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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 832, de 20/12/2022
cve: DSCD-14-CO-832
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 832
ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CELSO LUIS DELGADO ARCE
Sesión núm. 42
celebrada el martes,
20 de diciembre de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Retirada del orden del día:
Proposiciones no de ley:
- Sobre creación de un fondo COVID-19 extraordinario de ayuda a autónomos y pymes. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural. (Número de expediente 161/003553)... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Sobre la protección de los derechos digitales y protección del menor en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002644) ... (Página2)
- Sobre el desarrollo rural y la implantación de los pueblos inteligentes en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001162) ... (Página7)
- ?Sobre la mejora de las competencias digitales para reducir la brecha digital de género. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002781) ... (Página11)
- Sobre medidas que garanticen el acceso a las cuentas de pago básicas a las personas que tienen derecho a ellas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente
161/003900) ... (Página15)
- Para el impulso de una mayor protección en el tratamiento de los datos personales de carácter financiero de los españoles. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/004443) ...
- Sobre la gobernanza de la inteligencia artificial. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/004617) ... (Página23)
- Sobre la gestión del PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado por las comunidades autónomas. Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 161/004668) ...
- Sobre el impulso del 'cashback' para facilitar el acceso al dinero en efectivo. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/004669) ... (Página31)
Votaciones ... (Página35)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
RETIRADA DEL ORDEN DEL DÍA:
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE CREACIÓN DE UN FONDO COVID-19 EXTRAORDINARIO DE AYUDA A AUTÓNOMOS Y PYMES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL. (Número de expediente 161/003553).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Les informo de que se ha retirado la proposición no de ley que figura en el orden del día como punto 4.º, del Grupo Parlamentario Plural, sobre creación de un fondo COVID extraordinario de ayudas a autónomos y pymes. Por lo tanto, queda
eliminada del orden del día.
El ponente de la primera proposición no de ley, que es el señor Cortés, ha pedido que por favor se retrase el comienzo de la misma porque está llegando de viaje. Si les parece, la dejaríamos para el último lugar o para cuando él llegue.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DIGITALES Y PROTECCIÓN DEL MENOR EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002644).
El señor PRESIDENTE: Comenzaríamos entonces por el punto 2.º, sobre la protección de los derechos digitales y protección del menor en España, que es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y que defiende el diputado don Juan Luis
Pedreño, que tiene la palabra.
El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos.
El Grupo Parlamentario Popular presentó en junio de 2021, hace ya muchísimo tiempo, una proposición no de ley, proposición que quedó registrada para su posterior debate, sobre el ámbito de la protección de los menores en Internet. Unos
meses antes el Gobierno había publicado la Carta de Derechos Digitales, un documento que no tiene carácter normativo, por lo que hacía falta algo más y por eso el Grupo Parlamentario Popular registró esta proposición no de ley, porque las familias
estaban preocupadas por esto. Hoy las familias siguen preocupadas por la protección de los menores y el acceso a Internet y no hay mecanismos de control por parte del Gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con la verificación de edad. Como
bien sabemos, nada es gratis y los datos son realmente la moneda de pago.
En esta proposición no de ley, que es la que da origen a este debate, hablábamos de campañas de difusión, de formación en las familias e incluso en los centros escolares, pero la actualidad manda y son necesarias medidas de control de forma
más urgente. Por eso hemos presentado una autoenmienda a esta proposición no de ley que es el motivo de esta intervención. Internet es un espacio en el que navegan libremente niños, adolescentes y adultos sin las restricciones que existen en el
mundo físico, en el mundo real. Los recursos en línea, en plataformas y apps, ofrecen un potencial enorme para la formación, la relación y el entretenimiento, pero la falta de controles también representa un gran riesgo para los menores de edad,
incluyendo situaciones de abuso, coerción o explotación sexual, así como también la adicción a los juegos de apuestas. Hay una conciencia creciente, y eso lo estamos viendo todos los días, sobre la importancia de la supervisión parental para
reducir estos riesgos, pero también se puede hacer más desde el punto de vista técnico para restringir el acceso de los niños y adolescentes a contenidos y servicios que no les son permitidos. Ahí la tecnología juega un papel importante y por eso
lo estamos defendiendo en esta Comisión.
La Unión Europea ha aprobado a lo largo de 2022 dos reglamentos sobre mercados y servicios digitales. Son dos leyes -la DMA y la DSA, la de mercados y la de servicios- que buscan erradicar o limitar los abusos que se producen en el ámbito
digital en términos de poder de mercado o de privacidad de los datos, así como también de seguridad de los usuarios. Además, actualmente se encuentra en tramitación en el Parlamento Europeo otro reglamento para prevenir el abuso sexual de menores
que pretende acotar y poner fin a este problema creciente en Europa. Aun así y a pesar de todo esto, se merece un tratamiento específico por parte del Gobierno. Y es que el acceso de menores a contenidos inapropiados en Internet puede acarrear
consecuencias psicológicas y emocionales, incluso pudiendo llegar estos menores a desarrollar comportamientos peligrosos, socialmente inapropiados o dañinos para su salud física. Hay un estudio bastante impactante de Save the Children -el informe
de 2019- en el que los datos relacionados con España dicen que más del 20 % de las personas encuestadas fueron víctimas del ciberembaucamiento online siendo menores de edad; es decir, que uno de cada cinco menores fueron contactados por una persona
adulta a través de Internet con la intención de involucrarle en una actividad de naturaleza sexual. Asimismo, según este informe casi 50 000 jóvenes habrían sido en su infancia víctimas de sexting, el intercambio de mensajes o imágenes propias con
contenido sexual sin consentimiento, y más de 43 000 menores de edad sufrieron sextorsión, es decir, fueron víctimas de chantaje con la amenaza de publicar contenido de carácter sexual que les involucra. Otro riesgo importante es el relacionado -y
este tiene una tendencia mayor y en aumento- con los juegos de apuestas, que no son permitidos para menores de edad pero a los que acceden igualmente. Según este informe, el 17 % de los adolescentes jugadores en España apuesta más de 30 euros al
mes, que es un gasto que se incrementa cuando observamos a los adolescentes en las edades de entre 15 y 16 años.
El modelo de Internet actual ha generado inmensas compañías tecnológicas a nivel global, cuyas apps realmente son megatiendas que pueden tecnológicamente y deben moralmente cumplir un rol fundamental para la disminución del acceso de los
menores de edad al contenido restringido para adultos. Esto es algo similar a lo que pasa, por ejemplo, con las bebidas, donde hay una producción de una bebida que no está permitida para los menores, hay un centro de distribución que las vende y
hay unas responsabilidades compartidas. Estas responsabilidades quedan bastante difusas en el ámbito del acceso a los menores a Internet y a esta industria. Por tanto, aunque las compañías tecnológicas aportan modelos de control y verificación de
edad, muchos de ellos son vulnerables por la extrema facilidad que tienen los menores para sortearlos. Por eso, hemos presentado con urgencia esta modificación a la PNL original con un petitum bastante concreto, que es el de crear una oficina de
supervisión de las herramientas de control de acceso de los menores a contenidos en la red que sean lesivos para su integridad por parte de las plataformas digitales y, por otro lado, promover mecanismos de colaboración con las grandes empresas
tecnológicas para posibilitar el control de acceso de los menores a Internet utilizando la tecnología, utilizando los algoritmos y procedimientos que permitan verificar los requisitos exigibles para la autenticación fiable y la protección de datos.
Creo que es importante el tema que tratamos hoy de la protección de menores y creo que son unos puntos los que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular muy concretos y que no hay ninguna excusa para que no sean aprobados por el resto de
los grupos parlamentarios, por lo que pido desde aquí su apoyo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pedreño.
Hay una enmienda del Grupo Parlamentario VOX que defiende el diputado don Rodrigo Jiménez Revuelta.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días.
El PP nos trae una proposición no de ley que consideramos muy acertada por el fondo y la intención de dicha proposición. El Partido Popular analiza con acierto la famosa Carta de Derechos Digitales, que, como casi todo lo anunciado a bombo
y platillo por este Gobierno, no es más que eso: una carta pero solo de intenciones, que no garantiza en ningún caso una seguridad jurídica al individuo. Al Poder Ejecutivo le corresponde promover las condiciones para que los derechos sean
efectivos, cosa que no está haciendo. El formato es desafortunado, porque, aunque no tiene intención normativa, una Carta de Derechos Digitales es un fondo normativo y es obvio que no se ha sabido utilizar la inteligencia de las personas
involucradas en el desarrollo de la carta. Esta Carta de Derechos Digitales es otro brindis al sol de este Gobierno, ya que las cartas no cambian prácticas; se sitúan en el ámbito de las declaraciones de intenciones y sale gratis ignorarlas porque
no hay consecuencias. Y lo que hemos visto en tecnología es que, cuando no hay consecuencias, todo el mundo se pone de perfil. Ni siquiera las leyes funcionan. Pensar que una declaración de intenciones lo hará, huele a cartucho quemado. De
hecho, la carta dice continuamente: Se reconoce el derecho a... Pero es un documento que no serviría ante un juez. De hecho, si lo pensamos, no queda claro cómo esta carta se puede traducir en un marco regulatorio que tenga un encaje legal, ya
que son derechos reconocidos en el mundo offline. Lo que necesitamos no son cartas, sino herramientas legales efectivas de defensa de derechos fundamentales ante realidades que vemos a diario, como algoritmos racistas y tecnología diseñada para
generar adicción. Algunos países que son pioneros avanzan en prácticas y no en principios. Son los casos de Finlandia y Holanda, donde Helsinki y Ámsterdam respectivamente han anunciado registros abiertos de algoritmos de uso público. Frente a
las cartas de derechos, es la regulación lo que da seguridad jurídica. Por ello, en un principio la primera enmienda presentada por el PP, que incorporaba seis puntos, nos parecía muy acertada porque garantizaba una seguridad jurídica digital, y no
esta carta de intenciones del Gobierno; pero, posteriormente, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, se han enmendado a sí mismos y solo han introducido dos puntos sobre la protección del menor. Lo que es evidente es que esta Carta de
Derechos Digitales no tiene valor normativo, ya que se remite a derechos ya reconocidos y puede suponer un retroceso de los ya existentes, incurre en incoherencias técnicas, se asienta en puntos de partida inciertos y aborda la problemática social
desde una perspectiva tecnologista que no sirve ante la ley ni garantiza su cumplimiento y que parte de un Gobierno que contradice con sus hechos parte del contenido del documento. ¿Para qué esta carta y para qué molestarse siquiera en proponer
enmiendas? No hay tiempo que perder en protección de personas en procesos tecnológicos.
Este grupo parlamentario incorporaba dos enmiendas. La primera trataba sobre la eliminación, sobre crear más órganos en el caso de la obsolescencia programada, y la segunda, sobre la eliminación del apartado e), ya que el resto de los
apartados hacían redundante el eliminado. Pero, como digo, el Partido Popular se ha enmendado a sí mismo y propone la creación de una oficina de supervisión y promover mecanismos de colaboración para salvaguardar la protección de los menores. Para
nosotros la protección del menor es fundamental y, como ha dicho el portavoz, el acceso de los menores a contenidos de la red se ha disparado exponencialmente en los últimos años. De hecho, las cifras son llamativas. El 69,5 % de la población
española de 10 a 15 años dispone de teléfono móvil, según la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías del Instituto Nacional de Estadística. Por ello, se hacen necesarias medidas que ayuden a la protección de menores, pero no solo en
Internet y en las redes, sino también en los colegios, donde la izquierda intenta adoctrinar a los niños enseñando porquerías, aunque no es de extrañar cuando la propia ministra Irene Montero invita a los niños a mantener relaciones sexuales con
adultos incitando a la pederastia.
Nada más. Muchísimas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: Muy bien).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Revuelta.
Para posicionarse, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
En esta proposición no de ley sobre la protección de derechos digitales y protección del menor en España presentada por el Grupo Popular, he de decir que, por supuesto, los derechos de los usuarios y
la privacidad son dos de las principales preocupaciones de nuestro partido en materia de transformación digital. Al fin y al cabo, precisamente los que nos definimos como liberales tenemos que defender la libertad no solo en el mundo
físico, sino también en el plano digital. En este sentido, coincidimos con el grupo proponente en que es necesario dar un impulso a la forma en la que entendemos los datos y la privacidad, dado que no es ya únicamente una cuestión de información
personal, sino que también puede ser una herramienta a monetizar. No en vano, la Unión Europea ha aprobado una estrategia de datos para poder sacar el máximo provecho al valor añadido de los datos, tanto en su vertiente más personal como en el
plano industrial. Y hemos sido precisamente los liberales los que hemos propuesto, tanto por la por la vía de la proposición no de ley como de enmiendas a los presupuestos generales del Estado, que el Gobierno coordine la redacción de una
estrategia española del dato para poder situar a nuestro país a la vanguardia de Europa en esta en esta materia. Por desgracia, ya son dos las ocasiones en las que el Gobierno se ha negado a acercar posturas, y tampoco conocemos el impacto de las
políticas que supuestamente se impulsan desde la Oficina del Dato.
Sin embargo, pese a compartir el fondo del asunto con el grupo proponente, creemos que los populares han traído en esta proposición no de ley un batiburrillo de asuntos realmente inconexos entre sí. Por ejemplo, pese a hablar de privacidad
y de datos, se incluyen también medidas draconianas en relación con la obsolescencia programada de productos que sirven de entrada a servicios digitales, como los dispositivos; por ejemplo, pese a que esta proposición no de ley habla de protección
de datos y privacidad de menores, se incluyen también medidas sobre la necesidad de extender la conexión de Internet a más público objetivo o cerrar la brecha digital. Por este motivo, nuestra posición en esta proposición será una abstención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, señor Capdevila, ¿desea intervenir? (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario Confederal, el señor Guijarro tiene la palabra.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos.
Voy a intentar abstraerme de todo lo que está ocurriendo fuera de esta Comisión, porque, la verdad, hay un ruido o un estruendo que en otros casos o en otros momentos se llamaría ruido de sables o estruendo de sables (la señora Muñoz Vidal:
Nadie ha dicho nada) y hoy podemos hablar de estruendo de togas. (La señora Muñoz Vidal: ¡Anda ya, Txema!). Entonces, vamos a ver qué es lo que nos depara ese estruendo; desde luego, nada bueno para nuestra democracia. (Rumores.-La señora Muñoz
Vidal: Estamos en Economía). La verdad es que da mucha vergüenza ver lo que está pasando en nuestro país.
Yendo ya a los temas que nos competen -y aprovechando que, efectivamente, esta Comisión en muchos sentidos ha sido definida como un remanso no sé si de paz, pero, por lo menos, de cierto debate más sosegado o menos acalorado (el señor Manso
Olivar: Yo soy 'Manso')-, quiero decir que me han sorprendido las dos iniciativas del Partido Popular. Me han sorprendido porque, a diferencia de otras ocasiones en las que rápidamente toman el hacha de guerra, se suben al monte y declaran una
posición, digamos, partisana, donde el Gobierno es poco más o menos la encarnación del mal y ellos son la corte celestial, a diferencia de esto, como digo, hoy presentan dos iniciativas que son razonables. Esto no quiere decir que esté de acuerdo
con todo, ni mucho menos, pero desde luego sí creo que son cuestiones discutibles y que algunas, incluso no estando de acuerdo con ellas, tienen una argumentación interesante que merece la pena ser destacada. Por ejemplo, la primera iniciativa, que
me ha sorprendido y que desde luego quiero subrayar, dice que en enero de 2021 el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital presentó a consulta pública la Carta de Derechos Digitales, una iniciativa que, como ustedes saben, ha tenido
ya un cierto recorrido. Pero efectivamente esta carta había tenido hasta ahora un carácter poco más o menos que consultivo, no reglamentario, etcétera. Por lo tanto, el Partido Popular coloca esta frase en su iniciativa, la cual no puedo más que
suscribir, además con cierta emoción. Dice el Partido Popular en relación con la Carta de Derechos Digitales: Sin embargo, el enorme desarrollo de los productos digitales, en continua evolución, hace necesario algo más que una carta de buenas
intenciones -fíjense ustedes- y es necesaria una legislación. Es necesaria una legislación que garantice los derechos de los ciudadanos. ¡Dios mío, el Partido Popular está proponiendo legislar, reglamentar, ordenar! Esto es un paso fundamental,
señorías. A lo mejor estoy siendo demasiado optimista, me estoy dejando llevar por mis emociones, pero me da la sensación de que el Partido Popular, al fin, podría estar enderezándose y podría estar dispuesto a hacer política e incluso a legislar,
a poner orden en los servicios
y en la economía española y dejarse de ese cuento ordoliberal según el cual la economía no necesita ningún tipo de regulación porque para eso ya están las famosas manos invisibles del señor Adam Smith. Esto es una enmienda a la totalidad de
la mano invisible y lo que nos viene a decir es que el Estado tiene que regular. No podemos estar más de acuerdo. Por lo tanto, estando de acuerdo con el espíritu y habiéndome sorprendido del mismo, nada me gustaría más que poder votar a favor.
Incluso han pasado de una ristra de no sé cuántos puntos de enmiendas -eran un montón- a simplemente dos, lo cual seguramente facilitará una negociación. Creo que eso también es un buen síntoma. En todo caso, el primer punto que han dejado en la
enmienda habla de la creación de una oficina de supervisión, lo cual no siendo en principio una idea descabellada, sí me parece que correspondería discutirlo al calor del resto de medidas que se hayan podido tomar o que se estén tomando y, por lo
tanto, en ese sentido acompañaremos al Gobierno en este punto. En todo caso, si fuéramos a una votación por separado, no tendríamos ningún problema en votar a favor del segundo punto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra doña Patricia Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidente.
Señorías, la verdad es que sorprende el Partido Popular con su iniciativa porque era una iniciativa que originalmente proponía dos cuestiones, por un lado, la defensa de los derechos digitales y, por otro lado, la protección del menor. Y
presenta una autoenmienda que supone realmente una enmienda a la totalidad de su propia iniciativa y desde luego no estoy de acuerdo en que se deba a una mayor preocupación por parte del grupo proponente; me da la sensación de que es para excluir
todos los logros que se están haciendo por parte del Gobierno precisamente para defender los derechos digitales. (El señor vicepresidente Hurtado Zurera ocupa la Presidencia). Me parece que esa ha sido la única causa del grupo proponente, porque
realmente el Gobierno sí que ha adoptado y sigue adoptando medidas tanto de carácter normativo como no normativo, que abordan todas las problemáticas mencionadas inicialmente en los puntos de la PNL y que por eso precisamente han sido retirados.
Son medidas que el grupo proponente no reconocía en su escrito que se estaban realizando y que, bien por desconocimiento o simplemente porque esta iniciativa se hiciera hace mucho tiempo, evidentemente no reconocía los grandes avances conseguidos
por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. La Carta de Derechos Digitales -sí, señorías- es pionera, es fruto de un proceso participativo amplio e incluye derechos expresamente dirigidos a la tutela de los menores en Internet algunos de los
cuales son reflejo de lo actualmente establecido en el título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Por tanto, señorías, sí que tiene encaje legal. Además, a través
del INCIBE, dedica parte de sus actividades a la garantía de la seguridad de Internet para los menores. En este sentido, cabe destacar la iniciativa Internet Segura for Kids, dirigida a menores, familias y profesionales del ámbito educativo y cuyo
objetivo es la promoción del uso seguro y responsable de Internet y las nuevas tecnologías entre los niños y adolescentes. Y en cuanto a la coordinación en esta materia, se destaca que INCIBE forma parte de la red paneuropea de SIC, INSAFE y la red
internacional de hotlines INHOPE para el intercambio de conocimientos y experiencias que ayuden al desarrollo de iniciativas, estrategias y políticas a nivel nacional. Además, me llama la atención que hablen de tanta preocupación ahora mismo cuando
saben que además esta red desempeña también actividades de coordinación gracias a la creación de una plataforma públicoprivada para desplegar acciones de concienciación en el uso de Internet a menores para un impacto ampliado a nivel nacional.
Pero, como decía, si realmente estuvieran tan preocupados por la protección al menor, desde luego lo que no hubieran hecho es votar en contra de unos presupuestos que están dotando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de mayores
capacidades y recursos suficientes para afrontar de forma solvente los retos que se presentan, como es el de la cibercriminalidad. Todavía están a tiempo, pueden hacerlo en el Senado.
Con respecto a la defensa de los derechos digitales quiero, si me lo permite, presidente, terminar diciendo que saben que el Gobierno está trabajando en ello y que estos presupuestos -que se están tramitando en el Senado y que tienen
oportunidad de votar favorablemente- precisamente recogen y permiten canalizar importantes fondos europeos, coherentes con la agenda digital de España, y que están financiando, entre otras inversiones, el programa de universalización de
infraestructuras digitales para la cohesión, que se dirige precisamente a alcanzar una tasa de cobertura de muy altas capacidades para el cien por cien de la población en 2025.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señora Blanquer.
Le hago la pregunta al señor Pedreño. ¿Acepta usted la enmienda de VOX?
El señor PEDREÑO MOLINA: Lo decimos luego.
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): De acuerdo.
- SOBRE EL DESARROLLO RURAL Y LA IMPLANTACIÓN DE LOS PUEBLOS INTELIGENTES EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001162).
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Continuamos con el punto 1.º del orden del día, sobre el desarrollo rural y la implantación de los pueblos inteligentes de España. Por el grupo proponente, el Grupo Popular, tiene el señor Cortés
la palabra.
El señor CORTÉS CARBALLO: Buenos días. Agradezco a la Comisión que me hayan permitido cambiar el orden.
La iniciativa que les traigo tiene vocación de ser la antesala de lo que nos gustaría fuera un gran pacto por la convergencia rural urbana. Por eso, son siete propuestas generales que, sin embargo, ahondan en la problemática que existe en
la España despoblada y en la ventana de oportunidad que ahora mismo estamos viviendo en España y que debemos ser lo suficientemente inteligentes para aprovechar. Por darles un dato, la población española ha aumentado un 36 % desde el año 1975;
hemos pasado de 34 a 47 millones. Sin embargo, a pesar de esta nueva población que tenemos en España, cada vez están más despobladas muchas regiones. Y esto se debe fundamentalmente a dos causas. Una, la falta de oportunidades de empleo; no se
puede vivir en una zona donde no hay trabajo. Y, dos, la falta de servicios: educativos, sanitarios, de transporte, culturales, etcétera. Por tanto, si queremos realmente revertir esta despoblación y conseguir esa convergencia que les decía,
debemos trabajar de forma seria, decidida y sobre todo alejada de la confrontación política. Esto es un reto que tiene España en su conjunto, más allá de ideologías o de anhelos independentistas. Por tanto, si nos asomamos a la ventana de
oportunidad que les decía, nos encontramos ahora mismo que tenemos soluciones comerciales interesantes en materia de teleasistencia, telemedicina, educación virtual. Hay un impulso real del teletrabajo, quizá motivado por lo que fue la pandemia.
Estamos en la última fase de los despliegues de banda ancha, que inició el Partido Popular y que está culminando el Gobierno del Partido Socialista actual. Hay también una vocación de despliegue más allá de los núcleos urbanos de
infraestructuras de almacenamiento y procesamiento de datos, que de nuevo son oportunidades para la España despoblada y el mundo rural; de hecho, ya hay iniciativas de alguna multinacional precisamente en provincias donde los niveles de población
son bajos. Tenemos la oportunidad de los fondos de reconstrucción, que nos permite fijar nuevas industria más verdes y sostenibles fuera de los núcleos industriales. Tenemos también la necesidad de autoabastecimiento, que es algo que ha puesto de
manifiesto la invasión rusa de Ucrania; por ello, quizá tenemos que volver a fabricar y potenciar cultivos que antes habíamos decidido que no eran necesarios. Y, luego, por supuesto, hay necesidad de materias primas, dados los altos precios y la
subida de los fletes del transporte. Sobre todo, las materias primas fundamentales que se utilizan en la industria, en las renovables o en la electrónica nos obligan a explorar los yacimientos que existen en España, que están precisamente en esas
zonas despobladas y que hoy en día, por motivos varios en los que no quiero entrar, no acaban de comenzar a explotarse. Por supuesto, el propio Gobierno ya ha sentado precedentes con beneficios fiscales en ciertas zonas con baja densidad de
población española.
Por tanto, si sumamos todo esto, estarán ustedes de acuerdo conmigo en que tenemos una oportunidad inmejorable para, de una forma clara, alinear todas estas herramientas y conseguir un impulso decidido a la España despoblada por la que,
sinceramente -es mi opinión-, este Gobierno, más allá del titular y de alguna frase rimbombante, realmente no está haciendo absolutamente nada. De hecho, dentro de los planes de todo tipo que está haciendo el Gobierno -eso no lo podemos negar-, no
existe ningún plan integral completo que afecte a todo el Gobierno, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos para revertir el problema de la despoblación y la falta de oportunidades en la España despoblada.
Por lo tanto, como le decía, como esto pretende ser la base de un gran pacto por el mundo rural, le voy a leer rápidamente lo que les proponemos; no creo que tengan ningún problema en sumarse, y,
además, aprovecho para informar que hemos aceptado la enmienda del Grupo Socialista en pos de ese consenso de todos los grupos que pretendemos. En primer lugar, habrían de identificarse las fortalezas y oportunidades de las zonas rurales.
Básicamente, les he hecho ya un pequeña análisis, pero evidentemente hay que ir zona por zona. En segundo lugar, desarrollar estrategias para mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales, a través de la innovación y usando las nuevas
tecnologías. En tercer lugar, promover el uso de tecnologías de la información y la comunicación como herramientas imprescindibles para el desarrollo de los territorios y sus habitantes. En cuarto lugar, coordinar -esto es muy importante- las
actuaciones con las comunidades autónomas y fomentar la cooperación europea. En quinto lugar, fomentar la implementación de la estrategia Smart Villages, que es precisamente la estrategia que la propia Unión Europea define y para la que, por tanto,
hay línea de financiación. En sexto lugar, diseñar un plan de desarrollo de las zonas que permita y garantice una gestión de proyección a futuro, es decir, más allá de los horizontes de los fondos, para que así las empresas y autónomos y los
emprendedores en general tengan una oportunidad. Y en séptimo y último lugar, estudiar fórmulas de financiación pública y privada, simplificar y armonizar todas las fuentes de financiación -de nuevo, coordinación municipal, autonómica, estatal y
europea- para llevar a cabo una política transversal de desarrollo territorial. Como ven, es una iniciativa constructiva que pretende ser el primer paso para ese pacto que les decía por la convergencia rural urbana.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señor Cortés.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Taibo.
El señor TAIBO MONELOS: Gracias, presidente.
Señorías, buenos días.
Se debate hoy una PNL del Grupo Popular que, aun siendo bienintencionada y pudiendo compartirla en buena parte, lo cierto es que se encuentra desfasada en gran medida. Esta PNL fue presentada el 14 de julio de 2020, hace ya dos años y
medio. El grupo proponente no se ha molestado en trabajar su actualización, puesto que su contenido propositivo ya ha sido objeto de importantes y significativos avances por parte del Gobierno de España, en especial, por el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, lo que nos lleva a que esta PNL carezca de cierto sentido, oportunidad y relevancia.
Con objeto de justificar nuestra posición y defensa de la enmienda presentada, debemos mencionar los distintos programas llevados a cabo por el Gobierno de España bajo la dirección de su presidente, Pedro Sánchez, que ya llevan tiempo
actuando en el desarrollo y digitalización del rural. Convendrán, señorías, en que, como base de una fuerte estrategia de digitalización, es necesario contar con un buen acceso de banda ancha. En esta PNL ustedes solicitan, por ejemplo,
promocionar el desarrollo tecnológico en zonas rurales, y el Gobierno ya ha dado respuesta con el Programa ÚNICO-Banda Ancha para facilitar el acceso a banda de 100 megas por segundo y extensión 5G en zonas con dificultades de acceso a Internet de
alta velocidad, por lo que en la actualidad España ya es el tercer país de Europa -tercer país de Europa- con mejor conectividad, con una cobertura de banda ancha a 30 megas del 95 %; en las zonas rurales, del 65 % y del 87 % a velocidad de 100.
Por otro lado, solicitan ustedes promover el uso de nuevas tecnologías de comunicación, y el Gobierno ya ha dado respuesta con el Programa Ineco RuralTIC de digitalización social para poblaciones de menos de 100 000 habitantes, que ofrece
formación y apoyo en el uso de las nuevas tecnologías a los habitantes del medio rural, con especial foco en la población mayor. También solicitan un plan de desarrollo que involucre el uso de nuevas tecnologías y, una vez más, el Gobierno ya ha
dado respuesta mediante la Agenda España Digital 2026, la cual saben ustedes que constituye la actualización de la estrategia lanzada en julio de 2020 como hoja de ruta para la transformación digital de nuestro país. Incluye proyectos estratégicos
específicos para la recuperación y transformación económica como, por ejemplo, el PERTE de la cadena agroalimentaria, con el objetivo de promover la transformación de la cadena agroalimentaria en clave verde y digital, y asegurar el acceso a
alimentos sanos, seguros y sostenibles. Contempla iniciativas para impulsar la transformación en varios sectores de manera digital: el agroalimentario, el de la salud, la movilidad, el turismo, el comercio; algunos de ellos vitales, desde luego,
en nuestro ámbito rural. Debemos decir que, mal que les pese a algunos, avanzamos en la buena línea de alcanzar ese objetivo. Este conjunto de programas fortalece la estrategia de crear pueblos inteligentes,
empoderando a las pequeñas poblaciones mediante herramientas y medios con los que puedan fortalecerse y actualizarse ante las crecientes amenazas de despoblación y baja oferta laboral.
En definitiva, y para cerrar ya, señorías del Grupo Popular, consideramos que sus propuestas van uno o varios pasos por detrás de los proyectos en los que el Gobierno de España ya está inmerso para lograr nuestro objetivo principal: mejorar
la calidad de vida de cada ciudadano y ciudadana de este país en sus zonas rurales. Por ello, hemos planteado esta enmienda que entendemos mejora el texto y, sobre todo, lo actualiza a la situación presente, por lo que, de ser aceptada, su PNL
sería apoyada por nuestro grupo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señor Taibo.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Sobre el desarrollo rural y la implantación de los pueblos inteligentes en España que defiende el Grupo Popular en el Congreso en esta proposición no de ley, en mi grupo parlamentario tenemos claro que es necesario dar un impulso a nuestras
zonas rurales para que los ciudadanos que allí residen tengan una igualdad de oportunidades que sea real y efectiva. Sin embargo, creemos que durante demasiado tiempo las instituciones han tenido un enfoque erróneo respecto a cómo la digitalización
puede contribuir a esa igualdad de oportunidades. Es decir, no se trata de darle un ordenador o una tablet a cada habitante de cada pueblo de España, sino asegurar que estos ciudadanos cuentan con las herramientas y las competencias necesarias para
aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización. En este sentido, detectamos aún demasiado ese enfoque en esta proposición no de ley. Por ejemplo, no hay una sola palabra en la parte propositiva de la iniciativa sobre competencias y
formación, una clave para que cualquier tipo de estrategia de digitalización pueda tener visos de ser efectiva y útil. Todo ello, además, cuando en nuestro país tenemos un gran problema por la falta de competencias y destrezas digitales entre la
población adulta, que sucede además en la mayoría de las zonas rurales. ¿De qué sirve tener una smart village si quienes la habitan no tienen forma de sacarle provecho y de dar respuesta a sus necesidades?
En definitiva, compartimos el espíritu de esta proposición, que es además el mismo que nos llevó a cumplir nuestra promesa electoral de llevar la conexión de 100 megas a todo el territorio nacional. Por desgracia, el Gobierno se está
negando ahora a hacer efectivo ese logro recogido en la ley de telecomunicaciones y vetó, en este caso, nuestra propuesta de dotar recursos en los presupuestos generales del Estado en una partida destinada precisamente a este fin. Sin embargo,
aunque la proposición se queda corta, peca de buenista y le falta todo tipo de ambición sobre qué debemos implementar para conseguir una verdadera transformación digital en nuestros pueblos y zonas rurales, la apoyaremos, incorporando -supongo, como
ha dicho el portavoz del grupo proponente- la enmienda del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo de Unidas Podemos, el señor Guijarro tiene la palabra.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Antes hablaba de las dos iniciativas que ha presentado el Grupo Popular en esta Comisión y destacaba que, a diferencia de otras iniciativas, de otros momentos o de otras comisiones, estas que vemos hoy tienen la virtud de estar dotadas de un
mínimo de razonabilidad y, por lo tanto, pueden dar lugar a un debate interesante, entre otras cosas, porque el diagnóstico que hace el Grupo Popular en su iniciativa es completamente cierto: el proceso de despoblación que se ha ido dando en las
zonas rurales en España, propio del desarrollo capitalista que hemos tenido en este último siglo -por decirlo de una manera un poco más técnica-, ha sido comparable al de otros países que han vivido procesos similares, pero no por ello ha dejado de
tener sus tintes dramáticos. Cuando yo estudiaba estas cosas allá por los años noventa había un dato brutal: entre los años 1960 y 1965, en España se desplazaron más de 2 millones de personas del campo a la ciudad. Con las cifras de aquella
época, eso era casi un 10 % de la población desplazada en solo cinco años. Esto lo digo para que nos hagamos una idea de cómo ese proceso tuvo unos momentos de auténtica velocidad superestelar. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
En todo caso, aunque esa velocidad se ha ralentizado desde aquellos años, no por eso se ha dejado de dar el proceso con una fuerte intensidad en estos últimos años y todavía se da hoy. En ese sentido, en mi grupo siempre hemos dicho que el
momento que estamos viviendo ahora, con una fuerte digitalización y con una fuerte voluntad del Estado de intervenir en los procesos económicos y políticos, es una buena oportunidad para cambiar no digo una tendencia histórica, porque eso va a ser
complicado, pero por lo menos ralentizar la misma e, incluso, revertirla en algunos casos. El contexto nos invita a ser optimistas. Las herramientas de la era digital nos permitirán, como ya nos están permitiendo en muchas ocasiones, poder avanzar
en este sentido. Y, como otros portavoces han destacado, España, comparativamente con el resto de Europa, tiene un nivel de conectividad muy alto, lo cual nos da una buena posición de partida, aunque también es verdad, como decía la portavoz de
Ciudadanos, que el nivel de destrezas digitales de la población española, sobre todo en las zonas rurales, deja mucho que desear. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se puedan hacer en esa dirección serán pocos.
Quiero terminar diciendo que me alegro de que el portavoz del grupo proponente haya anunciado que han llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista, porque, efectivamente, la enmienda que se ha presentado por parte del segundo recoge el
espíritu que pretendía plasmar el primero y, en todo caso, lo amolda para que podamos alcanzar, todos, un cierto nivel de consenso, al menos un consenso más alto. Como digo, votaremos a favor y confío y espero, aunque quizá esté siendo demasiado
optimista, en que esto sea el principio de una bonita amistad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Rubén Manso.
El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Antes de entrar en el tema, quería contestar al menos a alguna de las afirmaciones de tipo político, porque creía que hoy veníamos solamente a hablar de las PNL del señor Guijarro.
Señor Guijarro, siempre será mejor el sonido de las togas que el de los sables. Le recuerdo que, básicamente, los levantamientos militares del siglo XIX fueron de corte liberal, es decir, de la izquierda de entonces, desde el general Riego
hasta el vicealmirante Topete, pasando por el general Espartero, que lo tiene usted varias veces representado en las salas de este Congreso, y que llegó a ser regente del reino. Esa era la izquierda, básicamente. Realmente, los levantamientos
militares de derechas empezaron con Narváez, con Primo de Rivera, con el apoyo del Partido Socialista, y con Franco. Pero no se le olvide, esa mala historia que tenemos de nuestras Fuerzas Armadas no es una mala historia de la derecha, es una mala
historia de la izquierda, que fue quien empezó los levantamientos militares mayoritariamente en el siglo XIX.
Y le recuerdo algunas otras cosas: el señor Conde-Pumpido fue quien dijo que estaba dispuesto a mancharse la toga con el polvo del camino, y es el actual -dicen- líder de un mal llamado grupo progresista en el Tribunal Constitucional -no sé
por qué hay que calificar a los magistrados del Constitucional-. No podemos llevarlo todo al margen de las leyes en este Congreso. Primero -creo que lo va a entender-, por ejemplo, no podríamos retirar la nacionalidad a los canosos. ¿Usted
comprendería esa votación? No tiene ningún sentido, no se puede, va en contra de la Constitución. Ni lo podríamos decidir reunidos en un parque, por ejemplo, porque no somos una asamblea de facultad. Por tanto, tenemos que votar dentro de la
Constitución de acuerdo con los procedimientos.
Dicho esto, y perdóneme la extensión, señor presidente, presenta hoy el Grupo Popular una PNL para el desarrollo rural y la implantación de los pueblos inteligentes en España, y uno dice: ¿quién está en contra de esto? Creo que es casi lo
que se preguntaba la señora Muñoz de Ciudadanos, ¿quién está en contra del desarrollo rural? Nosotros, no. ¿Y de la digitalización como medio? Tampoco. Pero esta PNL - lo siento, señores del Grupo Popular- es puramente buenismo (la señora Muñoz
Vidal hace gestos afirmativos), empezando por las fuentes en las que ustedes se basan, la definición de smart village que hacen en la exposición de motivos y otro tipo de fuentes ya más ideológicas, como el new green deal y los objetivos de
desarrollo sostenible. En cualquier caso, el contenido de su proposición no de ley es eso: puro buenismo y falta absoluta de concreción. Lógicamente, no estamos en contra de ello, pero queremos exigir a los demás -y nos lo exigiremos a nosotros-
que las PNL empiecen a ser cosas concretas y no brindis al sol.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Manso.
Entendemos, señor Cortés, que acepta la enmienda. (Asentimiento). Perfecto.
- SOBRE LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002781).
El señor PRESIDENTE: Vamos a la tercera proposición no de ley, sobre la mejora de las competencias digitales para reducir la brecha digital de género, que presentó el Grupo Parlamentario Socialista y que defiende la diputada doña Ángeles
Marra, que tiene la palabra.
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.
Buenos días. El Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Comisión una proposición no de ley relativa a mejorar las competencias digitales para reducir la brecha digital de género, y lo hace con dos objetivos principales: el primero es
seguir avanzando en la digitalización de la economía y la sociedad y el segundo es reducir la brecha digital de género, priorizando cerrar la brecha en competencias digitales, tanto básicas como avanzadas.
Señorías, la digitalización de la economía y la sociedad es un proceso imparable e irreversible. Para poder aprovechar todo el potencial que va a suponer esta transición digital es necesario contar con las adecuadas competencias digitales
de la población. De hecho, la falta de competencias digitales, tanto básicas como avanzadas, en España supone un freno a la transformación digital. Estas competencias son fundamentales para que las personas puedan desenvolverse con confianza,
seguridad y eficacia en un mundo cada vez más digital. Por ello, desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez viene desplegando diferentes actuaciones, entre las que cabe destacar la presentación del Plan Nacional de Competencias
Digitales, que constituye una de las prioridades clave del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dentro de este plan se contemplan varias líneas de actuación, siendo una de las más importantes la lucha contra la brecha digital de
género.
Señorías, los datos son contundentes. Tanto los informes elaborados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por el Instituto de las Mujeres, en colaboración con el observatorio nacional de telecomunicaciones de
Red.es, así como estudios científicos avalados internacionalmente concluyen que la brecha digital de género es real y, si cabe, más pronunciada en el uso de la Administración electrónica y en la formación y especialización en TIC, competencias
informáticas que implican un mayor conocimiento en el uso de los ordenadores y, en particular, del software y de la programación. Por dar algunos datos, respecto a la administración electrónica, envío y descarga de formularios, obtención de
información en webs públicas o interacción con las autoridades públicas, las mujeres la utilizan un 61 %, un porcentaje significativamente menor a los hombres, un 64 %. Pero lo más preocupante es que esta brecha de género aumenta hasta 12 puntos
porcentuales en las personas de más edad, esto es, de 55 a 74 años. Si hay un ámbito en el que las diferencias de género son abismales es en la formación y especialización en TIC. Mientras que solo el 0,5 % de las graduadas en España lo son en
disciplinas TIC, el porcentaje de hombres en esa área es siete veces mayor, esto es, un 3,5 %. Esta realidad repercute drásticamente en el mercado laboral y hace que el 80 % de los trabajos TIC estén ocupados por hombres.
En consecuencia, la realidad demuestra que estas cifras demandan la necesidad de tomar medidas urgentes y eficaces, medidas como las que viene desplegando el Gobierno de España y, sobre todo, en las que hay que seguir avanzando. Y medidas
como las que se plantean en esta iniciativa, que apoyen específicamente a las mujeres en las distintas áreas y momentos críticos a lo largo de su vida para hacer frente a la brecha digital de género, motivándolas, e impulsando una mayor
participación de las mujeres en estudios, investigación y empleo, en especial en ámbitos TIC y STEM.
Señorías del Grupo Popular, señorías de VOX, negar la evidencia, no hacer nada y no avanzar en la implementación de actuaciones rápidas y eficaces para atajar la brecha digital de género perjudicaría gravemente a las mujeres en su
capacitación digital y en su participación en itinerarios formativos tecnológicos, en la promoción de vocaciones científicotecnológicas en el sistema educativo, que favoreciese una adecuada correspondencia entre el número de mujeres investigadoras y
su reflejo en términos de empleo y liderazgo en ámbitos STEM. Pero tampoco ayudaría a eliminar estereotipos de género asociados a determinadas vocaciones y profesiones que claramente frenan el empoderamiento femenino en disciplinas STEM desde los
estadios más tempranos de la educación y que claramente agravan la brecha digital de género al limitar el acceso a dichas disciplinas de nuestros jóvenes. Es por
todo ello que desde el Grupo Parlamentario Socialista, pedimos el apoyo a esta proposición no de ley para favorecer las habilidades digitales de las mujeres y reducir la brecha digital de género.
Termino, presidente. Señorías, es innegable que el futuro será digital y que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista, con las medidas que vienen desplegando, garantizan que además sea sostenible, justo e inclusivo. Garantizar que
las mujeres participen plena y equitativamente de este proceso significa fortalecer su independencia, su desarrollo, integración y visibilidad en la sociedad. La agenda feminista es un compromiso firme de este Gobierno y de este grupo
parlamentario, y también debería ser así para los que creemos en la capacidad y el talento femenino, que es imprescindible para abordar los enormes retos que nos depara el siglo XXI. No lo desaprovechemos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para defender la enmienda, tiene la palabra don Mario Cortés.
El señor CORTÉS CARBALLO: Gracias, presidente.
Buenos días de nuevo.
Esta iniciativa es parecida a la que debatíamos anteriormente. No basta con querer, no basta con diseñar un plan estupendo, sino que luego, lo ha comentado la señora diputada del Grupo Socialista, tiene que ser eficaz. Nosotros compartimos
el diagnóstico, es una preocupación que este partido tiene allá donde gobierna, y les animo a que profundicen; verán que tenemos distintas iniciativas para luchar contra la brecha digital, también concretamente en las mujeres, y sobre todo donde se
suele dar con mayor incidencia, que es en el mundo rural. Pero, claro, ahí vienen las enmiendas que hemos presentado. No basta con hacer un Plan Nacional de Competencias Digitales donde se da un curso de siete horas y media a una mujer, o a una
mujer emprendedora, y con eso pretender que todas las necesidades digitales de competencias se arreglen. Con eso lo único que hacemos es incrementar las estadísticas; con eso gastamos los fondos europeos, pero la realidad es que una vez que el
curso y el programa europeo pasen y hagamos de nuevo un balance de cuál es el nivel de digitalización, de capacidades digitales de nuestras mujeres, veremos que la brecha seguirá estando ahí. Por eso pretendo con estas enmiendas ser más eficaz,
como bien decía la portavoz del Grupo Socialista, en las iniciativas que está llevando a cabo el Gobierno.
La primera iniciativa, eliminar la duplicidad, porque si todos los ministerios están haciendo lo mismo, con las mismas competencias, los mismos cursos y dirigidos a las mismas personas, ya les anticipo que esto será un desastre. Ahora están
a la caza y captura de la mujer para que se apunte al curso para poder justificar la subvención o el contrato que se les ha dado. Evidentemente, nada de eso está alineado con las necesidades que tiene precisamente esta población. En esa línea, no
basta con programas de un día, de un curso y adiós muy buenas; tiene que ser una iniciativa permanente en el tiempo. Nosotros les animamos con la enmienda que proponemos a que, más allá del índice temporal de los fondos europeos de 2025 y más allá
del curso en cuestión que ustedes están dando desde unos y otros ministerios, vayamos a algo de más calado. Vayamos a la figura del dinamizador digital, que tiene que estar de forma permanente y fija en todos los núcleos de población rurales y
urbanos donde sea necesario, para que tengan un referente que acompañe, que asesore. Que la formación no sea flor de un día sino que diariamente, y cada uno de acuerdo con su tiempo y sus capacidades, pueda ir mejorando su capacitación digital a lo
largo del tiempo; con un curso de siete horas y media no vamos a ningún sitio. Luego queremos igualdad, pues no hay nada más igualitario que la educación primaria. Todo el mundo, al margen de su realidad socioeconómica, de su género, de su
población, va a la educación primaria obligatoria. Trabajemos ahí, pongamos asignaturas obligatorias también de capacitación digital y así nos aseguraremos de que la brecha, sobre todo entre niñas y niños, desaparece.
Por último -ya termino, presidente-, hacen falta referentes. No paramos de ver en televisión programas como MasterChef, Maestros de la costura o La Voz. Esos son los referentes que promovemos la sociedad española. Evidentemente, con esos
referentes es raro que una mujer decida ser científico o ingeniero. Vamos a trabajar también ahí. ¿Por qué no proponemos intentar proyectar referentes usando los medios de que dispone el sector público, en este caso Radiotelevisión Española?
Promovamos algún programa de este tipo para que los referentes no sean solamente un niño que canta, sino un niño que es capaz de desarrollar tecnológicamente algo o desarrollar de algún modo la ciencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cortés.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, señor Guijarro, ¿desea intervenir?
El señor GUIJARRO GARCÍA: Sí, gracias, presidente.
Quiero comenzar por esto último que decía el portavoz del Grupo Popular, estoy completamente de acuerdo. No sé qué está pasando hoy en esta Comisión, pero dicen ustedes cosas que me resultan razonables. O se lo tienen que mirar ustedes o
me lo tengo que mirar yo. (El señor Manso Oliver: Usted). En todo caso, es cierto que la televisión española hoy en día ni traslada ni transmite a nuestra juventud y a nuestros infantes valores que nos gustaría que fueran un poquito más
extensivos.
Yendo a la proposición no de ley que nos presenta el PSOE, yo sí creo que esta iniciativa demuestra que está bien trabajada. Se trae a debate una cuestión muy importante que hemos discutido ya en esta Comisión. Llama la atención, por
ejemplo, que pese a que seamos líderes en conectividad en Europa -como decía antes-, sin embargo, según el último índice de economía y sociedad digital, el último DESI, la población española tiene unas competencias digitales básicas muy por debajo
de la media europea, pese a que somos el tercer país en conectividad.
Decíamos también en la anterior proposición, y es una afirmación que creo que vale para esta, que la digitalización puede y debe ser una palanca para la inclusión y la cohesión social tanto en términos territoriales como en términos
generacionales, en términos socioeconómicos y desde luego, en términos de género. Yo creo que en ese sentido es justo reconocer lo que ha venido haciendo también este Gobierno en estos últimos años, porque creo que van bien orientados y han ido en
la buena dirección. Cabe señalar, por ejemplo, que ya a principios de este año el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Competencias Digitales, en el que se ha establecido un marco de actuación por lo menos coherente y con unos objetivos definidos
claros. Creo asimismo que, desde el Instituto de las Mujeres, durante el año 2021 se han desarrollado en centros educativos algunas iniciativas que han sido muy útiles en este sentido como el Programa ADA, por ejemplo, de formación en TIC en el
ámbito educativo y cuyo objetivo ha sido promover el interés de las niñas y jóvenes en las ramas tecnológicas, las llamadas STEM.
Hablamos también del Programa Diana, de programación creativa en igualdad, que se celebra en torno al Día Internacional de las niñas en las TIC, para incentivar el interés de las niñas y jóvenes en programación, realización de intervenciones
con el alumnado en centros educativos y demás.
Adicionalmente, sabemos que también el Ministerio de Universidades pondrá en marcha algunas iniciativas. En concreto, en el próximo año está previsto que se presente un informe sobre las causas de segregación por género en los estudios y
una campaña de sensibilización para influir en este tipo de comportamientos y cambiar poco a poco nuestros patrones de conducta.
Por último, cabe decir que somos conocedores de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha puesto también en marcha algunas iniciativas. Por ejemplo, Niñas en pie de ciencia es el título de esta iniciativa dirigida a buscar
sinergias entre administraciones, empresas y sociedad civil. Evidentemente, todavía es prematuro sacar conclusiones de cómo están yendo estos programas, pero me parece que es relevante y merecedor de nuestra atención el hecho de anunciar su puesta
en marcha y habrá que estar pendientes de sus éxitos en las implementaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
¿Desea intervenir, señora Muñoz?
La señora MUÑOZ VIDAL: Sí.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Pese a que estamos en 2022, todavía hay muchas mujeres y niñas que se enfrentan a contextos en los que se cuestiona que puedan dedicarse a carreras científicas y tecnológicas. Por suerte hemos avanzado mucho en este sentido y ahora, por
ejemplo, las mujeres son mayoría, de acuerdo con el Ministerio de Educación, en carreras científicas como Biomedicina, Medicina, Bioquímica o Biotecnología. En algunas de ellas la proporción de mujeres alcanza incluso el 75 %. Esto no quiere decir
que no sea necesario seguir actuando en este sentido. Por el contrario, siguen siendo minoritarias las mujeres en carreras tecnológicas como Informática, Telecomunicaciones, Ingeniería industrial o
Física. Esto supone que, pese a que en ámbitos como la Medicina la brecha de género se ha dado la vuelta, en el ámbito digital la situación sigue siendo preocupante. De hecho, en el área de Ciencia e Innovación de Ciudadanos, mis
compañeros Juan Ignacio López-Bas y Susana Solís han estado muy activos en este sentido, tanto aquí en el Congreso como en la Eurocámara. Es importante que se dé visibilidad a los referentes femeninos en estos ámbitos y por ello hemos propuesto,
por ejemplo, que haya nombres de investigadoras en los premios nacionales de investigación. El Gobierno ha propuesto una nueva categoría de premios inferiores con nombres femeninos, pero eso manda precisamente el mensaje de que la investigación
hecha por mujeres no puede competir en igualdad de condiciones. En definitiva, compartimos las propuestas y el espíritu planteado por el grupo proponente, aunque lamentamos que las acciones del Gobierno que respalda el propio grupo proponente
realmente no se correspondan con la intención declarada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra doña Inés Cañizares.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.
Buenos días. No estamos de acuerdo con el planteamiento de esta PNL para reducir lo que ustedes denominan la brecha digital de género. Sí nos parece que es interesante contar con competencias digitales de la población para todas las
personas, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, pero no especialmente para las mujeres. Porque, claro, el tema de la perspectiva de género no es más que una invención suya que ataca la verdadera igualdad, y es que ustedes incluyen la
perspectiva de género en vez de la perspectiva de la prosperidad. ¿Acaso existe algún impedimento para que las mujeres seamos lo que queramos hoy en día en España, no estamos en Arabia Saudí, por razón de nuestro sexo, como parece que afirman
ustedes?
Las mujeres y los hombres, gracias a nuestra Constitución, somos iguales ante la ley y venimos disfrutando desde hace mucho tiempo de una igualdad de oportunidades en materia educativa. Las mujeres hemos cursado libremente las carreras que
hemos querido y así lo seguimos haciendo y, sobre la base de esta libre elección, las mujeres solemos preferir unas carreras frente a otras. Me gustaría preguntar a las señoras diputadas de la izquierda que están aquí, en la Comisión de Asuntos
Económicos, y esto no es un dato protegido, porque está en su ficha, cuántas de ustedes han estudiado carreras tecnológicas. Creo que una; las demás, ninguna. ¿Por qué lo han hecho? ¿Estaban ustedes oprimidas? ¿Por qué están en esta Comisión y
no están todas ustedes en las de ciencia? Entiendo que ustedes tienen un afán totalitario de transformarnos en una sociedad paritaria, no igualitaria. Es que precisamente el concepto paritario va en contra de la igualdad de oportunidades. Ustedes
pretenden, mediante estas políticas públicas disfrazadas de buenas intenciones, dirigir la voluntad de la gente, sobre todo de las mujeres, para que los números que ustedes han planificado en sus sociedades distópicas les cuadren. ¿Por qué las
mujeres tenemos que ser el 50 % de todo? ¿Por qué no aspiramos a ser el 70, el 80 % o el porcentaje que corresponda? Su concepto retorcido y erróneamente planteado de igualdad es dividir todo al 50 %.
En cuanto a la brecha digital, ustedes han obviado un dato, y es que el Instituto Nacional de Estadística también publica estadísticas trimestralmente, y en el año 2022 dice que la brecha digital de acceso y del uso de Internet precisamente
está a favor de las mujeres, que utilizan más Internet que los hombres. En función de la edad, igual, el porcentaje de personas de dieciséis a setenta y cuatro años que ha utilizado Internet en España es de un 94 %, más alto que en la Unión
Europea, y la disponibilidad, por ejemplo, de teléfono móvil en 2021 en las niñas supera en 6,7 puntos al de los niños. Si nos vamos a las profesiones, por ejemplo, en farmacia, más del 80 % son mujeres; en judicatura, el 56 % son mujeres; en
medicina hay un 2 % más de médicos mujeres que hombres; respecto al porcentaje de funcionarios, el 58 % son mujeres; respecto al porcentaje de profesores, el 67 % son mujeres; respecto al porcentaje de enfermeras, el 84 % son mujeres y en
abogacía, el 44 % son mujeres. Entonces, ¿por qué tenemos que ser el 50 % en todo? Dejen ustedes que la gente elija lo que quiera.
Creo que no hay que confundir a los ciudadanos. Nos parece muy bien que se impulsen las competencias digitales para todos y que es muy necesario que las administraciones públicas, los centros educativos o las universidades ofrezcan una
información completa, veraz y rigurosa de las posibilidades que, efectivamente, pueden ofrecer esas competencias digitales de cara al desarrollo de una carrera
profesional, y que luego cada uno libremente elija lo que le guste o lo que prefiera, y no lo que a ustedes les cuadre en su mundo paritario.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Simplemente a los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada a esta proposición no de ley, señora Marra, tiene usted la palabra.
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Estamos estudiando una posible transaccional.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE MEDIDAS QUE GARANTICEN EL ACCESO A LAS CUENTAS DE PAGO BÁSICAS A LAS PERSONAS QUE TIENEN DERECHO A ELLAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente
161/003900).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es la que figura en el número 5.º del orden del día: Sobre medidas que garanticen el acceso a las cuentas de pago básicas a las personas que tienen derecho a ellas,
presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y que va a defender don Txema Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
Mi grupo parlamentario presenta esta iniciativa después de haberla trabajado con algunas organizaciones de la sociedad civil porque somos conscientes de que estamos exponiendo aquí un problema que, por desgracia, se repite con demasiada
frecuencia en nuestro país y afecta al colectivo de personas más vulnerables. Entendemos que estamos obligados a actuar para hacer la vida un poco más fácil a las personas que ya de por sí, por sus propias condiciones y contexto, lo tienen muy
difícil.
Como ustedes saben, las cuentas de pago básicas son un producto financiero a través del cual se pretende promover la inclusión financiera, garantizando a toda la ciudadanía el acceso a determinados servicios bancarios básicos. Depósito y
retirada de dinero, operaciones de pago a través de la ejecución de adeudos domiciliarios, transferencias y tarjetas de pago serían los servicios que quedarían incluidos bajo este concepto.
En nuestro país las cuentas de pago están reguladas a través del Real Decreto Ley 19/2007, aprobado durante el Gobierno del señor Rajoy, que entonces trasponía la Directiva 2014/92, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio del
año 2014. Esa trasposición funcionó en su momento, hasta que en el año 2019, en el marco de sus competencias, el Gobierno fijó, en el Real Decreto 164/2017, un desarrollo legislativo sobre las cuentas de pago básicas. En aquel Real Decreto
164/2019 se establecía un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad, es decir, se definía con un poco más de operatividad lo que ya en el real decreto ley de 2017 se había logrado. En todo
caso, diversas entidades sociales con las que este grupo parlamentario se ha podido reunir, que vienen trabajando, por lo demás, desde hace muchos años en la defensa de los derechos de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de protección
internacional, etcétera, llevan desde mediados del año 2019 realizando el seguimiento de irregularidades identificadas en la contratación de este tipo de cuentas cometidas por determinadas entidades financieras que operan en nuestro país y que, al
actuar así, impiden el acceso a personas en situación de vulnerabilidad social y económica.
No voy a hacer una lista exhaustiva de las dificultades que han encontrado en estas entidades, pero sí voy a destacar algunas que me parecen especialmente relevantes. En primer lugar, no se informa en muchas ocasiones de este producto ni de
su posible gratuidad a los potenciales clientes; de hecho, muchas personas empleadas de banca desconocen la existencia y condiciones de estas cuentas de pago básicas. Otra de las cuestiones que nos señalaban estas entidades sociales es que no se
aceptan documentos acreditativos de la identidad de las personas, como la tarjeta de solicitud de protección internacional -la llamada tarjeta roja- o el resguardo de presentación de solicitud de protección internacional, a pesar de tener plena
validez. Se trata -y quiero subrayar esto porque aquí el Gobierno ha sido claro y el Ministerio de Interior también nos lo ha dejado meridianamente transparente- de documentos expedidos por el Estado, por la autoridad competente y, por lo tanto,
los bancos, las entidades financieras, están obligados a dar esos documentos por válidos a los efectos de realizar la contratación
de este servicio. Se requieren, por ejemplo, certificados de empadronamiento, sin que sea este uno de los documentos acreditativos de la identidad contemplados en la normativa. Otra de las dificultades es que se solicita documentación
adicional a la requerida. Es decir, estamos hablando de personas que ya tienen una cierta dificultad en su interlocución con este tipo de instituciones y desde el Estado se procura facilitar y simplificar esta documentación para que puedan acceder
a estos servicios. Sin embargo, lo que nos encontramos día a día es que las entidades bancarias están haciendo aun más complejo el propio procedimiento; es decir, gente que -como decía- muchas veces tiene dificultades de comprensión del idioma y
demás es sometida casi a una tortura burocrática -vamos a decir- para poder acceder a derechos a los que debería poder acceder sin mayores complicaciones.
No me voy a extender mucho más. Me parece que es del todo razonable lo que mi grupo parlamentario está pidiendo. Pido también a sus señorías que hagan un ejercicio de empatía y que se pongan en la situación de una persona que se ve sin un
documento oficial, que ha tenido que huir de su país en unas condiciones muy muy difíciles, sola, sin familia y sin que un Estado le reconozca ni siquiera los mínimos derechos que le corresponden como ciudadana universal. Con estas medidas, lo que
estaríamos haciendo es ponérselo un poquito más fácil, solo un poquito más fácil frente a las inmensas dificultades que de todos modos va a tener que afrontar.
Por parte del ministerio, hemos intercambiado una serie de textos. Yo confío en que al final de la mañana, en esta Comisión, hayamos podido llegar a una transaccional, puesto que me parece que ambas posiciones de partida son razonables y lo
normal y lógico es que cuando tenemos actores razonables, tengamos salidas ordenadas.
Por lo demás, como siempre, muchas gracias. Espero el voto a favor de sus señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Hay dos enmiendas. Una es del Grupo Parlamentario Popular y la defiende don Miguel Ángel Castellón.
El señor CASTELLÓN RUBIO: Muchas gracias, presidente.
En esta proposición, el Grupo Podemos nos dice claramente que no sabe lo que está ocurriendo en realidad y, sin saberlo, lo que está haciendo es plantear una iniciativa en la cual desconoce absolutamente la realidad. Llegan a decir que no
consta que las sucursales bancarias estén cumpliendo con la obligación legal de denegar por escrito la apertura de cuentas. No sabemos qué argumento es ese, como no sabemos si lo están haciendo bien o no, aunque teniendo en cuenta que para el Grupo
Confederal de Unidas Podemos el sector financiero siempre es el enemigo, siempre son los malos, la conclusión para ustedes está clara: seguro que no se está haciendo bien. Con esta base, la PNL, desde nuestro punto de vista, está totalmente
descalificada, puesto que propone modificaciones o acciones del Gobierno sobre algo que desconocemos.
En segundo lugar, pretenden que se apliquen a algunos colectivos los requisitos legales establecidos por la norma que aprobó el Partido Popular, que para ustedes puede ser muy conservadora, pero que fue retocada por un Gobierno progresista y
de izquierdas comandado por el señor Sánchez; aunque es verdad que era un señor Sánchez diferente, cuando no podía dormir -ni el resto de los españoles- solo de pensar en un Gobierno de coalición con ustedes.
Ustedes nos piden que se flexibilicen requisitos para los migrantes irregulares, y nos preguntamos por qué deben tener más facilidades. ¿No debería ser al contrario? No podemos estar de acuerdo con ello. Nosotros defendemos una migración
regular, segura y orientada al mercado laboral, nunca la irregular. Con lo que ustedes proponen, incitan a la irregularidad. Quieren facilitar los asuntos económicos y evitar controles, y eso no es viable con la ley y con los convenios
internacionales.
Por tanto, no posicionamos en contra de esta proposición no de ley. Votaremos a favor, lógicamente, si se aprueba nuestra enmienda de sustitución, para encargar al Banco de España un informe sobre las cuentas de pago básicas y su gestión
por parte de las entidades financieras, para que, una vez que tengamos el informe, podamos tomar las medidas necesarias para que ningún ciudadano español tenga problemas de acceso a una cuenta bancaria, necesaria, como ya sabemos, para mucha
gestiones de todo tipo, privadas y con las administraciones públicas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellón.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Antonio Hurtado Zurera.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Agradezco a Unidas Podemos que presente esta iniciativa y agradezco a mi grupo parlamentario que me la haya asignado a mí. La conclusión que saco de la intervención del Grupo Popular es que no saben lo que es una cuenta básica de pago y que
nunca han tenido que echar mano de ella ni el señor portavoz del Partido Popular ni los que le rodean. Yo sí he tenido que ir a los bancos a solicitar, para terceros, las cuentas de pago básicas, y las trabas son impresionantes, por no decir
imposibles.
No coincido con el señor Guijarro cuando dice que esto es un producto financiero. Esto no es un producto financiero, esto es un nuevo derecho ciudadano, un nuevo derecho que surge con la crisis financiera. La crisis financiera
internacional lleva a la Unión Europea a establecer una directiva, la de 2014, en la que se crean estas cuentas de pago básicas como un nuevo derecho ciudadano en una sociedad donde todos los ciudadanos necesitan una cuenta bancaria, una sociedad
bancarizada en la que, para cobrar una nómina, tienes que tener cuenta -no es como antes, que te daban un sobre-; para cobrar una pensión, tienes que tener una cuenta, y para tener un subsidio, tienes que tener una cuenta. Pero es que, además,
para que te puedan suministrar la energía eléctrica, tienes que tener una cuenta. Todo requiere una cuenta bancaria. Para estos nuevos derechos ciudadanos, con la crisis financiera, las entidades bancarias establecieron un sistema de comisiones
que empobrecía principalmente a estas personas que requerían, sin ser de forma voluntaria, una cuenta bancaria. Por eso se crea la cuenta de pago básica -inicialmente, los costes no podían superar los tres euros mensuales- y se traspone esa
directiva a través de una ley de 2017. Al Partido Popular, al Gobierno, le costó trabajo la trasposición: tardó más de tres años en trasponer. Yo estaba en la tramitación de esta ley -era un real decreto-, y cuando vimos que se aprobaba este
nuevo derecho social, todos estuvimos muy contentos y creíamos que iba a ser la solución. Luego nos hemos dado cuenta de que el sistema bancario no tiene las mejores prácticas y, desde luego, ha puesto todas las trabas posibles e imposibles para el
ejercicio de este nuevo derecho ciudadano.
Hay trabas como la identificación. Hay personas migrantes, personas con solicitud de protección internacional, que tienen una tarjeta roja, a las que las propias entidades bancarias han dicho: No me vale. Tendremos que modificar la norma
y tendremos que hacerles ver que tiene que ser válido para este derecho; que aunque no sea un documento de identificación -que todos sabemos que es el DNI o el pasaporte-, tiene que ser válido para estas cuentas de pago básicas. Otro ejemplo. Fue
un gobierno socialista el que amplió, a través de la ley de 2019, la normativa referente a este tipo de cuentas y las estableció gratuitas -sin ningún tipo de comisión- para familias y personas vulnerables y para aquellas familias y personas en
riesgo de exclusión financiera. Pues bien, para obtener la calificación de vulnerabilidad hay que ir a los ayuntamientos, y los ayuntamientos prácticamente no te prestan el servicio porque consideran que tienen otras necesidades y prioridades que
cubrir. Por tanto, habrá que establecer para los ayuntamientos un sistema muy simple de calificar la vulnerabilidad o la exclusión financiera para otorgarles ese requisito y que estas cuentas sean gratuitas. Otra práctica, por ejemplo, de la
entidad bancaria es anular o suspender la cuenta por presunto blanqueo de capitales nunca demostrado, porque estamos hablando de personas no ya en riesgo de exclusión, sino en exclusión. También habrá que establecer buenas prácticas entre el Banco
de España y el SEPBLAC para que esto no sea una justificación que sirva para anular y suspender estas cuentas básicas.
Lo principal -y con esto acabo- es que este problema lo va a resolver la autoridad de protección del cliente financiero. Esta es la solución. Es la que va a tener la encomienda de proteger a estas personas vulnerables, a estas familias
vulnerables frente a las grandes corporaciones financieras. Por cierto, es un proyecto de ley que ya está en tramitación; el 28 de noviembre entró en el Congreso de los Diputados. Yo animo a que se agilice su tramitación y que sea una norma muy
completa que evite el problema del que estamos hablando, que es no poder acceder a un nuevo derecho ciudadano, como es la cuenta de pago básica, un problema grave para muchas personas y familias vulnerables.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
Es el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Doña María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Hemos tenido que esperar hasta el final de la intervención del portavoz socialista para ver cuál es el fin mismo de esta proposición no de ley y de su enmienda.
Cuando uno entra a mirar el registro de esta proposición en el Boletín de las Cortes Generales se topa con algo curioso, y es que, en el mismo boletín, esta iniciativa va seguida de una igual, sobre idéntica materia, del Grupo Socialista.
No solo comparten el tema de las cuentas de pago básicas, sino que comparten con exactamente la misma literalidad -comas, puntos y estructura- la parte propositiva, con una salvedad, y es que mientras en la proposición del Grupo de Unidas Podemos el
punto 1 tiene letras y el punto 2 hasta la f), la proposición del Grupo Socialista limita sus puntos 1 y 2 a dos apartados cada uno. Es decir, el PSOE incluye solo en su proposición no de ley algunos de los puntos que propone Podemos. Da la
impresión, señorías del Grupo Confederal de Unidas Podemos, grupo proponente, que estamos ante la enésima proposición en la que ustedes quieren marcar territorio respecto a su compañero de Gobierno, con el que están en desacuerdo al menos en este
punto en el mes de marzo.
Además, se trata de la enésima iniciativa que traen los partidos que sostienen al Gobierno que no aporta mucho más salvo darse autobombo en este asunto, como ha descubierto el portavoz socialista. En este caso, puede hablar del proyecto de
ley por el que se crea la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes, recientemente llegado al Congreso. La verdad es que me
sorprende que me sorprenda a estas alturas de la legislatura que esta no sea la forma más diligente de proceder. Las cuestiones sobre derechos de los clientes financieros, la resolución extrajudicial de conflictos, así como la autoridad
administrativa que dirimirá estos conflictos deben ser cuestiones que se debatan en ese anteproyecto de ley.
Estaremos en contra de la proposición, salvo que se admita la enmienda del Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Señor Capdevila, ¿desea intervenir? (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Víctor González Coello de Portugal.
El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Señor presidente, en primer lugar, espero que esta sea la última Comisión antes de las navidades y, por tanto, les quiero desear a todos ustedes una feliz Navidad y, Dios mediante, un próspero año.
Dicho esto, esta Proposición no de ley sobre las medidas que garanticen el acceso a las cuentas de pago básicas de las personas que tienen derecho a ellas, yo creo que está mal construida, como han dicho algunos ponentes. En primer lugar,
porque enumeran una serie de premisas que supuestamente están ocurriendo, pero ni demuestran ni cuantifican el fondo de la cuestión. Además, se refieren a los servicios que prestan las entidades financieras, cuando si hay un sitio donde haya
estadísticas y datos para profundizar y hacer las cosas, es con las entidades financieras. Por lo tanto, hay una serie de generalidades que yo no puedo aceptar.
Luego pretenden que se conceda algo a personas en situación irregular, por muy dramática que sea su situación -por supuesto, muestro toda mi empatía con ellas-, que no tienen los propios españoles. ¿Quién va a abrir una cuenta bancaria en
este país sin su DNI? ¿Quién puede abrir una cuenta bancaria en este país sin su DNI, aunque sea una cuenta básica de pago? ¿Qué menor la puede a abrir sin la compañía de sus padres? Yo creo que la documentación y las leyes -la directiva europea
del año 2014 y la ley que se ha mencionado del año 2017- están bien, lo que hay que hacer es aplicarlas bien. Hablan de diversidad de entidades sociales. ¿Qué entidades sociales? Lo digo para tener criterio, porque estas son palabras genéricas.
¿Qué entidades sociales son las que dicen estas cosas? Determinados colectivos continúan enfrentándose a numerosas dificultades. ¿Qué colectivos? Yo creo que no hay rigor.
Luego, cuando destacan ustedes quiénes son las personas y los problemas que tienen, dicen: No se aceptan documentos acreditativos de la identidad de las personas a pesar de tener plena validez. Oiga, el teléfono del Banco de España es el
900 545 454 y es gratuito. Todas las entidades financieras están obligadas a tener una oficina de atención al cliente, y estas tienen un plazo máximo de respuesta. Si ustedes llaman a ese servicio, les dirán lo que tienen que hacer, y son
profundamente diligentes y eficientes. Y en cuanto a la problemática que tenemos en otro de los puntos sobre la ley de prevención de blanqueos, es la que tienen el común de los españoles y la que todos hemos sufrido; como tengas un primo, un
amigo, un socio venezolano o colombiano, lo que te pasa en las cuentas está por ver.
Por otro lado, es inadmisible que en este documento digan ustedes que no consta que las sucursales bancarias estén cumpliendo con la obligación legal de denegar por escrito la apertura de cuentas. Oigan, esto es un delito, es un delito. Si
hay una obligación legal y las entidades bancarias no la están cumpliendo,
yo les diría a todas estas organizaciones que ustedes no mencionan y a todos estos colectivos que ustedes tampoco detallan que presenten la queja oportuna, y así con el resto.
Y para terminar, no me gusta nada que los dos grupos del Gobierno que apoyan esta iniciativa y que gobiernan España puedan pedirle al Ministerio de Economía que interese al Banco de España sobre este asunto en vez de venir aquí con esta
propuesta. Es inadmisible hablar de la condición del solicitante de protección internacional, a lo largo de todo el procedimiento, como la manifestación de voluntad de solicitar la protección internacional. Oiga, cómo se va a abrir una cuenta
diciendo que yo tengo la voluntad de pedir o de solicitar nada. A mí me parece que es poco serio, como lo es la propuesta que nos han traído estos dos grupos y, por lo tanto, no podemos apoyarla.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Coello de Portugal.
Señor Guijarro, ¿a efectos de las enmiendas?
El señor GUIJARRO GARCÍA: A efectos de las enmiendas, estamos todavía pendientes de poder cerrarlo con el Grupo Socialista. En cuanto pueda, le aviso, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muy amable.
Muchas gracias.
- PARA EL IMPULSO DE UNA MAYOR PROTECCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE CARÁCTER FINANCIERO DE LOS ESPAÑOLES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/004443).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a la proposición no de ley número 6, para el impulso de una mayor protección en el tratamiento de los datos personales de carácter financiero de los españoles, que presenta el Grupo
Parlamentario VOX y que defiende el diputado don Rodrigo Jiménez Revuelta. Tiene la palabra.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días de nuevo.
La proposición no de ley que presenta nuestro grupo parlamentario pretende impulsar una mayor protección de los datos personales de carácter financiero de los españoles. Les recuerdo a sus señorías que la Constitución española, así como el
Reglamento del Parlamento Europeo protegen a los españoles con el derecho de protección de los datos personales, de tal forma que todo español debe poder controlar el uso de sus datos de carácter personal y así evitar y prevenir el tráfico ilícito y
uso lesivo de estos. En el contexto en el que nos encontramos, se ha producido un aumento exponencial del uso de banca electrónica por los españoles que ha puesto en peligro este derecho. Es más, la falta de regulación ha provocado que las
denominadas big tech utilicen estos datos personales como un producto más que pueda reportarles un beneficio económico, sin que el usuario reciba ninguna compensación y sin que en la mayoría de las ocasiones sea consciente de esa cesión.
Señorías, de sobra es conocido que la autorización al tratamiento de los datos personales de carácter financiero se produce mediante la aceptación de diferentes cláusulas, sin que se preste la necesaria diligencia, pues en muchas ocasiones
son extensas y de difícil comprensión para el ciudadano medio. Fíjense sus señorías que, según un informe de la OCU, el 88 % de los usuarios acepta los términos y condiciones en Internet sin leerlos. De hecho, probablemente si los leyera y tuviera
algún inconveniente en firmarlos, no podría acceder prácticamente a ninguna página ni navegar por Internet. Pero es que, además, el 64 % de los internautas opina que debería percibir algún tipo de remuneración económica por el uso de estos datos.
La utilización de los datos y su almacenamiento puede ser utilizada con fines diferentes a los originarios, de tal forma que esos datos puedan ser usados como herramientas para cambiar hábitos de consumo y quizás otros aspectos de la vida de
la persona, siendo utilizados también de forma delictiva e incluso afectar seriamente a la economía, la libre competencia o la propia seguridad nacional. Señorías, las consecuencias perversas del tratamiento de los datos se han intentado abordar
por diferentes normas, entre ellas las citadas, pero la naturaleza sumamente cambiante de la materia hace que cualquier regulación sea, desde el momento en que se dicta, insuficiente.
En la actualidad, el uso de la banca electrónica se ha extendido a toda la población. De hecho, el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad informa de que el 66 % de la población española emplea
los servicios de Internet de banca electrónica. Además, una encuesta de Funcas sobre los servicios bancarios digitales y la educación financiera y digital, precisamente de abril de este año, dice que el 36,4 % de los españoles accede todos
los días a su banca online, es decir, el doble que antes de la pandemia. Como dato curioso, aparece que las personas entre sesenta y setenta años entran prácticamente a diario a su banca digital, es decir, un 34 % de la población española, que
supera el segmento de la población española de dieciocho a veintinueve años, que solamente es de un 31 %. En dicha encuesta, la mitad de los encuestados manifiestan que sus conocimientos financieros son bastante bajos. Este aumento del uso de la
banca electrónica ha llevado consigo un aumento exponencial de fraudes electrónicos, como el phishing, el vishing, el smishing y el pharming, entre otros. Esto, señorías, ha provocado que el nivel de confianza de los españoles en Internet haya
descendido en los últimos años de tal forma que un 40 % de la población española tiene poca o ninguna confianza en Internet.
Hoy en día se está produciendo una desaparición indiscriminada de sucursales y un despido masivo de empleados en la banca. Señorías, desde el año 2008 hasta el cierre de 2021, la banca española ha cerrado más de 27 000 oficinas, según datos
del Banco de España, y ha enviado al desempleo a más de 100 000 personas. Hasta 2030, la banca pretende cerrar otras 20 000 oficinas -es decir, el 70 %- en los próximos años precisamente por el modelo digital y las fusiones. Esto está llevando muy
rápidamente a un cambio en el uso de la banca, teniendo que utilizar obligatoriamente la banca electrónica y, por ende, al uso del modelo digital, en detrimento del uso del efectivo, al cual, como bien saben sus señorías, este grupo parlamentario se
opone. Lo que se produce con el dinero digital es un control de los pagos de los clientes y supondría una amenaza para la intimidad de las personas y su libertad.
Por ello, el modelo digital y el uso indiscriminado de los datos personales de carácter financiero está provocando, y así es, que algunas multinacionales tengan una tendencia creciente a abrazar causas con connotación política e ideológica
que debe ser puesta de manifiesto y debe ser objeto de medidas concretas en el ámbito legal. Un ejemplo es el caso de algunas entidades financieras, como el Banco Santander, que utiliza las transacciones de sus clientes en los sectores de
electricidad y combustible para calcular la supuesta huella de carbono generada directa o indirectamente por una persona, por lo que los datos de sus clientes los está utilizando para que el cliente reciba una información que no desea ni es
solicitada por él y que lleva implícita una cierta criminalización de los gastos en los que dicho usuario incurre en el uso de su legítima libertad. Es por eso que VOX considera necesario presentar esta proposición no de ley, para asegurar que las
entidades financieras no utilicen los datos personales de carácter financiero o los perfiles de sus clientes para el desarrollo de acciones de carácter político o de mero adoctrinamiento ideológico y social sin la previa solicitud por parte de la
entidad financiera y el consentimiento expreso informado al cliente.
Por último, instamos al Gobierno a fomentar que las referidas entidades, así como las multinacionales tecnológicas, tributen en España por los datos digitales recopilados en nuestro país, con el fin de preservar la soberanía nacional y los
datos de todos los españoles.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Revuelta.
No hay enmiendas. Pasamos a fijación de posiciones. Tiene la palabra, por Ciudadanos, doña María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Para mi grupo parlamentario el tratamiento de los datos personales es uno de los puntales de cualquier política digital. Sin embargo, la forma en la que nosotros entendemos ese tratamiento de datos es prácticamente opuesta a lo que el Grupo
Parlamentario VOX ha planteado en su proposición no de ley.
La intención del grupo proponente es maniatar, con la excusa del tratamiento de datos, la libertad empresarial del sector financiero. Además, el grupo proponente se abona a la tesis de Podemos, al afirmar que las entidades financieras
tienen, por lo visto, una supuesta ideología malévola que quieren inculcar a la ciudadanía, y ustedes se arrogan el derecho de ser quienes les paren los pies. Sinceramente, creo que este argumento conspiranoico y populista, de la peor escuela del
Podemos más ultramontano, no puede ser compartido, por supuesto, por nadie que se diga liberal. En este sentido, tampoco nos sorprende demasiado que un grupo ultraconservador, que tiene en su ideario decirles a los españoles qué pueden o no pensar,
qué pueden o no sentir o qué pueden o no ser, coincida con la ultraizquierda en esto.
Por todo ello, no podemos sino votar en contra de una iniciativa que tiene nada de protección de derechos y mucho de protección de dogmas. Votaremos en contra, por supuesto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Confederal, señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
Voy a aprovechar, con el permiso del presidente, este punto en el que VOX presenta su iniciativa para, si me permiten, hacer una pequeña digresión y contestar al señor Manso, que antes ha hecho una reflexión interesante sobre los golpes de
Estado y la historia de España. Decía que en el siglo XIX todos los golpes de Estado fueron de la izquierda. En fin, no sé si todos, pero desde luego la mayoría. No le falta razón, en el sentido de que, ciertamente, los liberales del XIX eran la
izquierda, ¿verdad?
Digo todo esto porque, claro, cuando se es gobernado por un tirano, la rebelión no es ya un derecho de los pueblos, sino una obligación moral de los mismos. Por lo tanto, ¿fue Riego un patriota? Desde luego; cuando dio un golpe de Estado
contra el absolutismo, contra Fernando VII, desde luego. ¿Fue el señor Torrijos un patriota? Desde luego. Es más, este Congreso de los Diputados se lo reconoce con un cuadro muy famoso pintado por el señor Gisbert, un fantástico pintor
valenciano, del Romanticismo, de finales del XIX; un cuadro que, por cierto, creo que está cedido al Museo del Prado, pero que desde luego es propiedad de este Congreso. Lamento que no podamos tenerlo en estas salas para que algunas de sus
señorías vieran cómo esta Cámara aplaudió, precisamente -igual que aplaude hoy en día-, el hecho de que unos patriotas dieran un golpe de Estado contra unos tiranos. Solo quiero recordar esa expresión hierática y lacónica del señor Torrijos mirando
al pintor en ese famoso cuadro donde, de fondo, se ven las preciosas playas de Málaga, y donde, desde luego, el ambiente romántico del mismo invita a pensar que, efectivamente -como digo-, la rebelión contra la tiranía es un derecho. Ahora bien,
rebelarse contra un régimen democrático ya no es un derecho; eso ya se llama traición, y, si me permiten ponerle un nombre muy rimbombante, traición a los españoles, no ya a la patria, a los españoles.
Yendo ya al punto que nos indicaban, sobre la iniciativa que ha presentado VOX, la verdad es que no quiero comentar demasiado sobre la exposición de motivos porque me parece un alegato al proteccionismo con el que no podemos coincidir. No
es ya que estén alejados por completo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que están alejados por completo de todo lo que no sea del siglo XIX hacia atrás.
De lo resolutivo sorprende, sobre todo, el segundo punto, en el que solicitan que las entidades financieras, así como las multinacionales del sector tecnológico, tributen en España. ¡Oh, Dios santo, qué escucha uno, qué tiene que leer uno,
VOX pidiendo que entidades financieras y empresas multinacionales tributen en España! ¡¿Qué será lo próximo?! Dentro de nada lo mismo hasta les resulta interesante el programa político con el que nos presentamos nosotros. Dicen ustedes que estas
empresas deberían tributar en España por los datos digitales recopilados en nuestro país, pero ustedes mismos votaron en contra del impuesto extraordinario a la banca y a las empresas energéticas, que se están enriqueciendo a costa de los
ciudadanos; y también votaron en contra del impuesto sobre determinados servicios digitales que gravan la transmisión de datos, que son los de transmisión con contraprestación, incluida la venta o cesión de aquellos recopilados acerca de los
usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales.
Por lo tanto, está muy bien pedir cosas, señorías de VOX, pero infórmense ustedes de lo que han hecho previamente, no vaya a ser que, como ahora, terminen ustedes por reivindicar cosas a las que se han negado reiteradamente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Miguel Ángel Castellón.
El señor CASTELLÓN RUBIO: Muchas gracias, presidente.
Al hilo de lo que decía la portavoz de Ciudadanos, hay un alejamiento por parte de VOX de postulados totalmente liberales que deberían tener presentes y que se mezclan con otros de contenido mucho más ideológico. Estamos de acuerdo en que
todo español tiene que tener derecho a poder controlar el uso de sus datos personales y evitar el tráfico que con ello se pueda hacer. Es cierto que el comercio de los datos personales se hace, en la mayoría de los casos, con una autorización no
consciente de la cesión de los mismos, teniendo en cuenta que los usuarios a veces aceptan cláusulas que son absolutamente ininteligibles. De hecho, se cita en la proposición un dato que dice que el 88 % de los consumidores aceptan los términos y
condiciones sin leerlos. Yo añadiría: no por expresa voluntad, sino porque es imposible leer los términos para poder aceptarlos. Es muy difícil leerse todos los términos que se nos
plantean cuando aceptamos el uso de cualquier medio electrónico, como también es muy difícil en Internet, en las páginas web y en la navegación web deshacerse de las cookies, que también trafican con nuestros datos, etcétera. Yo creo que,
en ese sentido, habría que mejorar la regulación.
Por otro lado, es cierto que existe también una corriente tendente a la supresión del pago en efectivo. En cierta manera nosotros creemos que, hasta que no se garantice la eliminación del rastro digital de los pagos con medios electrónicos,
el efectivo debe seguir existiendo y se debe garantizar su uso para quienes así lo estimen. Por ejemplo, el 38 % de los españoles cree o prefiere el uso de efectivo y, por tanto, en el uso de su libertad -como decía- utilizar ese medio de pago.
Por eso, esa primera parte de la exposición de motivos podemos compartirla.
Sin embargo, en la segunda parte de la exposición de motivos se defienden una serie de alegatos ideológicos, de los que habitualmente usa VOX, que nosotros no compartimos. Hay una referencia al movimiento globalista, en el cual se dice que
las grandes empresas abrazan causas con connotaciones políticas e ideológicas. Yo creo que a nosotros nos debería preocupar lo justo que las empresas abracen postulados ideológicos, sobre todo porque eso debe ser una decisión de sus propietarios,
de sus accionistas; en un sistema liberal, yo así lo creo. Pero hay una referencia que va mucho más allá, diciendo que del fanatismo climático son cómplices gran parte de las entidades financieras. Yo creo que no es bueno hablar así de un sector
empresarial como el financiero en España. No se puede señalar ni se puede acusar con esos términos, en este caso al sector financiero, primero, por el daño reputacional que se hace y, segundo, porque en la libertad de las empresas está fijar su
visión, fijar su misión e, incluso, lógicamente, fijar su estrategia comercial. No somos nosotros quién -o no deberíamos ser quién- para meternos en ello.
Sin embargo, estamos de acuerdo con la segunda parte de la moción, en la cual se insta, en el segundo párrafo, a fomentar que las multinacionales tributen en España por el uso de los datos. Esto sería más fácil no solo con las
modificaciones legales que se piden, sino si la política fiscal del Gobierno de España fuese atractiva y no estuviésemos empujando a las empresas y a las multinacionales a irse de España y dejar de tributar en todos los conceptos. No ayudan las
continuas subidas impositivas del Gobierno de Pedro Sánchez a que las empresas tributen en España -como, por ejemplo, no ayuda la tasa Google-, sobre todo porque últimamente el Gobierno ha basado su política fiscal en incrementar al alza la presión
sobre las empresas y, además, lo hace de manera descompasada con la política fiscal de otros países de nuestro entorno.
Por tanto, no vamos a apoyar la proposición porque, a pesar de que estamos de acuerdo con algunas partes del contenido, creemos que se excede en el lenguaje utilizado, acusando al sector financiero, sobre todo, de prácticas que nada tienen
que ver con su actividad comercial.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Valentín García.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. La verdad es que la mañana se nos está quedando bonita entre las curiosidades históricas, las curiosidades de las decisiones del Tribunal Constitucional y, ahora, las curiosidades políticas. Acabamos de saber que PP
y Ciudadanos hoy han descubierto que VOX no es liberal. (La señora Muñoz Vidal: No, no). Nosotros ya lo sabíamos, lo que no sé es cómo ustedes han podido formar Gobierno y ayudarse de ellos para gobernar en Murcia, en Andalucía, en la Comunidad
de Madrid o en la de Castilla y León si no eran liberales. (La señora Muñoz Vidal: ¿Cuentas todos los que están en el PSOE?). Menudo descubrimiento, señorías del PP y de Ciudadanos.
Volviendo a la PNL, habíamos escuchado a VOX proclamas contra el globalismo, el cambio climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, pero lo de hoy es sorprendente. Lo de hoy es un contorsionismo político digno del
Circo del Sol. Una primera lectura de la iniciativa podría pensar que VOX tiene una preocupación por los datos digitales personales de los españoles, pero en realidad solo es una apariencia de preocupación. Enseguida descubrimos que esa
preocupación se convierte en excusa porque en realidad lo que pretenden -una vez que lees hasta el final la iniciativa- es seguir en su cruzada contra el ecologismo, contra las políticas de igualdad y contra el globalismo.
Es también curioso lo contradictorio que puede llegar a ser que pidan que el sector bancario tribute en España por el uso de datos digitales, cuando VOX ha votado en contra de las nuevas figuras tributarias -también el Partido Popular, que
ahora dice que le parecería bien que se tributara-. VOX y el PP
votaron en contra de las nuevas figuras tributarias para que las grandes tecnológicas paguen impuestos en España. Ambos grupos parlamentarios se opusieron a que se pusiera en marcha y se aprobara el impuesto sobre determinados servicios
digitales. Es contradictorio porque, en el fondo, no se quiere que tributen por el uso de datos digitales, lo que se quiere es impedir a las entidades financieras que puedan informar a sus clientes sobre variables de impacto climático; por
ejemplo, la huella de carbono ya que, por lo visto, si las entidades financieras informan a sus clientes bancarios cometen un delito grave.
No les importa, a falta de ser liberales -como dice el PP y Ciudadanos-, ir contra de la política de responsabilidad social corporativa de los bancos y el compromiso social de estos en relación con los asuntos que antes nos referíamos.
Curiosamente, VOX defiende los beneficios de los bancos cada vez que el Gobierno y la mayoría progresista del Congreso quieren introducir algún gravamen para que aporten por los beneficios extraordinarios; sin embargo, ahora pretenden prohibir a
las entidades financieras que se relacionen con los ODS, con los retos climáticos, porque, en realidad, en VOX niegan las evidencias científicas, pero VOX y PP protegen los beneficios bancarios. Esta desorientación o este despiste es curioso cuando
han votado en contra cada vez que tocamos algo relacionado con alguna tributación ordinaria o extraordinaria del sector bancario.
Por todas estas razones, porque es un compendio de una ideología ultraconservadora, votaremos en contra de esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Valentín.
Quedan dos proposiciones no de ley por debatir.
La señora MUÑOZ VIDAL: Quedan tres.
El señor PRESIDENTE: Dos, porque hay una retirada. Esto significa que, más o menos, yo intuyo que, en media hora, podemos estar votando.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: En menos, señor presidente, con mi colaboración.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Presidente, se ha retirado la cuatro. Quedan la siete, la ocho y la nueve.
El señor HURTADO ZURERA: Quedan tres, no dos.
El señor PRESIDENTE: Sí, quedan tres. Me he confundido. En cuarenta y cinco minutos. Lo digo a efectos de que se lo comuniquen a los miembros de la Comisión.
- SOBRE LA GOBERNANZA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/004617).
El señor PRESIDENTE: Vamos a la proposición no de ley número siete, sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, del Grupo Parlamentario Socialista, que defiende el diputado don José Antonio Rodríguez Salas.
El señor RODRÍGUEZ SALAS: Muchas gracias, presidente.
Señorías, la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación ha conducido a una nueva revolución, la llamada cuarta revolución industrial, diferente de sus predecesoras porque implica una cierta disrupción sistémica que
afecta tanto a los fundamentos como al funcionamiento mismo de la vida política, económica y social. Hay un componente dentro de las TIC que está generando una atención especial por su alcance, naturaleza y potencial: la inteligencia artificial.
El desarrollo de una tecnología como la inteligencia artificial, que aspira a compararse con la inteligencia humana o, incluso, a mejorarla o superarla, constituye, posiblemente, el mayor desafío científico conocido en la historia de la humanidad.
La antropología, la filosofía, la sociología, la política, la economía, las ciencias matemáticas y físicas, las ingenierías y también el derecho y las ciencias jurídicas se encuentran frente a un fenómeno de una magnitud desconocida,
inconmensurable, imparable y, por todo ello, inquietante. La inteligencia artificial se ha convertido en algo cotidiano y presente en cada aspecto de nuestra vida y tiene el potencial para afrontar algunos de los principales retos del mundo
contemporáneo. Como base fundamental de innovación tecnológica y empresarial es un elemento de transformación de nuestra realidad social para
bien o para mal, ya que su extremada versatilidad es también una fuente potencial de riesgos: discriminación provocada por un conjunto de datos sesgados, decisiones automatizadas difíciles de entender, intrusión en la vida privada de las
personas o utilización con propósitos delictivos si no se respetan determinadas reglas.
La inteligencia artificial se ha convertido en objeto de un amplio y controvertido debate. El análisis de ese debate muestra que existe un problema conceptual por la ausencia de acuerdos sobre la definición de la inteligencia artificial y
un problema funcional derivado de la relevancia asignada en el mismo a los componentes técnicos, éticos y jurídicos. Hay una clara prevalencia de los primeros, una insistente invocación de los segundos y una escasa atención al discurso jurídico.
En principio, jurídicamente hay que distinguir dos cuestiones: por una parte, la aplicación de la inteligencia artificial al estudio y la práctica del derecho y, por otra, la regulación de la inteligencia artificial.
La ENIA es uno de los ejes de la Agenda Española Digital 2026 y uno de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. La ENIA permitirá mejorar la preparación del tejido productivo español de
cara a impulsar su competitividad en el plano europeo e internacional. Se trata, por tanto, de un paso fundamental en la apuesta por la transformación digital de la economía y la sociedad a través del desarrollo de tecnologías disruptivas de alto
valor añadido. Entre los objetivos de la Estrategia Digital 2026 están los de impulsar la inteligencia artificial como motor de innovación y de crecimiento económico, social, inclusivo y sostenible y establecer marcos regulatorios que delimiten y
guíen en el diseño de la inteligencia artificial de forma que las aplicaciones resultantes respeten los derechos de la ciudadanía. Para ello, cuenta con una serie de medidas como la puesta en marcha del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial y
la creación de la Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial que tienen, entre sus objetivos, impulsar la inteligencia artificial como motor de innovación y crecimiento económico, social, inclusivo y sostenible. Para que la
inteligencia artificial produzca sus frutos, es necesario que los resultados de la investigación sean adoptados por las empresas, las administraciones públicas y la ciudadanía, para mejorar su productividad e incrementar su bienestar.
España dispone desde el año 2019 de una estrategia nacional de I+D+i en inteligencia artificial. Ahora es el momento de completar esa estrategia con otra de carácter global cuyos objetivos sean más amplios: la integración de toda la cadena
de valor en un proyecto compartido al servicio de un crecimiento económico y social inclusivo y sostenible y desarrollar un marco ético y jurídico para la inteligencia artificial, basado en valores compartidos. España comparte con la Unión Europea
el convencimiento de que es necesario un marco ético y jurídico homogéneo para toda la Unión, basado en valores compartidos, que ponga la inteligencia artificial al servicio de las personas y no las personas al servicio de la inteligencia
artificial. Este marco se integrará dentro de la Carta de Derechos Digitales, ya contemplada en España Digital 2025, si bien, dado el peso específico y la problemática que plantea el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, requerirá de
un tratamiento singularizado. En esta tarea el liderazgo de los poderes públicos es fundamental y el objetivo debe establecer un marco de referencia para el desarrollo de una inteligencia artificial fiable, explicable, transparente e inclusiva,
centrada en la ciudadanía y como proyecto social compartido al servicio de un crecimiento económico, social, inclusivo y sostenible.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Es el turno del Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra don Juan Luis Pedreño.
El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias, presidente.
Buenos días de nuevo. Hoy debatimos una proposición no de ley del Grupo Socialista sobre gobernanza en inteligencia artificial. Voy a leer una cosa textualmente, que es el objetivo de esta proposición, por qué se presenta, que describen en
la exposición de motivos: 'Establecer un marco de referencia para el desarrollo de la inteligencia artificial fiable, explicable, transparente e inclusiva, centrada en la ciudadanía y como proyecto social compartido al servicio de un crecimiento
económico social, inclusivo y sostenible'. Este es el objetivo por el cual se presenta y yo le voy a decir cuáles son los antecedentes que hay en España en el ámbito de la gobernanza de la inteligencia artificial. Tenemos una Secretaría de Estado
de Inteligencia Artificial, que se creó hace tres años, al inicio de la legislatura; tenemos un Consejo Asesor de Inteligencia Artificial; tenemos una Dirección General de Inteligencia Artificial; tenemos una inversión prevista del Gobierno de
más de 600 millones de euros en actuaciones de inteligencia artificial; hay una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, como bien ha dicho el diputado portavoz del Grupo Socialista, y recientemente la ministra ha anunciado en el Programa
RETECH
una serie de proyectos nuevos en el ámbito de la inteligencia artificial en las comunidades autónomas de España. Es decir, que con todos estos antecedentes hoy el Grupo Socialista presenta una proposición para pedir al Gobierno que
establezca el marco de referencia para el desarrollo de la inteligencia artificial. Digo yo que esto tenía que haber estado hecho desde el primer día, antes de todo esto que yo he narrado. Además, esta proposición no de ley se ha registrado ahora
en noviembre, que no es una proposición registrada hace dos años y que se debate ahora, es muy reciente.
Ahora me voy a centrar en el petitum de la proposición del Grupo Socialista. Pide, en primer lugar, crear un marco de actuación apropiado y adaptar la legislación a las nuevas realidades que tienen que ver con la inteligencia artificial.
¿Qué legislación en concreto es la que hay que adaptar? Porque, si no, esto no sirve para nada. Decir que vamos a adaptar la legislación no sirve para nada, habrá que ver qué legislación exactamente es la que influye en este objetivo que hoy nos
trae el Grupo Socialista. Además, hay un reglamento de la Unión Europea que entrará en vigor en 2024; por lo tanto, lo que hay que hacer es estar preparados ya, eso es lo que hay que hacer. Para eso debería ser esta proposición no de ley. Por
eso nosotros hemos presentado en las enmiendas un punto 1 que dice que preparemos a las instituciones, a las administraciones públicas, organismos de supervisión y patronales de empresas de diferentes ámbitos en España para adoptar como marco de
actuación lo que establece el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, previamente a su entrada en vigor y así estar ya preparados.
El segundo punto de la proposición del Grupo Socialista pide agilizar la puesta en marcha de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que es esta que se ha ido a La Coruña. Es decir, que si no se aprobara este punto
de agilizar la puesta en marcha, entiendo que se retrasaría la puesta en marcha de esta agencia nacional. Yo creo que este es otro punto que nos traen aquí para meter presión al Gobierno, cuando entiendo que el Gobierno va a hacer todo lo que esté
en su mano para que sea lo más ágil posible.
Por último -ya termino, presidente-, piden desarrollar una normativa sandbox para inteligencia artificial. Esto lo viene demandando el Grupo Parlamentario Popular en esta Comisión y en la Comisión de Ciencia e Innovación y nunca han hecho
caso. Nos dicen que no y ahora vienen y la presentan aquí. Y ya hay una ley de startups. Por eso, el tercer punto de nuestra enmienda va precisamente para eso, para que se desarrollen las condiciones de la ley de startups para el sandbox
regulatorio. Espero que las tengan en cuenta porque son enmiendas que, por supuesto, mejoran mucho la proposición que hace el Grupo Socialista al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pedreño.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, doña María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Hablamos ahora de inteligencia artificial y sobre su gobernanza. Nosotros consideramos que la inteligencia artificial es uno de los principales facilitadores de la transformación digital. Gracias a sus aplicaciones podremos automatizar aún
más determinados procesos, haciéndolos más eficientes, y dedicar también mejor los esfuerzos a otro tipo de tareas que requieren una mayor creatividad o sensibilidad humana. Este mejor reparto de funcionalidades previsiblemente hará que nuestra
economía sea más robusta y más competitiva para los retos a los que se enfrenta en este siglo XXI.
Asimismo, somos conscientes de que la inteligencia artificial tiene sus riesgos, como también ha advertido la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados en uno de sus primeros informes tras su puesta en marcha. Por ello,
es deber de las instituciones poner en marcha las medidas necesarias para aprovechar lo mejor de sus potencialidades y paliar los efectos o impactos más negativos que pueda tener, especialmente teniendo en cuenta que su integración en nuestras
interacciones sociales y económicas será cada vez mayor. Mi grupo parlamentario, Ciudadanos, ha dado la bienvenida a la nueva Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y esperamos que su trabajo se realice de forma neutral, que
esté orientada por criterios técnicos y objetivos y que pueda tener la autonomía suficiente para tomar medidas cuando así sea necesario, incluidas medidas contra la propia Administración.
En definitiva, compartimos esta iniciativa y, además, nos sorprende gratamente que el grupo proponente incorpore el concepto de sandboxes que nosotros ya llevábamos en nuestro programa electoral. Creemos que es una de las grandes
oportunidades de colaboración público-privada en el desarrollo de innovaciones tanto incrementales como disruptivas en el ámbito tecnológico, en concreto en el de la inteligencia artificial.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal, don Txema Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
La verdad es que con esta mañana tan ajetreada que tenemos no sé si me queda algo de inteligencia y, si me queda, será artificial, desde luego. (Risas).
Dicho esto, nos parece que la iniciativa que ha presentado el Grupo Socialista es pertinente; entra dentro de lo que el país viene demandando y también dentro de lo que el Gobierno viene realizando en estos últimos meses. La iniciativa
consta de tres resolutivos. El primero de ellos es adaptar la legislación a las nuevas realidades y necesidades para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. Esto parece casi casi una obviedad, aunque como primer punto o punto
introductorio es interesante. En el segundo -aquí entramos ya en contenidos un poquito más sustantivos- se habla de agilizar la puesta en marcha de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Yo creo que todos estamos de
acuerdo en que se pongan en marcha determinadas instituciones que faciliten el avance de determinadas políticas. He creído entender antes que el portavoz del Partido Popular -no sé si lo he entendido bien- se quejaba del hecho de que surgieran
instituciones de este tipo. Señor portavoz, a través de ellas es como tendremos que avanzar porque precisamente es así como funcionan los Estados modernos, a través de este tipo de iniciativas.
Por otro lado, el Gobierno ha anunciado ya que va a establecer la sede de la agencia en Coruña, decisión que nos parece, por lo demás, perfectamente acertada. Yo creo que es bueno que las oficinas del Estado no estén tan concentradas en la
ciudad de Madrid, al fin y al cabo España va mucho más allá del Manzanares. Creo que es bueno que se tomen estas iniciativas. Además, son señales potentes que se lanzan a la ciudadanía, aunque solo sean simbólicas. Quiero decir también que con
esta iniciativa, además, España será el primer país europeo con una entidad de supervisión de la IA, de la inteligencia artificial. Se anticipa así al futuro reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Solemos ser famosos muchas
veces como país por llegar tarde a este tipo de cuestiones, por lo que es bueno que nos pongamos a la cabeza, sobre todo en temas que son tractores, que permiten modernizar y que son vanguardia de los desarrollos económicos. Eso, sin duda, siempre
es una buena noticia.
Finalmente, como último resolutivo, el Grupo Socialista solicita desarrollar la normativa necesaria para permitir sandboxes regulatorios. Como ustedes saben, los sandboxes han sido instrumentos que ya el Gobierno de coalición ha puesto en
marcha en otros ámbitos. En este caso, se pretende acercar las autoridades competentes a las empresas desarrolladores de IA para definir de forma conjunta buenas prácticas que sirvan de base para la implementación de la futura regulación europea.
Está claro que en los albores de la inteligencia artificial en los que nos encontramos lo bueno, lo pertinente y lo razonable es que se multipliquen los diálogos y las comunicaciones entre los diversos actores, precisamente para que de estos vaya
surgiendo, poco a poco, una malla reglamentaria que permita avanzar con seguridad jurídica y con la garantía de que todas y todos nos veremos beneficiados de estos desarrollos tecnológicos.
Por lo demás, como siempre, muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guijarro
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Rodrigo Jiménez Revuelta.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, en mi última intervención del año quiero desearles a todos una feliz Navidad y, desde luego, un cambio de Gobierno para 2023, en el que estoy convencido de que VOX estará para derogar todas las leyes ideológicas de la izquierda y
devolver a los españoles el lugar que les corresponde.
El Grupo Socialista nos presenta una proposición no de ley sobre la gobernanza de la inteligencia artificial. Es cierto que nos encontramos en un proceso de transformación de nuestra sociedad mediante una aceleración tecnológica que solo
puede ser comparada con otros hitos anteriores como fue la revolución industrial. Por ello, como ejemplo de la magnitud de esta transformación, debemos tener en cuenta que por primera vez en la historia de nuestra especie habitamos en un contexto
en el que decisiones críticas que afectan a la vida de los individuos son tomadas de forma parcial, o en algunos casos en su totalidad, por entes no humanos, es decir, por simulaciones de inteligencia. Efectivamente, hay un gran número de
decisiones trascendentales para la vida de una persona -como su admisión a una universidad, la concesión de un crédito o una hipoteca- que, hoy en día, se toman por determinados países a través de algoritmos de aprendizaje automático; inteligencias
artificiales que, además, tienen
la capacidad no solo de afectar a individuos aislados, sino también a comunidades enteras. Es decir, nos encontramos ante un proceso de deshumanización que viene determinado por la cesión de determinadas decisiones a seres sintéticos sin
humanidad en nombre de una automatización y estandarización de procesos.
Es evidente que vivimos rodeados de nuevos sets tecnológicos que incorporan inteligencia artificial, desde Siri a Cortana, pasando por Alexa o Google Duplex. Nos hemos acostumbrado a compartir nuestra realidad con simulaciones de
inteligencia, y lo que es todavía más importante y dramático, nos han acostumbrado a regalarles nuestros datos en un ejercicio de exhibicionismo tecnológico con consecuencias que pueden resultar dramáticas para la protección de las libertades
civiles y los derechos humanos.
Una de las principales razones que han alimentado la cesión de la privacidad, la individualidad y la capacidad decisoria que estamos viviendo -el final de la cual resulta extremadamente complejo de prever- son las metanarrativas que han
acompañado a la nueva revolución tecnológica basadas en que, para los grandes problemas que amenazan nuestras sociedades -como, por ejemplo, el cambio climático, es un mantra que siempre utiliza la izquierda; el tratamiento y cuidado de las
enfermedades; la crisis por falta de agua; el control de fronteras o la seguridad nacional, entre otras- la aplicación de la inteligencia artificial es la solución. Pero, señorías, estamos olvidando que uno de los múltiples riesgos de esas
aplicaciones inteligentes es que tienen el poder no solo de darle forma a la realidad, sino incluso de alterar nuestra percepción sobre esta.
Los algoritmos de personalización como los PageRank son una muestra, ya que se basan en la falsa promesa de escogernos en la red y priorizar los documentos que consideran que nos tienen que interesar, es decir, que de alguna manera nos
dirigen. En el mundo digital, si alguna cosa es gratis es simplemente porque el que está en venta eres tú, sobre todo si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el comercio del petróleo ha quedado superado por el de los datos, ya que estos son la
materia prima más valorada del planeta.
Señorías, la única garantía de progreso y sostenibilidad de los derechos de los ciudadanos ante la inteligencia artificial en sistemas autónomos es la regulación. Por eso, creemos acertada la proposición que presenta el Partido Socialista,
pero en su esencia lo que hace, como siempre, es teñirla de tintes ideológicos. Por eso no la apoyaremos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Revuelta.
Señor Rodríguez, a los efectos de las enmiendas.
El señor RODRÍGUEZ SALAS: No aceptamos las enmiendas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE LA GESTIÓN DEL PERTE PARA EL DESARROLLO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y CONECTADO POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 161/004668).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que figura en el orden del día con el número 8, sobre la gestión del PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado por las comunidades autónomas. Es del Grupo
Parlamentario Republicano y la defiende don Joan Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero sumarme también al ambiente navideño, y no es ironía. Les deseo a todos ustedes, al personal de la Cámara, a sus familias, una feliz Navidad, salud y buenas noticias para el año que viene.
Creo que vamos bien de tiempo y, por tanto, mi regalo de Navidad será dar cumplimiento a la negativa de lo que Josep Pla contaba en una de sus famosas crónicas parlamentarias. El diputado iniciaba sus discursos diciendo: yo no soy un buen
orador. Luego, agotaba sus siete minutos demostrándolo. Invoco a Josep Pla, a no caer en ese error -ustedes ya tienen constatada mi oratoria- y a la lectura atenta de la exposición de motivos, brillante -esa sí-, de nuestra proposición no de ley,
basada no tanto en el debate sobre la eficacia, sino sobre la eficiencia de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, los conocidos PERTE, aquellos fondos europeos NextGeneration que suponen una oportunidad para
transformar sectores estratégicos de la economía.
Concretamente uno de ellos nos permite observar, aun cuando sobre su eficacia podremos hablar en breve, la no eficiencia de su aplicación.
Conocen ustedes que el Gobierno aprobó el pasado 13 de julio de 2021 el PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado. Pues bien, después de esa primera convocatoria, el Gobierno dio a conocer los beneficiarios de estos
fondos, y resulta que de los 3000 millones de euros recogidos en la primera convocatoria solo se han repartido a fecha de hoy el 30 %. Creemos que esa dramática lentitud en el otorgamiento de ayudas para un tema tan vital como es el vehículo
eléctrico y conectado es un auténtico tiro al pie de la economía, y esta PNL intenta no tanto que se reconozca un hecho que es inapelable en cuanto a números, sino que se ponga remedio para garantizar un mayor grado de eficiencia de estos fondos y
que estos lleguen a la totalidad del tejido productivo. ¿Cómo? Pues proponemos que las comunidades autónomas puedan gestionar las convocatorias de los PERTE. Nuestra PNL propone, en aplicación del principio de subsidiariedad, convencidos de que
suele ser un gran remedio contra la ineficiencia, realizar las modificaciones legislativas necesarias para traspasar la gestión de los PERTE a las comunidades autónomas, así como las modificaciones necesarias para que las cantidades no asignadas del
PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado puedan ser gestionadas por las comunidades autónomas, las que lo soliciten, con el objetivo de garantizar que lleguen capilarmente a los proyectos que son transformadores.
Muchas gracias. Buenos días.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
En turno de fijación de posiciones, puesto que no hay enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra doña María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Esquerra nos presenta hoy una propuesta muy clara y sencilla en sus términos, algo que se agradece, y es que los PERTE pasen a ser gestionados por las comunidades autónomas. Igual de clara y sencilla es nuestra posición: en contra.
Los PERTE se definen como proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, con un importante potencial de arrastre para toda la economía española. La clave de los PERTE está en este último punto, su potencial de
arrastre para la economía española en su conjunto, que creen un ecosistema del que se beneficien no solo las zonas destinatarias de las principales inversiones, sino toda la economía -insisto, toda la economía española-, aprovechando el efecto de
empuje de estos proyectos tractores.
Por tanto, la gestión de los PERTE por parte de las comunidades autónomas significaría aumentar aún más una descoordinación e ineficiencia ya demasiado elevada, mirando cada Gobierno autonómico por su rédito a corto plazo, en lugar de por el
éxito conjunto de estos proyectos. Como ya he dicho al principio, nuestra posición es en contra de la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal, tiene la palabra el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
El Grupo Republicano hace un diagnóstico de la situación española en la exposición de motivos de su iniciativa que no está lejos de la realidad. El esfuerzo que ha hecho el Estado por canalizar y gestionar una cantidad ingente, desconocida
hasta la fecha, de recursos europeos debe ser reconocido, pero también es verdad que si algo ha demostrado la implementación de estos recursos a lo largo de estos años es que el músculo del Estado español para absorber este tipo de iniciativas, por
lo menos en lo que afecta a nivel autonómico, todavía debe ser desarrollado. En este sentido, resulta preocupante que no se hayan alcanzado todavía determinados niveles de gestión en las administraciones autonómicas.
En todo caso, es pertinente matizar y comentar algunos puntos. En primer lugar, sería injusto decir que el Gobierno no está asignando a las comunidades autónomas el papel que les corresponde o les debería corresponder de cara a la gestión
de estos programas y, en general, de las ayudas europeas. En este sentido, solo quiero recordar que el Gobierno ha calculado que a lo largo del periodo plurianual de ejecución del PRTR, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las
comunidades autónomas gestionarán hasta un 54 % de los fondos del plan para el despliegue de inversiones, y digo bien, gestionarán, porque no solo es un dinero que deberán canalizar, sino que tendrán también un
margen de decisión para concretar objetivos prioritarios y otros criterios. Estos criterios de distribución, además, están acordados en el marco de los órganos de cooperación autonómica correspondientes, y esto también es justo subrayarlo.
El Gobierno sí reconoce a las comunidades autónomas un papel protagónico en el desarrollo e implementación de estos programas. Todos estamos de acuerdo en que los mismos están llamados a ejercer una labor tractora, de locomotora de toda
nuestra economía. Por lo tanto, es especialmente importante que no nos perdamos en pugnas competenciales, que poco tienen que ver con el interés de los ciudadanos a los que representamos. Seamos lo más inteligentes posible para asumir,
precisamente, el rol que cada uno tiene, porque, como decía, aquí todas las instancias, todas las instituciones del Estado están llamadas a colaborar, sí o sí, porque lo que nos jugamos aquí no es el éxito de un determinado partido o de una
determinada diputación, sino el futuro de todo el país.
Entiendo que el diagnóstico que hace el Grupo Republicano en su iniciativa es correcto, pero nos parece que el Gobierno ya viene actuando en un sentido correcto para corregir estas faltas que denuncia el grupo proponente. Por otro lado,
plantea en un resolutivo una instancia al Gobierno, donde apenas se da un plazo máximo de un mes para actuar. Sencillamente, no nos parece realista, en los márgenes en los que nos solemos mover, que se dé un plazo tan corto para una decisión tan
importante.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Pablo Sáez Alonso-Muñumer.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Quiero comenzar también deseando a todos feliz Navidad.
Señorías, el Grupo Parlamentario Republicano nos presenta una PNL para instar al Gobierno a que las comunidades autónomas gestionen los PERTE, en este caso el del vehículo eléctrico. Como bien sabrán sus señorías, en julio de 2021el
Gobierno lanzó a bombo y platillo el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, que preveía movilizar 24 000 millones de euros en tres años, a los que el sector público aportaría más de 4300 millones de euros y la inversión privada se estimaba en 19
700 millones de euros, y que, además, generaría la creación de 140 000 puestos de trabajo. Pero hubo que esperar a marzo del año 2022 para la primera convocatoria, por un valor de 2975 millones de euros. Esta convocatoria flexibilizaba la
condición de que el 30 % de las ayudas de cada iniciativa ligadas al PERTE del vehículo eléctrico recayera en las pymes. De hecho, según la nueva redacción, se podía computar también la ayuda equivalente al presupuesto contratado y subcontratado
por las grandes empresas con dichas pymes. Pero es que de los 2975 millones de euros únicamente se han movilizado 877,2 millones de euros con los que contaba esta convocatoria. Además, Cataluña y País Vasco se han llevado el 84 % de los 877,2
millones de euros repartidos en esta convocatoria. Curiosamente, Cataluña se ha llevado el 57,6 % de los fondos repartidos, por lo que extraña la presente PNL del Grupo Republicano, porque hasta la fecha han sido los grandes beneficiados del dinero
repartido.
El Gobierno ha puesto el foco en el PERTE de automoción para apoyar al vehículo eléctrico, rompiendo la neutralidad tecnológica que todo Gobierno debería tener, pero los datos del mercado no mienten. Durante 2022, las ventas de turismos
electrificados acumulan 70 278 unidades, lejos de las 120 000 marcadas para este año, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, para así poder alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de dicho plan. Los fondos del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia deberían servir para llevar a cabo inversiones en los sectores público y privado para la mejora de la productividad de la economía, y no se están transformando en una palanca para el crecimiento económico.
Además, su impacto ha sido prácticamente nulo en 2021 y escaso en 2022, según la AIReF y el Banco de España. No han servido de palanca para las pymes, ya que el Gobierno les está exigiendo unos avales para la concesión de las ayudas a los que las
pymes no pueden hacer frente. Es excesivo pedir tanto a la Administración General del Estado cuando las comunidades autónomas han recibido de ella el 65 % de los fondos desembolsados. En total, se les han dado 11 578 millones de euros que no se
sabe dónde han ido. La realidad es que las comunidades no están dando ninguna información sobre la gestión, canalización y ejecución. De hecho, son bastante más opacas que el propio Gobierno.
Por ello, no apoyaremos esta proposición del Grupo Republicano, que siempre barre para casa y que pretende, una vez más, beneficiarse de su posición de bisagra del Gobierno en detrimento del resto de las comunidades autónomas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez.
Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra don Víctor Píriz.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Hoy venimos a debatir una proposición no de ley del Grupo Republicano sobre el PERTE del vehículo eléctrico. El PERTE del vehículo eléctrico es uno de los grandes fracasos de este Gobierno, con solo el 30 % de las ayudas concedidas y con
muchas dudas. De los 3400 millones de euros prometidos, nada de nada; de los discursos grandilocuentes con los que se adornó Pedro Sánchez, tampoco, nada de nada. Se trata de un instrumento con mucho sesgo ideológico y con poco contenido
tecnológico, con mucha rigidez en las bases y con plazos poco apropiados para las inversiones planteadas.
Señorías, les voy a hacer la cronología de un fracaso. El 28 de diciembre de 2021 sale publicado en el BOE el PERTE del vehículo eléctrico, bajo críticas del sector, casi unánimes, por la falta de diálogo y por las muchas limitaciones en
los plazos de inversiones, que deberían estar acabados antes de finales de 2024. El 1 de abril se abre la convocatoria, que se cerrará el 3 junio, casi seis meses después de la publicación en el BOE, con un retraso que ni el sector ni nadie
entiende. El 18 de julio, Sánchez viene a mi región, Extremadura, a visitar el futuro emplazamiento de la gigafactoría de las baterías de litio en Navalmoral de la Mata, la gigafactoría que promueve el Grupo Envision. Le acompaña Guillermo
Fernández Vara, el sanchista mayor del reino, y la ministra Maroto. Allí hablaron de justicia territorial -con Extremadura, ¡eh!, de justicia territorial- en el proceso de reindustrialización. Es un chiste dentro de un chiste. El presidente
Sánchez dio por hecha la inversión o la dio por concedida, y es que el presidente Sánchez es todo un visionario, porque allí en Extremadura llegó a declarar, y leo textualmente, que esta región disponía de sol durante todo el año. Lo dijo,
justamente, meses antes del otoño más lluvioso de nuestros últimos años en Extremadura. Es un visionario el señor Sánchez. El 1 de agosto, de los 3000 millones que había, se adjudican 702, el 24 %, dejando fuera a Envision, al proyecto de
gigafactoría de litio en mi tierra. A finales de agosto, Ford renuncia a su 106 millones de euros concedidos, porque ve totalmente imposible acometer las inversiones. El 19 de septiembre la ministra Maroto vuelve a Extremadura y asegura en un
desayuno que las alegaciones de la empresa Envision serán atendidas y que la gigafactoría de litio en Navalmoral de la Mata se terminará construyendo. Otra visionaria. El 20 de octubre se adjudican 880 millones, el 30 % del dinero disponible en
los grandes proyectos, dejando fuera a proyectos como la fábrica de baterías en Extremadura, la que había anunciado Pedro Sánchez en julio y la que había vuelto a anunciar Maroto en septiembre, señores. Y, a día de hoy, Volkswagen aún sigue echando
cuentas para ver si con los 400 adjudicados le llegan para la factoría que tiene prevista. Otra traición más a mi tierra, otra traición más a Extremadura, donde el socialismo solo fabrica maquetas. El señor Valentín García, al que veo en la sala,
recordará la maqueta de la fábrica de azúcar, de remolacha, en Mérida -la siguen anunciando ocho años después-, la del polígono industrial en Mérida, que tiene una empresa dentro, o todas aquellas maquetas que llevan años y años, como las de los
casinos y el circuito de Fórmula 1 en mi tierra. Ese es el resultado de tantos años de socialismo allí.
Este PERTE nació mal, porque se anunciaron los beneficiarios antes de que el PERTE se convocase, antes de que se convocaran las ayudas, y, por tanto, se puso en duda la libre concurrencia. Nosotros, respecto a la propuesta que hace Grupo
Republicano, lo que pedimos es un nuevo PERTE de automoción, un nuevo PERTE que tenga en cuenta a las empresas en su diseño y en su desarrollo y que tenga en cuenta a sectores como el de la venta y la reparación, que fueron excluidos en el PERTE que
se publicó en el pasado mes de abril.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Begoña Nasarre.
La señora NASARRE OLIVA: Gracias, presidente.
Debatimos una proposición no de ley referida a la gestión por las comunidades autónomas del PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado. Señorías, en cuanto a la gestión, compartimos totalmente el fondo, que los proyectos
estratégicos para la recuperación y la transformación económica con la gestión de los fondos europeos son -así lo compartimos- generadores de oportunidades, garantía de distribución equitativa y, efectivamente, futuro y transición económica en un
sector tractor. Pero no compartimos ni las malas cifras de ejecución referidas ni la lentitud, porque dependen, y lo saben, de las convocatorias y de los procedimientos administrativos adecuados.
En cuanto a las comunidades autónomas, compartimos -así lo hemos gestionado y trasladado- que deben ser y son parte importante de la gestión de los fondos de la Unión Europea, concretamente en este PERTE de vehículo eléctrico. Nos regimos
por el principio fundamental de la cogobernanza, con las pertinentes conferencias sectoriales por área, con cifras récord -más de cien reuniones; son hechos-, con la incorporación de las comunidades autónomas, que es total, y no solo de las
comunidades autónomas, sino de los ayuntamientos y el resto de las entidades locales, en el diseño del plan de recuperación y, sobre todo, teniendo un papel fundamental en la ejecución. No solo las comunidades autónomas ejecutan directrices de los
ministerios, sino que procedimentalmente tienen margen de decisión y de concretar objetivos prioritarios, de gestionar su propia estrategia. Por supuesto, todos los criterios de distribución están acordados y consensuados en el marco de los órganos
de cooperación con las comunidades autónomas. Además, cuantitativamente, se llevan asignados más de 20 300 millones de euros para financiar proyectos de diferentes ámbitos. En este año 2023, concretamente con este componente 12, hay presupuestada
una inversión de 4556 millones de euros y, particularmente, 455 millones de euros para el impulso de la movilidad eléctrica, junto a un despliegue, a velocidad de crucero -cada vez los números son más elevados-, de convocatorias mensuales por todos,
Estado y comunidades autónomas, y velocidad en el impulso legislativo, siempre con las comunidades autónomas.
Así pues, no compartimos su petitum, pero no por el fondo -que sí-, sino por la temporalidad, porque en un mes es imposible gestionar ni convocatorias ni procedimientos; tampoco lo compartimos por la dificultad, ya que la gestión
legislativa parte de un real decreto ley. Por lo tanto, por coherencia y honestidad, ante la incapacidad temporal -en un mes es imposible- y la incapacidad legislativa -en un mes es imposible-, no podemos apoyarla.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Nasarre.
- SOBRE EL IMPULSO DEL 'CASHBACK' PARA FACILITAR EL ACCESO AL DINERO EN EFECTIVO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/004669).
El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir la última proposición no de ley y, por lo tanto, avisen, si quieren, a sus efectivos. Se trata del impulso del cashback para facilitar el acceso al dinero en efectivo. Está presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos y la defiende doña María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Vamos a hablar del impulso al cashback o, lo que es lo mismo, de facilitar el acceso al dinero en efectivo, a su retirada desde los comercios. Es indudable que la sociedad española actual tiene una relación con el efectivo muy distinta a la
que tenía hace solo diez años, y no digamos ya en el siglo pasado. Tanto el uso como el acceso al efectivo en España se encuentran ahora mismo en una fase de rápida transformación.
El sector financiero ha ido experimentando grandes cambios estos últimos años. Por un lado, se ha producido un alza general de las comisiones en cajeros automáticos, fruto de los cambios regulatorios, llegando a veces a superar el triple
del importe de las tasas de intercambio de años anteriores. Por otro lado, también fruto de la consolidación bancaria y de la reducción del número de entidades -esta mañana se ha puesto aquí encima de la mesa y lo hemos debatido también en alguna
otra proposición-, se ha ido produciendo esa desaparición progresiva de los cajeros automáticos y el cierre de oficinas y sucursales. Esta reducción ha tenido una incidencia especialmente pronunciada en la España rural, donde actualmente 4378
municipios carecen de cualquier tipo de oficina bancaria. Además, la falta de tradición colaborativa entre las entidades redunda en el menor número de operaciones por cajero respecto a Europa, donde es más abundante el uso de cajeros automáticos
multimarca, con comisiones relativamente bajas. Yo creo que a todos nos ha pasado tener que buscar el cajero de la red a la que está adscrita tu banco para evitar comisiones elevadas. Esa es la falta de tradición colaborativa que comentaba.
A esta dinámica estructural de fondo se añaden los cambios en el comportamiento, las nuevas preferencias de consumo y también las innovaciones tecnológicas, pues hoy, por ejemplo, se puede pagar hasta con un reloj, un smartphone o un
dispositivo en la muñeca. Esto lleva a un resultado inobjetable: hoy se acude menos al cajero. De hecho, se hicieron un 28 % menos de retiradas en efectivo en el último año. Sin embargo, el efectivo sigue representando aún hoy el 30 % de las
operaciones de pago en nuestro país. Además, como también hemos dejado apuntado esta mañana en esta Comisión, hay muchos grupos sociales que, bien por su entorno, bien por su edad, bien porque no han aprendido y esa brecha digital está aquí
también presente, no tienen acceso a esas nuevas formas de pago, lo que los hace dependientes del dinero en efectivo. Finalmente, hay gente que, sencillamente, quiere seguir pagando en efectivo por la razón que sea.
Se precisan, pues, soluciones ágiles y eficaces ante el reto que supone para nuestro país el acceso al dinero en efectivo, y una de ellas es la que venimos a defender -no solo hoy-, la retirada de dinero en efectivo, de cash, en los
comercios, un procedimiento que se llama cashback. Es una herramienta con gran potencial para convertirse posiblemente en un estándar de mercado. Consiste, en resumidas cuentas, en que el usuario paga con su tarjeta más dinero de lo que le cuesta
el producto comprado en un comercio y, a cambio, el comercio le da esa diferencia en efectivo. También está la opción cash-in-shop, que es igual que la anterior, pero sin necesidad de comprar nada. En definitiva, se trata de dirigirte a una
farmacia, a un supermercado o a un estanco, pagar lo que te lleves y decir que te cobren de tu tarjeta 20 euros más para que te los den en efectivo, o de que, simplemente, sin comprar nada, te den el dinero en efectivo. El llamado cashback puede
ser una respuesta eficaz al reto que supone hoy en España el acceso al efectivo. Pero todavía estamos lejos de los números que manejan hoy otros países de la eurozona, donde este servicio ha tenido un desarrollo principal y fuerte debido al fomento
de una solución estándar para todo el mercado; la mayoría de los comercios minoristas ofrecen este servicio, también gracias al apoyo institucional. En este último caso, y a modo de ejemplo, en el Reino Unido se ha aprobado una modificación legal
para permitir que se pueda retirar efectivo en los comercios sin necesidad de hacer una compra, ese cash-in-shop que decía antes, no promoviendo así un mayor uso de este servicio.
Según la experiencia en otros países, la tendencia del uso del cashback va en aumento. Su impacto es especialmente significativo en las zonas rurales, puesto que están mucho más expuestas a ese proceso tan patente aquí hoy, el de la
desbancarización. Pero no solo eso, también en las ciudades supondría un importante revulsivo para el acceso al efectivo, ya que si bien sigue habiendo una amplia presencia de cajeros automáticos en números absolutos, la falta de acuerdo, como
decía al principio, entre entidades financieras o de cajeros multimarca hace que en muchas ocasiones el cajero de una entidad concreta del usuario se encuentre relativamente alejado o simplemente no esté en la zona en la que queremos efectuar esa
retirada. El propio Banco de España publicó un artículo analítico en su Boletín Económico, en el número 3 de 2021, donde señalaba que el cashback es una fuente alternativa de acceso al efectivo que espera se generalice como un canal complementario
a los ya existentes.
Nosotros, el Poder Legislativo, creemos que las administraciones públicas pueden tener un papel impulsor apelando a las entidades financieras a incluir el cashback como una de las soluciones para sus clientes y a los comercios a adoptarlo y
mostrándoselo a los ciudadanos como una opción viable. Para ello, finalmente, creemos pertinente aclarar la normativa vigente para hacer explícita esta opción y dar la necesaria seguridad jurídica para poder llevar a cabo su implantación. Por eso
hemos presentado esta iniciativa, de la que espero que sus señorías puedan participar aportando enmiendas, como en algún caso se ha hecho, y que podamos sacar esto adelante casi con total consenso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Hay dos enmiendas, una del Grupo VOX y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Doy la palabra primero a don Rubén Manso, por el Grupo VOX.
El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, presidente.
Nosotros ya nos hemos manifestado en alguna otra ocasión a favor del cashback por las mismas razones o parecidas, o al menos las compartimos, que nos explica hoy la señora Muñoz, sobre todo para las áreas que se han quedado desbancarizadas
en el interior de España. En este sentido, vamos a apoyar tanto la propuesta de la señora Muñoz como la mejora técnica que ha propuesto el Grupo Socialista. Nos parece que es una buena mejora y, por lo tanto, las vamos a apoyar porque creemos que
hay que facilitar el cashback.
En cualquier caso, quería también hacerles ver el sentido de nuestra enmienda. Tenemos una limitación en los pagos en efectivo de 1000 euros, que al Banco Central Europeo le parece excesivo, pero que para las operaciones de cashback en el
ámbito rural de la España despoblada no deja de ser una rémora, en la medida en que, primero, hay que sacar a veces un poco más de cantidad para evitar los traslados hasta las tiendas donde se facilitará la entrega de efectivo; segundo, tiene usted
que tener en
cuenta que quien están entregando efectivo es un comerciante y, por lo tanto, se le aplica el límite de los 1000 euros; y tercero, se podría facilitar, además, al permitir este incremento de los pagos por lo menos a los establecimientos
-nosotros en su momento propusimos la red de farmacias-, otros pagos a profesionales de la zona, que no suelen ser quienes tienen problemas para hacer sus pagos, porque ellos suelen estar razonablemente digitalizados, sino para recibirlos. Es
decir, permitir pagos superiores a 1000 euros, que se podrían hacer en las propias tiendas, retirando el dinero y entregándolo, creemos que facilitaría mucho la vida de las personas que viven en estos ambientes y que, además, sabemos que en muchos
casos, por su elevada edad, no están digitalizadas y tampoco vamos a conseguir que se digitalicen. Por lo tanto, proponemos esto.
Por concluir, me parece muy bien la admiración del señor Guijarro por Torrijos, pero no me haga de la anécdota categoría, porque los levantamientos en muchos casos no fueron contra tiranos. Se considera que el levantamiento de Torrijos
contra Fernando VII lo es, pero realmente Fernando VII no ha pasado a la historia de España como el mejor de nuestros gobernantes, aunque últimamente le vamos superando. (Risas).
Nada más, señores. Les deseo una feliz Navidad a todos, se lo deseo de corazón. Les deseo a todos lo mejor en lo personal y lo peor en lo electoral Paso el turno de palabra. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Manso.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Tamara Raya.
La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias presidente.
Buenas tardes, señorías. He de decir que el Grupo Parlamentario Socialista comparte la filosofía de esta proposición no de ley de Ciudadanos y que somos conscientes, efectivamente, de la transformación que se ha llevado a cabo en el sector
bancario y que el problema de acceso al efectivo ha sido y es objeto de atención por parte de este Gobierno y, por lo tanto, también del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, también en lo referente al análisis de los diversos
esquemas o medios de acceso al efectivo que pueden entenderse como menos extendidos o conocidos a lo largo del territorio nacional, pero que, sin duda, pueden constituir una alternativa de interés para los ciudadanos.
Como mencionaba la señora Muñoz, en 2018 el Banco de España exponía los canales que ha ido desarrollando el sector bancario para compensar este déficit de oficinas bancarias físicas, especialmente en zonas rurales, mencionando al respecto
las oficinas móviles, sin establecimiento permanente, que atienden a los clientes periódicamente en aquellos puntos donde ya no existe oficina bancaria. También se aludía a las compras cashback, así como a los incipientes acuerdos entre alguna
entidad bancaria y Correos. Yo creo que es interesante señalar que otros agentes no bancarios empiezan a ofrecer el servicio de retirada de efectivo a través de cajeros automáticos multiusos y con motivo de una compra cashback, lo que puede
convertirse en una alternativa cómoda para el público y rentable para las entidades, consiguiendo el objetivo final de poner el efectivo a disposición de los clientes. Correos y una entidad bancaria llegaron a un acuerdo para poner a disposición de
los clientes del banco a partir de marzo su red de 2400 oficinas postales para ingresos, retirada de dinero o solicitar el envío de efectivo a domicilio.
Dicho esto, en este sentido, hemos presentado una enmienda transaccional con Ciudadanos. Sí que se ha de tener presente que la regulación de los pagos está ampliamente desarrollada en la Directiva de la Unión Europea 2015/2366, norma que
proporciona la base jurídica para seguir avanzando en el desarrollo de un mercado interior más integrado de pagos electrónicos en el ámbito de la Unión Europea y, además, esta directiva establece normas exhaustivas para los servicios de pago, con el
fin de garantizar unas normas armonizadas para la prestación de servicios de pago en la Unión Europea y un nivel elevado de prestaciones para los consumidores. Bien es cierto que esta directiva se encuentra en fase de revisión y durante 2023 la
Comisión Europea tiene en su agenda seguir avanzando en esta revisión. Por ello, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital entiende que es en el marco comunitario en el que se ha de plantear la regularización específica de los
servicios cashback y cashinshop. Para este Gobierno este es uno de los temas a abordar y es sin duda necesaria esa revisión de la directiva. Por eso -y concluyo-, el impulso de las actividades relacionadas con cashback y cashinshop creemos que es
una propuesta conveniente para llevar a cabo mejoras regulatorias que den esa debida cobertura legal a estas actividades y, en ese sentido, hemos presentado esa enmienda que esperemos que Ciudadanos apoye.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Raya.
Para el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Confederal, el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
Mi grupo parlamentario va a votar a favor de esta iniciativa, más aún cuando nos presentan la transaccional a la que han llegado el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos, en unos términos que nos parecen absolutamente razonables, como
también lo es la propia exposición de motivos que presentaba el Grupo Ciudadanos. Es cierto que el proceso de reestructuración bancaria que se ha dado en nuestro país no ha dejado de tener una serie de contrapuntos, tanto sobre las personas
trabajadoras del sector bancario como sobre los propios clientes, es decir, todos nosotros, puesto que vivimos -como recordaba alguien antes que yo- ya en una sociedad totalmente bancarizada. En cualquier caso, sabrán ustedes que el sindicato
Comisiones Obreras ha venido denunciando que España es uno de los países de la eurozona con un menor nivel de bancarización, entendido esto como el número de empleados del sector financiero por cada 10 000 habitantes. Es un proceso que se ha dado,
sobre todo, en estos últimos años, que ha redundado, como digo, en una reducción importante del personal. Ello también ha redundado, además, en una pérdida de la calidad de los servicios y a cualquiera ciudadano normal que se le pregunté podrá
corroborar esta información. La desaparición de parte de la estructura instalada es un hecho que, sobre todo, se manifiesta con especial dramatismo en zonas rurales. Asimismo, ha habido un aumento también de la cuota de mercado de las principales
entidades financieras y, por tanto, un aumento de su poder sobre los clientes. Solo quiero recordar que, a día de hoy, el Banco Santander, el BBVA y CaixaBank aglutinan el 56 % de la red de cajeros de nuestro país, es decir, tres entidades, tres
compañías, tienen más de la mitad de las herramientas que utilizamos todos y todas para poder acceder al metálico. En este sentido, pues tenemos lo que tenemos.
Le atribuía anteriormente la señora Muñoz a mi grupo parlamentario una especie de, no sé si de voluntad demoniaca sobre la banca, haciendo ver como que son sujetos perversos y de moral distraída. Yo les diría que no es tanto una valoración,
vamos a decir, moral sino más bien una valoración política. Se trata de la lucha de intereses e incluso, si me permite la expresión, hasta de la lucha de clases. Es decir, aquí cada uno defiende sus intereses, y, sencillamente, tiene que haber un
Estado que regule y que ponga un poco de orden democrático en ese cruce de intereses, que, por lo demás, es lo más normal que se dé en cualquier sociedad moderna. Como digo, está bien que cada uno defienda sus intereses -la banca, por supuesto,
defiende los suyos-, pero todavía está mejor que haya un Estado que vele por los intereses de todas y de todos y se asegure de que nadie incurra en excesos como los que ha cometido -seguramente todos estaremos de acuerdo- la banca. Incluso el
propio Grupo Ciudadanos lo podrá decir, a la luz del texto que ha presentado hoy, porque cuando habla de la falta de tradición colaborativa entre entidades, básicamente, lo que está diciendo es esto: que el comportamiento de estas deja mucho que
desear. Por lo demás, como digo, votaremos a favor.
Aprovecho estos diez últimos segundos, presidente, para felicitarles las fiestas a todas y a todos. Espero que el próximo año nos vaya muy bien y deseo que sea un año de paz. Digo esto, en este contexto, con especial énfasis.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, para fijar posición, tiene la palabra don Miguel Ángel Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Vamos a apoyar esta proposición no de ley que presenta el Grupo Ciudadanos, no porque sea la solución definitiva, ni siquiera una de las más importantes para resolver los problemas de exclusión financiera, pero sí
que es positiva. Pero también hay que recordar que en algunos comercios ni siquiera aceptan tarjetas de crédito. Debemos también impulsar que todos los negocios ofrezcan a todos los usuarios todas las opciones de pago posibles, incluidas las más
avanzadas. La libertad del usuario debe ser el objetivo que nos marquemos, y eso aún no es posible; hay mucho por hacer.
Esta iniciativa se encuentra alineada con la hoja de ruta para la inclusión financiera que presentaron las patronales bancarias AEB, CECA y UNACC, en octubre de este año, con la recomendación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, para facilitar la retirada de efectivo en comercio,
de julio, también de 2022. Es una solución muy válida para acceder al efectivo ante el contexto de desaparición de cajeros automáticos y que, además, no requiere de instalación de nueva infraestructura.
También debemos apoyar expresamente la posibilidad de autorización del efectivo. Como bien ha recordado el señor Manso, el Banco Central Europeo publicó en la primera mitad del año su dictamen sobre las limitaciones a los pagos en efectivo,
donde critica la cantidad incluida en nuestra Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Para el Banco Central la cuantía establecida en 1000 euros es excesiva, así como desproporcionada, y anticipa efectos adversos en
la condición de curso legal de los billetes en euros, que es la única moneda de curso legal de los ciudadanos europeos. La institución responsable de la política monetaria recuerda que el dinero en efectivo siempre está disponible, pues no requiere
de una infraestructura técnica operativa ni de inversiones relacionadas, consideraciones muy pertinentes, por ejemplo, en casos de corte de suministro eléctrico o fallos de los sistemas de pagos electrónicos.
Por último, debemos plantear soluciones a la exclusión financiera por razón del territorio, por la capacidad tecnológica y por la vulnerabilidad, y eso requiere de un plan transversal y de una voluntad de acuerdo con las instituciones
territoriales, con el sector financiero y con las empresas, y no hay nada de este plan ni de un acuerdo con todas las partes implicadas. Esa es la acción que debe impulsar el Gobierno de España, la que no se ha llevado a cabo hasta ahora, y la que
le reclamamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.
Señora Muñoz, ¿en relación con la enmienda?
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Ha sido aceptada la enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista, y quedará incluida así en nuestra iniciativa. El Grupo Parlamentario Socialista y mi grupo parlamentario hemos transaccionado una enmienda para incluirla en
la proposición no de ley.
Si me permite el presidente, ya que soy la última en hablar antes de la votación, les digo que también les deseo una feliz Navidad y un buen inicio del próximo año. Para algunos será más tranquilo que para otros, ya se lo aseguro, y lo digo
por mí. (Risas).
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
VOTACIONES:
El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar las votaciones. De los 37 miembros que tiene esta Comisión estamos 33, para que hagan sus números.
Comenzamos. En primer lugar, vamos a votar la proposición no de ley sobre el desarrollo rural y la implantación de los pueblos inteligentes en España, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor CORTÉS CARBALLO: Perdón, si me disculpa, es que nos ha comentado algún grupo que podría votar a favor algún punto y otro no. Si no le importa, querríamos votar la primera iniciativa por puntos. (El señor Hurtado Zurera: Si tiene
enmiendas, no se puede.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Es que ha incorporado la enmienda del Grupo Socialista.
El señor CORTÉS CARBALLO: Pues entonces lo dejamos tal cual.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Se vota, por lo tanto, la iniciativa del Grupo Popular con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (El señor Pedreño Molina pide la palabra).
Adelante.
El señor PEDREÑO MOLINA: Respecto a la segunda votación, tenemos dos puntos en el petitum de la proposición. Nos gustaría votar los dos puntos por separado, por el mismo motivo que ha comentado mi compañero.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Retira usted la enmienda?
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: La retiramos porque no tendría ningún sentido.
El señor PRESIDENTE: Entonces, vamos a votar, en primer lugar, el punto 1 de esta proposición no de ley sobre la protección de los derechos digitales y de protección del menor en España del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Ahora votamos el punto 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos a votar a continuación la proposición no de ley que figura en el 3.er punto del orden del día, sobre la mejora de las competencias digitales para reducir la brecha digital de género. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley que figura en el 5.º punto del orden, porque como saben el 4.º punto fue retirado, sobre medidas que garanticen el acceso a las cuentas de pago básicas a las personas que tienen derecho a ellas, presentada
por el Grupo Parlamentario Confederal. Se va a votar en los términos de una enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos la proposición no de ley para el impulso de una mayor protección en el tratamiento de los datos personales de carácter financiero de los españoles, que es del Grupo Parlamentario VOX. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la proposición no de ley sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, que es el del Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 5; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos la proposición no de ley sobre la gestión del PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado por las comunidades autónomas, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 19; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, votamos la proposición no de ley sobre el impulso del cashback para facilitar el acceso al dinero en efectivo. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y la votamos en los términos de la enmienda transaccional
con el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En nombre de los miembros de la Mesa de la Comisión, les deseamos feliz Navidad a las taquígrafas, a los ujieres, al personal que está detrás de aquel cristal y que siempre nos atiende, y a todos ustedes. Feliz Navidad y muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.