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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 44, de 19/06/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 44
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR
Sesión núm. 2 elebrada el jueves 19 de junio de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la Mesa de la Comisión en su reunión de 4 de junio de 2008... (Página 2)
Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de ésta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de
expediente 042/000001.)... (Página 2)
Comparecencia de la señora ministra de Administraciones Públicas (Salgado Méndez), para informar sobre:
- Las medidas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000017.)... (Página 3)
Las medidas políticas que adoptará como responsable de su ministerio. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000013.)... (Página 3)
- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000030.)...
(Página 3)
- Los objetivos y programa de trabajo del ministerio durante la presente legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000055.)... (Página 3)
- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000081.)... (Página 3)
- La posible incompatibilidad del nombramiento de don David Taguas Coejo como presidente de la Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (Seopan), inmediatamente después de haber ocupado el cargo de director de la Oficina
Económica del Presidente del Gobierno y miembro de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, atendiendo a la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos
de la Administración General del Estado. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 213/000066.)... (Página 37)
- El régimen de incompatibilidades del ex responsable de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000067.)... (Página
37)
- El nombramiento del ex director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, el señor David Taguas, como miembro de la patronal de las grandes constructoras Seopan. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 213/000069.)... (Página 37)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DE 4 DE JUNIO DE 2008.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, señoras y señores diputados, bienvenidos a esta primera sesión formal, después de la constitutiva, de la Comisión de Administraciones Públicas de este Congreso de los Diputados. En reunión de Mesa y
portavoces de esta Comisión de Administraciones Públicas celebrada el pasado 4 de junio se adoptaron algunos acuerdos con carácter previo a los cuales es preciso que, en este momento y por asentimiento, lo primero que procedamos a hacer sea la
ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la Mesa en esa reunión del 4 de junio, que son las comparecencias que hoy vamos a sustanciar en este acto parlamentario. ¿Se ratifica por asentimiento? (Asentimiento.) Entiendo que
por asentimiento mostramos esta conformidad a la celebración de estas comparecencias.
DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ÉSTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de
expediente 042/000001.)
El señor PRESIDENTE: Inmediatamente, con posterioridad, procede formalizar la delegación en la Mesa de esta Comisión de las facultades reguladas en el artículo 44 del Reglamento del Congreso. Es la delegación que se corresponde en
idénticos términos con los establecidos en la pasada legislatura, de conformidad con la resolución de la Presidencia del Congreso, que contempla la delegación de las facultades de la Comisión para la ordenación de los trabajos en la Mesa, de modo
que el rechazo de solicitudes de comparecencia exija el acuerdo unánime de los miembros de la Mesa, quedando avocada por la Comisión la facultad de decidir en todo
caso contrario. ¿Queda delegada por asentimiento? (Asentimiento.) Entiendo que también por asentimiento, se produce esta delegación de facultades en la Mesa de la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, que
queda, por tanto, como título habilitante para obrar así en lo sucesivo.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (SALGADO MÉNDEZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS MEDIDAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000017.)
- LAS MEDIDAS POLÍTICAS QUE ADOPTARÁ COMO RESPONSABLE DE SU MINISTERIO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000013.)
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000030.)
- LOS OBJETIVOS Y PROGRAMA DE TRABAJO DEL MINISTERIO DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000055.)
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000081.)
El señor PRESIDENTE: Y como siguiente trámite, lo que procede es la sustanciación de los puntos contemplados en el orden del día, el primero de los cuales es la comparecencia de la ministra de Administraciones Públicas para explicar las
líneas de política general de su departamento.
Esa comparecencia, primer punto en el orden del día de esta reunión de la Comisión, acumula las solicitudes de comparecencia numeradas 214/000017, a petición propia de la ministra de Administraciones
Públicas; 213/000013, del Grupo Parlamentario Popular; 213/000030, del Grupo Parlamentario Socialista; 213/000055, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y 213/000081 del Grupo Parlamentario Mixto.
Dada la naturaleza singular de esta primera comparecencia de la ministra para explicar las líneas generales de la política que va a llevar a cabo en su departamento, se acordó en la reunión de la Mesa y portavoces celebrada el 4 de junio, un
orden especial de intervenciones, de acuerdo con los siguientes términos: En primer lugar intervendrá para exponer las líneas de política general de su departamento la señora ministra. En segundo lugar intervendrá el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.
Seguidamente lo hará la representación del Grupo Parlamentario Mixto. Con posterioridad, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, finalizando este orden de intervenciones el Grupo Parlamentario Socialista.
Responderá a esas intervenciones la señora ministra y podrá habilitarse con posterioridad un segundo turno de
réplica de tres minutos, en principio, para que pueda cerrar la compareciente, la señora ministra.
Este orden de intervenciones ha sido establecido con carácter especial para esta primera comparecencia, sin perjuicio del orden de intervenciones acordado como criterio general para las sustanciaciones de las comparecencias solicitadas ante
esta Comisión y que sería, subrayo de nuevo, con carácter general, el siguiente: primero intervendría la compareciente, después intervendrían los grupos parlamentarios firmantes de las solicitudes de comparecencia en orden inverso a su importancia
numérica en la Cámara, comenzando por el Grupo Mixto, es decir, de menor a mayor; con posterioridad intervendrían los restantes grupos parlamentarios que no hubiesen solicitado la comparecencia en orden inverso a su importancia numérica, es decir,
de menor a mayor, cerrando siempre el o la compareciente. De manera que, de acuerdo con este criterio singular que antes expuse, vamos a sustanciar el primer punto del orden del día, que es la comparecencia de la señora ministra para exponer las
líneas generales de su departamento en esta legislatura.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Salgado Méndez): Señor presidente, en primer lugar quisiera expresar mi satisfacción por comparecer ante SS.SS. en esta IX Legislatura para explicar y debatir con ustedes las líneas
generales de la política de mi departamento. Quiero comenzar agradeciendo su presencia aquí y agradecer también el trabajo de quienes reflejan lo que aquí se dice, una tarea que no por callada es menos importante, así que muchas gracias por su
dedicación.
Antes de entrar en materia me van a permitir que exprese mi agradecimiento por su generosidad en la fijación temporal de esta comparecencia. Ello me ha permitido tener mi primera comparecencia en el Senado en el día de ayer, y he querido
hacerlo así dada la especial naturaleza de la Cámara alta como Cámara territorial.
Señorías, en mi anterior comparecencia, cuando tomé posesión en la anterior legislatura de mi cargo como ministra de Administraciones Públicas, en el mes de septiembre del año 2007, ya les puse de relieve la apuesta del Gobierno socialista
por lo público y por las personas,
al ser éstas las destinatarias de nuestra acción política. Esa apuesta nos llevó a desarrollar en la anterior legislatura un conjunto de reformas para hacer una Administración mejor al servicio de los ciudadanos, una Administración más
moderna y más eficaz, capaz de adaptarse a los cambios y prestadora de servicios públicos de calidad, con eficacia y eficiencia.
Para llevar a cabo esa tarea, en la anterior legislatura abordamos un proceso de reformas legislativas importantes con
tres pilares básicos: organización, personas y funcionamiento de la Administración, y así aprobamos, con su concurso, leyes de gran calado como la Ley de agencias estatales, el Estatuto básico de los empleados públicos o la Ley de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Son leyes que reconocen nuevos derechos, como relacionarse electrónicamente con las administraciones, leyes que introducen conceptos nuevos como el cumplimiento de objetivos o el directivo
público, y leyes con nuevas herramientas como la Ley de agencias estatales, que dotan de mayor flexibilidad a la gestión.
La anterior legislatura se caracterizó así por un impulso reformista que los ciudadanos han considerado positivo puesto que nos han vuelto a ratificar con su voto. Pero es un impulso que evidentemente necesita continuidad y por eso en esta
legislatura queremos dar un nuevo impulso, desde la continuidad, para abordar con garantías de éxito los retos que tenemos como Gobierno y como país. Es evidente que en este nuevo impulso las administraciones tienen un papel muy importante que
jugar. Un país eficiente necesita una administración eficiente y el proceso de reformas abordado en la anterior legislatura ha sentado las bases para un cambio de cultura en el que nuestra Administración está inmersa. Ahora les voy a plantear
algunos elementos que, a medio plazo, van a incidir en ese cambio de cultura hacia una cultura de la eficiencia y que van a tener a empresas y ciudadanos como principales destinatarios, y me refiero a la aplicación completa de la Ley de
Administración Electrónica, a la trasposición de la Directiva de Servicios o al programa de reducción de cargas administrativas. Como SS.SS. conocen, la Ley de acceso electrónico obliga a que todos los servicios de las Administraciones Públicas
sean accesibles por vía electrónica antes de que finalice el año 2009. Esta previsión impone cambios sustantivos en los procedimientos administrativos, como también lo hará la trasposición de la Directiva de Servicios que va a suponer un cambio
profundo en el modo de entender la relación entre Administración y ciudadanos y empresas.
Por su parte el proyecto de reducción de cargas administrativas tiene como objetivo aliviar el esfuerzo que realizan las empresas en sus trámites con las administraciones públicas, un esfuerzo de comunicación, un esfuerzo de información,
porque a ello se refiere la definición de carga administrativa consolidada en la Unión Europea. Estos cambios señalan los objetivos que nos vamos a marcar: por un lado conseguir que las administraciones faciliten la vida de los ciudadanos; y por
otro, conseguir que las administraciones públicas contribuyan en mayor medida a la productividad y a la competitividad de nuestra economía. Por eso necesitamos administraciones eficientes, y esa es nuestra primera tarea: mejorar la eficiencia de
la Administración.
Los proyectos que van a hacer posible alcanzar ese doble objetivo hacia los ciudadanos y hacia las empresas se pueden englobar en tres ejes: hacer una administración abierta, reducir las cargas administrativas a los ciudadanos y a las
empresas y adecuar procesos y estructuras administrativas a las nuevas realidades. Cuando hablo de hacer una administración abierta me refiero, por supuesto, a hacer una administración más accesible y más transparente en su concepción y en sus
tareas diarias; una administración disponible 24 horas al día, 365 días al año y accesible desde todos los lugares. Para ello, evidentemente, la tecnología juega un papel crucial y, en concreto, lo que se refiere al desarrollo de la Ley de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Me permitirán en este punto un breve comentario para darles nota del reconocimiento internacional sobre lo que ya se ha avanzado en este tema.
España ocupa en este momento el puesto número 9 de 31 países, según el último estudio de la
Comisión Europea sobre servicios electrónicos de las administraciones públicas. Esto, desde luego, nos muestra la senda en la que hay que seguir profundizando, de acuerdo con una hoja de ruta que quedó recogida en el plan que aprobó el Consejo de
Ministros el pasado mes de diciembre y que ya estamos ejecutando. En este sentido, desarrollaremos la ley regulando aspectos como que todos los empleados públicos dispongan de firma electrónica o la implantación de sedes electrónicas de
departamentos y organismos o sistemas de archivo y copia electrónica con valor legal o la creación del defensor del usuario de la administración electrónica. Vamos a fortalecer las infraestructuras físicas de comunicación electrónica y servicios
comunes ya implantados para su uso por todas las administraciones públicas y vamos a continuar con la extensión y la ampliación de capacidad de la red de comunicaciones SARA, no solo en el sentido de ampliar su capacidad, que ya llega en la parte
troncal hasta un gigabit, sino también para que además de ministerios y comunidades autónomas estén conectadas con esta red SARA todas las entidades locales. También vamos a extender los actuales servicios comunes de validación de certificados
digitales, firma electrónica y datos de identidad y residencia al resto de informaciones necesarias para que no se tenga que solicitar a ningún ciudadano información que ya obra en poder de las administraciones. Con ese objetivo de alcanzar esta
administración abierta, vamos a ampliar funciones y capacidades de la Red 060, en concreto vamos a incorporar los servicios electrónicos con que cuenta la Administración General del Estado, las comunidades, ayuntamientos y diputaciones; en este
momento ya hay 497 servicios incorporados y cada semana se incorporan
algunos más. También vamos a mejorar la accesibilidad de esos servicios insistiendo en el uso de todas las lenguas oficiales de España en todas las administraciones. Vamos a ampliar los servicios que se prestan a través del teléfono 060
que van a informar de la situación de trámites concretos, respetando siempre, por supuesto, la Ley de protección de datos y vamos a adelantar la propia tramitación de los asuntos en el momento en el que se incorporen a todos ellos servicios de cita
previa.
También vamos a crear el 060 empresas, una red de centros de atención para la creación de empresas y el desarrollo de actividades de servicios.
Esta red va a formar parte de la red de ventanillas únicas y es también un elemento esencial en
la implantación de la Directiva de Servicios. Las oficinas 060 van a estar completamente interconectadas entre sí, pero también con oficinas de información similares que pudieran existir en otras administraciones, con el objetivo de que al final de
la legislatura tengamos una red de más de 3.000 oficinas de distintas administraciones conectadas en tiempo real, cooperando entre sí, compartiendo informaciones y actuaciones. En esa administración abierta que deseamos vamos a avanzar en la
implantación de la carpeta del ciudadano. Con ella, desde un único punto cada ciudadano o cada empresa podrá conocer la información más relevante que la Administración General del Estado posee sobre sus relaciones con la Administración y podrá
consultar el estado de tramitación de sus procedimientos.
Señorías, el fin último de todas estas reformas es el aumento de la eficacia en la labor prestadora de la Administración General del Estado.
Pretendemos ganar en eficacia y también en eficiencia para que la Administración sea capaz de
alcanzar los objetivos asignados de manera eficiente, es decir, con el menor coste posible para sí misma, para los ciudadanos y para las empresas. La reducción de cargas administrativas a las empresas va también en esa línea y va a influir de
manera positiva en la productividad y la competitividad de nuestra economía. Como saben SS.SS., el Consejo Europeo de primavera de 2007 decidió convertir esta reducción de cargas administrativas en una de las líneas de acción prioritaria de la
política económica europea. Entiende el Consejo Europeo -de los datos que tiene- que la reducción de cargas administrativas que puede llevarse a cabo en el periodo comprendido hasta 2012 supondrá un crecimiento adicional de algo más de un punto del
PIB europeo; y en el caso de España la cifra es similar. Por lo tanto, el Consejo Europeo adoptó el compromiso de reducir un 25 por ciento las cargas administrativas para el año 2012. Con ese compromiso y con el programa de acción de la Comisión
Europea que aprobaron todos los Estados miembros, los Estados debían establecer medidas equivalentes en sus legislaciones nacionales. En España la respuesta ha sido un plan de acción para la reducción de las cargas administrativas elaborado y
aprobado por un grupo de alto nivel que tengo el honor de presidir. Para la elaboración de este plan hemos contado con la participación no solo de las administraciones sino también de entidades empresariales como son la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, la Cepyme, y también la Confederación de Cámaras de Comercio. En el caso español, creemos que podemos y debemos ser más ambiciosos que el mencionado plan y hemos elevado ese 25 por ciento impuesto por la Comisión
Europea hasta un 30 por ciento, entendiendo que toda esta reducción llevará asociado un crecimiento económico adicional. Las gestiones administrativas que tienen que desarrollar las empresas y los ciudadanos se refieren no solo a la creación sino
al funcionamiento de la empresa y, por supuesto, también, a la fase de su liquidación. También influye en la actividad profesional de trabajadores autónomos y nos va a servir para identificar y eliminar cargas administrativas redundantes y suprimir
trámites que puedan ser simplificados. No se trata, por tanto, únicamente, de hacer que los trámites puedan realizarse por medios telemáticos; se trata también de suprimir todos aquellos trámites que no sean imprescindibles.
El plan contempla iniciativas para la mejora de la nueva regulación, es decir, de las normas que se aprueben a partir de ahora, de tal suerte que a partir de enero del año 2009 las normas que se sometan a la consideración del Consejo de
Ministros deberán llevar incorporado en su tramitación un informe que valore el impacto de su aprobación en lo que se refiere a las cargas administrativas. El plan, por supuesto, prevé canales de colaboración estrecha con comunidades autónomas y
entidades locales. No podía ser de otra manera, puesto que las cargas administrativas a las que las empresas se refieren no residen únicamente en la Administración General del Estado sino, por supuesto, en las administraciones territoriales. Por
eso, estamos elaborando un convenio marco para poder ofrecer a comunidades autónomas y ayuntamientos toda la colaboración para que puedan, en el ámbito de sus competencias, desarrollar también un plan que nos permita alcanzar este objetivo europeo.
En este sentido ya les adelanto que el próximo viernes el Consejo de Ministros va a aprobar un acuerdo específico de desarrollo de este plan en el que se dan los primeros pasos de este proyecto, estableciendo la metodología que vamos a seguir que es
exactamente la metodología de coste estándar asumida por la Unión Europea y, también, las acciones iniciales con el desarrollo de un primer proyecto piloto.
El tercer eje, del que les hablaba al inicio de esta comparecencia, trata de llevar a cabo una adecuación de estructuras administrativas y también de procesos a las nuevas realidades sociales y políticas. El objetivo es ganar en eficiencia
en la acción política y en las nuevas políticas para hacer frente a fenómenos cada vez más complejos: el caso de la internacionalización de nuestra economía, las nuevas realidades supranacionales, la importancia de la Unión Europea, el fenómeno de
la inmigración o la extensión de la sociedad de la información. Fenómenos y realidades que no tienen un reflejo
adecuado en las leyes vigentes, que en algún caso han manifestado su disfuncionalidad. Nos proponemos recoger estas respuestas en la modificación de la Ley del Gobierno y de la Ley de organización y funcionamiento de la Administración
General del Estado. Son dos leyes en las que buena parte de su articulado es perfectamente válida para esta nueva situación del contexto mundial, con estos nuevos retos que les he señalado, pero que necesitan algunos cambios y ajustes con los
siguientes objetivos. En primer lugar, reforzar la capacidad de dirección estratégica del Gobierno. Segundo, dotar a la organización de gobierno de una mayor capacidad de adaptación a un entorno cambiante. Tercero, intensificar la coordinación de
las actividades del conjunto del sector público estatal en el territorio. Cuarto, clarificar las estructuras administrativas y dotarlas de instrumentos que permitan su mejor adecuación a la realidad de la Administración General del Estado, y por
último mejorar los mecanismos de cooperación con las comunidades autónomas y los mecanismos de respuesta a lo que demanda la Unión Europea.
Vamos a modificar la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento común para dar respuesta al nuevo entorno en el que operan, un entorno que está marcado por la incorporación masiva de nuevas herramientas
tecnológicas, y por la intensidad de la relación de la Administración con los ciudadanos, las empresas y las instituciones que los representan. Como saben, ya algunos estatutos de autonomía, aprobados tras las recientes reformas, inciden en el
reconocimiento y concreción del derecho de los ciudadanos a una buena Administración, deudora de los principios constitucionales de eficacia y de eficiencia.
Desde esta perspectiva, la nueva ley va a girar en torno a varios ejes.
El primero, la
transparencia, que queremos que se configure como uno de los ejes de legitimación de la actividad administrativa. Se trata de superar los instrumentos tradicionales de audiencia o de alegaciones por una nueva perspectiva basada en la disponibilidad
de la información sobre la actividad administrativa, en la audiencia e información pública electrónicas, para facilitar su acceso, y en la capacidad de los ciudadanos para plantear sugerencias en el proceso de diseño de las políticas públicas.
Además de insistir en los medios de identificación de los responsables de procedimientos y servicios, que es algo que ya está en vigor, vamos a establecer procedimientos que nos permitan responder a la exigencia de identificación y
responsabilización de los empleados públicos en el marco de los servicios que van a prestarse, fundamentalmente por medios telemáticos, que van a tener herramientas comunes a varios órganos administrativos, a varios departamentos ministeriales o
incluso a más de una Administración pública. Entendemos que hay que definir nuevamente el concepto de responsabilidad adecuado a estas nuevas tecnologías. La ley también ha de tener como eje la simplicidad, la sencillez de los procedimientos,
requisito previo e indispensable para hacerlos automatizados.
Parece, por tanto, llegado el momento de introducir cambios en nuestra cultura administrativa, una cultura que continúa aferrada a controles previos en lo que se refiere a la actividad de los ciudadanos, de las empresas y de las
instituciones que los representan. Nuestra sociedad es democráticamente adulta y las administraciones públicas han de operar conforme a esa realidad. Debemos ir abandonando el discurso de la prevención administrativa y sustituirlo por el de la
confianza, una confianza por supuesto acompañada de mecanismos que garanticen la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, y el cumplimiento de las normas. En ese sentido, aunque ya la Ley de régimen jurídico vigente ha dado pasos importantes
para la disminución de la aplicación del silencio administrativo, creemos que debemos reforzar algunos instrumentos que nos permitan avanzar más en este terreno de superación de esa figura de silencio administrativo.
En esta línea de mejorar la organización administrativa se inscribe también el proyecto de continuar desarrollando la Ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, una ley que, como saben, supone la implantación de un
modelo organizativo dirigido a corregir determinadas rigideces, y basado en principios de autonomía de gestión, responsabilización por resultados, y control de eficacia en la actividad de los organismos públicos. En la pasada legislatura se
aprobaron los estatutos de siete agencias, y en este momento estamos analizando otros tantos proyectos que podrán, previsiblemente, ser aprobados en los próximos meses.
No quiero dejar de hacer una referencia, aunque sea breve, al papel que viene realizando la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios. En el tiempo que lleva funcionando ha desarrollado el programa de
trabajo de las siete evaluaciones que le encomendó el Consejo de Ministros, en marzo de 2007. En este año vamos a desarrollar una metodología mejorada para la realización de las evaluaciones, vamos a aumentar los espacios de cooperación y
participación territorial y sectorial, de manera que cooperativamente construyamos a medio plazo un sistema público de evaluación y, por supuesto, vamos a continuar proporcionando formación y asistencia técnica, especialmente en el ámbito de la
calidad, puesto que entendemos que debe integrarse como un aspecto básico de la gestión.
Para el año 2008 la agencia va a desarrollar nuevas evaluaciones y, entre ellas, quisiera destacarles las siguientes: la evaluación de las políticas del sistema de transferencia de tecnología a las empresas; la evaluación del sistema
general de becas; la evaluación de la participación de la Administración General del Estado en el Sistema para la autonomía personal y la atención a la dependencia; la evaluación del sistema de gestión colectiva de los derechos establecidos por la
política de propiedad intelectual; la evaluación de las políticas de
incentivos para la prolongación de la vida laboral. Estas son evaluaciones que ya hemos comprometido con la agencia y, por supuesto, a estas se añadirán algunas más en las próximas semanas. Además de eso, queremos que la agencia desarrolle
una labor de apoyo, en virtud de la cual, si se detectara un problema puntual o coyuntural en la prestación de un servicio, y en la prestación del mismo intervinieran distintos departamentos u organizaciones, la Agencia de Evaluación de las
Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios va a desarrollar una intervención rápida de evaluación, que permita en un plazo no superior a quince días detectar cuáles son los problemas y, por tanto, facilitar que se arbitren soluciones. Este
es un mecanismo que hemos puesto en práctica, no desde la agencia, sino desde el propio ministerio, para tratar de resolver las aglomeraciones de personas en los servicios de extranjería. Hemos hecho una evaluación rápida, hemos podido detectar los
problemas, y hemos sido capaces de arbitrar soluciones para que ahora ese servicio público se preste en muchas mejores condiciones.
Señorías, los empleados públicos, las personas que trabajan en las administraciones públicas son sin ninguna duda la columna vertebral de todo lo que en ella se hace. Por eso, un objetivo en esta legislatura es continuar con la senda
emprendida en el año 2004, a partir del acuerdo para el diálogo social en las administraciones públicas, un diálogo social en las administraciones públicas que entendemos que debe imbricarse en el marco del diálogo social que se ha abierto, al
inicio de esta legislatura, con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Desde el año 2004, en ese gran acuerdo con las administraciones públicas, hemos suscrito varios acuerdos con organizaciones sindicales. Quiero
aprovechar para reconocer su talante negociador, que nos ha permitido llegar a acuerdos en temas referidos a cuestiones retributivas, en temas de distribución de fondos, en planes de formación continua, en la reducción de la temporalidad, en la
promoción interna, en la oferta de empleo público o en las medidas de conciliación.
Por supuesto, el papel de las organizaciones sindicales más representativas también fue fundamental en la gestación del Estatuto básico del empleado público que,
como saben, ha recibido su apoyo entusiasta. Ahora propondré a las organizaciones sindicales un acuerdo que incluya los aspectos que deben ser regulados en la Ley de Función pública de la Administración General del Estado. Es una ley que deberá
permitir que los recursos humanos de la Administración General del Estado se adecuen a esa administración más cercana y más volcada en la solución de los problemas de los ciudadanos, y que podamos seguir avanzando en la profesionalización y en la
eficiencia. Algunas de las medidas más destacables que contendrá la nueva ley son la fijación de la nueva carrera profesional, vertical y horizontal, teniendo en cuenta experiencia y formación, lo que nos va a permitir ordenar y gestionar la
movilidad de los funcionarios, de acuerdo con las necesidades de las administraciones. Vamos a implantar también métodos de evaluación del rendimiento, una evaluación que va a afectar a la carrera profesional y por supuesto a las retribuciones.
Asimismo, vamos a insistir en la racionalización de cuerpos y escalas de funcionarios -seguimos teniendo 134 en la Administración General del Estado-, adecuando su número y sus funciones a las nuevas titulaciones académicas, a la transformación de
las competencias del Estado, y a las nuevas exigencias tecnológicas.
Vamos a abordar también la revisión del sistema retributivo, asociándolo a la carrera profesional y a los resultados de la evaluación del rendimiento. Y por supuesto, en este
marco de dedicación a los recursos humanos de la Administración General del Estado, vamos a considerar muy especialmente el personal directivo, sobre el que, tal como dice el Estatuto básico del empleado público, los órganos de gobierno del Estado y
las comunidades autónomas podrán establecer normas destinadas a garantizar su formación, su calidad profesional y su adecuación a las tareas que deben desarrollar.
Señorías, quisiera dedicar un apartado especial a la formación. La formación es una de las claves fundamentales para que el personal al servicio de la Administración alcance la capacitación y la excelencia en su labor. En este sentido, el
Instituto Nacional de Administración Pública es sin duda alguna la herramienta más importante con la que cuenta la Administración General del Estado para cumplir este objetivo.
Por eso tenemos reservado para este organismo una serie de proyectos de
importancia, que lo van a transformar en la referencia en formación de los empleados públicos, especialmente dentro de nuestro país, pero también en el entorno internacional, con una especial dedicación a aquellas zonas donde ya es tradicional la
cooperación en materia de formación de funcionarios. En ese sentido, vamos a potenciar la actuación del INAP como una escuela de formación de los directivos públicos de Iberoamérica. Vamos a fomentar la enseñanza por medios telemáticos, para poder
derivar a esta modalidad el mayor número de cursos posibles, y por tanto que sean accesibles al mayor número de personas, de empleados públicos, y esto a su vez nos va a facilitar la implantación completa de la Ley de Acceso Electrónico, al aunar en
la misma plataforma el aprendizaje y la práctica telemática. Para desarrollar todas estas tareas, el INAP va a acometer una transformación jurídica profunda, y voy a proponer que sea una agencia estatal. También va a mejorar Muface sus
procedimientos de gestión, y en este sentido pretendemos llevar a cabo en los próximos meses, por primera vez, técnicas concursales para que la Administración contrate los servicios de asistencia sanitaria al mejor precio. En este momento no hay
puestas en práctica actuaciones concursales, y simplemente se continúa con las entidades colaboradoras de años atrás.
Señorías, me quiero referir ahora a la política de cooperación territorial. Este año celebramos el 30.º aniversario de nuestra Constitución, y todos estaremos de acuerdo en que una parte importante del desarrollo
alcanzado por nuestro país ha sido posible gracias a nuestro modelo territorial, un modelo que se ha mostrado fructífero y que sin ninguna duda ha contribuido a superar nuestro retraso histórico en relación con otros países europeos, un
modelo este de nuestro Estado de las autonomías que está permitiendo reducir las diferencias entre territorios, con un reparto más equitativo de la riqueza y un desarrollo más igualitario.
Desde luego, esto no es casual, sino el resultado de la
suma de esfuerzos y de la acción conjunta del Gobierno de España y de los gobiernos de las comunidades autónomas, así como de los impulsos de actualización de nuestro modelo de Estado de las autonomías, impulsos como los que recientemente hemos
llevado a cabo, con los que no solo se profundiza en el reconocimiento de la pluralidad y el autogobierno, acercando la gestión a los ciudadanos, sino que también combinamos adecuadamente descentralización y cooperación. Es la forma de maximizar
esfuerzos y recursos en pro del interés general porque, señorías, ni el interés general es patrimonio exclusivo del Gobierno de España, ni los intereses propios de cada comunidad autónoma son indiferentes al interés general o a otros intereses
autonómicos. Por eso, el avance de todos, el avance del país necesita la actuación coordinada de todos. Por eso, nuestro objetivo y nuestro reto como país es garantizar el máximo nivel de eficacia en el funcionamiento de nuestro Estado autonómico;
y para que sea eficaz, los mecanismos de cooperación deben funcionar adecuadamente. Por eso, es nuestro propósito en esta legislatura continuar potenciando los principales instrumentos de cooperación entre Estado y comunidades autónomas; entre
ellos, por supuesto, Conferencia de Presidentes y conferencias sectoriales.
La Conferencia de Presidentes va a recibir un nuevo impulso. Entendemos que es un excelente foro de diálogo y de acuerdo, al máximo nivel político, y que por tanto puede y debe ser el más eficaz instrumento de cooperación. Vamos a dar un
impulso con la celebración de varias conferencias de presidentes para tratar asuntos como la mejora de nuestro sistema educativo, la política ambiental y el cambio climático, o la mejora de medidas de apoyo a las víctimas de la violencia de género.
Y, por supuesto, vamos a dotar a este instrumento de un reglamento interno de funcionamiento, que voy a comenzar a tratar con los presidentes de las comunidades autónomas.
Respecto a las conferencias sectoriales, se desprende del análisis de su funcionamiento que han sido unos instrumentos fundamentales de colaboración, pero también que tienen aspectos que creemos que son susceptibles de mejorar, como adecuar
el ritmo de celebración de las reuniones en cada uno de los casos, una mejora en relación con su composición o una práctica funcional, en cuanto a las normas que rigen el funcionamiento de cada conferencia sectorial. Por tanto, en colaboración con
las comunidades autónomas vamos a mejorar todos estos aspectos. Y, por supuesto, vamos a desarrollar los instrumentos de cooperación bilateral que prevén los estatutos de autonomía de nueva generación. Ya se han constituido los órganos de
cooperación bilateral previstos en los nuevos Estatutos de Cataluña, de Andalucía y de Aragón, y el próximo 10 de julio se va a constituir el de Castilla y León.
Vamos a impulsar especialmente las subcomisiones y los grupos de trabajo creados en el seno de estas comisiones bilaterales, tanto en el seguimiento normativo como en la prevención de la conflictividad o en las relaciones de colaboración, en
sentido estricto.
Un instrumento de colaboración que ha mostrado también su utilidad durante esta pasada legislatura han sido los convenios firmados entre el Gobierno de España, los distintos ministerios y las comunidades autónomas. Para que se hagan una
idea de la importancia de este instrumento de colaboración les diré que, en la pasada legislatura, el número total de convenios y acuerdos entre el Estado y las comunidades autónomas ha sido de 5.108, con una transferencia a las comunidades
autónomas de más de 22.000 millones de euros, que quiero recordar no siempre se contabilizan en los sistemas de financiación de las comunidades autónomas, sino que son la suma de estos 5.108 convenios de colaboración que se han firmado.
Otra parte importante en esas bases sentadas de la actualización y mejora de nuestro modelo de Estado de las autonomías lo constituyen las reformas estatutarias. Como saben, el Gobierno ha manifestado su apoyo a todas las reformas
estatutarias que propongan las comunidades autónomas que respondan a lo previsto en la Constitución, al interés general, y que hayan sido respaldadas por un amplio consenso político. Hay actualmente ya seis estatutos de nueva generación -Cataluña,
Comunidad Valenciana, Andalucía, Illes Balears, Aragón y Castilla y León- que van a contribuir, sin duda, a mejorar el bienestar de los ciudadanos de esas comunidades autónomas. En este momento -si me permiten decirlo-, superadas ciertas
turbulencias de la pasada legislatura, ese proceso de reformas estatutarias se ha afianzado y otras comunidades autónomas se van a sumar a esa reforma en esta legislatura.
En cuanto al desarrollo estatutario, en la pasada legislatura aprobamos 107 traspasos a la práctica totalidad de las comunidades autónomas, y vamos a seguir trabajando para avanzar en aquellos traspasos que tienen una importancia relevante
en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos. Me refiero, por ejemplo, a los traspasos de la Administración de Justicia, de los que todavía quedan algunas comunidades pendientes de recibir estas competencias.
Uno de los resultados más visibles de la mejora de la cooperación en la anterior legislatura ha sido, sin duda, la reducción de la conflictividad. Durante la VIII Legislatura, que ha terminado, ha sido una constante en la actuación del
Gobierno procurar la disminución de la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional, y para ello se ha venido actuando en dos direcciones: disminuir la conflictividad
pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional, mediante la consecución de acuerdos con las comunidades autónomas que permitiesen la retirada de las impugnaciones a través de desistimientos -y hemos alcanzado la cifra récord,
en una legislatura, de 109 desistimientos- y, por otra parte, queremos garantizar que todos los proyectos normativos se informen específicamente desde la perspectiva del estricto cumplimiento del orden constitucional de distribución de competencias,
y vamos asimismo a continuar promoviendo la utilización del mecanismo de conciliación, que prevé el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con carácter previo a la interposición de cualquier recurso de inconstitucionalidad.
Otro aspecto importante que vamos a seguir impulsando es el uso de las lenguas cooficiales en el ámbito de la Administración General del Estado.
La lengua forma parte de nuestro patrimonio y, además, nos enriquece.
Desde las instituciones
públicas queremos y debemos contribuir a normalizar el bilingüismo en nuestra sociedad, y a no permitir la discriminación de ninguna de nuestras lenguas oficiales, de manera que los ciudadanos tengan verdaderamente garantizado su derecho a elegir la
lengua en la que desean manifestarse. Por eso, a través del Consejo y la Oficina de Lenguas Oficiales, que se han constituido recientemente, vamos a dar cumplimiento al mandato legal de garantizar, antes del 31 de diciembre de 2009, el uso de todas
las lenguas oficiales del Estado en las relaciones, por medios electrónicos, de los ciudadanos con las administraciones públicas. Estamos avanzando mucho en ese sentido.
Nosotros de manera permanente examinamos las páginas web de los distintos
ministerios y, por tanto, estamos en un proceso de mejora constante. En este sentido, quisiera señalarles que el Consejo de Lenguas Oficiales ha realizado una valoración muy positiva del cumplimiento en la Administración General del Estado de la
legislación en materia lingüística, pero queremos mejorar más en esta legislatura, y vamos a impulsar la accesibilidad y el nivel de multilingüismo en la administración electrónica.
Voy a comentarles muy brevemente, señorías, lo que se refiere a la financiación de las administraciones territoriales. Como afirmó el presidente en su discurso de investidura, una de las tareas más exigentes, complejas y necesarias en esta
legislatura, puesto que afecta al Estado en su conjunto, es la aprobación de una reforma del sistema de financiación autonómica. Para esa negociación, como saben, el vicepresidente segundo del Gobierno, presidente del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, ha iniciado ya contactos con todas las comunidades autónomas y ha establecido los principios esenciales en los que, en nuestro criterio, debe girar esa financiación, que son: garantizar la nivelación de educación, sanidad y servicios
sociales básicos en toda España; aumentar la participación de las comunidades autónomas en los impuestos que recauda el Estado; potenciar la corresponsabilidad fiscal; favorecer espacios fiscales propios, y asegurar la suficiencia financiera de
las comunidades y también del Estado. Por tanto, el Ministerio de Administraciones Públicas está trabajando con el Ministerio de Economía y Hacienda, a quien corresponde liderar el proceso, para alcanzar un acuerdo en el marco del Consejo de
Política Fiscal y Financiera. Un acuerdo que sea satisfactorio para todos y que asuma un equilibrio entre los intereses de todos. Un acuerdo que garantice la suficiencia financiera, pero que sea solidario, y que garantice un mismo nivel de
prestación de servicios públicos -fundamentales- en todo el territorio.
En cuanto al ámbito local, saben ustedes que la potenciación del ámbito local ha sido uno de los ejes de nuestra política territorial. Quisiera simplemente señalarles que la financiación a los ayuntamientos, desde los Presupuestos Generales
del Estado, se ha incrementado en la pasada legislatura en más de un 40 por ciento, pero tenemos aquí retos importantes, como el reto de modernizar y de abrir nuevas perspectivas a la Administración local en España. Por eso estamos permanentemente
abiertos y receptivos a las necesidades que nos plantean los regidores locales. El mundo local tiene que asumir un mayor protagonismo institucional derivado de ser la Administración más cercana a los problemas diarios de los ciudadanos y, por
tanto, debe tener competencias asumidas, y mayor flexibilidad y posibilidad de ejercerlas. Por eso también es importante reformar su sistema de financiación para que, como dice la Constitución, las entidades locales sean realmente autónomas y
suficientes. Durante la pasada legislatura, como recordarán, se elaboró un libro blanco sobre el Gobierno local, con la intención de abordar una norma que permitiera clarificar y consolidar las competencias de los entes locales. No fue posible el
consenso en esta materia, y vamos a incluirlo entre los objetivos fundamentales del ministerio para esta legislatura: hacer una verdadera ley del Gobierno local.
Quisiera destacarles alguno de los posibles contenidos de esta ley -que desde luego no va a llegar con carácter inmediato, para la que desde el principio espero obtener el máximo consenso y trabajaré para conseguirlo-: queremos definir el
alcance de la autonomía local y las competencias municipales. Los municipios deben asumir un mayor protagonismo, y eso exige una clarificación y consolidación de sus competencias, pero también hace falta reformar el sistema de financiación local,
para que sea un nuevo sistema que atienda los servicios que prestan los ayuntamientos, y que les garantice la suficiencia financiera en relación con las competencias que tienen atribuidas. Por eso, como saben SS.SS., en este momento está trabajando
ya el Ministerio de Economía y Hacienda en esta reforma del sistema de financiación local.
Por tanto, es previsible que la reforma del sistema de financiación local sea anterior a esa nueva ley del Gobierno local que les he anticipado.
Dado que
esa reforma de la financiación local va por supuesto a incluir
un incremento de la capacidad fiscal de las entidades locales, desde luego no va a impedir que las entidades locales puedan asumir aquellas competencias que se les asignen, pero que además de eso puedan desarrollar los servicios. También
queremos que en esta ley del Gobierno local queden más aclarados los tipos de normas que pueden emanar de las entidades locales y su régimen jurídico, es decir, mejorar la regulación de la potestad normativa local. También queremos analizar el
papel y el modelo de gobierno de las provincias y de las entidades distintas del municipio, así como las formas de cooperación entre diferentes entes para servir mejor a los intereses de los ciudadanos. Vamos a tratar de promover en el Gobierno
local un modelo más operativo y eficiente, más participativo y transparente.
En todo caso, como les decía, en estas cuestiones, como en todas las que puedan surgir, queremos llegar a un amplio consenso y, por tanto, desde ahora ya les ofrezco todo el diálogo que seamos capaces de ofrecer.
Tenemos además buenos
ejemplos de consenso. Quiero señalar aquí el consenso que fuimos capaces de alcanzar en materia de lucha contra el transfuguismo, cuyo resultado fue el renovado y mejorado Pacto contra el transfuguismo; un pacto suscrito por todas las fuerzas
políticas con representación, que tan efectivo está resultando, y cuyos mecanismos vamos a seguir utilizando y ampliando, en cuanto el consenso lo permita.
Para darles una idea de hasta qué punto ha sido importante este pacto, les diré que de los
más de 8.000 ayuntamientos constituidos en las últimas elecciones del año 2007, el número de casos planteados ante esta comisión del Pacto contra el transfuguismo no supera las dos decenas, hasta este momento, menos de veinte casos frente a más de
8.000 ayuntamientos.
Otra de las funciones que desarrolla el Ministerio de Administraciones Públicas en el ámbito local es la que se refiere a la gestión de la cooperación económica, una cooperación que tiene por objeto contribuir a un desarrollo sostenible de
nuestros pueblos y nuestras ciudades, especialmente en aquellas zonas que tienen mayores dificultades. Para todos esos proyectos, en este año 2008 está previsto un fondo de 176 millones de euros, en el que se incluye ese Fondo especial para
pequeños municipios, que se creó por primera vez en el año 2007 y que ya beneficia a más de 3.300 municipios de menos de 20.000 habitantes. Es un fondo que, como saben, tiene una dotación de 40 millones de euros. El Gobierno, también en la
anterior legislatura, atendió una reivindicación de todos los ayuntamientos y se ha dotado un fondo de 120 millones de euros adicionales para compensar la supresión del IAE. Pero la tarea del ministerio no solo es esta distribución de fondos
propios de los Presupuestos Generales del Estado, sino también distribuir los fondos europeos para el desarrollo local, al menos los más importantes. En el período 2007-2013 el ministerio va a distribuir casi 915 millones de euros: 678 del Feder y
237 del Fondo Social Europeo. El 14 de mayo se resolvió la convocatoria del Fondo Social Europeo con ayudas que ascienden en esta primera fase a 156 millones de euros y que van a beneficiar a más de 46.000 personas desempleadas. El pasado 15 de
junio se ha resuelto la convocatoria de los fondos Feder y se han adjudicado 426 millones de euros a 112 proyectos que benefician a 2.893 municipios.
En el año 2011 habrá una nueva convocatoria y por tanto una nueva adjudicación de fondos
procedentes de la cuantía para este período 2007-2013. Además de estas ayudas, los ayuntamientos cuentan con los 345 millones de euros procedentes del programa iniciativa urbana que gestiona el Ministerio de Economía y Hacienda para las entidades
de más de 50.000 habitantes.
Señorías, quisiera ahora referirme brevemente, aunque por supuesto es extraordinariamente importante, a un ámbito que es preferente para el ministerio, que es reforzar la presencia y actuación de la Administración General del Estado en todo
el territorio, una administración que, por cierto, es la más pequeña de las tres administraciones de nuestro país.
Nuestro objetivo ha sido y es su consolidación, saber responder a las demandas de los ciudadanos con eficacia y eficiencia. Por eso
en este nuevo período, además de continuar con la aplicación de las medidas que muy someramente les señalaré de refuerzo de medios humanos y materiales, vamos a abordar una reforma en profundidad del modelo de Administración del Estado en el
territorio. A diez años de la entrada en vigor de la denominada Lofage -Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado- se hace necesaria una redefinición del papel de esta Administración en un marco nuevo, derivado de
la asunción de más competencias por las comunidades autónomas, de la aprobación de los estatutos de autonomía, de la regulación por el Estado de nuevos derechos de los ciudadanos y de la implantación de las nuevas tecnologías. Este refuerzo pasa
por diseñar un modelo con competencias claramente definidas, en el que se integren bajo una misma coordinación todos los servicios que se prestan por la Administración General del Estado en cada comunidad autónoma. Queremos hacer que esa
transformación sea consistente con el resto de actuaciones que llevamos a cabo en el ministerio; por tanto, ya les anuncio que antes de final de 2009 todas las oficinas de información y atención a los ciudadanos se van a transformar en oficinas 060
de atención integrada. Esta modificación de la ley por supuesto va a conllevar también mejoras en los medios materiales, humanos y funcionales con que cuentan delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Señorías, como les decía, vamos a
consolidar la coordinación y por tanto los órganos colegiados que permiten establecer esa coordinación en las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno y que van a facilitar también ese papel del delegado y del subdelegado del Gobierno como
representante de la Administración General del Estado, representante del Gobierno de España en el caso de los delegados del Gobierno, y como interlocutor ante las administraciones autonómicas. Por eso vamos a reforzar
la figura del subdelegado del Gobierno en su territorio. También vamos a proseguir con la implantación en las delegaciones del Gobierno de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Vamos a someter a
evaluación los servicios que se prestan en las delegaciones del Gobierno y en este contexto quiero señalarles que la valoración de los ciudadanos es muy positiva. La valoración que hemos realizado en una encuesta está en la mayoría de los casos por
encima del 80 por ciento de aceptación en una escala de cero a cien, y en muchas delegaciones del Gobierno la satisfacción de los ciudadanos llega hasta el 95 por ciento.
Con todo, creemos que a veces se presentan problemas puntuales a los que
queremos dar respuesta. Por eso vamos a centralizar la base de datos de extranjeros, que estaba distribuida en 52 bases de datos locales, lo cual nos va a permitir acometer nuevos proyectos y poder explotar estadísticamente estos datos para saber
verdaderamente cuál es la realidad de la inmigración en nuestro país.
Vamos a continuar con todas las tareas que nos permitan facilitar la expedición del documento nacional de identidad electrónico. En este momento ya hay prácticamente 5 millones, 4.800.000 documentos nacionales de identidad electrónicos, lo
cual supone también un avance en la implantación de la sociedad de la información. También muy brevemente les diré que vamos a completar la red de oficinas de extranjeros con nuevas instalaciones o remodelando las ya existentes. Vamos a incorporar
una serie de inmuebles representativos como son las antiguas sedes del Banco de España para que sea allí donde resida la prestación de servicios por parte de la Administración General del Estado en cada una de las comunidades autónomas. Vamos a
continuar invirtiendo por encima de los 75 millones de euros que invertimos en edificios en la legislatura pasada 2005-2008. Vamos a continuar con planes específicos de mejores dotaciones, por ejemplo -les voy a citar una cuestión muy puntual pero
que forma parte de una actuación coordinada-, antes del 31 de diciembre del año 2012 el 50 por ciento de la flota de automóviles de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno va a consumir ya mezclas de alto contenido de biocombustible. Vamos
a mejorar la accesibilidad de las oficinas. Vamos a hacer un esfuerzo de formación de los empleados públicos que prestan servicio en estas oficinas. Por supuesto, vamos a mejorar las prestaciones de las unidades contra la violencia de género, así
como lo que se refiere a la sanidad exterior. Y, como les decía, cada delegación o subdelegación del Gobierno va a ser sometida a una implantación de un modelo EFQM de excelencia que ya se aplica en muchas de ellas y al que se van a incorporar en
este año 2008 todas las restantes.
He pasado muy rápidamente por este tema -por supuesto si quieren ustedes más información, se la ofreceré con mucho gusto-, pero me parece importante volver a centrarme en cuáles son las prioridades de mi departamento en esta legislatura.
Como les decía, perfeccionar el funcionamiento del Estado autonómico potenciando instrumentos de cooperación y entendimiento entre las administraciones para avanzar en el progreso, en la cohesión social y en la solidaridad entre territorios y
personas. Avanzar hacia una administración pública que piense más en los ciudadanos que en sus propias competencias, una administración moderna, más transparente, más eficaz, más eficiente, más próxima; una administración que cueste menos a los
ciudadanos; que sea capaz de hacer más con menos; que reduzca las cargas administrativas para favorecer la competitividad y la productividad; que esté accesible de manera constante; que tenga capacidad de innovar y de transformarse para
adecuarse a las demandas cambiantes de una sociedad que evoluciona continuamente, unas administraciones públicas que, en fin, sean palancas de transformación social y de promoción de la igualdad real de oportunidades. Señorías, con ello termino
agradeciéndoles su atención y quedando a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por la exposición de las líneas de política general a seguir por su departamento en esta legislatura y, como comenté anteriormente, para sustanciar acumuladamente las solicitudes de
comparecencia, en este arranque de legislatura, de la señora ministra, se ha establecido un orden especial de intervenciones.
Se discutió en la reunión de la Mesa y portavoces que tuvo lugar el pasado 4 de junio y con carácter por tanto excepcional
y por esta sola vez, atendiendo a la singularidad de la materia a sustanciar en esta comparecencia, se ordenó de modo que la primera intervención va a correr a cargo del portavoz del Grupo Popular. Por tanto, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Popular.
El señor MERINO LÓPEZ: Señora ministra, sean las primeras palabras del Grupo Parlamentario Popular para felicitarla lógicamente por su nombramiento y desearle sinceramente los mayores éxitos en el ejercicio de su cargo, ya que eso supondrá
mejorar la calidad de nuestras administraciones, un mejor servicio a los ciudadanos y un mayor y mejor desarrollo personal y profesional para nuestros empleados públicos.
Señor presidente, señora ministra, permítanme la licencia de que dentro de este trámite de cortesía parlamentaria, en nombre del Grupo Popular, tenga un recordatorio de reconocimiento a quienes fueron portavoces de este grupo en la pasada
legislatura, los señores don Julio Padilla y don Juan Carlos Guerra, así como a todos los diputados que fueron vocales de esta Comisión y que desempeñaron su labor con honestidad, vocación y siempre pensando en el interés general de los ciudadanos.
Entrando ya en el objeto de la comparecencia, señora ministra, creo que debo hacerle constar que este grupo parlamentario lamenta profundamente el hecho de que usted haya tardado dos meses en comparecer en esta Cámara para informar de las
líneas generales de política que su departamento piensa desarrollar en esta legislatura.
Señora ministra, es usted de los últimos miembros del Gobierno que comparece ante el Congreso, si bien lleva un año desempeñando el cargo de ministra de Administraciones Públicas, y ello solo puede ser achacable a alguna o a todas las
circunstancias que le relato, la primera de ellas, la ausencia de gestión política y legislativa que usted y su equipo han realizado durante un año y la segunda, que ustedes en estos dos meses, lógicamente, se han tenido que dedicar a limpiar las
vergüenzas de determinadas situaciones y nombramientos. Me refiero, entre otros, a la chapuza administrativa y jurídica -porque no tiene otro nombre- que hicieron para nombrar a doña Belén Barreiro como presidenta del Centro de Investigaciones
Sociológicas. Ustedes, el Gobierno socialista en Consejo de Ministros, la nombran presidenta del CIS, nombramiento ilegal, ya que esta señora no tiene el requisito legal de ser funcionaria de carrera.
Como ustedes dan la sensación de no saber ni
qué ley están aplicando y de desconocer la ley, optan por la mayor, es decir, en vez de cambiar a la persona, cambian la norma para adaptarla a la persona -en este caso de la señora Barreiro- en vez de nombrar a cualquier empleado público de carrera
profesional y que cumpliera con los requisitos legales, que es lo habitual en una democracia que se precie de tal. Y para rematar su chapuza administrativa y estupor político, ustedes, el Gobierno socialista, aprueban dos decretos, el primero
cesando a la señora Barreiro e inmediatamente después otro decreto nombrándola presidenta del CIS. Suponemos que esto, unido a la cuestión del señor Taguas -que veremos en una posterior comparecencia-, ha provocado que ustedes en estos dos meses
hayan estado dedicados a limpiar las vergüenzas del Gobierno socialista en vez de estar dedicados a comparecer en esta Cámara y explicarnos la política de su departamento, que hubiera sido lo deseable, ya que usted era una ministra que repetía en el
cargo y, por lo tanto, conocía perfectamente la materia.
Señora ministra, hemos de reconocer que su departamento -nuestro departamento, el de todos los diputados que formamos esta Comisión- no tiene el brillo mediático de otros ministerios, pero para el Grupo Popular, al cual poco importa el
aspecto del brillo, este ministerio sí tiene gran importancia porque afecta directamente a las personas, a los ciudadanos, ya que las administraciones públicas son el instrumento del Estado de derecho para lograr mejorar la calidad de vida de todos
los ciudadanos. Por ello debemos comenzar hablando de la Administración más cercana, la local. Para el Grupo Popular, y creo que para todos los grupos políticos, esta legislatura tiene que ser la que con carácter inaplazable aborde la reforma de
las corporaciones locales en tres ámbitos ineludibles. El primero de ellos es el de una nueva norma básica del marco institucional y competencial de las administraciones locales, lo que en el Grupo Popular llamamos el estatuto del Gobierno local.
El segundo, pero igual de importante que el primero, una nueva financiación de las corporaciones locales. Señora ministra, la situación económica de la Administración local ya es insostenible, y no son palabras mías sino del socialista y respetado
señor Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, y cuyo acuerdo del comité ejecutivo usted conoce tan bien como yo. En esta cuestión nosotros ponemos sobre la mesa unos principios ineludibles. El primero de ellos
autonomía municipal, mayor capacidad normativa y una participación activa de las corporaciones locales en las negociaciones de carácter multilateral sobre los modelos de financiación. El segundo la suficiencia, deben contar con los recursos que les
permitan atender adecuadamente las competencias que tienen atribuidas y aquellas que se les reconozcan. El tercero la transparencia, la gestión municipal en cuanto a su financiación ha de basarse en normas claras. Y el cuarto la eficiencia, el
diseño de los tributos locales buscará incentivar el crecimiento económico y el desarrollo local.
Señora ministra, la crisis económica que sufre España -aunque ustedes, el Gobierno, la nieguen o le pongan otros nombres o calificativos- está afectando, además de a todos los ciudadanos, de forma clara y contundente a las corporaciones
locales, ya que sus ingresos en este año 2008 están decreciendo de forma drástica y destrozando si cabe más aún las maltrechas economías de los municipios. Si las premisas antes citadas son contempladas en una negociación sobre financiación local,
usted encontrará al Grupo Popular en un diálogo sincero y constructivo para mejorar la capacidad económica y competencial de los ayuntamientos. En cuanto a la financiación autonómica, nuestra posición es clara, tiene que basarse en los principios
de multilateralidad y solidaridad y en ese ámbito y con esos principios nos encontrará para el diálogo. Sí le solicitamos desde el Grupo Popular, señora Salgado, manifestándole en este aspecto nuestro respaldo, que no haga dejación de sus
funciones.
Quiero decir, en sentido positivo, que no se deje invadir sus competencias y responsabilidades por otro u otros departamentos ministeriales en estas materias de financiación, que si bien he de entender que deben participar y liderar, no
deben ser exclusivos en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto al trabajo que se realice, y todos sabemos de quién o quiénes estamos hablando. Tanto para la financiación local como para la autonómica -cuyas tramitaciones para nosotros deben ir
paralelas y simultáneas- le ofrecemos de forma reiterada el diálogo de este grupo en aras de alcanzar los acuerdos necesarios para el mejor funcionamiento de nuestras administraciones.
Sí he de lamentar, señora Salgado, que en su intervención de aproximadamente cincuenta minutos, haya dedicado a los aspectos de la financiación local prácticamente un minuto. Por eso antes hacía referencia a que no haga usted dejación de
sus funciones y colabore con el Ministerio de Economía en todo lo que haga falta, pero manifestando y defendiendo la postura que debe hacerse desde este Ministerio de Administraciones Públicas. Me imagino que el presidente de la FEMP y los alcaldes
y
alcaldesas habrán quedado preocupados por el escaso tiempo que usted ha dedicado a la financiación, si bien ha dedicado mucho tiempo a contar el dinero que gastan en presupuestos a través de distintos fondos.
Señora ministra, en otro orden de cosas le voy a leer unas palabras: Todos los ciudadanos debemos ser solidarios y apretarnos el cinturón para hacer frente a la nueva realidad. Aunque el Gobierno niega que hay crisis, estas palabras
corresponden al vicepresidente segundo del Gobierno y tiene usted aquí las declaraciones efectuadas por él. Usted pensará que a qué viene ahora esta historia del señor Solbes. Pues viene a colación de que el Gobierno socialista exige a los
ciudadanos que se aprieten el cinturón mientras ustedes, el Gobierno, se dedican a despilfarrar el dinero de los españoles, porque, señora Salgado, en una época de crisis no hay justificación alguna para que el Gobierno socialista haya incrementado
en más del 21 por ciento el número de altos cargos. En 2004 había 374 y ahora, en plena crisis económica para los españoles, ustedes suben el número de altos cargos a 453 en 2008. Evidentemente, ustedes aplican lo contrario de lo que piden a los
españoles. ¿Qué supone este aumento de altos cargos? Pues cada año un incremento de gasto público de 6 millones de euros, 1.000 millones de las antiguas pesetas; en cuatro años de legislatura, 24 millones de euros, 4.000 millones de las antiguas
pesetas, y concluida la legislatura, con las indemnizaciones por cesantía, unos 42,2 millones de euros, 7.021 millones de las antiguas pesetas. Esa cantidad justamente es la que usted ha dicho que dedican en el presupuesto como fondo para los
pequeños municipios y esa cantidad es precisamente la que ustedes han fijado para el Ministerio de Igualdad.
Creo que hubiera sido mucho más productivo para los ciudadanos que estos 42 millones, en vez de gastárselos en altos cargos -lógicamente
amigos socialistas que ustedes incorporan al Gobierno-, los hubieran aplicado a los pequeños municipios o a ese Ministerio de Igualdad que han creado y hubieran doblado el presupuesto de dicho ministerio, porque es muy difícil, señora ministra, en
esta época explicarles a los españoles que el vicepresidente económico pide que nos apretemos todos el cinturón y que ustedes se dediquen a gastarse 1.000 millones más todos los años en pagar sueldos a amigos que incorporan al Gobierno como altos
cargos. Es realmente complicado de explicar que cuando se les va a subir este año la luz un 10 por ciento, cuando nos están subiendo las hipotecas, cuando no llegamos a final de mes, cuando el paro se está incrementando día a día en 3.000 personas,
ustedes, en vez de dedicarse a reconocer que hay crisis y a tomar medidas, adoptan la medida de incrementar el número de altos cargos para colocar amigos y permitir al señor Taguas que le paguen 300.000 euros en la Asociación Seopan. Evidentemente,
al señor Taguas y a estos altos cargos no les afecta la crisis económica que sufre el resto de los españoles. (Una señora diputada: ¡Muy bien!)
Esta es la situación, señora ministra. En la interpelación urgente que realizamos en el Pleno del Congreso de los Diputados, la respuesta que usted nos dio y la justificación al incremento del número de altos cargos se basaba en dos motivos
-y yo me quedé realmente escandalizado-: el cambio climático y que al haberse transferido competencias a las comunidades autónomas era necesario que hubiera más personal alto cargo para coordinar las transferencias que ya les hemos dado a las
comunidades autónomas, y en vez de disminuir la Administración General del Estado porque hemos traspasado competencias, usted entiende que lo que hay que hacer es aumentar el número de altos cargos para coordinarlos con las comunidades autónomas, un
auténtico despropósito, señora ministra.
Comprendo que usted -y se lo dije el otro día en privado- se tiene que comer marrones que no le corresponden, pero entiendo -y eso va dentro del sueldo- que usted tiene que responder de estas cuestiones, no
a nosotros, sinceramente, sino al conjunto de los españoles, que se escandalizan de ver como en una época de crisis se incrementan en un 21 por ciento los altos cargos.
En otro orden de cosas, señora ministra, de su intervención de cincuenta minutos aproximadamente, unos treinta y cinco directamente ha hablado de las nuevas tecnologías y luego, a lo largo de toda su intervención, ha seguido hablando de la
Administración electrónica y de las nuevas tecnologías. Cualquiera que la haya escuchado ha podido sacar la conclusión de que usted vive en un mundo absolutamente idílico, para nosotros irreal, además de en un mundo de fantasía. Señora Salgado,
con los tristes hechos que han acaecido hace poco tiempo en este país, en concreto por el fallecimiento de la tristemente desaparecida niña Mari Luz, como consecuencia de enormes fallos en las nuevas tecnologías en un departamento ministerial, en
una administración de Justicia, no se puede venir aquí a realizar esta intervención sobre las nuevas tecnologías vendiendo las maravillas de las maravillas. Como responsable de la Administración pública, como responsable de las nuevas tecnologías,
que usted ha dicho que tienen que estar incorporadas en el año 2009 para todos, debería usted haber empezado al menos reconociendo que hay errores, que se han cometido fallos y que al menos nos hubiera dicho que está poniendo las soluciones con el
Ministerio de Justicia en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial o con quien sea responsable. Pero usted, que es la responsable de que se apliquen las nuevas tecnologías en el Estado, debería habernos dicho algo ante situaciones
como las que se han producido y no describirnos este mundo idílico que usted nos ha planteado con las nuevas tecnologías, al cual ha dedicado el 70 por ciento de su comparecencia. Usted dice que a finales de 2009 tenemos que tener aplicadas en toda
la Administración las nuevas tecnologías. Yo espero que nos diga con qué dinero lo va a hacer, cómo lo va a hacer y qué cantidad presupuestaria tiene prevista para 2009, porque a mí la verdad es que se me hace difícil que usted sea capaz de
cumplir ese compromiso que ha manifestado hoy aquí en esta comparecencia.
Señora ministra, para el Grupo Popular la igualdad debe ser una realidad, no palabras vacías de contenido y en algunos casos demagogia absurda. Y lo digo con relación a la igualdad de oportunidades que todos los españoles tienen y al
derecho a tener esa igualdad para ser empleado público. Esa es su obligación, señora ministra, garantizar y vigilar que se cumpla ese derecho. Pero la realidad en nuestro país no es esa, señora ministra. No hay igualdad, hay desigualdad, porque
un extremeño, un andaluz, un asturiano o un castellano-manchego no tienen la misma oportunidad para ser empleado público que cualquier ciudadano de una comunidad donde existan otras lenguas oficiales. Y usted no está haciendo nada para evitar esa
desigualdad. No sé si el nuevo Ministerio de Igualdad le llamará a usted la atención sobre esta desigualdad existente, pero usted no está haciendo nada, no está haciendo nada por que estos ciudadanos tengan el mismo derecho, la misma oportunidad de
llegar a ser empleados públicos que cualquier otro ciudadano de otra comunidad donde se hablen otras lenguas. El motivo es claro, es el desconocimiento que tienen de las otras lenguas oficiales. Yo le pido que en ese tema actúe, señora ministra,
porque hay que lograr la igualdad de todos los ciudadanos.
Yo, sinceramente se lo digo, esperaba que usted iba a modificar su discurso de ayer en el Senado. Esperaba que lo iban a modificar usted y su equipo de asesores, por lo menos en este aspecto concreto, en el de la discapacidad. Señora
ministra, no empleó ayer ni un solo segundo en el Senado en hablar de discapacidad, de los discapacitados y el empleo público. La portavoz del Grupo Popular en el Senado se lo reprochó y hoy viene aquí y no ha tenido ni la sensibilidad de dedicarle
una palabra a los discapacitados y decirnos cuáles son las opciones que van a tener de llegar al empleo público. Creo que eso demuestra dos cosas, primero una enorme falta de sensibilidad y segundo que no tienen ninguna política para los
discapacitados dentro del empleo público. Nosotros sí la tenemos y se la vamos a presentar en iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y vamos a solicitarles que se llegue hasta el 7 por ciento de reserva de plazas para los discapacitados. Como
bien le dijo ayer la portavoz en el Senado, en Castilla y León, donde gobernamos, se está aplicando el 10 por ciento de reserva de plaza. Estoy seguro que luego, en su turno de réplica, usted nos dirá todo lo que no hicimos hace ya varios años,
pero yo creo que eso son historias que a los ciudadanos no les interesan y que los ciudadanos están pensando en 2008.
Señora ministra, usted ha hablado de que el eje central es el empleado público y sin embargo ha sido de lo que menos ha hablado usted, del empleado público a lo largo de su intervención. No ha hablado de la tasa de temporalidad, lo ha
despachado en treinta segundos. Nosotros entendemos que hay que seguir reduciendo la tasa de temporalidad y favoreciendo la estabilidad en el empleo, y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario.
Muchas veces uno escucha al Gobierno socialista y están todo el día vendiendo márquetin. S.S. no ha dedicado ni una sola palabra en esta comparecencia a los empleados públicos para ofrecerles alguna idea sobre cómo les van a ayudar a
conciliar la vida laboral y familiar. ¿Usted cree verdaderamente que el empleado público hoy está preocupado por los cuarenta minutos que ha empleado en las nuevas tecnologías y en la Administración electrónica o está preocupado por que se cubran
las vacantes que existen en la Administración pública, materia de la que tampoco ha hablado para nada. ¿Qué piensa hacer el Gobierno socialista para conciliar la vida laboral y familiar de nuestros empleados públicos? Le doy una idea. Podía haber
aprovechado los cuarenta minutos dedicados a la Administración electrónica y a nuevas tecnologías para decir en una frase que esas nuevas tecnologías van a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y habría cubierto el expediente.
Pero ni eso.
Nosotros apostamos por la conciliación de la vida laboral y familiar y queremos que la Administración pública sea un ejemplo, porque ya hay empresas privadas que están dando ejemplo de conciliación de vida laboral y familiar y este
Gobierno tan socialista y tan solidario está quedándose atrás en las políticas de conciliación laboral y familiar. Lamentamos que no haya hecho un solo comentario al respecto, como no lo ha hecho sobre cómo se van a cubrir las vacantes existentes,
que son muchas, en la Administración.
Respecto a la formación del empleado público, me ha preocupado una cosa.
Usted ha hecho una enorme incidencia en los directivos públicos, pero ha hablado poco del resto de niveles de los empleados públicos. Ha hablado de la transformación
del INAP, que va a convertir en la escuela de negocios, algo que tiene enormemente preocupados al resto de los másters nacionales e internacionales que existen. Todo dirigido al directivo público y a mí me gustaría que se centrara también en la
formación del resto de los niveles de la Administración. A lo mejor nos sale más barato pagar un máster en el extranjero a esos directivos y destinar nuestra formación al personal que se dedica en cuerpo y alma a nuestra Administración. Estaremos
a la espera de esa modificación y conversión del INAP en agencia estatal que nos avanza, pero le anuncio que vamos a incidir en que la formación del empleado público alcance a todos los niveles y no quede, de forma elitista, como lo están
planteando, solamente para los directivos públicos.
Por ir abreviando en esta primera intervención, ha hablado usted de la Agencia de Evaluación. No sé si es consciente de lo que se nos viene encima, no sé si ha visto hace dos días la denuncia de Comisiones Obreras planteando el problema en
las 703 oficinas del Inem donde ya están anunciando la saturación de trabajo. Ha dicho Comisiones Obreras -no lo dice el Partido Popular- que, como no adopten medidas, la saturación
de trabajo en las oficinas del Inem por el incremento del número de parados -que, gracias a su política, está tristemente ocurriendo en este país- va a provocar que los parados tarden dos o tres meses en cobrar sus prestaciones de desempleo.
Eso es algo muy serio, porque esa es la situación de las personas que no solo han tenido ya la desgracia de perder el puesto de trabajo, sino que, por una mala gestión administrativa, van a ver cómo se retrasan las prestaciones de desempleo, y no ha
hecho usted ningún comentario en su comparecencia. Tampoco nos ha hablado de la problemática de los inspectores de trabajo, de la Agencia Tributaria; no ha hecho el mínimo comentario sobre la situación vivida hace unos meses con los funcionarios
de Justicia. En esta comparecencia -que parecía más de tecnología que de administraciones públicas- no ha dicho qué piensan hacer usted como ministra, su equipo ministerial y el Gobierno socialista respecto a las desigualdades salariales que
existen en nuestro país en el colectivo de los empleados públicos.
¿Piensan hacer algo? ¿Piensan quedarse cruzados de brazos? (El señor Lanzuela Marina: Ahí, ahí.) ¿Piensan mantener las diecinueve diferencias salariales que existen dentro de los empleados públicos? Porque ese es un problema real; ese
es un problema que va a traer consecuencias a ustedes y al conjunto de los ciudadanos. Ese es un problema que hemos sufrido todos los ciudadanos afectados por la huelga de Justicia, que ha provocado enormes y serios problemas al ciudadano como
persona. Señora ministra, usted viene aquí a hablarnos durante cuarenta minutos de las nuevas tecnologías, en vez de hablarnos de los problemas de los ciudadanos. Esa es la realidad de la que hay que hablar en una comparecencia, lo demás son cosas
idílicas, sueños muy bonitos, pero que no afectan ni al ciudadano, ni al empleado público, ni al conjunto de la sociedad.
Me quedan algunos temas pendientes, pero como me habré excedido de tiempo, agradezco la amabilidad del presidente y los dejo para el turno de réplica.
El señor PRESIDENTE: El tiempo regular de intervención de los portavoces en Comisión lo establece el Reglamento en unos diez minutos, pero se está administrando con flexibilidad a la vista de la naturaleza singular de esta primera
comparecencia.
En representación del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sean mis primeras palabras de felicitación a la ministra por continuar al frente de este departamento. Entienda esta felicitación como sincera porque así la sentimos. En cuanto a desearle todos los éxitos en
esta legislatura, permítame que lo deje para el final porque, a medida que avanzaba su comparecencia, nos fuimos preocupando cada vez más y, al final, acabamos muy preocupados con la cuestión territorial y, en concreto, respecto a aquello que pueden
ser competencias autonómicas. Inicialmente expondré algunas cuestiones más puntuales de acuerdo con su comparecencia, tal como la acaba de exponer.
Dada la transversalidad de este ministerio, se pueden introducir en una intervención muchísimas cuestiones, porque podemos tratar diferentes aspectos que corresponden a otros departamentos. Por nuestra parte, como ya he dicho, vamos a
ceñirnos a la estructura que ha expuesto en su intervención. En primer lugar, valoramos positivamente lo que nos ha dicho en la primera parte de su discurso respecto a lo que significa ese proyecto de modernización de la Administración General del
Estado, lo que ha definido como la cultura de la eficacia en la labor de esta Administración, las diferentes leyes que nos ha anunciado e incluso que nos haya informado de su decisión de garantizar el reconocimiento y sobre todo la práctica de las
lenguas cooficiales del Estado en los diferentes territorios, de manera que podamos ejercer nuestro derecho a ser atendidos en la lengua propia que empleemos. Hay muchas cuestiones en la primera parte de su intervención que valoramos de positivas,
independientemente de que tengamos que manifestar también cierta expectativa, porque tendremos que ver cómo se van a desarrollar en el futuro para, cuando vengan los proyectos de ley, poder opinar sobre los mismos, mantener nuestra posición y hacer
nuestras propuestas.
Usted ha señalado que muchas de las cuestiones que se han resuelto en la pasada legislatura tuvieron presente el marco del diálogo social con las diferentes centrales sindicales y con la patronal. Quiero trasladarle algunas cuestiones que
nos preocupan, como el hecho de que a estas alturas aún no se haya reunido la comisión para llegar a acuerdos sobre el incremento retributivo del personal administrativo, algo que es conveniente que se recoja en los próximos presupuestos del Estado,
los del año 2009, que el Gobierno ya está elaborando, pues preocupa al menos a una parte de los trabajadores de las administraciones públicas. Otra cuestión que nos inquieta relacionada con esto es que no se estén desarrollando las medidas que se
contemplan en el Estatuto básico del empleado público, en relación con el cual acaba de manifestar usted que es un instrumento importante y positivo para el desarrollo de la actividad profesional en la Administración pública, como por ejemplo los
estatutos específicos. No me refiero a los estatutos que tienen que desarrollarse a través de las comunidades autónomas, sino a aquellos que son específicos de la Administración del Estado, concretamente al estatuto de la enseñanza. Usted no lo ha
mencionado en las propuestas normativas que acaba de hacer y por eso le traslado esta preocupación.
Tras haber escuchado su intervención referida a la Administración General del Estado y cómo se ha ido desarrollando lo relativo a las comunidades
autónomas, las entidades locales y la figura del delegado del Gobierno he de manifestar que nuestra preocupación, se va acrecentando.
En cuanto a la voluntad del Gobierno de mantener una dinámica de reconocimiento y hacer efectivas las transferencias a las comunidades autónomas de acuerdo con
sus competencias, ha destacado algunos nuevos estatutos y por lo tanto nuevas competencias. En el caso de Galicia, desgraciadamente, en la legislatura pasada no fue posible afrontar el nuevo estatuto. Esperemos que en la gallega, que
comenzará el año próximo, los grupos políticos que comparten trabajo en Galicia puedan llegar a acuerdos y avanzar en materia estatutaria. Por lo que se refiere al actual Estatuto de Galicia, no podemos manifestar satisfacción en las transferencias
de competencias a la comunidad autónoma. En el mes de diciembre el vicepresidente de la Xunta de Galicia y el presidente del Gobierno del Estado celebraron una reunión y llegaron al acuerdo de transferir nueve competencias, estamos en el mes de
junio pero ninguna de esas competencias ha sido transferida.
Sabemos que la comisión mixta se ha convocado para el 23 o el 24 de este mes y en su orden del día se han incorporado cuatro de las competencias comprometidas en el acuerdo al que
llegaron los dos responsables del Gobierno, del Gobierno del Estado y del Gobierno gallego, pero nos preocupa que se dejen previsiblemente para octubre -ya veremos si, efectivamente, va a ser en octubre o no- otras competencias que desde nuestro
punto de vista tienen mucha importancia, como la liquidación de bienes de la Seguridad Social, la Inspección -tenemos que reflexionar mucho sobre cómo se hará esta transferencia-, los archivos y bibliotecas o la beca para estudios. Nos preocupan
porque, como digo, son cuestiones importantes. Algunas, como los bienes de la Seguridad Social, son flecos -por así decirlo- de las transferencias ya hechas a Galicia, concretamente de la Seguridad Social del Mar; o la Inspección de Trabajo, algo
que venimos reclamando desde siempre pues es fundamental para garantizar la eficacia de este servicio en todas partes y en concreto, en Galicia. En la medida en que son competencias del Estado en materia laboral, debemos reflexionar sobre cómo y de
qué manera se van a transferir. Aprovechando su primera comparecencia, el Bloque Nacionalista Galego va a seguir defendiendo la transferencia en materia de tráfico.
Esperemos que se pueda debatir en el Pleno de este Congreso la propuesta que
acordó el Parlamento de Galicia, que ya se ha enviado al Congreso de los Diputados. Usted conoce también nuestra posición en relación con las transferencias en materia de salvamento marítimo. Por eso, la cuestión competencial será seguramente una
de las que más traeremos a esta Comisión. De ahí que ya se la planteemos en el día de hoy.
Dichas estas cuestiones puntuales en materia competencial, entro ya en otro punto que S.S. introdujo, la financiación autonómica. Entendemos que es necesario, no solamente porque toque en este momento hablar de ella sino porque debemos
tratar cuestiones que en otros acuerdos de financiación no se tuvieron en cuenta y que repercuten en las necesidades económicas de las comunidades autónomas para desarrollar las políticas de servicios que tienen encomendadas por leyes que fueron
aprobadas en la legislatura pasada. Eran leyes de índole social que como en el caso de la de dependencia, de la de igualdad o de la de violencia de género requieren una intervención directa de las comunidades autónomas. Es necesario tener en
cuenta estas consideraciones a la hora de afrontar la nueva evaluación de la financiación autonómica. En el caso de Galicia percibimos la necesidad de mayores dotaciones para la Administración de Justicia, incluso para personal administrativo,
además de la competencia del Estado respecto a jueces o magistrados. Son necesidades que se crearon en la Administración de Justicia como consecuencia de leyes aprobadas en la legislatura pasada. Y si no se incrementan estos recursos humanos para
atender las necesidades que acabo de mencionar y que emanan de estas leyes, no van a poder desarrollarse porque requieren unos recursos humanos en la medida en que parte de su desarrollo está relacionada con las personas. Y a las personas
necesariamente tenemos que atenderlas con personas, aunque utilicemos algunas máquinas o nuevas tecnologías que en la informática van a ser de mucha utilidad.
Necesitamos avanzar en la financiación autonómica y creemos que debe hacerse un grandísimo esfuerzo entre la Administración del Estado y las administraciones autonómicas. La Administración del Estado tiene que tener en cuenta estas
cuestiones, así como otras que Galicia ha defendido siempre y que tenemos que seguir defendiendo, como la dispersión o el envejecimiento de la población, que nunca fueron tenidas en cuenta, no siendo en la legislatura pasada y, concretamente, por su
ministerio en aquel momento, Sanidad, en una financiación adicional que sí reconoció estas cuestiones. Es importantísimo que estas consideraciones se tengan en cuenta y aprovechamos que está usted al frente de este ministerio actualmente. Estas
consideraciones también deben tenerse en cuenta en la financiación de las entidades municipales, que, como no puede ser de otra manera, es necesario que se haga porque conocemos por propia experiencia que el actual modelo de financiación local es
incapaz de garantizar la suficiencia de los recursos de los ayuntamientos y está provocando un raquitismo -por así decirlo- presupuestario estructural que hace que cada vez más las entidades municipales sean más dependientes tanto de la
Administración del Estado como de la Administración autonómica.
Señora ministra, siendo conscientes de la necesidad de que hay que mejorar y mucho la financiación local y que para hacerlo hay que tener en cuenta a los representantes de la Administración local y a aquellas entidades de las que se han
dotado -y aquí entra la parte seria de nuestra preocupación-, no se puede utilizar la financiación municipal como arma arrojadiza contra las competencias de las comunidades autónomas o de las administraciones autonómicas, en definitiva, de los
gobiernos autónomos.
Vincular una financiación con otra, como hemos oído decir a responsables políticos del partido que apoya al Gobierno y a otras fuerzas políticas incluso, es confrontar directamente a esas dos administraciones. No se puede
considerar en absoluto que el detrimento de la financiación municipal es consecuencia
de las competencias autonómicas y muchísimo menos que éstas están absorbiendo demasiado los recursos públicos, porque esto no es así.
Cualquier acuerdo de negociación de la financiación municipal tiene que tener en cuenta que estas
entidades, que estos entes son representativos de localidades de un territorio específico que tiene una administración, que es la Administración autonómica, y que esta, por tanto, tiene competencias en muchísimas materias, independientemente de que,
desde nuestro punto de vista, no tiene todas las necesarias. Las entidades locales no deberían competir nunca con las competencias que tienen las comunidades autónomas.
Tal como usted ha ido tratando el tema municipal, incluso el alcance que daba a la nueva ley, verdadera ley del Gobierno local y de las competencias que debería tener, sobre la que ha mencionado aspectos relacionados con una flexibilidad de
las competencias autonómicas o la consolidación de competencias locales, entre otras, nos ha ido preocupando progresivamente. Nos preocupa que las entidades locales sean aprovechadas por la Administración General del Estado para competir con el
Gobierno autónomo. Esto ya lo dijimos en alguna ocasión cuando participamos en el debate de alguna ley del Gobierno en la legislatura pasada, concretamente cuando debatimos la Ley para el desarrollo sostenible del mundo rural, que entraba en
competencias evidentes y claras de las comunidades autónomas. De hecho, S.S. mencionó alguna cuestión relacionada con este aspecto.
Queremos manifestarle nuestro total desacuerdo si el Gobierno central piensa en la Administración local para introducir en los territorios políticas que emanen de departamentos del Estado, como pueden ser aspectos relacionados con el
desarrollo rural antes mencionado, cultura, educación, etcétera. Nosotros entendemos que el enfoque que el Estado haga de la política municipal, incluida la financiación local, no puede interferir ni colisionar con las competencias autonómicas. Se
lo digo porque finaliza su intervención con otra cuestión que incrementa nuestra preocupación, que es la relativa al tema municipal, al reforzamiento de la figura del delegado del Gobierno. En este momento no cuestionamos esta figura, pero no
entendemos en qué materia, de qué forma y por qué razones el Gobierno del Estado estima que esta figura tiene que ser reforzada en las comunidades autónomas. No lo entendemos, porque hasta ahora está haciendo el papel que, desde el punto de vista
del Bloque Nacionalista Galego, debe tener y que no debe tener más, en todo caso, menos. La interlocución y la coordinación entre las políticas del Estado y las políticas autonómicas deben estar entre las dos administraciones. No nos negamos a la
figura de este delegado o subdelegado, pero lo que no entendemos en principio, a no ser que nos lo explique mejor, es el reforzamiento de esta figura. Nos preocupa, señora ministra, por lo que manifiesto. Seguramente podría extenderme más, pero me
extendería también en el tiempo.
En cuanto a lo que S.S. señalaba sobre administraciones locales, la mención a las competencias autonómicas fue normal y positiva, se refirió al avance de las lenguas y a la figura del delegado. Le manifiesto nuestra gran preocupación en
este sentido porque en la legislatura pasada cada vez que el Gobierno presentó un proyecto de ley en esta Cámara, permanentemente teníamos que enmendar las interferencias en las competencias autonómicas. No le parecerá extraño a S.S. que en el día
de hoy reiteremos nuestra preocupación. Espero que su segunda intervención nos tranquilice y no nos preocupe más.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), queríamos dar la bienvenida a la ministra de Administraciones Públicas en esta nueva legislatura a la Comisión de Administraciones
Públicas. Queremos mostrarle, de entrada, la predisposición que tiene nuestro grupo parlamentario a colaborar con un programa de administraciones públicas, pero de entrada, señora ministra, queremos mostrarle que en los aspectos claros y definidos
de refuerzo de la Administración General del Estado en el territorio, de refuerzo de los subdelegados del Gobierno -aspectos claramente centralistas de su programa hoy aquí-, no va a contar con el apoyo de Convergència i Unió en esta legislatura.
En esos aspectos ya le digo de entrada que olvídese de que Convergència i Unió le pueda dar ningún tipo de apoyo en ese reforzamiento de la Administración General del Estado en el territorio.
Porque, señora ministra, es un efecto cangrejo, si me lo
permite. Es como si usted viniera aquí y reconociera que se ha ido muy adelante y hay que dar pasos para atrás, en el sentido siguiente. Usted nos decía: Dado que la Administración autonómica ha adquirido nuevos ámbitos competenciales, es
necesario ahora reforzar -lo ha dicho así, reforzar- la presencia territorial de la Administración General del Estado y es necesario -ha dicho incluso- reforzar los subdelegados del Gobierno.
Señora ministra, ¿por qué los tenemos que reforzar? En este país, todo a la vez, no es posible. O somos un Estado compuesto, que es aquello que algunos grupos de esta Cámara queremos consolidar, o somos un modelo centralista; todo a la
vez, no. Si somos un Estado compuesto, hay un modelo compuesto, hay una redistribución competencial evidente, las comunidades autónomas también son Estado y las comunidades autónomas, a través de sus estatutos, tienen también unas atribuciones
competenciales.
Esto debe suponer adelgazar la Administración General del Estado, no reforzarla, sino adelgazarla, evitar duplicidades, eliminar organismos.
En su día aprobamos la Lofage, señora ministra, en el año 1997, en la que dice de manera
muy clara que la nueva realidad
de las comunidades autónomas debe conllevar al final un objetivo, el de la Administración única -se dice en el propio preámbulo de la Lofage-, de manera que el protagonismo administrativo en el territorio autonómico lo tenga la
Administración autonómica. Esto es lo que se dice en la Lofage.
Añade que también podrá asumir la Administración autonómica funciones administrativas correspondientes a materias competencia exclusiva del Estado a partir del artículo 150.2 de la
Constitución. Por tanto, hay un modelo, que del Estado se pasen competencias a las comunidades autónomas, incluso competencias exclusivas del Estado. Se dice: para hacer esto debe simplificarse la Administración General del Estado, debe
simplificarse su administración periférica y -dice- deben suprimirse los gobernadores civiles. Usted hoy quiere afianzar a los subdelegados. ¿Quiere hacer resucitar a los gobernadores civiles, señora ministra? ¿Quiere hacerlos resucitar? ¿Por
qué quiere reforzar a los subdelegados a los que en la Lofage se les quitaba el papel de altos cargos y se les dejaba en un perfil más funcionarial? ¿Usted renuncia a ese perfil de la Lofage? Díganoslo, porque si lo hace así le repito que no va a
tener el apoyo de Convergència i Unió. No va a tener el apoyo de Convergència i Unió ese plan de querer fortalecer la Administración General del Estado en el territorio. Usted hablaba de los estatutos de nueva generación. Ese plan los ignora,
señora ministra, porque, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Cataluña viene a reafirmar, en sus artículos iniciales, un aspecto importantísimo, y es que la Generalitat de Catalunya es Estado.
Por tanto, el Estado en el territorio ya está
representado con la Generalitat. Como la Generalitat es Estado, y lo dice de manera textual el Estatuto de Autonomía de Cataluña, no hay que fortalecer la presencia de la Administración General del Estado en el territorio, porque el Estado ya está
en el territorio a través de los órganos de la propia Generalitat. De ahí, señora ministra, que tengamos dos modelos. Elija usted el modelo centralista o el modelo de Estado compuesto. El Estado compuesto es en el que nos gobernamos a través de
diversas instancias; unas se han fortalecido, las autonómicas -y nosotros entendemos que las locales también deben ir por ese camino-, y otras deben debilitarse, que son las estructuras de la Administración General del Estado. Todo a la vez,
señora ministra, no puede ser. Por tanto, le digo, de entrada, que si quiere el apoyo de Convergència i Unió revise ese planteamiento. ¿Por qué? Porque es absolutamente contrario a lo que nuestro programa electoral, en materia de administraciones
públicas, ha proclamado y ha defendido ante la ciudadanía, que es conseguir la Administración única.
Señora ministra, ¿comparte este objetivo de Administración única, que está en la Lofage, que está -si me lo permite- en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, en una disposición específica en la que se habla de que el objetivo es
conseguir la Administración única? Este estatuto es ley orgánica aprobada en esta Cámara y, por cierto, esta semana ha hecho dos años de la celebración del referéndum del Estatuto. ¿Comparte o no ese objetivo de la Administración única que estaba
en la Lofage, que está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y que no ha estado en su discurso inicial? Esperemos que haya una rectificación del mismo porque -repito- la Administración única sí que es el programa de Convergència i Unió en este
ámbito.
En cuanto a la financiación, señora ministra, también aquí ha marcado una serie de principios de nivelación, de suficiencia financiera, etcétera.
¿Se van a cumplir los principios que están aprobados en los estatutos? En concreto, en el
Estatuto de Cataluña hay una serie de bases específicas de un modelo bilateral de negociación en la financiación y de unos recursos específicos, con una cesión específica de unos porcentajes en determinados impuestos. Eso está allí estipulado, no
debe negociarse, ya se negoció en su día al aprobar el Estatuto. Por tanto, ¿se va a cumplir? Esta es la pregunta que le hacemos desde Convergència i Unió. Díganos de manera clara y objetiva si aquello que está en el Estatuto de Autonomía de
Cataluña se va a cumplir. Por ejemplo, usted hablaba del principio de la necesaria garantía de la nivelación. En este sentido le hago otra pregunta, ¿se va a cumplir -ya que ha hablado usted de nivelación- el artículo 206 del Estatuto de Cataluña,
que en su apartado 5 establece que el Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre comunidades autónomas antes de la nivelación?
Este artículo no es potestativo, es imperativo. ¿Se va a aplicar? Usted ha hablado de una serie de principios y nosotros entendemos que uno de los principios que hay que cumplir es este que de manera imperativa y no potestativa está recogido en el
Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Señora ministra, también quería hablarle de Administración local. Usted ha anunciado -ha dicho que no va a ser inmediato- un proyecto de ley del Gobierno local. A nuestro grupo le gustaría poder contribuir al consenso para que esa ley del
Gobierno local fuera posible, pero que lo fuera respetando el marco estatutario, que fue aquello en lo que colisionamos en la pasada legislatura y que al final no vio la luz verde. Ya están aprobados los nuevos estatutos que decía usted de nueva
generación y ahí hay unas competencias claras para las entidades locales y unos principios de financiación. Es urgente abordar la financiación local. Los ayuntamientos, los consistorios, los alcaldes tienen graves problemas de financiación; han
asumido nuevas competencias, han asumido nueva población; el fenómeno de la inmigración les ha hecho redoblar muchos esfuerzos y, señora ministra, tienen un problema de financiación que también debemos resolver y que por tanto debe abordarse. Y
puesto que estamos abordando el tema de la Administración local, también me gustaría hacerle una pregunta a raíz de un caso de reciente actualidad ocurrido en el Ayuntamiento de Estepona esta misma semana. El
diputado que le habla fue ponente de la Ley del Suelo y junto con el consenso de más grupos propusimos una serie de medidas para de alguna manera aumentar el control de los cargos electos y los mecanismos de publicidad y transparencia en lo
que se refiere al Gobierno local y a las declaraciones de bienes y de actividades de los cargos electos. Le quería preguntar si el Gobierno está velando de alguna manera por el cumplimiento de esos nuevos apartados al artículo 75 que se aprobaron
en la Ley del Suelo y que modificaban la Ley reguladora de las bases del régimen local. ¿Se está llevando a cabo desde el Gobierno o en colaboración con las comunidades autónomas algún programa para velar por el cumplimiento de esas medidas
anticorrupción que se aprobaron en esta Cámara? Porque es importante aprobar las leyes, pero también es importante que después se cumplan, porque en ese caso las explicitamos todos como medidas positivas puesto que iban en esa línea anticorrupción.
Por tanto, desde Convergència i Unió también queremos que nos diga cómo valora el cumplimiento de esas medidas, qué medidas específicas se piensan adoptar respecto a ese supuesto del municipio de Estepona y si hay alguna medida extraordinaria que
pueda prever la ley, así como si usted tiene prevista alguna intervención por parte de su ministerio en este supuesto.
Señora ministra, en la pasada legislatura, con un importante grado de consenso con el entonces ministro Sevilla, se acordó una ley importante que era un déficit incluso en el desarrollo constitucional, ya que se aprobó el Estatuto del
empleado público, el cual no estaba aprobado como tal a pesar de estar previsto en la Constitución. Señora ministra, ese estatuto va a obligar después a cada Administración a desarrollar su propio estatuto. Pues bien, de ahí que le quiera
preguntar qué calendario maneja su ministerio para el proyecto de ley que sí compete a su ministerio, y que es el del Estatuto del empleado público de la Administración General del Estado Señora ministra, ese sí que va a competer aprobarlo a estas
Cortes Generales y parece que esta legislatura sería la idónea. Por tanto, ¿qué calendario hay para aprobar ese estatuto para el ámbito de la Administración General del Estado? Este es un aspecto que también queríamos contemplar en Convergència i
Unió.
Otro aspecto más que desde Convergència i Unió queríamos plantearle, señora ministra, viene al hilo de lo que sería el desarrollo competencial de los nuevos estatutos. En el caso del de Cataluña llevamos dos años desde su aprobación. ¿Qué
balance hace del desarrollo en cuanto a traspasos de competencias que en ese estatuto están incorporadas? ¿Qué competencias nuevas, del nuevo estatuto, se han aprobado tras dos años desde su aprobación? ¿Hay alguna nueva, según el ministerio,
aprobada a raíz del estatuto? ¿Cuántas hay por desarrollar, según la previsión, y qué calendario exacto tiene para desarrollar ese conjunto de traspasos competenciales? Porque mucho nos tememos que barajamos en muchos casos las mismas listas que
se estaba barajando con los ministros de Administraciones Públicas precedentes que venían del Estatuto del año 1979. Se lo digo porque soy portavoz de Administraciones Públicas en esta Cámara desde febrero del año 1999 y recuerdo las listas de
competencias pendientes, y algunas de ellas, señora ministra, se arrastran aún desde el Estatuto de 1979. Por tanto, quiero que me haga una reflexión sobre la valoración que desde su Gobierno se hace. Es cierto, y debemos respetarlo, que hay unos
órganos bilaterales para llevar a cabo los traspasos y, por tanto, quiero mostrar mi absoluto respeto a los mismos, pero usted esta aquí, en la Comisión de Administraciones Públicas, y yo le debo preguntar cómo valora el desarrollo de esos traspasos
y qué traspasos concretos del nuevo estatuto, aprobado hace dos años, considera que se han realizado.
Quiero mostrar también mi más radical discrepancia con la intervención del compañero portavoz del Grupo Popular en un aspecto relativo a la igualdad a que se refería respecto del empleado público en temas de lengua. Quiero mostrar mi
discrepancia porque en este Estado compuesto, y de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, tenemos lenguas cooficiales y hay ciudadanos que tienen la suerte -la suerte, porque esto nos enriquece a todos- de vivir en territorios donde hay más
de una lengua oficial, lo cual es positivo. Es positivo que cualquier ciudadano que viva en una comunidad autónoma que tiene, además del castellano, una lengua oficial propia pueda dirigirse a un empleado público en cualquiera de las lenguas que
tienen carácter oficial. Por tanto, es necesario que en los procesos selectivos, para que un empleado público pueda prestar su servicio en una comunidad autónoma donde exista esa lengua oficial propia distinta del castellano, además de conocer el
castellano pueda y deba conocer también la lengua oficial de ese territorio, porque si no se le ha exigido podría alegar que no puede contestar a esa instancia porque no tiene conocimiento de esa lengua y no puede atender a ese ciudadano. También
es un derecho del ciudadano poder ser tratado en igualdad, sea cual sea la lengua oficial que utilice ante la Administración pública. Y para que la Administración pública pueda dar respuesta a ese derecho del ciudadano, debe exigir al que quiera
legítimamente ser empleado público en esa comunidad autónoma que pueda conocer ambas lenguas oficiales. Por tanto, ya que hablamos de igualdad, igualdad también para aquellos ciudadanos de una comunidad autónoma que tiene dos lenguas oficiales y
quieren dirigirse en su lengua oficial propia, ellos deben tener el mismo derecho que si utilizan la lengua castellana, que también es oficial. Por tanto, atendiendo a ese principio de igualdad hacia la ciudadanía, para prestar los servicios en una
determinada comunidad autónoma con esa realidad de cooficialidad lingüística debe exigirse el conocimiento de ambas lenguas a esos empleados públicos. Nuestro grupo en este caso muestra su discrepancia y entiende que debemos ahondar en esa línea,
que por cierto está también en todos los estatutos de autonomías,
el gallego, el vasco y el catalán, que tienen lenguas oficiales propias además del castellano.
Señora ministra, me gustaría que la discrepancia absoluta en ese modelo centralista que Convergència i Unió ha interpretado en su intervención inicial se viera rectificada en la respuesta. Me gustaría que de la discrepancia y el no apoyo
que Convergència i Unió le marca en esta intervención inicial pudiéramos llegar a la colaboración a lo largo de la legislatura.
De su Gobierno va a depender que sepamos fijar una hoja de ruta que vaya en el sentido del Estado compuesto que mi grupo propugna, pero no es solo mi grupo sino también los estatutos de nueva generación que de manera clara están
absolutamente inmersos en la misma.
Para acabar, espero que en esa negociación del sistema de financiación se respete un principio que está también en los estatutos aprobados, el principio de la bilateralidad. Hay un ámbito bilateral que debe respetarse en la negociación y
quiero conocer su postura al respecto.
El señor PRESIDENTE: Como es notorio, se están administrando los tiempos con mucha largura. El tiempo reglamentario de diez minutos prácticamente se está duplicando con intervenciones de los portavoces de veinte minutos. Ruego que no se
excedan de ese tiempo que han establecido como precedente en los turnos anteriores.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, se lo agradezco particularmente porque no es infrecuente que esas apelaciones a la continencia verbal se hagan justo antes de mi intervención. (Risas.) Espero que sea fruto de la casualidad
estadística y que no tenga otro tipo de connotaciones. Usted y yo somos buenos amigos y sé que no tiene ninguna otra referencia malévola lo que ha dicho usted ni lo que he dicho yo.
Señora ministra, quiero felicitarle por su nombramiento y desearle mucha suerte en sus cometidos, que a tenor de lo que se está viendo van a ser complejos y abundantes. No quiero provocar el primer efecto anticlímax de la mañana, pero tengo
que decirle honestamente que nosotros no podemos avalar el discurso que ha articulado y, por tanto, tampoco podemos avalar la política de su ministerio en estos momentos a tenor -como digo- de lo que se dimana o cabe interpretar del discurso que
usted ha hecho esta mañana. Tendrá que afinar mucho en su segundo turno de intervención para no quedarse sola con el apoyo incondicional de su grupo parlamentario. Me da la impresión de que le va a costar mucho concitar consensos de otros grupos
parlamentarios y particularmente del mío. De todo lo que ha dicho, y ha dicho bastantes cosas muy basadas en la informática y lo virtual -comparto la opinión del portavoz del Grupo Parlamentario Popular- y menos relativas a las materias más propias
de su ministerio, desde la perspectiva de su dimensión material, no informática o virtual, que no deja de ser más que un instrumento para su mejor ejercicio, lo más razonable me parece que es la invocación que ha hecho a estos derechos de nueva
generación, particularmente a ese que se denomina derecho al buen gobierno, que es uno de estos derechos de nueva generación, como el derecho al medio ambiente, etcétera, cuya dimensión subjetiva nadie conoce muy bien. La desagregación del
contenido esencial de su intervención tampoco me ha parecido particularmente ilustrativa: agilización de los trámites administrativos, incorporación de nuevos elementos informáticos, etcétera. Es un concepto metajurídico el derecho al buen
gobierno y yo creo que deberíamos intentar consensuarlo entre todos porque efectivamente les asiste a los ciudadanos, y aunque todavía no está concretado en ningún texto jurídico que yo conozca, sí forma parte de la doctrina, de la mejor doctrina, y
la mejor doctrina entre todos la tenemos que consolidar en esta Cámara.
Ha hecho una segunda interpretación respecto a su proclividad al desarrollo, a la reforma de los estatutos de autonomía, siempre que se cumplan dos requerimientos en su opinión imprescindibles: que hayan sido aprobados por mayorías
suficientes en el seno de los parlamentos autonómicos de los que dimanan las reformas estatutarias, y que se puedan concitar en el seno de estas Cámaras las mayorías suficientes para su aprobación. Y ha afirmado taxativamente que ha ocurrido así en
la anterior legislatura en todos los casos. No es cierto, señora ministra.
No ocurrió con la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Gernika, que cumpliendo todos los requerimientos constitucionales y estatutarios fue desestimado
mediante una interpretación fraudulenta del Reglamento de la Cámara hecha por la Mesa de esta institución y que impidió su debate, sencillamente su debate, en el seno de esta Cámara.
Esperemos que de su proclividad o invocación respecto a facilitar
reformas estatutarias en este momento no se vuelvan a reproducir actitudes políticas que han provocado una gran frustración política en Euskadi, que es el país, como usted sabe, del que yo provengo. Por último, ha dicho que el fortalecimiento de la
eficiencia de la estructura de la Administración, no diferenciando si es estatal, autonómica, periférica o local, se tiene que hacer desde un entorno cooperativo.
Cuando usted ha hablado de un entorno cooperativo de cooperación lo hace usando un
tono ciertamente paternalista que no deja de tener ciertas connotaciones jacobinas, en mi opinión, en relación con la supraparte en la que usted se erige a la hora de buscar o articular estos instrumentos de cooperación; no me refiero solo a las
conferencias sectoriales sino a las conferencias de presidentes, etcétera. Cuando se habla de cooperación a veces uno entiende que se está hablando de tutelaje y, desde luego, no es el tutelaje el principio que debe inspirar los instrumentos de
cooperación en un Estado que, como bien decía el señor Jané, es compuesto, no unitario, aunque en el inconsciente de algunos representantes políticos a veces percibamos que siguen pensando en clave de Estado unitario, desafortunadamente.
Aquí se incardina esa apelación realmente llamativa que nos ha abierto las carnes a todos -aunque no vamos a hacer melodramas aquí- relativa al fortalecimiento nada menos que de la figura y del rol institucional de los subdelegados y de los
delegados del Gobierno. Desde qué perspectiva quiere usted fortalecerlos, señora ministra, ahora que se está preconizando en los llamados estatutos de nueva generación -el nuestro es de la antigua y también se preconizaba- el concepto de
Administración única? ¿O es que la Administración autonómica no es Estado o no forma parte de la estructura del mismo? ¿Por qué y desde qué perspectiva quiere usted fortalecer las competencias o la estructura de los subdelegados y delegados del
Gobierno que la Lofage divisa desde una perspectiva casi funcionarial, para realizar funciones de naturaleza casi administrativa y sí políticas en cuanto a los delegados como interlocutores del presidente de la comunidad autónoma. Por cierto que es
el representante ordinario máximo del Estado en dicha comunidad autónoma -se lo recuerdo-, porque aunque no lo afirme la Lofage lo afirma la Constitución y usted lo debería saber. Me sorprende todavía más, señora ministra, cuando dice que el nivel
de satisfacción con el funcionamiento actual de los subdelegados y delegados es tan alto, rozando el 95 por ciento en algunos casos; pero si funciona tan bien, para qué quiere fortalecerlos o modificar sus competencias y sus funcionamientos. Estas
son cuestiones que en relación con su primera intervención nos impiden avalar el discurso en sí mismo, en su configuración material y su dimensión política. Por tanto, si ese discurso es el fundamento de su política, de la política que ha de
diseñar desde su ministerio, también tenemos que negarnos a aceptar la política de su ministerio, salvo que usted la matice suficientemente en su segunda intervención.
Dicho esto, usted ha hecho una relación (y voy a ser rápido, señor presidente, porque veo que tiene usted un particular espíritu de vigilancia respecto a mis intervenciones y no sin fundamento, lo tengo que reconocer, porque aquí hay que
pedir equilibradamente responsabilidades entre todos) de las importantes leyes aprobadas por su predecesor en el cargo, el señor Sevilla, que a mí -y siempre lo comento- me pareció un gran ministro. Aprobamos entre todos, con una fórmula del
consenso que espero que usted intente continuar, leyes de gran profundidad en relación con la modernización de la Administración pública, que es la competencia troncal de su ministerio. Pero se le ha olvidado citar una, señora ministra, y a mí me
preocupa, que es la Ley 5/2006, relativa a la regulación de los conflictos de intereses. El señor Zapatero se preocupó mucho en la campaña electoral de invocar y preconizar que esta iba a ser la legislatura de la probidad en el ejercicio de las
funciones públicas, de la moralidad en el ámbito de la política, y ya nos estamos encontrando con no pocos casos que desvirtúan esas afirmaciones suyas tan enfáticas. Luego podemos glosar lo que ha ocurrido con el señor Taguas, que no deja de ser
algo sainetesco; es decir, que la Oficina de Conflictos de Intereses posibilite que una persona que ha contactado con empresas de la construcción pueda trabajar para la patronal de dichas empresas mediante una interpretación fraudulenta
manifiestamente de los artículos 5 y 7 de la Ley de conflictos de intereses. Si no se puede contactar con una gran empresa de la construcción y trabajar posteriormente para ella, pero aparentemente sí es posible trabajar para el colectivo o la
asociación que agrupa a todas ellas para ejercer funciones de lobbismo precisamente, funciones de presión ante la Administración pública, esto desvirtúa o prostituye absolutamente la voluntad del legislador. Pero es que hay más temas, señora
presidenta -no quiero ser premonitorio en mis afirmaciones- (Risas.), señora ministra todavía, que nos preocupan. Uno de ellos afloró el otro día en la Comisión Constitucional, cuando compareció la vicepresidenta primera del Gobierno señora
Fernández de la Vega y fue inquirida por mi grupo parlamentario sobre si le constaba que todos los altos cargos designados por este Gobierno cumplían con los requerimientos de la Ley reguladora de los conflictos de intereses y su respuesta se
configuró en forma de un elocuente silencio. Esto nos empezó a preocupar.
En la comparecencia del otro día de la ministra de Ciencia y Tecnología, señora Garmendia, pudimos comprobar que la Ley de conflictos de intereses es de doble flujo: afecta
a los dos años anteriores al ejercicio de la Función pública, cuando uno es designado para ello, y a los dos posteriores, cuando uno abandona la Función pública y va a la empresa privada. Pues nos encontramos con la sorpresa de que la señora
Garmendia había trabajado y todavía es -en virtud de una comprobación realizada con fecha de hoy- apoderada en la empresa Cellerix, representante de la empresa Biotherapix, apoderada de la empresa Sensia, administradora única en Imbiosis y consejera
delegada en la empresa Genetrix. A día de hoy, esta es la verdad registral, esto es lo que consta en el Registro Mercantil. Estas empresas, todas, sin ninguna excepción, que en los dos años anteriores al nombramiento de señora ministra de Ciencia
y Tecnología han estado vinculadas a la Administración y han realizado trabajos de desarrollo informático de investigación para la Administración Pública del Estado. Desde esa perspectiva me gustaría conocer su opinión sobre si se está cumpliendo
con rigor la Ley de conflictos de intereses en este ámbito o si, alternativamente, la ministra de Ciencia y Tecnología va a tener que cumplir sus funciones a tiempo parcial, puesto que el artículo 7 de la Ley de conflictos de intereses establece que
se abstendrán e inhibirán los ministros que tengan que tomar decisiones en relación con empresas con las que hubiesen tenido vínculos en los dos años anteriores a su nombramiento. Si la ministra de Ciencia y Tecnología se tiene que inhibir en cada
decisión que esta Administración adopte sobre estas empresas, estamos ante una ministra que va a tener que realizar sus funciones, desafortunadamente, a tiempo parcial.
Nos encontramos con un tercer caso, el que ya ha mencionado el portavoz del Grupo Popular. Yo les pediría que fueran rigurosos con estas cuestiones. Esta ley fue presentada por el Gobierno del Estado español, por el Gobierno socialista en
la anterior legislatura, y se aprobó por unanimidad en esta Cámara. Vamos a intentar cumplirla con rigor. Pero hay un cuarto caso todavía. Nos encontramos que el señor don Francisco Torrente, que fue secretario de Estado para la política de
defensa en la anterior legislatura, cesó y un mes después fue nombrado presidente de la Unión de Explosivos Alaveses, que trabaja de forma exclusiva para la Administración, para el Ministerio de Defensa. Yo no quiero seguir con esta relación de
cuestiones, pero en materia de probidad y de moralidad pública les pediría, les recomendaría incluso -si me permiten la expresión- una reflexión profunda.
Por referencia sé que fue usted una gran ministra de Sanidad, una brillante ministra de Sanidad, y veo que está dotada con el don de la clarividencia. Resulta verdaderamente clarividente aquella afirmación que realizó en relación con el
acuerdo del Gobierno vasco, que se llegó a convertir en proyecto de ley, relativa a la consulta que va a ser sometida a la ciudadanía vasca. Usted afirmó que el Gobierno vasco iba a aprobar -lo que nadie conocía todavía antes de la aprobación por
el Consejo de Gobierno vasco- un acuerdo que era manifiestamente inconstitucional. O usted posee facultades paranormales, está dotada con el don de la clarividencia, o usted se permite en ocasiones reflexiones un tanto arriesgadas.
En relación con los estatutos de vieja generación -el nuestro es de la primera generación, de 1979, y no ha podido ser reformado- hay 37 competencias pendientes de transferir, señora ministra. Me gustaría conocer su opinión, su receptividad
sobre este problema pendiente. Cuando el señor Erkoreka le preguntó al presidente del Gobierno el otro día qué opinaba sobre los títulos competenciales pendientes de transferir a Euskadi, previstos en el Estatuto de Gernika, le respondió el
presidente del Estado español lo siguiente: Es que ustedes están en otra cosa.
También es cuestión metajurídica donde las haya. Ya nos explicará el presidente Zapatero en qué cosa estamos. Pero parece que estamos en otra cosa.
Me gustaría saber si usted, respecto a estas 37 competencias pendientes, también piensa que estamos en otra cosa, porque son 37 competencias claras: la de I+D+i, por ejemplo, señora ministra, que la Constitución ha convertido en
concurrente, lo que no le priva, sin embargo, del carácter de exclusiva que le atribuye el artículo 10.º16 del Estatuto de Autonomía de Gernika, aunque sea el proceso al revés, como bien dice el presidente de esta Comisión. La de instituciones
penitenciarias, en materia de infraestructuras, por poner otro ejemplo, es una competencia exclusiva pura de la comunidad autónoma vasca, no está afecta por la legislación básica del Estado, ni por la legislación marco, ni por la Alta Inspección del
Estado ni por la ordenación general de la economía, y en más de 26 ocasiones a lo largo de los últimos años le hemos inquirido al Gobierno cuál es la razón profunda que impide la transferencia de las instituciones penitenciarias. Pues bien, lo más
claro que hemos oído de un ministro es que porque no nos da la gana, no con esta expresión, porque la alocución fue porque no lo consideramos conveniente, pero vamos a vulgarizar porque nos debemos también a ciudadanos de menor formación, y a veces
con las perífrasis y la semiótica uno no termina de comprender lo que ocurre políticamente de verdad. No se transfiere porque no les da la gana, sencillamente.
Hay otras competencias que no se transfieren porque se incorporan en el ordenamiento jurídico conceptos sacrosantos configurados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué no se transfiere la gestión del régimen económico
de la Seguridad Social, del sistema público de pensiones, competencia prevista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía de Gernika? Porque se ha incorporado al ordenamiento jurídico un concepto jurisprudencial, el concepto de
caja única, sacrosanto y que, al parecer, impide la competencia. Digo que al parecer porque cuando el Tribunal Constitucional se pronunció en 1989 sobre esta cuestión lo hizo desde una perspectiva contable, no competencial, pero me gustaría saber
-y ya voy acabando con esto- cuál es su opinión sobre las transferencias de las competencias.
Acabo ya de verdad, señor presidente. Una pregunta muy concreta, su opinión sobre la desanexión de enclaves que han manifestado, como el de Treviño, su voluntad de pertenecer al territorio de referencia, al territorio al que sus ciudadanos
quieren pertenecer, en este caso el territorio alavés. Este es un enclave que pertenece al territorio de Castilla-La Mancha, pero en Castilla-La Mancha no hay gran interés por atender a las necesidades de estos ciudadanos y estos ciudadanos quieren
pertenecer a Vitoria-Gasteiz. Por cierto, este enclave está situado a 15 kilómetros de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Con relación -y con esto termino, señor presidente- a las corporaciones locales mucho se ha dicho esta mañana y es la gran cuestión pendiente, la tercera cuestión relativa a la estructura política del Estado, pendiente no solo desde una
perspectiva financiera, sino incluso normativa. En Euskadi hay un problema particular -sé que usted lo conoce- que se debe resolver de alguna manera, y me gustaría saber de qué manera entiende usted que se puede resolver. En Euskadi hay siete
ayuntamientos que no tienen corporación municipal constituida legalmente en este momento porque los partidos políticos que concurrieron a las elecciones y obtuvieron representación fueron ex post, posteriormente, ilegalizados mediante la aplicación
de la Ley de Partidos Políticos. Hay una ley, hijuela de la Ley de Partidos Políticos, llamada Ley de Democratización de Corporaciones Locales, que no posibilita -y es el único lugar del Estado español donde esto no es posible- que las
diputaciones forales de Euskadi nombren comisiones gestoras. Se obliga a los partidos políticos no ilegalizados, a los legales, a nombrar a otros representantes que cubran esas vacantes de los partidos sobrevenidamente ilegalizados, pero
¿qué ocurre cuando estos partidos no quieren nombrar otros representantes o cuando los nombrados no quieren tomar posesión? Eso está provocando que en Euskadi haya siete ayuntamientos en este momento sin corporación municipal constituida. Dicho lo
cual, señor presidente, el señor Merino se pregunta por la discrepancia lingüística que ha sido ya glosada por el señor Jané. Yo pediría al Partido Popular más sensibilidad, sobre todo para administraciones donde están todos los puestos de trabajo
perfilados, que tienen perfil lingüístico específico.
Poco ha dicho sobre los discapacitados, sobre el abundante personal laboral, sobre qué va a hacer con el volumen importante de interinos que sigue habiendo en distintos ministerios. Parece que es una impronta muy crítica y un tanto belicosa
la que he practicado. Yo le deseo suerte, de verdad, pero también le pediría que nos dé algún elemento de tranquilidad, matizando quizás algunas de sus expresiones que, tal vez debido a una mala comprensión, en este momento honestamente nos impiden
avalar tanto el discurso como la política que va a gestionar desde su ministerio.
El señor PRESIDENTE: Para que vea que distribuyo las reconvenciones a la autocontención en el manejo del tiempo, se la administro igualmente al portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, don Francesc Canet.
El señor CANET COMA: Intentaré ajustarme lo máximo posible a los tiempos.
En primer lugar, quiero felicitar a la ministra por su comparecencia, aunque sea un poco tarde, y también por su nombramiento y desearle éxitos aunque, en la línea
de casi todos los que me han precedido en el uso de la palabra, mis sensaciones han ido cambiando desde los primeros vocablos utilizados -verbos, sustantivos, frases, etcétera- hasta los últimos, terminando, lo admito, con mucha preocupación. Sin
embargo, he empezado con bastante ilusión al escuchar palabras como eficiencia, calidad, administración abierta, suprimir cargas administrativas, acceso a la administración electrónica en todas las lenguas, porque francamente todo eso suena no bien,
sino muy bien. Pero, nuestro juicio, como ya le dijo el portavoz de mi grupo, señor Ridao, en el Pleno, eso da la eficiencia no se corresponde con el crecimiento de altos cargos. En cualquier caso, la primera parte de la intervención sonaba muy
bien, pero las palabras a veces significan una cosa, a veces otra o a veces ninguna. A partir de ahí, han empezado a aflorar términos como redefinición, clarificación, cooperación, reforzar, integrar, y eso, a medida que iba escuchando su
intervención, me iba sonando a laminar, recuperar, etcétera. Le han puesto muchos ejemplos que no voy a repetir, por eso yo entraré en detalles más concretos. En estos momentos hay un estatuto aprobado. Mi grupo opinaba que era insuficiente, pero
una vez que fue aprobado por el pueblo de Cataluña, lo asumimos como tal y no creo que concuerde con muchas de las cuestiones que usted ha expuesto en su intervención.
De todas formas, antes de pasar a estos aspectos, quisiera ponerle algunos ejemplos que, a nuestro juicio, no casan demasiado con lo de la eficiencia y la calidad. Nuestra visión de lo que ha de ser la Administración General del Estado
evidentemente no es la misma que la que usted ha expuesto -o quizá sí, pero no lo he sabido ver- y, desde nuestro punto de vista, hay ejemplos que demuestran que debería ser más liviana -creo que alguien ha dicho más delgada- y, efectivamente,
adelgazar. Le pondré ejemplos diferentes a los que han expuesto tanto el señor Jané como el resto de los portavoces, excepto el del Partido Popular que ha ido por otros derroteros. Un ejemplo es el siguiente. Cuando en algunos estatutos de
autonomía se prevé la existencia de agencias tributarias, parece razonable que se descentralice la inspección, que no se dupliquen trabajos. Si las comunidades autónomas tienen competencias en materia de consumo, parece lógico pensar que los
organismos de arbitraje del mismo deberían estar en manos de las comunidades autónomas, que son Estado, como ya se ha dicho. Otra cuestión aparentemente de menor importancia son los paradores de turismo y su gestión. Otro caso más paradigmático y
que despierta recelos cuando se toca es qué función realiza o cuál debería realizar el Ministerio de Vivienda. Por último, como también se le recordó en el Pleno, nos gustaría que nos dijera para qué siguen existiendo algunos servicios culturales,
como archivos y bibliotecas provinciales en manos de un Ministerio de Cultura, cuando las competencias están residenciadas en las comunidades autónomas. Desde nuestro punto de vista, sería necesario evaluar las funciones, los costes de los actuales
servicios que presta la Administración General del Estado y evaluar si es o no necesario que esos servicios continúen en manos del Estado, o bien que los ejerzan las comunidades autónomas, que son también Estado. También me ha preocupado, a pesar
que de entrada me ha gustado mucho, lo de la oficinas 060, que, si he entendido bien, acabarán siendo antes de terminar el año 2009 oficinas integrales. El verbo integrar puede sonar de muchas maneras, por eso espero que después me aclare qué
significa o van a significar las oficinas integrales.
Desemboco ya en algunos temores que voy a exponerle. Si algunos grupos ya le han dicho que no cuente con ellos para esos aspectos, desde la modestia de los diputados a los que represento en este momento, lógicamente le diré lo mismo,
porque, otra palabra que se utiliza mucho en estas comisiones, sobre todo en las comparecencias, es lo de los pactos de Estado. Si esto va a acabar siendo un pacto de Estado con el Partido Popular, con la apelación lingüística que ha hecho su
portavoz, tengo que decirle que mi preocupación es extrema. Yo no voy a emplear argumentos jurídicos, como ha hecho el señor Jané o el señor Olabarría, simplemente le pregunto, señora ministra, si comparte el concepto de servicio público
que se desprende -creo que con bastante claridad- de la exposición del portavoz popular, es decir, si cuando se preocupa por el posible ciudadano de Extremadura, de Andalucía o de Castilla-La Mancha que aspira a ser empleado público en una comunidad
con dos lenguas oficiales, no ha pensado en los millones -digo millones- de ciudadanos de esas comunidades autónomas que utilizan los servicios públicos. Le recomiendo que haga una excursión por algún juzgado o por alguna notaría o que se compre un
medicamento en Cataluña, a ver si puede hacer factible lo del acceso a un servicio público (aunque lo de la medicina, evidentemente, es otra historia) en la lengua que le es propia.
Está muy bien, pues, que vele por los intereses de quien quiera
desplazarse de su comunidad para ejercer un servicio público o mejor dicho ser un empleado público, pero hay que pensar en quiénes son los destinatarios de los servicios públicos y hoy, estoy de acuerdo con el Grupo Popular, la desigualdad es la
tónica imperante, pero justamente en sentido contrario a cómo lo plantea él.
Otro temor que me asalta, señora ministra, es cuando habla usted de la financiación local. Soy concejal de un ayuntamiento desde hace ya bastantes años y comparto que más o menos un 30 por ciento de los servicios que los ayuntamientos
prestan a los ciudadanos seguramente no son de su competencia, pero los acaban pagando. Por tanto, es evidente que ese más o menos 30 por ciento de competencias difusas, pero de pago efectivo, casi seguro, de los ayuntamientos debe realizarse y
mejorarse, pero no a costa -creo que también lo ha dicho antes la portavoz del BNG- de las administraciones autonómicas, pues nos da la sensación de que por esa vía se quieren recuperar competencias del Estado que han sido transferidas. No sé si lo
de la figura del subdelegado va en la misma línea; en cualquier caso, es otro temor.
Quiero terminar con algunos ejemplos -intentaré que no sean muy largos- de cómo en la práctica esa eficacia, calidad, respeto competencial y cooperación no se está produciendo, al menos en el ámbito desde el que le voy a hablar, Cataluña, en
tres temas concretos, que espero usted me pueda aclarar. A lo mejor le parecen de poca enjundia, pero yo creo que son pedagógicos para ver que queda mucho camino por recorrer, dada por buena la voluntad, que espero sea distinta de la que otros
portavoces y yo hemos entendido, que ha expresado la señora ministra. Por ejemplo, en cuanto a los fondos de formación, como usted sabe, la relación con la Generalitat en el asunto de los fondos de formación continua no es todo lo fluida que
debería ser. Desde el año 1994 existen acuerdos para la distribución y gestión de los fondos de formación continua, firmados por la Administración del Estado, por las comunidades autónomas, por los ayuntamientos y por los sindicatos de gran peso
específico. La Generalitat de Catalunya no ha firmado el cuarto acuerdo, en el año 2006, aduciendo razones de fondo y de forma. Entre las primeras razones, las de fondo, está no haberse respetado el marco competencial y normativo de la formación
en el ámbito autonómico y no haber territorializado los fondos correspondientes a la Administración local. Se alude en especial a una actitud de dar la vuelta a la doctrina constitucional de la territorialización de las subvenciones mediante la
creación de la figura de los planes interadministrativos en detrimento de la partida general y en beneficio de determinadas fuerzas sindicales y estatales, que ven incrementada su participación en los fondos por esa vía; es decir, cambiamos
mecanismos y en el fondo subvertimos los principios iniciales.
Luego podría hablarle de aspectos formales, que no sé si tienen interés, pero en cualquier caso incumplir sistemáticamente -al menos eso es lo que dice el Gobierno de la Generalitat-
normas elementales de procedimiento administrativo en la convocatoria de reuniones, en el envío de documentación relativa a los órdenes del día y en el sistema de adopción y notificación de los acuerdos no es un precedente positivo y por eso en el
año 2006, como usted sabe, se presentó un conflicto positivo de competencias contra el cuarto acuerdo de formación continua de las administraciones públicas, reivindicando la territorialización de los fondos de la Administración local. Por tanto,
le preguntaría si cree usted que ese aspecto puede ser subsanado apelando otra vez a los criterios de eficacia de las administraciones públicas y a la necesidad de contribuir a mejorar el grado de satisfacción de los ciudadanos con los servicios
públicos que reciben. Insisto, pues, en la reivindicación de la territorialización de la parte proporcional de esos fondos que se destinan a financiar planes interadministrativos. Este es un ejemplo. El segundo es el acceso electrónico a los
servicios públicos, con el cual estamos absolutamente de acuerdo y que, como le he dicho antes, me ha generado ilusión. La legislatura pasada se aprobó, como usted ha recordado, la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, en junio de 2007. Esta ley significa un claro avance y lo reconocemos, pero incorpora un elemento que me gustaría que valorase. En su disposición final tercera, sobre la adaptación de las administraciones públicas para el ejercicio de
derechos, establece que en el ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de esta los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la
totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009. Pero acaba: En el ámbito de las comunidades autónomas y entes locales, los derechos reconocidos en el artículo 6 podrán ser ejercidos siempre que
lo permitan sus disponibilidades presupuestarias.
Como mínimo es inquietante. Por tanto, teniendo en cuenta el contexto actual de debate de la financiación autonómica, ¿no cree que la Administración General del Estado debería ser en ese tema
especialmente sensible
con las comunidades autónomas y los entes locales, que precisamente tienen un gran volumen de gestión de servicios públicos y, sin embargo, ceden buena parte de la recaudación que se hace en su ámbito territorial a la Administración General
del Estado?
Finalmente, quiero señalar un aspecto relacionado con la organización territorial de Cataluña y derivado, lógicamente, del nuevo Estatuto; esos que se llaman ahora de nueva generación. El Estatuto de Autonomía de Cataluña contempla la
necesidad de modificar la organización territorial de Cataluña en sus artículos del 83 al 93. Actualmente, el Gobierno de la Generalitat ha elaborado un informe que pone las bases para se pueda circunscribir el desarrollo de las competencias
estatutarias al marco legal. Al ser una materia compartida, quisiera leer -abusando un poco del tiempo, aunque creo que no me he excedido- el artículo 111 que habla de las competencias compartidas. Dice: En las materias que el Estatuto atribuye a
la Generalitat de forma compartida con el Estado, corresponden a la Generalitat la potestad legislativa y la integridad de la potestad reglamentaria y de la función ejecutiva en el marco de los principios, los objetivos o los estándares mínimos que
fije el Estado en normas con rango de ley, salvo en los casos que establecen expresamente la Constitución y el presente Estatuto. En el ejercicio de estas competencias, la Generalitat puede establecer políticas propias -insisto-. El Parlamento
debe concretar a través de una ley la efectividad normativa y el desarrollo de estas disposiciones estatales.
Señora ministra, el Estado deberá, por tanto, concretar unas disposiciones básicas que permitan el pleno desarrollo estatutario. Por eso,
para finalizar, me gustaría preguntarle si ya está al corriente -y sería buena señal que el diálogo para la cooperación ya se hubiera iniciado- de las modificaciones que se prevén desde el Gobierno de la Generalitat, entre ellas -algunas ya antiguas
que vienen de lejos- la sustitución de las diputaciones por veguerías, la regulación de los elementos de régimen jurídico de los entes locales de segundo nivel, etcétera. Y también quisiera preguntarle sobre los criterios con los que afrontará su
ministerio esta cuestión, para permitir que se concrete la potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva que contempla el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña en esta materia. Por ejemplo, ¿se trabajará con la idea de una reforma de la Ley de
Bases de Régimen Local que permita -usted lo ha llamado de otra forma- a la Generalitat de Catalunya, y a aquellos Parlamentos autónomos a los que amparen estatutos de autonomía que así lo reflejen, regular ampliamente, a partir de unos contenidos
mínimos, que se respete al Estado? En definitiva, ¿qué criterios vamos a seguir? ¿El de engordar o el de adelgazar la normativa básica del Estado? ¿Por un camino o por otro camino?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la diputada Elisenda Malaret.
La señora MALARET GARCÍA: Bienvenida, señora ministra, a la Comisión de Administraciones Públicas. Permítame, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y en el mío, felicitarla por la renovación de confianza que ha supuesto su
nombramiento de nuevo como ministra de Administraciones Públicas.
Hemos escuchado atentamente su minuciosa y exhaustiva presentación de los objetivos y finalidades para la nueva legislatura; unos objetivos ambiciosos y realistas, unos objetivos que suponen una visión renovada de la Administración pública,
una visión innovadora de la Administración pública porque, obviamente, no vamos a permitir que solo el sector público sea portador de innovación, las administraciones públicas también están llamadas a innovar permanentemente. Los objetivos que se
han presentado están guiados por la necesaria y permanente mejora de los servicios prestados a los ciudadanos y a las empresas, y por ello hay que continuar trabajando en la modernización de las estructuras y procesos de la Administración del Estado
en la estela del trabajo realizado en la anterior legislatura con la Ley de agencias, a la que se ha referido, o con la Ley de acceso electrónico a los servicios públicos o con el Estatuto básico del empleado público -que habrá que desarrollar
ahora- para la Administración General del Estado y en la que necesariamente deberemos atender de manera innovadora a las necesidades y requerimientos que una administración tiene en la actualidad para satisfacer los derechos de los ciudadanos y de
las empresas, contando con el mayor capital del que dispone la Administración pública en la actualidad, que es el capital humano que suponen sus recursos en empleados, en funcionarios.
Quiero señalar expresamente que el Grupo Parlamentario Socialista comparte los objetivos, la metodología y las prioridades expuestas en la intervención de la ministra y la idea de mejorar y perfeccionar nuestro Estado de las autonomías.
Solo atendiendo al nivel de desarrollo alcanzado, tiene sentido plantearse en la actualidad la perfección de los instrumentos de cooperación y colaboración que ya tenemos, pero que hay que trabajar y perfeccionar para adecuarlos a las nuevas
realidades del desarrollo de este Estado que nos hemos dado; un Estado complejo, un Estado compuesto y en el que siempre hay que trabajar para mejorar su funcionamiento.
La pasada legislatura fue fructífera. Sentamos las bases para las reformas, pero ahora hay que implementarlas. Por eso, en esta nueva tarea de implementación, que es tanto o más relevante que la que realizamos en la legislatura pasada, es
fundamental apelar, como se ha hecho en la exposición de la ministra, al diálogo social. Una de las señas de identidad de la democracia española, uno de los elementos que explican seguramente sus éxitos y sus avances es el diálogo social. Y ayer
lo vimos de nuevo. Ello implica que los poderes públicos trabajen conjuntamente con los distintos agentes sociales. Para ello deberemos continuar en este camino porque es estratégico. Solo con la colaboración y el actuar conjunto
de los distintos agentes sociales mediante esta plataforma, que es el diálogo social, podremos llevar a buen puerto las reformas enunciadas hoy; reformas que luego voy a examinar con un poco de detenimiento. Pero permítaseme antes
explicitar algo que quizá ha podido generar alguna confusión o sorpresa, por lo que he podido apreciar en las intervenciones de algunos portavoces que me han precedido.
Me refiero a una idea planteada, que es fundamental y coherente con el programa con el que el Partido Socialista se presentó a las elecciones, que es reformar la Administración del Estado en el territorio. La Lofage fue tímida en este
camino y cuando se habla de reforzar a los delegados del Gobierno o a los subdelegados, obviamente, solo cabe reforzarlos en relación con los cometidos propios de la Administración General del Estado, porque no cabe modificar las leyes vigentes, y
menos las leyes orgánicas, que son los estatutos de autonomía, atribuyéndoles nuevas competencias. Cuando se habla de reforzar el papel del delegado del Gobierno significa reforzar sus poderes en relación con la Administración General del Estado en
el territorio. Por eso hoy tenemos que celebrar el cambio de nombre que se ha puesto a esta Administración en el territorio, porque nos permite entender cuál es su papel.
Me gusta a veces señalar cómo la globalización y su impacto en las administraciones públicas españolas ha permitido hacer visible el papel de la Administración General del Estado en el territorio. ¿Por qué? Porque la libre circulación de
personas y de mercancías, esto es, la entrada de mercancías en territorio español provenientes de territorios extracomunitarios, y lo mismo ocurre con la inmigración, ha permitido hacer visible lo que era una Administración que, a lo mejor, antes no
tenía esta visibilidad. Me refiero concretamente a dos competencias que la Constitución atribuye al Estado de manera exclusiva, como son: sanidad exterior y extranjería. Estos cometidos ya han obligado en la anterior legislatura a reforzar en
medios, en recursos materiales y humanos, en adquisición de locales, en mejoras informáticas, precisamente las herramientas de la Administración del Estado en el territorio y, especialmente, en aquellos territorios que reciben mercancías y a los que
llega la inmigración extracomunitaria. De estos elementos y de estas cuestiones son de las que se habla y las que nos preocupan cuando estamos planteando la necesidad de reforzar el papel de los delegados del Gobierno en el territorio. Obviamente,
insisto, sólo cabe reforzar el papel de los delegados del Gobierno en relación con los cometidos propios. Por eso he señalado que la Lofage fue tímida, seguramente, porque además esto no estaba en el proyecto inicial y sólo se introdujo en sede
parlamentaria, y esto ocurre muchas veces con los cambios que se introducen en sede parlamentaria, que no están suficientemente bien aquilatados y estructurados con relación a lo que a veces venía en los proyectos iniciales. De todas las maneras,
no deja de llamarme la atención el apego que muestran el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la vieja formulación de Manuel Fraga sobre la Administración única. Lo dejo aquí encima de la
mesa, pero siempre me causa una cierta perplejidad el apoyo a las tesis de Manuel Fraga.
Dicho eso, voy a concentrarme en las cuestiones que ha planteado en su intervención la ministra de Administraciones Públicas, porque me parece que son las cuestiones estratégicas para la nueva legislatura. Me refiero concretamente a las
cuestiones que forman parte de lo que se ha convenido en denominar la estrategia de Lisboa y, con mayor precisión, la reformulación o la renovación de esta estrategia de Lisboa. Como es bien sabido, en su formulación inicial, la estrategia de
Lisboa ya asignaba a las administraciones públicas un papel fundamental en la consecución de una Europa con una economía más competitiva, pero una Europa más cohesionada, en la que el conocimiento fuera el principal factor de producción. Pues bien,
si en la visión inicial de la estrategia de Lisboa el papel que se asignaba a las administraciones públicas era fundamental y por eso se apelaba a la necesidad de incrementar notablemente el desarrollo de los servicios públicos electrónicos y la
contratación pública electrónica como motor de arrastre del comercio electrónico, en la renovación de esta estrategia de Lisboa se apunta a otros dos objetivos que hoy han constituido dos de los ejes vertebradores de la intervención de la ministra.
Me refiero a la estrategia de reglamentar mejor o better regulation, como se conoce coloquialmente, y a la estrategia de disminuir la carga administrativa a las empresas y ciudadanos. Unas estrategias que pretenden reducir costes, pero no sólo
costes de las empresas, sino también costes de las administraciones públicas, reduciendo, como vulgarmente se dice, el papeleo, la paperasse, para utilizar una expresión que aparece incluso en informes internacionales. Una reducción de las cargas
que supone también reducir tanto el tiempo utilizado en la tramitación de los expedientes por parte de la propia Administración como el tiempo de espera de los ciudadanos y, especialmente, de las empresas. Unos costes que tienen un valor económico
que, utilizando a veces las referencias de la experiencia holandesa, pionera en este campo, se pueden cifrar en torno al 3 por ciento del PIB.
Para que las empresas sean más competitivas, pretendemos reducir cargas, ahorrar tiempo, ahorrar
gestiones, porque este es un elemento fundamental para el desarrollo de nuestra economía, y por ello es una cuestión que aparece ahora de nuevo, de manera estratégica, en un contexto como el actual.
En la pasada legislatura se inició este camino, y me gustaría recordar dos decisiones que pueden parecer irrelevantes o insignificantes, si se examinan de manera individual, pero que agregadamente tienen un gran valor. Me refiero a la
supresión de la necesidad de aportar copias del DNI o a la supresión de la necesidad de aportar certificados de empadronamiento. Si lo vemos así puede parecer poca cosa, pero si lo contemplamos en su globalidad tiene una importante significación.
Por eso
ahora me parece muy importante examinar, con toda su significación práctica, la estrategia que se ha presentado para reducir las cargas administrativas. Se aprobó ya un acuerdo en Consejo de Ministros, en el año 2007, y más recientemente se
ha concretado el plan para realizar este objetivo, que consiste en mesurar y examinar detenidamente las cargas administrativas, estudiando especialmente todos aquellos supuestos en los que se imponen obligaciones de suministrar información a los
ciudadanos y a las empresas, para analizar el impacto real y la adecuación a las necesidades que tienen en la actualidad. Este es un objetivo ambicioso y realizable. Por ello, me parece que todos debemos felicitarnos por que constituya hoy uno de
los ejes vertebradotes de la tarea del MAP, en esta legislatura que hemos iniciado recientemente, una tarea que, como se ha puesto de relieve en la intervención de la ministra, deberá ser necesariamente realizada de acuerdo con los agentes sociales
y con las cámaras de comercio, corporaciones que en España tienen un importante papel en la defensa de los intereses generales, también en el ámbito económico.
Me gustaría, además, señalar que precisamente para realizar este objetivo, que puede traducirse en formas muy distintas, como en desmaterialización de procedimientos, contamos con una base legal sólida, como es la Ley de Acceso Electrónico,
que nos permite avanzar mucho, y por eso -ya hemos progresado tanto como se ha señalado- España está en estos momentos en una buena posición en la desmaterialización de procedimientos. Quien quiera conocer el detalle de los mismos solo tiene que
acceder a la base que podemos encontrar en la misma web del MAP, en la que podemos ver la lista de procedimientos, ya desmaterializados, y muchos de ellos además son proactivos; esto es, la Administración suministra ya a los ciudadanos y a las
empresas la declaración para que estos solo tengan que limitarse a prestar su consentimiento. Ahora estamos haciendo el camino inverso, que se inició quizá hace cuarenta o cincuenta años, cuando la Administración externalizaba en los ciudadanos la
realización de trámites; ahora es la Administración la que realiza directamente los trámites y facilita la tarea a los ciudadanos. Pero no solo habrá que ir desmaterializando procedimientos, sino que habrá que generar espacios para compartir
información y no solo entre administraciones públicas -y aquí de nuevo tenemos la base legal que nos suministra la Ley de Acceso Electrónico y las herramientas que ha creado el MAP: la Red SARA, la Red 061-; creo que es importante recordar cómo
podremos crear espacios para compartir información entre administraciones públicas y ciudadanos, como se ha señalado, mediante el instrumento que suponen las carpetas ciudadanas.
Obviamente habrá también que suprimir trámites; habrá también que revisar procedimientos, como ya se está haciendo, para adecuarlos precisamente a su tramitación electrónica, y habrá que ir mucho más allá de lo que han supuesto las
experiencias exitosas hasta ahora. Por eso, porque seguramente también habrá que potenciar la autocertificación, habrá que modificar, como ya se ha puesto de relieve, la Ley de régimen jurídico y del procedimiento administrativo común, yendo más
allá de esta vieja lógica que ha sido la respuesta formalista que hemos dado en España mediante la figura del silencio positivo, una figura que ha generado inseguridad, que ha generado desconfianza y respecto de la que ahora en cambio apostamos por
un contenido más material y menos formalista. Por eso hablamos de reducción de cargas, que es una manera distinta de ver las relaciones entre administraciones, empresas y también ciudadanos. En esta reforma de la Ley de régimen jurídico y del
procedimiento administrativo común es donde habrá que abordar también la incardinación del nuevo derecho a la buena Administración, un derecho que ya está plasmado en el derecho positivo. Aparece en la Carta Europea de Derechos Fundamentales,
sancionada en Niza, una carta europea que tiene virtualidad práctica, como reconoce la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña -ley vigente, por tanto de obligado cumplimiento- se concreta también su
contenido. Por tanto este es un derecho que ya conocemos porque existe en el ordenamiento, pero que también habrá que incorporar a la Ley 30/1992 con una reforma seguramente ambiciosa. Un derecho que, como se ha expuesto en la intervención de la
ministra, supone cambiar la visión que se tiene de las relaciones entre Administración y ciudadanos, apostando decididamente por la transparencia, por la centralidad de la información, apostando por que sea la Administración la que suministre de
manera corriente y normalizada la información a los ciudadanos, una información fiable y relevante; por que la Administración explicite correcta y adecuadamente las razones de sus decisiones. Este es el sentido que tiene el derecho a la buena
Administración, una Administración más racional, una Administración más transparente, una Administración abierta, y no solo una Administración abierta como un supermercado, veinticuatro horas al día, sino abierta como una casa de cristal, es decir,
que los ciudadanos sepan cómo y por qué decide.
Finalmente, otra cuestión fundamental de las reformas que se han planteado, de las cuestiones que se han analizado como estratégicas para esta legislatura es el análisis de la legislación, para simplificarla, para reglamentar mejor, como
dice la Comisión Europea. Todos estamos llamados a colaborar en este objetivo, y por ello permítanme ahora hacer unas consideraciones en este sentido, especialmente por el tono y el contenido de la intervención del portavoz del Grupo Popular.
Señorías, quisiera señalar mi preocupación profunda por el hecho de que en ningún momento de su intervención haya oído nada sobre modernización. Parece que continúan siendo alérgicos a la modernización administrativa. No ha habido nada en su
intervención sobre lo que hoy es la agenda reformadora de todos los gobiernos de la Unión Europea: simplificación normativa y reducción de cargas. Todos los gobiernos de la Unión Europea llevan en sus
agendas de reformas administrativas estos dos objetivos, porque son los objetivos de la estrategia de Lisboa, y sobre todo porque son objetivos para aumentar la competitividad de la economía europea y los derechos ciudadanos. Con
independencia de la orientación política de los distintos gobiernos europeos, estos son sus ejes, y por lo que veo todavía no forman parte de las preocupaciones del Grupo Popular. Poco les preocupan los intereses generales, los derechos de los
ciudadanos o la competitividad de nuestras empresas, cuando, en cambio, son capaces de afirmar algo que nos ha dejado a todos estupefactos. Es inaudito que en Europa alguien proponga mandar al extranjero a los directivos de las administraciones
públicas españolas para que se formen. ¿Tan poco confía el representante del Grupo Popular en las instituciones españolas, no solo en el INAP, sino en las universidades españolas, incluso en las escuelas de negocios que, como dice el Financial
Times, son de las mejores de Europa? ¿Tan poco confía en estas instituciones que quiere mandar a los directivos al extranjero? Realmente, parece propio de otras latitudes.
Finalmente me gustaría que cuando se hable de altos cargos, no nos limitáramos a una visión superficial, sino que examináramos detenidamente lo que lleva el Boletín Oficial del Estado para ver cuáles de estos cargos no nos parecen adecuados
a una estructura de gobierno y administración que tienen que trabajar en diálogo permanente con las instituciones comunitarias, y en diálogo permanente con las comunidades autónomas. En un sistema de gobierno multinivel hay que reforzar la
capacidad estratégica y de dirección de la Administración General del Estado. Este es el sentido que tiene el refuerzo de los altos cargos. Es cierto que puede sorprender, pero hay que colocar siempre estas cuestiones en su contexto.
Por último -porque se ha vuelto a hacer mención a ello-, me gustaría que cuando se hiciesen referencias concretas a personas determinadas, en este caso por ejemplo a la presidenta del CIS, se leyese detenidamente su currículum personal para
ver si no tiene las condiciones profesionales requeridas, que sí las tiene. Examine sus publicaciones, léalas y verá si tiene los méritos suficientes para desempeñar un cargo como este. Y cuando haya examinado la idoneidad concreta y precisa y su
relación con el puesto, podremos volver a hablar de si se cumplen o no los requisitos de la Lofage -que obviamente se cumplen-, en su literalidad, no en las partes que se refieren a una regla concreta.
Quiero terminar diciendo que estamos muy esperanzados y muy satisfechos porque vemos que en esta legislatura hay mucho trabajo por hacer, mucho camino por recorrer al servicio de los ciudadanos y de las empresas de este país.
El señor PRESIDENTE: Para un turno de respuesta, retoma la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Salgado Méndez): Voy a hacer una primera intervención. La verdad es que he estado casi a punto de interrumpir las intervenciones, porque me parecía que lo que estaba escuchando no tenía
mucho que ver con lo que yo había querido decir. Yo nunca digo con lo que había dicho, sino por lo menos con lo que había querido decir. Me refiero, por supuesto, a las intervenciones del señor Jané, del señor Olabarría, del señor Canet y de la
señora Fernández, cuando he hablado de que vamos a reforzar las delegaciones del gobierno.
Incluso ha habido un momento en el que he pensado que el señor Jané estaba enfadado conmigo, por los decibelios que utilizaba en su parlamento. Luego debí
de reconocer que seguramente era solo pasión, y la pasión es buena en política y en la vida. Así pues, dentro de la corrección con la que se ha desarrollado su intervención, no tengo más que decir. Simplemente mi primera impresión era que parecía
que usted estaba enfadado conmigo. El reforzamiento de las delegaciones del gobierno debería ser algo que cupiera en las facultades de autoorganización del Gobierno de España, pero hay cuestiones que están puestas en el marco de una ley. Por eso,
cuando nosotros decimos reforzar las delegaciones del Gobierno y la figura del delegado -y lo explicaré a continuación, creo que se deducía, pero por si hace falta, lo repito-, es porque tienen unas competencias que ejercer; y no se va a recuperar
ninguna. El Gobierno de España no va a recuperar ninguna competencia que esté transferida a las comunidades autónomas, bien porque desde el inicio así lo haya dispuesto la Constitución, bien porque se hayan transferido, en uso del artículo 150.2.
Así pues no hay en absoluto ninguna marcha atrás ni ninguna percepción cangrejera. Lo que hay es un deseo de que las competencias que tiene la Administración General del Estado, sean muchas o pocas, se ejerzan de la manera más adecuada para dar un
mejor servicio a los ciudadanos, y en nuestra opinión la organización que tienen en este momento las delegaciones del Gobierno no va por ese camino; nosotros pensamos que debe ser la voz única que tenga todos los servicios correspondientes a las
competencias que sigue teniendo la Administración General del Estado, y por tanto que ya no se hable de servicios -integrados o no- en la delegación del Gobierno. Creemos que si hay una demarcación de carreteras el delegado del Gobierno tiene que
tener también la voz de esa demarcación de carreteras, y si hay una demarcación de sanidad exterior el delegado del Gobierno debe tener la voz de esa sanidad exterior, con independencia de que esté integrado o no en las oficinas de la Delegación del
Gobierno. A eso es a lo que nosotros llamamos reforzar la figura del delegado del Gobierno, para que sea el representante de la Administración General del Estado. No el representante del Estado, el representante de la Administración General del
Estado en ese territorio. Si se ha entendido otra cosa lo lamento muchísimo, y espero que con esta consideración por supuesto podamos llegar a acuerdos -y quiero decirle al señor Jané que en la legislatura pasada fuimos capaces de llegar a acuerdos
muy importantes con su grupo, y
espero que en esta también-; por tanto ninguna intención de recuperar ninguna competencia, ya que por otra parte son leyes orgánicas las que regulan los estatutos.
Además de eso, si hay otra transferencia de competencias, las competencias que les sigan quedando a las delegaciones del Gobierno tendrán que ejercerlas de la mejor manera posible, con todos los medios a su alcance, y con esa figura de
interlocutor que nosotros creemos que hay que reforzar. Porque desde luego el Gobierno de España lo que no es es el Gobierno Madrid; el Gobierno de España no es el Gobierno Madrid; el Gobierno de España tiene que estar en toda España, y esa es la
decisión que queremos que quede muy clara: el Gobierno de España tiene que estar en toda España con las competencias que tenga atribuidas, según los procesos de transferencia que se hayan llevado a cabo, y aquellas competencias que no se van a
transferir por supuesto que las tenga que seguir ejerciendo.
Asimismo, en gasto público la parte correspondiente al Estado no debe disminuir, a nuestro entender, por debajo del 50 por ciento; por tanto hay unas competencias de las comunidades autónomas, hay unas competencias importantes de las
entidades locales, pero hay unas competencias tan importantes que tiene que desarrollar el Estado que justifican que la parte del Estado en ese gasto público, en esos presupuestos públicos sea del 50 por ciento. Así pues no creo que haya ningún
motivo para alarmarse ni para preocuparse; como digo, todo esto debería ser posible en las propias capacidades de autoorganización, pero hay algunas cuestiones que están en el marco de una ley.
También quisiera decirles que cada vez que se dice la palabra integrar hay una especie de murmullo. Bueno, integrar es sumar; esa es la definición.
Integrar es distinto que integral; pero incluso integral -para aquellos que son
matemáticos o que recuerdan lo que estudiaron- no tiene por qué ser de cero a infinito, y por tanto abarcar todo el espacio posible.
Cuando nosotros decimos integrar, por ejemplo oficinas integradas 060, quiere decir que servicios de la
Administración del Estado que están dispersos en distintas oficinas se integren todos, es decir se sumen, se reúnan, se coordinen desde ese 060. Eso es simplemente lo que quiero decir. Y efectivamente todo eso va a contribuir a adelgazar la
Administración General del Estado, ¡cómo no! Si, en vez de tener cinco oficinas dispersas en una localidad, podemos tener una única oficina que integre los servicios que se estaban prestando en esas cinco oficinas dispersas, eso también contribuye a
adelgazar la Administración General del Estado, que de todas maneras hay que dimensionar. En este momento la Administración pública estatal se compone de 234.000 personas en la Administración General del Estado, de 122.000 en las Fuerzas Armadas, y
de 25.000 en la Administración de Justicia. Por su parte, las administraciones de las comunidades autónomas tienen 1.300.000 personas, y la Administración local tiene 623.000. Por tanto ha adelgazado ya bastante. Evidentemente, podría adelgazar
más, pero eso será lo que la propia dinámica de la prestación de servicios ponga de manifiesto.
Como les decía, he estado a punto de interrumpir porque creo, además, que en este escaso tiempo que llevo en el Ministerio de Administraciones Públicas he hecho honor al máximo respeto de nuestro Estado compuesto, y creo que he hecho honor
constante al respeto de los estatutos y de las competencias autonómicas. No habrán escuchado de mí, ni una sola vez, no defender el derecho de las lenguas cooficiales, el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en todas las lenguas cooficiales,
el derecho de todas las administraciones autonómicas a que se respeten sus competencias. Les puedo decir -y con ello no creo desvelar ningún secreto- que hace muy pocas semanas hemos proporcionado a todos los departamentos ministeriales un estudio
detallado de cómo deben elaborarse las normas para ser absolutamente respetuosas con las competencias autonómicas. A eso se debe la reducción de la conflictividad. Lo hemos hecho y lo hemos enviado a todos los ministerios, incluso cómo debe
hacerse en el caso de la trasposición de las directivas. Por eso le digo que creo que he dado muestras en estos meses de un respeto absoluto a nuestro Estado autonómico, y en esa línea voy a seguir. Esta era una consideración que quería hacerles y
que es genérica para las intervenciones de todos los grupos y, a partir de ahora, me van a permitir que conteste individualmente a cada uno de los intervinientes.
Comenzaré por la señora Fernández Davila. Espero que habrá quedado despejado este tema de las delegaciones del Gobierno, a las que vamos a dotar de medios materiales y humanos para desarrollar sus servicios; eso es lo que vamos a hacer, y
vamos a hacer que servicios que en este momento están dispersos puedan ser mejor coordinados por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Como le decía, en el caso de la financiación local creo que tiene una preocupación que no termino de
comprender. Además, precisamente esa razón que usted esgrimía de que la financiación local y la autonómica no deben verse enfrentadas es lo que ha llevado al Ministerio de Economía y Hacienda a estimar que no parecía oportuno que se incorporaran
las corporaciones locales al Consejo de Política Fiscal y Financiera; nunca podrían hacerlo en condiciones de igualdad, porque nunca podríamos tener diecisiete representantes de las corporaciones locales y, por tanto, se ha entendido que no es ese
el foro donde hay que hablar de la financiación de las entidades locales. Por supuesto, lo que sí es cierto es que se habla mucho de esa segunda descentralización, pero no termina de tener un cuerpo jurídico consolidado. Es verdad que las
administraciones locales desarrollan competencias o servicios que están residenciados en las comunidades autónomas y, por tanto, no es que sea el interés del ministerio ni del Gobierno de España que esas entidades locales sustituyan a las
comunidades autónomas, y eso sea voluntario, no; eso es algo que están haciendo en muchos casos en la práctica, y por eso nosotros decimos que una definición competencial más
precisa de lo que en este momento las propias entidades locales denominan competencias impropias iría en beneficio de todos. Pero, por supuesto, no hay ninguna intencionalidad referida a ese tema que a usted le preocupa y que, por otra
parte, como le digo, me ha resultado incluso un poco sorprendente escuchar.
En cuanto al Estatuto de Galicia, un estatuto que, como saben, no ha sido reformado y que, por tanto, tiene los instrumentos que tiene y dice lo que dice, le puedo decir que estamos avanzando, que el próximo lunes creo que vamos a tener una
Comisión mixta de transferencias para avanzar en algunas competencias, unas competencias en las que los representantes de su formación política han sido muy activos, y creo que es de agradecer el extraordinario trabajo que han hecho, que ha
permitido que dos competencias que estaban dispuestas para ser transferidas en el próximo mes de octubre, podamos transferirlas este próximo lunes. En ese sentido, quiero felicitarles por el trabajo que han hecho y nosotros evidentemente vamos a ir
desarrollando estos temas.
Sobre el tema de tráfico, el Gobierno ya dio su opinión. En este momento hay una tramitación legislativa en curso y, por tanto, es a ese resultado al que debemos esperar.
En la cuestión de la modernización administrativa -y con eso creo que doy respuesta a algún otro grupo parlamentario- es verdad que he dedicado bastante tiempo a la llamada administración electrónica. Pero creo que no estamos en absoluto
exagerando la importancia de la sociedad de la información en la vida de los ciudadanos; y creo que tengo algún título para decirlo, porque fui una de las primeras personas en este país que utilizó el correo electrónico. Fue en los años noventa,
cuando era secretaria de Comunicaciones, y aquello comenzaba en esos momentos. Y el primer sitio donde se instaló el correo electrónico fue en la Dirección General de Telecomunicaciones, como por otra parte parecía evidente. No han pasado veinte
años, y simplemente quiero que todos nosotros echemos un vistazo a nuestro alrededor para saber hasta qué punto Internet ha modificado absolutamente todo: procedimientos, normas, formas de relacionarnos, administración, empresas, medios de
comunicación, cultura.
Creo que no estamos exagerando y, por tanto, la sociedad de la información para nosotros ya no es un instrumento. Esa es una cuestión que sí me gustaría dejar clara: la sociedad de la información ya no es un instrumento;
es la propia sociedad en la que vivimos. No hay otra definición en este momento de nuestra sociedad más que la sociedad de la información. No es un añadido a la sociedad anterior; es la sociedad de la información en la que en este momento estamos
inmersos y, por tanto, es transversal absolutamente todo, y debemos cuanto antes hacer que nuestros empleados públicos se acostumbren a que esa es la sociedad en la que vivimos, y por eso le prestamos esa importancia.
En el resto de las cuestiones, le agradezco mucho sus palabras, señora Fernández Davila. Estoy segura de que podremos desarrollar una colaboración fructífera en beneficio de los ciudadanos de este país, como creo que hicimos en mis
anteriores responsabilidades; así que se lo agradezco mucho.
Señor Jané, creo y espero que quede despejada la cuestión de las delegaciones del Gobierno. La palabra único -ventanilla única, Administración única, pensamiento único- yo creo que nos gusta mucho; le gustaba ya al señor Fraga, como ha
dicho la señora Malaret. Yo creo que la ventanilla única tiene también ventajas para los ciudadanos, y la Administración única en muchos aspectos la tendrá, por eso, en el caso de Cataluña estamos avanzando. Por eso, por ejemplo, en la
transferencia de las primeras autorizaciones de trabajo a extranjeros vamos a poder avanzar en muy pocas semanas. Por tanto, nosotros sí que creemos que todo lo que pueda hacerse en ese sentido en beneficio de los ciudadanos, desde luego debe
hacerse, pero sin que ello por supuesto suponga ningún menoscabo de las funciones que sí creemos que debe seguir desarrollando la Administración General del Estado. Como le digo, sin ningún deseo, ni intención, ni de recuperar ninguna competencia
ni de dejar de avanzar. Yo ya me comprometo a que no solo no deseamos recuperar ninguna competencia, sino que, además, queremos avanzar lo más rápidamente posible.
Aprovecho para decirle, con respecto al desarrollo competencial, que evidentemente cuando nos ponemos a estudiar los temas siempre aparecen más dificultades de las que inicialmente parecía que se habían previsto, pero la voluntad de avanzar
es clara, y mi determinación como ministra que tiene que coordinar la actuación de los ministerios que tienen que transferir las competencias, desde luego es determinada y decidida.
Espero que en este próximo mes de julio podamos dar un impulso
importante, y que antes de terminar el año podamos dar un segundo impulso en esta materia, tanto en comunicaciones electrónicas, como los primeros permisos a los ciudadanos extranjeros, la gestión de las becas, los beneficios fiscales a las
asociaciones de interés general, como en la homologación de títulos. Yo creo que todas esas son cuestiones que están en el nuevo Estatuto y sobre las que estamos trabajando, y podremos llegar a resultados en muy pocas semanas.
Respecto al tema del bilingüismo, no podía menos que esperar su apoyo en esta materia. Nosotros partimos de la consideración de que los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en la lengua que elijan. Eso es lo que dicen la Constitución
y los estatutos de autonomía. Los empleados públicos están al servicio de los ciudadanos y si no conocen la lengua propia de la comunidad autónoma, deberemos hacer todo lo posible para que así sea en el plazo más breve posible. En esa materia
estamos colaborando con las comunidades autónomas y el INAP está desarrollando muchos cursos de las distintas lenguas que se hablan en España.
En cuanto a los calendarios, el presidente del Gobierno se ha comprometido a que las balanzas fiscales estén
publicadas antes del día 15 de julio. Es verdad que ha habido un cierto retraso con respecto a la fecha inicial, pero creo que el 15 de julio es una fecha que está muy próxima y por tanto vamos a esperar a ese momento.
Sobre lo que puede ser el sistema de financiación, le puedo garantizar que vamos a cumplir absolutamente el Estatuto de Cataluña. Lo hemos estado cumpliendo hasta este momento en todo lo que se refiere a temas fiscales y presupuestarios.
Quiero recordarle que hay una disposición adicional que se ha cumplido con exactitud y que ha habido reuniones para decidir a qué inversiones de las que solicitaba la Generalitat se dedicaban esos fondos. Creo que se está cumpliendo y por supuesto
mi compromiso absoluto es cumplir todos los extremos del Estatuto en lo que se refiere a la financiación.
Señor Olabarría, bajando un poco el nivel no pretendo que estemos completamente de acuerdo, pero espero que al menos seamos capaces de dialogar en este y en otros temas en lo que se refiere a lo que nosotros creemos que debe ser la presencia
de la Administración General del Estado en los territorios de las comunidades autónomas. Ha dedicado una atención muy especial a la Ley 5/2006 y a una persona en concreto, una ministra.
Simplemente quiero recordarle que la ley establece un plazo
de tres meses para la venta de las participaciones patrimoniales que pudieran tenerse que excedan de un determinado porcentaje. Estamos en esos tres meses. En cuanto a las actividades, que eso sí sería con carácter inmediato, la señora Garmendia
comunicó inmediatamente que dejaba estos puestos.
Cuestión distinta es cuándo aparezca reflejado en el registro, pero le puedo garantizar que nosotros sí tenemos prueba fehaciente de las comunicaciones por las que la señora Garmendia renunciaba a
todas estas posiciones que ocupaba y que usted ha mencionado. Por tanto me parece que estamos en el supuesto de cumplimiento de esa ley. En cuanto al caso nuevo que me ha planteado, quisiera que esto lo tomara con una cierta precaución porque no
he preguntado sobre este caso, pero creo que estamos todavía en el tiempo de responder a esta petición de la persona que usted ha mencionado. Una vez tengamos la respuesta, con mucho gusto se la haré saber.
Por lo que se refiere a la clarividencia que usted me atribuye en el caso de la consulta del País Vasco, no es tal. Fui muy cuidadosa con mi expresión -creo que puedo reproducirle exactamente las palabras que utilicé- y lo que dije
expresamente -porque además lo leí- fue: En el caso de que este proyecto fuese aprobado como ley por el Parlamento vasco, incumpliendo lo dispuesto en la Constitución, en el Estatuto de Gernika y en el resto del ordenamiento jurídico -y por
supuesto entiendo que usted opine que es una valoración personal, que decidirá el Tribunal Constitucional-, no tenga ninguna duda de que el Gobierno impugnará la ley ante el Tribunal Constitucional con la consiguiente suspensión de su vigencia de
acuerdo con el artículo 161.2. Lo que hice fue decir que el Gobierno iba a impugnar esa ley cuando se aprobara, si se aprobaba como figuraba en el proyecto que se había explicado, y que por supuesto será el Tribunal Constitucional el que decida
sobre la constitucionalidad o no de esa norma.
En las cuestiones concretas que usted me ha comentado, en particular sobre el Condado de Treviño, como sabe, el Estatuto de Castilla y León prevé en una disposición transitoria que para que se produzca una segregación de enclaves es
necesaria la solicitud formulada por todos los ayuntamientos interesados y mayoría absoluta de las corporaciones, un informe de la provincia favorable, así como de la comunidad autónoma, una mayoría de los habitantes en referéndum y una aprobación
por las Cortes Generales como ley orgánica. Por tanto está previsto en el Estatuto; si se produce ese supuesto, el Gobierno actuará de acuerdo con las previsiones estatutarias y después evidentemente tendrán que ser las Cortes Generales las que
decidan. En cuanto a los ayuntamientos que no tienen en ese momento Gobierno local, como fue una cuestión que me planteó usted el otro día durante una conversación, le leo el siguiente informe que me han preparado: Cuando la corporación local sea
disuelta -por las razones que usted ha mencionado, de acuerdo con la Ley de Partidos-, la diputación provincial o, en su caso, el órgano competente de la comunidad autónoma asumirá directamente la gestión ordinaria de la corporación. Se aplicará lo
dispuesto en el caso anterior, lo que prevé la legislación electoral general, pero no será preciso convocar elecciones parciales en el plazo de tres meses, sino que el desempeño de la gestión ordinaria se prolongará hasta la finalización del
correspondiente mandato no pudiéndose adoptar acuerdos para los que se requiera una mayoría cualificada. Con mucho gusto le haré llegar el informe para que tenga usted la opinión completa del ministerio respecto a este tema en concreto.
Por otra parte, creo que he justificado por qué he hablado tanto de la sociedad de la información y de la Administración electrónica.
Evidentemente, hay muchas cosas de las que no he hablado. Me parecía que una intervención de cincuenta
minutos era suficientemente larga, pero obviamente hay muchas cosas que he subsumido, porque podríamos estar hablando todo el día completo. Para mí el personal laboral forma parte de los empleados públicos y a ellos me he referido. Los interinos y
la temporalidad se han reducido extraordinariamente y nuestra idea es que se sigan reduciendo. De todas maneras, quiero señalar que el personal interino cumple una tarea esencial. Los nombres de las personas que no aprueban el último ejercicio de
una oposición, particularmente en los cuerpos generales de auxiliares o administrativos -fundamentalmente los del grupo C-, se incluyen junto con sus referencias en lo que denominamos coloquialmente una bolsa de interinos, que todavía no son
interinos.
Dentro de ese conjunto es donde seleccionamos el personal que tiene que atender necesidades urgentes. Eso es lo que hemos hecho cuando había problemas con el documento nacional de identidad y con las oficinas de extranjería.
Por supuesto, esas personas después pueden presentarse a las pruebas, pero lo que quiero señalar es que tenemos una consideración especial con aquellas personas que fallan únicamente el último ejercicio de la oposición o del concurso de que
se trate. Esas personas son las primeras en ser contratadas como interinos, aunque sea con ese carácter temporal, y evidentemente tienen la posibilidad de presentarse a oposiciones para pasar a adquirir fijeza o la condición de funcionario.
Creo que ya he contestado al señor Canet en lo referente a integral e integración. Ha mencionado unas cuestiones concretas a las que le daré respuesta, pero quiero anticiparle que no todos los fondos se pueden territorializar. En este
momento, en el caso de la formación continuada, hay intervención de las organizaciones sindicales, lo que también dificulta esa territorialización. Esas cuestiones no territorializables aparecen en muchos ámbitos. En este momento tenemos un
diálogo que espero que sea fructífero con la Generalitat de Catalunya y que permita que no haya recurso al Tribunal Constitucional referido al tema de las becas, las becas en particular de lo que podría ser la circunscripción única, es decir, las
becas de la universidad a distancia, que no están asociadas a uno u otro territorio y que la Generalitat de Catalunya entiende que también son territorializables. El Gobierno de España hasta el momento entiende que no, pero de todas maneras estamos
tratando de llegar a un acuerdo que nos permita no tener que presentar un recurso. La vía del acuerdo, del diálogo y de la negociación es la que nosotros queremos.
En cuanto al desarrollo estatutario que usted ha mencionado, ya he dado respuesta al señor Jané. Desde luego, no puedo decir que esté cien por cien satisfecha con el progreso, porque eso querría decir que no sigo haciendo esfuerzos
adicionales para avanzar más deprisa, que sí que los estoy haciendo, y además espero que dentro de muy poco tengan éxito.
Quiero agradecerle a la señora Malaret su apoyo, no solo porque es un apoyo que ustedes pensarán que es debido, dada la formación política a la que pertenece, sino porque es siempre un apoyo muy fundamentado, muy ilustrativo y además en su
exposición he percibido algunos matices con los que podría incluso mejorar la mía, así es que, señora Malaret, muchas gracias. Estoy segura de que vamos a poder trabajar mucho a lo largo de toda la legislatura.
Finalmente, señor Merino, con el máximo respeto, y comienzo así porque creo que el tono, las palabras y las formas son muy importantes y, sin decirle que las ha perdido, creo que hay una cierta tendencia a utilizar algunos vocablos un poco
exagerados, al menos desde mi punto de vista.
Entienda que no es una crítica, pero simplemente quiero decirle que yo no voy a ir por ese camino por mucho que usted se empeñe. Voy simplemente a tratar de explicar mi actuación y la del Gobierno en
esta materia.
Efectivamente, no he hablado de los discapacitados, pero porque creí que su compañera de grupo en el Senado le habría dicho que ya le contesté.
Cuando ustedes dicen que hay un 7 por ciento, eso ya está en nuestra oferta de empleo público de
este año, la que está en este momento desarrollándose, una reserva del 7 por ciento para personas discapacitadas. Como creí que le había contestado, no lo he vuelto a incluir en mi exposición de hoy. Y en cuanto a los discapacitados auditivos,
también le dije -lo comprobé al llegar- que no hemos recibido ni una sola queja de un discapacitado auditivo durante la anterior legislatura. Evidentemente, hay que hacer progresos, pero creo que hemos encontrado la manera de que puedan hacer uso
de los servicios públicos en condiciones adecuadas, y por supuesto lo que hemos hecho ha sido mejorar la accesibilidad de las oficinas y dedicarle a eso mucho dinero.
En cuanto a la formación, evidentemente, me he centrado en la formación de los directivos porque estábamos hablando del personal directivo, pero la formación es algo que está permitiendo a muchas personas de grupos inferiores de la
Administración progresar hacia grupos más altos. Por tanto la formación en la Administración General del Estado es una dedicación constante para todos los grupos, para todas las categorías, para todas las escalas de funcionarios y vamos a seguir
desarrollando esfuerzos en ese sentido.
Sobre su observación sobre si los altos cargos son muchos, pocos o regulares, las cifras que usted ha dado no coinciden con la realidad. No quiero ocultarlas. En este momento, en la Administración tenemos un total de 403 altos cargos. Las
cifras que usted ha dado de coste desde luego no se corresponden con la realidad. Ha duplicado además el coste dando a entender que todos los altos cargos tienen indemnización después del cese. Sabe usted que eso solo afecta a ministros y a
secretarios de Estado. El resto de altos cargos, que son la gran mayoría, no tienen ninguna indemnización cuando cesan. Me gustaría que quedara constancia de que las cifras que usted ha mencionado no son las que nosotros tenemos.
Ha hablado usted de que este impulso a la sociedad de la información también convendría darlo en la Administración de Justicia. No sabe cuánto celebro escucharle decir eso, porque sabe que en la Administración de Justicia tiene un papel muy
importante el Consejo General del Poder Judicial. Espero por tanto que sus palabras sean premonitorias de que finalmente vamos a poder llegar a un acuerdo para la renovación del consejo. Nosotros desde luego creo que hemos demostrado que somos
firmes defensores de la igualdad y que somos los primeros que hemos introducido medidas concretas de conciliación en el ámbito de la Administración pública y también en ámbito laboral. Simplemente quiero recordarle el permiso de paternidad, por
poner de manifiesto una de ellas y en ella ejemplificar lo que pueden ser todas.
En cuanto a cubrir las vacantes existentes, señor Merino, creo que hay que aclararse un poco. Ayer mismo escuchaba al señor Rajoy decir que había que reducir el
gasto público y que había que reducir el tamaño de la Administración, y al mismo tiempo hay que cubrir las vacantes existentes. Nosotros lo que hemos previsto -y eso está incluido en las instrucciones del vicepresidente- es que si hay una
plaza que lleva vacante varios años, tal vez no sea absolutamente imprescindible cubrirla, y por tanto que los ministerios comiencen a dar de baja esas vacantes que llevan mucho tiempo sin cubrir. Por supuesto, si hay necesidades concretas, como
las hay en algunos ámbitos -particularmente en la seguridad del Estado, en instituciones penitenciarias, en seguridad aérea-, estamos haciendo esfuerzos adicionales, pero quiero decirle que eso es un poquito incompatible con la reducción del gasto
público.
Respecto a los temas lingüísticos, creo que ya he dado respuesta. Lo que quisiera decirle para finalizar es que espero que podamos cooperar mucho en beneficio de todos y vuelvo a reafirmar mi intención de establecer un diálogo permanente
con todas las formaciones aquí presentes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por su respuesta.
Hemos consumido casi cuatro horas en este primer turno de intervenciones con un holgado uso de la palabra. Sugiero que para un turno de réplica por no más de tres minutos se abra de nuevo un segundo turno de portavoces, pero no sin antes
hacer un pequeño receso de cinco minutos para poder estirar las piernas. En cinco minutos retomamos la sesión.
(Pausa.)
Señorías, por favor, retomamos la sesión y dado lo avanzado de la hora, ruego ahora un ejercicio muy riguroso de autocontención en el uso de un turno de réplica por tres minutos por cada uno de los portavoces. Por el Grupo Popular, señor
Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, le garantizo la máxima brevedad y vamos a ir directo a los temas.
Lamento, señora ministra, que usted haya entendido que mi tono no era apropiado. Todo lo contrario, he pretendido tener un tono acorde a su cargo y a su persona y lo que es evidente es que a lo mejor no le ha gustado escuchar cosas que yo
le haya dicho, pero esa es otra cuestión.
Simplemente le haría un ruego, por favor, aplíqueme la igualdad. Si la intervención del portavoz del PNV la califica de pasional, aplíqueme también que la mía ha sido pasional. Ya que estamos con la
igualdad y el Ministerio de Igualdad, le pido que me aplique la igualdad.
Entrando en temas muy concretos, la señora ministra ha sido breve en su explicación. Yo me quedo con una cuestión importante que ha dicho al final y que espero que trasladará a los sindicatos: su idea de amortizar plazas que están vacantes
desde hace varios años. Otro comentario, señora ministra: lo que se diga en el Senado queda dicho en el Senado; lo que se dice en el Congreso queda dicho en el Congreso. Por tanto, le ruego que lo que quiera decir, lo diga aquí, en el Congreso.
Para terminar, señor presidente, aunque no soy compareciente, pero en este caso sí solidario con la ministra, y sin que sirva de precedente, diré que me ha pasado lo mismo que a ella: o no me he sabido explicar o no me han querido entender
los compañeros portavoces en el tema de la igualdad de oportunidades. En el Grupo Popular estamos encantados con las lenguas oficiales de los territorios, nos encanta que la gente hable las lenguas oficiales, nos encanta que se les trate y se les
atienda en la lengua que corresponda en cada territorio -en la lengua del territorio o en castellano, indistintamente, nos encantan ambos aspectos-; lo único que planteo es que exista la igualdad de oportunidades, que un extremeño pueda acceder a
una plaza en algún territorio que tenga otra lengua oficial, lo mismo que un ciudadano de ese territorio puede acceder en igualdad de oportunidades a la Junta extremeña cuando convocan las plazas. Eso no significa, en absoluto, que pretendamos
discriminar las lenguas oficiales de los territorios; estamos encantados con ellas, nuestros propios compañeros y todos los ciudadanos las hablan. Lo único que pedimos es que se dé a los ciudadanos de otros territorios la oportunidad de acceder,
si lo entienden así dentro de su libertad, a plazas de empleo público en los distintos territorios.
Finalmente, señora ministra, usted ha puesto el ejemplo de paternidad en el caso de la conciliación de la vida laboral y familiar. Creo que se pueden hacer muchas más cosas, que se debe aspirar a hacer muchas más cosas y que la
Administración debe ser puntera en el tema de las tecnologías, y le digo a la portavoz del PSOE que no lo he citado porque se sobreentiende. La señora ministra ha dicho una cosa con la que estoy de acuerdo, y es que las nuevas tecnologías ya son
parte de la sociedad, son parte de nosotros y evidentemente hay que seguir modernizando la Administración todo lo que sea necesario.
En cuanto a la presidenta del CIS, quiero decirle a la portavoz del PSOE que yo he hablado de requisitos legales no de currículum. No tenía requisito legal y la prueba evidente es que el Gobierno ha tenido que hacer chapuzas administrativas
de nombramiento, de cese y de cambio de leyes para adaptarlo a ella.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quiero agradecer a la ministra la contestación genérica a aquellas cuestiones concretas que planteamos. Su respuesta al delegado o delegada del Gobierno y a la financiación municipal nos
tranquiliza. La preocupación que manifestamos está basada en algo que tiene sus antecedentes; por ejemplo, actuaciones del Gobierno, determinados departamentos, ministerios que aprovechan las administraciones locales para incorporar o introducir
actuaciones derivadas de esos ministerios.
Antes mencionaba el desarrollo rural, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, pero podríamos citar otros de Cultura, incluso de Educación, de las pretensiones que se incorporaron en el proyecto de ley de dependencia que el
Gobierno presentó, que fue corregido en la tramitación parlamentaria. Hay algo en estos momentos evidente: las oficinas municipales de vivienda que determinados entes municipales están haciendo en colaboración con el Ministerio de Vivienda. Hablé
únicamente de competencias exclusivas de las comunidades autónomas, por tanto, una clara interferencia en esas competencias, porque no es una coordinación entre la Administración autonómica, sino que al margen de esta se está actuando
coordinadamente con las administraciones locales. Por otro lado, en las últimas semanas nos hemos visto sorprendidos por declaraciones de destacados dirigentes municipales en las que se trataba de culpar a las comunidades autónomas de la
insuficiencia financiera de las entidades locales. De ahí que le manifestáramos nuestra preocupación de la manera en que lo hicimos. Esperemos, por tanto, que estos antecedentes que expuse no signifiquen nada en el futuro de las corporaciones
locales como competencias de las comunidades autónomas.
Una vez aclarado el tema y tranquilizados después de escuchar su segunda intervención, me gustaría desearle todos los éxitos en el trabajo que tiene que realizar en el futuro la Administración General del Estado en lo que se refiere a
mejorar la tramitación a los administrados, ciudadanos y empresas, materia en la que encontrará en nosotros siempre una total colaboración. Quisiera manifestarle también nuestra disposición a la colaboración y a trabajar para llegar a los máximos
acuerdos en cualquier trabajo que su ministerio traiga a esta Cámara o en otras formas que considere oportuno. Le doy las gracias de nuevo y le pido disculpas por no poder quedarme durante la segunda comparecencia. Me gustaría, pero no es posible.
El señor PRESIDENTE: Por el Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASH: Señora ministra, yo he venido como portavoz de Convergència i Unió a escuchar su intervención en esta primera comparecencia de esta legislatura y no he leído una respuesta preparada o predeterminada. Mi respuesta era
fruto de una cierta indignación inicial, un cierto enfado, sí. Se lo comentaré desde la cortesía parlamentaria.
Los que me conocen desde hace años saben que no soy persona que suela enfadarse con facilidad, pero realmente había un cierto tono
centralista así lo han apreciado Convergència i Unió y este portavoz en esa intervención inicial. Cuando en el año 1997 se negoció la Lofage no fue nada fácil suprimir la figura de los gobernadores civiles. Era un paso importante de significado.
Vamos hacia un modelo de Estado compuesto; el gobernador civil queda suprimido; habrá un subdelegado funcionarial, en ningún caso alto cargo, y con una tendencia a disminuir funciones. Pues bien, usted sigue afirmando, de alguna manera -le
agradezco el tono de su respuesta-, esa necesidad de dotar de mayores medios a las delegaciones y Convergència i Unió entiende que ese no es el camino. Señoría, no más medios; los que tenga y quizás deberían reestructurarse a la baja. Usted ha
sido ministra de Sanidad y sabe perfectamente que antes la sanidad era en muchos casos una competencia de la Administración General del Estado porque no estaba transferida, pero ahora lo está a todas las comunidades.
Por tanto, esas delegaciones
tienen que ir hacia atrás, en el sentido de reducir dotaciones porque tienen menos competencias. Tampoco acabo de entender del todo por qué manifiesta que en todo caso la Administración General del Estado no puede bajar del 50 por ciento. Lo ha
dicho en su respuesta. (La señora Ministra de Administraciones Públicas, Salgado Méndez: Del presupuesto.) Del presupuesto. ¿Y por qué? No le digo que deba ser más o menos, pero parecería un apriorismo decir que no puede bajar del 50 por ciento.
Ya se vería en cada caso cómo queda la estructuración competencial y qué presupuesto debe tener cada Administración atendiendo a las competencias asumidas. Señora ministra, yo le pediría un menor grado a la hora de defender estas cuestiones como si
estuviera en peligro algún tipo de nivel administrativo. Usted antes hacía referencia a modelos de gestión, y yo creo que al final la Administración pública es gestión pública, y esa gestión cuanto más próxima esté al ciudadano, mejor; cuanto más
ágil sea, mejor. Antes la señora Malaret hacía una apreciación que entiendo dentro de la dialéctica parlamentaria, pero que es injusta. Preguntaba: ¿Cómo van a defender la Administración única, que es lo que defendía el señor Fraga? Esto es
simplificar mucho, y yo no tendía a esa simplificación. La tendencia es a que la Administración única -si quiere la llamamos la Administración ordinaria o la Administración en la que comúnmente los ciudadanos deben verse reflejados- sea la
Administración autonómica, y no porque lo diga el señor Fraga, sino porque así está recogido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña que votamos conjuntamente, señora Malaret, y en los discursos -aquí están los señores Herrera y Canet, que vivieron
toda la negociación estatutaria- decíamos todos defender esa Administración única. Ahora dice de repente que me apropio de un tema del señor Fraga -que también defendió en su día -, pero, el Partido Popular se alejó de ese planteamiento. Repito,
es un planteamiento que incluso estaba en la Lofage, y creo que era un buen planteamiento. La ciudadanía agradecería ese mayor grado de proximidad y esa mayor eficacia en el servicio publico. Algo más, y con esto termino señor presidente. Las
nuevas tecnologías -yo comparto con la ministra ese afán modernizador- son el gran reto que tenemos. El gran reto es de qué manera facilitamos al ciudadano que toda la tramitación administrativa sea más simple, más ágil, más directa y más -si me lo
permiten- en cualquier momento y en cualquier
lugar. Las nuevas tecnologías lo van a permitir y ello nos va a conllevar una diferente concepción de qué entendemos por empleado público. Ya no será tanto aquel empleado público que está necesariamente en un despacho en una Administración
pública y con un horario predeterminado. Va a haber cada vez más empleados públicos que van a atender a partir de un terminal de ordenador y van a tener que dar respuesta a una serie de solicitudes, y no tanto ese estancamiento que todos tenemos de
la Administración pública. Este también es un gran reto pendiente, y espero que con la colaboración de todos -también de Convergència i Unió- podamos realizar en esta legislatura ese trabajo. Acabo diciendo que me ha parecido no entender muy bien
las respuestas -o quizá no se han dado- a calendarios precisos que yo había pedido en cuanto a traspasos, a la ley del estatuto en el ámbito de la Administración General del Estado y a todas las competencias que llevan tiempo pidiéndose. No me ha
parecido demasiado concreta la respuesta a esos calendarios. Si nos la puede aportar, Convergència i Unió se lo agradecería.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad es que se puede ser poco pasional en tres minutos. Me agrada la apología que ha hecho la ministra de la pasión, concepto tan metajurídico, deletéreo e incluso equívoco, si nos descuidamos. Al margen de
estas cuestiones semánticas, la pasión puede tener un aspecto positivo siempre que sea convergente, pero cuando sea divergente puede provocar perturbaciones, problemas e incluso chispazos.
Repito, no puedo avalar el discurso que usted ha
pronunciado, ni siquiera en la réplica, señora ministra, por dos motivos. En primer lugar, usted que tiene una mentalidad matemática, fina y -sigo pensando- dotada del don de la clarividencia, ya que se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la
propuesta del Gobierno vasco dirigida al Parlamento vasco antes de conocerla y esto llama un poco la atención. Sin perjuicio de esto, lo único que se le ha olvidado contestarme -porque ha sido muy detallada en la contestación a mis requerimientos-
ha sido lo alusivo a las 37 competencias que están pendientes de transferir desde 1979 a Euskadi; previstas en títulos competenciales específicos, en virtud de documentos aprobados por el Partido Socialista de Euskadi, como usted sabe
perfectamente. Me gustaría una concreción mayor sobre esta cuestión, entre otras cosas, porque su partido en Euskadi pretendidamente también participa de estos criterios.
En segundo lugar, en relación con el fortalecimiento de las estructuras de la Administración, que ya no se va a llamar periférica -me da igual, aquí el nomen iuris, al fin y al cabo lo que hace es más bien perturbar las cosas que
aclararlas-, me preocupaba desde la perspectiva que he comentado. Ustedes han recurrido en la última legislatura -yo creo que como mecanismo de reacción a lo que consideran que ha sido demasiado desarrollo estatutario de estos llamados estatutos de
nueva generación- a utilizar títulos competenciales impropios o transversales, fundamentalmente, el previsto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, el de la igualdad, para elaborar leyes como la de dependencia y otras sin título competencial
alguno para hacerlo. Esto puede engrosar terriblemente la Administración periférica del Estado.
Utilizando esto sistemáticamente ustedes pueden atribuir a los delegados y subdelegados las competencias que les dé la gana. No sé si es una expresión
correcta, que ustedes consideran pertinente, si les parece mejor la expresión. Desde esa perspectiva, tengo ciertas renuencias y me gustaría una explicitación mayor. Por lo demás, ojala tengamos la oportunidad, desde la pasión o desde la flema, de
poder comprendernos antes o después, señora ministra.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: No voy a agotar los tres minutos. Simplemente, reitero dos preguntas a la señora ministra, por si me las puede contestar con concreción. La primera, sin perjuicio de que se la pueda formular para respuesta escrita:
¿Considera adecuado y ajustado a derecho y a la lógica que la Generalitat y otras comunidades autónomas participen, en cuanto a la formación continuada, en las decisiones que se tomen sobre los fondos de formación continua mediante la comunicación
de convocatorias de las reuniones de la Comisión general de formación continua y de la permanente, en los órdenes del día y en los acuerdos tomados? La segunda sería si considera que se puede territorializar la parte proporcional de los fondos que
se destinen a financiar planes interadministrativos, pues sabe usted que la Generalitat lo considera un atentado competencial. En el nuevo estatuto, con aquello de las competencias compartidas, le he preguntado si ha dialogado ya con la Generalitat
respecto a la futura organización territorial de Cataluña, en dos temas fundamentales: si el Parlamento intentará legislar sobre mínimos que permitan decidir desde Cataluña, en el ámbito de esa competencia compartida, la organización territorial y
si se podrá legislar sobre régimen local.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista señora Malaret.
La señora MALARET GARCÍA: Muy brevemente. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista quisiera animar al Gobierno y a la ministra a que continúen trabajando al servicio de las necesidades colectivas, de los derechos de los ciudadanos, de
las empresas garantizando la igualdad de oportunidades efectiva y real, la competitividad de nuestras empresas y por tanto simplificando la reglamentación y los procedimientos, modernizando
las estructuras y los procesos para una mayor eficiencia en la asignación de los recursos públicos y reduciendo las cargas administrativas o, como a veces se dice, reduciendo el impuesto papel.
El señor PRESIDENTE: Turno de cierre para la señora ministra.
La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Salgado Méndez): Muy brevemente, señor presidente. Agradezco a todos los grupos su intervención, el tono y el contenido. En ese todos incluyo en esta réplica al Grupo Parlamentario Popular,
que evidentemente ha expresado su opinión. Espero que eso no impida que podamos llegar a acuerdos importantes a lo largo de esta legislatura como con el resto de grupos.
Quisiera decir algo que me parece que puede tener un cierto carácter general para los grupos, tanto para el BNG, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Esquerra Republicana. Por la vía del
ejemplo. Cada vez que hay un requerimiento de una comunidad autónoma sobre una norma aprobada, por ejemplo un decreto en Consejo de Ministros, y en la contestación al requerimiento damos la razón -porque eso lo ve el Ministerio de Administraciones
Públicas y por supuesto también el Consejo de Ministros- a la comunidad autónoma que ha presentado ese requerimiento, siempre pensamos que nos lo podíamos haber ahorrado. Les decía que a eso responde este deseo del ministerio -creo que es
compartido- de perfeccionar la forma de hacer las normas. Las normas con rango de ley llegan al Parlamento y es su tarea el ser cuidadosos con que se respete el marco competencial. Esa tarea es también nuestra a la hora de la propuesta al Consejo
de Ministros para la aprobación del proyecto. Pero en normas que no llegan a este Parlamento también queremos respetar absolutamente ese marco competencial. Esa es la reflexión que se hace desde el ministerio. Cada vez que hay un requerimiento no
siempre estimamos que tiene razón la comunidad autónoma que plantea el requerimiento, evidentemente, pero siempre que lo hay y damos la razón a la comunidad autónoma y se modifica en ese sentido la norma, pensamos: este es un paso que tal vez
hubiéramos podido prever de antemano y no plantearlo. Estamos en un proceso de mejora constante de nuestra actividad normativa para ser absolutamente respetuosos en los temas competenciales. A esa razón responde la disminución de la conflictividad
nueva, aparte de los desistimientos, durante la legislatura pasada. Seguirá habiendo casos, seguramente por la propia dinámica. Hay competencias concurrentes en las que el señor Olabarría y yo no nos ponemos de acuerdo. Al final de la
interpelación del otro día lo que se decía por parte del Grupo Vasco era más una cuestión económica que competencial. Lo que se estaba discutiendo era si el Gobierno de España podía con los Presupuestos Generales del Estado instalar grandes centros
de investigación en el territorio del País Vasco y las sentencias del Tribunal Constitucional dicen que el hecho de que se construyan esas instalaciones no impide que el Gobierno vasco haga las suyas propias.
Como digo, al final era más una
cuestión presupuestaria que competencial y eso es algo que pasa con las competencias concurrentes. Estamos muy empeñados en ese proceso de calidad normativa que tiene dos partes, a modo de resumen podríamos decir: una primera parte, la calidad
normativa en el sentido de no imponer cargas adicionales a los ciudadanos y a las empresas que dificulten la actividad y el crecimiento económico y, por tanto, que esa nueva regulación no suponga un impedimento para el desarrollo de la actividad en
el mercado interior; por otra parte, esa calidad normativa destinada a respetar todos los planteamientos, nuestro Estado autonómico y este Estado compuesto que ustedes han mencionado y del que soy absolutamente consciente.
En cuanto a cuestiones concretas, nuestra intención es que la ley de la Función pública de la Administración General del Estado (probablemente ese sea el primer nombre que le otorguemos) pueda estar en el año 2009 en este Parlamento. En
cuanto al calendario de las transferencias concretas, en Cercanías, conoce el señor Jané la dificultad; en aeropuertos sabe también que el presidente del Gobierno ya se ha manifestado sobre los aeropuertos menores y ha hablado de un modelo
aeroportuario en el que tengan cabida el sector privado y la Administración autonómica. En cuanto a ese 50 por ciento, no he hecho más que repetir el discurso de investidura del presidente. Eso es lo que dijo en el discurso de investidura y en ese
50 por ciento está incluida la Seguridad Social, como sabe el señor Jané y, por tanto, lo que es propiamente Administración General del Estado es una parte muy pequeña de todo ese gasto público. Por lo que se refiere a las 37 competencias
pendientes de transferencia al País Vasco, he tenido una reunión con la vicepresidenta del Gobierno vasco y ella no me ha hablado de 37, sino de 5 y no se le oculta a S. S. que el Gobierno de España -y no quiero que interprete eso como que no nos da
la gana- ve en este momento algunas dificultades. No quiero decirle cosas distintas de la realidad, de lo que ha sucedido y que usted conoce tan bien como yo.
Respecto a las preguntas que me ha hecho el señor Canet, preferiría contestárselas por escrito, porque son muy concretas. Evidentemente todas las convocatorias de reuniones tienen que cumplir los trámites de plazos y convocatorias, salvo
acuerdo de las dos partes. Nada puede impedir que dos partes se pongan de acuerdo en convocar una reunión para las tres horas siguientes. Si eso no ha sido así, evidentemente debería haberlo sido.
Señor Merino, vamos a intentar seguir avanzando en la conciliación, pero no olvidando tampoco a los ciudadanos. Los empleados públicos tenemos que conciliar, pero nuestra conciliación tiene que estar siempre supeditada a los intereses de
prestar un mejor servicio público.
Espero que tengamos oportunidad de debatir mucho y en un ambiente cordial a lo largo de esta legislatura.
LA POSIBLE INCOMPATIBILIDAD DEL NOMBRAMIENTO DE DON DAVID TAGUAS COEJO COMO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS DE ÁMBITO NACIONAL (SEOPAN), INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER OCUPADO EL CARGO DE DIRECTOR DE LA OFICINA
ECONÓMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS, ATENDIENDO A LA LEY 5/2006, DE 10 DE ABRIL, DE REGULACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DE LOS ALTOS CARGOS
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
(Número de expediente 213/000066.)
- EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DEL EX RESPONSABLE DE LA OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000067.)
- EL NOMBRAMIENTO DEL EX DIRECTOR DE LA OFICINA ECONÓMICA DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, EL SEÑOR DAVID TAGUAS, COMO MIEMBRO DE LA PATRONAL DE LAS GRANDES CONSTRUCTORAS SEOPAN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA
REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 213/000069.)
El señor PRESIDENTE: Lo que procede, visto que todavía queda por sustanciar un punto del orden del día, es que, sin dilación -si la ministra no tiene inconveniente-, procedamos a sustanciar el siguiente punto del orden del día, que consiste
en las solicitudes de comparecencia numeradas 213/000066 y 213/000069 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y 213/000067 del Grupo Parlamentario Popular. Tal como indicaba en mi primera
intervención, se debatió en Mesa y Portavoces del 4 de junio una ordenación general para sustanciar las comparecencias consistente, en primer lugar, en la intervención del o la compareciente; en segundo lugar, los grupos parlamentarios de menor a
mayor que hayan solicitado la comparecencia; en tercer lugar, los grupos parlamentarios de menor a mayor que no hayan solicitado la comparecencia; y de nuevo el cierre del o la compareciente. De acuerdo con ese orden establecido con carácter
general, salvo que otra cosa disponga específicamente el Reglamento para alguna comparecencia en particular, toma la palabra, en representación del Grupo Parlamentario... (Pausa.) Perdón, primero la compareciente, por supuesto, y después los grupos
parlamentarios de menor a mayor.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Salgado Méndez): Gracias, señor presidente.
Yo creo que le ha sucedido lo mismo que a mí, que como sobre este tema ya hemos tenido preguntas, interpelaciones, mociones, etcétera, es difícil saber que ahora es una comparecencia y que, por tanto, debo intervenir en primer lugar.
Quisiera empezar diciéndoles que ha habido una serie de preguntas: una interpelación del señor Herrera, el 14 de mayo; dos preguntas orales del señor Merino; un procedimiento; una resolución administrativa; y hay una moción consecuencia
de interpelación presentada al Pleno y rechazada por esta Cámara. En opinión del ministerio, sobre este tema hemos debatido ampliamente, pero por supuesto la palabra la tienen SS.SS., y si solicitan una comparecencia, yo estoy aquí para comparecer.
En estas últimas semanas parece que no se busca tanto información como reiterar posiciones prefabricadas, porque sobre este tema se sigue hablando, se sigue argumentando y se sigue -si me lo permiten- exagerando. No basta con que yo afirme
en sede parlamentaria que no hubo informe previo; se sigue afirmando lo contrario, que hubo un informe previo que, desde luego, les repito que no existe. En alguna de las preguntas parlamentarias ha habido, incluso, algún falso silogismo, en el
que alguien, citándose a sí mismo como fuente de autoridad, dice: En mi opinión esto no es un fichaje de Seopan; surge por una llamada a Seopan de Presidencia de Gobierno al Ministerio de Industria. A continuación añade para justificar la
realidad de esa afirmación, que esas palabras ya se dijeron en la pregunta que formularon el pasado día 14. Es decir, se utiliza una pregunta; se convierte de inmediato en afirmación, como base para sustentar que algo que se afirma es cierto. Por
otra parte, también se dice que un periódico acredita documentalmente que el visto bueno al fichaje del señor Taguas lo dan, en sendos informes, el director general del gabinete de Presidencia y el secretario de la comisión delegada, cuando lo que
se publica es la comunicación de la Oficina de Conflictos de Intereses comunicando que, a la vista de los informes, no existe ningún inconveniente a que desarrolle esa actividad privada. Creo que se está constantemente invirtiendo la carga de la
prueba, manipulando la información necesaria aportada por los órganos administrativos con los que ha tenido relación el señor Taguas. Incluso se ha llegado a decir que con mi comportamiento estoy validando una indecencia en política. En estos
días, y con relación a la aplicación de esta ley, se están pronunciando palabras como independencia,
decencia o indecencia; y yo les voy a hablar, también, de respeto institucional y de transparencia.
España forma parte -como ya he dicho en ocasiones anteriores- del Grupo de expertos de la organización de cooperación y desarrollo económico que trabaja para la elaboración de criterios de transparencia y control de los lobbyst. Esa es una
tarea que forma parte de los trabajos del Comité de gobernanza pública para la promoción de una Administración abierta y en la mejora de las políticas públicas. Hace cuatro años -como recordarán SS.SS.- introdujimos mejoras en el marco de la
infraestructura ética en España, en la Ley 5/2006 de Conflicto de Intereses, pero no solo; también en el código de buen gobierno, en la regulación de la publicidad y la comunicación institucional o en el Estatuto de RTVE. La Ley 5/2006, que es la
que más nos interesa, establece un avanzado régimen para prevenir, detectar y sancionar posibles conflictos de intereses de miembros del Gobierno y de altos cargos. Es una ley que abarca desde aspectos como la incompatibilidad con otras actividades
como las limitaciones patrimoniales y las actividades postempleo. La parte fundamental de esta norma prohíbe no solo que el alto cargo, cuando cesa, pueda pasar a empresas en las que ha influido positivamente de forma totalmente legal, sino el pase
a toda sociedad con la que el citado cargo haya tenido una relación directa, de tal forma que la ley establece que el alto cargo durante dos años no podrá desempeñar servicios en empresas o sociedades privadas -dice- relacionadas directamente con
las competencias del cargo sancionado, y al mismo tiempo -esto también es una novedad- sanciona a la empresa que incumpla la ley con la prohibición de contratar con el sector público. Quisiera señalarles en qué aspectos esta ley es más estricta que
la Ley de Incompatibilidades anterior. En primer lugar, la ley anterior establecía dos regímenes distintos de prohibición, dependiendo de si el puesto del alto cargo llevaba aparejada una compensación económica al cese o no, mientras que la vigente
impone las mismas condiciones para todos. En segundo lugar, la ley anterior solo impedía el acceso a sociedades privadas cuando había resoluciones firmadas por el propio alto cargo en relación con dichas sociedades, y por tanto dejaba expedita la
posibilidad de que el alto cargo pudiera ir a sociedades en las que él personalmente no había firmado pero sí sus superiores u órganos subordinados. En tercer lugar, la nueva ley impide también que el alto cargo desempeñe su actividad en una
sociedad cuando hubiera participado en un órgano colegiado que hubiera tomado una decisión referente a la misma, y también sanciona aquí a la empresa que incumpla la ley. Como les decía, la preocupación del Gobierno socialista con los códigos
éticos no terminó ahí, se estableció un código de buen gobierno y en el Estatuto básico del empleado público se prevé un código de conducta aplicable a todos los empleados públicos, estableciendo por primera vez en nuestra legislación una regulación
de deberes y derechos básicos fundada en principios éticos.
Algunas de las cuestiones de estos días se han centrado en el procedimiento o la independencia de la Oficina de Conflictos. En cuanto al procedimiento quisiera señalarles que, de acuerdo con la ley, todo ex alto cargo, antes de iniciar una
actividad privada, se debe dirigir con una petición concreta a la Oficina de Conflictos de Intereses para que ésta dictamine si es compatible o no tal desempeño. Es decir, no existe informe previo, porque la comunicación tiene que ser con una
petición concreta. El señor Taguas se dirigió a la Oficina de Conflictos de Intereses para saber si su desempeño como presidente de Seopan sería acorde con la normativa que le es exigible. La Oficina de Conflictos recibió tal petición el día 30 de
abril, y como ante cualquier otra petición procedió a recabar la información necesaria para determinar si dicha actividad era compatible lo previsto en la ley. Por tanto, procedió a recabar los elementos de juicio necesarios dirigiéndose a los
órganos administrativos correspondientes para que informaran sobre la actividad del señor Taguas en relación con Seopan. En concreto se dirigió al director del Gabinete del presidente del Gobierno, dada la función que había desempeñado el señor
Taguas como director de la Oficina Económica, y al secretario de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, dada la asistencia del señor Taguas a las sesiones de este órgano, porque no parecería razonable que la comprobación en archivos y
expedientes tuviera que realizarse por el Gobierno o el ministro de Economía, parecía más razonable que tuviera que realizarse por las personas que tienen a su cargo la custodia de dichas actas o expedientes. Lo que acreditan en su informe los
responsables de estos órganos administrativos, que son el director general del Gabinete de Presidencia del Gobierno y el secretario de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, es que el señor Taguas no ha dictado resolución alguna ni participado
en sesiones de órganos colegiados en los que se adoptaran acuerdos o decisiones que afecten a la entidad Seopan, algo que es muy distinto a lo que se ha publicado de que estos órganos administrativos con sus informes acreditan documentalmente el
visto bueno al fichaje del señor Taguas. Lo único que hacen es contestar exactamente a lo que se les pregunta, si han participado en sesiones de órganos colegiados que han tomado decisiones que afecten a Seopan o si han dictado resoluciones que
afecten a Seopan.
Posteriormente, la Oficina de Conflictos de Intereses, desde la autonomía funcional de que goza, basándose en informes jurídicos, en fundamentos jurídicos y en los precedentes resolvió la instrucción del procedimiento, comunicando
al señor Taguas que la actividad privada considerada no conculca lo previsto en la ley; basándose en fundamentos jurídicos y con el criterio asentado de que toda norma restrictiva de derechos individuales debe ser interpretada desde el punto de
vista estricto y no ampliarse o hacerse más gravosa de lo que dispone la propia norma.
Algunas de las críticas se centran en la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses. En la Ley de conflictos de intereses se ha previsto que el órgano encargado de controlar el cumplimiento de la norma sea esa Oficina de
Conflictos de Intereses, una unidad que está adscrita al ministerio que yo dirijo pero que actúa con plena
autonomía funcional, siguiendo únicamente los preceptos establecidos en la ley. Es una unidad integrada en su totalidad por funcionarios de carrera que resuelve de acuerdo con su autonomía funcional, al igual que acontece con otros órganos
de la Administración, por ejemplo, la Intervención General de la Administración del Estado. Nadie cuestiona que sea el propio Congreso el que controle las incompatibilidades de los diputados, porque se entiende que lo hacen con pleno respeto de los
fundamentos jurídicos y de la legalidad. Por tanto, señorías, estoy absolutamente tranquila de haber obrado bien desde el punto de vista ético y jurídico, sabiendo -estoy absolutamente convencida- que el procedimiento y la resolución administrativa
que ha adoptado la Oficina de Conflictos de Intereses (quiero recordar que ha sido ante una solicitud del señor Taguas, que ha tomado individual y particularmente la decisión de desarrollar su actividad profesional en Seopan) es correcta y ajustada
a derecho. Esa tranquilidad me la proporciona también saber que los funcionarios de la Oficina de Conflictos de Intereses son excelentes profesionales que resuelven este y casos similares con imparcialidad y con idénticos criterios jurídicos desde
hace más de quince años. Mi tranquilidad sería completa si se cumpliera el respeto institucional, el respeto a las leyes y, por supuesto, también el respeto a las personas.
El señor PRESIDENTE: Dado lo avanzado de la hora y los antecedentes parlamentarios, rogaría un esfuerzo de máxima compresión a los representantes de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, por el grupo solicitante de la
comparecencia, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, interviene el diputado Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Señora ministra, no voy a reiterar argumentos dados pero sí quiero aclarar algunas cuestiones. Usted dice que no hay informe y, como ya le dije, me felicito de esa información. El problema está en que el primero
que habló del informe o de la información privilegiada no fue un diputado ni una diputada, fue el mismo señor Taguas, quien comunicó que había solicitado una información previa a la Oficina de Conflictos de Intereses y que esta le había aclarado que
en principio no había conflicto alguno. Por tanto, no es que hablemos de informe, hablamos de información privilegiada, utilizada por el señor Taguas, y de un mal funcionamiento -esto a partir de las declaraciones no de un diputado sino del señor
Taguas- de la Oficina de Conflictos de Intereses. Estas declaraciones han sido recogidas en diferentes medios, que acreditan precisamente que la Oficina de Conflictos de Intereses dio una información al señor Taguas que por ley no le debía dar.
Segundo elemento. Lamento que continúen diciendo que la ley aprobada en la legislatura anterior se ha interpretado de manera correcta. Es más, lamento que si ustedes entienden que se ha interpretado de manera correcta no anuncien la
modificación de dicha ley. Desde mi punto de vista -y fue la opinión de muchos grupos parlamentarios, no del nuestro en exclusiva-, lo que hay es una perversión de la ley, una interpretación que pervierte la ley. Hago mía la interpretación que ha
hecho el señor Olabarría, que la interpretación que se hace de la Oficina de Conflictos de Intereses prostituye la ley. Creo que así es y que se incurre en fraude de ley. Lamento que hoy, pasado el tiempo, cuando la noticia del señor Taguas no
aparece en todos los titulares, ustedes no asuman un compromiso no solo ético sino en favor de la transparencia para modificar esa ley. Con el tiempo hemos sabido de otros casos, como el de Francisco Torrente -también lo ha dicho el señor
Olabarría-, secretario de Estado de Defensa y presidente de Unión de Explosivos Alaveses. Lo cierto es que esto significa un cierto relajo ético, si me permite la expresión, que ustedes deberían atajar y no avalar. Ustedes pueden tumbar -en este
caso lo hicieron así con el apoyo de Convergència i Unió- la moción consecuencia de interpelación, pero se están equivocando en este inicio de legislatura en esta materia, porque la relajación ética acaba suponiendo abrir la puerta a determinados
comportamientos y no creo que sea voluntad de ningún Gobierno -espero que tampoco del suyo- que se abra la puerta precisamente a comportamientos tan poco éticos.
Para no reiterar argumentos, porque ya lo discutimos, voy a hacerle una serie de preguntas que aunque las he entregado por escrito me gustaría que usted me aclarase. Quisiera saber si la Oficina de Conflictos de Intereses conoce la empresa,
que no organización sin ánimo de lucro, Seopan Export, vinculada al grupo Seopan, que según ustedes y la Oficina de Conflictos de Intereses es una organización sin ánimo de lucro, algo similar a una ONG, pero que desde nuestro punto de vista obedece
a las funciones de lobby. Hay una empresa que se llama Seopan Export, vinculada a Seopan, y quería conocer su opinión. También me gustaría saber si el Instituto Español de Comercio Exterior ha concedido alguna subvención a Seopan o a Seopan
Export, cuándo se concedió, el importe y el motivo.
Quisiera saber si el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio también concedió alguna subvención a Seopan o a Seopan Export, con personalidad jurídica distinta; cuándo se concedió, el importe
y el motivo. Y de la misma manera, si lo ha realizado, si ha mantenido reuniones o ha concedido subvenciones la Administración General del Estado.
Quisiera añadir algo que no pude hacer en la interpelación. Supongo que sabe usted que Seopan, grupo exportador, que ya le digo yo que no es Seopan -en este caso el señor Taguas tiene también vinculación con Seopan, grupo exportador-,
manifiesta en su página web que dos de sus funciones son defender los intereses de las empresas miembros en el ámbito nacional, sobre todo ante los ministerios de Industria, Turismo y Comercio, Fomento y Medio Ambiente, ante el ICEX, el Instituto
Español de Comercio Exterior, ante el Consejo Superior de Cámaras, ante la CEOE, etcétera, y
colaborar con las administraciones referidas y con otros estamentos en el conocimiento de las mejores prácticas posibles. Quisiera saber, por tanto, qué reuniones se han materializado en este caso con Seopan, grupo exportador, por miembros
del Gobierno y con qué motivos. Precisamente dicha información avala lo que algunos sosteníamos y lo que a ojos de multitud de opinadores de todos los colores era más que evidente. Seopan es un grupo de presión por excelencia; es una organización
con ánimo de lucro porque precisamente tiene por objeto defender el lucro de determinadas empresas. Lo lamentable, lo triste y lo sorprendente es que la Oficina de Conflictos de Intereses no lo avalase. Lo cierto es que con las preguntas que yo he
registrado y que hoy mismo le traslado -acabo ya, señor presidente- se da un paso adelante, porque con una interpretación restrictiva de la ley podríamos interpretar que Seopan era una organización sin ánimo de lucro y lo que está claro es que
Seopan Export no es una organización sin ánimo de lucro, señora ministra, y, si esto es así, es evidente que el caso Taguas debería considerarse claramente por la Oficina de Conflictos de Intereses un fraude de ley.
Por último, le reitero una pregunta que no me contestó en la interpelación ni en mi primera intervención ni en la réplica y que es la siguiente: ¿Cuándo va a cumplir el Gobierno con el desarrollo reglamentario de la Ley de
Incompatibilidades? Sabe que existía una disposición que establecía precisamente que se tenía que cumplir ese desarrollo reglamentario. Llevamos dos años de retraso, incumpliendo la ley, y tengo curiosidad sana -muy sana- por saber cuándo va a
cumplir el Gobierno con la ley. Porque está claro que una ley de estas características, la Ley de Incompatibilidades, para que tenga fuerza necesita un desarrollo reglamentario. Y creo que es razonable que cuando el Gobierno está en falso, y está
en falso porque no cumple la ley, el primer compromiso de su ministerio debería ser el calendario, un compromiso hoy público -y le ruego, por favor, que me conteste, porque en la interpelación no me contestó- de cuándo se va a cumplir. A la vez
lamento que en aquella moción, en la podíamos discutir muchos puntos, el resto de grupos no votase a favor este punto, que es cumplir la ley. Recordaré que se votó en contra de cumplir la ley, en este caso, para el desarrollo reglamentario de la
misma.
Señor presidente, he intentado no reiterar argumentos y quiero poner de manifiesto una cuestión. Las comparecencias, como se pone hoy también en evidencia, hay veces que llegan muy tarde. La dinámica parlamentaria -y sé que esto no es una
cuestión que dependa de la Mesa- debería permitir que las comparecencias de este tipo se pudiesen producir cuando tocan.
Suerte que tenemos otros instrumentos parlamentarios como las interpelaciones, las preguntas, etcétera, porque lo de hoy pone
de manifiesto, en definitiva, que llegamos tarde. Por suerte, hay información nueva y espero que la señora ministra me resuelva las cuestiones y me aclare la duda que no me aclaró en el marco de la interpelación.
El señor PRESIDENTE: Reiterando la solicitud de máxima concreción, por un turno de cinco minutos tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, respecto al turno de cinco minutos, como usted comprenderá, en un tema tan importante como este procuraremos ceñirnos al máximo posible al tiempo, pero tampoco le podemos garantizar que esto se
despache en cinco minutos como ha hecho la señora ministra, aunque luego me diga que utilizo vocablos.
Señora ministra, no se puede venir aquí a comparecer para decir lo que usted ha dicho; aparte de reñirnos en el preámbulo, de decir que unos y otros -o algunos- exageramos en este tema y manipulamos la información.
Creo que aquí los únicos
que están manipulando la información y la legalidad son ustedes. Además, lo triste de esto, señora ministra, es que usted le falta al respeto a este Parlamento. El Grupo Parlamentario Popular tiene pedidos desde el 23 de mayo, sobre la base del
artículo 7 del Reglamento de esta Cámara, documentos oficiales del expediente y ustedes todavía no nos los han facilitado. ¿Por qué? ¿A qué viene ese oscurantismo? ¿Por qué no facilitan ustedes los documentos a los diputados? A lo mejor es por
esto que le ha comentado el diputado señor Herrera y a lo mejor es porque la Oficina de Conflicto de Intereses no ha hecho bien su trabajo o no interesaba que hiciera bien su trabajo.
Voy a entrar en un detalle un poco técnico y luego entraré en la cuestión política. Señora ministra, la Ley 5/2006, de 10 de abril, en su exposición de motivos dice que el régimen de incompatibilidades se constituye como un nuevo régimen
regulador de la actuación de los altos cargos en el que, perfeccionando el anterior de incompatibilidades, se introducen nuevas exigencias y cautelas que garanticen que no se van a producir situaciones que pongan en riesgo la objetividad, la
imparcialidad e independencia del alto cargo, sin perjuicio de la jerarquía administrativa. La nueva ley gravita en torno al concepto de conflicto de intereses, entendido como aquella situación que conlleva una colisión público-privada de los
intereses o las expectativas en concurso.
Desde esta perspectiva cabe afirmar que el nombramiento del señor Taguas como presidente de Seopan constituye un supuesto meridiano de conflicto de intereses, atendiendo a las responsabilidades de su cargo
anterior y en función de los intereses llamados a representar, porque está representando y es presidente de una asociación compuesta por las 33 grandes constructoras de España. Además, esas grandes constructoras de España son las mayores
accionistas de las empresas eléctricas de España, como luego le comentaré.
Frente a la declaración de la exposición de motivos, el artículo 4 habla de la limitación del ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese y pone de manifiesto con plena nitidez que el legislador, lejos de acabar con
situaciones de suyo improcedentes de conflicto, ha venido
a reducir el ya insuficientemente régimen regulador que se establecía en la Ley 12/1995, de 11 de mayo. Dice el artículo 4 que hay conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los
que confluyen al haber intereses de su puesto público e intereses privados propios de familiares directos o intereses compartidos con terceras personas. Este concepto general de conflicto incluiría de manera indubitada la situación del señor Taguas
en el momento actual. Desde la perspectiva de los intereses propios del puesto público ocupado, es evidente que el señor Taguas fue miembro de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, ha participado en la formación de la voluntad de
importantes decisiones administrativas que afectan a los intereses particulares de las empresas que se agrupan en Seopan. El concepto de intervención en decisiones no debe restringirse en ningún caso, desde la perspectiva del derecho público, a la
adopción directa de resoluciones administrativas, sino que comprende algo más amplio: la participación directa o indirecta desde la posición de jerarquía que ocupa una persona en la Administración pública en cualesquiera decisiones administrativas
o políticas en asuntos públicos. El señor Taguas, en la medida que era director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, ha participado activamente en la definición de estrategias del sector de la construcción en España, interviniendo
en el proceso de preparación, ponderación e informe de normas y líneas de actuación que afectan al propio sector. Ha intervenido en decisiones propias que tocan a los intereses de las empresas constructoras. Además, como miembro de la Comisión
Delegada de Asuntos Económicos, se le atribuyen competencias decisorias y ha venido a integrar con su voto decisiones de carácter ejecutivo de cuya proyección jurídica sobre el sector no se puede dudar.
Además, debe determinarse si existe colisión
de intereses desde la perspectiva de los intereses de Seopan. Se ha manifestado aquí que Seopan es una asociación sin ánimo de lucro y que no tiene capacidad jurídica para formalizar contratos. Pero, señora ministra, la restricción que realiza el
artículo 8 para el desempeño posterior de servicios en empresas y sociedades privadas excluía de la posible limitación al señor Taguas, habida cuenta que Seopan es una asociación sin ánimo de lucro y en ningún caso una empresa o sociedad privada.
Me estoy saltando algunos aspectos por intentar abreviar.
Retomando la intervención del portavoz de Izquierda Unida, quiero decirle, señora ministra -y por eso creo que ustedes interesadamente no han hecho bien su trabajo en este ministerio-, que Seopan y el señor Taguas tienen conflictos de
intereses. En la resolución de 3 de octubre de 2007 de la Secretaría General de Comercio Exterior se publican subvenciones concedidas a asociaciones y federaciones de exportadores, entre ellas Seopan figura como uno de los beneficiarios en la
relación publicada. La resolución de 19 de enero de 1999 del Ministerio de Economía y Hacienda reconoce a Seopan la categoría de entidad colaboradora de la Administración en relación con las actividades propias de las asociaciones exportadoras.
Seopan ha llegado a participar con representantes en órganos colegiados para la concesión de sellos homologados para la fabricación; resolución de 29 de julio de 1999 de la Dirección General de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo. ¿Todo eso lo
sabe la señora ministra? ¿Todo eso se lo ha dicho a usted el señor Taguas? ¿Todo eso se lo ha dicho a usted el director del Gabinete de Presidencia del Gobierno en ese informe que le solicitaron? ¿Todo eso se lo ha dicho a usted el secretario de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en ese informe que le solicitaron? ¿Todo eso lo han investigado y han procurado informarse los miembros de la Comisión de conflictos de intereses? O no lo han hecho o se lo han callado. No
hay más que esas dos vías. O no lo han hecho o se lo han callado, pero que a la vista de esto hay conflicto de intereses es público, manifiesto y notorio. Es más, señora Salgado, es público y notorio que el señor Taguas intervino para resolver el
problema de Sacyr y la empresa francesa Eiffage. Es público y notorio, porque ya se encargó él también de promocionarse, que el señor Taguas intervino en un problema que tenía una empresa eléctrica, participada mayoritariamente por una de las
constructoras que componen Seopan, para resolver un conflicto de esa empresa eléctrica con un Estado de Iberoamérica. Es público y notorio que el señor Taguas participó en la opa que se llevó a cabo sobre Endesa, precisamente por una empresa de las
que componen Seopan. Es público y notorio, porque son declaraciones suyas, que cuando el señor Taguas -que por cierto lo han nombrado vicepresidente de la Confederación Nacional de la Construcción, es otro cargo que va sumando- estaba en el cargo
de director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno dijo textualmente: El Gobierno apoyará al mercado inmobiliario. A todo esto usted dice, señora ministra, ¿que no hay conflicto de intereses, que es legal y que es acorde a la Ley
5/2006 que el señor Taguas se vaya a Seopan a cobrar un suelo de 300.000 euros?
Le voy a leer, para finalizar, unas simples palabras: La consigna que se percibe en el ambiente del referido grupito de cabecera de ZP es: ¡Enriqueceos! El mero hecho de que un personaje como Taguas sea contratado por un lobby de tal
envergadura no parece producto de la casualidad sino del aprovechamiento de las buenas relaciones del personaje con el Gobierno. Los fontaneros de La Moncloa filtraron en su día que Zapatero estaba desagradablemente sorprendido por la decisión de
Taguas, lo que ha sido desmentido por los hechos: en primer lugar, por el conocimiento posterior de que Taguas le informó personalmente días antes y, sobre todo, porque de ser cierto su disgusto el Ministerio de Administraciones Públicas no hubiera
emitido un dictamen favorable a dicha contratación, un dictamen de una fragilidad sonrojante. La clave del informe Salgado es que Taguas no ha sido fichado por una empresa sino por una agrupación de empresas, lo que no puede ser más farisaico.
Después de este dictamen no sé a qué esperan los integrantes de la Oficina de Conflictos para dimitir por vergüenza. Después de este fallo más vale suprimirla, pues su credibilidad ha quedado por los suelos. Esto no lo dice el Partido
Popular ni el Grupo Popular, esto lo dice elplural.com, que es un periódico de las nuevas tecnologías -que a ustedes les gusta tanto y a nosotros también nos gustan tanto-, periódico digital progresista, y quien lo escribe se llama José
García Abad, que es periodista, escritor, director de El Siglo y analista político. Coincide exactamente con lo que pensamos la mayoría de los grupos parlamentarios; coincide con que todas esas palabras que el señor presidente del Gobierno dijo en
el debate de investidura de decentes se han convertido, en el primer mes de su Gobierno, en una indecencia política.
Señora ministra, quiero anunciarle que tras estas averiguaciones que hemos estado realizando y que le he puesto de manifiesto, que el caso Taguas no es que termine hoy aquí en esta Comisión ni en esta comparecencia, el caso Taguas va a
seguir y se va a ampliar. Al final, ustedes van a tener que dar la razón a que esto es una ilegalidad manifiesta y que hay un conflicto de intereses evidente en el caso del señor Taguas.
Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad.
El señor PRESIDENTE: Ha consumido, como ha visto, más que holgadamente el turno de diez minutos que contempla el Reglamento. Ruego a los grupos parlamentarios que no han solicitado la comparecencia que tengan a bien considerar la solicitud
de no consumir más de cinco minutos en este tercer punto del orden del día.
El señor JANÉ I GUASCH: Intervengo con brevedad. Nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, y este mismo portavoz tuvieron la ocasión de pronunciarse en el Pleno de la Cámara en relación con el caso para el que hoy se ha solicitado
la comparecencia de la ministra. Nuestro grupo entiende que aquí hay dos debates: hay un debate de estética, que hay grupos que de alguna manera cuestionan y que yo sobre algún elemento de esa estética tuve ocasión de hablar en el Pleno de la
Cámara, y hay otro aspecto jurídico; son dos planos distintos. El plano jurídico, que entiendo que es el que hoy nos trae aquí, viene dado por la normativa que tenemos -que evidentemente esta Cámara, si lo considera oportuno, puede cambiar,
ampliar o restringir, pero es la normativa que tenemos-, y que la oficina que a tal efecto está, la Oficina de Conflicto de Intereses, con un personal que lleva allí años, incluso de gobiernos anteriores, está en la necesidad de aplicar la normativa
tal y como está redactada; y, repito, esta Cámara tiene potestad para cambiarla si lo considerara oportuno. Por tanto, creo que hay un debate estético, en el que puede haber discrepancias o coincidencias, pero hay otro debate jurídico, que es el
que obliga hoy a la ministra a estar aquí para dar información sobre si se ha cumplido o no la normativa vigente.
La ministra finalizaba su intervención hablando de un necesario respeto institucional, respeto a las leyes y respeto a las personas. Comparto esa filosofía del necesario respeto del marco de convivencia final que todos deberemos darnos a la
hora de hacer cumplir las leyes y, cuando las mismas afectan a personas concretas, velar también por la necesaria presunción de inocencia. Hoy hablamos de un caso concreto, pero mañana puede haber otro y otro día puede haber actuaciones de
diputados que hoy están aquí y que al día siguiente pasen a otra actividad distinta. Creo que debemos velar por esa necesaria presunción de inocencia y ser rigurosos en el cumplimiento de las leyes. Lo que le pido, señora ministra -y no me podré
quedar para escuchar su respuesta a mi intervención, por lo que le pido disculpas-, es que velemos mucho por el cumplimiento estricto del artículo 16 de la Ley 5/2006, que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos
cargos de la Administración General del Estado; que velemos para dar un cumplimiento estricto a la necesaria información parlamentaria que en ese artículo se prevé. Hay cauces para hacerlo, esta misma Comisión es un cauce oportuno para hacerlo;
hay unos informes que de manera periódica deben remitirse y entiendo que sería positivo ese máximo control parlamentario que existe y que lo podamos llevar a cabo en esta Cámara, en ese caso y en los que vengan en un futuro. Esperemos que en un
futuro se cumplan las leyes, como pide Convergència i Unión, y no únicamente eso sino que se vele también por esa necesaria presunción de inocencia y por ese respeto institucional, respeto a las leyes y respeto a las personas, a lo que aludía la
propia ministra.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Malaret.
La señora MALARET GARCÍA: El Grupo Parlamentario Socialista entiende que el Gobierno, y la ministra en su caso, ya han dado las explicaciones pertinentes, tanto en las respuestas orales en el Pleno como con ocasión de la interpelación que
formuló un grupo parlamentario, también en el Pleno; una explicación pormenorizada y detallada que, aun hoy, ha sido reiterada, yo diría que más minuciosamente expuesta por parte de la ministra, en la comparecencia. Se nos ha explicado con todo
detenimiento, y con un detalle y exhaustividad realmente encomiables, quiénes son los actores que han participado en el procedimiento, a título de qué han intervenido las distintas instancias administrativas y cuál ha sido el contenido de los
informes aportados y de la resolución final. Por ello, entendemos que la Oficina de Conflicto de Intereses ha adoptado esta resolución -que en contra de lo que puedan creer algunos creadores de opinión y algunos grupos parlamentarios está sometida
única y exclusivamente a la legalidad, por tanto, lo que sería causa de sorpresa y de sonrojo sería la intervención pública, la intervención de la superioridad jerárquica, en este caso de la ministra- sometida a la estricta legalidad y de acuerdo
con el ejercicio de la autonomía funcional que le impone la ley. Por tanto, en la medida en que la decisión que se ha adoptado es escrupulosamente legal, la cuestión relativa a un determinado comportamiento individual se convierte en algo de
naturaleza estrictamente privada, sobre la que no me parece que deba
pronunciarse una Cámara parlamentaria. Si el comportamiento de los poderes públicos se ha ajustado a la legalidad -como así es- y si de momento, además, no consta ninguna impugnación de esta decisión ante los órdenes jurisdiccionales
correspondientes, no nos parece pertinente volver sobre comportamientos que, como digo, son estrictamente privados, y este no es el lugar oportuno para emitir juicios de carácter moral o ético. Esta es una cuestión personal respecto de la que cada
uno emitirá la opinión correspondiente.
Me parece oportuno señalar que en torno al análisis del supuesto de hecho concreto -que es la emisión con relación a un caso particular y concreto de un informe por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses- se maneja una cierta
confusión, y una de ellas es sorprendente, porque en el sistema jurídico español las asociaciones por definición legal no pueden tener ánimo de lucro, no pueden tener carácter empresarial. Otra cosa es que las podamos etiquetar como lobby, pero
también les recuerdo que esta expresión carece de significado jurídico preciso, por lo que lobby es una asociación que merezca el apoyo y el respeto porque defienda causas que a un determinado grupo le pueda parecer más o menos justas, como otro
tipo de asociación que pueda representar causas que desvaloremos.
En consecuencia les digo que la Ley de conflictos de intereses introduce además una distinción capital, y es que diferencia claramente el régimen de prohibiciones durante el ejercicio del cargo, que es muy riguroso, muy prohibitivo -valga la
redundancia- y además toma en cuenta no solamente hechos, sino también presunciones. No solamente toma en consideración datos objetivos, sino también actitudes. Precisamente por eso la ley endureció el régimen con relación a la legislación
anterior, pero también la ley en la situación posterior al ejercicio del cargo, y durante dos años, lo que es un plazo muy largo con relación a lo que está presente en los países de nuestro entorno -piénsese que, por ejemplo, los comisarios europeos
solo tienen un régimen especial y no hay prohibiciones expresas durante un año-, establece un régimen de prohibiciones muy duro y muy riguroso. Este régimen de prohibiciones, como no podía ser menos en un sistema democrático, respetuoso de los
derechos y libertades, es un régimen tasado que no admite interpretaciones laxas ni extensivas. Si no, estaríamos privando del ejercicio de una libertad -como es el ejercicio de una profesión- a un sujeto sin indemnización. Señorías, este es un
dato fundamental porque es lo que tenemos que tener en cuenta cuando examinamos la ley; no ya la aplicación de la misma -que ya digo que no nos merece ninguna duda-, sino cuando examinamos las propias prohibiciones que establece la ley. Es por eso
que siempre es bueno recordar cómo una organización que ha desarrollado largos análisis y estudios sobre la necesidad de prevenir los conflictos de intereses y de acotar precisamente los supuestos que permiten compatibilizar actividades privadas y
actividades públicas recomienda cautela, recomienda prudencia, recomienda inteligencia, especialmente para las prohibiciones ex post. Me gustaría saber qué hubiera ocurrido si en vez de hablar de la asociación de las grandes constructoras
estuviéramos hablando de la asociación de fabricantes de productos alimentarios de origen ecológico. Estaríamos exactamente ante una entidad de la misma naturaleza jurídica, pero seguramente el juicio de valor habría sido distinto. Por tanto,
seamos prudentes, seamos consecuentes con las reglas que hemos adoptado, pero sobre todo seamos respetuosos con las normas que entre todos nos hemos dado y damos a los órganos administrativos; que la aplicación que hagan de las mismas sea la
aplicación estricta de la ley y no vayan más allá de la misma. Lo más peligroso para los ciudadanos es cuando la Administración va más allá de lo que dice la ley e interpreta de manera laxa las prohibiciones legales.
Finalmente, quiero recordar un dato fundamental. No había hechos nuevos cuando se pidió la interpelación, no había datos nuevos, y por eso, como no había datos nuevos y la conducta era ya una conducta puramente privada, es por lo que a este
grupo parlamentario le parecía que no tenía mucho sentido precipitar una comparecencia cuando ya se habían producido las respuestas del Gobierno de manera sobrada y taxativa en los distintos momentos de control parlamentario.
Nada más, salvo una cuestión de carácter radicalmente distinto; un tipo de consideraciones fuera de las que ahora nos estaban ocupando. Quiero expresar mi agradecimiento por la colaboración de todos los miembros de la Comisión durante este
breve periodo de legislatura, pero, sobre todo, en la legislatura anterior. Quiero decir, con este agradecimiento por la colaboración y el apoyo recibidos, que estas seguramente serán mis últimas palabras en el Congreso de los Diputados, porque
dejaré el escaño al final de este periodo de sesiones. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para un turno de cierre, retoma la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Salgado Méndez): Muy brevemente. A las preguntas que se planteen por escrito, contestaré por escrito. A estos efectos, sí quiero anticipar que el hecho de poder intervenir en un trámite de
audiencia o poder defender los intereses de un sector ante un conjunto de ministerios o una administración no convierte a una asociación que integra varias empresas en una entidad que deba de ser perseguida. En todo caso, como vamos a recibir las
preguntas por escrito, por escrito las contestaremos. Sí que quiero decir que, efectivamente, no ha cambiado nada y que la posición del Gobierno sigue siendo la misma: apoyar lo que ha hecho la Oficina de Conflicto de Intereses en el ejercicio de
sus competencias y entender que nos parece absolutamente ajustado a derecho. Además de eso, quiero decir que aquí se habla mucho de endurecer la norma. La propia OCDE cuando fija las directrices para prevenir la lucha contra los conflictos de
intereses señala expresamente que el establecimiento de medidas de control y de mecanismos para
prevenirlos no puede ser de tal magnitud que ahogue o reprima las expectativas legítimas de los servidores públicos, porque deben conjugarse ambos aspectos. Al mismo tiempo, quiero decirles que una modificación de ese precepto de la norma,
endureciéndolo, solo serviría para impedir absolutamente que profesionales del sector privado pudieran aportar su experiencia y conocimientos en determinados aspectos de la vida pública, dado que se le estaría impidiendo, tras su cese, retornar al
mismo, y sobre todo porque su actuación, aunque fuera intachable, estaría siempre bajo sospechas no fundamentadas ni hechos comprobables.
Por tanto, nos ratificamos en que esa decisión ha sido ajustada a derecho.
Quiero decirle al señor Merino que los informes que ha solicitado -tenemos de plazo hasta el 9 de julio- se los vamos a entregar. Puede incluso leérselos porque son dos párrafos en cada uno de los informes, pero me temo que no se van a
cumplir esas expectativas que usted tiene de encontrar grandes descubrimientos. Al señor Herrera quiero decirle que estamos estudiando el Reglamento de la Ley de conflicto de intereses. En todo caso, va a tener también su influencia la
modificación de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, que, como sabe, va a eliminar la obligación de declarar. Por tanto, vamos a tener ese aspecto en cuenta, al mismo tiempo que cuestiones de seguridad, que no se le ocultan, con respecto a la
referencia a los patrimonios. En todo caso, sí quería decirles una cautela adicional que, por supuesto, tiene la Oficina de Conflicto de Intereses siempre. En cada supuesto y con independencia de la decisión que se haya tomado, si a posteriori se
tiene constancia de que la actuación del ex alto cargo cuando ocupaba su puesto público ha vulnerado el objetivo de dicho precepto, quedaría sin efecto la decisión de la citada oficina y se reabriría el procedimiento. Por tanto, señor Merino, no es
que usted lo declare abierto, es que está abierto durante dos años, lo mismo que todos los casos de todos los altos cargos. Y a ese respecto, no al señor Herrera, que no hay en la trayectoria de su grupo político ninguna experiencia de Gobierno,
pero sí al representante del Partido Popular, que ha hecho referencia a resoluciones... (El señor Herrera Torres pronuncia palabras que no se perciben.) ¡No, es que me voy a referir a unos casos concretos! No sé si usted quiere que me refiera a
casos concretos de su formación política. (El señor Herrera Torres hace gestos negativos.) Por eso. A veces alguno se indigna antes de tiempo.
(El señor Herrera Torres: No, no.) El señor Merino ha hecho referencia a algunas decisiones del año
1999 y a otras del año 2003, que no sé a quién se refieren porque el señor Taguas no estaba en ese momento prestando servicios en la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Sí quiero decirle que la Oficina de Conflicto de Intereses ha
estudiado este tema y ha elaborado su resolución de acuerdo con un número de antecedentes. Les he preguntado: ¿Qué número de antecedentes? No deseo conocer los nombres de las personas implicadas. Me han dicho: Trece antecedentes al menos.
Altos cargos de los gobiernos del Partido Popular que están en idénticos supuestos, es decir asociaciones o entidades que integran a otras empresas o en relación con titulares de órganos que no firmaban resoluciones. En cuanto al informe concreto
de los servicios jurídicos al que ha hecho referencia ese nombre sí lo di quiero decirle que ese nombre concreto, esa referencia concreta del informe del servicio jurídico del Estado que indica que la interpretación de esta norma tiene que ser
absolutamente restrictiva en cuanto limita derechos individuales, se refiere a don Juan Francisco Lazcano Acedo, director general de Carreteras desde junio del año 1996 hasta mayo del año 2000, que pasó, antes de dos años, a ocupar la presidencia de
la Confederación Nacional de la Construcción a la que usted también ha hecho referencia.
Muchas gracias, señorías. No quiero terminar sin agradecer a la señora Malaret la colaboración que me ha prestado a mí, y creo que también a esta Comisión, y por supuesto a las mejores administraciones públicas de nuestro país. Quiero
desearle los mayores éxitos en la actividad que comience a partir de ahora.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por su comparecencia y por sus respuestas. Muchas gracias a todas SS.SS. por esta jornada prolongada. Un saludo especial de reconocimiento, si me lo permiten, desde la Presidencia de
la Mesa a la señora Malaret, hasta hoy portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta Comisión de Administraciones Públicas. Estoy seguro de manifestar el sentimiento de todos los presentes y de los miembros de la Comisión si me sumo a esa
expresión de mejores deseos para su futuro.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las tres y veinte minutos de la tarde.