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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 268, de 27/06/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 268
DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES
Sesión núm.10
celebrada el martes,
27 de junio de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a desarrollar en el plazo no superior a 4 meses el derecho de participación de los vocales de las asociaciones militares en los órganos de gobierno y dirección de los patronatos de huérfanos del Ejército de
Tierra, Armada y Ejército del Aire que contempla el artículo 49.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/001669) ... (Página2)
- Sobre la supresión de honores militares y nobiliarios a Alfredo Kindelán (responsable de los criminales bombardeos de Lleida, Granollers, Gernika o Durango) y de la cátedra de estudios que lleva su nombre. Presentada por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/001210) ... (Página6)
- Sobre la paralización de la subasta y devolución de los terrenos sitos en Campo da Estrada, avenida de Metrosidero en A Coruña. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de
expediente 161/000314) ... (Página11)
- Relativa a los despidos de trabajadores de la Base Naval de Rota. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001291) ... (Página15)
- Relativa a la readmisión de los reservistas voluntarios expulsados de las Fuerzas Armadas por no haber sido activados por circunstancias ajenas a su voluntad. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente
161/001296) ... (Página20)
- Relativa a la necesidad de mayor rigor y realismo en la financiación de las operaciones en el exterior. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001948) ...
- Relativa a impedir la realización de maniobras militares en zonas y términos municipales de áreas altamente densificadas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002009) ...
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESARROLLAR EN EL PLAZO NO SUPERIOR A 4 MESES EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES DE LAS ASOCIACIONES MILITARES EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN DE LOS PATRONATOS DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO DE
TIERRA, ARMADA Y EJÉRCITO DEL AIRE QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 49.2 DE LA LEY ORGÁNICA 9/2011, DE 27 DE JULIO, DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/001669).
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Defensa del día de hoy, 27 de junio de 2017. Para su información y organización les comunico que a las doce menos cinco vamos a interrumpir la sesión para que
aquellas de sus señorías que lo deseen puedan asistir al acto que se organiza en el Salón de los Pasos Perdidos en relación con las víctimas del terrorismo. Se reanudará la sesión a las doce y media.
En cuanto al orden del día, comenzamos con el punto 5.º, que corresponde a la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a desarrollar en el plazo no superior a cuatro meses el derecho de participación de los vocales de las
asociaciones militares en los órganos de gobierno y dirección de los patronatos de huérfanos del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire que contempla el artículo 49.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los
miembros de las Fuerzas Armadas. Para su presentación, tiene la palabra la señora Zaida Cantera.
La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.
El Grupo Parlamentario Socialista a través de la presente PNL insta al Gobierno a desarrollar en el plazo no superior a cuatro meses el derecho de participación de los vocales de las asociaciones militares en los órganos de gobierno y
dirección de los patronatos de huérfanos del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire que contempla el artículo 49.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
La justificación de este desarrollo normativo se ha establecido de forma escueta en la exposición de motivos de la referida PNL, que paso a detallarles en tres puntos argumentativos básicos. Primero, con ello damos cumplimiento a un mandato
legal. El artículo 49.2 citado establece de forma taxativa que las asociaciones que forman parte del consejo de personal de las Fuerzas Armadas, Coperfas, elegirán entre ellos hasta tres representantes en los órganos de gobierno o dirección de las
mutualidades, asociaciones y entidades de previsión social y asistencial cuyo ámbito de actuación incluya miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, cuando así lo prevea su normativa específica.
Casi seis años después de la aprobación de aquella ley orgánica, los consejos rectores de los patronatos han hecho oídos sordos a las numerosas peticiones de las distintas asociaciones de participar en sus órganos de dirección y/o de
gobierno, sin que conste cuál ha sido el motivo de su desestimación. Tampoco el Gobierno ha tomado ninguna iniciativa en este sentido, en el caso de los patronatos de huérfanos, limitándose a permitir, mediante la aprobación del Real Decreto
641/2016, de 9 de diciembre, que modifica el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, que el Isfas tenga un representante de la asociación en su junta de gobierno.
Sin embargo, parece que los patronatos pretenden sustituir esta clamorosa carencia de representantes de las asociaciones profesionales con el nombramiento adulterado de representantes de los distintos cuerpos y escalas militares, como, por ejemplo,
en el
último nombramiento del consejo rector del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, aprobado por resolución 560/13875/16 del Boletín Oficial de Defensa 193. El general jefe del ejército nombra discrecionalmente, sin apoyarse en
normativa específica alguna, cuatro representantes, dos de oficiales, uno de suboficiales y uno de tropa. En este nombramiento no solo se invierte la proporción de los representados dejando con un solo representante a la tropa profesional, que
aporta casi la mitad de los asociados, sino que, por ejemplo, se nombra como representante de los cuerpos comunes al mismo teniente coronel médico que se ha venido nombrando en los últimos diez años, evitando así la participación de miembros de los
cuerpos, por ejemplo, jurídico o de intervención. A un nombramiento arbitrario y carente de toda seguridad jurídica de un miembro del consejo rector se añade la directriz dada por su presidente, el teniente general del Maper, en la primera reunión
de 2015 del consejo rector celebrada el 20 de mayo, manifestando que el consejo rector es el único órgano de intervención de las decisiones de la junta de gobierno del patronato, ya que Hacienda no analiza si la gestión de los gastos es buena o
mala, si ninguno de los vocales solicita alguna aclaración es porque asume que está de acuerdo -página 8 de la memoria anual del patronato-. Considerando que actualmente el patronato carece de órganos fiscalizadores en contra del parecer de la
Intervención General de la Defensa reflejado en su informe de fecha de 28 de septiembre de 2009, la necesidad de contar con vocales imparciales y dotados de capacidad de obrar es imperiosa.
Segundo de los puntos. Credibilidad y transparencia. Recientemente, se han tramitado varias preguntas parlamentarias por distintos grupos de esta Cámara, interesándose, entre otras cosas, por la adquisición por parte del patronato de
sesenta y dos botellas de vino, por un importe superior a 3000 euros. En su contestación, el Gobierno admite los hechos, sin embargo se excusa en que la adquisición se hizo a título particular por parte del personal vinculado al Patronato de
Huérfanos de la Armada y que tal compra no está relacionada ni vinculada a las actividades del patronato ni ha supuesto ningún tipo de gasto o lucro para el mismo. Independientemente de lo creíble o no de esta respuesta, me consta que este tipo de
gastos son habituales y en muchos casos se trata de gastos suntuarios de mayor entidad, que ni haciéndolos a título particular es admisible que intervengan empleados públicos o figure el nombre de los patronatos.
Tercera de las justificaciones. Por imagen institucional. El pasado mes de enero una asociación militar de tropa y marinería planteó varias preguntas al Ministerio de Defensa en relación con los costes de los servicios que ofrecen los
patronatos y las coberturas de los mismos. En la respuesta se ponía en evidencia la falta de unidad de criterio en la gestión de los tres patronatos de las Fuerzas Armadas, no justificando el motivo de por qué el Patronato de Huérfanos del Ejército
de Tierra, el patronato con más socios y más patrimonio, no dispone de ningún colegio o por qué la mayor parte de los alumnos de la Armada y del Ejército del Aire no son huérfanos.
Lamentablemente, si vamos a las memorias anuales, las dudas se multiplican y afectan tanto a aspectos básicos en la gestión de ayudas sociales como a datos sensibles en la gestión de los bienes, en especial de las inversiones financieras.
Una de las cuestiones que mejor resumen la falta de transparencia es la gestión de los patronatos, como, por ejemplo, el caso del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra. ¿Cómo se explica que durante 2016 se destinaran a prestaciones 7 598
207,50 euros, cuando la recaudación solo por cuotas obligatorias ascendió a 8 177 11,10, siendo el total de ingresos 8 977 837,15, justificando unos beneficios, después de impuestos, de 575 217,14 euros. Es decir, la gestión interna del Patronato
de Huérfanos del Ejército de Tierra tuvo un coste anual con cargo a los recursos privados de más de 800 000 euros, sin contar con las partidas presupuestarias del Estado, con las que se pagan los casi ochenta empleados de su plantilla, sus
instalaciones, sostenimiento, etcétera. Tampoco se justifica que, según los progenitores de tropa haya un 22 % de huérfanos, simplemente de los de tropa, siendo un 49 % su peso en asociados, y de que progenitores oficiales haya un 45 % de
huérfanos. Más preocupante resulta el asunto de las invasiones financieras, referidos, por ejemplo, por la asociación que ya hemos mencionado.
Por último, quisiera decir que esta proposición no de ley requiere una urgencia a consecuencia de lo anterior, al intervenir juzgados civiles y escapar el asunto de las inversiones fallidas desde marzo de 2015 al hermetismo de los consejos
de administración y juntas de gobierno de los patronatos afectados.
Esto es todo, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cantera.
Se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, para la defensa de la suya, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Cano Leal.
El señor CANO LEAL: Muchas gracias, presidente.
Vaya por delante el reconocimiento al papel que desarrollan las organizaciones militares, pero tenemos que manifestar, y por eso el motivo de la enmienda, que podríamos estar de acuerdo en el fondo, pero no en la forma. Vemos en la
proposición no de ley una falta de fundamentación jurídica. Por ejemplo, ¿por qué solo las asociaciones del artículo 49.2, es decir, las que están representadas en el Coperfas? Hay otras asociaciones que no están, pero que están legítimamente
constituidas y reconocidas por el Ministerio de Defensa. Eso supondría jugar a la discriminación entre asociaciones y, por ende, entre los miembros de las Fuerzas Armadas.
En segundo lugar, entendemos que se equivoca al analizar la realidad de hoy día de los patronatos. La PNL dice: En consecuencia, deben ser también los poderes del Estado quienes garanticen que estos patronatos están sometidos al
ordenamiento jurídico y que como ente de estructura asociativa se apliquen en su gestión los principios de participación y representación. Con eso, entendemos que la PNL está equiparando a las asociaciones con los poderes del Estado, cosa que no es
así, y, además, dando por hecho que los patronatos están hoy día fuera del control legal y, lo que es peor, que podrían estar al margen del ordenamiento jurídico.
Entendemos que la PNL también induce a confusión, porque una cosa es que el Estado deba controlar que los patronatos estén sujetos al ordenamiento jurídico y otra muy distinta, con la que no guarda ni siquiera algún parecido, que apliquen en
su gestión tales principios. La PNL acoge una vía inadecuada y, además, la propia PNL marca el camino que debería haberse seguido para instar la integración de las asociaciones de los patronatos de huérfanos, que es el caso que analiza con el tema
del Isfas, esto es, la adopción de un acuerdo por el propio consejo de personal instando a la pertinente modificación. Nada obsta que en este caso se actúe de la misma manera que sería más efectiva que una PNL, cuyo resultado el Gobierno no está
obligado a cumplir. Por tanto, se estarían creando falsas expectativas. Entendemos que se incurre también en una incongruencia interna. En la exposición de motivos se dice que los vocales designados reemplazarán a los que actualmente se designa
de forma directa y, sin embargo, en el suplico no se habla de sustitución, sino que se habla de adición.
En sexto lugar, la representación de escala con la actual composición de los patronatos se garantiza, según la distribución que se ha mencionado aquí y que contempla la norma. Se garantiza que todas las escalas estén representadas en mayor
o menor medida, mientras que con la propuesta este derecho de todas las escalas, incluida la de tropa y marinería, podría no quedar avalado. Es decir, con la PNL podría darse el caso de que ningún representante de tropa y marinería tuviera acceso
al patronato, por lo que sin duda su iniciativa podría ser clasificada de clasista.
En séptimo lugar, falta de justificación. Hay formas y formas de justificar una PNL, pero la vocación motivadora y justificadora de esta PNL brilla por su ausencia. Pretende basar su fundamentación en el artículo 49.2 de la Ley 9/2011,
pero la citada norma no incluye expresamente a los patronatos en su ámbito de actuación, y lo podría haber hecho perfectamente porque los patronatos ya existían cuando se promulgó la ley en 2011. Hay un principio jurídico básico que dice que donde
el legislador no distingue no debe distinguir el intérprete. A mayor abundamiento, la propia norma señala el camino a seguir. La PNL señala textualmente que los vocales de las asociaciones forman parte del consejo, y termina diciendo que cuando
así lo prevea su normativa específica. Sin embargo, la normativa específica, los reglamentos de los patronatos, no contemplan esa participación, el Reglamento de la Armada del año 2001, el Reglamento del Ejército de Tierra del año 2010 y el
Reglamento del Ejército del Aire del año 2009.
Concluyo. Por las anteriores consideraciones, hemos formulado una enmienda, que no sabemos si ha sido aceptada o no, garantizando siempre que cualquier modificación que se haga en este tema, si es con participación o no de las asociaciones
de militares, se realice de acuerdo con la ley y el ordenamiento jurídico. Y respecto a la exposición oral que se ha realizado hoy aquí, parece deducirse que la mayor contrariedad se encuentra no tanto en que formen parte del patronato las
asociaciones militares, sino en cuanto al funcionamiento. Creo que lo suyo es que nos pongamos de acuerdo en modificar o corregir, en lo que sea posible y necesario, el funcionamiento de estos patronatos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Valido tiene la palabra.
La señora VALIDO PÉREZ: Buenos días, señor presidente, señorías.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea siempre estará a favor del fomento de la participación de los militares y sus asociaciones profesionales en el mayor número posible de espacios dentro de la
organización militar. Esta Ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas reconoce a los militares parte de los derechos y libertades fundamentales que la Constitución española ya otorga al resto de la ciudadanía. Queda
mucho por conquistar para que se equiparen los derechos de los y las militares con el resto de los españoles y de las españolas, pero esto no será real mientras no se haga todo lo posible por que esta ley se aplique y haya voluntad política para que
se desarrolle por completo y, además, se haga toda la pedagogía posible en los cuarteles para que sea de total conocimiento por los miembros de los Ejércitos. Siempre hemos defendido la transparencia en la defensa de nuestro país y, por supuesto,
recibimos de buen grado la propuesta de incrementarla en la gestión del patrimonio de los bienes de los huérfanos de las Fuerzas Armadas.
En la línea de hacer efectiva la Loddfas y el derecho de participación de las asociaciones de militares, hemos propuesto una enmienda de modificación de esta proposición no de ley para abrir el abanico de miembros que formen parte del
consejo rector de los patronatos, que no se restrinja solamente a los representantes de las asociaciones del Coperfas, sino que se amplíe a otros miembros de esas mismas asociaciones si así lo consideran.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea va a votar a favor de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valido.
Pasamos al turno de fijación de posición.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿va a utilizar la palabra el señor Legarda? (Denegación). Gracias. ¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Postigo.
El señor POSTIGO QUINTANA: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. La PNL que esta mañana nos presenta el Grupo Socialista por medio de la señora Cantera tiene dos partes, como bien conocen sus señorías, la primera una exposición de motivos y la segunda una parte resolutiva. En la
primera tratan de justificar lo que solicitan en la segunda parte, no solo con argumentos y reflexiones personales y de participación, sino fundamentalmente bajo una acreditación teóricamente razonada, intentando mostrar una pretendida justificación
jurídica y jurisprudencial para basarse en lo que solicitan. Sin embargo, en esta exposición de motivos creo que incurren en dos errores importantes que por sí mismos desmontarían su base argumental.
En primer lugar, dicen que hay una sentencia del Supremo, la 2144/1994, que manifiesta que los patronatos de huérfanos de los tres Ejércitos son entes de naturaleza jurídica y pública y, en segundo lugar, que según la reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo según la exposición de motivos son entes de naturaleza jurídico-pública. Señora Cantera, la sentencia a la que usted se está refiriendo en modo alguno dice lo que usted dice que quiere decir. Señora Cantera, le
dejo a su disposición la sentencia, que tengo aquí y que estaría encantado de poder entregársela para que verifique que lo que yo estoy diciendo es cierto. En segundo lugar, tampoco existe jurisprudencia del Supremo como dice existir. Me gustaría
recordar a la señora Cantera que la jurisprudencia es una doctrina jurídica asentada mediante resoluciones judiciales reiteradas de los tribunales. En España solo sientan jurisprudencia el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en asuntos
constitucionales. En definitiva, señora Cantera, no existe reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre que los patronatos de los huérfanos de los tres Ejércitos sean entes de naturaleza jurídico-pública, repito, no hay jurisprudencia a este
respecto.
Como he dicho antes, con estos dos aspectos bastaría para desmontar las pretensiones solicitadas por el Grupo Socialista, pero voy más allá. Existe otra cuestión de fondo en la exposición de motivos de esta PNL que es errónea y que, por
tanto, tampoco sirve para dar cobertura a la justificación que piden en la parte resolutiva. La PNL que ahora debatimos equipara, para justificar su petición, el Isfas con los patronatos de huérfanos, cuando es por todos conocido que el Isfas es
una entidad pública con personalidad jurídica y patrimonial propia y que depende de la subsecretaría de Defensa. Sin embargo, los patronatos son asociaciones benéficas particulares adscritas, no dependientes, al Ministerio de Defensa. Además, los
beneficiarios del Isfas son sus asociados, mientras que los de los patronatos son los huérfanos.
Por otro lado, la señora Cantera dice que por parte del Gobierno no se está cumpliendo la ley y ha leído el artículo 49.2. Me permito reiterar lo que ha comentado nuestro compañero de Ciudadanos respecto a que los vocales de las
asociaciones que formen parte del consejo elegirán entre ellos hasta tres representantes en los órganos de gobierno o dirección de las mutualidades, asociaciones y entidades de previsión social y asistencial cuyo ámbito de actuación incluya a
miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias. Termina el punto diciendo: cuando así lo prevea su normativa específica, repito, cuando así lo prevea su normativa específica. Las asociaciones profesionales representadas en Coperfas ya plantearon
esta petición en varias ocasiones. De hecho, en el pleno de Coperfas de diciembre de 2013 en el que estaban representadas las asociaciones Asfaspro, AUME, ATME y ATM se estudió la posibilidad de modificar la normativa a la que se refiere el
artículo que he leído y que corresponde a la Ley Orgánica 9/2011, que es lo que piden en su PNL. En la sesión celebrada en 2015 y firmado por todos los representantes se acordó elevar consultas a los Estados Mayores de los tres Ejércitos y estos a
los patronatos, al tratarse de personas jurídicas diferenciadas. Los informes manifestaron que no se estimaba procedente la inclusión de los representantes de las asociaciones puesto que las asociaciones de los patronatos ya se encuentran
representadas en ellos y que los beneficiarios de la actividad de los patronatos no son los asociados en sí, sino los propios huérfanos. En definitiva, no tiene sentido que formen parte de los órganos de gobierno de los patronatos vocales que
representen y defiendan los intereses de un colectivo determinado de las Fuerzas Armadas y, además, sin que ni siquiera exista la garantía de que todos los miembros de las asociaciones profesionales a las que representan sean realmente asociados a
los patronatos de huérfanos.
Concluyó, señor presidente. Todo esto nos lleva a manifestar que no apoyaremos esta PNL en los términos en los que está presentada. Sí la apoyaríamos si se acepta la enmienda de Ciudadanos, lo cual no obsta para que si se quiere incluir
representación de las asociaciones profesionales en los patronatos debería encuadrarse dentro de una revisión global del régimen jurídico de los patronatos. En ese caso, el Grupo Popular estaría encantado de estudiar cualquier propuesta que nos
puedan traer a esta Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Postigo.
Pregunto a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Cantera de Castro, si acepta o no las enmiendas presentadas.
La señora CANTERA DE CASTRO: Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y rechazamos la de Ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- SOBRE LA SUPRESIÓN DE HONORES MILITARES Y NOBILIARIOS A ALFREDO KINDELÁN (RESPONSABLE DE LOS CRIMINALES BOMBARDEOS DE LLEIDA, GRANOLLERS, GERNIKA O DURANGO) Y DE LA CÁTEDRA DE ESTUDIOS QUE LLEVA SU NOMBRE. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/001210).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al segundo punto del orden del día, que corresponde a la proposición no de ley sobre la supresión de honores militares y nobiliarios a Alfredo Kindelán. Tiene la palabra el señor Eritja de
Esquerra Republicana.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, esta propuesta la hemos llevado recientemente a la Comisión de Cultura para, básicamente, centrarnos en el reconocimiento de los bombardeos de Lleida en 1937 y apuntar a uno de los principales causantes o responsables de ese
bombardeo porque, aunque fue la Legión italiana, de alguna manera el máximo responsable era Alfredo Kindelán, que era el jefe de servicios del Aire en esa época. Lo que hicimos fue trasladar rápidamente ese planteamiento más local, más focalizado
en el reconocimiento del bombardeo en Lleida y de los hechos del Liceu Escolar, hacerlo mucho más inciso y actuar sobre esta figura o sobre este personaje.
Alfredo Kindelán Duany nació en l879 y murió en 1962. Fue un militar y aviador español, general de brigada, que fue nombrado jefe de los Servicios del Aire, distinción que le convertía en el responsable de todas las fuerzas aéreas que
combatieron al lado de los militares rebeldes durante la Guerra Civil, incluida la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana. Bajo la dirección de ese cargo, y en
coordinación con las Fuerzas Aereas italianas y alemanas que participaron en la Guerra Civil, España se convirtió en ese periodo de 1937 a 1938 en un laboratorio militar donde el fascismo europeo transformó en campo de pruebas lo que sería
en la Guerra Civil el territorio previo a lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Una de sus innovaciones, si podemos decirlo así, fue la generalización de los bombardeos masivos contra objetivos y poblaciones civiles. De hecho, se llevaron a cabo
los principales y más mortíferos bombardeos de la Guerra Civil, como el de Gernika, Lleida, Durango y Granollers, por citar los más conocidos, si bien hubo muchos más. Fíjense, les voy a citar cuatro notas. En Gernika, en abril de 1937 hubo entre
120 y 300 fallecidos -y todo el mundo conoce realmente el impacto que tuvo el bombardeo en Gernika-; en Lleida, en noviembre de 1937 hubo entre 185 y 250 muertos y 750 heridos y entre los fallecidos hubo 48 niños que murieron al estallar una de las
bombas sobre un colegio durante una clase, por lo que el drama se acentuó mucho más; en Durango, en marzo de 1937, hubo entre 246 y 336 fallecidos y en Granollers, en mayo de 1938, entre 209 y 324 muertos y 161 heridos. Por lo tanto, en solo esas
cuatro ciudades, y teniendo en cuenta que había muchos más núcleos de municipios que fueron bombardeados, hay entre 750 y 1100 fallecidos. En definitiva, no fue simplemente una cosa esporádica o puntual, sino realmente toda una campaña de ataque
constante a la población civil.
Actualmente, sigue la Cátedra de estudios Alfredo Kindelán para el debate, estudio e intercambio de ideas y experiencias sobre asuntos relacionados con la doctrina aérea. Esta cátedra fue creada en 1988 durante el Gobierno socialista, con
Narcís Serra como ministro de Defensa, y en el seno de la Escuela Superior del Aíre, ESA, de la que el actual Centro de Guerra Aérea, CEGA, es el heredero. La cátedra, según el propio Ministerio de Defensa, constituye un foro de pensamiento sobre
el poder aéreo, cuya finalidad es promover el debate, estudio e intercambio de ideas sobre asuntos relacionados con la doctrina aérea. La presidencia de honor de la cátedra recae en el rey Felipe VI. Sin embargo, ni en la página web del Instituto
Español de Estudios Estratégicos, documento informativo 24/2010, ni en la página web del Ministerio de Defensa, donde se presenta la cátedra, se menciona la participación destacada de Alfredo Kindelán como jefe del Aire del bando sublevado de la
Guerra Civil y como el principal responsable de los bombardeos aéreos que se cobraron tantos miles de víctimas.
Aunque algunos de ustedes puedan pensarlo, no es un tema banal. Imagínense ustedes que Alemania hubiere propuesto honores y una cátedra a Hermann Göring, ¿verdad que sería escandaloso?, aunque en España existe todavía una Fundación
Francisco Franco sin que esto alarme nadie. El problema ha sido precisamente el intento de banalizar una etapa de la historia reciente española: el golpe de Estado de la dictadura franquista, que es uno de los problemas que tiene actualmente,
consideramos desde Esquerra, la democracia española. Es evidente que, una vez más, desde Esquerra Republicana ponemos en evidencia la incoherencia de un Estado que precisamente mañana celebra sus principios democráticos, pero que en cuarenta años
-repito, cuarenta años- ha sido incapaz de romper con el pasado franquista; un periodo demasiado largo de transición que ahora vemos que ha lastrado durante años el desarrollo de la propia democracia en el Estado y que ha permitido la pervivencia
de un franquismo sociológico todavía muy presente.
No es normal que después de cuarenta años de democracia todavía hoy la sentencia de muerte del president Companys continúe vigente gracias al acuerdo del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, como tampoco es normal que no se haya reformado
todavía la Ley de Memoria Histórica ni derogado la Ley de Amnistía de 1977, quedando así, por lo tanto, impunes todavía verdaderos crímenes contra la humanidad que tuvieron lugar en ese momento. Si en un punto han coincidido siempre la izquierda
catalana y el catalanismo político ha sido precisamente en la lucha antifranquista. Por ese motivo, esta semana en el Parlament de Catalunya se aprobará una ley de reparación jurídica a las víctimas del franquismo con el fin de anular más de 63 000
sumarios fascistas, condena sin paliativos el pasado franquista y pone en evidencia un modelo de democracia incapaz de romper con el régimen de 1978 y dar el gran salto hacia una democracia consolidada, sin complejos. Hoy Esquerra pide que se
retiren las condecoraciones a fascistas y genocidas y después será el turno de otros muchos, como el excomisario Villarejo, que representa a la Policía patriótica Político-Social heredera del franquismo. Por lo tanto, queda mucho más trabajo por
hacer que simplemente este ejemplo que exponemos aquí.
Antes de terminar, se nos han trasladado dos enmiendas del Grupo Socialista que aceptaremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eritja.
Para la presentación de las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Cantera de Castro.
La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley de Esquerra Republicana nos trae a colación a un militar español con claroscuros en su biografía. Nos explicamos. Hablamos del general Alfredo Kindelán Duany, que perteneció al Ejército de Tierra del Arma
de Ingenieros y se especializó en cuestiones de aeronáutica convirtiéndose en el primer jefe de la rama de aviación del Servicio de Aeronáutica Militar. Considerado como el posible padre del Ejército del Aire español, contribuyó a la expansión de
la aviación militar española. Hasta el año 1934 podemos decir que, dentro de sus competencias militares, su trayectoria militar fue tan ejemplar como la de muchos otros militares, eso sí, destacando en el ámbito del desarrollo aeronáutico. Durante
estos primeros treinta y cinco años de su carrera militar destacó en la faceta descrita, siendo pionero en ella; sin embargo, no fue condecorado con las medallas militares mencionadas en esta proposición no de ley.
En 1941, tras la Guerra Civil, y gracias a sus acciones en ella y a sus años de servicio, le fue concedida la Gran Cruz de San Hermenegildo a la par que la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, que recibió por segunda vez apenas tres
años más tarde, en 1944. Es esta fase la que el Grupo Parlamentario Socialista cuestiona, y solo esta fase. Dichos méritos militares le fueron concedidos durante sus acciones durante la Guerra Civil y solo por ello, no por sus acciones anteriores,
como así se establece en las órdenes de concesión entre las citadas menciones. Regresó del extranjero en 1934 para ser parte activa de la preparación del golpe de Estado de julio de 1936, cuyo fracaso dio lugar a la cruenta Guerra Civil que vivió
España. Formó parte de la Junta de Defensa Nacional del general Francisco Franco, el cual le nombró jefe del Aire, pasando a ser el máximo responsable de la jefatura de los Servicios del Aire. Bajo su mando quedaron todas las fuerzas aéreas de los
golpistas por designación del general Franco, incluidas las de la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, como ya se menciona en la exposición de motivos de la proposición no de ley. Bajo su mando, con su conocimiento y
consentimiento, se produjeron los bombardeos sobre las poblaciones civiles de Gernika, Lleida, Granollers y Durango. Se bombardearon objetivos civiles -repito, civiles- y no expresamente militares, muy lejos de lo que las reglas de enfrentamiento
en un conflicto armado se permitía y permite.
Estos hechos son y deben ser reprochables, son y deben ser condenables y censurables pues ni siquiera en la guerra todo vale. Y es en parte por acciones como estas por las que recibió los reconocimientos militares citados. Apoyó y
sustanció con su apoyo la muerte de civiles, todo ello a sabiendas de que los resultados de dichas acciones eran contrarios a los ya existentes convenios de Ginebra, cuya finalidad y propósito, como sus señorías conocen, eran y es proteger a las
víctimas de los conflictos armados. Las acciones del general Kindelán incluso trasgredieron en muchos casos durante la Guerra Civil lo descrito para la protección de civiles por el ya entonces existente Comité Internacional de la Cruz Roja.
Es por todo esto por lo que el Grupo Parlamentario Socialista considera que tales méritos concedidos y citados en esta proposición no de ley emanan solo de su participación y acciones desarrolladas durante la guerra civil española, no
durante su etapa primigenia en el ejército ni en su posible etapa posterior, en la que dicho general se distanció e incluso se enfrentó al general Franco. Dichos méritos, por tanto, son cuestionables pues se otorgaron por una etapa profesional muy
cuestionable, que incluso hoy en día podría ser considerada en algunos casos como crímenes de guerra y, por tanto, punibles por los tribunales.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley. La primera relativa a que, si bien estamos de acuerdo con que se retiren los honores militares que se le concedieron al general como consecuencia de
sus actos y participación en la Guerra Civil, ciertamente no lo estamos con instar al Gobierno a que se le quite el marquesado concedido y no porque consideremos que pudiera serle o no retirado por sus actos tan cuestionables, sino porque no compete
más que a su majestad el rey la concesión y, en su caso, la retirada de títulos nobiliarios como el que nos ocupa; no compete, por tanto, a la Comisión de Defensa asumir tal instancia.
Por otra parte -y termino, señor presidente-, la segunda enmienda hace referencia a que no queremos que la cátedra sea suprimida; por el contrario, por su impacto en la propia formación de los actuales miembros del Ejército del Aire,
debería ser mantenida, y la historia del que fue partícipe directo de la creación del actual Ejército del Aire debe ser conocida, pero íntegra y no solo la parte políticamente correcta que se describe en la página web del Ministerio de Defensa.
Ahora bien, si es cierto que defendemos la permanencia de dicha cátedra, lo que solicitamos en la enmienda es que se cambie su nombre por otro que represente a un militar o una unidad del Ejército del Aire sin claroscuros en su biografía y que dé
honorabilidad a la misma.
Es todo. Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cantera.
A continuación para fijar posición, el señor Legarda, del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Intervendré muy brevemente, simplemente para decir que es de sobra conocida la posición que mantiene nuestro grupo parlamentario respecto a los bombardeos contra poblaciones civiles indefensas, como ya se ha dicho, y que, además, constituyen
manifestaciones de terror y crímenes contra la humanidad. Gernika -en la que soy residente parcial y parte de mi familia vive allí-, Durango, Lleida y Granollers fueron experimentos modernos en Europa de este tipo de guerra totalmente reprobable.
En razón de lo dicho y sin más, apoyaremos la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
Es la segunda vez que me encuentro con Alfredo Kindelán en mi corta carrera como diputado. (Varios señores diputados: ¡Qué suerte!). La primera fue en la Comisión de Cultura, donde hubo que retirar una enmienda en este mismo sentido, que
buscaba una serie de cuestiones pero tenía un pequeño desbarajuste. ¡Me voy a hacer un biógrafo de Kindelán, al paso que vamos! (Risas).
Quiero señalar dos cosas importantes. En primer lugar, en la Comisión de Cultura ya se votó a favor de que el Congreso enviase una representación a la conmemoración de ese vil bombardeo de Lérida, que fue una acción de guerra ruin que
condenamos expresamente, y ahora, en esta PNL de hoy se buscan, a nuestro juicio, dos cosas muy diferentes. En primer lugar, retirar las condecoraciones a Alfredo Kindelán que son fruto de sus acciones como jefe del Ejército del Aire de la parte de
los sublevados del franquismo. Por este lado, podríamos estar de acuerdo con la retirada de aquellas prebendas y títulos que devienen de esas acciones que no son en absoluto felices. En segundo lugar, se persigue retirar el nombre a la cátedra.
En este sentido, se trata de una figura -como ha apuntado la señora Cantera- con muchos claroscuros, puesto que Kindelán tiene una etapa muy brillante en el Ejército del Aire desde 1913 hasta el golpe de Estado y posterior Guerra Civil, y después de
la Guerra Civil es un general que se enfrenta al franquismo, que busca la apertura a Europa, que quiere ir con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Además -esto lo diré solo a título anecdótico, puesto que el marquesado está ahí y votaríamos a
favor de retirarlo- es una burla de Francisco Franco hacia Kindelán darle el marquesado porque le quiere señalar que no va a ver una monarquía en su vida, que es lo que Kindelán quería realmente. Pero eso solo lo digo a nivel anecdótico.
Por tanto, diferenciando muy bien, votaríamos a favor de retirar todos aquellos títulos y premios que devengan de acciones en la Guerra Civil de Alfredo Kindelán y no votaríamos a favor de retirar el nombre a la cátedra, puesto que tiene su
origen en la brillantez y la importancia que este hombre tuvo para la ciencia aérea -porque fue también un científico destacado- y para el Ejército del Aire español.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Alonso Cantorné.
El señor ALONSO CANTORNÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Yo no tengo el don que tiene el portavoz de Ciudadanos de haberse encontrado dos veces con Kindelán. Yo, por suerte, no me lo he encontrado nunca ni me gustaría encontrármelo. (Risas). En 1988, siendo ministro el señor Narcís Serra
-quien, por cierto, fue alcalde de Barcelona-, se instauró esta cátedra. El ministro, señor Serra, tenía una frase -con el paso del tiempo, ha quedado bastante clara cuál era su trayectoria- que decía que los políticos han de hablar poco y escribir
menos, y él se equivocó aquí porque sobre la cátedra escribió algo así como: El nombre elegido no pudo ser más acertado. Dicho eso, en 2014 Iñaki Anasagasti en el Senado -por cierto, nos ha recordado hoy el letrado que estuvo aquí el Senado- ya
presentó la posibilidad de cambiar ese nombre de la cátedra. En 2013, un año antes, Izquierda Unida ya pidió la condena de esa situación en el Parlamento Europeo.
Dicho esto, nos encontramos ante un criminal de guerra, un criminal de guerra, o así se consideraría en estos momentos a una persona que fue el máximo responsable de diferentes bombardeos civiles, como han dicho aquí: Durango, Gernika,
Lleida, Granollers. Pero yo añadiría más porque en cierta forma, como responsable de los jefes de los Servicios del Aire y responsable de todas las fuerzas aéreas, incluida la Legión Cóndor y la Aviación Legionaria italiana, también bombardeó
Barcelona. Recordemos que el 19 de marzo de 1937 las fuerzas de Mussolini, la Aviación Legionaria italiana bombardearon Barcelona: mil muertos ese día. Qué triste que el ministro Serra, habiendo sido alcalde de Barcelona, pusiera un nombre a esa
cátedra; es vergonzoso. Por suerte, hoy hay compañeros socialistas que intentan lavar esa imagen.
Nos encontramos ante un doble traidor, ante lo que ustedes entenderían como traidor a la patria. ¿Por qué? Porque se levantó contra el poder constitucional en la República, y porque fue confidente y espía de los servicios secretos ingleses
en época de Franco. Por cierto, está documentado que llegaron a cobrar no exclusivamente él, sino también diferentes militares españoles, entre ellos el hermano de Francisco Franco, 14 millones de dólares -lo que hoy serían 200 millones de euros-
para que Franco -y está muy bien en este caso- no entrara en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ustedes lo considerarían hoy como traición porque no dejaba de ser un espía. En aquella época había muchos espías en Cataluña y muchos al servicio de
los alemanes durante la guerra, entre otros Josep Trabal, de Esquerra Republicana. Y también teníamos quintacolumnistas en la Guerra Civil. Muchas veces nos olvidamos, y teníamos quintacolumnistas que orientaban diferentes bombardeos -en este caso
de barcos- como fueron el señor Josep Pla y el señor Carles Sentís, que, por cierto, es quien nos trajo a Josep Tarradellas, también de Esquerra Republicana.
Nosotros, naturalmente, apoyaremos esta moción como ya lo hicimos en el año 2013, porque no puede ser de otra manera. Los nombres de personas no tienen claroscuros. Una persona que ha sido un criminal de guerra no puede representar a
nuestro Ejército.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Tarno.
El señor TARNO BLANCO: Gracias, señor presidente.
Nos encontramos aquí ante una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana para la retirada de determinados honores al general Kindelán Duany, y la supresión o el cambio de nombre de la cátedra que lleva su nombre en
el Ejército del Aire.
La proposición no de ley en su primera parte es de imposible cumplimiento. De la misma manera que el Grupo Socialista ha enmendado la no posibilidad de la retirada del título porque no es competente sino que es una prerrogativa de su
majestad el rey, igual sucede con las condecoraciones que tiene el señor Kindelán, que se rigen por el llamado derecho premial, que es claro sobre este asunto. Deseo recordarles que esas condecoraciones se extinguen con el fallecimiento de la
persona condecorada. En la Constitución española no está prevista la retroactividad de las leyes y de la normas, y deberíamos ser respetuosos con todas ellas. Por tanto, en su primer petitum es absolutamente ilegal lo que ustedes plantean: la
retirada del título de marqués a su descendiente, en este caso un nieto, y la retirada de los títulos.
En el segundo asunto, qué quieren que les diga, ustedes lo han explicado. En 1988 se crea la cátedra por un ministro catalán y socialista, y se crea no de manera casual sino porque se cumplen setenta y cinco años de la creación del Servicio
Aeronáutico Español, el 28 de febrero de 1913. He de recordarles a ustedes que el general Kindelán, fue el primer piloto aviador del Ejército español, en este caso ingeniero del Arma del Ejército de Tierra en 1911. En 1912 elaboró el informe
básico sobre la aviación española que hizo posible, como digo en 1913, a través de un real decreto crear el arma aeronáutica española. También he de recordarles que el general Kindelán era un importante estudioso, no solamente un práctico sino un
teórico, de la aeronáutica no solo en nuestro país sino a nivel internacional; que fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Dublín, una universidad no española; que era miembro de número de la Real Academia de la Historia española
porque había escrito durante su trayectoria numerosos artículos y libros sobre la aeronáutica y el arte del arma de la aviación; algunos tan avanzados como puede ser El escudo de España. Misión de las fuerzas de la NATO, escrito en 1955. O sea,
que el señor Kindelán era un estudioso de la aeronáutica y pionero de la aviación militar española, y ese es el motivo por el que se nombra la cátedra con ese nombre.
Ustedes, con la facilidad que da intervenir en este tipo de comisiones, han utilizado gruesos descalificativos contra el general Kindelán, lo han acusado de criminal de guerra, de haber ordenado
determinados bombardeos sobre los que al menos yo desconozco cualquier tipo de prueba. Desconozco si está probado o no que el general Kindelán ordenó esos bombardeos, tengo yo mis dudas sobre el supuesto mando del general sobre la Legión
Cóndor o sobre la legión italiana; tengo dudas yo como otros muchos historiadores.
Por tanto, esta moción en su primer punto es ilegal y en su segundo punto nos parece injusta porque el nombre de la cátedra lo único que hace es dar honor al primer aviador militar español y al fundador de la Aviación Militar Española.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tarno.
El señor portavoz de Esquerra ya anunció en su intervención que acepta las dos enmiendas.
- SOBRE LA PARALIZACIÓN DE LA SUBASTA Y DEVOLUCIÓN DE LOS TERRENOS SITOS EN CAMPO DA ESTRADA, AVENIDA DE METROSIDERO EN A CORUÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de
expediente 161/000314).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el que corresponde al primero que estaba previsto en el orden del día antes de los cambios, que es la proposición no de ley sobre la paralización de la subasta y
devolución de los terrenos sitos en Campo da Estrada, en A Coruña, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Señor Tonet, tiene la palabra.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Muchas gracias. Moitas grazas. Bo día, señor presidente, señores diputados.
Siempre es un honor intervenir pero en este caso especialmente defender esta PNL porque habla de mi ciudad, de mi barrio e incluso diría de una cuestión que tiene que ver explícitamente con la calle en la que vivo, con lo cual hablo como
diputado pero también como vecino que se preocupa por defender el bien común. La materia de debate son tres parcelas en el Campo da Estrada, en la zona de Maestranza en A Coruña, con alto valor patrimonial y, por otra parte, que dada su ubicación,
debieran ser según nuestro punto de vista zonas de uso público para toda la ciudad. En los últimos años el Ministerio de Defensa ha pretendido recaudar del orden de 25 millones de euros por estas parcelas. A pesar de constituir, como decía, un
espacio comunal de uso público desde la fundación de la ciudad, el ministerio y el Gobierno decidieron comportarse como promotores inmobiliarios y reproducir, a nuestro juicio, los peores tics de la época de la burbuja del ladrillo. De nuevo se
trata de especular con el suelo para construir cientos de viviendas, además con el agravante de la crisis que sufrimos, y hay miles de viviendas vacías, concretamente en el caso de A Coruña hay más de 20.000 viviendas vacías.
De un modo un tanto de manera absurda, a nuestro juicio el Partido Popular se empeña en aplicar las mismas fórmulas que han envenenado nuestra economía, nuestro territorio y nuestro mercado inmobiliario y además el laboral. Afortunadamente
se han encontrado enfrente a vecinos y vecinas, a la mayoría de una corporación municipal y a un Gobierno municipal que defiende los intereses colectivos frente a los intereses particulares o la especulación. Eso es lo que se juega con esta
cuestión mi ciudad: un modelo de especulación y destrucción del patrimonio frente a un modelo que busca todo lo contrario, busca poner la ciudad en el centro de las demandas de la gente. Cuidadosa con el patrimonio, una ciudad que vele por el
espacio público y por aquello que Henri Lefebvre primero y después muchos movimientos sociales e incluso ahora Naciones Unidas defiende, que es el derecho a la ciudad. Además de eso, en los últimos meses ha habido incluso manifestaciones notables
con apoyo de plataformas, de asociaciones de vecinos al respecto no solo de esta demanda en concreto sino de la demanda general de un uso diferente de la fachada marítima de la ciudad. Queremos dejar claro desde el comienzo que nuestro objetivo no
es disputar los solares sino ante todo defender un modelo de ciudad completamente diferente, antagónico a aquel que pone en el centro la especulación.
En A Coruña reivindicamos un entorno más respetuoso con nuestro patrimonio y con nuestra historia, y llevamos haciéndolo además mucho tiempo. Fue en 1840 cuando por primera vez una corporación municipal de mi ciudad solicitó al entonces
Ministerio de la Guerra que devolviese los terrenos a la ciudad y 177 años después seguimos con las mismas demandas. Es positivo que adoptemos una perspectiva histórica al abordar este tema porque se trata de un entorno de importancia patrimonial y
así lo dictamina
la legislación vigente en materia de patrimonio arqueológico, la documentación elaborada en los últimos treinta años, la cartografía militar de los siglos XVII y XVIII y además de eso, el propio informe de potencialidad arqueológica que el
ministerio aceptó incluir en la subasta a petición del Concello de A Coruña. El enfoque es relevante, donde el Gobierno ve solares urbanizables, las coruñesas y los coruñeses vemos patrimonio, historia, identidad y sobre todo espacio público para
uso y disfrute de lo que no es privado y debe ser común. Nos preguntamos si de verdad el Ministerio de Defensa necesita esos 20 o 25 millones de euros a costa de los coruñeses y las coruñesas, nosotros y nosotras pensamos que no y además así lo
hacen decenas de asociaciones de vecinos, la plataforma por la defensa del bien común o la mayoría de la corporación municipal así como el Gobierno municipal. Por todo esto en esta PNL demandamos que de una vez por todas se facilite desde el
ministerio la devolución gratuita de estos terrenos a la ciudad de A Coruña.
Moitas grazas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tonet.
Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista que va defender el señor García Mira.
El señor GARCÍA MIRA: Muchas gracias, presidente.
Estamos ante un caso de recuperación en la ciudad de A Coruña de 30 000 metros cuadrados para uso público. El precio de tales terrenos sometido recientemente a subasta fue de un elevado precio: 25 millones de euros. Bajo nuestra
constancia, tal subasta quedó desierta a pesar de haber solicitado conjuntamente su paralización. Estamos también ante una petición de cesión gratuita de tales terrenos, lo que presenta algunas dudas procedimentales acerca de que pueda ser
tramitado de este modo, me refiero a la gratuidad, a la luz de la legislación actual. Se parte de la existencia de un convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y el ayuntamiento en el año 1984, del que se derivaban obligaciones para ambas
partes; por un lado, la cesión de terrenos y edificios gracias a la que en este momento están situados el Rectorado de la Universidad, el parque del Monte de San Pedro, el Cuartel del Parque y Punta Herminia; por otro lado, el otorgamiento de
edificabilidad al ministerio en determinadas parcelas que conservaba, entre ellas, estas tres de la Maestranza que están hoy a discusión. Estamos hablando, por tanto, de que el ayuntamiento ha recuperado espacios para la ciudadanía, en uso de un
derecho a desarrollar y poner en marcha servicios de interés general. No se trata de manifestar ilegalidad en las pretensiones del Ministerio de Defensa por cuanto este reivindique y ejerza el derecho que se derive del convenio que se ha suscrito.
Entendemos que un convenio puede tener derechos y obligaciones por ambas partes. Por tanto, cada una de las partes puede invocar su cumplimiento. Sin embargo, lo que sí queremos manifestar aquí es que los usos de estos terrenos para la defensa en
una ciudad como A Coruña han quedado totalmente obsoletos y carentes de interés estratégico alguno para la defensa de la ciudad y para el interés militar. Sin embargo, la recuperación de tales terrenos para su uso en servicios de otra índole que
puedan favorecer el desarrollo económico, cultural, arqueológico o ambiental en la ciudad constituye aquí una premisa fundamental y de mucho interés. Realizada la subasta, a pesar de la petición de esta Comisión en la anterior legislatura, parecía
dudosa la existencia de supuestos compradores con un precio de partida tan alto y en un contexto tan difícil para el sector inmobiliario. El hecho de que haya quedado desierta lo dice todo.
Nos resulta extraño a los socialistas, por otro lado, que ni la moción aprobada por el ayuntamiento sobre este asunto ni la proposición no de ley debatida hoy mencionen a la Xunta de Galicia cuando todo apunta a la existencia de patrimonio
arqueológico en estos terrenos, algo que urge clarificar. Sería, por tanto, la Xunta de Galicia quien, a través de Patrimonio, debería decidir sobre los restos arqueológicos, si los hubiera. Lo que consideramos fundamental en esta cuestión es
apostar por un diálogo, apostar por una mesa de negociación entre el ministerio y el ayuntamiento, y mientras no se resuelva esa negociación, que se mantenga la subasta en suspenso, todo ello en el marco de la legislación que sea de aplicación.
En definitiva, el objetivo debe ser abrir estas negociaciones definitivas que dejen de una vez atrás décadas de tanteos e infructuosas conversaciones entre ayuntamiento y defensa en las que no se ha conseguido avanzar. De lo que se apruebe
aquí se espera proponer a continuación una serie de reuniones técnicas con los responsables del ministerio en las que abordar el futuro de unos terrenos que, en virtud de la buena voluntad de ambas partes, estamos convencidos se convertirán en
cruciales a la hora de diseñar la ciudad que los ciudadanos demandan. Las negociaciones que el ayuntamiento quiere emprender con el Ministerio de Defensa para la recuperación del suelo parten de otra premisa fundamental, que no puede
perderse ni mantener inactivo un solo metro de espacio, dada la repercusión que en una ciudad como A Coruña tiene el espacio en el diseño de usos alternativos que repercutan en la mejora y a favor del interés general y no especulativo. Se
trata, por tanto, de armonizar el interés público con los legítimos intereses de ambas administraciones, algo que consideramos perfectamente posible en la actualidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Mira.
Vamos a iniciar el turno para la fijación de posiciones. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra el señor Cano Leal.
El señor CANO LEAL: Muchas gracias, presidente.
En esta iniciativa del Grupo Podemos en el fondo lo que se trata es la gestión del patrimonio por parte del Ministerio de Defensa. Hoy día y desde hace mucho tiempo la gestión del patrimonio constituye una forma de financiación del
presupuesto de defensa y, lógicamente, la buena gestión del patrimonio de defensa implicaría no tener que recurrir a grandes aportaciones del presupuesto de defensa. En España se han firmado miles de convenios entre el Invied, o el anterior
organismo, y muchos municipios. De llegar a aceptarse la propuesta que se pretende ahora con esta PNL, se generaría una situación discriminatoria con respecto a aquellos municipios que han desembolsado parte de su patrimonio para adquirir esos
terrenos. Primera idea, administración del patrimonio.
Segunda idea. En la propia proposición se hace referencia a un acuerdo del Ayuntamiento de A Coruña del año 1984. Sin mayor conocimiento de ese contenido, sí se hace referencia a la existencia de un convenio, que se ha mencionado aquí,
entre el ayuntamiento y el Ministerio de Defensa, con obligaciones para las dos partes. Eso significa que desde el punto de vista legal y hasta donde a mí me alcanza -que puedo estar equivocado, aunque creo que no-, no se pueden adoptar otros
acuerdos si no se revoca o se revisa de oficio ese acuerdo previo. Es decir, ese acuerdo que adoptó el ayuntamiento con posterioridad reclamando a coste cero los terrenos, si es que el convenio no tenía una fecha de caducidad, no se debería de
haber adoptado porque hay un acuerdo previo por parte del ayuntamiento. Por tanto, sería necesaria o la revisión de oficio o la revocación.
En tercer lugar, buscando en la página web del Congreso he visto que se contestó a una pregunta relacionada con el mismo tema el 1 de marzo de 2017, en la que el Invied señala que cuenta a su disposición con diecinueve fincas registrales
después de la reparcelación que se hizo con el PERI de la Maestranza, y que de esas diecinueve parcelas solo tres son residenciales, cuya subasta está paralizada por la aparición de restos arqueológicos. En esa fecha -se destaca- la decisión estaba
en manos del concello para su estudio y traslado a la Xunta, que valoraría la importancia de los terrenos. En definitiva, muchas de las cuestiones que se plantean en la PNL ya han sido contestadas, salvo error u omisión o que haya habido una
contestación posterior o modificación, por el Invied a través del Gobierno, diciendo que no son todas las parcelas sino solo tres y que las tres, aparentemente, estarían fuera de la subasta. Por otra parte, como cuarto punto, esta misma PNL fue
retirada del orden del día el 25 de abril de 2017.
En definitiva, a priori, salvo que se nos aporte alguna idea más, entendemos que lo que se quiere es hacer caja a cuenta del Estado, con la discriminación que provocaría respecto a otros miles de municipios que han desembolsado dinero para
conseguir terrenos militares desafectados. Está claro que los terrenos deben de revertir al municipio pero que no se ha de hacer de la forma que se pretende, por lo menos hasta lo que sabemos, que es a coste cero.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.
Por el Grupo Palamentario Popular, tiene la palabra el señor Lorenzo.
El señor LORENZO TORRES: Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
La razón de que intervenga hoy aquí en esta Comisión de Defensa es la de ser parlamentario por la provincia de La Coruña y, por supuesto, concejal de ese ayuntamiento para hablar de un tema que son los terrenos de la Maestranza. Quiero
mostrar mi extrañeza de que por parte de Podemos se presente esta moción, porque ya se presentaron otras con anterioridad en las que se hablaba de este tema. Por eso es importante en una comisión en la que, por lo que estoy viendo -pues nunca había
asistido a una sesión-, se habla mucho de la memoria, se haga memoria de los temas que afectan al Ministerio de Defensa.
No sé si ustedes saben -supongo que sí porque algo se ha dicho ya- que todo esto viene de un convenio que se firmó en el año 1984 y que supuso que defensa cediera a la ciudad casi 70 000 metros cuadrados, en los que en la actualidad están
radicadas muchas edificaciones civiles como puede ser el Rectorado, a cambio de una reparcelación de unos terrenos para hacerlos urbanizables. Lógicamente, durante todos estos años desde la firma del convenio en 1984 se ha actuado en todos estos
metros cuadrados que generosamente cedió el Ministerio de Defensa. Hoy nos piden un cambio, pero un cambio que difiere de lo aprobado también en este Parlamento a través de la PNL de abril del año pasado, creo recordar que del 20 de abril de 2016,
y de la moción que aprobó el Ayuntamiento de La Coruña el 7 de marzo de 2016, en la que se pedía que se abriera una negociación entre el Ministerio de Defensa y el ayuntamiento para dar solución al problema de estas tres parcelas de la Maestranza.
Quiero hacer hincapié, llamar la atención y poner el punto sobre la i en el respeto a las negociaciones con el Ministerio de Defensa. Como concejal de Servicios Sociales también estuve en negociaciones con el Ministerio de Defensa; por ejemplo,
cuando pedí que nos cedieran la sede del gobierno militar en la ciudad vieja, que usted bien conoce, donde establecimos un centro cívico. Así pues, la negociación con defensa siempre es abierta y se desarrolla sobre la base de la lealtad que existe
entre dos administraciones. Nosotros tenemos que apoyar este diálogo continuo entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de A Coruña, negociación que, ya digo, fue aprobada en su momento por esta Comisión el 20 de abril de 2016.
Sin embargo, me da la sensación de que al Ayuntamiento de A Coruña le gusta mucho más hacer ruido que buscar soluciones porque hasta el día de hoy no consta que se haya abierto ese diálogo o que este haya producido sus frutos, porque para
que haya diálogo dos personas tienen que establecer unos criterios y cuando una de esas personas no quiere hablar sino únicamente protestar o tomar decisiones contrarias a la ley, nos encontramos con este tipo de situaciones. Hoy es un claro
ejemplo. Se nos está pidiendo que el Ministerio de Defensa ceda gratuitamente los terrenos de la Maestranza cuando por ley está prohibida la cesión gratuita de los terrenos; ya no es que se puedan o no ceder, es que la ley lo prohíbe, con lo cual
no podemos aprobar una ilegalidad. Entiendo que una comisión parlamentaria seria no debe aprobar algo que esté en contra de la ley. A lo mejor hay que modificar las leyes, y ese es otro tema, pero la petición que se hace hoy entra dentro de la
ilegalidad. No sé si lo que pretenden algunos es obtener un titular que diga que Podemos pide la cesión gratuita de esos terrenos y el Partido Popular o Miguel Lorenzo se oponen a esa cesión. Ese no es el titular. Yo no me opongo a la cesión
gratuita, sino a que se cometa una ilegalidad, y la ilegalidad es que, tal como está radactada ley, se haga esta cesión. Sí apoyo la moción que presenta el Partido Socialista de que siga abierto ese diálogo para la cesión de estos terrenos.
Quiero terminar con dos cuestiones. Una cosa es la cesión del terreno y otra cosa es lo que se haga en esos terrenos, que será decisión del ayuntamiento. Aquí se dice que defensa pretende especular. Hay que ver lo que va a permitir hacer
el ayuntamiento. A lo mejor se pueden hacer ahí viviendas sociales, que tan necesarias son para los ciudadanos de La Coruña, porque los de Podemos siempre están reivindicando la justicia social pero después no hacen nada. Ahí se podrían hacer, es
una oportunidad para que el ayuntamiento se haga con estos terrenos y construya viviendas sociales para los ciudadanos de La Coruña.
También me gustaría decir otra cosa, señor Gómez-Reino. Usted decía que hay un cambio total de forma de pensar por parte del nuevo Gobierno de La Coruña. No sé si esta forma de pensar es lo que ha provocado que haya pasado esto en la
comandancia de obras porque también hubo un convenio entre la comandancia de obras y el Ayuntamiento de La Coruña y hoy en la comandancia de obras tenemos un centro okupa, cuando hay prevista además una actuación por parte de Fomento que no se va a
poder realizar porque el ayuntamiento ha fomentado ese movimiento okupa en la comandancia de obras, cedida a través de un convenio del ejército con el ayuntamiento; es más, se han negado a iniciar los trámites para echar a esos ocupas. Por lo
tanto, comprenda que no comparta ese nuevo modelo de ciudad del que usted me habla.
Por estos motivos, es una moción que lo único que pretende es obtener una publicidad gratuita, hacer alharacas, como siempre, y levantar a la ciudadanía. A lo mejor no entiendo estos conceptos, pero le tengo que recordar que lo que está
usted pidiendo es una ilegalidad y, por lo tanto, no debe ser aprobada. Por supuesto, entre todos debemos continuar con ese diálogo abierto entre el Ministerio de Defensa y el ayuntamiento para que se produzca la cesión de esos terrenos, pero lo
que se haga lo va a decidir el Ayuntamiento de La Coruña, que es el soberano para decidir lo que se hace con esos terrenos. En consecuencia, nos vamos a oponer lógicamente a la proposición presentada por el Grupo Podemos, sobre todo porque no entra
dentro de la legalidad vigente y es contraria a la ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lorenzo.
Para expresar la aceptación o rechazo de la enmienda, tiene la palabra el portavoz del Grupo Confederal de Unidos Podemos, señor Gómez-Reino Varela.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: En principio, hemos comunicado que la aceptaríamos como adición, no tanto como modificación. En todo caso, lo acabamos de negociar y se lo comunicaremos a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tal y como habíamos comentado al comenzar la sesión, vamos a interrumpirla para que las señorías que lo deseen puedan asistir al acto en relación con las víctimas de terrorismo. Reanudaremos la sesión a la doce y media. (Pausa).
- RELATIVA A LOS DESPIDOS DE TRABAJADORES DE LA BASE NAVAL DE ROTA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001291).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar los trabajos de la Comisión con el punto 3.º, que corresponde a la proposición no de ley relativa a los despidos de trabajadores de la base naval de Rota. Se han presentado tres enmiendas.
Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra la señora Alconchel en nombre del Grupo Socialista.
La señora ALCONCHEL GONZAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario quiere mostrar una vez más nuestra solidaridad con la situación de los trabajadores españoles en las bases militares de Rota y de Morón de la Frontera y con sus vecinos y vecinas que asisten a una injusta pérdida de
empleo, a pesar de las eternas promesas de que su servicio al interés general se va a ver recompensado con más trabajo.
Centrándonos en Rota, quiero decir que la gestión de los diferentes servicios del aeropuerto de la base naval de Rota se encuentra externalizada por el Gobierno de Estados Unidos. A medida que se han ido sucediendo diferentes empresas
adjudicatarias en los procedimientos públicos de licitación, los trabajadores han sido subrogados en las plantillas de dichas empresas. Actualmente la empresa adjudicataria responsable del control y la seguridad del despegue y aterrizaje de aviones
y pasajeros que llegan al recinto militar es Louis Berger y, por tanto, es la que tiene que subrogar en su plantilla los trabajadores que habían prestado el servicio con las empresas anteriores.
Hasta ahora las relaciones laborales se han producido en el marco del convenio colectivo que habían suscrito los representantes de los trabajadores con la anterior empresa adjudicataria y este mismo convenio colectivo es el que ha servido y
ha sido utilizado como referencia por las empresas licitadoras a la hora de realizar sus ofertas técnicas y económicas. Pero la actual empresa adjudicataria ha procedido a la denuncia del convenio, lo que ha provocado el inicio de una nueva
negociación de las condiciones de la relación laboral.
En el transcurso de esta negociación la empresa se desmarcó poniendo sobre la mesa planteamientos que afectan al mantenimiento de los puestos de trabajo y a la masa salarial de manera importante. Planteó, entre otras cuestiones, llevar a
cabo cuarenta y cinco despidos, manteniendo las demás condiciones laborales existentes hasta el momento o bien llevar a cabo quince despidos, siempre y cuando el resto de la plantilla acepte una importante reducción salarial. En resumen, despido,
merma de las retribuciones y unas condiciones que dificultarían la conciliación de la vida familiar y laboral.
El comité de empresa se ha negado a aceptar estas medidas, no solo por el impacto en las condiciones laborales de los trabajadores, sino también por la merma de la calidad y la seguridad del servicio. Asimismo, el comité ha denunciado que
la empresa adjudicataria al presentar su oferta en el proceso de concurso público realizó una importante baja sobre el precio que sirvió de base a la licitación. Entiende que podría existir un incumplimiento de las condiciones técnicas y económicas
que la propia empresa esgrimió en el proceso de licitación.
Finalmente, en enero de 2017 la empresa materializó la amenaza de despidos en el aeropuerto de la base naval de Rota con trece despidos alegando causas económicas. Según denuncia la plantilla, los despidos coinciden además con la
contratación de cuatro ciudadanos norteamericanos. La empresa Louis Berger afirma que los despidos son necesarios para asegurar la ejecución del nuevo contrato de servicios firmado con la Marina de Estados Unidos en 2016, y asegura que, según
informe externo que ellos han encargado, puede cumplir los requisitos del contrato de operaciones de la terminal aérea de la base de
manera segura y eficiente con una reducción de la plantilla de cuarenta y cinco trabajadores, por lo que nos podemos estar encontrando con el inicio de los primeros despidos de muchos otros que se puedan producir y una continua precarización
e inestabilidad de los puestos de trabajo en la base de Rota. No podemos olvidar que no es la primera vez que se perjudica a la plantilla de los trabajadores españoles en bases norteamericanas asentadas en nuestra tierra, en Andalucía
concretamente, y baste recordar el ERE y la precariedad laboral continua que se ha producido en la base de Morón de la Frontera.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una batería de preguntas escritas al Gobierno que no nos ha contestado. Queremos que nos informe sobre si tiene intención de mediar en el conflicto en defensa de los intereses
de los trabajadores porque estimamos que el ámbito del acuerdo bilateral entre dos Estados es competencia y responsabilidad del Gobierno español. Queremos saber qué opina el Gobierno de España sobre los despidos de trabajadores españoles justo
cuando se produce un incremento del trabajo y del negocio en la base con la implantación de los escudos antimisiles. Queremos que el Gobierno explique si la ministra de Defensa ha planteado en sus relaciones con el Gobierno de Estados Unidos algún
tipo de preocupación por esta situación. Queremos que nos explique qué posición tiene el Gobierno ante el hecho de que no se está cumpliendo la normativa ni las sentencias judiciales. De hecho, existen ya sentencias firmes en las que se readmite o
se impone la readmisión de trabajadores en sus mismos puestos, con las mismas responsabilidades que antes de los despidos, sin que la empresa cumpla con las mimas ni el Gobierno de España exija el cumplimiento del fallo judicial. Lo cierto es que
el Gobierno ha tenido una actitud impasible y en Rota se han producido movilizaciones masivas. Los trabajadores han llevado a cabo paros parciales que retomarán en breve, pero han visto cómo se les ha exigido unos servicios mínimos que han oscilado
entre el 75 % y el 95 % y muchos de los puestos ocupados por trabajadores huelguistas han sido cubiertos en algunos momentos por militares norteamericanos y personal de la dirección de la empresa. Todo esto con el visto bueno de la Subdelegación
del Gobierno de Cádiz, es decir, con el apoyo del Gobierno del Partido Popular. Lo deseable es que la relación entre Estados Unidos y España y la Alianza en torno a las bases de Rota y Morón se traduzcan en la defensa de los intereses de los
trabajadores y en la generación de empleo en el territorio donde se asientan y no es normal que el Gobierno de España se ponga del lado de las empresas norteamericanas y olvide su competencia y su responsabilidad a la hora de defender los intereses
del territorio. Así lo hemos manifestado los socialistas desde el Ayuntamiento de Rota, Diputación de Cádiz, Parlamento de Andalucía, Junta de Andalucía y en esta Cámara a través de distintas iniciativas. No tiene explicación, como decía, que en
el momento en el que hay un aumento de marines estadounidenses y un aumento de la carga de trabajo en la bases de Rota y Morón se estén llevando a cabo despidos de los trabajadores españoles.
En Rota se ha despedido a los trece trabajadores de la empresa Louis Berger, pero también a doce trabajadores más de la cafetería del aeropuerto. Lo que exigimos al Gobierno es que garantice que la presencia de bases norteamericanas en
Andalucía lleve aparejada una compensación para los territorios donde están ubicadas y la forma de compensación más directa es la del empleo. También existe otra preocupación añadida que es la posible infracción de los convenios bilaterales
existentes entre el Estado español y Estados Unidos en lo que afecta a la ratio que debe existir entre el personal español y personal americano dentro de la plantilla civil, aún más después de estos despidos. Por tanto, el Gobierno debe exigir el
cumplimiento del acuerdo bilateral porque es su competencia exclusiva.
Exigimos al Gobierno de España que rechace el planteamiento realizado por la empresa y medie para que retome las negociaciones del nuevo convenio colectivo sin que quepan más despidos y, por supuesto, que exija la readmisión de los
trabajadores despedidos; que solicite al Gobierno de Estados Unidos el contrato entre dicha Administración y la empresa Louis Berger y que manifieste su oposición a cualquier tipo de despido, ya que con estos despidos se puede ver afectado el
cumplimiento de los convenios bilaterales vigentes; que requiera a la Inspección de Trabajo un informe sobre la posibilidad de que se produzcan despidos por causas económicas al mismo tiempo que se están produciendo nuevas contrataciones de
personal.
Señorías, es necesario que se manifieste el apoyo de todos los grupos a esta proposición no de ley, porque entendemos que es de justicia social acabar con la incertidumbre de los trabajadores de la base y también es justo que la presencia de
instalaciones militares estadounidenses en nuestro territorio repercuta en beneficio de las poblaciones donde se asientan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alconchel.
Seguidamente intervienen para la defensa de sus enmiendas aquellos grupos que las han presentado. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Cano.
El señor CANO LEAL: Muchas gracias, presidente.
Como se ha dicho ya, estamos ante un conflicto laboral que afecta a trabajadores contratados por la citada empresa adjudicataria de la Administración americana que, además, también ostenta nacionalidad americana. En distintas ocasiones
Ciudadanos se ha reunido con representantes de los trabajadores, tanto en la ciudad de Rota como en el propio Congreso de los Diputados. Por este motivo, debemos manifestar nuestra sorpresa por que el Grupo Parlamentario Socialista plantee esta
iniciativa de forma unilateral sin contar con otros grupos o por lo menos con los que se han reunido con los trabajadores, como es el caso de Ciudadanos, que desde el principio ha estado involucrado en la resolución de este conflicto. Lo que sí
tenemos claro es que no queremos hacer sangre ni oposición a nadie, ni al Gobierno porque es de otro partido ni a nadie; lo que queremos es solucionar el problema de los trabajadores. Por eso hemos formulado la enmienda. De hecho, este
parlamentario que les habla ha formulado dos preguntas con contestación por escrito al Gobierno de la nación en fecha 8 de noviembre de 2016 y 23 de marzo de 2017. La primera se formuló cuando se generó el conflicto al negarse la empresa
adjudicataria a sentarse para negociar el convenio colectivo y, paralelamente, pretendía imponer unas nuevas condiciones laborales para los empleados que iban desde el cambio en la prestación de servicios a la amenaza de la reducción de plantilla:
una parte directamente y otra que se evitaría si se sometían a una rebaja de los salarios. La segunda pregunta se presentó cuando ya se habían producido los primeros despidos. En ambos casos la Administración española ha contestado con varias
ideas que entiendo que justifican la enmienda que hemos formulado y que sería bueno que el grupo proponente hubiera aceptado. En primer lugar, el Estado nos dice que es una cuestión interna de la Administración americana; en segundo lugar, dice
que se han celebrado reuniones con las dos partes; en tercer lugar, dice que el trabajo de la inspección laboral está supeditado al deber de sigilo, que solo puede ser excepcionado para el caso de que se cree una comisión parlamentaria de
investigación; en cuarto lugar, dice que el convenio bilateral entre España y Estados Unidos no se ve afectado esto es importante porque hemos hablado con la representante del Grupo Parlamentario Socialista que dice que es un tema de convenio
bilateral, pero yo particularmente sostengo que es un conflicto laboral que debe ser tratado por la Administración laboral y que la competencia para resolver un conflicto laboral y, en su caso, para la imposición de sanciones correspondería a la
Junta de Andalucía, la Administración autonómica, que es la competente para resolver conflictos laborales, es decir, que si el Estado interviniera más allá de sentarse a escuchar a las partes, estaría provocando una invasión competencial lógicamente
proscrita por las leyes.
Por estos motivos, hemos realizado una enmienda de modificación claramente justificada en la mejora técnica. Señorías, el tiempo ahora es crucial y conviene no perderlo en cuestiones para las que al menos el Grupo Parlamentario Ciudadanos
ya ha tenido contestación. Aunque el Grupo Parlamentario Socialista dice que ellos no la han tenido, yo sí he tenido contestación a las dos preguntas, tenemos información porque se ha hecho un trabajo previo y nuestra enmienda sería importante para
mejorar la iniciativa parlamentaria. La propuesta que hemos hecho es repetir en el segundo apartado la condena a los despidos, aunque ya se haya hecho en la primera parte, y otras dos cuestiones importantes. La primera sería suprimir el párrafo
relativo a la Inspección de Trabajo. Como ya se ha dicho, la Inspección de Trabajo tiene deber de sigilo y no puede proporcionar informes ni información sobre el tema que se está tratando, que es el conflicto laboral de los trabajadores de la base
de Rota, salvo ese supuesto excepcional de la comisión parlamentaria de investigación. La segunda es que si la Administración competente es el Estado, lo que procede es pedir a través de esta iniciativa parlamentaria que el Gobierno llame a la
Junta de Andalucía para que intervenga en este conflicto laboral, intente resolverlo y, en su caso, imponga las sanciones correspondientes. En esta línea va la enmienda que se ha formulado y, de no ser aceptada, pedimos al menos la votación por
separado de los distintos puntos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Delgado Ramos.
El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar a hablar de esta PNL ofreciendo una serie de datos, porque me parece que es importante que los conozcamos; aunque estoy convencido de que los conocen, quiero recordar algunos de ellos. De los diez municipios más
pobres de España, nueve están en Andalucía; de los seis más pobres, tres están en la provincia de Cádiz; y de los cinco con más paro de España, cuatro están en mi tierra, en la provincia de Cádiz. Estos son los datos estremecedores que, como
digo, soporta mi tierra, la provincia de Cádiz. Por eso, cuando hablamos de la pérdida de puestos de trabajo, no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás. Y cuando digo ni un paso atrás es ni un paso atrás, porque todo lo que cedamos será para
aumentar la brecha de la situación de emergencia social que vive la provincia de Cádiz. Por eso, nos congratulamos de que hoy se debata aquí esta proposición no de ley que va encaminada a la defensa de puestos de trabajo y de la dignidad de unos
trabajadores valientes, decentes y honrados que están luchando precisamente por no perder su puesto de trabajo.
La problemática que están sufriendo estos trabajadores de Rota la conocemos perfectamente, porque nuestro grupo parlamentario se ha reunido con ellos en Rota y aquí en el Congreso. Hemos dado ruedas de prensa y hemos participado en las
diferentes manifestaciones que se han producido para defender esos puestos de trabajo. Por tanto, estamos al día. La problemática que están sufriendo los trabajadores la entendemos como una defensa a ultranza de los puestos de trabajo. Es un
conflicto en el que los trabajadores nos comentan que sienten que nuestro Gobierno ha claudicado ante la empresa y ante el Gobierno estadounidense y que ya tiene cifras vergonzantes: diecinueve expedientes abiertos a estos trabajadores por ejercer
un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución, como es el derecho a la huelga, y trece despidos que ya se han producido por parte de esta empresa, Louis Berger. Como les decía, fruto del diálogo que mantenemos con estos trabajadores,
hemos tenido la ocasión de reunirnos varias veces y hemos presentado varias baterías de preguntas parlamentarias. A algunas de ellas nos han respondido, pero es como si no nos hubiesen respondido, porque no nos han dicho del todo la verdad según lo
que nos transmiten los trabajadores en lo que se refiere a la proporción de trabajadores que viene recogida en el convenio bilateral. Incluso, recientemente, en los Presupuestos Generales del Estado propusimos una enmienda para establecer una
compensación económica como consecuencia de la servidumbre militar que soporta Rota, pero casualmente Ciudadanos votó en contra. Dentro de esas iniciativas, también hemos pedido la comparecencia de Manuel Urbina, que es el presidente del comité de
empresa. Creo que es importante que venga aquí y nos dé todos los datos precisos para que tengamos más cercanía con el problema tal cual lo están sufriendo allí los trabajadores. Por tanto, confío en que en esta Comisión acordemos pronto en Mesa y
portavoces la comparecencia de Manuel Urbina para que, como digo, explique aquí la situación dramática que están viviendo los trabajadores de Rota y todas sus preocupaciones. Desde luego, nosotros vamos a estar siempre defendiendo a esos
trabajadores y defendiendo los puestos de trabajo para la provincia de Cádiz, que son necesarios y fundamentales, y no vamos a dar ni un paso atrás. Queremos que se respeten los derechos fundamentales de esos trabajadores, tal y como vienen
recogidos en el artículo 28.2 de nuestra Constitución. En ese sentido, a esta proposición no de ley hemos propuesto una enmienda para instar, para recordar, para decirle a la Administración americana que aquí en España hay que respetar los derechos
fundamentales. Cuando se ponen en huelga esos trabajadores, la Administración americana no puede utilizar a personal americano para que esa huelga no se produzca o que tenga menos incidencia, porque una menor incidencia de esa huelga pone en
peligro un derecho que es de todas y todos los trabajadores y que nos ha costado mucho conseguir. Por tanto, nuestro apoyo a esa huelga, que, además, van a mantener a partir del día 12 de julio para la readmisión de los trabajadores que han
expulsado. Todo nuestro respaldo y, en consecuencia, vamos a votar que sí a esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Delgado Ramos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Candón.
El señor CANDÓN ADÁN: Buenos días y gracias, señor presidente.
En primer lugar, como no podía ser de otra manera, quisiera decir que también nos preocupa y nos ocupa el asunto que se ha traído a esta Comisión. De hecho, también hemos mantenido reuniones con el comité de empresa el 17 de febrero, donde
nos explicaban todas estas cuestiones y que querían sentarse a negociar el convenio colectivo. Tenemos que dejar claras varias cuestiones, no crear confusión entre los trabajadores ni llegar a ese oportunismo político. No se debe confundir el
anexo 8, que es verdad que ahí
sí los trabajadores dependen del Ministerio de Defensa, con el anexo 6, que no tiene absolutamente nada que ver. Estamos tratando un conflicto laboral puro y duro, un conflicto entre una empresa y sus trabajadores. Eso es evidente. Quería
dejar claro este asunto, porque el personal contratado por dicha empresa está caracterizado como personal civil empleado por el contratista, y así lo dice el anexo 6 del citado convenio y, como ha dicho aquí también el portavoz de Ciudadanos, no
afecta para nada al convenio bilateral. Por tanto, hay que dejar claro que es en todo ajeno al Ministerio de Defensa; es decir, es un conflicto entre una empresa norteamericana y sus trabajadores, empresa que contrata directamente a sus
trabajadores.
En una respuesta que ya planteó Ciudadanos el 10 de noviembre de 2016, se le dice por parte del ministerio que el Ministerio de Defensa ha mantenido, a solicitud de ambas partes, reuniones con ellos al objeto de mediar para facilitar una
pronta resolución en la búsqueda del interés general. A todo el mundo nos ocupa y nos preocupa el tema laboral, que haya menos precariedad en el trabajo, que haya más puestos de trabajo. No hace falta ser de izquierdas, esa bandera la tiene todo
el mundo, porque a todo el mundo nos preocupan todos y cada uno de los puestos de trabajo. Eso es así, lo demás puede ser hasta pura demagogia. Por tanto, quiero señalar que el personal civil empleado es contratado directamente, como he dicho, por
la empresa, teniendo que cumplir con lo establecido en la legislación laboral. En este sentido, y por eso quiero que no se confundan los términos, hemos planteado unas enmiendas a ese texto, porque creo que podemos llegar a un acuerdo, otra cosa es
que no quieran llegar a ese acuerdo. ¿Por qué? Porque hay una parte importante en este asunto, que es la Administración autonómica, y no porque lo digamos nosotros. Aquí hay que tirar de todas las patas, la que le corresponde al ministerio, la
que le corresponde a la Junta de Andalucía o la que le corresponda a cualquier otra Administración, como no debe ser de otra manera. Además, las competencias están transferidas a la Junta de Andalucía en ese sentido, que es la competente en la
resolución de conflictos laborales y la que tiene que poner también su grano de arena para resolver este conflicto, porque lo otro no tiene nada que ver, y queda claro. Hay que conocer el convenio bilateral, donde viene muy claro que el Ministerio
de Defensa es ajeno a todos estos temas; pero si hay que ayudar, se ayuda; si hay que ir a decirle a la empresa lo que hay que decirle, también se le dice. Vamos a poner todas las manos encima de la mesa y a trabajar conjuntamente, pero es su
competencia, yo no me la estoy inventando. Por tanto, espero que acojan estas enmiendas, porque creo que son interesantes. Hoy podemos salir de aquí todos a una, pero la Administración autonómica tiene que cumplir con sus competencias, porque es
la que sanciona, la que le tiene que decir que resuelvan el conflicto.
No tengo mucho más que decir. He leído la nota de prensa que ha salido hoy en Rota al día. Es mucho más cañera que la exposición sobre este tema de la compañera, cuyo tono agradezco. A todos nos ocupa, a todos nos preocupa. Esto no es
bandera de nadie, es bandera de todo el mundo. Cada Administración, dentro de sus competencias, tiene que poner su grano de arena y la Junta de Andalucía aquí tiene mucho que decir. Así que no se trata de obtener un titular fácil, ni de crear
malas expectativas ni confusión entre los trabajadores, porque los trabajadores también saben el anexo en el que están, que es el anexo 6, que no tiene nada que ver con el anexo 8.
Muchas gracias, señor presidente. Esperemos que tengamos una resolución positiva de este asunto en esta Comisión.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Candón.
Para aceptar o rechazar las enmiendas, tiene la palabra la portavoz socialista, señora Alconchel.
La señora ALCONCHEL GONZAGA: Aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Podemos, ya que hace hincapié en esa obligación de permitir el derecho de huelga y que no se boicotee. Respecto a las enmiendas de Ciudadanos y del Grupo Popular,
no las aceptamos, porque entendemos que el ámbito competencial es estatal, ya que está dentro de un convenio bilateral entre dos Estados soberanos, y porque creemos que sus enmiendas buscan excluir de responsabilidad al verdadero responsable.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alconchel.
Para la organización de los grupos parlamentarios, el cálculo acerca de las votaciones nos permite decir que no serán antes de las catorce horas; a partir de las dos procuraremos que sea la votación.
- RELATIVA A LA READMISIÓN DE LOS RESERVISTAS VOLUNTARIOS EXPULSADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS POR NO HABER SIDO ACTIVADOS POR CIRCUNSTANCIAS AJENAS A SU VOLUNTAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente
161/001296).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a la readmisión de los reservistas voluntarios expulsados de las Fuerzas Armadas por no haber sido activados por
circunstancias ajenas a su voluntad. Está presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. El señor Díaz Gómez tiene la palabra.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
A pocos se les escapa ya que las Fuerzas Armadas son la institución más valorada por los españoles. Una de las consecuencias directas de esto es el deseo de muchos ciudadanos de participar de algún modo en la actividad de los Ejércitos. La
vía más habitual es la de los reservistas. Como saben, los reservistas son activados para el servicio por periodos. Durante la crisis, hubo muchas reactivaciones que no se produjeron, puesto que, igual que en muchos ámbitos, se produjeron
recortes, y en el caso especial de las Fuerzas Armadas uno de los aspectos que más afectados se vieron fue el de la activación de los reservistas. La normativa vigente hasta el año 2014 establecía que, para poder renovar el compromiso de un
reservista, tenía que haber sido activado al menos una vez en los últimos tres años y tres veces en los últimos seis. Esto produjo que muchos reservistas que querían ser activados pero que en el entorno hostil de la economía no lo fueron, no
pudieron renovar como reservistas por causas ajenas a su voluntad y que no eran imputables a una ausencia de compromiso. Esta norma se corrigió. En 2014 modificaron el párrafo que les he leído de este Real Decreto 176/2014, que decía: Se
requerirá -para poder renovar el compromiso- que el reservista voluntario haya manifestado por escrito ante la Subdelegación de Defensa correspondiente su compromiso de renovación y su disponibilidad. Esto supuso que en el periodo que existió entre
2011 y 2014 fueran decenas los reservistas que se vieron apartados de la posibilidad de renovar su compromiso. Si estos reservistas hubiesen sido activados, no se habrían visto privados de su renovación como voluntarios reservistas. Por tanto,
tenemos un grupo de mujeres y hombres que, queriendo ser reservistas y habiendo querido cumplir con sus compromisos, se han visto expulsados del ejército por una falta de activación completamente ajena a su voluntad. Es injusto a todas luces que se
vean excluidos de las Fuerzas Armadas aquellos españoles que quieren colaborar con la defensa de la nación. Pedimos en esta proposición no de ley que sean reincorporados al servicio aquellos que se vieron en esta circunstancia y que puedan ser
reactivados; que una circunstancia injusta no mantenga apartados a quienes tienen ganas e ilusión, compromiso y cariño por los Ejércitos y por su país y quieren servir por esta vía a la patria y a las Fuerzas Armadas.
Se han presentado dos enmiendas, una por parte de Unidos Podemos con la que compartimos el fondo pero no la vamos a admitir porque, sencillamente, ellos plantean que llevemos este tema a la subcomisión, pero al ser muy pocos los casos de los
que estamos hablando podríamos prolongar el problema que casi está en vías de solventarse en el ministerio. Si fueran más, si fuera una situación generalizada dentro de la tropa y marinería, que es la subcomisión de la que tratamos, aceptaríamos la
enmienda. Pero es por este motivo, no es por ningún otro, (El señor Delgado Ramos: No es ad hominen). Efectivamente, no es ad hominen la exclusión. La otra enmienda del Partido Popular establece que dado que en los últimos periodos sí se ha
empezado a reactivar a algún reservista que se vio en esta situación, hacen hincapié en que se empuje al ministerio a seguir por esta vía. Por tanto, al no desnaturalizar la PNL, sino que lo que hacen es reconducirla un poco a la situación actual,
sí la aceptamos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Gómez.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ MELERO: Gracias, señor presidente.
No tenemos problema en que no se incorpore la enmienda, votaremos igualmente a favor por una cuestión básica y con la que creo que el conjunto de la Comisión estará de acuerdo, y es que es una situación injusta, innecesaria, reversible de
una manera sencilla y especialmente porque afecta a un número pequeño de personas. Sin embargo, presentamos la enmienda porque, fundamentalmente, nos
parecía que era la oportunidad de poder señalar una cuestión que creo que a veces se nos olvida en esta Comisión, y es que la subcomisión que está trabajando se denomina sobre el régimen profesional de las Fuerzas Armadas. El Partido
Popular está empeñado en que esa subcomisión trabaje exclusivamente sobre los asuntos de tropa y marinería y nosotros consideramos que el problema actual es que hay una amalgama de errores sucesivos en el conjunto de las decisiones que se han ido
tomando sobre los profesionales de las Fuerzas Armadas que han ido generando diversas situaciones absolutamente injustas sobre el eje central de nuestras Fuerzas Armadas, que son los hombres y mujeres que deciden arriesgar su vida por el ejército de
nuestro país.
El modelo de profesionalización de las Fuerzas Armadas que ha tenido este país fracasa fundamentalmente por el incumplimiento reiterado de los Gobiernos de los compromisos adquiridos con la composición de esas fuerzas profesionales. Fracasa
porque no se tiene la valentía de asumir un debate estratégico sobre el modelo del ejército y adecuar el modelo profesional de las Fuerzas Armadas a ese modelo de ejército. Fracasa porque no se tiene la valentía de asumir la absoluta desproporción
entre los altos mandos y el número y los perfiles de la tropa. Fracasa porque no se tiene la voluntad de garantizar lo más básico de unas Fuerzas Armadas, que son las condiciones absolutamente dignas y el máximo respeto. Es una actitud propia de
patriotas de hojalata. Confiamos en que esa subcomisión permita al resto de grupos profundizar en esos sucesivos fracasos del Gobierno del Partido Popular. Por tanto, trabajaremos para que esa subcomisión revise la multitud de condiciones injustas
que viven los profesionales de las Fuerzas Armadas, especialmente tropa y marinería porque son los más numerosos, pero no son los únicos. Nos alegramos de que por ser pocos la situación de los reservistas voluntarios se resuelva pronto y que el PP
tome la determinación, que lo hace porque son pocos. Esperamos que asuma que hay una dificultad estratégica para honrar el trabajo de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Apoyaremos la iniciativa y seguiremos trabajando en la subcomisión
para la mejora de las condiciones de nuestros profesionales.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Mateu.
El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente.
La verdad es que en esta PNL que acertadamente ha presentado el Grupo Parlamentario Ciudadanos hay que debatir el objeto de la misma y no tratar de establecer un speach acerca del ejército y los fracasos de los sucesivos Gobiernos con
respecto al Ejército español que, desde luego, ha realizado una tarea muy brillante en cada sitio en el que ha estado trabajando y en los que sigue trabajando. Además, esa subcomisión que usted quiere transformar en un cajón de sastre para todos
los problemas que a ustedes les parece que existen cuando no es así se denominó, tal y como establece el Boletín Oficial de las Cortes Generales, del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas. Por tanto, es
absurdo lo que ustedes están planteando.
Con respecto a la PNL planteada por el Grupo Ciudadanos, que es lo que realmente nos ocupa, cómo no vamos a agradecer a estos ciudadanos españoles, a estos patriotas, que dediquen su tiempo libre robando tiempo a sus familias para estar
incursos en el seno del Ejército español. Precisamente tenemos aquí un claro ejemplo, un compañero nuestro que está sentado en la Mesa, Alfonso Candón, es reservista y todos ustedes pueden ver la actitud que tiene y como trabaja por los demás
españoles. Evidentemente, este planteamiento que hace el Grupo Ciudadanos ya fue recogido antes de presentar esta PNL por el Ministerio de Defensa, ¿por qué? Porque detectó esa transición legislativa porque les recuerdo que esto es producto de una
transición legislativa tras la modificación del decreto de marzo de 2011 con la que establecía una serie de parámetros para poder continuar con el compromiso de reservista tal y como ha establecido el diputado Díaz por lo que no lo voy a repetir.
Después el Partido Popular, cuando gobernó, viendo lo que sucedió en el año 2014 cuando reservistas que querían renovar su compromiso no pudieron por esa legislación existente, la primera actuación que realizó y creo que muy acertadamente fue
modificar esa legislación en marzo del año 2014, estableciendo otras condiciones que realmente consistían en que para renovar la condición había que hacer una declaración de fe de grado de interés en continuar en las Fuerzas Armadas. Sobre esa
base, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar se puso manos a la obra y así en los cuerpos comunes del ejército detectó que no podían haber renovado su compromiso treinta y cinco reservistas de varias especialidades como jurídica,
psicología, medicina, odontología, enfermería, farmacia y veterinaria. La causa de la baja todos la sabemos, ya lo ha
dicho el diputado. En definitiva, como el número de plazas ofertadas era inferior a los efectivos, ya se aceptó que por el hecho de pedir algunas de las plazas se consideraba renovado el compromiso. Así fue como se empezó a resolver esta
situación. De esas treinta y cinco bajas hubo cuatro que no pudieron ser resueltas, y uno de ellos no tuvo informe favorable para su renovación del compromiso. En el Ejército de Tierra hubo más personas, sesenta, pero también fue como consecuencia
de que a partir del 1 de julio de 2010 no se pudo activar a los reservistas por las cuestiones presupuestarias del tijeretazo que metió el Gobierno del Partido Socialista en esa situación de gran crisis económica. Desde luego, de esos sesenta
reservistas del Ejército de Tierra se estima que la práctica totalidad fueron readmitidos, tal y como determinaré en el último punto de mi exposición, porque se entendía que no fueron renovados en su condición por causas injustificadas y ajenas
totalmente a su voluntad. En lo que respecta a la Armada, la Armada no ha dado baja a ningún reservista voluntario en aplicación de dicho artículo 19.5. En el Ejército del Aire se dejaron de conceder nada más que tres solicitudes, una de las
cuales fue recurrida, primero en alzada y luego en la vía contencioso-administrativa, y se ganó. En definitiva, el Ejército del Aire sigue insistiendo en que a estos tres se les podía readmitir nuevamente siempre que mantuvieran las condiciones de
acceso establecidas en el artículo 9 del Reglamento de Reservistas.
Esta es la situación con la que se empezó a trabajar. Se hizo un análisis de lo que estaba sucediendo y lo primero que se hizo que era lo primero que había que hacer fue modificar la legislación para impedir que gente con interés,
sacrificada, que quiere a sus tropas y a España, pudiera seguir implicada en el ejército. Por eso, lo primero que se hizo, aparte de la modificación de la ley, fue una gestión administrativa, saber qué personas estaban afectadas por esa situación
y, evidentemente, se pusieron manos a la obra. Además de los antecedentes que les he comentado, ¿cuál es la situación actual, cuál es la radiografía de este asunto actualmente? Señorías, en el último recuento, realizado hace escasamente un mes,
únicamente quedaban cinco personas reservistas no reincorporados a su condición de tal, tres del Ejército de Tierra y dos del Ejército del Aire. Por lo tanto, la directora general de Personal dictó una resolución instruyendo y aclarando lo que
significa la modificación del artículo 19.5 a cada uno de los cuerpos del Ejército español. Así se ha hecho y en los últimos días han salido ya las cinco comunicaciones para estas cinco personas reservistas para que sepan las posibilidades que
tienen de volver al Ejército español.
Por ello creo que el problema afortunadamente, por la diligencia del Ministerio de Defensa, se ha resuelto en su totalidad, es decir, cien por cien de solución a este problema. Por tanto, no habiendo tema, se acabó el asunto. Por eso,
vamos a votar a favor, como no puede ser de otra manera, a la acertada y atinada proposición no de ley que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mateu.
A continuación, para fijar posición, señor Legarda, ¿va a hacer uso de la palabra? (Denegación). Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Cortés.
El señor CORTÉS LASTRA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, la verdad es que les adelanto que voy a hacer una intervención muy breve porque vamos a votar a favor de la proposición no de ley que presenta hoy aquí el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Pero es verdad que uno se queda un poco
atónito cuando escucha al diputado del Partido Popular echar la culpa incluso de los reservistas a no se sabe qué. No, mire usted, nosotros no gobernamos desde el año 2011 y creo que estamos en el año 2017, por lo tanto, han tenido tiempo más que
suficiente para haberlo solucionado mucho antes. Cada uno debe asumir sus responsabilidades y este tema -en el que para nosotros no hay ningún problema, nos parece bien y lo vamos a apoyar- tiene unos orígenes en los que no voy a entrar porque
muchos de ustedes ya los han valorado, y sería prácticamente hacerles perder el tiempo que volvamos a repetir lo mismo que ya han repetido alguno de ustedes. (El señor Cortés Lastra y la señora Alconchel Gonzaga pronuncian palabras que no se
perciben).
Es verdad que quizás podríamos aprovechar este tema para hablar un poco de la cultura de la defensa, que creo que es un tema muy interesante en el que debemos ahondar en esta Comisión. Lo dejaré ahí, no voy a entrar más a fondo en este
asunto. Ya le digo que desde el año 2011 no gobernamos, estamos en el 2017 y el Partido Popular ha tenido tiempo para haber solucionado este asunto y que yo sepa hasta este momento no lo ha hecho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cortés.
Señor Díaz Gómez, pronúnciese sobre la aceptación de las enmiendas.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Aceptamos la enmienda del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Parece que la Mesa ha sido un poco pesimista sobre el horario, les rogaría que digan a los miembros de sus grupos parlamentarios que la votación será entre la una y media y las dos menos cuarto.
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE MAYOR RIGOR Y REALISMO EN LA FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES EN EL EXTERIOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001948).
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar.
Pasamos al punto sexto, proposición no de ley relativa a la necesidad de mayor rigor y realismo en la financiación de las operaciones en el exterior. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Señor Delgado, tiene la palabra.
El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Como ustedes saben, desde la década de los años noventa y de forma creciente España participa en distintas misiones y operaciones en el exterior, tanto de carácter bilateral como multilateral. Esta labor de nuestras Fuerzas Armadas es, sin
lugar a dudas, una muestra de la solidaridad de nuestro país y la voluntad de contribuir a fomentar un entorno internacional más pacífico, coincidiendo con que nunca antes se había desplegado a tantos militares españoles en operaciones en el
exterior. Ahora bien, este dato -que demuestra una importante proyección externa de nuestro país- se acompaña de un problema de financiación que arrastramos desde hace tiempo. Prácticamente a la par que se ponían en marcha las primeras operaciones
en el exterior -desde los años noventa-, se viene señalando por el Tribunal de Cuentas, por Transparencia Internacional y por otras instituciones -no lo decimos nosotros, sino que lo dicen estas instituciones que vienen durante muchos años
trabajando- que la presupuestación de las partidas correspondientes a las operaciones y misiones en el exterior adolecen de una falta de rigor y de realismo. Lo dice ese informe así de claro: Adolecen de una falta de rigor y de realismo. Desde
entonces, este tribunal ha llevado a cabo tres informes de fiscalización en los que ha identificado el problema, que traemos hoy aquí, con la intención de que le demos, de una vez por todas, solución.
Tal y como se afirma en ese último informe que ha hecho esta institución -del año 2009 y 2010-, nos dice que es indispensable modificar el procedimiento actual de presupuestación para que puedan diferenciarse las operaciones en curso de las
operaciones imprevistas. Es decir, en el primer caso, se deberán incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio y, en el segundo caso, en las imprevistas que se siga aplicando la situación actual. En los dos años que se
tienen en cuenta en el informe del Tribunal de Cuentas -2009 y 2010- se presupuestaba la misma cantidad -14,36 millones de euros-. Sin embargo, en 2009 se ejecutaron casi 700 y, en 2010, 752 millones de euros. Señorías, estamos hablando de que la
diferencia es, como mínimo, cincuenta veces mayor entre lo presupuestado y lo ejecutado. Es un desfase absolutamente desproporcionado. Son unas cifras que ponen en evidencia -como reconocía el presidente del Tribunal de Cuentas, el señor Álvarez
de Miranda García en su comparecencia en marzo en este Congreso- que en el Ministerio de Defensa se encuentran las mayores diferencias entre las partidas presupuestarias iniciales y las definitivas.
Esta praxis presupuestaria, lejos de haberse subsanado, sigue llevándose a cabo en los últimos años. El secretario de Estado, en su reciente comparecencia sobre los Presupuestos Generales del Estado el 26 de abril de 2007, nos dijo en la
Comisión que en total se destinaría en 2017 al presupuesto 14,3 millones para los gastos ocasionados por la participación de nuestro Ejército en misiones de paz, sin variación respecto a lo presupuestado en 2016. ¿Les suena? Lo mismo que en 2009,
que en 2010, que en 2011 y que todos los años los años se presupuesta 14,3 millones, cuando después el resultado definitivo es muy diferente a lo presupuestado. Por tanto, estas diferencias escandalosas entre el crédito inicial presupuestado para
las operaciones en el exterior en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, que se presenta en las Cortes Generales y lo que se liquida a final de año, son cercanas cada año a los 1000 millones de euros y distorsionan el propio
presupuesto de Defensa que se presenta a la ciudadanía desde hace décadas.
Estas disparidades presupuestarias terminan por dificultar la capacidad de fiscalización y el propio control parlamentario que compete a la Comisión de Defensa y al Parlamento, en lo que se refiere a los presupuestos de Defensa. Por todo
ello, señorías, es fundamental que trabajemos para lograr un presupuesto más riguroso y más realista como dicen -que no lo decimos nosotros- las diferentes instituciones -el Tribunal de Cuentas, Transparencia Internacional, etcétera-, y para dejar
atrás las trampas presupuestarias a las que nos tiene acostumbrados ya el Partido Popular. Por lo tanto, necesitamos unos presupuestos transparentes, reales y rigurosos y alejarnos de esa otra realidad, de unos presupuestos que están muy alejados
de la realidad.
¿Vamos a tener que esperar a que venga otra vez el Tribunal Constitucional a enmendar lo que el Partido Popular y su Gobierno vienen haciendo mal durante muchísimos años? Creo que es importante que los presupuestos se hagan de forma
correcta, seria y transparente. Espero el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Delgado.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda, y para su defensa tiene la palabra el señor Cortés.
El señor CORTÉS LASTRA: Muchas gracias, presidente.
Es cierto que en los últimos años venimos asistiendo a presupuestaciones de nuestras operaciones y misiones en el exterior carentes de rigor y que no tienen un realismo suficiente. Lo estamos viendo año tras año y, además, hace años que
venimos demandando desde el Partido Socialista Obrero Español la necesidad en este ámbito de transparencia, de fiabilidad y también -porque esto va unido- del reconocimiento de nuestras tropas en el exterior. Esto lo venimos denunciando -como les
decía- desde nuestro grupo parlamentario y también desde el Tribunal de Cuentas -como decía el interviniente anterior-, y también ahora se suma a nuestro planteamiento esta PNL, que viene defendiendo las posturas que mantenemos. Es una PNL que
tendríamos que ver de una manera constructiva, porque de alguna manera nos sirve para seguir abriendo el debate y ver hasta dónde estamos dispuestas, todas las formaciones políticas, a comprometernos con la transparencia presupuestaria en estas
operaciones. Es evidente que hoy en día la maduración, el conocimiento del compromiso adquirido en todas estas misiones por nuestro país nos tendría que dar la posibilidad de establecer, con suficiente antelación y con las suficientes garantías,
una previsión presupuestaria de la mayoría de estas operaciones e incorporarlas a nuestros Presupuestos Generales del Estado. Sí sería positivo establecer este diálogo entre todos los grupos parlamentarios para terminar con esta situación que, como
decía al principio de mi intervención, en estos momentos -desde nuestro punto de vista- no es transparente, no genera fiabilidad y no reconoce en su justa medida el trabajo que desarrollan nuestras Fuerzas Armadas en las misiones en el exterior.
No me negarán ustedes que esas operaciones en el exterior son un orgullo para nuestro país, y que todos los hombres y mujeres que están desplazados en todas ellas necesitarían al menos que se les considere en los presupuestos generales del
Ministerio de Defensa al margen de estos fondos de contingencia de los que forman parte. Mi grupo parlamentario va a apoyar esta proposición no de ley, y por eso hemos puesto encima de la mesa esta enmienda. Quedamos pendientes de la aceptación de
esta enmienda para votar a favor de esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cortés.
A continuación vamos a iniciar el turno de fijación de posiciones. Pregunto al señor Legarda si va a hacer uso de la palabra. (Denegación). Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Cano.
El señor CANO FUSTER: Gracias, presidente.
Me alegro enormemente, señor Delgado, de esta proposición no de ley no solo por el contenido, sino porque la consecuencia que lleva aparejada es el incremento del presupuesto de defensa. Espero que la cúpula dirigente de su partido sepa que
usted está proponiendo aquí incrementar el presupuesto de defensa, con la falta que nos hace sobre todo para cubrir misiones en el exterior que, como ya se ha dicho aquí, son un orgullo. La verdad no es para menos, porque nuestros soldados y
nuestros marineros deben
estar orgullosos de la labor que desarrollan en el exterior. El coste total de las misiones internacionales, desde el año 1990 hasta el 2014, asciende a más de 9600 millones de euros, según datos facilitados por el Ministerio de Defensa;
hasta el 2010 estos gastos se habían presupuestado en un concepto, en el 228, y en 2011 se desglosaron en tres conceptos: 128, 228 y 668. Inicialmente las partidas presupuestadas se ajustaron bastante a las necesidades reales y las modificaciones
presupuestarias eran pequeñas, pero desde 1998 la práctica ha sido dotar unos créditos inicialmente bajos que además han ido decreciendo en las sucesivas leyes de presupuestos para después ampliarlos con cargo al Fondo de Contingencia, dotando
ampliaciones de crédito para operaciones de paz y suplemento de crédito y, en ocasiones, con créditos extraordinarios para las operaciones de ayuda en el exterior.
El Tribunal de Cuentas, señor Delgado, no el Tribunal Constitucional -en lo único que se parecen es en las iniciales, son TC los dos- (El señor Delgado Ramos pronuncia palabras que no se perciben). Al final ha hablado del Tribunal
Constitucional y, si no, nos remitimos al Diario de Sesiones. El Tribunal de Cuentas ha criticado en diversas ocasiones esta forma de actuar: primero, por recoger en un único apartado conceptos tan dispares como complementos salariales y gastos de
inversión y, segundo, por mantener una cifra tan baja en los presupuestos cuando muchas de la misiones se encuentran ya en funcionamiento en el momento de aprobar los presupuestos. (Rumores). También señala el Tribunal de Cuentas que, al ser
necesaria la autorización para el Consejo de Ministros y la aprobación de los expedientes por el Ministerio de Hacienda, los retrasos en la concesión obligan en muchas ocasiones a dicho ministerio a utilizar otros recursos de sus presupuestos, con
las correspondientes rectificaciones posteriores y la sobrecarga de trabajo para la Unidad de tramitación. Se dice: acercar más y mejor las previsiones a la realidad es la recomendación principal. No obstante, hay autores que dicen que no se
puede hablar de una mala presupuestación porque se conoce la previsión, se reconoce el problema por los responsables y se ha mantenido con Gobiernos de distinta ideología, incluso se padece por sus gestores, que reclaman soluciones. (Rumores).
Respecto al Fondo de Contingencia, ya sabemos que es consecuencia de las leyes de estabilidad. La dotación de este fondo se encuentra dentro del límite del gasto no financiero, fijado con un importe equivalente al 2 % del mismo, y con la
creación de este fondo la ley refuerza los mecanismos de control de las modificaciones presupuestarias que, sujetas a los principios de transparencia e información, contribuyen a una eficiente asignación y utilización de los recursos. (Rumores).
En definitiva -ya termino-, no es tanto un problema de opacidad sino de mala planificación del presupuesto, que exigiría un incremento notable de ese presupuesto de defensa. Si se aprueba una subida cercana, si es posible, al 2 % del PIB,
será injustificable recurrir nuevamente al Fondo de Contingencia. Entendemos desde Ciudadanos, señorías, que debemos alcanzar un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios para que se traslade el importe de las misiones, sobre todo de las
previsibles y de las que ya están en funcionamiento, al presupuesto y no al Fondo de Contingencia. (Rumores).
Por ese motivo, votaremos a favor de la PNL.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Tarno.
El señor TARNO BLANCO: Gracias, señor presidente.
La proposición no de ley presentada por Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no es rigurosa. Todo el rigor y realismo que ellos plantean en la financiación de las operaciones en el exterior no es en
absoluto así. (El señor Delgado Ramos pronuncia palabras que no se perciben). En primer lugar, no existe ningún problema de financiación, en absoluto; la financiación viene garantizada por los Presupuestos Generales del Estado. En todo caso,
podría haber un problema de presupuestación, que son dos cosas absolutamente distintas. En ningún caso hay riesgo de no financiación de las operaciones en el exterior. Por tanto, falta de rigor y falta de realismo en la proposición no de ley. (El
señor Delgado Ramos pronuncia palabras que no se perciben). Sí, señor Delgado, es que no es lo mismo. Entiendo que a usted le dé todo igual, pues de lo que se trata es de emborronar un poquito todo, que es a lo que se dedican ustedes, pero sean
rigurosos por lo menos. Mire, en la exposición de motivos dicen ustedes que nunca antes se habían desplegado tantos militares en operaciones en el exterior como se viene reconociendo por el Ministerio de Defensa. (El señor Delgado Ramos y la
señora Valido Pérez pronuncian palabras que no se perciben). No, señor Delgado, también están equivocados ustedes. Nunca antes se habían desplegado tantas operaciones, pero no militares. (El señor Delgado
Ramos: Las dos cosas). Escriban bien. No, mire usted, a 1 de junio de 2017 había 2657 militares desplegados en operaciones y en el año 2002, que es cuando más ha habido, 3784, que son justamente 1100 militares menos que ahora. (El señor
Delgado Ramos: Y ahora, ¿cuántos hay?) Lo que pasa es que a usted los números le dan exactamente igual, si ustedes vienen ya con unas ideas absolutamente prefijadas, si es que les da igual. Ustedes no tienen ningún rigor porque no conocen lo que
significa esa palabra y, por tanto, no le pueden exigir rigor a nadie; es que no conocen el rigor y, por tanto, no lo pueden exigir. (Rumores).
Opacidad, ninguna. Fíjense si son poco opacos que ustedes han dicho las cifras que vamos a gastar; por cierto, ya lo dijo el secretario de Estado en esta Comisión, más de 1062. Usted habla de opacidad y de falta de claridad pero dicen la
cantidad en su exposición de motivos y, por tanto, no será real. (El señor Delgado Ramos pronuncia palabras que no se perciben). Les recuerdo a ustedes que por la Ley de la Defensa Nacional es este Parlamento, bien en Pleno o en esta Comisión,
quien autoriza las operaciones en el exterior. Más transparente no puede ser, pero es que es este Parlamento el que controla los Presupuestos Generales del Estado y el Fondo de Contingencia es absolutamente controlable por la Comisión de
Presupuestos de esta Cámara, sin ningún tipo de dudas, absolutamente controlable (El señor Delgado Ramos hace signos negativos). Absolutamente controlable y se aprueba en el Pleno de la Cámara. No estamos hablando de un real decreto, que es lo que
usted intenta mezclar confundiéndonos con los famosos PEA, sino que se aprueba en Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, opacidad ninguna y falta de rigor (El señor Delgado Ramos: Tampoco), tampoco.
A finales de año, en diciembre, el Consejo de Ministros autoriza la prórroga de las operaciones en el exterior y, por tanto, no es hasta ese momento cuando se decide en qué operaciones vamos a continuar. Puede decidirse, como pasó en su
día, la marcha de una -si no me equivoco, la última fue la retirada de la mayor parte del contingente de Isfahan de Afganistán-, pero le recuerdo a usted que la Ley de Presupuestos Generales del Estado tiene que presentarse en esta Cámara antes del
1 de octubre del año en curso, del año anterior y, por tanto, ese desfase es el que obliga a esa presupuestación. El ministerio está estudiando cómo mejorar, si es posible, ese desfase entre las cantidades del Fondo de Contingencia, pero en ningún
caso porque haya la menor duda del rigor, el realismo o la transparencia. (El señor Delgado Ramos: Muy bien). ¿Usted sabe que este Parlamento puede rechazar en cualquier momento y anular una misión? Por tanto, presupuestar de más es un grave
daño al resto de los ciudadanos (El señor Delgado Ramos: Y de menos). Porque presupuestar cantidades que no sabemos si se van a gastar impide la presupuestación en otros servicios o partidas de los Presupuestos Generales del Estado que claramente
pueden beneficiar a los ciudadanos de nuestro país. (El señor Delgado Ramos, la señora Valido Pérez y el señor Alonso Cantorné pronuncian palabras que no se perciben).
El Tribunal de Cuentas, como órgano fiscalizador, propone algún tipo de solución, pero en ningún caso pone en duda el rigor del gasto. (El señor Delgado Ramos: Sí, lo dice). No, no, no, el rigor de la presupuestación. ¡Es que son dos
cosas absolutamente distintas! Todo el dinero, los 1062,53 millones de euros, su gasto es riguroso. Poner en duda que ese gasto sea riguroso es falaz, porque no lo hace el Tribunal de Cuentas; esos 1062 están analizados, intervenidos por los
interventores del Estado hasta el último euro y, por tanto, no hay falta de rigor en el gasto. Insisto, puede haber una distinta percepción de cómo se tiene que presupuestar, pero en ningún caso las operaciones están mal financiadas ni el gasto
deja de ser riguroso.
El problema de su proposición no de ley es que la mezcla todo. Yo entiendo que esta vez su asesor no ha estado muy fino (El señor Delgado Ramos pronuncia palabras que no se perciben), pero qué le vamos a hacer, señor Delgado, para la
próxima mejorará. Por tanto, es una PNL que es una permanente incongruencia y que, además, no se ajusta a la verdad no puede ser votada favorablemente por el Grupo Popular.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tarno.
Para aceptar o rechazar la enmienda tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO RAMOS: Vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista, y agradecemos...
El señor PRESIDENTE: No, no.
El señor DELGADO RAMOS: ... que es una buena señal que no nos la acepte, señor Tarno.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- RELATIVA A IMPEDIR LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS MILITARES EN ZONAS Y TÉRMINOS MUNICIPALES DE ÁREAS ALTAMENTE DENSIFICADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002009).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, proposición no de ley relativa a impedir la realización de maniobras militares en zonas y términos municipales de áreas altamente densificadas, que presenta el Grupo
Parlamentario Mixto. Se han presentado dos enmiendas. Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gracias.
En esta PNL el Partit Demócrata solicita que los ejercicios militares que se practican en Cataluña sean en zonas que no estén densamente pobladas. Presentamos esta PNL a pesar de haber hecho primero una solicitud directamente el ministerio
apelando al famoso diálogo. Lo hemos hecho nosotros y también lo han hecho los diversos ayuntamientos. No ha habido ninguna propuesta por parte del ministerio, así que vamos a agotar todas las vías y, por eso, la presentamos. Sinceramente, creo
que podría resolverse simplemente con voluntad política, pero hasta que la otra parte no esté dispuesta a resolverlo por la vía del diálogo seguiremos por las vías alternativas. Entendemos perfectamente que los militares deben realizar dichas
maniobras o ejercicios, pero estos ejercicios no deben, en ningún caso, ser motivo de malestar entre los ciudadanos, y actualmente lo es. No pedimos, ni mucho menos, que cese esta actividad, lo que sí consideramos es que si uno de los principales
objetivos del Ministerio de Defensa es promover la cultura del Ejército, no debe esperar a que la gente admita como positivo en su vida al Ejército de la noche a la mañana.
El Ministerio de Defensa debe emprender acciones de proximidad y demostrar esta voluntad de cambio y de mejora. Asuntos como el que ahora debatimos son una oportunidad para que el ministerio muestre, con hechos y no solo con palabras, su
voluntad de hacer de las fuerzas de seguridad del Estado una institución cercana y de proximidad, que en Cataluña no lo es, insisto. En Cataluña no lo van tener fácil. El papel del Ejército no es bien valorado en general. Está en sus manos
revertir esta imagen e insisto que no les va ser fácil, porque nuestro modelo de estructura de defensa ideal dista del modelo del Estado español. Tienen mucho trabajo para rediseñar su modelo y seducir a los ciudadanos. Aun así, hoy tienen la
oportunidad de enviar un contundente mensaje de voluntad de mejorar; un mensaje que les sitúe allí donde ustedes aspiran a estar o, como mínimo, donde ustedes nos dicen que quieren estar, que es cerca de los ciudadanos. Yo no les pongo en duda,
pero sí es cierto que en Cataluña es un tema no tabú, pero sí que genera mucho rechazo. Imponer no acerca nada y la actitud prepotente tampoco. En esta PNL expongo algún ejemplo. Girona pidió que no se hicieran maniobras en la zona de El Castell
de Sant Miquel, ya que es un espacio concurrido, con muchos excursionistas y con mucha gente que practica el deporte. Otro espacio polémico es el Parc de Collserola. Entendemos que deben practicar en diferentes espacios, pero si apelo al diálogo
es, precisamente, porque hay alternativas, y esas prácticas en el Parc se realizaron enfrente de una escuela. Los militares no están normalizados en Cataluña y deben esforzarse si quieren que su presencia se normalice. Insisto en que con
prepotencia, sin diálogo y sin voluntad política solo van a conseguir que el rechazo del que les hablo cada día sea mayor.
Les invito a dar pasos adelante para evitar el enquistamiento de un problema que no beneficia ni a unos ni a otros, ya que los militares son rechazados y los ciudadanos se sienten molestos. Esto se podría resolver y depende de ustedes que
así sea. Ahora, hablando con los diferentes partidos para ver si llegamos a un acuerdo, me sorprende que estemos enquistados en un punto en el que solo decimos que cuando un ayuntamiento tenga alguna cosa que decir, se le escuche. Espero que en
estos minutos podamos llegar todos a un acuerdo y, de momento, no puedo decirles si acepto o no acepto todo porque estamos aún negociándolo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Nogueras.
Seguidamente, interviene para la defensa de su enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, el señor Alonso.
El señor ALONSO CANTORNÉ: No me tocaba a mí, pero bueno, hablaremos. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la PNL que se presenta hoy. Entendemos perfectamente que las maniobras militares se deben realizar, pero se han de realizar
en aquellos lugares que corresponda; y muchas de las
veces, desgraciadamente, no se comunica con anterioridad al ayuntamiento y, por tanto, nosotros no solo apoyamos esta proposición no de ley, sino que también hemos presentado una en referencia con las maniobras que se han realizado
recientemente en Girona, porque también entendemos que no se han de hacer en lugares que son o parque nacional o zonas de interés nacional, como han sido en L'Albera o en el L'Estany de Banyoles.
Es importante recordar que, tal y como sucede en este país, la semana pasada tuvimos un congreso de medio rural, de zonas con despoblación y, posiblemente, serían los lugares más idóneos para hacer estas maniobras. Pensemos, por ejemplo, en
Barcelona, en la sierra de Collserola. Supongo que la mayoría de ustedes la conocen que es como si fuera aquí la Casa de Campo -para que os hagáis una idea-, en la que centenares o miles de barceloneses y no barceloneses pasean y disfrutan de un
día agradable, ya sea haciendo deporte, paseando o, simplemente, caminando por ese paraje que es ideal. Dicho esto, nos encontramos con imágenes que trastocan una realidad, no tanto porque la gente o los militares puedan hacer deporte, que estamos
encantados de que hagan deporte y no otras cosas; lo que no entendemos en ningún caso es que eso pueda conducir directamente a que tengan que hacer esas maniobras con todo el pertrecho militar. Eso es lo que no se entiende y, por eso, en su
momento, el consorcio de la sierra de Collserola hizo una petición, que desgraciadamente no ha sido escuchada, para que esas maniobras, si se hacían, se hicieran sin armamento y, lógicamente, sin toda la indumentaria militar. Para que se haga una
idea todo el mundo, esta es la imagen que pudieron observar diferentes ciudadanos de Barcelona y de otras localidades, ya sea del Vallés o del Bajo Llobregat durante unos días. (Muestra una imagen en un iPad). Imaginarse esta situación, justo
antes del 1 de octubre, los hiperventilados de un sector y otro, de los dos extremos, podrían ponerse muy contentos y excitarse, y entendemos que eso no es bueno para la ciudadanía. Ya sé que hay gente que quiere que haya choque de tanques, pero la
gran mayoría de la ciudadanía lo que quiere son acuerdos, simplemente votar, y tener su derecho a decidir. Eso no ayuda con este tipo de actuaciones, que lo único que hacen, en algunos casos, es exaltar a la gente que ya está dispuesta de los dos
sectores a exaltarse, y no ayuda a la convivencia de integración de las Fuerzas Armadas en la realidad normal de nuestra ciudadanía, ya sea en Cataluña o donde sea. También hay que tener en cuenta que existen localidades como, por ejemplo, Talarn,
donde el anterior alcalde de Esquerra Republicana -que después se pasó a un grupo independiente, Per Talarn- solicitó que la escuela de suboficiales no dejara su pueblo, o como Tremp, en cuyo ayuntamiento se presentó una moción que aprobaron
diferentes grupos en el mismo sentido. Si ellos quieren militares, no pasa absolutamente nada. Se pueden hacer ejercicios militares y maniobras allá donde la sociedad lo reclame, sobre todo en aquellos lugares donde puedan ayudar a la economía de
sus poblaciones. En España desgraciadamente -no solo en España sino también en Cataluña-, y lo hemos dicho más de una vez, existen zonas muy despobladas, idóneas para hacer este tipo de maniobras. Deporte, sí; maniobras militares en las ciudades
y en los parques nacionales, no gracias.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
Nos enfrentamos a una proposición no de ley cuyo nombre es engañoso, porque en ningún caso cuando se habla de maniobras militares se refleja que estas se estén realizando en lugares próximos y poblados. En realidad se trata de ejercicios
militares que tienen la consideración de ejercicios menores, puesto que los hacen los propios militares solo con sus uniformes y mochilas. Por tanto, ¿nos enfrentamos a un hecho, a un suceso que se haya producido con unas consecuencias
determinadas, o a una cuestión ideológica? ¿Tiene algún sentido que el ejército de un país no pueda ir por un camino público? Algo hay de lo segundo cuando en el Senado se vienen ya presentando, como ustedes saben, distintas propuestas en este
sentido y no se ha llegado a un mejor diálogo.
De lo que se trata es de tomar conciencia de que la seguridad nacional es un servicio público en el que todos los ciudadanos estamos comprometidos, que es una política de Estado, con lo cual todas las administraciones públicas tienen que
colaborar, y que su objetivo es la defensa de los valores, de los principios y de las instituciones que consagra la Constitución, del Estado social y democrático de derecho y del pleno ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Y lo
que las Fuerzas Armadas hacen es precisamente trabajar para preservar la seguridad y el bienestar en estos supuestos de grave riesgo,
catástrofes, calamidades y otras necesidades públicas. Y para eso tienen que entrenarse, para eso tienen que hacer esos ejercicios de mantenimiento y preparación y para eso tienen que tener un conocimiento exhaustivo de los terrenos más
complejos.
Se ha exacerbado mucho por algunos de los intervinientes, más que por la propia proposición que nos han hecho, cuando han hablado de maniobras en centros muy próximos a parques y lugares donde hay menores. No nos enfrentamos a maniobras
militares armadas en las que se practica el tiro en un parque natural cuando los niños cruzan por el medio del mismo, no exageremos; se trata de ejercicios militares, y si eso hubiera ocurrido, esta Comisión habría tenido pronta información de una
situación de este calibre. De lo que se trata es de que a ciertos ayuntamientos que tienen una determinada opción ideológica les molesta ver marchas o ejercicios y plantean esto como un problema.
Creo en la bondad de la propuesta de la diputada del PDeCAT, pero ¿cual es la misión de esta Comisión? Encontrar un espacio para el consenso y el diálogo, y en ese sentido es en el que nosotros hemos presentado una enmienda para instar al
Gobierno a que se mejoren al máximo todos los mecanismos de información y comunicación con los municipios, como, por otra parte, se está haciendo. Por tanto, habrá que tener constancia de cuál es el nivel de problemas existente; tendremos que
formular alguna pregunta a ese respecto para ver cuál es el nivel de incidencias. He sido delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y tengo conocimiento del procedimiento que se utiliza allí, y sé que está absolutamente estipulado. Tiene
que informarse y comunicarse, y cuando hay alguna dificultad porque los municipios así lo planteen, se corrigen los itinerarios, porque lo que no se va a hacer es ir a un sitio para molestar a la población. Insisto, el valor positivo de la cuestión
es ir a lo razonable, que es la propuesta que nosotros hemos pasado. Estamos viendo cómo aunar apoyos para recordar al Gobierno la necesidad de que se transmita a Defensa que todas esas marchas y esos ejercicios se realicen en comunicación y
coordinación con los municipios, para su conocimiento y para que se puedan alternar con la lógica de espacios comunes y vida cotidiana de los ciudadanos en aras de una mayor comprensión del esfuerzo que hacen los militares.
Cierro con una última reflexión. El trasfondo no tanto de esta PNL como de las que he leído en el Senado me produce una cierta tristeza, cuando pienso en el rechazo que esos hombres y mujeres que van a hacer los ejercicios y que circulan
por los caminos y pueblos de Cataluña pueden sentir en carne propia, cuando si a la vuelta de ese camino tienen que dar la vida por esas personas para defenderlas de una catástrofe, de un incendio o de cualquier suceso van a hacerlo. Me entristece
pensar no ya en esto de lo que estamos hablando sino en el rechazo que estas personas, hombres y mujeres, están experimentando sobre el terreno a la luz de lo que vemos que ocurre. Por tanto, tenemos que tomar esta situación en consideración e
intentar trasladar que se mejore en la medida de lo posible. Esperamos consensuar una enmienda transaccional para conseguir ir todos a una en este tema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.
Vamos a iniciar el turno de fijación de posiciones.
¿Grupo Parlamentario Vasco? ¿Señor Legarda? (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente. Quiero comentar que no sé si se es consciente de que los ayuntamientos utilizan esos espacios para multitud de actividades de todo tipo. No son espacios desiertos, no son espacios esteparios o zonas de pastoreo,
sino de actividad municipal y ciudadana muy intensa. Los ayuntamientos necesitan llegar a acuerdos y coordinarse, porque movilizan toda la seguridad ciudadana y todos los activos para intentar que estas actividades no sean contradictorias. Por
eso, es básico que haya una buena coordinación. No puede haber una imposición por parte de alguien que diga: Voy a venir y, a partir de aquí, preparaos. Hay que intentar llegar a un acuerdo y decir: Proponemos esta actividad, esta y esta y, a
partir de aquí, estableceremos unos horarios y montaremos unos dispositivos. Para ello es muy importante reconocer la soberanía de los ayuntamientos o municipios, porque ellos son los encargados de organizar y gestionar sus actividades. Al fin y
al cabo el municipio es el que está más próximo a la ciudadanía y tiene que garantizar que realmente se puede hacer todo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Eritja.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Cano.
El señor CANO LEAL: Muchas gracias, presidente.
Con carácter previo, tengo que decir que el día que nos enteremos qué quiere hacer Podemos con Defensa sonarán las campanas. Antes han dicho que quieren incrementar el presupuesto, ahora que no quieren los soldados. Se ha enseñado una
foto, y tengo que decir que no es para huir, es para aplaudir. A esos soldados habría que aplaudirles, no se debería huir de ellos. (El señor Delgado Ramos: Eres muy patriota. De patriotas de hojalata estamos ya...). Las maniobras como tales no
consisten en pegar tiros ni son guerra de guerrillas; se trata de un paseo, una marcha, nada más. Hay un protocolo -ya lo ha dicho la representante del Grupo Socialista- y el Ministerio de Defensa es el más cuadriculado, en el mejor sentido de la
palabra, el más ortodoxo, y lo comunica todo. Les invito a que sean valientes y digan sinceramente que no quieren a los militares, que no quieren a los militares españoles para más inri, pero no hablen de diálogo o de consenso.
Señorías del PDeCAT y de Podemos, mal que les pese a ustedes, España sigue siendo hoy una gran nación y un Estado, un solo Estado, que tiene como norma suprema la Constitución de 1978, que dice en su articulado que las Fuerzas Armadas tienen
como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Comprendo que todos estos mandatos a ustedes les chirríen en el estómago, pero la obligación de cumplimiento también
les afecta a ustedes, hasta el punto de que la Constitución impele a todos los poderes públicos a que contribuyan a que se realice este fin. Lo cierto es que, lejos de poner pegas, todos los ayuntamientos y consorcios a los que se refiere la PNL no
solo están obligados a asumir el desarrollo de maniobras militares en su entorno geográfico sino también a colaborar en su desarrollo, y ello debido a que estas maniobras tienen como objetivo la preparación de las Fuerzas Armadas para el
cumplimiento de las misiones en el exterior.
Señorías, hoy nuestras Fuerzas Armadas participan en misiones en los cinco continentes, con más de 3300 militares en 21 misiones simultáneas. Nuestros militares, donde hay también catalanes, adiestran a soldados malienses o iraquíes,
protegen a los países bálticos, rescatan a inmigrantes en el Mediterráneo, cooperan y se entrenan con naciones aisladas o luchan contra incendios como los de Portugal o Huelva, entre otros. Señorías, para que nuestros militares, cuando vayan a las
misiones, realicen estas labores en condiciones de éxito, deben tener una preparación previa que normalmente es más exhaustiva que la propia misión, y esto es lo que han hecho en los escenarios que la proposición describe y lo han efectuado en
horario nocturno. Ustedes mismos, en la exposición de motivos, contestan a todos sus interrogantes y peticiones. Señalan que se han realizado actividades en una zona aledaña al castillo o en lugares próximos a la escuela, pero reconocen que no se
han efectuado disparos ni fuegos de artillería. Sinceramente, no alcanzo a comprender cuál es el motivo de su oposición y, por eso, me pregunto: ¿Es que no quieren ustedes que nuestros soldados vayan a las misiones con el mayor grado de
preparación? ¿Es que no quieren que los escolares sepan la cruda realidad de que nuestro país, incluida Cataluña, debe afrontar su seguridad como una cuestión principal dentro de un mundo permanentemente amenazado? ¿Es que creen ustedes que la
población no tiene derecho a saber que estamos en un nivel de alerta 4 de seguridad o es que no les gusta el uniforme que llevan nuestros soldados y los símbolos que representan y defienden, pretendiendo su sustitución por otros distintos? ¿Creen
ustedes que nuestras Fuerzas Armadas pueden elegir el escenario donde van a realizar sus misiones o deben estar preparadas para cualquier entorno, ya sea urbano o rural?
Termino. Señorías, permítanme, con la mayor modestia del mundo, que les dé algunos consejos. Primero, olvídense de las inminentes elecciones autonómicas que piensan convocar. Segundo, dejen de un lado los propósitos separatistas y
céntrense en la seguridad y la lucha contra la amenaza terrorista. Tercero, no sometan a la población, ancianos y niños, a marchas y caminatas similares a las que realizan nuestros militares como señal de protesta, porque ponen en peligro su propia
integridad física. (Risas). Cuarto, promuevan en la sociedad catalana el afecto y el agradecimiento a nuestros militares, porque ellos se preparan para garantizar nuestra seguridad, nuestra libertad y la convivencia democrática. Quinto, por
favor, no se crean ustedes el ombligo del mundo, identificando la finalidad de unas maniobras de adiestramiento de nuestros militares con el llamado procés. Les garantizo que nuestras Fuerzas Armadas están a lo que hay que estar, es decir, a velar
por nuestra seguridad, incluida la suya.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor González Terol.
El señor GONZÁLEZ TEROL: Muchas gracias, señor presidente.
Obviamente, tengo que anunciar, en nombre de mi grupo, que no podemos estar de acuerdo ni en el fondo ni en la forma con esta proposición no de ley. No estamos de acuerdo en muchos sentidos. En primer lugar, por una cuestión de índole
legal y por otra competencial, sobre todo en cuanto a las competencias que tienen los ayuntamientos. En las intervenciones de sus señorías parece que no queremos que los militares -el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire- cumplan
con su función constitucional y con aquello que les tiene previsto el ordenamiento jurídico español, que es actuar con inmediatez y con eficacia ante respuestas de defensa posibles. Para ello es imprescindible que realicen maniobras militares,
maniobras que implican instrucción y adiestramiento.
He oído aquí que no queremos que vayan a parques naturales. Los adiestramientos que tienen que ver con despliegues tácticos, con el uso de material pesado o con ejercicios de tiro con carros de combate están perfectamente delimitados ya en
campos de adiestramiento específicos del Ministerio de Defensa, zonas que se encuentran perfectamente delimitadas y a una distancia mínima de núcleos urbanos. Y además de tener esas ubicaciones, ya se adoptan todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad tanto de los soldados como de los ciudadanos. En el caso de las maniobras militares que se hacen fuera de terrenos militares, pero dentro de terrenos de ayuntamientos, estas consisten principalmente en la realización de
ejercicio físico. Tengo aquí una noticia en la que el alcalde de Celrà, de la CUP, se queja de que ochenta soldados, cuatro camiones y dos autobuses entran en su término municipal. Pues a la próxima expedición de scouts que yo tenga en mi
ayuntamiento, que tiene 53 000 habitantes, les vamos a impedir también la entrada y nos vamos a quejar. ¡Ochenta reclutas que van simplemente con mochilas y nos quejamos! ¿Por qué? ¿Por un motivo ideológico de España? ¿Porque no nos gusta el
ejército español, el ejército de nuestro país del que todos deberíamos estar muy orgullosos? No intentemos a través de una proposición no de ley mezclar la razón con la sinrazón. Creo que lo que estamos intentando aquí hoy es, a través de
subterfugios, evitar tener un buen ejército, unas buenas Fuerzas Armadas formadas e instruidas.
Esta proposición no de ley que se presenta es además innecesaria, porque lo que se pide ya se hace. Dice aquí que el Ministerio de Defensa notifique e informe debidamente y con antelación suficiente a los ayuntamientos afectados de la
celebración de estas maniobras. El alcalde de Celrà y la alcaldesa de Girona han dicho que se les informó por parte del ministerio competente precisamente sobre esas maniobras y que se intentó acordar con ellos por qué puntos y por qué zonas se iba
a acceder dentro del término municipal.
Por otro lado, solicitan ustedes cosas como que se planifiquen las maniobras militares del ejército y que se realicen prioritariamente en espacios estrictamente militares. Pero, señorías, la guerra o un fuego puede ocurrir en una sierra,
donde mandamos a la Unidad Militar de Emergencias, puede ocurrir en distintos ambientes y en distintos aspectos, en distintas zonas geográficas y en distintos entornos de intervención. Por tanto, nuestros ejércitos tendrán que ir a distintas zonas,
a distintos ayuntamientos y no necesariamente solo a aquellos que a ustedes les gusten. Sobre todo, se incide mucho en las competencias, sobre que un ayuntamiento tiene que decidir y restringir. Pues no, la defensa nacional está exclusivamente en
el Estado y son los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire los que deben garantizar la adecuada preparación de estos cuerpos militares y siempre con la colaboración y el designio del Ministerio de Defensa
y siempre en comunicación con los ayuntamientos.
En resumen, ustedes, señorías del PDeCAT, solicitan en su proposición no de ley que se priorice la realización de maniobras en el interior de los cuarteles, cuando los alcaldes de los municipios que mencionan en su exposición de motivos
-varios de ellos, por cierto, del PDeCAT- literalmente tratan de prohibir tanto la realización de maniobras como la presencia de ejército en sus municipios. Están solicitando con esto unas medidas, aprobando mociones o dictando bandos que van
siempre en contra de la legalidad vigente y en contra de los ciudadanos a los que ustedes dicen representar. Señorías, en su texto hablan del malestar que genera en los ciudadanos la presencia de militares en estos municipios y pretenden hacernos
creer que vetar al ejército es legítimo porque, según ustedes, doscientas personas se manifestaron en contra de las maniobras, pero se olvidan de los seiscientos españoles y catalanes que hace dos años juraron orgullosamente la bandera de nuestra
nación en Barcelona. Supongo que si doscientos cuentan a favor o en contra, también contarán a favor o en contra los seiscientos españoles y catalanes que juraron con honor la bandera de nuestra nación en Barcelona.
Por todo ello, a menos que se alcance una transaccional parecida a lo que propone el Grupo Socialista en su primera enmienda, difícilmente contarán con el apoyo de este grupo parlamentario. Manipulando el lenguaje, tratando de mentir a los
ciudadanos y atacando a las Fuerzas Armadas no nos van a tener a su lado para apoyar semejante proposición no de ley.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Terol.
Para la aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene la palabra la señora Nogueras.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Lo hemos intentado, pero veo que sobre todo Ciudadanos y Grupo Popular no han entendido nada. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señoría.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Solo quiero decir una cosa. Frente a una propuesta de coordinación, los únicos que han hablado de independencia y han relacionado esta PNL con la independencia han sido ustedes. Ven Cataluña y ya
'independencia caca'. No; era una propuesta de coordinación. No nos hemos entendido con el Grupo Socialista y, por tanto, la PNL se queda tal y como está.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debatidas todas las proposiciones no de ley, vamos a proceder a su votación. Lo vamos a hacer en el orden que estaba inicialmente previsto, no en el que hemos seguido en el transcurso de la sesión.
Antes de proceder a la votación de la proposición no de ley sobre la paralización de la subasta y la devolución de los terrenos sitos en Campo Da Estrada en A Coruña, el señor letrado va a leer una enmienda que se ha consensuado.
Señor letrado, tiene la palabra.
El señor LETRADO: Empezaría el texto prácticamente igual que el de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que dice: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer una mesa de negociación entre el Ministerio de
Defensa y el Ayuntamiento de A Coruña para estudiar el traspaso al Ayuntamiento de A Coruña de las parcelas referidas...'. A continuación, seguiría el texto inicial de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea hasta el final, que decía '... y así facilitar desde el Ministerio de Defensa la devolución gratuita al Ayuntamiento de A Coruña de los terrenos y parcelas referidas sitas en el Campo da Estrada para su uso
público, ya que son espacios comunales y bienes propios pertenecientes a la ciudad desde su fundación'.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor letrado.
Vamos a proceder a la votación de esta proposición no de ley en los términos que acabamos de especificar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a continuación a la proposición no de ley sobre la supresión de honores militares y nobiliarios a Alfredo Kindelán. Se vota con las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Eritja Ciuró pide la palabra).
El señor ERITJA CIURÓ: Perdón, presidente.
Había solicitado votar por separado. ¿No se puede?
El señor PRESIDENTE: No, no se puede. Precisamente tenemos una nota que nos ha remitido la Mesa del Congreso en la que se especifica la imposibilidad de hacerlo de esa manera una vez que se han aceptado las enmiendas de los grupos.
El señor ERITJA CIURÓ: De acuerdo. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación, como he anunciado, con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 15; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, procedemos a la votación de la proposición no de ley relativa a los despidos de trabajadores de la Base Naval de Rota. Se va a votar con la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos la proposición no de ley relativa a la readmisión de los reservistas voluntarios expulsados de las Fuerzas Armadas por no haber sido activados por circunstancias ajenas a su voluntad, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos. Se vota con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a desarrollar en el plazo no superior a cuatro meses el derecho de participación de los vocales de las asociaciones militares en los órganos de gobierno y
dirección de los patronatos de huérfanos del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire que contempla el artículo 49.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Se vota con la
enmienda de sustitución de Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 15; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley relativa a la necesidad de mayor rigor y realismo en la financiación de las operaciones en el exterior, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El texto se
vota con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos la proposición no de ley relativa a impedir la realización de maniobras militares en zonas y términos municipales de áreas altamente densificadas. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 18; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Concluidos todos los puntos del orden del día, levantamos la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.