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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 25, de 08/05/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 25
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ
Sesión núm. 2
celebrada el jueves, 8 de mayo de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de don Cándido Conde-Pumpido Tourón a los efectos previstos en el artículo 29.2 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, modificada por la Ley 24/2007, de 9 de
octubre. (Número de expediente 276/000001.)... (Página 2)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Justicia. Como saben ustedes, el orden del día consiste en la comparecencia, a solicitud del Gobierno, de don Cándido Conde-Pumpido Tourón, a los efectos
previstos en el artículo 29.2 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, modificada por Ley 24/2007, de 9 de octubre.
Como saben SS.SS., el artículo 29 de la Ley del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, en su nueva redacción, dice lo siguiente, en su párrafo uno: El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído
previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. En el número dos: Recibido el informe del Consejo General del Poder
Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara en los términos que prevea su Reglamento, a los efectos de
que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto. En el número tres: Una vez nombrado, el fiscal general del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del
Tribunal Supremo.
Pues bien, en cumplimiento de estas previsiones, la Mesa de la Cámara, con fecha 22 de abril, nos remite el acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se toma conocimiento del informe favorable del Consejo General del Poder Judicial acerca
de la propuesta de nombramiento de don Cándido Conde-Pumpido Tourón como fiscal general del Estado y comunicación de dicha propuesta, a fin de que la Cámara pueda disponer su comparecencia ante la Comisión. El acuerdo de la Mesa de esta Cámara es
trasladar a la Comisión de Justicia, tan pronto como la misma se haya constituido, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. En la sesión constitutiva, entre otros acuerdos, adoptamos también, tras
reunión de Mesa y portavoces, fijar la fecha de hoy con este orden del día, para lo cual esta comparecencia.
Finalmente, quiero también dar lectura del acuerdo por el que se toma conocimiento del informe favorable del Consejo General del Poder Judicial acerca de la propuesta de nombramiento de don Cándido Conde-Pumpido Tourón como fiscal general
del Estado y se comunica al Congreso dicha propuesta de nombramiento. Dice así: El artículo 29 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, establece que el fiscal general del Estado será
nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial. Recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda
disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara en los términos que prevea su Reglamento, a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto. Por último, una vez
nombrado, el fiscal general del Estado prestará ante el Rey juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el pleno del Tribunal Supremo. El Consejo de Ministros, en su reunión de 14 de abril de 2008, acordó solicitar del
pleno del Consejo General del Poder Judicial, por conducto del ministro de Justicia, la audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento de don Cándido Conde-Pumpido Tourón como fiscal general del Estado. Con fecha de 17 de abril de 2008, el
pleno del Consejo General del Poder Judicial ha tomado conocimiento del acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de abril de 2008 y ha acordado informar que don Cándido Conde-Pumpido Tourón reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrado
fiscal general del Estado. En virtud de lo anterior, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, en su reunión del día 18 de abril de 2008, acuerda tomar conocimiento del informe favorable del pleno del Consejo General del Poder
Judicial, de 17 de abril de 2008, sobre la propuesta de nombramiento de don Cándido Conde-Pumpido Tourón como fiscal general del Estado. Segundo, comunicar al Congreso de los Diputados, por conducto de la vicepresidenta primera del Gobierno y
ministra de la Presidencia, la propuesta de nombramiento a fin de que pueda disponer su comparecencia ante la Comisión correspondiente de la Cámara en los términos que prevea el Reglamento, a los efectos de que se puedan valorar sus méritos e
idoneidad. Este es el acuerdo del Consejo de Ministros que ha sido remitido y obra como documentación ante esta Cámara.
Para dar cumplimiento a estas previsiones, vamos a celebrar esta sesión.
Les ilustro brevemente sobre la metodología. Habrá inicialmente una exposición del candidato propuesto por el Gobierno; a continuación, intervendrán los portavoces
de los grupos parlamentarios de menor a mayor, empezando, como dice el Reglamento de la Cámara, por el Grupo Mixto, a efectos de que los grupos expresen su posición, formulen las preguntas, consideraciones o solicitud de aclaraciones que estimen
oportuno realizar. Abriríamos también la posibilidad para que si algún diputado miembro de la Comisión quiere formular alguna pregunta o aclaración pueda hacerlo a continuación. Finalmente, intervendría el candidato propuesto por el Gobierno a
fiscal general del Estado, y daríamos por concluido el trámite. Posteriormente, tendríamos un breve receso para la reunión de los portavoces de los grupos y, finalmente, volveríamos a reanudar la sesión simplemente para levantarla y hacer
manifestación de dar por cumplido en los términos establecidos el trámite previsto en la ley. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa pide la palabra.) Sí, señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, solo una pregunta.
Tendremos reunión de portavoces, ¿con qué objeto?
El señor PRESIDENTE: Simplemente, una vez finalizada la intervención, para que manifiesten, si lo estiman oportuno, más allá de la manifestación pública, el criterio de su grupo.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: No sé si estoy entendiendo muy bien.
Entiendo que estamos haciendo una sesión de valoración de los méritos...
El señor PRESIDENTE: Sí, a esos efectos.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Pero entiendo que S.S. no pretende sustituir un acuerdo formal adoptado en la Comisión por un acuerdo adoptado al margen de la Comisión, en una reunión de los portavoces.
El señor PRESIDENTE: No, no, por supuesto. Lo único que pretendo es ilustrar para reanudar de nuevo la sesión.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Me ilustrará mucho saber sobre qué quiere S.S. ser ilustrado en ese trámite.
El señor PRESIDENTE: La síntesis y fijación definitiva de la posición de cada uno de los grupos.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Pero entiendo, señor presidente, que cualquier síntesis o fijación de posición este grupo prefiere hacerla en público más que en privado, en presencia del señor fiscal general.
El señor PRESIDENTE: Por supuesto. En público van a hacerlo a través de su exposición.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Hecha en público, no tenemos ninguna necesidad de añadir ningún demérito del candidato en privado, los añadiremos todos en público.
El señor PRESIDENTE: Por supuesto. Está claro que nadie pretende sustituir un turno público porque para eso tienen ustedes la posibilidad además de hacer una intervención previa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Como sabe que soy muy disciplinado, acudiré a una reunión cuyo objeto sigo sin saber exactamente en qué consiste.
El señor PRESIDENTE: Sin más rodeo, no solamente le damos la bienvenida a don Cándido Conde-Pumpido sino que le cedemos el uso de la palabra.
El señor CONDE-PUMPIDO TOURÓN (Candidato a fiscal general del Estado): Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas señoras y señores diputados, he expresado en otras ocasiones en este mismo lugar -y repetiré hoy- que
siempre he entendido como un honor la presencia ante el Parlamento de quien ejerce o de quien aspira a ejercer una responsabilidad pública. De ahí que con estas mis primeras palabras, más allá de la satisfacción de reencontrar aquellas señoras y
señores diputados que en la pasada legislatura formaban parte de esta misma Comisión y de extender el mismo sentimiento cordial a quienes se han incorporado en este nuevo periodo, deseo ante todo hacer una expresa manifestación de respeto, de
lealtad y de disponibilidad ante la institución que SS.SS. encarnan. Comparezco -como enseguida diré- optando a un cargo que se sitúa ante el reto de una mayor autonomía orgánica y funcional, como base de la exigencia constitucional de
imparcialidad. Por eso quiero que mi primer mensaje a los ciudadanos a través de sus representantes sea un mensaje nítido. El fiscal general del Estado en el ejercicio de su función se debe solo a ellos, aquí representados, y a la ley que nace de
este Parlamento. Por tanto, se debe el fiscal por partida doble a sus señorías. Esa es precisamente la lógica que inspira este acto, fruto de la Ley de reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal aprobada por esta misma Cámara en octubre
pasado. Aquí mismo se fraguó, en ese hito legislativo, el sentido de esta comparecencia dirigida a apuntalar la fortaleza institucional del fiscal sobre los pilares de la transparencia y del control democrático. Solo desde la perspectiva
histórica, que se resuelve en la proclamación de autonomía orgánica y funcional contenida en la Constitución de 1978, se puede calibrar con exactitud la importancia de este momento para el ministerio fiscal español. De acuerdo con el nuevo artículo
29 de su Estatuto orgánico, las Cortes examinan aquí y ahora la provisión del primer, y de momento único, cargo público de nuestra democracia en cuyo nombramiento intervienen los tres poderes del Estado. Interviene el Gobierno, cuya confianza
renovada no puedo dejar de agradecer públicamente, precisamente porque se me otorga para ejercer la función de fiscal general del Estado como la ley exige, sin más condición que la recta aplicación del derecho, sin más límite ni objetivo que los que
la propia ley establece. La suerte del fiscal ya no pende de la coincidencia o la discrepancia con el Poder Ejecutivo, sino de la capacidad de cumplir su misión constitucional con arreglo a una ley que fija la duración de su mandato y restringe la
extinción de este a causas objetivas y tasadas. Interviene el Poder Judicial, en cuyo ámbito sitúa al ministerio público el propio texto constitucional. El dictamen favorable del órgano de gobierno de los jueces traslada al fiscal general del
Estado el valor de la
independencia que explica la existencia misma del tercer poder del Estado.
Y en fin, intervienen las Cortes cerrando el círculo de la responsabilidad al situar bajo la mirada directa de los representantes de los ciudadanos el proyecto y la
gestión de quien ha de defender la legalidad conforme a los intereses de estos mismos ciudadanos y velar por sus derechos fundamentales. En este sentido, debo decir que mi experiencia, obtenida de comparecencias anteriores siendo fiscal general, me
ha servido para confirmar mi convicción democrática de que no hay crítica, por dura que pueda resultar, de la que no quepa extraer una enseñanza valiosa, traducible en un valor de mejora; no solo cuando esa crítica ha evidenciado los errores que
sin duda he cometido, sino también cuando la estimé en su momento desproporcionada o injusta, porque quien ha de servir a todos los ciudadanos solo puede intentar hacerlo mejor si sabe por qué una parte de ellos no está de acuerdo con sus
planteamientos o con su actuación y si escucha con atención los argumentos de quienes lealmente representan a los disconformes. Agradecí, en consecuencia, y agradeceré hoy y en el futuro en la misma medida, los apoyos y las censuras de sus
señorías. A todos ofrezco por igual entendimiento y diálogo, voluntad de esfuerzo y superación y la plena disponibilidad ante cualquier requerimiento de esta Cámara o de cualquiera de sus miembros.
Dice el Estatuto orgánico del ministerio fiscal que esta comparecencia tiene por objeto el examen de los méritos y la idoneidad del candidato a ocupar el cargo de fiscal general del Estado. No creo, sin embargo, que la tarea que
personalmente me corresponde en este instante sea repasar mi currículum profesional ni valorar mi propia ejecutoria. Me parece más útil aportar lo necesario para que SS. SS. puedan valorar un proyecto concreto que pretende trascender precisamente
a cualquier visión personal de la institución que aspiro a dirigir de nuevo, entre otras muchas cosas porque he aprendido en los últimos años que el ministerio fiscal solo puede comprenderse y solo puede movilizarse en clave colectiva. Eso es lo
que explica que los profundos y numerosos cambios emprendidos desde el año 2004, hayan sido posibles. Constituían viejas aspiraciones extendidas entre los fiscales, aspiraciones que ya en el año 1997 había recogido este Parlamento en una moción
parlamentaria cuyo contenido se traslada prácticamente íntegro a la reforma legal del año 2007. Junto a la sustancial reforma del sistema de designación y cese del fiscal general, quiero destacar dos cuestiones que centran directamente el proyecto
de futuro que vengo a exponer. Me refiero a la implantación del principio de especialización del trabajo y al acercamiento a los ciudadanos mediante la reestructuración territorial del ministerio fiscal. La exigencia de especialización del
ministerio público al paso de los grandes cambios económicos, demográficos, sociales y tecnológicos que ha experimentado España en las últimas décadas, ha sido una exigencia constante en amplios sectores sociales y periódicamente en este mismo
Parlamento. Aparte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que la trágica historia terrorista en nuestro país había hecho necesaria desde los inicios de la democracia, esa demanda tan solo había cristalizado en los años ochenta y noventa en la
creación de las fiscalías especiales Antidroga y Anticorrupción. Sin embargo, el grado cada vez más mayor de sensibilización frente a determinados problemas, fruto de nuestra evolución social, exigía soluciones más ágiles y menos costosas que la
organización de una fiscalía especial. Por eso, a partir de la decisión unánime de este Parlamento en el año 2004 parar luchar contra la violencia de género, comenzamos a diseñar un modelo nuevo que luego extendimos a numerosos campos aprovechando
el entramado institucional clásico del ministerio fiscal. La figura de un fiscal de Sala, que coordina una red de fiscales especialistas orgánicamente integrados en las fiscalías territoriales nos ha permitido alcanzar dos objetivos. Prmero,
transformar un modelo de dirección basado en la omnipotencia del fiscal general del Estado en un sistema de dirección más técnica y más colegiada, con lo que todo ello comporta en el plano de la autonomía y de la imparcialidad, y segundo, fortalecer
el principio de unidad de actuación que la Constitución establece en la medida en que esta forma de coordinación permite una atención más precisa y justamente más especializada a cada uno de los problemas.
La adaptación del mapa geográfico de la fiscalía al Estado de las autonomías también favorece la coordinación al concretar los cauces de comunicación y sobre todo los centros de responsabilidad. El hecho de que en cada uno de los escalones
territoriales haya un responsable claro de las decisiones que se adoptan, contribuye también a fortalecer la unidad de actuación y con ello a garantizar mejor la seguridad jurídica de los ciudadanos. Al tejer en este marco, como decía, una red
transversal de especialistas se asegura que la calidad jurídica en la respuesta del fiscal sea la misma en cualquier punto de la geografía española. Así, desde mi punto de vista, el fiscal se acerca al objetivo que ha de ser absolutamente
prioritario: la aproximación al justiciable y sobre todo la aproximación a las víctimas del delito. Como institución el ministerio fiscal no puede limitarse a formular grandes objetivos, a obtener cifras estadísticas más o menos favorables y a
presentar anualmente una serie de resultados espectaculares en unos cuantos asuntos de gran trascendencia pública. Creo que la fiscalía debe extremar la calidad de su actuación en cada caso haciendo efectiva su misión de protección y reparación
cerca de cada ciudadano o cerca de cada colectivo afectado o amenazado por una determinada actividad antijurídica. Por eso es fácil comprobar que el modelo ha fructificado con éxito allí donde ha surgido la necesidad de una intervención específica
del ministerio público -sus señorías lo saben-, como lo demuestra el hecho de que con frecuencia es en esta sede parlamentaria donde se ha solicitado la creación de un fiscal especial para determinada materia afectante al interés general. Podemos
poner como ejemplo la comparecencia del fiscal general en la Comisión especial para la siniestralidad vial, donde precisamente surgió la idea del fiscal en materia de seguridad vial que posteriormente se ha hecho efectiva precisamente por
ese impulso parlamentario. Incluso la tantas veces citada reforma de octubre del Parlamento incorporó al texto del estatuto menciones explícitas a las secciones especializadas de seguridad vial, de siniestralidad laboral y de menores, además de las
que ya existían en materia de violencia de género y de protección del medio ambiente. Saben también que mi opción ha sido delegar funciones del fiscal general en otros fiscales de Sala para que compatibilicen sus tareas en el Tribunal Supremo con
la coordinación a nivel estatal de la protección de las víctimas, de la vigilancia penitenciaria, de los delitos económicos o de la criminalidad informática. Y no quise culminar mi mandato sin designar hace pocas semanas, precisamente también a
iniciativa de uno de los miembros de esta Cámara, un fiscal de Sala delegado para la protección de los derechos de las personas mayores respondiendo a una vieja reivindicación de este colectivo especialmente vulnerable.
Ahora bien, en este terreno de la especialización y de la reorganización queda mucho por hacer. En primer lugar, es preciso configurar los distintos niveles de responsabilidad. El pasado mes de enero, con una notable anticipación al plazo
de un año legalmente previsto en la reforma del estatuto, se constituyeron ya las fiscalías de las comunidades autónomas y aquellas fiscalías provinciales que nacen del correspondiente desdoblamiento de órganos. Se nombraron sus jefes, pero ahora
es preciso completar o en su caso reestructurar las plantillas y dar contenido efectivo, aunque en algunos lugares el proceso está bastante avanzado, a la previsión de crear unidades administrativas de apoyo que permitan mejorar y racionalizar la
gestión cotidiana de la Fiscalía superior de la comunidad autónoma. Diré en este punto que es necesario completar y en alguna medida revisar la composición de la unidad de apoyo de la propia Fiscalía General del Estado que se constituyó durante la
anterior legislatura pero que no termina de despegar definitivamente debido a la extrema lentitud con que están discurriendo algunos de los procesos en el terreno administrativo. La formación de un gabinete de comunicación de la Fiscalía General o
la gestión de la partida presupuestaria que tiene atribuida por ley este órgano para atender necesidades institucionales elementales, son cuestiones pendientes cuya pronta realización es condición imprescindible para alcanzar un mínimo margen de
eficacia y de autonomía en la gestión. Mi compromiso es trabajar en ello en estrecha colaboración con el Ministerio de Justicia para que las previsiones estatutarias emanadas de esta Cámara se hagan efectivas en el menor tiempo posible.
Igualmente queda por cerrar el proceso de reestructuración territorial al que antes me refería. En el mes de enero se crearon también las nuevas fiscalías de área en aquellos lugares que cuentan con una sección desplazada de la audiencia
provincial y también en capitalidades importantes de Madrid y Barcelona. No obstante, hay otros muchos lugares repartidos por todo el territorio nacional donde la creación de estas unidades es necesaria y está prevista también en el Estatuto
orgánico para racionalizar y organizar eficazmente el trabajo de los fiscales.
Nosotros hemos hecho los deberes, y como fiscal general del Estado estaré en condiciones de presentar un plan preciso de implantación de fiscalías de área con una
evaluación concreta y justificada de necesidades y con un coste presupuestario limitado, puesto que en la gran mayoría de los casos se tratará de la mera reconversión o reagrupación de las actuales adscripciones permanentes. Y en paralelo a esa
tarea de completar el mapa geográfico del ministerio público es preciso rediseñar otros aspectos de la organización. La última legislatura supuso un incremento de prácticamente un 30 por ciento de la plantilla total de fiscales, pero su
distribución geográfica y funcional y la definición de una verdadera carrera profesional necesitan mejorarse con criterios propios de una organización cada vez más compleja. Es necesario, por ejemplo, dotar de seguridad jurídica la carrera fiscal
entendida como carrera profesional que hoy supuestamente se rige por un obsoleto y prácticamente inaplicable reglamento aprobado en 1969, que a su vez desarrollaba el Estatuto de 1926. Por eso, como fiscal general del Estado seguiré potenciando en
lo posible la mejora de las condiciones en las que los excelentes profesionales del ministerio público desempeñan su trabajo, y con esa finalidad ofrezco la activa colaboración de la Fiscalía General en la redacción de las siempre aplazadas normas
reglamentarias relativas a la carrera fiscal, a la organización y funcionamiento de las fiscalías y al régimen disciplinario del ministerio público, así como para adaptar a la realidad institucional derivada del nuevo estatuto las retribuciones de
los fiscales que, de acuerdo con la vigente Ley del año 2003, deben revisarse en este mismo año.
En ese mismo contexto reformador vuelvo a señalar como prioridad de primer orden la formación de los fiscales y las de los cuerpos auxiliares de los que depende en gran medida que el trabajo de aquellos dé el fruto que cabe esperar. La
anterior legislatura supuso un esfuerzo presupuestario sin precedente en la formación de los miembros del ministerio público gracias a la comprensión del Gobierno y de este mismo Parlamento, pero rentabilizar adecuadamente ese esfuerzo exige algunos
avances complementarios. Se ha mejorado mucho, pero hace falta todavía más imaginación y mejor planificación para que los programas formativos redunden directamente en la mejora de la calidad del trabajo, incidiendo no solo en los conocimientos
jurídicos, sino también en las habilidades y técnicas profesionales que permiten encauzar esos conocimientos hacia una atención mejor prestada y mejor explicada de la sociedad. El reciente nombramiento de una directora del Centro de Estudios
Jurídicos con excelentes referencias tanto en el ámbito docente como en el de la gestión universitaria, sugiere
un buen caldo de cultivo para ese avance. Yo trataré de que la Fiscalía General del Estado, a través de su secretaría técnica, constituya un factor clave para la planificación precisa y para la ejecución eficiente de un sistema de formación
útil de verdad para los fiscales y para los ciudadanos destinatarios de su trabajo. Pero no es menos importante la formación de los funcionarios públicos que desempeñan su tarea en las fiscalías. El desajuste cada vez más evidente entre las
necesidades de las fiscalías y el perfil profesional de los funcionarios redunda en la ineficacia de la tarea de unos y otros, generando una fuerte desmotivación de este personal auxiliar que no se resuelve exclusivamente mediante un justo
tratamiento retributivo. Los fiscales ya no necesitan auxiliares capaces de pasar escritos a máquina y llevar libros de registro, sino profesionales capaces de organizar y de hacer funcionar una oficina eficaz basada en el manejo solvente de las
nuevas tecnologías de la información estadística, imprescindible para planificar el trabajo, y cada vez más en la interacción directa con los ciudadanos. Al margen de las implicaciones del proyecto de la nueva oficina judicial es inaplazable un
específico esfuerzo que permita poner en valor el trabajo de este colectivo profesional en el seno de las fiscalías. Como fiscal general del Estado trabajaré también con ese fin con el Ministerio de Justicia y con las comunidades autónomas que
tienen ya competencia en esta materia.
La eficiencia es, en efecto, la piedra de toque de todo el esfuerzo reformador en que pretendo seguir empeñado. O el trabajo de fiscal sirve para ofrecer a los ciudadanos un amparo real y tangible frente al riesgo o frente al daño a sus
derechos, o constituye un dispendio inútil de los recursos públicos. La fiscalía debe funcionar con la precisión de un reloj, pero con la flexibilidad que en democracia es exigible a un órgano inmerso en el núcleo duro de la realidad social. El
fortalecimiento institucional derivado del nuevo régimen estatutario del ministerio público es clave también para este objetivo. Concretamente hay que poner en pleno rendimiento la figura del fiscal superior de la comunidad autónoma, más allá del
preciado valor institucional que deriva de su condición de interlocutor de las autoridades autonómicas. En la tramitación parlamentaria de la Ley de reforma del estatuto se añadió a sus funciones, a las funciones de este fiscal superior de la
comunidad autónoma, la inspección ordinaria del ministerio público en todo su ámbito territorial. Pretendo que esta atribución competencial constituya una pieza básica de la consolidación del nuevo modelo funcional del ministerio público, velando
de manera efectiva por la gestión correcta y eficiente de los recursos humanos y materiales con que contamos. Además, esa tarea cotidiana de lo que podríamos denominar control de calidad del servicio público que presta el fiscal y que tiene que ser
también dotada de órganos por el Ministerio de Justicia y por las comunidades autónomas en aquellos lugares en que tienen competencias, debería permitir -esto es lo que me propongo conseguir- despojar a la Inspección fiscal centralizada del
ministerio público de su enorme lastre burocrático y transformarla en un órgano esencialmente dinámico volcado en tres tareas fundamentales: primero, comprobar con métodos eficaces, transparentes, modernos y racionales, mediante planes de
inspección dirigidos a objetivos precisos, la situación real, las necesidades y los fallos en el cumplimiento de las funciones del fiscal; segundo, facilitar al fiscal general del Estado y a los propios fiscales superiores, a partir de la
información obtenida, criterios claros para la elaboración de pautas de actuación y formulación de objetivos, y tercero, asegurar el efectivo cumplimiento de estos objetivos, exigiendo en su caso las oportunas responsabilidades a través de un
procedimiento disciplinario con plenas garantías que, como decía, es necesario regular a partir de las reformas establecidas también en esta materia por el nuevo Estatuto orgánico.
Pero el servicio eficaz de la justicia al ciudadano, en particular a la víctima, que a mi juicio constituye el gran reto de esta legislatura, incluye un capítulo más, que por su trascendencia he querido dejar para el último lugar,
entendiendo que se trata de una condición previa para que cualquiera de las propuestas que he desgranado produzca un fruto razonable; me refiero a la modernización tecnológica. Desgraciados acontecimientos recientes nos han demostrado que si las
nuevas tecnologías no pueden seguramente eliminar el error humano, sí pueden contribuir a evitar que alguno de estos errores se produzca o incluso a paliar sus consecuencias. Cuando hablamos de derechos fundamentales, de los más valiosos bienes
como la vida o como la libertad, al menos hay que hacer lo posible. Podrá no ser suficiente, pero si es posible tenemos que hacerlo. El ministerio fiscal ha dedicado precisamente mucho trabajo en los últimos años a poner las bases de una
estructura que permita el enlace de los registros de los juzgados con las correspondientes fiscalías y la interconexión de estas en red, centralizada en la Fiscalía General del Estado a través de un sistema denominado SIC. El funcionamiento de este
sistema no solo permitiría, como es obvio, allegar datos fiables en el terreno estadístico útiles para planificar el trabajo del fiscal y de los jueces, e incluso también la política criminal del Gobierno, sino también manejar información de gran
valor a la hora de perseguir con eficacia determinadas clases de delitos o de controlar a sus autores, singularmente en supuestos de especial peligrosidad o riesgo. Mediante ley orgánica, esta misma Cámara creó en el año 2003 una comisión con el
objetivo de implantar y asegurar el funcionamiento del sistema informático de comunicaciones del ministerio fiscal en el que están representadas todas las partes implicadas -Gobierno, Consejo General del Poder Judicial y comunidades autónomas con
competencias propias-, bajo la presidencia del fiscal general del Estado. La comisión se constituyó pero hacen falta dos cosas: un esfuerzo presupuestario singular y sobre todo voluntad política.
En relación con lo primero, el presidente del Gobierno propuso a este Parlamento la dotación de una partida
presupuestaria singularizada para la modernización del ministerio fiscal, que se cifró en 2 millones de euros el pasado año. Se hizo efectiva la partida pero sigue habiendo obstáculos como la compatibilidad entre los diferentes sistemas
informáticos que operan en los distintos territorios, aunque me consta que existen soluciones tecnológicas viables para ponerlos en relación aunque todavía no las hemos alcanzado. Tal vez los proyectos carecen, pese al tiempo transcurrido, de
suficiente definición y de un calendario concreto de realizaciones que debería venir dado por un compromiso firme de todas las partes. Por eso creo que mi comparecencia en esta Cámara no solo ha de servir para anunciar a SS.SS.
mi propósito de
colocar la modernización tecnológica entre los objetivos irrenunciables a corto plazo del ministerio fiscal sino que aprovecho para recabar de SS.SS. el impulso político necesario, que, insisto, es un impulso político que pasa por aunar la voluntad
de las distintas comunidades autónomas competentes del Gobierno del Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
Hasta aquí he querido alargarme en aspectos organizativos e internos que integran lo instrumental, pero no por ello lo instrumental es secundario.
No lo he hecho inconscientemente. Me parece que la mayor parte del esfuerzo de un fiscal
general del Estado debe centrarse precisamente en dotar a la institución de los instrumentos, de los medios, de las garantías y del marco organizativo y funcional necesario para el cumplimiento eficaz de su función. El contenido de dicha función,
de la misión del ministerio fiscal, ya es más fácil de concretar porque está en la Constitución y en las leyes. En ese marco normativo, la interpretación y aplicación imparcial del derecho no depende tanto de declaraciones de principios más o menos
formales o de la voluntad personal del fiscal general como de la distribución de responsabilidades, la institucionalización de los procedimientos de adopción de decisiones y la transparencia de los mismos.
Creo que estas son las claves fundamentales de la nueva realidad estatutaria del ministerio público que ahora toca poner a funcionar. En cualquier caso, mis prioridades en el terreno de la acción del fiscal son claras. El primer objetivo
es la criminalidad organizada, sobre todo cuando se traduce en el ejercicio de la violencia. Como es obvio, la manifestación más grave de este fenómeno criminal es el terrorismo, y en este terreno solo puedo afirmar que el ministerio fiscal
continuará, con más esfuerzo si cabe, en la misma dirección que ha seguido hasta ahora.
En el pasado cuatrienio la Fiscalía de la Audiencia Nacional batió todas las marcas de acusaciones y condenas en la persecución penal del terrorismo etarra, y
eso -perseguir a los terroristas, a quienes los amparan y a quienes facilitan o aplauden su acción- es lo que va a seguir haciendo mientras yo sea fiscal general del Estado, manteniendo en todo caso un respeto escrupuloso a las reglas básicas del
Estado de derecho que fundamentan y que legitiman nuestra actuación. Estoy seguro de que la debida unidad política de las fuerzas democráticas permitirá que el trabajo del fiscal no solo siga siendo eficaz -como lo ha sido en todo momento- sino que
además sea debidamente percibido por los ciudadanos como un factor fundamental de confianza en el sistema democrático.
Saben que me preocupa especialmente el terrorismo internacional; por eso mi intención es seguir fortaleciendo la cooperación tanto en el plano bilateral como a través de las organizaciones multilaterales en las que la presencia del
ministerio fiscal español ha ganado importantísimas cotas, y por supuesto pretendo seguir potenciando el trabajo de la fiscalía en la línea ya experimentada con éxito en el último periodo, consistente en avanzar en la acción preventiva. Prometí que
el juicio del 11-M se celebraría antes de la conclusión del plazo de prisión provisional y el ministerio fiscal cumplió, en la parte que le tocaba, ese compromiso, obteniendo además una sentencia condenatoria jurídicamente bien fundada, capaz de
aportar una justa reparación a las víctimas, al término de un proceso dotado de todas las garantías procesales. Pero también prometí que el fiscal haría -como efectivamente ha hecho y estoy dispuesto a que siga haciendo- algo que de cara al futuro
aún es más importante: acusar y juzgar a los terroristas antes de que lleguen a matar, lo cual no solo exige un especial esfuerzo investigador sino también un fino manejo del derecho penal que, sin merma de las garantías de nadie, permita su
aplicación a situaciones de riesgo que no han llegado a traducirse en daño efectivo para personas o bienes.
Igual que en la lucha antiterrorista, mi propósito es seguir aportando medios y esfuerzos, a través de la Fiscalía Antidroga y de la
Fiscalía Anticorrupción, a la persecución de las organizaciones mafiosas que, de manera cada vez más compleja, van creando focos de corrupción en los más diversos ámbitos de la economía y de las relaciones sociales. Uno de los fenómenos de ese
entorno que más me preocupa es el tráfico de personas con fines de explotación laboral o sexual, que se ceba en colectivos siempre vulnerables, pero que lo son aún más en situaciones de dificultad económica. El ministerio fiscal estará, por tanto,
bien atento en los próximos tiempos a estos fenómenos a través, sobre todo, del trabajo de los fiscales de extranjería e inmigración y también de los fiscales encargados de la protección de los derechos de los trabajadores.
La misma idea de la protección de los más débiles va a seguir inspirando mi acción como fiscal general cerca de las mujeres maltratadas, las víctimas del terrorismo, los mayores, tantas veces olvidados, o los menores desamparados, con
independencia de su origen. Respecto de estos, el ministerio fiscal tiene que extender su acción de manera más intensa al terreno, en cierto modo situado hasta ahora en segundo plano, de la protección de los menores desamparados o en situaciones de
riesgo. Se trata de impedir a tiempo que la marginalidad y desatención acaben derivando en conductas antisociales, difíciles de reconducir en sede de reforma, en la que el fiscal
tiene ya una rica experiencia. La protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual constituye también una prioridad.
Pronto se conocerán las conclusiones de la comisión que ordené constituir para estudiar los fallos del
sistema vigente y estudiar medidas de control y tratamiento de los autores de estos delitos. Confío en que, al margen de otro tipo de propuestas, la comisión propondrá medidas concretas de reorganización y control en el seno de las propias
fiscalías para mejorar nuestra eficacia en este delicado terreno.
En general, y a modo de conclusión, seguiré procurando, con más ahínco ahora que la reforma del Estatuto orgánico ha mejorado nuestros instrumentos, que los derechos y libertades esenciales de los ciudadanos sean objeto de una protección más
rápida y más efectiva. Por ello, sin perjuicio de la reforma del proceso penal -en mi modesta opinión, inaplazable- que este Parlamento pueda acometer, procuraré que el ministerio público multiplique su esfuerzo para que la investigación de las
conductas delictivas, su enjuiciamiento y el cumplimiento de las penas se lleven a cabo con mayor efectividad. Concretamente, en el terreno de la preparación del juicio oral, haré efectivas las dos recientes instrucciones de la Fiscalía General del
Estado dirigidas a potenciar la acción investigadora del fiscal, tanto en el ámbito preprocesal como a la hora de prestar la máxima colaboración a la institución judicial, haciendo efectivas las facultades de dirección de la Policía judicial que
establecen claramente la Constitución y la ley.
Podría seguir exponiendo objetivos y proyectos, pero no quiero cansar más a sus señorías. Solo deseo añadir una consideración casi estrictamente personal. He comparecido ante esta Comisión del Congreso muchas veces como fiscal general del
Estado. Hoy he regresado para presentarles un proyecto de trabajo con el que aspiro a serlo de nuevo, en un marco de mayor autonomía y de más solidez institucional. Sé lo difícil, lo duro y complejo que es el ejercicio de este cargo, pero también
sé lo que significa dirigir un colectivo profesional de más de 2.000 juristas altamente cualificados y preparados para intervenir en tiempo real, en cualquier lugar de España, en defensa de un derecho o en la solución de un conflicto. Pueden
imaginar SS.SS. en qué medida esa capacidad potencia la vocación de un jurista que cree firmemente en el derecho como herramienta de pacificación y de bienestar social. Pueden entender, por tanto, que mi ilusión y mi voluntad de superación al
enfrentarme a la tarea para la que el Gobierno me propone sean aún mayores que hace cuatro años. Este mismo Parlamento ha situado al ministerio fiscal, por primera vez en dos siglos de historia, en condiciones reales de acceder a su meta natural:
Convertirse en primer referente del Estado de derecho para todos los ciudadanos, en especial para quienes más necesitan la ayuda y la tutela del poder público. Ese es mi objetivo y el exacto conocimiento de los valores y de las capacidades del
ministerio público español es mi mejor aval para obtenerlo. Por eso he venido a esta Cámara a pedir la confianza y la ayuda de SS.SS. para seguir intentándolo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Ahora vamos a abrir el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Parlamentario Mixto. A estos efectos, tiene la palabra doña Rosa Díez González.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor Conde- Pumpido, por su intervención, por sus palabras y por las prolijas explicaciones que nos ha dado sobre cuál es su proyecto para los próximos cuatro años.
A mí me gustaría estar en un turno en el que la Cámara tuviera la potestad de elegirle fiscal general del Estado. No estamos en esa situación. Me gustaría, como usted sabe sin duda, que estuviéramos en un trámite similar a cual es la
elección del Defensor del Pueblo, en el que no fuera el fiscal del Gobierno el que se presentara como fiscal general del Estado sino que realmente los poderes, esos tres poderes que usted ha señalado que informan, hagan eso solamente, informar.
Porque daría igual, como todos sabemos, que a todos unánimemente nos pareciera que usted era el mejor como que a todos unánimemente nos pareciera que es el peor, porque la decisión de nombrarle es una decisión que a esta Cámara no le corresponde.
Yo le aseguro, en este trámite en el que puedo volver a hablar de esta cuestión como lo hice en el debate de investidura, que trabajaré para que la Fiscalía General del Estado, también por el sistema de elección, tenga un mayor grado de autonomía.
Como uno no puede confiar solo en la capacidad de las personas para defender su autonomía, sin que eso suponga menoscabo personal, hay que hacer leyes para protegerla y yo creo que alguna de ellas tiene que ver con el sistema de elección del fiscal
general del Estado.
Pasando a lo que hoy nos ocupa, efectivamente estamos en un trámite en el que nos toca valorar los méritos y la idoneidad. Naturalmente, no me atreveré a valorar méritos académicos ni méritos profesionales, por ello no valoraré la idoneidad
desde esa perspectiva profesional o académica, pero sí voy a valorar sus méritos, y su idoneidad por tanto, en relación con lo que ha sido el ejercicio de su función. No estamos ante una situación nueva en la que por primera vez se nos presente su
candidatura y en la que, por lo menos en mi caso, podamos confiar sencillamente en sus palabras, en sus propósitos, en lo que nos dice usted ante esta Comisión en esta Cámara. Yo voy a valorar sus méritos en el ejercicio de su función durante estos
cuatro años, y los voy a valorar también desde esa perspectiva con la que usted terminaba su intervención. Usted decía que el objetivo de la fiscalía es trabajar para defender -porque así es, no sé si ha dicho esa palabra- a los que más necesitan
la ayuda y la tutela de la justicia, y en este caso de la fiscalía. Quiero decirle, señor Conde-Pumpido, que durante estos cuatro
años yo me he sentido desprotegida de la fiscalía. Como ciudadana española, como ciudadana perseguida por ETA, como tantísimos, me he sentido desprotegida por el trabajo de la Fiscalía General del Estado y por el trabajo particular de
usted, señor Conde-Pumpido. Tiene usted, naturalmente, toda la legitimidad de este proceso de elección, la ha tenido durante los cuatro años anteriores, pero yo voy a valorar esa otra legitimidad que existe en la vida, en la tarea política, en la
tarea cotidiana y en la tarea de representación, que es la legitimidad de ejercicio, y voy a valorar el ejercicio, sus cuatro años.
Señor Conde-Pumpido, usted no ha velado por la independencia de los tribunales ni ha procurado la satisfacción del interés general, como dice el artículo 124 de la Constitución; ni ha promovido la acción de la justicia en defensa de la
legalidad, de los derechos de los ciudadanos ni del interés público, como dice el artículo 124 de la Constitución. Usted nos ha dado a los demócratas perseguidos por ETA algunos de los días más tristes de nuestra historia. Se lo digo con todo el
respeto personal y quiero que valore mi intervención como una intervención política ajena absolutamente al respeto personal que le tengo. Insisto, nos ha dado a los demócratas perseguidos por ETA, con sus intervenciones, con sus manifestaciones
públicas, con sus palabras y con la forma de expresarlas, algunos de los días más tristes de nuestra reciente historia democrática.
En una misma legislatura, usted, señor Conde-Pumpido, ha sido capaz de interpretar la ley para meter en la cárcel a
los terroristas o para mandarles a un balneario. Ha sido capaz de interpretar la misma ley, en la misma legislatura y en la misma circunstancia, sin que sucedan hechos penales distintos pero sí políticos, para hacer una cosa y justamente la
contraria, y además para argumentar una cosa y la contraria. Usted se ha comportado durante estos cuatro años, en relación con la lucha contra ETA, con la lucha antiterrorista -que es a lo que me estoy refiriendo, como no hace falta que concrete-,
como el fiscal general del Gobierno al servicio de los intereses particulares del Gobierno, de la política que el Gobierno había decidido hacer. No tengo tiempo -estoy segura de ello, a pesar de la generosidad que sin duda va a tener el presidente
con las intervenciones de todos los portavoces- para repasar todas sus intervenciones. Usted nos ha dado frases geniales desde esta perspectiva de indefensión, que es lo que a mí me ha producido su actividad pública a lo largo de la legislatura.
No tendría tiempo para explicarlas, pero quiero concretar por qué digo algunas de las cosas que digo. Yo voy a hablar de sus palabras y no de las mías. Voy a repetir palabras suyas entrecomilladas en comparecencias públicas que abundan o
argumentan lo que estoy diciendo.
Usted dijo el 17 de mayo de 2007, refiriéndose a la Ley de Partidos, que esa ley era una especie de Guantánamo electoral, dando argumentos a los propios terroristas, que naturalmente utilizaron esa intervención suya inmediatamente como un
elemento acreditativo de que era una ley que perseguía la democracia. Sí, usted me dice que no. Usted terminó la frase diciendo que empuja hacia la paz y no hacia la violencia, pero a continuación dijo que el bisturí había funcionado bien
-estábamos hablando de ANV- no el garrote. Hemos extirpado el cáncer. No se sabía quién tenía cáncer, si era la democracia o los terroristas, porque habían dejado un trozo del cáncer. No se sabe si el principal o la metástasis.
Ahora ustedes han
decidido que era el principal, pero entonces parece que ni siquiera era la metástasis. Usted terminó esa intervención, en relación con ese titular del Guantánamo electoral, diciendo: Quizá con esta ley, con la Ley de Partidos, nos hemos ido
demasiado allá -son sus palabras textuales-, pero ha colado -dijo usted-. Es posible que nos hayamos pasado, pero ha colado. Es decir, usted argumentaba negativamente en relación con esa ley; por cierto, dando los mismos argumentos que los
terroristas habían dado hasta ese momento, incluso en tribunales internacionales. En esa misma comparecencia usted explicó que no impugnaban las listas de ANV, mejor dicho, que no impugnaban más listas de ANV -porque algunas impugnaron- porque
tiene que ver con el proceso de extinción en el que se encuentra ETA y el de reconversión. No se puede extinguir y reconvertir a la vez. Es decir, que se estaba tratando de reconvertir. Usted no impugnaba todas las candidaturas porque estaban
tratando de reconvertir una parte de la banda. Porque eso es la reconversión, como algunas que hemos vivido en el País Vasco y en las empresas de muchos sectores ya en este momento caducas. En esa misma comparecencia -antes de pasar a la
siguiente- usted explicó que no instaba a la ilegalización de ANV -cosa que ahora hacen- porque no se puede 'poner al Estado de derecho en jaque, aunque no sea jaque mate, cada vez que hay elecciones'. Habrá que instar o no haya elecciones o no si
se dan las condiciones. Las condiciones no han cambiado y ustedes lo están haciendo ahora; y las condiciones no han cambiado, como seguramente se demostrará a lo largo de muy poco tiempo. Además, dijo que no lo hacía porque afectaría a derechos
fundamentales. Creo que usted se refería a los derechos fundamentales de los terroristas. Ese es uno de esos momentos en los que algunos, que sabemos que los nuestros no están protegidos, y no solamente no están protegidos sino que están
cuestionados -los de miles y miles de ciudadanos-, no merecen la protección de la Fiscalía General del Estado, más preocupada por los derechos fundamentales de los terroristas.
En otra comparecencia -también ante la Cámara, en este caso, el Senado-, de octubre del año 2006, hablando de estas mismas cuestiones, usted explicó que 'la justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para
obstaculizarlos'. Ni para favorecerlos ni para obstaculizarlos; por tanto, no para hablar en términos políticos de para qué está la justicia, porque si usted lo menciona parece que ya está decidiendo para qué está y para qué no está. Ni la
Fiscalía General del Estado ni la justicia están para favorecer ni para obstaculizar, pero si lo menciona está haciendo un juicio de valor político
inmediatamente seguido por el resto de los fiscales, como se ha visto a lo largo de todos estos años y en relación con esta cuestión. En esa misma comparecencia en el Senado usted agregó que tampoco consentirá trampas, inventos ni atajos al
servicio de una justicia de trincheras. ¿Qué es una justicia de trincheras? ¿Qué significa una justicia de trincheras? La justicia es la justicia. La justicia de trincheras que, en lugar de buscar la paz social -la justicia busca la justicia y
la protección de los débiles, como usted ha mencionado al final de su intervención, de los que más lo necesitamos-, alimente la venganza. Eso es aplicar la justicia en palabras de la Fiscalía General del Estado. ¿Se puede en un Estado de derecho,
señor Conde-Pumpido, oír al fiscal general del Estado hablar de que la justicia no está para aplicar la venganza? ¿Es que hay algún demócrata que lo dude? A lo mejor los que no lo son lo dudan, pero, claro, que usted hable de eso como si fuera un
valor convenido, en el que la justicia en el Estado de derecho también puede aplicar la venganza, es una cosa verdaderamente preocupante. Usted entiende por qué todas estas intervenciones suyas nos llenaban de perplejidad y de sustos, si me permite
una expresión coloquial: justicia de trinchera.
Usted, señor Conde-Pumpido, protagonizó -no usted personalmente, pero sí la fiscalía- otro de los días más esperpénticos, kafkianos -no sé ni cómo describirlo-, que hemos vivido en la última legislatura, también en el mes de marzo del año
2007, cuando retiraron la acusación contra el portavoz de la ilegalizada Batasuna, contra el señor Otegi, después de aquella peripecia que todos ustedes recordarán perfectamente sobre que no venía, que estaba en la nieve, que fueron en un avión a
buscarle, que lo trajeron y no lo pudieron juzgar porque la fiscalía retiró la acusación y sencillamente se fue de rositas. Fue otro de esos días en los que una pensaba que si yo fuera un reo, si yo fuera una persona perseguida por la justicia, me
pediría como abogado defensor al fiscal general del Estado.
Le diría a mi abogado que no interviniera porque con que lo hiciera ya el fiscal ya estaban suficientemente protegidos mis derechos como acusado.
En fin, señor Conde-Pumpido, está usted
lleno de méritos en el ejercicio de su cargo en los últimos cuatro años para que desde luego esta portavoz del Grupo Mixto en esta Comisión y miembro y diputada por Unión Progreso y Democracia le advierta -en el sentido de decírselo en público- de
que si pudiera elegirle, si pudiera votarle, no le votaría. Ha demostrado sobradamente a lo largo de la última legislatura que no es el candidato idóneo para ser durante otros cuatro años más fiscal general del Estado.
Le decía al principio que nos ha dado algunos de los días más tristes de nuestra historia -se lo digo sinceramente- a aquellas personas que nos sentimos, porque lo somos, perseguidas por ETA.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Díez. Para su gobierno le indico que lleva trece minutos.
Muchas gracias.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino en un segundo, presidente.
Le decía que nosotros, que yo -por hablar por mí misma-, he sentido la desprotección, nos hemos sentido desprotegidos y minusvalorados, mientras que los terroristas, los que hoy ya consideran ustedes mismos también terroristas, se sentían
protegidos por usted y por ustedes. Concreto esta expresión de protegidos por usted y por ustedes con otra de las cosas más esperpénticas de nuestra reciente historia democrática de estos últimos cuatro años. Quiero recordarle en esta Cámara, para
acreditar eso de protegidos por usted, las palabras de Otegi el 26 de mayo de 2005 cuando Grande-Marlaska pidió a las once de la noche, o algo así, prisión eludible con fianza. Otegi, además de argumentar que él tenía el rango de interlocutor
político, preguntó en alto: Me parece increíble. ¿Esto ya lo sabe Conde-Pumpido? Que el delincuente, que el terrorista, apele a Conde- Pumpido mientras las víctimas nos sentimos plenamente desprotegidas por ustedes acredita que usted no está
acreditado para seguir siendo fiscal general del Estado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor Conde-Pumpido, por sus explicaciones. Pido disculpas por la ausencia del señor Ridao, a quien le ha sido imposible asistir. Por tanto, expondré brevemente la posición del grupo, en particular de mi
partido, desde el escepticismo y tomando como punto de partida y única referencia -porque creo que ya tendrá trabajo el señor Conde-Pumpido con otras intervenciones que va a escuchar a continuación- la Ley de Partidos. Será una posición bastante
distinta a la que acaba de escuchar, como es presumible. Conoce el señor Conde-Pumpido la posición de Esquerra Republicana con respecto a la Ley de Partidos. La hemos considerado siempre como un texto hecho a medida, ad hoc, por el Partido Popular
y el Partido Socialista en un contexto determinado. Creemos que su aplicación ha ido demostrando que se pueden llegar a equiparar objetivos con estrategias y con resultados que, a nuestro juicio, degradan la calidad democrática de un sistema
político.
Se ha dicho desde el Gobierno vasco, a raíz de una conocida sentencia, que se encarcelan ideas. Por la relevancia institucional de quien la realizó, la declaración se torna acusación y también le afecta a usted.
A nadie se le escapa que los temas estrella de esta sesión de hoy serán los relativos -ya lo están siendo- a la ilegalización de formaciones políticas. En este campo, muy sensible en los sistemas democráticos, nos parece que usted es un
claro ejemplo de la historia de un cambio de posición. Ha transitado desde posiciones que dejaban clara la inoportunidad de ir ilegalizando formaciones políticas una tras otra hasta dejar a una parte del electorado sin representación institucional
hasta, en los
últimos tiempos, mostrarse ferviente defensor y agente activo en la suspensión de actividades y posible ilegalización de Acción Nacionalista Vasca, por poner un ejemplo, un partido con más de 70 años de historia.
No le voy a repetir
ejemplos de citas que ya ha hecho la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. De todas formas, yo se las haría justamente en sentido contrario. El cambio de posición jurídico se puede explicar por el cambio de contexto político: sus
primeras tomas de posición obedecían probablemente a la existencia de un proceso de diálogo para acabar con el conflicto político de Euskadi; las decisiones que tomó posteriormente seguramente hay que ponerlas en relación con el fin de la tregua.
En Esquerra Republicana estamos convencidos de que usted y el Partido Socialista han cedido a la presión que ha ejercido durante los últimos años el Partido Popular, verdadero vencedor de esta batalla ideológica. Las últimas elecciones municipales
han demostrado en el País Vasco que, a pesar de las trabas jurídicas y políticas, el denominado brazo político del independentismo tenía notable apoyo social, pero la continuidad en la línea seguida por la fiscalía en los últimos tiempos puede
llegar, desde nuestro punto de vista, insisto, a dejar sin voz, sin representación institucional, a una parte significativa del electorado.
Por ello me permito exponer nuestra preocupación y a la vez recordar una situación que usted conoce
perfectamente, la de Irlanda del Norte y el final razonablemente feliz de su proceso de paz. Somos conscientes de que las situaciones no son sin más equiparables. Observamos una coincidencia, la existencia, como he dicho antes, de los denominados
brazos políticos, pero hay una diferencia que se nos antoja fundamental: en Irlanda del Norte jamás se ilegalizó al Sinn Fein, jamás se dejó sin voz ni representación a los ciudadanos que se sentían representados por esa formación; se supo
distinguir siempre entre el IRA y el Sinn Fein. Esa diferencia puede o no, según como se mire, ser decisiva en el distinto desenlace de ambos procesos. Le pedimos sencilla y modestamente que lo tenga en cuenta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Olabarría Muñoz.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Conde-Pumpido, tengo que manifestar cierta sorpresa por lo que quizás podría calificarse de desmesura en alguna intervención. Si no he entendido mal las palabras, en una interpretación de su tenor literal,
casi le han acusado a usted de connivencia con los terroristas y de prevaricador. Si sirve para poner un punto de mesura en esta comparecencia, de desagravio personal hacia su historial, le diré que mi grupo le va a prestar su aval, un aval sujeto
a condición resolutoria, como son todos los avales que desde la oposición se pueden conceder, porque nos parece que su perfil dista mucho del que ha sido apocalípticamente descrito por algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra.
La verdad es que su función no es fácil. En primer lugar, usted se mueve en terrenos procelosos, y me estoy refiriendo particularmente a todos los dimanantes de la Ley de Partidos Políticos. Yo comparto en sus propios términos las
reflexiones hechas por el portavoz de Esquerra Republicana.
Esta es una ley que se aplica, pero que seguramente nunca debió nacer. La opinión de nuestro grupo es clara: una ley que regula el funcionamiento ordinario de los partidos políticos no
puede ser -porque esto constituye una atrofia democrática- hija de la política antiterrorista del Gobierno.
Esto está provocando disfunciones, entre otras una especie de cosmovisión de comprender cuál es el fenómeno y los límites, y hasta dónde
llegan los límites del fenómeno terrorista. Hay quien entiende que son terroristas sencillamente los que practican determinadas ideas, aunque no hayan cometido ningún delito, ningún injusto penal, los que se caracterizan por determinada ideología
política. Si llevamos la comprensión del fenómeno terrorista hasta esos extremos, ya estamos acreditando una de las disfunciones de una ley, como es la Ley de Partidos Políticos, que tiene carencias fundamentales desde la perspectiva de los
derechos fundamentales y libertades públicas constitucionalizadas en el Estado español, y particularmente uno: el derecho a la representación en los asuntos públicos.
Yo creo que su actuación en el ámbito de la aplicación, en el ámbito de su capacidad de enervar las previsiones de esta ley, ha sido razonablemente correcta dadas las dificultades que tiene la aplicación de una ley de estas características,
donde el arbitrismo judicial más absoluto en la Sala del 61 es el que adopta las decisiones finales sobre la legalidad o no de los partidos políticos, y el ministerio fiscal, junto al abogado del Estado, tiene la capacidad de instar un procedimiento
de ilegalización cuando prevé que hay indicios que hacen suponer que se incurre en algunas de las causas de ilegalización previstas en el artículo 9º de la ley, pero de ahí a llegar a concluir que solo por militar en determinadas organizaciones
políticas caracterizadas por cierta ideología política, en este caso independentista, se está ya formando parte de una organización terrorista, va un trecho que yo pienso que usted ha sabido siempre diferenciar, y espero sobre todo que siga sabiendo
diferenciarlo.
Yo leo determinados autos de ciertos jueces de instrucción de la Audiencia Nacional caracterizados por su gran creatividad jurídica en los que se imputan gravísimos delitos a organizaciones que pasaron el filtro de la Ley de Partidos
Políticos y pudieron concurrir a las elecciones municipales y forales, y en correspondencia o cohonestación con esa imputación de gravísimos delitos solo se dicta una medida cautelar de suspensión de actividades, no muy bien descrita y que está
provocando una gran confusión respecto al ámbito de legitimidad de actuación de estos cargos electos, hasta el punto de que yo no sé si usted mismo o el abogado del Estado deberían requerir a la Sala del 61 del Tribunal Supremo para aclarar esta
situación de inseguridad jurídica
y de confusión respecto a dónde llega el límite de legitimidad de estos cargos electos en este momento, porque las explicaciones del juez de instrucción al que me estoy refiriendo son más complejas que el auto originario que proclama la
medida cautelar de suspensión de actividades.
Alguien tendrá que poner un punto de orden y de comprensión sobre cuál es el ámbito de legitimidad de los que han sido electos y han podido conformar incluso grupos municipales en algunos ayuntamientos
o entidades forales. Desde esta perspectiva, si se llega a sedimentar la opinión de que solo por militar en determinadas ideologías ya se pertenece a organizaciones terroristas, se está provocando lo que ya anunciamos en el debate de la Ley de
Partidos Políticos: que esta es una ley que adolece de graves disfunciones democráticas y que, sin haber producido ninguno de los pretendidos efectos beneficiosos que en su día el legislador preconizó, ha mantenido un agujero en nuestro sistema de
derechos y libertades públicas de difícil regeneración. Yo espero que con la actuación de la Fiscalía General del Estado no se profundice más en este agujero, en este quebranto de libertades públicas y derechos fundamentales que prevé la propia
Constitución española.
En ese ámbito proceloso en el que hay que aplicar una ley de estas características sin parangón en el derecho comparado, que empeora la ley anterior que regulaba el funcionamiento de los partidos políticos, que paradójicamente era una ley
preconstitucional, y que provoca severos problemas, nosotros vamos a pedir a todos los partidos políticos una reflexión serena sobe cómo regular el funcionamiento ordinario de verdad de los partidos políticos, no configurando esta legislación como
una especie de actuación o formando parte de la política contra las organizaciones terroristas. En el funcionamiento de determinados partidos políticos usted se ha movido en un punto de equilibrio, a veces un tanto curvilíneo, sobre todo en su
última época cuando, quizás inmerso en una presión mediática difícil de soportar, ha tenido que tomar decisiones que creo que no se corresponden con sus opiniones personales sobre determinadas cuestiones. Es una ley procelosa de aplicar y que
requiere además una interpretación compleja y las resoluciones finales en una sala que, por cierto, carece de competencias jurisdiccionales como la del 61, del Tribunal Supremo, posibilitan unas decisiones absolutamente arbitrarias por los
componentes de estas salas. Sin embargo, no vayamos a incurrir en esta especie de contradicción que hemos podido percibir de que esta sala y la legislación electoral y aquellos llamados a aplicar la legislación electoral declararon que determinada
organización política era legal, y de repente, en una sede absolutamente ajena y sin competencias para realizar este tipo de aseveraciones, convirtamos en organizaciones terroristas a aquellas organizaciones que fueron declaradas legales cuando
concurrieron a los comicios municipales y forales. Desde esta perspectiva y con esta aseveración, que esto sirva de desagravio para algunas imputaciones, quizás un poco subidas de tono, que le han hecho. No se puede acusar al fiscal del Estado, ni
siquiera perifrásticamente, de ser un prevaricador o un colaborador con la organización terrorista, sobre todo porque usted ha acreditado todo lo contrario. Le diría que hasta todo lo contrario, incluso cierta dureza que va más allá de lo que
legalmente puede resultar razonable en algunos momentos en la interpretación de esta ley tan deletérea en sus contenidos materiales como es la Ley de Partidos Políticos.
Entrando en la cuestión que nos trae aquí, tiene nuestro aval porque precisamente es un fiscal de reconocida cualificación profesional y porque su historial así lo requiere. Tiene nuestro aval sujeto a condición resolutoria, como antes le
comentaba, y nuestra leal colaboración. Nos encontramos con problemas con los que usted tiene que confrontarse verdaderamente complicados. La situación de la justicia en España en este momento es verdaderamente escandalosa. Que en este momento
haya más de 270.000 sentencias penales pendientes de ejecución es una patología grave de nuestro sistema judicial. No es una responsabilidad solo del ministerio fiscal, pero algo hay que hacer. Que exista una pendencia en los juzgados de lo penal
en términos medios de 760 casos pendientes en cada uno de los juzgados penales del Estado español es una patología que hay que acometer. Seguramente con lo que usted ya ha indicado, una reforma, profunda seguramente, de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y sus componentes o sus influjos ontológicos decimonónicos, rituarios, que por mor de una pretendida mejor defensa de las garantías lo que hace es un alargamiento innecesario de los trámites procesales.
Vamos a intentar consensuar entre
todos una reforma de estas características, pero sobre todo hay que dar una adecuada dimensión tanto a la fiscalía como a la planta judicial con carácter general, que ya resulta manifiestamente insuficiente. Este es uno de los problemas.
Usted ha hecho una cosa importante en la anterior legislatura que es acometer un proceso de especialización que no cohonestaba muy bien con el carácter un tanto horizontal que la fiscalía le proporciona a su propio estatuto orgánico. Se ha
optado por la especialización y me parece razonable. Yo le felicito por ello porque los delitos o los fenómenos delictivos son cada vez más complejos, más sofisticados y más difíciles de perseguir. Pero tengo que comentarle también que nos
sorprende una cierta paradoja, que allí donde hay fiscalías especializadas esas patologías delictivas no solo no disminuyen sino incluso algunas están creciendo. Algo ocurre, señor fiscal general del Estado, señor Conde-Pumpido, que necesita una
reflexión por su parte y seguramente también por la nuestra, y por el Consejo General del Poder Judicial, por el Gobierno del Estado español, porque la especialización no se ha convertido en la panacea para resolver el incremento de determinadas
patologías delictivas particularmente graves. Me estoy refiriendo a la violencia doméstica, me estoy refiriendo a los delitos que se pueden calificar como agresiones sexuales con carácter general, me estoy refiriendo a la corrupción, a
los delitos de carácter económico, me estoy refiriendo a la siniestralidad laboral, no solo en el ámbito vial, sino a la siniestralidad laboral. Ya hay fiscales especializados en el ámbito de la prevención de los riesgos laborales y sin
embargo vemos que estas patologías siguen creciendo. Algo está ocurriendo y usted seguramente nos lo podrá explicar. O la planta o la dimensión, o el número de fiscales, a pesar del incremento del 30 por ciento, sigue siendo insuficiente, o la
especialización y formación de estos fiscales especializados no es la adecuada o, lo que resultaría más preocupante, quizás no sea adecuada la implicación. No hay una suficiente implicación para la reprehensión o la represión de este tipo de
fenómenos.
Usted ha hablado de la conexión en red, una perspectiva instrumental con las estructuras informáticas de la Administración de Justicia. Sabe que la Administración de Justicia posee el Centro de Estudios y Documentación Judicial, radicado en
la ciudad de San Sebastián, donde está perfectamente informatizado. Bastaría con una conexión en red o una conexión con las estructuras informáticas existentes en el Cendoj, donde existe una estructura informática que teóricamente provee de
información por mecanismos virtuales informáticos de todo lo ocurrido, de todo lo que acontece en el ámbito de la Administración de Justicia.
Señor Conde-Pumpido, tengo que comentarle también que en el ámbito de sus competencias hay un fenómeno que a nosotros nos preocupa de forma sobrevenida, que es lo que se podría calificar como el abuso en el ejercicio de la denominada acción
popular. Nos encontramos con que de repente han aflorado de forma sobrevenida, próxima en el tiempo, sindicatos y foros especializados en el ejercicio de esta acción. Ya conocemos la doctrina Botín, con sus matizaciones posteriores un tanto
peculiares, hechas por la propia sala que la articuló, por los propios magistrados que la articularon. La acción popular que es un pretendido elemento de democratización de la Justicia, y así está consignada en la Constitución, se está convirtiendo
en un elemento de politización de la Justicia. Nos preocupa el abuso de la acción popular, sobre todo cuando se ejerce en solitario, sin el acompañamiento de la acusación privada, es decir, de los afectados por el delito, por el hecho delictivo, y
sin el acompañamiento de la acusación pública, sin la actuación del ministerio fiscal. Es más, le pediría que para evitar esos abusos, que pueden proveer de mayor politización a una Administración de Justicia muy politizada ya, sobre todo por las
características de su...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, para su administración también, lleva 13 minutos.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señor presidente. Nos gustaría que cuando el ministerio fiscal no vea motivos para proceder por la vía de la acción popular, sea más enfático en sus reflexiones contradictorias con los que argumentan a
favor de la pertinencia de la acusación popular.
Una última reflexión, el sistema de ajuste del ministerio fiscal a la estructura del Estado. Estamos en un Estado compuesto; no es un Estado autonómico y todavía sigue teniendo un perfil manifiestamente unitario la estructura orgánica del
ministerio fiscal. Tenemos que buscar también, y este es un consenso que hay que acometer y articular en esta legislatura, una cohonestación entre los consejos superiores de justicia, que ya se están creando y están previstos en algunos estatutos
de autonomía, con las fiscalías de los tribunales superiores de justicia. De la misma manera que nosotros, y con esto acabo, señor presidente, estimamos que las competencias casacionales del Tribunal Supremo deberían circunscribirse exclusivamente
al recurso extraordinario para la unificación de doctrina, es decir, a la protección del ius constitutionis y la casación ordinaria de la protección del ius litigatoris debería residenciarse en los tribunales superiores de justicia de las
comunidades autónomas, algo parecido deberíamos acometer en relación a la estructura orgánica autonómica del ministerio fiscal. No se puede convivir simultáneamente en un Estado compuesto pero cuyo ministerio fiscal posea la estructura propia de
los estados unitarios. Este es uno de los grandes procedimientos.
Por último, puesto que usted lo ha citado, le voy a dar la razón. No solo creo que el ministerio fiscal deba cooperar con los jueces de instrucción, algunos dotados de gran creatividad, como antes hemos comentado, en la instrucción
sumarial, no en la instrucción penal, es que yo creo que debería ser esta una competencia del ministerio fiscal, del ministerio público, mediante la creación de una figura nueva, que sería el juez de garantías, que controle la exigencia o las
garantías de un órgano cuya dependencia gubernamental también nos llevaría a otro debate que el señor presidente, obviamente, no me va a permitir por haber agotado ya mi tiempo.
Estas son algunas de las reflexiones que yo quería hacer, y por desagraviarle respecto a alguna imputación que me ha parecido un tanto desmesurada, señor Conde-Pumpido, le diré que sabe que puede contar con nuestra leal colaboración; ha
contado siempre con nuestra leal colaboración y le vamos a prestar nuestro aval, sujeto a condición resolutoria, pero esperemos que la condición no se tenga que ejercer a lo largo de la legislatura.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) queremos dar la bienvenida en esta nueva legislatura al todavía no fiscal general del Estado sino al candidato que en este caso ha
elegido ya el Gobierno y
que debe someterse, de acuerdo con la nueva Ley del estatuto orgánico del ministerio fiscal, previamente a su nombramiento, a esta comparecencia.
Por tanto, esta es una comparecencia obligada, pero -si me permite decirlo, señor presidente-
es también una comparecencia democráticamente necesaria; es positivo que la misma se produzca, más allá de los contenidos de las intervenciones de los distintos portavoces, que pueden ir en una misma o distinta dirección. Pero valoremos el hecho
de hoy, que es un hecho histórico. Yo pediría que esta comparecencia la enmarcáramos en lo que es una comparecencia histórica. Por primera vez un candidato a fiscal general del Estado, elegido por quien lo elige, que es el Gobierno -por tanto,
usted será el fiscal general del Estado elegido por un determinado Gobierno, así lo fija la ley-, antes de figurar su nombramiento en el BOE, preceptivamente, debe someterse -en otros países de tradición anglosajona lo llaman los hearings- a una
audiencia, ser oído previamente para conocer cuáles sus planes de futuro y que estos puedan ser valorados en cuanto si reúne los méritos y la idoneidad para ocupar el cargo para el que se le elige desde el Gobierno. Para Convergència i Unió le
anticipamos que los reúne, que nosotros entendemos que el candidato que en este caso ha elegido el Gobierno reúne el mérito y la idoneidad para ser propuesto como tal, porque el propio requisito del Estatuto orgánico del ministerio fiscal lo que
establece es que sea un jurista de reconocido prestigio, con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Usted reúne estos requisitos, por tanto usted puede ser propuesto y va a ser nombrado tras esta comparecencia. Antes también se
decía que no lo elegimos en el Parlamento, lo elige el Gobierno. Alguien preguntaba ayer: ¿Se va a votar mañana la candidatura del señor Conde-Pumpido? No se va a votar, porque usted ha sido elegido ya. Ha sido elegido, pero no está nombrado,
porque antes de ser nombrado tiene que pasar este filtro parlamentario, que creo que es bueno, que refuerza a la Cámara, porque aquí estamos todos representando a la ciudadanía y, por tanto, democráticamente es bueno que quien sea propuesto no lo
sea automáticamente, porque entiendo -y ahora me referiré a ello- que la nueva Ley del estatuto orgánico del ministerio fiscal hubiese podido ser distinta en cuanto a lo que es el nombramiento del fiscal general del Estado.
Quiero recordar que el Partido Socialista Obrero Español en su programa electoral del año 2004 establecía literalmente, en su capítulo de justicia, que el fiscal general del Estado que nombra el Gobierno lo fuera por un plazo de cinco años;
no de cuatro, de cinco. Y se reforzaba esa tesis, que Convergència i Unió avala y entiende, en el sentido de que el mandato del fiscal general del Estado nunca sería exactamente el mismo que el mandato del Gobierno que lo nombró, con lo cual
reforzaríamos claramente su autonomía. ¿Qué paso? Que en el trámite de la ley hoy vigente, del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, mi grupo, Convergència i Unió, propuso esos cinco años de mandado y se nos rechazó la enmienda; quien había
propuesto cinco años, a la hora de votar esa enmienda entendió que debían ser cuatro, que debía ligar su cargo estrictamente al Gobierno que le nombra. Tanto es así, que hemos reforzado -y creo que esto es positivo- las causas de cese
objetivándolas. Al fiscal general del Estado, una vez nombrado, no se le puede cesar sino por unas causas tasadas. Esto es positivo, va a reforzar su autonomía. Pero usted cesa automáticamente el día que cesa el Gobierno que le nombró; usted
tiene un período de cuatro años, que en principio es el período del Gobierno que le nombra, pero va a cesar antes de cuatro años, porque normalmente el Gobierno que le habrá nombrado también cesará antes; con lo cual, también tenemos un período
transitorio como el que está produciéndose ahora, que no tenemos fiscal general del Estado en este momento porque usted está cesado desde que cesó el anterior Gobierno y aún no se ha procedido a la nueva elección, con lo cual también era positivo
desde el punto de vista de que no hubiera vacío de poder un mandato de cinco años. No ha sido así, lo lamentamos, pero aplicamos la ley; y en esta ley que aplicamos, el fiscal general del Estado cumple un contenido constitucional, el ministerio
fiscal cumple un contenido constitucional. Todo el ministerio fiscal debe promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Quiero recordar que el artículo 2
del Estatuto orgánico establece de manera muy clara el principio de dependencia jerárquica de los órganos del ministerio fiscal, y usted que está en la cúspide también está integrado en el Poder Judicial; el ministerio fiscal está integrado en el
Poder Judicial; con autonomía funcional, pero usted está integrado en el Poder Judicial, el ministerio fiscal lo está.
Quiero abrir una re al conjunto de la sociedad: esta precisión de un reloj debe ser la de un reloj de arena, no es un reloj muy preciso; debe ser un reloj de arena sobrecargado; un reloj de arena en el que entra mucha más arena de la que
puede engullir la otra parte del reloj.
Hay un colapso absoluto en la Administración de Justicia y como dentro del Poder Judicial está también el ministerio fiscal, le pido medidas objetivas y urgentes para dar salida al colapso que estamos
viviendo.
Debemos implicarnos todos. Es necesario un pacto de Estado en materia de Justicia, en el que el ministerio fiscal forzosamente debe estar presente, y ponernos a trabajar ya con medidas urgentes y precisas. La situación ha sido
denunciada esta misma semana en un informe del Consejo General del Poder Judicial pero lamentablemente ya era conocida por todos. La justicia en su conjunto no da el servicio público que la ciudadanía espera de ella, y creo que todos debemos
ponernos a trabajar en esta legislatura, no solo con reformas procesales penales, que deberemos acometer, sino también desarrollando los estatutos de autonomía ya aprobados, en los que hay una serie de nuevas funciones en materia de personal, de
medios materiales, de consejos de justicia de comunidades autónomas, etcétera. Aquí hay mucho trabajo por hacer; también la
nueva ley, con los fiscales superiores de comunidad autónoma, puede ayudar a esa mayor desconcentración en lo que es una función necesaria. Por tanto, le pedimos su implicación y le ofrecemos, desde Convergència i Unió, nuestra
colaboración; va a ser una colaboración leal y exigente, pero se la damos desde el primer día. Nos gustaría conocer cuáles son sus previsiones en este ámbito, en qué aspectos cree que deberíamos acometer con urgencia reformas e incrementar los
medios, los efectivos y, sobre todo, aumentar el prestigio de la Administración de Justicia. Repito que si este es un reloj, es un reloj atrasado, un reloj colapsado, un reloj más de arena que estos últimos digitales de alta precisión. Por tanto,
nos queda muchísimo trabajo por hacer.
Sabe que en la nueva ley, el artículo 11.3 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, al referirse a lo que son los fiscales superiores de las comunidades autónomas y la colaboración de la fiscalía en lo que son los órganos de las
comunidades autónomas que tengan asumidas competencias en materia de Justicia, de manera muy clara pide al ministerio fiscal que contribuya a analizar, debatir y realizar cuantos estudios sean necesarios sobre materias relacionadas con la
Administración de Justicia.
Cuán necesario es señor candidato hoy a la Fiscalía General del Estado, realizar cuanto antes ese diagnóstico y proponer medidas que deben ser de todos los grupos de la Cámara en ese pacto de Estado por la justicia en el
que debe estar evidentemente el Gobierno, pero debe estar también el Poder Judicial y en una situación en que el órgano de gobierno del Poder Judicial, el consejo, lleva ya un año y medio de demora en su renovación y hay una crisis de funcionamiento
en el Consejo General del Poder Judicial nada buena en un momento en el que la Administración de Justicia necesita ese impulso decisivo que todos le debemos dar.
Señor candidato, hoy no se trataba de aplicar el retrovisor a esta comparecencia, no se trataba de enjuiciar lo que ha hecho el anterior fiscal general del Estado porque se da la coincidencia de que usted es candidato de futuro, pero ha sido
fiscal en el pasado, ha sido fiscal general del Estado hasta que se le cesó al cesar el anterior Gobierno. No era esta la finalidad, hacer retrospectiva de pasado, pero se ha hecho por otros portavoces. Yo, en la medida que esta retrospectiva
pueda ser también una valoración de cuál ha sido su colaboración con el Parlamento, quiero decir que Convergència i Unió valora positivamente la buena disposición que el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tuvo con esta
Cámara; tuvo en el sentido de presentar las preceptivas memorias, atender a los distintos portavoces -como era su obligación- e incluso, si me lo permite, atender a otras comisiones de la Cámara. Yo la pasada legislatura tuve el honor de presidir
la Comisión de Seguridad Vial y vino el fiscal general del Estado a, de alguna manera, especificar aspectos de violencia vial que preocupaban a la población y a la fiscalía, y que después tuvieron un reflejo positivo en la creación de una figura
especial -don Bartolomé Vargas- que está realizando un trabajo. Por tanto, quiero valorar positivamente esa complicidad que tuvo en ese caso en el ámbito de la seguridad vial pero en general la buena colaboración con esta Casa, con el Congreso de
los Diputados, que espero que siga manifestándose en un futuro. Decía que el objeto de hoy no es valorar su actuación de pasado, y no lo es porque incluso hoy me atrevo a decir que esta, que es una comparecencia histórica, va a ser la última del
señor Cándido Conde-Pumpido en esta circunstancia previa a un nombramiento, porque la nueva ley ha querido que el mandato sea de cuatro años y no renovable, con lo cual el objetivo para quien venga no será ya analizar su pasado, sino que el objetivo
de la comparecencia será comprobar si es un candidato idóneo y tiene los méritos suficientes para un programa de futuro. En ese programa de futuro Convergència i Unió le muestra nuestra voluntad de colaborar activamente para que en esta Comisión de
Justicia podamos realizar un trabajo en positivo porque la ciudadanía nos lo pide, y en ese programa de futuro le pedimos también un mayor impulso a las fiscalías superiores de comunidades autónomas, que también tienen un estatus específico, una
relevancia constitucional, porque quiero recordar que también ellos van a tener que pasar por el parlamento de su comunidad autónoma previamente, antes de ser nombrados definitivamente, y también ellos, los fiscales superiores de comunidad autónoma,
van a tener que rendir cuentas a través de una memoria anual en su respectivo parlamento autonómico.
Me indica el presidente que consumo ya esos trece minutos...
El señor PRESIDENTE: Sí, le comunico que ha consumido los trece minutos, para su autogobierno.
El señor JANÉ I GUASCH: Por tanto, para mi autogobierno lo que haré es finalizar.
Le agradezco esta comparecencia, 'le pido de manera expresa que nos indique qué medidas cree que deberíamos impulsar para mejorar globalmente el funcionamiento de la justicia, le muestro la colaboración de nuestro grupo parlamentario y,
sobre todo, dado que es tan importante la misión constitucional del ministerio fiscal -esa promoción de la Justicia, esa defensa de la ciudadanía y del interés público- le deseo suerte. No es un cargo fácil, por eso Convergència i Unió le desea
suerte en su gestión, y que eso redunde también en una mejora global para el conjunto de la ciudadanía.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Quiero empezar mi intervención saludando a la Mesa recién nombrada de la Comisión -es la primera ocasión que tengo- al señor presidente, vicepresidentes y secretarios, y deseándoles en nombre de este grupo
el mejor de los éxitos en su trabajo, por el bien de todos. Naturalmente,
también doy la bienvenida al candidato a fiscal general del Estado, aunque un candidato raro, porque, como ha dicho el señor Jané muy bien, es ya un electo no nombrado. Esto me da lugar a la primera reflexión que quería compartir con SS.SS.
y con el propio candidato -sobre todo después de haber escuchado a mi buen amigo el portavoz de Convergència i Unió-, que es una reflexión sobre la inutilidad profunda del trámite que estamos viviendo esta mañana en esta Comisión. Lo dijimos cuando
se tramitó la ley y, en coherencia con lo que dijimos en ese momento, hoy digo que explicar a la ciudadanía que hoy el sistema de elección del fiscal general del Estado es más democrático porque lo sigue nombrando el mismo -es decir, el señor
Rodríguez Zapatero-, como la vez pasada, pero va a ser oído el Parlamento en un trámite en el que nada de lo que digamos aquí afecta a una decisión ya tomada -y la descripción del señor Jané de electo pendiente de nombramiento es perfectamente
exacta-, no me parece que sea como para sacar mucho pecho. Lo dijimos en su momento, no se engañe a la gente. Tengamos el trámite si se quiere tener -está muy bien que lo tengamos, naturalmente este grupo valorará la idoneidad y los méritos-, pero
no se hable de pasos históricos porque, de ser algo histórico, esto es un paripé histórico. Si esto es vinculante, entonces el Parlamento está teniendo capacidad de decisión, y si esto no lo es, fíjese que se va a dar una circunstancia muy curiosa:
que el señor Conde-Pumpido -ya elegido, pendiente de nombramiento- va a ser nombrado, una vez elegido, después de que en esta Cámara hoy tres grupos parlamentarios estén diciendo que lo ven idóneo y tres grupos parlamentarios estén diciendo que no
lo ven idóneo. Esto es lo que está pasando esta mañana en esta Comisión. (El señor De la Rocha Rubí: ¡La mayoría!) Naturalmente, pero estamos hablando del trámite y del trámite esto es lo que este grupo parlamentario dijo cuando se aprobó la ley,
y hoy lo estamos viviendo en directo. Más aún, se demuestra por dos circunstancias que este trámite será la pantalla para dar una imagen pero no para tener efectos jurídicos: la circunstancia -de la que naturalmente usted no es responsable- de que
estamos hablando de la misma persona que ha sido fiscal general del Estado durante cuatro años; es decir, yo puedo hacer un comentario sobre la escasa importancia que el Gobierno concede a todo esto, cuando estamos pasando un puro trámite en
relación con una persona respecto de la cual nuestro grupo parlamentario -como usted, señor Conde-Pumpido, sabe mejor que nadie- ha pedido docenas de veces su dimisión durante cuatro años. Claro, cabe imaginar cuál es el pensamiento que tiene este
grupo parlamentario sobre su idoneidad y sus méritos para ser nuevamente elegido fiscal general del Estado que, por si alguien lo duda, aclararé que consideramos absolutamente no idóneo, y la persona que no solo es poco idónea, sino que
probablemente es la menos idónea en el día de hoy porque, como le dije en la última comparencia que usted hizo en el ejercicio de su cargo, usted ha sido un fiscal general del Estado irrepetible que ha batido todos los récords. Fíjese que cuando se
lo dije -la última vez de la pasada legislatura- todavía no teníamos conocimiento de algo que incluso usted hoy mismo ha planteado como algo positivo en su exposición, que es -déjeme que lo diga con toda claridad-, como poco, la inmensa descortesía
de que usted haya aprobado dos instrucciones incrementando la capacidad investigadora de la fiscalía, generando un gran follón en el mundo de la justicia -como puede verse- y generando la inmediata repulsa y contraposición de los jueces por lo que
significa de privación unilateral de las funciones, tal y como lo han entendido, respecto de sus instrucciones en un momento de Gobierno en funciones, en un momento en que se estaban celebrando elecciones, en que las fuerzas políticas estaban en
campaña electoral y, en consecuencia, probablemente el momento menos idóneo para que unilateralmente el fiscal general del Estado incrementase las capacidades de la fiscalía contra el resto del Poder Judicial.
Hay un segundo hecho añadido que demuestra lo que estoy diciendo sobre la calificación del trámite, que ha sido su propia comparecencia, señor fiscal general del Estado. Usted no ha hecho una comparecencia al uso de quienes vienen a esta
Cámara -sea el Consejo General del Poder Judicial o sean otros órganos constitucionales- a dar razón de por qué los que estamos en este lado tenemos que considerar que es conveniente o inconveniente que alguien acceda a una determinada magistratura
pública.
Usted ha hecho la primera comparecencia de la legislatura; nos ha dicho durante larguísimo rato todo lo que piensa hacer o, si me permite decirlo, todo aquello que dejó probablemente de hacer, porque estuvo haciendo cosas muy raras
durante cuatro años. Pero el trámite hoy -en eso tampoco puedo estar de acuerdo con lo que decía el señor Jané- no es que entremos a valorar si lo que usted dice que va a hacer está bien o está mal, para eso entiendo que el señor presidente nos
convocará un día, y tendremos ocasión de pronunciarnos sobre si nos parece bien cómo van las fiscalías de Sala o cómo no van y cada uno de los planes que usted tiene.
Pero el trámite en el que estamos hoy -y la Presidencia me va a conceder unos
minutos para llevarlo a cabo- es el de decidir si la persona que va a ser nombrada merece sérlo o no, y ahí es donde ya entro en materia para aclarar lo que anticipé: ni mérito ni idoneidad, señor Conde-Pumpido.
Usted me ha oído muchas veces decirle una cosa dolorosa y que además me duele decirle (El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Ya!), y es que hace cuatro años usted tenía el prestigio que tenía, y que con las cosas que ha hecho durante cuatro
años ha perdido vertiginosamente y a chorros ese prestigio, y que se presenta cuatro años después en condiciones infinitamente peores que aquellas en las que se presentó hace cuatro años, cuando asumió por primera vez esta responsabilidad, y se lo
ha dicho algún portavoz, y como hay que resumir, yo repito la idea, que tampoco es nueva, me la ha escuchado anteriormente:
usted no ha sido el fiscal general del Estado, ni siquiera ha sido, como se ha dicho en esta sesión, el fiscal general del Gobierno; usted ha sido el fiscal general de las ideas de un partido político puestas en ejecución. Y en cuanto a la
idoneidad, no pude considerarse idóneo quien desde este mismo puesto ha mostrado repetidamente que no está dispuesto a ejercer lo que la Constitución, la ley y el sentido común dicen que es la función nuclear del fiscal general. Usted estaba -usted
debería estar, usted debería haber estado, ya veremos para qué está- para defender la ley y ha convertido la defensa de la ley durante cuatro años, en innumerables aspectos, en la burla de la ley porque ha sometido la aplicación de la ley a los
criterios políticos. Y además, como también se ha recordado en esta sesión, no solo lo ha hecho repetidamente, se ha jactado de hacerlo y ha invitado a otros a hacerlo. Y resuenan bárbaramente montones de expresiones como las que se han repetido y
otras tantas más: y hay que mancharse las togas con el polvo del camino, y hay que adaptar la ley y la aplicación de la ley a las circunstancias en las que se está viviendo; yo añadía cada vez: una negociación política con los terroristas. Y no
solo eso, que con ser ya una cosa gravísima se le añade otra cosa, y es -esto se lo han dicho prácticamente todos los portavoces- que usted ha aplicado al mismo tiempo una lectura de la ley y su contraria, en pasos sucesivos, y eso lo sabe todo el
mundo. ¡Todo el mundo! Y el hombre de paz pasaba a continuación a la cárcel, y la ley se convertía en un chicle, que ahora se aplicaba en una dirección y luego en la otra. Ese es su bagaje, con el que hoy se presenta para pedir la confianza para
seguir siendo fiscal general del Estado.
Se ha dicho también en el tiempo del trámite que tenemos -no hay capacidad para enumerar las incontables manifestaciones de lo que le estoy diciendo, pero déjeme que haga un punteo de elementos clave- que usted es el fiscal general del
Estado que más revolcones -con enorme diferencia- se ha llevado en los tribunales de la historia de España, tanto en lo que se refiere a la cuestión terrorista como en todo lo demás, incluida la propia conformación de la fiscalía. Usted pretendió
interferir en las elecciones que tenía que hacer el Consejo Fiscal y cambió las reglas electorales en mitad del proceso electoral, y claro, le dieron el correspondiente sablazo en los tribunales. Usted se presenta aquí a pedir nuestra confianza
habiendo tenido la desfachatez de articular el delito de vociferación para justificar la detención ilegal de militantes de este partido político por asistir a una manifestación. Usted se presenta aquí a pedir la confianza después de haber
enunciado, incluso en esta sede, una de las cosas que me parece que más rompe la espina dorsal de la fiscalía, que es la famosa doctrina Conde-Pumpido del reequilibrio ideológico de la fiscalía, según la cual usted ha estado nombrando fiscales, no
con los criterios de mérito y capacidad, sino sobre la base de afinidad a su persona o a sus ideas, sembrando la cúpula de la Fiscalía, todo sea dicho de paso, de efectivamente afines. Y usted se presenta a pedir la confianza en esta Comisión
habiendo dado cobertura, como le he repetido, a la inaplicación de la ley para un proceso de negociación con los terroristas. Hasta el punto de que incluso cuando ha llegado a aplicar la ley -a medias, sentando otra doctrina Conde-Pumpido muy
singular que es que en España hay un partido político que es medio legal y medio ilegal al mismo tiempo- usted se ha permitido expresar sus reservas mentales sobre la parte de la ley que sí había aplicado, y se le ha recordado hoy muy bien que
usted, como pedía excusas hablando de un Guantánamo electoral y como decía aquello, que había colado. Había colado: lo hemos hecho mal ante el Tribunal Supremo, esto no se podía hacer así, pero ha colado. Ese era el mensaje.
Del mismo modo que no se puede decir que cuando se aplica la ley a conveniencia no pasa nada, porque el descrédito de la ley y la deslegitimación del Estado que se producen es profunda, grave y duradera, tampoco se puede decir en una
democracia sana que se pueden hacer las cosas que usted ha hecho como fiscal general del Estado durante cuatro años y venir aquí a decir que nos olvidemos de todo lo que ha pasado, que confiemos en que ahora va a hacer lo que no ha hecho durante
cuatro años, y que pelillos a la mar. Pues no, señor Conde-Pumpido. Manifiestamente tenemos que recordar, para justificar por qué le decimos que usted no es idóneo para seguir en esto, que en unos casos la adaptación de la ley a las circunstancias
ha servido para obviar directamente la aplicación de la ley, por su responsabilidad. Que fue, por ejemplo, absolutamente escandaloso el episodio de De Juana Chaos, en el que se retorció la legislación penitenciaria para proporcionar a un
chantajista unos beneficios penitenciarios que en la recta aplicación de la ley habrían exigido entre otras cosas y usted lo sabe, el arrepentimiento del terrorista y su colaboración con la policía. Que ha sido también el caso, no menos
escandaloso, de la autorización de manifestaciones y hasta de un congreso de relegalización de Batasuna.
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Astarloa, también para su autogobierno, le comunico que lleva consumidos catorce minutos.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Muy bien, pues me autogobierno y voy terminando.
Fue entonces, señor Conde-Pumpido, cuando usted formuló por primera vez -no única- uno de los mayores disparates que yo le he oído a un jurista, y es que ese congreso se podía celebrar en ejercicio del derecho individual de los vinculados al
terrorismo, a los que se había disuelto por tener un partido político que era el rostro político del terrorismo.
Es verdad que luego lo repitió para otras cosas, en concreto para ir sentando una doctrina que se ha aplicado, y todo esto ha pasado
aunque ahora probablemente muchos no quieran recordarlo, pero en esta Cámara se ha dicho, para justificar muchas decisiones de usted y del Gobierno, que había que distinguir, en el caso del señor Otegui y sus compañeros, entre
aquellos días en que eran Batasuna y aquellos otros días en que no se levantaban Batasuna, sino que se levantaban izquierda abertzale, y que como se levantaban izquierda abertzale, no había que aplicarles la ley como si fuesen de Batasuna.
Claro, esto pasó hasta que dejó de pasar, hasta que a ustedes les dejó de interesar políticamente seguir haciendo esa aplicación de la ley y pasaron a otra.
Manifiestamente, por ir terminando, la adaptación a las circunstancias sirvió probablemente para lo más grave que está en su responsabilidad, está en los libros de historia y está en la biografía que hoy nos trae aquí para pedirnos su
confianza, que es que usted permitió con su inacción la vuelta del rostro político del terrorismo, primero, al Parlamento vasco con el Partido Comunista de las Tierras Vascas y, después, a los ayuntamientos con Acción Nacionalista Vasca. Y aquí
también, como en tantos otros casos, el Tribunal le tuvo que recordar en su sentencia que solo declaraba ilegal una parte del partido político porque la demanda que usted formuló estaba incompleta, y solo pedía eso; y usted dijo entonces aquello:
ha colado. En fin, los elementos, como le digo, por los cuales sería absolutamente inaudito que yo le dijese hoy que está muy bien que usted siga siendo fiscal general del Estado podrían ser muchísimos más.
Voy a terminar diciendo una cosa añadida en relación con mis preocupaciones. Por todos estos elementos, creemos que usted no debe ser fiscal general del Estado, pero además por un elemento más: porque nos parece muy mal mensaje pero muy
mal mensaje, que, cuando un partido que representa a 10.400.000 españoles, como es el caso del Partido Popular, tiene del fiscal general del Estado saliente la opinión que tiene, ningún Gobierno sensato debería hacer a ese saliente fiscal general
entrante, y menos en un momento en el que, como se ha dicho por otros portavoces, se está poniendo en evidencia la gravísima crisis de la justicia, que entre otras cosas viene motivada porque ustedes en esta materia -y aquí no me refiero a usted
solo; me refiero a todo el Gobierno- han estado durante cuatro años dedicados, en lugar de al proceso de modernización, transformación y adaptación de la justicia a los tiempos que vivimos, a otras cosas: a favorecer procesos de negociación con
terroristas, y a traer a este Parlamento leyes que están desmembrando, entre otras cosas, la fiscalía, porque, como sabe muy bien, la ley a la que usted mismo se refirió lo que ha hecho es presentarnos un ministerio fiscal atomizado, de corte
federal, que se aparta rigurosamente de su referencia constitucional, y ese es, señor fiscal general del Estado, otro de sus deméritos, otro de sus activos en el día de hoy.
Digo que todo esto nos preocupa en un momento en el que lo importante sería que los partidos mayoritarios, señor presidente, trabajasen juntos con la prioridad que debió tenerse hace cuatro años, pero que ahora podemos recobrar, de ocuparnos
de lo importante, que es que efectivamente los ciudadanos perciban que ponemos remedio a esa escandalosísima situación de crisis en la que está la justicia. Y sería muy importante para eso que las personas que el presidente de Gobierno pusiese en
responsabilidades como la Fiscalía General del Estado no fuesen personas con el bagaje que usted trae en el día de hoy. Digo exactamente lo mismo no solo para la necesidad que hay de alcanzar acuerdos en materia de justicia, sino también para algo
a lo que usted se refirió. Usted decía que esperaba que la unión de las fuerzas políticas permitiera avanzar más en la lucha contra el terror, y yo solo añado a ese comentario, con el que estoy completamente de acuerdo: qué mala señal recibimos
hoy desde la Presidencia del Gobierno sobre esa necesidad imperiosa que tenemos de que se llegue efectivamente a lo que nunca debió perderse hace cuatro años, que era el acuerdo de las fuerzas políticas para luchar contra el terrorismo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Al ser esta la primera sesión de la Comisión, aunque con un formato extraordinario y un objeto muy concreto, sin perjuicio de que en una sesión más ordinaria con la comparecencia del ministro de Justicia el
lunes próximo tenga ocasión de ampliarlo, en primer lugar quiero felicitar de nuevo al ilustre presidente de la Comisión y al resto de la Mesa, tener un recuerdo para todos aquellos compañeros y compañeras que trabajaron en la legislatura anterior
en la Comisión de Justicia que hoy no están, y dar la bienvenida a todos los nuevos miembros que vamos a trabajar codo con codo en la lucha por la mejora del servicio público de la justicia en los próximos cuatro años.
Dicho esto, quiero ir al contenido concreto. Agradezco al candidato a fiscal general del Estado, don Cándido Conde-Pumpido, la exposición amplia que ha realizado ante esta Comisión, que tiene por objeto dar cumplimiento al artículo 29 del
Estatuto orgánico del ministerio fiscal en el que bastante tuvo que ver, por cierto, el hoy candidato; se ha formulado la propuesta del Gobierno, se ha formulado el informe por unanimidad, por cierto, en cuanto a su idoneidad por el propio Consejo
General del Poder Judicial, y hoy celebramos esta comparecencia que no es inútil, que es la que marca el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, y que da cumplimiento al proceso de nombramiento que figura en el artículo 124 de la Constitución, que
no puede ser de otra forma, salvo que nos lo queramos inventar saltando el propio mandato constitucional; pero amplía la participación del Gobierno, del Consejo General del Poder Judicial, al máximo órgano de la representación popular dentro del
marco que recoge el Estatuto orgánico del ministerio fiscal que, entre otras pequeñas cuestiones, refuerza la autonomía del ministerio fiscal en materia presupuestaria y de gestión, modifica el sistema de nombramiento y de cese con causas tasadas,
establece limitación en cuanto al nombramiento en el plazo, se moderniza la estructura del
ministerio fiscal, se incrementa su credibilidad, y se hace que el fiscal general del Estado, aunque a algunos no les guste, sea cada vez más un fiscal general del Estado y no un fiscal general del Gobierno, como en alguna otra época sí
ocurrió, y no precisamente en los últimos años.
¿Que es un trámite inútil? Nos movemos en el ámbito de las presunciones, señor presidente. ¿Quién puede asegurar que, si en esta comisión unánimemente o mayoritariamente los grupos parlamentarios que representamos la soberanía popular
consideráramos que el candidato no es idóneo, el Gobierno va a mantener el nombramiento? ¿Por qué partimos de esas presunciones? ¿Por qué -es mi función ni la voy a realizar, al menos en el día de hoy en este trámite, pero permítame con carácter
general, señor presidente, porque la buena condición no me permitiría hacer otra cosa- no decir que he escuchado algunas expresiones suavemente injustas, desproporcionadas y alejadas de la buena fe imprescindible que debe presidir el noble ejercicio
de la actividad política? Ha habido algún juicio político, que no jurídico, con sentencia claramente prevaricadora, acusandole y condenándole, señor candidato a la fiscalía general, por cierto sin garantías procesales de ningún tipo para usted y
sin ningún derecho de defensa y para su tranquilidad -que la tiene, no necesita recibirla de este grupo parlamentario- sepa que la mayoría de los españoles, la inmensa mayoría de los demócratas pensamos que usted sí ha defendido con dignidad, con
valentía y con gallardía los derechos de los demócratas, los derechos del conjunto de los ciudadanos, incluso de aquellos que pagamos el máximo precio posible por defender nuestras ideas, y me refiero a los compañeros socialistas, especialmente los
compañeros socialistas del País Vasco.
Dicho eso, vamos concretamente a lo que nos importa y es un poco lo que usted ha hecho -cómo no, no vamos a olvidar lo que usted ha hecho, aunque con buen criterio el portavoz de Convergència i Unió así lo relataba-, pero sobre todo lo que
ha dicho que quiere hacer en conexión, por supuesto, y en coherencia con lo que ha hecho. Nos llama la atención la primera afirmación que usted ha realizado desde su primera intervención en esta Cámara y es el honor que para usted representa
comparecer en la misma más allá de la obligación. Ese es un dato importante, porque refleja los principios que usted ha tenido en su intachable trayectoria profesional. Por cierto -entre paréntesis-, exige el artículo 29 del estatuto quince años
de esa trayectoria profesional con notoria capacidad jurídica. Usted tiene más de treinta -que es algo yo creo no demasiado loable ya porque eso indica que el pelo tiene el color que tiene-, pero son más de treinta años de esos méritos a priori que
no vamos a valorar aquí de ejercicio profesional, de ejercicio académico, de ejercicio doctrinal en numerosas publicaciones sobre todo en el ámbito procesal y penal, en su condición de profesor de la Universidad del País Vasco, creo que de Segovia
también, en su condición de magistrado de la Sala del Tribunal Supremo desde el año 1995 a 2004 -creo recordar que fue el magistrado de esta Sala más joven-, con importantes aportaciones en ponencias, alguna de ellas históricas. En fin, no es
necesario revisar y recordar lo que sería larguísimo. Incluso recientemente -creo que hace pocos meses- ha sido usted nombrado presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, donde están Canadá, Estados Unidos, Portugal y
España. En fin, el reconocimiento a su actividad en el ámbito europeo y en el ámbito de la cooperación internacional está ahí.
Se sonríe el señor Astarloa, que viene con ese juicio apriorístico de lo que le dijo. (El señor Astarloa
Huarte-Mendicoa: Estoy hablando con el señor Olabarría.) Es curioso, le voy un mencionar un poco, señor Astarloa, don Ignacio. Fíjese, es curioso porque la hemeroteca es tan tozuda. Usted es un desastre por lo que ha hecho en los últimos cuatro
años y todo el bagaje que tenía tan importante, tan digno, lo ha echado por la borda por sus actuaciones en los últimos cuatro años. Para su tranquilidad -entre comillas-, no pierda mucho tiempo en ello, pero recuerde si quiere en un minuto lo que
le dijo en su primera comparecencia de hace cuatro años. Verá como no ha tirado por la borda su bagaje en estos últimos cuatro años. A priori hemos asistido ya al mismo juicio de valor; a eso que llamaba suavemente y sin acritud prevaricación
política, no por tres grupos parlamentarios, tan solo por el portavoz del Grupo Popular y la hoy portavoz del Grupo Mixto, que por el aspecto reglamentario, si se votara, votaría en nombre del Grupo Mixto, pero que si aplicara la ética a la vida
política, probablemente sabría que su opinión no representa al conjunto del Grupo Mixto, pero esto es un tema reglamentario que no nos corresponde juzgar ni analizar hoy aquí.
Sepa que está llevando implícitamente el apoyo, el beneplácito de la inmensa mayoría de la Cámara, del Congreso de los Diputados, señor candidato a fiscal general del Estado. Lo importante es ver, en conexión con lo que ha hecho, lo que ha
dicho hoy en su exposición que quiere hacer. Habla del principio de especialización y de la reestructuración territorial, claves para la aproximación de las fiscalías al justiciable y sobre todo a las víctimas del delito. Esos son dos de los
objetivos básicos del Estatuto orgánico del ministerio fiscal que aprobamos en el mes de octubre, el fortalecimiento de la unidad de actuación, principio básico constitucional. No se mencionan todas estas cosas, por lo que hemos escuchado al menos
en las dos únicas personas que no se muestran de acuerdo con su idoneidad, pero van al monotema. Verá que no les importa demasiado el conjunto de la actividad del ministerio fiscal. La seguridad jurídica con el fortalecimiento de esta unidad de
actuación es uno de los objetivos prioritarios también del Estatuto orgánico.
Respecto al principio de especialización, no es que usted se comprometa a potenciarlo, es que es lo que ha hecho en estos años, y los hechos, una vez más, son tozudos. Se ha potenciado la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía
Antidroga y Anticorrupción, que
son las que existían ya desde los años ochenta y noventa, que han recibido un impulso sin precedentes. Por cierto, recordará -señor candidato hoy, espero que pronto fiscal general del Estado- que algún grupo que gobernaba tenía auténtica
alergia a la Fiscalía Anticorrupción y usted la ha reflotado, la ha potenciado y nuestra idea, señor candidato, es que eso tiene que potenciarse en la medida que sea posible todavía más. Pero es que se llevó la especialización a la lucha contra la
violencia de género, a la protección del medio ambiente, a la siniestralidad laboral, a la seguridad vial, a menores, recientemente también con un fiscal de Sala delegado para las personas mayores -hecho sin precedentes-.
Mencionaba también, dando solo unas pinceladas porque el tiempo es limitado, y le honra -recuerdo que lo hizo ya en las primeras comparecencias de la legislatura anterior-, ha petición de un mayor grado de autonomía en su gestión y, por
tanto, también presupuestaria. Sepa ya - lo sabe, cómo no- que la ley, que el estatuto lo recoge, lo posibilita y nuestro grupo parlamentario ve con simpatía y con buenos ojos que eso pueda ser llevado a cabo a la mayor brevedad posible. La
voluntad de cerrar el mapa territorial que apuntaban portavoces anteriores es importante por esa cercanía, entre otras razones, por mejorar el servicio de inspección, que con el nuevo estatuto tiene importantes delegaciones en la figura de los
fiscales jefe de los tribunales superiores de Justicia. Ha manifestado la demanda de más medios personales, aunque bien ha recordado que solo en la última legislatura se ha aumentado la plantilla -aproximadamente el 30 por ciento del total de la
plantilla del ministerio fiscal- habiendo creado más órganos judiciales y fiscales en los últimos cuatro años, que en los ocho años anteriores, y, por supuesto, que hay muchísimas carencias y que habrá que priorizar el servicio público de la
justicia en esta legislatura, bastante más que en cualquiera de todas las anteriores de todo el periodo democrático. Usted ha señalado la prioridad, pero que ya se ha llevado a cabo en estos años aunque haya que potenciarla, de la formación de
fiscales y cuerpos auxiliares, para lo cual habrá que tener una perfecta conexión y coordinación con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas.
Un aspecto fundamental -y voy abreviando- para la mejora del servicio público de la justicia, aplicable a la Administración de Justicia y en la parte específica de la fiscalía, del ministerio fiscal, es la modernización tecnológica que pese
al aumento de recursos, sigue siendo manifiestamente insuficiente. Está habiendo una falta de coordinación con los propios servicios establecidos por distintas comunidades autónomas, con independencia del signo político de las mismas, y eso exige
un esfuerzo de verdad de dotación por un lado, pero fundamentalmente de coordinación entre la fiscalía, el Gobierno de España y las comunidades autónomas, porque en tiempo real, la conexión en red, la utilización de los medios telemáticos nos tienen
que posibilitar saber al segundo las personas que han cometido delitos, especialmente los más graves, y las situaciones de peligrosidad para que no vivamos sucesos, tan escandalosos como alguno de los que recientemente hemos padecido en nuestro
país...
El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia, lleva catorce minutos.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: En un par de ellos espero concluir, señor presidente.
Todo ello para que podamos -insisto- dar satisfacción y proteger efectivamente a los ciudadanos.
En lo que se refiere, para ir terminando, a las prioridades que ha manifestado en cuanto a la acción pura de la función del propio ministerio fiscal, cómo no vamos a estar de acuerdo -algo he mencionado ya al respecto- con la lucha contra la
criminalidad organizada y, dentro de ello, fundamentalmente con la lucha contra el terrorismo de ETA y el terrorismo internacional, fomentando, conforme ya se viene realizando en los últimos años, el fortalecimiento de la cooperación internacional,
la potenciación de las fiscalías, la lucha contra el tráfico de personas y la explotación laboral o sexual, la idea de protección a los más débiles que usted ha reiterado y practicado en cada una de sus comparecencias y en cada una de sus decisiones
sobre mujeres maltratadas, víctimas del terrorismo, mayores, menores desamparados, con la coletilla -no menor- de con independencia del lugar de origen y de su situación. Coletillas que ya han entrado en algunas de las leyes históricas de este
Parlamento durante la última legislatura nos dan la idea de un fiscal general del Estado con valores de los que a mi grupo le gustan, porque son los valores que hemos defendido históricamente y que estarán vigentes ayer, hoy y mañana. Usted
representa el tipo de fiscal, como tuve oportunidad de decirle en alguna otra ocasión, que en un partido progresista como el nuestro queremos para una sociedad moderna, un fiscal que defienda los derechos del conjunto de los ciudadanos, pero que
proteja especialmente a las personas más vulnerables.
Su referencia a la reforma del proceso penal nos parece tan respetuosa como el conjunto de su intervención y lógicamente no debiera decir otra cosa, pero coincide que dice que considera necesaria esa reforma en la medida y en la forma que
lógicamente estime el Parlamento de España, que es al que corresponde legislar.
En definitiva, señor hoy todavía candidato a la Fiscalía General del Estado, tengo el honor y el placer de decirle -creo que se ha deducido implícitamente de mi intervención- que goza del afecto, del aprecio, del respeto e incluso de la
admiración del Grupo Parlamentario Socialista, al que me honro en representar en este trámite en este momento. Se lo dije hace cuatro años y la actuación que ha llevado a lo largo de los mismos no hace sino ratificar y confirmar, la alta estima y
consideración, y por tanto la idoneidad que expresamente nos pide a esta
Comisión no en trámite inútil el artículo 29 del vigente Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Claro que es una tarea difícil y no es otra que la que dicta el artículo 124 de la Constitución de promover la acción de la justicia en
defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Cuenta, por tanto, con nuestra expresa valoración positiva. Nada más, y si se produce el nombramiento, como así esperamos, le deseo mucha suerte en su función. (La
señora Díez González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Díez. ¿Alguna diputada o diputado tiene previsto solicitar la palabra para formular algún tipo de pregunta o aclaración? (Pausa.) Señora Díez, ¿a qué efectos me pide la palabra?
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Por alusiones, artículo 71.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Díez, vamos a ver si evitamos que consuma la palabra; voy a hacer un esfuerzo. Primero, el objeto de la comparecencia no pretende ser un debate entre los grupos parlamentarios, sino un debate de
valoración del candidato propuesto a la Fiscalía General. Segunda consideración que quiero hacer a los efectos de que también conste en acta, porque efectivamente pudiera ser malinterpretada la intervención de la señora Díez. Como presidente de
esta Comisión, la señora Díez es miembro acreditado de la Comisión de Justicia en representación del Grupo Parlamentario Mixto, y de su intervención no se ha deducido que intentara usurpar el criterio político o las manifestaciones o la forma de
pensar a efectos individuales de los integrantes del Grupo Mixto, pero es la representante designada y la miembro de esta Comisión en representación del Grupo Parlamentario Mixto.
¿Queda aclarada la cuestión?
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No.
El señor PRESIDENTE: ¿No le satisface?
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No, presidente. Le ruego que me dé la palabra en aplicación del artículo 71 del Reglamento.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: El representante del Grupo Socialista, portavoz del Grupo Socialista en esta Comisión, ha hecho hacia mi persona un juicio de valor ofensivo. Ha dicho expresamente que si la diputada que habla en nombre del Grupo
Mixto aplicara la ética a la vida política...
Ese es un juicio de valor ofensivo contra mi persona. No sé si este va a ser el comportamiento del portavoz del Grupo Socialista en esta Comisión o no sé si va a ser el comportamiento del Grupo
Socialista respecto de mi persona. Los argumentos políticos se contrastan y se discuten, pero los juicios de valor ofensivos, insisto, como el que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, son, presidente, intolerables desde la práctica política y
desde la práctica parlamentaria. No le voy a pedir que los retire porque lo ha hecho a conciencia; por tanto no voy a perder el tiempo en pedir que retire esa apelación, pero sí me voy a permitir decirle al portavoz del Grupo Socialista que si no
le parece bien que represente al Grupo Mixto y que pueda votar en nombre del mismo, que su grupo plantee una iniciativa parlamentaria para que eso no sea así.
También le voy a recomendar que más allá de otras consideraciones, cuando yo hable me
escuche, porque sin tener necesidad de hacerlo, expresamente he dicho que represento al Grupo Mixto y que hablo como portavoz, que lo soy, de Unión, Progreso y Democracia; sin tener necesidad de hacerlo, porque, como muy bien acaba de decir el
presidente, aquí represento al Grupo Mixto mientras no se cambien las normas. Usted pertenece al grupo mayoritario, si quieren cambiarlas, cámbienlas o intenten cambiarlas, pero mientras no las cambien, intenten respetarlas y, sobre todo, intenten
no ofender a las personas.
Muchas gracias. (El señor Villarrubia Mediavilla pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Las alusiones no tienen contestación.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: No voy a contestar. Simplemente, aunque la señora Díez no me ha pedido retirar ninguna alusión ofensiva que consideraba premeditada, en este momento retiro expresa y directamente cualquier expresión que
haya podido considerar o que haya podido emitir, ofensiva desde el punto de vista personal hacia la señora Díez. Nada más y que conste expresamente que mi valoración ha pretendido y pretende ser exclusivamente política.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Antes de concederle la palabra al candidato a fiscal general del Estado, vamos a proceder a una ligera suspensión por razones técnicas, por un tiempo máximo de cinco minutos. (Pausa.)
Señorías, reanudamos la sesión.
Hechas las consultas que quería realizar esta Presidencia con los portavoces, les anuncio que no habrá junta de portavoces al final de la sesión. Sin más rodeos, le cedo la palabra al candidato a fiscal general del Estado, al señor
Conde-Pumpido. Muchas gracias.
El señor CONDE-PUMPIDO TOURÓN (Candidato a fiscal general del Estado): Muchas gracias, señor presidente. Le felicito por haber repetido en la Presidencia
de esta Comisión y, además, le deseo el mismo éxito de la Comisión anterior, en la que ya tuve ocasión de beneficiarme de lo bien que ha llevado siempre esa Presidencia.
Creo que he sido el fiscal general del Estado que ha comparecido un mayor número de veces ante el Congreso, creo que he hecho ocho comparecencias ante esta Comisión o ante alguna otra y también ante el Senado. Por ello quiero reiterar aquí
que agradezco siempre las posiciones de todos los grupos parlamentarios, que agradezco por igual los apoyos que como fiscal general del Estado pueda recibir que las críticas, de las que siempre creo que puedo aprender algo, por duras que en un
momento determinado puedan parecer. Por tanto, deseo expresar a la Cámara mi voluntad de estar a la disposición de todos los grupos parlamentarios y de agradecer, indudablemente, los apoyos que se me han prestado, pero también las críticas de la
oposición, porque comprendo que el papel de la oposición es precisamente ese, el de oponerse, y por lo tanto, al hacerlo, están cumpliendo con su obligación en nombre de los ciudadanos a los que representan.
Quisiera expresar que establecer la comparecencia, entiendo, ha sido una voluntad mayoritaria de la Cámara; que tiene un sentido de reforzamiento institucional para el ministerio público y de mayor transparencia y proximidad a los
ciudadanos representados por el Parlamento y que esa intervención tiene una función importante. Es posible que esta sea la única comparecencia que tenga una determinada peculiaridad. Cuando me incorporé desde mi puesto de magistrado del Tribunal
Supremo por primera vez a la Fiscalía General del Estado planteé al ministro de Justicia la conveniencia de modificar el sistema estableciendo el nombramiento de un fiscal general del Estado con un plazo determinado y concreto, con unas causas
legales y tasadas de cese y con intervención parlamentaria en su nombramiento, y la disponibilidad a asumir ese cargo por primera vez con el nuevo modelo. Nuestra idea inicial era que eso se pudiera haber hecho con una mayor rapidez, pero ha
coincidido ya con una nueva legislatura y, por tanto, he asumido aquel compromiso de aceptar ser el primer fiscal general que ponía en marcha este modelo nuevo aprobado por el Parlamento mayoritariamente, y esa es la razón de que me encuentre de
nuevo aquí, pero en sucesivas ocasiones, dado que no está prevista la renovación, el fiscal general que sea propuesto, ordinariamente, será un nuevo fiscal general y, por lo tanto, es conveniente que se conozcan su idoneidad, su valoración o sus
planteamientos por todos los señores diputados y por todos los grupos parlamentarios.
En cualquier caso, puedo decir que si hubiese apreciado que la totalidad de los grupos, como se planteaba en algún caso, se hubiesen expresado en contra de la idoneidad del fiscal general del Estado, no habría hecho falta, en absoluto, que
el Gobierno retirase la propuesta porque, como fiscal general del Estado, sería el primero que no aceptaría ese cargo si no hubiese tenido un apoyo mayoritario de la Cámara, porque entiendo que el cargo de fiscal general del Estado debe responder a
la mayoría social, a la mayoría de los ciudadanos de nuestro país y, por tanto, si no contase, como fiscal general del Estado, con el apoyo del grupo mayoritario de la Cámara -precisamente por eso el Gobierno, que tiene su apoyo en el grupo
mayoritario, hace la propuesta- o de aquellos grupos que en este caso creo representan la mayoría absoluta de la Cámara, no habría asumido esta función y volvería a mi puesto en el Tribunal Supremo, que, como sabe el señor Astarloa, es un puesto al
que le tengo un gran aprecio y en el que he trabajado también mucho tiempo.
No puedo, creo yo, en esta respuesta entrar en el conjunto de los temas que se han suscitado, que creo que son de un enorme interés. Agradezco efectivamente ese planteamiento. Quizá podamos tener más adelante una comparecencia en la que se
plantee y se debata con mayor extensión el proyecto del fiscal general y cada uno de los temas que SS.SS. quieran plantear. Indudablemente, 45 millones de españoles tienen un gran número de problemas. Yo entiendo que políticamente se centre la
cuestión en la aplicación de la Ley de Partidos, pero hay un número de problemas más importantes. La Ley de Partidos, como se ha dicho aquí, es una ley compleja, que desde la perspectiva de la democracia tiene sus dificultades de aplicación si se
quiere ser respetuoso con su sentido y finalidad para que cumpla la función para la cual ha sido diseñada, pero al mismo tiempo con el conjunto de los derechos establecidos en un Estado social y democrático de derecho como en el que vivimos.
Nosotros la hemos aplicado para algunos grupos de una manera remisa, para otros grupos -que yo también respeto- con excesivo rigor y en algunos casos con escaso rigor, pero creo que coincidiría más con el representante del Grupo Vasco, que ha dicho
que de una manera razonablemente aceptable. Nos ha costado mucho esfuerzo buscar en cada momento las pruebas, los datos y las razones para aplicar esa ley, pero debemos decir que se han presentado siete demandas y que ha habido una continuidad,
porque en las primeras elecciones en las que tuve la responsabilidad como fiscal general del Estado, las elecciones europeas del año 2004, presentamos una demanda ante la Sala del 61 a la candidatura de Herritarren Zerrenda; en las elecciones de
2005 en el País Vasco presentamos otra demanda por la candidatura de Aukera Guztiak; en las elecciones municipales del año 2007 presentamos tres demandas, una contra el partido Abertzale Sozialista Batasuna, otra contra las candidaturas abertzales
socialistas y otra contra las candidaturas de la ANV, y en estas últimas elecciones, cuando hemos estimado que había base suficiente para ello, se han presentado otras dos demandas. Durante todo el tiempo se ha hecho uso de la ley en esas siete
demandas, y salvo dos, que todavía no han sido resueltas por el Tribunal Supremo, las dos últimas, las otras cinco fueron acogidas por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. Creo que la ley -y lo
reiteraré aquí, aunque lo dije en tono coloquial- no establece ningún Guantánamo electoral. Eso fue lo que dije en tono coloquial en su momento y me gustaría repetirlo. Quizá sea una expresión poco afortunada, y en ese sentido lamento
haberla utilizado, pero se utilizan a veces expresiones coloquiales en un coloquio como era aquel. En cualquier caso, lo que expresé fue que no establece ni debe establecer ni entenderse nunca así.
Agradezco al representante del Partido Nacionalista Vasco sus reflexiones en relación con la acción popular, que también preocupa a la fiscalía, sus reflexiones en relación con los temas de especialización -creo que en materia de
siniestralidad laboral y siniestralidad vial se está consiguiendo el resultado de rebajar sustancialmente el número de víctimas mortales; por tanto, creo que en esa materia por lo menos se está funcionando- y su preocupación por establecer la
conexión en red entre los órganos judiciales y el ministerio fiscal. Le señalaría única y exclusivamente como petición que le traslado, en la medida en que su grupo también tiene responsabilidades institucionales, que, a propuesta del Grupo
Parlamentario Vasco, fue aprobada la enmienda número 11 al artículo 72 del Estatuto, en la que se habla de que los Presupuestos Generales del Estado y los de las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de Administración de
Justicia contemplarán, dentro de la sección que corresponda y previa ponderación de las necesidades funcionales del ministerio fiscal, partidas presupuestarias adecuadamente singularizadas para atender aquéllas. Por tanto, le trasladaría que en la
medida de lo posible se pudiese contar en aquella comunidad en la que su partido ostenta responsabilidades institucionales con la posibilidad de disponer de esta partida presupuestaria para reforzar ese sentido autonómico de la Fiscalía Superior del
País Vasco, que, si pudiera disponer de su unidad de apoyo y su partida presupuestaria, podría desarrollar sus funciones con mayor agilidad.
Agradezco la intervención de don Jordi Jané, gran parlamentario, que sabe que cada una de sus propuestas han sido atendidas por la fiscalía. La última propuesta que hizo la anterior representante del Grupo Parlamentario Vasco, doña
Margarita Uría, fue que tuviésemos en cuenta en la memoria de la fiscalía los procedimientos por malos tratos o torturas.
La memoria de la fiscalía de este año, atendiendo a esa petición, incluirá un apartado específico sobre esa cuestión, igual
que la memoria del primer año acogió la propuesta del señor Jané de tener un apartado específico sobre siniestralidad vial. Siempre que nos sea posible atenderemos las peticiones de los grupos parlamentarios, porque, como digo, cada vez que acudo a
esta Cámara aprendo algo y me llevo de esta Cámara la opinión del conjunto de los ciudadanos para mejorar el servicio de la Administración de Justicia. Colaboraremos para esa mejora en todo lo que esté en nuestra mano.
Dejando la figura que antes habíamos utilizado, me gustaría que la fiscalía funcionase como un reloj, el conjunto de la Administración de Justicia en este caso se trata de un vehículo que tiene cuatro ruedas, y si las cuatro ruedas no
marchan al unísono no es posible que el vehículo funcione bien: el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia y la Fiscalía General del Estado. Creo
que la rueda de la Fiscalía General del Estado en este momento está suficientemente hinchada y en condiciones para funcionar adecuadamente y llevar a la justicia a la velocidad debida si podemos conseguir que las otras ruedas -Consejo General,
Ministerio de Justicia y comunidades autónomas- funcionen de una manera conjunta. Si no trabajamos conjuntamente, desde una perspectiva de pacto o consenso, será completamente imposible que al Administración de Justicia adopte una velocidad
suficiente para estar a la altura de las mínimas exigencias de los ciudadanos, pero recordando que tienen que ser las cuatro ruedas las que estén en disposición de funcionar y las que estén funcionando de una manera cooperadora, porque, si no
cooperamos entre unas y otras instituciones, si no tenemos las instituciones a punto y cooperando, será imposible que la Administración de Justicia se ponga a la altura de lo que los españoles requieren.
Agradezco la postura del señor Villarrubia y agradezco al señor Astarloa sus críticas, que, como él sabe perfectamente, conozco de anteriores comparecencias y que más o menos reiteran esa posición, que atiendo que es la posición del Partido
Popular, al que, como he dicho, siempre respeto. Reitero, por no extenderme más, la voluntad de cooperación del ministerio público con el conjunto de los grupos parlamentarios y nuestra disponibilidad para hacer todo lo posible en beneficio de la
justicia y de los ciudadanos, y con el apoyo que podamos disponer de los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señorías, esta Presidencia entiende que la Comisión da por evacuado el trámite de comparecencia y valoración de méritos e idoneidad del candidato a fiscal general del Estado en los términos expuestos por los grupos parlamentarios. Infórmese
de ello al presidente del Congreso y al Gobierno de España y, agradeciéndole su comparecencia y la presencia de todas y todos ustedes y a los servicios de la Cámara, se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.