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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 33, de 03/06/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 33
VIVIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PERE MACIAS ARAU
Sesión núm. 2 Celebrada el martes 3 de junio de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la Mesa de la Comisión en su reunión de 21 de mayo de 2008... (Página 2)
Delegación en las Mesas de las Comisiones de la competencia de éstas de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número
de expediente 042/000001.)... (Página 2)
Comparecencia de la señora ministra de Vivienda (Corredor Sierra), para informar sobre:
- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000016.)... (Página 2)
- Las medidas políticas que adoptará como responsable de su ministerio. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000016.)... (Página 2)
- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000033.)...
(Página 2)
- Los objetivos y programa de trabajo del ministerio durante la presente legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000058.)... (Página 2)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DEL 21 DE MAYO DE 2008.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la señora ministra a la primera sesión de esta Comisión de Vivienda, cuyo orden del día empieza por la ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la
Mesa en su reunión del 21 de mayo. Como conocen las señoras y señores diputados, se acordó la comparecencia, en primer lugar, solicitada por varios grupos y, después, a petición propia, de la señora ministra de Vivienda. Por tanto, damos por
ratificado el acuerdo.
DELEGACIÓN EN LAS MESAS DE LAS COMISIONES DE LA COMPETENCIA DE ESTAS DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número
de expediente 042/000001.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día, como ustedes conocen también, es la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia que tiene la misma de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44, que prevé
que podamos delegar en dichas mesas la adopción de los acuerdos de las comparecencias, tal como es costumbre en las comisiones. Vamos a leer el mismo: De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de 2 de
noviembre de 1983 se delegan en la Mesa de la Comisión las facultades a que se refiere el artículo 44 del Reglamento del Congreso. ¿Están de acuerdo los señor portavoces? (Asentimiento.)
Por tanto, adoptamos este acuerdo.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA (CORREDOR SIERRA), PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000016.)
- LAS MEDIDAS POLÍTICAS QUE ADOPTARÁ COMO RESPONSABLE DE SU MINISTERIO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 213/000016.)
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000033.)
- LOS OBJETIVOS Y PROGRAMA DE TRABAJO DEL MINISTERIO DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000058.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a la celebración de la comparecencia que, como acordamos en reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, vamos a sustanciar conjuntamente en un único turno: a petición propia de la ministra de Vivienda,
comparecencia de la ministra a petición del Grupo Parlamentario Popular, a petición del Grupo Parlamentario Socialista y a petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). El desarrollo de esta comparecencia será el siguiente: en
primer lugar, la señora ministra tendrá un turno sin límite de tiempo para llevar a cabo su exposición. En segundo lugar, intervendrán por diez minutos los representantes de cada grupo parlamentario para fijar sus posiciones, formular preguntas y
hacer observaciones. Como ustedes saben, el orden de intervención será de mayor a menor
y, en último lugar, intervendrá el Grupo Parlamentario Socialista. Tal y como se acordó, las intervenciones se regirán por un principio de flexibilidad pero, desde un punto de vista temporal, les ruego que esta flexibilidad sea comprendida
en el buen sentido de la palabra. A continuación, habrá otro turno de la señora ministra para contestar a los portavoces de los grupos parlamentarios; después, una intervención excepcional de los portavoces de los grupos en el orden anteriormente
citado, con un tiempo que corresponde fijar al presidente, no siendo en ningún caso mayor de cinco minutos. Por último, la señora ministra tendrá una intervención final para contestar a los portavoces de los grupos.
Señoras y señores diputados, vamos a iniciar ya esta comparecencia. Tiene la palabra la señora ministra de Vivienda, doña Beatriz Corredor.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas SS.SS. y demás personas, cargos del ministerio y medios de comunicación, que se encuentran en esta sala de comisiones. Puede resultar
muy común y es perfectamente previsible que en esta primera comparecencia ante esta Comisión de Vivienda les diga que es un honor para mí estar aquí, en el centro de la vida política española, pero la verdad es que así es y quiero manifestarlo con
toda sinceridad.
Siento un profundo respeto por esta institución a la que ustedes representan y soy muy consciente de que comparecer ante esta Cámara es tanto como hacerlo ante el pueblo español, cuya soberanía está depositada en este Congreso, así
como en el Senado, ante el cual espero comparecer próximamente. Además, estoy convencida de que la relación del ministerio que dirijo con este Parlamento va a ser una experiencia valiosa y útil para el mejor desarrollo de nuestra política de
vivienda. Esta Comisión es un foro necesario y privilegiado para dialogar, debatir y alcanzar el objetivo común que todos perseguimos, que es facilitar una vivienda digna a todos los que lo necesitan. Todas las encuestas sociológicas de todos los
niveles, estatales, autonómicas o municipales, sitúan a la vivienda como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles.
Si es una preocupación compartida, la solución debe ser compartida. Si cada administración actúa por su
cuenta, es posible que poco o nada se consiga, pero juntas sí podemos. Esta es la tarea principal del ministerio, la coordinación y la financiación de las grandes líneas de actuaciones protegibles en materia de vivienda desde el respeto a la
distribución competencial y desde el acuerdo y el consenso en torno a un reto que es de todos.
Señorías, el hecho de que el Congreso de los Diputados haya decidido crear esta Comisión da idea de la importancia que este Parlamento le otorga a la política de vivienda y. por eso, me comprometo a facilitar el trabajo de los diputados y
diputadas que forman parte de ella y pongo a su disposición los medios de que dispone el ministerio. Además, me comprometo a comparecer ante SS.SS. no solo para someterme al control parlamentario, sino también para explicarles el desarrollo de las
medidas que vayamos adoptando. También los altos cargos de mi departamento acudirán a esta Comisión cuando sean reclamados para ello.
Señorías, gobernar exige escuchar a muchos, respetar a todos y, finalmente, elegir con responsabilidad. Por eso, nada más tomar posesión de mi cargo inicié una ronda de reuniones con todos los agentes implicados en el sector de la vivienda.
La primera de ellas, y no por casualidad, fue con la Federación Española de Municipios y Provincias, pues los ayuntamientos son una pieza clave para alcanzar nuestro objetivo de materializar la vivienda como un derecho básico para todos los
españoles. Como todos ustedes saben, provengo del municipalismo y he sido testigo del enorme esfuerzo que hacen los ayuntamientos para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso merecen un justo reconocimiento en materia
de financiación y de interlocución política. El Gobierno ya ha anunciado su voluntad de reformar y mejorar el sistema de financiación local, y desde el ministerio les garantizo que, respetando el marco constitucional autonómico, los ayuntamientos
tendrán un papel protagonista en la definición y aplicación de la política de vivienda. Como les decía, estoy manteniendo reuniones con todos los consejeros autonómicos responsables en materia de vivienda, con los representantes sindicales y las
asociaciones empresariales, con el Consejo de la Juventud, pues a los jóvenes van dirigidas muchas de las políticas de nuestro ministerio, también con colegios profesionales y asociaciones de consumidores y otros colectivos sociales que están
implicados y participan en la actividad del Ministerio de Vivienda. El objetivo de estos encuentros es conocer el diagnóstico que hacen de la situación actual y sus propuestas de actuación, que serán escuchadas y tenidas en cuenta en la definición
de las líneas fundamentales de la política de vivienda en esta legislatura. Esta voluntad de colaboración se está reflejando también en el ámbito territorial. Algunas comunidades autónomas han alcanzado ya amplios pactos por la vivienda, adaptados
a sus necesidades y singularidades, con un amplio consenso económico y social. Son un ejemplo de cómo conseguir una política de vivienda eficaz desde la base del acuerdo y la cooperación. Mi intención es trabajar con estos ejemplos para alcanzar,
también a nivel estatal, un pacto por la vivienda que sume a las propias comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a todos los representantes de la sociedad y de los sectores a los que acabo de referirme.
Un pacto como el que me propongo es imprescindible en una coyuntura como la que atravesamos. Es evidente que estamos ante un severo ajuste en el sector de la construcción residencial, un ajuste que se inició, que se anunció y que incluso se
reclamó a partir del año 2006, cuando ya la oferta de viviendas iniciadas resultaba muy superior a la necesidad de nuevos hogares y empezaba a moderarse el alza de los precios y también el número
de viviendas iniciadas. En el verano del año pasado este proceso de ajuste se aceleró significativamente como consecuencia de las turbulencias financieras internacionales originadas por la crisis de las hipotecas sub prime en Estados Unidos
y la consecuente restricción del crédito en los mercados financieros, restricción que hoy afecta tanto a los promotores como a los posibles compradores de vivienda. Esta falta de liquidez, junto con una fuerte contención o embalsamiento de la
compraventa de viviendas, quizá a la espera de un descenso de los precios superior al que hasta ahora ha experimentado el sector residencial, está teniendo como consecuencia una fuerte caída en el número de las transacciones inmobiliarias y en el
número de hipotecas constituidas en los últimos meses. Ante esta nueva coyuntura, muy distinta de la que existía hace apenas un año, el Gobierno ha empezado ya a tomar medidas. En enero de este año, 2008, se aprobó una importante modificación del
vigente Plan Estatal de Vivienda, que flexibiliza y actualiza sus ayudas, con el objeto, entre otros fines, de fomentar la puesta en el mercado de las viviendas terminadas no vendidas. Y en el primer Consejo de Ministros de la presente legislatura
se aprobó también un paquete de medidas para reactivar la economía, para reforzar la construcción de vivienda protegida, para impulsar la rehabilitación y para agilizar la ejecución de obra pública con el objeto de que estas actuaciones tengan un
efecto contracíclico en nuestra economía. Medidas que este Parlamento debatió en profundidad en fecha reciente y entre las que merece la pena recordar algunas como, por ejemplo, la mejora del tratamiento fiscal en la rehabilitación de edificios y
la ampliación de hasta 5.000 millones de euros en la línea de avales del ICO para asegurar la financiación y adelantar la construcción de viviendas protegidas. Estas medidas, junto a las conocidas ya de suprimir el impuesto sobre el patrimonio y
devolver 400 euros a los contribuyentes, suponen en conjunto una inyección de 10.000 millones de euros en nuestra economía y servirán para paliar, sin duda, los problemas de liquidez que atraviesan los españoles. Señorías, este tiempo de ajuste
supone un reto y una oportunidad; el reto de garantizar la sostenibilidad y competitividad de la edificación residencial y la oportunidad de diseñar un camino de estabilidad y entendimiento en el que la lógica empresarial del sector de la
construcción converja con la necesidad social de vivienda accesible en un entorno urbano ordenado y sostenible. Todo ello será objeto de debate en la Conferencia Sectorial de Vivienda que he convocado para el próximo día 17, como ya anuncié en esta
misma sede hace algunos días, en la que se sentarán los consejeros de las diecisiete comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas y a la que ha sido invitada la Federación Española de Municipios y Provincias.
En mi intervención de hoy, señorías, quiero exponerles a grandes rasgos lo que será el plan de actuación del ministerio para esta legislatura. Este plan incluye varios instrumentos con dos grandes objetivos; objetivos que están recogidos
en nuestro programa electoral y que fueron comprometidos por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura; metas que hoy estamos más cerca de alcanzar gracias a la eficaz gestión de mis dos predecesoras en este ministerio, que hoy
quiero reconocer expresamente ante esta Comisión. Los dos grandes objetivos de este ministerio para la IX Legislatura son: en primer lugar, seguir mejorando las condiciones para facilitar a los ciudadanos el acceso a la vivienda tanto en propiedad
como -especialmente y en igualdad de condiciones- en alquiler, y en segundo lugar el impulso decidido a la renovación urbana y a la rehabilitación como línea estructural de la política de vivienda y, además, inseparablemente, el impulso a la
innovación y a la eficacia energética de la edificación para contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y para mejorar el ahorro energético y la accesibilidad universal de nuestras viviendas y edificios.
Señorías, a continuación les expondré las líneas de actuación que pretendemos desarrollar en mi ministerio para la consecución de estos objetivos. El primer objetivo se relaciona con las condiciones que faciliten el acceso a la vivienda de
los ciudadanos. Señorías, si gobernar es elegir, el Gobierno socialista eligió invertir los recursos necesarios para hacer de la vivienda un bien más accesible y digno, tal y como marca nuestra Constitución. Durante los primeros pasos de la
anterior legislatura, ya en el año 2004, el Gobierno aprobó un plan de choque y aumentó significativamente los objetivos y el presupuesto del Plan Estatal de Vivienda. A grandes rasgos las cifras de estos planes son las siguientes. El Gobierno, en
la anterior legislatura, aumentó un cien por cien los recursos presupuestarios destinados a la vivienda, hasta un total de 8.200 millones de euros, que suponen más del uno por ciento del producto interior bruto de nuestra economía que, como saben,
es la octava potencia económica del mundo. Más de 640.000 familias se han beneficiado ya de las ayudas previstas en el Plan de Vivienda. Para que se hagan una idea de la magnitud e importancia de esta cifra, es equiparable al total de familias que
residen en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o Canarias. Son 15.000 los jóvenes que reciben ya la renta básica de emancipación a los cinco meses de su entrada en vigor. Hemos promovido la construcción de más de 230.000 nuevas viviendas
protegidas, equivalentes al número total de viviendas de la ciudad de Palma de Mallorca, de las que 195.000 fueron construidas para la venta y casi 38.000 puestas en el mercado de alquiler. Hemos promovido 6.000 viviendas dentro del proyecto de
vivienda protegida de vanguardia, así como impulsado la creación de 10.000 viviendas universitarias. Casi 50.000 propietarios se han beneficiado de las ayudas a arrendadores y más de 53.000 personas han obtenido las ayudas para inquilinos. Se ha
facilitado la rehabilitación de más de 190.000 viviendas lo que es equiparable, para que se hagan una idea, al total de viviendas de provincias como Lleida o Albacete.
Señorías, tengo la intención de comparecer ante ustedes para explicarles el resultado de la ejecución del Plan de Vivienda en curso cuando se cierren los programas que aún están abiertos. En la conferencia sectorial del próximo día 17 de
junio, el ministerio, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias vamos a debatir las líneas estratégicas del nuevo plan estatal de vivienda 2009-2012, en cuya redacción estamos trabajando ya con la intención de que
entre en vigor a principios de 2009. La experiencia acumulada en la gestión de los planes de vivienda, unido a nuestro Estado de las autonomías y a la actual coyuntura económica, hace necesario plantearnos reformar en profundidad el diseño del plan
de vivienda también para este próximo cuatrienio. Es una opinión compartida por expertos y por las propias administraciones que la complejidad de los actuales planes resta eficacia a su gestión y a su ejecución. Esta circunstancia aconseja un
nuevo enfoque en el diseño del próximo plan. Por tanto, señorías, los tres principios sobre los que descansará el próximo plan de vivienda serán, desde esta nueva perspectiva, la flexibilidad, la corresponsabilidad y la coordinación.
Flexibilidad,
porque todas las previsiones de organismos internacionales y nacionales, y también las del propio Gobierno, sitúan el escenario de la recuperación económica en el segundo semestre de 2009, por lo que a la hora de definir el plan estatal a cuatro
años parece conveniente fijar unos márgenes flexibles para adecuarse a la coyuntura económica de cada momento. Flexibilidad también porque en nuestro Estado de las autonomías no siempre se garantiza la igualdad con la uniformidad de las políticas.
Las comunidades autónomas, en función de su realidad social y económica, pueden y deben contar con el suficiente margen para adaptar las líneas estratégicas definidas en el plan estatal a sus planes de vivienda autonómicos.
Con esta nueva filosofía será requisito imprescindible la coordinación y la corresponsabilidad de todos: Gobierno de España, comunidades autónomas y, también, ayuntamientos. Desde este planteamiento, el Estado apoyará aquellas actuaciones
que estén en sintonía con las líneas básicas de actuación que desde el Gobierno queremos impulsar y proteger, y las comunidades autónomas podrán adaptar estas líneas a sus características propias de demanda ciudadana en sus territorios. Estoy
segura de que este nuevo enfoque contribuirá a mejorar la eficacia del plan 2009-2012.
Comunidades y Gobierno central debemos facilitar la implicación de los ayuntamientos que demuestren capacidad técnica para ello en la gestión del plan estatal.
Creo que la efectividad de las actuaciones contempladas en el nuevo plan podría agilizarse de forma muy significativa si desde las comunidades autónomas se confía en la corresponsabilidad de los entes locales de la misma forma en que el Estado
confía en la corresponsabilidad de las comunidades autónomas.
Señorías, vamos a cambiar la forma de diseñar los planes, pero en el fondo nuestros objetivos seguirán siendo los mismos: facilitar el acceso a una vivienda a quienes más dificultades tienen y llegar al máximo de beneficiarios posibles.
Con el nuevo plan estatal de vivienda 2009-2012, al menos uno de cada tres nuevos hogares recibirá algún tipo de ayuda para acceder a su vivienda a lo largo de esta legislatura. Nuestros objetivos son, por tanto, la promoción y construcción de
viviendas protegidas, tanto en propiedad como en alquiler; la promoción de alojamientos destinados a colectivos específicos como los jóvenes, universitarios, personas mayores, mujeres víctimas de malos tratos, investigadores y científicos, y el
impulso de medidas destinadas al fomento del alquiler. Todo ello junto al impulso a la rehabilitación y a la renovación urbana, a la que dedicaré la segunda parte de mi exposición.
Señorías, señoras y señores diputados, tal y como comprometió el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, desde el ministerio que dirijo impulsaremos la construcción de un millón y medio de viviendas protegidas en los próximos
diez años. Para conseguirlo, trabajaremos coordinadamente con otros ministerios, poniendo a disposición de la promoción de viviendas protegidas los suelos públicos estatales aptos para este fin. Con este objetivo, promoveremos la constitución de
un órgano interministerial de suelo, que ya está previsto en nuestro programa electoral, y seguiremos firmando convenios con las entidades gestoras de suelo público de los diferentes ministerios, siguiendo el ejemplo ya iniciado por la entidad
pública empresarial de suelo, Sepes, dependiente del Ministerio de Vivienda, a la que volveré a referirme con más detenimiento en un momento posterior de esta intervención. Además, pondremos al servicio de las comunidades autónomas y de los
ayuntamientos la experiencia, los recursos y servicios que Sepes ofrece para la gestión, desarrollo, planificación y urbanización de suelos destinados a la construcción de viviendas protegidas. Me es grato comunicar a esta Comisión que varias
comunidades autónomas han solicitado al Ministerio de Vivienda la colaboración de Sepes con sus respectivas empresas públicas de suelo. De esta forma podrán desarrollar de forma más concreta y eficaz las actuaciones urbanizadoras que tienen
previstas en sus territorios, tanto en suelo residencial como industrial. Señorías, con este mismo fin de promover la movilización de los suelos públicos, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, pocos días después de mi
toma de posesión, se comprometió conmigo a elaborar en el plazo de seis meses, y con apoyo de Sepes, un estudio detallado y completo sobre el suelo disponible para la construcción de vivienda protegida y el estado de desarrollo urbanístico de estos
suelos municipales.
La movilización de suelo no es la única medida que desde el Gobierno vamos a impulsar para favorecer la construcción de vivienda protegida. Como recordaba al principio de esta intervención, el Gobierno de España aprobó en abril un paquete
de medidas de estímulo económico, entre las que se encuentra la ampliación hasta
los 5.000 millones de euros de la línea de avales del ICO para garantizar la titulización de los préstamos hipotecarios que tengan como finalidad la financiación de vivienda protegida. Además, el pasado 27 de mayo, el Congreso de los
Diputados aprobó una moción instando al Gobierno a que amplíe de nuevo esta línea de avales del ICO con la misma finalidad.
Desde el Ministerio de Vivienda, y en permanente coordinación con el Ministerio de Economía y Hacienda, impulsaremos todas
aquellas medidas económicas que impliquen una mayor facilidad para acceder a líneas de financiación en la promoción y construcción de nuevas viviendas protegidas. Si me lo permiten, señorías, quiero referirme, dentro de este mismo apartado, al
impulso decidido que queremos dar en el nuevo plan de vivienda a la figura de la vivienda protegida en alquiler con opción a compra. Esta modalidad de compra diferida, experimentada ya en algunas comunidades autónomas y recogida expresamente el
vigente plan de vivienda desde su modificación el pasado mes de enero, nos parece una figura especialmente adecuada para la coyuntura actual de la construcción residencial. Así, se facilita la financiación al promotor por las entidades de crédito,
aliviando su carga financiera; se permite aplazar la decisión de acceder a la propiedad de la vivienda dependiendo de las circunstancias personales de cada comprador y se fomenta el ahorro durante los años en que la vivienda se utiliza en alquiler,
reduciendo y haciendo más asequible el coste financiero que supone el pago de la entrada. En el nuevo plan estatal nos proponemos regular esta forma de acceso a la vivienda y poner a disposición de las comunidades autónomas la posibilidad de
acogerse a la financiación de esta figura. No podemos olvidarnos de un aspecto bien concreto de la política del Gobierno en materia de promoción de alquiler protegido. Existen algunos colectivos específicos, especialmente necesitados de la
atención y de la protección de los poderes públicos, que requieren una política decidida de impulso a la construcción de viviendas y alojamientos dotados de singulares características. Algunas comunidades autónomas regulan la posibilidad de
utilizar suelo dotacional propio o de los ayuntamientos para el alojamiento de estos colectivos. Nuestro ministerio ya ha puesto en marcha algunas iniciativas conjuntas con comunidades, ayuntamientos y universidades para promover viviendas públicas
en alquiler sobre estos suelos y destinarlas a universitarios, jóvenes o personas mayores. Se trata de alojamientos diseñados para las necesidades específicas de estas personas, que están dotados de servicios comunes en el propio edificio.
En el
futuro, estas viviendas pueden también ofrecerse a otros colectivos especialmente sensibles o vulnerables. Todos ellos son y seguirán siendo destinatarios preferentes de las ayudas que ofrece el plan estatal de vivienda. Como SS.SS saben muy bien,
para muchos jóvenes españoles la posibilidad de acceder a una vivienda en alquiler es la única vía para lograr su emancipación e incorporación a un mercado de trabajo que cada vez exige mayor movilidad. El alquiler les permite ir afianzando su
propio proyecto de vida sin tener que invertir una buena parte de sus recursos económicos en adquirir una vivienda en propiedad. Permítanme que les recuerde en este punto la gran acogida que está teniendo la renta básica de emancipación, a la que
después me voy a referir.
Señorías, no quisiera concluir este apartado sin hacer una referencia ineludible a la política de vivienda con perspectiva de género. En su discurso de investidura, el presidente del Gobierno reafirmó su compromiso por alcanzar la igualdad
real entre hombres y mujeres. La creación del Ministerio de Igualdad, inédita en la historia de nuestro país; la aprobación durante la pasada legislatura de la Ley de Igualdad y de otras leyes, como la de lucha contra la violencia de género o la
de dependencia, ayudarán sin duda a mejorar esa igualdad real. Como en todos los problemas de desigualdad, la falta de una vivienda adecuada tiene mayor incidencia entre los colectivos más vulnerables. En los análisis de este problema no suele
introducirse ninguna perspectiva de género, aun cuando en términos globales y a pesar del enorme esfuerzo de los gobiernos socialistas persisten unas inferiores condiciones socioeconómicas de buena parte de los hogares encabezados por una mujer,
debido a la discriminación que aún padece en el mercado laboral -mayor precariedad, mayor paro y menores ingresos que los hombres ante idénticas responsabilidades-, hogares monoparentales, mujeres inmigrantes, mujeres mayores que viven en viviendas
inadecuadas, mujeres jóvenes que desean acceder a su primera vivienda y mujeres adultas que, después del proceso de separación y divorcio o después de ser víctimas de malos tratos, buscan una nueva vivienda. Todas estas realidades hacen necesaria
la introducción de la perspectiva de género en la política de vivienda como instrumento que puede mejorar significativamente la capacidad de los programas sectoriales para favorecer la superación de la pobreza y lograr la integración ciudadana de
estas personas. Como ministra de Vivienda trabajaré por extender en la política de vivienda esta perspectiva de género. Pero tampoco en esto estamos partiendo de cero, ya que en el actual Plan de Vivienda se plantean diversas líneas en este
sentido: las subvenciones a inquilinos cuando sean víctimas de violencia de género o las subvenciones a familias monoparentales; la mejora en el acceso a viviendas protegidas para las mujeres víctimas de la violencia de género; la creación de una
ayuda estatal directa a la entrada para hogares monoparentales con hijos y a las víctimas de violencia de género; la cesión a estas víctimas de violencia de género de viviendas protegidas o usadas en régimen de arrendamiento. Todas estas medidas
demuestran el compromiso del Gobierno por volcar todos los recursos necesarios a la hora de proteger a las víctimas de este tipo de violencia. Sin embargo, durante la presente legislatura queremos dar un paso más. Entre las nuevas medidas, me
gustaría destacar algunas. En el marco de nuestras competencias nos proponemos en esta legislatura la introducción de la
perspectiva de género en los estudios de las condiciones residenciales de las mujeres, con información estructurada y actualizada de las principales variables por subgrupos y por ámbitos territoriales. Ya hemos puesto en marcha el
requerimiento de la Ley de Igualdad para que en las estadísticas que de forma periódica emite el ministerio se reflejen también si es un hombre o una mujer quien compra, alquila o necesita una vivienda. Me propongo además poner en marcha la
comisión asesora de igualdad de oportunidades del propio Ministerio de Vivienda, que tendrá como función principal el asesoramiento y la coordinación en todas las materias relacionadas con la incorporación de la perspectiva de género en las
políticas del ministerio.
Como les decía, señorías, desde el Gobierno y desde el Ministerio de Vivienda queremos seguir apoyando el alquiler como forma de acceder a la vivienda en igualdad de condiciones con respecto a la compra. La promoción de una decidida
política de alquiler es complementaria a la apuesta por la vivienda en propiedad. En este sentido, quiero reafirmar mi compromiso de continuar la línea ya avanzada e impulsada por el Gobierno con el paquete de medidas de fomento del alquiler que
fue presentado en septiembre de 2007. Nuestro objetivo es aumentar la importancia del alquiler en el mercado de vivienda. Como SS.SS. saben muy bien, el alquiler en nuestro país representa tan solo el 11 por ciento del mercado de la vivienda,
cuando la media europea está situada por encima del 40 por ciento. Más escaso aún es el parque de vivienda pública en alquiler, que apenas supera el uno por ciento del total de viviendas protegidas. Esta situación tiene que ser urgentemente
corregida. Es necesario que exista un parque de viviendas en alquiler a disposición de las administraciones públicas y que sea lo suficientemente amplio como para poder garantizar eficazmente el derecho a la vivienda de generaciones actuales y
futuras para satisfacer además la vivienda de potenciales beneficiarios y colectivos que estén más desprotegidos en los próximos decenios. Señorías, la política de impulso al alquiler de mi departamento es un programa integral de beneficio para
todos los ciudadanos, sin distinción de edad, con ventajas tanto para inquilinos como para propietarios y con incentivos para inversores y promotores públicos y privados para que construyan y comercialicen viviendas destinadas al mercado de
alquiler. Pero las acciones y medidas de impulso del alquiler no son exclusivamente competencia del Ministerio de Vivienda, sino que son una prioridad del Gobierno de España y por ello estamos trabajando ya con los ministerios de Justicia y de
Economía y Hacienda con el objetivo común de que el alquiler se convierta en una opción posible para los que tienen dificultades en el acceso a la vivienda en propiedad o simplemente para los que lo prefieran.
Para fomentar el alquiler seguiremos trabajando tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Profundizaremos, si me lo permiten, en cada uno de estos dos aspectos. En primer lugar, y por el lado de la demanda, continuaremos
trabajando con la renta básica de emancipación, medida destinada a facilitar, como SS.SS. conocen, los primeros años de la vida laboral de los jóvenes fuera de casa de sus padres. En el Consejo de Ministros del pasado viernes presenté un informe
de evaluación del funcionamiento de estas ayudas. En sus cinco primeros meses ya son más de 130.000 las solicitudes presentadas. Las comunidades autónomas han resuelto más de 52.000 solicitudes, cerca del 90 por ciento de ellas favorablemente.
Las ayudas se están tramitando con normalidad a través de las 229 oficinas habilitadas en todo el territorio del Estado. En el último mes, el ritmo de los pagos se ha duplicado y a fecha de hoy ya son 15.000 los jóvenes de todas las comunidades
autónomas que están cobrando regularmente esta ayuda en sus cuentas bancarias. Además, vamos a analizar con el Ministerio de Economía y Hacienda la conveniencia de reforzar en el próximo plan de vivienda las ayudas al alquiler para otros colectivos
especialmente necesitados de protección.
Desde el punto de vista de la fiscalidad, quiero recordar aquí, señorías, que ya se han implantado durante la legislatura anterior importantes deducciones fiscales para los arrendatarios. Era una de las medidas más demandadas por los
inquilinos. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este 2008, el Gobierno socialista recuperó la deducción fiscal para los inquilinos que había sido suprimida en 1998, equiparándola a la deducción que existía para la compra de
vivienda. Se estima que esta medida puede beneficiar a 700.000 familias cada año.
También, como les decía, vamos a seguir impulsando las medidas por el lado de la oferta. Profundizaremos en las siguientes líneas. En primer lugar, se encuentran actualmente en estudio, en coordinación con el Ministerio de Economía y
Hacienda, medidas destinadas a incentivar, fiscal y económicamente, sociedades y fondos de inversión inmobiliaria para la promoción, construcción y comercialización de viviendas protegidas en régimen de alquiler. Además, tenemos previsto proponer
al Ministerio de Justicia cambios normativos que fomenten la cesión de suelos propiedad pública en derecho de superficie. Como SS.SS. saben, esta figura permite que se construyan edificios de viviendas en alquiler sobre suelos públicos, que serán
gestionados por el promotor durante un plazo determinado y que después revertirán al patrimonio de la Administración pública cedente. Se consiguen así dos objetivos, el impulso a la construcción de vivienda en alquiler y el refuerzo del parque
público de viviendas disponibles para atender a las necesidades de generaciones futuras. En segundo lugar, movilizaremos instrumentos del Estado vinculados al Ministerio de Vivienda como Sepes y la Sociedad Pública de Alquiler para promover,
urbanizar e intermediar en el mercado del alquiler protegido que, como les decía, en nuestro país apenas llega al uno por ciento. En tercer lugar, en el próximo plan de vivienda 2009-2012 se mejorará la financiación de la promoción de viviendas
protegidas de nueva construcción para alquiler. El compromiso de este Gobierno es conseguir que el 40 por ciento de las viviendas protegidas que se construyan en los próximos diez años sean en régimen de alquiler.
Además, continuaremos
fomentando la confianza de los propietarios para que pongan en el mercado de alquiler sus viviendas vacías, con medidas adicionales para incrementar su seguridad y las garantías tanto de propietario como de inquilinos.
Como SS.SS. conocen, el Gobierno encomendó a los ministerios de Justicia y de Vivienda el análisis de algunas medidas de carácter procesal para agilizar los desahucios y la reclamación de rentas impagadas, sin menoscabo de las garantías de
los inquilinos. Ambos departamentos estamos trabajando en la posible reforma de algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil como paso previo a su tramitación legal correspondiente. También quiero recordar a SS.SS. que el pasado 8 de
febrero el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, autorizó la creación de diez nuevos juzgados de Primera Instancia con el propósito de agilizar los procesos arrendaticios. Seis de estos nuevos órganos estarán en Madrid y uno en las
ciudades de Valencia, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y L'Hospitalet de Llobregat. La ubicación de estos nuevos juzgados responde principalmente a la gran carga de trabajo que soportan sus partidos judiciales, con el objetivo de mejorar su
capacidad de respuesta ante la alta litigiosidad derivada de los procesos arrendaticios.
Aprovecho esta ocasión para adelantarles los primeros resultados de la experiencia piloto puesta en marcha en la Región de Murcia para reforzar los servicios comunes de los juzgados y que consiste en la creación de una unidad de desahucios y
que está dando magníficos resultados. Esta unidad se encarga de las diligencias de comunicación y ejecución de las resoluciones judiciales dictadas en los procesos de desahucio evitando los tiempos muertos y acelerando las diligencias para que
obtengan un resultado positivo. Desde su puesta en marcha, solo un 8 por ciento de las citaciones registradas han tenido que ser devueltas con resultado negativo, y desde que se presenta una demanda hasta que se efectúa el desalojo forzoso del
inmueble transcurren por término medio entre tres y cuatro meses. A la vista de estos esperanzadores resultados, el Gobierno se plantea extender esta experiencia a otros territorios. También en colaboración con el Ministerio de Justicia estamos
trabajando en una posible reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, para permitir al propietario reclamar el inmueble cuando lo necesite para el uso y disfrute de sus familiares dentro del primer grado de sucesión, no solo descendientes sino
también ascendientes.
En colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación, las comunidades autónomas y las universidades, el Ministerio de Vivienda está extendiendo el programa de vivienda universitaria. Este programa tiene como objetivo la promoción de
10.000 estudios en régimen de alquiler para la comunidad universitaria, con alojamientos a precios asequibles integrados en el campus o en su zona de influencia. Hasta la fecha se han firmado acuerdos con dieciséis universidades, en ocho
comunidades autónomas, para la construcción de más de 4.000 viviendas situadas en veinticuatro campus.
Un nuevo proyecto que mi departamento va a poner en marcha, junto y en colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación y las comunidades autónomas, es el programa de viviendas en alquiler para investigadores.
En España, señorías,
está prevista la construcción de 60 parques científico-tecnológicos y sin embargo en pocos lugares se han previsto alojamientos para el personal adscrito a dichos parques y para sus familias. Este tipo de alojamientos permitirán estancias de medio
o largo plazo para estos investigadores especialistas, tanto españoles como internacionales, favoreciendo su movilidad y contribuyendo en definitiva al progreso científico-tecnológico y a la localización en nuestro país de empresas punteras en la
innovación y en la investigación. De todo lo expuesto hasta el momento, señorías, se desprende claramente que la política de fomento del alquiler como vía de acceso a la vivienda es una de las líneas claves para este Gobierno y para mi
departamento. El Gobierno cuenta además con un instrumento de especial relevancia para actuar de forma directa sobre el mercado como es la Sociedad Pública de Alquiler.
Mucho se ha escrito, señorías, y ustedes lo saben muy bien, sobre la oportunidad y la eficacia de la SPA. Esta empresa pública, dependiente del Ministerio de Vivienda, fue creada en 2005, con un plazo de duración inicialmente previsto de
diez años. Se concibió como un instrumento de las políticas del Gobierno para dinamizar el mercado de vivienda en alquiler y se creó en un momento muy necesario en el que este mercado sufría muchas y serias carencias. Nació con el objetivo
principal de generar confianza y tranquilidad en todas las partes intervinientes en el sector, principalmente entre el propietario y el inquilino, dando a esta relación la garantía del Estado; además, la sociedad tiene el objetivo de incentivar la
creación de nuevos tipos de seguros y la generación de un modelo que tuviera un efecto multiplicador en el sector mediante la colaboración con los agentes de intermediación inmobiliaria y las comunidades autónomas y ayuntamientos. Tenía el objetivo
de conseguir, en suma, la profesionalización del mercado del alquiler. Estos objetivos, señorías, se están logrando.
Como SS.SS. conocen, la Sociedad Pública de Alquiler garantiza al propietario la gestión integral del inmueble asegurándole el cobro de la renta durante los cinco años de contrato legal que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos y cubriendo
cualquier incidencia que pudiera surgir durante el tiempo de duración del contrato. Lo cubre con una serie de seguros específicos, inéditos en nuestro país hasta el momento de la constitución de esta sociedad: impago, multirriesgo, asistencia
jurídica y desocupación y, bien recientemente y para los inquilinos, un seguro para el caso de desempleo o de baja por incapacidad
temporal durante la vigencia del contrato. El inquilino que acude a la Sociedad Pública de Alquiler accede a una vivienda de calidad superior a la media, con una rebaja media del 13 por ciento sobre el precio de mercado de cada zona.
Además, la Sociedad Pública de Alquiler provee de servicios de gestión de alquiler garantizado a un gran número de ayuntamientos y de comunidades autónomas. De esta forma, muchas administraciones, especialmente municipales, se convierten también en
agentes colaboradores de la sociedad pudiendo financiar así sus propias oficinas de vivienda y suelo. Actualmente la Sociedad Pública de Alquiler tiene firmados más de cuarenta convenios con ayuntamientos de toda España y once convenios con
ciudades y ciudades autónomas, como Melilla, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta y Extremadura, además de un protocolo con Galicia. A estos convenios se une la colaboración de la SPA con
los portales inmobiliarios más prestigiosos de Internet, lo cual está generando un importante flujo de negocio. Todo ello está consiguiendo una visible recuperación y repercusión en el mercado de alquiler. En la actualidad, las estadísticas de la
sociedad, que son públicas y accesibles a través de Internet, señalan que se han gestionado, evaluado y analizado más de 38.000 viviendas y que se han alquilado cerca de 7.000 a un precio inferior al de mercado. Naturalmente, señorías, estas cifras
admiten muy diversas interpretaciones y estoy bastante segura de que sus turnos de intervención así me lo van a confirmar. Sin embargo, en mi opinión, no deberíamos medir la eficacia o la acción de la Sociedad Pública de Alquiler solo por sus datos
cuantitativos. Creo que sería más acertado valorarla por las nuevas garantías que ha logrado introducir y generalizar en el mercado del alquiler y por el cambio que está generando en el mismo. Solo hay que observar la dinámica de creación de
oficinas y organismos similares en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos que desde el anuncio de la creación de la Sociedad Pública de Alquiler en 2004 se han ido poniendo en marcha. Todas ellas están colaborando en la dinamización y
profesionalización del mercado del alquiler. No obstante, señoras y señores diputados, en esta IX Legislatura llegaremos al ecuador de la vida de esta sociedad pública que cumplirá cinco años en 2010, lo que nos brinda una ocasión idónea para
valorar detenidamente sus resultados, la repercusión de su liderazgo en el mercado profesionalizado del alquiler y sus prioridades de actuación de cara a los años siguientes.
Señorías, para el desarrollo de cualquier política de vivienda y para cumplir los objetivos de fomento de la vivienda protegida comprometidos en nuestro programa electoral y en el discurso de investidura del presidente del Gobierno, es
necesario acometer una política de suelo exigente y responsable. Durante los últimos cuatro años el Estado ha sentado las bases de una nueva política de suelo muy distinta de la que se puso en marcha en la década de los noventa, porque desde
entonces las circunstancias han cambiado y las prioridades deben hacerlo también. La principal expresión de esta nueva política ha sido la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, que conocen muy bien SS.SS. ya que varios de ustedes participaron de
forma activa y constructiva en su redacción y este alto grado de participación y consenso fue la base para el amplio respaldo parlamentario conseguido por esta ley en la pasada legislatura. Ahora le toca al Gobierno consolidar esta labor
legislativa de acuerdo con el mandato que le dieron las Cortes y, como saben, las disposiciones finales de la ley que habilitan al Gobierno para aprobar un texto refundido y el desarrollo reglamentario de la misma. Por eso, señoras y señores
diputados, me complace informarles de que el ministerio que dirijo ya tiene elaborado un proyecto de texto refundido de la Ley de Suelo, que ha sido sometido a la consulta de las comunidades autónomas, de la Federación Española de Municipios y
Provincias y de las organizaciones representativas del sector y que la semana pasada se remitió para dictamen al Consejo de Estado, de forma que pueda aprobarse por el Gobierno dentro del plazo establecido. De esta manera, después de una década
habremos devuelto unidad y coherencia a la legislación estatal de suelo reuniéndola en un solo cuerpo legal como conviene al principio constitucional de seguridad jurídica y como esperan los operadores inmobiliarios y urbanísticos.
El siguiente paso será impulsar el desarrollo reglamentario de la ley, que contribuirá también a aportar claridad y certidumbre en las materias que son competencia del Estado. Ya hemos puesto en marcha los trabajos técnicos preliminares y
en la redacción de este texto, naturalmente y como no podía ser de otra manera, mantendremos también un escrupuloso respeto a las competencias autonómicas. Ahora bien, las políticas de suelo no pueden limitarse a la regulación normativa; deben
también referirse a una gestión de los suelos públicos eficiente, sostenible y subordinada al interés general. Esto requiere hoy más que nunca que su destino preferente sea el de hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda generando y
ofreciendo importantes bolsas de suelo para vivienda protegida que contribuyan, de un lado, a mantener la actividad y el empleo en el sector de la construcción residencial y, de otro, a mejorar el acceso a la vivienda de aquellos que siguen
excluidos del mercado libre. Me permitirán que declare ante esta Comisión que los resultados obtenidos hasta ahora en la gestión de suelo son notables. Después de la última legislatura el Estado tiene comprometidos casi 23 millones de metros
cuadrados de suelo patrimonial para poder construir sobre ellos más de 73.000 viviendas protegidas de las cuales aproximadamente un tercio son gestionadas por el Ministerio de Vivienda a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes. En
esta legislatura debemos conseguir la transformación efectiva de este suelo para que las viviendas que acabo de citar sean una realidad. Para ello vamos a intensificar la colaboración con todas las administraciones mediante la actividad inversora y
gestora de Sepes, a la que me quiero referir de forma más pausada a continuación.
Señorías, un buen ejemplo de esta actividad de colaboración es el protocolo que Sepes cerró a principios de este año con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Defensa dependiente del Ministerio de Defensa. En virtud de este
acuerdo, Sepes compra a GIED la edificabilidad para vivienda protegida en determinados suelos que son propiedad de Defensa y asume a su vez la gestión urbanística de la operación agilizando su ejecución. Este acuerdo supone un importante paso
adelante, ya que de esta forma el Estado, además de obtener suelo para construir vivienda protegida, se implica directamente en su gestión aportando la financiación e inversión necesarias. Las primeras actuaciones que estamos poniendo en marcha se
encuentran en Madrid, Valencia y Sevilla, es decir en tres de las cinco mayores ciudades de España. En total, supondrá una inversión de 77 millones de euros por parte del Ministerio de Vivienda y generará solares para más de 2.000 viviendas
protegidas, una parte de las cuales la vamos a reservar para el alquiler. Ya hemos iniciado conversaciones con otros ministerios para consolidar esta forma de trabajar y para lo cual se creará una subcomisión interministerial que coordine toda la
política estatal de suelo en el marco de la más amplia Comisión de coordinación financiera de actuaciones inmobiliarias y patrimoniales ya existente y que preside el Ministro de Economía y Hacienda. Pero como les anticipaba a SS.SS., la oferta de
colaboración de Sepes se extiende además a las administraciones territoriales tanto autonómicas como municipales. Mediante otro convenio suscrito con la Federación Española de Municipios y Provincias el pasado mes de enero hemos fortalecido nuestra
colaboración con los ayuntamientos para movilizar suelo público municipal para vivienda protegida. Los primeros convenios se han firmado con Alcorcón, Cartagena, Dos Hermanas, Elche y Valdepeñas y darán como resultado 4.000 nuevas viviendas
protegidas y otras 800 viviendas dotacionales en alquiler para jóvenes y personas mayores. Fruto de estos y otros acuerdos Sepes está consiguiendo poner en el mercado una muy significativa cantidad de suelo. Ha finalizado la urbanización de 42
actuaciones que han generado cerca de 8,5 millones de metros cuadrados netos con un esfuerzo inversor de más de 570 millones de euros desde abril de 2004.
Actualmente la estrategia de Sepes pasa por la diversificación de sus actuaciones dedicando su atención tanto al suelo industrial como al residencial protegido. Así, respecto del suelo industrial tiene en marcha en distinto grado de
desarrollo o ejecución un total de 51 parques empresariales cuya futura urbanización requerirá una inversión a lo largo de los próximos años cercana a los 1.200 millones de euros y que generará suelo industrial para el establecimiento de 7.500
empresas que podrán dar empleo a más de 78.000 trabajadores.
Otra de las estrategias básicas de Sepes incluida en el desarrollo del suelo empresarial es la ordenación, desarrollo y ejecución de parques logísticos, plataformas que a través de la intermodalidad del transporte permiten el almacenaje y
distribución de mercancías y que se han convertido en una fuente de dinamismo económico en las áreas sobre las que se asientan. En total Sepes cuenta por todo el país con diecinueve actuaciones logísticas en distinto grado de desarrollo. En
resumen, señorías, esta entidad pública empresarial de suelo dependiente del Ministerio de Vivienda no solo sigue siendo un referente en la generación de suelo industrial, sino que ha incorporado la generación de suelo logístico a sus desarrollos
urbanísticos, y hoy está trabajando intensamente en la generación de suelo residencial para vivienda protegida. Mi objetivo es continuar esta diversificación y potenciar decididamente la actividad de Sepes en suelo industrial y, además, desarrollar
otra línea de actividad cada día más importante como es la rehabilitación de antiguos polígonos industriales mediante su mejora, reurbanización y dotación con equipamientos adecuados, y todo ello aplicando los modernos criterios de sostenibilidad
urbana que son la seña de identidad de la actuación urbanizadora de Sepes.
Señorías, señoras y señores diputados, no quisiera terminar esta parte de mi intervención sin referirme a la importantísima contribución de los fondos procedentes de la Unión Europea en las políticas de desarrollo urbano que se han venido
realizando en nuestro país en los últimos años y que también van a ser determinantes en los próximos ejercicios. Señorías, yo creo que las políticas de vivienda y suelo también son políticas urbanas, políticas para hacer ciudad. Por eso me
propongo, en línea con las más avanzadas políticas europeas en la materia, contribuir a una visión más integral de las políticas urbanas. El nuevo marco estratégico nacional de referencia de España de los fondos europeos ofrece una importante
herramienta para ello cuando establece, dentro de la programación de las formas de intervención regionales, la nueva iniciativa urbana llamada Urban, que contempla una aportación financiera de más de 344 millones de euros para ser destinados a
proyectos de regeneración urbana en municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Esta iniciativa da continuidad, durante el nuevo periodo de fondos europeos 2007-2013, a la provechosa experiencia obtenida con el desarrollo de la
iniciativa comunitaria Urban y los proyectos piloto urbanos desde el año 1994, que han dado como resultado mejoras palpables en la calidad de vida de las zonas beneficiarias de las 45 ciudades incluidas en el programa. Por eso, el ministerio que
dirijo ha colaborado activamente con el de Economía y Hacienda en el diseño de este nuevo programa y lo está haciendo también en la selección de los proyectos financiables, que sin duda contribuirán al desarrollo y calidad urbana de muchas de
nuestras ciudades. Además de todo esto, el Ministerio de Vivienda está asimismo comprometido con la generación de información y conocimiento sobre temas urbanos, acción de singular relevancia para alumbrar una nueva cultura urbana que creo que debe
potenciarse en esta legislatura, en coherencia con mi compromiso personal con el impulso a las políticas de renovación urbana.
Nuestro principal reto para esta legislatura en materia de conocimiento sobre temas urbanos va a ser dar cumplimiento a la disposición adicional primera de la Ley de Suelo y crear, en consecuencia, el sistema de información urbana. Se trata
de un portal de acceso público y gratuito sobre suelo y urbanismo, que vertebrará toda la información ya elaborada en el mandato anterior como es la red europea de conocimiento urbano, el acta de las áreas urbanas en España, legislación y normativa
vigente, etcétera, y la completará dentro de un auténtico sistema que superponga distintas capas de información como la ocupación del suelo, las determinaciones del planeamiento urbanístico y otras variables. Puedo anunciarles, señorías, que
disponemos ya del diseño de un prototipo de este portal, en cuyo desarrollo empezaremos a trabajar pronto, junto con las comunidades autónomas.
Hasta ahora hemos venido exponiendo el primer objetivo del Ministerio de Vivienda en relación con facilitar y fomentar el acceso de los ciudadanos a una vivienda. A continuación, quiero referirme al segundo gran objetivo del ministerio en
esta legislatura que ahora comenzamos, que incluye también como línea estructural la intervención pública en la renovación de nuestras ciudades y pueblos, con respuestas eficaces para satisfacer el derecho constitucional a una vivienda digna y
adecuada, en un entorno sostenible y accesible para todos. Por ello, la renovación urbana y la rehabilitación del patrimonio edificado van a ser el otro gran objetivo del Ministerio de Vivienda, junto con el de seguir trabajando para garantizar el
acceso a ella. Ambas serán, como ya he ido exponiendo a lo largo de esta intervención, las líneas preferentes de actuación del ministerio en esta IX Legislatura. Señorías, esta perspectiva no es exclusivamente nuestra. En los últimos años se ha
forjado un amplio consenso entre los países de la Unión Europea sobre la necesidad de aplicar decididamente criterios de sostenibilidad y renovación urbana al desarrollo de nuestras ciudades. Muestra de ello son los importantes documentos surgidos
de las últimas reuniones informales de ministros de Vivienda y Urbanismo, tales como la Carta de Leipzig de 2007, la Declaración de Bristol de 2005 o el Urban Acquis de Rotterdam de 2004.
El suelo es también un recurso natural limitado. El ritmo de nuevas construcciones y de nuevas edificaciones que ha soportado nuestro país en los últimos años ha consumido ingentes cantidades, millones de metros cuadrados de suelo, cuyo
desarrollo no siempre ha seguido los mejores criterios de urbanización responsable y eficiente. Señorías, creo que todos podríamos citar aquí ejemplos de la realidad de este hecho. Creo no equivocarme si afirmo que estaremos todos de acuerdo en
que es imprescindible cambiar el modelo de construcción extensiva que hasta ahora ha prevalecido en nuestro país por otro modelo de renovación intensiva del patrimonio inmobiliario existente, que no consume suelo, pero que precisa también mano de
obra y materiales de construcción en cantidades incluso mayores que la nueva edificación. Por eso, señoras y señores diputados, quiero que el desarrollo sostenible de nuestros pueblos y ciudades, la eficiencia energética y la accesibilidad de las
edificaciones existentes, la mejora, en suma, de la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando su derecho a disfrutar de un ambiente urbano amable, urbanizado y saludable, sean los valores que dirijan la política del Gobierno en rehabilitación
y renovación urbana. Nuestro nuevo reto es incorporar la renovación de la ciudad existente como línea estructural de la política de vivienda estatal aprovechando la actual coyuntura del mercado inmobiliario para dar un impulso definitivo a la
rehabilitación.
Esta nueva línea de actuación prioritaria está basada en tres ejes básicos: la rehabilitación de viviendas y edificios, la renovación y remodelación de los barrios y la conservación y mejora del patrimonio edificado en el medio
rural.
Conocen sin duda SS.SS. lo que ha representado la aprobación del Código técnico de la edificación en la anterior legislatura, una nueva herramienta normativa destinada a ordenar la dispersa reglamentación nacional anteriormente existente,
su adaptación a las directrices europeas y el propósito de establecer unos requisitos básicos en la edificación que garantizarán una mayor seguridad y bienestar de las personas y la defensa del medio ambiente, así como nuevas metas en la
productividad, la competitividad, la innovación y la calidad en el sector de la edificación. En los últimos meses, el código técnico se ha completado con el documento básico de protección frente al ruido que entrará en vigor en el próximo mes de
octubre y continuará actualizándose con futuros documentos para incluir las condiciones básicas de accesibilidad en edificios, recogidas por el Real Decreto 505/2007 y cuya aprobación está prevista para finales de este año. Permítanme que les
recuerde que junto a esta norma hemos impulsado otra de singular importancia, como es el Real Decreto 47/2007, que estableció la obligatoriedad del certificado de eficiencia energética de los edificios.
Gracias a él el ciudadano podrá conocer las
exigencias energéticas de la vivienda que desee habitar, lo que redundará en una mayor transparencia y conocimiento de las condiciones de la vivienda que ofrece el mercado inmobiliario y le permitirá además la planificación de los gastos que cada
familia deberá afrontar en su factura energética. Me gustaría incidir en la oportunidad y el éxito de este certificado, sobre todo cuando varias comunidades autónomas han anunciado ya documentos de similar naturaleza en el ámbito de sus respectivos
territorios. Señorías, gracias al Código técnico de la edificación muchos ciudadanos están comenzando ya a disfrutar de una nueva forma de habitar en viviendas de mayor calidad, más cómodas, más seguras y sobre todo energéticamente más eficientes y
menos contaminantes. Las familias españolas además podrán beneficiarse de una significativa reducción en su factura
energética gracias a la optimización del gasto de energía de sus hogares.
Creo honestamente que vamos por el buen camino y, sin embargo, nos queda al menos otro paso importante que dar. Debemos conseguir que la edificación en España abandone definitivamente un modelo basado casi exclusivamente en la nueva
construcción; un modelo que ha hecho que nuestras ciudades crecieran en tan solo una década la cuarta parte de lo que crecieron en toda su historia. Es el momento de abandonar el extensivo y cambiar a un modelo intensivo de crecimiento. Se trata,
en suma, de crecer menos para crecer mejor. Es el momento, señorías, de volver la mirada al interior de la ciudad y considerar que mucho de lo ya construido puede ser optimizado para ofrecer nuevas posibilidades de alojamiento, de equipamiento y de
espacio público, que son necesarios para el desarrollo vital de muchos ciudadanos. La rehabilitación del parque edificado es imprescindible para mejorar la accesibilidad y la habitabilidad de muchos edificios y barrios ahora obsoletos y para
colaborar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. Efectivamente y como SS.SS. sin duda conocen ya, el uso de la energía en los edificios ocasiona la quinta parte de las emisiones totales españolas de gases
de efecto invernadero y llega a significar un tercio de estas emisiones si tenemos en cuenta todo el proceso de edificación, lo que se denomina el ciclo vital de la vida de los edificios. La edificación es por tanto un sector clave en las
estrategias destinadas a la estabilización de estas emisiones. Hoy existe en nuestro país un parque edificado de 25 millones de viviendas, de ellas más de la mitad supera los treinta años de antigüedad y cerca de 6 millones superan los cincuenta.
A la vista de estos datos compartirán conmigo que la renovación de este parque de viviendas tiene que ser una prioridad no solo por su importancia económica y ambiental sino también social. Por este motivo, el ministerio abordará un
programa de intervención en el parque edificado residencial para mejorar la accesibilidad de estas viviendas y su eficiencia energética y para alcanzar un razonable equilibrio en la actividad del sector diversificándola entre rehabilitación y
construcción de obra nueva. Este plan Renove contará con la participación de los agentes económicos y sociales y contempla la rehabilitación energética de 500.000 viviendas y edificios a lo largo de la legislatura, que es el equivalente, para que
se hagan una idea, de toda la ciudad de Sevilla. El presupuesto inicial para este programa asciende a 800 millones de euros.
Naturalmente, aunque no hace falta decirlo, este es un empeño de todo el Gobierno. Para conseguir estos fines estamos
trabajando ya con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y con el del Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en la puesta en marcha de este primer plan nacional de rehabilitación integral de viviendas y edificios ya construidos. Antes de
que termine este año elevaré al Consejo de Ministros el diseño de este plan Renove.
Señorías, unas viviendas de mayor calidad, más accesibles, más silenciosas, seguras y eficientes demandan un mayor desarrollo de la investigación e innovación en el sector de la edificación, y en la parte de responsabilidad que me
corresponde trabajaré para que España se consolide como líder mundial en este campo. Algunas de estas iniciativas ya las conocen por mi antecesora, como es la edición europea del certamen internacional llamado Solar Decathlón en el año 2010, que
vamos a organizar coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea.
Además continuaremos apoyando proyectos de investigación como el desarrollo, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, de una estrategia para la
reducción de los gases de infecto invernadero durante el ciclo de vida de los edificios. Sin embargo, señorías, la acción del Gobierno para la mejora del parque inmobiliario existente no se va a limitar a la rehabilitación de viviendas. Queremos
que la renovación urbana, la remodelación de barrios deteriorados, sea a partir de ahora y definitivamente otro de los ejes básicos de nuestra actuación en materia de vivienda. En este punto tampoco partimos de cero, pues el Plan de Vivienda
2005-2008 supuso un impulso valiente a la rehabilitación integral, aumentó significativamente las ayudas en áreas degradadas, financiando la gestión social de las actuaciones y promoviendo la colaboración interadministrativa a través de ventanillas
únicas para información y gestión de estas ayudas y que están funcionando muy bien.
En esta legislatura daremos un paso más impulsando la remodelación de los barrios que han perdido su funcionalidad debido al estado de sus edificios o a la carencia
de sus equipamientos con medidas que refuercen las tomadas en la modificación del Plan Estatal de Vivienda realizada en enero de este mismo año. Es una exigencia histórica de los ayuntamientos que nosotros ahora afrontamos decididamente también en
colaboración con las comunidades autónomas. Muchos de estos barrios desestructurados y situados en el centro y en las áreas periféricas de la ciudad tienen edificios de baja calidad arquitectónica, elevada ineficiencia medioambiental y escasos
equipamientos y graves problemas de accesibilidad y en los que suelen vivir personas con bajos ingresos, muchas de ellas en serio riesgo de exclusión social y residencial.
Señorías, en mi experiencia como concejal en el Ayuntamiento de Madrid he puesto rostro a la exclusión residencial: la sufren mayoritariamente mujeres de edad avanzada con pocos recursos que viven en la soledad más absoluta. La
erradicación de la infravivienda vertical y el chabolismo es un empeño en el que me comprometo a trabajar codo con codo con ayuntamientos y comunidades autónomas. Estos barrios necesitan intervenciones coordinadas de las tres administraciones que
van más allá de las requeridas en la gestión de las áreas de rehabilitación integral y de centros históricos que el plan estatal ha venido atendiendo hasta la fecha. Señorías, por desgracia cada vez son más frecuentes los casos de acoso o mobbing
inmobiliario en nuestras grandes ciudades.
Por lo general lo soportan las mismas personas que sufren la exclusión residencial. Me consta que los ayuntamientos y las comunidades autónomas han impulsado medidas para evitar estas prácticas abusivas, en especial la ejecución
sustitutoria de las obras de reconstrucción de edificios cuando los propietarios se niegan a ejecutarlas. Desde el ministerio, y de la mano de los ayuntamientos, estamos luchando contra el acoso inmobiliario. Hemos puesto en marcha a través de un
convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias un dispositivo para brindar atención a las víctimas del llamado mobbing. En virtud de este convenio, el Ministerio de Vivienda ofrece un teléfono gratuito de atención ciudadana con
personal especializado para atender a todos los afectados, facilitándoles toda la información necesaria sobre cuáles son sus derechos y cómo hacerlos valer ante los acosadores. Los ayuntamientos, por su parte, ponen a disposición los servicios
sociales y de asistencia jurídica gratuita que ellos mismos prestan así como otras administraciones públicas o colegios profesionales. Además de estas medidas puestas ya en marcha, desde el ministerio se trabaja en otras actuaciones adicionales a
medio y corto plazo que ayuden a las administraciones públicas a combatir estas prácticas abusivas.
Señoras y señores diputados, mi compromiso personal con la política de renovación urbana no va a limitarse a los grandes núcleos urbanos. Quiero que el esfuerzo de todo tipo que exige construir y rehabilitar cientos de miles de viviendas, y
que se concentra en aquellos sitios de nuestras ciudades que necesitan ser revitalizados física y socialmente, se extienda también a la recuperación de los núcleos rurales. Por ello, impulsaré intervenciones integrales en el interior de nuestros
pueblos y aldeas para adaptarlos a las necesidades de sus habitantes y recuperar espacios para la construcción de vivienda protegida. El instrumento para ello serán los planes integrales de recuperación en el marco de la Ley de desarrollo
sostenible del medio rural aprobada el año pasado. Por ello, una vez más -y no me cansaré de repetirlo- es imprescindible la colaboración de todas las administraciones públicas, ya que estos espacios precisan intervenir no solo en su soporte físico
sino también en la reconstrucción de sus tejidos sociales y económicos. Me consta que ya hay iniciativas en este sentido en algunas comunidades autónomas, por lo que estoy segura de que lograremos alcanzar un alto grado de consenso.
Dentro de este
programa marco de actuación en el medio rural, el Ministerio de Vivienda mantiene activo su programa de recuperación de pueblos abandonados a través de un convenio con los ministerios de Educación, Política Social y Deporte, Cultura, Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino y de Ciencia e Innovación. El medio rural lleva varias décadas sufriendo un progresivo abandono y deterioro económico. Por ello es imprescindible la potenciación de nuevas oportunidades de actividad, y la disponibilidad de
una adecuada oferta de vivienda a precio asequible en nuestros pueblos. Esto requiere con urgencia una intervención decidida e inteligente que los revitalice y ponga en valor nuestra arquitectura tradicional como parte esencial de nuestro
patrimonio cultural.
Reconozco, señoras y señores diputados, que mi compromiso personal con las políticas de rehabilitación de viviendas, edificios, barrios, pueblos y ciudades es profundo y determinante. En él podrán encontrar ustedes la huella de mi paso por
el municipalismo y la experiencia de cercanía a los ciudadanos que en esta etapa he podido atesorar. Por ello, y porque he vivido en primera persona las dificultades de gestión que conlleva el desarrollo de las iniciativas en esta materia, estoy
convencida de que son cada vez más necesarios instrumentos reguladores que faciliten la renovación y rehabilitación integral en tipologías tan distintas de intervención. Creo que es el momento idóneo para regular específicamente la intervención en
el interior de nuestras ciudades y pueblos desde una perspectiva multidisciplinar e integradora. Tengo la intención de acometer la redacción de un nuevo marco regulador básico para la rehabilitación y la renovación urbana que establezca las medidas
necesarias para conseguir objetivos que afectan a todas las esferas del proceso productivo y renovador de la ciudad, desde las grandes políticas públicas medioambientales hasta la regulación de sus aspectos más sociales, desde las ayudas al sector
público y privado para la renovación del parque inmobiliario hasta las destinadas a la protección de arrendatarios de inmuebles ante operaciones de acoso inmobiliario. Con pleno respeto al reparto competencial que la Constitución y los estatutos
expresamente establecen, como no puede ser de otra forma, será la primera vez en la que en un mismo texto y bajo una óptica común se aporte una visión global de la renovación urbana desde el punto de vista de su impacto ambiental y del derecho a la
ciudad que tienen los que habitan en ella; un texto en el que por fin se recopile la normativa dispersa en la actualidad sobre políticas urbanas, rehabilitación de viviendas y desarrollo sostenible.
Para concluir en este apartado dedicado a las políticas de rehabilitación me gustaría referirme al programa de rehabilitación del patrimonio histórico arquitectónico. Como SS.SS. conocen, el ministerio dedica parte de sus recursos a la
recuperación de un extenso patrimonio arquitectónico, con el fin de que los edificios públicos que el ministerio rehabilita, en ocasiones en colaboración con las comunidades y los ayuntamientos, sirvan como nuevos equipamientos públicos y
enriquezcan los servicios a los ciudadanos en muchos pueblos y ciudades.
Los proyectos de restauración o rehabilitación abordados en estos momentos superan los 175 millones de euros, con un compromiso de financiación de 300 millones de euros
aproximadamente. Tenemos varios proyectos de futuro para la recuperación del Patrimonio Histórico de nuestro país, pero entre ellos me gustaría compartir con ustedes un proyecto especialmente significativo. El Ministerio de Vivienda elaborará un
programa de recuperación
específica para ciudades Patrimonio de la Humanidad, colaborando con el resto de las administraciones públicas y el sector privado en la recuperación y revitalización de estas ciudades. Además, el Ministerio de Vivienda está actualmente
representado en la Comisión del uno por ciento cultural, presidida por el ministro de Cultura. Esta comisión, de la que forman parte los ministerios generadores de este uno por ciento, sobre todo Fomento y Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
tiene entre sus objetivos proponer los criterios y el desarrollo de la política en materia de recuperación del patrimonio histórico del Estado y procurar una ejecución coordinada de la misma. Por lo que al Ministerio de Vivienda respecta,
reforzaremos las actuaciones de rehabilitación en edificios de titularidad pública que mejoren los equipamientos y servicios para los ciudadanos y también la imagen urbana de las ciudades y de los núcleos rurales.
Voy a concluir ya. A lo largo de mi intervención les he ido explicando el balance de gestión del ministerio y los grandes objetivos de la legislatura en política de vivienda, objetivos que estoy segura compartirán todos los agentes
implicados. Las administraciones que compartimos competencias en política de vivienda, ordenación del territorio y gestión del suelo debemos intensificar nuestra colaboración desde la lealtad institucional y la solidaridad para sumar esfuerzos y no
para competir. Esto es lo que la sociedad demanda de nosotros: una colaboración útil que sume resultados en la misma dirección. Esta es la filosofía desde la que voy a ejercer mi responsabilidad al frente de este ministerio: la del pacto, el
acuerdo y la colaboración. Es mi voluntad que la política de vivienda de mi departamento sea objeto de un pacto estatal, un pacto que reunirá cuatro características básicas. La primera es la confianza. Es necesario devolver la confianza a todos
los agentes y colectivos sociales implicados en el sector de la vivienda para entre todos conseguir la reactivación de su actividad. En segundo lugar, ha de ser un pacto integrador en el que todos los firmantes asuman los objetivos a desarrollar.
Es necesaria la implicación de todos en el diseño y ejecución de esta estrategia. Es una tarea colectiva sin convidados de piedra. Si actuamos conjuntamente y nos sentimos parte del proyecto ganaremos en eficacia. En tercer lugar está la
transparencia. El pacto será evaluable con objetivos cuantificables. Estableceremos un sistema de seguimiento que dará cuenta de su evolución. Este es un paso necesario para incidir en la corresponsabilidad de las tres administraciones. El
último elemento básico del pacto debe ser una diferencia nítida entre fines e instrumentos. El pacto delimitará con claridad los fines para dejar cierta flexibilidad en la selección de los instrumentos atendiendo a las peculiaridades del mercado de
la vivienda de cada territorio. Estoy convencida de que un pacto de estas características nos va a permitir facilitar a los ciudadanos el acceso a la vivienda de calidad en una ciudad sostenible y habitable.
Señorías, en esta legislatura tenemos una gran oportunidad para conseguir la normalización y modernización del sector de la construcción; una normalización deseada por todos para que este sector deje de ser noticia por sus excesos y una
modernización que promueva mayor competitividad y productividad. Hay sectores más productivos que otros, pero también es cierto que hay unas formas de construir más productivas que otras. Estas formas son las que incorporan mayor valor añadido a
través del diseño arquitectónico avanzado, la incorporación de tecnologías de eficiencia energética y la profesionalización de los canales comerciales, especialmente en el mercado de alquiler. En este camino hacia el pacto el ministerio jugará un
papel de liderazgo; un liderazgo asumido por vocación propia pero también demandado por los agentes sociales y económicos, que miran al ministerio como impulsor de un nuevo tiempo de acuerdo. Confío en que todos seamos conscientes de la
oportunidad que tenemos, pero si no es así mi propósito es hacerlo notar porque estos años son claves para consolidar el cambio de rumbo en la política de vivienda iniciado hace cuatro años. En este nuevo rumbo todas las administraciones,
independientemente de su color político, pueden y deben participar. No olvidemos que estamos aquí para hacer lo que los ciudadanos nos demandan: su derecho a acceder a la vivienda digna en un entorno también digno. La política de vivienda
conforma el escenario vital más inmediato de los ciudadanos. Con la política de vivienda y suelo ponemos el marco de nuestra convivencia. Mi deseo es que ese marco sea el de un país avanzado que cuida su territorio, que lo renueva y que facilita
el bienestar y la movilidad social de las personas. Es por ello un reto político de primera magnitud. Estoy convencida de que las aportaciones de SS.SS. serán necesarias para abordar este reto con la mayor garantía de éxito. Muchas gracias por
su atención. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por su exhaustiva intervención. Damos ya paso a la intervención de los portavoces. En primer lugar tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Matos, por un
tiempo de diez minutos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señor presidente, le anuncio que voy a hacer uso de la flexibilidad que usted nos prometió al comienzo de esta sesión, después de la exhaustiva intervención de la señora ministra.
En primer lugar quiero, señora ministra, darle la bienvenida muy cordialmente en nombre de mi grupo parlamentario a esta nueva Comisión de Vivienda, felicitarla públicamente por su nombramiento -ya lo he hecho en privado- y decirle que
nosotros -y yo particularmente- valoramos muy positivamente su procedencia del municipalismo. Creo que es absolutamente necesario para comprender una política de vivienda conocer las capacidades, las competencias y las necesidades que tienen los
ayuntamientos. Valoro su formación profesional,
de registradora de la propiedad; sabe que en mi partido la conocemos bien.
Le garantizo que tendrá por mi parte toda la colaboración que usted permita recibir. La experiencia con las dos ministras anteriores respecto a recibir
colaboración del Partido Popular no ha sido buena, como luego veremos. También le garantizo que tendrá por mi parte toda la lealtad que reciba de usted. Como les dije a las dos ministras anteriores, tendrá toda mi lealtad, la lealtad que usted nos
dé, ni un gramo menos pero tampoco un gramo más. Reconozco que tenía muchas ganas de que usted compareciera en la Comisión, sobre todo para dos cosas: una, para saber el diagnóstico que tenía de la situación actual del sector de la vivienda y,
dos, para ver las propuestas que nos hacía sobre todo debido a la situación que se ha agravado en los últimos meses. En su intervención ha habido cosas que me han parecido aceptables y cosas que no, pero respecto al diagnóstico veo que le han
contado una situación, sobre todo respecto a los espléndidos resultados de la política de vivienda durante los últimos cuatro años, que se aleja de lo real: le han contado que todo ha ido muy bien durante estos cuatro años. No puedo hablar de su
gestión -ya lo haremos a lo largo de la legislatura- pero no me resisto a hablarle de esa situación y contarle la realidad. Le pido que no vea en mi intervención la crítica habitual de un portavoz del principal partido de la oposición. Quiero que
reciba los datos y mis reflexiones y, que por muy críticos que le puedan parecer, los compruebe, reflexione sobre ellos y saque sus propias conclusiones.
Señora ministra, usted recibe una herencia infinitamente peor que la que recibió María Antonia Trujillo de manos del Partido Popular y también peor que la que recibió Carme Chacón de María Antonia Trujillo en julio de 2007. Por muy mal que
le pareciera la situación del final de la última legislatura del Partido Popular, había un hecho claro: los españoles podían ir a un banco, pedir un préstamo, que se lo dieran, comprar una vivienda y además podían pagarla. Ese hecho es
incontestable y es completamente distinto a la situación que vivimos hoy en día. Hoy la situación es radicalmente distinta. Le voy a dar algunos datos. En primer lugar, hoy comprar una vivienda es mucho más difícil que hace cuatro años, y los que
la compraron hace cuatro años hoy tienen muchísimas más dificultades que entonces para hacer frente a su hipoteca. Los motivos: el precio de la vivienda es un 44,3 por ciento más caro que en marzo de 2004; los tipos de interés referenciados al
Euríbor alcanzan el 5,5 por ciento, más del doble que hace cuatro años, y hoy, debido a las tensiones de liquidez en las entidades financieras, es mucho más difícil que hace cuatro años obtener un préstamo hipotecario. Ha salido una información
hace pocos días que dice que la banca rechaza seis de cada diez solicitudes de préstamos hipotecarios para adquirir una vivienda. La letra del piso, la cuota de amortización de un préstamo hipotecario, se ha encarecido brutalmente en estos cuatro
años: alcanza ya de media, según los analistas, 913 euros, unos 400 euros más al mes para una hipoteca media de 148.000 euros a 25 años. Hoy, señora ministra, miles de ciudadanos que compraron un piso hace tres, cuatro o cinco años no pueden pagar
su hipoteca. Se publicó hace unos días una información en el periódico El País en la que se dice que la morosidad ha subido un 83 por ciento, el nivel más alto en los últimos siete años. Esto, de verdad, es dramático porque son miles los
ciudadanos que pueden perder su vivienda al no hacer frente a sus créditos.
En segundo lugar, la política de vivienda llevada a cabo por el Gobierno ha sido mala y en lo que se refiere a la política de alquiler ha sido desastrosa. También le voy a dar algunos datos. En 2007 -imagino que usted lo explicará ahora-
se iniciaron 11.396 viviendas protegidas menos que en el año 2006, un 12 por ciento menos. Respecto a la política de alquiler, que, como dije, ha sido desastrosa, también le voy a dar unos datos . Uno de ellos lo dio usted. En el sector de
primera residencia en alquiler hoy el parque de viviendas es el 11 por ciento del total. Según los datos publicados en su página web del ministerio, son 1.799.000 viviendas de un total de 16.353.000. En el año 2003, último año de gobierno del
Partido Popular, alcanzaba el 11,34, es decir, 1.700.000 viviendas de un total de 15.923.000, con lo cual toda la política de vivienda de alquiler llevada a cabo por el Partido Socialista, por las dos ministras anteriores, ha tenido como
consecuencia una reducción del número de viviendas de alquiler relacionadas con el total de viviendas en España. Los programas destinados a políticas de alquiler fueron un fracaso. Se ha intentado corregirlos al final de la legislatura y no ha
sido posible. La ayuda de 240 euros a jóvenes menores de 35 años supuso, según los datos que yo manejo de las últimas comparecencias de las autoridades del ministerio en diciembre, 39.358 euros en los últimos tres años y medio, lo que significa 225
ayudas por provincia al año, lo cual considero que es escaso. Las ayudas de 6.000 euros al propietario para la rehabilitación y posterior cesión en arrendamiento fueron 2.634 en tres años y medio, es decir, quince ayudas por provincia al año, y la
Sociedad Pública de Alquiler -ya conoce usted los datos- entregó 6.804 viviendas, según datos de abril de 2008, porque esos datos sí los publica el ministerio. Como comprenderá, haber entregado llaves de 6.800 viviendas en tres años de gestión de
la Sociedad Pública de Alquiler y tener unas pérdidas acumuladas de 7 millones de euros no creo que sea para tirar voladores. Ha sido criticado por todos los grupos políticos, incluso en el Senado aprobaron una moción pidiendo su disolución por el
fracaso de su gestión y de sus resultados. Usted decía antes respecto a la Sociedad Pública de Alquiler que mucho se ha escrito sobre su eficacia. De verdad que yo no he visto nada escrito sobre la eficacia de la Sociedad Pública de Alquiler, sino
sobre su ineficacia, que ha sido constante en toda esta legislatura. Sobre ella usted ha dicho que ha generado un cambio en la cultura del alquiler. Eso ya lo dijo la ministra anterior. A la vista de que no podía ofrecer resultados tangibles,
dijo que los
resultados eran los que se habían dado pero que culturalmente había tenido un efecto de influencia, que es lo que yo denominé el efecto psicológico de la Sociedad Pública de Alquiler, pero yo creo que 7 millones de euros de pérdidas es un
efecto psicológico bastante caro y difícil de valorar.
Respecto a la renta básica de emancipación, le voy a pedir a la ministra que revise la normativa sobre esto y sobre las ayudas que existen en el Plan de Vivienda, porque se está dando algo que es completamente sorprendente y paradójico, y se
lo voy a explicar. Hoy en día un joven de entre 20 y 24 años que gane menos de 16.000 euros pide la ayuda de 240 euros mensuales establecida en el plan y a los dos años, cuando ya lleva dos años emancipado, se dirige al Gobierno a pedirle una ayuda
de emancipación. Es absurdo -se lo dijimos a la ministra- que estén coexistiendo dos ayudas similares con distintos plazos y con los mismos destinatarios, lo que está creando una confusión enorme en la solicitud de las ayudas. Por tanto, era una
propuesta absurda que medios de comunicación nada sospechosos, como el periódico El País, titularon también como una duplicidad. Ustedes están dando una ayuda que es la misma que ya existía durante estos cuatro años, pero con otro nombre, a la
vista de unas elecciones generales. Ya han pasado las elecciones, y yo le pido que unifique esos criterios para que no se puedan dar las situaciones que se están dando.
En tercer lugar, hereda usted una situación en el sector de la construcción y en el sector inmobiliario en una crisis brutal. Usted se ha referido a ello. Los visados de los proyectos han caído un 61 por ciento y las ventas han caído un 72
por ciento. Esto produce una seria amenaza de que queden en la calle cientos de miles de personas que trabajan en el sector de la construcción, por lo que hay que tomar medidas más eficaces que la que se aprobó la semana pasada en la moción de
Convergència i Unió con la enmienda del Partido Socialista. Voy a comentar parte de su intervención y en la réplica, si no me da tiempo, le haré las propuestas que hacemos desde el Partido Popular. En primer lugar, he echado de menos en su
intervención alguna referencia a la situación dramática por la que están pasando muchísimas familias españolas que, debido a la subida de los tipos de interés y al incremento de los precios de los productos básicos de los alimentos, no pueden llegar
a fin de mes y no pueden pagar su hipoteca. Para nosotros la actividad prioritaria del Ministerio en este momento, antes de ponerse a elaborar el próximo plan, es sacar un paquete de medidas que puedan paliar la situación que está produciéndose en
muchísimas familias españolas. Hay ocho millones de hipotecas, aunque habrá familias que puedan tener dos hipotecas, y esto afecta a millones de españoles que en estos momentos, debido a esas dos circunstancias, no pueden llegar a final de mes y
pueden ver que pierden por impago la vivienda en la que habitan y que constituye su hogar familiar. Por tanto, le pido en esta primera comparecencia que tome de forma inmediata medidas drásticas.
Nosotros hemos propuesto la semana pasada, y lo
llevamos esta tarde al Pleno como toma en consideración de una proposición de ley, el incremento de las deducciones por la adquisición de vivienda habitual, que permita a las familias tener más dinero disponible para hacer frente a sus obligaciones
en su préstamo hipotecario.
El señor PRESIDENTE: Señor Matos, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MATOS MASCAREÑO: Voy concluyendo, señor presidente.
La semana pasada la rechazaron y esta tarde no sé lo que harán, pero espero que si no hacen nada o la rechazan por lo menos hagan una propuesta alternativa, porque usted no puede permitir que esta situación se siga dando en las familias
españolas. Voy a dejar para después las propuestas que nosotros hacemos y voy a dar unas breves pinceladas a lo que usted ha dicho.
El pacto por la vivienda lo llevamos reclamando durante toda la legislatura anterior. Y un pacto, como usted sabe, es sentarse todas las administraciones y los grupos políticos y llegar a acuerdos. Un pacto no es un contrato de adhesión.
Por tanto, estoy dispuesto a que nos sentemos con el resto de los grupos parlamentarios para llegar a un consenso, a un acuerdo de ámbito nacional, con todas las administraciones, con todos los sectores , incluido el sector financiero, que permita
establecer cuáles son los cambios normativos que hay que hacer. Por tanto, estoy de acuerdo, pero con voluntad de llegar a acuerdos y a consensos, no a imponer contratos de adhesión.
Usted ha hablado mucho de la renovación urbana y la rehabilitación. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros reclamamos, y así se aprobó en una proposición no de ley nuestra de modificación del Plan actual de Vivienda, que en uno de los
puntos fuera cambiar las condiciones de la rehabilitación aislada de edificios y viviendas cuyas condiciones hacían muy difícil acceder a esos programas. Eso fue aprobado por estas Cortes, con el rechazo del Partido Socialista, y jamás se produjo
esa modificación. Por tanto, estamos de acuerdo, pero le digo que esa propuesta nuestra obtuvo el rechazo del Partido Socialista en la pasada legislatura.
Usted se propone un objetivo de 1.500.000 viviendas protegidas en diez años, 150.000 viviendas al año. Se pueden hacer esas viviendas y más, si realmente se pone suelo disponible para vivienda protegida en el mercado, en manos de las
empresas públicas y privadas, a precio adecuado para vivienda protegida. Le digo más. Ese suelo urbanizable calificado para vivienda protegida existe en España; hay suelo suficiente. Lo único que ocurre, y lo hemos dicho en miles de ocasiones,
es que los ayuntamientos no tienen capacidad financiera para impulsar el desarrollo de esos suelos. En consecuencia, le proponemos -y eso puede ir en el pacto- la modificación de la financiación local y de la Ley de Haciendas
Locales, que permita a los ayuntamientos tener capacidad financiera suficiente para impulsar el desarrollo de esos suelos destinados a vivienda protegida. Ese suelo calificado así existe, no por la última Ley de Suelo, que establece el 30
por ciento, sino porque ya muchas comunidades autónomas establecían ese porcentaje o porcentajes superiores, como Madrid que tiene el 50 por ciento en el nuevo desarrollo; por tanto, ese suelo calificado y destinado a vivienda protegida existe.
El señor PRESIDENTE: Señor Matos, le ruego que concluya. Tiene medio minuto, porque llevamos prácticamente el doble de tiempo en su intervención.
El señor MATOS MASCAREÑO: Termino enseguida, señor presidente. Ha hablado usted de alquiler con opción a compra. Estamos completamente de acuerdo, pero el Partido Popular también presentó una proposición no de ley para que se incorporara
el alquiler con opción de compra, que no está en el Plan de Vivienda, y fue rechazada por el Partido Socialista. Estamos de acuerdo, porque ha sido una de nuestras propuestas durante toda la legislatura pasada.
En cuanto a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, también de acuerdo, pero en la legislatura pasada fue rechazada, por el Partido Socialista, otra propuesta nuestra. Respecto a la modificación de la Ley de Arrendamientos
Urbanos, completamente de acuerdo. Y asimismo rehusada por el Partido Socialista en la legislatura pasada. En cuanto a la creación de los juzgados de vivienda -usted los llama de Primera Instancia-, estamos completamente de acuerdo. Presentamos
dos mociones en la legislatura pasada, que fueron rechazadas por el Partido Socialista.
Respecto a la modificación de toda esa normativa, estamos completamente de acuerdo. La Sociedad Pública de Alquiler voy a dejarla para mi segunda intervención.
El señor PRESIDENTE: Sí, mejor lo guarde para la siguiente intervención, porque con solo algunos segundos no tendría suficiente tiempo. (La señora vicepresidenta, Corral Ruiz, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Para seguir el orden de intervenciones, a continuación, tiene la palabra nuestro presidente y portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Macias Arau.
El señor MACIAS ARAU: En primer lugar, como portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quiero agradecer la presencia de la señora ministra en esta Comisión, también la exhaustividad y sobre todo algo que me parece
positivo en su intervención, que son las múltiples ideas que habrá que ir transformando en propuestas y proyectos políticos y que enriquecen esta primera sesión.
Señora ministra, como sabe perfectamente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) comparte con usted la prioridad por la preocupación respecto a las políticas de vivienda. Lo comparte, como también sabe, desde un punto de vista
algo distinto, puesto que también conoce que en nuestro programa electoral preconizábamos que no hacía falta un Ministerio de Vivienda, aunque sí una política de vivienda y, sobre todo, multiplicar los recursos económicos pero también los humanos
dedicados y destinados a la vivienda. En cualquier caso, sea bienvenida a esta Comisión parlamentaria para poder debatir con el ministerio, con usted y con su equipo todas las cuestiones relacionadas con la vivienda. Sabe usted también que mi
grupo ha dado una primera muestra de esta preocupación a través de la presentación de una interpelación -la interpelada no fue usted, sino el vicepresidente económico, el señor Solbes, precisamente por esta vocación nuestra a la cual me referiré
posteriormente- sobre transversalidad de las políticas de vivienda. Sabe perfectamente que como consecuencia de esta interpelación presentamos una moción, la cual fue consensuada con el Grupo Socialista y felizmente aprobada, aunque no en todos los
aspectos que nosotros hubiéramos deseado, pero tiempo habrá para ir hablando de ello.
Después de escuchar atentamente sus explicaciones, lo primero que quiero hacer es pedirle hoy desde aquí que sea absolutamente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas. De manera muy especial, Convergència i Unió le pide
que sea respetuosa con el Estatut de Autonomía de Catalunya, Estatuto que se pactó en esta sala, entre otros lugares, entre los representantes del Parlament de Catalunya y los representantes de esta Cámara, y que luego fue refrendado por el Pleno
del Congreso, por el del Senado y por la población catalana. Es un pacto importante, en el cual se establecen unas competencias que deben ser respetadas y he de decir que, de todas sus ideas -no voy a engañarla, señora ministra-, hay algunas que me
han causado cierta preocupación, puesto que en algunos ámbitos competenciales, clarísimos, de la Comunidad de Cataluña, aunque también de muchas otras comunidades autónomas, hay indicios de que se pretende una invasión. Vamos a estar
extraordinariamente vigilantes para que esto no suceda, igual que lo estuvimos en su momento para que la Ley de Suelo, finalmente aprobada, respetara plenamente los contenidos estatutarios.
Al hablar de la vivienda, hay que hacer un diagnóstico preciso y deberíamos dedicarnos a hacerlo durante estos primeros meses, pues tras su intervención y la del principal grupo de la oposición se ha visto que hay diferencias. Nos preocupan
unas cuantas cosas que voy a enumerar. Hay que conocer bien el alcance de la crisis y saber cómo están los umbrales de solvencia de la demanda en estos momentos, hay que prever qué va a pasar en los meses inmediatos con la ocupación, con los
millones de empleados de este sector, y qué va a pasar con los stocks, qué tipo de stocks tenemos, qué cantidad
y cuáles pueden ser reconvertidos a vivienda protegida y financiados como vivienda protegida, y que se pueda utilizar esta financiación para compartir el objetivo expresado por el vicepresidente económico -creo que también es compartido por
usted- de que hay que ajustar de manera importante los precios de la vivienda -este podría ser un instrumento-.
En cuanto a algo a lo que usted ha hecho una referencia un tanto optimista de salir de la crisis, ya me gustaría compartirlo -usted ha
hablado del segundo semestre de 2009-, bienvenido sea como deseo, como objetivo, pero no sé si va a ser.
Señora ministra, hemos planteado dos cuestiones. Una se puede denominar como medidas inmediatas -no pueden esperar y por eso planteamos esta moción-, medidas para favorecer este ajuste, medidas de adecuación de los stocks a la demanda
solvente para que a aquellos ciudadanos, que en estos momentos no están en condiciones de atender esta demanda, podamos satisfacerles en el derecho constitucional que tienen a una vivienda digna. Ha hablado también de medidas para favorecer la
financiación, que quien esté en el sector para financiar viviendas tenga los fondos necesarios. Aquí nosotros dimos la bienvenida al acuerdo que se plasmó en la moción, relativo a aumentar los avales de ICO, y esperamos que esto se haga cuanto
antes. Y, finalmente, también medidas inmediatas para que todos estos excedentes de puestos de trabajo puedan ser absorbidos por el sector de renovación y mejora, que es un sector con gran necesidad de mano de obra. Por tanto, este es el primer
paquete, medidas inmediatas, que nos preocupa porque no podemos esperar.
En segundo lugar, en estos momentos hay que dedicarse con fruición y con esmero al nuevo plan. Aquí permitirá que le haga una pregunta y que le dé también una sugerencia. ¿Para cuándo el nuevo plan? Evidentemente será el nuevo plan
2009-2012; por tanto, con que esté el primero de enero de 2009 deberíamos estar satisfechos, pero nuestra sugerencia sería, señora ministra, que estuviera cuanto antes. Si somos capaces de pactar este plan, estarían establecidas cuanto antes estas
nuevas reglas. Imagínese que fuésemos capaces de tenerlas en el mes de octubre; serían tres meses que ganaríamos, que todos los agentes sociales ya conocerían las nuevas reglas del juego y podría plantearse su aplicación. La segunda pregunta es
cuánto vamos a poder destinar, no solo la Administración General del Estado sino todos los participantes en este pacto que, a entender de Convergència i Unió, debe amparar el nuevo plan. ¿Cuánto? Cuanto más, mejor. Ya sabe que nuestra voluntad es
que se cuadripliquen los recursos.
Me imagino que por usted no va a quedar. Ya le avanzamos que nuestro grupo, si es requerido para ello, va a presentar como una de las condiciones para apoyar los Presupuestos Generales del Estado, una muy
sustancial mejora de los presupuestos de su ministerio. Con la misma franqueza con que le hemos dicho que entendíamos que a lo mejor no era necesario el ministerio, es necesario aumentar -repito que nuestro programa dice cuadriplicar-
sustancialmente los fondos destinados precisamente a este nuevo plan.
Pasamos a algunos aspectos concretos que hay que resaltar también. Estamos de acuerdo con usted sobre la rehabilitación y renovación y no voy a entretenerme en ello. Solo una luz roja, no sé si esta medida legislativa que usted ha
anunciado es una medida que puede invadir muy claramente las competencias de las comunidades. En este caso, no nos tendría a su favor.
Se lo digo ya claramente desde el primer día porque es algo que no nos parece positivo. La segunda cuestión se
relaciona con el alquiler. Usted ha hablado de muchos temas y de uno que a nosotros nos preocupó. De hecho nos llevó a aprobar en el Senado una proposición de ley que luego no fue tramitada -yo creo que fue una lástima- en la que, por una parte,
se procedía a modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por otra parte, se establecían medidas de protección contra el mobbing inmobiliario en el mismo sentido de algunas que usted ha anunciado. Nos parece que es absolutamente imprescindible,
puesto que en el tema de la vivienda tenemos que proteger, señora ministra, a los más débiles. Nuestro grupo va a darle todo el apoyo y, por otra parte, le va a exigir que lo haga.
Un elemento claro es también el suelo, las políticas del suelo.
Hay que aplicar la Ley de Suelo. Vamos a ver cómo queda este texto refundido que es absolutamente necesario y, sobre todo, el reglamento. Aquí también luz ámbar en cuanto al respeto competencial.
Usted ha anunciado al final medidas destinadas a que se pueda continuar canalizando el ahorro popular a la vivienda, no tanto para que todo el mundo se compre una vivienda y otra y otra, sino para que aquellos que tienen unas determinadas
cantidades puedan participar a través de determinados planes o instrumentos de inversión popular transparentes y vigilados. En algunos países europeos existen los llamados fondos REIT, que estaría bien que se pudieran aplicar en nuestro país por
sus aspectos de vigilancia, transparencia y tutela por parte de la Administración del Estado, y que continuarían canalizando el ahorro popular hacia la vivienda, lo que es hoy más necesario que nunca. Otro aspecto puntual al que usted ha hecho
referencia es el cambio climático. Ha dado la cifra, que es verdadera, de que las emisiones producidas en relación con la vivienda son una tercera parte. Seguramente, como el Estado español no es un buen cumplidor de los objetivos de emisiones,
valdría la pena trabajar en este sentido.
Para acabar, señora ministra, cuando nosotros decimos que no hace falta el ministerio, pero que hacen falta políticas del Gobierno en relación con la vivienda, ya tenemos el ministerio, ya tenemos la persona que lo hace, al menos haga usted
esta política global en relación con unos cuantos aspectos en los que le vamos a dar todo nuestro apoyo; le vamos a ayudar a convencer a otros miembros del Gobierno, como en el tema de la fiscalidad. Hay muchos temas en relación con la fiscalidad
de la vivienda y los vamos a ir planteando, como ya ha hecho históricamente Convergència i Unió. Sin duda,
política social. Si alguna política social es hoy absolutamente urgente e imprescindible es la política social en relación con la vivienda.
Solamente haré un apunte. Respecto a la renta básica de inserción, vamos a ver cómo funciona,
vamos a seguirlo y vamos a evaluarlo. También nos preocupa -y usted como miembro que ha sido de una corporación local lo conoce-, además de la necesidad de facilitar a los jóvenes una vivienda digna, el hecho de que haya determinados colectivos,
personas mayores, mujeres mayores, a las que también se ha referido, que por aspectos absolutamente críticos y a veces crueles tienen más dificultades para acceder a una vivienda o que, incluso teniéndola, pueden dejar de tenerla. Por tanto, en
política social hay un camino muy importante que recorrer, teniendo en cuenta que las competencias, como sabe, son de las comunidades autónomas. Estoy de acuerdo con usted en la transversalidad de las políticas de juventud, de igualdad y de
universidad, y también en todo lo referido a las nuevas tecnologías. En este sentido, le pediría que estuviera en contacto con la nueva ministra de Ciencia e Innovación, porque vale la pena que en este sector, que tiene grandes deficiencias de
productividad, sea donde más invirtamos en el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Finalmente, se ha referido al cambio climático. Una tercera parte de nuestras emisiones se producen alrededor de la vivienda, pero hay otra tercera parte que se genera con el transporte. Y el transporte y la vivienda tienen mucho que ver
con la movilidad y la movilidad con las políticas urbanas. Por tanto, en este trinomio valdría la pena que, en la medida de lo posible, actuara también como coordinadora de las políticas del Gobierno en este sentido. Por descontado que va a tener
nuestro apoyo.
Ha hecho referencia a algunas medidas concretas, y tiempo habrá para irlas discutiendo. A nosotros, en principio, la música de su exposición nos ha parecido positiva, pero he de decirle con toda sinceridad señora ministra, que tiene ahora
medio año muy duro. Habría dos meses antes del verano para tomar estas medidas de choque. El presidente del Gobierno anunció el otro día en Barcelona que habría un segundo paquete económico.
Haga lo posible para que en este segundo paquete
económico haya muchas medidas para favorecer este ajuste y para ayudar a los perjudicados de este ajuste de la vivienda. Es un momento importante, en particular los dos meses inmediatos y, sobre todo, saber hacer este nuevo plan de vivienda que
para nosotros es un pacto. Usted ha propuesto un pacto y Convergència i Unió va a estar claramente para favorecer este pacto. Por tanto, señora ministra, tiene muchos deberes. Hay, a nuestro entender, no una luz ámbar sino una luz roja absoluta,
somos críticos con la Sociedad Pública de Alquiler. Hay una fecha, 2015, pero hay otra, usted la ha mencionado, que es 2010. Me gustaría que se comprometiera a que si en el 2010 la evaluación intermedia sigue siendo insatisfactoria, como es en
estos momentos, no esperaremos cinco años más para hacer desaparecer este invento, que algunos aspectos positivos puede haber tenido, pero en general no me parece que sea un invento especialmente provechoso.
La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Tiene la palabra el señor Beloki, en representación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor BELOKI GUERRA: Quiero, también de parte de mi grupo, darle la bienvenida a la nueva ministra y desearle el mayor de los éxitos, porque será un éxito de todos que alguno de los grandes problemas en los que estamos metidos se vaya
solucionando. De todas formas, ministra, quiero empezar diciéndole que llega a un ministerio joven; no joven, niño. El año 2004 se escribía que era un ministerio de nueva creación que no tenía antecedentes en la democracia; sí antes. Eso se
escribía hace cuatro años, de forma que este es un ministerio de cuatro añitos; no más.
Consideración que, al menos, a mi grupo le hace reflexionar en una dirección que paso a exponerle, porque además ha sido un ministerio, tanto en su creación
como en su desarrollo, muy discutido y me atrevo a decir que no sólo desde la oposición. Puedo traer citas aquí en las que, incluso entre las filas socialistas se duda de la utilidad del nuevo ministerio, argumentando que la mayoría de las
competencias en esta materia se encuentran transferidas a las comunidades autónomas; luego es un ministerio, objetivamente, discutible y discutido. Me refiero a su creación.
Uno de los que en la pasada legislatura más le ha discutido ha sido el representante del Grupo Popular. He visto que en esta ocasión parece que ha desistido de esa discusión. Lo lamento un poco porque tras cuatro años es cuando, de alguna
forma, un balance hecho a fondo debiera llevarnos a todos a una reflexión de si este ministerio, que surgió con las incertidumbres con las que surgió, es el ministerio que se tiene que seguir desarrollando; porque, fíjese, es usted además en cuatro
años la tercera ministra, que algo dice también de la precariedad de las situaciones vividas. Si miramos a la Sociedad Pública de Alquiler, pues algo así; estaríamos también ante un tercer presidente de la Sociedad Pública de Alquiler, y esto algo
significa para al menos constatar objetivamente que se trata de un ministerio que no solo por acciones competenciales, sino también por razones funcionales, es un ministerio que debe ser objeto de discusión, en sí mismo, en la creación y en su
estructura. Me hubiera gustado que esto lo hubiera hecho el presidente del Gobierno antes de crear el nuevo Gobierno y hubiera llegado a alguna conclusión -es posible que haya llegado-. No estoy muy seguro porque en su debate de investidura
anunció también que íbamos a entrar en un proceso de reformas administrativas importantes y no sé como encajan las cosas. Ya lo iremos viendo. En todo caso, creo que debe ser un ministerio que usted sí debe someter a un debate a fondo para que
si va a seguir existiendo, al menos sea un ministerio funcionalmente efectivo y real.
He dicho en otras ocasiones, y hoy a lo largo de su intervención me lo ha recordado, que podemos estar ante un ministerio en busca de funciones; tiene el hábito y se va haciendo el monje; pues, paso a paso. He dudado sobre si cualquier
día de estos usted no nos va a proponer un cambio de nombre del ministerio, porque es un ministerio de vivienda, pero usted ha hablado del compromiso personal en los temas de remodelación urbana, de la ordenación del territorio; bueno, pues faltan
dos días para que el ministerio se llame ministerio de la ordenación del territorio, del urbanismo, de la vivienda y no sé de cuántas cosas más. Es cierto que nos ha hablado de medio rural; usted nos ha hablado de políticas industriales a través
de Sepes; nos ha hablado de políticas de fomento a través de la creación de zonas logísticas y dice, ya tenemos un ministerio para, entre comillas, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se crean órganos como el Sepes, que está dentro, y como hace
otras cosas, también el Ministerio de Vivienda se dedica a otras cosas. Luego hacen falta un montón de organismos interinstitucionales, de coordinación. Nos ha anunciado reuniones a tutiplén entre ministerios, justamente porque tiene usted, en los
temas fiscales, que entenderse con el Ministerio de Economía y Hacienda, etcétera. Claro, esto es una complejidad como mínimo, si no es una ineficiencia a medio plazo. El pasado día, cuando escuchaba al señor Solbes dar cuenta de las políticas de
vivienda desarrolladas en la anterior legislatura, me decía a mí mismo: Pues que lo hubiera tenido dentro de su ministerio. El pasado día, en el Pleno, salió él a dar cuenta del conjunto de las políticas de vivienda porque, entre otras cosas, hay
que hablar de las políticas fiscales, de su ámbito competencial, que son importantes. Con esto quiero decirle que debe someter a una revisión a fondo el balance de un ministerio de solo cuatro años de existencia. Me ha parecido entender por sus
palabras que algo ha hecho, pero a eso me referiré posteriormente. Coincido básicamente con el representante del Grupo Popular en que, si hacemos la fotografía de dónde estábamos en el año 2004 en los temas de vivienda y dónde estamos ahora,
estamos peor. No cabe duda. Él ha aportado datos y no voy a volver sobre ellos pero estamos ante objetivos fijados y no cumplidos; le voy a aportar solo uno. Se decía el 1 de mayo de 2004 lo siguiente: El objetivo marcado para esta legislatura
es elevar el porcentaje de vivienda de alquiler hasta el 20 por ciento. Pues mire usted dónde estamos. No le voy a echar la culpa de esto, ni siquiera al propio ministerio. Las dificultades en este ámbito son enormes y creo que a todos, también
al ministerio, les hace falta una dosis de realismo que en ocasiones no he visto en la anterior legislatura. La carestía del precio de la vivienda y la dificultad para que muchas personas, especialmente las jóvenes, puedan acceder a su primer hogar
son el resultado de muchos factores económicos y sociales difíciles de atajar solo desde la acción institucional y política. Deberíamos decir esto, no sea que por estar al frente del ministerio o por estar en la política creamos que lo que hacemos
nosotros va a resolver los problemas. El tema es mucho más complejo e -insisto- no afecta solo a su ministerio sino al conjunto de las instituciones que en este campo están intentando actuar, siempre con la mejor voluntad, algo que no pongo en duda
en ningún momento.
El debate de lo que ha sido, de lo que ha hecho y ha dejado de hacer el ministerio en los últimos cuatro años se puede hacer desde una doble perspectiva: desde una perspectiva macro, donde estábamos y donde estamos, y desde una perspectiva
micro, qué ha hecho la Sepes, qué ha hecho la SPA, qué se ha hecho en cada una de las políticas. De todo eso se ha hablado y mi sensación -no voy a insistir porque el tiempo no da para todo- es que no podemos estar orgullosos. Esa es la razón por
la que creo que hay que someter a debate cada uno de los instrumentos de los que usted dispone y sus formas de actuación, porque de otra forma podremos seguir teniendo ministerio, podremos seguir hablando de grandes políticas y de pactos de Estado,
pero la realidad del día a día nos dirá que este organismo funciona así, el otro asá y al final -es lo que nos ha pasado- no habremos conseguido los objetivos que deberíamos haber conseguido o que creímos que podíamos conseguir. De forma que mi
grupo está de acuerdo -creo que nunca ha estado en desacuerdo- con los llamados pactos de Estado, aunque seguramente luego los entendemos cada cual de una forma muy distinta. Sobre qué bases se hace una política de Estado es de lo que estamos
discutiendo. Usted ha hablado de cuatro principios: principio de confianza, integrador, de transparencia y de distinguir fines e instrumentos. Teóricamente hablando, no es mal arranque, si se sacan las consecuencias de cada uno de estos
principios. Pero hay que ir sacando las consecuencias, y el riesgo que tiene su ministerio es el de no ir sacándolas. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted ha dicho algo que yo también dije en su día con motivo de la aprobación de la Ley
de Suelo, y es que para mí una de las cosas más importantes de toda la Ley de Suelo era la disposición adicional primera, aquella que dice que se va a generar entre administraciones un sistema de información que haga que todo este mundo sea mucho
más transparente, accesible, etcétera. Yo creo que eso es lo realmente importante, porque ahí sí estamos hablando de una auténtica cultura, seguramente una nueva cultura, de todos los temas de urbanismo, e incluso de vivienda, que solucionaría
muchos casos, porque aquí había muchos casos simplemente de no transparencia, de informaciones privilegiadas, etcétera. Usted ha dicho: disponemos de un prototipo.
Mire, ministra, yo le enseño prototipos que vienen funcionando desde hace ocho
años. Con esto quiero decirle que si usted va a hacer eso -y me parece perfecto- no vaya a creer que es el ministerio el que vaya a ejercer un tipo de liderazgo: he llegado yo y a partir de hoy digo yo cómo se hacen las cosas. No es así; no es
así, y si quiere
se lo muestro un día. Porque lo que no podemos olvidar nunca es que, efectivamente, quien tenía las competencias -mejor o peor, dependerá de los casos- venía ejerciéndolas, en algunos casos bien y en otros casos no tan bien. De forma que
hay una experiencia acumulada muy rica, aunque no hubiera Ministerio de Vivienda hasta hace cuatro años. Eso existe y existe en muchos municipios y en comunidades autónomas. Usted me habla de un pacto de la vivienda integrador, sí pero con una
lógica que yo añadiría: hágalo usted de abajo arriba; no lo haga usted de arriba abajo.
Es decir, ejercite usted el liderazgo que ha dicho que va a ejercer pero ejérzalo en los términos en los que hay que ejercerlo: de abajo arriba, no de arriba
abajo. Porque, insisto, se va a encontrar con que muchas cosas que el ministerio -por no existir o por lo que fuera- no hacía, se vienen haciendo. Y es un problema de integración de abajo arriba, mucho más que de establecer nuevas políticas. De
forma que pacto por la vivienda, sí; yo creo que nadie se lo va a negar si usted mantiene el respeto competencial y luego va sacando el mejor provecho de todo lo que se viene haciendo e integrando esas cosas; ahí no va a encontrar a nadie en
contra.
Yo coincido con usted en que lo que hay que hacer es una política de planeamiento urbanístico seria. Ahí está el problema. Hay que hacer una política de vivienda, pero es para que podamos vivir en ciudades cohesionadas e integradas. Este
es otro de los grandes problemas: cómo se genera un urbanismo integrador, de ciudades que se vayan creando de una forma cohesionada. También ahí hay mucho trabajo hecho, pero esta perspectiva no debiera olvidarse nunca. Porque pronto empezamos a
construir casas y casi nos convertimos en constructores puros y simples, y eso no es exactamente el trabajo de la Administración, salvo cuando haya necesidad. La perspectiva de la Administración pública es construir ciudades y con sus medios
legales, con todo tipo de medios, hacer que los ciudadanos vivan en unos entornos integradores y cohesionados. Y para eso, evidentemente, se puede utilizar el conjunto de políticas que usted ha dicho y sobre las que no voy a volver. Mi grupo no
tiene inconvenientes ni tiene problemas mayores en aceptar las grandes líneas de que usted habla como política de la vivienda o de la ciudad o como la quiera usted llamar.
El señor PRESIDENTE: Señor Beloki, le ruego que vaya terminando.
El señor BELOKI GUERRA: Voy terminando.
De modo que haga usted una política de Estado en los términos en los que hablábamos, pero haga lo que sí le toca hacer y no lo haga de forma arbitraria. Voy a poner un último ejemplo. Es evidente que uno de los grandes problemas -y lo
decía el propio ministro de Economía y Hacienda el día pasado- es la gestión del suelo; ese es el gran problema: dónde se dispone de suelo, quién dispone de suelo, etcétera. Y ahí usted sabe, por razones históricas relacionadas con el Ministerio
de Defensa básicamente, que existen muchos metros cuadrados de suelo perfectamente inútiles en función de aquello para lo que fueron creados. En ese tema, por ejemplo, ha habido una arbitrariedad absoluta por parte del Gobierno -no sé si de este
ministerio- en decir aquí sí y allá no porque a mí no me parece.
Hemos recibido contestaciones infumables, por decirlo en términos simples. Usted, en su ámbito competencial, tiene que hacer una política transparente y también objetiva; no puede
ser aquí me parece, allá no me parece, etcétera. De forma que si usted actúa con lealtad al conjunto de las instituciones, en el respeto competencial dentro de las líneas políticas de vivienda que usted ha definido y somete a discusión alguno de
estos instrumentos que usted tiene -y algo ha anunciado, eso que ha dicho que en cinco años vamos a pasar el ecuador de la SPA-, hágalo con todo y sin esperar a los cinco años, porque cinco años o cuatro a estos efectos es igual. Y si usted hace
todo eso, seguramente encontrará la colaboración de este grupo parlamentario en su política.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Herrera, como portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor HERRERA TORRES: Señora ministra, me ha llamado la atención no solo lo minucioso de su primera intervención, sino la concreción a la que ha llegado. Le voy a poner un ejemplo que ilustra algún problema de orientación. Usted ha
hablado del mobbing inmobiliario y lo que van a hacer ustedes en esta materia: una oficina que se dirigirá a los ciudadanos y una serie de medidas que van a implementar. Pues bien, a mí me ha sorprendido, y me ha sorprendido porque creo que
precisamente esas funciones son competencia de quien son, de las comunidades autónomas.
¿Cuál es su función, desde nuestro modesto punto de vista? Garantizar, por ejemplo, que las personas que padecen una insolvencia transitoria no sean
desalojadas de los pisos en los que residen, a partir de una modificación de la Ley del Mercado Hipotecario. Esa es la función del Ministerio de la Vivienda, que si algo tiene que hacer no son planes de vivienda o micropolíticas, que son
competencia de las comunidades autónomas, sino desarrollar el marco apropiado para garantizar el derecho a la vivienda. En la legislatura anterior tuvimos un buen ejemplo y un mal ejemplo. El buen ejemplo fue la Ley del Suelo, una ley pactada,
entre otros grupos parlamentarios, con el nuestro. El mal ejemplo fue la Ley del Mercado Hipotecario, una ley pactada con otros grupos, que no obedecía precisamente a esa política que tenía que caminar de la mano, en materia de valoraciones, con la
Ley de Suelo, y en materia hipotecaria, con una legislación distinta. Ese fue el problema y ese es el problema, que usted nos habla mucho de planes de vivienda muy concretos cuando lo que tiene que hacer es establecer el
marco legal. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema está en que hemos vivido un escenario extraordinario -usted lo ha descrito- de creación de miles y miles de viviendas -800.000 viviendas en un solo año-, un escenario en el que la
construcción iba subida en un cohete, que sin embargo ha incrementado las dificultades a la hora de acceder a una vivienda. Pero lo que nos encontramos ahora es que, aunque se produzca un estancamiento de precios, no se va a producir una mejora de
las tasas de esfuerzo económico a causa de la subida de los tipos de interés. Esta es la realidad. ¿Cuál es nuestro diagnóstico de la legislatura anterior? Que muchas de las medidas que se aprobaron no sirvieron. Le voy a poner un ejemplo. Se
está demostrando ya que el anuncio de medidas de apoyo al alquiler -como algunos dijimos, incluso dentro de sus propias filas-, por el carácter generalizado y no concreto, tiene elementos inflacionistas y, por tanto, no está siendo una medida del
todo eficaz, tal y como se pretendía. Segundo ejemplo, la Sociedad Pública de Alquiler. Tenemos una dilatada experiencia que acredita precisamente que el liderazgo en materia de mediación de alquiler no le corresponde a la Administración General
del Estado. Otro ejemplo: ha habido ayudas a determinados barrios de forma muy discrecional, y en cambio la política en materia de rehabilitación, pese a que se inició en la anterior legislatura, en algunos casos con enmiendas de diferentes grupos
parlamentarios, entre otros el nuestro, continúa siendo una medida puntual. ¿El problema de fondo? El problema de fondo es la falta de recursos. Empezábamos la legislatura anterior -usted lo sabe- destinando un 0,74 del producto interior bruto a
políticas de vivienda. Acabamos la legislatura con un 0,84. La media de la Unión Europea se sitúa entre el 1 y el 2. El gran drama -y usted lo sabrá mejor que yo- es que continuamos con los mismos porcentajes que a principios de la legislatura
anterior; la mayor parte se destina a políticas de desgravación en la compra, concretamente el 71 por ciento del total. Y no lo digo yo, lo dice la OCDE -esta tarde tendremos ocasión de discutirlo en una proposición de ley del Grupo Popular- que
llegó a afirmar que esas deducciones a la compra logran el efecto contrario al deseado, elevando el precio de la vivienda y fomentando la inversión en vivienda de los sectores más pudientes, no para satisfacer su necesidad de residir sino como medio
de aumentar su patrimonio. Esta es, dice la OCDE, una de las razones que inflaron los precios de la vivienda en España, creando una burbuja que ahora se desinfla y atrayendo capital que acaba alimentando la corrupción urbanística. Podría continuar
leyendo lo que dice la OCDE en torno a la política de vivienda en España, pero lo que les está diciendo a ustedes, igual que les decía a los gobiernos del Partido Popular, es que deben reorientar sus políticas, sus recursos, incrementándolos y
garantizando que el 70 por ciento se destine a políticas activas de vivienda y no a desgravaciones, que usted sabe que son una transferencia de capital del Estado al promotor y que han tenido efectos sobre la burbuja inmobiliaria, sobre la burbuja
de precios que hemos vivido en España. En este contexto, creemos que lo que se tiene que hacer es, en primer lugar, abordar el debate del incremento presupuestario y de la reorientación de los recursos, lo que significa marcarnos el objetivo en
esta legislatura -eso es lo que yo quería escuchar de su ministerio- del 1,5 del producto interior bruto y de la reorientación de las políticas en materia de vivienda no a favor de las desgravaciones sino a favor de esas políticas activas;
lamentablemente, no lo hemos escuchado. En segundo lugar, que las políticas de vivienda y su financiación sean traspasadas plenamente a las comunidades autónomas; que el papel de la Administración General del Estado esté en el consejo sectorial
que reúna a los consejeros competentes en esta materia y, en cambio, que se ordenen las políticas fiscales, las monetarias, la del suelo -que ya hicimos en parte- y valoraciones y que, obviamente, haya margen absoluto para que las comunidades
autónomas puedan definir las figuras propias de vivienda protegida, las condiciones, los precios y las zonas, de acuerdo con las distintas realidades que existen a lo largo del Estado. Aquí hay que hacer una reflexión en torno a la SPA, la Sociedad
Pública del Alquiler, porque creemos que a estas alturas hay bagaje acumulado como para repensarla y para entender que esos recursos deben ser liderados precisamente por las comunidades autónomas. Que la fiscalidad deje de primar el apoyo a la
venta en beneficio del alquiler y, además, que lo haga de una forma discriminatoria en función de las rentas y en función no solo de las edades sino de otras variables, con una labor de intermediación por parte de la Administración más cercana,
comunidad autónoma o ayuntamiento, evitando así el elemento inflacionista que tienen las medidas; que se aseguren dotaciones extraordinarias en los Presupuestos Generales del Estado para los programas de rehabilitación, no con programas concretos
-si vamos a los Presupuestos Generales del Estado, ustedes lo saben mejor que yo, existen esos programas de rehabilitación en el área de Barcelona y en el de Madrid-, hoy necesitamos un programa de rehabilitación eficaz y efectivo que haga
precisamente de la rehabilitación un factor central para evitar la caída del sector de la construcción, manteniendo de esta manera ocupación y acreditando la eficiencia energética de los edificios menos eficientes energéticamente que se han
construido en Europa en los últimos años, porque el Código técnico de la edificación llegó dos años después de iniciarse la legislatura y porque dicho código marca baremos mucho más laxos que los de nuestros países vecinos. Le pongo el ejemplo de
los aislantes en Figueras o en Perpignan, a escasos kilómetros de distancia, y en Perpignan se multiplican simplemente porque los códigos técnicos de la edificación hoy en Francia son mucho más exigentes que los que existen en España.
Hay un debate que tenemos que afrontar y lo tienen que hacer de forma transparente y sin el subjetivismo por el que se ha caracterizado que es el de los patrimonios
públicos de suelo y aquí, para no extenderme, haré mías las palabras de José Ramón Beloki. Hoy existen criterios subjetivos -y sé que esto no depende tanto de su ministerio como de otros ministerios- sobre a qué destinamos precisamente esos
patrimonios públicos de suelo, de Renfe, del Ejército, del Ministerio del Interior y de tantos y tantos ministerios.
Entendemos que esos patrimonios públicos de suelo no tienen que tener la función de financiar el funcionamiento de los diferentes
ministerios sino que tienen que cumplir la función de garantizar el acceso a la vivienda.
Tenemos que preservar además el territorio, tenemos que llevar a cabo políticas de mejora del código técnico de la edificación, y me gustaría que especificase
la evolución reglamentaria así como en qué plazos se va a producir la misma; cuándo lo van a actualizar y cuándo van a adoptar criterios más exigentes.
Entrando en el núcleo final de mi intervención me gustaría centrarme en cuatro temas. En primer lugar, creo que es necesario hablar con las entidades financieras en torno a la restricción de crédito que se está produciendo y en particular
en lo que se refiere a las viviendas protegidas. Nosotros no compartiríamos que ese diálogo con las entidades financieras se produjese en todo tipo de viviendas, incluido el mercado libre, para que el Estado hiciese lo que han hecho las entidades
financieras cuando las cosas les iban bien y ahora haga de avalador. No obstante, entendemos que el Estado debería cumplir una función de avalista en los casos de viviendas protegidas y cuando las entidades financieras no están concediendo este
crédito. Por tanto, me gustaría saber su opinión al respecto y si van a tomar alguna medida concreta en este sentido. En mi opinión esta medida debería acompañarse de una serie de reformas de la Ley del Mercado Hipotecario, porque esa es la
función; y no el microplán de viviendas, sino la reforma de la citada ley para garantizar a aquellas personas que están en una situación de insolvencia transitoria la garantía del acceso a la vivienda. Me gustaría conocer su opinión al respecto.
También quiero recordarle el compromiso -un compromiso pretérito de su ministerio- de establecer exigencias de profesionalización de agentes de la intermediación inmobiliaria, ya que usted, precisamente por su profesión, sabe que este sector está
absolutamente liberalizado desde el año 2003, y desde nuestro punto de vista debería ponerse algo de orden sobre el mismo. Piense usted, por ejemplo, que en la ley catalana se han fijado requisitos en el ejercicio de la actividad, pero entendemos
que el Gobierno debe actuar para regular la profesión y exigir conocimientos mínimos. Asimismo me gustaría que me dijese si están llevando a cabo el seguimiento de la aplicación de la nueva Ley del Suelo de 2007 -aún recuerdo que Marcos Vaquer,
director general entonces, hablaba de que este sería uno de los elementos que se llevaría a cabo-, y si tienen conocimiento del grado de cumplimiento de las previsiones de la Ley del Suelo por parte de las comunidades autónomas.
Me gustaría saber también su opinión en torno a una medida concreta, una propuesta del fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo que plantea una reforma del Código Penal que tipifique como delito -digamos que es una modalidad más de la
malversación- el incumplimiento de la obligación de reserva del 30 por ciento de suelo público municipal que la reformada Ley del Suelo de 2007 destina a vivienda de protección oficial. Usted sabe que conseguimos subir hasta el 30 por ciento
precisamente a partir de una enmienda nuestra y me gustaría saber su opinión al respecto, porque el problema que tenemos hoy en materia de suelo, en materia de vivienda, es que los artificios para burlar la legislación en esta materia son complejos.
Pero precisamente ante la complejidad de quien opera para burlar en este caso la Ley del Suelo, u otras leyes, nuestro grupo entiende que deberían aplicarse medidas concretas eficaces y disuasorias para que no se produjese una burla sistemática de
la ley, en este caso de la Ley del Suelo. Por eso nosotros entendemos -si el Gobierno se compromete- que debemos traer a esta Cámara la necesidad de reforma del Código Penal, tal y como propone no nuestro grupo parlamentario sino el fiscal de Medio
Ambiente y Urbanismo. Quizás la medida sea la inhabilitación especial de aquel que incumpla con la legislación en la materia, pero entendiendo precisamente que el instrumento del Código Penal se debe poder utilizar para proteger ese bien que es el
acceso a la vivienda y para, obviamente, garantizar el cumplimiento de leyes sistemáticamente burladas. Por eso creo que sería bueno y muy positivo que usted como ministra se pronunciase entorno a una medida tan concreta como la que plantea el
fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo.
Como sé que me tengo que ceñir al tiempo, señor presidente de la Comisión de Vivienda, simplemente haré última reflexión. Usted hablaba en el pacto de Estado -respecto del cual podríamos estar globalmente de acuerdo- de la confianza, de la
transparencia y del elemento integrador, pero creo que debe haber un principio por encima de todo eso: la garantía del derecho de acceso a la vivienda. Usted sabe que existen diferentes legislaciones autonómicas que están avanzando sobre la
materia; existe en Cataluña, en el País Vasco y recientemente también en Andalucía. Quisiera saber su opinión pero también quisiera saber cuál es el papel que va a jugar el ministerio al respecto entorno a medidas muy concretas. Le pongo un
ejemplo en relación con el cual su Gobierno no se compromete, pese a la insistencia de algunos: el desarrollo del reglamento del IBI. El reglamento del IBI permitiría precisamente poder gravar -los ayuntamientos que lo consideren y donde exista
una realidad concreta- aquellas viviendas desocupadas. Dicho de otra manera: que a aquella vivienda que está desocupada de forma permanente y habitual, el ayuntamiento de turno pueda ponerle un IBI que resulte más gravoso.
Nosotros entendemos que
tiene que haber elementos de incentivo para garantizar que las viviendas no quedan desocupadas, y más en un país que ha construido
como el nuestro, pero tiene que haber también elementos disuasorios. De ahí las medidas que por ejemplo el Govern de la Generalitat ha aprobado y está aplicando. Sin que se lleguen a aplicar, ya son disuasorias precisamente para aquellos
que dejen sus viviendas desocupadas. La pregunta es: ¿su Gobierno piensa hacer algo al respecto? Porque nosotros creemos que en ese pacto de Estado donde usted habla de confianza, de transparencia y del elemento integrador, tiene que haber un
principio elemental por encima de todo eso, que es el derecho de acceso a la vivienda. Nos parece que tienen que aplicarse medidas concretas. En un país donde las políticas de vivienda han brillado por su ausencia, donde el lema fue el mercado lo
regula todo y lo acaba solventando todo, ha acabado pasando que se ha hecho mucho negocio pero el acceso a la vivienda es más difícil que hace unos años. La experiencia de estos últimos cuatro años es que hemos continuado con lo micro pero ustedes
no han abordado una reforma de la política fiscal ni de la política hipotecaria, acompañado de la política en materia de valoraciones -donde ustedes tienen competencias-, y por eso estamos donde estamos, en una situación de recesión, donde es más
complejo incluso afrontar este elemento. Por eso, quería preguntarle sobre la legislación en materia de derechos de las comunidades autónomas, las medidas concretas que ustedes van a aplicar y sobre esta medida concreta que le he planteado, porque,
al fin y al cabo, en materia de acceso a la vivienda hay que tomar decisiones, aunque a algunos sectores no les guste. Para hacer una tortilla se dice que hay que romper algún huevo, pues yo creo que para hacer política de vivienda obviamente tiene
que haber elementos de pacto y de consenso pero también tiene que haber elementos disuasorios y activos precisamente para garantizar este acceso, y esto es lo que hoy lamentablemente no he escuchado. Por tanto, presupuesto, políticas concretas,
derechos y política de derechos en materia de viviendas y ordenación con una política distinta en materia fiscal, económica e hipotecaria. Por eso le traslado toda esta reflexión y quisiera que me respondiese a cada una de las cuestiones,
incluyendo también la del fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo.
El señor PRESIDENTE: Damos ya el turno al portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el diputado señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Bienvenida, señora ministra. Reciba en nombre de nuestro grupo la felicitación por su nombramiento y, por supuesto, el deseo de los mayores éxitos en su gestión al frente del ministerio.
Desde la perspectiva de Coalición Canaria, dentro del Grupo Mixto, no vamos a plantear la necesidad o no de la existencia del ministerio. Es una evidencia, existe el ministerio y tenemos que trabajar desde ese presupuesto en los temas que
usted ha planteado hoy en esta Comisión. A los diputados de Coalición Canaria nos ha gustado su discurso y compartimos sus planteamientos. El objetivo que usted planteaba como premisa, facilitar una vivienda digna a todos los ciudadanos que la
necesitan, desde la perspectiva de los acuerdos y consensos respetando el marco competencial de las comunidades autónomas, para conseguir un pacto estatal por la vivienda que no solo sea integrador, sino además transparente y, por tanto, evaluable,
nos parece un propósito que, en sí, va a contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Nosotros podríamos quedarnos exclusivamente en ese apoyo de nuestro grupo, de Coalición Canaria, dentro del Grupo Mixto, a todos los planteamientos que
usted ha hecho, porque entendemos que su intervención en el día de hoy conforma ese pacto estatal para la vivienda o, por lo menos, un principio sobre el que negociar con los agentes que tienen competencia en la materia para poder confluir en ese
gran pacto por la vivienda que usted plantea como final de su intervención, pero permítame que, desde la perspectiva de Coalición Canaria, que en los últimos años ha tenido responsabilidades en materia de vivienda en la Comunidad Autónoma de
Canarias, le plantee unas reflexiones sobre lo que son nuestras preocupaciones, sobre lo que ha sido nuestra política en vivienda en Canarias y lo que pretendemos conseguir en ese pacto que usted propone, para terminar planteándole algunas
cuestiones referidas al ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En nuestra comunidad autónoma, en estos últimos ejercicios, en función del marco competencial, miles de familias de Canarias han podido edificar su proyecto de vida gracias a los distintos planes canarios de vivienda.
Nosotros esperamos
que, con el plan que va a finalizar este año, otras 90.000 familias canarias más puedan conseguir esa vivienda digna que necesitan. Estos objetivos se han venido cumpliendo año tras año, a pesar de las dificultades que nos marca nuestro territorio,
escaso, fragmentado y alejado, y protegido en un porcentaje superior al 50 por ciento. Somos la comunidad autónoma que más recursos propios destina a los planes de vivienda en proporción al número de habitantes. Es significativo también -y
entronca en una de las políticas que usted ha planteado hoy- que está ejecutando planes y destinando recursos para viviendas protegidas en régimen de alquiler. Es una política que llevamos practicando en Canarias en los últimos años con resultados
positivos, llegando a familias con poco más de 10.000 euros de renta al año, a familias que solo pagan el 12 por ciento de lo que cobran e incluso, en algunos casos, a familias que llegan a tener subvenciones directas del Gobierno de Canarias para
financiar la práctica totalidad del alquiler.
En función de ese respeto al marco competencial que usted ha mencionado, le plantearíamos algunas propuestas para trabajar conjuntamente con la Comunidad Autónoma de Canarias. Hay que dedicar mayores esfuerzos públicos para facilitar el
acceso a la vivienda a las familias con menores recursos económicos, tanto en propiedad como en alquiler. Los jóvenes entre 18 y 35
años son el colectivo de la sociedad española con mayor dificultad para acceder a una vivienda y poder emanciparse. La edad de emancipación es de las más elevadas de la Unión Europea, por lo que hay que establecer un programa específico,
con ayudas adicionales que fomenten el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler. Hay que incentivar y optimizar el suelo para la vivienda protegida. Le hablaba de la escasez física de este recurso en un territorio frágil como el
de Canarias y usted hoy planteaba algo que nos parece importante, a través de la Sepes.
Hace siete años, en mi condición de senador de Coalición Canaria, tuve oportunidad de plantear una iniciativa en el Senado, que entonces no fue aprobada, y que
es recordada estos días con motivo de una proposición no de ley presentada en el Congreso, sobre una reversión de terrenos en desuso. El desarrollo del título VIII de la Constitución española ha posibilitado que en ese proceso de transferencia de
competencias a las comunidades autónomas -no solo a las comunidades autónomas, sino también a los cabildos y a algunos ayuntamientos en Canarias- muchos bienes patrimoniales del Estado hayan quedado en desuso, dando sin duda un ejemplo negativo de
la gestión de lo público, porque son edificios que se están cayendo. En aquel entonces, hace siete años, como digo, planteábamos desde Coalición Canaria la necesidad de que el Estado procediera a inventariar y a establecer un proceso de
transferencia de todos esos bienes a las comunidades autónomas -en el caso de Canarias a los cabildos y ayuntamientos-, entendiendo que las comunidades autónomas y las corporaciones locales también son Estado y que, por tanto, son posibles
receptoras de esos bienes. Ustedes lo plantean hoy en relación con el fomento de la vivienda, pero espero, como bien decía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que no se haga con un criterio arbitrario, sino con un criterio establecido a
partir de ese inventario y del conocimiento del propio Parlamento de los criterios que se establecen para la reversión a las diferentes comunidades autónomas.
Es importante incentivar y fomentar que se movilice el parque de viviendas desocupadas, potenciando las bolsas de viviendas existentes en las comunidades autónomas, como la canaria, que ha sido pionera en todo el Estado incentivando la
rehabilitación y fomentando el arrendamiento, aprobando planes integrales en barrios degradados. Usted hacía hoy referencia, en la presentación de su ministerio, en el objetivo 2, precisamente a ese esfuerzo especial. Permítame que en ese apartado
de cuestiones concretas de la comunidad autónoma de Canarias le plantee la necesidad -y espero que se produzca en los próximos días- de esa reunión de la comisión bilateral, que permita dar solución a temas concretos, dentro de ese objetivo 2,
planteados por el Gobierno de Canarias, en la reunión celebrada el 10 de diciembre en la ciudad de Las Palmas, en Canarias, en la que hablábamos de barrios concretos como Cuesta Piedra, el Barranco de Santos y Nuestra Señora de Candelaria, en el
municipio de Santa Cruz de Tenerife; el barrio de Centurión, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna; el barrio General Moscardó, en el municipio de Icod de Los Vinos; los barrios de Mirca y Timibucar, en el municipio de Santa Cruz de La
Palma, en la isla de La Palma, y el barrio de Tamaraceite, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Espero y deseo que esa reunión -lo antes posible-, de la comisión bilateral dé solución y salida a la esperanza que tienen depositada en las
administraciones públicas los ciudadanos que viven en estos momentos en estos barrios que he detallado de la comunidad autónoma de Canarias.
Esperamos contar con el apoyo del Gobierno para fomentar las viviendas sostenibles y accesibles, primando
con ayudas adicionales la rehabilitación, y así mejorar la sensibilidad hacia las personas mayores de 65 años y con menores recursos.
Permítame también -porque usted mencionó en la última parte de su intervención en el posicionamiento sobre su ministerio, el uno por ciento cultural- que le pregunte por dos temas específicos de la comunidad autónoma de Canarias que están
pendientes de su ejecución definitiva. Me gustaría -sabemos que es voluntad de su ministerio, incluso en uno de los casos ya está adjudicada la fase final de las obras- preguntarle por el Circo de Marte, en Santa Cruz de La Palma, y por el Teatro
Leal, en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna. En todo caso, como le decía al principio, cuente con el apoyo de Coalición Canaria, nuestro grupo político, en la línea del cumplimiento de los objetivos que usted ha manifestado hoy en su discurso.
Nos ha gustado su discurso y sus compromisos, independientemente de la creencia, en el marco competencial actual, de la necesidad de que en el Gobierno de España se configure un ministerio para la vivienda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Perestelo, que además hace un uso extraordinariamente eficaz de la flexibilidad.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Fuentes Pacheco.
La señora FUENTES PACHECO: Señora ministra, ante todo quiero felicitarla por su intervención, y le agradezco que esté con nosotros hoy en esta Cámara y el tiempo que nos dedica, además del tiempo que invierte para que este primer encuentro
haya sido tan eficaz y tan esclarecedor en algo que nos preocupa tanto como es la política de vivienda. Y es que usted hoy en esta Comisión ha demostrado que la política de vivienda también tiene ideología. Al diseñar la política de vivienda usted
piensa fundamentalmente en los ciudadanos, está pensando en esos trabajadores que se dedican al sector de la construcción y que estos días ven cómo pierden su trabajo, y está pensando en los empresarios que crean ese empleo que luego van a disfrutar
los ciudadanos. Además, ha mostrado una especial sensibilidad con los colectivos más desfavorecidos. Es la primera vez que, cuando escucho hablar de vivienda, se mencionan zonas de inframundo,
se habla de las personas que más están padeciendo. Ha tenido usted una especial sensibilidad con las mujeres, como colectivo desfavorecido, cuando hablamos de mujeres que llevan todo el peso de su familia o mujeres víctimas de violencia de
género. También se ha acordado del medio rural, no sé si por aquello de que ha trabajado en un municipio del medio rural, como es Campillos. Lo cierto es que usted ha venido a esta Cámara demostrando que le preocupan los ciudadanos y lo ha hecho
con soluciones.
Ha dicho que se ha modificado el actual Plan de Vivienda, pero que además está diseñando el nuevo plan, y lo hace desde lo mejor que puede ofrecer usted: coordinación, coordinación con el resto de las administraciones públicas -tanto la
local como la autonómica-, coordinación con los agentes sociales implicados, y desde algo que me parece que va a llevar a gala en su ministerio: la humildad. Sabemos que los recursos son limitados y, por lo tanto, estamos buscando fórmulas que
hagan que esto sea más rentable para todos y cada uno de los ciudadanos. Me parece interesantísimo que valore tanto ese plan Renove, que hable del código técnico como una solución importante de futuro, y que vaya a hacer que sea más importante,
cuando hablamos de vivienda, la vivienda en alquiler con opción a compra. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro país la opción a compra ha sido muy codiciada por los ciudadanos, y hay que empezar a hablar de la importancia del alquiler, y
tenemos que cambiar ese sentido de la propiedad con respecto a la vivienda, pero pensando en un cambio social al que tienen que adaptarse los ciudadanos. Por tanto, no podemos imponer a los ciudadanos cómo quieren ver el futuro, pero sí
demostrarles que hay otras posibilidades que van a ser más rentables para ellos y, sobre todo, para el conjunto de la sociedad.
Me parece muy importante que usted en su primera comparecencia ponga sobre la mesa un pacto estatal; un pacto estatal basado en la confianza, frente a la irresponsabilidad que hoy hemos visto en esta Comisión por parte del Partido Popular,
en todo el tiempo que ha intervenido el señor Matos, al que aprecio, no ha dado ni una sola idea de futuro. Un pacto estatal integrador, frente al sectarismo que vivimos en los años de Gobierno del Partido Popular; transparencia, frente a los que
beneficiaron solamente a unos pocos y, desde luego, un proyecto firme y definitivo, con fines e instrumentos totalmente identificados.
Ahora voy a empezar a responder a alguna intervención de hoy que me ha sorprendido. Señor Matos, usted traía su discurso preparado, da igual lo que dijese la ministra de Vivienda, porque hoy usted no iba a hacer ni una sola propuesta, no
iba a valorar nada de lo que ella dijese. Ha empezado diciendo que recibe una peor herencia de la que recibieron sus antecesoras, pero no dice que esa herencia ha estado minada por las actuaciones que ustedes llevaron a cabo cuando gobernaron
durante ocho años. Nunca hablaron de política de vivienda, nunca pensaron tener un ministerio de vivienda. Tampoco ha dicho nada de las consecuencias que estamos viviendo actualmente y de cómo está afectando a esta crisis -que la ministra ha
reconocido expresamente- el petróleo y qué responsabilidades tienen ustedes en ese aumento que ahora estamos viviendo. No ha hablado usted de la situación que vive el entorno europeo, ni tampoco de la situación que se ha producido en Estados
Unidos. Usted ha dicho esta mañana en esta Comisión que se ha producido una subida en los precios del alquiler, sin establecer conexiones con la situación existente. (El señor Moreno Bustos: No ha dicho eso.) Lo ha dicho; luego, si quiere, vemos
el 'Diario de Sesiones' y lo comentamos, con toda la tranquilidad que usted quiera. (El señor Moreno Bustos: Sí, lo vemos en el 'Diario de Sesiones'.) Si hoy los españoles están más hipotecados -y usted señor Matos lo ha dicho anteriormente- es
por la política irresponsable que llevó a cabo el Partido Popular, (El señor Moreno Bustos: ¡Qué fuerte!) por la política que hizo que la especulación y el uso del suelo fuese directamente invertido para beneficio de algunas personas, pero no para
todos los ciudadanos.
Señor Matos, en esta Cámara hoy usted exigía que hubiese una política fiscal que aumentase las deducciones fiscales y va a hacerlo también esta tarde en el Pleno; tengo aquí el contenido de su intervención de esta tarde. Tendría usted que
recordar lo que el señor Rato decía hace tan solo cinco años. Decía -de forma literal- que la eliminación progresiva de la deducción por vivienda tenía que ser una necesidad. No sé si esto lo está diciendo el señor Rato desde el centro derecha,
desde el centro liberal, desde el centro progresista, pero tendrían que aclararse, porque en estos días hay muchos ciudadanos que están yendo al desempleo y quieren saber qué pensamos cada uno. La señora ministra de Vivienda lo ha dejado claro:
tiene un proyecto, tiene un plan, tiene acciones y tiene medidas. Usted solamente ha dejado claro que sabe criticar cada una de las medidas que otros proponen, pero sin dar una sola alternativa. Cuando estamos hablando de algo tan importante como
es la calidad de vida de los ciudadanos, tendríamos que exigirnos a nosotros mismos seriedad, una seriedad que si nosotros, representantes del pueblo, no traemos a esta Cámara, es porque dejamos mucho que desear.
Querría decirle al responsable de Convergència i Unió que estoy totalmente de acuerdo, que tenemos que aunar esfuerzos y esta forma de aunar esfuerzos es compatible totalmente con el respeto a todas y cada una de las administraciones. Si
algo ha quedado claro en la intervención de la ministra, es que va a haber una coordinación perfecta con esas administraciones, porque la idea central es que todos y cada uno pongamos lo que tenemos que poner en marcha para solventar un problema
importantísimo para los ciudadanos.
Al señor Beloki le digo que estamos totalmente de acuerdo, que este ministerio es un niño, que tienen ilusión, que tiene optimismo, que tiene potencial. Dejémoslo crecer, ayudémosle a crecer y caminemos con él, porque tiene mucho que hacer
y que dar a la sociedad. Además, decía que el ministerio estaba invadiendo las competencias
de otros ministerios. No, el ministerio está definiendo la política de vivienda. ¿Cuál es la coordinación? Está perfectamente claro: se hace en el Consejo de Ministros; se define la política de vivienda y todos y cado uno de los
ministerios aportan aquello que depende de sus competencias, con lo cual ni se están invadiendo competencias de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos ni, por supuesto, de otros ministerios.
Si algo tiene la política de vivienda es que
tiene que ser transversal, tanto en sus acciones, en las personas que la están llevando a cabo, como en aunar esfuerzos. Si hablamos de competencias del Ministerio de Economía, de competencias del ministerio, que va a desarrollar todas las
políticas de ordenación del territorio y, cómo no, del Ministerio de Igualdad, es porque las políticas que va a llevar a cabo esta ministra de Vivienda afectan a muchos ministerios, y ella es consciente de que coordinar esfuerzos dará el mejor
resultado.
Señor Herrera, usted mejor que nadie sabe que los recursos son limitados y que tenemos que hacer que la política, además de un sueño, de un ideal y de una solución para problemas, sea una política de lo posible. Un presupuesto como el que
vamos a vivir en los próximos años tiene que atender necesidades y, desde luego, la mayor la define claramente la Constitución, que es el derecho de los ciudadanos a tener una vivienda digna.
Acabaré como empecé, y es que hoy en esta Comisión todos y cada uno de nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero desde luego hemos dejado claro cuál es nuestra mayor preocupación que para el Partido Socialista, para el Grupo
Socialista son, sin duda, los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Antes de pasar a la contestación de la señora ministra, vamos a dar un receso de dos minutos. (Pausa.)
Señorías, vamos a reanudar la sesión. Tiene la palabra, para el turno de réplica y sin tiempo prefijado, la señora ministra.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Primero y de forma general, les quiero agradecer a todos los portavoces de los grupos parlamentarios la bienvenida, la felicitación, la actitud, y que hayan recogido la oferta de consenso
que les he hecho hoy, porque realmente creo que con este inicio tenemos mucho camino recorrido para poder hacer una legislatura eficaz, desde el punto de vista de la política de vivienda. Si algo me ha quedado claro de todas sus intervenciones es
que estamos de acuerdo en la importancia que tiene la política, y estamos de acuerdo en casi todo el diagnóstico y en muy buena parte de las soluciones que tenemos que adoptar en este tiempo, primero coyunturalmente y después estructuralmente. Con
lo cual, soy optimista en cuanto a que podamos conseguir el pacto al que todos, en principio, se han mostrado proclives a acudir. Espero que entre todos, al final, lo podamos convertir en una realidad. Espero -como soy la tercera ministra de la
Vivienda- que a la tercera vaya la vencida, que lo que decía el portavoz del Partido Popular de que no ha encontrado ese espíritu de colaboración anterior, cambie, aunque yo realmente creo que ese espíritu de colaboración ha sido siempre el que ha
ofrecido el ministerio, independiente de sus titulares, durante la legislatura anterior.
Han hablado de varias cosas comunes y algunas cosas específicas, así que voy a intentar contestarles a todos deteniéndome específicamente más en aquellos temas que han sido más repetidos a lo largo de sus intervenciones. Una de las cosas
que han venido repitiendo, y que se ha sugerido desde varios grupos parlamentarios -el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco- ha sido el resultado de la política de vivienda de los últimos cuatro años. No creo que ya, a estas alturas,
estemos en situación de criticar o de cuestionar la existencia del Ministerio de Vivienda. Sinceramente, creo que ya es un debate superado.
Sin embargo, creo que sí es interesante detenernos -aunque sea reiterarme un poco con respecto a lo que
dije en mi exposición- sobre para qué ha servido el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda, señor Beloki, señor Matos y señor Herrera, ha ayudado a muchas personas en su necesidad de obtener una vivienda. Dígame si no qué hubieran hecho
las 230.000 personas que gracias a la actividad del ministerio tienen ahora una vivienda nueva de las que se han construido en la pasada legislatura desde el año 2004, o de las 6.000 viviendas que se han puesto en marcha en el proyecto de vivienda
de vanguardia; las 4.500 personas que han conseguido ayudas para alquiler; los inquilinos de las 50.000 viviendas que se han beneficiado de las ayudas; las personas que se han beneficiado de ayudas para la adquisición de las 40.000 viviendas
usadas y rurales, o de la rehabilitación de las 190.000 viviendas que han sido rehabilitadas durante esta legislatura. Todas estas personas han obtenido estas ayudas gracias a la financiación del Gobierno, por tanto solamente con esto está
suficientemente justificada la actuación del ministerio en la política de vivienda.
Con respecto a la herencia que recibo, prefiero partir de lo que tenemos en este momento y mirar hacia el futuro, pero quiero dejar bien claro que el Gobierno del Partido Socialista ha duplicado el presupuesto de vivienda que existía antes
de que llegaran al Gobierno, en un cien por cien, y que todas las partidas que existen y toda la financiación de los programas del Plan de Vivienda gracias al Gobierno socialista se han aumentado. Todos los gobiernos tienen la preocupación de la
vivienda, pero estoy de acuerdo con la señora Fuentes en que la política de vivienda sí tiene ideología, y en este caso la ideología se transforma en una diferencia sustancial en el número de actuaciones, y en una diferencia sustancial en el
presupuesto para esas actuaciones.
Señor Matos, usted me habla del número de viviendas iniciadas en el año 2007. En el año 2007 se han iniciado menos viviendas, libres y no solamente protegidas, pero la media de iniciación de viviendas de los años en los que ustedes
estuvieron gobernando está alrededor de 52.000, y la media de viviendas que se han iniciado
durante los años de los gobiernos socialistas supera las 82.000. Supongo que me trae el año 2007 porque precisamente es el año en que el número de viviendas iniciadas ha empezado a descender, como ya he dicho antes a partir de 2006, por la
saturación del sector. Estoy segura de que usted comparte la preocupación por la vivienda, pero no compartimos las medidas necesarias para llegar a la solución del problema, por lo menos para facilitar que estos problemas se vayan solucionando.
Se han referido a la política de alquiler. Nos gustaría que existiera un porcentaje superior al 11 por ciento de viviendas que se pusieran en alquiler, lo que pasa es que las medidas que se pusieron en marcha desde el año 2004 y
concretamente a partir de 2005, tanto con la Sociedad Pública de Alquiler como con el programa estatal, y después con la reforma que se ha hecho en enero, tienen una historia muy corta de tres años, y en tres años, aunque nos gustaría, no podemos
cambiar la cultura de la propiedad que existe en nuestro país. De todas formas, estamos de acuerdo en que hay que seguir trabajando en ello, y por tanto soy, una vez más, optimista en cuanto a que, en materia de protección del mercado de alquiler,
podemos llegar a un acuerdo. Les puedo decir que el tema de la Sociedad Pública de Alquiler me recuerda la siguiente anécdota: no pienses en un elefante blanco. Con usted la SPA es algo parecido, porque piensa en ella continuamente, pero ya veo
que no es una cosa suya -aunque yo la tenía como una característica personal de usted-, sino que es una cosa general. La Sociedad Pública de Alquiler está cumpliendo la función por la que fue creada. Además, señor Matos, ya le insistí -hemos
hablado en un foro más distendido sobre esto- en que me parece un error que hablemos de la Sociedad Pública de Alquiler y, como ha sugerido también el señor Herrera, de los demás organismos semejantes que se han ido creando en ayuntamientos y
comunidades autónomas en términos de competencia. La Sociedad Pública no le hace la competencia a nadie. La Sociedad Pública lo que hace es sumar esfuerzos y colaborar. El hecho de que después de su creación se hayan generalizado este tipo de
apuestas en muchos municipios y en muchas comunidades autónomas pone claramente de manifiesto que es una buena idea. Es tan buena idea que hasta el Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, que es del Partido Popular, ha firmado recientemente un
acuerdo con la Sociedad Pública de Alquiler, seguramente porque han entendido que están sumando esfuerzos y que no están compitiendo con nadie. Por eso, a pesar de que se empeñan en presentar los resultados, desde el punto de vista de los datos
cuantitativos, en el fondo entienden que simplemente el hecho de que se haya conseguido comercializar unos productos de seguridad para los inquilinos y para los propietarios, que les dan confianza para que puedan sacar sus viviendas en alquiler y
que antes no existían, que se están profesionalizando y generalizando en las empresas públicas y en los intermediarios privados que están interviniendo en el mercado de alquiler, es suficiente garantía. Además, el hecho de que los precios por los
que se alquilan las viviendas, unas viviendas de calidad garantizadas y evaluadas, sean inferiores a los del mercado también es suficiente garantía. De todas formas, en el 2010 echaremos la vista atrás y veremos si estamos hablando de lo mismo o si
ya todos hemos comprendido que la función de la Sociedad Pública de Alquiler es la que les estoy diciendo.
Han hablado ustedes mucho también de la renta básica de emancipación. No hay ninguna paradoja, señor Matos. Como antes les he dicho en mi exposición, el Plan Estatal de Vivienda actualmente vigente ya prevé muchas medidas para potenciar el
alquiler desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda, pero en todos los sentidos, no excluye a nadie; tiene medidas para todos los inquilinos, independientemente de su edad, medidas de ayudas directas; son todas las personas las que
están incluidas allí; no es contradictorio. La renta básica de emancipación ha demostrado ser una iniciativa muy acertada, y las personas a las que iba dirigida así lo han entendido perfectamente, no solamente por las 130.000 solicitudes que
llevamos desde que entró en vigor la medida, sino porque las resoluciones del 90 por ciento de estas solicitudes son positivas.
Eso quiere decir que si son positivas es porque las personas que las están solicitando cumplen los requisitos, es decir,
existía esa carencia, existía esa demanda y la medida está teniendo el éxito que desde el Gobierno se pensó que iba a tener, porque los jóvenes que ya tienen un trabajo, que han terminado sus estudios y que quieren acceder a la emancipación, piensan
-y además el Consejo de la Juventud también lo piensa; hoy tienen una rueda de prensa y así lo van a manifestar- que es una medida buena que les puede ayudar en este camino.
Se ha dicho que estamos en una situación de desajuste y de crisis inmobiliaria, y plantean algunas medidas al respecto. Dice el señor Matos: haga algo. El Gobierno ha hecho algo. El Gobierno se formó el 14 de abril, y el día 18 de abril,
en el primer Consejo de Ministros, lo primero que hicimos en el Gobierno fue aprobar un paquete de medidas de estímulo económico precisamente destinadas a paliar los efectos de la desaceleración económica y específicamente en el ámbito del sector de
la construcción residencial. Ya se conocen las medidas de memoria, no se las tengo que reiterar. Por eso me sorprende que me diga que no estamos haciendo nada por la dramática situación de las familias españolas. En ese mismo paquete de medidas
se aprobó, como usted sabe perfectamente, una que era la posibilidad de alargar el plazo de las hipotecas sin ningún gasto adicional durante el plazo de dos años para las familias que así lo deseen. Además, y como usted también sabe, en la reforma
que se hizo del plan estatal en el mes de enero también se aprobó que los préstamos hipotecarios para las viviendas de protección oficial pudieran extender su plazo más allá de los veinticinco años, con lo cual volvemos a estar en la misma situación
de personas que si no pueden llegar a pagar la hipoteca o no llegan a la cuota pueden alargar el plazo para reducirla. Pero
además, como usted también sabe y como ya recordó el vicepresidente Solbes en sede parlamentaria, existen en el mercado de las hipotecas, es decir, en todos los bancos y cajas de este país, porque está regulado, además, por ley, la
posibilidad de que los interesados y los clientes soliciten un tipo fijo de interés; y el tipo fijo no está sujeto a las variaciones del Euribor ni a ningún otro índice de referencia. Además existe también ya en el mercado -y así lo ofertan y
tienen obligación de ofertarlo las entidades financieras y se reguló en el reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas- un seguro para el riesgo de incremento de las cuotas. En el caso en el que no fuera así, las entidades
bancarias estarían incumpliendo una función, y estoy convencida de que no la están incumpliendo. Así que no es verdad que no se haga nada. No es verdad que no nos acordemos de las familias hipotecadas.
Insiste con la propuesta sobre el incremento de la deducción para la compra de vivienda. El incremento de la deducción para la compra de vivienda, señor Matos -como usted sabe, y en este caso también se lo debo decir al señor presidente
porque también la defiende-, beneficia exclusivamente a las familias que tienen una hipoteca. La medida de los 400 euros que adoptó el Gobierno beneficia a todos los contribuyentes: a los autónomos, a los trabajadores por cuenta ajena y a los
pensionistas, incluso si están alquilados. Es decir, no solamente se centra en las personas que han optado por adquirir una vivienda en propiedad, sino que también alcanza a las personas que alquilan una vivienda. Hay varias razones por las cuales
yo personalmente y desde luego el Gobierno, y también lo ha dicho el ministro de Economía y Hacienda no estamos de acuerdo con aumentar las desgravaciones fiscales y ayudas en las deducciones a la compra. En principio lo plantean como una medida
para compensar la subida de los tipos de interés. Los tipos de interés no los controla el Gobierno de España; sabe perfectamente que se fijan en el ámbito del Banco Central Europeo. Si con el Banco Central Europeo nosotros subimos las deducciones
fiscales, nuestra política fiscal depende del Banco Central Europeo. Y si siguen subiendo los tipos, ¿seguimos aumentando las deducciones? Y si bajan los tipos, ¿quitamos las deducciones? La recomendación habitual, como recordaba el señor
Herrera, entre los organismos internacionales, concretamente en el estudio económico de la OCDE sobre España del año 2007, expresa concretamente lo contrario, es decir, no recomiendan, sino todo lo contrario, que se bajen las deducciones por la
compra de vivienda. Ya lo ha citado la señora Fuentes, y no me importa recordarlo. El propio señor Rato, cuando fue nombrado director gerente del Fondo Monetario Internacional, en unas declaraciones en febrero de 2005, manifestó expresamente que
recomendaba no subir, incluso reducir, los incentivos fiscales a la compra de vivienda. Además recomendaba dos medidas adicionales para la intervención en la vivienda en un momento en que los precios estaban disparados que consistían en fomentar el
mercado de alquiler y el suelo, es decir, exactamente lo que hizo el Gobierno socialista durante la primera legislatura. Supongo que estará de acuerdo con el señor Rato, señor Matos.
Otra razón por la que no estamos de acuerdo con esta medida es que a través de ella se dejan de ingresar en las arcas públicas unos 4.000 millones de euros, es decir, son varios planes de vivienda, varias veces los presupuestos para ayudar a
todas las personas con todos los tipos de ayudas que recoge un plan de vivienda. Son 4.000 millones de euros solo para la Administración General del Estado. Además, como ya les he dicho antes, supondría una medida discriminatoria respecto al
alquiler. Por eso, lo que ha hecho el Gobierno -y ya se aprobó en la pasada legislatura- ha sido equiparar las deducciones fiscales por compra y por alquiler, permitiendo que se pueda desgravar hasta el 10,5 por ciento para personas que tengan una
base imponible de hasta 24.040 euros. De esta forma, el alquiler no supone una opción de peor calidad o de inferior consideración social que la opción por adquirir una vivienda en propiedad.
Alguno de ustedes ha hablado también de la morosidad o la dudosidad de los créditos hipotecarios. La realidad es que actualmente no existe esa alarma de dudosidad ni de morosidad, como también tuvo ocasión de decir el vicepresidente
económico en sede parlamentaria, y así lo establecen los datos del informe de estabilidad financiera del Banco de España en abril de 2008. Por tanto, no creo que en ese sentido se dé una situación alarmante.
También estamos todos de acuerdo, por lo que les he escuchado, en que es el momento adecuado para potenciar y favorecer la rehabilitación y la renovación urbana. En este sentido van a encontrar ustedes no solamente mi apoyo sino también mi
impulso entusiasta, porque estoy personalmente comprometida con ello, no solamente porque crea que desde el punto de vista social, económico, cultural y arquitectónico es imprescindible, sino porque en la coyuntura actual, como todos ustedes saben,
la rehabilitación puede suponer una absorción importante de mano de obra especializada y no especializada en el sector de la construcción, incluso en mayor medida que en la nueva construcción, porque en la rehabilitación no se pueden utilizar las
maquinarias que se utilizan en la nueva construcción. Además absorbe otra cosa muy importante y que a mí personalmente me preocupa mucho, que son los materiales de construcción.
Las asociaciones de empresarios que se dedican a esto están muy
preocupadas, no solamente los que se dedican a materiales de construcción propiamente dichos, como ladrillos o cemento, sino también los que fabrican ventanas, puertas, los de madera, los de azulejos. Todos ellos me han hecho llegar su
preocupación, y realmente en el sector de la rehabilitación pueden encontrar una salida económica y laboral importante para su actividad y además con una ventaja adicional, y es que este tipo de empresas, que suelen ser pequeñas y medianas, trabajan
en un ámbito local, con lo cual los municipios que
apoyen con ayuda del Gobierno la rehabilitación firme y decididamente se encontrarán con que en su localidad sus empresas y sus trabajadores tendrán una salida al descenso de actividad del sector de la construcción que me parece muy
recomendable. La capacidad financiera de los ayuntamientos no solamente me parece fundamental para esto que le digo, sino para cualquier otra cosa. Con esto enlazo con dos cuestiones. En cuanto a lo que me comentaba el señor Herrera sobre el
delito urbanístico, una de las causas que considera el fiscal para la escandalosa frecuencia del delito urbanístico en nuestro país es precisamente el déficit de financiación de los ayuntamientos. El Gobierno ha manifestado ya su firme decisión de
abordar esta financiación, y en este sentido creo que estamos dando los pasos adecuados para ir solventando este problema que desde el principio de nuestra democracia están arrastrando los entes locales.
Señor Matos, me alegro mucho de que vayamos a estar de acuerdo en todas las propuestas que ya estaban en el programa electoral del Partido Socialista en cuanto al alquiler con opción a compra, en cuanto a la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y en cuanto a los juzgados de Primera Instancia para agilizar los juicios de desahucio. Son promesas electorales del Partido Socialista, y si ustedes están de acuerdo en apoyarnos en esto me quedo una vez más mucho más
tranquila y soy optimista porque creo que en este sentido esta legislatura va a ser muy productiva.
Todos los intervinientes que representan a grupos nacionalistas han manifestado la misma preocupación en cuanto al respeto del marco competencial que establecen los estatutos de autonomía en las comunidades autónomas. Faltaría más que yo no
fuera consciente, porque además tengo una formación jurídica, de cuál es el estricto marco competencial que diseña la Constitución para todos. Pero no es que yo sea consciente, es que el ministerio ya lo es, y por eso cuando se desarrolló la Ley de
Suelo encontró el apoyo de todos los grupos nacionalistas de la Cámara y el único apoyo que no encontró fue el del grupo que en teoría no es nacionalista, que es el Partido Popular. Pero creo que eso no hay que tenerlo en cuenta porque estoy
convencida de que ellos piensan, como nosotros, que es una buena ley que, además de impedir la especulación, va a poder poner suelo barato a disposición de las administraciones públicas para la construcción de vivienda protegida. La verdad es que
tanto el texto refundido, que ya se ha remitido para su informe a las comunidades autónomas -estamos pendientes de recibirlos inmediatamente- como el propio reglamento y toda la posible legislación marco y la recopilación de las normas dispersas que
se pueda acometer desde el ministerio va a tener como guión el respeto competencial. Por supuesto que serán informadas las comunidades autónomas, por supuesto que nos sentaremos y que podrán traer sus aportaciones porque de otra forma no se puede
hacer nada. Sería muy poco realista si no tuviera en cuenta esta realidad, que no es una exigencia, es una realidad. Así que no se preocupe, señor Macias, porque en ese sentido no vamos a tener ningún roce.
Como les he dicho anteriormente, el Gobierno no solamente está haciendo cosas sino que las va a seguir haciendo. El sábado pasado el presidente del Gobierno tuvo ocasión ya de anunciar que a lo largo de este mes de junio se va a aprobar
otro paquete de medidas de impulso económico. Si de algo no se nos puede acusar es precisamente de inactividad. Han comentado también y me han preguntado en algunas de sus intervenciones -recuerdo la del portavoz de Convergència i Unió y la del
señor Matos- qué pasa con las viviendas no vendidas. Como ya les he dicho en la exposición, cuando se reformó el decreto que aprueba el plan estatal el 11 de enero de 2008 una de las medidas que se adoptaron fue precisamente modificar la regulación
existente para que algunas viviendas de las que ya están construidas pudieran ser transformadas en viviendas de protección oficial; lo que pasa es que con una serie de condicionamientos y, por supuesto, con una serie de precios máximos que parece
que algunos promotores no estaban dispuestos a aceptar -algunos, porque otros lo han aceptado, y en este caso hay varios ejemplos de comunidades autónomas-.
Concretamente, la medida que se aprobó fue incluir entre las viviendas de venta concertada
aquellas viviendas libres de nueva construcción hasta el primer año una vez edificadas que reúnan las condiciones básicas de superficie, precio e ingresos de los inquilinos y sean calificadas o declaradas como protegidas. Es decir, para reducir el
stock ya se tomado medidas desde enero, así que tampoco estoy inventando nada nuevo.
Respecto a pregunta del señor Macias sobre cuándo el plan, le digo que ya.
He dicho que lo vamos a empezar a redactar a partir de la conferencia sectorial, porque mi interés es precisamente conocer cuáles son las aportaciones que tienen que
hacer las comunidades autónomas, que son muchas y muy interesantes, ya que de las reuniones que estoy manteniendo con los consejeros autonómicos responsables en materia de vivienda estoy sacando una buena impresión, pues hay cosas muy buenas que
están recogidas en comunidades autónomas y que podríamos generalizar. Si conseguimos que de esa conferencia sectorial salgan diseñadas estas líneas con cierto grado de concreción, podremos redactar a lo largo de lo que queda de año un proyecto de
plan que someter a las comunidades autónomas y estar en disposición de aprobarlo a principios del próximo año. Como saben, una vez aprobado el decreto del plan estatal -que, por cierto, va a contar con la financiación necesaria, primero tenemos que
diseñarlo y después veremos lo que nos cuesta, pero desde luego contará con la financiación necesaria-, a continuación, a través de acuerdos y convenios bilaterales con cada una de las comunidades autónomas -aunque en este caso debo excluir a
Euskadi y a Navarra porque por su sistema financiero no están incluidas en el plan estatal- se fijarán los objetivos y se determinará expresamente cuáles son las líneas que cada comunidad autónoma va a aplicar en su propio territorio. ¿Cuándo? En
cuanto se hayan celebrado estas reuniones bilaterales, espero que en el año 2009.
La renovación y la rehabilitación urbana la han ido reiterando ustedes.
Repecto a la protección de los más débiles, también el señor Herrera lo ha citado hablando del mobbing inmobiliario. No vamos a hacer nada, ya está hecho. La
medida que les he relatado es un acuerdo que se firmó a principios de este año entre el Ministerio de Vivienda y la Federación Española de Municipios y Provincias y al que para hacer un cierto pilotaje se sumaron diez ayuntamientos. Ya está
funcionando ese teléfono. No estoy hablando del futuro. Existe ya. Nuestra intención es que esta colaboración se pueda seguir intensificando. En este caso los ayuntamientos tienen el peso de la gestión, tienen los servicios sociales a los que
tienen que redirigir a los afectados directamente, tienen importantes competencias, en muchos casos en materia de rehabilitación, y tienen necesidad de apoyo sobre todo financiero y de gestión. La experiencia es positiva pero me intención es
extenderla. El problema del mobbing inmobiliario, que he vivido muy de cerca en el Ayuntamiento de Madrid, y la diputada Durán lo sabe, es un drama sobre todo en los centros históricos de las ciudades, no solo de las grandes ciudades. Así que me
permitirá que me comprometa personalmente con ello y que el ministerio apoye esta iniciativa, aunque las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, pueden y deben establecer también los instrumentos que consideren para luchar contra
este problema. Les agradezco y me alegro mucho de que digan que están de acuerdo conmigo en que es imprescindible acometer la renovación energética de los edificios. Como ya les he anunciado, el plan Renove es una de las iniciativas que el
ministerio va a poner encima de la mesa este mismo año. Ya tiene un presupuesto inicial, y si además cuento con el apoyo de todos los grupos para incardinarlo en el programa general de rehabilitación y renovación urbana, será siempre mucho más
eficaz y posible sacarlo adelante.
Los instrumentos de inversión colectiva, como decía el presidente Macias, en cuanto al fomento del alquiler son imprescindibles y necesarios. Para potenciar que se construya vivienda en alquiler a gran escala se requieren unas
modificaciones normativas que vamos a proponer y que tendremos que analizar con el Ministerio de Justicia porque pasan por la reforma de la regulación del derecho de superficie. Es técnicamente complejo porque pasaría por poder titularizar los
préstamos hipotecarios hechos sobre el derecho de superficie para que fuera posible lograr la financiación de estas entidades. Esta figura, que ya se ha ensayado en algunas comunidades autónomas -Cataluña es un ejemplo-, tiene dos objetivos:
impulso definitivo a la vivienda en alquiler y protección del patrimonio de las administraciones públicas, puesto que las viviendas construidas revierten al cabo del tiempo fijado y van al patrimonio de las administraciones para ponerlas en alquiler
para las generaciones futuras. Esta una carencia histórica de toda la política de vivienda de nuestro país en todos los niveles administrativos, y es que si no hay suficientes viviendas públicas no podemos garantizar el derecho al acceso a la
vivienda para las generaciones que vienen dentro de diez, veinte o treinta años. Es necesario poner las medidas suficientes para que esta solución sea estructural y no coyuntural. En este sentido, creo que podré contar con el consenso de todos los
grupos porque son políticas que se están desarrollando en comunidades autónomas de todos los colores.
Señor Beloki, no voy a discutir con usted sobre la existencia del ministerio, pero la utilidad es absolutamente innegable. Hay muchas actuaciones y muchas familias a las que está ayudando el ministerio. No puede estar en desacuerdo cuando
le digo que la política del ministerio tiene que complementar la de las administraciones territoriales, locales y autonómicas. No competimos con ustedes, simplemente trabajamos en la misma dirección, potenciando la defensa del derecho al acceso a
la vivienda y facilitando financiación para ello. No es tiempo de suspicacias hacia la actividad del ministerio. Estoy convencida de que va a ser así, de que no va a poner usted ningún problema para ello. Respecto a lo que me comentaba sobre la
disposición adicional primera de la Ley de Suelo, señor Beloki, en relación con el sistema de información urbana, ya le he dicho que la política urbana y de suelo es política de vivienda y de hacer ciudad, y ya le he explicado cuál es el compromiso
del ministerio en este tema. Este sistema de información está preparado.
Ahora hay que presentarlo a las comunidades autónomas y trabajar con ellas. Todas las comunidades autónomas serán invitadas a verlo y se harán los ajustes correspondientes,
pero el prototipo está preparado. Lo que pasa es que la legislatura acaba de empezar, pero existe el prototipo. No es que vayamos a trabajar durante años con el prototipo sino, que ya existe. Me comprometo con usted, señor Beloki, con su grupo y
con el resto de los grupos a que el pacto por la vivienda, con el que todos parecen estar de acuerdo, se realice de abajo a arriba. Es absurdo imponer un pacto en un escenario competencial como el que tenemos diseñado por la Constitución. Así que
mi compromiso personal va en este sentido.
Otro de los temas del que han hablado algunos de los portavoces se refiere a la política de movilización de suelo. Creo que a lo largo de la exposición he sido suficientemente explícita no solamente en cómo lo vamos a obtener sino también
de dónde y para qué se va a dedicar.
Naturalmente que la prioridad del suelo público, en el caso de que las administraciones que sean titulares del mismo puedan prescindir de él porque no lo necesitan para su uso, es la construcción de vivienda
protegida. Así va a ser, así ha sido y, por tanto, todos los órganos que se constituyan no son una sopa de reuniones bilaterales interministeriales sino una política coordinada de todo el Gobierno, y en este sentido la Comisión Interministerial de
Suelo está prevista en el programa electoral y precisamente tiene como finalidad la coordinación entre los ministerios que tienen el suelo y los que lo vamos a utilizar -en este caso Vivienda- para construir en ellos vivienda protegida.
Naturalmente -se me ha ido el señor Herrera- que el pacto por la vivienda tiene como principal y absoluta prioridad garantizar el derecho de acceso a la vivienda a los ciudadanos. Lo he dicho en primer lugar. Es la idea fundamental de toda
la política del Ministerio de Vivienda y, como ya he especificado en mi intervención, los objetivos son seguir potenciando, fomentando y facilitando el acceso de los ciudadanos a la vivienda tanto en propiedad como en alquiler e impulsar
definitivamente las políticas de renovación y rehabilitación urbana, además de renovación energética y sostenibilidad de los edificios. Eso es lo que tiene que estar
en el pacto de Estado y lo que quiero que esté en el plan de vivienda. Por tanto, la línea fundamental es garantizar el acceso a la vivienda como tiene que ser. También me ha preguntado el señor Herrera cómo se está desarrollando e
incardinando la Ley de Suelo. Esta ley entró en vigor hace solo un año, por lo que es pronto para hacer una evaluación sobre todo del sistema de valoraciones. Hay algunas comunidades autónomas que ya se han adaptado a esta nueva ley, lo han hecho
Cataluña, Aragón y Cantabria, y los ayuntamientos ya están poniendo en práctica algunas medidas sobre todo en lo que se refiere al fomento de la transparencia, que es uno de los objetivos que la Ley de Suelo fijó para el desarrollo de la
planificación urbanística.
El señor Perestelo me hablaba de Canarias. Efectivamente, tendremos una reunión con el consejero correspondiente, aunque en principio estas reuniones son preparatorias de la conferencia sectorial, independientemente de que después haya
reuniones bilaterales de fijación de objetivos y de revisión de los que ya están en vigor y ejecutándose.
Me preguntaba concretamente por dos actuaciones en Canarias. Una de ellas se refería al patrimonio inmobiliario. Concretamente, la
rehabilitación del Teatro Circo de Marte en Santa Cruz de La Palma tiene una inversión del Ministerio de Vivienda de 1.260.000 euros y la rehabilitación del Teatro Leal en San Cristóbal de La Laguna, una inversión de 1.700.000 euros. Las obras
están terminadas, se va a firmar la recepción de las mismas dentro de pocos días y está previsto que lo inauguren Sus Majestades los Reyes a partir del mes de septiembre. El ayuntamiento tiene intención de realizar unas jornadas de puertas abiertas
en breve para los ciudadanos. Incluso tengo pensado, si puedo y no me lo impide mi agenda, visitar Canarias para ver las obras cuando se reciban.
Efectivamente, también hay una actuación pendiente de Sepes, en Tamaraceite. En total son más de 42
hectáreas y está previsto que acoja a 2.500 viviendas. Está ya aprobado definitivamente un plan parcial. Se han suscrito acuerdos de permuta con los propietarios privados, y por lo que se refiere a Sepes está pendiente de que se designe cuál es la
superficie neta para edificar. Esto en lo relativo a Canarias.
Probablemente me dejo alguna cosa en el tintero. Una de las que recuerdo que han tratado los portavoces se refiere a la renta básica de emancipación y su incidencia en el precio de los alquileres. No solamente discrepo yo de ese análisis,
sino que discrepa también el INE. Como ustedes saben, en las últimas estadísticas que se han publicado sobre el incremento de los precios de los alquileres se ve que éstos están subiendo solamente una décima por encima de los precios nacionales,
con lo cual realmente no existe tal incremento. No podemos negar que haya habido algún caso en que algunos propietarios hayan querido abusar o incrementar el precio de los alquileres de forma abusiva, pero eso no es un algo que le pase a la renta
básica de emancipación, sino que pasa absolutamente a todos los alquileres puesto que son un contrato entre dos partes. En cualquier caso, la apreciación que tenemos es que no es así.
Yo he hablado, porque me preocupaba, con el Consejo de la
Juventud, y me dicen que ellos no tienen esa percepción, salvo algunos casos puntuales.
Por tanto, creo que la renta de emancipación es una medida positiva en todos los sentidos y que no tiene incidencia en el alza de los precios de los alquileres.
En cualquier caso, si ustedes piensan que me estoy dejando alguna cosa sin contestar, les ruego que me lo recuerden en su réplica, porque yo creo que más o menos he contestado a todo. No sé el tiempo que llevo, pero creo que me he extendido
mucho.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, usted tiene la facultad de pasar por encima del tiempo, no podemos limitarle.
Como saben las señoras y señores diputados, ahora está prevista una intervención, que tiene el carácter de excepcional, de los portavoces de los grupos parlamentarios, por el mismo orden que la anterior, por el tiempo que fije el presidente,
que nunca puede ser más de cinco minutos.
Saben también que, en función del apartado 3 del artículo 203 del reglamento, esta es una intervención que tiene un carácter excepcional y debe ser acordada por la Mesa oída la Junta de Portavoces de la
Comisión, como efectivamente se recoge en el acta de la reunión de Mesa y Portavoces de 21 de mayo a solicitud del señor Matos. Les recuerdo además que el objeto de esta segunda intervención es estrictamente que los portavoces puedan escuetamente
formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada por la ministra. Por tanto, este es el tono de este turno. Algunos portavoces se han dirigido a esta Presidencia para manifestar que no van a intervenir, concretamente el
señor Perestelo. El señor Beloki va a intervenir, el señor Herrera no está presente, y quien les habla, en función de portavoz, tampoco va a intervenir. En cualquier caso, están en su derecho y está perfectamente regulado.
Tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Voy a dividir mi tiempo entre aclarar algunas cosas con la ministra y otras con la señora Fuentes Pacheco.
Efectivamente, señora Fuentes Pacheco, yo tenía estudiada mi intervención, de modo que he traído muchos
más datos, pero creo que eso es bueno. Cuando no se tienen preparadas las intervenciones es cuando se tiene que recurrir a argumentos como los que usted ha empleado cuando ha hablado de la responsabilidad del Partido Popular en la crisis del
petróleo, de la crisis de las hipotecas de Estados Unidos o de que se beneficia a unas personas en contra de la generalidad y demagogias de ese tipo. Cuando un portavoz viene aquí y le habla de tipos de interés, de inflación, del coste de las
hipotecas, de las hipotecas medias, de las dificultades que pasan los ciudadanos, del número de viviendas protegidas, del número de alquileres, de la ayuda de 6.000 euros y usted contesta con esto, yo creo que está claro -pero creo que debería ser
así- que yo he traído preparada la intervención y usted, al menos por ahora, parece que no.
Ha dicho algunas cosas curiosas la señora Fuentes Pacheco, como que nosotros jamás habíamos pensado en tener un ministerio de vivienda.
Efectivamente, el ministerio de vivienda estaba en la época de Franco y está en la época de Rodríguez
Zapatero (Una señora diputada: ¡Hala¡ (Risas.),
y no tiene nada que ver políticamente uno con otro, pero es así. Es una realidad que estaba antes, en la época de Franco, y ahora. Y no es gratuito, es por una razón, porque hubo una Constitución, la de 1978, que dio todas las competencias
en materia de urbanismo y vivienda a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Por eso, ni Adolfo Suárez, ni Leopoldo Calvo-Sotelo, ni Felipe González ni José María Aznar se plantearon tener un ministerio de vivienda. Ha sido una ocurrencia de
ustedes. Pero no era gratuito, la Constitución marcó las competencias, y hay un ministerio que en sus presupuestos tiene el 92 por ciento transferido a las comunidades autónomas, el 3 por ciento son gastos de personal y el 5 por ciento es inversión
en rehabilitación del patrimonio cultural e histórico. Pues un ministerio que tiene en su presupuesto que el 92 por ciento son transferencias a las comunidades autónomas tiene bastante poca justificación. Yo no lo dije antes y no voy a seguir con
esta batalla estos cuatro años, señor Beloki, entre otras cosas porque las batallas perdidas solo llevan a la melancolía, no a otra cosa. Por tanto, esa es la posición que nosotros hemos mantenido hasta la fecha.
Respecto a lo que ha dicho, señora ministra, del espíritu de colaboración de la anterior legislatura, rechazaban todo lo que presentaba. Si yo le presento algo con lo que usted está de acuerdo, le ruego que me lo acepte o le diga al grupo
parlamentario que me lo acepte, porque en la legislatura pasada me han rechazado absolutamente todo. Sobre la referencia que hacía usted en su intervención de que está de acuerdo o se alegra de que apoyemos todas las propuestas del programa del
Partido Socialista -que también me lo he estudiado porque me preparo las intervenciones-, tengo que decir que tuve una grata sorpresa cuando vi en el programa del Partido Socialista que ustedes estaban a favor del programa con opción de compra que
me habían rechazado, y lo llevaba la Comunidad de Madrid y el municipio de Cádiz desde hace cinco años; que estaban de acuerdo en modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos que me habían rechazado; de modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil que
me habían rechazado; de crear los juzgados de vivienda que me habían rechazado y de incrementar las ayudas a la rehabilitación aislada de edificios, que también me habían rechazado. Por tanto, me llevé una alegría enorme -tengo que reconocer que
no los voté- porque incorporaban todas aquellas cosas que me habían rechazado durante cuatro años de una legislatura, legislatura en la que rechazaron todas las iniciativas que presentaba desde el Partido Popular.
Me ha hablado de las viviendas protegidas y de que había que compararlo con lo que hicimos nosotros. Tengo que decir que han duplicado los recursos en materia de vivienda, es decir, han crecido el cien por cien.
Tengo aquí los datos de las
viviendas protegidas que se hacían en el año 2003, último año del Gobierno del Partido Popular, 72.619; en 2.007, último año en que gobernó el Partido Socialista, 83.000; es decir, ustedes han incrementado el número de viviendas protegidas
iniciadas en un 15 por ciento. Me parece bien, pero con el doble de presupuesto podían haber hecho un esfuerzo algo mayor. De todas formas, en las viviendas protegidas quienes les han salvado la cara son las comunidades gobernadas por el Partido
Popular. Le voy a dar el dato, quiero que lo estudie en su ministerio y me diga si me equivoco. Viviendas protegidas en el año 2007, 83.000 en toda España. Viviendas por cada 10.000 habitantes en cada comunidad autónoma. En Andalucía, 15
viviendas protegidas iniciadas al año por cada 10.000 habitantes; en Castilla-La Mancha, 12,9 por cada 10.000 habitantes; en Madrid, 39,12 por cada 10.000 habitantes; en toda España las 83.000 viviendas; en Madrid, 23.000, más de la cuarta parte
de las viviendas protegidas de toda España se han iniciado en Madrid. Por tanto, cuando ustedes hablan de que el Partido Popular no tiene en cuenta el tema de la vivienda protegida, miren lo que se hace en las comunidades autónomas. Le he puesto
ejemplos de comunidades autónomas importantes como la Comunidad de Madrid, y las de Andalucía y Cataluña, a las que se ha comparado con Madrid, la cual tiene tres veces más viviendas protegidas por cada 10.000 habitantes. El convenio que ha firmado
la Sociedad Pública de Alquiler es con el Ayuntamiento de Las Palmas, que lamentablemente no es del Partido Popular, es del Partido Socialista y cuyo alcalde es don Jerónimo Saavedra, ex ministro.
Usted considera que no es una paradoja que con la renta básica de emancipación un chico vaya a una oficina y diga: Vengo a pedir la subvención o la ayuda para el alquiler, y le digan: ¿Cuál quiere? ¿La de 240 ó la de 210? El chico dirá:
Las dos. Y le contestaran: Pida usted primero la de 240, que le dura dos años, y cuando lleve dos años emancipado pida la de 210 que le dura cuatro. Eso es un lío. Lo único que he pedido de la renta básica de emancipación es que unifique lo que
es la regulación, que saque la media, y que en vez de 240 y 210 establezca algo más; y que en vez de cuatro o de dos años, establezca tres. Usted debe de unificar porque no es normal que en estos momentos se le dé una ayuda de emancipación a
alguien que ya lleva dos años emancipado. Segundo, me gustaría que sobre eso me dijera cuántos de los que han pedido la ayuda de emancipación son nuevos contratos, a ver si se han puesto en el mercado los pisos vacíos o son jóvenes que ya estaban
alquilados y que han pedido la renta de emancipación porque les supone una ayuda. Cuando usted se refería a hacer algo, tengo que decirle que lo de los 400 euros para todos los ciudadanos es verdad, pero la gente que en estos momentos lo está
pasando mal es la que tiene una hipoteca, y por eso les hemos presentado la alternativa de incrementar las deducciones por adquisición de vivienda habitual. Usted decía que Rato en 2005 -me alegro de que citen ustedes más a Rato que a Solbes, lo
entiendo perfectamente- dijo que no era el momento, pero señoría en 2005 probablemente había unos tipos de interés y una inflación del 2 por ciento; y en estos momentos ustedes tienen una inflación de cerca del 5 por ciento y unos tipos de interés
-no hablo del euribor, que está en el 4,97, sino de los tipos de interés del Banco Hipotecario- que están en el 5,5 por ciento, que es el doble. Por tanto, hay muchas familias que en estos momentos no tienen dinero para llegar a final de mes y les
tienen que dar una respuesta.
Usted dice: Que alarguen las hipotecas. Es verdad, pero como el sistema de los intereses es el francés en estos momentos reciben todo el coste y van a pagar una barbaridad de intereses. En este sentido, nosotros
también hemos propuesto, aparte de la deducción, el cambio de tipo variable a
tipo fijo con un coste cero, igual que el alargamiento de las hipotecas.
En consecuencia, son momentos diferentes, y en estos momentos en los que las familias lo están pasando mal no hay otro motivo. Hasta sus compañeros registradores de
la propiedad han pedido una ley concursal, porque están viendo que hay muchas familias que en estos momentos son incapaces de pagar sus hipotecas. En consecuencia, le pido que por favor hagan algo más para no ver a todas esas familias en la calle
en los próximos años.
El señor PRESIDENTE: Señor Matos, le ruego que acabe ya su intervención.
Sus cinco minutos ya han acabado.
El señor MATOS MASCAREÑO: Termino, señor presidente. En definitiva, señora ministra, le reitero mi colaboración en aquellas cosas en las que estamos de acuerdo y en las que lleguemos a un consenso, pero le pido como prioridad absoluta para
su ministerio: en primer lugar, solventar la situación de estas familias. En segundo lugar, revitalizar el mercado hipotecario con medidas que refuercen su liquidez. No es posible que los ciudadanos vayan a pedir un préstamo y no lo obtengan. Y
respecto a lo de los años del Partido Popular, se lo repito, en la época del Partido Popular un ciudadano iba a un banco, pedía un préstamo, se lo daban y se compraba una vivienda, y además podía pagar el préstamo. Pues bien, hoy no es así, hoy no
es así, y usted lo sabe porque tiene todos los datos en la mano. Hay que impulsar los suelos destinados a vivienda protegida.
Usted viene del municipalismo y sabe que hay un problema de financiación de las corporaciones locales. Le pido que en la
reforma de la Ley de Haciendas Locales y en la financiación de las corporaciones locales se dote de la capacidad financiera suficiente a los ayuntamientos para impulsar el desarrollo de esos suelos; si no, por mucho que modifiquen leyes no lo van a
poder hacer.
En tercer lugar, reducir la carga fiscal. Si en todas las administraciones estamos empeñados en que hay que controlar el precio de la vivienda, no puede ser que se grave de la manera en que se grava. Usted sabe que el impuesto sobre actos
jurídicos documentados -porque los registros de la propiedad son liquidadores- se paga cuatro veces: en la constitución del préstamo, en la subrogación, en la declaración de obra nueva, en la división horizontal, en la compra de la vivienda; por
tanto, hay que revisar toda la carga fiscal y no gravar la vivienda si resulta que lo que queremos es bajar su precio. Y desde luego, impulsar el mercado de alquiler modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificando la Ley de Enjuiciamiento
Civil y creando los juzgados de vivienda, que llevamos cuatro años reclamando, extremo en el que me imagino que llegaremos a un acuerdo porque después de reclamarlos cuatros años ustedes lo han metido en su programa.
El señor PRESIDENTE: Señor Beloki, también por un tiempo máximo de cinco minutos.
El señor BELOKI GUERRA: De forma muy breve porque no esperaba intervenir, pero dos motivos me han empujado a ello: uno es por alusiones y otro para aclarar un extremo. Por alusiones. Señoría, esta vez había decidido no preguntarle si el
ministerio estaba en disposición o quería o se proponía firmar algún tipo de convenio o protocolo con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Había decidido no preguntarle. Pregunté a las dos ministras anteriores y obtuve respuestas dispares. No le
entendí muy bien la primera respuesta a la señora Trujillo, pero Carmen Chacón me respondió que iba a estudiar el tema; y a raíz de ese estudio usted sabe que su ministerio tiene un acuerdo respecto a la renta de emancipación, la de 210 euros, y
ahora me dice: Pero con ustedes no vamos a firmar ningún protocolo ni ningún convenio.
Y digo yo: Aclárense, al menos, aclárense, por saber si dentro del plan estatal o de este ministerio efectivamente Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco quedan absolutamente fuera de qué cosas, ¿de todo?, ¿de algunas cosas?
Ustedes sabrán que no he visto nunca una línea consecuente en el ministerio, en los términos en que antes le he expresado. Esto por alusiones, porque no había preguntado y usted se ha referido a ello.
Para aclarar -en parte lo ha aclarado el señor Matos-, no sé si sabrá que en la anterior legislatura quienes debatían o discutían la existencia del ministerio eran principalmente los del Grupo Parlamentario Popular. Mi grupo decía: Ustedes
sabrán para qué han creado el ministerio, pero demuestren con los hechos que había que crear el ministerio. Y hoy he insistido en este razonamiento, no en la existencia del ministerio sino en que no confundan ustedes los instrumentos y las
políticas. Y me ha parecido en su respuesta que usted confunde, porque me dice: Dígame de otra forma qué hubiera pasado con las familias que han recibido. Pues que hubiera habido una política sin ese ministerio. Es que se puede desarrollar una
política sin un ministerio, señora ministra. Crear un ministerio es otra cosa distinta, es hacer un gesto y montar un instrumental. Y hoy le digo: Cuidado con el instrumental, que está usted en un ámbito competencial que no es el suyo. De esta
forma me podría justificar que hacen falta los mismos términos e incluso que hace falta el mismo director -que ya firmó también los beneficios para los que firmó-. Yo ya sé que efectivamente creado el ministerio algunas cosas se hacen, pero eso no
era lo que yo le quería decir. Lo que le quiero decir es que no confunda las políticas. A mí me parece muy bien que el Gobierno central decida invertir mucho más dinero en políticas de vivienda; que eso requiera o no la creación de un ministerio,
lo dejo en sus manos.
Pero en cualquier caso insisto -esto era lo que quería aclarar-, no voy contra la existencia del ministerio sino contra un ministerio que va buscándose la vida, y que cualquier día empieza a ser el objetivo en sí mismo en vez
de las políticas que siempre son del ámbito competencial de las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Señora Fuentes, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora FUENTES PACHECO: Intervendré brevemente, solo para contestarle al señor Matos.
Señor Matos, no se moleste. Desde luego lo he visto muy alterado porque yo contaba la realidad, que sí había estudiado
previamente; tanto la había estudiado que no tenía que traerla escrita.
Conocía los datos, y desde luego podemos dedicarnos a aburrir a los ciudadanos trasladándolos una y mil veces, pero no por eso va a ser una realidad más importante ni
que defina mejor la sociedad. Lo que está claro es que con el nuevo plan de vivienda y las políticas que va a poner en marcha este ministerio de vivienda, uno de cada tres ciudadanos va a recibir ayudas para vivienda por parte del Estado. Lo
cierto es que actualmente el Estado está financiando en muchas comunidades autónomas nueve de cada diez viviendas de VPO que se están construyendo, y lo cierto es que cuando el Partido Popular dejó el Gobierno, solamente tres de cada diez viviendas
de VPO estaban financiadas por parte de los distintos ministerios. En aquel momento, como usted ha dejado claro, el Gobierno del Partido Popular no tenía un ministerio vivienda y por eso había menos actuaciones en materia de vivienda.
Le digo que no se altere porque, desde luego, nos preocupa lo mismo: nos preocupa la vida de los ciudadanos y nos preocupa facilitar algo tan importante como es la vivienda. Lo cierto es que tampoco puede decir que en materia de vivienda y
en lo que afecta a los ciudadanos ustedes lo hicieron bien, porque lo cierto es que los últimos datos demostraban que cualquier persona que acababa de comprar una vivienda dedicaba el 60 por ciento de su sueldo a pagar esta vivienda y además lo iba
a hacer durante cuarenta años. Si para usted eso es positivo, para los ciudadanos y desde luego para el Grupo Parlamentario Socialista, no lo es. Por tanto, señor Matos, tenemos que trabajar mucho, pero le vuelvo a decir: Aclárense. ¿Es cierto
lo que decía el señor Rato de que había que eliminar las desgravaciones en materia de vivienda o es que ahora sí que es importante trabajar y hacer que haya más medidas fiscales y antes no lo era? Desde luego, tienen que empezar a definir una
política de vivienda y hasta ahora no lo han hecho.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra finalmente la señora ministra para contestar a los portavoces de los grupos.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra):
Señor Matos, ya veo que lo del elefante blanco y la SPA sigue siendo uno de sus temas favoritos. Usted dice que la Sociedad Pública de Alquiler tiene un déficit de 7,2 millones de euros, lo que no dice es que en el plan de negocio de la
Sociedad Pública de Alquiler, cuando se constituyó en el año 2005, ya estaba previsto que tuviera déficit por la propia naturaleza de la sociedad, por los propios productos que pone en marcha.
Realmente no estamos en ningún tipo de situación
financiera grave. De hecho, si usted conoce, como conozco yo, los informes de evaluación de la solvencia financiera de esta sociedad, verá que no tiene ningún tipo de riesgo elevado. O sea que no es el tema del déficit, no creo que sea ese su
cuestionamiento de la sociedad pública.
¿El Ministerio de Vivienda es una ocurrencia, señor Matos? Yo creo que una ocurrencia es aquello que se dijo hace algunos años por un ministro, que ya no lo es, cuando dijo que en España se vendían todas las viviendas y estaban a los
precios que los españoles podían pagar. (Aplausos.) Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, yo creo que esa no es la política de vivienda que debemos seguir. No lo creo yo y tampoco lo debe creer el señor Rato. Como veo que es usted un
especialista en programas electorales, yo le preguntaría: para el año 2012, ¿usted qué apostaría, que esta medida va a estar o que no va a estar en el programa electoral de su partido? ¿Van a seguir manteniendo que deben incrementarse las
deducciones fiscales o no lo van a seguir manteniendo? Es un ejercicio un poco de futuro, pero igual desde su especialidad lo puede saber. En cualquier caso, de verdad que me siento emocionada por que el Partido Popular y el Partido Socialista
coincidan en tantas cosas que se refieren a la política de vivienda en los programas electorales, porque eso me lleva a pensar que realmente vamos a tener una legislatura productiva y que vamos a ponernos de acuerdo en cómo ayudar a los ciudadanos a
que tengan una vivienda.
Señor Matos, los jóvenes que son beneficiarios de la renta básica de emancipación saben perfectamente lo que quieren, y cuando van a pedirla saben perfectamente lo que piden. Hay algunos jóvenes que tienen más dificultades que otros, y
concreto los que más dificultades tienen son los de la Comunidad de Madrid. Y le voy a decir por qué: no solo porque la Comunidad de Madrid decidió que no tramitaba ni una sola solicitud hasta después de las elecciones, sino porque se da la
curiosa circunstancia de que un joven de la Comunidad de Madrid, si va a una oficina de la Comunidad de Madrid, o va a una oficina del Ayuntamiento de Madrid, o va a una oficina del Estado, se puede encontrar con ayudas muy diferentes, porque así lo
han decidido las administraciones públicas que gobiernan en Madrid. Es realmente un lío, pero el lío se lo han creado las propias administraciones que no se han puesto de acuerdo ni entre ellas. Por otro lado, la renta básica, como ya le he dicho,
es una medida específica para los jóvenes que quieren emanciparse, pero el plan estatal tiene medidas para todos los demás; o sea, la potenciación del alquiler en el plan estatal no se limita a los jóvenes, hay medidas para personas que quieran
arrendar una vivienda de todas las edades, de todos los grupos sociales que tienen necesidad y también para propietarios. Es un plan integral y esta es una medida específica para un determinado grupo de población.
Con referencia a las viviendas protegidas que se inician, se lo voy a reiterar. La media de iniciación de viviendas durante el periodo que el Partido Popular gobernó era de 52.000; la media de iniciación de viviendas en la legislatura del
Partido Socialista es de 82.000, y no hay ningún año en el que el número de las viviendas iniciadas por el Partido Popular en los años de su Gobierno, supere a las del Partido Socialista.
Y una vez más, respecto a la Comunidad de Madrid, le diré
que, si es verdad que ha construido muchas más viviendas protegidas que en las demás, un tercio de estas 23.000 se han construido en el municipio de Alcorcón, que está gobernado por un alcalde socialista.
Le vuelvo a decir, señor Matos, que el Gobierno tiene en mente a todas las personas que ahora mismo tienen problemas para pagar su hipoteca, pero no solamente a ellas.
Ellas son muy importantes y precisamente por eso se ha tomado la medida de permitirles alargar de forma gratuita el plazo de sus hipotecas; por eso, ya en enero se permitió alargar el plazo para las viviendas de protección oficial; por
eso, se ha adoptado la política de incrementar la deducción por alquiler equiparándola a la de la renta. Por tanto, sí nos acordamos de las familias que tienen dificultades, no nos hemos olvidado de ellas, pero no solamente nos acordamos de las
hipotecadas, sino de todas las demás y por eso se han devuelto 400 euros a los trabajadores, pensionistas y autónomos, independientemente de que tengan o no tengan hipoteca. Eso es acordarse de todos y no solo de los hipotecados, que son
importantes, pero no son los únicos que necesitan ayuda en este momento.
No le voy a repetir lo que dice la OCDE sobre la morosidad. Ya le he dicho que ahora mismo no están en riesgo, ni lo piensa tampoco el vicepresidente Solbes, aquí citado
varias veces en mi intervención. Lo que pasa es que usted prefiere escucharme citar a otras personas.
Finalmente, señor Beloki, la prueba de que el Gobierno y el Ministerio de Vivienda quieren atender a los ciudadanos de Euskadi es la renta básica de emancipación, y usted sabe perfectamente que en esa renta básica de emancipación Euskadi
está recibiendo una ayuda del Estado sin ningún tipo de contraprestación. La ministra Chacón ya dijo en este mismo foro que había que estudiar qué tipo de medidas se podían adoptar para llegar a un acuerdo para tenderse la mano; hay que seguir
estudiándolo. Lo que está claro es que, hoy por hoy, Euskadi y Navarra tienen un sistema de financiación propio y no participan en el plan estatal, pero no lo hemos decidido nosotros. Es una característica fiscal que tienen y yo creo que, si están
dispuestas a renunciar a ella, el resto de comunidades autónomas estarían encantadas. (Risas.) Pero creo que no es el caso. Insisto, yo le puedo prometer que si en algún momento hay algún punto en que podamos acordar cómo puede llegar la ayuda del
plan estatal a Euskadi, aunque no me corresponde a mí la competencia, por supuesto que podemos llegar a ese acuerdo. Ya se lo dijo la ministra Chacón, no hace muchos meses. Ha cambiado la legislatura y yo sigo pensando en la misma línea que piensa
ella. En cualquier caso, cuando se encuentra ese punto de colaboración, como con la renta básica de emancipación, también llega la ayuda del Gobierno a los ciudadanos de Euskadi, y también de Navarra, que están en la misma situación.
Para acabar, les quiero volver a reiterar a todos mi agradecimiento porque me voy contenta de esta Comisión, porque he recibido el mensaje de que todos están de acuerdo en que nos sentemos a coordinar las políticas de vivienda. Creo que
vamos a poder llegar a muchos acuerdos electorales o no. Yo voy a hacer un esfuerzo por que ese pacto se consiga de abajo arriba, por que puedan estar en él todas las comunidades autónomas, incluyendo a las que no están en la misma línea
ideológica. Todos queremos lo mismo; todos, independientemente de cuál sea el partido político que gobierne. Todas las administraciones públicas tenemos responsabilidad. La coordinación y la financiación que da el Ministerio de Vivienda ha
ayudado a muchas personas y comunidades autónomas, en cuyas viviendas protegidas también está la financiación del Estado. Por tanto, no sobra nadie y desde luego mi compromiso personal es conseguir el pacto al que me he referido: transparente,
evaluable, integrador, que devuelva la confianza al sector y que tenga la suficiente flexibilidad como para permitir a las comunidades autónomas adaptarlo a sus necesidades diversas de vivienda. Les reitero mi mano tendida y mi agradecimiento, la
puesta a disposición de los medios del ministerio para poder hacer su trabajo, mi compromiso de comparecer ante esta Comisión cuando me requieran a mí o a alguno de mis altos cargos, así como mi agradecimiento a los portavoces, a los grupos
políticos, a los medios de comunicación y al personal del ministerio, que ha tenido la amabilidad de acompañarme en este momento.
Muchísimas gracias y quedo a su disposición. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. También muchas gracias a los señores portavoces y a las señoras y señores diputados por su presencia.
Al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.