156. Su significado es
claro. Los recursos de las comunidades autónomas procedentes del sistema de financiación deben ser suficientes para desarrollar todas las competencias transferidas que puedan presentar niveles ligeramente diferentes, mientras que el uso de
capacidad normativa en tributos cedidos y tributos propios les proporciona la posibilidad de ajustar al alza o a la baja las prestaciones.
En segundo lugar, se establece una garantía de financiación de los servicios públicos fundamentales, que formaliza un principio esencial recogido en el artículo 158 de la Constitución española y de una u otra manera en los nuevos estatutos
de autonomía. Su objetivo es asegurar con los recursos del sistema la misma financiación por unidad de necesidad o habitante ajustado para las prestaciones de los servicios públicos fundamentales, independientemente del lugar de residencia. La
prestación de tales servicios es un derecho personal que, como tal, debemos garantizar con la solidaridad de todos los ciudadanos.
El tercer punto tiene un carácter instrumental y se refiere a los mecanismos técnicos que se utilizarán para llevar a la práctica los dos principios básicos anteriormente descritos. Dadas las diferentes posturas respecto a la mejor forma de
alcanzar conjuntamente la suficiencia y la garantía de los servicios básicos, este aspecto requiere, lógicamente, una posición de partida abierta por nuestra parte, así como un esfuerzo de explicación y búsqueda del consenso entre todos.
Una vez establecidos los principios básicos del modelo, el siguiente punto establece el compromiso del Estado de añadir recursos al sistema, respondiendo a lo que es el eje básico de la acción de este Gobierno, que es mejorar el Estado del
bienestar. Sabemos el trascendental papel de las comunidades autónomas que tienen asignado en las prestaciones del Estado del bienestar. Conocemos las dificultades financieras actuales por las que pasan, por la caída que se está produciendo en los
ingresos tributarios de los impuestos totalmente cedidos y queremos que en lo posible no se resientan estas prestaciones. Por ello, aunque está demostrado que el actual sistema, desde el punto de vista de la suficiencia, ha generado cada año más
recursos, no solo en términos absolutos, sino también para cada una de las comunidades autónomas y en general también en financiación per cápita, reconocemos las tensiones que la prestación de algunos servicios, como sanidad, educación o ciertos
servicios sociales, puede estar ocasionando y por ello queremos ayudar en lo posible, aunque sin olvidar que en estos momentos es el Estado quien posiblemente tendrá mayores exigencias en el cumplimiento de las funciones de estabilidad económica y
presupuestaria que le son propias.
El reparto de estos fondos adicionales se decidirá en el marco de las negociaciones, ajustándose a las necesidades y evolución de la población, pues no podemos desconocer el importante aumento de la misma en
España desde la negociación del modelo anterior, ni el fenómeno migratorio que lo ha provocado. En cuanto a su cuantía global, como no puede ser de otro modo, se ajustará a las posibilidades presupuestarias.
El siguiente apartado del documento de base establece el ajuste dinámico del sistema, principio también recogido en los estatutos de autonomía. El modelo actual, si
bien ha elevado notablemente la financiación per cápita en su periodo de funcionamiento, no reconoce de manera explícita la evolución de las necesidades, un aspecto que consideramos fundamental corregir si no queremos que ocurra lo mismo que
con el modelo actual. Además, queremos que el nuevo modelo no quede obsoleto en pocos años. Para ello, ciertas variables pueden cambiar y medirse cada año, mientras que otros elementos del sistema requieren más tiempo para ver su evolución y
efectos y, por tanto, podrán revisarse quinquenalmente. De forma complementaria, el sistema debe, lógicamente, recompensar los esfuerzos fiscales de todo tipo, normativos y de gestión, de manera que redunden en mayores recursos para las comunidades
autónomas más activas en la mejora de su financiación. Creemos que no es razonable que, por ejemplo, se rebajen impuestos al mismo tiempo que se piden más recursos al Estado o que esa pérdida de recursos se compense mediante el sistema general,
para así poder seguir atendiendo en las mismas condiciones las necesidades de cada uno. En definitiva, los objetivos de suficiencia global y de garantía de los servicios públicos fundamentales queremos que se cumplan no solo en el primer año de
aplicación sino de manera estable en el tiempo para no vernos obligados a revisar completamente el modelo por cualquier cambio en las circunstancias económicas o sociales. Por eso queremos introducir también elementos dinámicos en el modelo.
En sexto lugar, el documento establece la cláusula de statu quo, que no debería representar una sorpresa para nadie, dado que siempre se ha respetado en los cambios de modelo. Constituye la única alternativa viable para la búsqueda de
consenso y configura el punto de partida estático de su nuevo funcionamiento. En todo caso, en el nuevo modelo, las necesidades y su evolución deben tener un papel relevante y por ello también las variables que las instrumenten. Actualmente las
variables son la población, con sus ajustes de población protegida y edad; la dispersión; la superficie y la insularidad, cada una con sus respectivas ponderaciones. En la ronda de contactos con todas las comunidades autónomas, hemos podido
conocer las distintas posiciones al respecto de este punto esencialmente técnico, bien para incorporar variables nuevas, bien para ponderar de forma diferente las existentes. Si en cualquier aspecto del nuevo modelo buscáramos el consenso, en este
punto quizás sea más necesario el esfuerzo. Si no existiese un nuevo acuerdo de partida, proponemos avanzar en el marco de los trabajos técnicos necesarios, siguiendo la línea de los ya realizados en los grupos de población o sanidad y
constituyendo, como ya he puesto de relieve en alguna ocasión, un comité técnico ampliamente solicitado por los estudiosos en esta materia.
El siguiente apartado recoge nuestra convicción de que en el nuevo modelo se debe profundizar en la autonomía y corresponsabilidad, y esto es posible si se adoptan las siguientes medidas. Primero, aumentamos los porcentajes de cesión de los
principales impuestos estatales en el entorno del 50 por ciento; impuestos sobre la renta de las personas físicas, impuestos sobre el valor añadido o impuestos especiales.
Evidentemente, este concepto del entorno del 50 por ciento no es
contradictorio con otras cifras distintas a este 50 que aparecen en algún estatuto. Hay que mantener también la cesión total de los ya cedidos.
Este ha de ser un elemento clave del nuevo sistema, ambos elementos, que permitirá cumplir con algunos
de los citados anteriormente, suficiencia y garantía de financiación de servicios públicos fundamentales. El porcentaje exacto de cesión dependerá en cualquier caso del ajuste final del modelo y de otros factores, como por ejemplo la mejora de la
percepción de la corresponsabilidad por parte de los ciudadanos. En segundo lugar, dentro de este ámbito de la autonomía y corresponsabilidad, hay que ampliar la capacidad normativa de las comunidades autónomas donde sea posible, fundamentalmente
en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, buscando también una mayor coordinación ante las comunidades autónomas con la Administración General del Estado, para evitar problemas innecesarios. En tercer lugar, hay que mejorar la
participación y colaboración entre todos en la gestión del sistema tributario, especialmente en la participación de las comunidades autónomas en las decisiones de gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en compartir la
información. En cuarto lugar, mejorando la identificación de los distintos niveles de gobierno, de manera que los ciudadanos puedan conocer a quienes están pagando sus impuestos y así pedir las responsabilidades correspondientes. Esto favorecerá,
en nuestra opinión, una mayor transparencia y corresponsabilidad y permitirá a las comunidades autónomas estar en mejores condiciones para enfrentarse a sus retos de futuro. Todo ello debe hacerse en el marco de una mayor coordinación entre las
propias comunidades autónomas con la Administración General del Estado, para preservar la coherencia del sistema tributario en su conjunto y la unidad de mercado.
Los siguientes puntos del documento se refieren a la mejora de la articulación del principio de lealtad institucional teniendo en cuenta, en el diseño del nuevo modelo, la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, la cesión de
competencias en materia de revisión económica administrativa y la mejora de la gestión financiera del sistema, especialmente las entregas a cuenta, aspectos todos ellos reclamados por las comunidades autónomas y que contribuirán a mejorar el
funcionamiento del sistema. Por último, soy consciente, como ya dije en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de que el modelo que estamos anunciando no responde en su totalidad a las circunstancias específicas de Ceuta y Melilla, por lo que
quiero dejar constancia de que tomaremos en consideración sus necesidades y singularidades en consonancia con nuestra intención de mejorar la financiación de todas las partes implicadas.
Con estas bases, señorías, el Gobierno considera que está cumpliendo con los principios contenidos en todos
los estatutos de autonomía. Todos los nuevos estatutos contienen preceptos que suponen modificaciones en el modelo actual de financiación, salvo en el caso del de la Comunidad Valenciana, que utiliza la técnica de remisión a la Ley orgánica
de financiación de las comunidades autónomas.
En todos está previsto garantizar la igualdad de prestación de servicios de educación, sanidad y otros servicios sociales esenciales del Estado del bienestar, a igualdad de esfuerzo fiscal, pero también
que los niveles serán fijados por el Estado. Asimismo, todos prevén un incremento de la capacidad normativa, el fomento de los medios de colaboración y coordinación que se consideren oportunos para la aplicación de los tributos cedidos, en especial
cuando así lo exija la naturaleza del tributo, mediante la constitución de un consorcio tributario o ente equivalente, y la asunción por los órganos económico-administrativos de la comunidad de la revisión económico-administrativa de las
reclamaciones contra los actos dictados por sus propios órganos de gestión tributaria.
Prácticamente todos prevén expresamente la actualización quinquenal del sistema, sin perjuicio de la puesta al día de las variables básicas utilizadas. Pero
también hay que constatar que existen diferencias.
En el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, la población se tendrá en cuenta como variable básica en la determinación de las necesidades de gasto, rectificada por costes diferenciales y variables demográficas, en particular el porcentaje
de población inmigrante. También se tendrá en cuenta la densidad de población, la población en situación de exclusión social y la dimensión de núcleos urbanos. En el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, la variable básica de financiación será
la población real efectiva, determinada de acuerdo con la normativa estatal, y en su caso la protegida, así como su evolución. Además, señala que se tendrán en cuenta otras circunstancias que pudieran influir en el coste de los servicios que se
presten. En el nuevo Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, la variable básica será la población real efectiva, determinada de acuerdo con la normativa estatal; además de la población real efectiva y su evolución se recoge el reconocimiento
específico del hecho diferencial de la insularidad. En el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, las variables serán el esfuerzo fiscal, su estructura territorial y poblacional -especialmente el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de
población-, así como los desequilibrios territoriales. Y el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León prevé la ponderación adecuada de los factores de extensión territorial, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población.
A pesar de esas diferencias, señorías, las propuestas de base en la reforma del sistema de financiación se ajustan a los principios contenidos en las disposiciones estatutarias. La ausencia por el momento de un acuerdo entre las diferentes
partes implicadas no puede ser considerado un incumplimiento achacable a una de ellas, particularmente al Gobierno, y este continuará trabajando, tal y como ha venido haciéndolo, de forma transparente para lograr articular un acuerdo que permita
tener en cuenta las diferencias estatutarias y que sea beneficioso para todos los ciudadanos.
Señorías, además, con esta propuesta el Gobierno considera que se está cumpliendo en forma y contenido con el Estatuto de Cataluña. El Estatuto de Cataluña establece el 9 de agosto de 2008 como fecha para concretar las bases de la reforma y
el 9 de agosto de 2011 para su aplicación definitiva. Lógicamente, para poder cumplir con estos plazos, las partes implicadas deben llegar a un acuerdo teniendo en cuenta que el modelo debe ser único -armónico, si prefieren- para todas las
comunidades autónomas. En este sentido, el Estado ha hecho pública su propuesta antes del 9 de agosto de 2008 y esta propuesta de bases de la reforma del sistema de financiación se ajusta a las disposiciones estatutarias, como más adelante les
demostraré. La ausencia por el momento de un acuerdo entre las diferentes partes implicadas no puede ser considerado un incumplimiento achacable a una de ellas particularmente. En lo referente al plazo para la aplicación completa del nuevo modelo
de financiación, el 9 de agosto de 2011, es voluntad del Gobierno que el nuevo modelo entre en vigor, como hemos repetido de forma reiterada, en el año 2009 y que se cumpla así una aplicación gradual que permita la plena vigencia en el año 2011.
Pero no solo se han cumplido o se cumplirán los plazos, sino que el Gobierno considera que también se cumplen los principios del Estatuto de Cataluña. Para ello basta comparar los preceptos del Estatuto que se refieren al modelo de financiación con
los principios de reforma contenidos en el documento de bases presentado por el Gobierno, sobre el que les he informado al comienzo de esta comparecencia. Los principios de suficiencia global, autonomía, corresponsabilidad y lealtad institucional
están contemplados en los artículos 201 y 204 del Estatuto de Cataluña; la cesión de competencias en materia de revisión económica administrativa está prevista en el artículo 205; la garantía de financiación de los servicios públicos fundamentales
así como las variables de distribución y el esfuerzo fiscal se contemplan en el artículo 206; el ajuste dinámico está previsto en el artículo 208 y la lealtad institucional, en el 209.
En todo caso, como ya he indicado, continuaremos trabajando
para llegar a un acuerdo que permita que la reforma del sistema de financiación entre en vigor el próximo año.
Finalmente, señorías, querría destacar que el proceso de reforma y negociación también cumple con la Constitución. Existe doctrina abundante del Tribunal Constitucional sobre los criterios de multilateralidad y bilateralidad en las
negociaciones del modelo de financiación que se pueden encontrar resumidos en el contenido de las sentencias 13/2007 y 58/2007. Esta doctrina establece que la aprobación del sistema de financiación corresponde al Estado como desarrollo de sus
competencias de coordinación financiera -artículos 149.1.14.ª y 157.3 de la Constitución-. Es al legislador estatal a quien, de conformidad con lo establecido en los artículos 138.1
y 156.1 de la Constitución incumbe dar efectividad a los principios de suficiencia de las comunidades autónomas y de solidaridad y equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.
La Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas forma parte del llamado bloque de constitucionalidad, artículo 157.3 de la Constitución, y debe aplicarse armónicamente con todos los estatutos. No puede reformarse directamente
por estos y así lo ha dicho de forma reiterada el Tribunal Constitucional. También la doctrina del Tribunal Constitucional establece que en esta materia debe regir, y esto es muy importante, el principio de cooperación, que implica un procedimiento
negociado con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si no fuera posible el consenso, el Estado puede hacer prevalecer sus criterios.
Respecto al papel, muy importante, de las comisiones mixtas, el Tribunal Constitucional entiende que el marco multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera no puede desplazar, en el ámbito específico de sus competencias, la
actuación de las comisiones mixtas. Es decir, ha de integrarse también con las funciones que dichas comisiones tengan en su caso atribuidas en las normas estatutarias y en la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, en cuanto
órganos bilaterales específicamente previstos para completar la aplicación a cada comunidad autónoma del sistema de financiación y también, en su caso, de los criterios acordados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Este es el esquema institucional y de procedimiento presente en el actual bloque de constitucionalidad y conforme al mismo deberán interpretarse, a nuestro juicio, los preceptos estatutarios. A partir de ahí, señorías, el Gobierno sigue
trabajando en un modelo de reforma del sistema de financiación de comunidades autónomas y de ciudades con Estatuto de Autonomía que cumpla con la Constitución y los estatutos de autonomía.
Creemos que el modelo va a mejorar la financiación y
ayudará a que los ciudadanos reciban mejores servicios, pero las comunidades autónomas deben también asumir sus responsabilidades y no limitarse únicamente a pedir más recursos al Estado. Les recuerdo que los gastos en educación, sanidad y
servicios sociales han crecido estos años en el conjunto de las comunidades autónomas en el mismo porcentaje que el resto de los gastos.
Por tanto, no se puede afirmar con carácter general, para todas ellas, que los problemas de financiación los
tienen por el crecimiento de los gastos en servicios públicos fundamentales.
El documento de bases de la reforma presentado por el Gobierno el 22 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pretendía ser un ejercicio de transparencia y búsqueda del necesario consenso. El modelo de financiación presentado
afecta a todas las comunidades autónomas y para concretarlo es imprescindible llevar a cabo esas negociaciones bilaterales, imprescindibles, pero también multilaterales para conseguir ese planteamiento armónico. La consecución del consenso para
obtener un buen acuerdo para el futuro es por tanto responsabilidad de todos.
En definitiva, el procedimiento de trabajo y la propuesta que el Gobierno presentó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 22 de julio demuestran que seguimos teniendo el máximo interés en sacar adelante un nuevo modelo de
financiación, aunque sabemos que será una negociación difícil y compleja. Quiero destacar una diferencia frente a negociaciones anteriores. En este caso estamos siendo transparentes, hemos hablado con todas las comunidades autónomas varias veces,
todas conocen el resultado del modelo actual hasta el año 2006, hemos presentado dos veces consecutivas los planes del Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y todo ello yo creo que ha permitido un mejor conocimiento de las
posiciones de los demás y nos ha permitido, a través de numerosas reuniones bilaterales y de las comisiones mixtas previstas en los nuevos estatutos, avanzar en los posibles cauces para un acuerdo. Sabemos de la importancia que la reforma del
sistema tiene y seguiremos esforzándonos para que sea posible cuanto antes. Consideramos que la propuesta que el Gobierno presentó sigue siendo un buen punto de partida para iniciar la negociación, sobre la base de que ninguna comunidad autónoma
saldrá perjudicada con el nuevo modelo, que seguirá siendo solidario, como exige la Constitución, y que el sistema permitirá disponer de recursos adicionales, de acuerdo evidentemente con las disponibilidades presupuestarias del Estado, para
reforzar la financiación del Estado del bienestar en beneficio de todos los ciudadanos.
Estos son los elementos que quería comentar hoy con más detalle.
Evidentemente, a lo largo de este mes hemos continuado los contactos técnicos necesarios con los servicios de las distintas comunidades autónomas y es nuestro máximo interés,
a partir del mes de septiembre, seguir con los contactos políticos que nos permitan avanzar en la negociación y llegar a un resultado tan pronto como sea posible.
Muchas gracias a SS.SS. por su atención y por estar presentes aquí esta tarde.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solbes.
Pasamos a las distintas intervenciones, que serán de diez minutos, más o menos, agradeciéndose que sean menos. Empezaremos por el señor Montoro, en representación del Grupo Popular, que tiene la palabra.
El señor MONTORO ROMERO: Señor vicepresidente segundo del Gobierno, asiste usted hoy a esta comparecencia de la Comisión de Economía, comparecencia extraordinaria, en virtud de un pacto establecido entre la vicepresidenta primera, la señora
Fernández de la Vega, y el conseller de la Generalitat de Catalunya, el señor Saura, y en primer lugar me gustaría preguntarle si usted conoce el contenido de ese pacto. Ya que ha
presumido de que está haciendo esta negociación tan transparente, me gustaría que se lo explicara a todos los españoles, aprovechando su presencia y su apertura a una hora tan natural para celebrar la Comisión de Economía como las seis y
media de la tarde del día de hoy. (Rumores.) Podía haber sido en otras circunstancias. Yo comprendo que está usted muy ocupado con las cuestiones de la crisis económica, pero podíamos haberlo hablado a horas más razonables.
La noticia de hoy está en lo que usted ha dicho aquí esta tarde en su presentación, pero voy a insistir en que lo importante de esta tarde es que el presidente del Gobierno -permítame una expresión coloquial- ha hecho novillos en esta
Cámara. Esta es la circunstancia realmente importante. Le tenemos que poner una falta al señor Zapatero, una falta grave, una falta que no admite justificación, porque es un cero en comportamiento democrático, que es la primera condición que tiene
que tener el presidente del Gobierno en un país que realmente afronta una cuestión tan importante como es la financiación del Estado de las autonomías, detrás de la cual se encierra la suficiencia financiera de los grandes servicios públicos, que
hoy no están en la Administración Central del Estado y sí en manos de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. El presidente del Gobierno prefiere hablar ante los medios de comunicación. Ayer lo hizo desde un determinado punto de
Galicia diciendo lo que ha dicho el vicepresidente, que estamos ante una negociación compleja que tomará su tiempo. Ya se está usted tomando su tiempo, señor vicepresidente, y lo que me temo es que el señor vicepresidente viene aquí a cumplir su
papel. Hay papeles en la vida -uno puede ser más o menos condescendiente con los papeles que le corresponde jugar en la vida-, pero lo que no es admisible es que dé cobertura a esa ausencia del presidente del Gobierno, que lo que viene a indicar es
que este Gobierno está confuso y que no tiene claro cuál es la condición, cuál es el modelo de financiación. En definitiva, ha venido usted a narrarnos aquí el contenido del documento que presentó el Gobierno a finales del mes de julio y que
mereció la reprobación de todos los grupos políticos y de todos los gobiernos autonómicos, de todos, incluidos los gobernados por el Partido Socialista, lo cual tiene mérito. A hacerlo mal con todos al mismo tiempo usted lo llama una buena base de
negociación y yo lo llamo un desastre, para empezar a hablar.
Estamos ante una situación que usted también definió, señor vicepresidente, como un sudoku -así lo llamó usted- y que en definitiva es el sudoku que usted creó, porque usted era vicepresidente del Gobierno en la anterior legislatura y
presentó ante la sociedad española la cuadratura de este círculo, que es en definitiva contentar a unos y a otros, a tirios y a troyanos.Y en política, como usted sabe bien, contentar a todo el mundo no siempre es fácil y no siempre es posible, pero
es que hoy hay un sistema de financiación en España que sí contentó a todos cuando realmente se aprobó. (Rumores.) Fue el único sistema que se aprobó con la unanimidad de todos los gobiernos de las comunidades autónomas de España, fueran del
Partido Popular, fueran del Partido Socialista. Seis presidentes de Gobierno autonómico aprobaron este sistema con Convergència i Unió gobernando en la Generalitat de Catalunya y con Coalición Canaria gobernando en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Ese fue el resultado de la aprobación de un sistema que consiguió la aprobación de todos. Voy a insistir en la importancia de que el futuro sistema cuente con la aprobación unánime, porque esa es la única garantía de que no hay ni
ganadores ni perdedores en términos relativos y que todos van a encontrarse cómodos en la nueva financiación. A partir de ahí, quiero recalcar la importancia de que esa negociación que se está llevando adelante sea multilateral. Me alegra mucho
que haya recordado la doctrina del Tribunal Constitucional esta tarde en la Cámara, algo que no había hecho con anterioridad en otras comparecencias. Antes al contrario, cuando se lo recordé en la primera comparecencia como vicepresidente en la
Comisión de Economía usted puso una cara rara como preguntándose qué era eso de la definición del nuevo modelo de financiación. Hoy se ha cubierto con la doctrina del Constitucional, que, en definitiva, es el desarrollo de la Constitución española
que otorga al Estado la responsabilidad de definir, de precisar las características de ese sistema y otorga al Consejo de Política Fiscal y Financiera la única capacidad para aprobarlo y no otro tipo de procedimiento como puede ser una relación
bilateral. La multilateralidad es absolutamente fundamental en la definición del desarrollo del futuro sistema y también lo es, desde la posición del Partido Popular, que la nueva financiación de los servicios públicos no implique subida de
impuestos para los ciudadanos.
No podemos admitir que suban los impuestos y menos en una situación de crisis económica tan profunda y tan aguda como la que tenemos en nuestro país, cuando todo advierte que puede ser duradera, además de muy seria.
Dicho esto, el Partido Popular está acercándose a esta negociación política con una actitud positiva. Contamos con un decálogo que fue aprobado por todos los presidentes autonómicos donde el Partido Popular gobierna y donde es oposición.
Alguno de ellos, como el presidente autonómico del Partido Popular de Extremadura, don Carlos Floriano, está hoy con nosotros. (La señora López i Chamosa: Será del partido de la oposición.-Rumores.) Del Partido Popular en la oposición. Lo he
dicho, sí, lo he dicho perfectamente.
El señor PRESIDENTE: Eviten establecer diálogo entre ustedes.
El señor MONTORO ROMERO: No se preocupe que ya gobernará en la Junta de Extremadura. (Una señora diputada: Ya llegará.-La señora López i Chamosa: Lo dudo.) Ya llegará su momento.
Decía que hay un documento aprobado en la reunión del consejo autonómico del Partido Popular del 29 de julio, un decálogo que ponía de acuerdo y establecía el compromiso para sentar las bases de la negociación desde el Partido Popular para
la definición del nuevo sistema de financiación de nuestras comunidades autónomas. Este decálogo es nuestro punto de partida y también el resumen de nuestro compromiso con la sociedad española para llevar adelante un proceso sin fisuras, dentro de
nuestra organización política y sin discrepancias. Señor vicepresidente segundo del Gobierno, nosotros somos capaces de hacer reuniones entre nuestros presidentes autonómicos y también con los presidentes de nuestra organización política allí donde
no gobernamos. Ustedes, desde su organización política, no son capaces de hacerlo en este momento. Queremos sentar claramente las bases de un sistema que vale la pena que perfeccionemos de una vez por todas y avancemos, porque detrás de ello están
los grandes servicios públicos, la sanidad, la educación, el conjunto de las prestaciones sociales y la consecuencia financiera de la Ley de Dependencia aprobada en la pasada legislatura y para la que el Gobierno de España no acomete la dotación
presupuestaria para hacerla realidad y vigente, cuando ya se ha creado el derecho para todos aquellos españoles que reúnen la condición, objetivamente definida por nuestra legislación, de dependientes.
Señor vicepresidente, nuestro catálogo, que es un catálogo presentado ante la opinión pública, y conocido, a diferencia de lo que usted acaba de hacer en su documento de base y de tapadillo en la tarde de hoy, destaca una gran diferencia
entre su planteamiento y el nuestro. Como usted hace, nosotros hablamos de un sistema respetuoso con los principios de la Constitución, un sistema suficiente, un sistema moderno y eficaz, un sistema solidario. Un sistema solidario no es un sistema
garante por unidad de servicios básicos prestados, como S.S. ha presentado a la Cámara esta tarde. A S.S. le cuesta pronunciar esa palabra: solidaridad, que es un elemento esencial de la vertebración de un Estado moderno. Es terrible que ocurra
así, porque de la solidaridad depende la efectiva igualdad de los ciudadanos a la hora de acceder a los servicios públicos básicos de nuestro país con independencia del lugar y del territorio donde vivan, del lugar físico donde vivan. Junto a las
variables como la población, que ya es el elemento determinante del sistema, hay que considerar también las otras variables, que no es que se recojan en determinados estatutos, sino que deben estar en el sistema. Variables como el envejecimiento de
la población, la dispersión geográfica, la orografía, la insularidad, peculiaridades que reúnen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, recogidas en nuestro decálogo; variables que con toda normalidad deben encontrar su asiento en la definición
del nuevo sistema de financiación.
Acabo, señor presidente. El señor vicepresidente del Gobierno nos ha dicho: Pondremos recursos, pondremos recursos... ¿Cuántos?, ¿cuántos? Es una cuestión esencial, señor vicepresidente. Cuando ha criticado las anteriores negociaciones
políticas, parece que ha menospreciado claramente a los que han participado en esa negociación política. Usted comprenderá que cuando yo he tenido la responsabilidad de ser ministro de Hacienda de España y de desarrollar y aplicar un sistema que
fue negociado por todos, todas las personas que negociaron conmigo eran muy conscientes de lo que significaba y de la mejora de recursos que aportaban. ¿Es que usted cree que no eran capaces de cuantificarlo? ¿Usted cree que realmente alguien
negocia sin saber cuál es la consecuencia en la financiación de los servicios públicos en su tierra, en su comunidad autónoma? Me parece un menosprecio de tal calibre a quienes negociaron conmigo, incluyendo a seis presidentes autonómicos
socialistas, que yo calificaría esa negociación de otra forma. No se puede decir que no fue transparente cuando todo el mundo podía hacer el cálculo efectivo de lo que significaba la mejora. Eso es lo que la hizo viable, señor vicepresidente.
Además de tener esos principios y del éxito, eso es lo que la hizo viable. Eso es lo que permitió que por primera vez ese sistema se plasmara en una ley, la Ley 21/2001, cuyo artículo 4, establecía la posibilidad de que anualmente se actualizaran
los efectos derivados para el sistema de financiación de la evolución del censo de población. En el artículo 4 de la Ley 21/2001, de la ley vigente que define ese sistema ya había esa previsión. Lo que no ha habido es voluntad política de
desarrollar ese artículo, señor vicepresidente. No ha habido cambios objetivos, no ha habido voluntad ni intención política de desarrollarlo. Ha habido la voluntad de crear este sudoku, como usted decía muy bien, que ahora tiene usted, el Gobierno
socialista, el Gobierno de España. El Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular en su conjunto quiere ofrecer su colaboración para que podamos sentar las bases de un sistema suficiente, justo, solidario y, por tanto, beneficioso para todos
los españoles, que no cree más agravios comparativos y que no sea fuente de nuevos enfrentamientos. Ya hemos tenido bastante de esto, ya tenemos una crisis económica suficientemente grave, señor vicepresidente, como para no conseguir acuerdos
básicos y fundamentales en la organización del Estado, que es, en definitiva, la gran casa de todos los españoles. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, en primer lugar quisiera agradecer la comparecencia del ministro de Economía y Hacienda, comparecencia por cierto no deseada por su parte, ante esta Comisión de Economía y Hacienda.
Quisiera hacer una primera consideración. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) piensa que este tipo de comparecencias del ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente segundo del Gobierno ante la Comisión de Economía y
Hacienda para hablar de
temas específicos que hacen referencia a la financiación del nuevo Estatuto no le convienen a Cataluña, incluso pueden ser perjudiciales, ya que rompen algunos aspectos nucleares previstos en el Estatuto de Cataluña, rompen con la
bilateralidad que tendría que existir para estos temas entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado, para pasar a una multilateralidad que siempre hemos criticado. Era importante manifestar esta primera consideración.
En segundo lugar, señor Solbes, su intervención, sus manifestaciones respecto al nuevo sistema de financiación de Cataluña nos han vuelto a decepcionar otra vez, nos han vuelto a defraudar. Lamentablemente volvemos a constatar que usted y
su Gobierno continúan incumpliendo la ley que hace referencia al desarrollo estatutario y a aspectos tan relevantes como la nueva financiación para el Estatuto de Cataluña. Nos sentimos defraudados porque continúan incumpliendo la ley. ¿Por qué
afirmo, señor Solbes, que incumplen la ley? Muy sencillo. Todos aquellos aspectos relevantes del título VI relativos a la financiación tenían que estar concretados antes del 9 de agosto de 2008 por la Comisión Estado-Generalitat, de acuerdo con la
disposición final primera. Todos esos aspectos están perfectamente reflejados en el Estatuto -lo tengo aquí para dar fe de que no han cumplido con la ley-, concretamente en la disposición final primera: La Comisión mixta de asuntos económicos y
fiscales Estado-Generalitat debe concretar en el plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto, la aplicación de los preceptos del título VI. De todo lo que ustedes tenían que hacer respecto a la aplicación del artículo
206, nada de nada. Han continuado saltándoselo a la torera. Diría con toda rotundidad que han incumplido la ley y que no han hecho los deberes. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no puede tolerar esto. No podemos tolerar este
incumplimiento sistemático del Estatuto de Cataluña, que desde hace dos años se han saltado a la torera. Cataluña no se merece este trato discriminatorio de ustedes y del Gobierno socialista, y usted lo ha reflejado lamentablemente en su
intervención. No se han dado cuenta de la gravedad de la situación. Ya les he dicho, incluso en esta Comisión, que aunque inconscientemente, están jugando con cuestiones de comer, cuestiones que afectan a servicios básicos que han de prestar la
Generalitat de Catalunya y las otras autonomías a sus ciudadanos. Con este incumplimiento de la ley están jugando con una cuestión preocupante y a la vez peligrosa.
Convergència i Unió siempre ha afirmado que las leyes están para cumplirlas, pero ustedes las están incumpliendo reiteradamente. Volvemos a manifestar, como hemos hecho insistentemente estos últimos meses, que vamos a ser inflexibles en la
negociación. Queremos un acuerdo lo más rápidamente posible y no queremos prórrogas innecesarias, que no dejan de ser cortinas de humo para continuar incumpliendo la ley. Repito que vamos a ser inflexibles. Queremos llegar a un acuerdo lo más
rápidamente posible. Creemos sinceramente que las prórrogas de tres meses que se han planteado en las últimas semanas no sirven para nada. Tras su exposición hemos llegado a la misma conclusión: que estamos exactamente igual que hace un mes y
medio. Convergència i Unió quiere volver a liderar la unidad de fuerzas políticas catalanas. Queremos hacer un frente común junto con el PSC, el presidente de la Generalitat y el resto de las fuerzas políticas catalanas que conforman el tripartito
-Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya- para que exista una unidad de acción importante que consiga que ustedes, a través de esa acción y a través de la fuerza de nuestros votos, se vean obligados a cumplir con la ley, con una
ley que -repito- están incumpliendo sistemáticamente.
Le avanzo otra cuestión que hemos subrayado estos últimos meses. Desde Convergència i Unió queremos vincular la financiación para Cataluña con la negociación presupuestaria, porque, sinceramente, son dos cuestiones imposibles de desligar.
Los Presupuestos Generales del Estado han de contemplar necesariamente una buena o una mala financiación para las comunidades autónomas; seguro que la habrán de configurar. Señor vicepresidente, Convergència i Unió va a intentar liderar esta
acción de fuerzas políticas catalanas, para que con nuestra unidad de acción podamos negociar la financiación de Cataluña juntamente con los presupuestos, pues una cosa sin la otra imposibilitará conseguir unos buenos resultados.
¿A qué objetivos vamos a dirigir nuestra actuación política? En primer lugar, a intentar que cumplan con la ley. Estoy convencido de que al final, con esta unidad de fuerzas políticas catalanas, con la unidad de todos nuestros votos y con
toda la presión que podamos ejercer política y legalmente, ustedes se verán obligados a cumplir la ley. Fíjese, señor Solbes, que no le pedimos nada más que que cumplan con la ley, porque finalmente, si cumplen con la ley, Cataluña contará con
aquellos recursos suficientes y necesarios -únicamente, señor Solbes, los que marca el Estatuto- para atender aquellos servicios que demandan los ciudadanos de Cataluña con la máxima calidad. Con la aplicación de este nuevo Estatuto, con la
aplicación de la nueva financiación de Cataluña, conseguiremos otro de los objetivos fundamentales que hemos venido reiterando en estos últimos años: que Cataluña reduzca el déficit fiscal que tiene en estos momentos, déficit que está ahogando las
expectativas de progreso de Cataluña. Y no olvidemos, señor vicepresidente, que con el ahogo de las perspectivas económicas de Cataluña también se está sesgando el desarrollo económico español.
Señor Solbes ¿cuáles son aquellos aspectos relevantes que de acuerdo con la ley hubieran estado obligados a esbozar ante esta comparecencia, a negociar y acordar en la Comisión mixta Generalitat-Estado, por los que ha pasado muy de puntillas
y en los que no ha profundizado? A pesar de su intervención y de las explicaciones que nos ha dado, hay algo que para Convergència i Unió es un punto clave, la bilateralidad. Era un aspecto fundamental de la negociación del Estatuto y quizá fuera
uno de los puntos políticos más relevantes que forzó a Convergència i Unió a que finalmente dijese sí al Estatuto de Cataluña. S.S. no contempla esta bilateralidad como nosotros la entendemos. No solamente eso, sino que a través de sus
manifestaciones y de diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, pretende descafeinarla en una multilateralidad, con la que no estamos en acuerdo. La bilateralidad es el primer aspecto relevante que vamos a defender con la máxima potencia y
con el que vamos a ser inflexibles, tema nuclear y esencial.
Hay otro aspecto importantísimo que S.S. ha olvidado, aunque estaban obligados por ley a resolver pues es fundamental, como es el cumplimiento -usted lo sabe porque estuvo en las negociaciones- de lo especificado en el artículo 206.5. Este
apartado tan importante recoge que el Estado garantizará a Cataluña y al resto de comunidades autónomas que estén en las mismas condiciones los recursos antes de la nivelación para que su esfuerzo fiscal sea proporcional a la renta per cápita y para
evitar que ocurra lo que está ocurriendo en estos momentos. Antes de la nivelación Cataluña es la tercera en aportaciones al Estado en un 121 por ciento y después de la nivelación pasamos en el ranquin al puesto número once, con una aportación del
94,4 por ciento. Por tanto, aportamos 121,1 y recibimos 94,4. Esto hemos de resolverlo y está perfectamente tipificado y delimitado en el Estatuto. Le repito que está recogido en el artículo 206.5. (El señor Solbes Mira hace gestos negativos.)
Como usted dice que no, se lo voy a leer para que conste en el'Diario de Sesiones' que no me estoy inventando las cosas. El artículo 206.5 dice que el Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la
posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación. Esto es justamente lo que acabo de explicar. Son interpretaciones diferentes.
Estaban obligados a aplicar estos criterios antes del
día 9 de agosto y ni siquiera han empezado. Es un aspecto importante para Convergència i Unió, por lo que en mi exposición quiero dejar constancia en la Cámara, ya que se ha hecho esta reunión multilateral, de que solo estamos demandando lo que
dice la ley, ni una coma más ni una coma menos.
Existen otros aspectos que también son importantes por los que ha pasado también de puntillas. No han hecho nada para cumplir la ley y repito que tenían que haberla cumplido antes del día 9 de agosto. En el artículo 206 del Estatuto existe
la posibilidad de aplicar unos criterios especiales para determinar los mecanismos de nivelación y solidaridad. Es un aspecto muy importante, señor Solbes. En ningún sitio del Estatuto se establece una relación directa entre una mayor
participación de impuestos y una menor participación del Fondo de Suficiencia. Destaco este elemento nuclear para que lo tengan en cuenta y para que cuando determinen los criterios no nos llamemos a engaño. El artículo 206 establece que el nivel
de recursos financieros de las comunidades autónomas y de los que tenga que disponer la Generalitat para financiar sus servicios se ha de basar en criterios de necesidad de gasto, de capacidad fiscal, así como que el nivel de prestaciones de
servicios públicos tendrá que ser el mismo en aquellas comunidades autónomas que realicen un esfuerzo fiscal similar.
Eso quiere decir, señor Solbes, que para la determinación de estos criterios se ha de tener en cuenta la población. En esto estamos absolutamente de acuerdo, a pesar de que hoy he leído en algunos medios de comunicación que en el anterior
sistema de financiación, en el que Convergència i Unió tuvo una participación activa en la financiación de la Generalitat ya que estábamos en el Gobierno, los criterios de población no tuvieron una importancia muy relevante. Ayer el presidente del
Gobierno también dijo que no se tuvieron en cuenta los criterios de población. ¡Y tanto que se tuvieron en cuenta! Pedimos no solamente que se tengan en cuenta sino que, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto, también se tengan en cuenta los
relativos al nivel de la inflación de las diferentes comunidades autónomas -esto está especificado en el Estatuto de Cataluña-, los costes diferenciales, señor Solbes, que es lo mismo que nivel de inflación; la inmigración; las personas en
situación de exclusión social y el principio de lealtad institucional. Basándonos en estos índices correctores -y voy terminando, señor presidente- podríamos hablar de sanidad, de financiación, de dependencia, de becas, etcétera; y ustedes, hasta
la fecha, en relación con estas cuestiones que son relevantes, que están perfectamente estipuladas en el artículo 206, no han diseñado, criterio alguno para cumplir con la legalidad vigente.
Hay otro aspecto al que no se ha referido pero que es importante. Me atrevería a darle alguna idea útil para que podamos llegar a un consenso entre el Estado y la Generalitat que beneficiará sin duda alguna a la financiación del resto de
comunidades autónomas. Si hemos de llegar a un consenso entre todas las formaciones políticas aplicando la legalidad vigente del Estatuto de Cataluña -ya he dicho que vamos a ser inflexibles en la negociación-, hay un elemento al que quizá tendrá
que recurrir para llegar a un acuerdo global con todo el mundo, que es poner encima de la mesa más recursos para cumplir con la legalidad vigente. Si observa cuál era la distribución de los recursos en el año 1999 verá que la del Estado era del
45,2 y la de las comunidades autónomas, era del 54,8 por ciento.
¿Sabe usted, nueve años después, cuál es la distribución con el modelo de financiación del año 1999? Hemos pasado a una distribución de los recursos del Estado del 50,9 y un
porcentaje del 49,1 por ciento por parte de las comunidades autónomas. Son datos oficiales de las liquidaciones de los presupuestos que obran en mi poder. Vemos que los ingresos del Estado han crecido muchísimo más que los ingresos de las
comunidades autónomas y que los gastos de las comunidades autónomas también, desgraciadamente, han crecido muy por encima de los gastos del Estado central.
El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Termino, señor presidente.
Hay otra posibilidad, para que pueda dotar de más recursos al nuevo sistema de financiación, cual es volver a la distribución de recursos del año 1999, para que las comunidades autónomas tengan la misma distribución de recursos que, repito,
llegaban al 54,8 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor vicepresidente, quisiera agradecer su comparecencia, porque creo que para todos ha supuesto un esfuerzo estar esta tarde aquí. La crisis económica y la financiación autonómica han constituido, como sabemos
todos y usted mejor que nadie, los ejes de este culebrón económico del verano, y digo culebrón porque ambas cuestiones han acaparado los medios de comunicación y las preocupaciones de multitud de políticos. En ningún caso lo digo con ánimo
despectivo, porque salir de la crisis económica y conseguir un acuerdo positivo sobre la financiación autonómica creo que constituyen los retos básicos de su Gobierno, señor vicepresidente. Sin embargo, me da la sensación de que ambos temas -crisis
y nuevo modelo de financiación- conjugan bastante mal. No voy a entrar en el detalle de las claves del debate porque ya se están en gran parte definiendo hoy mismo aquí y también estos días en los medios de comunicación. Podría suponer además
entrar en un jardín o, mejor dicho, en un barrizal que no pretendo, porque usted convendrá conmigo que el tema de la financiación autonómica está bastante embarrado. Como grupo parlamentario y como Partido Nacionalista Vasco, el nuevo modelo de
financiación que afectará a las comunidades autónomas de régimen común reguladas por la Lofca y no a las de régimen foral, como todos sabemos -dado que en la Comunidad Autónoma de Euskadi tenemos el régimen de Concierto Económico y en la Comunidad
Foral de Navarra el Convenio-, no nos afecta directamente. Por eso deseo respetar al máximo las posiciones, como no puede ser de otra manera, del resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara en relación con el tema de la financiación
autonómica.
Antes de nada sin embargo quisiera poner de manifiesto desde el Grupo Vasco que se ha producido a nuestro entender un flagrante y políticamente denunciable incumplimiento estatutario. El Estatut ha sido aprobado por el Parlament y en las
Cortes Generales y ratificado en referéndum por el pueblo catalán. Se merece por lo tanto todo el respeto político e institucional. Las leyes son para cumplirlas, y un pacto como el Estatut -y también otros estatutos de autonomía- con más razón
todavía. La experiencia en este sentido del Estatuto vasco, que va a cumplir dentro de poco 29 años y está aún pendiente de desarrollo en múltiples materias, nos parece suficientemente elocuente y creemos que no debe ocurrir lo mismo en el futuro.
Queremos pues que se cumplan todos los estatutos y en lo referente a la financiación, pasada la fecha del 9 de agosto, el Estatut ha sido incumplido. En este sentido lo denunciamos. El Grupo Parlamentario Vasco no quiere entrar en quién es el
responsable del no acuerdo, si el Gobierno central o el resto de los grupos. De hecho, hay una fecha que se ha incumplido y creemos que esto es suficientemente grave porque se tenía que haber hecho el esfuerzo para llegar en fecha a tener un modelo
de financiación adecuado.
Lo decía antes, señor vicepresidente, el nuevo modelo de financiación y la crisis económica conjugan bastante mal. Creo que hay que explicarlo con claridad al conjunto de los ciudadanos que se encuentran yo creo que aturdidos por las
múltiples y partidarias declaraciones que, lejos de aclarar, confunden. Cuando cada uno legítimamente en su defensa o en defensa de sus intereses pone sus condiciones está dificultando una solución coherente. Si las restricciones se multiplican,
la solución se hace cada vez más difícil y eso hay que explicarlo. De lo contrario, se está engañando.
Las comunidades autónomas reclaman un nuevo modelo para contar con más recursos y hacer frente así a las políticas públicas. Es lógico y parece que ese ha de ser un objetivo básico del nuevo modelo. Pero si el Estado dice que sus recursos
no van a ser inferiores al 50 por ciento del total, es muy difícil que las comunidades autónomas puedan disponer de mayores recursos. Si además hay quien pretende reducir los impuestos en momentos de crisis económica y mantener o ampliar los
niveles de solidaridad cuando la recaudación fiscal está disminuyendo, la solución se antoja bastante difícil. Y por si fuera poco, cada comunidad autónoma, en función de sus características, pretende lógicamente que estas se tengan en cuenta, sea
el peso de la inmigración, el envejecimiento de la población, la densidad, etcétera. La dificultad en este caso se multiplica. Pero en lugar de decir que la solución va para largo, es mucho más claro y honesto decir que se va a pasar de la
literatura y los discursos políticos -más o menos acertados y coherentes- a los números.
Hay que sentarse a hacer números para que las cifras cuadren. Y si los números no cuadran, habrá que cambiar las hipótesis. En situaciones de crisis, si la
recaudación -tal y como está ocurriendo- desciende y el déficit público aumenta -como hemos podido leer hoy en los periódicos-, tan solo si el Estado reduce la parte de la tarta que pretende -en torno al 50 por ciento-, es posible que las
comunidades autónomas puedan mejorar su situación financiera. ¿Está dispuesto el Gobierno a hacer esto? Esta es una cuestión importante. En una situación de crisis, tan solo si se clarifican los ámbitos competenciales y se evitan duplicidades
como la que se produce -no voy a poner más que un ejemplo- con el Ministerio de
Sanidad, es posible avanzar hacia una solución factible. ¿También está dispuesto el Gobierno a ello? La eficacia y la eficiencia públicas -hacer las cosas mejor y con menos dinero- obligan, como hemos comentado muchas veces, a una reforma
pendiente del gasto público. De ello también será preciso hablar si se desea de verdad buscar una solución positiva y de futuro. El Gobierno, señor vicepresidente, está atrapado en una tela de araña que el propio Gobierno ha tejido, pero debe
salir de su trampa y, para ello, poner las cosas claras es absolutamente imprescindible diciendo qué es lo que hay y qué es lo que pasa. Nuestro grupo le ha planteado algunos caminos que a nuestro juicio son absolutamente necesarios, pero para
adentrarnos de verdad en el meollo de la cuestión, si el Gobierno y el resto de los grupos de esta Cámara así lo desean, pueden contar con la leal colaboración del Grupo Vasco.
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Compartirán el turno los señores Ridao y Herrera. Empieza el señor Ridao, que tiene la palabra.
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor Solbes, han pasado algo más de tres semanas del plazo que fija el Estatut para haber concretado, por decirlo así, las paredes maestras del sistema de financiación catalán, no ese decálogo que usted nos ha
recitado hoy de forma más o menos sucinta. Usted sabe además que ese plazo no era un plazo cualquiera. La disposición final primera del Estatuto encomienda esta tarea a una comisión mixta, por tanto remite a un acuerdo esencialmente bilateral.
Otra cosa es que el modelo sea generalizable y que por tanto lo puedan adoptar otras comunidades autónomas si lo desean. Así es como usted sabe perfectamente que funcionan, por ejemplo, los fondos de cohesión en la Unión Europea en tanto que
comisario europeo que fue. Por tanto, no me negará que la parte catalana hace meses que ya hizo, y que usted lo conoce, los deberes.
Ustedes han tenido dos años también para hacerlos por su parte y ahora nos vienen con una propuesta que, yo diría
que de forma claramente inducida e intencionada, es genérica, que adolece de toda inconcreción y que no cumple ni los mínimos tan siquiera para ser calificada de propuesta. En todo caso luego le precisaré por qué digo eso.
Antes que nada y como frontispicio de esta intervención quiero que sepa, y en este caso hablo por el conjunto de fuerzas políticas catalanas -creo que todas van a estar de acuerdo conmigo-, que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir
negociando para alcanzar un buen acuerdo. Estamos decepcionados pero no resignados. Esquerra somos un partido de agnósticos, de ateos, es decir, no nos va aquello de la resignación cristiana, no vamos a poner las dos mejillas, vamos a seguir
hablando y lo haremos si hace falta hasta la prórroga y hasta los penaltis si se tercia. No nos vamos a levantar de la mesa, no nos vamos a conformar ni vamos a firmar cualquier cosa, porque ya le dije en una ocasión que es preferible un no acuerdo
a un mal acuerdo. Esa es la mejor expresión de la bilateralidad que contiene el Estatuto, incluidos los presupuestos del Estado. Hay quien se escandaliza de que por nuestra parte se haya vinculado la negociación de la financiación con los
presupuestos, en primer lugar porque es sabido que las cuentas del Estado para 2009 deberán reflejar ese nuevo modelo de financiación y en segundo lugar porque es perfectamente legítimo, desde el punto de vista parlamentario, aprovechar esa
aritmética parlamentaria, el hecho de que los partidos catalanes somos una sexta parte de la representación política y condicionar la aprobación de la ley más importante de cualquier gobierno a la obtención de una buena financiación.
Le hemos escuchado muy atentamente, con respeto no solo personal sino también intelectual, usted lo sabe, pero no puedo evitar tener la sensación de que Zapatero le ha enviado a usted aquí hoy para anestesiar el debate de la financiación.
Además, ha venido usted sin ninguna gana y creo que se le nota, permítame que se lo diga. Digo esto porque si teníamos interés en escuchar al presidente del Gobierno antes que a usted es porque él dio una explicación autojustificativa y preventiva,
que usted hoy ha reiterado, según la cual el Gobierno ha cumplido perfectamente con lo que dice el Estatut, luego si no existe acuerdo, es por culpa de la parte catalana que exige quizá demasiado, mientras, paradójicamente, su Gobierno y usted
presentaban un paquete de medidas anticrisis refritas, por cierto con el enésimo anuncio de suprimir el impuesto sobre el patrimonio sin decir cómo van a compensar a las comunidades autónomas por la pérdida de esos 1.400 millones de euros y la
recaudación de ese tributo. Por tanto, aprovecho para preguntarle exactamente cómo van a compensar esos menores ingresos que no van a recibir las comunidades autónomas. Quiero dejar constancia modestamente que desde Cataluña en esta ocasión no se
va aceptar una versión arreglada o un simple remiendo del clásico café para todos. En este caso, como usted ya ha tenido ocasión de comprobar, Cataluña con una sola voz está diciendo lo que piensa sin complejos. Por tanto, ahora no es suficiente
con un golpecito en la espalda, no hay posibilidad de ninguna financiación de: lentejas, lo tomas o lo dejas, sino que en este caso esta unidad de acción que hoy estamos exhibiendo el conjunto de partidos catalanes no es ni una argucia táctica ni
un órdago efímero; es un consenso básico sobre la necesidad de acabar con ese déficit fiscal sangrante y sobre el hecho de que está en juego el bienestar y la competitividad económica de toda una generación en Cataluña.
Usted sabe -no nos podemos engañar- que este debate supera los márgenes estrictos de lo que es un debate puramente técnico o académico al que usted quizá recurre más habitualmente y en el que se siente más cómodo.
Lo digo porque todos
sabemos que el resultado de la negociación dependerá sobre todo de la voluntad
política que tenga en este caso el Gobierno que usted representa hoy aquí.
Aun así voy a intentar conciliar algunos argumentos de orden político con otros de orden más técnico entrando por tanto en los pormenores más ingratos, por decirlo
así, del decálogo que usted nos ha presentado.
A usted le constan ya -se lo dije en una ocasión- los motivos de nuestro rechazo y decepción más profunda, que es la nuestra, que es la del Gobierno catalán y que es la del conjunto de fuerzas políticas y también de la sociedad civil en
Cataluña. Primera consideración que ha hecho aquí grosso modo. A usted le parece que este modelo es respetuoso con el Estatuto -lo ha dicho repetidamente- y a nosotros nos parece claramente -y le voy a intentar demostrar por qué- que esta
propuesta que ha hecho usted hoy aquí no se compadece para nada con el Estatuto. Se lo diré más claro, se parece al Estatuto como un huevo a una castaña. Lo digo porque tengo la impresión -y también algunos técnicos así lo reconocen- que lo que
ustedes pretenden es negociar una nueva Lofca y en este caso a partir de unas propuestas de bases a la baja y para eso claramente quiero decirle que no hacia falta todo un Estatut. Por contra, el actual modelo, señor Solbes, no admite ningún tipo
de remiendo, ningún parche. Es un modelo que está agotado, es un modelo que ha podido servir en sus distintas modalidades para emerger a la España quizá más atrasada, pero con el coste evidente -ya se ha dicho antes aquí con cifras- de ahogar a
algunas comunidades o territorios más avanzados y generar por tanto hasta hoy una cierta dependencia incluso de las regiones más beneficiarias del actual sistema de transferencia redistributiva. Digo ahogar y lo digo claramente y con todas las
letras porque usted sabe que el actual modelo consiste en que los ingresos no se corresponden para nada con la necesidad de gasto y además la población y el gasto sanitario se han disparado de forma exponencial; en segundo lugar, porque los
territorios no tienen la llave de sus ingresos y tienen una capacidad normativa más que relativa y, en tercer lugar, porque, como también se ha dicho, los mecanismos de nivelación y de solidaridad en ningún caso tienen que ver con el esfuerzo fiscal
que se realiza en estos territorios.
Segunda consideración. Desde el punto de vista de la suficiencia del sistema -ya lo ha dicho algún otro portavoz-, su propuesta es tan inconcreta, tan de principios que ustedes no aportan ni una sola cifra, no nos hablan ni siquiera de los
euros que ustedes van a aportar de nuevo a este sistema. Eso sí, nos dicen -nos lo ha dicho hoy y nos lo dijo ya en otra ocasión- que están dispuestos a poner más dinero aunque sea en el último segundo de la negociación y hoy nos ha dicho y ha
repetido que nadie va a salir perdiendo en relación con la situación actual. De ahí se infiere o puedo deducir que solo se va a negociar sobre el incremento de recursos, es decir sobre los recursos adicionales y, por consiguiente, no se va a
corregir ni a mejorar la actual situación ni la desigualdad que se pudo producir en el pasado. Además, quieren graduar los recursos en el futuro según las necesidades de gasto que tenga el Estado, por tanto el Estado se esconde detrás de excusas
como la actual crisis económica.
Estamos ante la misma trampa saducea del acuerdo entre CiU y PP en el año 2001. Es decir, puede haber una mejora insignificante en el año cero con el pretexto de la crisis económica para luego, en función de la
evolución de los ingresos tributarios, ir mejorando el sistema y eso evidentemente hoy no es aceptable.
Aquí la cuestión -para utilizar su feliz y repetida expresión-, para que cuadre el sudoku, es que el Estado tiene que adelgazarse -se lo dije ya en la última comparecencia y hoy lo han dicho también otros portavoces-, que se redistribuyan de
forma más equitativa los recursos públicos, porque el Estado desde 1999, que es el año base, el año cero del actual sistema de financiación, no ha dejado de engordar. Con datos y cifras de la propia Intervención General de la Administración del
Estado, el Estado, incluida la Seguridad Social, efectuaba el 50,9 por ciento del gasto público, el 22,1 por ciento la Administración del Estado, el 28,8 la Seguridad Social -eso en el año 2006. Digo esto porque si es verdad, como el presidente
Zapatero dijo, y usted ha repetido en alguna ocasión, que el Estado...
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, debe ir terminando.
El señor RIDAO I MARTÍN: Voy acabando, señor presidente.
... quiere retener al menos el 50 por ciento del gasto público, solo le va a quedar a usted un 0,9 por ciento y supongo que también van a entrar los ayuntamientos en ese reparto y, en consecuencia, el 0,9 por ciento equivale a 8.800 millones
de euros y le pregunto, sinceramente, si esa es la aportación que ustedes van a hacer. Por eso insistimos en que el Estado debe ponerse a dieta. No es lógico que el Estado padezca esa obesidad burocrática después de que las comunidades autónomas,
como usted ha reconocido, hayan asumido los servicios que tienen más costos asociados al Estado del bienestar. También, por cierto, no solo debe ponerse a dieta, sino que debe tener el celo necesario para perseguir el fraude fiscal que, según el
informe de la Agencia Tributaria, en el año 2005 era de casi 89.000 millones de euros.
La última cuestión. Dice su documento de bases que se va a negociar multilateralmente. Está visto que para ustedes la bilateralidad consiste en hablar de cuando en cuando con los consejeros de Economía, en este caso con el consejero de
Economía catalán, y nos dice en su documento que si no hay consenso, se van a mantener las actuales variables de distribución y que el Estado lo va a decidir unilateralmente. Así pues, usted se desentiende claramente de las variables que son
bilaterales, que no se pueden ponderar multilateralmente y que el Estatuto dice claramente: costos diferenciales, inmigración. Le quiero hacer esa pregunta muy concreta.
Su propuesta no es muy explícita por lo que se refiere a los mecanismos de solidaridad. Por primera vez un gobierno admite lo irracional de un sistema que permite que quien más aporta reciba menos por habitante, pero, en cambio, prevén que
la igualación será sobre la base del rendimiento de los tributos y no del Fondo de Suficiencia. Le pregunto también, y esa es una cuestión clave, si a la vista del incremento del cesto de impuestos, de los recursos tributarios que van a parar a las
comunidades autónomas, ustedes van a rebajar el Fondo de Suficiencia y si lo van a disminuir como en su día dijo, por cierto, Fernández Ordóñez en 2006.
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, lo siento, de verdad. Más que compartir, duplica en el turno.
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo.
El Estatuto propone una liberación parcial de acuerdo con lo que se prevé en el federalismo fiscal, limitados los servicios esenciales con el objetivo de garantizar el mismo estándar de servicios básicos con idéntico esfuerzo fiscal. La
pregunta es por qué usted no acepta ese mecanismo que figura en el Estatuto.
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: En primer lugar, quiero agradecer su comparecencia, que nosotros creíamos y creemos necesaria. Era necesario que el Gobierno explicase y solemnizase en sede parlamentaria su postura en un debate tan relevante como
es el de la financiación, desde la evidencia de que la propuesta que presentaron en el mes de julio ni sirvió ni sirve porque era genérica, porque era un compromiso sin números, porque, como dijo el presidente de la Generalitat, era una propuesta
infraestatutaria y porque precisamente no ha servido para empezar a caminar. Nosotros creemos que debíamos y se debe acordar un modelo de financiación en primer lugar porque hay un mandato legal que decía y dice que antes del 9 de agosto tenían que
fijarse las bases para el nuevo modelo de financiación; porque además hay un mandato político, y es que el actual modelo de financiación pactado entre Convergència i Unió y el Partido Popular es insostenible y es un modelo que no ha servido, como
indirectamente ha reconocido el mismo Sánchez i Llibre cuando decía que las comunidades autónomas hoy tienen menos recursos que los que tenían en el año 1999; porque hay una exigencia social, como mínimo en Cataluña, por parte de todos los actores
sociales, económicos y sindicales para que se aborde el nuevo modelo de financiación y porque además ustedes tienen un compromiso, pues mantener el gasto social para nosotros se traduce también en un modelo de financiación que dé recursos
suficientes a las comunidades autónomas que tienen que afrontar precisamente los gastos sociales, a sabiendas incluso de que ustedes tienen hoy menos margen. Usted tiene hoy menos margen fruto de rebajas fiscales y de política de cheques que hacen
que precisamente hoy estemos ya entrando en una situación de déficit, escenario en el que se han puesto ustedes solos. ¿Qué pedíamos? Pedíamos un calendario. Para nosotros era fundamental que hubiese un compromiso y por eso precisamente el
presidente de mi partido, Joan Saura, alcanzó con el Gobierno ese compromiso de tres meses, con un calendario que coincide con los Presupuestos Generales del Estado, para que se incorpore el nuevo modelo de financiación. Y si alguien consigue que
ese compromiso venga antes, no vamos a poner ningún problema, pero entendíamos y entendemos que ese compromiso era fundamental.
¿Qué esperamos, señor Solbes? Un cambio de actitud. Y quisiera que me explicase qué significa que harán valer sus competencias si no hay acuerdo, le pido que me lo traduzca o que me dé una explicación, en definitiva, de las consecuencias
de esa frase. Nosotros entendemos precisamente que el cambio de actitud tiene que significar que no haya límites que dificulten el acuerdo, y precisamente los límites que se han preestablecido, esos recursos del 50 por ciento para el Estado, lo que
hacen es situar el debate en una lógica de conflicto entre territorios, cuando el modelo de financiación nunca debe ser un conflicto entre territorios, sabiendo precisamente que desde el año 1999 hasta hoy lo que ha habido es un menor peso de las
comunidades y un incremento del peso del Estado, incluso habiendo un aumento de los gastos sociales derivados de la sanidad, de la educación o de otros servicios sociales. Para que la negociación llegue a buen puerto no tiene que haber apriorismos
y el primer apriorismo que tiene que desaparecer, desde nuestro punto de vista, es ese 50 por ciento.
Le pedimos, además, un cambio de actitud haciendo que desde la Administración General del Estado se lidere el debate sobre financiación desde la pedagogía. Eso significa un modelo de financiación justo, solidario y transparente,
características que el actual modelo, desde nuestro punto de vista, no tiene. No hay transparencia y no es justo ni solidario y eso se traduce en decir que no se puede penalizar a quien realiza una mayor contribución fiscal. Se traduce en defender
los mecanismos que existen en todos los modelos federales y en decir sí a reducir distancias, pero no a invertir posiciones haciendo que las comunidades autónomas que más aportan tengan hoy menos recursos para responder a las demandas sociales de
sus ciudadanos como pasa hoy. Se trata de hacer que cuando haya mayor contribución impositiva en una zona del territorio, una parte vaya a solidaridad, claro que sí, pero otra parte vaya a afrontar mejor las demandas sociales. Se lo digo desde la
convicción de nuestra formación política, de Iniciativa y de Izquierda Unida, de que tiene que haber solidaridad, y solidaridad desde Cataluña, pero tiene que haber también suficiencia para poder afrontar los retos sociales de nuestra sociedad.
Pedimos un cambio de actitud desde la normalidad de respetar el principio de bilateralidad y compatibilizarlo con el de multilateralidad, como ha pasado siempre. ¿O acaso cuando ustedes negociaron pasar del 15 al 30 por
ciento no hubo acuerdo bilateral y luego hubo un marco multilateral? Precisamente desde esa normalidad pedimos el respeto a la bilateralidad y, si se estima conveniente, que haya una universalización del sistema.
Les pedimos una propuesta
también plenamente respetuosa con el Estatut.
Eso significa no solo obedecer a las necesidades de población, sino también, como le han dicho, tener en cuenta principios que se marcan en el Estatut, como el respeto a una variable como puede ser la
inmigración, y la propuesta que ustedes hicieron no tenía presente aquello que mandataba el Estatuto de Cataluña. Además, les pedimos que lo hagan desde el principio de lealtad. Y, por supuesto, la supresión del impuesto sobre el patrimonio, sin
establecer los recursos que compensarán a las comunidades autónomas, no es un principio de lealtad, no es la mejor tarjeta de presentación para afrontar la necesidad del modelo de financiación.
Para ceñirme también al tiempo, concluyo ya, señor presidente, diciendo que desde Iniciativa e Izquierda Unida nos hemos limitado a pedir explicaciones ante lo que nosotros entendemos como un incumplimiento, cuyos principales protagonistas
son ustedes, el Gobierno del Estado.
Creíamos y creemos que era necesaria una explicación y que esa explicación tenía que darse en sede parlamentaria. Ustedes se han comprometido a un plazo que nosotros entendíamos y entendemos que era
imprescindible y que no se había dado. Creemos que tiene que haber una negociación bilateral y que las explicaciones se tienen que producir no de forma bilateral sino en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados cuando se cumple una ley
orgánica. Lo haremos todo ello reivindicando la necesidad de un acuerdo de Govern a Gobierno, desde una perspectiva unitaria, sin entrar nosotros -nunca lo hemos hecho ni lo haremos- a negociar bilateralmente contenido alguno. Aquellos que dicen
que se rompe la unidad son aquellos que se atrevieron a negociar en un despacho de Moncloa no unitariamente y ahora, en cambio, por una simple comparecencia, acusan a otros de romper la unidad. Lo haremos desde una postura exigente porque creemos
que es necesario el acuerdo, desde la convicción también de que es mejor un no acuerdo que un mal acuerdo.
Sabemos que en el proceso habrá quien intentará poner la zancadilla; sin ir más lejos, aquellos que les exigen a ustedes explicaciones, el Partido Popular, y les ofrecen ayuda para que no cumplan con el Estatut, para que no haya acuerdo de
financiación. Entendemos que se tienen que evitar esas trampas. El acuerdo podrá ser posible, como le he dicho, si no hay límites, si hay un cambio de actitud liderado desde la Administración General del Estado diciendo que hay solidaridad y que
hay comunidades autónomas que hoy son muy solidarias. Les pedimos además una propuesta desde el respeto escrupuloso de la ley, desde el cumplimiento del Estatut y desde la normalidad de respetar el principio de bilateralidad y compatibilizarlo, si
se cree, con el principio de multilateralidad, como se ha hecho en tantas ocasiones. Solo así, tan solo de esta manera podremos conseguir un modelo de financiación que, como decía, es un mandato legal y político, es una exigencia y que si no se
produce se traducirá no solo en una situación de colapso en Cataluña sino en un panorama equiparable e idéntico en el conjunto del Estado.
Acabo, ahora sí, señor presidente. En estos días se ha dicho que hay que dar tiempo, que no se tienen que dar propuestas, que se tiene que negociar con sigilo, que se tiene que poner una cifra en el último minuto y acordarlo todo en el
último minuto. De esta manera, con parches, se han negociado siempre los modelos de financiación. Precisamente de esta manera, cuando presentamos y negociamos el Estatut, era como no queríamos que se abordase el nuevo sistema de financiación.
Creíamos que no era la lógica del parche la que tenía que resolver un modelo de financiación en un Estado que nosotros queremos que sea un modelo federal y que, como mínimo, tiene que ser un modelo federalizante.
Esta oportunidad que se nos ofrece nos va a permitir establecer criterios de transparencia y objetivos a dicha solidaridad y creemos que su Gobierno tiene que aprovechar la ocasión para hacer las cosas de forma distinta a como se han hecho
en otras ocasiones, no con parches sino con un modelo de solidaridad, de transparencia y con un modelo de suficiencia. Por todo ello les pedimos que aprovechen la oportunidad y a partir de ese compromiso de tres meses -entendiendo que la propuesta
que han presentado no vale-, lo que hagan es conseguir que de una vez por todas tengamos un modelo evaluable y transparente, un modelo que se actualice y un modelo en definitiva que no tengamos que negociar cada equis años a golpe de presiones
mediáticas, sino permitiendo lo que necesitamos, un modelo transparente, suficiente y tal y como demandan, y como se comprometieron, entre otros estatutos el Estatuto de Cataluña.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto también van a compartir turno.
Empezará la señora Fernández Davila del Bloque Nacionalista Galego.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Empezaré agradeciendo al señor vicepresidente su comparecencia en la tarde de hoy para exponernos los criterios del Gobierno en relación con la financiación autonómica. No encontramos muchas novedades en la
exposición de la tarde de hoy en relación con la información que teníamos después de las propuestas del Gobierno del mes de julio. En todo caso, agradecemos la comparecencia porque nos permite manifestar nuestra opinión muy sucintamente, pero, en
definitiva, nuestra posición en relación con este tema.
Decía usted, señor Solbes, que es el momento de que las comunidades autónomas cumplan con sus obligaciones, y desde el Bloque Nacionalista Galego estamos de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Por eso desde nuestro grupo hacemos la
propuesta -cuando menos la hacemos para Galicia- de dotarla, por necesaria, de una agencia tributaria propia, porque entendemos que sería
realmente la forma adecuada de poder cumplir con sus obligaciones para la financiación de la gestión de sus administrados. Los datos que nosotros tenemos en este momento -y que son los oficiales- demuestran que esto significaría la
autosuficiencia en la financiación autonómica, al mismo tiempo que la contribución de Galicia al equilibrio territorial del Estado. Por tanto, entendemos que la propuesta del Bloque Nacionalista Galego es efectivamente viable. Desde luego no es
algo en lo que el bloque pretenda llegar a acuerdos en la negociación que corresponde al año actual, pero sí es una idea que desde nuestro grupo nos parece la más acertada y adecuada para la financiación autonómica de Galicia.
También queremos decir que no estamos de acuerdo y no compartimos el empeño en definir el sistema de financiación autonómica como sistema solidario. Pensamos que es una definición que falsea la realidad. En todo caso habría que definir el
sistema como un sistema de equidad, y eso significaría efectivamente procurar una financiación autonómica más justa. Lo decimos, señor Solbes, señor vicepresidente, porque partiendo de los propios datos de Galicia, no podemos asumir como
solidaridad del Estado, del conjunto del Estado con nuestro país el hecho de que tengamos que recibir 3.612 millones de euros bajo la denominación de Fondo de Suficiencia -el Fondo de Suficiencia que unos y otros se empeñan en denominar
solidaridad-. Decimos que no podemos entenderlo como solidaridad porque esos 3.612 millones tenemos que sumarlos a los 4.400 millones que el Estado, que la Administración del Estado devuelve a Galicia en concepto de tributos cedidos y que, al
final, no representan la totalidad de la tributación de los gallegos y las gallegas, que está en 11.625 millones de euros. Por tanto, sería más lógico que el sistema se llamara de equidad y no de solidaridad, porque el Estado no devuelve a Galicia,
en este caso, ninguna otra cantidad de la que los ciudadanos de Galicia ya hubieran contribuido anteriormente con el pago de los correspondientes impuestos al Estado.
Señor vicepresidente, cuando antes hablaba de la necesidad -que nosotros planteamos- de una gestión propia, pero no de una agencia tributaria descentralizada -como creo que usted no decía en su intervención-, sino de una agencia tributaria
propia, también la entendiamos como algo que garantizaría la transparencia y veracidad de los datos que se están haciendo sobre los flujos fiscales y las balanzas fiscales. Desde luego, nosotros no podemos dejar de manifestar, aprovechando esta
comparecencia, que no compartimos -porque de nuevo se vuelve a utilizar la palabra solidaridad- el hecho de que se divulguen unas balanzas fiscales donde se mantenga la idea de la deficiencia presupuestaria o de la deficiencia del flujo fiscal de
Galicia, porque no se contempla en ellas lo que desde Galicia se paga por parte de las empresas domiciliadas en Madrid, pero que tienen su actividad productiva en Galicia.
Dicho esto, señor vicepresidente, que nos parece importante como datos relativos a Galicia y a nuestra realidad de financiación autonómica, nosotros también queremos manifestar que no compartimos ni alentamos ninguna guerra en el debate de
si unos son territorios ricos y otros son territorios pobres. Nosotros entendemos que esa no debe ser la cuestión, y que la cuestión tampoco puede referirse, como entendemos que usted acaba de exponer en esta comparecencia, a unos criterios
semejantes para la financiación de todas las comunidades autónomas. Esa multilateralidad de la que ustedes están hablando no es la más adecuada, sobre todo si queremos hablar de equidad. Los acuerdos deben ser bilaterales y, por tanto, deben
responder a las realidades de cada territorio, y en el caso de nuestro país es evidente que tienen que responder a unos criterios que hasta ahora el Gobierno del Estado nunca estuvo dispuesto a asumir.
Nos gustaría, aprovechando esta comparecencia, que nos respondiera a una pregunta. En la exposición manifestó que se iban a tener en cuenta criterios de dispersión y envejecimiento de población en el caso de la financiación de Aragón, pero
la información que tenemos de esos acuerdos o propuestas del Gobierno del mes de julio es que en el caso de Galicia no se contempla esta posibilidad. Señor Solbes, usted sabe que si hay una peculiaridad concreta de nuestro país es justamente la
dispersión poblacional y el envejecimiento de esa población, y para una administración que tiene que gestionar servicios como los sanitarios, los sociales, la dependencia, la educación, etcétera, esto es importantísimo, porque el gasto de una
población dispersa como la de Galicia tiene que ser evidentemente superior, si se quiere mantener el mismo nivel de calidad de otros territorios donde esta dispersión no existe. Es imprescindible que esto se tenga en cuenta en los acuerdos que se
hagan con el Gobierno gallego. Señor Solbes, queremos manifestar que no es la primera vez que decimos -esta tarde otros portavoces también lo comentaron- que la cuestión no es cómo se distribuyen los tributos cedidos a las comunidades autónomas;
el problema realmente es el empeño del Gobierno central -tanto en estos momentos del Partido Socialista como en su momento del Partido Popular- en reivindicar la reserva del 50 por ciento del gasto para el Estado, sin contar además con los 27.000
millones de euros del sector público empresarial. Si se quiere distribuir equitativamente una financiación autonómica ahí habría que buscar la solución: en esa reserva que el Gobierno central se empeña en hacer y que desde nuestro punto de vista
es la que no genera equidad suficiente entre los diferentes territorios del Estado, entre las diferentes comunidades autónomas. Señor vicepresidente, nos gustaría que contestara a la pregunta que le hemos hecho. Y ya que no mencionó nada en
relación con Galicia, que está dentro de esa multilateralidad de acuerdos de la que usted habla, nos gustaría conocer alguna cuestión de la propuesta que plantea el Gobierno respecto a la financiación autonómica de nuestro país, Galicia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Oramas, de Coalición Canarias.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señor vicepresidente, gracias por comparecer en una Comisión en la que se le esperaba con mucha expectación. Al final ha pasado lo que se preveía, por eso se dijo que no convenía que viniera el presidente,
ya que se podía complicar la negociación, y que viniera el vicepresidente. Todos sabíamos que su comparecencia no iba a aportar información nueva, sino en la misma línea, porque lo lógico es que los compromisos se tengan en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, después de los acuerdos bilaterales y multilaterales. Hoy procedía un debate político y su comparecencia y no la del presidente lo han impedido; un debate político en base a las contradicciones, salidas de tono y pasos atrás
que se han producido a lo largo de este verano. Comparece usted hoy aquí en unas circunstancias difíciles, ya que aparte de las tensiones territoriales a las que ha de hacer frente su Gobierno, después de asegurar que la financiación autonómica y
el debate presupuestario no debían mezclarse, se ha fijado un calendario que une inevitablemente ambos asuntos.
Mi tiempo es escaso y lamento no poder detenerme a hacer un mínimo análisis de la situación actual para centrarme, casi telegráficamente, en una serie de preguntas que interesan a todos los ciudadanos, aunque a primera vista parezcan lejos
de sus preocupaciones inmediatas. Por ejemplo, la mayoría de los proyectos autonómicos para reducir las listas de espera sanitarias que atenazan a todos los sistemas de salud dependen del restablecimiento de la suficiencia financiera de la
financiación autonómica, una suficiencia que se dejó deteriorar en los últimos años, mientras se presumía de un superávit público estatal que hoy se ha esfumado. Por ello -y como de un día para otro- los plazos de tres meses apremian. Es bueno que
ya sepamos algunas de las líneas maestras fundamentales de la nueva revisión del modelo.
No seré tan irresponsable ni tan ingenua como para preguntarle sobre cuestiones que usted solo pondrá encima de la mesa de negociación, y quizá ni siquiera desde un primer momento, pero sí le pediré que fije una posición clara sobre
cuestiones que preocupan mucho en Canarias y en otras comunidades autónomas como la nuestra, donde la solidaridad interterritorial resulta fundamental para que se produzca esa deseada convergencia que todos dicen apoyar. Me refiero a las siguientes
cuestiones. En Canarias y en las regiones demográficamente más dinámicas la no actualización de los fondos sobre la base de la evolución de la población ha provocado un quebranto que supera los 1.000 millones de euros en los últimos siete años.
¿Tendrá el nuevo sistema un mecanismo automático, y por tanto no arbitrario, de actualización de los fondos sobre la base de la evolución demográfica? ¿Cuál es la posición de partida del ministerio en lo que se refiere a la relación de los
servicios públicos básicos que han de ser financiados de forma semejante en todas las nacionalidades y regiones? Sabemos que además de educación, sanidad y servicios sociales usted ha incluido en el mismo paquete a la justicia, pero, ¿qué otros
servicios o competencias se incluirán o se dejarán fuera? El llamado Fondo de Suficiencia se convirtió en un elemento clave para alcanzar el necesario equilibrio en comunidades como Canarias, que tienen más dificultades para alcanzar la suficiencia
en el reparto inicial de los tributos cedidos. Le pregunto: ¿cuál es su previsión de evolución de ese fondo? ¿Va a importar mecanismos o criterios como los manejados en la Unión Europea para compensar a las regiones más desfavorecidas o, como en
el caso de Canarias, más alejadas, ultraperiféricas? Por último, ¿contemplará algún sistema de compensación puntual para aquellas nacionalidades o regiones que han visto seriamente mermados sus recursos por la falta de actualización demográfica ya
señalada?
Usted reprochó públicamente a las comunidades autónomas su presunto interés en saber solo qué hay de lo mío o cuánto me toca. Apreciará que mis preguntas se dirijan a aspectos esenciales del conjunto del modelo, a claves que es necesario ir
conociendo para lograr ese gran acuerdo que constituye el auténtico pulmón distribuidor de un Estado descentralizado como el nuestro. Las comunidades autónomas -por lo que respecta a Canarias, esté seguro de eso- no piden dinero, demandan
respuestas serias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rodríguez-Piñero, del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: En primer lugar, permítanme que en mi nombre y en el de mi grupo parlamentario felicite expresamente al señor vicepresidente por su intervención, y le agradezca muy sinceramente su comparecencia hoy en
esta Comisión, sí, a las seis de la tarde. Por cierto, señor Montoro, no deja usted de sorprenderme. No puedo entender cómo le parece mal que hoy estemos aquí trabajando, como la mayoría de los ciudadanos a los que representamos, también por la
tarde. Nosotros queremos trabajar, y trabajamos por la mañana y por la tarde. No entiendo su queja por la hora de la celebración de esta Comisión. Tampoco entiendo -sí lo entiendo, pero demuestra su falta de conocimiento democrático, y en su
caso, siendo ex ministro de Hacienda, me resulta más sorprendente- que estando abierto un proceso de negociación como el actual, que se lleva a cabo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el ámbito institucional que procede en la
negociación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de las comunidades autónomas, a ustedes les parezca que es una falta de democracia la no comparecencia del presidente. Ustedes se quedaron solos cuando lo solicitaron en la Diputación, solo les
acompañó el voto de Coalición Canaria. Hoy se han vuelto a quedar solos, porque todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en que eso no tiene sentido. Además, les voy a
recordar algo. Cuando ustedes gobernaban en el anterior sistema de negociación y tenían su mayoría absoluta -que utilizaron de manera que quitaban las posibilidades y las competencias a esta Cámara, cosa que no tiene nada que ver con
nuestra forma de entender la política y de revitalizar el debate parlamentario- en aquella ocasión ¿cuántas veces comparecieron durante el proceso de negociación y cuántas veces se solicitó? Tengo que decirle que en ninguna ocasión atendieron las
solicitudes de comparecencia en la Comisión para informar de cómo iba el proceso. Francamente, ustedes de democracia no nos pueden enseñar nada y sí que tienen que aprender mucho.
También quería felicitarle, señor vicepresidente, y darle las gracias por el trabajo que viene realizando su ministerio desde la anterior legislatura para poder llevar a cabo y abordar la reforma del sistema de financiación porque desde la
anterior legislatura, desde el año 2006 se está trabajando con una metodología que nosotros entendemos que es la razonable: primero, evaluar el funcionamiento del modelo actual, determinar sus debilidades y sus deficiencias, y a partir de ahí
corregir los errores para abordar la necesaria reforma. Creemos que ese es el proceso lógico de llevar adelante la reforma. Pongámonos de acuerdo en cómo funciona, pongámonos de acuerdo en los problemas que tiene, corrijamos esos problemas, y a
través del consenso, del diálogo, de la reflexión con todas y cada una de las comunidades autónomas construyamos el acuerdo. Esa es la forma correcta de trabajar. La verdad es que hoy en día hemos podido comprobar que prácticamente estamos de
acuerdo con todos los grupos parlamentarios en que es fundamental abordar una reforma en profundidad del sistema de financiación. Como muy bien decía el señor Herrera, no se trata de poner parches; se trata de que encontremos todos los resortes
que permitan que los principios básicos que tienen que hacerlo garanticen los recursos a las comunidades autónomas, y también desde luego al Estado. Para que todos y cada uno de los ámbitos de gobierno puedan ejercer sus competencias es fundamental
que lo construyamos a partir del consenso, del acuerdo -insisto-, y para ello es necesario abordar el debate con serenidad y no con demagogia, señor Montoro.
Nosotros hemos defendido y seguimos defendiendo sin lugar a dudas la solidaridad. Es una de las señas de identidad de este partido y de este Gobierno. Lo que los ciudadanos quieren y esperan de los políticos es que seamos capaces de
resolver sus problemas y atender sus necesidades. Para ello es preciso que el nuevo sistema de financiación proporcione recursos suficientes a todas las comunidades autónomas para desarrollar sus competencias y garantizar la prestación de los
servicios públicos fundamentales a todos los ciudadanos por igual. Eso, señorías, es lo que determina la solidaridad. Y desde luego el modelo actual no cumple con estos principios. Por tanto, es necesaria la reforma, algo que nosotros veníamos
defendiendo desde el año 2004.
Estamos convencidos de que es posible llegar a un acuerdo y todos compartimos -como he tenido la oportunidad de comprobar con la mayoría de los portavoces que antes me han precedido- que es necesario que determinemos con exactitud las
variables que miden de verdad cuál es el coste de prestación del servicio. Eso hay que hacerlo con rigor y con transparencia, señor Montoro. Desde luego, esta es la primera vez que se aborda la reforma del sistema de financiación autonómica
conociéndose y habiéndose publicado anualmente las liquidaciones del modelo definitivo desde el año base, de forma que cada comunidad autónoma sabe lo que recibe ella y todas las demás del sistema, y eso no tiene nada que ver con el proceso de
negociación que ustedes llevaron a cabo, en el que nadie sabía qué había negociado usted con el otro, y tuvieron que cerrar el modelo a capón, bilateralmente. Justo como consecuencia de esa forma de hacer las cosas están ahora puestas de manifiesto
las incoherencias del modelo actual, en donde algunas comunidades autónomas como por ejemplo La Rioja, que tiene una renta muy superior a la renta per cápita media, tiene una financiación 20 puntos por encima de la media. Otras comunidades
autónomas como por ejemplo la valenciana, que yo conozco bien, que tiene una renta per cápita inferior a la media también, tiene una financiación per cápita igualmente inferior a a media. Si usted cree que ese es un modelo solidario y que trata
igual el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos fundamentales, evidentemente no ha entendido nada de lo que es un sistema de financiación solidario, que debe resolver los problemas de financiación para todos los ciudadanos.
Transparencia también porque es la primera vez que se aborda la reforma del modelo de financiación a partir de un documento de bases puesto encima de la mesa; un documento que nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, valoramos muy
positivamente. Sí, señorías, estamos de acuerdo con los principios recogidos en el documento base y también con el procedimiento. Solo a partir de consensuar esos principios, y como ha señalado el vicepresidente ya en repetidas ocasiones -hoy
también-, se podrá, fruto de la negociación bilateral que necesariamente tiene que continuar, ir concretando esos principios de acuerdo en los mecanismos de aplicación; acuerdo que, desde luego, cuanto antes mejor, pero no nos obsesionemos con una
fecha, obsesionémonos con hacerlo bien, porque es la oportunidad que tenemos de cerrar bien lo que es la España plural y la España de las autonomías. Definido el marco competencial y prácticamente acabadas todas las reformas estatutarias, lo que
tenemos que resolver bien es cómo distribuimos los recursos entre el Estado y las comunidades autónomas para que, de verdad, el Estado del bienestar sea accesible a todos los ciudadanos por igual.
Por tanto, compartimos la metodología y compartimos, sin duda alguna, el principio, y estamos de acuerdo en que el proceso debe continuar, tiene que continuar la negociación en el marco que corresponde, insisto, que
es el marco de negociación institucional entre el Estado, el Gobierno central y el Gobierno de las comunidades autónomas. Y tiene que haber un marco de negociación bilateral, por supuesto; ustedes también lo aplicaron, porque es de sentido
común. ¿Cómo se van a aproximar posiciones a priori con cada una de las comunidades autónomas si no se va conociendo cómo lo plantea cada una de ellas? Aparte del sentido común, desde luego hay que recordar que todo el marco constitucional así lo
defiende y así lo avala. Además, tiene que existir el marco multilateral, sin duda, como está previsto en el propio consejo, algo en lo que todos estamos de acuerdo.
También quiero decir que ha habido una clara coincidencia en la mayoría de los grupos parlamentarios -desde luego con los portavoces de los grupos catalanes también- sobre la necesidad de que haya unos mecanismos de revisión y de
actualización. Sin duda alguna es fundamental que podamos evaluar cómo va funcionando el modelo y que podamos adaptarlo a las nuevas necesidades; la suficiencia dinámica es fundamental y es una de las claves: que no estuviera y no esté en el
modelo vigente ha provocado la situación actual de agobio financiero. Ustedes no previeron en su modelo anterior mecanismos de revisión y calcularon mal la evolución de la población, lo que ha provocado sin duda una gran insuficiencia de recursos,
especialmente en aquellas comunidades donde más crece la población, como Canarias, y en muchas de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, como es en Madrid, Murcia y Valencia. Tanto que presumen de coherencia de posiciones,
basta con que, les pregunten a los presidentes de esas comunidades autónomas si están de acuerdo con el modelo actual, porque es curioso que, si están de acuerdo, estén pidiendo al Estado recursos adicionales para cosas que no están previstas en el
modelo. Francamente, tienen ustedes un buen guirigay.
También quiero apelar a la voluntad de todos los grupos para llegar a un acuerdo porque creo que es mucho lo que nos estamos jugando en este tema, que es fundamental. Y desde luego la voluntad de llegar a un acuerdo se demuestra con hechos.
Es ilustrativo que, salvo Castilla y León, ninguna de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular haya presentado ningún documento sobre valoraciones y aportaciones para la reforma del modelo. La verdad es que siguen igual, no
aportan nada y siguen criticando. Pero aun así sigo confiando en la responsabilidad de su grupo, y desde luego en la de todos los demás grupos y en nuestra responsabilidad, porque la responsabilidad de llegar a un acuerdo es de todos. La
responsabilidad para llegar a un acuerdo implica actitudes abiertas y flexibles, no inflexibles, señor Sánchez i Llibre; posiciones inflexibles dificultan mucho más el proceso del acuerdo. Seamos abiertos a la objetividad, a la racionalidad, al
análisis, a la reflexión, y sobre todo a lo que, como decía antes, nos estamos jugando: encontrar una reforma adecuada, unos principios adecuados del sistema de financiación que garanticen a todos los ámbitos competenciales del Gobierno los
recursos necesarios para financiar, nada más y nada menos, los pilares básicos del Estado del bienestar: la educación, la sanidad y los servicios iguales. Igualdad de acceso para todos, sin elementos que den lugar a las diferencias injustificadas
de financiación que hay actualmente. Ese es el trabajo que tenemos, la responsabilidad que tenemos que asumir. Nosotros confiamos en el Gobierno, confiamos en su vicepresidente económico y confiamos en el deseo de todos los grupos que de verdad
creemos en la solidaridad y en la democracia de ser capaces de encontrar ese acuerdo. Para ello desde luego nuestro grupo parlamentario va a hacer todo lo posible. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra de nuevo el compareciente, el señor Solbes.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias a todos ustedes por sus intervenciones. Voy a intentar aclarar algunos puntos que me parecen relevantes.
En primer lugar, señor Montoro, el señor presidente no ha hecho novillos.
El Congreso ha decidido que fuera mi comparecencia la que tuviera lugar hoy y es lo que hemos hecho. Y el Gobierno no está confuso. El Gobierno tiene las ideas
bastante claras, las he expuesto hoy y se las expuse el otro día. Usted dice: Es un desastre, lo han hecho ustedes mal con todos, nosotros sí que lo hicimos bien. La señora Rodríguez-Piñero ya le ha hecho algún comentario sobre lo que ustedes
hicieron, pero me gustaría destacar algunos elementos positivos y otros negativos. Ustedes fueron generosos con el dinero que pusieron encima de la mesa yo creo que sin embargo, ustedes fueron menos generosos en trasladar los capítulos con gasto
más dinámico y sin embargo; no introducir ningún elemento de ajuste, y es por esa idea suya de que la población está definida. No, la población no estaba definida -la corrección-. Es verdad que se decía, de una forma muy genérica, algo así como
que anualmente se analizarían los efectos derivados de la aplicación del sistema de financiación, de la evolución del censo de población con respecto a las necesidades resultantes del año anterior. Si eso es tener el problema resuelto, que venga
Dios y lo vea. (Rumores.) Lo que ustedes sí decían era una condición de cumplimiento imposible, que era que si una comunidad autónoma se desviaba en el crecimiento más del 3 por ciento respecto a las demás, sí tenía derecho a una cierta corrección;
corrección que se hacía, por cierto, a cargo de las restantes comunidades autónomas y no con cargo a aportaciones nuevas del sistema. Por tanto, eso planteaba algunos problemas que se han resuelto posteriormente.
No se puso seguramente con mala fe el año 1999 como referencia. Nadie podía esperar que hubiese un proceso migratorio de la naturaleza del que hemos vivido
y que se diera una distribución tan desigual como la que se ha producido posteriormente, eso es cierto y estoy dispuesto a aceptárselo. Pero de lo que no cabe duda es de que todo modelo, incluso los que pretenden ser permanentes, al final
tiene algunas dificultades, que es lo que hace que el sistema sea difícil.
Usted dice que yo no he hablado nunca de multilateralidad. Yo siempre he hablado de bilateralidad y de multilateralidad -luego haré alguna referencia a cómo entiendo que se tiene que llevar a cabo este tipo de trabajo-, lo mismo que siempre
hemos hablado de solidaridad, que, por cierto, se encuentra en nuestro documento en la parte inicial. Es verdad que luego no se hace referencia en los puntos concretos, pero me parece que es suficiente hablar de solidaridad en la introducción
inicial, no hace falta referirse a ella en cada párrafo. Por tanto, no saquen conclusiones de aquello que no se ha dicho. A partir de ahí, también se cubren ustedes pidiendo que la nueva financiación no implique subida de impuestos. No; ni
implica subida de impuestos ni implica que la liga la gane el año que viene alguien -el que sea, me da igual-. Hay muchas cosas que no implica la nueva financiación, pero no veo por qué tiene que suponer subida de impuestos. Eso es algo que
ustedes intentan plantear para evidentemente poner de relieve algunos elementos que lógicamente nunca hemos planteado, pero es una forma como cualquier otra de atacar el sistema.
Han presentado su decálogo que, reconozco, tiene algunos elementos que pueden tener interés y ser útiles pero sin duda alguna estamos hablando con una lógica diferente, en la que algunos elementos de su decálogo podrán ser incluidos. A
partir de ahí, ¿pondremos recursos?, ¿cuántos? Lo sabe mejor que yo. De los recursos que usted puso no se han enterado las comunidades autónomas hasta que nosotros no hemos hecho público el coste de las denominadas modulaciones que se aplicaron
caso por caso; que seguramente es un sistema inteligente de negociar, pero no es transparente. Reconózcalo. Una cosa u otra. Las dos cosas al mismo tiempo no. Lo que nos gustaría es tener un sistema que sirviera de base para un modelo más
consistente con el sistema autonómico que este país tiene a largo plazo y evidentemente ya sabemos que habrá ajustes temporales que habrá que poner en marcha, pero conviene que sean no como las modulaciones, sino conocidos por parte de todo el
mundo. Parte de los problemas que tenemos en este momento son consecuencia de sus modulaciones, porque sus modulaciones nos han llevado a que algunas comunidades autónomas reciban muchos más recursos que los que recibirían de acuerdo con criterios
parecidos a otros. Se ha hecho alguna referencia a alguna comunidad autónoma y podríamos exponer alguna más.
Señor Sánchez i Llibre, dice que está decepcionado y defraudado porque no cumplimos con el Estatuto, que Cataluña no se merece un trato discriminatorio. No hay ningún trato discriminatorio con Cataluña. Parece mentira que usted pueda decir
esas cosas y que lo diga seriamente. Si lo es como debate político, está bien, pero Cataluña recibe un trato, por lo menos por mi parte siempre lo ha recibido, absolutamente correcto e igual que con los demás. Es más, nuestra preocupación ha sido
intentar corregir algunos de los problemas que actualmente sí vemos, donde Cataluña tiene algunos temas en los que el tratamiento no es el que correspondería. En ese sentido van parte de nuestras propuestas. A partir ahí, plantea si se vincula con
la negociación del presupuesto o no. Son libres de tomar políticamente las decisiones que estimen pertinentes. En mi opinión son dos negociaciones radicalmente diferentes. Yo trabajaré en ambas líneas aplicando aquellos criterios que creo que en
cada caso se tienen que aplicar, porque este es un problema de una importancia fundamental. El problema del déficit fiscal de Cataluña es viejo. Si por déficit fiscal entiende usted la balanza fiscal, es una cosa; si por déficit fiscal entiende
en términos homogéneos lo que recibe per cápita Cataluña, discutiríamos de una cosa radicalmente diferente. Por tanto, hay muchas cosas para hablar del concepto de déficit fiscal. Lo que no acepto es que el déficit fiscal es el déficit que procede
de la balanza fiscal si no lo corregimos en función del nivel de renta.
Plantea usted tres temas de incumplimiento, el primero, la bilateralidad.
Comprendo que insistan mucho en el artículo 206, que es importante y al que hay que darle toda su importancia, pero se olvidan permanentemente de la disposición
adicional duodécima sobre la interpretación armónica, que dice, y se la leo textualmente: Las normas de la ley orgánica prevista en el apartado 3 del artículo 157 de la Constitución y las normas contenidas en el presente Estatuto deben
interpretarse armónicamente. Dicho en otros términos, se corrigió el orden que existía en el anterior texto estatutario en el que venía primero la Constitución, después la Lofca y después el Estatuto, pero eso no quiere decir que la Lofca haya
desparecido, entre otras razones porque si no sería imposible, si no mezclamos la bilateralidad con multilateralidad, llegar a un sistema que al final nos encaje. Esa es la dificultad. Por eso siempre he hablado de bilateralidad y de
multilateralidad. Usted va un poco más lejos y dice: No me gusta lo que establece el Tribunal Constitucional sobre la interpretación de las competencias en términos bilaterales -lo ha dicho también el señor Ridao- y lo multilateral. No es un
problema de que le guste o no le guste, sino que es la doctrina vigente del Tribunal Constitucional en el año 2007 -en 2007, no estamos hablando de 1999 sino de 2007-. Por tanto, digamos que hay algunos elementos que entiendo que hacen la vida más
complicada. El señor Azpiazu lo ha dicho muy bien: No pongan ustedes tantas restricciones porque en la medida en que ponen tantas restricciones todo se hace mucho más complicado. Desgraciadamente tendremos muchas restricciones, algunas las hemos
puesto nosotros mismos, otras las pone otra parte y, al final, se intenta conjugar todo este modelo de que el sistema funcione y, lógicamente, el sistema funciona con los límites que tiene.
No estoy de acuerdo con su interpretación de la ordinalidad y si usted lo lee bien, lo que dice el artículo 206 no es lo que usted ni lo que en Cataluña muchas veces se dice, que el Estatuto dice que Cataluña mantendrá su nivel de
aportación. No, eso no es lo que se dice. Esa fue una propuesta que se hizo por parte de algunos grupos en Cataluña, pero no es lo que dice el Estatuto. El Estatuto lo que dice es que no se modificará el nivel de renta per cápita, no el nivel de
aportación. Por tanto, si aceptamos el Estatuto, aceptémoslo como se pactó y con lo que se dice, y no saquen conclusiones que no vienen en el documento. (El señor Sánchez i Llibre pronuncia palabras que no se perciben.) Estamos absolutamente de
acuerdo: Lo que dice exactamente es que en ningún caso la posición de Cataluña se alterará en la ordenación de renta per cápita y no de aportación y de recepción de recursos, sino de posición de renta per cápita, que es otro concepto totalmente
diferente. Usted intenta por este artículo aplicar algo que puede tener una cierta lógica, que es el modelo alemán, pero el modelo alemán no es el que está aquí; tengámoslo muy claro. En el modelo alemán el Tribunal Constitucional alemán define
como lógica que aquellos que son más ricos aportan a los que tienen menos ingresos, pero sin que en ningún caso modifiquen su posición relativa. Me parece que es un modelo tan defendible como cualquier otro y entiendo perfectamente que ustedes lo
defiendan; tiene sus elementos en un modelo federal de una cierta consistencia. Lo entiendo perfectamente, pero eso no es lo que dice aquí. Por tanto, no saquemos incumplimientos de temas en los que aplicamos el Estatuto en la interpretación que
nosotros creemos que es la correcta.
Habla también del problema de la solidaridad y del tema del Fondo de Suficiencia. La financiación de los servicios fundamentales -educación, sanidad y servicios sociales básicos- tiene una determinada lógica y es absolutamente respetada en
nuestro documento respecto a lo que se dice en el Estatuto de Cataluña y también a lo que se dice en otros estatutos.
Pero eso no nos resuelve un segundo problema que ha planteado de forma un poco indirecta el BNG, y es qué sucede con aquellas
competencias de las comunidades autónomas si hay comunidades que no tienen recursos propios pero que sí tienen las competencias transferidas. A eso se refiere el concepto de suficiencia financiera, que es un concepto distinto y ahí hemos intentado
discriminar entre ambos conceptos porque tiene toda la lógica del mundo. Hemos hablado de justicia, pero podríamos hablar de otros temas. La justicia por lo menos habrá que pagarla en aquellas comunidades autónomas que la tengan y, si tienen
recursos propios para hacerlo, lo pagarán con sus recursos, pero si no los tienen habrá que aportar recursos para hacerlo; y todo eso está vinculado con el Fondo de Suficiencia, porque cuanta mayor disponibilidad haya de recursos que actualmente
son del Estado vía participación en ingresos del Estado, menos será necesario aportar por Fondo de Suficiencia. Esa es la lógica del sistema y si no entendemos el sistema no estamos entendiendo nada. A veces tengo la sensación de que estamos en un
debate en el que mezclamos cosas que no son excesivamente consistentes y coherentes. La mayor participación en los ingresos del Estado parte de una situación, que será la situación ene en el momento de partida, y que después en función de la mayor
o menor evolución dará mayores o menores ingresos a una u otra comunidad autónoma; y ahí sí, la gestión de los recursos, la mayor eficiencia, etcétera, jugarán un papel fundamental, porque serán recursos propios de las comunidades autónomas.
¿El problema del nivel de recursos financieros debe hacerse con población o no? Para los servicios públicos fundamentales sí, entendiendo por población el concepto de población ajustada, y ahí entramos ya en otro debate enormemente
complejo. La población ajustada en el modelo que en su día se estableció era el 96 por ciento de población y 4 por ciento de otros conceptos que incluían dispersión, insularidad, envejecimiento y algunos otros conceptos. Hoy hay ideas nuevas
encima de la mesa. La inmigración está en el Estatuto de Cataluña. Es un tema bien interesante.
¿La inmigración supone más gasto o menos gasto si se reconoce al inmigrante como población? ¿Por qué tiene que suponer más gasto? ¿o supone más
ingreso? ¿Por qué tenemos que pensar que el inmigrante que aporta recursos vía IRPF, vía IVA o vía otros conceptos que van a dar recursos necesariamente va a tener más gasto que el gasto que tiene una unidad de población adicional? ¿Tiene más
gasto en educación el inmigrante, tiene más gasto en sanidad? No necesariamente. ¿Tiene más gasto en servicios sociales básicos? Por tanto, estos son los temas que en mi opinión hay que discutir y hay que ver qué sentido y qué corrección tienen.
Si hay que corregir algún elemento de estos, corríjase, pero corrijámoslo de acuerdo todos y teniendo un modelo que nos sirva de forma permanente, porque si no al final estaremos siempre dándole vueltas. En lo que sí estamos todos de acuerdo es en
que la población juega un papel clave y fundamental. Sea 1995, 1996, 1997, me da igual; no es un problema a discutir ahora. ¿Qué es lo que hemos dicho? Como este es un tema muy complicado, estudiémoslo técnicamente y mientras no lleguemos a un
acuerdo técnico, apliquemos el sistema que ha funcionado estos años y que no ha dado tan mal resultado. Ha dado mal resultado en inmigración, pero no por inmigración, sino por el incremento del número de habitantes en ciertas zonas que como no ha
aumentando por encima del 3 por ciento de la diferencia, no se ha podido corregir. Ahí es donde hemos tenido el problema y es el problema que intentamos corregir especialmente en Cataluña, pero también en Madrid, en Baleares, en Murcia, en
Valencia, en Canarias y en otras zonas que se han visto muy afectadas por este concepto. Ese es el elemento clave que en mi opinión va a tener una importancia fundamental.
A partir de ahí hay, algunos conceptos. Comprendo que lanzar hojitas volanderas hablando del ingreso en los gastos del Estado y que no vienen firmadas por nadie
al final dan lugar a muchos equívocos. Voy a dar algunos datos que no he facilitado nunca, pero dado que tantas veces se insiste en el tema, voy a darlos para que tengamos las ideas claras. Tengo los datos de 2002 respecto a 2006. En el
2002 es cuando en realidad empieza a aplicarse el nuevo sistema de financiación. Ingresos de las comunidades autónomas en el año 2002: 54,84 por ciento; ingresos de la Administración central: 45,16 por ciento. Ingresos de las comunidades
autónomas en el año 2006: 57,46 por ciento. Por tanto, 2,5 puntos más y evidentemente que son menos del Estado. En consecuencia, no es cierta la afirmación de que el Estado ha obtenido muchos ingresos y las comunidades autónomas prácticamente no
han recibido ingresos. Les voy a dar algunos datos que pueden ser interesantes para que vean que el debate es de una mayor complejidad de lo que parece. De acuerdo con los datos que nosotros disponemos, periodo 2002-2005, los ingresos reales de
las comunidades autónomas no normativos -a veces en algún estudio de alguna conocida cámara de comercio se ponen los ingresos normativos y los gastos reales, como si no fuéramos capaces de distinguir esos conceptos- crecen un 35,23 por ciento y los
ingresos reales del Estado un 19,9 por ciento. Gastos reales de comunidades autónomas. Crecen un 33,21 por ciento de 2002 a 2005, mientras que el Estado ha incrementado sus gastos un 9,28 por ciento, aproximadamente tres veces más. Ahora, como en
el Estado se incluyen las transferencias que hacemos a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, si las deducimos, sale un gasto algo mayor del Estado, un 12,46 por ciento, pero seguimos comparándolo con el 33,21 por ciento. Los
gastos de las comunidades autónomas agrupados bajo el concepto resto, es decir lo que no es educación ni sanidad ni otros gastos del Estado del bienestar, crecen más que los que se dedican a sanidad o a educación. Por lo tanto, hay algunos otros
conceptos que también es interesante ver. Estoy hablando de cifras generales, cada comunidad autónoma es distinta. Todo esto lo pongo de relieve para que no nos fiemos de demasiadas afirmaciones que se hacen de forma gratuita y con ánimo -lo
entiendo perfectamente- de incentivar el debate político, pero que al final no nos aclaran las cosas sino que las confunden. Honestamente, estoy dispuesto a enviarles toda la información disponible para que podamos hablar con datos reales, pues
todo esto nos puede ayudar mucho a que las cosas se planteen de otra forma. (El señor Arias Cañete: Que se manden.)
Señor Azpiazu, muchas gracias por sus comentarios. Ya sé que le gusta que se cumplan todos los estatutos, incluido el vasco. A mí también, lo que pasa es que no siempre es posible. Pero volviendo al tema del Estatuto catalán, que es el
que da origen a este debate al que usted se ha referido, en la comisión mixta nos sentamos dos partes y las responsables del no acuerdo son las dos partes y no solo una. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Yo estoy dispuesto a aceptar la parte que
me corresponde, pero no a aceptar la que no me corresponde. Y sobre el problema de la complejidad ya he hecho algún comentario.
Señor Ridao, el primer punto es la bilateralidad o no y el problema de la aplicabilidad del sistema. El sistema que estamos planteando tiene muchos elementos del Estatuto catalán y he enunciado todos. Usted dice que no están todos con todo
lujo de detalles y yo le digo que no, que no están todos con todo lujo de detalles, que hay algunos que no están, pero hemos incluido la lógica del Estatuto catalán, que luego han seguido otros estatutos con algunas matizaciones. Por lo tanto,
hemos trabajado en una línea consistente y es un modelo que nos parece más moderno y que puede ser más transparente, más consistente y más lógico. Intentemos aplicarlo a todo el mundo. Ahí tenemos elementos de bilateralidad y de multilateralidad,
como se ha dicho anteriormente que se ha hecho en muchas otras ocasiones. Se hizo con el 15 por ciento, pero también se ha hecho en algunos otros casos. A partir de ahí, se queja de que algunos temas no están resueltos, de que hay una cierta
decepción y de que no hemos intentado resolver las dificultades. Hemos puesto encima de la mesa un documento que nos permite hablar de todos los problemas que tenemos, que no serán los mismos en Cataluña, por ejemplo, que en Asturias, y es verdad
que el modelo que hagamos para Cataluña tiene que ser armónico con el de Asturias, ya que si no no habrá forma humana de que el sistema funcione. Eso es lo que intento que al final entiendan. A lo mejor habrá matices y ligeras diferencias; de
acuerdo, pero tienen que ser pactadas, conocidas, consistentes y que se puedan aplicar en las diferentes comunidades autónomas porque todo el mundo está de acuerdo con que se apliquen. Si no es así, va a ser muy difícil que el sistema avance. Que
Cataluña defienda sus puntos de vista sin complejos me parece bien; que haya unidad de acción me parece bien, nunca me molestará ese tipo de temas, pero ¿hay que superar el debate técnico? En algunos temas sí y en otros no. Por ejemplo, un tema
del debate técnico que no está superado y que nos parece fundamental es evaluar -ya hemos puesto en marcha un grupo técnico- el coste de la prestación de los servicios que en estos momentos están transferidos. No son los mismos servicios. Es muy
interesante ver, por ejemplo, en qué se gasta el dinero cada comunidad autónoma y por qué.
No todo el mundo gasta o incrementa lo mismo en educación, cosa que yo puedo entender porque hay menos niños, o gasta más o menos en sanidad, porque puede
tener una opción más privada o más pública. Por tanto, hay muchos elementos a considerar, pero tenemos que tener un modelo que al final nos permita ser consistentes y evaluar que todo el mundo tiene los recursos necesarios para financiar aquello
que pretendemos poner en marcha.
¿Pretendemos una nueva Lofca? No, no pretendemos una nueva Lofca, pero no podremos poner en marcha el modelo catalán si no hay una nueva Lofca. No se puede hacer una cesión de impuestos si no hay una aceptación vía modificación de Lofca,
porque el máximo de impuestos y los impuestos que se pueden ceder vienen
definidos en la Lofca. Yo creo que usted aceptará conmigo que es muy difícil que pudiéramos entender que hay cesiones a unas comunidades autónomas vía estatuto que no existen para otras. Me plantearía algunas dudas que constitucionalmente
eso se pudiera hacer. Hay elementos de diferenciación y de discusión que tienen que plantearse.
¿Cataluña está en una situación financiera difícil? Habla de los ingresos y de los gastos, de la sanidad, etcétera. No voy a darle cifras porque no quiero entrar en ese debate. Si usted me preguntase si yo creo que Cataluña es la
comunidad de este país que tiene más dificultades de financiación en estos momentos, yo le diría que no; ni la segunda ni posiblemente la tercera, posiblemente no. Si quieren que hablemos de eso y que pongamos números encima de la mesa, los
ponemos. Estamos hablando siempre de comunidades que para compararlas tenemos que hacerlo con homogeneidad en las transferencias llevadas a cabo -ese es un tema muy importante- y con los mismos conceptos y con los mismos criterios, y veremos que
Cataluña tiene dificultades como tienen otras comunidades autónomas. Si me dice que hay dificultades en las comunidades autónomas, yo le digo que sí hay dificultades en estos momentos, en parte como tengo dificultades yo en estos momentos en una
situación de caída de ingresos y sobre todo de caída de ingresos muy relevantes en el ámbito de la construcción, cuando actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales son impuestos cedidos a las comunidades autónomas.
Lógicamente, las
comunidades autónomas están sufriendo y Cataluña está sufriendo. Eso lo sabemos todos y es perfectamente correcto. Por tanto, yo no acepto la tesis de ahogado. Entiendo que pueda existir en Cataluña la sensación de que algo está pasando, que con
nuestro nivel de renta no somos capaces de llevar a cabo la solución de nuestros problemas con los recursos que tenemos y que por ello necesitamos más recursos. Eso lo puedo entender perfectamente. De eso es de lo que estamos hablando y estamos
intentando resolver la situación actual.
¿Cuánto vamos a poner? Se ha hablado de la suficiencia, del problema de los recursos nuevos, de si el Estado tiene que adelgazar. Podemos hacer muchos cálculos, pero analicemos el gasto del Estado. El Estado grosso modo gasta el 50 por
ciento, el 50,8 ha dicho usted y posiblemente estará en ese entorno. De ese entorno ¿cuánto es la Seguridad Social? Le recuerdo que será alrededor del 32 por ciento. Por tanto, el Estado gasta grosso modo el 18,8 por ciento. Las comunidades
autónomas tienen un gasto muy superior al nuestro, casi el 40 por ciento. Luego, seamos conscientes de ello. No estoy hablando de ninguna cantidad, estoy intentando poner las cosas en su sitio. El Estado puede ser generoso y puede intentar
ayudar, pero seamos conscientes de los márgenes que tiene el Estado sin tocar Seguridad Social, que evidentemente tiene otra lógica y otro planteamiento. En consecuencia el concepto de que el Estado tiene que adelgazarse yo lo podría hasta
entender, pero seguramente en una situación de crisis nos tenemos que adelgazar todos y esa es la dificultad fundamental.
Cifras. Las cifras se discutirán al final, siempre se discuten al final.
Yo sé que si pongo una cifra de uno, de dos o de cinco, ahora estaremos discutiendo aumentando esa cifra, con lo cual les daré una cifra que les parece inaceptable.
En todo caso sí compensaremos el impuesto sobre el patrimonio a las comunidades autónomas de acuerdo con el principio de lealtad institucional, tal como usted me ha planteado. El problema de la multilateralidad y la bilateralidad lo he intentado
explicar. Mi idea es empezar a sentarme, a partir del mes de septiembre mi gente y yo, a distintos niveles, con consejeros, con responsables de comunidades autónomas de distinto nivel, y trabajar para ver cuáles son los problemas de cada uno y ver
cómo vamos encajando los distintos temas, a ver si podemos conseguir algo que tenga sentido de forma permanente y que al final nos sirva para que todos podamos funcionar de forma más adecuada.
Nivelación parcial, ¿por qué no lo acepto? Sí acepto lo que dice el Estatuto, acepto lo que dice el Estatuto, no hay ningún problema. Para esos servicios públicos fundamentales habrá una financiación por población ajustada. El problema es
que tenemos que resolver, vía suficiencia financiera, qué sucede con aquellos otros servicios que las comunidades tienen que prestar cuando no tienen recursos, y tendrá una lógica distinta. Con esto, ¡ojo!, no entiendan ustedes que significa que
queremos que el sistema sea exactamente igual que el anterior. No, no va a ser igual que el anterior, va a tener una lógica distinta. El punto de partida de garantía es el momento de partida. A partir de ahí, la dinámica tendrá que estar en
función del gasto que tenemos que financiar en el futuro y puede ser con criterios totalmente diferentes.
Señor Herrera, sabe que nuestra posición ha sido siempre la misma. Nuestra idea es intentar llegar a un acuerdo que nos permita que se aplique este sistema a partir del año 2009. Esta es la idea y sobre esa idea puede tener la seguridad de
que vamos a trabajar y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que eso pueda ser así. Se lo dije anteriormente y se lo vuelvo a repetir, porque es mi convicción personal. Soy consciente de que si no hay una cooperación entre todos va a
ser muy difícil que ese acuerdo se dé ese no es el problema que se nos plantea.
El problema que se nos plantea es que hay que hacer todos los esfuerzos para intentarlo y para conseguirlo. Además, si hay una cierta buena voluntad, en mi opinión se
puede poner en marcha. A partir de ahí, ha hecho referencia al problema de qué pasa si no hay acuerdo y cuál es el margen de maniobra del Estado o del Gobierno central. Este no es un problema que yo elija o que usted elija, es un tema en el que
nos dice el Constitucional qué es lo que tenemos que hacer. El Constitucional nos dice: Usted como Gobierno central tiene entre sus competencias la financiación autonómica. Usted además tiene que oír al Consejo de Política Fiscal y Financiera y
tiene incluso que tener un informe favorable, pero si al final el sistema es tan complicado que
no hay acuerdo, usted no puede dejar de actuar. Tendrá que hacer una propuesta de ley y buscar una solución para resolver el problema. En ese sentido es en el que lo he dicho, porque no podemos dejar de ejercer nuestra responsabilidad de
que tenemos que poner un sistema en marcha.
Hay otra alternativa, que es quedarnos como estamos, pero quedarnos como estamos es, en mi opinión, una situación inaceptable incluso para el señor Montoro y para los gobiernos autonómicos que representa
el señor Montoro. ¿Que hay que hacer pedagogía? Mucha. Yo cuando les oigo, entiendo que hemos discutido varias veces ya sobre el tema autonómico, pero todavía veo que hay muchos elementos donde veo más problemas de incomprensión o de la falta de
información que de confrontación. En otros casos hay problemas de confrontación porque las posiciones son distintas.
Esto es perfectamente lícito, pero lamento que a veces la confrontación sea consecuencia de falta de información adecuada sobre
los distintos temas. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.)
Sobre el problema de la inmigración, ya he hecho algún comentario y en su momento podremos tratarlo. No me gustaría utilizar el modelo parche.
Precisamente lo que estamos intentando es todo lo contrario. Por eso estamos intentando avanzar
de forma progresiva y de forma lícita.
En cuanto al BNG, en su planteamiento hay algunos elementos que, como decía antes, tal vez no estén bien explicados. Primero, la Agencia Tributaria propia es una competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, no tiene nada que ver. Si lo
que está planteando es que Galicia tenga más nivel de participación en los ingresos del Estado que el que estamos ofreciendo, porque eso es lo que considera que serían los ingresos que Galicia necesitaría, primero, ese no es un supuesto que se está
planteando en este momento y no corresponde decidir a la comunidad autónoma, sino que es un tema más global que corresponde al marco de la Lofca, y, segundo, yo creo que ustedes harían bastante mal negocio si entran por una lógica de ese tipo. El
tema de la suficiencia ya se lo he comentado indirectamente.
Ha hablado del problema de las empresas gallegas que pagan en Madrid.
Cuando es IRPF, el dinero se percibe en función del lugar de residencia de los que contribuyen, por tanto en Galicia; cuando es IVA, se calcula un porcentaje en función
de unos determinados índices calculados por el INE, de acuerdo con la actividad económica en cada uno de los territorios especialmente vinculados al consumo, y se calcula lo que le corresponde, y únicamente es en sociedades donde se podría plantear
ese problema, pero no se plantea, porque sociedades es un impuesto únicamente estatal y por tanto Galicia no tiene participación en este impuesto. En consecuencia, este tipo de situaciones no se produce.
El problema del envejecimiento con Aragón y la dispersión. Los problemas de dispersión y de envejecimiento en parte están incluidos ya en el actual concepto de población ajustada, y ahí es donde he dicho más de una vez que si a lo largo de
la negociación se considera pertinente llevar a cabo algún ajuste, por parte del Gobierno central no va a haber ninguna dificultad. Lo que sucede es que aquellos que tienen población dispersa consideran -y es verdad- que prestaciones como los
servicios médicos tienen mayor coste, pero aquellos que sin embargo tienen servicios más aglomerados piensan que hay otros servicios que tienen más coste, por ejemplo, residuos, etcétera, que en una población más dispersa. Por tanto, hay que buscar
un equilibrio razonable entre los distintos conceptos para que al final el sistema sea consistente. En todo caso, siempre hemos pensado que el modelo más coherente y el que tiene más sentido común es el modelo que está vinculado a la población. Es
verdad que Asturias, con población envejecida, tiene más gasto sanitario que el que tienen otras partes del país; tiene menos gasto educativo.
Posiblemente Galicia, que también tiene el problema de una parte de la población envejecida, tendrá más
gasto sanitario. Pero eso entra dentro de los componentes normales de la financiación de cada uno de los territorios.
Señora Oramas, el tema de la solidaridad interterritorial existe de forma muy evidente en el modelo actual. En el caso de Canarias, homogeneizar el modelo es bastante complejo, de hecho no lo homogeneizamos nunca, porque así como
homogeneizar el gasto podría ser relativamente fácil, homogeneizar el ingreso, en la medida en que hay una parte sustancial del ingreso que se percibe por el propio Gobierno canario, es más difícil; es más dificil decir cómo se tiene que atribuir.
Es verdad que el tema de la población tiene importancia, como lo tiene en su caso el tema de la insularidad, y usted plantea el problema de qué sucede con lo que no es educación, sanidad y servicios sociales básicos. Ya se lo he comentado.
En
nuestro concepto, todo aquello que es una competencia de una comunidad autónoma tiene que ser financiado. Y o será financiado con sus propios recursos o tendremos que buscar un sistema para financiación, si estamos hablando de competencias
transferidas reales. Con relación al título de competencia transferida real, por entendernos bien, una cosa son las televisiones, por ejemplo, y otra cosa es la justicia, por poner dos ejemplos para que todos entendamos bien de lo que estamos
hablando.
El problema del Fondo de Suficiencia. ¿Va a jugar como los sistemas europeos? No. El concepto es radicalmente diferente. El Fondo de Suficiencia es la cantidad necesaria para que exista esa suficiencia global para que pueda funcionar y
dependerá de otros criterios. Cuando estamos hablando de apoyo al desarrollo económico de ciertas zonas, de ciertos territorios, lo que existe es el Fondo de Compensación Interterritorial, que ha jugado con unos criterios yo diría que muy
restrictivos históricamente, porque en cierta medida el peso excesivo de los fondos comunitarios hacía que el Fondo de Compensación Interterritorial perdiera parte de su interés, pero puede volver a adquirirlo en el futuro en la medida en que
podremos resolver elementos de gasto corriente
en un sistema de financiación, pero no siempre de gasto de inversión. Ese es un tema que en algún momento tendremos que plantear para ver cómo se resuelve. A partir de ahí, plantea usted un problema muy complejo, que es qué sucede en los
casos en los que hay caída de demografía. Este no es el problema más complicado. He creído entender el sistema de compensación por fallos demográficos. No sé si lo he entendido yo mal. No es el problema que yo veo en Canarias. Es un problema
que veo en otras partes del país, pero en Canarias su proceso inmigratorio está produciendo más bien la presencia de más gente y por tanto la necesidad de corregir la población con la población inmigrante o simplemente residente por traslado del
resto de España o por traslado de otras zonas.
Agradezco a la señora Rodríguez-Piñero su intervención y muchas de las declaraciones que ha hecho, algunas de las cuales me han permitido a mí entrar directamente en el detalle de forma más completa.
El señor PRESIDENTE: Antes de empezar la sesión, algunos de ustedes me sugirieron la posibilidad de limitar la reunión a una única ronda de intervenciones. Es ahora, concluida esta primera parte, cuando con más elementos de juicio podrán
ustedes estimar si es necesaria una réplica o no. ¿Alguien quiere intervenir? (El señor Montoro Romero pide la palabra.) Con que un grupo lo pida, hay una segunda ronda. Señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Estamos abordando una gran cuestión, la organización del Estado de las autonomías en España; una cuestión frente a la que la sociedad española nos pide responsabilidad y nos pide horario, obviamente. No es
cuestión de ser cicateros en lo que debe ser el planteamiento de nuestro debate político en esta cuestión tan esencial.
Tengo que decirle, señor Solbes, que bienvenido. Le ha costado a usted hablar así. ¿Cuántos años lleva en el Gobierno? Porque es la primera vez que hace un informe sobre lo que es el sistema de financiación en España, los resultados del
sistema, los resultados comparados con el Estado. Si hubieran empezado a hablar así en el año 2004, en el año 2005, nos habríamos ahorrado unos cuantos viajes. Lo que usted ha dicho es que el sistema actual ha sido suficiente; comparativamente ha
dado más a las comunidades autónomas que al propio Estado. Eso es lo que nos ha dicho esta tarde, con cifras. ¿Esto no lo sabía el Gobierno socialista en el año 2005, cuando estaba abriendo el melón autonómico en España? ¿Eso no lo sabía usted o
lo ha descubierto ahora, se lo han traído sus técnicos en este momento? ¿Usted no sabía cuál era el resultado de los porcentajes de las cesiones de todos los grandes impuestos del Estado, excepto el impuesto sobre sociedades, que se hacen por
primera vez con modulaciones? ¿Eso no lo sabía? ¿Eso no lo saben en el Ministerio de Hacienda? ¿Eso no es necesario para equilibrar el sistema y para garantizar solidaridad en él? Señor Solbes, yo solo le digo que los ejercicios de
responsabilidad hay que ejercerlos desde el primer momento en que se está en el Gobierno y cuando se está uno enfrentando a procesos que nos está diciendo usted esta tarde que han tenido una génesis política; no tienen justificación cuantitativa en
la financiación, han tenido una génesis política. Este es el gran asunto, este es el gran asunto de la reorganización del Estado de las autonomías en España. Es lo que nos ha dicho usted con todas esas cifras, que por lo demás se deducen de la
propia liquidación. Además, las liquidaciones de las comunidades autónomas en España están publicadas desde que tenemos en marcha el Estado de las autonomías en nuestro país.
Me ha dado la impresión de que es usted el que ha aterrizado en el problema ahora y lo hace además en un contexto en el que tiene por delante leyes por cumplir, leyes que son incompatibles entre sí, y cuando tiene delante una crisis
económica que le está reduciendo su capacidad de introducir nuevos recursos al sistema de financiación autonómico. Y claro, ahora, otra vez, átame esa mosca por el rabo. Tenemos un problema jurídico-institucional y un problema financiero
descomunal, derivado de la propia recaudación de los ingresos de todos. Están cayendo los ingresos de todos porque hay una crisis económica, como usted ha dicho, que está mermando la recaudación del conjunto de las administraciones públicas de
España. Esa es la realidad de lo que nos está ocurriendo. Por cierto, si esa expresión se la oyera decir algún día al señor Zapatero, a lo mejor clarificaba a la sociedad española en qué momento, de qué estamos hablando, cuál es la cuestión que
estamos abordando y con qué capacidad financiera lo está haciendo el Estado.
Yo doy una gran importancia a que en los documentos políticos que suponen los acuerdos dentro de las organizaciones políticas, dentro de los partidos, ya sean grandes partidos, en número, en importancia o en presencia en el conjunto de
España, o sean partidos de un tamaño más relativo, cuya circunscripción en el ámbito de acción esté referida a una comunidad autónoma, en esos documentos, en esas bases, se expresen las cosas con claridad. Y usted, Señor Solbes, no ha sido claro
cuando, en su documento de julio, en el preámbulo, en la explicación, se refiere a la solidaridad. Y en las bases sobre las que tiene que asentarse la financiación autonómica en nuestro país omite la solidaridad. ¿Qué tipo de reparo político tiene
usted con la solidaridad para omitirlo en las bases? Le voy a leer en un segundo cuál es el concepto de solidaridad que aparece en nuestro decálogo, en el decálogo del Partido Popular. Usted ha dicho que el decálogo tiene cosas buenas, pero que
tiene una lógica diferente.
El señor PRESIDENTE: Señor Montoro, en esta ocasión sí vamos a ser breves.
El señor MONTORO ROMERO: Va a ser un segundo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Un segundo ha pasado.
El señor MONTORO ROMERO: Yo no sé si el señor presidente tiene prisa esta noche, pero es que tenemos que hablar de una cuestión muy importante para todos los españoles. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Yo no tengo ninguna prisa.
El señor MONTORO ROMERO: Señor presidente, vamos a ser serios a la hora de abordar el horario.
El señor PRESIDENTE: Señor Montoro, si me permite, dirijo yo la reunión.
En primer lugar, nadie tiene prisa, al menos yo. No es una cuestión de prisa, es una cuestión de un mínimo rigor. Los segundos turnos de intervención suelen ser de
cinco minutos.
El señor MONTORO ROMERO: ¿Cuántos llevo empleados?
El señor PRESIDENTE: En el anterior se fue absolutamente flexible con todos, empezando por usted; en esta ocasión, también. Lleva siete minutos. Le pido, por favor, que concluya lo antes posible y evite juicios de valor sobre los demás.
(Una señora diputada: ¡Muy bien!)
El señor MONTORO ROMERO: Perdonen que insista, pero estamos abordando cuestiones esenciales de la organización del Estado, señorías. Estamos aquí precisamente en delegación de la soberanía nacional para representar a los ciudadanos. Señor
presidente, cuando establezca las reglas de juego de entrada a la Comisión, establézcalas con claridad y con precisión en los tiempos y en el otorgamiento de los tiempos, porque tenemos esta forma de funcionar, esta convocatoria nocturna, para
después preguntar en el pasillo si va a haber réplica o contrarréplica. Debemos llegar a unas normas comunes y en ese sentido renuncio al uso de la palabra de entrada, señor presidente. Es su responsabilidad por la organización de un debate tan
importante para todos los españoles, como el que estamos protagonizando esta noche aquí. (Rumores.) O establecemos las normas claras, de entrada, o estamos hablando de otra cuestión.
Si me permite, acabo, señor presidente, porque creo que es mejor procesalmente que lo haga. Insisto en que voy a leerle, si no le importa, el concepto de solidaridad que se mantiene en el decálogo del Partido Popular. La solidaridad debe
ser irrenunciable, siendo así que cualquier modelo que se apruebe debe asegurar los recursos suficientes a las regiones para prestar los servicios transferidos con independencia de su capacidad fiscal. Esta solidaridad habrá de instrumentarse en
términos estáticos y dinámicos a través del Fondo de Suficiencia, permitiendo a las regiones con menor capacidad tributaria cubrir la diferencia entre sus necesidades de gasto y la recaudación tributaria asignada por las distintas figuras
tributarias cedidas y compartidas. Eso es lo que quiero preguntarle, señor vicepresidente del Gobierno, si usted está de acuerdo con este principio de solidaridad que se establece, que me parece fundamental, sobre el que articular realmente la
configuración del Estado de las autonomías en España.
Acabo insistiendo en que sin duda alguna el sistema es perfeccionable.
¡Claro que es perfeccionable! Pero la responsabilidad del Gobierno es precisar cuánto pretende aumentar la cesión de los impuestos, cuáles son las modulaciones que va a
aplicar y cuál es el resultado final de ingreso de recursos en el sistema. Esta es la cuestión, señor vicepresidente. En lo otro está bien que realmente nos recreemos con otro tipo de filosofías, pero de lo que estamos hablando es de que el
Estado, que está compuesto por las comunidades autónomas y por las corporaciones locales, que son componentes del Estado de las autonomías, disponga de los recursos suficientes para acometer una prestación para que los ciudadanos puedan acceder en
condiciones de igualdad, con independencia de su lugar de residencia.
Señor presidente, gracias por su flexibilidad.
El señor PRESIDENTE: Las normas de funcionamiento de esta Comisión y de otras, señor Montoro, están muy claras. Las segundas intervenciones son de cinco minutos. En esta ocasión ha consumido diez, el doble de lo establecido normalmente en
estas reuniones.
Seguimos con las intervenciones. Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LIBRE: Señor vicepresidente del Gobierno, señoras y señores diputados, después de escuchar la réplica del señor ministro de Economía y Hacienda a los planteamientos que ha hecho este grupo parlamentario en su exposición,
le diría que, si después de su primera intervención hemos mostrado nuestra decepción y hemos quedado defraudados, después de la réplica, más bien nos hemos quedado perplejos; defraudados, decepcionados y finalmente perplejos. Porque usted en
ningún momento de su intervención ha reconocido la mayor que le planteaba Convergència i Unió, que ustedes están incumpliendo reiteradamente la ley. Y le he mencionado la disposición final primera, por la cual ustedes están obligados, antes del día
9 de agosto, a establecer todos los criterios relativos a la financiación y al artículo 206. En ningún momento ha reconocido usted que en cierta medida están incumpliendo la ley. Primera cuestión que nosotros lamentamos y por lo que también
estamos, como he dicho anteriormente, muy perplejos.
Hay otra cuestión que a raíz de su intervención vuelvo a manifestarle con la máxima seriedad, señor vicepresidente, y con el máximo respeto hacia su persona; usted sabe que nuestro grupo parlamentario se lo profesa hace muchísimos años.
Cuestiones personales aparte, creo que con su explicación, con su postura y con su posición, ustedes están discriminando negativamente a Cataluña, ustedes están maltratando a Cataluña, y se lo digo muy
seriosamente, perdón, muy seriamente, no seriosamente, que es una catalanada, por decirlo de alguna manera, pero por algo provengo de Cataluña. Ustedes están maltratando a Cataluña muy seriamente, y se lo decimos también con la máxima
sencillez y con la máxima honestidad; ténganlo ustedes presente, nos están maltratando y no nos merecemos este trato discriminatorio. Porque independientemente de que no están cumpliendo la ley, de su exposición se desprende que ustedes van a ser
inflexibles, desde un punto de vista político, en aplicar los criterios del Estatuto, tal como están reflejados en el Boletín Oficial del Estado, y por sus manifestaciones uno puede llegar a la conclusión de que están intentando descafeinar el
Estatuto hacia unos planteamientos que van a ir en contra de los intereses de Cataluña.
Dos cuestiones. Bilateralidad. ¿Usted ha entrado en esta cuestión? Yo no soy abogado ni soy constitucionalista, pero me acuerdo de la negociación y seguramente el señor Ridao podrá estar de acuerdo con mis afirmaciones, ya que es un
experto constitucionalista. Usted me ha hablado de la disposición adicional duodécima, de la interpretación armónica del Estatuto. Sí señor y, justamente por esta interpretación, los expertos han llegado a la conclusión de que el Estatuto forma
parte del bloque constitucional, señor Solbes. No así la Lofca, que es un desarrollo de la Constitución, pero el bloque constitucional actualmente es la Constitución y el nuevo Estatuto de Cataluña. Cuidado con sus afirmaciones, porque sus
manifestaciones van en contra de la bilateralidad, que es lo que defiende Convergència i Unió. Porque no hay que olvidar que el Estatuto es una ley posterior a la Lofca y, si hay diferentes interpretaciones, lo que se ha de modificar es la Lofca
pero no el Estatuto. Por tanto, bloque constitucional, disposición adicional duodécima, Constitución y Estatuto de Autonomía de Cataluña. La Lofca no forma parte de este bloque constitucional. La bilateralidad que defiende Convergència i Unió y
otras formaciones políticas catalanas para nosotros es fundamental.
Usted ha mencionado otros aspectos y ya veo que sus planteamientos van en la dirección contraria política de los que interpretamos en la negociación del Estatuto. Y ya le aseguro que vamos a ser inflexibles en la negociación. Hablo de
flexibilidad, señora Rodríguez-Piñero, y nos gustaría que ustedes no confundieran la flexibilidad con la adulteración.
Nosotros hemos sido flexibles durante dos años, hemos tenido paciencia franciscana para que ustedes pudieran aplicar el Estatuto;
siempre decían que el año próximo, el año próximo, después de las municipales. Ha llegado el 9 de agosto y esta flexibilidad y este margen de maniobra que ya les dimos de entrada se ha convertido en inflexibilidad. Ahora bien, adulteración, no;
con que nos adulteren el Estatuto ya les digo, señoras y señores diputados, que vamos a ser inflexibles, porque esto es lo mismo que adulterar con agua un buen vino. Esto no lo vamos a permitir.
Flexibilidad toda la del mundo; comprensión,
negociación, hasta cierto punto y hasta aquí hemos llegado. Y con las cosas de comer, repito, no se puede jugar. No vamos a tolerarlo, dentro de nuestras posibilidades, y por eso ya he dicho que vamos a intentar liderar este grupo de acción de
partidos catalanes, de formaciones políticas catalanas, para hacer toda la fuerza, dentro de nuestras posibilidades, para forzar al Gobierno con los presupuestos a que se cumpla lo estipulado en el nuevo Estatuto de Cataluña.
Finalmente, hay otra cuestión que también quiero mencionar, por alusiones del señor Herrera, cuando ha hablado del anterior sistema de financiación; ha dicho que uno de los actores fundamentales fue Convergència i Unió. Es verdad,
nosotros, durante el tiempo que gobernamos en la Generalitat, pactamos el actual sistema de financiación.
Solamente -para que el señor Herrera se documente y pueda, cuando haga determinadas afirmaciones, saber qué es lo que esta diciendo
exactamente- quiero recordar al señor Herrera que, gracias a la negociación que hizo Convergència i Unió en la etapa anterior con el Grupo Parlamentario Popular, el presupuesto consolidado de la Generalitat de Catalunya, que ustedes están aplicando
y que gracias a este acuerdo pueden realizar las inversiones que están haciendo actualmente -por cierto, insuficientes- en 2003 fue de 18.000 millones de euros. Presupuesto consolidado de la Generalitat en el año 2008, 35.000 millones de euros; es
decir, han duplicado los ingresos fiscales. También cabe decir -que lo tenga en cuenta el señor Herrera- que los ingresos fiscales de la Generalitat provenientes de la financiación se han incrementado en un 90 por ciento y han duplicado el PIB
nominal, que se ha incrementado en un 50 por ciento.
Hechas estas observaciones, reitero la posición de Convergència i Unió y doy las gracias al señor presidente por su benevolencia en la aplicación del tiempo.
El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: En aras de la celeridad, simplemente voy a decir que me parece muy bien que el señor Solbes haya empezado a dar cifras hoy aquí, cifras que para nuestro grupo han sido bastante interesantes. Creo que este es el
camino, un camino que ha apuntado nuestro grupo parlamentario. Y no quiero agotar más tiempo, porque no corresponde.
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: A estas alturas del debate, señor Solbes, me perdonará no solo nuestra insistencia, sino incluso nuestra vehemencia en algún momento. Somos conscientes de que nos estamos jugando cuáles van a ser las reglas del
juego en los próximos años. Los antecedentes son los que son. En España, en los últimos años, se ha legislado en materia de financiación desde la desconfianza. Últimamente, además, ha habido un gasto público que se ha incrementado por encima del
incremento del PIB.
Luego me
referiré a esas cifras que ha proporcionado hoy. Además, en este ejercicio y en el pasado el Estado ha dilapidado buena parte del superávit, por razones estrictamente electorales, y eso ha ido en buena parte a costa del déficit de algunas
comunidades autónomas. También, las balanzas fiscales, que usted hizo públicas en aras de la transparencia, es la demostración más palpable, más palmaria, de esa asfixia o de ese ahogo financiero al que yo me refería, aunque a usted no le haya
gustado la expresión. Esa deficiencia se ha traducido, y usted no me lo negará, de forma alarmante, en una infrainversión acumulada durante muchos años. Ahí está el tema, por ejemplo, de Cercanías en Cataluña. Ahí está el tema de una Cataluña
donde han saltado varias veces las costuras. Usted dirá que no es ni la tercera ni la segunda comunidad autónoma con más déficit. Eso es evidente. Ahí está el problema de las Illes Balears y del País Valenciano, pero usted me reconocerá también
el colapso de algunos servicios públicos, por ejemplo, la sanidad y la educación.
Quiero reiterar algunas cuestiones que le he formulado antes. Antes voy a hacer una reflexión acerca de la interpretación armónica de la Constitución, la Lofca o el propio Estatuto. Nosotros somos, hablo desde Ezquerra, quizás los más
conscientes de los límites de este debate. No estamos discutiendo sobre una aproximación al modelo ideal de financiación, que para nosotros era el concierto económico. Ese es un capítulo cerrado ya con el debate del Estatuto. Ahora bien, las
leyes, y el Estatuto también lo es, son susceptibles de diferentes interpretaciones. Nosotros hacemos una interpretación generosa, federalizante, y creo que el modelo actual no se altera sustancialmente con la propuesta que usted hace, pero puede
mejorarse con una lectura más generosa, que es la que le pedimos. Concretamente, hay unas cuestiones que le quiero volver a reiterar. No digo que este sea un debate estrictamente político. Admito que es un debate técnico. Digo que es un debate
político porque depende esencialmente de la voluntad política.
Hasta ahora el sistema ha funcionado diciendo: el Estado pone tantos recursos encima de la mesa y lo vamos a repartir proporcionalmente en cuanto a la población. Admito que es un
debate técnico, empezando porque la prioridad para nosotros es determinar, como usted ha dicho, la necesidad del gasto, por tanto, el cuánto. No tanto el cómo, que es el cesto de impuestos o la participación en los tributos del Estado. Porque ya
se sabe que el sistema tiene una cláusula de cierre fundamental, a la que usted se ha referido, muy por encima, que es el Fondo de Suficiencia, porque es sabido, y nosotros somos gato escaldado, que una mayor participación en los ingresos o en los
impuestos del Estado no equivale a mayores ingresos finalmente, porque no se tiene en cuenta el esfuerzo fiscal. Por tanto, dígame exactamente qué intención tiene el Estado en cuanto al Fondo de Suficiencia y, si puede, vierta un poco más de luz
acerca de la aportación económica del Estado. Ya sé que este no es un juego de suma cero, pero no sabemos cuánto suma este juego y por tanto qué es lo que el Estado va a aportar. Otra cosa. Me ha reconocido la cifra que he aportado del 50,9 por
ciento del gasto. Usted ha dicho el 50,8 por ciento, según datos de la Intervención de la Administración del Estado. Da igual, no discutiremos por una décima, pero usted dice que el Estado gasta el 18 por ciento. Quiero corregir modestamente ese
dato, si me lo permite, porque concretamente gasta el 18,7 por ciento y además hay que sumar el 3,4 por ciento de algunos organismos públicos. Eso suma el 22,1 por ciento.
Finalmente, no me ha dicho nada de cómo va a compensar esos 1.400 millones de euros del impuesto de patrimonio. Haciendo hermenéutica de ese decálogo del Gobierno en cuanto a que nadie va a salir perdiendo, ¿se va a corregir la situación de
injusticia del pasado o es a partir de ahora cuando se va a arreglar el desaguisado? Dígame exactamente en qué va a consistir esa graduación progresiva en el futuro de los recursos del sistema según las necesidades del Estado. ¿Nos estamos
refiriendo a la situación de crisis económica, nos estamos refiriendo a la evolución de los ingresos tributarios? Por último, variables bilaterales. Usted se ha referido a una, la inmigración, a la que yo he aludido anteriormente y le quiero
preguntar: ¿La inmigración son los que figuran en el censo, los que están empadronados o son también los inmigrantes en situación irregular que en muchas comunidades como en Cataluña son beneficiarios de la tarjeta sanitaria?
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Señor Solbes, usted decía que hace falta buena voluntad y estoy de acuerdo, pero hace falta también cintura, flexibilidad. Lo digo porque ustedes han presentado una propuesta que en Cataluña -no lo decimos solo
nosotros, lo dicen el PSC, Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Iniciativa; lo dicen los actores sociales, los sindicatos, la patronal- no sirve. Y cuando todo el mundo lo dice es porque el conjunto de la sociedad catalana entiende que el
acuerdo no se ajusta al Estatut. Ustedes hacen una interpretación del Estatut, es cierto, pero Cataluña hace otra y creo que se tiene que reivindicar: sí a reducir distancias y no a invertir posiciones, que es razonable. Me gustaría que una
postura tan razonable como esta también saliese del Gobierno. Nosotros les demandamos esa postura de flexibilidad que también es necesaria para llegar a un acuerdo que todos compartimos que es imprescindible y necesario.
En segundo lugar, una propuesta que respete el Estatuto significa la liberación parcial, tal y como recoge el Estatut, por el criterio de la inmigración. Nos pondremos de acuerdo en lo que esto significa con las variables que ahora
planteaba también el señor Ridao.
Tercer elemento, si se quiere que haya un acuerdo en el que todo el mundo gane, alguien tendrá que dar más y los únicos que han planteado la negociación desde un
apriorismo han sido ustedes. Ustedes han dicho que el Estado no puede bajar del 50 por ciento, pues será en función de los gastos y las obligaciones que tenga el Estado. No se puede abordar una negociación desde ese apriorismo porque los
datos que ustedes dan contrastan también con los que da el Govern de la Generalitat. Podemos discutir sobre los datos y nos tendremos que poner de acuerdo, pero sí es verdad que hay una apreciación distinta de la evolución de los ingresos del
Estado desde el año 1999 al día de hoy y la evolución de los ingresos de las comunidades autónomas al día de hoy. Y, ¿cuál es la constatación? Podemos discutir de cifras, pero mientras ha existido y existe asfixia en las comunidades autónomas -y
no voy a poner ahora el orden en el que unas y otras comunidades autónomas han estado más asfixiadas-, el Estado ha dado cheques, desde lo que nosotros hemos llamado una frivolidad electoral, mientras que las comunidades autónomas no podían ofrecer
servicios. Esa es una constatación efectiva que pone de manifiesto que el Estado ha tenido el margen que las comunidades autónomas no han tenido, hecho que ha complicado aún más la negociación; eso y su apriorismo del 50 por ciento. Datos que
tendremos que constatar, aunque son diferentes los que usted da y los que yo le puedo dar ahora mismo que vienen acreditados por el Govern de la Generalitat. Ese es un problema que se tiene que resolver.
Acabo diciendo que para nosotros lo fundamental para que haya un acuerdo es que ustedes lo hagan desde la flexibilidad entendiendo que la propuesta que han hecho no sirve. Por supuesto que nadie puede imponer nada a nadie, pero es evidente
que su propuesta hoy no es universalizable, entre otras cosas porque hay una parte que es Cataluña, el Govern de la Generalitat y el conjunto de la sociedad catalana que dice que no sirve. No sirve porque el modelo de financiación hasta el momento
no servía y me ratifico en lo que he dicho y en lo que afirmó anteriormente el portavoz de Convergència i Unió y es que la evolución de los ingresos de las comunidades autónomas han bajado desde el año 1999 al día de hoy. Eso ratifica mi afirmación
de que el modelo no servía. Y si es cierto lo que dice el señor Sánchez i Llibre, hay una gran contradicción porque entonces no es necesario que abordemos el modelo de financiación. El modelo no sirvió, el modelo no sirve y por eso existe una
posición unitaria entre todas las fuerzas políticas catalanas, postura que se tiene que solventar en los próximos Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, porque es cuando tiene que resolverse el nuevo modelo de financiación, desde una
apreciación que tiene que ser coincidente con el Estatuto, pero entendiendo que los niveles de nivelación tienen que ser parciales como marca el Estatuto, que se tiene que tener presente a la inmigración como un factor en esos niveles de nivelación
o que se tienen que reducir distancias, pero no invertir posiciones. Eso es lo que leemos en el Estatuto y eso es lo que acordamos cuando lo negociamos.
Señor Solbes, quiero constatar simplemente un hecho. Si todo el mundo tiene que ganar y el Estado tiene un límite que no puede pasar, el acuerdo en ese escenario no es posible y la inflexibilidad viene de su parte porque ustedes marcan ese
límite a priori. Con esas condiciones están haciendo muy difícil el acuerdo y, sobre todo, nos están lanzando a una lógica en la que nunca nos tenemos que instalar, que es la lógica de conflicto entre territorios. Un acuerdo en materia de
financiación con una lógica de conflicto entre territorios es simplemente irresoluble.
El señor PRESIDENTE: Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Seré muy breve. Primero quiero decir que me entendió mal. Lo que planteé es si se contemplaba algún sistema de compensación puntual para aquellas comunidades o nacionalidades que habían visto seriamente
mermados sus recursos por la falta de actualización demográfica ya señalada. Mi pregunta se refería a si iba a haber una compensación puntual. En el caso de Canarias, como usted sabe, se ha pasado de 1,5 millones de habitantes a 2 millones, es
decir, casi un 25 por ciento más en lo que llevamos de año.
Después le hice dos preguntas que no me contestó. La primera es si el nuevo sistema va a tener una actualización año tras año, automática, objetiva y cómo se está pensando en el nuevo modelo en lo relativo a la actualización. En la última
pregunta, que era quizá la más importante, me referí, en cuanto al Fondo de Suficiencia, a cuál era su valoración de la evolución porque yo mantengo con usted que con el anterior sistema Canarias estaba bien posicionada en el Fondo de Compensación y
en el Fondo de Suficiencia. Como usted y el presidente del Gobierno saben, en las primeras declaraciones al iniciar el proceso siempre se habló de lejanía e insularidad, que es el concepto ultraperiferia que la Comunidad Europea tiene instaurado en
todas sus políticas. Está reconocido, es una reivindicación nuestra que esté en esa posible reforma constitucional y en los primeros debates de intenciones se habló del concepto de lejanía e insularidad tanto por usted como por el presidente
Zapatero. Ante los debates suscitados por otras reivindicaciones y ante la evolución de ese Fondo de Suficiencia en las negociaciones bilaterales me gustaría saber cómo se prevé su evolución y si se van a contemplar los conceptos de insularidad y
de lejanía.
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez-Piñeiro.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑEIRO FERNÁNDEZ: También seré muy breve y me gustaría recordarles a todos dónde estamos. Estamos en un proceso de negociación totalmente abierto. El vicepresidente presentó en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera de 22 de julio el documento de bases.
Después de haberles escuchado atentamente y de haberles escuchado en la anterior
comparecencia cuando tuvo ocasión de venir a hablar de las balanzas fiscales, creo que en los principios que están recogidos en el documento de bases no hay razones para que no lleguemos a un acuerdo. Es verdad que hay inconcreciones.
¡Claro! ¡Cómo no va a haber inconcreciones! Es lo que queda en el camino por recorrer en el proceso de negociación que, como antes decía el vicepresidente, se reanudará en septiembre. Lógicamente ahí se tendrá que concretar, cómo hacer que el
modelo funcione con esos principios.
Todos estamos de acuerdo en la necesidad de que el modelo tiene que tener una suficiencia dinámica. Quizá en eso no coincidimos con el modelo que presentó de principios el Partido Popular, porque quieren un documento que tenga una vigencia
indefinida. Tenemos que reconocer que ese principio provocó que el modelo actual, que nació con esa vocación y que no previó los mecanismos de actualización, ahora tenga que volver a ser objeto de una reforma. Mi grupo parlamentario está
convencido de que somos capaces -insisto- de ponernos de acuerdo en esos principios -no lo veo difícil, aunque el sistema de negociación es complejo- y en cómo se concretan. Es mucho lo que está en juego y nos estamos planteando cómo establecer que
el Estado autonómico, una vez finalizado el reparto competencial, sea capaz de dotar de recursos necesarios ahora, en el medio y en el largo plazo para atender las necesidades. Como no podemos prever todo lo que va a venir en el futuro,
necesariamente tiene que haber procesos de evaluación, de análisis, de corrección y de revisión.
Por eso entiendo que una vigencia indefinida es incompatible con la estabilidad. Pienso todo lo contrario. La estabilidad del modelo la da la
posibilidad de revisión y de corrección. Por otra parte, no se puede decir que un modelo que se apruebe por unanimidad sea una garantía de que no haya perdedores, pues precisamente el modelo actual, que se aprobó por unanimidad, es un ejemplo de
perdedores. Allí donde más ha crecido la población y no estaba previsto cómo se iba a revisar es donde más problemas están apareciendo. Esos son los hechos y si no pregunte a su compañero, presidente de la Generalitat valenciana, señor Camps, por
qué exige tanto dinero al Estado para compensar el aumento de población que no recoge el sistema.
Lo importante es conseguir la unanimidad. Sin ninguna duda, siempre es mejor un acuerdo de todos, por todos, pero lo importante -insisto y apelo a la responsabilidad que tenemos todos- es esa actitud necesariamente flexible y abierta que se
ha de tener en el ámbito de negociación que corresponde, que desde luego no es el Congreso de los Diputados ni esta Comisión. Insisto en que todos tengamos presente que ese ámbito de negociación procede a nivel de representantes de Gobierno, de
España y de las comunidades autónomas, de ámbito bilateral y multilateral, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, cuando haya una propuesta que dé lugar a las modificaciones legislativas oportunas, aquí tendremos el momento de
fijar posiciones. Dejemos que cada uno en su ámbito de negociación tenga las mejores condiciones para que seamos capaces de conseguir ese acuerdo, que no duden es lo que están esperando los ciudadanos de nosotros, cómo somos capaces de resolver sus
necesidades, independientemente de donde vivan, en los servicios básicos que determina nuestro Estado del bienestar, que tanto nos ha costado conseguir: educación, sanidad y servicios sociales en condiciones de igualdad de acceso para todos. Esa
es la esencia de la solidaridad, está recogido en el documento de bases y todos queremos conseguirlo. Insisto en la apelación a esa responsabilidad y en dar pie a los que tienen que negociar para que entre todos hagamos posible ese acuerdo.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Solbes, tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias por su bienvenida, señor Montoro, pero su bienvenida es tardía. He hablado así muchas veces. Usted estaba en otros menesteres en
la legislatura pasada y posiblemente no estuvo al corriente. Le recomiendo, si le apetece, que vaya a la web del ministerio, en la que podrá leer el informe de diagnóstico del sistema de financiación que se presentó en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera en el año 2006. No estamos hablando, pues, de un tema nuevo, sino de algo que viene de hace mucho tiempo.
Dice usted que el debate es una génesis política y que todo esto -su intención es plantearlo así- al final es un problema de Cataluña. No.
Recuerde que el primer Estatuto que se aprueba es el de la Comunidad Valenciana. Es verdad que
mientras tanto surge el problema de cómo mejorar un sistema de financiación que, siendo bueno -lo acepto y se lo he dicho-, en el año 2001 tenía algunos problemas insuperables. Uno de ellos era no adecuar la población porque no se esperaba en
términos territoriales y fijarla en el año 1999, lo cual lo hacía imposible. Un segundo elemento era no ser revisable, con lo cual habían transferido a las comunidades autónomas aquellos conceptos de mayor gasto y, sin embargo, daban una cantidad
que estaba relativamente definida. Esa es la razón por la que nosotros pensamos que un sistema que tenga más participación en los ingresos del Estado tendrá mayor dinamismo y, evidentemente, se negocia con Cataluña porque es con quien se está
negociando en ese momento el Estatuto de Autonomía, aunque después he dicho que siguen muchos otros posteriormente.
A partir de ahí, parece ser que lo que les preocupa a ustedes, sobre todo, es que no incluyamos la palabra solidaridad y que no hablamos de asegurar los recursos suficientes a las regiones por los servicios transferidos, que es lo que dice
su apartado séptimo y que es exactamente lo que recoge nuestro punto primero sobre suficiencia global, que dice que el nuevo modelo continuará
asegurando que todas las comunidades autónomas puedan desarrollar íntegramente las competencias transferidas no solo en su primer año de aplicación, sino también en el futuro. Por tanto, no veo dónde están esos problemas que usted plantea.
El problema del cuánto, de la modulación, de los recursos al final de unos y otros, ya le he dicho que no va a ser el tema de hoy. Y en la modulación no haga trampas en el solitario. No es la modulación conocida la que evidentemente me
preocupa, era la modulación no conocida que aflora posteriormente y que cuando se hacen las cuentas es la que nos genera el diferente trato entre unas comunidades y otras. La modulación conocida es perfectamente normal y lógica.
Señor Sánchez i Llibre, lamento que usted esté defraudado y perplejo porque yo no reconozco que he incumplido la ley. Como máximo, habré incumplido el 50 por ciento de la ley, el otro 50 por ciento lo ha incumplido la otra parte de la
comisión mixta. Sí. Exactamente, así.
Evidentemente es un acuerdo entre dos y, por tanto, no estoy dispuesto a aceptar el cien por cien de la responsabilidad. Lamento que piense que estamos discriminando negativamente a Cataluña. Lo lamento y
me duele en cierta medida, porque, sabe usted, por razones de todo tipo, mi especial interés por todo el tema catalán y, desde luego, ni hemos discriminado nunca a Cataluña ni hemos maltratado a Cataluña.
¿Somos inflexibles en la aplicación de los criterios estatutarios? No. Lo que sucede es que el Estatuto se pactó con ciertas cosas que ahora parece que a ustedes no les gustan. Les recuerdo el tema de la ordinalidad. Vino de Barcelona,
como usted dice, pero no salió de aquí como usted dice.
Salió como está incluido en el texto, y en esa negociación tuve algo que ver con ese planteamiento.
Respecto a la Lofca, no es únicamente la disposición adicional, es el propio artículo 201 en sus principios, que dice: Las relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado y la Generalitat se regulan por la Constitución, el
presente Estatuto y la ley orgánica prevista en el apartado tercero del artículo 157 de la Constitución.
Volvamos a los viejos tiempos. Si usted recuerda, en la negociación del anterior Estatuto se decía, primero, la Constitución, segundo, la Lofca y, tercero, el Estatuto. Entonces ustedes plantearon que evidentemente es un todo, pero que no
parecía lógico que el Estatuto, que era una ley orgánica en cierta medida vinculada a la Constitución, lo pusiéramos por detrás de la Lofca, pero eso no quiere decir que la Lofca no exista y que no se tiene que aplicar también. Eso es lo que dicen:
no es el tercero, es un conjunto. Es que ese es el problema. (Rumores.) Es como si usted me dice que lo que viene en el Estatuto evidentemente no hay que cumplirlo porque la Constitución en algunos temas... No hay ese orden de prioridad y es lo
que ha dicho el Tribunal Constitucional, que tiene que analizarse de forma armónica y por eso se pusieron esos temas. Por tanto, flexibilidad, toda la que haga falta, pero si aplicamos el Estatuto, apliquémoslo con todas sus consecuencias, con lo
que dice también, les guste o no les guste.
Señor Azpiazu, gracias por sus comentarios, pero tampoco voy a entrar en más. Señor Ridao, usted dice que no le han gustado las reglas de juego de los últimos años. A continuación añade que no le gusta que el gasto haya subido por encima
del PIB, pero seguidamente dice que Cataluña está infratratada o tratada en infrainversión por debajo de lo que le correspondía, lo cual es una realidad, y en este periodo en el que precisamente hemos usado estos recursos para mejorar la inversión
en Cataluña, parece que le molesta que gastemos por encima del PIB. Una de dos: o gastamos más, en cuyo caso no sea crítico con ese punto, o si no, no se queje. Sí estoy dispuesto a aceptar el punto fundamental de que la inversión en Cataluña
durante los últimos años ha estado por debajo de lo que le correspondía. Esa fue la razón por la que al final se incluyó una norma que, en mi opinión -se lo digo honestamente-, no tenía por qué haber sido estatutaria, la del famoso artículo 3, pero
que sí había que cumplir y me parece lógico y razonable, porque es verdad que después de un periodo de alta inversión en otras partes del país, era razonable que Cataluña mejorara su inversión.
Dice que están en el concierto en teoría, pero que ya han pasado al sistema actual y que el tema admite múltiples interpretaciones. De acuerdo. Yo estoy dispuesto a ser todo lo generoso que se pueda ser, pero dentro de un concepto global
que funcione. Yo le doy mucha importancia al concepto de armónico de la disposición adicional, porque, si no, al final, resolveremos mal el problema y lo que me gustaría es que el problema se resolviera bien esta vez, con luz y taquígrafos y no
tuviésemos problemas para el futuro. Dice que el debate es político, que hay elementos técnicos y que hay temas que no le he contestado y que es difícil que le conteste hoy. ¿Cuánto en gasto?, ¿cómo?, ¿cierre del Fondo de Suficiencia? Respecto
al Fondo de Suficiencia -y ese debate sí lo tuvimos en la negociación del Estatuto-, el punto de partida entre participación en ingresos del Estado y Fondo de Suficiencia en el momento inicial es cero, el diferencial. Es a partir de ese momento
donde hay un dinamismo distinto y eso es consecuencia de la evolución de los ingresos.
Ese es un punto, como tantos otros, que tendremos que precisar en su momento.
En cuanto a los ingresos del impuesto sobre el patrimonio, ya le he dicho que se le compensarán y que se incluirán en la compensación de los 1.400 ó 1.800, no recuerdo cuánto dinero hay. ¿Qué quiere decir que nadie va a ser perjudicado? Lo
que quiere decir es que, como siempre ha sucedido con los sistemas de financiación, a nadie se le quita dinero, todo el mundo parte de la situación inicial. Lo que es importante en el debate de cara al futuro es cómo van a ir evolucionando los
crecimientos posteriormente.
¿Ustedes piensan que podemos decirle a alguien que está recibiendo mucho dinero y que de la noche a la mañana va a recibir mucho menos dinero? Seamos realistas. Hablemos de ajustes que necesariamente
se tendrán que producir a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las necesidades del Estado? Las necesidades del Estado, depende de cómo las valore. Si quiere hacemos comparaciones entre servicios prestados por el Estado o servicios prestados
por las comunidades autónomas o incluso en gastos realizados en determinados conceptos y veremos cómo funcionan. Hay muchas cosas que se pueden trabajar en ese sentido para ver si el Estado está sobrefinanciado, como ustedes creen, y si las
comunidades autónomas no están sobrefinanciadas. El señor Herrera utiliza un punto, el de los famosos 400 euros, lo que sucede es que ese es un punto de una devolución de ingresos como cualquier otra. De acuerdo con esa teoría -puede estar en su
tesis y puede ser correcta-, no habría que hacer ninguna reducción de ingresos. Yo personalmente creo que en una situación como la actual había que hacer una cierta reducción de ingresos y animar algo el consumo durante este periodo un poco más
complicado.
¿Flexibilidad? Sí. Usted dice que el sistema no sirve, porque en Cataluña se ha dicho que no y, por tanto, es imposible y hay que ir a un modelo distinto. Es muy difícil pensar en un modelo totalmente distinto a este que pueda tener una
aceptación suficiente para que el sistema pueda funcionar. Yo preferiría que trabajáramos sobre este modelo, corrigiéndolo en todos aquellos elementos que sea necesario corregir dado que seguramente admiten muchas correcciones y mejoras, porque un
modelo muy distinto va a ser muy difícil de plantear de tal forma que tenga un consenso global razonable. Ya hemos comentado la diferente evolución de los ingresos y gastos del Estado. En el problema de la flexibilidad la propuesta no sirve.
Respecto a la vinculación con los presupuestos, vuelvo a repetir lo que he dicho antes: en mi opinión, son dos debates distintos. Ustedes lícitamente pueden plantearlo como temas vinculados, pero tienen características diferentes.
Señora Oramas, sí está prevista la actualización del sistema. Algunos temas anualmente, otros quinquenalmente. No acabo de entender la vinculación del Fondo de Suficiencia con la lejanía y la ultraperificidad. El Fondo de Suficiencia es
la prestación de los servicios en determinadas zonas y evidentemente no ha incluido esos elementos porque ya se compensa la prestación de ese servicio en Canarias en un determinado momento. Yo lo había vinculado al Fondo de Compensación
Interterritorial, porque ahí sí hay elementos de inversión que pueden tener más vinculación con los conceptos de lejanía y ultraperificidad. En todo caso, ambos conceptos, lejanía y ultraperificidad, en el caso de Canarias están vigentes en los
presupuestos como, por ejemplo, en las ayudas al transporte, las ayudas a viajeros y algunos más. Por tanto, son elementos que no son estrictamente sistema de financiación y no creo que el sistema de suficiencia sea el instrumento que nos permita
resolver esa dificultad. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.
Eran las nueve y treinta minutos de la noche.