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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de (621/000093) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 109
Núm. exp. 121/000111) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Palacio del Senado, 29 de octubre de 2014.—Jesús PROPUESTA DE VETO NÚM. 1 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Los Senadores que formulamos la presente propuesta de veto El Gobierno ha planteado una reforma integral del sistema ellos, puesto que forman un conjunto que refleja una única Y se hace, además, de manera irresponsable puesto que el Nuestra Constitución, que tanto invocan el PP y el Gobierno Previamente a la aprobación de la Carta Magna, en octubre Pues bien, el proyecto de Ley que motiva este Veto infringe Sus medidas son injustas y desiguales ya que siguen el No es cierto que la crisis se haya acabado. Por ello, lo Desde el inicio de la crisis las condiciones sociales en Pero mientras sucede esto, los más ricos en España, que No es extraño que con estos hechos el 87% de los Llegados a este punto hay que recordar que la reforma Con esos mimbres, finalmente el gobierno del PP ha optado El primero de ellos es que la presión fiscal en España es La realidad es que el sistema tributario en España recauda En segundo término, la experiencia ha demostrado que la El tercero es la creencia de que la pérdida de recaudación En resumidas cuentas: los asalariados, en general, y la Mientras tanto, han bajado las aportaciones de las grandes Y este Proyecto de Ley del Impuesto refuerza tal Es decir: el sistema fiscal ha sido pervertido por las Este Proyecto de Ley, en lo que afecta a la regulación del Tal modificación provocará un gasto añadido en el sector Por otro lado mantiene el tipo vigente sobre el suministro Aunque el Proyecto supone un avance positivamente en la Por otra parte, creemos que se debe extender el régimen En relación a la reforma de la Ley de Impuestos Especiales Por otro lado, creemos necesario modificar la Ley 15/2012, Finalmente quienes suscribimos este Veto planteamos que el A lo dicho, se añade que el conjunto de la reforma a) Es recentralizadora porque no ha contado previamente con b) Aumentará la desigualdad de género ya que promueven de c) No aborda el fraude fiscal ni la economía sumergida d) Renuncia una vez más a aplicar medidas de fiscalidad Por tanto, cabe decir que la concepción de la reforma no Esta reforma está pensada para recuperar la vinculación con algunos de los cuales reclaman ventajas fiscales mayores Este carácter electoralista se refuerza aún más con el Frente a los contenidos del Proyecto, los Senadores que La política fiscal no sólo consiste en cuánto y cómo se En el IRPF la reducción de los tramos en las tarifas, No tiene en cuenta el incremento de la desigualdad entre El Gobierno, adicionalmente, presenta las cosas en un Además se introducen algunas medidas que ya no solo es que Frente al injusto modelo del Gobierno y del PP, los Primero. Propuestas esenciales sobre los tributos a) Acabar con la discriminación de las rentas del trabajo los rendimientos del capital para mejorar la progresividad, b) Modificar la Ley General Tributaria con una tipificación c) Eliminar la posibilidad de compensar pérdidas d) Reforma del sistema de módulos, limitando su uso tanto e) Derogar el régimen fiscal especial aplicable a los f) Garantizar la progresividad fiscal del IRPF: g) Incorporar elementos de igualdad de género en las h) Acabar con los incentivos fiscales a colectivos con más Segundo. Algunas medidas contra el fraude, la economía a) Las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir b) Modificar la legislación de las Instituciones de Tercero. Una reforma fiscal con criterio federativo: a) La fiscalidad federal deberá proteger la igualdad de los b) El poder tributario deberá estar dividido en tres c) Construir una auténtica fiscalidad municipal, lo que Éstas son las reformas fiscales que necesita nuestro país y La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al Palacio del Senado, 29 de octubre de 2014.—Ester PROPUESTA DE VETO NÚM. 2 De doña Ester Capella i Farré (GPMX) La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al El Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, La reforma planteada es poco ambiciosa, ineficiente, Por si esto fuera poco, la presente reforma tiene un cariz Se trata de una reforma regresiva basada en el supuesto Finalmente, se trata de una reforma absolutamente Por todo ello se presenta el siguiente veto al Proyecto de El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—Jordi PROPUESTA DE VETO NÚM. 3 De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura Laporta (GPEPC) El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Presentamos esta propuesta de veto por entender que, a Estas reformas son un juego de suma cero: ganan los grandes Nuestra Constitución, que tanto invocan el PP y el Gobierno El proyecto de ley que nos ocupa infringe directamente el Sucede que estas medidas se traen a las Cortes Generales Desde el inicio de la crisis las condiciones sociales en desigualdad en su reparto, por el contrario la economía Basta un ejemplo para poner de relieve que las injusticias Pero mientras sucede esto, los más ricos en España, que No es extraño que con estos hechos el 87% de los Llegados a este punto hay que recordar que la reforma Con esos mimbres, finalmente el gobierno del PP ha optado El primero de ellos es que la presión fiscal en España es La realidad es que el sistema tributario en España recauda En segundo término, la experiencia ha demostrado que la El tercero es la creencia de que la pérdida de recaudación A ello hay que añadir la situación internacional que se En resumidas cuentas: los asalariados, en general, y la Mientras tanto, han bajado las aportaciones de las grandes Es decir: el sistema fiscal ha sido pervertido por las A lo dicho, se añade que esta reforma fiscal: a) Es recentralizadora porque no ha contado previamente con b) No aborda el fraude fiscal ni la economía sumergida c) Renuncia una vez más a aplicar medidas de fiscalidad Por tanto, cabe decir que la concepción de la reforma no Esta reforma está pensada para recuperar la vinculación con Por eso el Gobierno la ha dividido en dos años, para Este carácter electoralista se refuerza aún más con el Estamos convencidos que el instrumento fundamental que hará La política fiscal no sólo consiste en cuánto y cómo se La pérdida de progresividad y limitación de la capacidad Estas medidas, no tienen en cuenta el incremento de la Es por estos motivos que nos oponemos al modelo de reforma Primero. Propuestas esenciales sobre los tributos a) Modificar la Ley General Tributaria con una tipificación b) Derogación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, c) Creación de un Impuesto especial sobre Bienes, Productos d) Creación de un Impuesto sobre las Transacciones e) Creación de Impuesto sobre la Riqueza que sustituirá al Segundo. a) Las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir Tercero. Medidas para una fiscalidad verde: a) Introducir criterios medioambientales en impuestos ya b) Crear nuevos impuestos sobre la energía nuclear, el Cuarto. Una reforma fiscal con criterio federativo: a) La fiscalidad federal deberá proteger la igualdad de los b) El poder tributario deberá estar dividido en tres c) Construir una auténtica fiscalidad municipal, lo que Por todo ello es por lo que presentamos esta propuesta de La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—Mónica PROPUESTA DE VETO NÚM. 4 De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC) La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador El Gobierno al presentar este Proyecto de Ley se centra Si examinamos el contenido del «Proyecto de Ley por la que En 2012, el Gobierno del Partido Popular elevó tres puntos Este proyecto de ley, no modifica los tipos de IVA, solo se En relación a la modificación en materia de fiscalidad protección ambiental con recuperación económica, y abandona Con esta norma, el Gobierno vuelve a desaprovechar otra Por todo lo expuesto, los senadores y senadoras presentamos El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—La PROPUESTA DE VETO NÚM. 5 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo Dentro de lo que el Gobierno ha denominado como reforma Debe destacarse ya que la iniciativa legislativa de En relación con los Impuestos Especiales, el Impuesto sobre En materia de fiscalidad medioambiental únicamente se Si este es el contenido del Proyecto de Ley, no se alcanza En efecto, en la presente legislatura se ha producido la La reforma del IVA, efectuada por el Real Decreto-ley El Impuesto sobre el Valor Añadido ha constituido así un El Proyecto de Ley renuncia incluso a corregir aquellas Por último, la puntual modificación del Impuesto sobre los Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de
7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se
establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y
se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una
propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que
se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente propuesta de veto.
lo hacemos como impugnación, no sólo del Proyecto de Ley al que se
refiere, sino también al conjunto de la política fiscal del Gobierno.
tributario se ha articulado a través de tres Proyectos de Ley cuya
tramitación en el Senado es simultánea y ante los que, coherentemente,
formulamos las respectivas propuestas de veto, que comparten un mismo
hilo conductor y argumental, toda vez que carece de sentido intentar
hacer una consideración de manera aislada o desarticulada de cualquiera
de
voluntad político-legislativa, la de reformar el sistema tributario
español para favorecer a las grandes empresas y a las rentas más altas,
en perjuicio de los intereses generales y, en particular, de las rentas
más bajas y medias.
resultado en ningún caso garantiza la suficiencia financiera a las
Administraciones Públicas para las ya muy deterioradas prestaciones y
servicios propios del Estado de Bienestar que, inevitablemente, recibirá
un nuevo hachazo.
pero que tanto pisotean con sus políticas y su actuaciones diarias,
establece que el sistema fiscal debe ser justo, inspirado en los
principios de igualdad y progresividad, así como eficaz, para lograr la
consecución del mandato del artículo 31 de la Constitución de que todos
contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su
capacidad económica.
de 1977 se habían firmado los «Pactos de la Moncloa», cimiento del
acuerdo social y político que significó la «modélica» Transición,
incluían la figura de un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
de carácter global, personal y progresivo. Y el 8 de septiembre de 1978
se aprobó la Ley 44/1978 del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas con una importante progresividad aunque los elevados niveles de
fraude devaluaran su eficicacia.
directamente el mandato constitucional y se aleja cada vez más de los
compromisos de la Transición y del texto original de la Ley de 1978.
camino de destrucción de la progresividad fiscal (pues no contribuyen más
quienes tienen más capacidad económica) y, en su injusticia, son también
ineficaces pues no garantizan un aumento de la recaudación ni ayudan a
salir de la crisis económica en la que nos encontramos.
necesario hubiera sido que el Gobierno acometiera una reforma fiscal que
ayudase a la recuperación económica, la creación de empleo y a una mayor
justicia social. Nada de esto hay: las medidas son ineficaces y muy
injustas socialmente ya que ahondan en la pérdida de progresividad que ha
caracterizado a las reformas fiscales de los distintos gobiernos del PP y
del PSOE, las de 1991, 1998, 2002 y 2006. En este sentido albergamos
dudas fundadas de la plena constitucionalidad de esta reforma, que vacía
el contenido del artículo 31 de la Constitución hasta convertirlo en un
precepto puramente nominal: igualdad, justicia, progresividad,
contribución de los que tienen más capacidad económica: nada de esto hay
en la misma.
España están sufriendo un deterioro cada vez más pronunciado que ha
llevado a que cerca de un 25% de la población viva en condiciones de
exclusión social. La sociedad española se empobrece cada día por la caída
de las rentas y el aumento de la desigualdad en su reparto, por el
contrario la economía sumergida está próxima al 25%, el 72% del fraude
fiscal tiene por origen las grandes empresas y fortunas y Hacienda sólo
cobra 1 de cada 6 euros de fraude descubierto, todo ello sin tener en
cuenta la elusión fiscal existente utilizando las SICAV o los paraísos
fiscales aprovechando mecanismos de ingeniería financiera no
ilegales.
ingresaban 5.7 veces más que los más pobres, ahora después de 6 años de
crisis ingresan 7,2 veces más y este número va en un aumento incesante.
En 2012 España registró el índice más alto de la UE de desigualdad (GINI)
en la distribución de ingresos. Ningún otro país industrializado ha
tenido un reparto tan desigual de los costes de la crisis. El hundimiento
de las rentas más bajas y los recortes de derechos y en las políticas de
protección social solo han hecho que la fractura social en nuestro país
se haya agravado. Por ejemplo, se da un nuevo apoyo a la banca, cuyo tipo
efectivo respecto de su resultado contable está ya en un escaso 8,4%,
acumulando casi 128.000 millones de bases imponibles negativas que pueden
compensar, por lo que mantener el tipo nominal en el 30% les produce más
beneficios que perjuicios fiscales.
ciudadanos, según el CIS, opine que el sistema fiscal es injusto. Tienen
toda la razón.
fiscal presentada por el Gobierno ante esta Cámara ha contado con los
trabajos previos de un grupo de expertos, presidido por el Sr. Lagares,
cuyo informe no perseguía ni el aumento de la recaudación, ni la
redistribución ni la reducción de la desigualdad solo pretendía instaurar
el pensamiento único reaccionario neoliberal defendiendo un modelo
recentralizador de fiscalidad, la necesidad de bajar impuestos y el
recorte del gasto como único instrumento para obtener la consolidación
fiscal, ignorando la realidad social del país, el problema del paro y del
empobrecimiento de la población.
por presentarnos una reforma fiscal que no resolverá los problemas de
desigualdad e inequidad del actual modelo tributario ni de la sociedad en
su conjunto, al contrario, profundizará en muchos de ellos. Y esto es así
porque a nuestro juicio esta reforma parte de conceptos falsos.
elevada. Sin embargo, según los datos europeos hechos públicos el 17 de
junio de 2014, la presión fiscal se sitúa en el 32,5% del PIB, una cifra
verdaderamente baja. Estamos seis puntos y medio por debajo de la media
europea. Si la comparación se hace con los países próximos al nuestro,
como Italia o Francia, entonces la diferencia es abismal: más de once
puntos por debajo.
poco y ello es debido en gran parte gracias a las distintas reformas
fiscales realizadas por anteriores Gobiernos. Lo hace menos que la media
de los países europeos y además de manera que el grueso de la recaudación
proviene del trabajo a través del IRPF y el consumo de los ciudadanos a
través del IVA y los Impuestos especiales sobre la gasolina, tabaco y
alcohol —impuestos todos ellos que han sufrido subidas sensibles
desde 2008— y no de las rentas del capital ni de los beneficios de
las empresas. Esto es una prueba de que la estructura de recaudación
fiscal española está descompensada, situación que no parece que vaya a
cambiar tras esta reforma.
idea de que bajar los impuestos aumenta el consumo es, como poco,
discutible y nunca ha sido comprobada. Por un lado las rentas más bajas
no se ven afectadas por la reforma porque no alcanzan el umbral de
tributación. Las medias corresponden a familias que presentan un elevado
nivel de endeudamiento y que deberán utilizar el estrecho margen de los
recursos que no deberán paga como impuesto, a afrontar amortizaciones e
intereses. Y las rentas altas, que tendrán una disminución significativa,
mantendrán su elevado nivel de consumo, que ya podían sostener
previamente y la disminución fiscal representará solo un aumento de su
capacidad de ahorro y la orientación de los recursos liberados a
operaciones especulativas.
global derivada de la reforma, entre 6.700 y 9.000 millones de euros, se
equilibrará con el aumento de la actividad económica. Pero esa mejora ni
está ni se la espera: con un déficit del 7% (sin contar el rescate
bancario), la deuda pública en el 100%, el compromiso con la UE de nuevos
recortes, las reticencias y nuevas exigencias de la UE, etc, la bajada de
salarios conducirá a una disminución añadida del IRPF y con ello al
estancamiento del consumo y al descenso de la recaudación por IVA (lo que
forzará previsiblemente a un nuevo aumento del impuesto, requerido por
Bruselas. El desempleo continúa mostrando unas cifras escandalosamente
elevadas más allá de disminuciones coyunturales. Cada vez más ciudadanos
están abocados a la precariedad, con contratos temporales y a tiempo
parcial, los salarios están bajando, incrementa la pobreza y las familias
sin recursos. A ello hay que añadir la situación internacional que se
caracteriza, entre otras cosas, por un estancamiento en las previsiones
económicas de nuestros principales clientes en el exterior, tanto de la
UE como de los BRICS y grandes incertidumbres en la situación
geoestratégica y los suministros energéticos, a lo que hay que añadir,
ahora en España, una situación al borde de la deflación, extremadamente
peligrosa.
clase trabajadora, en particular, son los que soportan —y seguirán
soportando— el grueso de las aportaciones al erario público, vía
IRPF (por las rentas del trabajo), IVA e impuestos especiales (sobre la
gasolina, el tabaco y el alcohol). Impuestos que han subido sensiblemente
desde 2008, lo que ha originado que la distribución de la presión fiscal
que soportan los hogares de los asalariados españoles haya crecido de
forma muy notable. Así, por ejemplo, entre 2009 y 2011 el tipo medio
efectivo pasó del 19,5% a casi el 22%, debido principalmente a la subida
del gravamen medio efectivo del IRPF al subir del 10,9% al 12,2%, y el
del IVA del 6,2% al 7,1%. Esta Ley no mejorará esta situación.
empresas, de sus directivos y de sus asesores, consolidando el proceso de
polarización social que se ha producido en esta crisis.
realidad.
políticas del PP. En la actualidad no cumple las funciones que le
atribuye el artículo 31 de la Constitución. Bajo el Gobierno de Rajoy se
ha convertido en un instrumento de explotación de los asalariados y los
pequeños empresarios, que son los que están contribuyendo casi en
exclusiva al mantenimiento de los gastos generales.
IVA, modifica de modo sustancial el régimen de tributación de los Entes
Públicos dado que quedarán no sujetas al Impuesto de todas las
prestaciones de servicios que estos Entes realicen, incluidas todas las
prestaciones que las Administraciones Públicas reciban de sus sociedades
mercantiles, ya sea en virtud de relaciones jurídicas internas por la vía
de la encomienda de gestión o los encargos de ejecución, ya sea mediante
cualquier otra fórmula en la que estas sociedades mercantiles se
presenten como proveedores de servicios a estas Administraciones.
público empresarial en concepto de IVA no deducible y con ellos una
subsiguiente minoración de la disponibilidad presupuestaria de las
Administraciones territoriales no recaudadoras, autonómicas y
locales.
doméstico de electricidad y gas que, los Senadores que presentamos esta
Propuesta de Veto pensamos que, al igual que ocurre con otros Estados de
la UE, se debe de aplicar un tipo inferior, planteando que éste sea del
10%. Igualmente planteamos la reducción del tipo, en este caso al 4%,
para el transporte de viajeros (salvo el aéreo), consumo de aguas aptas
para la alimentación, entrada a manifestaciones culturales y espectáculos
deportivos de carácter no profesional y a la industria cultural (museos,
salas cinematográficas, teatros…).
aplicación del régimen simplificado, debiera reservarse el mismo en el
caso de las actividades agrícolas, forestales y ganaderas cuyos ingresos
no superen los cien mil euros anuales.
especial del criterio de caja a todos los sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones durante el año natural no ha superado los diez millones de
euros.
rechazamos la exención al combustible utilizado en los vuelos domésticos
y en embarcaciones por su repercusión medioambiental; también planteamos
la eliminación de las exenciones y bonificaciones fiscales para las
embarcaciones y aeronaves de recreo y alquiler. Igualmente, se introducen
diferentes modificaciones para propiciar el uso de vehículos con menores
emisiones a la atmósfera y gravar más a los vehículos más contaminantes,
así como para aproximar progresivamente de las tarifas de las gasolinas
sin plomo y los gasóleos de uso general y eximir a los vehículos
eléctricos y a los adscritos a régimen de car sharing.
de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética, eximiendo del gravamen previsto a todas las tecnologías
renovables en régimen especial y a las renovables destinadas al
autoconsumo.
Gobierno presente un Proyecto de Ley sobre bienes suntuarios.
fiscal:
las CCAA a la hora de diseñar las medidas pero en cambio tendrá
consecuencias sobre los ingresos al disminuir tributos de recaudación
parcialmente cedida. Además se incentiva nuevamente una ola de rebajas
fiscales a las CCAA cuando el principal problema es el ahogo financiero y
la falta de recursos para financiar los servicios públicos.
nuevo deducciones fiscales para las políticas familiares mientras se
recortan servicios de atención a las personas, promoviendo un modelo vía
incentivos económicos donde es la mujer la que se encarga de estas
tareas.
aumentando la desafección de la ciudadanía respecto a la responsabilidad
fiscal así como la desigualdad en la contribución al sistema en función
de la renta.
ambiental mientras promueven con sus políticas a los sectores más
contaminantes y agresivos con el medio ambiente. La falta de
incorporación de la fiscalidad verde agrava el componente de desigualdad
del sistema porque son las grandes empresas las que externalizan los
costos ambientales y para la salud de las personas en el conjunto de la
sociedad.
responde a las verdaderas necesidades fiscales, presupuestarias, sociales
y medio ambientales españolas, sino que responde más bien a un carácter
electoralista y de maquillaje —que rezuma por todos sus
costados— para insistir en el mensaje de la «recuperación» y que
bajar impuestos es positivo.
una base social profundamente defraudada y desmotivada desde el punto de
vista electoral. Por eso el Gobierno la ha dividido en dos años, para
aprovecharla como reclamo electoral en las dos convocatorias electorales
próximas. Además, están apareciendo contradicciones en el seno de los
sectores económicos que apoyan al Gobierno,
para los lobbies y grupos de interés al que cada uno se vincula.
método utilizado: anuncio en el Consejo de Ministros, publicación como
anteproyecto para iniciar un supuesto período de información pública,
texto definitivo en julio, debate parlamentario en otoño, etc.
formulamos esta Propuesta de Veto estamos convencidos de que el
instrumento fundamental que haría posible la creación de empleo digno y
una salida de la crisis favorable a la mayoría social es una reforma
fiscal justa. Exactamente lo contrario que nos trae el Gobierno.
ingresa, sino también en establecer cuánto, cómo y en qué se gasta. No se
trata de subir o bajar impuestos sin más, sino de asegurar la
contribución fiscal que permita resolver las necesidades sociales, sobre
la base de que paguen más quien más tiene o gana. Por tanto ha de ser
suficiente, progresiva y equitativa, pero esta reforma fiscal ni siquiera
aborda los cambios estructurales que son precisos en el sistema
tributario español y, por tanto, no corrige sus disfunciones.
recortando precisamente los que afectan a las rentas más altas, y las
elevadas disminuciones en la imposición sobre los tramos más elevados, se
comen la progresividad y limitan la capacidad recaudatoria fiscal del
Estado, lo que hará que los recortes sociales y la degradación de
servicios públicos se hagan estructurales y reducirá la capacidad del
sector público para invertir en la economía e impulsar la recuperación
económica así como una transición a un nuevo modelo productivo más
sostenible y generador de empleo.
las rentas salariales y las rentas empresariales (que siguen subiendo a
pesar de la crisis), ni el impacto que esto tendrá en términos de
crecimiento de la pobreza y las desigualdades sociales o la bajada de los
salarios en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de
pensiones, así como su efecto sobre el ya de por sí muy tocado consumo
interno. Tampoco se da ninguna prueba de cómo creará empleo, más allá del
acto de fe de que siendo más competitivos, gracias a la reducción de los
salarios, aquél se creará. Sin embargo, los datos demuestran que la caída
de los costes laborales no está sirviendo para ganar en competitividad,
sino para aumentar los beneficios empresariales.
modelo de comunicación con resultado de confusión. En cuanto al IRPF, el
argumentar sobre porcentajes para dar la impresión de que el 12% de los
ingresos más bajos es lo mismo que el 12% de los más altos, obvia que los
11,5 millones de trabajadores y pensionistas con ingresos inferiores a
12.000 euros anuales no tendrán ninguna mejora tributaria real, pero si
se verán obligados a pagar más por los servicios sociales como
consecuencia de los recortes y los aumentos de la imposición indirecta.
Frente a lo que dice el Gobierno, la renta disponible de las familias no
mejorará. Las bajadas en los tipos para las rentas más bajas no son
suficientes para compensar los retrocesos en políticas sociales y la
disminución de los salarios, que han supuesto un empeoramiento en las
condiciones de vida de las familias, que ahora tienen que destinar un 22%
más para gastos en educación y un 9,5% adicional para gastos en
salud.
sean discutibles, sino que producen cierta vergüenza ajena. En un país
cuyo Gobierno ha echado al extranjero a miles de jóvenes muy preparados,
con altísimas cualificaciones técnicas necesarias para el desarrollo del
país, que ha recortado sin piedad, hasta casi secarla, la inversión en
I+D+I, este Gobierno conserva, con el objetivo de atraer profesionales
altamente cualificados (excepto deportistas profesionales), que los
trabajadores extranjeros desplazados a España puedan tributar como no
residentes a un tipo del 24% para los primeros 600.000 euros de
retribución y durante cinco períodos impositivos consecutivos. ¿Quiénes
serán los principales beneficiados de esta medida?: los directivos de los
fondos buitres que han caído sobre España, llamados por este Gobierno,
para hacerse, a precio de saldo con las riquezas nacionales.
Senadores que suscribimos el Veto, al igual que hicieron en el Congreso
los diputados de la Izquierda Plural opone su modelo de reforma fiscal
justa y eficiente, que responde a las exigencias del artículo 31 de la
Constitución, en el que se contemplan, entre muchas otras, las siguientes
medidas:
actuales:
respecto a las rentas del capital. Tributación en la misma base imponible
de las rentas del trabajo y del capital. Se integran en la tarifa general
del IRPF
incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliable a 6
en el caso de inmuebles).
más rigurosa del delito fiscal, así como con la prohibición de realizar
amnistías fiscales.
patrimoniales.
sectorial como temporalmente.
desplazados a territorio español.
Consolidación definitiva, para las rentas más altas, de los incrementos
del gravamen complementario en el IRPF. Mantenimiento de los tipos
marginales altos.
reformas fiscales, teniendo en cuenta el impacto sobre los modelos
familiares que se promocionan por la vía fiscal y la discriminación e
inequidad que suponen figuras como la declaración conjunta y que se
revise los beneficios de las deducciones fiscales en función del
sexo.
recursos, como determinados productos de ahorro, así como los incentivos
que no tienen en cuenta niveles de renta.
sumergida y la elusión fiscal:
acompañadas con medidas organizativas y de gestión de los recursos
humanos en la administración tributaria, entre las que está la creación
del Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda. (según los datos de la OCDE,
España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes,
frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de
Luxemburgo).
Inversión Colectiva para evitar los notorios abusos de las sociedades de
inversión de capital variable (SICAV).
ciudadanos ante la ley así como garantizar la equivalencia de servicios
públicos independientemente del territorio. Una fiscalidad federal basada
en la autonomía fiscal, la cooperación y la solidaridad entre distintas
administraciones públicas que evite la competencia fiscal para atraer,
con impuestos más bajos, más industria y comercio.
niveles: el Estado federal, las entidades federadas y los municipios. El
papel del Senado será fundamental en materia tributaria, como Cámara de
representación territorial.
exige la derogación de las disposiciones legales sobre la reforma de las
Administraciones Locales.
no las que nos ofrecen el PP y el Gobierno cuya reforma fiscal, junto con
la radical defensa de la austeridad, tendrá como principales perjudicados
a las rentas más bajas, porque se reducirán los recursos públicos para
hacer políticas sociales y se debilitará la red de protección que
representa el ya escaso estado del bienestar, voluntad que más allá de
esta reforma fiscal se reforma en la política presupuestaria que guarda
una relación directa: si en los Presupuestos Generales del Estado para
2014 se estableció una previsión de beneficios fiscales por importe de
38.360,15 millones de euros, para 2015 el Proyecto de PGE los eleva a
40.719,12 millones, un 6,1% más.
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido,
la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales
del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre,
por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
Capella i Farré.
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991,
de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se
establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y
se adoptan otras medidas tributarias y financieras pretende abordar,
junto con otros Proyectos de Ley, una reforma integral del sistema
tributario español. El objetivo del Gobierno es, con esta reforma,
reducir de forma generalizada la carga impositiva soportada por los
contribuyentes y avanzar en términos de eficiencia, equidad y
neutralidad. Sin embargo, no parece que las reformas efectivamente
planteadas consigan lograr dichos objetivos.
injusta y regresiva. Lejos de una reforma fiscal estructural y en
profundidad, que permita abordar los problemas del sistema tributario
español, plantean una reforma de alcance muy limitado, que supone
simplemente un conjunto de supuestas rebajas tributarias por igual a
todos los contribuyentes, sin tener en cuenta su capacidad económica a la
hora de contribuir en el sostenimiento de los gastos públicos. Y todo
ello con fines electoralistas y a corto plazo, continuando con su
discurso exageradamente optimista acerca de la recuperación económica
para intentar recuperar la confianza de unos ciudadanos que la han
perdido viendo, por ejemplo, como España sigue sin combatir el fraude
fiscal, como tampoco hace en esta reforma, y temiendo, además, que esta
bajada de impuestos pueda ser revertida en un futuro no muy lejano a
tenor de alguna de las exigencias de estabilidad fiscal a las cuales la
UE nos tiene acostumbrados.
profundamente reaccionario y recentralizador, ya que, mientras que no ha
sido negociada con las Comunidades Autónomas, las afectará directamente,
puesto que reducirá sus fuentes de ingresos relativas a una recaudación
de impuestos que ya de por sí es muy limitada por la poca
descentralización del Estado.
erróneo de que existe una gran presión fiscal en España —pese a que
esta se sitúa seis puntos y medio por debajo de la media de la UE.
Además, la pérdida de recaudación que la reforma supondrá, entre 6.700 y
9.000 millones de euros, producirá un notable descenso en cuanto al gasto
social que repercutirá negativamente en la sociedad, ya que la poca
capacidad adquisitiva de los ciudadanos españoles en la actualidad impide
un aumento del consumo interno, lo que a su vez imposibilita una mayor
recaudación mediante el IVA aunque los tipos impositivos desciendan. En
este sentido, resulta destacable a nuestro juicio que el Gobierno
continúe sin explorar otras vías de recaudación que podrían revertir en
un mayor gasto social, como podría ser el aumento del tipo en el impuesto
del patrimonio, que se mantiene en un insuficiente 0,5%, o la revocación
del privilegio fiscal que tienen aquellos extranjeros que computan tan
sólo un 24% para los primeros 600.000 euros que tributan en España.
ineficiente. No logrará ninguno de sus objetivos, no se afronta el enorme
problema que supone para los ingresos públicos el fraude fiscal o la
economía sumergida y fía la reducción del déficit a la mejora de la
situación económica y la reducción del gasto público.
Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de
Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y
la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras
medidas tributarias y financieras.
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley
por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013,
de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas
tributarias y financieras.
Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.
pesar de la independencia formal de este Proyecto de Ley por la que se
modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28
de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de
octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de
fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras y las modificaciones que contiene respecto de los otros dos
que componen esta reforma fiscal («Proyecto de Ley del Impuesto sobre
Sociedades» y «Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras
normas tributarias»), éste no puede considerarse de manera aislada o
desarticulada, sino como un conjunto que refleja una única voluntad
político-legislativa, de reformar el sistema tributario español para
favorecer a las grandes empresas y a las rentas más altas, en perjuicio
de los intereses generales y, en particular, de las rentas más bajas y
medias. Por eso presentaremos también sendas enmiendas de totalidad a
estos otros dos proyectos de ley complementarios mencionados.
empresarios y las rentas más altas; perdemos todos los demás. Estamos
ante un conjunto de medidas cuyo común denominador es su reaccionarismo,
su electoralismo, y su deficiencia técnica, por lo que deben ser
retiradas.
pero que tanto pisotean con sus políticas y su actuaciones diarias,
establece que el sistema fiscal debe ser justo, inspirado en los
principios de igualdad y progresividad, así como eficaz para lograr la
consecución del mandato del artículo 31 de la Constitución de que todos
contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su
capacidad económica.
mandato constitucional. Sus medidas son injustas y desiguales ya que
siguen el camino de destrucción de la progresividad fiscal (pues no
contribuyen más quienes tienen más capacidad económica) y, en su
injusticia, son también ineficaces pues no garantizan un aumento de la
recaudación ni ayudan a salir de la crisis económica en la que nos
encontramos.
cuando llevamos ya más de 6 años de crisis económica. En este contexto,
lo necesario hubiera sido que el Gobierno acometiera una reforma fiscal
que ayudase a la recuperación económica, la creación de empleo y a una
mayor justicia social. Nada de esto hay: las medidas son ineficaces y muy
injustas socialmente ya que ahondan en la pérdida de progresividad que ha
caracterizado a las reformas fiscales de los distintos gobiernos del PP y
del PSOE, desde mediados de los años 90 del siglo pasado. En este sentido
existen dudas fundadas de la plena constitucionalidad de esta reforma,
que vacía el contenido del artículo 31 de la Constitución hasta
convertirlo en un precepto puramente nominal: igualdad, justicia,
progresividad, contribución de los que tienen más capacidad económica:
nada de esto hay en la misma.
España están sufriendo un deterioro cada vez más pronunciado que ha
llevado a que cerca de un 25% de la población viva en condiciones de
exclusión social. La sociedad española se empobrece cada día por la caída
de las rentas y el aumento de la
sumergida está próxima al 25%, el 72% del fraude fiscal tiene por origen
las grandes empresas y fortunas y Hacienda sólo cobra 1 de cada 6 euros
de fraude descubierto, todo ello sin tener en cuenta la elusión fiscal
existente utilizando las SICAV o los paraísos fiscales aprovechando
mecanismos de ingeniería financiera no ilegales.
fiscales abundan en estos proyectos: como han apuntado los técnicos
citados, teniendo en cuenta el alto precio de la electricidad en nuestro
país con respecto a los países de la UE y su alza en los últimos años,
conforme al Artículo 102 de la Directiva 2006/112/CE, se podía haber
previsto que, previa consulta del Comité del IVA, España pudiera aplicar
un tipo impositivo reducido a las entregas de gas natural, electricidad o
calefacción urbana. Nada de esto hay.
ingresaban 5.7 veces más que los más pobres, ahora después de 6 años de
crisis ingresan 7,2 veces más y este número va en un aumento incesante.
En 2012 España registró el índice más alto de la UE de desigualdad (GINI)
en la distribución de ingresos. Ningún otro país industrializado ha
tenido un reparto tan desigual de los costes de la crisis. El hundimiento
de las rentas más bajas y los recortes de derechos y en las políticas de
protección social solo han hecho que la fractura social en nuestro país
se haya agravado. Por ejemplo, se da un nuevo apoyo a la banca, cuyo tipo
efectivo respecto de su resultado contable está ya en un escaso 8,4%,
acumulando casi 128.000 millones de bases imponibles negativas que pueden
compensar, por lo que mantener el tipo nominal en el 30% les produce más
beneficios que perjuicios fiscales.
ciudadanos, según el CIS, opine que el sistema fiscal es injusto. Tienen
toda la razón.
fiscal presentada por el Gobierno ha contado con los trabajos previos de
un grupo de expertos, presidido por el Sr. Lagares, cuyo informe no
perseguía ni el aumento de la recaudación, ni la redistribución ni la
reducción de la desigualdad solo pretendía instaurar el pensamiento único
reaccionario neoliberal defendiendo un modelo recentralizador de
fiscalidad, la necesidad de bajar impuestos y el recorte del gasto como
único instrumento para obtener la consolidación fiscal, ignorando la
realidad social del país, el problema del paro y del empobrecimiento de
la población.
por presentarnos una reforma fiscal que no resolverá los problemas de
desigualdad e inequidad del actual modelo tributario ni de la sociedad en
su conjunto, al contrario, profundizará en muchos de ellos. Y esto es así
porque a nuestro juicio esta reforma parte de conceptos falsos.
elevada. Sin embargo, según los datos europeos hechos públicos el 17 de
junio de 2014, la presión fiscal se sitúa en el 32,5% del PIB, una cifra
verdaderamente baja. Estamos seis puntos y medio por debajo de la media
europea. Si la comparación se hace con los países próximos al nuestro,
como Italia o Francia, entonces la diferencia es abismal: más de once
puntos por debajo.
poco y ello es debido en gran parte gracias a las distintas reformas
fiscales realizadas por anteriores Gobiernos. Lo hace menos que la media
de los países europeos y además de manera que el grueso de la recaudación
proviene del trabajo a través del IRPF y el consumo de los ciudadanos a
través del IVA y los Impuestos especiales sobre la gasolina, tabaco y
alcohol —impuestos todos ellos que han sufrido subidas sensibles
desde 2008— y no de las rentas del capital ni de los beneficios de
las empresas. Esto es una prueba de que la estructura de recaudación
fiscal española está descompensada, situación que no parece que vaya a
cambiar tras esta reforma.
idea de que bajar los impuestos aumenta el consumo es, como poco,
discutible y nunca ha sido comprobada. Para las rentas altas, que tendrán
una disminución significativa, su consumo seguirá siendo alto y la
disminución fiscal representará solo un aumento de su ahorro.
global derivada de la reforma, entre 6.700 y 9.000 millones de euros, se
equilibrará con el aumento de la actividad económica. Pero esa mejora ni
está ni se la espera: con un déficit del 7% (sin contar el rescate
bancario), la deuda pública en el 100%, el compromiso con la UE de nuevos
recortes, las reticencias y nuevas exigencias de la UE, etc., la bajada
de salarios conducirá a una disminución añadida del IRPF y con ello al
estancamiento del consumo y al descenso de la recaudación por IVA (lo que
forzará previsiblemente a un nuevo aumento del impuesto, requerido por
Bruselas. El desempleo continúa mostrando unas cifras escandalosamente
elevadas más allá de disminuciones coyunturales. Cada vez más ciudadanos
están abocados a la precariedad, con contratos temporales y a tiempo
parcial, los salarios están bajando, incrementa la pobreza y las familias
sin recursos.
caracteriza, entre otras cosas, por un escaso avance en nuestros
principales mercados, el encarecimiento del petróleo y algunas materias
primas y, ahora en el país, una situación al borde de la deflación,
extremadamente peligrosa.
clase trabajadora, en particular, son los que soportan —y seguirán
soportando— el grueso de las aportaciones al erario público, vía
IRPF (por las rentas del trabajo), IVA e impuestos especiales (sobre la
gasolina, el tabaco y el alcohol). Impuestos que han subido sensiblemente
desde 2008, lo que ha originado que la distribución de la presión fiscal
que soportan los hogares de los asalariados españoles haya crecido de
forma muy notable. Así, por ejemplo, entre 2009 y 2011 el tipo medio
efectivo pasó del 19,5% a casi el 22%, debido principalmente a la subida
del gravamen medio efectivo del IRPF al subir del 10,9% al 12,2%, y el
del IVA del 6,2% al 7,1%. Esta ley no mejorará esta situación.
empresas, de sus directivos y de sus asesores, consolidando el proceso de
polarización social que se ha producido en esta crisis.. En este mismo
sentido, la contribución a la recaudación del Impuesto del Patrimonio
—que dista mucho de ser un verdadero Impuesto a la Riqueza—
queda en un exiguo 0,5% de la recaudación fiscal general.
políticas del PP. En la actualidad no cumple las funciones que le
atribuye el artículo 31 de la Constitución. Bajo el Gobierno de Rajoy se
ha convertido en un instrumento de explotación de los asalariados y los
pequeños empresarios, que son los que están contribuyendo casi en
exclusiva al mantenimiento de los gastos generales.
las CCAA a la hora de diseñar las medidas pero en cambio tendrá
consecuencias sobre los ingresos al disminuir tributos de recaudación
parcialmente cedida. Además se incentiva nuevamente una ola de rebajas
fiscales a las CCAA cuando el principal problema es el ahogo financiero y
la falta de recursos para financiar los servicios públicos.
aumentando la desafección de la ciudadanía respecto a la responsabilidad
fiscal así como la desigualdad en la contribución al sistema en función
de la renta.
ambiental mientras promueven con sus políticas a los sectores más
contaminantes y agresivos con el medio ambiente. La falta de
incorporación de la fiscalidad verde agrava el componente de desigualdad
del sistema porque son las grandes empresas las que externalizan los
costos ambientales y para la salud de las personas en el conjunto de la
sociedad.
responde a las verdaderas necesidades fiscales, presupuestarias, sociales
y medio ambientales españolas, sino que responde más bien a un carácter
electoralista y de maquillaje —que rezuma por todos sus
costados— para insistir en el mensaje de la «recuperación» y que
bajar impuestos es positivo.
una base social profundamente defraudada y desmotivada desde el punto de
vista electoral.
aprovecharla como reclamo electoral en las dos convocatorias electorales
próximas. Además, están apareciendo contradicciones en el seno de los
sectores económicos que apoyan al Gobierno, algunos de los cuales
reclaman ventajas fiscales mayores para los lobbies y grupos de interés
al que cada uno se vincula.
método utilizado: anuncio en el Consejo de Ministros, publicación como
anteproyecto para iniciar un supuesto período de información pública,
texto definitivo en julio, debate parlamentario en otoño, etc.
posible la creación de empleo digno y una salida de la crisis favorable a
la mayoría social es una reforma fiscal justa. Exactamente lo contrario
que nos trae el Gobierno.
ingresa, sino también en establecer cuánto, cómo y en qué se gasta. No se
trata de subir o bajar impuestos sin más, sino de asegurar la
contribución fiscal que permita resolver las necesidades sociales, sobre
la base de que paguen más quien más tiene o gana. Por tanto ha de ser
suficiente, progresiva y equitativa, pero esta reforma fiscal ni siquiera
aborda los cambios estructurales que son precisos en el sistema
tributario español y, por tanto, no corrige sus disfunciones.
recaudatoria fiscal del Estado hará que los recortes sociales y la
degradación de servicios públicos se hagan estructurales y reducirá la
capacidad del sector público para invertir en la economía e impulsar la
recuperación económica así como una transición a un nuevo modelo
productivo más sostenible y generador de empleo.
desigualdad entre las rentas salariales y las rentas empresariales (que
siguen subiendo a pesar de la crisis), ni el impacto que esto tendrá en
términos de crecimiento de la pobreza y las desigualdades sociales o la
bajada de los salarios en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad
del sistema de pensiones, así como su efecto sobre el ya de por sí muy
tocado consumo interno. Tampoco se da ninguna prueba de cómo creará
empleo, más allá del acto de fe de que siendo más competitivos éste se
creará.
fiscal del gobierno y abogamos por:
actuales:
más rigurosa del delito fiscal, así como con la prohibición de realizar
amnistías fiscales.
sobre el IVA. Establecer un IVA super reducido para bienes, servicios y
productos básicos o culturales.
o Servicios Suntuarios. Será aplicable a los productos y servicios
considerados de lujo.
Financieras (ITF), con una base impositiva amplia y que será sustituido,
cuando proceda, por un tributo a escala de la Unión Europea o de aquellos
países que han acordado aplicarlo por el procedimiento de Cooperación
Reforzada.
Impuesto sobre el Patrimonio, con un mínimo exento para la vivienda
familiar, en función de la renta, y sin exenciones para segundas
viviendas.
acompañadas con medidas organizativas y de gestión de los recursos
humanos en la administración tributaria, entre las que está la creación
del Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda. (según los datos de la OCDE,
España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes,
frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de
Luxemburgo).
existentes que no tengan una finalidad meramente recaudatoria.
vertido y la incineración de residuos, sobre bolsas de plástico de un
solo uso, sobre el cambio de usos del suelo y sobre sustancias de elevado
nivel de preocupación o riesgo.
ciudadanos ante la ley así como garantizar la equivalencia de servicios
públicos independientemente del territorio. Una fiscalidad federal basada
en la autonomía fiscal, la cooperación y la solidaridad entre distintas
administraciones públicas que evite la competencia fiscal para atraer,
con impuestos más bajos, más industria y comercio.
niveles: el Estado federal, las entidades federadas y los municipios. El
papel del Senado será fundamental en materia tributaria, como Cámara de
representación territorial.
exige la derogación de las disposiciones legales sobre la reforma de las
Administraciones Locales.
veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de
junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico
Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan
otras medidas tributarias y financieras.
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora
María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al
Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de
junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico
Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan
otras medidas tributarias y financieras.
Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí
Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera
García.
Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos
Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan
Sabaté Borràs (GPEPC)
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora
María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta
de veto.
principalmente, y así lo reconoce explícitamente en el Preámbulo, en
incorporar modificaciones menores en la legislación de los impuestos
indirectos para adaptarla a la normativa comunitaria.
se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013,
de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas
tributarias y financieras», no encontramos ninguna razón de peso para
considerarlo como parte de una reforma fiscal «de contenido estructural
muy importante para nuestra economía y de reducción de impuestos para
todos los ciudadanos» tal y como afirmó el ministro de Hacienda al
iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
el IVA general hasta el 21% y, el tipo reducido pasó del 8% al 10%,
alcanzando la media europea de en este tipo de gravamen. Además,
efectuaron una importante reclasificación de los bienes y servicios con
tipos reducidos y superreducidos. Nuevamente, junto con los aumentos del
IRPF y otros impuestos cuya recaudación principal recayó sobre las rentas
medias y sobre los trabajadores asalariados, se estableció un sistema
tributario insolidario con la mayoría de la sociedad española y
especialmente perjudicial sobre algunos sectores de actividad, como la
cultura, que incrementó de forma extraordinaria en 13 puntos el IVA de
actividades tan importantes como el cine, el teatro y la música,
comprometiendo de forma grave su mantenimiento y viabilidad.
centra en la obligada adaptación del texto vigente a la Directiva
2008/8/CE, de 12 de febrero. Además, en relación a los impuestos
especiales, modifica el Impuesto sobre la electricidad que pasa a ser un
impuesto que grava el suministro de energía eléctrica, siguiendo la
Directiva 2003/96/CE, aunque se mantiene la determinación de la base
imponible, el tipo impositivo, y los beneficios fiscales existentes y no
variará la recaudación.
medioambiental solo se realizan cambios menores en el Impuesto sobre los
Gases Fluorados de efecto invernadero. El Gobierno, en una visión miope
de la realidad y con la manida excusa de la crisis, refuerza el falso
planteamiento que contrapone
la necesaria modificación de la regulación impositiva medioambiental y
energética que incentive comportamientos más respetuosos con el
medioambiente de nuestro país.
reforma legislativa para rectificar y reducir la desigualdad e inequidad
del sistema tributario que sufre la sociedad española. No sólo no acomete
una verdadera reforma fiscal que, unida a la lucha contra el fraude,
ayude a recaudar suficientemente de todos los contribuyentes, sino
consagra un modelo de sistema tributario que beneficia solo a un sector
de la sociedad minoritario, de rentas altas y grandes empresas, que
aspira a mantener los niveles de recaudación obligando a continuar con la
política de ajuste fiscal basada en recortes de los servicios esenciales,
con el consiguiente aumento de la pobreza y la desigualdad de la gran
mayoría de los ciudadanos.
esta propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que
se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una
propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que
se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
Portavoz, María Victoria Chivite Navascués.
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente propuesta de veto.
fiscal, se ha incluido un proyecto de ley de modificación de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), de la Ley de Impuestos Especiales
y de la Ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de
fiscalidad medioambiental.
referencia tiene un limitado alcance, centrándose en la adaptación del
texto de la Ley a la Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrero, que
introdujo, entre otras, unas nuevas reglas de localización aplicables a
los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y
electrónicos, prestados a destinatarios que no tengan la condición de
empresarios o profesionales, en la necesidad de dar cumplimiento a la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de enero de
2013, que ha afectado a los tipos aplicables a los productos sanitarios,
y en la realización de una serie de modificaciones técnicas que, o bien
precisan algún aspecto de la tributación, o bien suprimen determinados
límites o requisitos, en el ámbito de discreción que la Directiva de IVA
permite a los Estados miembros.
la Electricidad deja de configurarse como un impuesto sobre la
fabricación, para pasar a ser un impuesto que grava el suministro de
energía eléctrica para consumo —Directiva 2003/96/CE—, pero
se mantiene la recaudación respecto a la estructura anterior, ya que la
base imponible se determina igual, el tipo impositivo no varía y se
mantienen los beneficios fiscales.
contemplan determinadas modificaciones puntuales del Impuesto sobre los
Gases Fluorados de Efecto Invernadero, con el objetivo de clarificar
determinados conceptos que han dado lugar a dudas en cuanto a su
aplicación práctica.
a comprender como el mismo puede considerarse parte de una «reforma
fiscal», debiendo recordarse que la real reforma fiscal del Gobierno del
PP ya se ha llevado a efecto mediante la mayor subida de impuestos de la
democracia.
subida de más de 50 impuestos, con una recaudación normativa por parte de
la Administración Central de más de 28.000 millones de euros, que ha
afectado sustancialmente a las rentas medias y a los trabajadores
asalariados. La estrategia impositiva ha incluido un incremento
extraordinario de la fiscalidad indirecta, cuya figura más representativa
es el IVA, sin compensación alguna a los perdedores que son las rentas
medias y bajas, máxime cuando se sigue reduciendo el peso del gasto
público en el PIB.
20/2012, de 13 de julio, que procedió a incrementar el tipo general del
IVA del 18% al 21% y el tipo reducido del 8% al 10%, además de efectuar
una importante reclasificación de los bienes y servicios sometidos a los
tipos reducido o superreducido, ha supuesto en los ejercicios 2012-2014
unos mayores ingresos de 9.667 M de euros, esperándose, para 2015, unos
ingresos adicionales de 476 M de euros.
elemento esencial de la política tributaria del Gobierno, pues su
incremento ha sido el principal instrumento para desplazar la carga
tributaria desde la imposición directa hacia la indirecta, desterrándose
cualquier consideración relativa a la justicia o equidad del sistema
tributario en su conjunto o cualquier condicionante que pudiera derivarse
de los principios constitucionales de progresividad y capacidad
económica. Pero que sea esta la declarada orientación del Gobierno no
puede hacernos olvidar que dicha decisión —mayor peso de la
imposición indirecta sobre la directa— ha configurado un sistema
tributario menos justo y progresivo, donde la tributación se concentra
cada vez más en todos los contribuyentes por igual, independientemente de
su riqueza y renta, lo que conduce, inevitablemente, a un mayor beneficio
de las rentas y patrimonios más elevados. Los presuntos beneficios a las
rentas medias y bajas y al trabajo asalariado se convierten en mera
«propaganda» sin contenido real, pues cualquier mejora en su tributación
personal, si es que se produce, será absorbida por este incremento de la
imposición indirecta.
situaciones que se han demostrado, no sólo injustas, sino también
especialmente perjudiciales para el mantenimiento y desarrollo de
relevantes sectores de actividad. Y así, el incremento extraordinario de
13 puntos del IVA de las actividades culturales, como cine, teatro y
música, está penalizando el acceso a la cultura a la gran mayoría de la
ciudadanía y tiene un efecto negativo sobre el sector cultural que
representa más del 3% del PIB y que da empleo a cientos de miles de
personas de este país. Igualmente, el incremento del IVA está afectando a
la viabilidad económica de sectores intensivos en la utilización de mano
de obra (p.ej., peluquerías) o que inciden en la salud pública (p.ej.,
servicios veterinarios).
Gases Fluorados de Efecto Invernadero muestra a las claras que no existe
una voluntad real de acometer una regulación integral de la Imposición
medioambiental y energética, que introduzca criterios de política
ambiental en el sistema tributario de manera que se internalicen los
costes externos y se incentiven comportamientos más respetuosos con el
medio ambiente.
siguiente propuesta de veto al presente Proyecto de Ley y propone su
devolución al Congreso de los Diputados.