CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 307

JUSTICIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA

Sesión núm. 24 (extraordinaria)

celebrada el jueves,

31 de agosto de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Justicia (Catalá Polo):


- Para explicar el proyecto de transformación digital de justicia y las medidas puestas en marcha para dotar el sistema de comunicaciones electrónicas Lexnet de la máxima seguridad y eficiencia. A petición propia. (Número de expediente
214/000038) ... (Página2)


- Para que explique el grave fallo en el sistema telemático de intercambio de información del Ministerio de Justicia (Lexnet) que ha permitido que, durante varias horas, cualquier usuario pudiera acceder a toda la documentación de cualquier
causa judicial abierta. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000565) ... (Página2)


- Para informar sobre las causas, consecuencias y vulneración de datos personales que ha supuesto el fallo de seguridad del sistema Lexnet, plataforma de intercambio de documentación judicial, de 27 de julio. A petición del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000569) ... (Página2)


- Urgente, para informar sobre el fallo de seguridad en el sistema operativo 'Lexnet', ocurrido con fecha 27 de julio de 2017, así como sobre las consecuencias que de este se derivan y las medidas que, a estos efectos, el Ministerio piensa
llevar a cabo. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000570) ... (Página2)


- Urgente, para informar de las deficiencias de funcionamiento del sistema de telecomunicaciones de Lexnet por la inseguridad y el caos que su funcionamiento está generando. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 213/000572) ... (Página2)

Página 2

- Para dar explicaciones en relación al fallo del sistema de comunicaciones del Ministerio de Justicia (Lexnet). A petición de los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana y Mixto. (Número de expediente 213/000594) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Para dar explicaciones sobre la posible extradición del escritor turco-sueco, Hamza Yalçin, a Turquía y las gestiones que se hayan podido realizar con las autoridades suecas al respecto. A petición de los grupos parlamentarios de Esquerra
Republicana y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000590) ... (Página2)


Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Buenos días a todos.


Damos comienzo a esta sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, aprobada por la Diputación Permanente la semana pasada, en la que vamos a atender las diferentes solicitudes de comparecencias que tienen
ustedes en el orden del día. No me referiré a todas ellas, pero sí les digo que hay un acuerdo de todos los portavoces de que se lleven a cabo por el ministro en una única intervención. Los grupos parlamentarios dispondrán también de una
intervención de quince minutos -es lo que hemos acordado todos los portavoces-, que pueden dividirse entre los diferentes portavoces, ajustándose a esos quince minutos. Al final de la misma, y tras la segunda intervención del ministro, pueden hacer
una pequeña réplica de no más de dos minutos. Cerrará el compareciente, el ministro de Justicia. Les decía que las solicitudes de comparecencia son, una, a petición propia del Gobierno para informar del proyecto de transformación digital de
justicia y las medidas puestas en marcha para dotar al sistema de comunicaciones electrónicas Lexnet de la máxima seguridad y eficiencia; después hay, de diferentes grupos políticos, del Grupo Confederal Podemos, del Mixto, de Ciudadanos, del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Mixto, con relación también al sistema Lexnet; por último, hay también una petición de comparecencia de los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana y del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa a la posible extradición del escritor turco Hamza Yalçin a Turquía y para que informe de las gestiones del ministerio. El acuerdo de los grupos ha sido que se intervenga de mayor a menor, cerrando el
grupo que apoya al Gobierno, con una incidencia, y es ha solicitado la compañera Capella intervenir en primer lugar, lo que ha sido aceptado por todos los grupos, porque ella tiene después que intervenir en otra Comisión.


Tiene primero la palabra el ministro y, luego, en ese orden, comenzamos las intervenciones. Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Muy buenos días, señora presidenta, señorías.


Permítanme que empiece esta comparecencia de la Comisión de Justicia felicitando a la presidenta. Estoy seguro de que su rigor, su capacidad y su competencia van a ser acreditadas, como lo han sido anteriormente. Estoy seguro de que vamos
a poder trabajar y de que no nos va a faltar trabajo durante esta legislatura en esta Comisión, y eso es un buen augurio. También me gustaría, aprovechando además su presencia, agradecer el trabajo y la dedicación de la anterior presidenta de esta
Comisión. Me parece, como decía antes, que la labor que ha desempeñado Margarita Robles al frente de la Comisión de Justicia ha sido intensa. La puesta en marcha de la subcomisión de Justicia para esta legislación o las distintas actividades que
aquí se han llevado a cabo son un buen camino, que estoy seguro que vamos a continuar entre todos.


Decía la presidenta que hoy estamos cumplimentando una comparecencia, a petición propia, para explicar el proyecto de transformación digital de la justicia y las medidas que hemos adoptado desde el Ministerio de Justicia para dotar de la
máxima calidad y de la máxima seguridad y eficiencia al sistema de comunicaciones electrónicas Lexnet. Y a petición de los grupos solicitantes, informaré de las actividades y los trabajos llevados a cabo con ocasión de la incidencia producida el
pasado día 27 de julio en el sistema Lexnet. Al final de mi intervención en esta materia continuaré con la otra comparecencia solicita en materia de extradición.


Como el ámbito de la primera parte de la comparecencia, la que tiene que ver con Lexnet, con comunicaciones electrónicas, transformación digital de la justicia, es bien amplio, a efectos sistemáticos he organizado mi intervención en tres
bloques de materias. En primer lugar, voy a tratar de exponerles,

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lógicamente, de manera sucinta, las líneas maestras de lo que considero que es un proyecto esencial para la reforma de la justicia. Muchas veces asociamos la reforma con las modificaciones normativas, con los medios personales, con la
organización, que sin duda son muy importantes, pero creo que la reforma de la justicia tiene un pilar fundamental basado en la transformación tecnológica. Estamos ante un cambio cultural, un cambio inevitable, indispensable e inaplazable, en mi
opinión, al que posiblemente nos incorporamos con unas ciertas demoras, pero me parece que todavía estamos sobradamente a tiempo de hacer esa incorporación y de hacerlo con absoluta calidad. La revolución tecnológica está incorporada en nuestra
vida como ciudadanos, como consumidores o clientes, por tanto, me parece que cuando hablamos de justicia también deberíamos ser capaces de estar incorporando los elementos de la tecnología a todos los efectos, como ya lo hacen, por otra parte,
grandes servicios públicos y privados de nuestras administraciones y de nuestra sociedad. El segundo bloque de mi intervención se centrará, en particular, porque además es la petición solicitada, en torno a Lexnet. Intentaré, en la medida de mis
posibilidades, aclarar qué es Lexnet, para qué y quién lo utiliza, cómo funciona, cuáles son sus mecanismos de seguridad y qué medidas hemos ido adoptando para impulsarlos, además de para incrementar su eficiencia. -Con ocasión del incidente
producido el pasado 27 de julio, hemos tenido ocasión, todos, seguramente, de oír y de leer una serie de críticas y nos ayudará hacer esta aproximación para acotar exactamente qué es el sistema de comunicaciones electrónica, y sobre todo para no
generar un ruido innecesario y acotar el problema-. En tercer lugar, dedicaré también una parte de mi intervención al episodio que en relación con Lexnet tuvo lugar entre el 27 de julio y el domingo 30 de julio, así como al alcance real de la
incidencia y de las medidas adoptadas por el departamento.


Comienzo con la primera parte, el proyecto de transformación tecnológica de la justicia que como conocen sus señorías, porque ya lo he expuesto en esta Comisión en comparecencias anteriores, constituye uno de los objetivos estratégicos a los
que más tiempo y más esfuerzo le estamos dedicando en el ministerio, al menos desde mi incorporación a finales de septiembre del año 2014. Me parece que es un lugar común, pero no quiero dejar de ponerlo en el contexto, que la tecnología está
presente cotidianamente en nuestras vidas en cada momento. Hoy el uso de la tecnología está siendo un factor clave en la transformación de la sociedad en la prestación de bienes y servicios y, por tanto, también en la forma de operar de las
organizaciones, tanto públicas como privadas. La generalización de Internet, las redes sociales, las oportunidades que se derivan de la robótica, de la inteligencia artificial, el comercio electrónico, el comercio online, son solamente
manifestaciones de esto que estoy diciendo y que también afectan directamente a la justicia. Lo cierto es que en España llevamos muchos años apostando por la digitalización de la sociedad en su conjunto y, en particular, de la Administración, y
todo ello, apostar por esa digitalización, lleva consigo también una apuesta por el progreso y por la competitividad.


No lo hemos hecho mal, señorías. Creo que en los últimos veinticinco años los distintos Gobiernos, las administraciones públicas, la sociedad en su conjunto, hemos trabajado intensamente, y hoy, en los rankings que en esta materia se
elaboran en cuanto a la Administración digital España aparece en el top cinco europeo en servicios públicos digitales, y en el ranking mundial de Gobierno Electrónico que elabora Naciones Unidas estamos entre las veinte primeras naciones del mundo.
Por tanto, se ha hecho un buen trabajo. La Agencia Tributaria, la Administración Tributaria Española, o la Seguridad Social, son ejemplos magníficos de nuestra capacidad de hacer las cosas bien, de hacerlas desde el sector público y de hacerlas
asumiendo el desafío que los tiempos exigen a las administraciones públicas. En este sentido, me parece también que coincidiremos todos en que el sector de la justicia, siendo como es un pilar fundamental de nuestro Estado de derecho y un servicio
público relevante para los ciudadanos, tiene que estar necesariamente en este mismo contexto. Estamos hablando de un sector que, en términos generales, agrega directa o indirectamente, a más de 265 000 profesionales y, por tanto, estamos hablando
de un sector bien complejo por su tamaño, su heterogeneidad, la diversidad de los procesos; las culturas internas son muy garantistas, con unas inercias organizativas y de trabajo arraigadas durante décadas; y también, por qué no decirlo, por la
gobernanza, que entre todos hemos decidido que tenga el sector de la justicia, en la que las competencias en diversas materias tienen que ver con las competencias atribuidas al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado, a
las comunidades autónomas con competencias asumidas en medios materiales y personales y al Gobierno de la nación, así como a los profesionales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por tanto, un sector de gobernanza y de responsabilidades muy
difíciles. Esto es así, es una descripción, pero no puede ser una excusa para no abordar con intensidad el proceso de incorporación de las nuevas tecnologías. No existe ninguna

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maldición, no hay nada que nos condene a estar permanentemente en el vagón de cola en el uso de las tecnologías en el conjunto de los sectores públicos.


Saben ustedes, señorías, que las tecnologías son la clave -lo he mencionado antes- para el cambio en las organizaciones. La tecnología puede hacer más ágil nuestra justicia, y siendo un diagnóstico habitual la agilización de la justicia
como uno de los grandes objetivos, además de las reformas procesales o sustantivas, la utilización de las tecnologías está acreditada. Por ejemplo, los varios días que puede tardar un escrito desde que lo lleva un profesional a un juzgado, y desde
el juzgado a la mesa del juez o del profesional competente; esos días, a golpe de click, quedan reducidos a segundos. Conocemos todos alguna experiencia negativa en la que desde que se registran los documentos de entrada hasta que se reparten al
órgano competente pasan muchos días en algunos de los partidos judiciales más complejos, luego la agilización de la justicia también tiene que ver con las tecnologías.


En cuanto a la transparencia, esta es una característica de las sociedades abiertas actuales, por tanto, la tecnología permite hacer cosas que hoy no hacemos. Permite medir procesos, permite obtener datos en tiempo real o responder a
preguntas tan sencillas que yo no estoy en condiciones de responder hoy, tales como cuántos juicios hay el próximo día 4 -el lunes que viene- en España, cuántas actividades se desarrollan, o por ejemplo, cuando preparaba esta comparecencia he
querido saber cuántos expedientes se restituyen al cabo del año. Es imposible, no existe estadística, no existe información y la tecnología sin duda nos puede ayudar a tener información y a hacer más transparente nuestra justicia. La tecnología
nos ayudará a ser más eficientes, a optimizar los procesos y el uso de recursos, pero sobre todo -me parece a los efectos de esta comparecencia muy importante recalcar esta idea- la tecnología dota de más seguridad y más garantías a los procesos.


Sé que en esta Comisión hay profesionales del derecho, buenos conocedores de la realidad cotidiana de la Administración de Justicia, por tanto, creo que todos ustedes saben igual que yo cuál es la realidad de la justicia tradicional, la
justicia del papel, versus la de la justicia tecnológica. Un documento con firma electrónica no puede ser alterado. ¿No es más fácil la alteración de un documento en formato de papel? La tecnología aporta certeza a los hechos, queda registrada la
hora, el minuto, el segundo exactos en que un documento es registrado. ¿No son alterables los datos en formato de papel? Cualquier sistema informático -hablaremos de esto más adelante-, el más básico, deja rastro de quién ha entrado en el sistema,
cuándo lo ha hecho, si tiene competencias para ello. Me parece que los expedientes históricos en papel no permiten estos controles y estas garantías.


El archivo electrónico tiene copias de seguridad, y es evidente que es mucho más seguro que el archivo en papel, que se puede deteriorar, se puede extraviar -se deteriora y se extravía cotidianamente-. Me imagino que nadie defenderá que es
más seguro un sistema con legajos y expedientes en estanterías, en ocasiones lamentablemente cuando ni siquiera hay espacios, por el suelo, haciendo pilas separadoras entre mesas de funcionarios. Por tanto, la reconstrucción de autos que cada año
se lleva a cabo en el ámbito de la Administración de Justicia es algo que no existe en una Administración de Justicia tecnológica. La tecnología refuerza la autenticidad, la certeza, la integridad, la confidencialidad y la fehaciencia de las
actuaciones en todos los procedimientos judiciales. De este modo, la tecnología hace que la justicia sea más segura y más garantista, por lo que deberíamos insistir en este mensaje y trasladarlo hacia el exterior. Cuando todavía en un sector
tradicional y conservador, como es el de la Administración de Justicia, a veces algunos todavía plantean si no sería mejor continuar con soporte de papel y con formatos tradicionales, deberíamos poner de manifiesto entre todos estos valores y
hacerlos llegar al conjunto de los operadores.


Me parece, en este sentido, señorías, que la transformación tecnológica de la justicia es un auténtico proyecto y un auténtico desafío de Estado, por tanto, su impulso -el impulso de este proyecto facilitando medios y creando condiciones
para ello- es una obligación del Gobierno. Y no de este Gobierno, de cualquier Gobierno. Esto está en nuestra propia Constitución, lo ha dicho y lo ha reiterado el Tribunal Constitucional, lo ha dicho y lo ha reiterado el Consejo General del Poder
Judicial, lo ha dicho y lo ha reiterado la Agencia Española de Protección de Datos. Además, cada vez que ha habido un proceso de elaboración normativa en materia de comunicaciones electrónicas, como fue, por ejemplo, el Real Decreto 84/2007 o el
Real Decreto 1065/2015 -que lógicamente ha sido sometido a informes de todos los órganos informantes en esta materia-, todos ellos -me estoy refiriendo fundamentalmente al Consejo General del Poder Judicial y a la Agencia Española de Protección de
Datos- han sido siempre informes favorables, informes de aval y de apoyo a las reformas que se han llevado a cabo.

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Digo esto, porque, también entre lo que hemos tenido ocasión de leer durante las últimas semanas, hay alguna reflexión o alguna idea sobre el uso de las tecnologías, la provisión de servicios y herramientas tecnológicas y su relación con la
independencia judicial o con la separación de poderes. Me parece que esto abre un debate que no tiene fundamento, no tiene sostenibilidad, por tanto, no creo que se pueda confundir la función jurisdiccional con los medios para el ejercicio de esa
función. Lo saben ustedes, señorías, pero no dejo de reiterar en este momento que nuestro modelo constitucional es el de una justicia impartida por jueces independientes -artículo 117 de la Constitución- y una Administración de Justicia que
atribuye el conjunto de medios para facilitar el ejercicio de esa potestad jurisdiccional, y eso -según el artículo 104 de nuestra Constitución- es una competencia del Estado; así está reiteradamente establecido por parte del Tribunal
Constitucional. Por tanto, tratar de alterar la separación de poderes que existe en nuestra Constitución y que existe cotidianamente en nuestra justicia y llevarlo a un debate sobre quién provee los medios, y si eso está alterando el reparto
competencial, en mi opinión no creo que tenga ningún sentido.


Además de esa referencia constitucional, también me gustaría hacer una referencia de ámbito comparado. El modelo español no es un modelo singular. Como ustedes saben perfectamente, el modelo jurisdiccional, el modelo del Consejo General
del Poder Judicial, el reparto competencial incluso que estableció nuestra Constitución de 1978, se basa en el modelo constitucional italiano. Pero, además de heredar ese modelo -con sus ventajas e inconvenientes, con las críticas que se puedan
hacer-, lo cierto es que otros países, como Francia y Alemania, donde ni siquiera existe un órgano de gobierno de los jueces -no creo que nadie haya cuestionado que sean democracias consolidadas históricamente-, la atribución de potestades al Poder
Ejecutivo está claramente establecida y nadie duda de que eso genere ninguna alteración constitucional. Hay muchos otros modelos, como el de Portugal, el de Austria o el de Bélgica. En todos ellos, los medios tecnológicos al servicio de la
justicia son provistos por el Poder Ejecutivo, porque ese es el modelo y el sistema de reparto constitucional.


Señorías, seguramente ustedes saben igual de bien que yo que es inimaginable que por el hecho de proveer servicios materiales, sedes judiciales, herramientas de trabajo, sistemas tecnológicos desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial, eso
no genera ninguna capacidad ni ninguna legitimidad para obtener información impropia o para violentar la separación de poderes. He leído incluso estos días, en una especie de carrera de despropósitos, para sembrar sospechas infundadas en torno a
las tecnologías, que cuando los técnicos del ministerio se meten en los ordenadores para arreglar algún fallo pueden acceder a lo que quieran. Espero que ustedes sepan -si no, ya se lo digo yo-, que cuando los técnicos -los de hoy y también los de
hace diez años- acceden a cualquier equipo, lo hacen con todas las garantías para el usuario, siempre con autorización de un usuario, en su presencia, con restricciones; y cuando se trata de un acceso remoto, siempre es con aceptación expresa de la
operación por parte del usuario, que está comprobando visualmente y en tiempo real lo que están haciendo los técnicos que le están arreglando la herramienta, y no están accediendo a ninguna información. Además de todo esto -como luego diré-,
cualquier acceso en los sistemas que tenemos, que cumplen con todos los estándares de seguridad, queda registrado, queda identificado y, por tanto, si alguien pretende hacer un acceso impropio hay absoluta información al respecto.


Por todo ello, señorías, creo que el avance tecnológico de la justicia ha sido un compromiso y ha sido un objetivo de todos. Recuerdo el Pacto de Estado de la Justicia, en el año 2001, donde ya se hablaba de un plan estratégico de las
nuevas tecnologías de la Administración de Justicia. Ese ha sido quizás el desencadenante de la idea de Lexnet, que empezó en el año 2004, de la apuesta de las comunidades con competencias para desarrollar sus propios sistemas de gestión procesal.
También puedo citar el primer decreto regulador de Lexnet, del año 2007 y la implantación en la Audiencia Nacional en el año 2010 del expediente judicial electrónico, la Ley 18/2011, del uso de las tecnologías en la Administración de Justicia,
aprobada en esta Cámara a finales de esa legislatura con el apoyo de todas las fuerzas políticas, o también posteriormente muchas otras actuaciones como la puesta en marcha del Ceteaje, del Comité técnico de coordinación de la Administración de
Justicia en el año 2013. Me parece que con esa secuencia histórica pongo de manifiesto que modernizar la justicia, incorporar las tecnologías a la justicia es un compromiso y un objetivo de todos los Gobiernos. Por lo tanto, lo que ha pretendido
este Gobierno y este ministro es acelerar ese proceso y aprovechar los recursos disponibles para pasar de las palabras a los hechos y convertir la innovación tecnológica en una auténtica prioridad política de la agenda del departamento.

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Como les digo, me incorporé al Ministerio de Justicia a finales de septiembre del año 2014. Les pongo dos ejemplos: uno, Lexnet. Cuando fui secretario de Estado en el año 2002 Lexnet era una idea en desarrollo; cuando dejamos el Gobierno
en abril de 2004, empezaba a funcionar y cuando vuelvo al Ministerio de Justicia en el año 2014, diez años después, me encuentro con que todavía está en proceso de implantación, que lo van utilizando los procuradores, pero que todavía era un proceso
de implantación -lo digo con todos los respetos- demasiado largo y poco comprometido. Otro ejemplo, el expediente judicial electrónico. La Ley 18/2011 establecía un calendario de cinco años para dotar a todos los operadores jurídicos de un sistema
de gestión procesal electrónico. Conocen sus señorías el estado de la cuestión, lo que nos está costando, los tiempos tan dilatados. Cuando oigo algunos planteamientos que califican lo que estamos haciendo de precipitado, les reconozco que me
sonrío con una cierta ironía. Podrá ser muchas cosas, pero precipitado seguro que no. Precipitado no puede ser porque ya llevamos demasiado tiempo con procesos de implantación que son complejos, difíciles, que requieren recursos, mucho cambio
cultural sin duda, pero no podemos esperar más y, por lo tanto, hemos tenido la decisión política de apostar por la digitalización con convicción y con firmeza, porque tenemos un retraso que empieza a ser ya preocupante y porque en mi opinión
tenemos la obligación inexcusable de acelerar el paso en esta materia.


Para ello, estamos trabajando en dos líneas de actuación prioritarias: por una parte, en culminar la implantación de las comunicaciones electrónicas, en particular lo que se refiere a los profesionales del derecho y, por otro lado, en dar
cumplimiento, como no puede ser de otra manera, a la Ley 18/2011, para garantizar que en nuestros juzgados y tribunales exista una tramitación procesal electrónica. Para hacer lo primero de ello, para culminar la implantación de las comunicaciones
electrónicas, decidimos a través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil establecer el 1 de enero de 2016 como una fecha obligatoria para que procuradores, abogados y graduados sociales utilizasen las herramientas disponibles y puestas a su
disposición por las administraciones públicas para hacer este servicio de comunicaciones electrónicas. Les aseguro, señorías, que no fue ninguna ocurrencia ni fue ninguna invención. Lo que hicimos fue cortar y pegar lo que estaba en la Ley
18/2011, ley que establece en su artículo 6 que los profesionales de la justicia tienen el deber de usar los medios electrónicos en su relación con la Administración de Justicia. Eso no se estaba aplicando intensamente y lo que hemos hecho ha sido
acelerarlo y llevarlo a la ley procesal para convertirlo en un mandado que nos obligase a todos. Está muy bien impulsar leyes, pero está mucho mejor materializarlas y cumplirlas. No lo hicimos, señorías -como también he leído-, para imponer
Lexnet, para obligar a usar una herramienta técnica concreta a ninguna Administración pública; de hecho, Lexnet no es el único medio disponible para las comunicaciones electrónicas: Navarra, Cantabria y País Vasco no usan Lexnet, tienen sus
propios sistemas, pero lo cierto es que en aquella fecha Lexnet era una herramienta aprobada, una herramienta utilizada y rodada como para atrevernos a establecer esa obligatoriedad el 1 de enero de 2016. Fíjense, hasta el 31 de diciembre de 2015
se habían practicado doscientos millones de comunicaciones electrónicas desde el año 2004. Es un número suficientemente importante como para poner de manifiesto que si apostamos por Lexnet desde el 1 de enero de 2016 es porque la herramienta
generaba confianza y tenía la calidad suficiente para atender las necesidades de todos los profesionales, pero es verdad que había y que todavía hay que seguir trabajando mucho.


En el año 2015 se hicieron muchas cosas para hacer efectivo ese mandato de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aprobamos la reforma de la Ley 40/2015 y el Decreto 1065 que desarrollan las comunicaciones electrónicas en el ámbito del Ministerio
de Justicia; se desarrolló Lexnet en el orden penal y una aplicación, Lexnetapp, para los móviles; se aumentó la capacidad del sistema desde seis hasta diez megas; dotamos a todas nuestras sedes judiciales del Ministerio de Justicia de dobles
pantallas -de más de 7000 dobles pantallas- y de más de 500 escáneres para digitalizar los documentos en formato papel; hicimos más de 1127 acciones formativas que llegaron a casi 10 000 funcionarios; reforzamos los centros de apoyo y de servicio
a los usuarios; mantuvimos reuniones permanentes, continuadas con las comunidades autónomas. Pese a todo eso, señorías -lo reconozco y lo saben ustedes igual que yo-, los primeros meses de 2016 fueron complicados, difíciles. La actividad en
Lexnet se multiplicó por diez de lo que venía siendo anteriormente y, no cabe duda, de que hubo que trabajar -lo seguimos haciendo- para incrementar la velocidad, así como los procesos de seguridad y de calidad, y todo para conseguir que se pudiera
enviar en un solo mensaje anexos hasta un máximo de quince megas, que es lo que estaban demandándonos los profesionales y todos los que trabajaban en esta materia.

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A partir de ese momento y con la colaboración de abogados, procuradores y graduados sociales, con los que hemos mantenido reuniones con comisiones provinciales periódicas de seguimiento y de coordinación, se han ido adoptando todas estas
medidas que han facilitado la toma de decisiones y la incorporación de nuevos sistemas. De todas formas, señorías, lo que hemos conseguido en este tiempo tiene valor, calidad, y creo de verdad que está siendo así. Conozco muchísimas anécdotas y
muchos episodios cotidianos y ejemplos de días en que Lexnet ha tenido sobrecarga y ha estado inoperativo o lento a las doce de la mañana, y estoy seguro de que mañana día 1 de septiembre en que se reinicia la actividad, habrá un pico de actividad y
alguna demora. No pretendo hacer un ejercicio de triunfalismo y alejarme de la realidad, pero sé, porque hablo con muchos profesionales de la justicia, que tener la oportunidad de presentar escritos veinticuatro horas al día siete días a la semana
y no tener que ir corriendo un sábado por la tarde al juzgado de guardia a presentarlos es muy valorado por los profesionales. También me dicen -permítanme la expresión coloquial- que hoy no sabrían los profesionales vivir sin Lexnet porque ya está
siendo una herramienta útil, operativa, con sus limitaciones y sus dificultades. Por lo tanto, Lexnet no es el problema, señorías; Lexnet es una parte de la solución y los profesionales lo saben y lo volaron adecuadamente.


De todas formas, me gustaría decirles que hemos seguido trabajando, haciendo muchas mejoras. Aprobamos en el mes de marzo del año 2016 un plan de medidas de choque que, como también he leído, es un diagnóstico de dificultades; no, es un
plan del ministerio. El ministerio aprobó un plan de veintitrés medidas destinadas a la mejora de las infraestructuras de los sistemas, a la mejora de las comunicaciones, a las mejoras en el desarrollo de la aplicación, y todas esas medidas puestas
en marcha han permitido incrementar, mejorar los tiempos de respuesta y estar permanentemente atendiendo demandas de los profesionales, nuevas funcionalidades, nuevos matices, nuevos detalles, y luego les daré algunos datos. Fíjense, hasta un total
de veinticinco mejoras funcionales se han atendido en el año 2016 y veintisiete mejoras en el año 2017. Saben los técnicos de mi departamento que, además de mi reconocimiento por su trabajo y esfuerzo, les critico por su excesiva disponibilidad,
entre comillas, porque seguramente no deberíamos tener tantas modificaciones, tantos cambios funcionales que pueden generar alguna inestabilidad en el sistema.


Lo cierto es que llegamos a julio del año 2017 y me parece que los datos hablan por sí solos. Si, como les decía antes, entre 2005 y 2015 se habían producido 200 millones de comunicaciones electrónicas, en un año y medio han sido 140
millones, luego se ha multiplicado por 4,5 el uso del sistema. Los tiempos para la presentación y notificación de documentos han permitido acortar los plazos de notificaciones y traslados de sesenta a diecinueve días en los juicios ordinarios y,
desde enero de 2017, están ya incorporados al sistema, además de los abogados, procuradores, graduados sociales y la Oficina Judicial, la Policía Nacional, las policías locales, la Guardia Civil y los hospitales; todos ellos están incorporándose y
utilizando el sistema electrónico para remitir atestados o partes de lesiones. Me consta, insisto, señorías, que el proceso no está siendo fácil, que todos los colectivos, en particular la procura y la abogacía, están teniendo que enfrentarse en un
tiempo récord a cambios de cómo trabajar con una herramienta que es verdad que no siempre ha funcionado como a todos nos hubiese gustado, pero me parece que estamos avanzando en el camino correcto para tener un buen sistema de comunicaciones
electrónicas con la calidad requerida. De verdad creo que eso está siendo así y así lo estamos siguiendo cotidianamente.


De todas formas, necesito hacer una consideración, señorías, sobre qué es Lexnet y qué significa y, por lo tanto, a qué nos referimos cuando hablamos de los sistemas tecnológicos de la justicia o la justicia digital. Ciertamente, Lexnet es
un sistema de comunicaciones electrónicas pero lo más complejo, el verdadero corazón del sistema, es la gestión procesal y su digitalización. La decisión que tomamos con fecha 1 de enero de 2016 de hacer obligatoria la comunicación electrónica lo
que significó fue un paso más en la digitalización que, como he dicho antes, la Ley 18/2011 mandata a todas las administraciones. Y así lo estamos haciendo, al menos en el territorio del Ministerio de Justicia estamos implantando justicia digital.
Justicia digital es un conjunto de sistemas y de herramientas, está Lexnet, por supuesto; está el tramitador, Minerva; está el visor de expedientes judiciales; están el portafirmas, el archivo electrónico y el cargador de expedientes. Todo eso
es justicia digital donde Lexnet es una parte importante, pero la justicia digital, como he dicho, es mucho más que Lexnet, y estamos implantando el sistema de justicia digital intensamente en el territorio del Ministerio de Justicia. Hoy, 912
unidades judiciales, el 85 % de los órganos personales del territorio del Ministerio de Justicia, con un total de 7571 usuarios, tienen implantado justicia digital y espero que alcancemos el cien por cien en el primer trimestre del año 2018. Hoy,
todas, el cien por cien, de las audiencias provinciales y TSJ del Ministerio de Justicia trabajan en digital. Hoy, el

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Tribunal Supremo, buque insignia de nuestra justicia, concretamente la Sala cuarta del Tribunal Supremo trabaja ya en justicia digital y estamos con un proceso de implantación sucesiva para el resto de las salas. Hoy, la fiscalía tiene ya
desarrollados proyectos piloto en Valladolid y Badajoz y tenemos ya un calendario de implantación de la Fiscalía digital que se asocia con este concepto de justicia digital. Hoy -y es muy importante decirlo porque me parece que no es
suficientemente conocido-, los jueces, los fiscales y los letrados firman electrónicamente sus resoluciones, más de 8,5 millones de resoluciones han sido firmadas por jueces, letrados y fiscales entre febrero del año 2016 y julio del año 2017. Esta
es una realidad, esta es la realidad de justicia digital, esta es la realidad de Lexnet, sus números, su presencia en la vida cotidiana de los operadores jurídicos.


También quiero hablar de medios, señorías, porque es la inmediata; siempre que hablamos de procesos de reforma enseguida sale -y es muy lógico que salga- la necesidad de contar con medios adecuados para desarrollar estas buenas intenciones
que seguramente todos podemos tener. Lo cierto es que estamos haciendo un esfuerzo presupuestario muy importante. Entre el año 2014 y el año 2017 hemos multiplicado por cuatro las dotaciones presupuestarias para tecnologías dentro del presupuesto
del Ministerio de Justicia. Desde el año 2015 hemos creado una partida presupuestaria, por lo que este año 2017 será la tercera vez que hagamos la distribución de 6 millones de euros cada año, por lo tanto este año serán ya 18 los millones de euros
que desde los Presupuestos Generales del Estado se transfieren a las comunidades autónomas para, mediante convenios de colaboración, financiar procesos de reforma. Hace unos días, la semana pasada, presenté el Consejo de Ministros los criterios
para la distribución del fondo del año 2017. En ese mismo Consejo de Ministros, el pasado día 25, aprobamos la puesta en marcha de procesos de contratación por valor de 55 millones de euros para inversiones en mejoras informáticas en el ámbito del
Ministerio de Justicia. He leído que alguien decía que esto tiene que ver con la crisis de Lexnet, pero ustedes también conocen cómo funcionan las administraciones públicas y que los expedientes de contratación no se preparan en dos semanas. Estas
partidas estaban en los Presupuestos Generales del Estado que esta Cámara aprobó. Por lo tanto, no es ninguna improvisación, no es para salir al paso de un problema, ni muchísimo menos, es la planificación de actuaciones y de inversiones necesarias
para avanzar en la modernización tecnológica. Por ello, 36 millones de euros se destinarán a la adquisición de nuevos servidores y de máquinas de almacenamiento para la renovación tecnológica del Centro de Proceso de Datos del ministerio y 19
millones de euros se destinarán para distintos contratos de gestión técnica de aplicaciones informáticas que, entre otras mejoras, va a tener la unificación, la integración, de tal manera que un mismo proveedor de servicios pueda atender una serie
de cuestiones diversas dentro de nuestros sistemas tecnológicos y no tengamos fragmentados a los proveedores como veníamos teniendo hasta el momento actual. Por lo tanto, recursos económicos y presupuestarios para acompañar este desafío y estas
ambiciones que tenemos por delante.


Señorías, espero -confío en ello- que en el marco de la subcomisión creada para la elaboración de la Estrategia Nacional de Justicia, en la que están teniendo lugar las comparecencias dentro de esta Comisión de Justicia, haya una apuesta
clara por la justicia digital y también -lo que es muy importante- por el establecimiento de un sistema de gestión procesal común entre todas las administraciones públicas. Hoy tenemos una situación en la que se han implantado más aplicaciones
diferentes para hacer lo mismo que en ningún otro sector que yo conozca de las administraciones públicas. Hemos invertido muchísimo dinero de los impuestos, de los ciudadanos, de los presupuestos públicos y el resultado, permítanme que lo califique
así, es desolador. Nada es compatible, nada es interoperable y todos los sistemas que hemos desarrollado cada Administración pública constituyen un círculo cerrado en sí mismos. Creo que en este momento tenemos una oportunidad única para revertir
esta situación, así lo están reclamando permanentemente todos los operadores del sector y las instituciones. Me parece que la solución está en un sistema de gestión procesal común al que se incorporen las comunidades autónomas que así lo decidan.
Evidentemente, es una decisión que creo que necesita de inteligencia y de habilidad política, de una visión a largo plazo, de una visión de concertación y, por lo tanto, generosidad, complicidad, concesiones, responsabilidad por parte de todos. Me
consta que no es fácil conseguir todo esto. El pasado día 26 de julio llevamos a la mesa sectorial una propuesta a las comunidades autónomas. No se trata de obligar a nadie, no podemos ni queremos imponer ningún sistema y menos todavía el sistema
del Ministerio de Justicia. Creo que debemos confiar en los técnicos para implantar ese sistema que tenga el mayor nivel de calidad, que priorice lo común frente a lo particular y que permita la digitalización al menor coste posible para las
comunidades autónomas. En eso estamos trabajando y espero que en las próximas semanas recuperemos los contactos con las comunidades autónomas y con todo el sector de la justicia y

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también me gustaría contar para impulsarlo, señorías, con el apoyo de los grupos políticos, de esta Comisión y de los grupos parlamentarios.


Creo que en esta materia no deberíamos dejarnos llevar por otra motivación que no sea el interés general, como por otra parte debe ser siempre en el funcionamiento de las administraciones públicas y de los Gobiernos. Deberíamos velar por lo
que le interesa a la justicia y a sus profesionales y, por lo tanto, no creo que aquí deban aparecer ni estrategias partidistas ni siquiera intereses de Gobiernos autonómicos ni muchísimo menos intereses comerciales, intereses de proveedores de
servicios que tienen visiones cortoplacistas, esa visión de pensar que lo mío es lo mejor y que bien me va con lo mío en pequeñito. Deberíamos entre todos ser capaces de desarrollar una Administración de Justicia respetando las competencias de cada
Administración pública, por supuesto, pero también contando con sistemas comunes, con sistemas eficaces, con sistemas de calidad. Por lo tanto, les solicito a sus señorías, a sus partidos y sus grupos parlamentarios, el apoyo en esta dirección
porque creo que desde aquí deberíamos reivindicar que esas mejoras se produzcan con toda la exigencia de calidad, de eficiencia, con la máxima coordinación e, insisto, con el respeto a las competencias de todas las administraciones públicas.
Haríamos un buen servicio a la Administración de Justicia si, de una vez por todas, fuésemos capaces de superar el sistema fragmentario que en la actualidad tenemos en nuestra Administración.


Señorías, también quería hacer una consideración sobre el sistema Lexnet. Ya he hecho varias, ya he hablado bastante sobre él, pero me parece que para saber qué ha pasado con Lexnet creo que es muy conveniente primero conocer qué es Lexnet,
cómo funciona, quién usa Lexnet, de qué manera se garantiza la seguridad y me parece muy bien saber de dónde viene Lexnet. Ya les he dicho antes que viene del año 2001, del Pacto de Estado por la Justicia del año 2004, cuando empieza a desplegarse
en diversas sedes judiciales, cuando se aprueba el Real Decreto 84/2007, cuando en el año 2010 se aprueba la versión tercera de Lexnet. Por lo tanto, viene de Gobiernos anteriores al que yo pertenezco y que han hecho un esfuerzo importante en esta
materia. Durante este tiempo -que también ha sido un tema que se ha puesto de manifiesto y yo quiero ser totalmente transparente en este sentido-, durante este periodo 2004-2011, se adjudicaron quince contratos por modelos de contratación
administrativa a una empresa denominada Satec por un importe de algo más de 3 millones de euros para desarrollar el sistema y todas sus funcionalidades. Además también se adjudicaron a la empresa Isdefe dos encomiendas de gestión por un valor algo
superior a 2,5 millones de euros. En el año 2015 se llevaron a cabo todas las actuaciones que yo les he manifestado y del año 2012 al año 2017 se han realizado doce adjudicaciones, aquí ya mediante encomienda de gestión a la empresa Isdefe, que es
la que provee los servicios y los desarrollos en esta materia por un valor de 6 100 000 euros. Por tanto, durante estos quince últimos años el coste de esta aplicación y todos sus desarrollos asciende a 11 800 000 euros; esos son los presupuestos
del Ministerio de Justicia aplicados al desarrollo de los sistemas asociados con Lexnet. ¿Es mucho dinero? ¿Está bien utilizado? ¿Es adecuado? Pues mire, es muy difícil de establecer, pero a mí me parece que la mejor manera de saberlo, por
ejemplo, es conociendo para qué ha servido esa inversión de recursos públicos. He mencionado que llevamos aproximadamente 340 millones de comunicaciones electrónicas desde el año 2004 hasta hoy utilizando Lexnet y para ello hemos dedicado algo más
de 11 800 000. Si me salen bien las cifras, eso significa 0,03 euros, es decir, 3 céntimos de euro para cada comunicación electrónica. Aunque al presidente de la entidad estatal Correos, que es buen amigo mío, le parezca mal, es mucho más
eficiente utilizar Lexnet que utilizar el envío postal. Por tanto, seguiremos utilizando Lexnet y estableciendo cada vez más su utilización para conseguir ser más eficientes versus el modelo tradicional de los envíos postales. Yo creo que Lexnet
nos está ayudando a ser más eficientes y a hacer mejor las cosas.


Como saben ustedes -me gustaría ponerlo de manifiesto frente a lo que se ha declarado en las últimas semanas-, Lexnet, que es importante y trascendente, 340 millones de comunicaciones en los últimos años, es un instrumento electrónico que
lleva los documentos del juzgado al profesional y viceversa, eso es Lexnet fundamentalmente, una plataforma de intercambio seguro de mensajes y documentos anexos que además se borran transcurridos sesenta días. Lexnet no es un archivo, Lexnet no es
un almacén digital de expedientes judiciales, ni es tampoco un depósito en el que se encuentren grabaciones de vistas, declaraciones, ni nada parecido, pese a lo que algunos han dicho. Por tanto, es rotundamente falso que por Lexnet se pueda
acceder al expediente judicial y a todos los documentos que conforman ese expediente judicial. A través de Lexnet, señorías, no se puede acceder a documentos básicos del expediente judicial, como son las pruebas documentales, las testificales, las
vistas orales, las declaraciones de testigos protegidos, ni a documentos procesales que las oficinas no comunican a las

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partes, sino que son estas las que, si quieren conocerlo, han de desplazarse al juzgado para pedirlo. Fíjese, me sorprendía una cierta paradoja -declaraciones que he leído en las últimas semanas-, hay una reclamación permanente de los
operadores -y la entiendo perfectamente-, que piden tener el acceso telemático al expediente judicial en aquellos asuntos en los que participan. Sin embargo, se dice que este acceso estaría ya disponible a través de Lexnet, cosa que no es verdad,
insisto. Entiendo la reclamación, pero quien acusa a Lexnet de generar muchos riesgos le atribuye condiciones que no tiene porque de hecho se sigue reclamando que hagamos lo que todavía no tenemos, que es ese acceso al expediente judicial en
remoto. Por tanto, Lexnet no es lo que se ha querido decir por algunos.


Señorías, hoy utilizan Lexnet 230 145 usuarios que, en un día medio, un día estándar, intercambian 20 000 mensajes cada hora. Por lo tanto, me parece que también intento poner en valor la herramienta y el sistema de comunicaciones. Por
ejemplo, para compararlo con dos referencias de las habituales, siempre nos referenciamos -y hacemos bien porque son sistemas de alta calidad- con la Seguridad Social o con la Agencia Tributaria. Pues bien, la Agencia Tributaria tiene dos grandes
procesos de gestión a lo largo del año, las campañas de la renta y las notificaciones a las personas jurídicas, que hoy son obligatoriamente electrónicas. Señorías, en una semana, Lexnet mueve un volumen de información equivalente a toda la campaña
de la renta. Frente a los 11,2 millones de notificaciones electrónicas que practicó la Agencia Tributaria en el año 2016, a través de Lexnet se llevaron a cabo 60 millones de notificaciones electrónicas. Por su parte, la Seguridad Social cuenta
con el sistema RED, Remisión Electrónica de Documentos, que es por donde obligatoriamente las empresas comunican afiliaciones, altas, bajas, cotizaciones de trabajadores. Pues bien, en 2015 a través del sistema RED, según la memoria de la Seguridad
Social, se comunicaron 58,5 millones de actos, y a través de Lexnet en 2016 fueron 70 millones. Esto por no hablar de la complejidad, porque notificar cotizaciones, altas y bajas o impresos de declaraciones de la renta de personas físicas tiene la
complejidad que todos conocemos, están muy estandarizados, muy sistematizados; la complejidad que tiene un expediente judicial sus señorías la conocen y, por tanto, la dificultad y la diversidad es además otro factor de complejidad que yo creo que
en este momento nos debería servir para poner en valor lo que tenemos en términos cuantitativos, 340 millones, 20 000 comunicaciones cada día, frente a los sistemas que a veces nos sirven de referencia, que está muy bien que nos sirvan porque
tenemos mucho que aprender todavía. Por lo tanto, eso es Lexnet, señorías, no es el caos que algunos han intentado pintar para obtener un rédito político.


También me gustaría aclarar quién está habilitado y, por lo tanto, autorizado para utilizar Lexnet. Por un lado, los profesionales de la justicia, abogados, procuradores y graduados sociales que acceden a su propio buzón de Lexnet mediante
una tarjeta criptográfica y una clave personal, por tanto con un doble cotejo, en primer lugar, de identidad y, en segundo lugar, de alta en su colegio. También están autorizados otros colectivos obligados por la Ley de Enjuiciamiento, como son
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hospitales, centros penitenciarios y los funcionarios de la Oficina Judicial. Así pues, lo que quiero acotar en esta parte de mi intervención es que el uso de Lexnet está absolutamente delimitado. Los
abogados, los procuradores y los graduados sociales lo emplean para enviar sus escritos de trámite, sus demandas o para recibir notificaciones, y esos otros colectivos a los que me he referido para remitir atestados y partes de lesiones, y la
Oficina Judicial para el envío de notificaciones y resoluciones o para recibir escritos de trámite o demandas enviadas por los profesionales. Por tanto, señorías, aunque supongo que para ustedes no hace falta decirlo muy alto -pero me interesa
tanto a efectos de medios de comunicación como del Diario de Sesiones-, al contrario de lo que se ha dicho, por ejemplo, los jueces no usan Lexnet, señorías, ustedes lo saben, y creo que ha habido demasiadas generaciones de incertidumbres y de
desconfianzas haciendo parecer que el procedimiento judicial, el trabajo del juez al estar en Lexnet ha quedado afectado por gravísimos fallos de seguridad a los que enseguida me referiré. Los fiscales mínimamente, solamente unas cuantas fiscalías
piloto y solo para aceptar notificaciones.


Me parece que deberíamos acotar claramente qué es Lexnet -como he intentado hacer-, cómo funciona y quién usa Lexnet y en qué condiciones. Lexnet es un sistema cerrado, un sistema en el que solo caben los profesionales del derecho, cuyo
acceso está plenamente identificado a través del instrumento, de la herramienta más segura, más garantista que existe en nuestro sistema actual, un certificado digital. Este certificado digital no puede ser utilizado por cualquiera, los usuarios
habilitados no pueden borrar actos de comunicación, ni pueden alterar los plazos legales de los mismos, ni, por supuesto pueden acceder al buzón de un tercero -lógicamente profesional-, ni siquiera eso, salvo que tengan el consentimiento legal del
representado y del representante, de ambos; si no fuera así, como saben muy

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bien sus señorías, estarían incurriendo en un delito del artículo 197.2 del Código Penal. Por lo tanto, ningún profesional del derecho puede acceder a documentos que no sean los de su cliente, ni en sede judicial ni a golpe de clic, por muy
mal o muy bien que funcione la oficina o la aplicación. Insisto, conductas de este tipo, persigan lo que persigan, no son solamente ética y deontológicamente incalificables, sino también reprochables penalmente. Somos muy conscientes de que casi
nada es cien por cien infalible, y mucho menos en un ámbito tan vulnerable como el tecnológico. Por tanto, puedo decir que Lexnet es un sistema razonablemente seguro. En primer lugar, porque, como les decía, para acceder a Lexnet hay que hacerlo
mediante un certificado digital autenticado. Todo movimiento en Lexnet queda autenticado. Todo movimiento en Lexnet queda registrado y deja una huella perfectamente rastreable. Todos los accesos dentro de Lexnet están inexorablemente vinculados a
un profesional de la justicia y a su certificado digital, que, por cierto, para que sea operativo, previamente ha de estar dado de alta en un censo de profesionales que actualizan diariamente los consejos generales de profesionales, es decir, el de
abogados, el de procuradores y el de graduados sociales. Por tanto, para acceder a Lexnet -insisto- doble control, el del certificado y el del consejo profesional correspondiente. En segundo lugar, porque Lexnet tiene implantadas todas -todas,
señorías- las medidas de seguridad que exige la legislación vigente, según el Esquema Nacional de Seguridad, así como las establecidas en el Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999 de
protección de datos de carácter personal. Por ejemplo, el cifrado de las comunicaciones; las copias de seguridad de la información y la ubicación de esas copias de seguridad en dos centros de procesos de datos diferentes para garantizar su
sostenibilidad; el control del acceso a la aplicación y el control del acceso físico a un centro de procesos de datos donde están ubicados los ficheros, y también un procedimiento de gestión de incidencias. Por tanto, como les decía, señorías, es
un sistema con todas las medidas de seguridad que la tecnología en el momento actual y la normativa en España pone a nuestro alcance, con toda la robustez y con toda la seguridad. Cada vez -insisto- que se ha producido un desarrollo normativo, por
ejemplo el Real Decreto 1065/2015, del uso de Lexnet en la Administración del Estado, ese decreto, conforme a las normas de tramitación de las disposiciones de carácter general, fue sometido a informe de la Agencia Española de Protección de Datos y
del Consejo General del Poder Judicial, y en los informes que recibimos se ponía de manifiesto que el sistema cumple perfectamente con la Ley 18/2011, cumple con el Reglamento 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, y
con toda la normativa que en esta materia existe. Soy muy consciente, señorías, de que estamos hablando de derechos fundamentales y de que un cambio en esta materia necesita certidumbres, y por eso nos hemos preocupado de fortalecerlas, de
reforzarlas y de dotar a nuestro sistema de todas las garantías en materia de protección de datos de carácter personal. Por tanto, señorías, hablamos de Lexnet como un sistema consolidado y seguro, y haciendo un uso legal y ético del mismo es
imposible acceder a una información que no sea propia del profesional que lo usa. Por tanto, me parece que un sistema con este volumen de accesos, con esta complejidad, es un sistema suficientemente acreditado y, por eso, señorías, creo que gracias
a Lexnet la justicia española es hoy más segura, más ágil y más eficiente que en el pasado.


La verdad es que la progresiva digitalización hace que la seguridad cobre cada vez más protagonismo, seguridad de la que a veces, y me refiero al pasado, nos hemos preocupado poco cuando hemos dejado los expedientes en los estands o cuando
hemos hecho notificaciones en el salón de procuradores -ahí se dejaban los documentos y llegaba quien llegaba y cogía lo que cogía-. Eso es el pasado. En el ministerio nos tomamos muy en serio la seguridad y, por ello, hemos cuadriplicado el
presupuesto en materia de seguridad respecto al año 2016 hasta alcanzar 2,4 millones de euros y hemos puesto en marcha una serie de actuaciones en este sentido. En primer lugar, un plan de seguridad de infraestructuras tecnológicas que permite
contar con una réplica -como he mencionado antes- de la información judicial en dos centros de proceso de datos, que nos permite disponer de una copia de seguridad de documentos judiciales en forma de un archivo de larga duración, la configuración
de cada puesto de trabajo, según lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad, o la instalación de sistemas complejos de antivirus en servidores y en PC en todas las sedes judiciales. En segundo lugar, un plan de adecuación de la seguridad
que incorpora auditorías continuas de seguridad y auditorías normativas, así como el refuerzo de los controles de acceso en las aplicaciones o también en la formación de nuestros empleados públicos; un plan de seguridad en las infraestructuras de
comunicaciones para la sustitución de los cortafuegos en los centros de proceso de datos por otros de última generación; un refuerzo permanente de la coordinación interministerial y una colaboración muy relevante con el Centro Criptológico Nacional
que, como saben, es el organismo público experto en ciberseguridad y la máxima autoridad del Estado en esta materia. Los

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expertos técnicos del CCN, el Centro Criptológico Nacional, colaboran cotidianamente con nuestro departamento, con el departamento de seguridad del área de nuevas tecnologías que desarrolla planes de auditorías desde el año 2012; incluso
vamos a formalizar con carácter estable y no puntual esa colaboración con el Centro Criptológico Nacional mediante la elaboración de un convenio.


Señorías, también quisiera informar sobre la sostenibilidad y la fiabilidad del sistema, porque es otro de los aspectos que habitualmente se critica y sobre el que se efectúa algún tipo de comentario. El sistema -lo he dicho ya- ha tenido
sobrecargas, ha tenido demoras, ha habido momentos puntuales en los que anda más lento, pero lo cierto es que en año y medio, desde enero de 2016 a julio de 2017, el servicio Lexnet ha estado disponible 13 600,53 horas, un 98,21 % del tiempo. Ha
tenido un periodo de interrupción de 250 horas, sobre 13 600, y de esas 250 horas 107 horas ha estado suspendido por anomalías imprevisibles, 0,75 % del tiempo total de disponibilidad. Me consta el valor que tiene el tiempo para los profesionales y
que una hora de trabajo es un tesoro para cualquier profesional, por tanto no quiero quedarme en decimales fríos y, en consecuencia, seguimos trabajando para garantizar el cien por cien de la disponibilidad del sistema; pero, como les digo, un 0,75
% del tiempo de disponibilidad es en el que ha habido anomalías imprevisibles del sistema. Señorías, al menos para mí, hay una cosa muy clara, que Lexnet es mejorable, sin duda, pero es muchísimo más eficaz y muchísimo más seguro que un fax, que
una carta o que entregar papeles a través de las ventanillas y depositarlos en las estanterías de las oficinas judiciales.


Paso a la tercera parte de mi intervención, que es la incidencia de Lexnet del día 27 de julio. El día 27 de julio tuvimos conocimiento de la existencia de un defecto en el sistema Lexnet. Ese defecto se produce como consecuencia de la
puesta en producción de una versión más. Antes les he dicho que hemos hecho numerosas versiones permanentemente, porque nos reunimos cotidianamente con los profesionales, nos dicen mejoras que deberíamos implantar y las llevamos adelante. Pues con
ocasión de un cambio de estas características se produce un defecto en el sistema. Esto tuvo que ver con la petición de un colectivo de profesionales para que se crease una especie de acceso multibuzón; había personas que tenían distintas
condiciones profesionales -graduados sociales y abogados, por ejemplo- y querían, con un mismo usuario con dos buzones distintos, generar un acceso compartido. Pues buscando una solución a eso que diese mejor servicio a los profesionales, se
produce un error en ese sentido. El origen de ese defecto se encuentra en un error de la programación del software de esa versión. Quiero explicar de la manera más clara de que sea capaz en qué consistió esa incidencia. Se trataba, básicamente,
de que un profesional de la justicia podía acceder, bajo determinadas circunstancias muy concretas, al buzón de otro profesional; por decirlo de alguna manera, volvíamos al pasado, de tal manera que alguien podía coger los papeles del casillero de
otro sin que hubiese un control efectivo de esa posibilidad. ¿Esto quiere decir que cualquier abogado, procurador o graduado social, entrando de forma normal y correcta en su perfil, podía ver la información de otro? En absoluto. Para conseguir
esa anomalía había que dar una serie de pasos que, permítanme que diga, no están al alcance de cualquiera. El usuario tenía que acceder, como acceden cotidianamente, autenticándose con su certificado digital; es decir, una persona normal no podía
entrar al sistema, debía ser un profesional censado en su colegio, dotado de su tarjeta criptográfica y cuyos movimientos -esto es muy importante- a partir de ese acceso quedaban -de hecho, quedaron- registrados en el sistema. Una vez en el
sistema, con su tarjeta y con su registro, debía modificar la URL de acceso a su buzón. La URL, como seguramente los usuarios conocerán, señorías, es un número de diez dígitos, donde los cuatro últimos conforman el número de ese buzón. Este
número, que es interno del sistema, que no tiene nada que ver con el DNI ni con ningún código conocido, es el que el usuario registrado que había accedido con su tarjeta debía modificar para poder acceder a otro usuario conocido por él; por tanto,
tenía que tener esa información. Es decir, para poder hacer esa alteración la persona que realizase el acceso tenía que conocer la URL de otra persona habilitada. También podría haber hecho combinaciones de diez elementos tomados de cuatro en
cuatro hasta conseguirlo, pero eso hubiese sido bastante difícil.


¿Quiere esto decir que cualquier persona que accediese indebidamente -después de hacer esto que, como digo, no es fácil sino que había que empeñarse- podía hacer libremente lo que quisiera? Tampoco. Para acceder había que hacer lo que he
puesto de manifiesto y entonces podía acceder a las notificaciones practicadas así como descargarlas, pero no podía abrir ninguna notificación pendiente, no podía comprometer el cumplimiento de un plazo, no podía presentar escritos en nombre del
usuario cuya identidad había suplantado irregularmente ni tampoco borrar notificaciones.

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También quiero aclarar -porque otra vez se han dicho algunas cosas inadecuadas- que este fallo únicamente afectó a aquellos usuarios que acceden a Lexnet a través de Internet. Lo digo porque se ha dicho también que estaban expuestos
documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo cual es rotundamente falso porque estos acceden a través de sus propias aplicaciones de gestión y no a través de Internet. Quiero dejar claro este asunto.


¿Millones de documentos judiciales expuestos abiertamente a cualquiera a través de Internet? Pues no, esto es algo absolutamente incierto. Hablamos de un fallo que ha permitido que un número limitado, un número cualificado de usuarios
identificados de la justicia hayan podido acceder, a través de una manipulación informática, a un número limitado de documentos de otro profesional. Señorías, les aseguro que esto no le resta ni un ápice de importancia al fallo que se produjo y a
sus consecuencias, por eso tratamos de intervenir con toda celeridad y al minuto de ser conocido el defecto los técnicos del ministerio empezaron a trabajar en su subsanación y el mismo día 27 de julio, a las 16:25 horas, se restableció el sistema
con una nueva versión que bloqueaba ese posible acceso de un usuario desde el buzón de otro.


Señorías, hay un dato que a mí me hace reflexionar y que quiero compartir con ustedes. Conociéndose públicamente que el defecto -porque se hizo público- había sido subsanado a las 16:25 de la tarde del 27 de julio, durante las dieciséis
horas siguientes se reportaron cuarenta y nueve intentos de acceso a información de otros buzones, evidentemente intentos infructuosos y perfectamente identificados. Señorías, cuarenta y nueve profesionales de la justicia, con nombre y apellidos,
identificados, intentaron acceder a buzones de otros compañeros, conscientes de que no es ético ni es legal, lo cual me parece muy grave.


La misma tarde del día 27 constituimos un comité de seguimiento y di instrucciones para abrir una auditoría interna con el fin de aclarar las circunstancias. Estoy a la espera de los informes definitivos de esa auditoría interna que está
llevando a cabo la inspección del Ministerio de Justicia, de los que espero obtener conclusiones y medidas propuestas. Asimismo, les anuncio que hemos estado hablando con los consejos generales de profesionales -abogados, procuradores y graduados
sociales- para valorar e identificar, de acuerdo con los códigos deontológicos, cuáles han de ser las medidas que debemos tomar a partir de ahora.


Además de la auditoría interna, notificamos el incidente a la Agencia Española de Protección de Datos, como es nuestra obligación. La propia agencia fue la que nos trasladó la conveniencia de poner en conocimiento del Consejo General del
Poder Judicial esta circunstancia, lo cual hicimos a continuación. Requerimos la asistencia inmediata del Centro Criptológico Nacional, que, como les he dicho, ya venía colaborando con nosotros y nos está ayudando en esta materia, y también pedí a
los servicios técnicos del departamento que no nos quedásemos en la subsanación del problema -mediodía y tarde del día 27-, sino que siguiésemos trabajando en el análisis y en la subsanación de circunstancias. Por eso, el día 28 seguimos trabajando
en la identificación de soluciones que fuesen posibles. Mantuvimos reuniones con el proveedor de los servicios -la entidad pública Isdefe- y con el Centro Criptológico Nacional, y de esas reuniones concluimos que para dar mayor estabilidad al
sistema era necesario proceder a la reparación del defecto de una manera todavía más minuciosa. También, por razones preventivas, consideramos que debíamos trabajar intensamente durante ese fin de semana.


Debo significar que ese mismo día se detectó un hackeo; hubo un intento de hackeo que por un elemental sentido de la responsabilidad no quisimos dar a conocer en aquel momento. Hay un efecto llamada muy importante en estas cuestiones y,
por tanto, no le quisimos dar difusión pública. Les confirmo que el intento fracasó en su deseo de obtener información valiosa, porque lo que consiguió fue hacerse con una información obsoleta, parte de un código fuente de una versión de Orfila,
que es el sistema de gestión de los institutos de Medicina Legal, no confidencial porque se trata de un interfaz con otras administraciones públicas, que por otra parte es público y está en la web del ministerio. No es información sensible porque,
a diferencia de lo que he oído, no contenía informes de forenses ni datos personales ni judiciales ni confidenciales. Lo cierto es que, detectada esa intromisión, fue bloqueada, y respecto a su presunto autor -creo que en redes sociales incluso se
jactaba de haberlo hecho- procedimos a presentar ante la Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía, el martes 1 de agosto, una denuncia, porque creo que una persona que accede a un servidor sin autorización, descarga
información y la difunde debe ser objeto de investigación por parte de las fuerzas de seguridad.


Como decía en algún momento de mi intervención, este es un tema muy importante. Hace unos días leía una entrevista que hacían al subdirector del Centro Criptológico Nacional, que decía que estamos ante una ciberguerra soterrada que nos
obliga a todos a una estrategia y a un ejercicio de responsabilidad,

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de rigor y de prudencia cuando se trata de cuestiones tan sensibles como las que tienen que ver con los sistemas tecnológicos que se manejan en las administraciones públicas, y en este caso en la justicia. Estoy seguro de que compartirán
conmigo que ni el sector privado ni el sector público ni ninguna institución ni ningún ciudadano particular estamos libres de la amenaza de la ciberdelincuencia o de los fallos de las plataformas digitales. Ahí, tirando de sistemas de información,
se consiguen muchos datos. Les diré que Yahoo sufrió el robo de datos personales de 500 millones de cuentas el año pasado. En el año 2010 el Ministerio de la Vivienda dio acceso a datos personales de ciudadanos a través de su página web.
Lamentablemente, algunos hospitales de la red pública han tenido problemas con el acceso a las historias clínicas o a documentos de pacientes y usuarios. Estoy seguro de que será conocido por algunos de los que participaban en el proceso que cuando
se llevó a cabo la digitalización de los expedientes de la Audiencia Nacional en el año 2011 hubo problemas muy serios; se perdieron muchos documentos y, por tanto, como siempre -porque son procesos muy difíciles-, hubo que llevar a cabo mucha
reconstrucción. Esto pasa siempre, lo que tenemos que hacer es tener los medios adecuados para fortalecer el sistema, porque no existen los sistemas perfectos, no existen los sistemas completamente seguros ni totalmente protegidos. Además, en este
sector parece que hay un prurito por parte de los potenciales delincuentes en buscar las debilidades para penetrar y demostrar que no existen, como digo, sistemas perfectos. De todas formas, señorías, creo que no deberíamos confundirnos en el
diagnóstico: los sistemas, y Lexnet en particular, no son malos; este no es un mal sistema. Malo será quien delinque, malo será quien le muestra a un delincuente el camino para delinquir. El sistema no es malo, el sistema puede ser mejorable,
sin duda, y seguimos trabajando en este sentido.


Por otra parte, en el departamento de tecnologías del ministerio estamos abiertos a la ayuda y a la colaboración de la comunidad tecnológica en la mejora de la seguridad de las aplicaciones. Son muy bienvenidas las recomendaciones, los
comentarios, las críticas que nos puedan hacer los expertos de esta comunidad científica del área de la ciberseguridad. Lo que no es admisible son hechos como los producidos, que no tienen ningún tipo de aval ético, deontológico ni legal. Estamos
dispuestos a que nos ayuden, pero no a que pretendan denostar los sistemas de la justicia o generar incluso la comisión de algún delito.


Continuando con el relato cronológico, les diré que una vez recogida toda la información durante el viernes 27, consideraron los técnicos, y así nos lo propusieron a los responsables políticos, que la decisión más sensata era parar para
poder trabajar y también para blindar porque en aquellos días, como recordarán sus señorías, hubo una especie de efecto llamada para demostrar que el sistema tenía debilidades. También, para nosotros era muy importante asegurar que el lunes
siguiente, día 31 -último día operativo para los profesionales antes del cierre de los juzgados por el periodo vacacional-, Lexnet tuviese todas las capacidades para poder atender lo que se preveía una demanda intensa. Y, constatada esa necesidad
de parar, lo hicimos en el momento en que nos pareció mejor, que fue a las 16:30 del viernes 28 de julio porque, dada la monitorización permanente y continuada que tenemos del sistema de Lexnet, vimos que en aquel momento había solamente -no son
pocos- 200 usuarios conectados cuando durante toda la mañana había habido 375 000 conexiones. El sistema había tenido picos altísimos y a las cuatro y media de la tarde estaba ya muy bajo y, por lo tanto, nos pareció que era prudente y sensato
hacer en ese momento la parada técnica que necesitaba. El objetivo era trabajar intensamente durante el fin de semana para que el sistema estuviese levantado y recuperado el lunes 31 de julio. Les aseguro también, porque es otra cuestión que he
oído mencionar, que durante las cincuenta y dos horas en que el sistema estuvo parado no hubo en ningún momento indefensión ni merma de los derechos de los ciudadanos porque, como ustedes saben, el artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
prevé un sistema de certificaciones que acredite a los profesionales que si el sistema no está operativo los plazos se amplían el tiempo necesario. Por tanto, el hecho de la parada técnica de esas cincuenta y dos horas durante el fin de semana no
generó ninguna merma ni ninguna indefensión para ningún ciudadano.


Hablando de derechos de los ciudadanos, y concretamente de uno tan importante como es el derecho a la tutela judicial efectiva, creo conveniente aclarar una extraña conexión que se ha hecho en relación con el uso de Lexnet y sus posibles
problemas y el fallecimiento de una menor como consecuencia de una agresión sexual y maltrato en Valladolid. Además de mostrar mi consternación por lo sucedido a esa familia, les quiero decir que la investigación se está llevando a cabo en términos
policiales, judiciales, y estoy seguro de que servirá para aclarar lo que sucedió y para que mejoremos los procedimientos de coordinación interna entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las instituciones sanitarias y la Administración de Justicia.
Este martes, antes de ayer, compareció la consejera de Familia e Igualdad de

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Oportunidades de la Junta de Castilla y León para explicar lo sucedido y, después de dar toda la información -a la que me remito-, finalizaba con una pregunta que yo también quiero poner encima de la mesa de la Comisión: ¿alguien puede
llegar a pensar que si un profesional tiene conocimiento o algún indicio de un riesgo para la vida de un menor no va a adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para protegerlo? Yo creo que no, señorías; creo que todos los profesionales
de la sanidad, de la justicia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajan cotidianamente para evitar la vulneración de los derechos y nuestra obligación es poner a su disposición los medios adecuados para que casos como el de Sara nunca vuelvan
a suceder. Les aseguro que no tuvo nada que ver con el mejor o peor funcionamiento de Lexnet. Puede tener que ver con coordinación, con protocolos o con sistemas de funcionamiento, pero en ningún caso, como digo, tiene que ver con un mal
funcionamiento de Lexnet.


El domingo día 30, después de un intensísimo trabajo de los técnicos del departamento, a los que una vez más reitero mi agradecimiento, tuvimos resultados y, por lo tanto, no tuvimos que esperar hasta el lunes, que era el objetivo -llegar al
día 31 con el sistema recuperado-, sino que a las 20:25 horas del domingo 30 el sistema estaba plenamente operativo.


En este tipo de circunstancias -situaciones delicadas, situaciones difíciles- es necesario y muy conveniente actuar con total transparencia y veracidad, señorías, pero también con responsabilidad, con proporcionalidad y con serenidad, y en
ocasiones es recomendable trabajar con discreción antes que airear algunas cuestiones que puedan generar males mayores. El lunes 31 de julio la aplicación estaba plenamente operativa, funcionando correctamente y sin anomalías, y aquel día hubo 233
000 notificaciones y 51 000 escritos presentados, un incremento de más del 50 % respecto del último día hábil de julio del año anterior. Por lo tanto, una vez más vuelvo a poner en valor las funcionalidades, la capacidad que tiene Lexnet, que este
mes de julio llevó a cabo un 11,3 % más de notificaciones que el año anterior y un 35,9 % más de presentaciones de escritos que el año anterior. Seguimos trabajando con Lexnet con toda intensidad para garantizar que mañana, cuando se reanude la
actividad en los juzgados, esté plenamente operativo. Mañana es un día crítico porque va a haber una actividad importante pero, como les digo, señorías, hemos seguido trabajando durante todo el mes de agosto para robustecer, fortalecer y garantizar
todas las capacidades de Lexnet.


Durante estas últimas semanas se ha dicho de todo en los medios de comunicación, en redes sociales y también por parte de algún representante político. Señorías, como siempre en la vida, es recomendable la prudencia, la mesura, medir los
tiempos y medir el calibre de las palabras que se emplean. Calificar lo ocurrido como un caos, como un desastre, hace un flaco servicio a la justicia. Todos queremos lo mismo: todos queremos una Administración de Justicia eficaz, de calidad, que
funcione, en la que no haya incidentes y que, cuando los haya, se resuelvan y se acoten con la mayor rapidez posible, y eso es lo que creo que hemos hecho.


Termino ya, señora presidenta, pero antes me gustaría hacer una última reflexión que tiene que ver con algo tan humano y tan conocido como es la resistencia al cambio en las organizaciones y en nuestra cultura. A lo largo de toda la
historia, el cambio ha generado miedos, ha generado oposiciones, pero en materia tecnológica los miedos y las resistencias siempre se han visto superados por una realidad aplastante, que es la potencia transformadora de la tecnología y la capacidad
para proporcionarnos a los profesionales, a los ciudadanos mejores herramientas para que podamos colmar nuestras aspiraciones de progreso, de desarrollo y de bienestar. La dificultad de acompasar el desarrollo tecnológico con la adaptación cultural
es una realidad cotidiana y la conocemos muy bien, y ese seguramente es uno de los factores de ralentización del cambio: la necesidad de adaptarlo a la cultura de las organizaciones. Pero creo, señorías, que los apocalipsis y los catastrofismos no
nos llevan a ningún sitio. Siempre he sido y seré partidario de soluciones constructivas, de análisis integrales -no de análisis parciales y puntuales- y de visiones propositivas, de visiones que digan qué es lo que debemos hacer para mejorar las
situaciones. No creo, de verdad, que podamos encontrarnos en otro sitio distinto si de verdad queremos una justicia avanzada, moderna, digital, que avance impulsada por el viento de la tecnología. Lo que les propongo, señorías, es que trabajemos
en esta dirección, que sumemos esfuerzos, que aprovechemos este viento saludable que nos aportan las tecnologías y que trabajemos en pro de nuestra justicia poniendo al servicio de nuestros profesionales las mejores herramientas para que puedan
hacer su trabajo en las mejores condiciones.


Aunque dé un salto un tanto asistemático, me voy inmediatamente a la petición de comparecencia solicitada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana y Unidos Podemos en relación con la situación del expediente de extradición del
ciudadano Hamza Yalçin, de origen turco y de nacionalidad

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sueca. Como seguro que también es de interés de todos ustedes, daré algún detalle de otro expediente de extradición que en este momento tenemos, que es el del ciudadano Dogan Akhanli, también de origen turco pero de nacionalidad alemana,
sobre cuyo caso los medios de comunicación se han hecho eco durante estos días. Ambos casos son objeto de sendos expedientes de extradición, si bien la situación procesal de ambas personas es bien distinta por decisiones estrictamente judiciales.
El señor Yalçin se encuentra hoy en prisión provisional, mientras que el señor Akhanli está en libertad condicional. Se trata en ambos casos de decisiones judiciales de la Audiencia Nacional, en las que, como podrán entender perfectamente, no cabe
intervención alguna por parte del Gobierno.


El marco regulador, señorías, de estos asuntos por los que se han interesado está en el Convenio Europeo de Extradición, hecho en París el 13 de diciembre de 1957, y en la Ley 4/1985, de Extradición Pasiva. Con carácter general me gustaría
empezar diciendo que los expedientes de extradición, señorías, no son precisamente expedientes sencillos, no son muchas veces fáciles de seguir por su complejidad procedimental, sino que, como digo, suelen ser expedientes que tienen una alta
complejidad. Excepto en los casos en los que la persona reclamada se encuentre localizada en un país determinado -no es obligatorio porque un procedimiento de extradición puede venir por una orden internacional de detención o puede estar tramitado
en un país-, antes de que se inicie un procedimiento de extradición las autoridades competentes del país que requiere han de emitir una orden internacional de busca y captura difundida a través del sistema Interpol. Estamos ante un juez que
instruye una causa, que desconoce dónde se encuentra una persona que puede estar afectada por ese proceso y por tanto lo que requiere es que se localice a esa persona en paradero desconocido y manda una orden a través de Interpol. Se requiere a
Interpol y no a un país concreto porque, como digo, el juez instructor desconoce el paradero de la persona respecto de la cual quiere solicitar su extradición. El señor Yalçin fue detenido el pasado 3 agosto en Barcelona a resultas de una orden
internacional de detención expedida por el Tribunal Correccional de Ankara para el enjuiciamiento de delitos de formación y dirección de organización terrorista. El señor Yalçin, una vez detenido en función de esa orden internacional difundida a
través de Interpol, fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, como establece el artículo 8 de la Ley de Extradición Pasiva. La causa, por reparto, recayó en el Juzgado Central de Instrucción número dos y el titular del juzgado decretó el
ingreso del señor Yalçin en prisión provisional. Una vez más, una decisión judicial que estoy seguro que respetamos todos y respecto a la cual es evidente que no cabe intervención alguna por parte del Gobierno.


Tal y como establece el artículo 8.2 de la Ley de Extradición Pasiva, el país requirente de la extradición debe presentar en forma una solicitud de extradición, una vez localizada e identificada la persona solicitada, y para ello tiene
cuarenta días desde la fecha en que el juez ha tomado esa decisión. Si transcurrido este plazo no se presentase formalmente por el país requirente la solicitud de extradición, el Juzgado Central de Instrucción dejaría sin efecto la prisión
provisional en función de ese artículo 8.2. Si trasladamos esta previsión al caso del señor Yalçin, una vez detenido y decretada su prisión provisional, Turquía, en el plazo de cuarenta días, debe remitir la documentación extradicional que dé
sustento a su solicitud al Ministerio de Justicia por vía diplomática, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, en tanto que el Ministerio de Justicia es la autoridad central designada por España para la aplicación del Convenio Europeo de
Extradición que resulta de aplicación. La última hora de este asunto, señorías, es que ayer miércoles se recibió en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación esa documentación, la documentación extradicional, que ha pasado inmediatamente
a los servicios del Ministerio de Justicia y les aseguro que vamos a llevar a cabo el estudio de la documentación con la mayor celeridad y con el mayor rigor. Ese es el momento procesal en que nos encontramos, en esta situación está el
procedimiento.


A partir de ahora se abre una nueva fase y voy a exponer cuál es el procedimiento. Hay un plazo de hasta cuarenta días para dar tiempo a que el Ministerio de Justicia y el Gobierno de España se pronuncien sobre si procede o no procede dar
continuidad al procedimiento de extradición. Una vez que se ha presentado, como ayer sucedió, esa documentación lo que nos corresponde es determinar si se cumplen los requisitos formales establecidos en el Convenio Europeo de Extradición del que
Turquía y España son parte, así como también los requisitos que establece la Ley 4/1985, de Extradición Pasiva. No corresponde en esta fase, señorías, hacer valoraciones sobre los motivos o las circunstancias alegadas por las autoridades turcas,
sino comprobar si concurren los requisitos formales que establecen la legislación internacional y la legislación nacional. Si esa solicitud estuviese incompleta o tuviese aspectos poco concretos lo que sí podemos hacer desde el ministerio, cuando
lo hayamos estudiado, es proceder a pedir aclaraciones o ampliaciones de la documentación a las autoridades turcas. En el caso de que en la

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documentación que se ha presentado consten todos los elementos exigidos por la normativa, el ministerio analizará si concurren algunas de las causas para proceder a la denegación de la extradición, causas que están previstas tanto en la Ley
de Extradición Pasiva como en el Convenio Europeo de Extradición, y elevaremos una propuesta al Consejo de Ministros, que decidirá si se da continuidad al procedimiento de extradición que se desarrolla por la Audiencia Nacional. Llegados a este
punto, el Consejo de Ministros puede tomar dos decisiones: acordar la continuación del procedimiento o la no continuación del procedimiento. En ese último caso, en el caso de que el Consejo de Ministros acordase la no continuación del
procedimiento, deberemos fundamentar la decisión en alguna de las causas de denegación previstas en la Ley de Extradición Pasiva: la falta de la doble incriminación, la existencia de un delito de carácter militar, la prescripción del delito o el
reconocimiento de la condición de asilo del reclamado. Básicamente esas son las causas. Si concurriesen esas circunstancias y así lo apreciásemos, esta decisión del Consejo de Ministros será puesta en conocimiento de las autoridades turcas, según
el artículo 9.5 de la ley, y por lo tanto el reclamado sería puesto en libertad. Si, por el contrario, el Consejo de Ministros -cuando estudie el expediente adecuadamente, cosa que no ha sucedido todavía- acordase continuar el procedimiento,
daríamos traslado de la información a la Audiencia Nacional para que continúe el procedimiento judicial. La Audiencia Nacional, en ese caso, valorará y resolverá las cuestiones técnicas, procesales y penales y determinará la procedencia o no de la
extradición y remitirá su acuerdo al Gobierno. El Gobierno, una vez más, tendrá una doble alternativa, rechazar la propuesta de la Audiencia Nacional si es favorable -porque si la decisión de la Audiencia Nacional es favorable no es vinculante para
el Gobierno, que puede concederla o denegarla atendiendo a principios de reciprocidad, de seguridad, de orden público u otros intereses generales para España. Y si la Audiencia Nacional es desfavorable -ahí, sí- el Gobierno está vinculado y por lo
tanto deberá denegar la extradición. Eso es, señorías, lo que va a pasar, con esas alternativas y esos árboles de decisiones que se van abriendo.


Les voy a mencionar también muy brevemente -porque es un caso de estos mismos días y con muchas similitudes- el caso de Dogan Akhanli. El señor Akhanli fue detenido el pasado 19 de agosto en Granada en virtud de una orden internacional de
extradición emitida por las autoridades turcas. El 21 de agosto se recibió en el Ministerio de Justicia el auto del Juzgado Central de Instrucción número 4, en funciones de guardia, en el que hacía constar que al señor Akhanli se le había detenido
porque las autoridades turcas habían emitido una orden internacional de extradición con el fin de solicitar un enjuiciamiento por la comisión de un delito de pertenencia a la organización terrorista THKP. El Juzgado central número 4 acordó la
libertad provisional del reclamado y la prohibición de su salida del territorio nacional, debiendo depositar su pasaporte. Ha ocurrido de manera distinta al caso anterior. En todo caso, este expediente del señor Akhanli está en la misma
tramitación, está en el plazo de los cuarenta días. Esas son las circunstancias en las que nos encontramos.


Esta es la información, señorías, de que disponemos. Como ven, estamos tramitando con la máxima celeridad los procedimientos. No estamos en este momento en fase de hacer un juicio de valor porque estamos estudiando la documentación que
ayer se presentó por las autoridades turcas ante el Ministerio de Justicia, por cauces de Ministerio de Asuntos Exteriores.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra en primer lugar, como ya les había adelantado, la señora Capella, por Esquerra Republicana.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia, presidenta.


Señoras y señores diputados, señor ministro, en primer lugar quiero agradecer a los grupos parlamentarios su generosidad y avanzarle al ministro que no estaré para escuchar como me responde porque, a pesar de mi apellido y las connotaciones
religiosas o místicas que puede tener, no tengo el don de la ubicuidad y no podré estar aquí y en la Comisión de Hacienda interpelando al ministro Montoro. Por tanto, disculpe que no esté presente. En todo caso, por los medios que pone el Congreso
a disposición de los diputados seguiré su intervención en diferido.


Tiene usted razón cuando anunció al inicio de su intervención que esta legislatura se está convirtiendo en la legislatura de las comparecencias, especialmente de algunos ministros, entre ellos usted y el ministro Montoro, pero básicamente
usted por los distintos avatares por los que ha discurrido su ministerio en estos tiempos. Es verdad, que hoy ha sido a propuesta de usted, pero también a propuesta de los grupos parlamentarios y no por capricho de las diputadas y los diputados,
sino que obedece a motivos y razones

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de peso suficientes para que usted tenga que comparecer ante las Cortes, un 31 de agosto, en este caso ante la Comisión de Justicia. Comparece por dos cuestiones básicas: Lexnet, este sistema de comunicación que abogados, procuradores y
administraciones utilizan para comunicarse con los órganos judiciales, y la extradición del señor Yalçin y la que también nos apuntaba usted del señor Akhanli.


En relación con Lexnet, es el sistema que el Gobierno del Reino de España, el Ministerio de Justicia escogió para modernizar, tecnificar, digitalizar y establecer un sistema de comunicaciones propio del siglo XXI que fuese rápido, seguro,
eficaz, eficiente, certero, transparente, etcétera, para la Administración de Justicia. Esto encajaría con esta primera valoración que hacía usted en abstracto y que podría compartir, en abstracto. Necesitamos todo esto que decíamos, modernizar,
tecnificar, digitalizar, hacer rápida, segura y certera la Administración de Justicia. Es verdad que existen resistencias, menos de las que aparentemente se anuncian, pero seguramente las resistencias tienen que ver en gran medida con el
desconocimiento de cómo funcionan los sistemas operativos y obviamente porque no hay nada que no sea vulnerable -usted lo ha apuntado en algún momento de su intervención-. No solo hay una resistencia a los cambios, pero en Esquerra Republicana no
tenemos ningún problema con los cambios -si quiere le hablo del tema que no les gusta-. En todo caso, desde nuestro punto de vista, no existe ningún tipo de resistencia a los cambios, a la implantación de las nuevas tecnologías y comunicaciones a
la Administración de Justicia, al expediente electrónico y cumplir con aquel desiderátum del llamado papel cero, de obligado cumplimiento desde enero de 2016. -Por cierto, en el tiempo que llevamos desde este mandato, si no me equivoco en alguna de
las cifras, se ha duplicado el gasto en papel-. Por tanto, tiene que ver con la desconfianza en el propio sistema, que hace que la gente continúe trabajando con papel al mismo tiempo que con los sistemas informatizados y digitalizados. A través de
este sistema se presentan demandas, contestaciones a las demandas, se notifican sentencias, documentos de prueba, etcétera. Así pues, esto que usted nos apuntaba en abstracto -que yo creo que todos los que estamos aquí presentes y unos cuantos más
compartimos- con relación a la eficacia, a la certeza, a la seguridad, etcétera, es evidente que, por desgracia, o al menos aparentemente -por eso está usted aquí, para explicarlo- no ha sido así. La certeza, la eficacia, la eficiencia y la
seguridad la predicamos y la queremos porque el sistema de comunicación debe ser necesariamente seguro y fiable porque maneja datos muy sensibles de las personas, datos personales, datos que forman parte de un procedimiento judicial: direcciones,
números de cuentas corrientes, documentos nacionales de identidad, documentos privados, documentos públicos, informes médicos, periciales, etcétera. Por eso debe ser certero, debe ser seguro, debe ser fiable, etcétera.


Es verdad que estamos todos de acuerdo en la comparación que usted hace con el sistema existente -los legajos, los expedientes por los suelos, la posibilidad de que alguien se pueda llevar un documento-, es decir, ese no es un modelo de
nada. Yo creo que produce vergüenza ver en oficinas judiciales los papeles por el suelo y en la mesa del funcionario expedientes a la vista de todo el mundo, de todas las personas que entran en la oficina judicial. Ahora bien, estará de acuerdo
conmigo -al menos en alguna parte debe estar de acuerdo conmigo- en que este sistema de comunicación prácticamente desde el primer momento ha tenido serios problemas o disfunciones. Además es público y notorio porque en esta Comisión algunos grupos
parlamentarios, como Ciudadanos, se han cansado de presentar proposiciones no de ley planteando esta cuestión e incluso la suspensión, si no estoy errada, y usted ha sido objeto de control por la oposición en preguntas parlamentarias.


Por tanto, una primera conclusión. Para Esquerra Republicana Lexnet es una chapucilla, una chapuza que, en definitiva, no responde a una Administración o no debería ser el ejemplo de una Administración de Justicia que funcione con todas las
garantías y con todas las seguridades para las partes y el objeto que tiene la Administración de Justicia. Son ya más de 7 millones de euros gastados. No creería que sea una gran cantidad -alguien se escandalizará- si hubiese funcionado bien, el
problema es que es mucho dinero para el resultado que nos está dando. Seguramente esto es lo que le obliga a usted a hacer el anuncio de esta nueva inversión de 60 millones de euros. Permítame que le insista en este asunto, aunque ya sé que usted
ha dicho que no es posible, porque esto es una barbaridad -no lo ha dicho con estas palabras, pero yo me he sentido así interpelada-; Lexnet no ha funcionado y, a criterio de Esquerra Republicana, su fallo seguramente puede traer consigo
vulneración de la Ley de Protección de Datos, lo que debe comportar responsabilidades que de momento nadie ha asumido. Usted ha dicho que se dio traslado a la Agencia de Protección de Datos -por cierto, Esquerra Republicana ha pedido también que la
directora de esta agencia comparezca-, pero mi grupo parlamentario continúa pensando que el fallo generalizado de Lexnet pone de manifiesto la vulnerabilidad de la separación de poderes de España.

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Usted ha dicho que no, pero lo pone en entredicho, y yo continúo afirmando que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la separación de poderes, porque es un sistema totalmente centralizado en el Ministerio de Justicia. Usted luego me dirá
que no, que si la nube y que si el no sé qué. En definitiva, en este momento la inmensa mayoría de los ciudadanos y una gran parte de los operadores jurídicos tienen esta percepción, y Esquerra Republicana también.


Yo le haré preguntas directas que usted ya ha contestado, se ha anticipado, pero yo insistiré en ellas porque considero que algunas no han quedado suficientemente aclaradas. Usted nos ha determinado en qué periodo de tiempo ha fallado el
sistema, el 27 de julio y el 31 de julio. Con sus más y con sus menos todos tenemos anécdotas personales, compañeros, procuradores o abogados que nos enviaban mensajes y nos iban contando las desgracias que les ocurrieron el 27 y el 31, incluso
colapsándose el sistema, seguramente porque todos querían acceder el 31 de julio para presentar lo que tocaba presentar en el último plazo posible. ¿Mañana tenemos la garantía de que el sistema funcionará sin ningún tipo de fallo? Ya sé que usted
me dirá que esto no me lo puede contestar porque el sistema no es infalible pero, en todo caso, antes ha venido a decir que están preparados para que no falle. ¿Existió o no existió filtración de documentos? ¿Existió la filtración de estos 11 000
documentos? ¿En qué consistieron estas filtraciones? ¿Existieron o no existieron filtraciones de documentos internos del Ministerio de Justicia? Algún medio de comunicación hablaba del código fuente de Lexnet al descubierto. ¿Estos eran
documentos internos del ministerio, de la intranet del ministerio o las certificaciones digitales? Me ha parecido entender que usted antes decía que lo que se filtró era material obsoleto o era información obsoleta. Pero se filtró ¿Qué
trascendencia tiene para el propio Ministerio de Justicia? ¿La arquitectura técnica del sistema que conecta juzgados, tribunales, fiscalías, oficinas del Registro Civil y los institutos de medicina legal de España es o no es vulnerable? ¿Hubo
archivos abiertos, sí o no? Si estos archivos estuvieron abiertos y fueron vulnerables, ¿sabemos de quién? Informes médicos, forenses, autopsias, documentos de expedientes judiciales, etcétera. Usted también ha dicho que no era posible. ¿Era
posible que cualquier funcionario de la Administración de Justicia pudiese acceder a los expedientes de cualquier otro juzgado que no fuera el suyo? Imposible no era, porque usted nos lo ha avanzado: más de cuarenta y pico intentos de acceso a
expedientes por parte de colegiados o profesionales del mundo del derecho. ¿Era imposible que abogados accedieran a carpetas que no eran suyas? Usted nos ha dicho que era un periplo muy complicado, pero ¿era o no era imposible? En cuanto a la a
vulnerabilidad del sistema, ¿Usted considera que es vulnerable o no? ¿Es posible que alguno de los documentos o alguno de los expedientes sea manipulado? Usted nos ha dicho que se denunció a algún hacker. ¿Hubo más de un hacker que accedió al
sistema Lexnet, y cuántas veces? ¿El Ministerio de Justicia conocía estas vulnerabilidades, estos caminos abiertos para el acceso a Lexnet? Usted ha contestado a algunas de las preguntas, pero insisto en ellas porque no me ha quedado demasiado
claro.


En relación a este tema, hay algo que nos parece importante para las comunidades autónomas, el destino de los 6 millones de euros que el Ministerio de Justicia ha aprobado para que inviertan en modernización tecnológica, básicamente para
financiar la transición a un sistema de gestión procesal común. A Cataluña le tocan 1 220 000 euros. Es una cifra pequeña, una infrafinanciación en atención a la envergadura de la digitalización, a la ratio por habitante, a los procedimientos
judiciales, al número de juzgados, etcétera. ¿Qué hará en relación con el sistema procesal común? ¿Qué información dará usted a las comunidades autónomas para adherirse a este proyecto?


Entro de lleno en la extradición. Inicio mi intervención refiriéndome a la extradición del señor Yalçin y del señor Alkhandi. Dos eurodiputados de Esquerra Republicana han hecho una petición a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo,
petición que está en relación con una respuesta común de los Estados miembros sobre la gestión de peticiones de extradición desde terceros Estados, como es el caso que hoy nos ocupa de ambas personas, que además tienen la doble nacionalidad, una de
ellas la sueca y la turca y, la otra, la turca y la alemana. El Consejo de Europa a principios de este año denunció el abuso que hacían algunos Estados del sistema -usted se ha referido antes al sistema de notificación roja de Interpol para
perseguir delitos, pero yo lo ligo a lo que denunciaba el Consejo de Europa- para perseguir a opositores políticos más allá de sus fronteras, lo que comporta vulneración de derechos fundamentales. En caso de concederse la extradición, lo que hoy
analizamos aquí, es decir, ya salto dos pasos más allá, sería un mal precedente, como lo es que Turquía dé curso a peticiones de extradición de esta manera. Usted nos ha relatado muy bien cuál es el procedimiento a seguir en una cuestión de
extradición, qué papel juega la Audiencia Nacional, qué papel juega el Gobierno del Reino de España. Como representantes políticos, en este caso desde Esquerra Republicana, solicitamos que el Gobierno del Reino de España no

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pase por alto un elemento que debe estar en el manejo de la consideración de los hechos que concurren en cada uno de los casos concretos, que no es otro que Turquía haya suspendido el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que, por tanto,
resulte más que improbable, desde la visión de esta representante política y por la formación que tiene, que se pueda garantizar un juicio justo a las personas cuya extradición se pretende, que es uno de los elementos que en un Estado de derecho
debe primar. Primero, el respeto a los derechos humanos y, segundo, que en el caso de la extradición la persona que deba ser extraditada tenga garantizado un juicio justo. Esto viene a colación por lo que ha sucedido en Turquía: en julio de 2016
se intentó el golpe de Estado; hay 176 medios de comunicación que han sido cerrados; han sido detenidos 231 periodistas; más de 150 están en prisión; casi 10 000 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han sido despedidos,
etcétera. Por tanto, hay un primer análisis que a nadie se le escapa. Un Estado de derecho como lo concebimos desde las democracias occidentales, en estos momentos no se puede predicar de Turquía, al menos Esquerra Republicana lo denuncia y así lo
plantea.


Le voy a hacer unas cuantas preguntas, y acabaré así mi intervención. ¿El Gobierno del Estado español ha mediado o ha mantenido algún tipo de comunicación diplomática con Suecia y con Alemania, considerando que estamos hablando de dos
personas que son nacionales de dichos países europeos, una de ellas, por cierto, en su momento asilado político? ¿Ustedes han mediado con el Gobierno de Erdogan en relación con estos dos temas? Después de estas detenciones llevadas a cabo por su
Gobierno siguiendo las órdenes turcas, nos preguntamos si el Gobierno del Reino de España condena la vulneración de los derechos fundamentales que se está llevando a cabo por el Gobierno turco. -Ese es el análisis rápido que le hacía al inicio de
la intervención-. La pregunta final, y acabo, es cómo piensan intervenir ustedes para que con su decisión prevalezca el respeto al Estado de derecho y se garantice el cumplimiento de los derechos humanos en Turquía.


Gracias, y siento tener que ausentarme.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Ahora tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, el señor Rallo. Le pido que se vayan ajustando a los tiempos y, en aquellos casos en los que los grupos vayan a compartir su tiempo, sean capaces de dividirlo entre
los compañeros y no tenga que advertirles. Gracias.


El señor RALLO LOMBARTE: Muchas gracias, presidenta. En todo caso, imploro su flexibilidad, porque el ministro nos ha regalado una intervención que se ha prolongado una hora y tres cuartos, aproximadamente, y creo que quince minutos
compartidos entre dos portavoces es un tiempo escaso. Pero vamos a intentar hacer ese esfuerzo para formular nuestras observaciones a la comparecencia del ministro, que por cortesía agradecemos, pero que aunque formalmente sea una comparecencia
que, entre otras cosas, tiene la condición de petición propia, es gracias a la Diputación Permanente de esta Cámara y a los grupos que han votado a favor de la misma, la razón por la que hoy se celebra, después de un clamoroso silencio del ministro
sobre este asunto a lo largo del último mes.


Los hechos del 27 de julio solo le merecieron a su ministerio una respuesta pública a través de una breve nota de prensa el 28 de julio, a pesar de que resultaba bastante obvio la existencia de una alarma, no sé si social pero sí de la
sociedad jurídica, por la brecha de seguridad que se había producido en Internet. Es evidente que para el ministro esa alarma no existía, que no se trataba de un hecho relevante, que era una exageración más de los grupos, como hoy ha dicho, ruido
innecesario, como argumentó el señor Barreda en la Diputación Permanente, alarmas innecesarias, una realidad virtual, una serpiente de verano, demagogia fácil. Su actitud, ministro, demuestra que con ese silencio de este mes y con su intervención
de hoy no solo es un ministro reprobado por esta Cámara, sino un ministro desganado -se le nota-, diría más, indolente e incluso amortizado. El tono de su intervención así lo evidencia. Lo que queremos decirle es que hasta que llegue su cese debe
asumir y ejercer el cargo con la dignidad y responsabilidad que corresponde y encarar los problemas que tiene la justicia española. La cuestión de Lexnet es un problema mayúsculo, aunque no le guste el sustantivo, un caos continuado.


Voy a hablar del último episodio, ya que no es un tema menor: la vulnerabilidad de la seguridad de Lexnet evidenciada el pasado 27 de julio. Desgraciadamente, ya se ha apuntado -usted además también ha hecho énfasis en ello- que hay
antecedentes remotos y cercanos. Desde su inicio han sido continuos y graves los problemas de funcionamiento: lentitud, colapso periódico, sobrecarga. Llama la atención, de verdad, la indolencia con la que nos anuncia que posiblemente mañana -por
qué no- pueda volver a existir otro colapso y otra caída de Lexnet. Todo el mundo se ha quejado, la abogacía ha planteado reiteradamente sus quejas a su ministerio. En 2016 el Consejo Fiscal cuestionó incluso la viabilidad de las

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instrucciones por los problemas causados por Lexnet. La Agencia Española de Protección de Datos ha instruido ya diversos expedientes que han tenido y tienen como protagonista a Lexnet. Fíjese, la última resolución de la agencia es del 14
de julio de este año, es decir, trece días antes de la fatídica fecha del 27 de julio, y usted hoy aquí proclama que hoy gracias a Lexnet la justicia es más segura.


No se trata de un episodio, como usted lo ha calificado, de hechos meramente aislados o de meras deficiencias técnicas. Esto no es un fallo técnico, es un fallo gravísimo e inadmisible en la seguridad de esta plataforma, porque
potencialmente se han puesto en riesgo los contenidos de archivos judiciales, claro que sí, ¿o es que a través de esas comunicaciones electrónicas circulan entre los operadores jurídicos poesías u otro tipo de contenidos? Es decir, ¿a quién quiere
hacer creer usted otra cosa? Claro que se han puesto en riesgo contenidos sensibles: el acceso a más de 160 000 carpetas de usuarios.


Llama la atención y resulta bastante lamentable que este fallo sea descubierto por uno de esos operadores jurídicos, que lo ha denunciado él mismo, que se lo comunique al ministerio -según nos han informado- y que el ministerio ni le
conteste; él hace público, a través de Twitter esta situación, y hoy usted se lanza en picado y se ensaña contra el mensajero. Es realmente llamativa la situación, en lugar de haber reaccionado en tiempo y forma y haber contestado a la persona en
cuestión.


Usted, ministro, tiene que dar más explicaciones de las que hoy ha dado, porque hoy, de los setenta y cinco minutos que teóricamente ha dedicado a Lexnet -espero que esto se corrija durante el poco tiempo que pueda quedarle como ministro- ha
invertido sesenta en lo que podríamos llamar antecedentes lejanos, remotos y cercanos, y quince minutos escasos -por lo demás, bien difusos- al contenido que hoy le convocaba aquí. Usted debe contestar a todas las preguntas que se le han formulado
y también a las que les formularon los diputados de este grupo parlamentario el pasado 27 de julio, y que hoy no ha contestado suficientemente. Usted debe responder a lo siguiente: ¿Qué dimensión y características ha tenido este fallo de
seguridad? ¿Cuál ha sido el volumen de información sensible expuesta a accesos indebidos? ¿En qué otras ocasiones se han detectado brechas de seguridad, y desde luego, qué actuaciones piensa adoptar ese ministerio para devolver la tranquilidad a
los usuarios de verdad?


Ministro, hay que dar explicaciones, y devolver la tranquilidad a los usuarios porque no es un tema menor. Usted también ha querido devaluar la trascendencia de determinadas preocupaciones reales referidas a determinados casos y supuestos,
por ejemplo, el caso del fallecimiento de la niña de Valladolid que no fue objeto de las correspondientes actuaciones de investigación judiciales, a pesar de haber unos atestados bastante tiempo atrás. Existe una verdadera preocupación y además
dudas -no ruido simplemente-, sobre si este fallo pudo afectar a las comunicaciones entre órganos judiciales. Es bastante inaudita la convicción con la que usted -su ministerio- zanja la situación respecto de la inexistencia de alguna situación
preocupante que pueda derivarse de los hechos del 27 de julio. Es bastante inaudito haberle oído proclamar alto y claro que aquí no ha habido ningún perjuicio, ningún efecto, que no se ha producido ningún hecho reprochable y, en consecuencia, que
no hay que solicitar ningún tipo de responsabilidad. Es realmente inaudito.


Usted ha relatado aquí el catálogo de las medidas de seguridad que inspiran el funcionamiento de Lexnet. Si todas ellas funcionan tan bien, ¿por qué ha pasado lo que ha pasado? Siento decirle que sus respuestas no resultan nada
convincentes. Nosotros nos las tomamos a beneficio de inventario, fundamentalmente por dos motivos: por desconfianza y porque también hemos detectado algunas lagunas clamorosas en su intervención, que no es la suya sino la que le han preparado los
técnicos. La confusión entre el concepto de URL y dirección de protocolo de Internet, que es la primera página del manual en estas cosas, nos deja bastante espantados. Por tanto, vamos a tomárnoslo a beneficio de inventario y vamos a esperar a lo
que pueda tener y tenga valor, que son los resultados de la inspección que ha iniciado tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Agencia Española de Protección de Datos, porque los hechos son graves. Pero, además de esta inspección
concreta y singular respecto de la brecha de seguridad del 27 de julio en general -y le pedimos que también en relación con el caso de la niña fallecida en Valladolid-, este ministerio debería impulsar no esas auditorías periódicas que exige el
manual, sino una auditoría general sobre la seguridad en Internet.


El Consejo General de la Abogacía le ha exigido que se depuren responsabilidades. El Consejo General del Poder Judicial ha iniciado diligencias informativas. Por cierto, algo tendrán que ver los jueces con Lexnet, a pesar de que usted les
niegue cualquier riesgo a los contenidos y al protagonismo de los órganos judiciales, como ha hecho en su intervención. Porque, si no, el Consejo General del Poder Judicial no habría abierto diligencias informativas por esta brecha de seguridad y
por la potencial vulneración de la normativa de protección de datos.

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Señor ministro, ustedes han perdido bastante el sentido de la realidad. ¿Sabe usted cómo se publicita Lexnet en su página web? Dice: Lexnet es una plataforma de intercambio seguro de información. Lexnet se ha convertido en un instrumento
de trabajo seguro -se anuncian 52 000 usuarios y, por cierto, usted ahora los ha multiplicado hasta llegar a 230 000-, 3500 órganos judiciales...


La señora PRESIDENTA: Señor Rallo, lleva consumidos once minutos.


El señor RALLO LOMBARTE: Lo sé, pero si mi compañero de grupo me otorga algún minuto más, termino mi intervención, presidenta. (Risas).


En cuanto a la seguridad, claro que la clave es la seguridad. La seguridad es la condición para garantizar confianza. El éxito de un sistema como Lexnet depende de la confianza del usuario, y desgraciadamente la confianza en Lexnet está
bajo mínimos, ministro -como la suya, y lamento tener que decirlo-. Usted ya sabe que no cuenta con la confianza de esta Cámara y que los conejos que suele sacarse de la chistera ya no engañan a nadie. Ahora anuncia una inversión de 55 millones en
mejoras informáticas. Pues bien, bienvenido sea cualquier euro invertido en la justicia, siempre que sirva para garantizar la modernización de la justicia y sea invertido de forma eficiente. Lo evidente es que los 11 millones de euros invertidos
hasta la fecha en Lexnet demuestran la ineficacia del Partido Popular en la inversión de estos medios.


Concluyo, presidenta, diciéndole al ministro que al reprobarlo, el pasado 26 de mayo, esta Cámara le dijo a usted que era un mal político, y hoy lamentablemente el tema que nos ocupa evidencia que usted es además un mal gestor.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


El señor CAMPO MORENO: Señora presidenta, ¿de cuántos minutos dispongo?


La señora PRESIDENTA: De dos minutos y medio, por la generosidad que advertí al portavoz que tendría porque es cierto que la intervención del ministro ha sido muy larga.


El señor CAMPO MORENO: Por eso espero que por lo menos la Presidencia me otorgue cuatro minutos para intentar igualar al ministro en su intervención, que le ha dedicado siete minutos a un tema que me parece de especial importancia. Dos
cuestiones eran las que le traían aquí: hablar de la posible extradición del escritor turco-sueco y las gestiones que se han podido realizar con las autoridades suecas al respecto. Decía el otro día en la Diputación Permanente que no esperaba
mucho de la comparecencia, pero realmente mis peores augurios se han cumplido, y creo que se han superado. No se moleste, señor ministro; le doy las gracias por lo que nos ha contado de lo que nos ha contado, pero en estos siete minutos nos ha
dicho muy poco y sobre las relaciones, conversaciones y diálogos con las autoridades suecas no nos ha dicho absolutamente nada. El tema no es pequeño. Nos gustaría saber qué gestiones se han hecho con estas autoridades suecas. Díganos si se ha
dicho algo, si se ha hecho algo, porque le aseguro que no es una cuestión baladí. Su importancia radica en la propia doctrina sentada por los tribunales europeos. Usted sabe que la gran sala se reunió el 6 de septiembre del año pasado, de 2016, y
la conclusión a la que podemos llegar de esa doctrina es que no podría extraditarse al periodista a Turquía sin el acuerdo de Suecia. Me encantaría repasar la sentencia porque creo que hace una reinterpretación de los artículos 18 y 21 del TFUE
altamente interesantes, pero en suma vienen a decir que no es posible, sin contar con las autoridades suecas dada la condición de nacional de ese país, proceder a la extradición. En este caso -y me centro únicamente en este punto- la autoridad
competente del Estado miembro requerido -es decir, España- debe basarse para concederla en elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados. Nada nos ha dicho el señor ministro sobre este particular; se ha limitado a contarnos el
procedimiento, ni siquiera los principios inspiradores de la Ley de 1985 que sustituye a la de 1958. Y le digo que esto es importantísimo porque ahí es donde reside precisamente el concepto de soberanía nacional, que es lo que modula el concepto de
la extradición en el siglo XXI, por lo menos en nuestro país. No se esconda en los jueces. No, señor ministro, porque el artículo 6 le permite incluso saltarse la resolución de los jueces cuando las razones esgrimidas en dicho artículo así lo
permiten.


El segundo tema del que le quería hablar constituye el meollo de la cuestión, es decir, queremos saber si estamos en condiciones de garantizar que esta persona puede ser extraditada a Turquía para un juicio justo, y las sospechas no las
tiene mi grupo parlamentario sino toda la comunidad internacional. Hamza Yalçin, con nacionalidad sueca -insisto-, preocupa a la canciller Angela Merkel, a la que también

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preocupa el otro ciudadano alemán, también de origen turco; al canciller de Austria, que ha pedido hablar largo y tendido con el presidente Rajoy sobre este particular porque no se fían de Turquía, que tiene, desde el fallido golpe de
Estado del año 2016, en suspenso la Convención Europea de Derechos Humanos y, por tanto, también su artículo 19, es decir, las manifestaciones de derechos fundamentales, entre las que está la libertad de expresión. Los propios dirigentes de
Interpol ponen de manifiesto que hay muchos problemas que hay que abordar -las alertas rojas, el concepto de arraigo, etcétera-, pero para limitar esos problemas habrá otros foros. Lo que queremos es que nos diga -es lo que esperábamos de usted-
qué piensa proponer en esa deliberación del Consejo de Ministros sobre el particular, porque desde luego nosotros estamos altamente preocupados, por no hablar de los organismos internacionales en defensa de los derechos fundamentales. Creemos que
la respuesta del Estado español debe ser un acto de soberanía como miembro de un colectivo y de un club como es la Unión Europea, donde se están reflejando todas estas cuestiones. Las últimas declaraciones han sido del presidente de la Comisión,
Juncker, que establecía el gran problema que está suponiendo, para perseguir a adversarios políticos, el juego de Interpol. Efectivamente, enviar a organismos internacionales fuerzas policiales para que otros países detengan y así liberarse de los
adversarios políticos, desde luego no nos hace grande como sociedad y nos debería preocupar mucho porque Turquía estaba llamando a nuestras puertas y el propio Juncker ya dijo que no deberíamos permitirlo a un país que está cuestionando nuevamente
la incorporación de la pena de muerte y que está realizando persecuciones y purgas -permítame la expresión- en toda clase de colectivos, disidentes o que tienen el pensamiento como un mecanismo de actuación, porque esas acciones están permitiendo
acabar con el adversario político. Desde luego, la Europa que queremos no puede prestarse a ello y nuestro país tampoco. ¿Por qué no se le detuvo en Grecia? ¿Por qué no se le detuvo en Italia? ¿Por qué hemos tenido que ser nosotros? En la
medida en que esa detención se ha producido -esa orden está ahí-, nadie va a cuestionar las actuaciones judiciales -ya habrá tiempo de modificar los mecanismos-, pero le pedimos -como un acto de soberanía que es- que nos diga qué va a proponer el
Ministerio de Justicia en esa deliberación digan lo que digan los tribunales. En todo caso, aunque digan que es admisible continuar -agradezco que nos haya recordado el procedimiento, pero lo conocemos-, lo que nos interesa es el acto de poder
político que está en sus manos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campo.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pita.


La señora PITA CÁRDENES: Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas.


Señor Catalá, efectivamente esta es la tercera vez que comparece en lo que va de año ante esta Comisión a instancias, entre otros, de mi grupo parlamentario. No voy a recordar las anteriores comparecencias porque las tenemos todos en la
mente, pero da una idea de la pésima calidad de su gestión al frente de uno de los ministerios cruciales para el correcto funcionamiento del Estado social, democrático y de derecho. Sigue usted al frente de este importante ministerio, a pesar de
ser el primer ministro en activo reprobado en la historia democrática de nuestro país. Esto debía haberle llevado a asumir responsabilidades políticas y dimitir o por lo menos a que lo cesaran. Sería lo lógico y lo coherente en una democracia que
se precie. Desgraciadamente, usted y su partido han convertido nuestra democracia en una anomalía. Que usted continúe hoy aquí es solo una muestra de ello y del absoluto desprecio e incoherencia con que el Partido Popular se maneja al frente de
nuestras instituciones.


Hoy tenemos una prueba más de su nefasta gestión, un capítulo más de la tenebrosa serie Lexnet. Todos los operadores jurídicos, señor Catalá -y usted lo sabe-, sin excepción, han criticado durante estos años las disfunciones, los errores,
las chapuzas llevadas a cabo con esta herramienta, y no porque no se quiera la modernización digital, como usted ha insinuado en su intervención, sino porque la arquitectura de Lexnet resulta deficiente en el día a día, señor ministro. La prueba
está en los fallos del sistema, cuelgues constantes, actualizaciones imposibles. El hecho de que usted haya querido abordar de una manera -permítame que se lo diga así- simplista el tema más grave, es porque esta herramienta continúa en manos del
Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial, con lo que se sigue atentando contra el sistema de separación de poderes. Solo faltaría que ustedes no tuvieran que proveer de medios al Poder Judicial, por supuesto; pero una cosa es proveer y otra cosa es
controlar la gestión de la base de datos. Lo que pasó el día 27 de julio fue un fallo de seguridad de la plataforma, de manera que cualquiera de esos miles de usuarios de Lexnet pudo visualizar datos personales o fiscales de cualquier ciudadano o

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ciudadana -no me lo niegue porque lo dicen los propios operadores- con algún tipo de proceso judicial en marcha. Se pudieron descubrir, por ejemplo, datos sobre violencia machista, datos bancarios o antecedentes penales. El problema no es
que esa ventana estuviera abierta ni el tiempo en que lo estuvo -dos o tres horas o si lo atajaron a las cuatro de la tarde-, el problema es que esa ventana exista, señor ministro, que se pueda acceder a esa base de datos. Ese es el problema. Por
eso, vulneran y atentan ustedes contra la separación de poderes. Eso debe estar controlado por el Poder Judicial y no por ustedes.


Permítame que le diga que ha venido usted a vendernos durante más de una hora un producto, pero en cualquier caso y para que no se nos acuse de no hablar del tema, ha dicho usted que se ha cuadriplicado la inversión, y en el Consejo de
Ministros de agosto casualmente -usted dice que no tiene relación- aprobaron una nueva aportación millonaria, una inversión de más de 55 millones, según dice el boletín del Consejo de Ministros, en mejoras informáticas en el ámbito de la
Administración de Justicia. Vamos a entrar en detalle. Dice ese boletín que 36 de esos 55 millones van para infraestructuras, es decir, para servidores. Está claro que Lexnet tiene ciertas deficiencias también en cuanto, cómo no, a la capacidad,
pero el problema real no es ese -y se lo han dicho a usted los técnicos reiteradas veces-, el problema real es que Lexnet es un software antiguo, con tecnología obsoleta y con nula capacidad para facilitar la vida del usuario y, lo que es más grave,
el ministerio no cuenta con el personal suficiente para atender las miles de incidencias que ese desastroso software arrastra. El informe Reina de este año, de 2017, dice varias cosas de Justicia pero hay dos que concretamente me interesan.
Primero, que Justicia es el segundo ministerio con servidores más nuevos, señor ministro -¿y 36 millones más para servidores?- y, segundo y más importante, que la ratio de personal TIC, es decir, personal de tecnología de la información y
comunicación en relación con el resto de personal de justicia es de -escúcheme por favor- 0,19 %. ¿Y usted nos habla de revolución tecnológica, de trasformación tecnológica, de confiar en la tecnología, con un 0,19 % de personal técnico para esto?
A todo esto tenemos que sumar también que la Administración General del Estado, la AGE, se gastó el año pasado, el año 2016, 70 millones de euros en servidores, almacenamiento, hardware de seguridad. Usted nos dice, a través del Consejo de
Ministros de finales de agosto, que de aquí a fin de año nos vamos a gastar la mitad de lo que se gastó toda la Administración General del Estado en el año 2016. ¿Qué va hacer con esos nuevos equipamientos, señor Catalá, con el escaso personal que
a día de hoy tiene en justicia? ¿Nos puede garantizar que esos servidores no van a acabar en un rincón apagados y sin utilizar? En la AGE, y usted lo sabe, hay una Secretaría General de Administración Digital que dirige de cierta manera esa
política de las TIC. ¿Se le ha preguntado si puede ofrecer estos servicios? ¿No sería mejor invertir en un único centro de datos o varios en toda la Administración General del Estado para consolidar esos equipos de TIC? ¿Es responsable y
eficiente que cada ministerio vaya gastando lo que vaya improvisando? Nosotros sí que estamos por la digitalización y sí queremos inversión pero donde se debe invertir. Necesitamos con urgencia, lo dicen todos los técnicos, un plan creíble para
solucionar los problemas actuales y estructurales que tenemos y, sobre todo, dotarnos de los medios humanos a todos los niveles. Nos falta personal TIC dedicado a esa digitalización de la justicia, y usted lo sabe. Nos falta más personal de
gestión de cambio, dedicado a dar charlas, a estudiar las necesidades a plasmar las aplicaciones. En definitiva, nos falta más organización.


Señor Catalá, los valores que debe ameritar un representante público con unas responsabilidades como las suyas son, desde nuestro punto de vista, los que, efectivamente, le faltan a usted como ministro, el talento y la honradez. Quizá sea
mucho pedir a un partido cuya relación con la justicia puede cuantificarse en casi un millar de investigados y que se basa en filtraciones de información reservada y en destrucción de pruebas a martillazos, pero se lo voy a explicar en términos que
usted y los suyos nos entiendan bien. El déficit económico, social y político que está dejando como representante de la justicia en España es, sencillamente, inasumible y nos ha metido ya en ese agujero negro en el que su partido ha convertido
cualquier Administración pública. La opacidad, la falta de escrúpulos, la corrupción, el absolutismo con el que ustedes se manejan son incompatibles con el correcto funcionamiento de nuestra democracia. Por eso le pedimos por enésima vez que se
marche, que asuma sus responsabilidades y que dimita como ministro, señor Catalá; créalo, nuestro país no le merece.


La señora PRESIDENTA: Señor Moya, continúe con la intervención de su grupo parlamentario.


El señor MOYA MATAS: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenos días, señor ministro. No le vamos a negar una parte de la razón en su excesivamente breve exposición sobre el asunto del ciudadano turco-sueco Yalçin respecto a que no es el momento ni el escenario para criticar evidentemente las
actuaciones judiciales. Es cierto, tenemos a dos periodistas de

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origen turco con doble nacionalidad detenidos en el Estado español, uno de ellos, el señor Yalçin, privado de libertad e ingresado en la cárcel de Brians, y el otro, el señor Akhanli, en su momento fue detenido pero goza de libertad
provisional. La diferenciada entre uno y otro es la mala suerte, la mala suerte de que el caso del señor Yalçin ha sido conocido por el magistrado Ismael Moreno, el mismo magistrado que en su momento se hizo famoso por los casos bochornosos de los
titiriteros andaluces o la detención del regidor de Vic, Joan Coma. Por otro lado, el magistrado Andreu ha puesto en libertad provisional a Akhanli. Este es el estado procesal de ambos pero en lo que tenemos que entrar es en qué va a hacer el
Gobierno de España y qué va hacer su ministerio con esta petición de extradición que nos acaba de anunciar que ha llegado aquí. Este grupo quiere estar convencido de que la decisión va a ser la de denegación de esta petición de extradición.


En su exposición respecto al tema Lexnet, como ya es habitual en sus intervenciones, nos ha dado un baño de cifras. Señor ministro, a usted le encantan las cifras, pues ahí estamos, le vamos a dar un baño de cifras para establecer un boceto
sobre la situación de los derechos humanos, de la libertad de prensa y de la libertad de expresión en Turquía. Señor ministro, desde julio de 2016: 177 medios de comunicación cerrados, 231 periodistas detenidos, 178 periodistas a día de hoy en
prisión pendientes de juicio, 10 000 periodistas despedidos, 778 tarjetas de acreditación de periodistas retiradas, más de 35 periodistas detenidos en un solo día en Turquía -el 10 de agosto de 2016-, 100 000 trabajadores despedidos dentro de la
Administración pública y 50 000 detenciones. Ese es el estado en cifras de la situación de la libertad de expresión y de la libertad del ejercicio político en el Estado turco. Señor ministro, a usted también le encantan los rankings, así que vamos
a los rankings. La ONG Reporteros Sin Fronteras nos sitúa a Turquía en el lugar 155 de una lista de 180 en el ranking de libertad de expresión. Ese es el mapa a día de hoy del Estado turco, Estado que forma parte del Consejo de Europa y al cual,
como bien sabe, es aplicable el Convenio Europeo de Extradición, que es el referente en este caso. Como también sabe y lo han dicho anteriores intervinientes, el Estado turco ha suspendido la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y
eso le sitúa desde el Consejo de Europa en régimen de vigilancia.


Decimos que estamos convencidos de que el Gobierno denegará la concesión de la extradición, por un lado, por cuestiones de forma, lo ha dicho el señor Campo en su intervención. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su
jurisprudencia establece el requerimiento de la autorización de los países cuya nacionalidad tengan las personas cuya extradición se pretenda. Consta la oposición por parte del Gobierno alemán en el caso Akhanli con las manifestaciones tanto de la
presidenta del Gobierno, la señora Merkel, como de la oposición, el señor Schulz, que se han mostrado escandalizados por la detención del señor Akhanli. También consta la preocupación del Gobierno sueco por la situación del señor Yalçin. Por
cierto, en aplicación del Convenio Europeo de Extradición, desde el 22 de agosto podría estar en libertad, puesto que como establece dicho convenio, si pasados dieciocho días desde la detención no hubiera llegado la petición de extradición podría
ser puesto en libertad, cosa que el magistrado Moreno ha obviado y lo mantiene en situación de privación de libertad. Señor ministro, el propio artículo 3 de dicho Convenio Europeo de Extradición dice literalmente que no se concederá la extradición
si el delito por el cual se solicita es considerado por la parte requerida como delito político. Repasando la carrera del señor Yalçin y también del señor Akhanli vemos que sí, que son ciertamente incómodos -por decirlo de una manera suave- para el
Gobierno de Erdogan por su reivindicación de una auténtica democratización de Turquía, y en el caso del señor Akhanli como defensor de la memoria del genocidio armenio, que a día de hoy sigue siendo, un siglo después, un tabú para el Estado turco.
Sencillamente, la defensa de los derechos humanos e incluso de la integridad de los señores Yalçin y Akhanli debería llevarnos a negar la concesión de esta extradición. El mismo artículo 3 dice que se podrá denegar la extradición cuando la parte
requerida tuviera razones fundadas para creer que la solicitud está motivada en la persecución o castigo de una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas; dicho sea de paso, el señor Yalçin pertenece a la
minoría kurda, que está siendo continuamente represaliada desde el Gobierno del señor Erdogan.


Por tanto, nos mantenemos absolutamente convencidos de que la decisión del Gobierno del Reino de España va a ser la denegación de dicha extradición. En caso contrario, nos deberán explicar, por ejemplo, ese agravio comparativo con el trato
de la querella argentina, de la querella de la magistrada María Servini, la cual solicitó la extradición de ocho exministros franquistas por el caso de la matanza de Vitoria y el Gobierno español la denegó. Además vemos que no solo no han sido
extraditados sino que, recientemente, uno de estos exministros ha sido condecorado, con bochorno al menos por parte de nuestro grupo, por el Congreso de los Diputados. Esta diferencia de trato debería ser explicada. También

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nos debería explicar qué complicidad existe entre el Gobierno de Erdogan y el Gobierno de Rajoy. Todavía recordamos las imágenes del año 2014 cuando el propio presidente Rajoy fue a Turquía a hacerse fotografías al lado del presidente
Erdogan en una campaña electoral. ¿Qué complicidad puede haber para que pase por encima estos intereses estratégicos internacionales sobre la defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión, etcétera? Por último, si se diera el caso
de la extradición -que, insisto, confiamos en que no se va a dar-, ¿qué imagen proyectamos de la marca España en cuanto a la defensa de derechos humanos después de destruir la jurisdicción universal? Sabe que hemos presentado y está en trámite una
modificación de la jurisdicción universal para conseguir que vuelva a ser algo real en el Estado español. Pues bien, después de que el Gobierno del Partido Popular se cargase la jurisdicción universal, si encima se realizan estas arbitrariedades en
materia de extradición, francamente la imagen de la marca España como referente internacional va a quedar peor todavía de donde se sitúa hoy. Estamos convencidos de que el Gobierno de España no va a ser un cómplice en la represión de Erdogan hacia
el camino de establecer el Estado turco como una auténtica autocracia. Insisto, estamos convencidos -no podemos pensar lo contrario- de que dicha extradición va a ser absolutamente negada.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Moya, por ajustarse al tiempo indicado.


A continuación, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señora presidenta.


Buenos días, señor ministro, buenos días, señorías. Señor Catalá, gracias por comparecer. Reconozco que hoy sí nos ha dado usted profusas explicaciones, aunque lógicamente no podemos compartirlas todas, al menos en su totalidad.


Respecto a la primera parte de su intervención, cuando se ha referido a ese proyecto de transformación tecnológica, usted sabe que mi grupo es colaborador activo de ese proyecto, así lo recogimos en nuestro acuerdo de investidura; lo
llamábamos entonces Plan de modernización de la justicia y lo dotábamos con 500 millones a ejecutar en toda la legislatura. Así que en este aspecto le voy a formular una única pregunta, le voy a preguntar por ese plan para unificar los sistemas de
gestión procesal, en concreto por el grado de colaboración o de interés que haya podido usted constatar o testar en esa reunión de la conferencia sectorial del pasado día 26, el grado de colaboración entre las distintas comunidades autónomas. Nos
sería de mucho interés conocer esto. Ya le anticipo que nuestro grupo es absolutamente colaborador y partidario de lograr ese objetivo. También sería interesante que usted estuviera en condición de hacernos alguna previsión de desarrollo y de
financiación de dicho plan.


En cuanto a Lexnet, señor ministro, llueve sobre mojado, es cierto que necesitamos un Lexnet, que necesitamos una herramienta de notificaciones y de presentación de escritos, pero este Lexnet no funciona bien, así lo prueba el constante
parcheo al que se ve sometido tratando de solucionar los graves problemas que tiene. Los que saben de informática dicen que son problemas estructurales y de diseño y, por tanto, de difícil solución. He leído por ahí que hasta veintitrés parches en
un año y medio; ni siquiera un programa on line de juego recibe tantas actualizaciones, señor ministro. En cuanto a los problemas, se lo vienen advirtiendo desde hace años los funcionarios, los profesionales y no les acabamos de hacer caso.
Permítame que se lo diga, creo que ni los funcionarios ni los profesionales obtienen ningún rédito político cuando advierten de los fallos que presenta este sistema; en pocas cuestiones relativas a la justicia habrá tanto consenso. Decimos que
llueve sobre mojado porque el pasado septiembre de 2016, hace ya un año, nuestro grupo registraba preguntas a su Gobierno sobre los fallos generalizados en Lexnet ocurridos el 1 de septiembre y a los que usted se ha referido. Recibimos una
respuesta de cuatro folios para decir que las sobrecargas del sistema son imposibles de prever dada la incorporación de nuevos colectivos como usuarios del mismo. Pero sí me parece muy interesante un párrafo de la respuesta recibida que me van a
permitir que lea y comparta pues tiene mucho que ver con el motivo de su comparecencia hoy. Cito: 'en primer lugar, se subraya que para garantizar la seguridad, la aplicación del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad permite asegurar
el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos utilizados en las representaciones y en las comunicaciones y notificaciones electrónicas'. Es decir, el 21 de diciembre de 2016, fecha
de su respuesta, su ministerio garantizaba la seguridad, la integridad y la confidencialidad de los datos del sistema a través de este esquema. ¿Qué ha sucedido entonces? ¿Quién es el autor de este esquema judicial de interoperabilidad y
seguridad? ¿Quién lo gestiona? ¿Quién va a asumir la responsabilidad por

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sus fallos? El fallo de seguridad vertido por compañeros abogados el pasado 27 de julio -digo que llueve sobre mojado- nos pilló registrando preguntas sobre los nuevos problemas que ocasionaba la versión 4.10 de Lexnet, en concreto sobre la
obligatoriedad de incluir a los representantes legales y su NIF en el apartado de intervinientes; suma y sigue. En la práctica esto significaba que vía programación se roba la competencia a nuestros juzgados y tribunales para apreciar los
requisitos de admisión de una demanda o de un escrito, y así lo poníamos de manifiesto en nuestras preguntas. Y es que su Gobierno, señor Catalá, en concreto su predecesor -no le vamos a echar la culpa a usted-, además de convertir a los
profesionales en recaudadores de impuestos con la Ley de tasas -seguimos esperando por cierto a que den cumplimiento a la sentencia del Constitucional y a la iniciativa aprobada en este Congreso-, aprovechando la obligatoriedad del papel cero los ha
convertido también en estadísticos del ministerio. Usted dice que no realizan estadísticas, pero me extraña. Los profesionales tienen que rellenar innumerables campos y desplegables de datos haciendo interminable la presentación de cualquier
escrito, y entiendo que para que luego alguien le dé a un botón y se obtenga una estadística acerca de esos datos que se hacen constar en esos campos y desplegables. Esta no es la función de los usuarios de Lexnet, señor ministro. ¿Por qué no
prueban a quitarles unos cuantos de esos campos, unos cuantos de esos desplegables? A lo mejor así conseguimos que vaya un poquito más rápido y que funcione un poquito mejor.


En cuanto a los fallos de seguridad vertidos, tenemos algunas preguntas. Usted le ha restado importancia pero, ¿no cree que es grave que con el sencillo truco de cambiar la ID de usuario en la URL se pueda suplantar la personalidad de otro
usuario del sistema? ¿No cree que recopilando notificaciones y presentaciones de escritos, traslados de escritos entre procuradores, recopilando esas notificaciones y esos escritos que llevan aparejados y adjuntos documentos se puede reconstruir
parcialmente un expediente judicial? En cuanto al joven estudiante de veinte años que detectó la vulnerabilidad del sistema, detectó, según manifiesta él, un servidor abierto sin contraseña con una gran cantidad de información sensible. ¿Es cierto
que este joven avisó a la cuenta Twitter de Justicia, así como al responsable técnico de Lexnet, don José Luis Hernández Carrión, y que estos no contactaron con él? ¿De verdad que el único contacto que han tenido con él ha sido denunciarle ante la
Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía judicial? ¿No cree que habría sido más fácil intentar hablar con él, conocer el alcance de su descubrimiento, conocer sus intenciones y a lo mejor y solo tal vez darle las gracias por haberlo
descubierto? En fin, nos sorprende que amenace usted con medidas disciplinarias, incluso con acciones legales a estas personas, a los compañeros abogados y a este chico, cuando en otros países precisamente se premia lo contrario, se premia a
aquellos que descubren vulnerabilidades del sistema relacionados con la Administración, se realizan incluso concursos o pruebas y se premia a los que descubren estas vulnerabilidades. ¿No cree que sería una buena política la colaboración con los
llamados hackers éticos? Usted ha dicho que realizan auditorías. ¿Cómo las realizan? Y en concreto, ¿quién va a asumir la responsabilidad por esas auditorías que no han tenido como fruto el descubrimiento de estos fallos que sí se han descubierto
de manera externa? Otra pregunta, ¿tiene usted noticia de cómo va el pleito que Ecuador interpuso contra Indra por el fiasco de Lexnet que les vendieron? Nos preocupa que además de lo que nos va a costar nuestro propio Lexnet tengamos que pagar
del bolsillo de los españoles las indemnizaciones a Ecuador a través de Indra que, se lo recuerdo, está participada por el SEPI por el mal funcionamiento de ese Lexnet que Indra vendió a Ecuador.


Señor ministro, al Grupo Parlamentario Ciudadanos nos importa mucho la justicia. Queremos que las herramientas tecnológicas de la Administración de Justicia funcionen bien, por eso hacemos proposiciones en positivo, como las partidas
presupuestarias que usted sabe que hemos negociado para que pueda llevar a cabo ese plan de modernización tecnológica, como las mejoras concretas y factibles de Lexnet que propusimos en una PNL que aprobó esta Comisión o como la reforma de la
Fiscalía General del Estado, que pretende fortalecer la independencia de nuestro Poder Judicial. Por ello, tengo que pedirle que amplíe sus explicaciones y que dé respuesta en su segunda intervención a las preguntas que le han formulado los
portavoces. En concreto, le pido que nos aclare si alguien va a asumir la responsabilidad que debe derivarse por estos fallos, que han sido advertidos de manera externa y no por las propias auditorías del ministerio. Tenemos que pedirle igualmente
que cambie un poco la política tecnológica del Ministerio de Justicia. En concreto, respecto a Lexnet, usted se ha referido a su informe, que yo tengo aquí. Haga caso a su propio informe. Este informe titulado Plan de mejora Lexnet, cuestiones
más relevantes es una forma eufemística de llamar a los trece graves problemas que el informe identifica y que usted conoce desde hace más de un año y no se ha preocupado de solucionar debidamente. Ha dicho

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que ha implementado las veintitrés medidas que contiene el informe; no es del todo cierto. Permítame que le diga que, en cuanto al punto cuarto, pérdida de información cuando se cuelga, es cierto que se ha implementado un buzón borrador,
pero solo para presentar después lo que se graba ahora. El problema sigue existiendo. Si el sistema se cuelga hay que volver a la casilla de salida, hay que volver a grabar los datos y hay que volver a adjuntar todos los documentos. Pero lo peor
sería que, implementadas las veintitrés medidas o soluciones que propone el informe, sigamos constatando que Lexnet presenta fallos. Esto sería la evidencia de que tales medidas no han dado el resultado esperado y los problemas continúan estando
vigentes.


Hasta aquí mi intervención. Quedo a la espera de sus respuestas y cedo, sin más, la palabra a mi compañero.


El señor MAURA BARANDIARÁN: Gracias.


Señorías, señor ministro, ha dedicado su señoría breves palabras, todas ellas dedicadas a explicar el perfil jurídico que tiene al asunto de la posible extradición de dos disidentes de origen turco, pero no ha hecho ninguna referencia a la
situación de los derechos humanos en Turquía ni a la conculcación por parte del régimen de Erdogan de las libertades democráticas en ese país, especialmente desde hace un año cuando se produjo un intento de golpe de Estado en ese país. Nuestro
grupo parlamentario se ha preocupado, dirigiendo más de una decena de preguntas al Gobierno, en relación con la situación de deterioro de los derechos humanos en Turquía y este diputado que le habla llegó incluso a tener una reunión con el embajador
de Turquía en España en relación con la detención, a nuestro juicio no justificada, arbitraria por tanto, del director de Amnistía Internacional en Turquía, don Taner Kiliç.


En el curso de estas preguntas nos hemos preocupado especialmente de la situación de la libertad de expresión en Turquía, y nos interesa especialmente en el caso de los disidentes de origen turco una entrevista que le hacía el diario El País
a uno de ellos, al escritor Dogan Akhanli, el día 26 de este mismo mes de agosto, en la que este decía: 'España actúa como si Turquía fuera una democracia'. Decía: 'No entiendo por qué las autoridades españolas cooperan tan rápidamente con los
requerimientos del Estado turco. España debe tener claro que este país usa los acuerdos internacionales de lucha contra la criminalidad contra su oposición'. Y continuaba diciendo: 'Quien conozca España piensa que es un país democrático. Piensa
que va a tener en cuenta si un país actúa de forma arbitraria y ha dejado de ser un Estado de derecho. Por eso me asombra que España atienda tan rápidamente los requerimientos de Turquía, como si fuera una democracia. No puede ser casualidad que
ocurra lo mismo con dos personas al mismo tiempo'.


Parece evidente, señor ministro, en especial -insisto- a partir del golpe de Estado de hace un año, que el Gobierno de Erdogan está practicando una conculcación consciente y predeterminada de los derechos humanos, de modo singular en materia
de libertad de expresión, a través de la aplicación de la legislación antiterrorista al ámbito de la crítica y de la disidencia políticas. Sin perjuicio de que los dos casos se encuentran en la situación que el ministro nos ha relatado y que el
Gobierno solo deberá autorizar, en su caso, la extradición cuando resuelvan los tribunales, esta no es una cuestión solamente jurídica, sino política. Aun más, diría que se trata de un previo a la política, se refiere a los derechos humanos, a la
libertad de expresión, y España, señor ministro, usted lo sabe perfectamente, quiere formar parte ahora del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por tanto, debiera aplicarse de una manera todavía más consciente y con preocupación en este
asunto.


Mi pregunta es doble. Primera: ¿es consciente el Gobierno de la más que posible utilización torticera del régimen de Erdogan del procedimiento de Interpol para la persecución de disidentes políticos? Y la que se desprende de esta primera:
¿El Gobierno está ayudando, a pesar de ello, de manera consciente a Turquía en esas prácticas represivas? Preguntado de otra manera: ¿Por qué colabora la policía española con Turquía cuando no lo hacen lo servicios de seguridad de otros países de
la Unión Europea?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Maura.


A continuación, ahora sí, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta y muchas gracias, ministro, por su comparecencia y explicaciones.


Dos asuntos han motivado la reunión de esta Comisión de Justicia con carácter extraordinario fuera del periodo de sesiones, los dos temas que se han venido tratando tanto por el ministro como por los

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distintos portavoces: una quiebra en el sistema de correo electrónico securizado para notificaciones, comunicaciones y presentación de escritos, en los dos sentidos, de los juzgados y de los profesionales de la justicia -abogados,
procuradores y graduados sociales-, y el asunto de los dos ciudadanos europeos, que a su vez tienen nacionalidad turca, turco-sueco y turco-alemán, Hamza Yalçin y Dogan Akhanli.


Empezaré por este último asunto porque estoy bastante en línea con lo que ha señalado el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Por ser breve, diré que esta comparecencia estaba pedida para manifestar la gran alarma social
que se había creado tanto a nivel internacional como dentro del Estado: internacionalmente -ya se ha señalado-, en los Gobiernos sueco, alemán, asociación de prensa internacional, etcétera, y dentro del Estado, en la mayoría de este Congreso,
partidos políticos, el otro día en la Diputación Permanente y en el Defensor del Pueblo. Ya el otro día se apuntó en la Diputación Permanente que no era solo una cuestión jurídica. Algún portavoz hizo un excursus contándonos cómo iba el proceso,
la aplicación de la normativa de extradición, bien del convenio o de la legislación española, y que hay dos fases regladas y una tercera que es un acto, digamos, de decisión política del Gobierno. Realmente estamos reclamando su presencia, dicho de
una manera clara, para saber por qué el Gobierno español no se pronuncia en iguales términos que se están pronunciando otros Gobiernos de la Unión, como el Gobierno sueco, el Gobierno alemán, o con comportamientos tácitos como los Gobiernos griego o
italiano, que no han detenido a ninguna de estas personas; sin embargo, cuando llegan a España se les detiene, en concreto a Hamza Yalçin, el ciudadano turco-sueco. ¿Por qué no lanza ya el Gobierno un mensaje, lo cual no creo que suponga ninguna
intromisión respecto al Poder Judicial, de cuál va a ser su comportamiento si tiene la menor sospecha de que lo que se está persiguiendo es la libertad de expresión y la libertad de opinión por parte Turquía, manipulando de una manera torticera a
Interpol? Esto es precisamente lo que ha dicho la canciller alemana respecto a uno de estos casos en concreto, no como manifestación genérica. Hay que tener en cuenta que Turquía ha suspendido el Convenio de Derechos Humanos, que es uno de los que
con mayor eficacia protege la libertad de expresión. Solo le pedimos eso al Gobierno, que se manifieste políticamente y que dé un aviso en el mismo sentido que lo han hecho el Gobierno sueco y el Gobierno alemán, lo cual no supone ninguna
intromisión en el Poder Judicial. Se trata simplemente de decir que vamos a estar con la libertad de expresión y con la libertad de opinión, y si se ve la más mínima manipulación por parte de Turquía y de sus tribunales de los derechos de estos dos
ciudadanos -por cierto, ciudadanos europeos-, al margen de la aplicación de la jurisprudencia de los tribunales europeos respecto a la participación de los países europeos de estos ciudadanos con doble nacionalidad, establecer cuál va a ser la
actitud del Gobierno, y no estar esperando, digamos, embozado a ver qué pasa. Simplemente pedimos eso, una llamada de atención y una defensa cautelar de la libertad de expresión y de la libertad de opinión de dos ciudadanos europeos, sin perjuicio
de lo que tenga que ir decidiendo la Audiencia Nacional en el caso de que pasen el trámite de la comprobación de los requisitos formales. En este sentido, creo que usted no ha dado satisfacción a esta cuestión, porque en concreto nos ha dicho que
no cabe intervención alguna por parte del Gobierno y que por ahora no podemos hacer ningún juicio de valor. Claro que podemos hacer un juicio de valor. Hay países y Gobiernos de la Unión que ya lo han hecho, y eso es lo que se está reclamando,
nada más.


La segunda cuestión -que era la primera en el orden en que se han tratado- es la brecha de seguridad en la subparte Lexnet, dentro de toda la panoplia de justicia digital. Para no alargar más la comparecencia no voy a repetir cosas que ya
se han dicho, pero sí quiero referirme a algunas expresiones suyas al final de su intervención sobre que hay que comportarse con cierta prudencia y mesura, algo que yo aplicaría también al uso del tiempo en las intervenciones. Pero, como digo, no
voy a repetir las cuestiones a las que se han referido el resto de portavoces -parte de las cuales suscribo y parte no-, pero sí hay una cuestión que me gustaría que quedara clara, porque creo que cambia la percepción del asunto.


Tengo que decir que no tengo una visión tan ácida de este asunto como han manifestado en algunos pasajes algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero sí creo que hay una cuestión importante. El incidente
detectado -por referirme al mismo de una manera neutral; no quiero que se vean connotaciones por el uso de la palabra incidente-, ¿supuso, por lo que usted ha dicho, un uso fraudulento, dado que se produjo el acceso desde un perfil a otro perfil
conocido por el primero de una manera incorrecta, sin conocimiento y manipulando el sistema, o realmente, como hay informaciones al respecto y también relataba el portavoz de Ciudadanos, fue un estudiante de ingeniería, no un operador jurídico
habilitado, el que accede porque encuentra un boquete? Creo que esto cambia totalmente la percepción. Si realmente se trata de una manipulación, ha habido un fallo en el sistema pero

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se puede decir que se ha producido una acción positiva de un agente autorizado para, aprovechándose de su condición, manipular el sistema. No le quito hierro al asunto, pero es totalmente distinto que un estudiante de informática de una
manera -entre comillas- incidental se encuentre con un boquete. Cambia totalmente la percepción del asunto. Yo todavía no sé muy bien a qué versión atenerme. En principio doy credibilidad a la suya, pero me gustaría que respondiera a lo que le ha
planteado mi compañero el portavoz de Ciudadanos, porque entonces mi percepción del asunto sería distinta.


Quedo en espera de sus contestaciones, primero, sobre la posición política del Gobierno respecto a la extradición, porque, ¿a quién nos queremos parecer, a Alemania, a Suecia, a Austria, o queremos dar un cierto margen a Turquía? Y respecto
a la otra cuestión para mí es determinante que nos aclare cómo se detecta esa quiebra en el sistema.


Muchas gracias, presidenta; muchas gracias, señor ministro.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Legarda, por la buena gestión en el uso de su tiempo.


A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Ciuró.


La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta; gracias, señor ministro, por su comparecencia; buenos días, señorías.


Quiero empezar mi intervención, de entrada, lamentando una serie de hechos previos a la cuestión de Lexnet, que no es menor. Primero, lamento, señor ministro, que en una comparecencia de una hora y veintiún minutos exactamente solo haya
empleado la tercera parte de la misma a explicar qué, cómo, cuándo y qué garantías da el ministerio de que Lexnet funcione. A mí, señor ministro, me sorprende que en una crisis tan grave respecto a una herramienta informática en el siglo XXI, en la
era de la digitalización, una herramienta vital, imprescindible, importante y que todos queremos y tenemos la obligación de implementar con éxito -no nos da ningún miedo, señor ministro-, su ministerio -usted o la persona competente- no llevara a
cabo ninguna labor de información para tranquilizar durante todo el mes de agosto a los operadores jurídicos, que vieron cómo se zanjó la cuestión con una breve nota de prensa poco aclaratoria. Y hoy tampoco, señor ministro -al menos en opinión de
esta diputada-, ha dado la tranquilidad que yo esperaba de la comparecencia de todo un ministro de Justicia respecto a un Lexnetleaks, que es lo que ha supuesto esta filtración y este agujero en el sistema que debe regir las notificaciones entre los
operadores jurídicos en los juzgados españoles.


Señor ministro, comparto buena parte de las consideraciones que han hecho los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, pero además quiero añadir algo. Cuando uno interviene en último lugar, casi todo está dicho, pero hay
algo que quiero aportar a esta cuestión. Cuando se ponen al descubierto datos de los procesos judiciales, que son privados entre las partes -a los que, por tanto, nadie tiene acceso-, cuando ante esta vulnerabilidad datos que forman parte de
sumarios secretos salen a la luz, cuando toda esta vulnerabilidad se expone y, por tanto, derechos fundamentales, como el derecho a un proceso con todas las garantías, se ven conculcados, si yo fuese una abogada listilla, señor ministro, ahora mismo
estaría presentando incidentes de anulabilidad de aquellos expedientes judiciales que viese con peores tintes para mis representados; por ejemplo. Son cuestiones de riesgo cierto, cuestiones que ponen en entredicho el Estado de derecho y es la
tercera vez que usted comparece aquí y cada vez que ha venido lo ha hecho precisamente para intentar justificar que el Estado español efectivamente es un Estado de derecho; en cambio, no da satisfacción a las demandas y los hechos le desmienten de
forma sistemática: nombramientos dudosos al frente de puestos sensibles, como es el caso de la Fiscalía General del Estado, que a su vez nombra a personas afectas, digámoslo así, al Gobierno del Partido Popular para puestos sensibles o filtraciones
ahora en el correo securizado, las notificaciones, en definitiva las garantías que tienen que regir, que tienen que imperar entre la Administración de Justicia y los operadores jurídicos.


Claro que nos fiamos de la informática, por supuesto, compramos cada día y damos nuestros datos bancarios en un teléfono móvil muchísimas veces, pero su ministerio no ha sido capaz de dar explicaciones solventes durante todo el mes de agosto
para tranquilizar a los usuarios. Yo, sinceramente, me voy hoy de aquí un poco menos convencida de sus explicaciones. No me ha quedado claro si es cierto que un servidor del Ministerio de Justicia conectado a Internet podía estar sin contraseña y
que con un solo click se pudiera entrar al directorio del sistema. No entiendo muy bien lo que significa eso ni qué trascendencia puede llegar a tener de ser cierto, pero usted no me ha aclarado ninguna de las dos cosas. ¿Cuánto tiempo lleva
abierto a Internet el servidor del Ministerio de Justicia y para qué? ¿Por qué sigue estando así? ¿El mero hecho de que se haya podido entrar en carpetas ajenas no les alarma? A esta diputada sí.

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Nosotros en Cataluña -y usted lo sabe, señor ministro- tenemos un buen sistema que es e-Justícia. No ha habido ningún escándalo en relación con su manejo. Se han ido adaptando las cuestiones que iban surgiendo. Si nos hubiese pasado en
Cataluña una cuarta parte de lo que ha significado el Lexnetleaks, habríamos escuchado de todo los catalanes, como ya viene siendo habitual. ¿Qué piensa hacer el ministerio para dar tranquilidad mañana, 1 de septiembre, cuando empieza el curso
judicial, y que los operadores jurídicos confíen en el sistema Lexnet? Desde el Partit Demòcrata le pedimos dos cosas: primero, que pare la implementación de Lexnet hasta que esto esté perfectamente garantizado, que haga aplicaciones en juzgados
piloto y, segundo, que deje la tutela de Lexnet en otras manos, no en las del Ministerio de Justicia. Conviene apostar por la separación de poderes y a lo mejor alguien que no es un usuario principal de Lexnet, como es el Consejo General del Poder
Judicial, podría hacer una buena gestión de ello para dar más seguridad y transparencia a la cuestión.


En relación con los dos ciudadanos europeos con nacionalidad turca, por nuestra parte tenemos sospechas e indicios -también se ha dicho ya- de que tanto uno como otro, tanto el ciudadano sueco señor Yalçin -editor de una revista semanal
prokurda- como el señor Akhanli -de origen turco pero ciudadano alemán, crítico con el Gobierno de Erdogan y defensor de los derechos humanos- están hoy en día pendientes de ser extraditados como consecuencia de unas acusaciones genéricas emitidas
por el Gobierno de Erdogan contra las personas disidentes con su forma de ver y aplicar la democracia, esa seudodemocracia que rige en Turquía; son acusaciones hechas por un Estado que tiene, como se ha dicho, suspendida la aplicación de la Carta
de Derechos Humanos. Se trata objetivamente -es cierto- de dos opositores, dos críticos al régimen de Erdogan y el Estado español lo que hace es plegarse a sus peticiones, a las peticiones de este Estado seudodemocrático, y está analizando la
extradición de estas dos personas con criterios objetivos, como si España no tuviese la obligación de interpretar favorablemente la aplicación de los derechos humanos, como si el Estado español se pudiera permitir el lujo de aplicar criterios
objetivos, como ha dicho el ministro, para acordar o denegar la extradición de dos personas que, a nuestro parecer, están en esa situación porque son críticos como mínimo con el régimen que impera en Turquía. Le vuelvo a hacer una pregunta -ya se
la han hecho-, señor ministro, porque su ministerio en el Consejo de Ministros va a tener una voz importante a la hora de definir, de determinar si va a proceder la extradición o no cuando sea el momento oportuno; el Ministerio de Justicia, su
persona, tiene ahí una buena responsabilidad. ¿Va a apelar al Convenio de los Derechos Humanos? ¿Va a poner a España del lado de los países europeos y en la línea de las democracias avanzadas, o va a poner -a seguir poniendo, me atrevería a decir
como catalana independentista que soy- a España en la estela de un país seudodemocrático?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ciuró.


Para concluir el turno de los grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Barreda.


El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, quiero agradecerle muy especialmente su comparecencia en la mañana de hoy así como la información detallada e incluso prolija que nos ha dado sobre un tema que tiene mucho más de técnico que de político y que, sin embargo, se
ha querido utilizar como ariete político, cargando la complejidad técnica de toda clase de adjetivos, a menudo superlativos, al margen de la realidad. El Grupo Popular le agradece, pues, el ejercicio de transparencia y el rigor en la exposición,
que requiere, por cierto, estar en plena forma, si me permite decirlo así, a pesar de los términos muy inadecuados empleados por el Partido Socialista o por Unidos Podemos. Señorías, cuando se recurre al insulto a falta de argumentos, se ve la
talla de la calidad de su trabajo parlamentario y no otras cosas y, por lo tanto, les pediría que utilizasen otro lenguaje en los debates parlamentarios.


De lo visto y oído en la mañana de hoy, nosotros extraemos algunos datos que aportan claridad al debate de la transformación digital de la justicia y también alguna luz sobre las motivaciones de quienes hacen discursos catastrofistas de modo
permanente, hasta el último minuto, en el día de hoy. Señor ministro, nosotros sabemos, primero, que la apuesta por la transformación tecnológica de la justicia no es una ocurrencia del PP ni de este Gobierno, es una apuesta de los sucesivos
Gobiernos de España con mandato legal expreso desde la Ley 18/2011. Sabemos que se trata de un objetivo estratégico que ha alcanzado verdadero desarrollo e implantación con las decisiones adoptadas por el Gobierno del Partido Popular. Ha sido este
Gobierno, señorías, el que ha pasado de las palabras a los hechos. Y sabemos, en

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tercer lugar, que el proceso ha supuesto importantes esfuerzos de la Administración, de los profesionales y también de índole presupuestaria, pero los logros y avances son irrefutables, a pesar de las dificultades que ha habido que superar y
de los retos que persisten. En cuarto lugar, sabemos que el principal reto es ese sistema de gestión procesal común, y sería bueno conocer la posición y disposición de los diferentes grupos en relación con esta cuestión; algunos lo han dicho. Nos
ha parecido que Esquerra Republicana da por supuesto que seguirá habiendo un sistema de gestión procesal común, lo que nos congratula por cierto. En quinto lugar, sabemos que Lexnet ha sido un instrumento clave en la transformación digital de la
justicia, un instrumento consolidado, cerrado y seguro que contribuye a la agilidad, eficiencia y seguridad de nuestra justicia. En efecto -en sexto lugar-, hasta el pasado 26 de julio no se había producido ninguna incidencia de seguridad en
Lexnet. El defecto detectado en el control de acceso tuvo efectos limitados, fue subsanado esa misma tarde, complementado con una parada técnica más tarde en fin de semana y el servicio quedó plenamente restablecido de nuevo en la tarde del domingo
30 de julio. No sé por qué se habla de alarmas constantemente durante el mes de agosto, alarmas que yo no he visto en ningún momento.


Por tanto, señor ministro, aunque no hubiera razones de particular urgencia para esta comparecencia extraordinaria, sí ha permitido hacer balance hasta la fecha de un proceso complejo y restablecer la verdad frente a no pocos despropósitos,
que yo creo que era el elemento fundamental, la clave de esta comparecencia. Vivimos una revolución tecnológica que ha alcanzado a todos los ámbitos de la sociedad y nosotros creemos que la justicia no puede ser ajena a esa revolución. Esta era la
convicción de todos; ahora se piden paralizaciones, pero era la convicción de todos desde el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de 2001, que ya preveía un plan estratégico de nuevas tecnologías. La tecnología contribuye a la
preservación, a dar fe de las actuaciones judiciales, refuerza los principios de autenticidad, de certidumbre, de integridad y de confidencialidad, y en el Grupo Popular queremos creer, a pesar de algunos discursos, que estos siguen siendo objetivos
compartidos por todos o por una amplia mayoría de esta Cámara, porque lo cierto es que, a pesar del aval del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial o de la Agencia Estatal de Protección de Datos, hay actitudes que más
parecen buscar pretextos para el disenso y la ralentización que querer avanzar en la modernización de la justicia. Nos parece mentira que sea preciso -pero lo es, señor ministro- reiterar que la trasformación tecnológica no amenaza la división de
poderes ni vulnera la independencia judicial ni altera la distribución de competencias ni nos convierte en un Estado policial; otras cosas son mucho más preocupantes para la división de poderes, por ejemplo, el artículo 70 de la Ley de
transitoriedad que se quiere tramitar en Cataluña, que prevé un Poder Judicial gobernado de forma paritaria, en el que el 50 % serían miembros del Gobierno de Cataluña. Si eso no afecta a la independencia del Poder Judicial, que venga Dios y lo
vea.


Las teorías de la conspiración y las obsesiones o la irresponsabilidad de algunos no deberían encontrar eco en fuerzas políticas responsables, pero lo cierto es que la encuentran, y nosotros, el Grupo Popular, señor ministro, queremos
recordar que respaldamos al Gobierno de Mariano Rajoy cuando decidió que era preciso materializar objetivos, y lo hizo culminando la implantación de las comunicaciones electrónicas o implantando el expediente digital en todo el territorio
responsabilidad del ministerio en desarrollo de la Ley 18/2011, algo que no debería sorprender, por ejemplo, al Grupo Socialista. Sabemos que el desarrollo de Lexnet, con todo lo que se pueda mejorar, fue un elemento fundamental para avanzar en los
objetivos propuestos, que no eran otros, insisto, que los legalmente previstos. Se amplió su capacidad y se incorporaron múltiples mejoras funcionales a través de dieciocho versiones entre 2016 y 2017. Hay muchos otros instrumentos informáticos
que actualizan continuamente sus versiones, no sé por qué se sorprende alguien aquí de que un elemento en desarrollo como Lexnet tenga actualizaciones con frecuencia. Por supuesto, dificultades hubo, pero yo tengo que decir también que hubo palos
en la rueda; y, mientras llovían las críticas, lo que quedó inédito fueron las alternativas, cuál era la propuesta de quienes criticaban la actuación del Gobierno o los plazos de funcionamiento de Lexnet. ¿La propuesta era no hacer nada, era dejar
la letra muerta de la ley en el boletín oficial y no avanzar en la digitalización de la justicia? Esto solo hubiera agravado los problemas de la justicia ciertamente, pero quizá algunos consideran mejor ese escenario, que será peor para la justicia
y los ciudadanos, pero que sería mejor para una oposición facilona, irresponsable y carente de rigor como algunos practican. Alternativa, ninguna; descalificaciones, eso sí, a granel.


Señor ministro, algunos tienen mucho interés en distorsionar la realidad, y la realidad es que ha sido un Gobierno del Partido Popular el que ha logrado avanzar de modo significativo en la digitalización de la justicia. Ya se han dado las
cifras, como la actividad multiplicada por cuatro de Lexnet o el cien por cien

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de implantación del expediente digital para dentro de unos pocos meses en el territorio del ministerio. Todo esto se ha acreditado con hechos en la previsión presupuestaria; ese compromiso político ha tenido también un respaldo
presupuestario multiplicando por cuatro los fondos para nuevas tecnologías entre 2014 y 2017. Esas son realidades, esos son compromisos políticos y mandatos legales cumplidos por el Gobierno del PP.


Comprendo que el contraste con otros Gobiernos es muy grande, y la tentación de buscar los peros quizás sea irresistible para quienes legislaban y no desarrollaban, quienes tenían consensos y apoyos, pero no actuaban, y quienes contando con
presupuestos no sabían qué hacer con ellos. Nos hemos cansado en la pasada legislatura de oír al PSOE blasonar del presupuesto récord de 2011 en justicia, pero lo que nunca dijeron es la cantidad testimonial que ejecutaron de aquel presupuesto.
Hasta 2011 la distancia entre la modernización de la justicia y las demandas sociales crecía sin cesar, a pesar de los anuncios y de las normas no se avanzaba y hoy, con dificultades y con el esfuerzo de todos los implicados, hay que decir que la
transformación es palpable. Lo ha sido con el impulso, la determinación y el compromiso del Gobierno del Partido Popular. Por tanto, al oír algunos discursos tenemos derecho a preguntarnos qué cabe esperar de ciertas fuerzas políticas ante los
retos inmediatos. El ministro y el Gobierno trabajan por el acuerdo en particular en relación con un sistema de gestión procesal común. Desde el 26 de julio hay una propuesta sobre la mesa, y sería bueno el apoyo de fuerzas políticas -que,
efectivamente, podría ser determinante- para avanzar en ese terreno. Nosotros desearíamos que fijaran posición, y que, aparte de pedir comparecencias, pensemos en cómo primar el interés general, anteponer el interés de la justicia y no otras cosas
en esta materia. A veces se oyen discursos que parecen dictados por la empresa de la competencia en estas materias tecnológicas, discursos que más bien definen la posición de un director de ventas o de un agente comercial. Creemos que aquí se
trata de dar respuesta a una demanda general, fácil de comprender y a la que estorba todo lo que no sea pensar en el interés general.


Señor ministro, creemos que es imprescindible recordar -como ha hecho- qué es Lexnet. Hoy es quizás en nuestra Administración la mayor plataforma de intercambio seguro de información por cobertura y volumen de comunicaciones. Es un sistema
cerrado y seguro que ha aportado eficiencia y agilidad a la justicia española. Lexnet no es el caos ni el desastre ni una chapuza, como aquí se ha dicho. Sin Lexnet no hubiera sido posible pasar del boletín oficial a los hechos, de los anuncios a
la realidad, en poco más de una legislatura, en esa transformación digital de la justicia. De ahí quizás las descalificaciones, ya que no se acepta que ese progreso se produzca bajo un mandato del Partido Popular. Es un sistema que no se vio
afectado por los famosos ciberataques mundiales de hace algunos meses y en el que, efectivamente, se produjo un incidente de seguridad el 27 de julio.


El señor ministro ha detallado y limitado el alcance del defecto detectado ese día en el control de accesos del sistema, con motivo de la instalación de la última versión de Lexnet. Ha dejado claro los pasos ajenos necesarios a cualquier
uso ético del sistema para acceder por un profesional al buzón de otro profesional. Ha dejado claras las limitadas posibilidades de actuación aunque se accediese y ha dejado establecido el hecho de que el fallo quedó circunscrito a quienes acceden
a través de Internet, sin afectar, por tanto, a los sistemas, por ejemplo, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ha sido otra falsedad que ha corrido sin límite durante las últimas semanas. Ha quedado establecido que el fallo, con
su importancia, permitió a un número limitado y cualificado de usuarios acceder, tras una manipulación informática, a un número también limitado de documentos de otros profesionales. Se actuó con celeridad, como también se ha detallado. Esa misma
tarde una nueva revisión estaba ya en funcionamiento y, a falta de los datos definitivos, las comprobaciones efectuadas posteriormente dan la medida precisa y también limitada del fallo de seguridad del 27 de julio.


Mucho de lo visto y oído del 27 de julio tiene que ver con un descarado uso del doble rasero, por la oposición, para convertir un problema técnico en un escándalo de proporciones apocalípticas, que se ha querido apocalíptico. Cada vez que
intervienen sobre este asunto el lenguaje va a aumentando de grosor y de volumen. Esto habla de su falta de rigor y hace patente sus objetivos que, en ningún caso, parecen tener la mejora de la Administración de Justicia como referencia. Como se
ha dejado claro desde el 27 de julio, a través de Lexnet es imposible acceder a los expedientes judiciales electrónicos, es imposible, ya que cada documento forma parte de un expediente judicial. Seamos rigurosos, es imposible acceder a los
expedientes a través de Lexnet. Les pediría que eviten hacer caso a proclamas sin fundamento y a falsedades que son imprescindibles -eso sí- para dar relieve político a un incidente informático resuelto en pocas horas. Por fortuna los riesgos
potenciales, que también se han mencionado, no se materializaron

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ni los inventados o fabulados para obtener ganancias a río revuelto ni las insidias, por cierto, miserables. -Creo que ustedes deberían rectificar en esta misma sesión-. Las insidias como la relativa a un fallecimiento falsamente vinculado
con comunicaciones de Lexnet agotan hoy su recorrido al enfrentarse con el rigor y la claridad de la exposición del señor ministro. Todos sabemos que la catástrofe publicitada por la oposición parlamentaria solo existía en las redes sociales y en
algún escrito cargado de superlativos, y nada más. Me pregunto, ¿alguien rectificará o pedirá disculpas? Temo que no, señor ministro. Oyendo algunos discursos, también en la mañana de hoy, da la impresión de que Lexnet sufre problemas únicos en
su género.


Tengo la impresión de que otras administraciones sufren incidencias similares y nunca veo a sus señorías o a los partidos de sus señorías hablar en términos de catástrofe o haciendo valoraciones semejantes respecto de las mismas. Hay
ejemplos en el sector público para dar y tomar, se han mencionado algunos, pero hay muchos otros y no les cansaré. Desde diciembre de 2016 ha habido fallos en el Servicio Andaluz de Salud, en octubre de 2016 también en Educación en Andalucía, en
abril de 2017 en el IVAP del Gobierno vasco hubo un fallo durante veinticuatro horas, en mayo de 2017 hubo un fallo informático en el servidor del Instituto Catalán de Salud que afectó al 80 % de los ambulatorios, en mayo de 2017 doscientas
farmacias catalanas estuvieron veinticuatro horas sin poder expedir recetas electrónicas, en junio otro fallo informático impedía el acceso a la historia clínica de los pacientes en los hospitales de Mallorca o hace cuatro días, el 24 de agosto, un
sindicato en Jaén denunció la paralización de seis juzgados durante tres días por una avería informática. Todos estos casos tienen un elemento en común -estos y tantos más que se producen todos los días-, siempre que esto se produce hablan todos
ustedes de fallos o incidencias informáticas. Si es Lexnet donde se produce el fallo, se habla de caos, de catástrofe y de otras lindezas. A falta de daños reales se inventa de todo solo por lograr un desgaste político, como ha quedado acreditado
en la mañana de hoy. También a una oposición falaz cabe exigirle responsabilidades por sembrar alarmas, por difundir falsedades, por utilizar la insidia como instrumento político cuando la verdad no les gusta o por actuar de modo irresponsable.


Señor ministro, la transparencia era el compromiso y creemos que ha cumplido usted hasta el día de hoy y desde el 27 de julio haciendo honor a ese compromiso, pero el Grupo Parlamentario Popular todavía puede hacerse algunas preguntas. Por
ejemplo, si con los datos puestos hoy sobre la mesa, alguien tiene una cruzada personal o un interés personal en descalificar Lexnet. ¿Alguien ha hecho de eso un elemento personal, no sé si con proyección profesional o no? ¿Alguien tiene un
interés personal organizado o no entorno a la descalificación de Lexnet? Me pregunto por la ética y las verdaderas intenciones de, quienes descubierta la anomalía, se apresuran a hacerla pública en las redes sociales, con o sin aviso al ministerio,
pero se apresuran a hacerla pública en las redes sociales, que no es un comportamiento precisamente leal. Me pregunto por la ética de quienes pretendieron hacer uso indebido de ello después de descubierto el fallo, por mucho que fracasaran, por
cierto, en sus intentos, pero hay que preguntarse por la ética de esas personas. Me pregunto por la ética, las convicciones o los objetivos de quienes, desde la política, critican que se denuncie al hacker que el día 28 logró y difundió alguna
información no sensible y alardeó de ello en las redes sociales. Da la impresión de que algunos le harían un monumento en premio por violar las comunicaciones de otros sin que sepamos lo que pensarían si las comunicaciones violadas fueran las
suyas.


Por tanto, el Grupo Popular agradece una vez más el rigor, el detalle y el esfuerzo en los temas técnicos de la comparecencia del señor ministro. Nos alegramos del avance en la digitalización de la justicia en España. Nos alegramos también
del limitado alcance del defecto en el control de accesos de Lexnet y comprometemos nuestra voluntad para lograr nuevos y más amplios consensos en orden a completar la tarea emprendida. Nos hubiera gustado una actitud semejante en otros grupos,
esperamos que la alcancen en el futuro.


Si me permite, señora presidenta, le agradecería que me permitiera veinte segundos para hablar del segundo tema de la comparecencia, las extradiciones a Turquía. Agradecemos las explicaciones en cuanto a esas posibles extradiciones. Por
cierto, compartimos la preocupación de todos los grupos por los acontecimientos en Turquía, que se vienen sucediendo desde hace más de un año. En todo caso, parece difícil dar muchas más explicaciones en el estado actual de los procedimientos. No
nos parece que el señor ministro deba intervenir en asuntos judiciales o deba adelantarse al momento procesal oportuno, por dejarlo claro, ni que pueda hacer muchos pronunciamientos sin que haya finalizado el plazo para que Turquía solicite la
extradición o con la documentación apenas recibida. Sería bueno que la oposición conociera mejor los procedimientos, no confundiera plazos ni el sentido de cada acto administrativo o

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judicial -como pudimos comprobar en la Diputación Permanente-, que no pidiera explicaciones sobre un procedimiento de extradición que, en rigor, apenas ha sido iniciado por quien debe solicitarlo y, sobre todo, que no pretenda que se
adelanten decisiones. No sería riguroso adelantar decisiones, las que se puedan tomar, en relación con esas extradiciones.


Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Barreda.


A continuación, para contestar a los grupos parlamentarios tiene la palabra el ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Muchas gracias, señora presidenta.


Gracias, señorías, por sus comentarios y sus apuntes. No me voy a repetir, pues no quiero duplicar y alargar innecesariamente esta comparecencia, pero en mi primera intervención he intentado describir qué es el sistema de comunicaciones
electrónicas, Lexnet, los planes de seguridad, y he descrito minuciosamente los que tenemos en marcha, todas las actuaciones en materia de seguridad, pero también he reconocido que no hay ningún sistema cien por cien infalible, ningún sistema
absolutamente seguro, no ya en la Administración de Justicia o en la Administración pública, sino en el mundo actual. Seguiremos trabajando con todos los planes de seguridad, y por eso seguiremos invirtiendo en un presupuesto que, por cierto, ha
aprobado esta Cámara, o sea que son ustedes conocedores de cuáles son las dotaciones que se aprobaron en el presupuesto. Lo que estamos haciendo es gestionar; ojalá tengamos el año que viene el apoyo de los grupos parlamentarios para aprobar un
presupuesto que sea otra vez bueno para la justicia.


He intentado describir cómo ha evolucionado Lexnet, de dónde venimos, cuál ha sido la evolución histórica, cómo ha ido incrementando su capacidad tecnológica, su robustez y cómo los usuarios han ido reconociéndolo. Yo creo que, más allá de
las anécdotas -que yo también tengo muchas-, si somos capaces de hacer categorías y somos capaces de hacer análisis globales, reconoceremos -siendo justos- la utilidad y la satisfacción de los profesionales en términos generales. Insisto, más allá
de la anécdota del martes a las doce de la mañana, el balance general de 340 millones de comunicaciones electrónicas soportadas a través de esa herramienta, de un sistema, me parece que es suficientemente indicativo de su potencialidad, de su
capacidad y de su calidad.


La reducida existencia de incidentes también lo pone de manifiesto. Todos los sistemas tienen incidentes, los hay en todas las administraciones públicas; ustedes son Gobierno en muchas administraciones públicas y todas tienen incidencias,
como en los sistemas de salud o los sistemas educativos. Es decir, los sistemas de gestión de muchas administraciones públicas tienen incidentes y no por eso hay que descalificarlos, sino que hay que fortalecerlos, hay que reforzarlos y hay que
garantizarlos. Sí, señor Rallo, tenemos 235 000 usuarios. Incorporamos a toda la abogacía, todos ellos incorporados a través de Lexnet Justicia y, por tanto, es un sistema de alta utilización; hay veinte mil comunicaciones a la hora de media,
algo que demuestra su capacidad comparándolo con otros sistemas que gozan de mucho predicamento. Estoy seguro de que los demás también tienen errores, tienen problemas, y no por ello reciben este ataque como el que se ha producido a la reputación.
Yo creo que trabajar todos juntos para mejorar nuestra justicia es un objetivo muy bienvenido, y que asignar recursos presupuestarios para fortalecer las debilidades que tiene nuestra justicia es sin duda un objetivo muy bienvenido y compartido,
pero no generar un desprestigio sistemático y un discurso grandilocuente como el que se hizo y se sigue haciendo, porque yo he oído hablar hoy de una crisis gravísima y que se pone en riesgo el Estado de derecho y la tutela de derechos de los
ciudadanos. Bueno, cada cual tiene su legitimidad para decir lo que considere, pero yo creo que se ha hecho una magnífica herramienta desde el sector compartido con las comunidades autónomas. La gran mayoría lo quiere utilizar y a un coste
bajísimo, 3 céntimos de euros por cada comunicación, además es un sistema de mejoras continuas, y las veintitrés medidas están colgadas en la página web del ministerio. Es autocrítica, es reforzamiento de las capacidades del sistema, y seguro que
tendremos que seguir mañana, pasado y cada día mejorando el sistema, que es lo que hacemos a través de todos los planes que tenemos en marcha.


He tratado de identificar qué es lo que pasó y, en consecuencia, lo que no pasó; si no he sido capaz de aclararme y de describirlo suficientemente, lo lamento, señorías. Igualmente, he intentado hacer mucho hincapié en quién pudo entrar al
sistema: usuarios habilitados con firma electrónica, con certificado digital y con suplantación de personalidad; esos y no otros, señor Legarda, son los que pudieron entrar. Ha podido ser culpa mía, pero en mi exposición, cuando he explicado otro
proceso, una intromisión ilegítima de una persona, no me refería al Lexnet, sino a otros sistemas de gestión que eran obsoletos, abiertos y

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sin ninguna relevancia. No sé si yo he contribuido a confundir el problema de Lexnet con una intromisión ilegítima que no tuvo nada que ver con un hackeo ético, señorías. He leído qué es el hackeo ético, es aquel que busca la colaboración,
te avisa, te dice que tienes dificultades. La persona que accedió indebidamente y que se llevó documentación luego la difundió y lo comunicó, pero en paralelo. No creo que concurra en lo que los expertos denominan el hackeo ético, que también les
he dicho en mi intervención que es muy bienvenido, que estamos colaborando con muchas entidades de la sociedad civil para aprender y fortalecer nuestro sistema. Son cosas bien distintas la intromisión ilegítima y el error en la programación de
Lexnet, que llevó a que se pudiesen dar esas suplantaciones de personalidad buscadas, promovidas y con rastro identificado. Por lo tanto, tendremos que valorar cuáles son las consecuencias de todo ello. Esto tuvo que ver -lo he dicho antes y
quiero reiterarlo ahora- con una vocación de servicio a los usuarios permanente. Claro, esto es muy complicado, porque si hacemos veinticinco reformas puntuales al sistema fruto de la colaboración permanente con los consejos generales de abogados,
procuradores y graduados sociales y atendemos a las peticiones, resulta que parcheamos y, si no lo hacemos, se dice que trabajamos de espaldas al usuario.


Por tanto, yo creo que es bueno tener esa interlocución permanente, quizás hacer reformas una o dos veces al año y no tener una actitud de excesiva atención a la demanda inmediata, porque es verdad que tenemos usuarios muy exigentes, muy
cualificados, muy conocedores -como algunos de ustedes han puesto de manifiesto en sus intervenciones- y creo que hay que estar permanentemente abiertos a la colaboración con los profesionales y quizás ser más restrictivos en las modificaciones, en
las mejoras, en las versiones que vamos haciendo, porque, si no, puede ocurrir como ya pasó, que como consecuencia de esa orientación al cliente se cometió un fallo de programación y se detectó inmediatamente.


¿Qué estuvimos haciendo durante los últimos días de julio y agosto? Pues trabajar, señorías, trabajar mucho, y no solo yo. No sé cuántos días de vacaciones han tenido sus señorías pero mi equipo muy poquitos, sobre todo los técnicos del
departamento. Por lo tanto, en absoluto ninguna actitud indolente. Como seguramente conocen sus señorías, indolente tiene una doble acepción, una que es insensible y otra que es perezoso. En fin, usted valorará entre ser calificado como killer,
indolente, majestor o de falta de honradez. Qué se le va a hacer, yo mantendré el respeto personal e institucional a sus señorías todas las veces que tenga ocasión de comparecer en esta Comisión y mantendré relaciones con todos ustedes.


Se resolvió pronto el problema, señorías, el día 27 a las dieciséis y veinticinco minutos estaba el asunto resuelto. Yo creo que es una buena labor de los servicios de asistencia inmediata. Es verdad, cuando se detecta el problema se ponen
a trabajar y lo resuelven pronto. Paramos durante el fin de semana para fortalecer todavía más el sistema y, el domingo a las ocho y media de la tarde, estaba plenamente operativo. Así pasó que el día 31 de julio funcionó todo perfectamente y con
capacidad para atender al sistema, como será mañana, el lunes que viene y todos los días de la semana sin perjuicio de que pueda haber algún problema. ¿Qué hemos hecho además de resolver los problemas? Como estamos para resolver problemas,
auditarlo, señorías, y exigiremos responsabilidades cuando tengamos el informe final, el informe interno de la inspección de los servicios, el informe de auditoría que va a hacer la Agencia de Protección de Datos, que también nos ayudará, y el
informe del Consejo General del Poder Judicial será muy bienvenido si ayuda a aclarar. Con todo ello intentaremos tapar errores, eliminar problemas y que no vuelva a suceder en la medida de nuestras capacidades.


El futuro que tenemos por delante nos obliga a seguir trabajando. Algunos de ustedes han apuntado la conveniencia de revisar el modelo de reparto competencial para los aspectos tecnológicos y materiales imagino, no será solamente para los
temas de informática, sino para todo. Yo no digo que no lo podamos debatir incluso en el plano constitucional, conceptual, académico. Seríamos absolutamente originales y a lo mejor no hay que dejar de serlo. Yo hoy leo de vez en cuando que hay
quien propone que se elimine el origen parlamentario de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y, ahora, estamos hablando de si hay que buscar un origen parlamentario para el fiscal general del Estado. Hablémoslo, pero a mí me parece
que no es muy razonable. No reconozco al Poder Judicial, que tiene que juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, mejores capacidades o competencias que a las administraciones públicas para llevar a cabo la gestión de los medios materiales y de las
tecnologías. Por supuesto que estamos coordinados con la Secretaría general de la Administración electrónica de la AGE, y como me imagino que los Gobiernos autonómicos con competencias lo hacen con sus servicios de tecnología. No somos una isla en
mitad del océano, colaboramos con todos los servicios de tecnologías, con los ámbitos de gestión de sistemas de información de nuestras administraciones públicas, y seguimos mejorándolo. Yo no creo que Lexnet sea una herramienta de extraordinario
futuro tecnológico porque tiene los años que tiene y porque viene de

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cuando viene; tiene ya trece años, ha sido sucesivamente actualizado y modificado y seguramente habrá que evolucionar. Estamos trabajando en un concepto de escritorio profesional donde los profesionales internos y externos tengan sus
herramientas de última de generación; por lo tanto, igual que queremos un mejor sistema de gestión procesal que mejore Minerva, Adriano, justicia.cat o cualquiera de los actuales, también tenemos que hacer evolucionar Lexnet.


No me voy a encastillar en decir que Lexnet es el futuro. Lexnet es una herramienta extraordinaria que es capaz de gestionar cientos de millones de comunicaciones electrónicas con un alto nivel de calidad y un alto nivel de seguridad. ¿Que
luego surgen problemas? Pues sí, evidentemente, aquí los tenemos cada día: demoras, retardos, algún fallo de seguridad, como el detectado y corregido inmediatamente. Claro que vamos a trabajar para el futuro, por eso las nuevas inversiones, por
eso el presupuesto, que incrementa las dotaciones en tecnologías para la justicia, y ojalá también el de 2018. Por eso, el sistema de gestión procesal común, que sus señorías también han mencionado. Creo que debemos superar un momento fragmentado
en torno a diez sistemas distintos, un sistema costoso, un sistema que no es en absoluto interoperable, un sistema que, además, nos dicen los auditores externos en materia de tecnologías que no tiene un gran futuro. No es precisamente una
herramienta del siglo XXI en la que podamos confiar.


Por todo ello, deberíamos trabajar todos para que una de las líneas de futuro de los sistemas de tecnologías y, por tanto, de la mejora de la justicia sea contar con un sistema de gestión procesal común para todas las administraciones
públicas, lo cual no significa ni mermar competencias ni colonizar a nadie ni desaprovechar las inversiones efectuadas en el pasado ni perder potencialidades. En absoluto. Creo que podemos trabajar -nosotros hemos hecho esta propuesta a las
comunidades autónomas-. Durante todo este primer semestre de 2017 hemos trabajado muy intensamente y confío en que en este segundo semestre que ahora estamos empezamos podamos culminarlo, y que aquellos que quieran se incorporen y tengamos un
proyecto ilusionante de mejora de la gestión procesal con una herramienta común y que tenga futuro. Creo que hemos invertido bien, señorías, y por supuesto no ha sido el Gobierno del PP. Si alguien ha invertido más ha sido el Gobierno del Partido
Socialista. Creo que se ha invertido bien en Lexnet, y he ahí el dato: por comunicación 3 céntimos para conseguir 340 millones con esos 13 millones de inversión; me parece un magnífico resultado.


Aunque ya no está presente en la sala la señora Pita, no quiero dejar de decir que yo no creo que existan anomalías en nuestra democracia. Se lo digo a usted, señor Moya, y a su portavoz en este momento. Quizá la anomalía puede ser cuando
se hace la consideración de que una reforma aprobada por un Parlamento elegido democráticamente por los ciudadanos es una reforma del PP. No, será de la Cámara, de los grupos parlamentarios con las mayorías que han designado los ciudadanos, porque
de ahí viene la legitimidad democrática del voto y de las mayorías que los ciudadanos quieren que haya en la Cámara. Nunca podrá ser una anomalía democrática que se aprueben leyes y que se reforme la normativa. Y si hay otras mayorías para hacer
otras reformas, serán muy bienvenidas también. Me gustaría volver a insistir, por si hace falta, en que en el lamentable y triste episodio del fallecimiento de la menor en Valladolid, víctima de los malos tratos que se están investigando, no tiene
nada que ver con los sistemas de gestión. Habrá información, la tendremos a lo mejor dentro de unas semanas, y sabremos si ha habido algún problema de comunicaciones, pero no de comunicaciones telemáticas sino de procedimiento entre los juzgados,
las oficinas de atención a la víctima o lo que fuere. Pero le aseguro, señoría, que no tiene nada que ver el sistema Lexnet. Bastante tiene ya con lo que tiene para que le echemos encima lo que no le corresponde.


A lo mejor tiene usted, señor Rallo, mejor información que yo, porque me consta que es usted un buen experto en la materia, pero no me consta que haya algún expediente de la Agencia de Protección de Datos que sancione a este ministerio. Sí
me consta uno que sanciona a la Junta de Andalucía y sí me consta uno que sanciona a un juzgado, el de Instrucción de Valladolid, por un juzgado de lo Penal, pero al Ministerio de Justicia no me consta. No digo que no lo haya, insisto en que no me
consta. No tengo yo ese dato (El señor Rallo Lombarte muestra un documento) y, como tengo buena comunicación con la Agencia de Protección de Datos, en todo caso lo podríamos mejorar en el futuro.


Termino, señorías, haciendo referencia, lógicamente, al otro motivo de mi presencia hoy aquí: los procedimientos de extradición pendientes. El Gobierno de España ha declarado formalmente algunas cuestiones en este asunto. En primer lugar,
hemos reconocido el derecho que tiene el Gobierno de Turquía a defender la legalidad de su país y también le hemos pedido reiteradamente, en foros europeos, en la Unión Europea y en el Consejo de Europa también se lo ha pedido, respeto por su
legalidad y por

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sus compromisos internacionales. Me parece que España está siendo solidaria con los socios europeos y solidaria con el derecho internacional en la exigencia y en el respeto también al Gobierno de Turquía, en el sentido de que es un Gobierno
legítimamente elegido por sus ciudadanos, pero tiene que respetar su legalidad constitucional y además la legalidad internacional. Y esa preocupación el Gobierno de España la ha manifestado expresamente en los foros internacionales, tanto en la
Unión Europea como en el Consejo de Europa. En ese contexto de respeto y exigencia, cuando surge un caso concreto como este de extradición, lógicamente, como he intentado poner de manifiesto, lo que tenemos que hacer es estudiarlo. Lo decía con
mucho sentido el señor Campo en la Diputación Permanente del otro día. Yo puedo aportar aquí lo que puedo aportar, porque estamos siguiendo con el máximo interés, se lo aseguro, un procedimiento que está en marcha, que está en fase inicial.
Ustedes me han apuntado muchas cosas: ¿Y si se considera que se está imputando un delito político? Pues lo valoraremos, por supuesto, y tendremos la máxima sensibilidad con esta materia. No creo que pueda haber ninguna sombra de duda de que este
Gobierno, y todos los Gobiernos en España, tienen un compromiso firme con los derechos, con los derechos humanos, con las libertades, con la tutela de los derechos de los ciudadanos, y les aseguro que cuando vayamos evaluando el expediente, a la
vista de la información, ejerceremos las capacidades y las competencias que tenemos. Hemos tenido y estamos teniendo contacto con el Gobierno de Alemania y con el Gobierno de Suecia. Hoy están aquí presentes dos personas, por autorización de esta
Cámara, representantes de esas embajadas, con los que estamos teniendo contacto. Igualmente, les recuerdo que si hay que hacer valer alguna circunstancia de condición de nacional o de asilado, en su caso, o cualquier otra circunstancia, tendrán que
ser los Gobiernos de Suecia y de Alemania los que nos las tendrán que trasladar, y les aseguro que tendremos la máxima sensibilidad en esta materia, como la tenemos en cuanto al funcionamiento de Interpol, señorías.


La Secretaría General de Interpol recibe las órdenes internacionales, las evalúa, las analiza y, cuando las considera adecuadas y conforme a la normativa interna de Interpol, las distribuye. Si constatamos los socios de la agencia que está
siendo muy benévola o que hay que hacer más rigurosos los controles en esas órdenes, les aseguro que el Gobierno de España va a estar absolutamente firme en esa materia. Lo que no puedo yo es tomar posición, porque la desconozco, sobre si las
policías o los servicios de información de otros países han hecho cosas distintas a las nuestras. No puedo tomar ninguna posición en ese sentido. Vamos a tramitar con toda celeridad los procedimientos, vamos a evaluar la documentación que nos ha
llegado y la que nos pueda llegar, vamos a ser estrictos y rigurosos en la exigencia y en las garantías de los derechos y la protección de los ciudadanos y, por eso, el Gobierno tomará la decisión que corresponda. Yo no puedo hoy anticiparles cuál
va a ser mi posición ni la posición del Gobierno cuando presentemos al Consejo de Ministros los acuerdos que correspondan en su momento. Les aseguro que estarán fundados, como no puede ser de otra manera, en derecho, en el sentido común y en la
defensa de los derechos de todos los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.


A la vista del largo debate de su comparecencia y de las intervenciones de los portavoces, creo que podemos concluir y cerrar esta sesión.


Se levanta la sesión.


Era la una y treinta minutos de la tarde.