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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 49, de 25/06/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 49
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ
Sesión núm. 3 celebrada el miércoles 25 de junio de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Elección de vacantes. Mesa de la Comisión.
- Elección de la Vicepresidencia Primera de la Comisión. (Número de expediente 041/000008.)... (Página 2)
Comparecencia del señor ministro de Justicia (Fernández Bermejo), para informar sobre:
- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000006.)... (Página 2)
- Las medidas políticas que adoptará como responsable de su ministerio. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000005.)... (Página 2)
Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000022.)...
(Página 2)
- Los objetivos y programa de trabajo del ministerio durante la presente legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente 213/000047.)... (Página 2)
- Los objetivos de su departamento para esta legislatura ante las evidencias de las carencias de nuestro sistema judicial. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000088.)... (Página 2)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
ELECCIÓN DE VACANTES. MESA DE LA COMISIÓN.
- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 041/000008.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Justicia. Con fecha 10 de junio de 2008 quedó publicada la comunicación de baja de doña Pilar Unzalu Pérez de Eulate como miembro de la Comisión de Justicia y, por
tanto, ha quedado vacante la Vicepresidencia primera de la citada Comisión. Aprovechamos para dar la bienvenida como nuevo miembro de la Comisión a don Óscar Seco Revilla y, para cubrir dicha vacante, vamos a proceder como primer punto del orden
del díaa la elección de la Vicepresidencia primera de la Comisión. Vamos a hacer la votación como procede: votación secreta en urna. Iremos haciendo el llamamiento de cada una de SS.SS. y ruego que si algún diputado o diputada es sustituido se
indique, en el momento de pronunciar el nombre, la persona que lo sustituye. Pues bien, la señora letrada va a proceder a la lectura y al llamamiento de los diputados para la elección de la Vicepresidencia primera de la Comisión.
Por la señora letrada se procede a la lectura de la lista de las señoras y los señores miembros de la Comisión, presentes y sustituidos.
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: Señorías, celebrada la votación y realizado el escrutinio, el resultado es de 27 votos a favor de don Óscar Seco Revilla y un voto en blanco. Por tanto, queda proclamado vicepresidente primero de la Comisión don Óscar
Seco Revilla, a quien damos la enhorabuena, le felicitamos y le pedimos que se incorpore en este mismo momento a la Mesa. (Aplausos.-Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa.)
Tiene la palabra don Óscar Seco Revilla.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Revilla): Lo único que se me ocurre ahora es agradecer la elección y la confianza que han depositado en mí. Soy nuevo, llevo tres meses en la Cámara y es mi primera intervención ante esta Comisión. No os
conozco a todos, aunque alguno me dio clase. Intentaré servir a todos los miembros de la Comisión. Simplemente me gustaría recalcar la intervención del presidente de la Comisión en la sesión constitutiva del día 5 de mayo, en la que el núcleo de
su discurso fue que entre todos consigamos hacer del ciudadano el centro de la justicia.
Me quedaría con eso.
Espero que el resultado de la elección sea síntoma del consenso de esta Comisión para lo que queda de legislatura. Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Se suspende la sesión. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA (FERNÁNDEZ BERMEJO), PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000006.)
- LAS MEDIDAS POLÍTICAS QUE ADOPTARÁ COMO RESPONSABLE DE SU MINISTERIO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000005.)
LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000022.)
LOS OBJETIVOS Y PROGRAMA DE TRABAJO DEL MINISTERIO DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 213/000047.)
- LOS OBJETIVOS DE SU DEPARTAMENTO PARA ESTA LEGISLATURA ANTE LAS EVIDENCIAS DE LAS CARENCIAS DE NUESTRO SISTEMA JUDICIAL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000088.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
El orden del día consiste en la comparecencia del ministro de Justicia, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. Este contenido es a petición propia del Gobierno, así como del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario Mixto. Hechas las consultas pertinentes y dado que la solicitud ha sido realizada por un importante número de grupos
parlamentarios, el orden de la comparecencia se realizará en los turnos e intervenciones de los grupos de menor a mayor. En nombre de todos ustedes, quiero dar la bienvenida a la Comisión al ministro de Justicia en esta primera comparecencia de la
legislatura y agradecer también su presencia a todo el equipo del ministerio, que nos honra en la mañana de hoy, a los servicios de la Cámara, a los medios de comunicación y, de manera muy especial, a todos los diputados y diputadas miembros de esta
Comisión.
Tiene la palabra el ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señor presidente, miembros de la Mesa, portavoces y señorías, es para mí un honor comparecer hoy ante ustedes en esta Comisión de Justicia, muy relevante en materia de justicia. Desde ese
convencimiento les agradezco su presencia y les deseo a todos, a quienes ya formaban parte de esta Comisión y a los que se incorporan a ella por primera vez, el máximo acierto en sus trabajo, pues estoy seguro de que, al igual que los grupos
parlamentarios a los que representan, comparten con el Gobierno al que pertenezco la ineludible necesidad de continuar y, sobre todo, culminar esa deseada reforma en el ámbito de la Administración de Justicia. Como ya tuvo ocasión de anunciar el
presidente del Gobierno en su debate de investidura, la reforma de la justicia se ha convertido en un objetivo crucial e inaplazable. Todos coincidimos en mayor o menor medida en el diagnóstico sobre sus carencias y deficiencias y, por tanto, todos
estamos en condiciones de hacer los necesarios esfuerzos para corregirlas, unos desde la responsabilidad que nos corresponde como Gobierno y todos desde el compromiso adquirido a través de las urnas de alcanzar el mayor consenso posible para que los
ciudadanos tengan un servicio público de la justicia ágil, eficiente, transparente, responsable y plenamente conforme con los valores constitucionales. Para conseguir dicho objetivo, vengo aquí a ofrecer y a solicitar diálogo como herramienta para
alcanzar los necesarios consensos sin los cuales no se camina por el rumbo debido, diálogo como medio de transmisión de las ideas que cada uno sin duda tiene, pero también para llegar al punto común en esa enorme tarea que nos hemos propuesto de
conseguir que la justicia de este país funcione. Esa es la primera idea que quiero transmitirles. Se trata de que la justicia funcione, nada más y nada menos. Puede que alguien piense que venimos aquí a crear un ingente edificio legislativo que
sirva de base para tantas y tantas cosas. No es, evidentemente, tarea inocua y habremos de afrontarla, pero sobre todo nos vamos a emplear desde el Gobierno en algo aparentemente más sencillo y que sin embargo en estos treinta años de democracia
parece no haber encontrado su sitio: que la justicia funcione, así de simple y así de complejo. Nos vamos a enfrentar por tanto a una etapa en que gestionar la modernidad va a ser nuestra primera meta. Estamos en una legislatura que yo califico
de gestión, nada más y nada menos. Es la modernización el objetivo y una buena gestión la idea matriz, desde el convencimiento de que no podemos seguir sumando, sumando y sumando medios de orden personal y material para intentar construir el
edificio. Debemos en este momento detenernos, reflexionar y priorizar el buen uso de lo que tenemos.
Entro ya en los objetivos concretos de este ministerio para la presente legislatura. El eje principal sobre el que van a recaer los grandes esfuerzos es, pues, el de la modernización de la Administración de Justicia. Habrán tenido ocasión
de comprobar que la apuesta es de máximos, pues una de las primera decisiones que adoptó este Gobierno fue precisamente la de modificar la estructura del Ministerio de Justicia para dar eficaz respuesta en lo estructural a ese gran reto de
modernización. Por eso se ha creado la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, cuya sola denominación es ya suficientemente expresiva de cuál es nuestra apuesta fundamental. Bajo la dependencia directa
de la Secretaría General de Modernización se encuadran dos direcciones generales: la clásica de Relaciones con la Administración de Justicia y la de Modernización de la Administración de Justicia. Esa meta de puesta al día de todo el entramado de
esa Administración se debe intentar conseguir desde varios frentes. Primero, racionalización y mejor aprovechamiento de los recursos humanos que hacen posible que el sistema funcione. Segundo, plena incorporación de las nuevas tecnologías a los
procedimientos de gestión y a los sistemas de control, información y coordinación entre los distintos responsables. Tercero, reforma de las leyes procesales que sean necesarias para su adaptación a la Ley Orgánica del Poder Judicial al servicio de
la gestión modernizadora.
Cuarto, revisión de la planta y demarcación judicial a fin de conseguir un mapa judicial más racional adaptado a las nuevas realidades sociodemográficas, capaz de dar respuesta de una forma más rápida y eficiente a las cuestiones que se
planteen ante la Administración de Justicia.
Si bien es cierto que debemos partir de la situación en que nos encontramos a día de hoy, también lo es que en la consecución de este objetivo llevamos ya andado un buen camino. Durante toda la anterior legislatura tanto el Ministerio de
Justicia como las comunidades autónomas con competencias asumidas en la materia hemos venido desarrollando una intensa y profunda labor de diseño y preparación de lo que ha dado en llamarse la nueva oficina judicial, una expresión acuñada para
sintetizar esos cuatro puntos que acabo de exponerles. Vaya por delante que todas las reformas necesarias para poder alcanzar el objetivo de situar a la Administración de Justicia en el lugar que legítimamente nos exigen los ciudadanos únicamente
van a poder llevarse a cabo si dedicamos a ello no solo los esfuerzos personales de todos los responsables, sino también los recursos económicos imprescindibles. Para obtenerlos vamos a acudir a tres vías de financiación. En primer lugar, el
propio presupuesto del Ministerio de Justicia, que con las limitaciones de la actual coyuntura seguirá sin embargo incrementándose en los próximos años en la medida necesaria para alcanzar los objetivos deseados. En segundo lugar, trabajaremos
conjuntamente con los ministerios de Industria y Ciencia e Innovación para que en el marco del Plan Avanza nuestra Administración de Justicia se coloque a la cabeza de la Administración electrónica. Es un capítulo de innovación que debe revertir
precisamente en nuestro ámbito, como ya comenzó a hacerlo en la anterior legislatura, donde casi 80 millones de euros estuvieron a disposición de Justicia para el proceso de modernización de los registros civiles. Por último, y como novedosa fuente
de financiación en lo que se refiere a Justicia, estamos formalizando varios proyectos de modernización que presentaremos a los correspondientes organismos europeos para su cofinanciación, con lo cual creamos en el ministerio, con medios propios y
sin aumento presupuestario, una oficina específica para su tramitación. En todo caso, no debemos olvidar que uno de los objetivos fundamentales de la nueva oficina judicial es la racionalización y la optimización de los recursos que se destinan al
funcionamiento de la Administración de Justicia y que a ese objetivo vamos a dedicar una gran parte de nuestro esfuerzo. Hablo de racionalización de lo existente porque es evidente que si queremos que el sistema funcione de una forma eficiente no
cabe duda de que uno de los pilares sobre los que se debe asentar la reforma es el de la organización, división y especialización de las funciones de las personas que trabajan en nuestros órganos judiciales. En nuestro análisis, que yo creo que es
compartido por la mayoría de los operadores jurídicos, partimos del principio fundamental de que jueces y magistrados deben dedicar todo su esfuerzo a las funciones que les vienen encomendadas por la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado. Para que ello sea posible es necesario descargarles de todas aquellas tareas que no sean estrictamente las que les corresponden. El nuevo modelo de oficina judicial tiende a esa meta. Y para conseguir el objetivo nos proponemos, primero,
continuar con la tarea emprendida por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del año 2003, para descargar a jueces y magistrados de todo aquello referido a la propia y directa gestión de la oficina judicial, que por tanto no tiene
carácter jurisdiccional, atribuyendo esas funciones a otros funcionarios. Segundo, atribuir a los secretarios judiciales la ordenación del procedimiento mediante resoluciones propias. Y tercero, regular los procedimientos sin contienda, y
potenciar los mecanismos de mediación y conciliación para desviar del sistema todo aquello que pueda obtener respuesta, y por tanto paz y compromiso, por vías distintas del ejercicio de la jurisdicción.
Por tanto, es necesario atribuir a otros
funcionarios tareas y responsabilidades que no tienen carácter jurisdiccional y que hasta ahora venían ejerciendo los jueces, eso que siempre se llamó jurisdicción voluntaria, en una terminología expresiva históricamente, pero contradictoria,
paradójica, y que merece el nombre de procedimiento sin contienda para saber exactamente de qué podemos estar hablando.
Por otro lado, es necesario establecer sistemas de organización del trabajo de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, de tal manera que ese personal desempeñe sus funciones con la máxima eficacia y responsabilidad.
En tal empeño van a jugar un papel de primer orden, como ya lo vienen haciendo, pero con un horizonte mucho más sustancial que el de ahora, los integrantes del cuerpo superior jurídico de secretarios judiciales. Estos cualificados profesionales van
a estar al frente de los servicios comunes procesales, pieza esta que se configura como una de las novedosas y fundamentales sobre las que gira el nuevo modelo de oficina judicial que contiene la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para hacer realidad
esta previsión orgánica se ha dotado de una nueva regulación reglamentaria al cuerpo de secretarios, estableciendo una estructura jerarquizada que posibilite la uniformidad y la homogeneidad en la aplicación de los criterios y procedimientos en
todos los órganos, con independencia de su clase o ubicación geográfica. Una herramienta fundamental para conseguirlo son los protocolos de actuación y funcionamiento que, bajo la dirección de este ministerio, se están elaborando en los grupos de
trabajo constituidos con los secretarios coordinadores provinciales.
Como culminación de la nueva estructura jerarquizada del cuerpo de secretarios, y en consonancia con el carácter de cuerpo nacional de sus integrantes, en el próximo real decreto se desarrollará la estructura orgánica básica del Ministerio
de Justicia, y se contemplará la figura del secretario general de la Administración de Justicia, que ya preveía la disposición adicional novena
de la Ley Orgánica 19/2003, que reformó la orgánica del Poder Judicial, como órgano encargado de la dirección y coordinación de los secretarios de gobierno y del resto de secretarios judiciales.
En relación con el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia haremos especial hincapié en la formación y especialización de todos quienes contribuyen con su trabajo al funcionamiento del servicio, prestando la mayor
atención a los sistemas de promoción profesional, tanto vertical como horizontal, de forma que los funcionarios se vean motivados, no solo en los aspectos retributivos de por sí importantes, pero no más que la necesidad de abrir horizontes a sus
expectativas profesionales, y en ello estaremos. Vamos a trabajar para reducir al mínimo imprescindible la interinidad y la no profesionalidad del personal al servicio de la Administración de Justicia. Es un lujo que no podemos permitirnos. Como
estamos convencidos de que los jueces y magistrados deben contar con el apoyo de los mejores y más cualificados colaboradores, además de los esfuerzos en materia formativa, iniciados ya en la anterior legislatura respecto a los actuales funcionarios
de la Administración de Justicia, abordaremos las reformas necesarias para que otros cuerpos de las administraciones que gozan de una preparación distinta, pero en muchos casos igual de necesaria para dar respuesta a las nuevas necesidades, puedan
desempeñar sus funciones en los juzgados y tribunales. Tareas como las de secretaría particular, información y otras similares pueden ser llevadas a cabo en las mejores condiciones por los cuerpos generales de las distintas administraciones.
Promoveremos reformas legales y reglamentarias tendentes a la racionalización y optimización de los sistemas de trabajo de nuestras oficinas judiciales.
Es una meta a alcanzar utilizar bien lo que se tiene, y por ello es necesario propiciar una
mayor flexibilidad en la atribución de funciones a los distintos cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, definiendo claramente el alcance de la dependencia funcional de esos cuerpos respecto de los secretarios judiciales como
directores técnico-procesales. Uno de los déficit que se nota en el ámbito de la oficina judicial es la ausencia de una verdadera dirección con absoluta responsabilidad de la que emane la jerarquía necesaria, es una exigencia ineludible de
cualquier organización y también de nuestra oficina judicial.
Por último, en la misma línea de reservar a jueces y magistrados exclusivamente para las funciones a las que les llama la Constitución y para facilitar a los ciudadanos la solución de sus conflictos por medio de procedimientos más ágiles y
menos costosos, es intención del ministerio promover el establecimiento de mecanismos como la mediación y la conciliación, incluso en el ámbito penal, cuando la naturaleza y la gravedad del delito lo permitan. Es necesario ahondar en esos
mecanismos para dar tratamiento a la llamada delincuencia bagatela, que hoy conforma una especie de limbo en el que se obtienen resoluciones judiciales de difícil e imposible ejecución y que, sin embargo, producen una demanda de trabajo
absolutamente desproporcionada para la respuesta que finalmente se da. Además es imprescindible en esa misma línea acometer la regulación de los procedimientos sin contienda, hasta la fecha agrupados bajo el histórico nombre de jurisdicción
voluntaria, pero que tienen en común la pretensión de obtención de una declaración de un órgano de la Administración de Justicia, que sin embargo no es una declaración jurisdiccional, no viene presidida por la contienda, y por tanto puede ser
suplida con ventaja por los miembros del cuerpo superior de secretarios.
En el empeño en el que nos metemos es fundamental ir hacia una Administración de Justicia tecnológicamente avanzada. En los últimos años se han realizado importantes esfuerzos por parte de las distintas administraciones con competencias,
pero han sido esfuerzos sin duda insuficientes. Desde el ministerio queremos impulsar un ambicioso plan de nuevas tecnologías en la justicia para facilitar los trámites y notificaciones, el acceso de los ciudadanos a la información, y sobre todo la
interconexión entre los distintos órganos de la Administración de Justicia. Esa interconexión entre órganos judiciales, ministerio fiscal, servicio jurídico del Estado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, interconexión con abogados y procuradores que
debe conducirnos a esa justicia digital, puede ser la respuesta en la actualidad para las exigencias de este momento histórico. En estas tareas debemos implicarnos todos, el Ministerio de Justicia en primer lugar, pero también otras instancias
gubernamentales, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas con competencias en la materia. La única forma de que las herramientas informáticas sirvan a este objetivo es que exista una leal y verdadera colaboración y
coordinación entre administraciones.
Por otro lado, es una exigencia ineludible que aunemos esfuerzos en este campo, evitando multiplicidad de aplicaciones informáticas autónomas y dispersas, no compatibles entre sí, no solo por la ineficiente asignación de recursos públicos
que ello sin duda supone, sino sobre todo por la inutilidad que conlleva el hecho de tener mucha información en compartimentos estancos en una organización atomizada, heredera de aquella organización del XIX, que en definitiva constituye al partido
judicial en referente y a la unidad orgánica del juzgado -juez, secretario, oficial, auxiliar y agente con un forense si cabe-, como referente para afrontar el reto de la Administración de Justicia. En la época en que estamos la atomización no es
de recibo. Necesitamos integrar para optimizar el uso de los recursos, pero sobre todo para que todos los responsables podamos acceder a la información. Por ello desde el Ministerio de Justicia queremos impulsar, y vamos a hacerlo a través de la
conferencia sectorial, la creación de un grupo de trabajo conjunto que evalúe la actual situación y estado de informatización de cada una de las comunidades autónomas y del propio ministerio. No es que no sepamos cómo está la situación; vaya si lo
sabemos. Los estudios realizados
nos han puesto de relieve precisamente ese estado de incomunicación que produce la estanqueidad. Por ello vamos a trabajar juntos para, desde el análisis, hacer un diagnóstico también conjunto, y caminar con decisiones compartidas que, en
definitiva, permitan la introducción de elementos tecnológicos en la justicia que sean realmente la solución de nuestros problemas.
Esta necesidad de introducir tecnologías se hace patente en todos los órganos jurisdiccionales, pero de una manera mucho más acusada en el orden jurisdiccional penal. Es fundamental a la hora de abordar una eficaz persecución de los delitos
conseguir una mejor y más rápida integración de sistemas, que posibiliten que los órganos que tienen que instruir conozcan lo que hacen los otros órganos que también tienen que instruir o sentenciar, y que entre todos consigamos esa meta, parece que
complicada, de llegar a una mejor y más rápida ejecución de las sentencias dictadas por nuestros tribunales, agilizando el comienzo y finalización de prestaciones de carácter social que con ellas tienen que ver. Proyectos como LexNet -ya en muy
avanzado estado de aplicación- para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos, nos dan la medida de por dónde van los esfuerzos en este campo. Como
todas SS.SS. sin duda saben, la aplicación LexNet ha sido utilizada con rotundo éxito en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional por los atentados del 11-M. Ello ha permitido reducir los tiempos de respuesta nada más y nada menos que en una
tercera parte; un tercio del tiempo fue ahorrado precisamente al establecerse la intercomunicación de los actores por vía telemática. Se ahorró todo el proceso de materialización en papel y transporte que, en definitiva, nos quema y nos absorbe
una buena parte de nuestra actividad. Por ello la experiencia debe ser generalizada a todos los ámbitos de la Administración de Justicia, y a ello estamos ya dedicando los esfuerzos necesarios en el ámbito que llamamos ministerio -órganos centrales
y las seis comunidades autónomas que gestionamos-, pero es evidente que nuestra meta no es esa; nuestra meta es la integración, y por tanto que el modelo esté en uso en todas las comunidades autónomas. Es evidente que este tipo de proyectos son
imprescindibles. No podemos seguir caminando por la senda en que lo hacemos en épocas en que la informatización es un bien común, aunque parece que a nosotros nos ha llegado de forma un tanto inconexa y dispersa.
Importante como pocos es el Plan de Transparencia Judicial. El uso de nuevas tecnologías a que me refiero es imprescindible para llevar a cabo otra de las preocupaciones fundamentales del ministerio: continuar con el desarrollo del Plan de
Transparencia Judicial que se aprobó en la anterior legislatura, y que hará efectiva la vigencia de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. La modernización de la Administración de Justicia pasa ineludiblemente por la consecución
de los tres objetivos fundamentales de aquel plan. Uno, implantar nuevos y modernos criterios de gestión del servicio, que nos sirvan para prever y planificar las necesidades de creación de nuevos órganos judiciales y del ministerio fiscal, así
como proyectar la dotación de medios materiales y personales a la Administración de Justicia. Dos, mejorar el acceso a la información que demandan los profesionales y los ciudadanos sobre actividad y carga de trabajo de los órganos judiciales, de
forma que la carga esté actualizada y sea rigurosa y debidamente contrastada. Tres, contribuir a la planificación, desarrollo y evaluación de políticas legislativas adecuadas, mediante la obtención de datos estadísticos fiables sobre volumen de
jurisdicción -en el ámbito penal sobre delitos y penas-, evoluciones de la litigiosidad criminal con criterios geográficos de los autores de delitos o faltas -sexo, nacionalidad, edad, situación socioeconómica-, volumen de población y otros
parámetros absolutamente imprescindibles para intentar una visión real y además útil del mapa criminológico o el mapa de la litigiosidad en nuestro país. El plan tiene un instrumento básico en la estadística judicial, por tanto no descubro nada
nuevo si digo que es una de las grandes asignaturas pendientes, a pesar de los esfuerzos realizados por el Consejo General del Poder Judicial, que puso en marcha un plan ambicioso que nos ha facilitado herramientas que no teníamos antes. Pero todos
somos conscientes -el consejo el primero- de que la estadística judicial, la estadística de la Administración de Justicia sigue siendo una asignatura pendiente que no nos podemos permitir el lujo de que lo siga siendo por mucho más tiempo, y que es
un bien para todos y de todos porque -compartida la administración entre el Estado, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial, parte del Estado, pero con la independencia que necesita- no podemos dejar de compartir esa
información para que, cada uno en el ámbito de sus responsabilidades pueda tomar decisiones, con la certeza de que los datos que se analizan -y en los que se funda la decisión- son datos ciertos, reales y fiables.
Para ello, constituimos en su día la Comisión Nacional de Estadística Judicial. El año pasado se constituyó mediante las oportunas sesiones del pleno y la comisión técnica, habiéndose creado ya los distintos grupos de trabajo que están
llevando a cabo las primeras tareas imprescindibles.
Pero no estamos en absoluto contentos con lo realizado; no podemos estarlo. La comisión necesita ser revitalizada y esta legislatura lo va a ser y de qué modo. Nos comprometemos a desarrollar
el esfuerzo necesario para impulsar, junto al resto de administraciones responsables, las importantísimas funciones que esa Comisión Nacional de Estadística tiene encomendadas y que debe inexorablemente cumplir.
Todos los aspectos a los que me estoy refiriendo de modernización son responsabilidad, en buena medida, del Gobierno de España pero también de las distintas administraciones autonómicas con competencias y de la actividad del Consejo General
del Poder Judicial. Desde el ministerio que dirijo se ha venido trabajando en ese
sentido durante toda la legislatura, y a tal fin hemos llevado a cabo todas las actuaciones necesarias para poder implantar la nueva oficina judicial. He comentado alguna vez en voz alta la peculiar paradoja de que estas leyes que entrarán
de nuevo en esta legislatura en esta casa, para posibilitar la gran reforma de la oficina judicial son las primeras leyes que yo he conocido -y son 34 años de ejercicio en el ámbito de la Administración de Justicia- que han sido desarrolladas
reglamentariamente antes de nacer. Antes de ver la luz tenemos el desarrollo reglamentario, importantísimo, de todo aquello que pudo ser desarrollado, a pesar de que eran leyes nonatas. Ahora necesitamos dar ese enorme impulso para que esas leyes
procesales entren en el Parlamento, y que la modernización tenga la estructura normativa que necesita.
Les decía cuando comencé que es una legislatura de gestión modernizadora, en la que no se quieren tanto grandes cuerpos legislativos, enormes proyectos -que alguno tendrá que haber- como el impulso a aquellos proyectos que constituyen la
base imprescindible para que la modernización se produzca. Para que llegue a ser realidad, como el presidente del Gobierno expresó en la sesión de investidura, es necesario que el Parlamento apruebe las reformas pertinentes para adaptar una
veintena de leyes procesales, las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativas a oficinas judiciales y secretarios judiciales.
El objetivo primordial de la reforma es regular la distribución de competencias entre jueces y secretarios
judiciales. Es indispensable que se lleven a efecto dichas reformas, a fin de que a los secretarios judiciales les sean atribuidas, no solo las funciones de impulso formal del procedimiento que tenían hasta ahora, sino también otras que nos
permitirán adoptar decisiones en materias colaterales a la función jurisdiccional, pero que resultan indispensables para el recto ejercicio de aquella. En esta tarea van a tener que invertir una buena parte de su tiempo los miembros de esta
Comisión de Justicia en los próximos meses, pues este proyecto de ley es uno de los primeros que vamos a presentar al Congreso de los Diputados. Les pido desde aquí a SS.SS. un esfuerzo y dedicación especial para conseguir que el mismo salga
adelante lo mejor y más rápidamente posible. Estamos convencidos de que sus aportaciones van a enriquecer el proyecto que presentemos, y con ese espíritu deseamos mantener el máximo diálogo con todos los grupos aquí representados.
Prácticamente
todos los portavoces con representación en la Cámara manifestaron, en sus respectivas intervenciones en el debate de investidura, la coincidencia con el presidente del Gobierno en que la modernización de la Administración de Justicia es una
necesidad inaplazable. Si convenimos -como yo creo que podemos hacer sin dificultad- que para dicho empeño es requisito necesario la modificación de las leyes procesales, estoy firmemente convencido de que no encontraremos ninguna diferencia
sustancial que nos impida avanzar en el proyecto; lejos de ello, seremos capaces de avanzar desde nuestros diversos puntos de vista, precisamente con integración de ideas, para hacer nacer un cuerpo legal que dé la necesaria respuesta al momento
histórico que vivimos.
No menos importante que la aprobación de esa reforma en el Parlamento es la revisión de la Ley de planta y demarcación judicial. Tras casi veinte años de vigencia de la actual ley, la modificación integral de la misma se ha convertido en
una cuestión inaplazable, si queremos dotarnos de un mapa judicial que responda de una manera mucho más eficaz a las exigencias derivadas de las profundas transformaciones de orden social, económico y demográfico que ha experimentado nuestro país.
Los objetivos que a nuestro juicio deberá alcanzar la nueva Ley de planta y demarcación judicial son los siguientes. Primero, establecer demarcaciones más acordes con las actuales realidades demográficas y socioeconómicas, posibilitando lo que
dimos en llamar en la anterior legislatura la comarcalización de partidos judiciales, la agrupación de partidos judiciales en unidades de orden superior, facilitando además la especialización de determinados órganos judiciales con el fin de ofrecer
solución a los problemas actuales, a la hora de dar respuesta a algunos problemas como el de violencia de género, que necesitan unidades especializadas pero que, por la fragmentación del sector al que se refieren, el sector en lo penal de la
violencia machista, necesitan órganos judiciales de competencia superior al partido judicial, puesto que ubicado el conocimiento de esos temas en sede de partido judicial, la creación en cada uno de los partidos judiciales de un órgano de esta
naturaleza sería evidentemente desproporcionado. Sin embargo, la comarcalización nos puede facilitar -y de hecho estuvimos todos de acuerdo en ello en la legislatura pasada- la respuesta idónea para un problema acuciante. Es evidente que si nos
empeñamos lo conseguiremos. El esfuerzo lo habremos de hacer con la mente puesta en la necesidad de dar una respuesta adecuada en el ámbito jurisdiccional a esa demanda de respuesta que se nos está pidiendo desde la sociedad nada más y nada menos
que en el terreno de la violencia de género, que produce anualmente un centenar de muertes.
En segundo lugar, dotar de medidas a las administraciones públicas competentes para que no se produzcan casos en los que, en un mismo juzgado y durante un corto periodo de tiempo haya multitud de cambios de titular como consecuencia del
traslado voluntario o forzoso al que se ven sometidos los jueces y magistrados. La flexibilidad que debe implicar esta medida deberá -es evidente- respetar siempre el principio constitucional al juez predeterminado legalmente. Los años de vigencia
del órgano de gobierno de los jueces deben darnos la confianza necesaria para depositar en su buena gestión herramientas suficientes para que no se produzca la evidencia de órganos jurisdiccionales en que se suceden los titulares, por razones
normales de atribución de puestos de trabajo, quedando asuntos importantes pendientes de resolver que se van sucediendo de un titular
a otro sin la respuesta jurisdiccional a que el ciudadano tiene derecho.
En tercer lugar, contribuir al reequilibrio de la actual estructura de la carrera judicial, que en estos veinte años ha pasado de tener un 35 por ciento de órganos unipersonales servidos por jueces a poco más del 20, lo que ocasiona
numerosos problemas a la hora de dotar de estabilidad a estos órganos. Es la consecuencia de no haber adaptado a tiempo la Ley de planta y demarcación judicial que nos ha ido obligando a transformar, en órganos con categoría de magistrado, juzgados
que eran -como se denominaron en un tiempo- de entrada, es decir, servidos por jueces sin la categoría de magistrados. La pirámide, sorprendentemente, está en este momento invertida, y son los menos los órganos servidos por jueces con categoría de
juez. Tenemos que contribuir a reestructurar los de lo contrario situaciones como la anteriormente descrita se van a repetir inevitablemente. La modificación de la Ley de planta y demarcación judicial se debe abordar, sin duda -es una obviedad,
pero permítanme recordarlo-, desde el mayor diálogo y consenso posibles. Todos somos conscientes de la enorme dificultad que entraña, pero también creo que somos todos conscientes de la enorme necesidad de adecuar el mapa jurisdiccional a las
exigencias actuales, como medida de optimización de nuestros recursos. Estamos obligados a ello y creo que todos somos conscientes de la necesidad de hacer el gran esfuerzo.
El ámbito de la Administración de Justicia tiene un pariente confundido generalmente con él, pero que solo pertenece a la familia por razones orgánicas; me refiero a los registros civiles. Las nuevas tecnologías que estamos propugnando
para el ámbito de la Administración de Justicia deben impregnar y asentarse definitivamente en toda la Administración, también en la de los registros civiles, para abandonar de una vez por todas aquel: vuelva usted mañana, que debería transformarse
en: no hace falta que usted venga. El paso hemos de darlo de forma rápida en el ámbito de los registros civiles. Una persona es ciudadana de este país desde su inscripción en los libros de este registro, y deja de serlo con el asiento de
defunción; una persona accede a la nacionalidad española y, por tanto, adquiere la condición de conciudadano nuestro o la pierde como consecuencia de la práctica de los asientos correspondientes en sus libros. Todo ciudadano pasa por el Registro
Civil varias veces en su vida, y no hace falta que les explique que muchas veces en su vida es requerido por las administraciones para que aporte datos, en forma de certificación, de aquellos asientos del registro en que, en definitiva, consta su
vida en etapas: se nace, se contrae matrimonio, se cambia de nombre y apellidos, y todo ello consta en esa gran ficha que es el Registro Civil. El ciudadano tiene que acudir una y otra vez a un órgano con una estructura del siglo XIX que no puede
dar, en su estado actual, la respuesta que necesitamos.
La realización eficaz de las políticas sociales básicas exige el reconocimiento cierto, real y actual de los datos que se contienen en el Registro Civil. No es solo el ciudadano el que tiene que ir a recoger la certificación del dato que
allí consta, es que se lo ha exigido una Administración, incumpliéndose el principio básico de que ningún ciudadano debe tener la obligación de aportar a las administraciones los datos que la Administración tiene. Es por ello por lo que la
institución del registro debe estar en condiciones de dar respuesta a los requerimientos básicos que hagan posible la ejecución de esas políticas sociales que tienen que ver con administraciones responsables del ejercicio o aplicación de esas
políticas sociales. Por ello es el Registro Civil un objetivo estratégico a realizar en ejecución de nuestras responsabilidades. En consecuencia, vamos a continuar con más fuerza, si cabe, la tarea de informatizar plenamente nuestros registros
civiles, que se inició con el Registro Civil en línea, con la mirada puesta en la consecución de un verdadero registro on line que haga innecesario el desplazamiento de los ciudadanos al registro, su comparecencia física para la práctica de asientos
o la solicitud de certificaciones, ya que las administraciones que hoy requieren al ciudadano la presentación de esas certificaciones podrán obtenerlas directamente del propio registro ordenado, como digo, on line. La eficacia transversal del
Registro Civil ha de redundar de modo directo en beneficio de los ciudadanos que, desde su inscripción en él, no pueden ser desconocidos por el resto de administraciones. Este importante cambio en la forma de entender la relación entre el Estado y
los administrados deberá llevar aparejada una profunda reorganización en la actual distribución de medios personales y materiales en el servicio público del Registro Civil. Para conseguir esos objetivos, presentaré lo antes posible un proyecto de
ley de nueva ley del Registro Civil.
Pero no es solo el Registro Civil el que depende del Ministerio de Justicia. Otra de las actuaciones prioritarias del Ministerio de Justicia para la legislatura es la relativa a los otros registros que dependen del mismo, y que se han
convertido a veces en piezas clave para la justicia penal o para el servicio a los ciudadanos. Les recuerdo, por ejemplo, el Registro de Contratos de Seguro de Cobertura de Fallecimiento, que pusimos en marcha el año pasado, y que ha permitido a
miles y miles de españoles y extranjeros saber si tenían contratado un seguro de vida. Es una iniciativa que se ha traducido en el primer año de vigencia en una realidad. Ese registro tiene en estos momentos 67 millones de pólizas que tienen una
cobertura de fallecimiento en las más diversas modalidades que se conocen. El servicio ha supuesto que 250.000 certificados hayan sido requeridos y emitidos, y 56.429 ciudadanos hayan descubierto a su través que eran beneficiarios de un seguro de
vida; no hace falta que les recuerde que había muchos de ellos que no podían ni pensarlo, porque eran seguros que se habían formalizado a través del uso de una tarjeta de crédito en un viaje. Esos registros de seguros están dando juego y debemos
atenderlos, perfeccionarlos, y en ello estaremos. Pero, entre ellos, va a recibir la más especial de las atenciones el viejo pero remozado Registro Central de Penados y Rebeldes, que ya ha sufrido a lo largo de
la legislatura pasada una importante transformación, con un proceso de incorporación de notas automatizado como forma de terminar con retrasos endémicos en la incorporación de la información que se venía registrando.
Este proceso no elimina
todavía la necesidad de soporte papel, aunque ha simplificado enormemente la gestión. La meta de la legislatura es suprimir absolutamente el papel, dotando de firma electrónica y permitiendo utilizar a los secretarios la firma electrónica, que ya
tienen para otras cosas, de tal manera que la anotación en este registro se realice directamente por medios telemáticos. En conjunto, los resultados que hemos alcanzado ya pueden considerarse sin duda satisfactorios, pero es evidente que no podemos
estar en absoluto complacidos, porque todavía, como les digo, no se ha logrado esa absoluta informatización que eliminará del todo el soporte papel, y que hará que el Registro de Penados sea también un registro on line para aquellos actores del
proceso que deben acceder, cada uno en su nivel, a los datos que allí constan. Desde el punto de vista internacional, este registro forma parte del proyecto NJR, interconexión de registros europeos, un proyecto piloto de la Unión Europea del que
fuimos promovedores, junto con Francia, Bélgica y Alemania, habiéndose unido después otros países, y siendo la base de lo que va a ser un instrumento europeo de regulación de este tipo de registros, que hoy funciona a satisfacción. Lejos de
cualquier complacencia por este tema, lo que nos anima es la necesidad de profundizar en la gestión adecuada de este tipo de registros, para llegar a dar satisfacción a demandas que se han conocido de un modo muy dramático en el año que ha
transcurrido. Me estoy refiriendo a la evidencia de atomización de los diferentes órganos jurisdiccionales en el ámbito de la instrucción penal, que ha permitido que, mientras un órgano de la jurisdicción investigaba a un determinado imputado por
los hechos que sean -los hechos más lamentables y recientes que todos recordamos, por delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores- el investigado se estaba presentando los días 1 y 15 en el juzgado de al lado, sin que el órgano que lo
estaba investigando pudiera, de una forma rápida, ágil y eficiente, tener noticia de ese hecho, importantísimo de cara a las decisiones sobre localización de esa persona, y también para la valoración de la necesidad de adopción de medidas
cautelares.
A principios del año 2009, en el primer trimestre, pondremos en marcha el Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, es decir, sentencias pendientes de firmeza en el orden jurisdiccional penal.
Fíjense que les
estoy hablando del primer trimestre del año 2009, porque llevamos muy avanzada la elaboración de este registro, que va a ser sin duda de gran utilidad, pues va a permitir que el juez o magistrado que instruye disponga de otros elementos de juicio,
además de los que existan en la causa, a fin de ponderar resoluciones en el ámbito de la instrucción penal. Este registro supondrá una herramienta de mucho interés para el juez de instrucción, pero también para el órgano de enjuiciamiento, al
facilitar información sobre la existencia de órdenes de busca y captura, órdenes de detención y puesta a disposición que estén vigentes, y que permitirán al juez valorar la existencia de riesgos de fuga, al dictar una resolución en la que decida
sobre prisión o libertad provisional del imputado. El ministerio fiscal tendrá igualmente acceso para poder valorar la necesidad de instar semejantes medidas. Además este registro permitirá obtener de forma específica, y siguiendo las pautas que
esta Cámara nos ha marcado, información sobre procedimientos penales por la comisión de delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, en los casos en que la víctima sea especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o situación.
Finalmente, además de la creación de este registro, es objetivo de este proyecto -esto ya en un plazo posterior- la creación de un sistema integral de gestión de todos los registros judiciales que tienen trascendencia en el ámbito de la
jurisdicción penal. Me refiero al registro que creamos en su día por hechos relativos a la violencia machista, al de medidas cautelares y al Registro de Penados y Rebeldes.
Los tres deben estar en un sistema integrado, de forma que se encuentren
centralizados en una sola base de datos y un solo registro. De esta manera, desde un único punto informático, los juzgados y tribunales gestionarán, tanto la incorporación de datos a los distintos registros, que son alimentados desde los órganos
jurisdiccionales, como las consultas que ellos mismos quieran realizar. Este sistema integral permitirá definir diversos perfiles de usuarios: tribunales, juzgados, fiscalías, delegaciones del Gobierno, policías, de forma que cada uno de ellos
acceda a la información que le corresponde a partir de una base de datos única que recoja toda la información disponible.
No menos importante que la organización de lo que tenemos es la buena proyección de aquellos elementos personales que han de venir a sumarse al esfuerzo de impartir justicia. El acceso a las carreras judicial, fiscal y de secretarios
judiciales forma parte también de esa pretendida modernización, porque forma parte de ella que el servicio público de la justicia esté en manos de los mejores profesionales, personas que ofrezcan a los ciudadanos la total satisfacción en el
ejercicio de sus derechos, especialmente en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, personas bien formadas que respondan adecuadamente a la creciente demanda de justicia en nuestra sociedad. No les diré que pone los
pelos de punta, pero casi, pensar en más de ocho millones de resoluciones judiciales dictadas en el último ejercicio conocido. Es el aumento exponencial que hemos ido viviendo en estos treinta años de democracia, y que se corresponden con la
demanda natural de justicia en una sociedad democrática. Ello hace que la demanda de operadores jurídicos de garantía sea también una demanda que necesita una respuesta adecuada a los tiempos.
El vigente sistema de acceso a las carreras judicial, fiscal y del secretariado se ha demostrado y se está demostrando claramente insuficiente, en lo cuantitativo, para hacer frente a la oferta de plazas que se ha venido produciendo y
hacerlo en las condiciones que todos deseamos: que se garantice el nivel, el mérito y la capacidad. El descenso constante y paulatino que se ha venido produciendo en las últimas oposiciones, tanto en el porcentaje de instancias presentadas como en
el correlativo de aprobados finales, nos ofrece una buena medida del diagnóstico. En la convocatoria de oposiciones a jueces del año 2001 se presentaron casi 6.000 instancias para participar en las mismas. En las siguientes convocatorias anuales
desde aquel año el número ha ido descendiendo de manera paulatina, hasta las 3.700 presentadas en la convocatoria del año 2008. Desde la convocatoria del año 2002, en que por última vez se cubrió el cien por cien de plazas, el número de aprobados
ha ido descendiendo constantemente hasta el 84 por ciento del proceso selectivo último, lo que ha provocado que cada año sea mayor el número de plazas no cubiertas por jueces titulares, pudiendo llegar la situación de interinidad a hacerse
insostenible. En la convocatoria que está a punto de finalizar para cubrir plazas de jueces y fiscales -creo que eran 350 plazas las ofertadas y quedan escasos días- a día de ayer eran 21 los opositores que faltaban por examinar. El saldo no anima
a la esperanza, porque solo se han cubierto el 75 por ciento de plazas; volvemos a tener esta vez un 25 por ciento de plazas que no se cubren. Ello va a dificultar, no ya que se cubran las plazas que hemos de crear y que deberán alcanzar del orden
de 1.000 en la legislatura, sino que se cubran las vacantes actuales, y no podemos permitirnos el lujo de que se sigan cubriendo con interinos.
Llamo a la reflexión a quienes, como yo, creen que el sistema de oposiciones es un sistema útil, que ha garantizado nivel, mérito y capacidad, a que hagan la reflexión de si, manteniéndolo en el modo en que está, se puede llegar a tener un
30 por ciento de vacantes judiciales cubiertas por jueces interinos, que son seleccionados sin un procedimiento que garantice ese mérito y esa capacidad. Es nuestra responsabilidad ayudar entre todos a que el sistema satisfaga las necesidades de la
Administración de Justicia. Podemos hacerlo apostando por un nuevo modelo que, manteniendo el sistema de oposición y por lo tanto coexistiendo con él, y con pleno respeto a los principios de mérito y capacidad, combine eficazmente un período
importante de formación teórica en la Escuela Judicial o en el Centro de Estudios Jurídicos, en el que los aspirantes sean verdadera y continuamente evaluados, de manera que el candidato apruebe y suspenda, con un período más amplio de prácticas
tuteladas en los propios órganos judiciales. Durante estas prácticas tuteladas, los aspirantes podrán tener jurisdicción limitada para determinados asuntos de escasa entidad y seguirían siendo continuamente evaluados. De esta forma, se conseguirá
obtener unos profesionales que habrán acreditado no solo poseer los conocimientos teóricos necesarios sino también el resto de habilidades y destrezas que deben confluir en estos funcionarios. La inversión que el Estado va a hacer en la formación
de estos cualificados servidores públicos será mucha. Piensen en lo que pueden significar los casi seis años que han empleado de media los últimos aprobados de las últimas oposiciones; exactamente fue cinco años y medio la media de tiempo que
emplearon el conjunto de opositores aprobados en estudiar el programa lo suficiente para aprobar. Piensen lo que puede ser seis años de formación en los centros de estudios, en los que se evalúa, se suspende y se aprueba, y que el último periodo
-dos o tres años- lo sea en ejercicio de jurisdicción limitada. Piensen, en definitiva, lo que es la formación MIR en el ámbito de la medicina y hagan un esfuerzo de adaptación, como yo intento hacerlo, para respondernos si también puede ser un
buen método de selección de operadores jurídicos el que tan buenos resultados da a la hora de seleccionar entre los profesionales que tienen que cuidar de nuestra salud. Se conseguiría obtener unos profesionales que no solo acreditaran los
conocimientos técnicos necesarios, sino también el resto de habilidades y destrezas que deben confluir en quienes están llamados al ejercicio de la jurisdicción o a coadyuvar en el ejercicio de la misma. La inversión que el Estado hará en ello,
como decía, exigirá un compromiso de permanencia de estas personas en el cuerpo al que accedan por el tiempo que se estime razonable. Además, el modelo de acceso debe ir íntimamente vinculado al modelo de carrera que deseamos. Los primeros años de
la vida profesional de un juez estarán marcados por la dedicación a asuntos de menor entidad y servirán para adquirir la práctica necesaria, en régimen de tutelaje, que les haga capaces de enfrentarse después a las controversias de mayor complejidad
cuando, después de esos seis o siete años de formación, hayan alcanzado la categoría de juez con jurisdicción plena. Creo que la oferta que haremos merecerá una reflexión como complemento a un sistema que en este momento hace aguas en lo
cuantitativo. Sería deseable que el nuevo modelo de acceso contara con el consenso y la participación de todos los partidos representados en la Cámara, así como de la sociedad, las universidades y los colectivos de profesionales afectados. Ni que
decir tiene que en cualquiera de los modelos se seguirá potenciando la concesión de becas y ayudas para aquellos licenciados que, teniendo vocación y deseo de desarrollar su carrera profesional al servicio público de la justicia, no dispongan de
medios suficientes para poder dedicar su tiempo a la preparación para el acceso a dichas funciones públicas.
De poco serviría desarrollar el programa que hasta aquí les expongo si no añadiéramos la necesidad de seguir adaptando la Administración de Justicia al esquema de nuestro Estado, al Estado de las autonomías.
Partiendo del principio de
unidad jurisdiccional que consagra la Constitución y respetando al máximo su contenido, debemos ser capaces de llegar a conjugar el mismo con la configuración del Estado de las autonomías
también recogida en la Carta Magna. Es una asignatura pendiente que tenemos desde su promulgación. En este sentido, previo el necesario diálogo y consenso con todas las fuerzas parlamentarias, vamos a impulsar la constitución de los
consejos de justicia en las comunidades autónomas.
Hemos realizado ya importantes esfuerzos en la dirección correcta. Si recuerdan, en la anterior legislatura fuimos capaces de hacer una gran reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal que
adecuó esa importante institución u órgano constitucional al esquema del Estado de las autonomías. La creación de las fiscalías superiores de las comunidades autónomas, la figura del fiscal superior como máximo representante del fiscal en cada
comunidad y la creación de las fiscalías de área como unidades menores que han de servir de estructura básica de despliegue del ministerio fiscal por todo el territorio son una buena noticia en esa necesidad de ir avanzando en la adecuación de
nuestras instituciones al mapa autonómico. Creo que esta legislatura exige una respuesta también en el ámbito de la organización del Poder Judicial, y esa respuesta ha de llegar con lo que ya han iniciado algunos estatutos de autonomía, que han
previsto la existencia de esos consejos autonómicos. Es responsabilidad nuestra ser capaces de llegar a un modelo de consenso que sirva a todos y para todos. Yo les emplazo a que hagamos entre todos ese esfuerzo que sirva para ver nacer un órgano
que no solo signifique adaptación al Estado de las autonomías, sino que sea útil para que la Administración de Justicia tenga una mejor gestión en cada uno de sus ámbitos.
No menos importante que ese plano orgánico lo es el ámbito procesal. Les decía que es una legislatura de gestión, en la que más que grandes leyes nos interesan aquellas leyes al servicio de la gestión modernizadora. Hay veces en que es
difícil diferenciar ambas dimensiones. Ocurre con la reforma de la casación, con un componente de orden jurídico-teórico muy importante y no me negarán que también lo tiene en el ámbito modernizador en lo que tiene de redistribución de las cargas
de trabajo entre los distintos órganos de la Administración de Justicia. Es por ello otra reforma que pretendemos retomar -ya conocieron su periplo en la anterior legislatura quienes aquí estuvieron- y que tiene que ver, como digo, no solo con la
adaptación de la justicia al Estado de las autonomías sino también con la modernización y la agilización de la Administración de Justicia. Con la reforma del recurso de casación en todos los ámbitos jurisdiccionales pretendemos alcanzar unos
objetivos muy concretos.
Primero, que el Tribunal Supremo cumpla verdaderamente la función de garante de la igualdad y de la seguridad jurídica en la aplicación del ordenamiento jurídico estatal a través de una función unificadora de los criterios
y pareceres jurídicos de los órganos inferiores. Segundo, que los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, tal como prevé el artículo 152 de la Constitución, sean de verdad y de un modo efectivo los órganos jurisdiccionales
que culminen la organización judicial en el ámbito territorial de las mismas, encomendándoles a través del recurso de casación la función unificadora de todo el derecho autonómico, lo que precisará en determinados casos la ampliación del ámbito
objetivo de ese recurso. Tercero, agilizar el funcionamiento de la justicia y permitir que la prestación del servicio se desarrolle dentro de unas coordenadas razonables de certeza en todos sus grados, particularmente en relación con el recurso de
casación, que es la principal vía de entrada de asuntos en el Tribunal Supremo. Con esta modificación se pretende cambiar la naturaleza y configuración actual del recurso de casación, que debe pasar a ser esencialmente un recurso para la
unificación de doctrina, limitando su ámbito a las infracciones derivadas de la aplicación del ordenamiento jurídico estatal. En definitiva, con este sistema de recursos se trata de consolidar el sistema de apelación y restringir la casación a los
supuestos de infracción de doctrina y contradicción de la misma en relación con normas estatales. Esa es, nada más y nada menos, la alta misión que tiene el Tribunal Supremo. Será bueno que a ello nos atengamos.
Además, será muy importante que finalicemos la labor de traspaso de competencias en materia de justicia. Es otro gran ámbito donde la racionalidad debe conducirnos a una generalización del esquema de transferencias que facilite la mejor
gestión. Y es que no cabe duda de que la Administración de Justicia en manos de las comunidades autónomas significa el acercamiento de la gestión y, por tanto, la mejora de esa gestión. La culminación del proceso de traspaso de competencias en
materia de justicia a las comunidades autónomas que todavía no las han asumido es un objetivo de este Gobierno a realizar en el horizonte de esta legislatura. Han transcurrido veinte años desde el inicio del proceso, con la asunción por parte del
País Vasco de competencias en esta materia en 1988, y creemos que sobradamente ha llegado el momento de completar el mapa. Este convencimiento es compartido por las seis comunidades que todavía no han asumido esas competencias, con algunas de las
cuales están ya muy avanzados los trabajos, que creemos poder materializar en los próximos meses. Siguiendo con el impulso dado en la anterior legislatura, en la que se celebraron ocho de las dieciséis reuniones de la conferencia sectorial en
materia de justicia que se han llevado a cabo desde su constitución en 1999, es intención de este ministerio que dicha conferencia se constituya en el referente como órgano de cooperación entre la Administración del Estado y las administraciones de
las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia que, como digo, deberían ser todas al final de esta legislatura. El normal y habitual funcionamiento de la conferencia sectorial es fundamental para conseguir desarrollar una
actuación coordinada en la necesaria modernización de la Administración de Justicia. Espero y deseo que la legislatura vea una conferencia sectorial completa con la presencia de las seis comunidades que en este momento faltan. Ya saben que en la
anterior
legislatura finalizamos las transferencias de Asturias, Cantabria y Aragón y que se encuentran pendientes en este momento Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja.
Además de la necesidad de hacer que la justicia funcione existe la necesidad de que funcione de acuerdo con el más alto estándar de garantías de defensa de los derechos y la seguridad de los ciudadanos.
Por ello, como les decía, siendo
cruciales e importantísimas las reformas que traeremos a esta Cámara, que tienen esencialmente que ver con la gestión modernizadora, existen otras que son también modernizadoras pero que tienen una dimensión y un efecto garantizador de derechos que
sobresale sin duda. Me estoy refiriendo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a nuestra vetusta y a la vez rehecha cien veces Ley de Enjuiciamiento Criminal, que desde 1882, como saben, no deja de recibir aportes fragmentarios de
acuerdo con las necesidades del momento que la han hecho absolutamente irreconocible. Tantos años de parcheo -permítanme la expresión coloquial- inevitablemente inconexo y descoordinado, porque ha obedecido a las necesidades de cada momento, ha
producido un resultado final que se puede sintetizar en una ley poco actualizada, superada totalmente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, que la han ido completando, e incluso con normas absolutamente obsoletas. Se ha
dicho muchas veces y se preguntan jocosamente algunos qué ocurriría si un marciano arribara a este país nuestro y se preguntara cuál es la legislación vigente en materia de proceso penal. No lograría saberlo con la sola lectura de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Es tal la ingente obra del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, tan tangencialmente diversa a la estructura de aquella ley y sobre todo a sus contenidos y principios que solo con un rastreo y lectura de todo
aquello podría llegar nuestro marciano a enterarse de qué es lo vigente. Ya sé que esto ocurre en otros ámbitos; ya sé que este es uno de los males de nuestro tiempo, pero es voluntad del ministerio no contribuir a la hipertrofia legislativa. Es
más, es muy deseable que el ministerio ejerza como ministerio el impacto legislativo y que intente poner coto a todo aquel material legislativo que se intenta producir y que no tenga ese valor añadido que lo justifique. Al tiempo que hacemos eso,
creo que es imprescindible dar una vuelta por la gran norma procesal penal, necesitada a mi juicio de algo más -permítanme la expresión- que una mano de pintura.
No debe perderse de vista que en lo que a la Ley de Enjuiciamiento Criminal se refiere hemos sido no solo superados por esa jurisprudencia a la que me refería sino por muchos convenios y pactos internacionales.
Permítanme que les subraye
solo el que se deriva del artículo 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, que ha dado lugar a reiteradísimos dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ha declarado el incumplimiento por España de ese precepto
porque no hemos incluido la doble instancia en materia penal que aquella ley no contemplaba y que solo fragmentariamente para delitos menores se ha ido incorporando. Por ello, es intención del Gobierno retomar el proceso de reflexión y estudio que
culmine con la aprobación durante la presente legislatura de un texto procesal penal absolutamente nuevo. En dicho texto se regulará un nuevo sistema de enjuiciamiento criminal moderno, ágil, eficaz y acorde con los tiempos, que recoja todo lo que
ha sido ese desgranar de interpretación de derechos del Tribunal Supremo y del Constitucional, pero que supere además las deficiencias, lagunas y defectos a los que por motivos obvios una ley centenaria como la actual no puede dar una respuesta
satisfactoria. Dicha reforma se debe abordar desde el más amplio consenso y con participación activa de toda la comunidad jurídica. No será una buena ley, no podrá llegar a ser ley siquiera, si no goza del apoyo inmensamente mayoritario de las
Cámaras.
Creo que solo en esas condiciones una ley de enjuiciamiento criminal tiene futuro, por tanto, creo que el esfuerzo que todos deberemos realizar para llegar a esos puntos comunes en que encontrarnos, a esos puntos en que se armonice el
sistema de garantías con la funcionalidad, esa necesidad de aumentar, consolidar o cristalizar en un texto legal lo que ya es un logro en la jurisprudencia con la necesidad de estructurar un sistema de enjuiciamiento acorde con lo que es hoy el
despliegue jurisdiccional y el despliegue de aquellos órganos que coadyuvan con la Administración de Justicia. El reto es tan importante y nos va tanto en ello que creo que todo esfuerzo será poco y desde luego el ministerio está dispuesto a hacer
todo lo que haga falta para ver nacer una nueva ley tan necesaria.
En el marco de dicha ley, el Gobierno apuesta por que ese procedimiento penal sea paradigma de las garantías procesales del imputado. Para ello habrá de regularse el conjunto de aspectos relativos a la investigación y a la actividad
probatoria que han desbordado, como les decía, el marco legislativo actual. Asimismo, habrá de tratarse de que la víctima ocupe el lugar que le corresponde en el marco de la causa criminal. Deberemos hacer algo tan elemental y que no se hizo en
aquella ley como regular la ejecución penal, huérfana prácticamente de precepto alguno, lo que nos explica, por otra parte, la dificultad que hay luego de precisar responsabilidades en el ámbito de las omisiones que se producen en el campo de la
propia ejecución penal. Todo ello sin olvidar que la lucha contra la delincuencia requiere en nuestros días de la cooperación y el reforzamiento de todos aquellos que nos rodean, y que tendrá que traducirse en el texto legal en normas que
especifican cómo es el sistema de cooperación con nuestros vecinos, pero sobre todo con nuestros socios en la Unión Europea. Asimismo, dentro de ese texto deberemos abordar las reformas legales necesarias para adecuar los supuestos de jurisdicción
extraterritorial y universal a los convenios y tratados internacionales, precisando claramente el ámbito y definiendo y limitando la jurisdicción, de tal manera que queden excluidos aquellos supuestos en los que no exista punto
de conexión con nuestro país y que, sin embargo, hoy son objeto de conocimiento por nuestros tribunales sobre la base de una aplicación extensiva del principio de jurisdicción universal.
Prestarle tanta atención a la gestión modernizadora no es incompatible con dar la respuesta necesaria a aquellas necesidades perentorias en el ámbito del derecho sustantivo y muy en concreto del derecho penal.
Queremos abordar una reforma
del Código Penal que no sea una reforma integral del Código de 1995. Creo que tiene recorrido y que debe recibir la savia vivificadora de la jurisprudencia. Pero no podemos dejar de atender nuestros compromisos internacionales, sobre todo la
necesidad de dar respuesta en el ámbito interno a las decisiones marco que van transformando el horizonte del derecho penal europeo.
Esta reforma del Código Penal debe servir para luchar, en trasposición de esa legislación europea, de una manera más efectiva contra las nuevas formas de criminalidad organizada, dado que la lucha contra la criminalidad tiene hoy un
componente transnacional y debe realizarse de forma coordinada con los demás países; todo ello, prestando especial atención a la protección de las víctimas del delito y, además, incorporando al Código Penal las nuevas figuras delictivas que se
derivan de aquellos compromisos internacionales, como la manipulación genética y biomédica, los delitos vinculados a las nuevas tecnologías informáticas, el acoso laboral o el acoso contractual. Hay que incorporar, además, la plena responsabilidad
de las personas jurídicas en los términos a que nos obligan los convenios dentro de la Unión Europea, quiero decir los instrumentos legislativos de la Unión Europea, estableciendo medidas eficaces para la persecución y castigo de la delincuencia
organizada, ampliando las posibilidades de decomiso de las ganancias ilícitas y asegurando el pago de responsabilidades civiles. Deberemos prestar atención a las bandas organizadas a nivel interno, porque a ello nos hemos obligado gustosamente, y
hemos de acometer la tipificación penal de toda forma de corrupción, no solo la pública sino también la privada para garantizar los derechos de accionistas, clientes y consumidores, en sintonía plena con esa legislación a la que me refiero. Hay que
establecer, además, la protección de la intimidad, especialmente vulnerable por el acceso y la intromisión ilegal en los sistemas de información, los datos o los programas informáticos.
Se procederá a una modificación en materia de delitos contra la libertad e indemnidad sexual cuando la víctima sea menor de edad o incapaz, elevando la pena prevista para los actuales tipos delictivos e incriminando todas aquellas conductas
relacionadas con la explotación sexual infantil y la pornografía infantil. Se castigará expresamente a los clientes de la prostitución de menores de edad. Con esta reforma, además de trasponer la decisión marco del Consejo de 22 de diciembre de
2003, daremos cumplimiento a la proposición no de ley que recientemente aprobó el Congreso, dando una redacción más ordenada al actual título VIII del libro segundo del Código Penal. Introduciremos, además, un régimen de medidas posdelictuales, en
sintonía con ese mandato que hemos de cumplir, para aquellos casos en los que el diagnóstico de reincidencia en determinada clase de delitos, como la pederastia o aquellos cometidos por personas con imputabilidad disminuida, aconseje el sometimiento
del individuo a un tratamiento y seguimiento de su conducta que reduzca al máximo la posibilidad de que vuelva a cometer hechos por los que haya sido condenado. La sociedad no puede quedar indemne, sin defensa ante la evidencia de personas que
cumplen la pena pero que ante un diagnóstico de reincidencia no pueden ser ni sometidos a tratamiento ni controlados por falta de herramientas. Esas herramientas son necesarias y van a ir en esa reforma que anunciamos.
En relación con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, vamos a llevar a cabo una serie de modificaciones legales que, cumpliendo con los compromisos internacionales adquiridos, aborden de una forma mucho más
sistemática este problema, prestando especial atención a las víctimas de este tipo de delitos. Finalmente, hay que abordar también una nueva regulación de la prescripción que aclare legalmente, con la voluntad expresada por la Cámara, con la
voluntad del Parlamento expresada en ley, para superar el estado de confusión a que nos ha conducido la propia confusión existente en la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional.
En el ámbito de lo institucional, es también intención del Gobierno evitar que se produzcan situaciones de bloqueo institucional como la que hemos vivido desde la pasada legislatura a consecuencia de la no renovación de los miembros del
Consejo General del Poder Judicial. Por esta razón, y si el Parlamento nos apoya, como un remedio excepcional aseguraremos el cese efectivo del Consejo cuando concluya su mandato. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamamiento a todos
los grupos para superar esas diferencias que han existido en el pasado y que creo que deben dejar de existir, para poder llegar a un punto en que institucionalmente demos respuesta en su tiempo a las obligaciones que nos imponen las leyes. Creo que
es necesario que lo hagamos y, por tanto, es bueno que en el ámbito de la correspondiente ley orgánica se regule el Consejo General del Poder Judicial en funciones, porque es bueno evitar que esas situaciones se planteen. Ahora toca el gran
esfuerzo para salir de esa situación.
Estamos -no hace falta decirlo- abiertos al diálogo para conseguirlo, pero creemos que es bueno que sea la ley la que regule, con la certeza que solo la ley proporciona, un mecanismo que coadyuve a la evitación
de situaciones como la vivida.
Igualmente, como medida de responsabilidad en el ejercicio de todo cargo público, creemos que debe establecerse la obligatoriedad de que los miembros del Consejo General del Poder Judicial comparezcan ante las Cortes cada vez que sean
requeridos para ello. Creo
que no es de recibo pretender que estas comparecencias, como se ha dicho, atenten en modo alguno a la separación de poderes y mucho menos a la independencia de los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial.
El órgano de gobierno
de los jueces es lo que su nombre indica: un órgano de gobierno de los jueces, un órgano constitucional. Pero las Cortes Generales representan al pueblo español y solo las Cortes Generales; y en estas Cortes reside, por derivación, la soberanía
de ese pueblo que vota periódicamente para tener aquí sus representantes. No es de recibo que un órgano de gobierno como el Consejo General del Poder Judicial pueda sentir perturbada su competencia por el hecho de comparecer ante los representantes
del pueblo español. Sinceramente, no comparto esa visión, no puedo compartirla y creo que no se corresponde con lo que es el juego de poderes en el ámbito democrático. Por ello, insisto, promoveremos una reforma en esa dirección.
Las herramientas de que hemos de dotarnos en el ámbito del Ministerio de Justicia durante la legislatura tienen una pieza muy importante en el servicio jurídico del Estado. Esta legislatura debe profundizar en la prestación de una
asistencia jurídica de calidad e integrada al Gobierno de la nación, a la Administración General del Estado y al conjunto del sector público, según el modelo de despacho integral. En la actualidad, el bufete jurídico del Estado es más eficaz, en
cuanto a porcentaje de asuntos ganados ante los tribunales, que cualquier otra organización jurídica del sector privado -son datos aritméticos que lo demuestran hasta la saciedad-, pero no debemos caer en complacencia alguna porque tenemos que
conseguir poder compararnos también en eficiencia con el sector privado, dado que existen claras ineficiencias que debemos eliminar, así como en inmediatez y en cercanía a los órganos asesorados, dado que todavía persiste una cierta cultura -más
bien habría que decir incultura- de descoordinación y una cierta lejanía del cliente. Por ello, debe prestarse especial atención, vamos a prestar especial atención, a la asistencia jurídica preventiva, orientada a la minoración de riesgos legales y
basada en las técnicas de gestión del conocimiento, así como en la elaboración de auditorías jurídicas de calidad. Del mismo modo, tenemos que modernizar, y vamos a hacerlo, la organización de recursos humanos, económicos y materiales, adaptando la
tradicional estructura de la abogacía del Estado a las necesidades actuales y logrando una flexibilización que supere la rigidez orgánica y se manifieste, por ejemplo, a través de la creación de departamentos especializados. De igual forma, y en el
marco general del impulso modernizador que hay que imprimir a toda nuestra gestión, vamos a proceder a la implantación de un sistema informático avanzado que permite una respuesta coordinada en tiempo real en el plano de la defensa procesal, con la
obligación de coadyuvar con toda intensidad la implantación del sistema LexNet que el Ministerio de Justicia impulsa con determinación y del que debe ser un usuario esencial el servicio jurídico del Estado, aunque solo fuera por una mínima
coherencia con lo que pretendemos.
No podemos olvidar que pertenecemos a la Unión Europea, que pertenecemos a un ámbito cultural de países iberoamericanos y que tenemos, sin duda, una ubicación geoestratégica que hoy nos sitúa en esa vecindad inmediata, como frontera de la
Unión, con el continente africano. El ministerio ha de trabajar y ser coherente con los socios de la Unión Europea, fortaleciendo las áreas más sensibles de cooperación jurídica internacional. Durante la IX Legislatura, España va a ocupar la
Presidencia de la Unión Europea. Creo que es una exigencia aprovechar la ocasión para dar impulso al desarrollo del espacio europeo de Libertad, Seguridad y Justicia en el que creemos firmemente. Sé que es un tiempo difícil para hacer estas
afirmaciones, después de lo que es ese traspiés importante del referéndum en Irlanda. Pero los obstáculos no deben hacer mermar ese espíritu europeo que anida en este pueblo y del que debemos ser coherentemente conscientes y aplicar políticas que
intenten profundizar en ese espacio de libertad, seguridad y justicia que tanta dificultad está teniendo para abrirse camino.
Como saben SS.SS., el programa de La Haya de 2004 de consolidación de la libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea finaliza en 2009 y la Presidencia española precisamente comenzará con el nuevo programa post La Haya, en el que
llevamos trabajando tiempo. Venimos trabajando hace ya algún tiempo ayudando a fijar lo que va a ser la política de la Unión Europea en los ámbitos de justicia e interior para los siguientes cinco años. Habremos de determinar esos objetivos y
prioridades en los que creemos, concretamente en la profundización de los derechos fundamentales y la ciudadanía, el asilo y la migración, la gestión de las fronteras, la integración, la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, la
cooperación judicial y policial y el derecho civil. Para su preparación se ha constituido el llamado grupo de futuro, del que España forma parte en representación de su terna de presidencias y en cuyo seno he venido trabajando sobre la base de unas
líneas maestras que les expongo con brevedad. En primer lugar, la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Más bien habría que decir la profundización en cualquier herramienta en la que vamos a trabajar del principio de reconocimiento
mutuo, tanto en materias civiles como del ámbito penal, que permitan continuar en la configuración de ese espacio judicial europeo en que las decisiones judiciales de cualquier país a nivel local tengan validez como un conjunto de jurisdicciones
integradas y no como una mera suma de soberanías judiciales nacionales. Es evidente que ese principio de reconocimiento mutuo se basa en la confianza y que solo la unificación de los derechos internos genera esa confianza. En esa espiral queremos
entrar para profundizar en una dinámica que nos lleve a puerto, no para poner trabas en su desarrollo, como vemos con más frecuencia de lo deseable por algunos Estados. En segundo lugar,
facilitar la ejecución de las resoluciones judiciales en el espacio europeo y muy en particular cuando se imponen consecuencias de orden civil. En tercer lugar, caminando en la dirección de armonizar las legislaciones penales como
complemento del reconocimiento mutuo, como base de ese principio de reconocimiento mutuo que -insisto- solo sobrevivirá si generamos las condiciones que potencien la confianza recíproca vía unificación de legislaciones.
Otro motivo para dar el impulso anunciado es la renovación en 2009 del Parlamento Europeo y de la Comisión, lo que convertirá el periodo de la Presidencia española de 2010 en una etapa de puesta en marcha de nuevas propuestas. Por su parte,
en el ámbito del Consejo de Europa también coincide esta legislatura con la próxima Presidencia española de su Comité de Ministros, que tendrá lugar desde noviembre de 2008 hasta mayo de 2009, durante la cual se va a celebrar el 60º aniversario del
Consejo.
En este contexto las prioridades vendrán marcadas, entre otras cuestiones, por la lucha contra el terrorismo, por la celebración del Año Europeo del Diálogo Intercultural, así como por el 50º aniversario del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Seguiremos profundizando en el ámbito del Consejo de Europa en los temas de inmigración para seguirle trasladando nuestras enormes preocupaciones en tanto en cuanto frontera de Europa con el continente africano, que ya tuvimos ocasión de
exponer en profundidad y con ejemplos dramáticos, por cierto, en la reunión que en la legislatura pasada promovimos y celebramos en Lanzarote, durante cuya celebración pudimos hacerles partícipes del dolor que significa ver cómo una de esas pateras
que intentan llegar a nuestro territorio era rescatada por un mercante español con sus únicos dos pasajeros a bordo, de casi sesenta que habían iniciado el viaje, de los cuales solo una parte -en cadáver- permanecían a bordo; el resto habían sido
arrojados al mar. Tuvieron ocasión de comprobar que es bueno profundizar en el tratamiento unificado de los derechos de quienes llegan hasta nosotros, pero que es muy importante una política europea de inmigración para ser conscientes de hasta qué
punto solo la cooperación de los Estados con los países de donde la inmigración nace, solo una política respetuosa con esos países, solo la profundización en esa ayuda que de momento es solo ayuda al desarrollo pero que deberá ser en algún momento
cooperación real entre Estados, y solo un diálogo abierto y leal con esos países para establecer los cupos de inmigración legal, nos permitirá un diálogo fructífero en materia de devolución de inmigrantes ilegales. Tenemos que hacer -lo estamos
haciendo- un enorme esfuerzo de comunicación con nuestros socios en todos los ámbitos, también en el Consejo de Europa, de lo que significa una política común, trasladando a aquellos otros socios del Consejo de Europa que no son de la Unión Europea
esas necesidades que hoy para nosotros constituyen una prioridad pero que deben constituirla para el conjunto de la humanidad para evitar no ya los fenómenos migratorios no deseados, sino para conseguir que en definitiva esos fenómenos no tengan que
producirse en el modo forzoso y contrario a la dignidad humana en que ahora se produce.
Las relaciones internacionales del Ministerio de Justicia, sin embargo, no concluyen en el ámbito europeo, no se limitan al ámbito europeo. Durante la IX Legislatura queremos dar un impulso a nuestras prioridades a nivel mundial. Para
ello, en primer lugar, desde el Ministerio de Justicia a quien, como saben, compete la ordenación de la cooperación jurídica e internacional, queremos impulsar la firma y ratificación de una serie de convenios internacionales que teníamos atascados
-permítanme la expresión coloquial- debido al problema de autoridades con el Reino Unido con motivo de Gibraltar. Entre ellos quiero destacar, como próximas metas de ratificación, el convenio del Consejo de Europa sobre la protección del niño
frente a la explotación y abusos sexuales; el convenio del Consejo de Europa para prevención del terrorismo; el convenio del Consejo de Europa sobre blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y financiación del
terrorismo; el convenio penal y civil del Consejo de Europa sobre corrupción; el convenio del Consejo de Europa sobre cibercriminalidad, con su protocolo adicional relativo a la criminalización de actos racistas y xenófobos cometidos a través de
sistemas informáticos. Soy consciente del papel que le corresponde al Gobierno en la estrategia general de cooperación al desarrollo. Este ministerio va a coordinar la planificación de las estrategias, la ordenación de los recursos y la ejecución
de proyectos en el sector justicia. También estamos llevando a cabo proyectos de cooperación en otras zonas geográficas, como el Magreb, especialmente con Marruecos y en el ámbito de la lucha antiterrorista. La idea es, por una parte, multiplicar
el número de destinatarios, en particular con países con los que a nosotros nos conviene cooperar; por otra parte, se trata de fortalecer las relaciones que ya tenemos con algunos para pasar de la ayuda al desarrollo, como antes les indicaba, a una
verdadera cooperación jurídica internacional. Además, seguiremos articulando proyectos multilaterales al otro lado del Atlántico, mediante dos herramientas muy eficaces: IberRed, la red hispanoamericana de magistrados; y la secretaría general de
la Conferencia de ministros de Justicia iberoamericanos, con el objeto de reforzar el papel a jugar por el Ministerio de Justicia, tanto en la definición como en la puesta en práctica de las políticas de reforma judicial. En este sentido, España ha
reforzado su papel en la reunión preparatoria de la Conferencia de ministros de Justicia iberoamericanos que celebramos el pasado mes de noviembre en Uruguay donde, entre otras cosas, se firmó el acuerdo de Sede, por el que esa sede se sitúa
precisamente en España, ya constituida.
Concluyo, señorías, disculpándome por lo que haya podido ser excesiva extensión de esta exposición. Creo que la ocasión lo merece, el respeto a esta Cámara y, sobre todo, la necesidad de trasladarles las inquietudes
de un ministerio que está absolutamente ilusionado, absolutamente apasionado con un equipo ya muy entrenado en esta consecución de la meta que nos proponemos. Como han podido escuchar reiteradamente a lo largo de mi intervención, la gran
meta es acometer la profunda y verdadera modernización de la Administración de Justicia, que haga posible a los ciudadanos acceder a un servicio público esencial en los términos de máxima eficiencia. La herramienta que propongo, como no podía ser
de otro modo, es el diálogo con todos y para todo. Si somos capaces de conseguir este objetivo, la legislatura puede marcar ese gran hito en la historia de nuestra justicia. A ello vamos a empeñarnos. Por el ministerio no va a quedar esfuerzo por
desarrollar y estoy seguro que por SS.SS. tampoco.
Muchas gracias por su atención. Me dispongo ahora a escucharles, a dialogar, a trabajar juntos. Cuento con ustedes y, por supuesto, estoy a su absoluta disposición.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra, voy a hacer unas consideraciones. Por razones de Reglamento, a las cuatro de la tarde esta Comisión debe ser suspendida o levantada, en su caso, porque es incompatible su desarrollo con la
coincidencia con el Pleno. Es deseo de la Presidencia poner como hora tope, si lo conseguimos entre todos, las tres de la tarde, que sería una hora razonable. Esto significa -digo esto para que vayan calculando los tiempos de su intervención- que
para que ello sea viable la intervención de cada grupo no debería de exceder en principio de quince minutos para que luego pueda haber una respuesta e incluso un nuevo turno. Hechas estas precisiones, también les diré que cuando cada grupo lleve
consumidos diez minutos les haré la oportuna indicación.
Vamos a iniciar la intervención de los grupos de menos a más. En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez González.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No cumpliría a mi juicio correctamente la labor que me corresponde como parlamentaria, que tiene entre sus obligaciones tanto el impulso como el control al Gobierno, si no empezara esta intervención, además de
dándole la bienvenida naturalmente al ministro, mostrándole que me resulta incomprensible su tardanza en comparecer ante esta Comisión. El ministro es consciente, lo ha demostrado con el pormenorizado relato de su intervención, de todos los
problemas que acarrea la justicia española tanto desde la perspectiva de la Administración de Justicia como del propio sistema, y probablemente si otros muchísimos ciudadanos supieran que usted es el penúltimo ministro en comparecer -solo es el
penúltimo porque la ministra de Defensa está por baja maternal- no les resultaría comprensible que haya tardado tanto tiempo desde que ha asumido su responsabilidad como ministro de Justicia en venir a esta Comisión y en comparecer ante nosotros.
Es ciertamente incompatible con las palabras de respeto que ha dicho hacia la Cámara, que no pongo en duda, naturalmente, completamente incompatible con su anuncio de disponibilidad al diálogo, al acuerdo, a prestar atención a lo que los
parlamentarios planteemos, y también es para mí completamente incomprensible e incompatible con este último anuncio que nos ha hecho, señor ministro, respecto de cómo se siente. Nos ha dicho que se sienten tremendamente ilusionados usted y su
equipo, pues menos mal que está tremendamente ilusionado porque si no seguramente hubiéramos pasado este primer periodo y no le hubiéramos visto hasta después del mes de septiembre.
Dicho esto con todo respeto -quiero que lo entienda así porque es mi obligación como parlamentaria que tiene entre las suyas la de controlar la acción del Gobierno-, quisiera plantearle algunas cuestiones complementarias. Naturalmente en el
tiempo que tengo no voy a poder entrar en el catálogo tan enorme de cuestiones que el ministro ha planteado, pero tendremos oportunidad a lo largo de la legislatura de hacerlo. Señor ministro, decía que un marciano que nos mirara -hablando de
nuestra legislación actual- no podría comprendernos. No hace falta ser marciano para que cualquiera que hubiera podido escuchar, por ejemplo, la comparecencia de esta mañana se hubiese mostrado realmente sorprendido porque a lo largo de toda su
intervención, y desde la premisa de la necesidad de poner en marcha una justicia rápida y eficaz -por citar solo dos de las palabras más repetidas-, ha insistido cantidad de veces en la necesidad de poner en marcha instrumentos como un registro
general que incorpore todos los registros dispersos que existen para que podamos tener un conocimiento preciso de cuáles son nuestros problemas y de dónde están todos ellos, o ha apelado en cantidad de ocasiones a la necesidad de informatizar el
sistema. Cualquier terrícola español, no hace falta que fuera externo a nuestro país, que hubiera estado presente se hubiese preguntado probablemente cómo es posible que en un país como el nuestro, en el que absolutamente todos los ciudadanos
españoles estamos perfectamente registrados como contribuyentes, en este país que es capaz de hacer ese registro de contribuyentes exhaustivo y casi perfecto, no sepamos cuántos ni dónde están los delincuentes que tienen ejecuciones de penas
pendientes, motivo por el que tenemos serias dificultades para defender a los ciudadanos a la hora de aplicar correctamente la justicia y de que se les aplique.
Voy a dividir mi intervención en tres partes pidiéndole al señor ministro, si lo tiene a bien, que me conteste desde las tres perspectivas. Por una parte, querría tratar el apartado de la Administración de Justicia, que es a lo que usted
más se ha dirigido, las dificultades que tenemos para una correcta Administración de Justicia. Por otra parte, querría hablar de la necesaria autonomía del sistema judicial respecto del poder político. Y en última instancia querría pedirle su
opinión sobre algunas iniciativas legislativas, más allá de las que usted mismo ha anunciado.
Desde la perspectiva de la Administración de
Justicia, he leído unas declaraciones recientes suyas en las que afirmaba que no había si no un retraso crónico y endémico, pero nunca un colapso.
Tengo una opinión contraria, y en esto podríamos ponernos en general de acuerdo o en genérico
de acuerdo. El desafortunado caso de Mari Luz Cortés es un lamentable ejemplo, pero no es desgraciadamente más que un lamentable ejemplo, del caos que preside la fase de ejecución de las sentencias penales. Nuestro temor -desde luego el mío lo es-
ante este caso, que es un ejemplo, es que una vez más en nuestro país nos movamos de manera reactiva y a golpe de escándalo o tragedia y que tengan que ocurrir cosas como estas para que el Gobierno, en primer lugar y después el resto de
instituciones políticas nos movamos, reaccionemos. Señor ministro, el modelo actual, si cabe hablar de un modelo, en materia de justicia se caracteriza por lo siguiente. Fundamentalmente preocupa el procedimiento judicial hasta el momento de
dictar sentencia. Una vez que tenemos la sentencia, el procedimiento deja de tener importancia cuando en realidad debiera ser el cumplimiento de las penas la clave para completar el sistema. Por otra parte, existe una evidente descoordinación que
usted mismo ha reconocido entre la totalidad de los juzgados que ejecutan sentencias, así como con la policía y las instituciones penitenciarias. Es un tremendo problema que trae gravísimas consecuencias. La ejecución de las sentencias, por otra
parte, se considera parte de la acción de juzgar, con lo que ello sirve de excusa para que un juez siga dirigiendo un proceso que en gran medida debiera ser automático y para que el principio de independencia judicial pueda utilizarse indebidamente
de excusa para ocultar casos de simple ineficacia, cuando no de retrasos escandalosos, como todos nosotros conocemos muchos. Los secretarios judiciales, que podrían bajo la supervisión del juez participar más en la ejecución de sentencias, como
usted mismo acaba de declarar, no son realmente aprovechados. Por último, conviven distintas responsabilidades en manos de distintas administraciones, lo que permite que la falta de un funcionario que corresponde a una administración sirva de
coartada respecto de la otra.
Como conviven distintas administraciones, unos y otros se lavan las manos cuando ocurre un drama.
Aunque usted ha tocado extensamente, pero yo diría que por encima, todas estas cuestiones querría plantearle alguna concreción. ¿Tiene el Gobierno previsto diseñar un sistema informático a nivel nacional, un sistema que permita conocer al
día la situación personal de todo condenado penalmente? Por concretar algo más todas esas ofertas de las que ha hablado. En segundo lugar, ¿hay medidas que ustedes hayan decidido poner en marcha para conseguir una coordinación directa y eficaz
-digo medidas además de diagnósticos y además de proclamaciones- de los órganos judiciales con la policía para que la orden de busca y captura se ejecute de forma inmediata y para que se comunique a los juzgados la detención o su fracaso? Además de
hacer un diagnóstico y un discurso, ¿han decidido poner en marcha alguna medida en concreto en esta materia? En tercer lugar, ¿piensa adoptar el Gobierno alguna medida para que los secretarios judiciales -medidas concretas- asuman una mayor
participación en el proceso de ejecución de sentencias, bajo la supervisión del juez? Y por último, si es que tienen datos oficiales, señor ministro, ¿cuál es el número de ejecuciones penales pendientes en España, el tiempo medio de la resolución
de las ejecuciones penales y el número de personas en busca y captura a fecha de hoy, a finales del mes de junio de 2008? Esto en relación con algunas de las cuestiones a las que usted más tiempo ha dedicado y que yo llamaba el capítulo de la
Administración de Justicia.
En segundo lugar, usted ha hablado de resolver los problemas institucionales -creo que lo ha dicho exactamente en estos términos- sobre la justicia, y lo ha concretado planteando la necesidad de la renovación de los órganos judiciales que
están pendientes desde la pasada legislatura. Hemos seguido -yo desde luego he seguido a través de los medios de comunicación- los avances y frenazos en su diálogo o en su negociación -no sé como llamarlo- con el principal partido de la oposición,
el Partido Popular, para la renovación de los órganos judiciales. He de decirle en este sentido que la posición de mi partido, Unión, Progreso y Democracia, es muchísimo más ambiciosa o, en todo caso, contraria a lo que me parece que se ha venido
produciendo. Me da la impresión -tengo siempre la sensación- de que ustedes están -ustedes y ellos- más preocupados por repartirse el poder en esos órganos jurisdiccionales, en esos órganos de control de los jueces, por llegar a acuerdos de tú te
quedas con esto, yo me quedo con lo otro; ahora nosotros tenemos mayoría, nos toca tener mayoría en este órgano, luego cuando estén ustedes, ya la tendrán ustedes, que por renovar los órganos para que estos cumplan con su tarea de administración de
una justicia autónoma e independiente.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, lleva diez minutos.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Creo que el problema que tiene el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional no es solo que no se hayan renovado los órganos. Yo creo que lo que los ciudadanos percibimos como problema de esos
órganos es que están mediatizados por el poder político. Esto no es una percepción digamos subjetiva, es que ya se permiten hasta el lujo de hablar en nombre de. Es que cada día leemos en los medios de comunicación que la mayoría progresista ha
decidido no se qué; que la mayoría conservadora ha decidido no sé cuál; que un miembro del Constitucional que es de la mayoría equis está más a favor de la mayoría jota. Eso es un escándalo, y eso es lo que verdaderamente desacredita a la
justicia, y eso es lo que verdaderamente es incompatible con el Estado de derecho, porque lo que es incompatible con el Estado de derecho es que no haya autonomía entre el sistema judicial
y el poder político. Creo que a eso es a lo que nos debiéramos de dedicar por encima de que se pongan ustedes, o no, de acuerdo en cómo se reparten el poder dentro de cada uno de esos órganos. Yo -lo dije también en el debate de
investidura y se lo quiero decir a usted directamente, señor ministro- soy muchísimo más ambiciosa. No quiero que tengamos cuota de poder unos u otros. Quiero que no tengamos cuota de poder los políticos.
Creo que es la única manera de que la
justicia eficaz, independiente, autónoma sirva para resolver los problemas, porque algunos de los graves problemas de los que usted ha hablado, algunos de los graves problemas que tiene este país necesitan, requieren de una justicia independiente.
No es de recibo que por mor de la situación política, el mismo fiscal general del Estado, el mismo abogado del Estado, el mismo ministro de Justicia, con las mismas leyes y en el mismo periodo avalen llevar a un balneario a un terrorista o meterlo
en la cárcel. Eso es lo que significa que la justicia no es autónoma y no es independiente del poder político.
Por eso le digo que en esta cuestión nosotros vamos mucho más allá de que ustedes se repartan el poder, y lo que queremos es trabajar
para que se modifiquen las leyes, para que esos órganos no dependan del poder político en el sentido negativo y peyorativo del término, en el sentido de que estén adscritos al poder político y, de facto, sean delegados de los partidos políticos en
cualquiera de esos dos órganos.
Señor ministro, más allá de las reformas legislativas que usted ha avanzado, a mí me gustaría saber cuál es su opinión respecto de tres cuestiones. Creo que sería necesario -me gustaría saber su opinión, insisto- acometer una reforma en el
Código Penal para promover la imprescriptibilidad de determinados delitos de terrorismo. Sabe que hay muchas recomendaciones internacionales en ese sentido, desde Naciones Unidas hasta la última del Parlamento Europeo del informe de 2004 -del que
yo misma, por cierto, fui ponente-, que fue aprobado por una inmensa mayoría del Parlamento Europeo. La imprescriptibilidad de determinados delitos de terrorismo tiene, como usted muy bien sabe, señor ministro, no solamente un efecto de justicia
sino que creo que tiene un efecto político que va mucho más allá de cumplir con ese deber y ese derecho de justicia. Creo que los delitos de terrorismo debieran también ser promovidos en la revisión del Tratado de la Corte Penal de Roma -y también
sobre eso quiero su opinión- como delitos competencia de la Corte de Roma, determinados delitos de terrorismo, porque no solamente eso acarrearía la imprescriptibilidad sino que, sobre todo, serían considerados como los delitos más graves de la
humanidad. Por tanto, sería imposible que nadie tuviera solidaridad política con esos delitos o con esos delincuentes. Quiero saber también si cree usted que determinados delitos de terrorismo pudieran ser objeto de competencia de la Corte Penal
Internacional y si nuestro Gobierno, el Gobierno de España, estaría dispuesto a plantear esa cuestión a la hora de la revisión, que creo que será dentro de poco, no sé si el próximo año o quizá incluso a finales de este año.
Por último, señor ministro, quisiera saber si tiene usted una opinión o si es usted favorable a que se aplique la ley para perseguir y expulsar a los terroristas que gobiernan en las instituciones democráticas del País Vasco. Me refiero
concretamente al artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, artículo que el Gobierno de la nación ha utilizado para disolver ayuntamientos como el de Marbella por presuntos delitos económicos y que no ha querido utilizar hasta el momento
presente para disolver municipios gobernados por presuntos miembros de organizaciones terroristas, sin perjuicio de que, como sabe usted mejor que yo perfectamente, el Supremo ha opinado al respecto en cuanto a la relación de esas personas de ANV
con la organización terrorista ETA, y la cuestión se está sustanciando también en este momento en la Audiencia Nacional.
Quiero saber si usted sería favorable a iniciar ese procedimiento sin esperar a que los tribunales se pronuncien, como no
esperó el Gobierno de la nación a que se pronunciaran los tribunales en relación con delitos económicos en el Ayuntamiento de Marbella. Le hago esta reflexión porque, como sabe el ministro, no se trata en este caso solo de cumplir la ley o de que
el Gobierno utilice todos los instrumentos que tiene en su mano -que eso en sí mismo ya sería demandable-; todos los instrumentos legales, insisto, que tiene en su mano -leyes ordinarias y artículos ordinarios de la ley-, sino que, mientras el
Gobierno no utilice todos los instrumentos que tiene en su mano y los presuntos miembros de una organización relacionada con una organización terrorista, como es ETA, sigan al frente de instituciones democráticas como ayuntamientos vascos y
navarros, la consecuencia es que tienen recursos públicos con los que nos tienen más a tiro y con los que pueden de mejor manera poner en riesgo la vida y la libertad de los demócratas. Por tanto, la dejación de responsabilidades en este sentido,
el no utilizar todos los instrumentos que la ley pone en la mano al Gobierno, que no los podemos utilizar nadie más de nosotros, acarrea, a mi juicio, una enorme responsabilidad de carácter político. ¿Qué ocurriría señor ministro -termino, señor
presidente-, si dentro de algunos años -como ya ocurrió en el pasado pero no teníamos en nuestra mano la posibilidad de expulsarles de las instituciones o de no haberles dejado entrar- alguno de esos concejales o alcaldes que hoy gobiernan esas
instituciones democráticas fuera juzgado en la Audiencia Nacional, insisto, como ya ha ocurrido, por haber dirigido o contribuido en la organización de un atentado contra un demócrata, contra un servidor de la ley? Qué enorme responsabilidad
habríamos asumido por no utilizar todos los instrumentos que la ley pone en nuestras manos para expulsarles de esas instituciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao i Martin.
El señor RIDAO I MARTIN: Empiezo, cómo no, por el capítulo protocolario pero no por ello menos sincero, en primer término agradeciendo la comparecencia del ministro, aunque me uno a las consideraciones que hacía la diputada que me ha
precedido en cuanto a la extemporaneidad de esta comparecencia; más vale tarde que nunca. No es la primera vez que usted hace referencia a que esta va a ser la legislatura de la justicia, concretamente hoy ha hablado de una legislatura muy
relevante en materia de justicia, y digo que no es nuevo porque, como diría aquel, es un clásico moderno hablar de la necesidad de modernizar, de garantizar el buen funcionamiento de la justicia, de reformar la justicia.
Evidentemente, es un
propósito encomiable el suyo; además, como los exámenes son a final de curso, le vamos a otorgar confianza y de aquí a unos años tendremos la oportunidad exactamente de analizar o hacer balance de este propósito que usted ha anunciado hoy con tanta
contundencia.
Por lo pronto, déjeme decirle que el caso reciente de Mari Luz o quizá también la reiteración de algunos episodios de violencia de género han puesto al descubierto de forma descarnada estos problemas endémicos de la justicia a los que antes
se aludía y también el retraso acumulado por anteriores gobiernos a la hora de operar alguna de las reformas que usted ha anunciado en el ámbito de la oficina judicial o en la provisión de las plazas de jueces, de magistrados, de secretarios; a la
hora de garantizar la estabilidad y de evitar la excesiva movilidad de jueces y magistrados o de disponer de un sistema telemático moderno, etcétera. Estoy de acuerdo con usted en que no todo se reduce, efectivamente, a una cuestión de inflación
legislativa; es decir, estoy de acuerdo con usted en que ahora lo que toca es hacer una buena gestión y, por tanto, no todo se reduce, insisto, a la necesidad de más leyes o, en el ámbito penal, a leyes más duras, sino también a la necesidad de
disponer de más medios.
Fíjese la paradoja que supone que ahora que estamos todos en campaña de renta la Administración tributaria, la Agencia Tributaria, dispone ya en este momento de todos los datos debidamente informatizados de cualquiera de los
que estamos en esta sala y eso no sucede, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, es imposible materialmente conocer exactamente al instante la situación procesal de una persona en el Estado español. Por lo tanto, lo que apremia es que las
sentencias se dicten en tiempo y forma pero sobre todo que se ejecuten sin dilación. En ese sentido aplaudo esa ofensiva que el ministerio va a llevar a cabo en cuanto a los registros y a la informatización de sus datos.
Aunque ciertamente hay algunas reformas legales necesarias. Usted ha hecho mención a la reforma del Código Penal en su parte general y especial, concretamente para incorporar algunos tipos delictivos nuevos: la corrupción privada o el
crimen organizado; pero no me ha parecido entender que se trataba de una reforma global del Código Penal de nueva planta que sustituya al Código del año 1995, que es una sugerencia, incluso una exigencia de la fiscalía y de algunos operadores
jurídicos y de algunas instancias también a nivel judicial que así lo aconsejan, y no ha dicho nada en lo que se refiere a la modificación de la jurisdicción voluntaria, quizá no le he entendido o no le he escuchado bien. Sabe usted que este es un
aspecto pendiente de la reforma que se llevó a cabo de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, con un texto contradictorio que emanó de esta Cámara, que fue al Senado y que al final naufragó y acabó decayendo por el final de la legislatura. Por
tanto, no hace falta que le diga que el primer objetivo de su departamento debe ser garantizar un buen funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y de un servicio público de la justicia que impregne no solo a los poderes públicos, sino también a
jueces, magistrados, fiscales, operadores jurídicos. Se trata en definitiva de evitar que la neutralidad o la equidad de la justicia se confunda con el aislamiento de la sociedad, que la independencia de la justicia se confunda con el desapego de
la sociedad, porque, señor ministro, hay necesidad de recuperar la confianza de la mayoría de la sociedad. Como usted sabe, el Poder Judicial es quizá el poder del Estado que goza de menos estima, de menos credibilidad social y además goza de una
pésima imagen como consecuencia de la lentitud, de la opacidad, de la ausencia de información inteligible en muchas ocasiones y también de la sensación que tiene el usuario, el administrable, de desatención por parte de la Administración de Justicia
y eso requiere, como usted decía al inicio de su intervención, voluntad de diálogo, necesidad de forjar consensos y de sumar esfuerzos y en ese sentido tiene usted a nuestro grupo a su disposición.
Ya que hablamos de diálogo, usted se ha referido, al final de su intervención, al capítulo institucional y concretamente ha aludido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Más allá de enunciar una reforma de la ley orgánica
para introducir una figura nueva como es el consejo en funciones, lo cual nos parece bien, entiendo que no haya añadido nada nuevo en lo referente a las negociaciones con algunos grupos de esta Cámara para conformar el nuevo consejo. Fíjese cómo
estará no solo de politizado sino de partidizado el consejo, que estábamos pendientes hasta este fin de semana del congreso de un partido, evidentemente muy legítimamente, para que ustedes retomen la cuestión y espero que lo hagan con la máxima
celeridad. Por favor, hagan un esfuerzo para que en el futuro el consejo no se convierta en dos trincheras partidistas; no sé si la combinación del giro al centro con el talante harán posible que iniciemos una nueva etapa o nueva era en el Consejo
General del Poder Judicial, el órgano máximo de gobierno de los jueces.
En segundo lugar, señor ministro -que es básicamente lo que va a centrar mi intervención-, usted ha dicho que una asignatura pendiente de la justicia es su
adaptación al modelo de organización territorial del Estado. La verdad es que no ha sido muy explícito en este apartado porque, más allá de una referencia a los consejos de la justicia y a la reforma de la casación, no ha dicho nada más.
Mire, yo siempre he creído que el papel que deba asignarse a las comunidades autónomas en la articulación de los medios que prestan servicio a la justicia es básicamente -no solo, pero básicamente- una cuestión de voluntad política, una voluntad
política, es verdad, que aparece mediatizada o condicionada por una fuerte inercia centralista, atávica, secular, que explica que hoy por hoy todavía el Poder Judicial sea quizá el poder del Estado más impermeable al Estado autonómico, y eso creo
que es indudable. Además, desde el punto de vista constitucional, el punto de partida no creo que sea el mejor, entre otras cosas por la definición constitucional de un poder judicial único, la atribución del Gobierno del poder a un órgano único,
al principio de unidad jurisdiccional, a la competencia exclusiva del Estado, etcétera.
Sin embargo, usted conoce perfectamente que el propio Tribunal Constitucional ha interpretado que la competencia del Estado se refiere a los elementos
esenciales cual núcleo duro de la función jurisdiccional, y también al autogobierno del Poder Judicial, por tanto, en lo que en aquella locución afortunada decía el tribunal que era la administración de la Administración de Justicia, con el único
límite constitucional de la reserva de ley orgánica de acuerdo con la archiconocida doctrina de la doble condicionalidad o de la doble habilitación. Por ello idealmente puede hablarse de un sistema constitucional abierto y, por tanto, permeable a
la Administración del Estado autonómico.
Sobre esta realidad, como usted conoce perfectamente, ha venido a incidir el proceso de reforma de algunos estatutos, en primera instancia el Estatuto catalán, pero posteriormente han seguido su estela el andaluz, el valenciano, el balear,
que, entre otras cosas, han venido a reforzar las funciones de los respectivos tribunales superiores, a propiciar una cierta descentralización del gobierno del Poder Judicial, a ampliar y garantizar las competencias por lo que se refiere a medios
materiales, personales, al servicio de la Administración de Justicia con el doble objetivo de armonizar la Administración de Justicia al autogobierno, y también de mejorar desde la inmediación o desde la subsidiariedad, como usted ha dicho antes, la
eficacia y la eficiencia de este servicio público. Sin embargo, las dos reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial que llegaron a esta Cámara en la pasada legislatura y que usted ha anunciado que iban a retomar, pero que no ha precisado en qué
términos, y que debían de dar carta de naturaleza a la agenda descentralizadora, que ya había sido enunciada con coherencia y con rigor con la reforma de estos estatutos, junto al recientemente aprobado Estatuto orgánico del ministerio fiscal, no
recogían más que parcialmente la nueva planta que suponía la entrada en vigor de estos nuevos estatutos. Por tanto, le quiero preguntar rápidamente por algunas cuestiones, algunas a las que usted ha aludido y otras a las que no. En primer lugar,
ha hablado de la planta y la demarcación judicial y ha anunciado una nueva ley. Aceptando, señor ministro, que esta cuestión forma parte del núcleo de la competencia exclusiva del Estado, dígame si ustedes van a aceptar que cualquier modificación
de la demarcación se realice no sólo en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, sino que se instrumente, por ejemplo, un informe preceptivo, vinculante, de cualquier propuesta de reforma de la demarcación que hagan las comunidades
autónomas. Lo mismo puedo decirle en cuanto a la planta judicial, es decir, se va a delegar o no a las comunidades autónomas, como ya previenen algunos estatutos, la eventual creación de secciones y también de nuevos órganos judiciales.
En segundo lugar, más ardua puede ser la discusión acerca de las competencias de los tribunales superiores de Justicia. Si no le he entendido mal, ustedes están de acuerdo con un diseño que combine un papel para el Tribunal Supremo de
unificador máximo de la doctrina, como órgano superior de todos los órganos jurisdiccionales, con la casación en determinados supuestos relevantes, pero no le he entendido bien si usted está de acuerdo en que los tribunales superiores de Justicia de
ámbito autonómico puedan conocer, no sólo de los recursos ordinarios y extraordinarios en materia de derecho autonómico, sino también en materia de derecho estatal. En ese sentido, no he escuchado bien quizá o no he entendido bien las apreciaciones
que usted hacía, pero en este particular me ha parecido que no era muy explícito.
En tercer lugar, por lo que se refiere a la descentralización del gobierno del Poder Judicial, usted ha hablado de que hay que buscar consenso, y un consenso que sirva para todo el mundo. En todo caso, quiero decirle que no sólo es un tema
complejo, sino que no hay un modelo homogéneo en los distintos estatutos. El Estatuto catalán y el andaluz se parecen mucho, entre otras cosas porque sí que prever un órgano de gobierno del Poder Judicial en la comunidad autónoma, que actúa de
forma desconcentrada, con funciones propias del consejo, pero en otras comunidades es de orden consultivo, de naturaleza consultiva. Por tanto, no hay una sola fórmula, me gustaría que fuera un poco más preciso. En nuestra opinión, los consejos de
la justicia deben tener un papel y unas funciones amplias y otra cosa es que deba garantizarse la preeminencia del Consejo General del Poder Judicial, a través del sistema de recursos o de la facultad normativa y reglamentaria que tiene sobre el
estatuto judicial o el nombramiento de los miembros de la carrera. Fíjese, la paradoja es que hoy por hoy todavía las salas de gobierno...
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, lleva diez minutos.
El señor RIDAO I MARTÍN: ...actualmente tienen funciones de gobierno que afectan a aspectos nucleares
del estatuto judicial y lo que estamos pidiendo simplemente, señor ministro, es que los futuros consejos territoriales tengan las mismas funciones y las mismas competencias gubernativas que actualmente tienen las salas de gobierno. Por
tanto, no se trata de una petición que, en ningún caso, pueda considerarse exagerada.
Finalmente, quiero plantearle dos cuestiones más. No ha hecho referencia en ningún caso a otra cuestión, como es la utilización de las lenguas también oficiales en el ámbito de la Justicia. Ya sabe usted que hay una cuestión pendiente que
afecta a la reforma de la ley orgánica, como es la instrumentación de esa exigencia de acreditar el conocimiento de la lengua, el derecho propio, para poder acceder a un destino de juez o de magistrado en las comunidades autónomas que disponen de
lengua propia.
Hay distintas propuestas que oscilan entre el conocimiento adecuado y suficiente, valorándose de forma específica y singular, o la exigencia de un requisito propiamente dicho. Me gustaría que sobre ese tema usted vertiera un poco
más de luz.
Por lo que se refiere a la gestión del personal, este es un tema que, como usted sabe, ha ido evolucionando en los últimos años hacia un terreno un poco lábil, confuso, complejo, con competencias totalmente fragmentadas e incluso tuteladas
por parte del ministerio y que corresponden a las comunidades autónomas, con un reparto de responsabilidades -insisto- totalmente difuso y sin que se visualice de forma clara quién es el empresario, si es el ministerio o si, en este caso, son las
comunidades autónomas que ya disponen de los traspasos correspondientes. Además, el Estatuto de personal al servicio de la Administración de Justicia requiere una clarísima adaptación al reciente modelo de recursos humanos que establece el Estatuto
básico del empleado público. Pero una cosa es el estatuto básico, que corresponde al núcleo esencial de la Función pública y es competencia del Estado, y otra cosa es que las comunidades autónomas puedan ejercer, en plenitud, las competencias sobre
gestión, incluyendo evidentemente la potestad reglamentaria. Estoy hablando de un modelo muy similar o análogo al que ya funciona, por ejemplo, en el ámbito de las corporaciones locales, con la habilitación de funcionarios de ámbito estatal y, por
tanto, con la posibilidad, a cargo de las comunidades autónomas, no sólo de seleccionar el personal con un programa mínimo, que fije el Estado, sino con la capacidad de nombramiento por parte de la comunidad autónoma, de la inscripción también en el
registro estatal o de incluso proveer esas plazas a base de concursos plenamente territorializados.
Al margen del personal no judicial, señor ministro, quisiera acabar con una cuestión quizás un poco prosaica, pero que para las comunidades autónomas que disponen de los traspasos en medios materiales es muy importante, como es el tema de
las cuentas de depósitos y consignaciones.
Ahí es totalmente necesario que haya un acuerdo entre el ministerio y las comunidades autónomas, entre otras cosas, porque el producto de esas tasas judiciales o del rendimiento de los intereses de las
consignaciones o de las cuentas de depósito judicial se destinan a mejorar el funcionamiento de la justicia. Por tanto, no puede ser una fuente de ingresos para la hacienda estatal. Lo lógico es que haya un acuerdo con las comunidades autónomas
para que esos recursos se destinen a la mejora de la justicia y qué mejor que ir directamente a manos de quien la gestiona, que en muchos casos son las propias comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Vamos a decretar una suspensión técnica por un tiempo máximo de cinco minutos. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión. En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría Muñoz.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ. Estaba haciendo un poco de tiempo porque veo que está la lidia un tanto desordenada, parafraseando el lenguaje taurino.
Estamos en condiciones de empezar la alocución. El señor vicepresidente, Seco Revilla, ocupa
la Presidencia.)
Señor ministro, le saludo de forma cordial por vernos de nuevo en esta Comisión y en esta legislatura que iniciamos con una demora en su convocatoria que no se la voy a reprochar. Creo tener un conocimiento cabal de las razones que la
justifican y puesto que me parecen legítimas no seré yo quien le reproche la demora que sé que no es una demora provocada por sus propios intereses o por sus problemas de agenda. En opinión de mi grupo parlamentario, se han planteado cuestiones
relevantes difíciles de glosar en un tiempo de quince minutos, pero algunas meritan algún comentario por parte de nuestro grupo parlamentario. Además me alegro de que un ex alumno mío presida la Comisión en este momento.
Siendo ex alumno mío hay
garantías de que sabrá estar con probidad, y con eficiencia sobre todo. Y de Bilbao, lo cual es otro elemento de valor añadido.
Señor ministro, por seguir un poco el orden y dadas las limitaciones de tiempo, paso a referirme a las primeras cuestiones planteadas por usted, cuestiones o reflexiones de naturaleza técnica, un diapasón político de los que se denominan
técnicamente bajo pero muy relevantes, reformas registrales que yo comparto en los propios términos, pero no he terminado de entender, en relación a la reestructuración del registro de penados y rebeldes, uno de los elementos más polémicos en la
actualidad, si va a haber un cuaderno especial relativo a los comitentes de delito de naturaleza sexual o los agresores sexuales, es decir a los comitentes de los injustos penales previstos en el Título VIII del Código Penal, cuya reforma ya ha
preconizado y en la que nosotros vamos a participar. Nos parece particularmente oportuna, porque este es uno de los títulos que de forma sobrevenida ha quedado menos ajustado a los requerimientos de la fenomenología o realidad criminológica que en
él se
contempla. Me gustaría conocer su opinión sobre esa cuestión.
Como sabe, he sido vocal del Consejo General del Poder Judicial, he tenido ese honor que no voy a calificar. Con relación a los mecanismos de acceso a la carrera, que es una cuestión en la que usted hizo unas reflexiones muy sugerentes en
la anterior legislatura que suscitaron polémica seguramente porque no fueron bien comprendidas, nos encontramos con un problema, quizás, de hiperexigencia. De la hipoexigencia no cabe tampoco, mediante un movimiento pendular extraño, pasar a la
hiperexigencia. Este sistema que usted propone de oposiciones, que pretendidamente usted mantendría en sus propios términos, no es sencillo. Estas no son de las oposiciones que se califican de sencillas, dentro del baremo que los estudiantes de
derecho conocen perfectamente en cuanto a la complejidad o dificultad de las oposiciones, en donde los opositores normalmente utilizan los servicios o caen en las garras, a veces no sabe uno qué expresión utilizar, de los llamados preparadores, que
habitualmente además son jueces de carrera, y tienen que superar unos exámenes, que tampoco son fáciles -ha citado usted cifras y porcentajes asaz elocuentes en cuanto al número de personas que superan los exámenes-, para pasar después dos años por
una escuela de formación específica, la Escuela Judicial, en donde usted preconiza, y yo también, que se puede volver a suspender a estas personas. Usted y yo sabemos que se suspende poco y que los profesores de la Escuela Judicial radicada en
Barcelona suspenden o no aprueban con el brazo encogido, usando el símil tenístico, porque ya existe en el inconsciente colectivo de esa estructura de integración en la carrera judicial el valor entendido de que quien ha superado la oposición
tampoco puede ser sometido a gravámenes adicionales particularmente duros de superar. Pero se suspende también. Pero si además les sometemos al tutelaje, en el juzgado de destino del primer ingreso, no sé si del juez decano o de otro de los jueces
allí existentes, en cualquiera de los órdenes de la jurisdicción, ejerciendo funciones jurisdiccionales de entidad menor, nos vamos a encontrar con un juez en la plenitud del ejercicio de sus funciones que no va a tener menos de 42 ó 43 años en el
mejor de los casos, en una reflexión optimista. Esto requiere un consenso, evidentemente necesitamos mejorar la calidad de los componentes de la Administración de Justicia en el ámbito de los jueces y magistrados, pero tampoco con unas exigencias
desproporcionadas y desmesuradas que son muy superiores al sistema MIR en el ámbito de la medicina -usted lo ha utilizado como ejemplo-, porque podría provocar un desistimiento masivo de los alumnos que acaban derecho para acceder a la carrera
judicial. En todo caso, manifiesto nuestra predisposición a colaborar en la búsqueda de los consensos para lo importante, que es tener jueces con una formación y una cualificación profesional adecuada.
Señor ministro, ha sido preguntado por una portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra sobre algo que suele ser recurrente. Ya sé que reglamentariamente -quizás me voy a aprovechar un poco de la inexperiencia de quien nos está
presidiendo en funciones ahora- no me corresponde a mí responder a la persona que ha hecho esta pregunta, y forma parte del decoro parlamentario, pero aquí se ha preguntado qué opina usted de aquellos miembros de ETA o de organizaciones
colaboradoras de ETA que están presentes en las instituciones vascas. Me gustaría saber quiénes son. No creo que haya en ninguna institución municipal ni foral en Euskadi ningún miembro de ninguna organización que colabore con ETA, y menos de ETA.
Si se descubriera que alguno hay posteriormente, ex post, como aquel que pertenece a cualquier otra organización o a cualquier otra empresa privada, la justicia aplicará los preceptos penales y se realizarán los enjuiciamientos pertinentes. Pero me
permito recordarle -espero conocer su opinión sobre este asunto- que todos los representantes electos en este momento en las instituciones vascas forales y municipales han pasado la criba de la Ley de Partidos Políticos y están avalados por las
resoluciones específicas de la Sala del artículo 61, del Tribunal Supremo. Dicho esto, espero también su opinión sobre esta cuestión.
Entramos en un terreno que es particularmente dilecto y en el que a mi grupo le gusta profundizar, que es el del ajuste de la justicia a la estructura compuesta del Estado, seguimos con una Administración de Justicia que se corresponde con
los requerimientos de un Estado unitario, usted lo ha reconocido palmariamente, y no con los requerimientos de un Estado compuesto. Hay mucho por hacer en este momento y hay varias vías de actuación. Parafraseando a Lucrecio, en materia de
administración de justicia, nada está escrito en la naturaleza de las cosas, ni siquiera la unidad de jurisdicción, a pesar de que se preconiza así tanto por la Constitución como por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se podría también buscar
otras alternativas. Le voy a recordar sencillamente que la disposición adicional primera de nuestra Carta Magna constitucionaliza los derechos históricos vascos, y estos se consignan a una Administración de Justicia de ámbito absolutamente vasco,
hasta el punto de que existían los jueces de las hermandades, los jueces de la chancillería y que incluso en la aprobación de la Constitución de Cádiz, en un discurso ilustre de Matías Cortés, se preconizó el gran valor que consistía en que los
pleitos que se dirimían en territorio vasco no llegaban en casación, o en recurso precedente a la casación, al Tribunal Supremo del Estado sino que acababan realmente allí. Desde esa perspectiva no es contradictorio con lo que podríamos calificar
orden revolucionario francés y nuevos principios dimanantes del principio de división de poderes, establecer una estructura u otra del Poder Judicial. Pero usted ha evitado dos líneas de actuación, en las cuales el señor Ridao le ha preguntado con
pertinencia, en relación con el recurso de casación, qué es lo que se pretende hacer realmente desde el Gobierno. Le voy comentar explícitamente qué es lo que preconiza mi grupo parlamentario. Nosotros entendemos que el ius
litigatoris, el recurso de casación ordinario, tiene que acabar atendiendo a los requerimientos del artículo 152 de la Constitución en los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas, en todas sus salas, y solo el recurso
extraordinario de casación para la unificación de doctrina debería residenciarse en el Tribunal Supremo.
Esto está también explicitado en los dos libros blancos para la reforma de la justicia aprobados por el Consejo General del Poder Judicial. Es
decir, se debería ceder al Tribunal Supremo exclusivamente la defensa del ius constitutionis. No sé si usted comparte esta opinión, pero en el ámbito de la defensa del ius litigatoris se encuentra la defensa de todo el derecho existente, y en este
punto le planteaba una cuestión el señor Ridao, con mucha pertinencia, sobre la cual usted no se ha pronunciado específicamente, y es que la casación ordinaria, no la de unificación de doctrina, tendría que radicarse al final en los tribunales
superiores autonómicos, pero para casar todo el derecho, no solo el derecho foral, el derecho autonómico, sino incluso el derecho estatal que provoque el pleito que acaba en una casación en relación a la cual la última instancia jurisdiccional es un
órgano judicial radicado en el ámbito autonómico.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Revilla): Señor Olabarría, ha agotado sus diez primeros minutos.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Perfecto, presidente, me doy por enterado.
Luego ya, desde esta perspectiva del recurso de casación, me gustaría alguna pormenorización en cuanto a cómo concibe usted el ius litigatoris, el ius constitutionis y cuál es la distribución del recurso de casación ordinaria y del recurso
especial para la unificación de doctrina en la sede del Tribunal Supremo.
En relación con las lenguas oficiales, el señor Ridao también ha preguntado una cuestión que es eternamente polémica. Hay dos reglamentos del Consejo General del Poder Judicial que usted conoce perfectamente y que atribuyen al conocimiento
de la lengua cooficial, en aquellas comunidades en donde existe lengua cooficial, el carácter de mérito para progresar en el ámbito de la carrera judicial. Nosotros seguimos estimando que en determinados lugares en donde la utilización de la lengua
cooficial es particularmente intensa -esto lo deberíamos mesurar- habría que tratar de perfilar la titularidad de esos órganos judiciales, no superar el criterio del mérito y acudir al criterio del perfil. Yo sé que es renuente la Administración de
Justicia, incluso hay alguna sentencia que no acogería con facilidad esta hipótesis del Tribunal Supremo, en concreto, pero nosotros seguimos pensando que en lugares donde la utilización de la lengua cooficial es prácticamente universal, la
exigencia del requisito del dominio de la lengua debería constituir parte del perfil de la titularidad de ese órgano judicial y no bastaría que fuera solo un mérito.
Señor ministro, hay reformas que usted ha anunciado. Va a contar con nuestra colaboración para reformar la ya inoperante Ley de Enjuiciamiento Criminal; de hecho es la única ley de enjuiciamiento que tiene todavía una fundamentación
ontológica y ritualista del siglo XIX, que ha sido reformada de forma inadecuada mediante parcheos y no ya a un marciano -utilizando sus propias expresiones- sino a un profesional del derecho avezado le cuesta mucho comprender sus requerimientos y
sus procedimientos, que no se cohonestan en absoluto con el derecho a la tutela judicial efectiva que proclama la propia Constitución. Desde esa perspectiva cuente con nuestra colaboración para esta reforma. Pero le voy a sugerir algunas más,
señor ministro, y ya voy acabando mi intervención, señor presidente. Recientemente, el Relator de las Naciones Unidas para los derechos humanos, el doctor Scheinin emitió un informe, con fecha 14 de mayo -del cual le presumo conocedor- y estableció
cuestiones que a nosotros nos preocupan particularmente y que aconsejarían quizás acometer ciertas reformas en relación con el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Manifestó en relación con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en
concreto -estamos hablando de una reforma parcial no global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- sobre los periodos de incomunicación, que duran cinco días en el Estado español, que son altos y además propician ámbitos de impunidad en donde no son
improbables las prácticas de torturas. Esto consta en el informe que el relator de las Naciones Unidas, el doctor Martin Scheinin va a elevar a la Comisión de derechos humanos de la propia Asamblea de las Naciones Unidas y que la tipificación penal
de dos delitos específicos como son el de colaboración con banda armada y el de violencia callejera -la denominada kale borroka- tampoco se ajusta a los requerimientos de tipificación formal y específica que exige el artículo 15 del Tratado de
derechos civiles y políticos ratificado por el Estado español, y también que el cumplimiento de penas de 40 años de privación de libertad -pero no el cumplimiento efectivo sino el cumplimento de forma íntegra de penas de 40 años- por la comisión de
determinados delitos, particularmente de los delitos de terrorismo, equivale a una condena de cadena perpetua, que en este momento no está contemplada en la Constitución española. Me gustaría saber si podemos por lo menos hablar para buscar los
consensos pertinentes para algo que ha sido manifestado por una persona tan poco sospechosa como el relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que va a ser debatido. Y es posible que el Estado español sea objeto de algún tipo de
recomendación o incluso de reproche por el mantenimiento de estos tipos penales y de estas circunstancias.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Revilla): Señor Olabarría, ha consumido su tiempo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, un minuto solo, señor presidente, acogiéndome a su flexibilidad
y a su condición incluso de ex alumno, si es menester invocarla.
El Consejo General del Poder Judicial es la gran asignatura pendiente en esta legislatura. Además de las reformas que ya estuvimos a punto de aprobar en las postrimerías de la última legislatura, que es el cese automático a partir de cinco
años de los vocales, me gustaría que consensuáramos también un sistema para la despolitización del órgano. La neutralidad política es la quintaesencia. Ya no estoy hablando solo de los consejos autonómicos. Yo creo en los consejos autonómicos y
que deben cumplir todas las funciones del Consejo General del Poder Judicial: calificación, nombramientos, inspección, función sancionadora, todas.
Todas son traspasables, todas son ubicables en consejos autonómicos. El problema del Consejo
General del Poder Judicial es el sistema de designación en forma de cuotas pero con la politización que luego se proyecta, como usted sabe, a aquellos magistrados que discrecionalmente nombra el Consejo General del Poder Judicial, los de las salas
del Tribunal Supremo y los de las salas de los tribunales superiores de Justicia y de las comunidades autónomas; además, aquellos que son a propuesta de ternas elaboradas por los parlamentos autonómicos, invirtiendo el orden de preferencia de estas
ternas, buscando aquellos más politizados en función del criterio ideológico de las mayorías que coyunturalmente dominan el Consejo General del Poder Judicial. Esta sí que es una perversión jurídica con la que hay que acabar, porque ha provocado
procedimientos o procesamientos de personas que no han cometido injusto penal alguno. Luego -ya con esto acabo, señor presidente- le pediría que hiciéramos un esfuerzo. No podría ser un instrumento quizás la exigencia de comparecencia de los
candidatos en esta Comisión para el conocimiento y evaluación de las sentencias dictadas, de sus trabajos científicos, pero sí un procedimiento para la despolitización de la justicia. Esta es la última reclamación que le hago y sobre todo, señor
ministro, sabe que cuenta con nuestra colaboración leal. Y le deseo mucha suerte en el ambicioso plan que nos ha diseñado en esta mañana.
Muchas gracias, señor presidente, por la generosidad. Espero haberle aprobado en la primera convocatoria a la que se presenta.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Revilla): Gracias señor Olabarría, por no haber abusado de mi predilección como discípulo hacia usted.
Tiene la palabra el señor Jané por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor JANÉ I GUASCH: Inicialmente, aprovecho para felicitar a don Óscar Seco por su reciente elección en la Mesa de esta Comisión de Justicia.
Usted no es ex alumno mío -otros diputados de esta Cámara sí que lo son-, pero pienso
desarrollar mi intervención con el tiempo necesario para darle la importancia que debe tener en el inicio de la legislatura.
Quiero aprovechar, en primer lugar, para agradecer al ministro de Justicia su comparecencia hoy en esta su Comisión, la Comisión de Justicia del Congreso. También agradezco sus palabras, señor ministro, en el tono en que las ha expresado en
su intervención. Usted ha dicho que esta debería ser una legislatura muy relevante en materia de justicia -ha empezado así- y ha dicho también que en esta legislatura el objetivo es que la justicia funcione. Nosotros le damos apoyo en ese objetivo
y en esa finalidad global, queremos que esta sea una legislatura importante en materia de justicia, porque tenemos mucho trabajo por realizar y debemos hacerlo desde el consenso. Ese consenso se puede trasladar a la opinión pública de muchas
maneras; el llamado pacto de Estado en materia de justicia. Es un nombre que lo engloba todo. Nosotros estaríamos de acuerdo en que se hiciera un gran acuerdo, llamémosle pacto de Estado, llamémosle consenso amplio; consenso amplio que debe
acoger al principal grupo de la oposición, sí, y también a otros grupos parlamentarios que tenemos una trayectoria en esta Cámara de tener una hoja de ruta en materia de justicia, de colaborar con los sucesivos gobiernos y de querer y compartir ese
objetivo que usted, como ministro y desde su responsabilidad, nos daba ante esta Cámara, que la justicia funcione. Es un servicio público. Este año se va a cumplir el 30º aniversario de la Constitución y todos vamos a coincidir en que si hay una
asignatura pendiente en esos 30 años es esa reforma global de la justicia que precisamos para, sencillamente, que funcione. Por tanto, va a tener, señor ministro, en ese objetivo, la colaboración de este portavoz y de Convergència i Unió.
En ese objetivo usted ha ido anunciando una serie de medidas, de propuestas. Ha anunciado unas con más énfasis que otras. Nosotros también le queremos trasladar desde Convergència i Unió cuáles son nuestras prioridades. Evidentemente, una
primera prioridad debe ser el consenso, sí, pero no el consenso a cualquier precio, porque el consenso -al que lleguemos, al que esperamos llegar y contribuir desde nuestra posición en esta Cámara y en el Senado- debe partir también, señor ministro,
de acuerdos previos de la pasada legislatura que el grupo mayoritario entonces y hoy también, el Grupo Socialista, y el Grupo de Convergència i Unió, habíamos perfilado y aprobado a través de normas, unas tan importantes como los estatutos de
autonomía, con valor, aprobación final de ley orgánica; pero todos sabemos que no son una ley orgánica más, porque no las podemos modificar con una ley orgánica posterior, sino que son estatutos de autonomía con la importancia que ello tiene en el
marco del bloque de la constitucionalidad. Por tanto, consenso sí, consenso a cualquier precio, no. Consenso sí, si es un consenso que nos lleve también a caminar juntos en el desarrollo de aquello que aprobamos conjuntamente en la pasada
legislatura. Para nosotros va a ser una prioridad en esta legislatura, que debe ser la legislatura de la justicia, y todos debemos compartir ese objetivo de que, como servicio público,
funcione; debe ser la legislatura que adapte el Poder Judicial a la estructura autonómica del Estado. Tenemos ya una hoja de ruta, que son los estatutos aprobados.
Le voy a hacer una reflexión que usted, señor ministro, como fiscal, entenderá y apreciará. Tuvo los votos de Convergència i Unió en una ley importante de la pasada legislatura, la Ley 24/2007, que aprobó la modificación del Estatuto
orgánico del ministerio fiscal. En esa ley, hubo ya una adaptación al Estatuto de Autonomía de Cataluña y lo hicimos con la palabra, con el consenso, buscando acuerdos en la redacción y con un parámetro que nos guiaba: cumplir en ese caso lo que
ya estipulaba el Estatuto de Autonomía de Cataluña e incluso lo que literalmente, porque el artículo es idéntico, estipulaba el Estatuto de Autonomía de Andalucía; por cierto, aprobado por el Grupo Popular, que impugnaba esa redacción en el
Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que no hacía otra cosa que dar traslado a aquello que el mismo Grupo Popular había apoyado en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Por tanto, tenemos esa hoja de ruta. Son prácticamente idénticos los
estatutos andaluz y catalán en materia de Poder Judicial. En esa hoja de ruta le pedimos un compromiso y un calendario para que se cumpla. No nos puede volver a pasar más que se presenten desde el Gobierno proyectos de ley y que semana tras semana
sean ampliados los plazos de enmiendas y demos a la opinión pública el triste espectáculo de decir que vamos a hacer unas reformas legislativas y que nos pasamos dos años ampliando el plazo de enmiendas, para que al final se disuelvan las Cortes y
esas reformas no hayan visto ni tan siquiera la fase de Comisión. Esto no nos puede volver a pasar. Le pedimos un compromiso en el calendario para cumplir esas reformas estatutarias que son competencia de los tribunales superiores de Justicia de
las comunidades autónomas; en el caso de Cataluña, del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que queremos que sea el tribunal de casación, tal como lo define el Estatuto, y dejando muy perfilado cuál debe ser, en el ámbito de la unificación
de doctrina, el papel del Tribunal Supremo, pero esa concepción del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma -en el caso de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya- como tribunal de casación debemos realizarla en esta
legislatura y no únicamente para interpretar o ser la última instancia en derecho autonómico. No es así, porque el propio Estatuto, tanto el andaluz como el catalán, le dan un ámbito de actuación casacional mayor al Tribunal Superior de Justicia de
la comunidad autónoma. Por tanto, le pedimos, señor ministro, ese avance en ese aspecto de los tribunales superiores de Justicia.
Queremos avance también, evidentemente, en los consejos de Justicia. Usted lo ha anunciado y yo se lo agradezco. En su hoja de ruta usted nos ha marcado que vamos a crear esos consejos de Justicia. Deberemos modificar la Ley Orgánica del
Poder Judicial y debemos hacerlo, tal y como lo hicimos con el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, con la hoja de ruta que nos marquen los propios estatutos de autonomía ya aprobados, dando a los consejos de Justicia esas atribuciones que los
estatutos de autonomía aprobados nos marcan que deben tener. Y eso será un cumplimiento leal al pacto alcanzado cuando se aprobaron los estatutos.
Por tanto, le pedimos que no sean unos consejos de Justicia decorativos, señor ministro; que tengan
las atribuciones que los propios estatutos marcan que deben tener. En esa línea van a encontrar la colaboración de Convergència i Unió.
Y, evidentemente, señor ministro, va a encontrar también la colaboración de Convergència i Unió en lo que debe ser la reforma de la oficina judicial. Las veintiuna normas de reforma procesal que estaban pendientes, junto con la doble
instancia penal -que también disolvimos la legislatura decayendo el proyecto-, esas reformas debemos alcanzarlas pero en concordancia con esa nueva atribución competencial que los propios estatutos también dan para las comunidades autónomas: en
medios materiales, en materia de personal, en la definición de la oficina judicial. También, evidentemente, reforma de la Ley de Planta que usted ha anunciado. Sí, pero respetando ese marco autonómico que los estatutos han definido en materia de
planta judicial. En ese camino nos va a encontrar. Como nos va a encontrar también en la necesidad de acometer, desde el consenso, esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Necesitamos reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Usted
daba el calificativo de vetusta y parcheada a la vigente, tiene razón, señor ministro, pero si la hacemos nueva, que es un deber de este legislador democrático, es una tarea difícil que debe pasar, ineludiblemente, por un amplio consenso. No
podemos someter a los operadores jurídicos a cambios constantes y parcheos constantes en nuestra normativa, y menos en el ámbito del proceso penal. Debemos hacerlo, sí, debemos hacerlo bien y debemos hacerlo juntos. Juntos, porque mal iríamos si
trasladáramos a la Comisión de Justicia, en materia de proceso penal, lo que pasa en la Comisión de Educación, que cada vez que cambia el Gobierno cambian las leyes que ordenan el proceso educativo. ¿Por qué? Porque necesitamos una pauta a seguir
que pueda asentarse. En esa pauta deberemos definir cuál es el papel del fiscal, cuál es el papel del juez. Y va a contar -y ya se lo digo de entrada- con una posición favorable de Convergència i Unió para buscar ese consenso y hacerlo posible,
porque entendemos que es uno de los grandes retos que tenemos en esta legislatura.
Señor ministro, se aprobó recientemente en esta Cámara una proposición no de ley a raíz del caso Mari Luz. En ella se incorporó una enmienda de Convergència i Unió en la que pedíamos, de manera expresa, la creación de un registro de
pederastas.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Revilla): Señor Jané, ha consumido sus diez primeros minutos.
El señor JANÉ I GUASCH: Voy concluyendo ya, señor presidente.
Usted, señor ministro, se comprometió también, a respuesta de este diputado ante el Pleno, a crear esa división específica que permita un mayor control. El caso Mari Luz, lamentablemente, señor ministro, ha sido la punta del iceberg de un
sistema global que no funciona. Usted ha hecho una apuesta por la modernización, una apuesta por una plena, incluso decía usted, justicia digital. En estos momentos, los colegios de abogados se nos quejan de que no pueden ni tan siquiera remitir
un correo electrónico a su juzgado. Por tanto, nos queda mucho por hacer, mucho.
Esta legislatura, cuatro años, me atrevería a decir, señor ministro, que no sé si van a ser suficientes para un programa de Gobierno tan denso y tan importante. Pero
si queremos apostar por que sea la legislatura de la justicia, reformas, sí; consenso, sí; pero presupuesto, también. Ya sé que el contexto económico quizá no es el más propicio. Usted ha dicho: haremos una optimización de medios, seremos
buenos gestores. Sí, señor ministro, pero esto no basta. Más medios, son necesarios más medios.
Debemos crear más plazas. Debemos buscar la profesionalidad, estoy de acuerdo, pero cuidado con abandonar el sistema de oposiciones; busquemos
también un consenso ahí. Usted ha dado una alternativa que yo ya le digo de entrada que vamos a estudiar, no le damos una negativa desde Convergència i Unió, pero queremos garantizar que el mérito y la capacidad sean siempre el elemento decisivo al
otorgar una plaza de nuevo juez en este país. Vayamos quizás también a la territorialización de algunas pruebas. Sabe que Convergència i Unió entiende que abriríamos más vocaciones judiciales si las pruebas estuvieran más territorializadas.
Este
también es un reto que podemos estudiar. También mayores incentivos a lo que es el salario de los jueces en determinadas demarcaciones, como Tarragona o Girona. Debemos modificar, por ejemplo, la Ley 15/2003, porque el régimen retributivo de las
carreras judicial y fiscal debe adaptarse a los cambios de población y a los cambios, en cuanto al número de asuntos, que determinados ámbitos provinciales reciben; hay que adaptarlo también retributivamente. Que sea atractivo ser juez, ser
fiscal, que dedicarse profesionalmente a la justicia en este país pueda ser un buen aliciente para los licenciados en derecho; hay que hacerlo atractivo porque están prestando un servicio público de primer orden y por tanto nos interesa que vengan
los mejores. De ahí que ese impulso a mayores plazas, mayores dotaciones, se lo pida también Convergència i Unió.
Como se termina el tiempo, voy a terminar también esta intervención. No se pueden tratar hoy todos los asuntos, no se pueden tratar en un solo día, en una sola mañana. Hoy nos ha marcado una carta de ruta. Nos parece que el tono que ha
utilizado el señor ministro ha sido el adecuado y entendemos que los grupos parlamentarios tenemos una gran labor a realizar. Usted hablaba del Código Penal. Aprobamos ya una iniciativa de Convergència i Unió, una proposición de ley, para un
aspecto concreto: las bandas organizadas. Sabemos que esto puede integrarse en una reforma más amplia del Código Penal, pero también aquí le pedimos consenso. En la definición de la responsabilidad de las personas jurídicas, que se realizaba en
la pasada legislatura, no había un consenso en esta Cámara de cómo se hacía. No hay una adaptación a las directivas comunitarias, pero debemos hacerlo de manera que no vayamos cambiando el Código Penal a medida que vayan cambiando las mayorías en
esta Cámara. Por tanto, busquemos también ahí ese punto de consenso.
Voy a acabar. Otros portavoces han hecho alusión al tema de la lengua.
Aquí hay un déficit notable, señor ministro. La normalización lingüística no ha llegado de manera adecuada al ámbito de la justicia. Y nosotros aquí también le
pedimos el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es muy claro. Le queremos trasladar cómo, por ejemplo, en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal fuimos capaces de definir que el conocimiento del idioma cooficial sería un
mérito determinante. Ese era un punto de acuerdo con el Grupo Socialista cuando se redactó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que el mérito determinante consistía en que, ante un concurso, el que tiene ese mérito es determinante frente a quien
no lo tiene. Por tanto, tener el mérito es un elemento que ya adjudicaría la plaza directamente. Sabe que esta no es la solución que propugna Convergència i Unió, que era la del requisito. Pero yo quiero poner en valor, por lo menos, que, en una
norma ya aprobada, como el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, ya se ha dado el paso de considerar el conocimiento del idioma cooficial como mérito determinante.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Termino ya, señor ministro. Esperemos que ese propósito de colaboración y de consenso llegue a buen puerto. No le faltará en este ámbito el apoyo de Convergència i Unió. Decía usted que el movimiento se demuestra andando. Pues yo quiero
pedir al Grupo Popular, al Grupo Socialista y al resto de grupos que a ver si somos capaces de orquestarlo ya este mes de junio, o en julio, y renovamos el Consejo General del Poder Judicial, que es una competencia nuestra, de estas Cámaras, y que
en el mes de noviembre hará dos años que no lo renovamos. ¿Nos ponemos de acuerdo y renovamos también los magistrados vacantes del Tribunal Constitucional? Sería un buen ejemplo de esa voluntad de diálogo que el ministro nos ofrece que los
portavoces le tomáramos la palabra; por nosotros no quedará. Y tampoco quedará por nosotros, señor ministro, que cumplamos con nuestras obligaciones institucionales y dotemos cuanto antes esas vacantes; es una obligación que tienen estas Cámaras.
También vamos a apoyar una reforma de la Ley orgánica, que usted proponía, para que el consejo quede en funciones tras los cinco años de mandato y así no vuelvan a darse plazos de prórroga en funciones, en los que realmente están con todas sus
atribuciones, pero son unos vocales que ya no representan las mayorías que les dieron lugar cuando fueron elegidos, ahora ya hace casi siete años. Por tanto, señor
ministro, aquí también tendrá la aprobación de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Trillo-Figueroa.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señores comisionados, sin demasiada retórica, quiero expresar mi satisfacción por estar de nuevo en la Comisión de Justicia y reencontrarme con tan buenos amigos y tan excelentes parlamentarios, con
los que espero seguir contribuyendo a que uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento sea cada vez más real en nuestra sociedad.
Señor ministro, comparece usted hoy con renovado talante y con un proyecto y un discurso ambicioso y completo. He de decir que me llena de satisfacción poderle recibir en esta su primera comparecencia de la legislatura, y en la mía, siendo
sus palabras más utilizadas en el discurso de presentación las palabras diálogo y consenso. Me llena de satisfacción porque es un talante renovado en el señor Fernández Bermejo.
Además, es un discurso muy ambicioso. Por ambicioso, incluso incluye
la superación de sus propias insuficiencias en la legislatura pasada y, si me lo permite, también de los fracasos de su antecesor en la pasada legislatura. Es un discurso completo, porque abarca todo y porque todo lo dicho lo habíamos escuchado ya
al señor ministro y a su antecesor. Yo no puedo decir que lo hubiera escuchado, lo he leído, y me ha sonado a que efectivamente estábamos ante el mismo discurso, lo cual dice hacia atrás mucho de las insuficiencias o de los fracasos.
Yo soy un recién llegado aquí, y dice S.S. -si me permite esta expresión, que lo es, diputado también de esta Cámara- que estamos en un nuevo ambiente; y alguno de los intervinientes también lo ha dicho. Pues vayamos a ello. Es un nuevo
ambiente aquel en el que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición coinciden en el debate de investidura en la necesidad de que haya un pacto de Estado. Ciertamente es consecuencia del mandato recibido por el partido que sustenta al
Gobierno, el Partido Socialista, y por el nuestro, el Partido Popular, los dos partidos no solo más amplios, sino de marcado ámbito nacional, que nos han pedido entendimiento. Los electores nos han pedido entendimiento. El señor ministro lo ha
visto así y desde el Grupo Popular lo vemos igual. Y si se nos pide que hagamos un esfuerzo para entendernos en lo que nosotros siempre hemos concebido como una función esencial del Estado, no podemos sustraernos a esa necesidad del Estado. Si se
entiende como un servicio público, como gusta más definirlo a otros portavoces, también, porque efectivamente, de todo el mundo de las funciones esenciales -digamos entre comillas- soberanas, en la terminología clásica del Estado, es la única que se
aplica a los ciudadanos con carácter de servicio público. Por tanto, le son aplicables estándares de rendimiento.
También hay necesidad de entendimiento desde un punto de vista formal, porque normalmente estamos hablando de leyes orgánicas, y cosa
natural es, derivada del espíritu del constituyente, que entre los dos grandes partidos que podemos constituir, no ya mayoría suficiente, sino mayoría holgada, auténticamente orgánica, en esta Cámara, procedamos a dar el nuevo impulso a la
modernización de la justicia, que ha sido el leitmotiv, si me lo permite, de su intervención: que la justicia funcione, ha dicho el ministro Bermejo. De acuerdo. Y es consecuencia de ello o, si lo quiere, antecedente, el diagnóstico compartido:
la justicia no funciona a satisfacción de los ciudadanos.
Que la situación es mala no es nada nuevo. Así lo dejamos hace unos años, señor Cuesta. Que siga siendo así demuestra que no solo es mala, sino que es grave, porque -lo ha dicho también el señor ministro- desde hace treinta años es
probablemente el poder del Estado que suscita mayor grado de insatisfacción entre los ciudadanos. Esto no es una apreciación personal ni de ninguna encuesta parcial del Partido Popular o de cualquier instituto de opinión. Es exactamente la última
que tengo disponible sobre el estado de la justicia, valoración de la confianza en la justicia de los ciudadanos, del CIS, en el año 2005. Por tanto, es tan válida para el Gobierno como para el principal partido que le sustenta y para el principal
partido de la oposición. El grado de confianza en la justicia es de poco o ninguno, 55 por ciento. Luego, el grado de desconfianza en la justicia, 45 por ciento. O, si se quiere, en términos de calificación, la justicia española suspende ante los
ciudadanos, porque consideran que no merece su confianza, 5,5; consideran que merece mucha confianza, 4,5, y poca o ninguna, 5,5. Me parece que este es un dato muy grave. De entre los muchos que se podrían tomar como punto de partida, he querido
que sea este del CIS, porque creo que no merece que nos pongamos, como en muchas otras ocasiones, a discutir los datos. El hecho es el hecho, y probablemente tres años después de esta encuesta el dato sea aún peor. Por cierto que el 55,8 de los
encuestados considera que no tiene los medios necesarios y el 75 por ciento de los encuestados, el 75 por ciento, quiere que tengamos más y mejores jueces. Sé que este dato no es del agrado del señor ministro, pero lo pongo sobre la mesa porque ha
estado en los medios de comunicación y en este punto, en este ámbito, en esta función esencial, en este servicio público, tenemos que tener plena transparencia. El servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial hizo público hace poco
los datos de la pendencia global de ejecutorias, que ascienden a 269.405, de las que el 70,25 se residencian en juzgados de lo penal y el 29,7, en los juzgados penales especializados. Ya sé, señor ministro, que me va a decir que, si están glosadas,
es porque se ha iniciado el procedimiento. En cualquier caso no está culminado. Por tanto, se mire por donde se mire, no es un dato esperanzador, pero sí revelador.
Si ese es el diagnóstico, el que hacen los españoles, el que hacen el propio Gobierno, el Partido Socialista, que le apoya, y el principal partido de la oposición,
tendremos que buscar de común acuerdo las causas. Déjenme hacerles en este punto, señores comisionados, una reflexión personal. Yo creo que para encontrar las causas y por tanto hacer el pronóstico adecuado tenemos dos vías: una, la de
enzarzarnos en recíprocos reproches, y sin duda se nos recordará desde los bancos del Grupo Socialista que se puso en marcha la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 1985, la Ley de Demarcación y Planta, en 1988, que el propio ministro considera
que es necesario revisar -y tanto-, y nosotros diremos que pusimos la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, ustedes que la Ley del Jurado y nosotros diremos que hemos hecho también la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la oficina
judicial, la Ley Concursal... Por ese camino no llegamos a ninguna parte. Si hay algo que debemos evitar, si queremos de verdad un entendimiento, son los reproches y la retórica, y creo que debemos ir exactamente no tanto a los causantes del
problema como a la causa del problema.
Como punto de partida tenemos también algo que compartimos, que es el modelo. Es verdad que luego han salido aquí distintas interpretaciones.
Por tanto, yo reiteraré el que constituye el principio vertebrador de nuestra propuesta de
justicia para el entendimiento, que no es otro que el de la Constitución española. Ya he recordado que se considera, en el artículo 1, en el frontispicio mismo de la Constitución, de nuestro texto fundamental, a la justicia como uno de los valores
superiores. Si quieren, por orden de posicionamiento -ya saben que el orden ontológico o axiológico sería lo mismo-, están la libertad y la justicia. De ahí también la intensidad de la demanda que los ciudadanos nos hacen para que atendamos a este
requerimiento. Y son los ciudadanos el segundo pilar de una reforma de la justicia o, si lo quieren, el principal y primer destinatario, el que tiene que absorber todas nuestras preocupaciones e inquietudes. Porque antes del título VI famoso, que
sustantiviza el Poder Judicial con todo lo que de ello se ha derivado y se deriva, está el artículo 24 de la Constitución y, por tanto, la primera contemplación de la Constitución después de considerar a la justicia como un valor fundamental del
ordenamiento -del ordenamiento del Estado social y democrático de derecho-, inmediatamente después, la referencia a la justicia es para decir que es un derecho fundamental del ciudadano, un derecho a que tenga una justicia efectiva y sin dilaciones
indebidas, es decir, una justicia rápida y eficaz, que es probablemente, señor ministro, convendremos, lo que está fallando. La justicia en algunos ámbitos sí; pero sustancialmente en aquellos que dan lugar a las encuestas que he leído, no es lo
rápida que debiera y no tiene la eficacia que debiera. Ese es el grado de desconfianza. Ese es el grado de inejecución.
El Poder Judicial -es sobradamente conocido- es independiente, autónomo.
Está integrado por jueces y magistrados de carrera que formarán un cuerpo único y que están sometidos solamente a la ley y al derecho. Y finalmente, que no menos
importante, si me permiten la ironía, hay aquí un artículo olvidado, que es el 149.1.5.ª (El señor Ridao i Martín pronuncia palabras que no se perciben.) El señor Ridao es siempre muy coherente. Me iba a referir luego a él, que ya sabe que tiene no
solo toda mi simpatía sino mi admiración.
El señor PRESIDENTE: Señor Trillo, lleva diez minutos.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Muchas gracias, señor presidente.
No lo ha olvidado, ni debemos olvidarlo: la Administración de Justicia es competencia exclusiva del Estado en el texto constitucional. Otra cosa es que haya quien
quiera cambiarlo por la vía de la mutación o por la vía de los estatutos. Si esos son los principios sobre los que estamos de acuerdo, ¿dónde empiezan las discrepancias? Pues tampoco son tan grandes.
El señor ministro ha dedicado la mayor parte
de su tiempo a la oficina judicial, a la modernización de la justicia, a la implementación de nuevas tecnologías, al desarrollo del plan de informatización, a la interconexión, a la coordinación. Estamos plenamente de acuerdo en todo esto, ¡cómo no
vamos a estarlo si constituyó el objetivo principal de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que efectuamos en su día! ¡Cómo no vamos a estarlo si lleva pendiente de desarrollo desde el 2003! ¡Claro que sí! El problema es que es la
cuarta vez que oímos este discurso. La cuarta vez, y en esta ocasión yo le emplazo, señor ministro, señor Fernández Bermejo, a que usted que efectivamente lleva muy poco tiempo en el cargo, tenga tiempo, toda la legislatura por delante, contando
con nuestro apoyo y nuestra exigencia leal, para dar de verdad luz verde, eficacia a todas aquellas promesas del año 2003 reiteradas por su antecesor y por S.S. en su comparecencia en la legislatura anterior.
Dé de verdad virtualidad a que se
escuche a las partes concernidas por el problema de la oficina judicial porque la oposición, en ese punto, no ha sido escuchada más que en Comisión hasta el momento. Y a los secretarios, según me consta, no se les ha escuchado tampoco, y a los
funcionarios menos, y a los sindicatos, para qué contar. La huelga acaba de cerrarse y nos felicitamos todos por ello, pero no sé si va a ser definitiva. Y las inversiones no han llegado; y las inversiones, después de algunas afirmaciones del
presidente del Gobierno sobre la austeridad -sin duda incuestionablemente necesaria en las circunstancias económicas en las que vivimos, que no voy a calificar para no meterme en debates accesorios y terminológicos-, en justicia, entre el 0,5 por
ciento y el 2 por ciento, que es el objetivo en el que todos le apoyaríamos, hay un margen. Cuente usted ahí con nuestro apoyo, pero que ese margen se dé, porque llegará la hora en que de verdad el Estado se dé cuenta de que la justicia no es un
valor secundario ni la preocupación de los ciudadanos una preocupación accesoria cuando tienen un conflicto. Es mucho más, y en consecuencia, efectivamente, que hay que invertir. Sé, señor ministro, por experiencia lo
que cuesta sacar tajada en los Presupuestos Generales del Estado. Lo sé.
Cuente usted con el apoyo de nuestro grupo. Cuente usted con el apoyo de nuestro grupo aquí y en la Comisión de Presupuestos y en la de Economía y Hacienda, porque
éste se ha marcado como uno de los dos objetivos prioritarios de necesidad de modernizar el Estado por el presidente de su Gobierno y por el líder de la oposición de nuestro partido y, por tanto, tendrá nuestro apoyo para exigir verdaderas
inversiones. Pero no sigamos prometiendo los duros a peseta. Esto cuesta lo que cuesta y hay que lograr esas inversiones. No quiero entrar en las utópicas experiencias piloto que se han puesto en marcha. Vamos a ver si de verdad se cumplen los
plazos hasta ahora incumplidos, se ponen los fondos hasta ahora no disponibles, se habla con las asociaciones y con los sindicatos con los que hasta ahora no se ha hablado y se cuenta con la oposición para desarrollar de una vez la oficina judicial
que nos preciamos de haber puesto en marcha con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Siguiendo el orden de la exposición del señor ministro, me llena de satisfacción que hable de la Ley de Demarcación y Planta como una prioridad. Adelante. Y también que no va a ser coartada de las inversiones en la oficina judicial el
desarrollo de las veintidós leyes tan famosas que están pendientes de desarrollo y de retoques y que ha decidido emprender -tomo nota- como el primer trabajo de esta legislatura. Adelante, ¡primerísimo! Porque así ya no habrá más retrasos, no podrá
ponerse la coartada en la elaboración de los presupuestos y tampoco en la traída ya de una vez de la necesaria Ley de Demarcación y Planta. Me parecen bien inicialmente los criterios: la especialización, la comarcalización. Todo eso ya se ha oído
y le animo a ponerlo en marcha.
El acceso. Dice el señor ministro que quiere los mejores profesionales y bien formados. Ha dado unos datos realmente estremecedores de la bajada en el número de opositores. Quizás no aquí, pero si hemos de derivar en alguna comisión de
estudio o hemos de seguir hablando o negociando o como se le haya querido llamar a las conversaciones emprendidas, sería bueno profundizar en por qué. Porque el nivel de dificultad de las oposiciones es el mismo. La preparación de los jóvenes
españoles, mejor. Por tanto, a lo mejor hay que conectarlo también al desencanto, al desencanto con el funcionamiento de la justicia, y no solo explicarlo con la exigencia de los tribunales de oposiciones, sino con lo que debiera ser exigible en un
funcionamiento de verdad de una justicia a la altura del siglo XXI. Dice que no podemos permitirnos el lujo de interinos. Desde luego; sobre todo hay plazas en Cataluña en el cuerpo de secretarios que sobrepasan los niveles de admisibilidad de
cualquiera. Propone un sistema en el que la oposición no se descarta y en el que se incrementa la formación teórica y práctica. Mientras usted hablaba, señor ministro, yo me he permitido...
Sé que esto va a ser absolutamente impopular; sé que
esto me va a costar mucho sudor y muchas lágrimas, pero mire, usted y yo y muchos más tenemos que creer en el sistema de oposiciones que nos ha hecho juristas desde hace treinta o treinta y tantos año, y no porque hayamos tenido éxito tras algún
fracaso -sería como un jardín sin flores- en las oposiciones, sino porque, señorías, quiero llamar su atención sobre algo a lo que no se ha referido el señor ministro más que en la implantación de la informática, y es algo que funciona, y es algo
que funciona tan bien, que está siendo exportado, como sabe el presidente de la Comisión, porque esto no es de ahora, es de hace unos años -y lo saben también cumplidamente el señor ministro y muchas de SS.SS.-, está siendo exportado por otros
países de la Unión Europea e incluso de otras latitudes en el mundo, que es el sistema de fe pública y de seguridad jurídica por medio del Registro de la Propiedad. Fíjense que eso no tiene quejas, y oposiciones duras ésas; tan duras como
cualesquiera otras, pero duras, con mala fama, hasta de Jardiel Poncela, opositor a notarías...
Sí, ¡caramba!, pero es que resulta que el sistema de fe pública español está siendo copiado en otros países europeos de democracia avanzada, y el
sistema de seguridad jurídica de nuestro sistema inmobiliario registral también. Y fíjense que además de exigir oposición le da al justiciable -en este caso al cliente, entre comillas- libertad de elegir. Y fíjense que además hay una simplicidad
absoluta en el procedimiento, en el procedimiento ante el notario o ante el registrador. Y hay una eficiencia grande en la calificación, en la escritura, en el acta; y si hay algún conflicto es por exceso de competencia, como sabe muy bien el
señor ministro, que lo sufre, porque ahora en alguna ocasión hay calificación registral que no coincide con la notarial. Exceso de celo, pero no insuficiencia. Por tanto, no será tan malo el sistema de ingreso de oposiciones cuando el único sector
de la justicia que se respeta por los ciudadanos y que consideran cumplimentado adecuadamente es el de las notarías y el de los registros. ¡Quién nos lo iba a decir, con la mala fama que llevaban los opositores! Meditemos en consecuencia sobre los
tópicos sobre el sistema de oposiciones y vayamos a la raíz de los problemas, efectivamente, a la formación, a la preparación, al atractivo, a la remuneración, ¡claro que sí!, a la sencillez de los procedimientos, ¡claro que sí!, a la autonomización
del funcionamiento de las oficinas notariales y registrales, ¡claro que sí! Allí donde se ha hecho una mayor inversión. Hoy cualquiera de nosotros, cualquiera en el ejercicio de la profesión, puede acceder al Registro Mercantil para buscar
informáticamente quién compone los consejos de administración y dónde se han producido las últimas ventas de las acciones. Esto lo ha hecho el Colegio de Registradores de España y también lo ha hecho el Colegio Notarial en lo que no alcanza al
secreto notarialmente custodiado. Por tanto, meditemos sobre los principios y no sobre los tópicos.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo porque lleva ya veinte minutos de intervención.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Sí, señor presidente. Al ser la primera intervención pues parece que estaba represada el agua.
Viene otro de los grandes grupos pendientes. Efectivamente, todos los portavoces de las minorías nacionalistas se han referido a ello. El modelo de una justicia que haga compatible el Poder Judicial que al Estado corresponde con la
conciliación para aproximar al ciudadano y para dar la debida eficacia al sistema autonómico de las competencias de las once autonomías que las tienen. El Grupo Parlamentario Popular, como posición de principio, tiene muy claro que las autonomías
participan en el proceso de administración de justicia, malgré lui, a pesar del artículo 149.1.5.ª, pero de lo que ha llamado el Tribunal Constitucional, que alguna vez merece alguna crítica con una terminología que la academia no habría
convalidado, la administración de la Administración de Justicia -¡vaya frase!-, pero nada más. Bueno, nada más, vamos a ver. Sí, de acuerdo, tribunales superiores, está en la Constitución. ¡Claro que sí! Pero, señor ministro, con nosotros no
cuente para que los tribunales superiores sean el final de la casación de todos los derechos derivados especialmente de la normativa fundamental del Estado. No. No es solo un instrumento unificador de doctrina. No. Porque la garantía de
determinados derechos tiene que ser igual en toda España, igual. Por eso, otros artículos de la Constitución insisten en que corresponde a los tribunales garantizar la igualdad. En consecuencia, la aplicación al caso concreto también es decisiva
para el entendimiento del principio de igualdad y no es solo para la unificación de doctrina. Por tanto, no le extrañará al señor Ridao, que me ha escuchado esta argumentación muchas veces en la inolvidable ponencia del Estatuto catalán, que
insista en ese planteamiento. Nosotros no creemos en un sistema de justicia autonómica.
No. No es el que el constituyente quiso. Nosotros creemos que puede haber una administración de la Administración de Justicia en la que participen las
comunidades autónomas, pero, desde luego, no queremos diecisiete consejos generales del Poder Judicial. Hay que ser coherentes, señorías.
Pone al consejo como el instrumento más politizado de la estructura del Estado ¿y quieren multiplicarlo por
diecisiete? ¿En qué quedamos? No.
Consejos de carácter consultivo, de carácter asesor, -hay algún ejemplo en los estatutos como el de Valencia-, bien, pero consejos como el que pretende arbitrar la propuesta de los nombramientos, la fase final,
etcétera, es decir, sustantivizar un Poder Judicial en cada autonomía por importantes que sean las pretensiones que siempre vienen de Cataluña y respetables, en nuestra opinión no. Con claridad se lo decimos ya: no.
(El señor Ridao i Martín: El
andaluz también.) No es el mismo, señor Ridao. Tuve el honor también de ser redactor del andaluz y no es el mismo. Por ejemplo, el título de inspección, mírese el artículo, lo traemos ahora mismo, no es el mismo. En la inspección no es el mismo,
porque al Estado le compete -y eso lo sabe muy bien el señor Bermejo, que ha sido fiscal y es ministro de Justicia-, garantizar las condiciones de igualdad en que se aplica la ley en toda España, y eso sí que no se puede autonomizar.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor Trillo. Vamos a tener una hermosísima ocasión para discutir sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial y el recurso de casación.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Termino en tres minutos.
Me parece muy bien lo que dice el señor ministro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: vetusta, parcheada, superada por la jurisprudencia y me apunto a lo que ha dicho del marciano la señora Díez.
Nos propone lo que hace falta, la doble
instancia, agilizar la investigación, incorporar nuevos medios, la fase probatoria, la protección de las víctimas, la ejecución penal -¿qué voy a decir de la ejecución penal con los datos que hemos oído?-, la lucha contra la delincuencia, etcétera.
Lo hemos escuchado todos.
Quiero hacerles otra reflexión, si me lo permiten. El señor Cuesta y yo estuvimos en la ponencia -no sé si el señor Olabarría- (El señor Olabarría Muñoz hace signos afirmativos.) que aprobó el Código Penal de 1995. Colaboramos con el
ministro Belloch lo que no habíamos colaborado con el ministro De la Cuadra. El De la Cuadra fue un proyecto frustrado y el del año 1995 está vigente, pero no votamos el código, señor ministro, y le voy a recordar por qué. Porque no estábamos de
acuerdo con el sistema de penas. No estábamos de acuerdo con el sistema de penas. Nos parecía demasiado amplio el abanico de penas. Los códigos penales europeos contemporáneos tienden a reducir el abanico del sistema de penas, y es mucho más útil
y más eficaz que tener tal variedad, tan variopinta. Personalmente, como ponente del Código Penal, considero que aquel fue el Código Penal de punto de llegada de los últimos treinta años de debate penal en España, pero no el punto de partida del
Código Penal que la sociedad posmoderna o posindustrial de nuestros días necesita.
Estoy de acuerdo también con el señor Bermejo: hace falta un retoque no integral, pero sí a fondo del Código Penal. ¡Desde luego que sí! Y también con quienes han
dicho que no se puede hacer a través de medidas ad hoc posdelictivas o de parches o retoques en un cuerpo sustantivo que debe estar dotado de estabilidad y de unidad conceptual. Por tanto, revisemos el sistema de penas y atajemos eso que preocupa a
la sociedad española y que era tabú en el año 1995, las medidas de seguridad. Ha dicho posdelictivas y me parece que es un hallazgo, porque las medidas de seguridad siguen sonando en la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y
rehabilitación social. ¡Terrible! No, no, medidas de seguridad posdelictivas, por supuesto, pero que eviten la vuelta a la comisión de determinados delitos cuya etiología es claramente la que vuelve a permitir que se cometan y se cometan, y estoy
hablando de cosas impensables cuando redactamos el
Código Penal, pero que ahora debieran de tenernos en una reforma que desde ahora le ofrezco a hablar con el Grupo Popular.
Por otro lado, ya he entendido hoy a lo que se referían con el cese del consejo cuando concluya su mandato. He de decir que al presidente del Gobierno le entendí que iba a cesar al actual consejo o al presidente, y me pareció que iba a ser
como cuando Sainz de Robles planteó el conflicto constitucional ante el tribunal por lo que pasó, creo que fue en el año 1985. No es eso. Podemos pensar sobre eso de futuro, pero desde luego no de presente. No se inquieten SS.SS. sobre la
composición política del consejo. Se llegó a un pacto por el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno y el Partido Socialista que renovaba muchas cosas de la provisión. El ministro se compromete -y, desde luego, nosotros estamos encantados- a
que haya comparecencias parlamentarias. Deben participar los jueces y los magistrados, lo hacen a través de sus asociaciones profesionales. No se inquieten; ahora, diré lo que pienso. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de
gobierno, señora Díez, no jurisdiccional, y un órgano de gobierno hace política, nos guste más o nos guste menos. Esta afirmación también me costará otro disgusto, pero creo que ya me puedo permitir decir ciertas cosas con holgura. Es un órgano de
gobierno y como tal ha de ser considerado, por supuesto reforzando los medios y la confianza, señor ministro -no contribuyamos a la desconfianza de los ciudadanos sobre el órgano-, su autonomía, su independencia y también su responsabilidad. No sé
en qué forma, pero su responsabilidad. De la misma forma que echo en falta en su intervención un apartado ligado a la responsabilidad de los juzgados y tribunales, porque el error judicial o el mal funcionamiento de la Administración de Justicia
debiera tomarse con más fuerza por el Consejo General del Poder Judicial. Con muchas más, porque, efectivamente, todo poder democrático es un poder y debe ser un poder responsable y el reconocimiento del anormal funcionamiento y el error judicial
es una manera de devolver a la sociedad la confianza también en nuestro sistema judicial y en el Poder Judicial.
Me alegro mucho de que esté contento con el Servicio Jurídico del Estado.
Vuelvo a decir que son unos profesionales que han accedido a la Abogacía del Estado por medio del sistema de oposiciones (Risas.) -claro, es que las cosas son las que
son- y también con que quiera aprovechar la Presidencia española de la Unión Europea para estos temas. Me parece excelente. En nuestra etapa conseguimos la orden judicial de busca y captura y ahora sería muy bueno que fuéramos al principio de
reconocimiento mutuo y también a la posibilidad de cooperación con terceros países. Tendrá en eso todo nuestro apoyo, aunque ya le advierto que en los temas de cesión de lo que se llamaban competencias soberanas la experiencia que le puedo aportar
por estancia en otra competencia soberana es que la Unión Europea sigue siendo muy refractaria. Lo de Irlanda resulta que al final no es casual, pero sería excelente, porque si hay algo en lo que han influido las nuevas formas de comunicación ha
sido sin duda en las nuevas formas de criminalidad. Por tanto, tendríamos, efectivamente, que ponernos todos a trabajar en la línea de dimensión europea y la dimensión global que exige el tratamiento adecuado de determinados delitos.
Termino. Recapitulando, los ciudadanos, señor ministro, señores comisionados, nos piden entendimiento. Nos lo piden los electores, nos lo pide el presidente del Gobierno y el líder de la oposición y se suman los representantes y portavoces
de los grupos minoritarios. Adelante.
Nosotros, desde el Partido Popular, lo logramos estando en el Gobierno en el año 2001 y el Partido Socialista lo incumplió y lo suspendió en el año 2003, de cara al proceso electoral, pero no voy a entrar en
reproches.
Nosotros ya hemos demostrado capacidad de pacto y lealtad al pacto y, créame, señor ministro, en este caso tenemos también voluntad de pacto.
El señor PRESIDENTE: Señor Trillo, estuvimos en 1995 y observo que hoy tenemos energías renovadas.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Quisiera dedicar treinta segundos introductorios, habida cuenta que esta es prácticamente la primera sesión con carácter ordinario y amplia de lo que va a ser la legislatura en el ámbito de la justicia, a
dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' de un recuerdo afectuoso, desde el punto de vista político y personal, de algunos portavoces que en la anterior legislatura estuvieron en esta Comisión, que trabajaron duro y bien y que ya no están, en
concreto son doña Isaura Navarro, de Izquierda Unida, doña Margarita Uría, del PNV, que ha dejado una impronta especial en esta Comisión, y don Agustín Cerdà, de Esquerra Republicana de Catalunya; también don Pedro Muñoz, del Grupo Socialista, que
continúa con nosotros y, recientemente, cómo no, don Ignacio Astarloa, que mucho más allá de las discrepancias y de las dificultades que tuvimos para llegar a algunos acuerdos, es un gran jurista y un gran parlamentario. Asimismo, quiero dar la
bienvenida a don Federico Trillo, que se ha estrenado hoy. Entrando ya en el tema y dando la bienvenida después de este pequeño preámbulo, al señor ministro, alargada ya la hora de la mañana, quiero agradecerle la amplísima información y el
ambicioso programa, que es completo, como se ha reconocido por la propia oposición, que es ilusionante y yo destacaría además que es abierto y sobre todo esperanzador a la vista del conjunto de las intervenciones que hemos oído a lo largo de la
mañana.
Permítanme también, aunque solo voy a hablar de presente y de futuro sobre todo, que deje constancia en quince segundos de un par de aspectos al hilo de veladas críticas en cuanto a los medios personales y materiales.
Partiendo del
reconocimiento de la insuficiencia evidente
de los medios y del diagnóstico compartido de la situación de la justicia, es adecuado decir, al menos desde el punto de vista de mi grupo político, que en la última legislatura hemos aumentado la consignación presupuestaria en casi un 50
por ciento, pasando de 1.060 millones de euros en el año 2004 a 1.523 millones de euros en 2008, igual que tengo que decir que, reconociendo la insuficiencia de los medios personales en lo que se refiere a jueces y magistrados, conviene recordar que
en la última legislatura creamos 624 plazas de jueces y 465 de fiscales, algo que no tiene parangón en toda la etapa democrática. En cuanto al compromiso del año 2008 relativo a 160 unidades jurisdiccionales, he de manifestar que fueron aprobadas
en su totalidad en el Consejo de Ministros del 6 de junio. Es decir, que situándonos en las necesidades, en las carencias, en el reconocimiento, cómo no, de los barómetros de opinión, de cómo está evaluada nuestra justicia, hay que reconocer que no
siempre se han hecho los mismos esfuerzos, aunque la realidad nos demuestra que han sido manifiestamente insuficientes.
La primera característica importante, entre comillas, si es que hay algo importante en lo que este modesto portavoz pueda decir, es que esta tiene que ser la legislatura del diálogo, del consenso, del acuerdo, pero de verdad, para mejorar el
servicio público de la Administración de Justicia. Resumidamente, dos podrían ser los grandes objetivos que, a mi juicio, la intervención del ministro ha puesto sobre la mesa. Uno, el servicio público de la justicia con la necesaria e inaplazable
modernización de la Administración de Justicia; y dos, el Poder Judicial en sí, tratado en el ámbito de la administración de la Administración de Justicia. Ahí tenemos algún aspecto sobre el que tendremos que hablar, como el necesario desbloqueo
de los órganos constitucionales, fundamentalmente los de máxima relevancia, que son el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
El primer gran objetivo es la modernización, y ahí hemos pasado ya a los hechos, incluso antes de la comparecencia, señor ministro, con la creación y modificación de la estructura del propio ministerio con la creación de la Secretaría
General de Modernización y las dos direcciones generales que penden de ella. Ha desarrollado amplísimamente en qué consistiría y, por lo tanto, doy por reproducida la totalidad de su intervención, tan ambiciosa en este aspecto fundamental, con
coincidencia plena -cómo no- en la necesidad de que los jueces se dediquen a juzgar y a hacer ejecutar lo juzgado, y de las reformas procesales oportunas para dar la entidad que hay que dar a los secretarios judiciales como directores incluso del
propio procedimiento técnico procesal. Ha anunciado ya el desarrollo del secretario general en un real decreto inmediato. Ha mencionado -cómo no, imprescindible- el plan de transparencia judicial para hacer efectiva la Carta de derechos de los
ciudadanos ante la Administración de Justicia y la reforma de las no menos de veinte leyes procesales dirigidas a poner en marcha la oficina judicial en los términos que perfecta y amplísimamente ha desarrollado, insistiendo en la clara separación
de jueces y secretarios judiciales y en el resto del conjunto del personal al servicio de la Administración de Justicia. Ha mencionado con nueva terminología -que parece que es propia del señor ministro- los procedimientos sin contienda, que los
más decimonónicos, como el señor presidente de la Comisión, siempre hemos dicho de jurisdicción voluntaria en el sentido amplio. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Se refiere usted a la estética.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: A la estética, por supuesto. Aunque tengo que corregir que hoy la ha roto al suspender la Comisión con terminología ya del siglo XXI más que decimonónica.
El siguiente aspecto importante es la revisión de la Ley de Planta y Demarcación que encaja -luego haré una mención expresa al ámbito de justicia y comunidades autónomas- muy de lleno y en la que tienen que tener un protagonismo, no
exclusivo pero sí importante en su diseño, las comunidades autónomas, y es necesario el consenso para poderla llevar a cabo. En mi modesta opinión, o la hacemos pronto o, cuando las elecciones municipales estén más cercanas, será bastante más
complejo si queremos hacer algo que realmente valga la pena. Estamos de acuerdo, y es de lo más importante, a nuestro juicio, con la modernización de los registros civiles. Ha habido un esfuerzo sustancial, pero lo más importante es lo que ha
anunciado hoy el señor ministro -como no podía ser de otra forma- dando cumplida cuenta y dando cumplimiento -con fechas incluso- a la proposición no de ley aprobada por este Parlamento el pasado 3 de junio referente al registro de requisitorias,
sentencias no firmes -sobre todo en el ámbito penal- y medidas cautelares dentro del Registro Central de Penados y Rebeldes. No es un nuevo registro. No es tampoco -aunque guste decirlo para que lo escuche la gente- un registro de pederastas, sino
que es algo mucho más importante; también estarán los pederastas, pero van a estar todos los que cometan esa serie de delitos, lo cual es -insisto- mucho más importante. El registro on line es un auténtico reto del siglo XXI, señor presidente,
absolutamente del siglo XXI, y hay que conseguirlo en esta legislatura. La frase del vuelva usted mañana, que ha dicho el señor ministro, por la de no es necesario que usted venga, resume muy bien lo que va a ser la modernización de la
Administración de Justicia como auténtico servicio público. Millones y millones de movimientos de ciudadanos, certificados de nacimiento, de defunción o de matrimonio que las propias administraciones puedan evitar porque sea innecesario que los
ciudadanos tengan que acudir a las oficinas, es un reto importante. Los registros judiciales de violencia doméstica, de medidas cautelares y de penados y rebeldes también me parece destacable en este objetivo que ha comentado el señor ministro.
Esta parte de modernización,
que en aras de la brevedad y como lo ha desarrollado perfectamente el señor ministro voy a dar por concluida, es el primer gran objetivo de modernización de la Administración de Justicia, de acercar la justicia a los ciudadanos, y sin duda
deberá ir acompañada de recursos económicos paralelamente a la adopción de todas estas medidas. Es evidente, es imprescindible y es necesario.
Hay un tema que se ha tocado de manera importante, entre comillas, por su prioridad por varios de los portavoces, y es el aspecto relacionado con las comunidades autónomas. Como he partido de decir que el programa que el ministro ha
expuesto, además de completo, ilusionante y esperanzador, es abierto, no en vano si la frase más reiterada es la necesidad de diálogo para llegar a consensos, no podemos dar por cerrada ninguna postura. Por tanto, mi opinión, en nombre de mi grupo
parlamentario, hay que relativizarla porque es un tema de discusión y abierto. Pero sí puedo decir que hace escasas fechas, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista presentaron unos proyectos de ley orgánica que por caducar la
legislatura no llegaron a ser tramitados. Y no son literalmente, ni mucho menos, los que probablemente se presenten en esta legislatura, pero sí nos pueden dar nota para algún acercamiento a compromisos que son necesarios e ineludibles. Compromiso
necesario e ineludible es el acercamiento del sistema judicial a la organización territorial del Estado, después de treinta años de vigencia de la Constitución. Siempre sobra la expresión casi dentro del ámbito y el marco constitucional. El
acercamiento de la justicia al ámbito de las comunidades autónomas está recogido en el artículo 152 de la Constitución.
El señor PRESIDENTE: Lleva consumidos diez minutos, señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.
El artículo 152 de la Constitución dice que un tribunal superior de justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. Ahí va
el recurso de casación también. Yo creo que una primera aproximación podría situarse en que, en aplicación del 152 de la Constitución, las comunidades autónomas tendrán la última palabra en el recurso de casación, en todo caso cuando el derecho sea
de ámbito autonómico. Pero creo modestamente que nada impide hablar del conocimiento del recurso de casación por parte de los tribunales superiores de justicia en materia también de legislación estatal, siempre que existan las cautelas oportunas
cuando hablamos en esos ámbitos. ¿Y cuáles son las cautelas oportunas? Las mencionaba el señor Trillo. El artículo 149.5 de la Constitución y el artículo 122 de la Constitución en la reserva de materia de ley orgánica. Pero también está el 123
de la Constitución cuando habla del Tribunal Supremo como último garante, como máximo órgano en la interpretación del ordenamiento jurídico, salvo los aspectos constitucionales cuyas garantías constitucionales corresponden al Tribunal
Constitucional. Pero esto no es óbice para que los tribunales superiores de justicia puedan conocer de recursos de casación en materias de derecho estatal si hay garantías de que no se conculquen los otros principios constitucionales de los que
hemos hablado. Para eso hay cautelas, como es que el Tribunal Supremo pueda pronunciarse siempre que existan contradicciones entre sentencias de distintos tribunales superiores de Justicia, siempre que sean temas nuevos o, incluso, siempre que
pueda avocar el conocimiento de determinadas cuestiones. En definitiva, desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos absolutamente abiertos a explorar posibilidades que puedan permitir ese necesario y amplio consenso que nos lleve a esas líneas
de entendimiento entre lo que algunos demandan como máximo, lo que a algún otro le parece el mínimo que no se puede traspasar y lo que quizá sea un terreno de juego que de verdad, con buena fe y con respeto a los principios constitucionales, nos
pueda permitir llegar a un acuerdo tan necesario como imprescindible también en estas materias, aunque, lógicamente, no vayan a satisfacer al cien por ciento algunas de las aspiraciones. Por ejemplo, si entramos en el contenido de los aspectos del
papel que va a jugar la lengua cooficial que, efectivamente, en el ámbito de la Administración de Justicia está bastante más atrasado que en otros ámbitos de la Administración, algo hay que hacer. Aunque, como recordaba el portavoz don Jordi Jané,
ya en el Estatuto catalán llegamos a algún esfuerzo y a algún consenso al recoger, no como requisito excluyente sino como mérito determinante, el conocimiento de la lengua cooficial para prestar servicio en la Administración de Justicia en estas
comunidades autónomas. Aunque parezca de tono menor, no son solo estos los aspectos que hay que desarrollar, también hay que completar -y lo decía el señor ministro- el mapa de transferencias en medios personales y materiales, ya que quedan aún
seis comunidades autónomas que no los tienen transferidos y parece claro, en nuestra opinión, que ese servicio es más eficaz en la medida que se acerca más al ciudadano. No es un eslabón ni un tema definitivo pero sí sería muy interesante -y es el
objetivo que compartimos con el Gobierno- que en esta legislatura, más pronto que tarde, culminemos la transferencia de medios personales y materiales a las seis comunidades autónomas que restan.
Rapidísimamente, señor presidente, le adelanto que voy a consumir menos turno que don Federico Trillo.
El señor PRESIDENTE: No está obligado usted a empatar. (Risas.)
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Tengo que hacer mención a un par de aspectos más, de acuerdo con la necesaria elaboración de una nueva Ley de Enjuciamiento Criminal, sin poner sobre la mesa ninguna
condición excluyente ni imperativa para facilitar el intento de acuerdo porque será una ley difícil y laboriosa. Pero hay aspectos que podrían, incluso, no esperar a la elaboración de una nueva ley procesal penal para darles solución como,
por ejemplo, la doble instancia en el ámbito penal y el recurso de casación del que hablábamos antes. Aquí está también incluida -voy dando pinceladas- la necesaria reforma del Código Penal, que hemos podido comprobar también que recoge el acuerdo
de la Cámara de la proposición de ley de Convergència i Unió junto con otra serie de aspectos, aunque, por lo que deducimos, no va a ser una auténtica gran reforma del Código Penal sino la adaptación a una serie de demandas que son casi ineludibles.
En cuanto a las reformas institucionales importantes que ha tocado el señor ministro de una manera muy extensa, estamos absolutamente de acuerdo en que la situación de bloqueo institucional en que se halla el Tribunal Constitucional y, sobre
todo, el Consejo General del Poder Judicial, no se sostiene y, con serenidad, habrá que decir entre todos -no decimos cuál es la fórmula aunque algo ha apuntado el señor ministro- que tenemos que llegar a algún acuerdo que haga imposible que se
reproduzca lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Creo que estoy siendo bastante claro, aunque sin ser concreto, sobre cuál tendría que ser la solución si estamos hablando de diálogo y de consenso. Pero evidentemente -y lo digo en el mismo tono
de diálogo que han utilizado el resto de portavoces, incluido el del Grupo Popular- lo que no puede sostenerse es que ese órgano, que efectivamente es político -claro que es político, por eso la terminología de administración de la Administración
que, aunque sea un poco extraña, la entendemos con facilidad-, se mantenga con la composición derivada de las elecciones de marzo del año 2000, en las que un partido político obtuvo la mayoría absoluta, cuando ha perdido dos elecciones con
posterioridad a esa composición. También estamos de acuerdo con la necesidad de renovar el Tribunal Constitucional, que está paralizado desde el mes de diciembre. Hay que renovarlo en las cinco plazas que se necesitan.
Estoy de acuerdo, señor ministro, con las menciones que ha hecho a la Abogacía del Estado, al sistema de acceso como tema abierto. No da tiempo a profundizar suficientemente, pero la música la compartimos totalmente porque no va en
deterioro del sistema de oposición pero sí complementa una seria de aspectos que, si llegamos a un acuerdo entre todos, podrían ser de interés. Es importantísimo el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional, sobre todo para potenciar
el espacio europeo de Libertad, Justicia y Seguridad, como bien ha dicho el señor ministro.
Quiero concluir como empecé, y es remarcando la necesidad y la importancia del consenso y del intento de acuerdo en aquello en que seamos capaces.
Considero que en lo que se refiere a la modernización de la Administración de Justicia y de
mejora del servicio público, más allá de aspectos ideológicos lógicos, se debería llegar a consensos. Aunque probablemente el punto de vista político de los distintos partidos políticos nos llevará a no poder confluir en acuerdos en determinadas
materias, hay un alto porcentaje, quizás no inferior al 90 por ciento, de las materias que realmente pueden mejorar la prestación del servicio público en las que nos podremos poner de acuerdo. Esa es la importancia, a mi juicio, de lo que yo he
percibido esta mañana, señor ministro. Un programa completo, ilusionante, amplísimo y una postura generalizada de todos los grupos de esta Cámara para decir que si es abierto, como es, vamos a dialogar y vamos a intentar llegar a un consenso que
nos permita hacer fructífera esta IX Legislatura que, entre otras cosas, tiene que ser la legislatura de la justicia.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún diputado o diputada de los que no hayan sido portavoces quiere formular alguna pregunta escueta? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señor presidente, señorías, en primer lugar, quiero agradecer la atención que han tenido a bien prestarme, y el tono de las intervenciones, que creo que nos sitúan en el cuadro adecuado
para iniciar esta andadura -insisto- apasionante e ilusionante de reforma de la Administración de Justicia. Esa misma actitud es la que mi equipo y yo tenemos para construir juntos ese edificio que la justicia de este país necesita.
Me van a permitir que responda brevemente a cada una de las intervenciones, agrupando en ocasiones los temas que han sido objeto de tratamiento por varios portavoces.
La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto ha hecho precisiones interesantes en torno a la posibilidad de declarar la imprescriptibilidad de determinados delitos de terrorismo, en torno a la competencia de la Corte Penal Internacional, en
torno a la posibilidad de utilización del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local. Empezando por este último, creo que la señora portavoz comprenderá que el Gobierno utiliza con prontitud todos aquellos mecanismos que conducen a la lucha
antiterrorista. Lo hace de acuerdo con un principio de orden, en el que se tiene en cuenta la especificidad de las normas. El ámbito penal está actuando con mucha contundencia y la Ley de Partidos Políticos está siendo utilizada. Hay que tener
una enorme prudencia a la hora de solapar mecanismos. En estos momentos, la sala del 61 está, como saben muy bien, conociendo de un proceso de ilegalización, todos los resortes están encendidos, y en cada momento cada uno de esos resortes puede
llegar a ser utilizado con mucho cuidado de no solapar aquello que luego puede ser objeto de un análisis enormemente dificultoso en sede constitucional y en Estrasburgo. Los momentos en que analicemos la reforma del Código Penal serán momentos para
examinar la prescripción. He dicho que es uno de los temas que va a ser objeto de estudio y allí encontraremos el marco.
Como será el marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde vamos a establecer los límites de la jurisdicción española que, sobre todo cuando se trata del ejercicio de la jurisdicción universal, plantea hoy problemas por todos conocidos.
Comparto con la señora portavoz la idea de una justicia independiente, quizás mucho más de lo que la señora portavoz piense. Yo tampoco quiero cuotas, quiero pluralismo, que creo que es una buena medicina para evitar la polarización en esas
instituciones. Entre todos seremos capaces de hacerlo y a ello les convoco.
Es una necesidad -estoy de acuerdo con la portavoz- evitar la situación de retraso crónico de la Administración de Justicia. Ya sé que alguien pensará que es semántica, pero no lo es. Yo no participo de la idea de que exista caos ni
colapso. Existe, y ya es bastante, una situación endémica de retraso que es lo que hay que combatir; a ello nos hemos puesto y por eso he hablado hoy sobre todo de gestión modernizadora. No se podría ni imaginar la cifra de 63.000 presos en este
momento en las cárceles españolas si efectivamente hubiera caos, colapso y la ejecución estuviera paralizada. No lo está y, como ya se le ha dicho, el consejo nos dice que hay en trámite 269.000 ejecutorias en conjunto. Lo dice el consejo y es el
dato que tenemos porque es quien administra hoy la estadística y es su competencia.
Creo que tenemos un gran reto en materia de informatización y, efectivamente, prevemos un sistema informático integrador, con diversos niveles de integración y con diversos niveles de acceso a los distintos operadores, sean jurídicos
policiales, etcétera, como no podía ser de otro modo puesto que estamos hablando de acceso a datos sensibles que tienen que tener esos diferentes niveles de acceso. El ejemplo del registro de medidas cautelares requisitorias y sentencias no firmes
es bien expresivo de dónde están los ámbitos en que la integración se puede verificar, y se puede verificar del modo en que es factible y útil hacerlo. Otros niveles de integración serán objeto de nuestra atención, pero siempre con la vista puesta
en la funcionalidad del sistema, de lo que estamos especialmente necesitados.
Señor Ridao, muchas gracias por el tono que utiliza, muchas gracias por el apoyo que anuncia; apoyo recíproco, puesto que nos tendremos que apoyar, y esto vale para todos los grupos y para el Gobierno. Creo que es una labor conjunta la que
debemos afrontar. Las diferencias que ya se ponen de manifiesto en materia de casación, de consejos e incluso en materia de lengua es evidente que son suficientemente expresivas del esfuerzo que vamos a tener que hacer. Por el Gobierno no va a
quedar. Vamos a intentar hacer ese enorme esfuerzo para dotarnos de un sistema unificador suficientemente afinado, el que corresponde a un país que no se puede permitir el lujo de tener un Tribunal Supremo con casi cien magistrados.
Un
estadounidense de viaje por España preguntó cómo es el sistema de casación español, el sistema del Tribunal Supremo, y alguien le dijo: España es un país pequeño con un Tribunal Supremo demasiado grande; Estados Unidos es un país grande con un
Tribunal Supremo muy pequeño. Lo entendió muy bien aunque no conocerá nunca los verdaderos detalles, esos detalles que hacen que debamos esforzarnos en meter cordura a la casación para que la casación lo sea. Porque el problema que tenemos hoy es
también de definición. Tenemos una casación en el Tribunal Supremo que en algunas jurisdicciones se parece mucho a una tercera instancia. Este es un tema que ha llevado a una situación de colapso, del que será difícil salir si no tomamos
decisiones. Me parece que el esfuerzo deberá ser grande para llegar a un entendimiento de esa necesidad de compaginar la cualidad de vértice de la pirámide de los tribunales superiores de Justicia en el ámbito autonómico con la cualidad de máximo
unificador del derecho del Tribunal Supremo. El esfuerzo -insisto- por nuestra parte no va a faltar, como tampoco en materia de consejos. Hay diversos modelos y es evidente que debemos intentar generar un órgano. Yo creo que diecisiete modelos de
consejo no sería ni siquiera razonable. Pensemos en un modelo de consejo autonómico que sea realmente útil y coadyuve a la Administración de Justicia. Pensemos en avanzar, en profundizar en el derecho que tiene todo ciudadano a expresarse en
cualquiera de las lenguas oficiales y que esto sea realidad lo antes posible.
Creo que no me he expresado bien cuando he hablado de lo que se ha llamado hasta ahora jurisdicción voluntaria; pido disculpas por ello. Yo lo denomino procedimiento sin contienda, porque creo que es a eso a lo que nos queremos referir
cuando hablamos de la vieja jurisdicción voluntaria, que en sí mismo implica una contradicción en los términos. Por eso, prefiero hablar de procedimiento sin contienda. Ya les dije -y lo repito ahora más claramente porque no me he hecho entender y
lo siento- que la ley de procedimiento sin contienda es una ley importante para esta legislatura, primero, porque va a dar un nivel de respuesta más rápido a muchas cosas, pero, sobre todo, porque con ella vamos a conseguir aclarar el ámbito de las
decisiones, ayudar a que el juez juzgue en el ámbito de la jurisdicción, que sea el que declare el derecho en lo que llamamos jurisdicción, descargándole de todas aquellas otras declaraciones que son pedidas a un órgano de la Administración de
Justicia sin que exista contienda entre partes. A eso me quería referir. Creo que deberemos afinar. Iremos dando vueltas a cómo evoluciona la ley y cuáles fueron los errores que cometimos en la legislatura pasada para que la cosa acabara como
acabó, e intentar que en esta ocasión haya un final feliz.
Muchas gracias, señor Ridao, por su actitud y muchas gracias por esa idea de colaboración que transmite. El Gobierno tendrá la misma actitud y entre todos intentaremos avanzar.
El señor Olabarría ha hecho hincapié en el tema de casación y también en el de consejos. Haremos un enorme esfuerzo. En el tema de lenguas, creo que la idea de factor determinante, del que hemos hablado en el Estatuto del ministerio
fiscal, es un camino que podremos
andar. Hay que andar caminos para intentar ir avanzando -insisto- en la profundización de ese derecho, que está en la Constitución, a utilizar cualquiera de las lenguas propias.
De nuevo debo haberme explicado francamente mal cuando he hablado del acceso a las carreras judicial, fiscal y del secretariado. Intentaré aclararlo. Subrayo que no hablo de suprimir el sistema de oposiciones, sino de generar otro sistema
que coadyuve a que esas plazas que quedan vacantes se puedan cubrir de otro modo. Estamos hablando de un sistema que es diferente al de oposiciones, que es perfectamente diferente y que, en vez de ser un puro sistema de selección de personas que se
forman por su cuenta, es un sistema de formación de personas que ingresan en el sistema desde el primer día. Estamos en trance de desarrollar la ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador, y necesitamos generar -estamos ya en ello- un
reglamento que regule esa cuestión. Las universidades tienen mucho que decir, los consejos de la Abogacía y de Procuradores tienen mucho que decir, los colegios tienen mucho que decir, y nosotros queremos ser el aglutinante de todo ello. Creo que
es una buena ocasión para plantearse en sede de universidad, y con intervención de otros factores, esos máster de unificación que pueden hacer que quien quiera hacer una carrera jurídica tenga que pasar por ese máster de gran nivel que le permita
luego acceder para su formación. A eso me refería, señor Trillo, cuando decía que se tendrán que examinar. ¡Claro que se tendrán que examinar! Si estamos hablando de una oposición estamos hablando de un modelo en el que quien se formó por su
cuenta es seleccionado y triunfa; ya nadie le discutirá -decía el señor Olabarría- que no puede ser suspendido. Es verdad, no se suspende a nadie o a casi, nadie. Ahora hablamos de otro modelo, el que se forma dentro de los centros y escuelas y,
por tanto, se examina, aprueba o suspende, y así durante un ciclo, primero de pura formación teórico-práctica, que puede durar no menos de tres años. Yo he hablado luego de otra cosa, de la entrada de un modelo MIR en el que se empieza a ejercer
jurisdicción, y eso significa que se empieza a trabajar como juez con jurisdicción limitada de primer nivel; un primer año tutelado al lado del juez del partido judicial, después en el propio partido judicial pero en esas otras poblaciones en las
que hoy no hay juzgado, y en segundo y tercer año, tutelados y controlados, pero ya en otro nivel. Al cabo de seis años podemos tener un juez de nivel total y se habrá formado de un modo que creo que estamos en condiciones de reconocer que tiene
mucho que ver con el mérito y la capacidad controlada. A esto me quería referir, y sin duda no lo expliqué bien. En todo caso, por ahí andamos en este momento en el grupo de trabajo que está buceando en las diversas posibilidades que barajamos.
Muchas gracias, señor Olabarría. Creo que coincidimos todos en la necesidad de despolitizar los órganos constitucionales y el órgano de gobierno de la Justicia. Creo que hay que evitar por todos los medios la polarización a la que hemos
asistido en el último tramo en este último Consejo. Esa polarización, a mi juicio, tiene origen, tiene causa. Los dos grandes partidos hicimos las cosas como las hicimos; a mí me gustaría que ahora las hiciéramos de otro modo, que el pluralismo
estuviera presente como factor de evitación de esa polarización de la que estamos hablando -si hay pluralismo es más complicado-; que se atendiera la existencia, dentro de las áreas de la justicia, de diversas sensibilidades que se expresan en
diversas asociaciones y en los que no se asocian; y creo que no estaría de más que respetáramos, a la hora de elegir, todas esas sensibilidades y, desde luego, que tuviéramos claro que deberíamos elegir a los mejores, a gente de mucho nivel. Me
parece que en eso vamos a estar de acuerdo. Tendremos que hacer un enorme esfuerzo, y yo estoy dispuesto a hacerlo en la parte que a mí me toque, puesto que esto es algo que obviamente está en sede parlamentaria y aquí es donde se tiene que
resolver. En todo caso, las esencias me parece que son compartidas. No nos podemos permitir el lujo de seguir consintiendo que emanen sensaciones o que se pueda percibir que existe ese grado de politización en estos órganos; no creo.
Me va a permitir que disienta de la valoración que hace el señor relator de Naciones Unidas, Martin Schelling, con el que tuve ocasión de despachar. Tengo que disentir, respetando profundamente las opiniones que él me manifestó; yo también
le manifesté las mías. Comprendo que pueda evaluar que la tipificación de la colaboración con banda armada pueda traspasar determinados límites. Yo no comparto esa opinión. Creo que el Estado de derecho conoce las formas de anticipación de la
respuesta penal, y las conoce incluso en temas no tan graves como el terrorismo. Lo podemos discutir, hay mucho escrito sobre eso y no seré yo quien traiga aquí ese debate, pero sí quería mostrarle mi posición. Que quede claro que en la larga
conversación mantenida con el señor Martin Schelling no estuve en absoluto de acuerdo en ese planteamiento suyo, no lo estuve. Sí creo que podemos avanzar, cuando la Ley de Enjuiciamiento Criminal camine, en el afinamiento de los mecanismos para
que la incomunicación sea lo que tiene que ser: un mecanismo al servicio del aseguramiento de la prueba, de la pureza de la prueba, de la evitación de impunidad. Ahora bien, que no sea para otra cosa. Y creo que también estaremos de acuerdo en
que la incomunicación es un método perfectamente homologable en términos de respeto a los derechos humanos, pero seguramente habrá cosas que tengamos que hacer cuando discutamos la ley para afinar más en lo que todos, estoy seguro, compartimos, y es
que las cosas sirvan para lo que están pensadas, no para otra cosa.
En definitiva, señor Olabarría, gracias. Seguiremos en este diálogo constructivo en el que yo quiero estar en el conjunto de la legislatura, no porque yo quiera, sino porque es la única herramienta con la que vamos a contar aquí para llegar
a buen puerto, y creo que todos queremos llegar a buen puerto.
Señor Jané, de Convergència i Unió, ya llevamos mucho tiempo navegando, a veces en la misma dirección y otras no tanto, pero de ese navegar han surgido siempre cosas buenas, gran entendimiento. Le agradezco enormemente ese apoyo, esa oferta
de diálogo y de consenso. No vamos a fallar. Tendremos que esforzarnos mucho para caminar en búsqueda de soluciones en casación, en consejos, en lengua, pero lo haremos y seremos capaces de avanzar en ese camino. Creo que quedó claro que iba a
haber ese registro de pederastas que le preocupaba; lo habrá porque la Cámara lo ha pedido y creo que debe a ser así. Le aclaro también, aunque ya lo he dicho, que no se trata de suprimir el sistema de oposiciones, que es lo que es. Podremos
matizar programas o hacer que sea más racional algo, no sé qué, pero es el sistema de oposiciones. Cuando hablamos de otro modo de acceso, hablamos de otro modo de acceso que yo espero haber sido capaz de explicar. Le agradezco enormemente esa
promesa de diálogo y de consenso en los que nos vamos a encontrar sin duda, como le agradezco al señor Trillo, del Grupo Popular, esa reiteración de términos como entendimiento, pacto, consenso, que en definitiva sintetizan bien el tono y el talante
con los que comparecemos aquí.
Estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Popular en que tenemos un referente muy claro a la hora de caminar juntos. Es la Constitución el gran camino o el gran referente para saber por dónde andamos. Es bueno que lo tengamos ahí y que
seamos capaces luego de navegar bien por las aguas de la interpretación porque todos sabemos que el texto, a veces suficientemente ambiguo como para que convivamos, permite muchas interpretaciones. De nuestro esfuerzo por entendernos seguramente
saldrá la luz. Estoy seguro de que por nosotros no va a quedar. Le agradezco especialmente su promesa de apoyo para esa discusión de presupuestos cuando llegue. Toda ayuda será poca, como bien sabe el señor Trillo. Le quiero matizar que andamos
ya con casi el uno por ciento, un poquito por encima del presupuesto; no está mal pero no está bien. Efectivamente, el 2 por ciento está mucho mejor y debemos caminar hacia esa meta si realmente queremos encontrar las fuentes de financiación que
nos van a hacer falta. Es verdad que por la línea de innovación del Plan Avanza vamos a obtener un apoyo muy importante, y será probablemente en materia de modernización donde encontremos el grueso de lo que necesitamos, pero aquí nada sobrará. El
futuro está ya muy cerca. Les agradezco enormemente esa actitud, que es la mía, de entendimiento.
Muchas gracias al portavoz del Grupo Socialista por el apoyo. Tenemos ese gran camino que andar, insisto en que podemos hacerlo. Hay enorme ilusión y pasión, por tanto juntos podemos.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señorías, juntos podemos y efectivamente se levanta la sesión.
Muchas gracias.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.