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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 214, de 26/04/2017
cve: DSCD-12-CO-214
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 214
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALBERTO MONTERO SOLER
Sesión núm. 10
celebrada el miércoles,
26 de abril de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (Número de expediente 121/000006):
- Del señor subsecretario de Empleo y Seguridad Social (Llorente Cachorro). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/000395); Ciudadanos (número de expediente 212/000554) y Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/000601) ... (Página2)
- Del señor secretario de Estado de Empleo (Riesgo Figuerola-Ferretti). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/000394); Grupo Parlamentario Socialista (Números de expediente 212/000477 y
212/000480); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (números de expediente 212/000619 y 212/000569); Ciudadanos (número de expediente 212/000550) y Mixto (números de expediente 212/000710 y 212/000354) ...
- De la señora secretaria general de Inmigración y Emigración (Del Corral Téllez). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/000396); Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente
212/000479); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (números de expediente 212/000628, 212/000674, 212/000675, 212/000676, 212/000677, 212/000678); Ciudadanos (número de expediente 212/000553) y Mixto (número de expediente 212/000712)
... (Página35)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017. (Número de expediente 121/000006):
- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (LLORENTE CACHORRO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000395); CIUDADANOS (número de expediente 212/000554) Y CONFEDERAL DE
UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de expediente 212/000601).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
El orden del día está integrado por la comparecencia de altos cargos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para informar sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 en las cuestiones concernidas a ese
ministerio. En ese sentido, comparecerán, tal y como se especificaba en la modificación del orden del día, que se comunicó en el día de ayer a sus señorías, por este orden: el subsecretario de Empleo y Seguridad Social, el secretario de Estado de
Empleo y, finalmente, la secretaria general de Inmigración y Emigración.
En primer lugar, comparece el subsecretario de Empleo y Seguridad Social, el señor don Pedro Llorente Cachorro. Esta comparecencia ha sido solicitada por los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos. Asimismo, se sustanciará en esta
comparecencia la solicitud de comparecencia del director general de la Inspección del Trabajo y Seguridad Social, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por haberlo así decidido la Mesa de la
Comisión de Presupuestos.
Tiene la palabra el señor Llorente por un tiempo de veinte minutos.
El señor SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Llorente Cachorro): Señor presidente, señoras y señores diputados, muy buenas tardes a todos.
Tengo nuevamente el honor de comparecer ante esta Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados para presentar en esta ocasión las líneas maestras del proyecto de presupuestos del ministerio para 2017. Como saben, esta
misma tarde también comparecerán el secretario de Estado de Empleo y la secretaria general de Inmigración y Emigración, y ayer por la mañana compareció en la Comisión de Presupuestos el secretario de Estado de Seguridad Social. Por tanto, como en
años anteriores, y por no repetir explicaciones que van a tener ustedes la ocasión de escuchar más tarde con mucho mayor detalle, yo me voy a centrar en mi intervención en los aspectos generales del presupuesto del ministerio, en concreto la sección
19, y también daré alguna explicación un poco más detallada del programa presupuestario que se refiere a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que, como saben, es un organismo que está adscrito a la subsecretaría desde el punto de vista
orgánico.
Empezando por el contexto y los objetivos del proyecto de presupuestos que se presentan del ministerio, desde que comparecí la primera vez en esta Cámara para presentar los presupuestos del mes de abril, allá por el año 2012, y también
cuando lo hice en octubre del año 2014, creo que ha cambiado bastante la relación que tenemos desde el punto de vista del presupuesto con la creación de empleo y con el crecimiento económico en España. Después de una legislatura de control y
reducción del déficit público, de reformas estructurales, de moderación salarial, acordada por los interlocutores sociales, y de determinación del compromiso de la sociedad española, la economía española ha recuperado tasas de crecimiento no solo
positivas sino superiores al 3 % en los años 2015 y 2016, las tasas más altas desde el año 2007 y muy por encima de la media de la zona euro y de las principales economías de nuestro entorno. Un crecimiento de la economía que se ha traducido en lo
que es importante, en la creación de empleo. El mercado de trabajo inició una evolución favorable en el año 2014, que se ha mantenido y que se ha intensificado en los años 2015 y 2016. Según las cifras de la encuesta de población activa a resultas
de los datos que conozcamos mañana respecto a la EPA del primer trimestre del 2017, en los tres últimos años se han creado casi un millón y medio de empleos y el número de parados ha disminuido en igual proporción e igual número. La razón última de
estos presupuestos que hoy presentamos es precisamente eso, que la positiva evolución de la economía y del empleo continúe; unos presupuestos para afianzar el crecimiento de la economía española, unos presupuestos para seguir creando empleo y
avanzar en el
objetivo de situarnos en el año 2020 en los 20 millones de ocupados, y unos presupuestos que no olvidan que queda mucho por hacer, que hay muchas personas que todavía no se benefician de la recuperación y que, por ello, refuerzan todavía más
el compromiso social del Gobierno, compromiso social que se ve reflejado en el gasto social que autorizaría este presupuesto del 2017, de resultar aprobado.
En efecto, si miramos cómo está reflejado el gasto social en el proyecto de presupuesto para el año 2017, asciende a la cifra de 191 000 millones de euros, casi el 56 % del gasto, con una subida del 1,7% respecto al año anterior. Si lo
medimos en términos de contabilidad nacional, el gasto social ha crecido en los últimos años y se sitúa por encima del existente en los años anteriores a la crisis. Retrotraigámonos diez años. En el año 2007, en plena burbuja inmobiliaria, la
economía crecía al 3,8% y había 20 millones de ocupados. En ese año de bonanza económica el gasto social representaba el 57,7% del gasto total. Ahora, en 2017, cuando la economía crece al 3% y los cotizantes están cerca de los 18 millones, el
gasto social representa el 64% del gasto total, -insisto, en términos de contabilización nacional-, lo que pone de manifiesto con claridad el firme compromiso social del Gobierno durante los años de la crisis y en el inicio de la recuperación. De
esos 191 000 millones de euros que están presupuestados de gasto social en el año 2017, más de 176 000 millones, un 7,9% más que en el año 2016, están incluidos en los presupuestos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social; 92 de cada 100 euros
de gasto social son gestionados por el ministerio que represento.
No quiero aburrirles con una batería de datos, pero me gustaría destacar dos líneas de gasto fundamentales del ministerio que corresponden a las dos secretarías de Estado, la de Empleo y Seguridad Social, y que muestran el compromiso
político con la creación de empleo y con la atención a quienes más lo necesitan. En primer lugar, aunque es algo que luego comentará con detalle el secretario de Estado de Empleo, me gustaría dejar constancia del aumento del gasto para políticas
activas de empleo para el año 2017, que asciende a 5575 millones de euros, un 6% más que en 2016, con el objetivo de promover la integración de los desempleados en el mercado laboral y la permanencia en el mismo de los trabajadores, especialmente de
los pertenecientes a los colectivos más desfavorecidos. Esta cantidad, a distribuir entre las comunidades autónomas para políticas activas de empleo, ascendería a 2018 millones, un 12,7% más que en 2016. Como saben, las comunidades autónomas son
las competentes en materia de políticas activas de empleo, en la ejecución de políticas activas de empleo. También me parecen destacables los 500 millones de euros que se van a destinar a la nueva ayuda complementaria para jóvenes inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, fruto del pacto entre Partido Popular y Ciudadanos. A pesar de que estos gastos se computan, están relacionados con las prestaciones por el desempleo, tienen un fuerte componente de activación, ya que en última
instancia tratan de favorecer la activación de estas personas desempleadas. Por tanto, atendiendo a esta circunstancia, podría decirse que el aumento de las políticas activas de empleo alcanzaría un 16%. Esto por lo que respecta a la partida
quizás más relevante desde el punto de vista político del presupuesto de la Secretaría de Estado de Empleo.
En segundo lugar, quisiera hacer un par de apuntes de cómo influyen los presupuestos del ministerio, la sección 19, en los presupuestos de la Seguridad Social, que, como saben, he comentado, fueron presentados ayer por el secretario de
Estado de Seguridad Social en la Comisión de Presupuestos; presupuestos, por cierto, los de la Seguridad Social relevantes también desde el punto de vista del gasto social porque 4 de cada 10 euros de los Presupuestos Generales del Estado se van a
destinar al sistema de Seguridad Social. Es cierto que nuestro presupuesto es un tanto complejo, porque hay una serie de aportaciones que se realizan por parte del Estado, por tanto financiado con impuestos, tanto a los organismos autónomos que
están adscritos al ministerio como las aportaciones que se realizan por parte del presupuesto del Estado a la Seguridad Social. Me voy a referir a estas últimas. Para 2017 la Seguridad Social contará con aportaciones del Estado por un volumen
total de 11 371 millones de euros, consolidando un año más la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, que se alcanzó por primera vez en los presupuestos del 2013. Con esta aportación se cubre el 100 % de los complementos a
mínimos, que tienen una dotación de 7170 millones de euros, y que es una cantidad nada desdeñable y que hay que relacionar con la componente solidaria del sistema español de Seguridad Social. Únicamente siete Estados miembros de la Unión Europea
cuentan con un sistema de pensiones mínimas y solo en cuatro existen complementos a esas pensiones que no alcanzan una determinada cuantía. Se cubren con la aportación del Estado no solamente los complementos a mínimos al 100%, sino también el
resto de todo el ámbito no contributivo de la Seguridad Social, me estoy refiriendo a las prestaciones derivadas de la LISMI, las prestaciones no contributivas, ya sean pensiones, protección familiar o pensiones de
maternidad no contributivas. Por tanto, hoy en el ámbito no contributivo se financia él mismo exclusivamente con la imposición general, con impuestos, cuando antes, como saben, se financiaba parcialmente con cotizaciones. Sin duda alguna,
yo creo que la separación de fuentes, acometida plenamente desde el año 2013, es una de las reformas más potentes que se ha realizado en la financiación del sistema de Seguridad Social y que ha supuesto no solamente un esfuerzo cuantitativo, porque
entre los años 2012 y 2013 se aumentaron en 6000 millones de euros las aportaciones del Estado, pasando de una cobertura del ámbito no contributivo del 37 % al 100 %, sino sobre todo cualitativo, porque se hizo en plena crisis económica. Además, y
hablando del segundo aspecto que influye de la sección 19 en el presupuesto de la Seguridad Social, en el capítulo 8 de la sección 19, como es sabido, aparece un préstamo del Estado a la Seguridad Social por importe de 10 192 millones de euros para
atender las necesidades financieras del sistema en los años 2017 y 2018 y posibilitar así el equilibrio presupuestario. Es un préstamo sin intereses y su cancelación se producirá en el plazo de diez años desde el año 2018; el objetivo es no dejar
ningún espacio de incertidumbre respecto al cumplimiento de las obligaciones con los pensionistas españoles y tiene un efecto neutro desde el punto de vista de la deuda pública, pues, como saben, el Fondo de reserva de la Seguridad Social
materializa sus inversiones en títulos de deuda pública y, junto con la enajenación de los mismos y los intereses de rendimiento de estas inversiones, permite atender a las necesidades de pagos puntuales que tiene la Tesorería General de la
Seguridad Social. Esta medida hay que conjugarla con la elevación del umbral de disposición del Fondo de reserva de la Seguridad Social, que, como saben, está establecido el año pasado en el 3 %. Por tanto, la garantía de las pensiones es una
prioridad de este Gobierno y debe ir reflejada en el presupuesto y utilizará el Fondo de reserva y la emisión de deuda cuando así sea preciso y necesario.
Señorías, antes de entrar en todo lo que se refiere a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, quería dedicar un poco de tiempo a otras funciones no tan conocidas de la subsecretaría y en particular al papel que desempeñan en más después
de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, las subsecretarías dentro de los departamentos ministeriales en la coordinación y dirección de lo que viene a llamarse los servicios comunes, fundamentalmente en recursos humanos y
tecnologías de la información y comunicaciones. Con respecto al primero, a la gestión de los recursos humanos, desde la subsecretaría del ministerio hemos trabajado para que los cuerpos de funcionarios propios del ministerio, tanto de la Seguridad
Social como de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, fueran considerados como prioritarios a efectos de la tasa de reposición y que la inclusión de plazas para el ministerio en las ofertas de empleo público que se aprueban anualmente fuera
tan amplio como fuera posible dentro de las restricciones que se aprobaron para toda la Administración General del Estado. Por darles un dato, en el año 2010, que es cuando comenzaron las limitaciones de la tasa de reposición, las plazas para el
ministerio supusieron un 11,5 % del total de las plazas de la oferta de empleo público, entre el año 2012 y 2015 las plazas para el ministerio en las ofertas anuales de empleo se situaron de media en cerca del 19 %, por tanto el doble que en el año
2010. En este presupuesto de 2017 pretendemos reforzar en la oferta de empleo público el peso de las convocatorias que tenga el Meyss para sus cuerpos propios sin la participación en los cuerpos generales de funcionarios, en la línea que tiene
prevista la Administración General del Estado con la convocatoria de 19 000 plazas. Asimismo, y tal y como comentó ayer en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos de esta Cámara la secretaria de Estado de Función Pública, tenemos previsto
aprobar tres planes de choque para recuperar el empleo público en los organismos adscritos al ministerio, en concreto el SEPE, el Fogasa, las entidades gestoras de la Seguridad Social y sus servicios comunes, y que es preciso acometer en el corto
plazo durante estos dos años, sobre todo en aquellas áreas de atención al público.
Respecto a la relación con las tecnologías de la información y las comunicaciones, como saben, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social es un referente comparable tanto con actores privados, como por ejemplo el sector bancario, como con
otros en la Administración, como la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Estamos haciendo desde hace años un esfuerzo muy importante en el ámbito de la Administración electrónica. Tenemos en marcha y seguimos mejorando proyectos que han
facilitado notablemente la relación de los ciudadanos, de las empresas con la Administración laboral o con la Seguridad Social, como el sistema de liquidación directa, que hoy en día ya facilita la cotización de más de 2 millones de empresas, o el
espacio web Tu Seguridad Social, que permite a los ciudadanos conocer sus pensiones actuales y futuras y solicitar telemáticamente prestaciones de la Seguridad Social. En esta línea de modernización y vanguardia desde el ministerio, junto con otros
departamentos afectados, estamos coordinando los trabajos para la puesta en marcha de un proyecto también muy potente desde
el punto de vista de la colaboración entre administraciones y con una fuerte componente tecnológica, estamos hablando de la tarjeta social. Como saben, la Conferencia de Presidentes del pasado 17 de enero acordó la creación de un grupo de
trabajo para este proyecto integrado por representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de la Federación Española de Municipales y Provincias e incorporando también las aportaciones del tercer sector de acción
social. Es también uno de los 150 compromisos acordados por el Partido Popular y Ciudadanos y está hablándose de ello dentro del diálogo social con los interlocutores sociales. Les avanzo además que este grupo de trabajo va a iniciar sus trabajos
con las comunidades autónomas precisamente justo en cuanto acabe esta Comisión y será presidido por la ministra de Empleo y Seguridad Social. La tarjeta social pretende establecer una base de datos centralizada partiendo de la información
facilitada por las diferentes administraciones públicas que gestionan prestaciones económicas y supondrá la elaboración de un mapa de prestaciones que permita detectar con precisión las situaciones de vulnerabilidad social, evitar la desconexión
entre políticas de empleo y las políticas sociales y mejorar la coordinación de las administraciones públicas para evitar así las sistemas de desprotección que se puedan verificar. Este proyecto lo vamos a poner en marcha con los recursos
consignados en las secciones 19 y 60 de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, y aunque está referido, como digo, al presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, puede calificarse no como un proyecto propio del departamento
sino como uno de los proyectos más relevantes del Gobierno para este año en curso.
Entrando ya en el programa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, es un programa en el que vamos a dedicar en el año 2017 más de 124 millones de euros. Durante la legislatura de 2012 a 2015 la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social ha vivido unos años intensos que podríamos resumir en tres palabras: reformas, medios y coordinación. Reformas, reformas legales, incluida la reforma del Código Penal, para aumentar el reproche administrativo y penal de las conductas
fraudulentas. En mi última comparecencia en esta Cámara en el mes de octubre de 2014 estábamos aún trabajando en la mayor reforma organizativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de los últimos veinte años. Finalmente, en el año 2015 se
aprobó la Ley 23/2015, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, una ley aprobada con un elevado grado de consenso entre todos los grupos parlamentarios y que define un nuevo modelo organizativo para configurar una
Inspección de Trabajo más moderna, más coordinada, más eficaz y más adaptada a la realidad actual de las relaciones laborales y del mercado de trabajo en España. Como saben, la Inspección de Trabajo va a pasar a ser un organismo autónomo, de cuyo
consejo rector formarán parte la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
A menudo se olvida que la Inspección de Trabajo no es propiedad de la Administración General del Estado, la Inspección sirve a la vez a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas, y la dirección de la Inspección en
determinadas áreas de actividad, como las relaciones laborales, la prevención de riesgos laborales o en materia de empleo, corresponde a las comunidades autónomas. En este sentido, me parece importante destacar que en los últimos años están
creciendo las actuaciones de la Inspección, cuya dirección corresponde precisamente a las comunidades autónomas, que han pasado de suponer el 37% de las actuaciones en 2015 a un 42% en el año 2017. Además de la reforma es importante los medios que
se han dedicado a la Inspección en los últimos años; como digo, en el programa dedicado a la Inspección hay una habilitación de crédito de 124 millones, más de 2 millones se han invertido en el año 2016, y de esos 124 millones, el 94 % corresponde
al capítulo 1, de retribuciones. Desde el inicio de la pasada legislatura, y contando con las ofertas de empleo público en marcha, se alcanzará al final de esas ofertas públicas de empleo una cifra de 500 efectivos entre inspectores y
subinspectores de Trabajo y Seguridad Social que se incorporarán al Sistema de Inspección Laboral. Pese al contexto de restricción presupuestaria, que hacía referencia anteriormente, hemos conseguido que los efectivos de la Inspección de Trabajo
hayan sido considerados siempre un sector prioritario a efectos de la tasa de reposición y que se haya creado una nueva escala de subinspectores de Seguridad y Salud Laboral. Además de las reformas y los medios es importante también la coordinación
y la colaboración con todos los actores implicados en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, desde la Agencia Tributaria, pasando por la Tesorería General de la Seguridad Social, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y las 17 comunidades autónomas. Me parece importante recordar que el pasado mes de enero se han firmado convenios de colaboración muy relevantes entre la Administración General del Estado, la Generalitat de Catalunya y la Comunidad Autónoma
del País Vasco, por los que se crea y regula la Comisión de Cooperación Interadministrativa del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que, como saben, viene a dar respuesta a la transferencia de la función
inspectora al País Vasco y a Cataluña con la idea de reforzar la cooperación y coordinación, compatibilizando lo que es necesario, la unidad de la inspección, con el respeto de las competencias de cada Administración. También se han firmado
convenios con las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, que refuerzan los efectivos en temporada turística alta en estas comunidades autónomas. Reformas, medios y coordinación de los que se han derivado unos resultados notables. Me
gustaría recordar tan solo dos datos. Entre 2012 y febrero de 2017 se han aflorado 430 773 empleos irregulares, y se han transformado, gracias a la actuación de los profesionales de la Inspección de Trabajo, en indefinidos 265 710 contratos
temporales que no eran ajustados a derecho. Son cifras que dan idea del compromiso de la Inspección a favor del empleo con derechos y con la calidad del empleo, y desde este momento quiero reconocer el trabajo que día a día desempeñan los
inspectores y subinspectores de Trabajo en nuestro país. Pero el camino no termina aquí, en esta nueva legislatura, como en la pasada, vamos a seguir trabajando todos los días por y para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, porque trabajar
por y para la Inspección de Trabajo es trabajar por un mercado de trabajo mejor, más justo, más equilibrado y con derechos. En suma, es trabajar para y por la calidad del empleo.
Teniendo muy presentes estos objetivos, tenemos cuatro iniciativas destacadas en marcha. En primer lugar, un Plan estratégico para la inspección para el período 2017-2020, para reforzar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como
servicio público y para configurarla como una herramienta básica en la Agenda integral por la calidad del empleo del Gobierno para esta legislatura; un plan que queremos debatir con las comunidades autónomas y con los agentes sociales, de hecho ya
lo estamos haciendo. Estamos reforzando también la utilización de las nuevas tecnologías de la información por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para ello hemos incluido nuevas funcionalidades en los programas informáticos de la
Inspección, como en la aplicación Integra, y hemos incorporado nuevas herramientas en colaboración con la Seguridad Social que nos permitan combatir aún más eficazmente la lucha contra el fraude y dotar a nuestros efectivos de equipos más modernos,
que combinen la movilidad necesaria de las actuaciones inspectoras con la digitalización de sus procesos. La inversión que está programada en nuevas tecnologías para la Inspección supera los 3 millones de euros en este campo. Vamos a aprobar en
breve un real decreto que regula los estatutos del organismo -un organismo autónomo, como comentaba anteriormente-, para que su puesta en marcha efectiva pueda realizarse cuanto antes, en particular dentro de la regulación del estatuto la Oficina
Nacional de Lucha contra el Fraude. Por último, y no menos importante -hablábamos antes de recursos humanos-, vamos a seguir incrementando el número de inspectores y subinspectores porque la inspección sigue siendo un sector prioritario a efectos
de la tasa de reposición. Siempre que he venido a esta Comisión he dicho que me gustaría tener como responsable de la subsecretaría más y mejores efectivos, y yo creo que en el año 2017 -y en la medida de lo posible, lo tuvimos también en los
ejercicios anteriores- incluiremos en la oferta de empleo público del ministerio una cifra de nuevos inspectores y subinspectores que supere con creces la del 2015 y 2016, que ya fueron elevadas, y que supondrá prácticamente triplicar la oferta de
empleo público del año 2010 en estos cuerpos de funcionarios.
Termino ya, señorías. La subsecretaría del ministerio va a seguir trabajando en esta legislatura con la misma dedicación e intensidad con la que hemos venido haciéndolo en los años anteriores, trabajando para que la economía siga creciendo,
trabajando para que siga creciendo el empleo, trabajando para que los desempleados tengan más oportunidades de encontrar un empleo y trabajando para que los pensionistas tengan seguridad sobre sus pensiones presentes y futuras. En cualquier caso,
me pongo ahora a su disposición para responder a las preguntas que tengan oportuno realizar y, como es habitual, si hubiera algo que no pudiera contestar en esta comparecencia, lo haremos a través de los plazos previstos en el ordenamiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llorente.
A continuación, tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios solicitantes de la comparecencia, por un tiempo de cinco minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Candón.
El señor CANDÓN ADÁN: Buenas tardes. Gracias, señor presidente.
Quiero darle la bienvenida al subsecretario de Estado al seno de esta Comisión. Me gustaría comenzar mi intervención diciendo que estos presupuestos dan continuidad a la política económica y creación de empleo. La verdad es que no hay
mejor herramienta para combatir la pobreza y la desigualdad que la
creación de empleo. Para que podamos crecer como país es necesario potenciar el capital humano y su empleabilidad mediante la mejora de sus capacidades y competencias profesionales. Si queremos competir en talento, si queremos como
Gobierno, como Cámara de representación de los españoles o como sociedad apostar por la creación de empleo de calidad, luchar contra la desigualdad y favorecer la cohesión social, tenemos que utilizar bien las herramientas de las que disponemos
-muchas de ellas nos las ha comentado aquí el subsecretario de Estado- para que los trabajadores tengan todas las oportunidades. Entre marzo de 2016 y marzo de 2017 en nuestro país se han creado 607 000 nuevos empleos y hemos recuperado el 52 % de
los empleos que se perdieron con la crisis. Estos presupuestos están diseñados para impulsar la creación de empleo sin dejar de garantizar el gasto social, algo esencial para el Gobierno del Partido Popular. Este presupuesto tiene dos objetivos:
ser eficaces y ser sociales y solidarios sin perder calidad. La política de fomento de empleo se dota de 5400 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,5% respecto al 2016, es decir, 284 millones de euros más. De los créditos destinados
a políticas activas, de un lado tenemos 3249 millones de euros, que corresponden a actuaciones de inserción e incentivación de la contratación, de los cuales 1868 millones de euros se destinan a bonificar la contratación de trabajadores desempleados
y 130 a la recualificación profesional de las persona que hayan agotado la prestación por desempleo, Prepara. Y por otro lado, 2154 millones de euros son para actuaciones de carácter formativo, lo que supone un incremento del 3,2% con respecto a
2016, esto es 66 millones de euros, y 4 millones para actuaciones de fomento de la economía social y 92 millones de euros para gastos de funcionamiento. La creación, el mantenimiento del empleo, así como la potenciación del empleo de calidad, con
derechos para todos, son el objetivo primordial de las políticas de empleo.
En definitiva, los Presupuestos Generales del Estado pretenden, en su sentido más amplio, impulsar la eficacia de las políticas activas de empleo y conseguir un funcionamiento más eficaz del mercado laboral, fortalecer un modelo productivo,
garantizar la protección social en materia de desempleo en las situaciones especiales de regulación de empleo y en las derivadas de empresas en situación de insolvencia, mejorar la gestión y la eficacia del sistema nacional de garantía juvenil,
impulsar el nuevo programa de acción conjunta para la mejora de la actuación de las personas paradas de larga duración, aprobado por Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2016; este nuevo programa está dotado con 258 millones de euros.
También quiero destacar y hacer hincapié, como ha hecho el subsecretario, en el programa de inspección y control de seguridad y protección social. Como usted bien ha dicho, compromiso; compromiso para seguir con la lucha contra el fraude y
el empleo irregular, compromiso para reforzar a inspectores y subinspectores, compromiso para seguir trabajando en ese plan estratégico, en las nuevas tecnologías, en el estatuto del organismo y en el incremento de recursos humanos. Es muy
importante. Usted ha apuntado dos cifras y yo quería apuntarle también que, gracias a la Inspección de Trabajo, se han detectado más de 6101 empresas ficticias, sin actividad real, creadas con el único objetivo de facilitar el acceso indebido a
prestaciones, y que esto también ha supuesto al sistema un ahorro de 18 273 000 euros. Señor subsecretario, ¿nos podría especificar, después de los datos que usted ha dado, qué ha aportado la labor de la Inspección de Trabajo a la calidad del
empleo? ¿Qué perspectiva de futuro tiene en este ámbito?
También quería incidir -para ir terminando- en las pensiones, que es la partida más importante, que suponen 40,7 euros de cada 100 euros gastados por el Estado, ascienden a 139 647 millones de euros, un 3,1% más que en el 2016. Más de 8
millones de pensionistas tienen garantizada hoy en día su pensión.
En definitiva, quiero agradecer el trabajo que se realiza desde el Ejecutivo, que no es fácil. Empezamos la X Legislatura con un país en una situación brutal de destrucción de empleo y crisis económica, pero con esfuerzo y mucho sacrificio
de todos los españoles hoy podemos decir que creamos empleo y estamos saliendo de esta crisis. Otros se dedicarán a todo lo contrario, a destruir y no a construir un futuro para todos los españoles y a hacer un discurso catastrofista que no es la
realidad, con demagogia y confundiendo al ciudadano, como es habitual. Está claro que todavía queda mucho por hacer, eso es evidente, pero hay que seguir en la senda del compromiso y del trabajo bien hecho, y hoy en día estamos viendo su resultado.
Nos encontramos ante unos presupuestos que impulsan la creación de empleo; unos presupuestos integradores que apoyan especialmente a los colectivos más vulnerables para que nadie se quede fuera de la recuperación; unos presupuestos que nos
permiten afianzar la senda de la recuperación y cumplir con el objetivo de alcanzar los 20 millones de empleos en el 2020.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Candón.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo, por un tiempo también de cinco minutos.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señor subsecretario de Empleo y Seguridad Social. En primer lugar, le pido perdón por el retraso, pero los grupos pequeños tenemos muchas obligaciones y no me ha dado tiempo a escuchar toda su comparecencia.
Independientemente de temas o problemas relativos al mercado laboral, al mercado de trabajo, que ya se han discutido y probablemente hablaremos de ellos con el secretario de Estado de Empleo posteriormente, le quería hacer algunas preguntas muy
breves respecto a los datos que nos han pasado. Como le dije al subsecretario de Estado en su momento, independientemente de que vayamos a apoyar estos presupuestos porque necesitamos darle estabilidad al país en varios ámbitos, vemos que desde el
año 2008 hasta el año 2016, que son los datos que tenemos, ha hablado de incremento del número de funcionarios en activo, pero son los mismos. Si coge los datos que nos ha pasado usted y los datos de los informes de la Inspección de Trabajo, vemos
que estábamos en 1798 funcionarios en activo en el año 2008 -si no recuerdo mal, no tengo los datos delante, pero se desviarán muy poco- y en la actualidad son 1800; o sea, desde el año 2008 hasta ahora, independientemente de la destrucción de
empleo o la generación de empleo, la vigilancia o no vigilancia del número de contratos de trabajo, el número de personal es el mismo, y viendo el número de visitas presupuestadas nos parece también muy insuficiente. Es decir, si estamos generando
medio millón de contratos más al año y en estos presupuestos nos dice que se prevé generar otro medio millón en el próximo año con estos presupuestos, ¿cree que el número de funcionarios en activo de la Inspección de Trabajo que realizan la
vigilancia son suficientes y que los datos que nos aporta de control presupuestados, que no han variado prácticamente en los últimos años, independientemente del crecimiento del empleo y del número de contratos, son suficientes? Porque con estos
datos, simplemente hay que hacer una división para ver el ratio de funcionarios en activo para vigilar cada una de las empresas. No decimos que haya que poner un funcionario detrás de cada empresa, pero nos parece que los datos son reveladores,
porque son 1700 funcionarios en activo para controlar 20 millones de contratos. Aparte de eso, hay que añadir que no solo se dedican a vigilancia en materia laboral, sino que la Inspección de Trabajo tiene como misión una vigilancia muy amplia y
como consecuencia de este incremento de la actividad también se está incrementando la siniestralidad, además de que la mayoría de nuestros inspectores o subinspectores son genéricos. Simplemente quiero que me diga si cree usted, sinceramente, que
estos datos son suficientes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Campo.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Vidal, por cinco minutos.
La señora VIDAL SÁEZ: Bienvenido, señor Llorente.
El portavoz del Partido Popular ha empezado diciendo una verdad. Decía que estos presupuestos consolidan la senda tomada por el Gobierno, y es cierto, consolidan una senda de pobreza, de precariedad, de exclusión y, sin duda, de
desigualdad; en eso estamos de acuerdo.
Esos presupuestos, que ustedes califican de recuperación, incluso hasta de sociales, son puro humo, son magia y maquillaje, al fin y al cabo. Su Ejecutivo cuadra las cuentas públicas a costa de la pérdida del poder adquisitivo de los
pensionistas, de las prestaciones sociales y de los empleados públicos, y además esconden el déficit de la Seguridad Social y consolidan el vaciamiento del Fondo de reserva. Son unos presupuestos regresivos y muy especialmente para los
pensionistas.
Dicen ustedes que crece el gasto social, pero es rotundamente falso; dicen que crece un 1,7%, pero hay truco, evidentemente. Si el PIB nominal va a crecer este año un 4,1%, una evolución del 1,7% está muy por debajo del crecimiento
esperado, lo que significa básicamente 'abróchense los cinturones'. Sus presupuestos están llenos de trampas y de mentirijillas en la previsión de los ingresos. El agujero de la Seguridad Social y la hucha de las pensiones son algunas de ellas.
Quieren hacer creer que los ajustes han terminado y el corazón de sus mentirijillas en estos presupuestos son precisamente las pensiones. Parece que el gasto social crece, pero es un efecto óptico porque responde básicamente al incremento de las
pensiones y no porque estas mejoren, sino básicamente porque se incorporan nuevos pensionistas.
Los presupuestos que ustedes nos presentan no atienden a ninguno de los desafíos que tenemos actualmente en nuestro país y consolidan al fin y al cabo los recortes producidos desde 2008, y además hacen estructural la austeridad. Estos
presupuestos generales no resuelven la insuficiencia de los ingresos y, además, nos alejan en materia de gasto a la media de la mayoría de los países de la Unión Europea, también en materia de Seguridad Social. Profundizan la brecha social y
renuncian a abordar la pobreza y la desigualdad en partidas tan importantes que echamos en falta como, por ejemplo, un programa de garantía de rentas. Consagran la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, dando solo este 0,25% conocido de
revalorización de las pensiones. Y con los precios subiendo por encima de la previsión oficial, los pensionistas perderían un 1,25%, pero si, como parece más probable, los precios terminan en un 2,2%, como señala por ejemplo Funcas, perderían hasta
un 1,95%, el doble de lo que han perdido a lo largo de toda la crisis. Por eso, nuestro grupo presentará una enmienda para que los pensionistas recuperen el poder adquisitivo perdido gracias a sus medidas y a sus políticas.
Son unos presupuestos sin ideas y que además renuncian a un cambio de modelo productivo. ¿Cómo vamos a revertir la situación en la Seguridad Social si no mejoramos el empleo, señor Llorente? Es más, ¿cómo vamos a superar el déficit que
tenemos actualmente si recortamos las ayudas que encontramos en materia, por ejemplo, de internalización o de apoyo a las pequeñas y medianas empresas? Dígame cómo espera el Gobierno mejorar la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, porque
es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, cuando resulta que, desde 2009, hay un recorte acumulado, en este caso a la Inspección de Trabajo, del 23%. Y hablemos también de prestaciones no contributivas, pues la dotación para estas
desciende un 10,5%; se queda en 9,12 millones de euros y, para que se hagan una idea, en 2011 esta partida era de 28,29 millones de euros; como ajuste no está nada mal. Durante la crisis, la prestación para los más pobres se ha reducido en casi
dos tercios. ¿Cómo casa esto con sus afirmaciones de que son estos los presupuestos de la recuperación, me pregunto yo?
Tenemos un programa de ingresos y no de gastos, sobre todo hablando de Seguridad Social. Necesitamos urgentemente una reforma para conseguir la financiación suficiente, en este caso para solucionar el problema del déficit actual; déficit
que, por cierto, han causado ustedes gracias a las políticas precarizadoras de salarios y, cómo no, de cotizaciones, y a su pasividad deliberada. Y es que ustedes no solo han empeorado la situación, sino que, además, en los años en que llevan
gobernando no han sido capaces de presentar ni un solo presupuesto que no fuera falso en materia de Seguridad Social. Ustedes lo han reconocido además; implícitamente reconocen que se han pasado años presentando presupuestos falsos en materia de
previsiones de ingresos de las cotizaciones sociales. Por ejemplo, solo en 2016 la desviación superó los 13 000 millones de euros. Sus previsiones eran falsas en 2012, en 2013, en 2014 y en 2015, y en 2016 se volvieron a apoyar en las falsas
previsiones de 2015, añadiendo unas previsiones sacadas de la chistera. Y, cómo no, vuelven a la carga y nos vuelven a presentar por quinto año consecutivo unos presupuestos falsos y llenos de magia al Congreso de los Diputados; falsos en tanto
que saben perfectamente que las previsiones que hacen no se van a cumplir. Como le decía ayer al señor Burgos, esto más que un Congreso parece Hogwarts. Y con el Fondo de reserva, muchísima más magia. Prevén ustedes un crédito -toda una
declaración de intenciones, todo hay que decirlo- de 10 190 millones de euros para compensar el déficit y al mismo tiempo seguir vaciando el Fondo de reserva. Donde hubo 70 000 millones ahora quedan 15 000 y supongo que les da miedo que el marcador
llegue a cero con ustedes, miedo o vergüenza, y por eso hacen trucos de magia, para que no parezca que son ustedes quienes han dilapidado este fondo. Magia, maquillaje, eso es lo que mejor se les da a ustedes.
Díganme si realmente prevén crecimiento y mejora de la economía. Me pregunto, pues, por qué no se refleja en la mejora del poder adquisitivo de las pensiones, por qué sus presupuestos no contemplan este incremento, teniendo en cuenta que
ustedes dicen que vamos a crecer y que va a mejorar tremendamente nuestra economía y por qué condenan, por lo tanto, a los pensionistas a ser más pobres este 2017 y los próximos años. Estos presupuestos hacen un Estado más pequeño, más desigual y
mucho más lejano a las necesidades reales de la mayoría, pero, lo que es más grave, los números no cuadran y ustedes lo saben. Lo he dicho más de una vez, en política el amor se demuestra vía presupuestos y estos contienen muy poco cariño.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vidal.
A continuación, el resto de grupos parlamentarios. ¿Grupo Mixto? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Haciendo referencia al apunte que hacia el compañero Del Campo, con el que estoy de acuerdo, yo sí que tengo las cifras aquí delante. Se decía que en el sistema de Inspección en el año 2009 había 1798 funcionarios
en activo y que en el año 2015 había 1800, solamente dos más. Y desde que están ustedes en el Gobierno, sumando inspectores y subinspectores, contando Cataluña y el País Vasco, hemos pasado de 1871 a 1800 en el 2015. La pregunta es si la tendencia
va a seguir siendo a la baja o van ustedes a cambiar el ciclo, porque sabemos perfectamente que el fraude a la Seguridad Social es una de las lacras más importantes que tiene el sistema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Y por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Raya, también por cinco minutos.
La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero dar la bienvenida al subsecretario de Empleo a esta Comisión. Para el Grupo Parlamentario Socialista queda constatado que estos presupuestos de 2017 dibujan un panorama
preocupante, porque no constituyen la respuesta social adecuada a la realidad de nuestro país. Se trata de un proyecto presupuestario que aunque ustedes se han esforzado en vender, en palabras del ministro Montoro, como unos presupuestos que
impulsan la creación de empleo, fortalecen la cohesión social y refuerzan el crecimiento económico y la competitividad, el análisis de los mismos dibuja una realidad bien distinta. Se trata de unas cuentas que incrementan la desigualdad, el
empobrecimiento de los que peor lo han pasado en estos duros años de crisis, principalmente los parados de larga duración y los pensionistas de este país.
Cuando ustedes hablan de creación de empleo, ¿a qué tipo de empleo se refieren? Porque ya no se le escapa a nadie que el empleo que se está creando es un empleo precario, con una tendencia clara a la baja de los salarios, con una excesiva
temporalidad, un 26%, un punto más que el año anterior, y un abuso de los contratos a tiempo parcial, en muchos casos fraudulentos. Pero es que también hablan de cohesión social. ¿Cómo se puede hablar de cohesión social en un presupuesto que, pese
a tener 4,2 millones de parados, el segundo país de la Unión Europea con mayor nivel de desempleo, propone en sus cuentas una vez más un recorte en la partida destinada a prestaciones por desempleo y, como consecuencia, la disminución de la tasa de
cobertura?
Señor Llorente, en 2011, en plena crisis, el Partido Socialista destinó en su presupuesto 30 474 millones; ustedes, en 2016, 19 621. Pero es que en estos últimos destinan aún menos, un 40% respecto a lo que destinó el Partido Socialista en
2011, en su último año de Gobierno; destinan 18 318 millones. Fuimos solidarios con los que peor lo estaban pasando en 2011 y la tasa de cobertura alcanzó el 70% frente a la que se situaba en el pasado mes de febrero, que apenas alcanzaba el 55%.
No sé si conoce el último Informe sobre el estado social de la nación 2017, elaborado por directores y gerentes de asuntos sociales. Le pregunto cómo piensan ustedes hacer frente a la situación dramática que se desprende de este informe
cuando nos habla de que la renta media de los hogares se ha reducido un 13 %; más de 8 millones de trabajadores y trabajadoras están por debajo del umbral de la pobreza; casi 700 000 hogares, 1,3 millones de personas, no tienen ningún ingreso; la
mala alimentación por motivos económicos y, en ocasiones, el hambre son situaciones reales que afectan a más de un millón de personas en España; uno de cada diez hogares pasa frío o excesivo calor por no poder mantener la vivienda en condiciones;
la tasa Arope, que es un indicador utilizado por la Unión Europea para medir la exclusión social, sitúa a España 5,6 puntos por encima de la media europea; 400 000 personas han dejado de buscar trabajo porque creen que no lo van a encontrar. Señor
subsecretario, la precariedad se ha instalado en el mapa laboral de nuestro país. Cuatro de cada diez personas viven en hogares sin capacidad para afrontar gastos imprevistos y al menos 6 millones de personas, sin ser pobres, se encuentran en una
situación de economía precaria. Pone de manifiesto el incremento de la desigualdad, que no solo se está manteniendo después de la crisis sino que se están incrementando; los mecanismos de movilidad social son cada vez más intransitables para la
mayoría de la población.
Señor Llorente, no sé si se han planteado que algo están haciendo mal. La disminución del número de parados arrastra el dato doloroso del aumento de la pobreza y de la desigualdad en nuestro país. Estos datos demuestran una clara
contradicción con el discurso triunfalista del Partido Popular. ¿Cuándo van a rectificar? ¿Cuándo van a derogar la reforma laboral, que ha tenido consecuencias perversas para las trabajadoras y trabajadores españoles? Y no solo lo hemos pedido y
reclamado desde este grupo parlamentario, se lo piden los sindicatos, se lo piden las ONG, se lo pide Cáritas, que apunta claramente
a los efectos negativos de esta reforma laboral. Estos presupuestos están sustentados en una recuperación económica que por el mal hacer gubernamental no se traducen a su vez en mejoras en la situación social de nuestro país.
En lo que se refiere al Plan de garantía juvenil, dotado con 500 millones de euros -lo que ustedes, junto con Ciudadanos, han llamado complementos salariales destinados a jóvenes con salarios reducidos-, nos llama la atención la ligereza con
la que ustedes plantean obtener estos recursos con los fondos que la Comisión Europea transfiere a nuestro país en el marco de la garantía juvenil, sin plantearse siquiera la posibilidad de fraude que supone pagar estos salarios sustitutivos con
recursos europeos destinados a mejorar la formación y la empleabilidad de los jóvenes españoles. En los últimos años se ha demostrado que la puesta en marcha del sistema de garantía juvenil ha arrojado resultados desalentadores, entre otras cosas,
por las dificultades a las que se enfrentaban los jóvenes que querían acceder al mismo.
El señor PRESIDENTE: ¿Concluye, señora Raya?
La señora RAYA RODRÍGUEZ: Sí, voy concluyendo.
Además de la imposición de un seguimiento electrónico en contra de una atención directa individualizada, que iba todo ello en contra de la iniciativa de empleo juvenil.
El pasado mes de diciembre tuvimos la oportunidad de escuchar a la ministra Báñez responder a una pregunta formulada en este sentido por mi grupo parlamentario. Reconocía la existencia de más de 400 000 jóvenes inscritos y que un 20% ha
encontrado empleo. También la oímos afirmar -sin ruborizarse, eso sí- que España lidera el crecimiento de empleo joven, con una tasa de paro, señor subsecretario, que alcanza el 40 % y que nos sitúa a la cola de la Unión Europea. Y lo más
importante, la escuchamos afirmar que se destinarían...
El señor PRESIDENTE: Concluye, señora Raya.
La señora RAYA RODRÍGUEZ: ...2700 millones a la garantía juvenil. Concluyo y le pregunto: ¿Cuándo, cómo y en cuánto tiempo piensan ustedes destinar estos 2700 millones a los que se comprometió la ministra de Empleo?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pues tiene la palabra el subsecretario para responder a las anteriores intervenciones.
El señor SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Llorente Cachorro): Muchas gracias.
Muchas de las preguntas casi darían para tres comparecencias más y muchas de estas cuestiones pueden ser contestadas con mayor detalle y seguro que con mayor conocimiento por el secretario de Estado de Empleo, que intervendrá posteriormente.
Voy a intentar agrupar por materias y sobre todo, si me permiten, por aspectos que me atañen más directamente y si me dejo alguna respuesta en el tintero, ruego que me soliciten la contestación por escrito, ya que no tengo ningún problema, por
supuesto.
Me preguntaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al que agradezco su intervención y el reconocimiento a la labor que se ha realizado en el campo del control del fraude y del control de las condiciones laborales en nuestro país por
la parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, qué había aportado la Inspección a la calidad en el empleo y qué puede aportar en el futuro. Es importante que, con carácter previo, planteemos una cuestión que siempre hemos considerado, por
lo menos en el tiempo que llevo de responsabilidad en el ministerio, y es que la Inspección de Trabajo es una institución centenaria, que tiene reconocido por los convenios de OIT y por nuestra legislación su autonomía e independencia y que funciona
muy bien así. Y, en la medida de lo posible, los que estamos en las responsabilidades políticas tenemos que poner todo de nuestra parte para que desempeñen su trabajo con la mayor eficacia y con el mejor acierto en la labor tan ardua y difícil que
tienen día a día los inspectores y subinspectores. Por tanto, lo que hacemos desde el ministerio, lo que pretendemos hacer día a día es facilitarle, como digo, esos instrumentos, esas herramientas y esos medios para que desempeñen bien su función.
No dejan de ser, en ese sentido, la cláusula de cierre de todo sistema laboral en la garantía de la calidad por el empleo. Por tanto, es una prioridad para este ministerio y seguiremos trabajando en favor del empleo de calidad y que la Inspección
aporte, como servicio público que es, ese valor de garantía de cumplimiento de la legalidad y del disfrute de los derechos sociales.
Voy a intentar dar algunos datos respecto a lo que usted me preguntaba, que es un ámbito en el que específicamente se ha puesto el foco recientemente: las relaciones laborales. A veces se dice que la Inspección solamente se dedica a
perseguir el fraude en las prestaciones de Seguridad Social, concretamente en las prestaciones por desempleo. En otras ocasiones, que no dedica suficiente tiempo a perseguir las conductas que vulneran la legislación sobre prevención de riesgos
laborales. En materia de relaciones laborales, que incluiría tanto empleo, condiciones laborales y siniestralidad, se han realizado 132 692 actuaciones en 2016 -estoy hablando de datos ya cerrados-, con un aumento del 7,31 % con respecto al 2011.
Es importante la actividad, pero más importantes son los resultados y la eficacia en la actuación inspectora precisamente en materia de calidad y relaciones laborales. Así, el índice de eficacia media ha aumentado en un 31,65%, pasando del 19,02%
que existía en 2011, a un 25,04% en 2016. Esto es mérito de los inspectores y subinspectores, no es mérito ni del Gobierno actual ni de Gobiernos anteriores. No, es mérito de la labor que realizan, por supuesto facilitándoles los instrumentos y
los medios para realizar su función. Además hay una adecuación a la realidad de las relaciones laborales y a la situación del mercado laboral en España. Siendo un colectivo generalista, ha especializado cada vez más sus competencias y sus
conocimientos con la realización de campañas específicas.
Hay una instrucción del año 2015, que aprobó la Dirección General de la Inspección -agradezco también la presencia en esta sala del director general de la Inspección-, que establece y regula el control de la subcontratación y la cesión
ilegal de trabajadores. Hasta entonces no había habido ninguna instrucción en ese sentido. También de la contratación a tiempo parcial -la instrucción 1/2015-; del control del trabajo no declarado por quienes realizan prácticas como falsos
becarios, que es una idea en la que queremos seguir profundizando y se aprobará en el año en curso una guía de actuación para la Inspección para perseguir estas prácticas fraudulentas; en el control de la correcta utilización de los contratos
formativos, que fue una campaña que se inició en el año 2012, y en el control del tiempo de trabajo, jornada laboral, descanso, trabajo a turnos y horas extraordinarias, que es una instrucción del año 2016.
Aparte de las campañas específicas, los resultados obtenidos son el mejor aval del trabajo realizado por la Inspección para la mejora en la calidad en el empleo. Daba los datos, ya conocidos, que es la transformación de los contratos
indebidamente temporales en indefinidos, que a marzo de 2017, desde el año 2012, que se puso en marcha el Plan de lucha contra el fraude, arrojan la nada desdeñable cifra de 265 700 contratos transformados.
Me preguntaban también algunos grupos -entre ellos, el representante de Esquerra- cuál había sido la repercusión en materia de prestaciones en Seguridad Social. En el conjunto de la actuación del Plan de lucha contra el fraude, el impacto
presupuestario que tiene -bien sea por la minoración de ingresos que indebidamente se han debido percibir por parte de los que fraudulentamente han obtenido esas prestaciones, como por los gastos que se reducen para el sistema de Seguridad Social-
ascendería a más de 18 000 millones de euros, que creo que no es una cifra nada desdeñable.
En materia de cesión ilegal de trabajadores -por darles también algunos datos-, se han desarrollado 15 466 actuaciones inspectoras, con un importe de casi 21 millones de euros en sanciones por estas infracciones. Esto ha supuesto la
modificación de 9000 contratos de trabajo y, por tanto, la mejora de sus sueldos y sus jornadas. Se han desarrollado 105 330 actuaciones inspectoras en materia de tiempo de trabajo -estoy hablando del año 2012 al 2016-, con 271 162 trabajadores
afectados y con un importe también de las infracciones en multas de otros 20 millones de euros. Estamos hablando de control de jornada, de descanso de jornada semanal, de control de horas extraordinarias o complementarias, de vacaciones o de
trabajo, como decía, a turnos.
En los contratos a tiempo parcial, se han desarrollado casi 30 000 inspecciones y los expedientes liquidatorios suponen una cifra de más de 10 millones de euros, pero sobre todo se ha incrementado en un 80 % la actividad en el control de los
contratos a tiempo parcial desde el año 2015 al año 2016 -80 % de incremento de la actividad inspectora- y también en el control de los falsos autónomos, donde se han realizado más de 10 000 actuaciones, por un importe de casi 39 millones de euros
en expedientes liquidatorios y con 5000 empleos aflorados. Cabe destacar, en términos porcentuales, porque hay que verlo todo con la evolución, el aumento de casi un 125% de la actividad, pasando de 1209 actuaciones que había en falsos autónomos en
el año 2011 a 2720 en el año 2016. También en las prácticas con los becarios, los falsos becarios -como digo, queremos aprobar la guía en el año 2017-, se han producido 2421 empleos aflorados. Y en igualdad efectiva entre hombres y mujeres quiero
destacar el incremento del promedio anual respecto a un período anterior, 2008-2011, de casi el 10%. En definitiva, la actividad de la Inspección no ha sido solo muy importante en términos cuantitativos, como comentaba, sino que ha
sido eficaz, que es lo importante, se ha ido especializando y los resultados refrendan esta mejora en la calidad por el empleo. Vamos a seguir trabajando en esa línea; queremos aprobar este plan estratégico de la Inspección en el período
2017-2020; queremos seguir con acciones tendentes a continuar con el control en las cadenas de contratación y subcontratación en las relaciones triangulares en empresas de trabajo temporal, en transformación de contratos, en falso trabajo autónomo,
y para eso pedimos y solicitamos el mayor consenso posible, como lo tuvimos en la Ley 23/2015. Yo vine a esta Cámara a explicar a todos los grupos parlamentarios el contenido de la ley y, he de decir, que cuando explicamos y detallamos cuáles eran
los objetivos de la misma, como digo, hubo un gran acuerdo a la hora de su aprobación; ahora espero que con el plan estratégico de la Inspección tengamos los mismos resultados.
Me preguntaban en el Grupo Podemos, en el de Esquerra Republicana, y también el portavoz de Ciudadanos, por los efectivos, que es algo sobre lo que también con frecuencia analizamos diferentes datos y perspectivas de los efectivos de la
Inspección tanto en inspectores como en subinspectores. Yo voy a intentar dar los datos más actualizados, hacer una comparativa y también dar mi perspectiva de cómo deben de actuar o cuál debe ser la actuación más eficiente del sistema de
Inspección con respecto a su política de recursos humanos.
En la actualidad, a mes de abril de 2017, hay 1802 efectivos; decían que había 1798 en 2008, y en el mes de abril de 2017 había 1802 efectivos, 953 inspectores y 849 subinspectores. Yo creo que lo he dicho en otras comparecencias, pero a
mí me gustaría que hubiera más inspectores, decía el portavoz de Ciudadanos que no se puede tener un inspector detrás de cada empresa, pero sí que quiero decir que es una cifra muy relevante, y hay que tenerlo también en cuenta al hacer las
comparaciones en los períodos en los que otros cuerpos de funcionarios no han tenido la tasa de reposición que sí que han tenido estos cuerpos para el control del fraude. En el año 2010 se congelaron las ofertas de empleo público, y ya en 2011 se
levantó el límite de la tasa de reposición al 10 %, que se mantuvo durante los años de la crisis más importante, en los años 2014 y 2015 estuvo en el 50 %, y en el 2016 y el 2017 la tasa de reposición ha sido del 100 %. Vamos a hacer un esfuerzo
suplementario, en la oferta de empleo público, como he dicho anteriormente, ya que vamos o queremos triplicar el número de efectivos que se convocaron en la oferta de empleo de 2010, por tanto, más inspectores y subinspectores.
Si hablamos de ratios, siempre vamos a las ratios de la OIT, que combinan, como saben, el número de inspectores y subinspectores por afiliación.
En el año 2007, que teníamos un crecimiento del PIB del 3,8%, por tanto, en plena burbuja de la construcción y con una afiliación de 19 millones de personas, teníamos una ratio 11 500 afiliados por un inspector asignado, vamos a decirlo así.
En el año 2017, con un PIB del 3,2 % y con casi 18 millones de afiliados, pues estamos en unas ratios más bajas, tenemos 9272. El óptimo que fija la OIT es 10 000, por tanto, no creo que estemos excesivamente mal en ese sentido; todo es mejorable,
pero creo que tenemos unas buenas ratios, que son los indicadores que se manejan en la OIT en este sentido. Yo creo que lo importante es la evolución. Decía el representante de Ciudadanos, haciendo una comparación un poco a foto fija, que había
1798 inspectores en el 2008 y ahora, actualizándole la información, son 1802. En el año 2007, insisto, en plena burbuja, había 1668 efectivos, no 1798, si mis datos no me los han pasado mal, pero lo importante es la evolución. Se ha manteniendo
siempre ese umbral de los 2000 inspectores o subinspectores. Estoy de acuerdo en que no podemos poner un inspector detrás de cada empresa ni de cada ciudadano, pero sí que creo que hay que poner en valor las actuaciones y las visitas que realiza la
Inspección. Si tenemos una media, decía el portavoz de Ciudadanos, que hay que entender que era una actividad más bien reducida de la actividad inspectora de medio millón de actuaciones en el año 2017 programado, dentro de los indicadores, que
luego son indicadores, luego en la ejecución -como ven, son superiores- haríamos un cálculo fácil y es que tenemos 1375 actuaciones de inspectores y subinspectores por día. Digo por día porque se trabaja los 365 días del año, festivos y fines de
semana, casi una actuación por efectivo, y además las visitas en horario especial, que creo que es algo importante, porque demuestra ese esfuerzo que se realiza por el sistema de Inspección. Son actividades que se realizan en fines de semana, en
festivos y visitas nocturnas. Desde el año 2008 a 2011 este tipo de visitas fueron 61 528 y, desde el año 2012 al 2016, se realizaron 172 392, esto es, de 61 528 a 172 392. Es importante destacar esto, porque mucha de esta actividad precisamente
fraudulenta se desarrolla en fines de semana y festivos.
Hombre, yo creo que la ratio de eficacia es importante, y he dado antes el crecimiento que ha tenido. Y luego hay una cosa que quiero poner también en valor, que es muy difícil -decían-, pues los subinspectores siguen realizando una
actividad o inspectores con carácter general. Hemos hecho un
esfuerzo importante en crear una escala específica de seguridad y salud laboral. Es muy difícil crear una escala de funcionarios en los tiempos que corren. Desde el año 2011, que fue la última vez que se creó una escala de funcionarios en
la Administración General del Estado, con motivo de la Ley de la Ciencia, no se había creado otra, de subinspectores laborales, que va a permitir precisamente, como me planteaba alguno de ustedes, un mayor control de la siniestralidad laboral, de
los accidentes de trabajo y de los recargos o paralizaciones de obras que se producen cuando hay infracción de la normativa de prevención de riesgos. Creo que hay que tener en cuenta dentro de los efectivos, los medios tecnológicos con los que
cuentan. Hemos puesto con mucho esfuerzo en manos de la Inspección una herramienta de control del fraude junto con la Tesorería General de la Seguridad Social, que sin duda mejorará la planificación y la mayor eficacia de las actuaciones de la
Inspección. Se basa sobre una parametrización de los datos que tienen de ejercicios anteriores y diseña perfiles de fraude y mapas de fraude, que yo creo que permitirá ser más eficaz a los inspectores.
Me hacían sus señorías también algunas preguntas más relacionadas con el presupuesto, y yo voy a centrarme en las que afectan más directamente al presupuesto de la sección 19. Me planteaba la portavoz de Podemos que había habido un recorte
en lo que eran las prestaciones no contributivas y todo lo que era la aportación del Estado a la financiación de la no contributividad. Lo he dicho anteriormente, hombre, si en el año 2013 llegamos al 100 % de la financiación fuera de lo que eran
cotizaciones sociales, con lo que era el sistema de tributación general para la financiación de estas actuaciones, yo creo que eso por lo menos hay que reconocerlo. ¿Que las pensiones mínimas reducen un poco su aportación del Estado, los
complementos al mínimo? Es lógico, porque suben las pensiones. ¿Que las prestaciones en algunos casos se reducen? En muchos casos que es por cuestión de la media petición de beneficiarios; hay muchas de estas partidas, desde lo que es el
concepto 420, la que es la financiación de subsidios económicos, que es porque bajan el número de beneficiarios; es una cuestión puramente vegetativa, o todo lo que está referido a la Lismi o la Ley de Amnistía o los buques del régimen económico
fiscal de Canarias o el síndrome tóxico. Todas estas prestaciones de carácter no contributivo tienen su ajuste precisamente, porque esto se va al céntimo, en lo que es la ejecución presupuestaria del año anterior y la bajada de los beneficiarios
que pueden percibir las mismas.
Me comentaba también en el ámbito de la financiación de la Seguridad Social, aparte de consideraciones sobre el maquillaje, que no existía un gasto social realmente; hombre, en gasto social estos son datos que se puede comprobar de forma
palmaria; año a año ha crecido el gasto social, pero otra cosa es que usted no lo quiera ver con los elementos objetivos que plantean los presupuestos. Todos los años han subido las pensiones en 4000 o 5000 millones de euros y además con una
situación ciertamente crítica. En términos de contabilidad nacional estamos hablando del 64 % con respecto al 57,7% del año 2007 que, como digo, cojo el año 2007 porque es el año de bonanza económica y es fácil hacer gasto social en esa época; lo
difícil es hacerlo cuando hay un ajuste una restricción presupuestaria, en el que lo que prima precisamente es el gasto social. Y además ese mantenimiento del estado de bienestar lo hemos ido complementando precisamente con el PAE, al que se ha
referido alguno de ustedes, con la prórroga del Prepara, con el complemento salarial, con el complemento de maternidad en las pensiones, que ya tienen 200.000 mujeres, cerca de 40.000 con un 15% más de incremento de la cuantía de su pensión, o con
el permiso de paternidad de cuatro semanas que tenemos en vigor desde el inicio del año.
Cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de esa repercusión e incremento en los índices Arope, como hemos conocido recientemente, es justo decir cómo ha sido la evolución, más allá de las fotos fijas. La tasa de pobreza se ha reducido a
la mitad, según datos de Eurostat, desde el año 2007 -insisto, año 2007-, año de bonanza, con el 23,2% al 11,4% en la actualidad. El Banco de España y el Consejo Económico y Social han hecho informes sobre los mayores de sesenta y cinco años que
han aumentado su renta y su patrimonio durante la crisis y, por cierto, el 80 % del índice de pobreza -lo dice la OIT, no lo dice el Gobierno- proviene de la destrucción de empleo, de los casi más de 3 millones de empleos que se destruyeron en la
crisis.
Planteaban algunas cuestiones sobre las prestaciones por desempleo; yo hago el enfoque puramente presupuestario, más allá de las que pueda dar el secretario de Estado de Empleo, y digo que tenemos un régimen de los más garantistas de la
Unión Europea; la tasa de cobertura hay que verla también en el conjunto de la aportación de nuevos instrumentos como es el PAE o como será el complemento salarial, que tiene una parte de activación, y que se pondrá en marcha en este año.
Las prestaciones por desempleo se ajustan a lo que es la ejecución del gasto; va a bajar la tasa de desempleo, por tanto, las prestaciones por desempleo bajan en su justa medida; y si fuera necesario tiene su carácter ampliable. Yo
también quiero recordar que cuando se venía aquí en otras épocas con suplementos de crédito de 4000 millones, había una crítica exacerbada de por qué se subían 4000 millones en prestaciones de desempleo; ahora bajan porque baja la tasa de paro,
pues, hombre, me parece que hay una cierta contradicción a la hora de plantear las cuestiones.
Garantía Juvenil. Hemos aprobado un real decreto-ley con el Gobierno en funciones, que ha permitido la aplicación retroactiva de determinados requisitos para incrementar el número de registrados en el sistema de Garantía Juvenil; la
financiación, y hay que ponerlo también en valor, ha sido un incremento debido fundamentalmente a la labor que ha realizado España en los foros europeos -yo he estado allí y lo vi en el Consejo de Epsco y además en las cumbres a las que fue el
presidente del Gobierno-. Probablemente la Garantía Juvenil no hubiera salido en esas dotaciones si no llega a ser por la aportación de España y la colaboración con otros países que hicieron posible el programa. La materialización del suplemento
se verá en las próximas fechas y creo que podrá dar mayores datos el secretario de Estado. Tuvimos hace poco una conferencia sectorial, respecto a la Garantía Juvenil, en cuanto a la aprobación de la distribución de fondos, y creo que tenemos un
gran consenso entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Lo importante es que se cumplan los indicadores que se fijan entre todos, los indicadores de ejecución, porque de nada sirve que pidamos y peleemos en Europa y
que tengamos fondos, cuando determinadas comunidades autónomas, sobre todo en políticas activas de empleo, no ponen, como debía ser, toda la carne en el asador para hacer una mejor gestión y ejecución de los créditos que le tienen asignados.
No sé si me ha quedado alguna cuestión más por responder, pero si no pues contestaría a lo que me pregunten.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Pasamos a continuación a la siguiente comparecencia, si les parece bien.
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO (RIESGO FIGUEROLA-FERRETTI). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000394); GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (números de expediente 212/000477 y
212/000480); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (números de expediente 212/000619 y 212/000569); CIUDADANOS (número de expediente 212/000550) y Mixto (números de expediente 212/000710 y 212/000354).
El señor PRESIDENTE: Si les parece continuamos con la comparecencia del secretario de Estado de Empleo, del señor don Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti. Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Popular, el Grupo Socialista, el
Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Ciudadanos y el Grupo Mixto, y en la misma comparecencia se sustanciarán las solicitudes de comparecencia del director general del Servicio Público de Empleo Estatal, presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la solicitud de comparecencia del director general de Empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tal y como fue decidido por la Mesa de la Comisión
de Presupuestos.
Tendrá la palabra en un primer momento el secretario de Estado por un tiempo de veinte minutos más o menos y, a continuación, los portavoces de los grupos parlamentarios de la comparecencia, por cinco minutos cada uno y el resto de grupos
también por cinco minutos.
Les pido disculpas, en primer lugar, al secretario de Estado, porque en un ratito tengo que marcharme a otra comparecencia en la Comisión de Presupuestos y les dejaré con la vicepresidenta segunda, a la que espero que me cuiden.
Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO (Riesgo Figuerola-Ferretti): Muchas gracias, presidente. Lo mismo digo también, yo espero que me cuide la presidenta, sus señorías, y yo a ustedes, como es mi obligación por otra parte. (Risas).
Muchas gracias por asistir a esta sesión, buenas tardes a todos, señoras y señores diputados. Para mí es un placer comparecer nuevamente ante esta Comisión, algo más de un mes después de la última
comparecencia que tuve con todos ustedes, en aquel caso para hablar de la regulación de los contratos interinos. Como saben, en esta ocasión comparezco para informarles sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2017, el primer presupuesto de esta legislatura que dio comienzo hace cinco meses. Como recordarán, el último presupuesto que presentamos ante esta Cámara se elaboró de manera anticipada para garantizar su aplicación, desde el primer día del
ejercicio 2016, pese a la convocatoria electoral de diciembre de 2015. Gracias a ello, hemos contado con un presupuesto realista, eficaz y al servicio de la recuperación económica durante este complejo ejercicio parlamentario que ha transitado a lo
largo de dos legislaturas, la decimoprimera y la decimosegunda que acabamos de empezar.
Como saben, el retraso en el comienzo de la actual legislatura ha provocado la prórroga de dicho presupuesto y motivó el retraso hasta hace pocos días de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Así, señorías, el
presupuesto para 2017 está ya en la Cámara y confiamos en que pueda contribuir a la estabilidad, a la confianza y a la creación de empleo tanto como el anterior, el de 2016, que ha facilitado que, desde agosto de 2015, cuando fue presentado, hasta
marzo de este año, se hayan creado en nuestro país 730 000 empleos en España.
Señorías, en estos momentos, gracias al esfuerzo de toda la sociedad española, nuestra economía crea una medida de 500 000 empleos al año durante los últimos tres años, en particular 604 000 solo en el último año. Hemos recuperado uno de
cada dos empleos, más de uno de cada dos empleos perdidos desde el inicio de la crisis económica y, desde el comienzo de la recuperación acumulamos ya 38 meses consecutivos de incremento de la contratación indefinida. Esta mejoría del mercado de
trabajo se está trasladando poco a poco a los indicadores de situación social, tal y como reflejó ayer la Encuesta de condiciones de vida de 2016, con datos de 2015, que nos indica que a partir de 2014 se inició un proceso de reducción de la pobreza
y exclusión social en España, un camino en el que entre todos hemos comenzado a recuperar el terreno perdido, pero en el que sin duda nos queda aún muchísimo por hacer. Sabemos que 3 702 137 personas buscan aún un empleo y no lo encuentran y que lo
hagan es nuestra principal prioridad. Muchas de ellas lo hacen desde hace más de un año o dos, por eso traemos a esta Cámara un presupuesto, el de 2017, para la confianza, la estabilidad y el empleo, como lo fue el de 2016.
Señorías, el presupuesto que hoy presento, como han podido comprobar, se sustenta sobre bases sólidas y se ejecutará de acuerdo con un cuadro macroeconómico que lo acompaña, en un contexto macroeconómico favorable, de ritmo sostenido de
crecimiento y que poco a poco está situando las principales variables económicas en los niveles previos a la crisis. Así se prevé que el PIB real crezca este año hasta un 2,7 %, según la actualización del programa de estabilidad que se aprobará
próximamente, muy por encima de la media de los países de la Unión Europea, un fuerte crecimiento, compatible con la corrección de los principales desequilibrios de nuestra economía, entre otros el déficit público, que hemos reducido todos a la
mitad, fijando una senda de crecimiento estable y sostenible. A ello contribuirá el importante crecimiento de las exportaciones, superior al 5 %, que consolidará a 2017 como el sexto año consecutivo de superávit de la economía española frente al
resto del mundo. Una estabilización macroeconómica que contribuirá, gracias al marco flexible de relaciones laborales, y por supuesto al esfuerzo de todos los españoles, al mantenimiento del proceso de recuperación de nuestro mercado de trabajo,
aportando por cuarto año consecutivo más de medio millón de empleos, en concreto 506 000, según las previsiones en 2017, y reduciendo hasta el 16,6 % la tasa de paro en términos de encuesta de población activa.
Señorías, en este contexto se presenta el presupuesto para 2017, con el objetivo de afianzar el crecimiento, sin dejar a nadie atrás y alimentando los procesos reformistas que mantengan el vigor de la recuperación. El diseño de los
Presupuestos Generales del Estado para 2017 contribuye sin duda a ello, con una evolución positiva de la previsión de ingresos gracias a ese favorable contexto económico y con un 56 % de gasto social, más de 2 puntos por encima del de 2016. Así
estamos ante un presupuesto social que apuesta por igual por la creación de empleo y por la protección de los trabajadores que siguen buscando una oportunidad, con especial cuidado por aquellos que sufren riesgo de exclusión social; un presupuesto
para sufragar las políticas de empleo del Gobierno de España, que están siendo objeto de debate en las mesas de diálogo social, del Plan de choque por el empleo, la Mesa de diálogo social por la calidad en el empleo y, finalmente, la Mesa de diálogo
social para la formación profesional para el empleo.
Para el desarrollo de todas las actuaciones que le corresponden, dirigidas al cumplimiento de estos objetivos, la Secretaría de Estado de Empleo dispone para 2017 de un presupuesto de 25 136 millones de euros, en el que se incluye el
presupuesto de tres organismos autónomos: Servicio Público de Empleo
Estatal, Fondo de Garantía Salarial e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y el correspondiente a los programas que gestionan la Dirección General de Empleo y la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. Como saben y como siempre, la mayor parte de este presupuesto de gastos lo gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal, con 23 993 millones de euros. Ello es así porque es el organismo que
sustenta casi la totalidad de las políticas de protección del desempleo y de activación para el empleo, recursos esenciales para la política de empleo de nuestro país. Para seguir apoyando el emprendimiento, la Dirección General del Trabajo
Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, cuenta con un presupuesto de 8,48 millones de euros. A la Dirección General de Empleo, fundamentalmente a la gestión de ayudas previas y ayudas extraordinarias a la
jubilación de trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial, se destinarán 23,6 millones de euros. Por su parte, el Fondo de Garantía Salarial tiene presupuestados 1072 millones de euros, dirigidos a garantizar los créditos
salariales ante la insolvencia del empleador. Y en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo cuenta con 38,2 millones de euros para seguir avanzando, entre otras cuestiones, en el
desarrollo de la estrategia de salud en el trabajo y avanzar en las políticas de bienestar en el trabajo.
Señoras y señores diputados, paso a informarles sobre el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. El organismo contará en total con 23 994 millones de euros de ingresos, un 3,93 % menos que en el proyecto de 2016. Los ingresos
procedentes de la cuota de desempleo ascenderán a 19 415 millones de euros, lo que implica un aumento del 5,43 % respecto a la prevista para 2016, en coherencia con las previsiones de creación de empleo. Por su parte, la cuota de formación
profesional supone 2011 millones de euros, con un incremento del 5,61 % respecto al presupuesto anterior, calculado en base a las previsiones de creación de empleo, así como a un aumento de las bases de cotización máximas y mínimas, vigentes, como
saben, desde el 1 de enero de 2017. Por su parte, la aportación del Estado al presupuesto de SEPE se sitúa en 1635 millones de euros, sustancialmente menor que en los años anteriores, gracias al fuerte incremento de los citados ingresos por
cotizaciones. Así, la totalidad de esta aportación se destinará a financiar políticas activas de empleo. Eso es así porque, señorías, por primera vez en ocho años las cotizaciones sociales por desempleo son suficientes para garantizar o para
financiar el gasto previsto en los distintos tipos de prestaciones por desempleo. El resto de recursos de SEPE provienen de otros ingresos procedentes de reintegros de ejercicios anteriores, por importe de 439 millones de euros, y de las
aportaciones del Fondo Social Europeo, que se situarán en 475 millones de euros, y que serán en consecuencia al menos un 70 % procedentes de cantidades justificadas del Programa Operativo de Garantía Juvenil. Con todo ello, el SEPE hará frente a
los 23 994 millones de euros de su presupuesto de gastos, un 3,93 % menos respecto al presupuesto inicial de 2016.
En el presupuesto de gastos las políticas activas de empleo representan una prioridad, porque son las herramientas con las que trasladar la recuperación económica al empleo y porque aportan los instrumentos para hacerlo de forma que llegue
al conjunto de los desempleados y especialmente a los más vulnerables. Para ello, los Presupuestos Generales del Estado para el 2017 contemplan 5575 millones de euros a las políticas activas de empleo, un 6,36 % más que en el año 2016. No
obstante, si se considera la dotación de 500 millones de euros para nuevas medias de activación en el marco de la Garantía Juvenil que contempla el presupuesto de prestaciones del SEPE, el presupuesto de políticas de activación asciende a 6075
millones de euros, esto es, un 16 % más que los 5242 del presupuesto de 2016.
Como saben, las políticas activas de empleo siguen desde 2013 una estrategia basada en un nuevo marco de financiación, ejecución, control y evaluación orientado hacia la consecución de determinados objetivos, orientado a resultados. Su
articulación se establece en torno a seis ejes: de orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo. Este modelo es el
que tiene en cuenta el presupuesto para que las mejores perspectivas económicas puedan traducirse en una mejora del empleo en términos similares a lo sucedido ya en 2014, 2015 y 2016.
Antes de entrar en detalle en cada uno de estos bloques me gustaría destacar que, siguiendo la senda de aumento de años anteriores, la participación de las comunidades autónomas en la gestión de las actuaciones en políticas activas de empleo
alcanza ya en este presupuesto más de 2300 millones de euros, esto es más del 75 % del presupuesto destinado a políticas de empleo y formación. Aquí se incluye el importe correspondiente a la gestión del programa Prepara, que si bien se configura
como un ámbito de gestión nacional por parte del SEPE, necesita la colaboración de las comunidades autónomas para su
correcta ejecución. Con estas cifras la cantidad que se repartirá a las distintas comunidades autónomas tras su aprobación por la Conferencia Sectorial, se incrementará en 2017 en 241 millones de euros respecto a la distribuida en 2016, un
13,53 % más que en 2016, que a su vez se había incrementado en un 17 % con respecto a 2015. Ya se ha hecho una primera distribución el pasado 11 de abril como saben a las comunidades autónomas con cargo al presupuesto prorrogado de 2017, y los
restantes 125 millones de euros -se han repartido ya 1893- se asignarán una vez entre en vigor el presente proyecto de ley. Señorías, este aumento para las políticas de empleo afecta, tanto a programas y servicios de fomento del empleo como a
iniciativas de formación profesional para el empleo.
Por lo que respecta a los programas y servicios de fomento del empleo el aumento es de 263 millones de euros, destacando el aumento de 65 millones de euros en los fondos destinados a la orientación e intermediación laboral; con cargo a
ellos se financia por ejemplo el programa de acción conjunto para la mejora en la atención a desempleados de larga duración, que se aprobó en Consejo de Ministros del pasado mes de diciembre, y se potencia este año para facilitar la inserción en el
mercado laboral de aquellas personas con mayores dificultades. También este incremento se destinará a la subida de 252 millones de euros en la financiación del eje de oportunidades de empleo para incentivar la contratación, especialmente entre
aquellos colectivos con mayor dificultad de acceso o permanencia en un puesto de trabajo. Aquí se incluyen las bonificaciones de fomento del empleo, que pasan de 1635 millones de euros a 1868, de acuerdo con el Real Decreto-ley 6/2016, del pasado
mes de diciembre, que establecía como saben la conversación de determinadas reducciones en bonificaciones para que puedan ser cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y aliviar así las cuentas del sistema de Seguridad Social. Asimismo dentro de
esta partida ascienden las cuantías para financiar las subvenciones de mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo en 2 millones de euros, cuantía que tenemos previsto incrementar en 20 millones
de euros en el trámite parlamentario para financiar el incremento del 8 % del salario mínimo interprofesional que acordamos a finales del año anterior. Y aumenta en un 3 % la dotación para financiar los programas de empleo agrario en Andalucía,
Extremadura y las zonas rurales deprimidas, 6,5 millones de euros, algo que no ocurría desde el año 2011.
En cuanto al fomento del trabajo autónomo y el emprendimiento la financiación sube este año de 3 a 28 millones de euros, como detallaré más adelante. Además se incrementa en un 3 % la cuantía destinada a programas y servicios gestionados en
Ceuta y Melilla, cantidades que no aumentaban tampoco desde el año 2011. Y se recoge una dotación de 2 millones de euros para financiar la colaboración de interlocutores sociales en la difusión e inscripción de jóvenes en el sistema nacional de
garantía juvenil. En segundo lugar, los recursos destinados a otro pilar básico de las políticas de activación, la formación profesional para el empleo, aumentan en un 3,22 % respecto al presupuesto de 2016, 71 millones de euros más, alcanzando un
total de 2258 millones de euros. En esta partida se incluyen las iniciativas del nuevo sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, dirigidas por un lado al aprendizaje y a la adquisición de nuevas competencias, y por el
otro a la mejora de la experiencia profesional y la cualificación y el reciclaje profesional para una mejor inserción laboral. En este sentido, y tal y como hemos anunciado ya en esta Cámara en 2017, queremos profundizar en determinados aspectos
del nuevo sistema de formación para su plena aplicación; así, entre los fondos destinados a financiar los programas y servicios que fomentan la formación en alternancia con la realización de las actividades laborales, el presupuesto recoge los
programas públicos de empleo y formación, cuya dotación de 275 millones de euros supone un incremento del 5,51 %. Para la formación de desempleados, y con el objetivo de una rápida recolocación, se contemplan 779 millones de euros, que una vez sea
aprobado el real decreto de desarrollo de la Ley de Formación Profesional para el Empleo, se podrán destinar, si así lo consideran las comunidades autónomas, al cheque formación.
En lo referente a la formación de ocupados se destinan 633 millones de euros para bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, un 3,75 % más que el año anterior, y además en cumplimiento de lo establecido en la Ley 30/2015, de Formación
Profesional para el Empleo, la última ley por cierto que se aprobó en la X Legislatura por esta Cámara, aumentan en 7,5 millones de euros los fondos dedicados a la financiación de las estructuras paritarias para un adecuado desarrollo de las
funciones asignadas, de acuerdo con lo dispuesto en la citada ley, y también se recoge en el presupuesto una cuantía de 7,5 millones de euros, dirigida a acciones formativas que mejoren la capacitación para el desarrollo de las funciones
relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva, como también se establece en la citada ley.
Por último, en el marco de las políticas activas se mantiene la dotación de 100 millones de euros para la modernización de los servicios públicos de empleo, máxima cuantía de este programa desde su creación en 2004.
En definitiva, señorías, los presupuestos del SEPE para 2017 contemplan un refuerzo muy sustancial de las políticas activas de empleo como instrumento para el aumento de las oportunidades de los desempleados en nuestro país, pero no nos
podemos quedar ahí, debemos garantizar la adecuada financiación de nuestro sistema público de prestaciones, para que nadie se quede atrás en la recuperación mientras encuentra el empleo que busca. Por ello, como saben bien, señorías, la principal
partida de gastos del SEPE son las prestaciones por desempleo, a las que el proyecto de ley de Presupuestos de 2017 contempla destinar 1827 millones de euros, una cuantía un 3 % inferior a la ejecutada en 2016. Esta disminución del gasto en
prestaciones por desempleo viene motivada así por la reducción esperada del número de beneficiarios, que se prevé que disminuya en un 5,29 % respecto a los previstos inicialmente en el ejercicio anterior, compensando así incluso el incremento de
gasto en prestaciones por desempleo previsto por la subida del 1 % del Iprem, que contempla el presupuesto de 2017, descongelándolo así por primera vez desde el año 2010, un aumento con el que se incrementarán todas las ayudas sociales vinculadas al
indicador, Prepara, PAE, RAI y rentas sociales gestionadas por las comunidades autónomas, y que beneficiará en torno a 1 400 000 perceptores de prestaciones públicas. Además el presupuesto de prestaciones del SEPE contempla a su vez 280 millones de
euros, un 124 % más de lo ejecutado, para el programa de activación para el empleo aprobado en diciembre de 2014, cuyo plazo de acceso expiró el pasado 15 de abril, y que estamos trabajando con interlocutores sociales para poder prorrogar de manera
urgente. Medidas todas ellas para asistir y proteger a quienes se encuentran en situación de desempleo y a quienes a su vez debemos facilitar atenciones de activación para que consigan el empleo que buscan, verdadera garantía de bienestar social.
Finalmente se han previsto también en el presupuesto del SEPE 15,5 millones de euros para cubrir las prestaciones del sistema de cese de actividad de los trabajadores autónomos, aunque debe tenerse en cuenta que la mayor parte del gasto
derivado de este sistema lo soportan las mutuas de accidentes de trabajo y Seguridad Social, como bien conocen sus señorías.
Señorías, en materia de protección social como saben la Secretaría de Estado de Empleo también abona prestaciones de garantía salarial a los trabajadores, se encarga del pago de los salarios e indemnizaciones que las empresas para las que
trabajan no pueden satisfacer por encontrarse en situaciones de insolvencia o en un procedimiento concursal; estas prestaciones como saben las gestiona el Fondo de garantía salarial, que en 2017 dispondrá de un presupuesto de 1072 millones de
euros, lo cual son 15 millones menos que el presupuesto de 2016. Este presupuesto se nutre con las aportaciones que realizan las empresas mediante cotizaciones, 508 millones de euros, de otros recursos del Fogasa, fundamentalmente reintegros de
cantidades abonadas a trabajadores y remanentes de tesorería, y de una aportación del Estado de 367 millones de euros. Tras los problemas que desde 2011 ha sufrido este organismo como consecuencia del considerable volumen de expedientes sin
resolver, estos años se ha hecho un gran esfuerzo por estabilizar la situación, y es para mí una satisfacción comprobar cómo gracias al esfuerzo del personal el Fondo de garantía salarial, como también lo ha hecho el personal del Servicio Público de
Empleo Estatal, se ha reducido la bolsa de expedientes de pago en un 91,40 % y la evolución del tiempo medio de trámite en 2016 ha sido menos de la mitad del plazo establecido legalmente. Así a inicios del año teníamos 7122 expedientes pendientes
de tramitación en comparación con los 82 829 que había en enero de 2012, y el plazo medio de pago de las prestaciones se ha reducido a los 43 días, frente a los 98,5 de entonces. Quiero por ello una vez más agradecer a los funcionarios del Fogasa y
por supuesto también a los del Servicio Público de Empleo Estatal, su esfuerzo cotidiano en la gestión de las prestaciones, porque su esfuerzo está llegando a los que más lo necesitan y está dando resultados.
Señoría, como saben otro de los cometidos de la secretaría de Estado son las relaciones laborales, y el presupuesto contempla 23,6 millones de euros para apoyar a los trabajadores afectados por los procesos de reestructuración de empresas,
con ayudas extraordinarias, cuya partida aumenta de los 5 a los 7 millones, con ayudas previas a la jubilación, con un presupuesto de 15 millones, y con ayudas que corresponden a compromisos ya adquiridos. Además desde la Dirección General de
Empleo se contribuye también a financiar con más de 1 100 000 euros la Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, cuyo objetivo es la prevención y solución de conflictos laborales surgidos entre empresarios y trabajadores.
Señoras y señores diputados, como saben el fomento del emprendimiento a través del apoyo a iniciativas de trabajo autónomo y de fórmulas de economía social es una prioridad para este Gobierno, y así lo ha demostrado desde el comienzo de la
legislatura; el apoyo público en esta materia se canaliza desde varios ministerios con ayudas a la inversión, créditos del ICO, y desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social contribuimos a promoverlo, tanto desde la Dirección General del
Trabajo Autónomo como desde el presupuesto del Servicio de Empleo Público Estatal. En este sentido, y como les avanzaba anteriormente, en 2017 las ayudas al trabajo autónomo y al empleo en cooperativas y sociedades laborales destinadas a las
comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla, gestionadas por la Dirección General del Trabajo Autónomo entre 2014 y 2016, pasan a depender del Servicio Público de Empleo Estatal por razones de eficacia y racionalización administrativa. Así, para la
ejecución de acciones y medidas de fomento de la iniciativa empresarial el presupuesto del Servicio Público de Empleo tiene una dotación inicial de 27,9 millones de euros, unas ayudas que gestionan principalmente como les decía las comunidades
autónomas. Por su parte la Dirección General del Trabajo Autónomo va a disponer de un presupuesto de 8,48 millones de euros de los que 3,4 van dirigidos a apoyar actuaciones de difusión y promoción de la actividad emprendedora, el cooperativismo y
la responsabilidad social de las empresas por parte de diferentes instituciones, para fomentarlas y difundirlas como vías clave para la generación de actividad económica y empleo. Un presupuesto que incluye además más de un millón de euros para el
desarrollo y la ejecución de un plan de internacionalización de las sociedades laborales y cooperativas. Aprovecho este apartado para hacer una mención al trabajo que se está llevando a cabo desde el ministerio también para promover la
responsabilidad social por parte de las empresas, con instrumentos como la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, porque es fundamental para mejorar la competitividad del país y para consolidar una economía más productiva,
más sostenible, más integradora, en definitiva una economía más social.
Por último, y en el marco de la prevención de riesgos laborales, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo va a disponer de 38,2 millones de euros, incrementándose casi en 15 millones de euros para continuar realizando su
labor de investigación y asistencia técnica, fundamentalmente dirigida a las pequeñas y medianas empresas, y para impulsar nuevas medidas para el fomento del bienestar en la empresa. En este sentido como saben la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo supone la definición de un marco de referencia común con objetivos consensuados y con actuaciones ordenadas de forma coherente y eficiente en la materia. La estrategia ha sido el resultado de un trabajo conjunto entre la
Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los interlocutores sociales, en el que se ha invertido mucho esfuerzo y cuya aplicación se llevará a cabo también mediante la colaboración de todos los actores que influyen en la mejora
de las condiciones de trabajo; contempla unas líneas de acción generales que se desarrollan en planes de acción de carácter bienal y que prevén medidas concretas para cada período; para cada uno se ha comprometido una línea de financiación
estable, con una dotación mínima de 12 millones de euros y con cargo al presupuesto de la Seguridad Social. Asimismo, y en el marco del diálogo social, continuamos trabajando en la mejora de la calidad, de la prevención y de los hábitos saludables
en el trabajo, así como en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas en esta materia.
Señorías, termino ya. Como ven estamos ante un presupuesto que nos permitirá desarrollar los compromisos que hemos adoptado con los ciudadanos en materia de empleo, compromisos que ya hemos expuesto en esta Cámara, un presupuesto para
contribuir a consolidar el ritmo de creación de empleo, atender las necesidades de quienes aún no lo han encontrado, mejorar la calidad de quienes lo tienen, y adaptar nuestro mercado de trabajo a las necesidades de futuro del trabajo; un
presupuesto que va a permitir el diseño de políticas de activación más eficaces y eficientes que, acordadas en el marco del diálogo social y recogidas en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, que está en elaboración,
faciliten el acceso a nuevas oportunidades y hagan más cortos los tiempos de transición; que apuesta por la orientación personalizada y la modernización de los servicios públicos, que apuesta por la mejora de las competencias profesionales de
nuestros trabajadores, por una mejor implantación de la formación profesional dual y por el impulso a proyectos con una cuenta formación que acompañe al trabajador a lo largo de toda la vida laboral o el cheque formación, unos presupuestos que
apuestan por la iniciativa emprendedora y por los autónomos, cuyo régimen estamos mejorando entre todos desde el acuerdo en esta Cámara, un presupuesto que pretende contribuir al reto colectivo de hacer que los jóvenes tengan el presente laboral que
merecen y que necesitamos, un presupuesto que no se olvida de nadie, que no quiere dejar a nadie detrás, y que recoge especialmente la protección de los desempleados, sobre todo
de los más vulnerables, en definitiva un presupuesto inclusivo, social y para el empleo de calidad, para el que esperamos contar con su apoyo, un presupuesto para la estabilidad y la confianza en nuestro país, elementos esenciales para la
creación de empleo, que es el pilar fundamental de la política social.
Sin más, señorías, quedo a su disposición para cuantas cuestiones quieran plantear.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Riesgo.
Tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios solicitantes de la comparecencia, y yo aprovecho para cederle la presidencia a la señora González Bayo. (La señora vicepresidenta, González Bayo, ocupa la Presidencia).
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Tiene la palabra el señor Echániz, por el Grupo Parlamentario Popular, por cinco minutos.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su presencia hoy aquí y por sus explicaciones presupuestarias, que tienen todo el sentido no en el debate político, sino en la necesaria y reglamentaria disposición del Gobierno a aclarar las
dudas, a profundizar en las explicaciones una vez estudiado el presupuesto 2017 por parte de los grupos, también su ejecución 2016, y poder por lo tanto presentar enmiendas, debatir y votar ese presupuesto.
Señorías, gracias a este presupuesto España va a crear en 2017 más de medio millón de nuevos empleos, que además ese medio millón de nuevos empleos en 2017 se va a sumar a los más de 600 000 de los últimos doce meses y al más de millón de
empleos creados entre 2014 y 2015. A finales del año 2017, señorías, más de 2 millones de nuevos puestos de trabajo serán incorporados al mercado laboral español.
España, señorías, se encuentra en estos momentos a la cabeza del crecimiento económico de la zona euro y de las principales economías avanzadas de nuestro entorno, y además va a seguir incrementando el empleo por encima del 2,4 %, del 2,5 %
en 2017 y por encima del 2,3 % en el 2018 y el 2019, eso sí, siempre y cuando se mantengan los instrumentos y se mantengan las reformas que han hecho posible este extraordinario cambio de más de 2 millones de nuevos empleos en nuestro mercado de
trabajo, y de una forma singular, señorías, la reforma laboral aprobada en 2012, que además evitó una pérdida adicional de otro millón y medio de puestos de trabajo que se hubieran sumado a los 3,5 destruidos, mientras se cerraban 177 000 empresas y
el paro crecía nada más y nada menos que al 8 %. Eso significa, señorías, que cuando venimos de una tasa de paro cercana al 26 %, que la misma habrá descendido a menos del 17 %, el 17,6 % en 2017, y por debajo del 15 % en 2018, y en los términos
del 13 % en el 2019, y por lo tanto, señorías, que en el año 2020 podamos conseguir que en España haya 20 millones de ocupados, que es la garantía de sostenibilidad de nuestras prestaciones, la garantía de sostenibilidad de nuestro estado del
bienestar.
El Grupo Parlamentario Popular se congratula de los datos que ayer hizo pública la encuesta de condiciones de vida, el estudio más completo, más serio, más riguroso que monitoriza la realidad económica y social de los hogares españoles, y
que pone en evidencia la mejora social profunda de las personas y las familias españolas, gracias a las reformas y a las políticas que se han adoptado en los últimos tiempos. Todo ello explica sin duda la fortaleza de nuestra recuperación
económica; nada de esto, nada de todo esto que está ocurriendo, repito, más de 2 millones de nuevos empleos en estos últimos años en el panorama laboral de nuestro país, hubiera sido posible sin las reformas desarrolladas, sin las políticas puestas
en marcha y sin los Presupuestos Generales del Estado aprobados a lo largo de los últimos ejercicios, incluido este del que estamos iniciando el debate. Por lo tanto en este trimestre del año, el segundo trimestre del ejercicio, se puede recuperar
todo el producto interior bruto perdido en nuestro país, se mantiene un crecimiento de las exportaciones del 6 % y la necesidad por lo tanto de estabilidad política, de estabilidad y consensos, ante los que sin duda el Presupuesto General del Estado
es un instrumento esencial en el arsenal de las políticas económicas desplegadas por el Gobierno.
Señorías, estos son unos presupuestos -se ha puesto de manifiesto a lo largo de las distintas intervenciones- en los que el gasto social crece hasta alcanzar el 56 % del gasto total, un crecimiento muy importante, más de 300 000 millones de
euros, un récord histórico, manteniendo la dimensión social y solidaria del Gobierno, que sigue devolviendo además a quienes pidió compromisos y esfuerzos a lo largo de la crisis -como fue la bajada del 5 % que efectuó el Partido Socialista en el
2010-, de una forma oportuna esos esfuerzos solicitados en su momento, que reduce además la interinidad en cuestiones
tan importantes como la sanidad o como la educación o como la justicia, y que sin duda con un plan a tres años va a permitir desarrollar una ampliación en la calidad de la prestación de estos servicios, que en muchos casos incluso prestan
las propias comunidades autónomas, que rebaja el IVA de los espectáculos en directo, que pone a disposición de las comunidades autónomas mucho más dinero para la prestación precisamente de esos servicios esenciales, más de 5387 millones de euros que
puedan mejorar todas esas prestaciones, y que aumenta el gasto en pensiones, se ha puesto de manifiesto, en un 3,1 %, hasta el 40,7 % del presupuesto.
Señorías, en el ámbito del empleo entre otras muchas cuestiones el presupuesto refuerza el gasto en políticas activas de empleo, crece un 5,5 % la política de fomento del empleo, orienta la formación, la adquisición de habilidades que
demanda el tejido productivo y además fomenta el autoempleo, y hace muchas otras cosas, quizá de la lectura de las prolijas cifras del presupuesto la duda que nos queda esencialmente es, dados los datos positivos que en líneas generales expresa, una
pregunta al secretario de Estado y es, ¿cómo se puede explicar que en las subvenciones gestionadas por las comunidades autónomas desde el año 2013 haya algunas comunidades autónomas, de una forma muy relevante la andaluza, que sufre profundas
inejecuciones, que no cumple con los objetivos según los presupuestos, que no gasta los fondos, según algunos estudios y algunos análisis ha dejado de gastar más de 2000 millones de euros entre 2013 y 2016, y ha tenido que incluso devolver cerca de
800 millones no gastados? La pregunta es, ¿cómo es posible, señorías, cómo es posible, señor secretario de Estado, que una comunidad autónoma que tiene casi 10 puntos por encima en tasa de paro en nuestro país, que tiene problemas endémicos en el
empleo, pueda devolver dinero adjudicado para las políticas activas de empleo, cómo es posible que no ejecute al 100 %, incluso al 105 % los créditos destinados a la ayuda a las personas que están en desempleo? Y cuál es a su juicio la incidencia
sobre el mercado laboral de esta situación y desde luego sobre la potencial pérdida de oportunidades de las familias y las personas...
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Señor Echániz, vaya usted terminando.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Termino, señora presidenta.
Según Eurostat la brecha salarial ha descendido en un 4 % desde el año 2012 -muy importante-, en el último año más de 50 000 jóvenes menores de veinticinco años han encontrado un empleo, y el desempleo femenino ha descendido en 160 000
personas. Todos estos elementos, señorías, subrayan la idoneidad de las reformas aprobadas, lo que no nos puede hacer olvidar los cambios a los que está sometido el mercado laboral: demográficos, de movilidad, tecnológicos, pero también los
riesgos y las incertidumbres del escenario internacional, que apuntan preocupantemente a un aumento del proteccionismo frente a la economía abierta, y sobre todo a los retos que aún nos quedan por delante para reducir el paro, para seguir eliminando
el déficit, para reducir la deuda pública, para aumentar la productividad y para desarrollar nuevas reformas que permitan profundizar en los magníficos resultados que España está alcanzando, que son reconocidos ya por toda la comunidad
internacional.
Termino, señora presidenta, poniendo de manifiesto que este es un presupuesto coherente; coherente como se ha puesto de manifiesto previamente con las políticas desplegadas por el Gobierno; coherente con los compromisos adquiridos por el
Partido Popular y por todos sus votantes en la sociedad española, comprometido y coherente con las políticas de carácter europeo, los objetivos europeos, y desde luego con las necesidades del país, con las necesidades de los españoles y con la
necesidad de solventar los fuertes desequilibrios que acumulaba la economía española hasta el año 2011, que sin duda están percibiendo los españoles.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Señor Echániz, por favor.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Sin más que rogarle conteste a estas preguntas, muchas gracias en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Ahora tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, por cinco minutos, el señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, presidenta.
Comprobamos una vez más con preocupación creciente el clima de celebración permanente que se da en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de este país, y en el grupo parlamentario que le sustenta, con un nivel de autocomplacencia tan
admirable como injustificado a nuestro juicio. No sé si se han dado
cuenta ustedes de que año tras año las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas ponen de manifiesto que el paro sigue siendo el problema número uno para la gran mayoría de los españoles, sé que les debe de chocar muchísimo dado
el grado de satisfacción que tienen ustedes con sus políticas, pero la realidad es esta, tenemos un problema gravísimo de paro en nuestro país, un problema de paro que tiene dos vías de solución en lo que atañe al Ministerio de Empleo: ayudar a los
parados a encontrar empleo por la vía de las políticas activas de empleo y mientras tanto ofrecerles una prestación pública para contribuir a que ellos y sus familias puedan vivir con dignidad a través de las políticas pasivas de empleo.
Pues bien, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que nos trae el Gobierno refleja, plantea un grave recorte, tanto en políticas activas como en políticas pasivas de empleo, esta es la realidad, satisfacciones y
autocomplacencias aparte, recorte en las políticas activas, recorte en las políticas activas. Por eso podemos decir con toda claridad y contundencia que este es un proyecto de presupuestos que recorta los derechos de los trabajadores españoles,
especialmente de los más vulnerables, de los trabajadores en situación de desempleo, porque la realidad es que en números absolutos el recorte del gasto en políticas de empleo entre 2011 y 2017 asciende a cerca de 16 300 millones de euros, y desde
luego el problema del paro no ha disminuido en esa proporción durante este tiempo. El Gobierno suele justificar estos tijeretazos en la disminución del número de parados, pero la realidad es que hoy todavía en datos EPA tenemos más de 4 200 000
parados, de los que más de 3 200 000 no reciben ningún tipo de prestación, y creo yo que merecen algo más que unos presupuestos que recortan una vez más las prestaciones por desempleo; de hecho el gasto total por parado, incluyendo políticas
activas y pasivas, se ha reducido de 8866 euros por parado en 2011 a 5360 por parado en 2017, un 38 % menos; de verdad que merecemos los españoles, los trabajadores españoles algo más que estos presupuestos que ustedes hoy nos proponen.
En prestaciones por desempleo entre 2011 y 2017 hemos pasado de más de 30 000 millones de euros a poco más de 18 000 millones de euros, pero no porque haya menos parados, fundamentalmente porque hay menos cobertura a los parados, es que la
cobertura a los parados registrados pasa del 70 % al 55 %, es que la cobertura a los parados EPA pasa del 37 % al 27 %, esto es lo que ocurre, no que haya menos parados, que los hay afortunadamente, unos pocos menos; no, es que ustedes pagan
prestaciones a menos parados y pagan menos prestaciones con carácter general, de hecho tenemos más de 3 300 000 parados EPA sin ningún tipo de prestación, y no se puede justificar un recorte en prestaciones cuando tenemos más de 3 300 000 parados
sin ningún tipo de ayuda, cuando hoy hemos conocido en la encuesta de condiciones de vida que el 48 % de los parados están en riesgo de pobreza y nosotros recortando prestaciones, 48 % de los parados en riesgo de pobreza y este país recortando
prestaciones, eso sí, con discursos de autosatisfacción y autocomplacencia realmente admirables. Hay 1 400 000 hogares con todos sus miembros activos en paro, 630 000 hogares sin ningún tipo de ingresos y este país recortando prestaciones por
desempleo. De hecho, ni siquiera vamos a gastar en prestaciones lo que se va a recaudar por las cotizaciones por desempleo; se va a recaudar por la cuota de desempleo que pagan los trabajadores más de 19 400 millones de euros y ustedes
presupuestan para pagar prestaciones solo 18 318. ¿Nos vamos a ahorrar también el dinero que los trabajadores pagan en su cuota por desempleo; tanto dinero nos sobra, tantos parados hay con sus necesidades básicas cubiertas? Nosotros entendemos
que no, en absoluto.
En políticas activas es verdad que respecto al año 2016 se incrementa algo el presupuesto, poco más de 200 millones, pero es que respecto a 2011 el decremento, el descenso, el recorte, es de más de 2000 millones. ¿De verdad quieren que les
aplaudamos, cuando tenemos un problema gravísimo de paro en este país y ustedes están recortando respecto a 2011 más de 2000 millones de euros en políticas activas? En inversión en políticas activas para el empleo por parado caemos de 1650 a 1250
euros por parado. No, no les vamos a felicitar, señores del Gobierno, no, no, se lo vamos a reprochar, porque no se puede entender. Como no se puede entender tampoco que en políticas activas de empleo, que es una competencia a ejecutar desde las
comunidades autónomas, todavía el Estado se reserve la gestión de más del 62 % del gasto en general en políticas activas. Se entiende muy mal que todavía sigan dedicando mucho dinero de las políticas activas a reducir de manera indiscriminada las
cotizaciones sociales que han de pagar los empresarios, porque estos estímulos para la contratación no funcionan bien. Como no se entiende que sigan destinando 175 millones de euros a las agencias privadas de empleo cuando los resultados de su
trabajo no están siendo ni mucho menos para celebrar, y al tiempo recortan ustedes de 300 a 109 millones de euros el dinero destinado a contratar orientadores profesionales en los servicios públicos de empleo.
Se entiende mal que ustedes fulminen 120 millones de euros en la formación profesional destinada a los jóvenes beneficiarios de la garantía juvenil y al tiempo destinen 500 millones de euros en su acuerdo con Ciudadanos, para premiar a los
empresarios cicateros, para premiar a los empresarios que explotan a los jóvenes. No, no se entiende; no se entiende en absoluto. Como no se entiende que apuesten ustedes de una manera tan extraordinaria por los cheques formación. Dicen ustedes
en el libro amarillo -lo que comúnmente llamamos el libro amarillo, el libro de presentación- que van a destinar 1200 millones de euros a los cheques formación. No lo hemos encontrado en el presupuesto cifrado, pero, de verdad, a nosotros nos
parece una apuesta arriesgada, porque los cheques formación en el mejor de los casos invitan a rebajar la calidad en la formación que se imparte y en el peor de los casos invitan a generar chiringuitos irregulares. No nos convencen los cheques de
formación, señor secretario de Estado, es más, nos preocupan.
Rebajan ustedes 90 millones de euros, de 220 a 130, el programa de recualificación profesional de parados de larga duración que han agotado prestaciones. No nos parece buena idea, aunque reasignen ustedes parte de este dinero a otros
programas. Y no hay ni rastro de lo que buena parte de las comunidades autónomas de este país, sobre todo las que tienen niveles de desempleo por encima de la media, les están requiriendo en forma de planes integrales de empleo para estas
comunidades autónomas.
Nosotros no vemos, créannos, ningún motivo para la satisfacción ni para el aplauso en este proyecto. Vemos recortes en los derechos de los trabajadores en general y de los trabajadores más vulnerables, los parados, en particular. Por eso
vamos a presentar una enmienda a la totalidad de este presupuesto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra, por cinco minutos, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, secretario de Estado, por venir y también por la educación y el respeto con el que se ha dirigido a nosotros, que es algo que no podemos decir de la totalidad de sus compañeros del Gobierno, que en estos últimos días hemos
visto cómo incluso arremetían contra el acento de determinados compañeros por su procedencia territorial; por eso me gusta remarcar la educación y el respeto con el que se ha dirigido a nosotros.
Después de oírle que los presupuestos no paraban de subir en todas las partidas, me pregunto si es que ustedes tienen un pendrive diferente al que nos han dado a nuestro grupo parlamentario y al resto de la ciudadanía, porque si descontamos
la partida extraordinaria de 10 000 millones de euros que en concepto de préstamo a la Seguridad Social se hace en estos Presupuestos Generales del Estado, porque han ido vaciando sistemáticamente el Fondo de Reserva, como ya todo el mundo sabe, si
descontamos esta partida extraordinaria, nos encontramos que el presupuesto de 2016 para Empleo era de 26 600 millones de euros y el de 2017 es de 25 600 millones de euros, casi 1000 millones de euros menos. O nosotros no sabemos mucho de
matemáticas o ustedes van a hacer magia, porque si tienen 1000 millones de euros menos no sabemos cómo van a ir subiendo todas las partidas, como nos acaba de relatar.
Ustedes persisten en la línea de contención del gasto, por no decir recortes; es un eufemismo que ya iniciaron en 2012. Y en lo tocante a empleo, ha afectado de forma muy acusada a todas las partidas presupuestarias vinculadas a la
protección social: desempleo, gasto público de fomento de la inserción, estabilidad laboral, renta activa de la Inserción, etcétera, etcétera. La realidad es tozuda y esta política de contención del gasto se enmarca justo en la peor situación
posible, con aumento de la desigualdad; aumento de la pobreza estructural; paro juvenil en torno al 40 % y en algunas zonas mucho peor -por ejemplo, en Canarias, de donde yo vengo, está en torno al 50 %; uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo,
para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando-, y un incremento sin precedentes de los trabajadores pobres y de las trabajadoras pobres y un triste y largo etcétera.
Tengo aquí una serie de datos que no son míos, son datos del propio Gobierno, del Instituto Nacional de Estadística, de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016, para ver si entre todos nos da un ataque de humanidad y cambiamos los
presupuestos. Estamos en un país en el que 1,3 millones de personas viven en hogares sin ningún ingreso; 10,2 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza; 13,3 millones de personas están en riesgo de exclusión social o de pobreza, que
es un 22,3 % de la población, con un incremento del 3 % respecto a 2009.
En cuanto a congelación salarial, el coste medio de la hora trabajada tan solo se ha incrementado un 0,5 % en España en el período 2008-2015 mientras que en la Eurozona ha aumentado un 4,8 %, pero es que el IPC ha subido en este período un
8,7 %; es decir, el coste de la vida ha subido un 8,7 % y los salarios han subido un 0,5 %. Yo creo que los datos lo dejan todo bien clarito.
Respecto a precariedad, el 27 % del total de los trabajadores y las trabajadores de este país tienen un contrato temporal, lo que representa 4,2 millones de personas; el 14,6 % de los asalariados y de las asalariadas tienen un contrato a
tiempo parcial, en la mayoría de los casos no deseado, por supuesto, estamos hablando de 2,7 millones de personas; y si hablamos de la renta media por hogar, de 2009 a 2016 se ha reducido en 3300 euros por hogar en este período. Estando así las
cosas, el Gobierno nos presenta un presupuesto que es continuista en materia de empleo y que se enmarca dentro del cuadro general de lo que hay ahora mismo en nuestro país, a pesar de las fantasías que nos queramos hacer y de los relatos que
queremos construir de recuperación y demás, que son tres: pobreza, paro y precariedad. Esto es lo que sufre la mayoría social de nuestro país, la gente trabajadora de nuestro país.
Entramos en lo concreto y en las preguntas que estoy seguro que me va a responder.
Prestaciones a desempleados. Resulta que el paro, es verdad, ha descendido 7 puntos desde 2012, pero da la casualidad que el presupuesto para prestaciones ha bajado un 40 %. El paro baja un 7 % pero el presupuesto para prestaciones baja un
40 %, y resulta que este año, en comparación con el año pasado, baja un 8,5 %, lo que representa 1500 millones. No parece que esto vaya a hacer que mejore mucho la vida de la gente que más lo necesita. Mi pregunta es clara. ¿Por qué van a hacer
esto? Usted comentó en su intervención que hay menos receptores de prestaciones. Sí, es verdad, tiene razón, pero no porque encuentren un empleo digno, sino porque llevan tanto tiempo en paro que pierden el derecho a recibir la prestación, ese es
el problema, y se quedan sin absolutamente nada, y después, porque los que tienen el derecho, cobran menos. Esta es la explicación de que se vaya a destinar menos dinero. Pero ¿por qué lo van a hacer, con el diagnóstico social que hice
anteriormente?
Pasamos a la famosa renta activa de inserción, a esos míseros 426 euros, pero que salvan a mucha gente que tiene que agarrarse a eso como un clavo ardiendo. La partida para esta ayuda del SEPE que perciben parados de larga duración sin
ingresos baja casi un 30 % respecto a 2016, de 1412 millones de euros pasamos a 1075 millones. No se nos ocurre ninguna justificación posible para el descenso de esta partida con el argumento del descenso del paro porque se trata de un subsidio
especial que solo cobran los parados de larga duración y estos están aumentando, en concreto los mayores de cincuenta y cinco años. Recuerdo a todos, para, como decía antes, ver si nos da un ataque de humanidad, que esta ayuda la cobran
principalmente parados de larga duración mayores de 45 años, mujeres víctimas de violencia machista y personas con discapacidad con grado mayor del 33 %, y el Gobierno va a recortar un 30 % en los presupuestos de este año. ¿Qué van a hacer, los van
a dejar tirados? Otra pregunta. ¿Por qué en 2016 estaban presupuestados 1400 millones y solo se ejecutaron 1180? ¿Qué explicación tiene que se hayan quedado más de 200 millones de euros sin ejecutar, con la dramática situación que vive nuestra
gente? ¿Qué explicación tiene? No lo sabemos.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Vaya terminando.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Sí, ya voy acabando, pero los portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista se extendieron bastante también.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Hay el mismo tiempo.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Qué piensan hacer para paliar la situación de emergencia social en la que se encuentran casi 2 millones de personas, esos parados de larga duración que estamos hablando, con los datos que estamos poniendo
sobre la mesa?
Con respecto a los programas de activación para el empleo -y con esto ya termino- el recorte es del 20 %; pasa de 350 millones el año pasado a 280 este año esta ayuda para parados de larga duración gestionada por el SEPE, que comprende
tanto una parte de apoyo en la intermediación laboral como el pago de una ayuda económica, que son unos de los programas famosos de los 426 euros, tenía una dotación de 350 millones en 2016; sin embargo, en la descripción del programa que aportan
en los presupuestos de 2017 consta que solo se realizaron 127 millones de ese presupuesto. ¿Nos puede explicar por qué no se ejecutó esa parte del presupuesto para 2016? ¿Por qué la reducción de programas?
¿Por qué reducen ese programa, teniendo en cuenta que hay casi 2 millones de personas en esta situación?
Para no extenderme más en el tiempo y no abusar, aunque otros portavoces sí lo han hecho, termino aquí.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Gracias. Ha superado a los dos en un minuto y algo.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por su comparecencia, señor secretario de Estado.
Nosotros vamos a votar a favor de estos presupuestos; se lo dijimos ayer al secretario de Estado de la Seguridad Social y hoy se lo decimos a usted. Los motivos son claros. Estos presupuestos es cierto que son suyos, pero han sido
negociados con nuestro partido político; en esa negociación estuvimos nosotros y gracias a ella se ha visto un cambio de tendencia en los presupuestos a los que nos tenían acostumbrados en los últimos años. Se han incrementado las partidas
presupuestarias llegando hasta los 4000 millones de euros en dos direcciones que para nosotros eran fundamentales y que trasladaban -hablando en términos presupuestarios- los acuerdos a los que en su día llegamos con su partido político para la
investidura del señor Rajoy y que se traducen en mejoras en términos generales respecto a la clase media y trabajadora y respecto también a la modernización de nuestro país y de nuestras pymes, que son las mayores generadoras de empleo y que afectan
de forma transversal a su departamento. Votaremos a favor no solo por eso sino porque también -lo hablábamos ayer con el señor Burgos- con estos presupuestos se asegura el pago de las pensiones, con un incremento de casi 5000 millones de euros.
Ayer le preguntamos al señor Burgos qué ocurriría si no tuviéramos estos Presupuestos Generales del Estado aprobados con el pago de la revalorización de las pensiones, si se podrían pagar o no, qué ocurriría con el incremento del colectivo de
pensiones, incluso con la variación de la pensión media. Nosotros sí somos responsables y van a contar con nuestro voto a favor, no gratuito sino a cambio de reformas.
En lo que respecta a su departamento, se ha dicho aquí que el problema que más preocupa a la población y afecta al mercado de trabajo es el desempleo. Está claro que es así; sabemos qué es la precariedad y sabemos también que esto no se va
a arreglar con unos Presupuestos Generales del Estad. No lo han conseguido arreglar ustedes ni tampoco el Partido Socialista en 30 años, pero sí que es verdad que avanza en ambos problemas, tanto en la precariedad como en la lucha contra el
desempleo, el desempleo de larga duración, en este caso incluyendo un incremento de 1200 millones en políticas de formación para el empleo y para el desarrollo de cheques formación. El portavoz del Grupo Socialista ha dicho que puede ser arriesgado
invertir tanto dinero en un cheque formación; a nosotros nos gusta innovar, creo que es más arriesgado dejar un modelo de formación como el que había anteriormente, que ya hemos visto los resultados que ha dado, como por ejemplo en Andalucía. Por
otro lado, se produce un incremento de 258 millones destinados a la formación personal profesionalizada para desempleados de larga duración y para promover políticas activas de empleo modernas, que creo que son necesarias.
Tenemos un problema de desempleo de jóvenes, de precariedad de jóvenes. Nosotros hemos negociado con ustedes una partida de 500 millones destinados a un complemento salarial para jóvenes menores de 30 años que trabajan pero no llegan a
final de mes, probablemente esto es una buena medida. El representante del Grupo Socialista hablaba de que esto es un fraude. Nosotros creemos que invertir para sacar a los jóvenes del desempleo y de la precariedad no es ningún fraude; hay otros
ejemplos, como el Plan E, que el Tribunal de Cuentas nos ha dicho que sí que es un auténtico fraude.
Para terminar, quiero decirles que no son nuestros presupuestos, pero nosotros nos hemos sentado a la mesa a negociar porque creemos que se obtiene mucho más negociando y llegando a acuerdos que tomando la decisión de votar no a unos
presupuestos sin ni siquiera sentarse a la mesa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señor secretario de Estado, le agradecemos su comparecencia en un tono adecuado y respetuoso que siempre es de agradecer. Hecha esta consideración, es cierto que no podemos compartir la orientación
de este presupuesto -vamos a presentar la enmienda a la totalidad- y singularmente no podemos compartir la orientación del presupuesto del Ministerio de Empleo.
El portavoz del Grupo Popular empezaba su intervención recordando la encuesta de calidad del INE, que se hizo pública ayer, encuesta que también nos dice que la desigualdad en España aumenta en dos décimas, constituyendo, en el contexto
europeo, uno de los Estados con mayor desigualdad; desigualdad vinculada básicamente a la situación del mercado de trabajo, tanto la tasa de desempleo como la propia calidad del empleo. Eso debería llevar al Gobierno en esta materia a una política
más expansiva en la inversión y en el gasto y no a una política que está aún sometida a una cierta lógica de contención.
Se lo han dicho algunos de los portavoces; si comparamos el conjunto del gasto en empleo en 2011, cuando ya estábamos instalados en plena crisis y en pleno ajuste presupuestario, la inversión que España hacía por parado era sustancialmente
superior a la inversión que hoy hacemos tanto en políticas pasivas con en políticas activas. Hoy, con menos parados, gastamos menos dinero en recolocación y en protección al desempleo que con más parados en 2011. Este solo hecho en sí mismo ya
descalifica este presupuesto del Gobierno en materia de empleo. Un presupuesto en el que el Gobierno, efectivamente, reduce la protección al desempleo con el argumento de que se reduce el número de parados, pero sin tener en cuenta dos elementos
que son fundamentales; por un lado, que nuestra tasa de cobertura de la protección al desempleo es inferior, no en balde la Cámara está tramitando una proposición de ley promovida por los sindicatos que pretende dar respuesta a esa necesidad; y
por otro lado, que durante los peores años de la crisis el Gobierno recortó la protección social a los parados mayores de cincuenta y dos años; parados que tienen más dificultades para volver a recuperar el empleo y parados que a menudo pueden
encontrarse que después de largas carreras de cotización sus prestaciones por jubilación se ven fuertemente mermadas precisamente porque en esos últimos años de su vida activa no han podido encontrar empleo ni tampoco una buena protección social.
Esa disminución del número de parados y el número de personas cubiertas bajo el seguro del desempleo debería hacer que esos recursos se invirtiesen, por ejemplo, en parados mayores de cincuenta y dos años que se les ha dejado de cubrir.
También debemos formular una crítica al conjunto de las políticas activas de empleo. Es cierto, se ha dicho por algún portavoz, que en una política cuya ejecución corresponde a las comunidades autónomas, casi dos tercios de los fondos son
gestionados por la Administración General del Estado; por tanto, de aquel cumplimiento que debía darse del marco competencial existente, lo que es cierto es que el Estado, a través de la política de bonificaciones, controla la mayor parte del gasto
en políticas activas de empleo; un gasto en políticas activas de empleo, por otro lado, que no va acompañado de un aspecto fundamental. Yo le querría plantear una pregunta al secretario de Estado. ¿Tiene este presupuesto partidas suficientes para
que los servicios públicos de empleo autonómicos puedan contratar el personal que necesitan para una atención personalizada de los desempleados? Alemania puede ser un buen ejemplo; en materia de empleo es una ratio, un número de trabajadores
públicos trabajando con los desempleados infinitamente superior al que tiene el Estado español y las necesidades en España son infinitamente más altas que las que tiene Alemania. ¿Tiene este presupuesto un compromiso en esa dirección? Segunda
cuestión. ¿Qué balance hace el Gobierno de la utilización en el pasado presupuesto de la colaboración con las agencias privadas de colocación? Hay de nuevo una partida en este presupuesto, pero es que el balance que podemos hacer de esa
colaboración público-privada en 2016 no es precisamente halagüeño.
Hay una cuestión fundamental que tiene que ver con el gasto en formación para las personas desempleadas y para el conjunto de los trabajadores. ¿Los importes no gastados en 2016 se han reubicado en el presupuesto de 2017 en toda su cuantía?
Hay una polémica; algunas organizaciones empresariales vienen denunciando que el esfuerzo de las cotizaciones por formación no está dedicándose a la formación para los trabajadores ni para los desempleados y que está ayudando a reducir el déficit.
La nueva Ley de formación obliga a que los recursos no gastados en 2016 se gasten en 2017. ¿Está contemplado eso? Nos choca porque en el presupuesto figura un incremento del gasto inferior al aumento de la cotización por formación; el gasto por
formación crece el 0,9 y el aumento de las cotizaciones crece el 5,6. Tampoco nos termina de cuadrar.
Finalmente, ¿qué previsiones tiene el Gobierno de desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015, la Ley de formación para la ocupación, entre otras cosas porque en la no ejecución del gasto en el año 2016 se nos respondió por escrito que el
gasto no se podía ejecutar porque faltaba el desarrollo de esa ley. ¿Tiene previsto el Gobierno desarrollar la Ley de formación para la ocupación para permitir que el gasto presupuestado finalmente se ejecute? Nos parece que es una cuestión
fundamental.
Muchas gracias por su flexibilidad, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Muchas gracias, señor Campuzano.
El Grupo Parlamentario Vasco no está y el Grupo de Esquerra Republicana tampoco.
Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO (Riesgo Figuerola-Ferretti): Por incomparecencia me toca a mí.
Muchísimas gracias, señorías, por su atención tanto a la intervención del subsecretario para explicarles el presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en mi caso de la Secretaría de Estado de Empleo,y muchas gracias también,
por supuesto, por sus intervenciones, todas interesantes, que trataré de responder a continuación.
El Gobierno, con este proyecto de Ley de presupuestos como con el anterior, con el que conseguimos acompañar a la sociedad española en la creación de 700 millones de empleos, lo que pretende es aportar estabilidad, aportar confianza como
pilares fundamentales sobre los que afianzar ese proceso de recuperación de empleo que entre todos hemos conseguido consolidar.
En relación con las diferentes cuestiones que han planteado, empiezo por el orden en que estas se han producido. En primer lugar, en relación con la intervención del portavoz del Grupo Popular, señor Echániz, como hago siempre, quiero
agradecer, en nombre del Gobierno, a todo el Grupo Parlamentario Popular su respaldo a las políticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en general al Gobierno de la nación, y en particular su respaldo a este presupuesto que es nuevamente
de estabilidad. Yo creo que es una muestra de patriotismo y una muestra de responsabilidad que los españoles sabrán agradecer, por ello una vez más quiero agradecerles su labor.
El señor Echániz me hacía una pregunta específica en relación con la inejecución de fondos de las políticas activas de empleo en una comunidad autónoma concreta y ha mencionado la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como saben, las políticas
activas de empleo es una competencia de la comunidad autónoma, la Administración General del Estado establece un sistema de coordinación y evaluación conjunta con las comunidades autónomas de la implementación de las políticas activas de empleo; se
establecen de manera conjunta unos objetivos y unos indicadores en virtud de los cuales se va a medir el cumplimiento de esos objetivos y de manera conjunta se acuerda, de hecho es un proceso transparente y bien claro, la distribución de fondos para
cada una de las políticas activas de empleo. La última vez que se ha realizado esta actividad fue el 11 de abril, hace un par de semanas, y ahí se determinó la distribución de fondos de políticas activas de empleo para 2017, la primera, que, como
he dicho en mi intervención inicial, se complementará con fondos adicionales si esta Cámara aprueba los presupuestos, y en virtud del cumplimiento de esos objetivos se da una distribución de fondos a las comunidades autónomas, y las comunidades
autónomas, en virtud de sus competencias, las ejecutan. Al año siguiente se hacen dos operaciones; en primer lugar, analizar el cumplimiento de esos objetivos y en virtud de ello se distribuyen los fondos; y en segundo lugar, previo al pago, se
restan los fondos no ejecutados por la comunidades autónomas el año anterior, y eso es así no por voluntad propia o por capricho sino en cumplimiento de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que establece que aquellos fondos que no han sido
ejecutados el año anterior, previo a su distribución al año siguiente, son restados de la distribución. Eso ha ocurrido en reiteradas ocasiones, especialmente a partir del año 2013, con la comunidad autónoma que usted ha mencionado, y es que en
particular los recursos para formación profesional para el empleo no han sido ejecutados plenamente y ello ha provocado que las distribuciones que se acordaban en años posteriores se redujeran en una cuantía cercana a lo que usted ha planteado; se
ha ido reduciendo desde 2013 la cuantía de fondos a distribuir en esa comunidad autónoma, no por voluntad propia, sino porque una vez que se han repartido se ha constatado, en virtud de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que no se habían
ejecutado el año anterior, con lo cual no se distribuían al año siguiente.
Pese a ello, en relación con la Comunidad Autónoma de Andalucía, el ministerio sigue apostando en todo lo que está en su mano por el empleo en esa región a través de la política general de empleo, que consideramos que está permitiendo la
creación de empleo en toda España y también en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por ejemplo en programas específicos de empleo, como es el programa para el fomento del empleo agrario en zonas rurales, que afecta a Extremadura y Andalucía, que por
primera vez este año se descongela desde 2014 e incrementa sus fondos un 3 %. El compromiso del Gobierno de España con el empleo en Andalucía es total, y muestra de ello es esto que le acabo de indicar; lo que no le pedirá nadie es que no cumpla
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que es restar los fondos no ejecutados en el año anterior, y los fondos no ejecutados en el año anterior no se ejecutan no por
voluntad propia, no por voluntad de la ministra de Empleo y Seguridad Social, no por voluntad del presidente del Gobierno, sino por la incapacidad de los gestores en aquella región.
En relación con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, a quien agradezco también el tono, he de decir, en primer lugar, que lamentamos desde el Gobierno la presentación anunciada de la enmienda de
totalidad porque consideramos que, lejos de contribuir a la estabilidad, a la confianza y a la creación de empleo, contribuye a la desconfianza y creemos que esto es algo que no favorece a los intereses de los españoles en la actualidad.
Mencionaba el señor Simancas que el Gobierno mostraba nuevamente autocomplacencia en nuestra intervención y hacía alusión a los datos del CIS. Nosotros seguimos los datos del CIS con interés y nos preocupan; ciertamente revelan una
situación social y cuál es la percepción de esta por la sociedad, pero también seguimos los datos de la Encuesta de Población Activa, que conoce usted bien, que nos dicen que en el último año se han creado más de 600 000 empleos, luego nuestra
impresión a la hora de abordar el mercado laboral, como saben ustedes que me gusta trasladar, es que vamos bien, aunque queda mucho por hacer; vamos bien porque se han creado más de 500 000 empleos en el último año -en 2011 el empleo se destruía a
un ritmo de 1500 empleos al día- y hoy se crean 2400 empleos al día y porque lideramos la creación de empleo en la zona euro, luego creemos, sinceramente, que si analizamos la evolución vamos bien, pero si analizamos la situación, tenemos más de 3
700 000 personas en desempleo, muchas de ellas de larga duración y por ello queda mucho por hacer. En ese marco, como les he planteado en mi intervención inicial, presentamos los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
Decía el señor Simancas que son unos presupuestos que lejos de ayudar a la recuperación y a consolidar el proceso de creación de empleo, restan en ese proceso en la medida en que no tienen la dotación suficiente en materia de políticas
activas de empleo y en materia de políticas pasivas de empleo. Si le parece, empezamos por estas últimas. Como he tenido ocasión de estar en la intervención del señor subsecretario, le puedo decir que yo no aspiro como español, ya no digo como
secretario de Estado de Empleo, que también, a volver a gastar 30 000 millones de euros en prestaciones por desempleo, señores diputados del Partido Socialista, yo aspiro a que el gasto en prestaciones por desempleo se pueda seguir reduciendo a la
vez que vamos aumentado y manteniendo la cobertura de los desempleados y sobre todo creando 500 000 o 600 000 empleos en nuestro país. Para mí, rememorar esos tiempos, lejos de llevarme hacia la nostalgia positiva, me trae a los peores días de la
historia de nuestro país, que espero que nunca se vuelvan a repetir. Luego la evolución del gasto en prestaciones para el presupuesto de 2017, como he dicho en reiteradas ocasiones, no responde a un recorte, no hay ningún recorte de derechos -lo
saben todas sus señorías y en especial los diputados del Partido Socialista- en el presupuesto de 2017, no lo hay; lejos de ello, lejos de haber un recorte de derechos, lo que sí consigna, por cierto, es un aumento de los mismos; un aumento de
derechos en términos de incremento del 1 % del IPREM que beneficiará a 1 400 000 personas. Eso sí está en la ley, eso sí es un derecho y eso sí es un aumento de un 1 % con respecto al año anterior. No hay recorte de derechos, lo que hay es una
previsión de beneficiarios de prestaciones por desempleo, que es muy superior a la previsión de reducción de gasto. La previsión de reducción de beneficiarios es en torno al 5 %, hoy en día el paro se reduce a un ritmo del 10 %, y la previsión de
reducción de gasto en prestaciones es del 3 %, luego se reduce muchísimo más el desempleo, se reduce muchísimo más la previsión de beneficiarios de lo que se reduce el gasto en prestaciones por desempleo. Por tanto, ningún recorte; al revés, si
hablamos de legislación en materia de prestaciones, porque lo otro son previsiones de evaluación, lo que se legisla en este proyecto de presupuestos es un incremento de derechos a través de un incremento del 1 % del IPREM. Y cuando hablamos de
prestaciones por desempleo y de evolución de la cuantía que consigna el presupuesto, hablamos de un crédito presupuestario, es una previsión; las prestaciones por desempleo es un crédito ampliable, y si se necesitan más fondos para pagar
prestaciones por desempleo se dotan, como por cierto se hizo en 2009, con 15 000 o 16 000 o 17 000 millones de euros más que se tuvieron que consignar a través de una ampliación de crédito en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.
Si hicieran falta más fondos, como es un crédito ampliable y es un derecho subjetivo, no habrá ningún problema en consignar dichos fondos, como por cierto ya se hizo en 2009 y, repito, espero que no se tenga que volver a hacer. Mi ambición no es
venir aquí a sacar pecho porque hemos presupuestado 30 000 millones de euros porque los necesitamos o a sacar pecho porque hemos tenido que hacer una ampliación de crédito de 15 000 millones de euros por insuficiencia presupuestaria porque se
dispara el paro. Mi ambición no es esa, mi ambición es poder seguir consolidando el ritmo de creación de empleo, que es lo que creo que estamos haciendo entre todos los españoles en nuestro país. Precisamente porque en diciembre de 2012 el paro
se incrementaba a un ritmo del 10 % interanual y hoy estamos consiguiendo reducirlo entre todos a un ritmo del 10 % interanual.
Lejos de recortes en prestaciones, ampliación de derechos y prórroga de programas. Como saben, este Gobierno ha prorrogado en reiteradas ocasiones el programa Prepara, que fue instaurado por el Gobierno anterior, y lo ha mejorado; este
Gobierno, a su vez, ha prorrogado y ha aumentado la cuantía del programa de formación para el empleo y este Gobierno ha aprobado también el programa de acción conjunto para la atención de desempleados de larga duración, especialmente focalizado en
la orientación y en la activación de estos trabajadores desempleados de larga duración con una dotación de más de 560 millones de euros, con lo cual, lejos de haber recortes, lo que hay es cada vez más apuesta por mecanismos de protección y
activación de los desempleados. Por cierto, hablando de tasa de cobertura, simplemente les quería indicar que respecto al año anterior, el 55,5 %, es un punto superior al registrado el mismo mes del año anterior.
Mencionaba también el señor Simancas la reducción de gasto en políticas activas de empleo. A nadie se le oculta que nuestro país ha tenido que abordar un proceso necesario -lo digo yo, no lo dice el secretario de Estado de Presupuestos, que
también, lo digo yo- de consolidación presupuestaria. ¿Por qué? Porque este país llegó a tener un déficit público del 11 % en 2009, y eso es absolutamente insostenible, entre otras cosas porque ese déficit elevado provoca inestabilidad, provoca
incertidumbre, provoca desconfianza, y ello acaba provocando destrucción de empleo; luego lo primero que había que hacer era controlar la nave, controlar las cuentas. Eso se hizo y, obviamente, hubo que hacerlo afectando a la gran mayoría de
partidas, respetando al gasto social. En primer lugar, hubo que hacer un ajuste presupuestario, que hemos conseguido hacer; hemos reducido a la mitad el déficit público de nuestro país, incrementando la actividad e incrementando el empleo, eso no
lo ha hecho ningún otro país en la OCDE, eso es mérito colectivo de todos los españoles que creo que convendría reconocer, pero había que abordarlo. Nos habría gustado no tener que abordarlo, pero lo cierto es que nos encontramos con ese déficit
del 9 % que inicialmente se preveía y se nos comunicó oficialmente que era del 6 % por el Gobierno anterior. Un ajuste necesario que hubo que afrontar, pero que afortunadamente estamos consiguiendo revertir desde el año 2015, llegando este año a
destinar, si contabilizamos esos 500 millones de euros para la activación de jóvenes en el marco de la garantía juvenil, hasta más de 6000 millones de euros de políticas activas de empleo en 2016, lo cual es un 16 % más que el año anterior y una
cuantía, por cierto, bastante semejante que se reduce en menos de 400 millones con relación a la situación en la que estaban las políticas activas de empleo en 2011 si no consideramos las bonificaciones. Bonificaciones, por cierto, a las que ha
hecho alusión el señor Simancas, que lo hace reiteradamente en términos de que son ayudas injustificadas a los empresarios para la contratación. Yo, lejos de verlo así, lo veo como ayudas para la inserción en el mercado de trabajo de personas que
necesitan apoyo por parte de la Administración. Si no es así, me gustaría que el señor Simancas y el Grupo Parlamentario Socialista me dijeran exactamente cuáles de las 223.000 personas con discapacidad que se beneficiaron de las bonificaciones
para la inserción en el mercado de trabajo no merecen esta bonificación, o cuales de los 198.000 jóvenes que se beneficiaron de estas bonificación no se la merecen; o cuales de las 131.000 mujeres que se beneficiaron de bonificaciones a la
maternidad no merecen esa bonificación que el Partido Socialista quiere eliminar. Lejos de ello, nosotros apostamos por esos colectivos, por los jóvenes con esta dotación financiera de 500 millones de euros para ayudarles a la inserción en el
mercado de trabajo y activar a aquellos que ni estudian ni trabajan, que por cierto me gustaría saber por qué no parece conveniente que apueste por ellos el Grupo Socialista cuando ni se ha concretado. También me gustaría saber cuál es la propuesta
del Grupo Socialista para incrementar las probabilidades de inserción del mercado de trabajo de los jóvenes y ejecutar los fondos de la garantía juvenil que ejecutan a partes iguales el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas, muchas de
ellas gobernadas por el Partido Socialista. Nosotros apostamos por colectivos específicos -jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración- con el programa de parados de larga duración que tiene una dotación de 260 millones de euros este año y con
un aumento de más del cien por cien de la dotación para el programa de activación para el empleo con respecto al ejecutado el año anterior.
Mencionaba el señor Simancas un asunto al que se ha referido también el señor Campuzano en relación con la política del ministerio respecto a las agencias de colocación. Nosotros lo que hicimos es desarrollar un real decreto del año 2009 o
2011 que el Gobierno socialista estableció, que es la posibilidad de usar la colaboración público-privada. Nosotros lo hemos desarrollado; hemos creado un acuerdo marco de colaboración público-privada que estamos evaluando y en el marco de esa
evaluación, si no una
evaluación global porque no la tenemos ni la estamos elaborando, sí les puedo decir que regiones concretas, como por ejemplo la Comunidad Autónoma de Aragón, donde se estaba observando un grado de inserción de los desempleados en el mercado
de trabajo superior al 30 %, lo cual para este tipo de desempleados con los que operaban las agencias de colocación, que son de difícil inserción, es muy elevado, sí observamos que esas comunidades autónomas por motivos ideológicos han decidido
prescindir de un mecanismo que se ha revelado práctico para la inserción de los desempleados en su comunidad. Me gustaría que explicaran qué motivos les lleva a tomar decisiones en esa línea, prescindiendo así de instrumentos útiles para la
inserción de desempleados de larga duración en una situación tan compleja como ustedes mismos han relatado, porque esta se ha revelado de utilidad. En relación con los cheques formación, el presupuesto de la Secretaría de Estado de Empleo en esta
materia lo que hace es dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de formación profesional para el empleo, que fue la última de la anterior legislatura, que fue respaldada, y lo agradezco mucho, por el Grupo Socialista, que habilita a las
comunidades autónomas, en su marco de competencias si lo consideran conveniente, a utilizar este recurso que en el Gobierno consideramos de utilidad, pero con todo el respeto al área de sus competencias y ellas decidirán si consideran apostar por el
mismo o no. Los recursos ahí están y se podrán utilizar para eso o para otra vía de financiación de las políticas de formación de los desempleados de larga duración. Con eso no hacemos más que tratar de que se pueda dar cumplimiento a la ley y,
además, de que se ejecuten fondos de formación que como he tenido que mencionar con anterioridad no parece que se estén ejecutando con toda la eficacia que debiera tener algo tan relevante y tan importante para el futuro de las opciones de nuestro
país como es la capacitación de los trabajadores y su formación.
En relación con las cuestiones planteadas por el señor Rodríguez, a quien también agradezco el tono de su intervención, podría inferir que no tienen previsto dar respaldo a las cuentas que traigo hoy a esta Comisión. (El señor Rodríguez
Rodríguez: Nos lo estamos pensando.-Risas). A ver si al final consigo convencerles. No perdemos la esperanza porque le puedo asegurar que desde el Gobierno tenemos confianza en la responsabilidad de todos los grupos sin excepción para poder
llegar a acuerdos en todas las materias.
Vuelve a poner en duda mi introducción, en la que mencionaba la evolución de las partidas. Ahí está el Diario de Sesiones. Yo le animo a que lo revise y si hay algún dato que es falso me lo haga llegar; no será falso, podrá ser erróneo,
pero no con intención. Esencialmente, el presupuesto se reduce en políticas pasivas porque disminuye el número de desempleados, pero aumenta en políticas activas y lo hace en un 16 %. Mencionaba usted, y lo cierto es que tiene relevancia, que cómo
en el contexto actual que vivimos puede reducirse la cuantía para políticas pasivas. Ya le he explicado por qué se reduce la cuantía de políticas pasivas, además diciendo que es una previsión y que si hace falta más se destinará más, y lo hace
aludiendo a la situación que vive nuestro país. Aquí nuevamente he de insistir en que, a la hora de analizar el mercado de trabajo, veamos no solo la situación sino la evolución. La evolución es muy positiva y la situación es compleja, pero para
ver cómo tenemos que avanzar creo que es bueno mirar la evolución.
Hacia mención su compañera en la intervención del señor subsecretario a un estudio de una universidad en relación con la pobreza, desigualdad... Hemos comentado el informe que salió ayer. Yo prefiero mirar al Instituto Nacional de
Estadística, que básicamente lo que nos dijo ayer la encuesta de condiciones de vida es que desde 2014 revierte la situación de desigualdad en nuestro país medido por el indicador Arope. Si usted lo pone en duda, aquí tiene la nota de prensa del
INE que salió ayer, donde se dice que el indicador Arope en 2013 era 27,3; en 2014, era 22,2, y a partir de ahí pasó al 28,6 en 2015 y al 27,9 en 2016. Luego desde 2013, la exclusión y pobreza medida por el indicador Arope se ha reducido, lo cual
es normal y es coherente con nuestra tesis, y es que la mejoría y la estabilización de nuestra economía en términos macroeconómicos, unido a un marco flexible de relaciones laborales, está permitiendo un crecimiento intensivo del empleo que poco a
poco y de manera más lenta se está trasladando a los indicadores de bienestar social. Esto no lo dice el estudio que usted ha mencionado pero sí lo dijo ayer el INE, y es que desde 2013 -por cierto, el año siguiente al que se aprobó la reforma
laboral- se está revirtiendo la situación de precariedad, pobreza y exclusión social. Si ustedes tienen algo que objetar a la encuesta del INE háganlo, pero yo no. Yo no tengo la certeza de que otras encuestas como la de la Universidad Central de
Venezuela o la Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Simón Bolivar son certeras, pero, hasta donde sé, son rigurosas y lo que dicen es que los niveles de pobreza entre 2014 y 2016 en Venezuela han pasado del 48 % al 81 %. A mí esto me da
menos certeza que lo que le he dicho, que es que en España, desde 2013, se están revirtiendo los niveles de pobreza y exclusión social. Estos avances, que son incipientes, que son reducidos, que son moderados, son avances
no son reversiones -creo que he mostrado alguna recientemente- no nos indican más que parece que la sociedad española está acertando en el camino que ha optado seguir. Desde el Gobierno de España creemos que ese es el camino. La encuesta
de condiciones de vida de ayer no solo nos dijo eso sino que la renta media por hogar ha subido un 2,4 % respecto al año anterior, que el ingreso medio por persona ha subido un 2,8 % respecto al año anterior y en general el coeficiente de Eurostat
lo que nos dice es que el 80 % del incremento de la desigualdad en nuestro país se produjo entre 2007 y 2011; en 2011 siguió aumentando y a partir de 2014 ha comenzado a revertir. Luego si el 80 % de las desigualdades se ha producido antes de 2011
no se puede achacar ese incremento de la desigualdad a lo que se ha hecho a partir de 2012 porque lo único que estaríamos haciendo es que lo que ha contribuido a revertir esa situación lo revertamos y volvamos a la situación anterior.
El señor Rodríguez mencionaba nuevamente un argumento recurrente en el que nosotros creemos que hay que distinguir entre evolución y situación. La situación de la dualidad de la temporalidad en nuestro país sigue siendo compleja, la
temporalidad sigue siendo alta y hay que revertirla. Eso no lo niega nadie en nuestro país, por eso nosotros, desde el primer momento, estamos tratando de atajarlo, pero la evolución es positiva porque no se puede calificar de otra manera que la
contratación indefinida se redujera interanualmente un 15 % en 2011 y ahora se incremente un 15 %. Si hemos revertido esa situación es que parece que la situación está mejorando.
¿Hay una proporción importante de ocupados en nuestro país que tienen un contrato temporal? La tasa de temporalidad en nuestro país está en torno al 25 %, la misma que en 2011, no ha aumentado sustancialmente, ha disminuido en relación con
la situación en 2008, pero eso no quiere decir que creamos que está bien; creemos que es elevada y nuestra prioridad es atajarla. Para eso hemos tomado medidas a lo largo de la legislatura anterior y hemos propuesto en nuestro programa de
Gobierno, que no viene al caso traer aquí; medidas para avanzar por ahí y es nuestra prioridad.
También quiero dejar claro que cuando se habla de situaciones, la situación de trabajadores de muy corta duración, de acuerdo nuevamente con el Instituto Nacional de Estadística y con la Encuesta de Población Activa, lejos de ser mayoritaria
es minoritaria. ¿Por qué lo digo? Porque según la Encuesta de Población Activa y no yo, los ocupados cuyos empleos tienen una duración menor a un mes representan un 1 % de los ocupados, luego ese 1 % nos preocupa mucho, pero no nos preocupa menos
que el 75 % que tiene un contrato indefinido pretendemos que siga manteniéndolo en nuestro país. La situación es compleja, hay que seguir avanzando y medidas para ello hemos tomado, como la tarifa plana de 100 euros, el mínimo exento de 500 euros y
proyectos a futuro que conocen, como son bonus-malus, mochila austriaca y la reducción del número de modalidades contractuales en la línea del acuerdo de investidura que conocen bien; luego dualidad sí, sigue habiendo, se está revirtiendo, queda
mucho por hacer, y vamos en esa dirección.
Hablaba usted también, como hacía el portavoz del Grupo Socialista, de la evolución del gasto en prestaciones. Nuevamente el gasto en prestaciones se reduce un 3 % respecto al ejecutado el año anterior y el número de parados se reduce un 10
%; eso básicamente en lo que va a revertir es en un aumento de la tasa de cobertura en la medida en que el denominador es mayor que el numerador; es básicamente pura matemática. Dicho esto, no podemos quedarnos en las matemáticas; hay que
considerar la situación de la gente que, efectivamente, como ocurre, se le acaba esa prestación; para ello están las rentas asistenciales de las comunidades autónomas, los programas específicos que hemos creado, hemos implementado y hemos impulsado
desde el Gobierno; algunos estaban ya, otros los hemos promovido y hemos creado otros nuevos, como la RAI, el Prepara y el PAE, o los programas que he mencionado de atención de desempleado de larga duración; programa novedoso, de más de 500
millones de euros para implementar hasta 2018, que confiamos que podrá dar resultados.
Como le decía al portavoz del Grupo Socialista, señor Simancas, pueden decirlo ustedes todas las veces que quieran, pero este presupuesto al que ustedes se van a oponer no contempla ningún recorte en prestaciones, ninguno, ni ningún recorte
de derechos. Contempla una previsión de disminución del desempleo, eso es cierto, y está corroborado con los hechos y es que se está reduciendo hoy un 10 %, pero no contempla ninguna reducción de derechos, ninguna, porque un derecho está consignado
en la ley, la regulación de las prestaciones por desempleo no se modifican en este proyecto de Ley de presupuestos; al revés, lo que consigna es un incremento de derechos, constatado en el incremento del 1 % del IPREM, que lleva congelado desde
2010.
Creo que he dado respuesta a los asuntos que me ha planteado el señor Rodríguez y paso en consecuencia a aludir a la intervención de don Sergio del Campo, a quien le agradeceré nuevamente su
apoyo, el suyo personal porque me consta que se ha implicado bastante, y el de su grupo a los presupuestos de 2017. Lo agradezco porque constato, ciertamente, que es un apoyo que es coherente; en primer lugar, porque el presupuesto creo
que es un buen presupuesto para España y creo que en este caso el grupo parlamentario que usted representa está apostando por la confianza y la estabilidad en nuestro país y por la creación de empleo, por eso apuesta por este presupuesto; y en
segundo lugar, porque son ustedes coherentes ya que el presupuesto cumple nuestro acuerdo de legislatura. Me limito a agradecer el apoyo del Grupo Parlamentario Ciudadanos y a destacar que es un apoyo coherente por patriotismo y también por
coherencia con nuestro acuerdo de legislatura que, como bien sabe, este presupuesto cumple.
Paso sin más a comentar la intervención del señor Campuzano, que ha sido interesante y extensa. Lamentamos la presentación de la enmienda de totalidad que nos ha anunciado porque consideramos que estos presupuestos son buenos para España y
sin duda son buenos para Cataluña. Si no fuera por las políticas que se han tomado desde la Administración General del Estado y por el esfuerzo que los catalanes día a día han implantado y han invertido en su trabajo diario, no se habrían creado
cientos de miles de empleos en Cataluña durante los últimos tres años y creemos que nuestra labor desde el Gobierno de España y también desde esta Cámara, con el apoyo de los diputados que representan a parte de los ciudadanos de Cataluña, es
consolidar esa situación y esa evolución. Lamentamos que el planteamiento que se nos hace de enmienda de totalidad pueda revertir o pueda poner en riesgo esa evolución.
Me he referido ya a la encuesta de condiciones de vida. Efectivamente, hay un aumento, no sé si es de la desigualdad o de la pobreza, hay un indicador que evoluciona negativamente respecto al año anterior; esencialmente evoluciona
negativamente porque, lo sabe usted perfectamente, incluso mejor que yo, que es porque al haberse incrementado la renta de las familias en España, a la hora de analizar el riesgo de pobreza, el nivel global cae, pero eso es esencialmente porque hay
más gente que tiene más recursos. Mencionaba usted que el incremento de la desigualdad era esencialmente por un problema del mercado de trabajo. Yo creo que es precisamente el mercado de trabajo el que está facilitando la incorporación al empleo
en el último año de 600 000 personas, ello está sin duda incrementando su renta y ello está permitiendo que se vaya reduciendo la desigualdad global, si bien al haber personas que tienen más renta que el año anterior puede haber más desigualdad
respecto a las que la mantienen con respecto al año anterior, pero, como digo, el indicador de exclusión social, el Arope, que es el que sigue la Comisión Europea, se viene reduciendo desde el año 2013 y 2014; veremos los años 2015 y 2016, pero,
como ya avanzaba el informe de la OCDE, al que se aludió con profusión en la anterior intervención que tuve en la Comisión, se prevé que los indicadores de exclusión y de pobreza, que han iniciado ya una reversión a partir del año 2013 o 2014, sigan
esa tendencia en la medida en que mejora la evolución del mercado de trabajo.
Mencionaba también la evolución del gasto en políticas activas de empleo y políticas pasivas. Yo creo que ha quedado claro. La evolución del gasto en políticas pasivas es simplemente el resultado de una estimación de desempleados en
nuestro país; los desempleados se reducen un 10 %, sin embargo, los gastos en prestaciones se reducen un 3 %, y la evolución del gasto en política activa de empleo, como he dicho, se incrementa sustancialmente hasta un 16 % si se incorporan esos
500 millones de fondos para la activación de jóvenes en el marco de la garantía juvenil. Y si descontamos el gasto en bonificaciones, que no parece ser plenamente del gusto de todos los grupos parlamentarios, el gasto en políticas activas de empleo
de 2017 y 2011 sería muy similar.
Nuevamente mencionaba el asunto de la tasa de cobertura. Ya le digo que bajan los parados respecto a los beneficiarios de prestaciones, luego la tasa, como ha venido ocurriendo este último año, se prevé que aumente y para aquellas personas
que pierden su cobertura están las rentas asistenciales de las comunidades autónomas y los programas específicos de desempleados de larga duración, PAE, Prepara, RAI y, como digo, programas que estamos potenciando y que en el caso del Programa de
Activación para el Empleo esperamos prorrogar y mejorar de manera urgente en el marco del diálogo social.
Hacía tres o cuatro preguntas específicas, que espero contestarle satisfactoriamente. La primera de ellas es si las comunidades autónomas tienen recursos suficientes para la atención personalizada. Desde luego tienen recursos yo creo que
suficientes, y poco a poco los vamos incrementando. Como digo, llevamos ya tres o cuatro años incrementando los recursos que se distribuyen a las comunidades autónomas, un 13 % este año, un 16 % el año anterior, y esperamos seguir incrementándolos,
y dentro de esa dotación realmente las comunidades autónomas tienen libertad casi absoluta -casi absoluta, no plena, y si no es plena es porque así lo han acordado- para distribuirlos en aquello que consideren
oportuno. Y en caso de que no los tuvieran, desde el Gobierno de España se han planteado dos programas específicos que requieren de la asignación de un tutor para esa orientación personalizada que usted menciona, uno es el programa de
desempleados de larga duración, que ya he mencionado varias veces en la intervención, que tiene 560 millones de euros de dotación global hasta 2018 y que tendrá 260 millones este año 2017, que establece la asignación específica de un tutor para la
atención personalizada -esperamos que ese programa vaya implementándose cada vez con mayor eficacia y eficiencia por parte de las comunidades autónomas-, y el programa de activación para el empleo, que esperamos prorrogar y que incorpora también la
asignación de un tutor y que además de la dotación económica para la parte de política pasiva, tiene una dotación económica para la parte de política activa, precisamente para financiar esa inquietud que usted me plantea, que son los orientadores y
la atención personalizada.
Me preguntaba usted por algo que ha mencionado el señor Simancas y que he contestado ya, creo que razonablemente, que es la valoración de la colaboración público-privada. Como digo, lo estamos evaluando, cuando tengamos la evaluación la
trasladaremos, pero lo que sí he evaluado ya es que hay comunidades autónomas donde ha resultado eficaz -por ejemplo, en la Comunidad de Aragón, con más de un 30 % de inserción de los desempleados de larga duración, que son de compleja inserción-
pero que por razones ideológicas han decidido prescindir de ese mecanismo. Ante esa situación tan compleja llama la atención que se prescinda de cualquier herramienta y menos de aquellas que están resultando de manera fehaciente eficaces.
Me preguntaba qué ocurre con los fondos destinados a formación que no se han gastado el año anterior. Como usted mismo mencionaba, y lo agradezco, la Ley 30/2015, la última ley de la X Legislatura, que se aprobó con un respaldo
parlamentario en torno al 80 % o 90 %, consignaba ya en la norma lo que se había planteado también por parte del Tribunal Constitucional, que son fondos finalistas y que se deben destinar a la formación. Eso por primera vez se lleva a una norma en
un real decreto-ley de marzo de 2015 por la anterior secretaria de Estado, Engracia Hidalgo, se tramita aquí como proyecto de ley y se consigna en la ley, y desde entonces se ha creado en el Servicio Público de Empleo Estatal una cuenta específica
para los recursos de formación, y en la medida en que se detecten necesidades formativas que puedan ir con cargo a este fondo, el fondo irá financiándolas. No se hace formación por presupuestar más, se hace formación por tener los planes de
formación específicos que se necesitan para realizar esa formación. Por tanto, no presupuestando más se hará más formación, y en este caso especialmente porque en el caso de la formación profesional para el empleo se ha creado una cuenta con
recursos disponibles que, en la medida en que el presupuesto consigne unos recursos que no sean suficientes para atender esos planes, se utilizará; para ello se ha creado. Además es plenamente transparente, los interlocutores sociales en el marco
de la mesa de formación conocen su dotación, su planteamiento y su utilización. Luego, independientemente de cuál sea la cuantía presupuestaria -en este caso viene a ocurrir algo parecido a lo de las prestaciones, aunque no es exactamente lo
mismo-, en la medida en que se detecten necesidades para los proyectos de formación, y si estos requieren de más financiación de la que consignan los presupuestos, se podrá hacer uso de esa cuenta que, como digo, por primera vez se creó en 2015
haciendo así realidad esa reivindicación de dotar de la condición de finalistas estos fondos de formación.
Y agradezco esa pregunta porque me lleva ya al asunto último que ha planteado usted, qué previsiones tenemos para el desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015, la Ley de Formación Profesional para el Empleo. Nuestra previsión, como no
puede ser de otra manera, entre otras cosas porque lo dice la ley -dice que en un plazo de seis meses, que hemos pasado ya, esencialmente por la situación de Gobierno en funciones-, es aprobar lo antes posible ese real decreto de desarrollo de la
Ley 30/2015. Además, aparte de un mandato legal, en esta misma legislatura, si no me equivoco, ya se ha acordado por esta Cámara y lo que queremos es, efectivamente, dar cumplimiento a ese mandato, aprobar ese real decreto y eliminar la inseguridad
jurídica que puede estar habiendo ahora provocada esencialmente porque el marco regulatorio no se ha completado -luego difícilmente ha podido fracasar un modelo que no se ha implementado-; nuestra ambición es completarlo, que se apruebe ese real
decreto, que se pueda dar uso de todo lo que ello permite, entre otras cosas recursos que se plantean en este presupuesto, para así eliminar incertidumbre, poder realizar planes eficaces y eficientes de formación -no se trata de gastar más, se trata
de gastar mejor- y poder utilizar esos fondos que usted menciona, que sinceramente hay de manera cuantiosa, y que, como el propio portavoz del Grupo Popular ha hecho constar aquí, en muchas administraciones ni siquiera se están llegando a usar.
Luego, efectivamente, nuestra ambición en esta materia es poder ejecutar el mandato de la Cámara establecido en la ley, y de la Cámara establecido en una proposición no de ley, de aprobar, obviamente en el marco del diálogo social, este real
decreto, y
para ello se abrió ya hace mes y medio la Mesa del Diálogo Social de la Formación Profesional para el Empleo que, por cierto, hemos convocado para las próximas semanas, precisamente con el punto específico del orden del día de desarrollar y
de trabajar la aprobación del real decreto de desarrollo de la Ley de Formación Profesional para el Empleo.
Creo, señorías, que he dado las explicaciones pertinentes a sus inquietudes. Nuevamente les agradezco su disposición, les agradezco el tono de sus intervenciones y les animo a una lectura comprensiva del proyecto -y desde luego me tienen a
su disposición para aclararles cualquier duda que tengan al respecto-, a que lo analicen con la frialdad y el detenimiento suficiente como para considerar que merece el apoyo de sus señorías para así dar confianza y estabilidad a este país, porque
es el pilar fundamental sobre el que se sostiene la creación de empleo en España.
Muchas gracias a todos.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Muchas gracias. (Pausa).
- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (DEL CORRAL TÉLLEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000396); GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (número de expediente
212/000479); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (números de expediente 212/000628, 212/000674, 212/000675, 212/000676, 212/000677, 212/000678); CIUDADANOS (número de expediente 212/000553) y Mixto (número de expediente
212/000712).
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Señorías, continuamos la sesión con la comparecencia de la señora secretaria general de Inmigración y Emigración, doña Marina del Corral Téllez, a la que damos las gracias por acompañarnos esta
tarde.
Esta comparecencia ha sido solicitada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y Mixto. Asimismo, se sustanciarán en esta comparecencia, por acuerdo de la Mesa de la
Comisión de Presupuestos, las solicitudes de comparecencia del señor director general de Migraciones, del subdirector general de Inmigración, de la subdirectora general de Emigración, del subdirector general de Integración de los Inmigrantes y de la
directora del Observatorio Permanente de la Inmigración, presentadas todas ellas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Tiene la palabra la señora secretaria general de Inmigración y Emigración, por veinte minutos aproximadamente.
La señora LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Muchas gracias. Intentaré incluso ser más breve.
Señorías, es para mí un honor comparecer en esta Cámara para presentarles el proyecto de presupuestos de la Secretaría General de Inmigración y Emigración para el año 2017.
El proyecto de presupuesto que hoy les presento tiene un carácter marcadamente social, reflejo de la firme voluntad del Gobierno de cumplir con sus compromisos internacionales para la acogida e integración de los solicitantes y beneficiarios
de protección internacional, de mantener la actuación humanitaria a favor de inmigrantes vulnerables cuando así se requiera, de favorecer la integración de los inmigrantes de manera homogénea en todo el territorio español de acuerdo a nuestros
principios y valores democráticos y de garantizar las necesidades básicas de los emigrantes españoles mayores de 65 años en sus países de residencia o en su retorno a España cuando carezcan de recursos para poderlas cubrir.
Señorías, las políticas públicas desarrolladas en el campo de las migraciones tienen una vertiente de atención a las necesidades básicas de las personas procedentes de otros países que vienen a España en busca de un futuro mejor por causas
económicas, políticas o de otra naturaleza y de aquellos que migran, sean españoles que pasan a residir en el exterior o que retornan a nuestro país. En ambos casos compete a los poderes públicos desarrollar instrumentos de protección que
garanticen a las personas unas condiciones dignas. En esa clave cabe interpretar actuaciones previstas en este proyecto de presupuesto, tales como la atención a los solicitantes y beneficiarios de protección internacional, asilo o refugio, ya sea
en plazas de centros públicos de acogida a refugiados o en plazas puestas a disposición por entidades y asociaciones con el soporte financiero de esta secretaría general; la atención humanitaria procurada a las personas que llegan en situación
irregular a España, sea en costa, sea en su estancia temporal en centros de estancia temporal de inmigrantes o en asentamientos más o menos estables, o, en fin, la amplia
cobertura de necesidades económicas y sanitarias de españoles residentes en el exterior. Además, señorías, dentro de la Unión Europea, España mantiene un papel activo en la consecución del objetivo y desarrollo de una política migratoria
común. Esta labor tiene especial transcendencia en los últimos tiempos ante la fuerte presión migratoria que sufre la frontera sur de Europa y en particular por el incremento de solicitantes de protección internacional, asilo o refugio que llegan a
la Unión Europea huyendo de zonas de conflicto y/o geopolíticamente inestables.
Continuamos mostrando ante nuestros socios europeos y ante las instituciones comunitarias que nuestra responsabilidad y solidaridad con la Unión Europea y con los Estados miembros es constante y se construye cada día a través de la
cooperación que llevamos a cabo desde hace muchos años con los países de origen y de tránsito, y de nuestra visión omnicomprensiva del fenómeno migratorio. No en vano en materia migratoria y de integración España es un modelo de buenas prácticas
ante los otros países miembros de la Unión Europea y en la comunidad internacional en general, y es considerado un país solidario y responsable. Pero los esfuerzos en la inversión en recursos públicos no se pueden quedar en una acción protectora,
la acción pública también debe incidir sobre la realidad social para estimular aquellas iniciativas, objetivos y proyectos que revisten una especial utilidad o interés público. (El señor presidente ocupa la presidencia). También es prioritaria la
transferencia de conocimiento de nuestros principios y libertades democráticos mediante acciones concretas, como el fomento de la igualdad de trato y no discriminación por origen y el desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas a la
población en general sobre el respeto a la diversidad cultural. El fomento de estos principios y libertades está en la base de los programas de subvenciones previstos en el proyecto de presupuesto que hoy les presento y ocupan, como les decía, una
parte fundamental en la política migratoria.
Estos son los principales objetivos que guían mi labor en esta secretaría general, por ello podría decir que el presupuesto del año 2017 es un presupuesto de continuidad respecto al de 2016, que supuso un punto de inflexión en las políticas
migratorias al incrementarse en un 175,3 % con el objetivo de reforzar el compromiso internacional del Gobierno de España con la acogida de refugiados. En concreto, nuestro proyecto de presupuesto es de 373 348 870 euros, lo que supone una ligera
disminución del 3,1 % con respecto al ejercicio anterior, 11,84 millones de euros, si bien durante este ejercicio 2017 existe capacidad para generar en torno a 55 millones de euros procedentes de fondos europeos para la cofinanciación de programas
en el área de inmigración. Se desglosan de la siguiente forma: 57,48 millones de euros para el programa 231.B, de emigración; 312,80 millones de euros para el programa 231.H, de inmigración; 3,07 millones de euros para el programa 291.M del
capítulo 1, gastos de personal dependiente directamente de la Secretaría General de Inmigración y Emigración. Los gastos del resto de personal, dependiente de la Dirección General de Migraciones, se incluyen en los capítulos 1 de los programas
231.B y 231.H respectivamente.
Pues bien, dejando al margen el capítulo 1, correspondiente a gastos de personal, que es gestionado por la subsecretaría y que ya les ha sido expuesto esta misma tarde por el subsecretario del departamento, centraré esta presentación en los
capítulos 2, 4 y 7 de los programas 231.B, emigración, y 231H, inmigración. Las actuaciones relacionadas con la emigración cuentan con una dotación para 2017 de 57,48 millones de euros. Este programa ha experimentado una reducción del 17,2 %,
11,98 millones de euros, como consecuencia del ajuste de los créditos destinados a sufragar las prestaciones dirigidas a nuestros emigrantes. Las bajas derivadas de la evolución natural del colectivo, así como los incrementos en los parámetros
socioeconómicos en los principales países de residencia, han permitido minorar la dotación sin merma de la protección social dispensada. Si en el año 2016 el número de beneficiarios fue de 15 200 personas, para 2017 se estima que sea de 13 500. En
concreto, se destinan 45,28 millones de euros al pago de las prestaciones por razón de necesidad a los españoles residentes en el exterior que tengan más de 65 años o estén incapacitados para el trabajo y se encuentren en una situación de necesidad
por carecer de rentas o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En esta aplicación se incluye tanto la prestación económica por ancianidad y por incapacidad como la prestación de asistencia sanitaria en sus países de residencia
cuando se carezca de la cobertura de esta contingencia o la misma se considere insuficiente. Las prestaciones económicas de ancianidad e incapacidad se revisan anualmente de acuerdo con los parámetros socioeconómicos del país de residencia, si bien
su cuantía máxima no puede ser superior nunca a la establecida en España para la modalidad no contributiva de las pensiones de jubilación de la Seguridad Social. Se prevé una cuantía de 1,7 millones de euros para financiar las pensiones de
ancianidad de los españoles que retornen a España. Como en años anteriores, este subconcepto tiene carácter de crédito ampliable, con el fin de garantizar la cobertura de esta
prestación, que se actualiza cada año, teniendo igualmente como referencia la pensión no contributiva de la Seguridad Social española. También en este caso el número de beneficiarios se ha ido reduciendo en los últimos años, así en 2015
fueron 376 personas, mientras que en 2016 fueron solo 336. Se asigna un crédito de 6,35 millones de euros a atender las prestaciones de los españoles desplazados al extranjero durante su minoría de edad como consecuencia de la Guerra Civil. La
cuantía máxima de estas prestaciones se establece anualmente en los Presupuestos Generales del Estado; para este año se propone una cuantía de 7201,25 euros, con una revalorización del 0,25 %. Para atender de manera inmediata situaciones de
extraordinaria necesidad, tanto en el exterior como en España, se destinan 1,08 millones de euros, mismo crédito que en el año 2016. Y por lo que se refiere a subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se incluye una partida de 470 000
euros para ayudas a proyectos e iniciativas dirigidos a los españoles en el exterior y retornados y ayudas para centros e instituciones sin ánimo de lucro que desarrollan una labor sociocultural, sanitaria o asistencial a favor de este colectivo.
Por último, se incluye una partida de 200 000 euros destinada a la UNED con el fin de facilitar a los ciudadanos españoles residentes en el exterior el acceso o la continuidad en la educación universitaria española.
Por su parte, el programa de inmigración 231.H, se eleva a 312,80 millones de euros para 2017, dotación similar a la de 2016, ejercicio en el que se incrementó el presupuesto de este programa en un 175,3 %, con el objetivo de atender a los
solicitantes y beneficiarios de asilo y protección internacional en España y de responder a nuestros compromisos internacionales en materia de asentamiento y reubicación. Este programa tiene como finalidad coadyuvar en la integración de los
inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y personas acogidas a otros regímenes de protección temporal y subsidiaria, así como el desarrollo y promoción de acciones coordinadas y homogéneas en materia de canalización de flujos y
cooperación con los países emisores de emigrantes.
Dentro de esta dotación global hay que destacar la dotación específica que financia el sistema de protección internacional para la acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de asilo y protección internacional y el programa de
reasentamiento y reubicación de personas susceptibles de protección internacional, con un presupuesto para 2017 de 253,08 millones de euros. El Gobierno mantiene en 2017 el mismo crédito que en el ejercicio anterior, año en el que se incrementaron
estas partidas en un 2522,3 %, es decir, 243,42 millones de euros más que en el año 2015. En el proyecto de presupuesto este crédito se distribuye en tres aplicaciones: 484.05, sistema de protección internacional, con una dotación de 24,13
millones de euros; 484.15, programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea y atención a familias con menores sujetas a protección internacional, con 140 millones de euros, y
484.16, programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea y atención a otros colectivos sujetos a protección internacional, con dotación de 88,95 millones de euros. A nivel técnico
se ha desdoblado la partida que existía en el presupuesto de 2016, la 484.14, en las dos aplicaciones señaladas con el fin de visibilizar en el presupuesto la protección a la familia con menores.
El crédito destinado a la protección de los menores extranjeros no acompañados es de 3,45 millones de euros, al igual que en 2016. Con este crédito se financian las subvenciones destinadas a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, muy
expuestas a la entrada irregular de menores extranjeros no acompañados debido a su situación geográfica, atendiendo tanto a los gastos de alojamiento y manutención como a los relativos a la atención socioeducativa de dichos menores.
La dotación para la atención humanitaria de inmigrantes es de 11,14 millones de euros. Cabe recordar que esta partida se ha incrementado desde el año 2015 en un 75 %. Con cargo a este crédito se concede una subvención directa a las ONG que
atienden a personas llegadas a las costas españolas y a Ceuta y Melilla de manera irregular, que se encuentran en situación de vulnerabilidad por su deterioro físico y por la carencia de apoyos sociales, familiares y económicos. Mantiene el mismo
crédito que en 2016, con 1,98 millones de euros, la subvención nominativa a Cruz Roja Española para la atención humanitaria urgente a las personas llegadas a nuestras costas de manera irregular y la subvención nominativa a ACNUR para programas de
refugiados, con 100 000 euros; ambas son las únicas subvenciones nominativas del presupuesto de la secretaría general.
Los recursos del capítulo 2 cuentan en 2017 con 16,31 millones de euros, que se destinan fundamentalmente a sufragar los gastos corrientes y de funcionamiento de los dos centros de estancia temporal de inmigrantes y de los cuatro centros de
acogida a refugiados. Como complemento a los servicios desarrollados por los centros de ayuda a los refugiados se prevé una cuantía de 900 000 euros para ayudas a los residentes en los centros con el fin de cubrir gastos personales muy básicos, de
transporte, formación o aprendizaje del idioma. Con una dotación de 13,8 millones de euros, que se corresponden con diversas partidas, se subvencionan en régimen de concurrencia competitiva las actuaciones de asociaciones y organizaciones
no gubernamentales para el desarrollo de programas que favorecen la integración de inmigrantes y el retorno voluntario de este colectivo a sus países de origen. Figura asimismo dentro de este programa la ordenación de flujos migratorios laborales,
cuyo presupuesto asciende a 705 600 euros. Buena parte de todas estas actuaciones están cofinanciadas por el Fondo de asilo, migración e integración -FAMI- y por el Fondo social europeo en el marco del nuevo programa operativo de inclusión social y
economía social -POISES-.
Como ya he señalado, durante este ejercicio existe capacidad para generar en torno a 55 millones de euros procedentes de fondos para cofinanciación de programas en el área de inmigración. En consecuencia, la cuantía total para esta área
podría ascender a 367,80 millones de euros. Sumados estos ingresos adicionales, el presupuesto total disponible de la secretaría general en 2017 podría alcanzar la cifra de 428,35 millones de euros.
Señorías, estos son los principales contenidos del proyecto de presupuesto de la Secretaría General de Inmigración y Emigración para 2017. Quedo a su entera disposición para plantear las preguntas y aclaraciones que estimen pertinentes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Del Corral. Quiero darle la bienvenida en mi propio nombre -estaba en otra Comisión-.Tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios solicitantes de la comparecencia, por un tiempo
de cinco minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Alberto Pérez.
La señora ALBERTO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero dar la bienvenida a esta Comisión a la secretaria general de Inmigración y Emigración, doña Marina del Corral, y darle las gracias por la presentación del proyecto de presupuestos para 2017 de la secretaría general de
la que es responsable.
Voy a comenzar la intervención poniendo en valor la continuidad en el proyecto de ley de presupuestos para 2017 del importante aumento de las cuantías que se aprobaron en el ejercicio presupuestario de 2016 en relación con las acciones de
atención a los inmigrantes en los centros de acogida, así como con las acciones establecidas para el sistema de protección internacional para solicitantes de asilo y refugio. Si existe un presupuesto donde se vea con total claridad su carácter
social es el presupuesto que nos ha presentado en el día de hoy la compareciente, un presupuesto en el que la mayor parte del gasto se destina a cubrir prestaciones y a dar apoyo a las personas más vulnerables, y que a pesar de la dura crisis que
sufrimos en los ejercicios anteriores no fue recortado, realizando un verdadero esfuerzo presupuestario por parte de todos y demostrando con ello la solidaridad de todos los españoles, no en vano el gasto social desde 2011 hasta ahora en España ha
crecido nada más y nada menos que en 8000 millones de euros y estos presupuestos aumentan un 1,7 % respecto a 2016 y suponen casi el 56 % del gasto del presupuesto de 2017, frente al 53,5 % que se registró en el ejercicio anterior. Me gustaría
resaltar que la dotación inicial del presupuesto de la secretaría general es de 373,35 millones, como ha dicho la compareciente, existiendo una ligera variación en las partidas de emigración. El resto de las políticas migratorias siguen manteniendo
en este proyecto de ley una línea de continuidad respecto del presupuesto del 2016, entendiendo que dan respuesta a las necesidades previstas para el ejercicio del 2017 y que se encuentran dentro del marco establecido para el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de contención del gasto público.
Entrando a valorar las distintas partidas contenidas en los presupuestos para inmigración, son especialmente destacables las aplicaciones relativas a los programas de reasentamiento y reubicación de refugiados, desdoblados en dos nuevas
aplicaciones, tal y como ha dicho la secretaria, una relativa a la atención de familias con menores sujetas a protección internacional y la otra de atención a otros colectivos sujetos a protección internacional, y que se encuentran dotadas con 140
millones de euros y 88,95, respectivamente. Además, la acción contenida en el sistema nacional de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional contará con un crédito que asciende a los 24,12 millones de euros.
Continúan con la misma dotación que en el ejercicio de 2016 importantes acciones, como son la atención humanitaria a inmigrantes, los fondos destinados a la protección de menores no acompañados para Ceuta y Melilla o las ayudas
complementarias a residentes en centros de atención a refugiados, así
como las subvenciones nominativas de Cruz Roja y de Acnur. También creo conveniente resaltar que permanecen también inalteradas las cuantías establecidas en el presupuesto anterior para las subvenciones cofinanciadas con el Fondo de asilo,
migración e integración, FAMI, así como las destinadas a financiar las subvenciones de campañas agrícolas.
Señorías, tal y como ha manifestado la compareciente, el fuerte aumento presupuestario que se dio en el 2016 en el área de inmigración de esta secretaría se sigue manteniendo inalterado en el actual proyecto de ley. En relación con las
acciones contenidas en el programa de emigración, tal y como ya ha puesto de manifiesto la secretaria general, sufren una disminución del 17,3 %, que se localizan en las prestaciones por razón de necesidades en el exterior y en las prestaciones para
los denominados niños de la guerra. Como muy bien ha explicado la secretaria, en el primero de los casos la partida se minora como consecuencia de la reducción del número de beneficiarios, bien porque la situación económica de los mismos ha
mejorado y por lo tanto no se hace necesario mantener este tipo de prestación o bien por la defunción de los preceptores de esta ayuda. Lo mismo ocurre en el caso de los niños de la guerra. El resto de partidas destinadas a los programas de
emigración permanece inalterado con respecto a los presupuestos del 2016. También nos parece importante resaltar la estimación de ingresos procedentes de fondos europeos para el año 2017, tal y como ha recalcado la secretaria, que se han cifrado en
torno a 55 millones de euros y que habría que adicionar al presupuesto total ya comentado.
Para finalizar, me gustaría trasladar a la secretaria general de Inmigración y Emigración dos cuestiones. La primera saber si considera suficientemente garantizado en el presupuesto de 2017 la dotación para financiar el funcionamiento de
los CETI. Y la segunda es en relación con su intervención. Ha mencionado la cofinanciación de determinadas actuaciones a favor de los inmigrantes por fondos europeos y la pregunta es si podría desarrollar con mayor detalle cómo están repercutiendo
las ayudas europeas en la ejecución de las políticas migratorias de la secretaría general.
Eso es todo. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Ha hecho usted un ejercicio impresionante.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, esperamos el mismo ejercicio de la señora Peña Camarero.
La señora PEÑA CAMARERO: Muchas gracias, presidente.
Doy las gracias, en nombre del Grupo Socialista, a la señora Del Corral por su presentación, si bien es cierto que no compartimos muchas de las cosas que se han dicho y analizado.
Comenzando por el área de emigración, las personas con nacionalidad española que residen en el extranjero no dejan de crecer año tras año; el último casi un 5,6 %, llegando, según el PERE, a la cifra de 2 300 000 personas. Y aquí, de
inicio, ya encontramos el primer problema, saber cuántos españoles están fuera para poder realizar acciones específicas. Las fuentes españolas subestiman la emigración de españoles en el exterior. Las cifras anuales del PERE, del CERA o del EVR no
son un indicador preciso para saber cuántos marchan y cuándo. La inscripción en los consulados no se suele realizar, pues apenas conlleva beneficios y ni siquiera te garantizan votar, aparte de que los costes son altos en cuanto a desplazamientos y
horarios, y nos hemos encontrado con casos en que no se tiene acceso sanitario si regresan a España de visita.
Con todo esto, no aparece ninguna partida específica para poner en marcha mecanismos de seguimiento, evaluación de flujos migratorios ni para dotar de mayor personal las propias oficinas consulares, bloqueadas ahora también con la
tramitación de nacionalidades, que, como saben, lleva sin resolverse desde 2015, tal y como denuncia también el Defensor del Pueblo. Por ello, tanto oficial como extraoficialmente, el aumento de españoles en el exterior no se ve correspondido con
aumento presupuestario para su atención. Frente a esta tendencia al alza, las acciones presupuestadas en 2017 a favor de los emigrantes se reducen en un 17,25 % y el recorte acumulado desde 2011 supera ya los 62 millones de euros. Y puede ser
todavía peor por lo que rezan los números, pues el recorte del 19 % en atención a los españoles en el exterior es para los ciudadanos que más dificultades tienen y esto supone claramente una pérdida en la garantía de atención y del nivel de
protección de estos españoles, casi 12 millones menos para prestación por razón de necesidad, de incapacidad y para prestación sanitaria. La verdad es que es injustificable, por más que lo haya querido explicar.
Sabemos también que el Gobierno del Partido Popular, en 2016, canceló sobre la marcha 7 millones de euros en ayudas para atender a esta ciudadanía en el exterior y no solo no se recupera en este presupuesto, sino que desciende la cuantía
para 2017. Tampoco parece que exista ninguna intención de realizar una estrategia dirigida a los jóvenes emigrantes españoles que contemple de manera integral el
retorno. Desconocemos datos sobre la realidad compleja de este fenómeno: cuántos jóvenes han emigrado en busca de empleo, en qué condiciones viven, en qué condiciones retornan los que lo hacen; datos que nos ayudarían para tomar
decisiones con las que atender mejor sus necesidades. No vemos nada en estos presupuestos. Por eso, le preguntaría cuáles son las iniciativas concretas que va a tomar este Gobierno -si tiene pensada alguna, claro- para crear oportunidades de
regreso a los españoles emigrados. No sabemos cuánto va a durar esta situación, muchos de los que se van lo hacen como algo temporal hasta que pase la crisis; sin embargo, nadie sabe qué les espera. Por tanto, hasta entonces, nuestra obligación
debería ser facilitar su estancia en el exterior y dar oportunidades para su regreso, y así lo haremos en una enmienda a su texto.
Respecto al área relacionada con acciones a favor de los inmigrantes, los recortes en esta materia han sido brutales, el 54 % en relación a los presupuestos del año 2011. Cierto es que para esta anualidad hay un aumento considerable en la
partida referida a personas refugiadas. Una parte importante del esfuerzo presupuestario además viene soportado por la Unión Europea. La situación de la guerra en Siria y Eritrea no ha mejorado y la situación de Turquía y el frágil acuerdo con la
Unión Europea no garantiza que no lleguen más refugiados a Europa y, si eso sucede, España debe estar preparada para ser solidaria. Porque, a día de hoy, este Gobierno incumple los programas de reubicación y reasentamiento. Le recuerdo que España
se comprometió a reubicar, en un plazo de dos años, a 15 779 personas y a reasentar a otras 1449. Pues bien, quedan cinco meses para que se cumpla este plazo. En la parte de responsabilidad alícuota que usted tiene en estos presupuestos, ¿puede
contestarnos cómo va a cumplir este Gobierno lo comprometido con ese más que insuficiente aumento de inversión, si hasta la fecha solo se han acogido un 7,8 % de las personas refugiadas a las que nos habíamos comprometido? Además, no solo
desconfiamos nosotros, lo hace también la Comisión Europea, que les acaba de exigir que presenten sus cifras de compromiso mensual, porque a este paso tardarán veintiséis años, y no dos, en cumplir con su compromiso de acogida.
Tenemos también alguna duda sobre las medidas que proponen tanto de impulso a los traslados a la Península desde los CETI de Melilla y de Ceuta como en la activación de los dispositivos suficientes ante la reiterada sobreocupación de ambos
centros. También se refería al tema del asilo. Asisto contrariada a sus declaraciones, porque en España estamos en el furgón de cola en la recepción de solicitantes de asilo. La mayoría de solicitudes o es rechazada o se les conceden niveles de
protección subsidiarios de muy bajo nivel. En el año 2016, según los datos oficiales que disponemos, el 33 % tuvo una resolución desfavorable y solo el 3,5 % obtuvieron la concesión de estatuto de refugiados; el resto fueron protecciones
subsidiarias.
Y ya para terminar, vemos que en los presupuestos generales ustedes mantienen la desaparición del Fondo para la integración de los inmigrantes y refuerzo escolar, para ayudar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a que puedan
establecer refuerzos en sus dispositivos educativos, sanitarios y sociales a inmigrantes, y para la previsible llegada de los refugiados, si es que el Gobierno finalmente cumple su compromiso de acogida con Bruselas. Lo saben de siempre, los
socialista son compartimos los objetivos en esta área de inmigración. No creemos que el objetivo tenga que ser la emergencia asistencialista. Creemos en las políticas de inclusión social y así lo haremos ver en las enmiendas que vamos a presentar
a este presupuesto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Peña.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea la señora Franco, por cinco minutos también.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, señor presidente, y gracias señora secretaria general de Inmigración y Emigración por asistir a esta comparecencia.
Yo me voy a centrar en lo que respecta a las acciones en favor de los inmigrantes. En primer lugar, sobre los asuntos relacionados con asilo y refugio, se ha incrementado solamente en un 0,2 % el presupuesto con respecto a 2016, y de 2016
solamente se ejecutó un 50 %; usted ha dicho que aumentó muchísimo en 2016, sin embargo solamente ejecutó la mitad de lo presupuestado. Esto no encaja con la realidad que hoy en día vivimos. Nos estamos encontrando hoy en día ante una crisis que
no tiene precedentes o que se puede igualar -en cuanto a gravedad- a la de la Segunda Guerra Mundial por el desplazamiento de personas o solamente comparable con las guerras yugoslavas de los noventa. Nosotros lo que estamos viendo no es que se
estén destinando más esfuerzos a solucionar esta situación
a día de hoy, sino que además lo que se está haciendo es reforzar el carácter securicista a través de actuaciones como por ejemplo la de la construcción de tres nuevos CIE, que sí que sabemos que esto no es competencia del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, pero que tiene mucha relación con las actuaciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y por tanto con sus Presupuestos Generales del Estado.
En materia de reubicación España se comprometió a reubicar y a reasentar a 17 300 personas, una cifra que ya de por sí es irrisoria, y un año y medio después, hoy en día nos encontramos con que este compromiso no solamente no se está
cumpliendo, sino que ni siquiera se va a llegar a cumplir, a día de hoy solamente se ha reasentado a 350 personas y se ha reubicado a 887. Tampoco nos podemos olvidar de aquellas otras personas que llegan por vías naturales o las que ya se
encuentran aquí hoy en día. Por todo esto nos gustaría saber si el Gobierno tiene planes de construir nuevos centros de asilo y de refugio o de habilitar nuevos pisos de acogida humanitaria o de mejorar las condiciones de habitabilidad de los CETI
de Ceuta y Melilla o si, por el contrario, piensa seguir cubriendo las contingencias ocupacionales con tiendas de campaña del Ejército u otras estructuras temporales. Nos gustaría también que desglosara esos 8 408 000 euros de inversiones reales
respecto de los centros de asilo y de los CETI y si de esos 30 000 euros destinados a mobiliario y enseres para los centros de integración de los CETI y de los CAD se destinará algo de este presupuesto a la mejora de los mismos o si simplemente van
a ser para compra de mobiliario.
Respecto a las transferencias a las organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin ánimo de lucro queríamos hacer constar que lo que se paga a las ONG y a estas otras entidades normalmente va con mucho retraso; esto significa que
la mayoría de las veces o en gran parte de las ocasiones estas entidades no pueden hacer el trabajo que les gustaría o tienen que sufragar ellos mismos estos gastos hasta que por fin se ejecutan esas transferencias. Por todo esto queremos
preguntarle si teniendo en cuenta la naturaleza de la población migrante que llega a nuestro país, y pensando en los lugares de primeros accesos, etcétera, si por un lado van a ampliar o tienen pensado ampliar no solamente en 50 millones, sino en
más en los próximos presupuestos estas cantidades, y además qué importe se destina al personal formado y preparado para la detección de víctimas de trata en los CETI, en los CAD y en los alojamientos de estas entidades subvencionadas, qué importe se
destina a la atención psicosocial de las personas que llegan por vía marítima o terrestre, independientemente del dinero destinado directamente a estas organizaciones, cómo se selecciona ese personal para garantizar la idoneidad para esas misiones o
si por el contrario piensan que es mejor externalizar esa labor.
Como he finalizado mi tiempo voy a ir directamente a las preguntas. Nos gustaría saber en qué se va a materializar la partida correspondiente a las transferencias corrientes para las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla para los menores
no acompañados; qué programas se van a llevar a cabo y qué medidas van a tomar para la garantía de los menores que llegan a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o si por el contrario va a ser en este caso un brindis al sol; si existe algo
presupuestado, además del 1 884 000 euros para la subvención de la Cruz Roja para este caso de menores no acompañados, y en el caso de que lo hubiera cuál es el reparto del mismo por comunidades y conceptos; cuánto van a destinar en el caso de la
plantilla del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que fueron contratadas 90 personas en 2015, que además se les formó y que son contratadas de manera interina y que van a terminar sus contratos en 2018, ante la oferta pública de empleo que
ustedes han anunciado, cuánto van a destinar para la contratación y consolidación de este personal interino, y que así deje de ser interino por tanto.
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señoría.
La señora FRANCO CARMONA: Ya termino, solo dos preguntas más y le prometo que termino.
Respecto al Fondo de Asilo de Migración e Integración, al FAMI, usted dice que estos presupuestos tienen un carácter meramente social, y sin embargo nos gustaría preguntarle por una cosa que a nosotros nos causa mucha preocupación, y es que
nos gustaría saber cuál es la planificación de estos fondos hasta 2020 y a qué se van a destinar esos fondos, dado que en el año 2015 el Gobierno de España dedicó una gran parte de ese fondo a los CIE y a las expulsiones forzosas.
Y en último lugar, si podría decirnos cuál es el desglose del gasto de los fondos según las partidas que hicieron para la financiación de los centros de internamiento de extranjeros. En el programa español de los fondos del FAMI se
especifica que uno de los objetivos del Gobierno es el regreso y que incluye
programas de regreso forzoso. Pues bien, nos gustaría que nos dijera cuál es el desglose del gasto de esos fondos, según las partidas, respecto a lo que hicieron en 2015.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco. Se ha excedido en su tiempo.
Tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Qué magnánimo es el presidente en esta comisión.
Muchas gracias, señor presidente, y bienvenida, señora secretaria general de Inmigración y Emigración. Como ven, no voy a repetirme mucho en las intervenciones que se han producido, porque muchas de las preguntas ya están expuestas por
otros oradores y por lo tanto no voy a reiterarlas por el mero hecho de gastar tiempo. Solamente quiero hacer dos consideraciones. En el programa 231.B, el que habla de acciones a favor de los inmigrantes, y estando totalmente de acuerdo con la
portavoz socialista en que nuestros padrones son bastante inexactos, y así de hecho discutimos en esta Comisión al respecto, ya que no tiene ninguna ventaja figurar en ellos, es algo que deberíamos desde luego trabajar desde esta comisión y desde
esta casa para mejorarlo, para que claramente hubiera alguna ventaja estar empadronado y que pudiésemos tener unos datos reales, consistentes de nuestros compatriotas en el extranjero, está dando usted unos datos de beneficiarios de las distintas
ayudas, de las distintas prestaciones, y la verdad es que no me casaban nada con los datos que tengo yo en la memoria que ustedes adjuntan. Pero por no gastar más tiempo lo que sí me gustaría saber es exactamente la prestación económica para los
menores desplazados por la Guerra Civil, los que denominamos vulgarmente 'los niños de la Guerra Civil', porque hay una reducción en lo presupuestado de 1400 beneficiarios, no de la cantidad pero sí de los beneficiarios, cuando en el 2016 se
beneficiaron 1414, no sé si es que se han producido fallecimientos por la edad o realmente es que estiman que estas personas ya no lo van a necesitar.
En el caso del programa 231.H, acciones a favor de los inmigrantes, me alegra comprobar que la portavoz de Podemos ha reconocido que realmente hubo una ejecución de solamente el 50 % en el 2016, y que por lo tanto un presupuesto de 331
millones supone un 50 % más, también es cierto que debido precisamente a los requisitos que nos marcan nuestros socios europeos en el marco de cumplimiento de nuestros compromisos, sobre todo en la acogida de los refugiados de los conflictos, tanto
en Siria como en Ucrania como en otros países, y además teniendo en cuenta que el Reglamento de Dublín en su adjudicación extensiva nos obliga a recoger a todos los inmigrantes que han tramitado desde la base de la primera entrada en la Unión
Europea, que en muchos casos ha sido España, aunque luego es verdad que estos prefieren irse a otros de los países que forman parte de la Unión Europea. Sí que quería dejarles constancia de que estamos totalmente de acuerdo en que el cumplimiento
de los compromisos de acogida de refugiados ha sido totalmente ineficiente, es decir, cuando nos hemos comprometido a más de 14 000 y prácticamente llevamos escasamente un 10 %, desde luego esperamos que con este presupuesto se pueda hacer un
cumplimiento más exhaustivo y más serio y más riguroso de nuestros compromisos con nuestros socios europeos.
Y por no repetirme mucho sí que me gustaría también que me dijera algo, aunque creo que esto también lo ha dicho la portavoz de Podemos, porque es una cosa que nos preocupa sobre todo a nuestro grupo, sobre los menores de Ceuta y Melilla, es
incluso un problema de alarma social, yo he estado hablando con compañeros míos de esas ciudades, de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y los que estamos fuera de ellas y que no hemos visitado las ciudades -cosa que yo sí he hecho- en cierta
manera no entendemos la dimensión del problema. Sí que me gustaría saber, de estos 3,45 millones que tienen estipulados, cómo van a ser ejecutadas estas colaboraciones, si es que va a ser a través de ONG, si son partidas para centros de
acogimiento, es decir, exactamente cuál es el planteamiento que tiene esta secretaría general respecto de estos 3,45 millones de euros.
Por lo demás quiero decirle que lógicamente estos presupuestos, como bien sabe, nuestro grupo los va a apoyar en el marco de la negociación que hemos tenido para consignarlos en los anteriores meses, en las anteriores mesas de trabajo; no
son los presupuestos lógicamente que a nosotros nos gustarían al cien por cien, pero entendemos que son los mejores que se podían obtener con las actuales situaciones, y por lo tanto tendrá nuestro voto favorable.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Campuzano, por cinco minutos.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Quiero agradecer también la comparecencia de la señora Del Corral, decirle que seguramente el debate sobre su presupuesto es el debate sobre los incumplimientos del Gobierno en sus compromisos europeos en materia de acogida de refugiados, y
efectivamente aquello que fue escandaloso durante 2016 nos tememos que va a ser escandaloso durante 2017; el Gobierno hace el ejercicio de consignar unas cifras presupuestarias que son importantes, pero luego el Gobierno es incapaz de cumplir con
los programas de reubicación y de reasentamiento, por tanto ahí existe un evidente rechazo a la política del Gobierno en ejecución del presupuesto durante el 2016, el Gobierno en esa partida que usted ha mencionado de un incremento enorme encontró
el apoyo de toda la Cámara, pero el Gobierno ha sido incapaz de tomar aquellas medidas para cumplir con aquellos compromisos. Y ahí le planteo la primera pregunta, ¿qué número de personas, de refugiados, piensa el Gobierno reasentar, o sea,
provenientes de los campos de refugiados de Turquía, de Jordania, de Líbano durante este 2017? ¿Piensa cumplir con los compromisos de reubicación que se han asumido por parte del Gobierno en el seno de la Unión Europea durante 2017? Lo digo para
hacer que esas partidas previstas se puedan ejecutar, o si nos vamos a encontrar con que a finales de este año de nuevo ese compromiso presupuestario no se puede ejecutar, entre otras cosas porque el Gobierno no cumple con los compromisos en materia
de reubicación y no tiene una activa política de reasentamiento.
Segunda preocupación -y algún otro portavoz ha hecho referencia a ello-: la situación de los CETI de Ceuta y Melilla, y al menos yo puedo hablar en primera persona de la situación en el CETI de Melilla, donde las condiciones en las que se
acoge a los refugiados y a los inmigrantes en ese centro no son propias de un país europeo ni de un país que esté sometido a los estándares mínimos de dignidad ni de reconocimiento de los derechos humanos, y se exige una solución más estructural.
Por tanto deseo conocer las previsiones en estos presupuestos para resolver la situación en los CETI de Ceuta y de Melilla, singularmente en el CETI de Melilla.
Preocupación también, como ha dicho la portavoz de Unidos Podemos, en relación al uso de los fondos europeos conocidos como FAMI; si no he entendido mal la secretaria general nos habla de 55 millones de euros en el programa del FAMI, no es
una cifra menor, y hay que saber si estos 55 millones el Gobierno tiene previsto destinarlos durante 2017 a las políticas de integración y acogida, que es para lo que la Unión Europea destina estos recursos, y por tanto cómo va a distribuir estos 55
millones, a qué programas van a aplicarse estos 55 millones de euros, o si piensa continuar utilizando estos recursos para otras políticas que no son las de integración y las de acogida. Sería bueno que fuésemos lo más transparentes en esta
materia; no lo hemos sido en el pasado, el Gobierno no ha sido transparente en el uso de los recursos europeos en política de integración y de acogida, y lógicamente nosotros rechazaríamos que los recursos del FAMI se destinasen, tanto al control
de frontera como al retorno a los países de origen de los solicitantes de refugio e inmigrantes en general.
Compartimos la crítica que se hace desde el Grupo Socialista a la inexistencia de lo que fue el Fondo para la Integración, creado ya hace unos cuantos años, que fue un buen instrumento para cofinanciar las políticas de integración que se
desarrollan por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en esta materia, y que incluso llegó a financiar también políticas vinculadas al ámbito educativo, fundamentales precisamente para la política de integración; sería razonable en
un momento de recuperación económica acentuar ese esfuerzo desde el Estado cofinanciando las políticas de integración que desarrollan las comunidades autónomas; es más, si en la encuesta de condiciones de vida de ayer del INE incorporásemos un
sesgo en función del origen de las personas pobres, evidenciaríamos que existen graves déficits vinculados precisamente a las familias de origen extranjero, circunstancia que justifica un apoyo sustancial a las comunidades autónomas en esta materia.
Y ahí, si me permite, hay un elemento inquietante: en el acuerdo que ustedes han publicitado con Ciudadanos hablan de un incremento de 340 millones de euros en la lucha contra la pobreza infantil, y hoy usted nos ha contado muy de pasada que
precisamente ese incremento -que junto con Ciudadanos representan para la lucha contra la pobreza infantil- está en ese paquete de los 253 millones de euros, que también nos cuentan que es el paquete que sirve para acoger a los solicitantes de asilo
y a los refugiados. ¿Me confirma que esta afirmación mía es cierta? ¿Es cierto que los 340 millones de euros contra la pobreza infantil que han pactado con Ciudadanos de hecho son también los recursos que destinan a la acogida de refugiados y de
solicitantes de asilo? Porque si no ahí estaríamos engañándonos en alguna de las partidas, o en la pobreza infantil o en la acogida de refugiados.
Y, señor presidente, un último comentario. El modelo centralizado de gestión de la acogida de refugiados está fracasando, no tiene sentido que esta continúe siendo una partida gestionada de manera centralizada desde el Ministerio de Empleo:
esta partida, tal como apunta la propia Ley de Asilo, debería ser gestionada conjuntamente por comunidades autónomas y por ayuntamientos, entre otras cosas porque el conjunto de las políticas sociales que facilitan la integración de las personas
refugiadas son competencia de comunidades autónomas y de administraciones locales. No tiene ningún sentido que en Cataluña por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de la Generalitat, en el programa que financia el Estado, tengan una
actitud de espectador, y que incluso cuando el programa finaliza su vigencia por ejemplo en materia de vivienda, ocho meses, a partir de esos ocho meses el Estado se deshaga de sus responsabilidades con estos refugiados, y eso pase a ser una
responsabilidad del Ayuntamiento de Barcelona o de la Generalitat de Cataluña, no tiene ningún sentido. El programa debería reformularse y debería de dejarse gestionar por las administraciones más cercanas y las competentes en estas materias.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
No veo ni a los portavoces de los grupos parlamentarios Vasco ni de Esquerra Republicana, así que tiene la palabra la secretaria general para responder a sus preguntas.
La señora LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Muchísimas gracias a todos los portavoces por el tono en el que han planteado las preguntas. Han sido bastantes y muy exhaustivas, alguna repetida,
pero voy a tratar de ir por orden.
Me preguntaba la portavoz del Grupo Popular sobre si el funcionamiento de los CETI está suficientemente garantizado con la financiación prevista en el presupuesto del año 2017, también se ha referido a ello la portavoz en cierto modo de
Podemos y el señor Campuzano. Pues con toda rotundidad les digo, señorías, que sí, que en la dotación prevista para los CETI en el proyecto de presupuesto para 2017 está garantizada, y respondo con esa claridad porque esta ha sido una de mis
prioridades en la secretaría general y hemos trabajado muchísimo en ello, muchas horas dedicadas a esto.
Les diré que el presupuesto previsto para los dos CETI a lo largo del año 2016 y del 2017 ronda los 13,5 millones de euros. El carácter prioritario y urgente de las necesidades de gasto en los centros de estancia temporal de inmigrantes no
nos ha impedido que año tras año hayamos introducido medidas de racionalización y mejora de la gestión y de eficiencia en el gasto; es especialmente relevante destacar el ahorro alcanzado en los gastos corrientes de los centros en los últimos años,
como consecuencia de la implantación de herramientas de planificación del gasto, la centralización de la contratación y la unificación de contratos para ambos centros, lo que viene generando importantes economías de escala.
La sobreocupación se ha venido contemplando expresamente en los pliegos de la contratación, por ejemplo en el caso de la restauración, con el fin de potenciar los costes marginales decrecientes, y por otra parte, como ya he señalado en mi
intervención inicial, hemos conseguido que los gastos de los servicios de acogida que se prestan en los centros de estancia temporal de inmigrantes sean considerados cofinanciables por el nuevo Fondo de Asilo, Migración e Integración, mientras que
los anteriores fondos, los Solid, no lo eran, lo que afianza y dota de estabilidad a los recursos destinados a los centros durante el período 2014-2010.
Me ha preguntado la responsable de Podemos cuestiones más específicas sobre los centros de estancia temporal. Quería decir con carácter general que los centros de estancia temporal de inmigrantes son lo que dice su nombre que son: centros
de estancia temporal de inmigrantes, son centros abiertos, en ningún caso son centros cerrados de internamiento, y no son centros de acogida de refugiados. Es verdad que transitoriamente pasan refugiados en estos centros, pero siempre procuramos
que el tiempo de estancia de los solicitantes de asilo o protección internacional sea el menor posible. Toda la parte de traslados de los centros, de las personas que están en los centros a la península no son responsabilidad, como muy bien saben
sus señorías, de la Secretaría General de Inmigración y de Emigración. Pero volviendo a los costes de los CETI les diré que son financiados con cargo a distintas partidas presupuestarias; en primer lugar, en el capítulo 1 se encuentran los gastos
de personal que prestan sus servicios en los CETI en una cuantía que supera el millón de euros, 1 556 323, este es el gasto correspondiente al año 2016, porque siempre puede haber eventualidades en ese gasto. En segundo lugar, y aquí se concentra
el grueso de la dotación, el capítulo 2 prevé una cantidad superior a los 10 millones de euros, 10 330 032 euros para los gastos corrientes necesarios para su funcionamiento; estos gastos de funcionamiento financian desde los contratos para
vigilancia y seguridad, los contratos de
restauración, lavandería y alimentación hasta todos los servicios básicos suministrados a los residentes. En tercer lugar, determinadas subvenciones otorgadas a entidades no gubernamentales, que tienen presencia en los centros y que se dan
en régimen de concurrencia competitiva; las ONG que tienen allí presencia participan en las convocatorias abiertas en régimen de competencia competitiva a las subvenciones que la secretaría abre, y esto hace que más o menos, sumando también las del
año pasado, porque este año todavía no tenemos ese resultado, se incrementan esos gastos en 1 136 413 euros, igualmente gasto 2016, y a estas cuantías también hay que sumarles las cantidades necesarias para la reparación y reposición de los bienes
muebles, mobiliario, equipamiento informático, etcétera, e inmuebles, contemplados en el artículo 6 del programa 291.M, cuya gestión corresponde a la subsecretaría del departamento, y que probablemente les haya mencionado en la exposición de su
presupuesto esta tarde. Quiero decirles que es continua la labor de reparaciones y de reposición de elementos y de equipamiento en los centros de estancia temporal, sobre todo después de una sobreocupación. Intentamos cuando hay una
sobreocupación, de acuerdo con el Ministerio del Interior, acelerar los traslados de personas a otros recursos en función de la situación administrativa de las personas en cuestión, priorizando siempre la salida de las personas más vulnerables, y
como personas más vulnerables me refiero a si hay familias, por supuesto solicitantes de protección internacional y mujeres solas que a lo mejor puedan haber sido víctimas de trata.
Me ha preguntado cuánto presupuesto específico del personal laboral de los CETI se destina para la atención a las víctimas de trata. Les puedo asegurar que todos pasan una formación muy específica, son personas muy especializadas, y se
realiza una labor encomiable, también -y lo he de decir- muy coordinada con el Ministerio del Interior y asimismo con las entidades no gubernamentales que tienen presencia allá, en los centros de estancia temporal de inmigrantes; de hecho estamos
elaborando un protocolo específico de víctimas de trata, bueno, el de víctimas de trata ya está elaborado, pero lo estamos extendiendo a todos los centros de migraciones, y por centros de migraciones me refiero, tanto a los centros de estancia
temporal, los CETI de Ceuta y Melilla, como a los CAD, los centros de acogida de refugiados, y además lo vamos a hacer también para las víctimas de violencia de género. En este protocolo está interviniendo igualmente el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados, porque se ha mostrado muy interesado en ello.
Recupero otra vez las preguntas que me ha planteado la portavoz del Grupo Popular; en cuanto a la cofinanciación de determinadas actuaciones a favor de los inmigrantes yo he señalado en mi intervención que está siendo muy beneficiada por
fondos europeos, y me preguntaba si podía desarrollar con algo más de detalle, también me lo han preguntado otros portavoces, por qué esa afirmación, cómo están repercutiendo las ayudas europeas en la ejecución de las políticas migratorias de la
Secretaría General de Inmigración y Emigración; lo cierto es que en un entorno de austeridad, una coyuntura en la que teníamos que hacer recortes y plantear un presupuesto muy austero para responder a la contención del déficit, desde esta
Secretaría General de Inmigración y Emigración se fomentaron acciones que pudieran estar cofinanciadas por fondos europeos, y esos fondos son de dos tipos: el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el FAMI, que tiene por objeto general contribuir
a la gestión eficiente de los flujos migratorios y a la aplicación, el refuerzo y el desarrollo de la política común en materia de asilo, la protección subsidiaria y temporal y la política de inmigración común, toda esa acción, como digo, da
continuidad a las actuaciones desarrolladas por los anteriores fondos Solid, Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países, que era el FEI, y el Fondo Europeo para los Refugiados, FER, y Fondo de Retorno. Y, por otro lado, el
Fondo Social Europeo, destinado a contribuir a la política de cohesión, el crecimiento, la competitividad y el empleo, que permite financiar programas de subvención dirigidos a la inserción laboral de inmigrantes.
Creo que podemos estar muy satisfechos del resultado de haber apostado por llevar a cabo acciones que pudieran ser cofinanciadas con cargo a estos fondos, primero los Solid, después el sucesor, FAMI, y el Fondo Social Europeo. En el año
2011 la Secretaría General generó en su presupuesto de gastos 17,8 millones de euros procedentes de la Unión Europea, que quiere decir que en el fondo realmente el Gobierno anterior también apostaba en cierta medida por esa línea de actuación. Eran
17,8 millones de euros procedentes de la Unión Europea para políticas y acciones específicas cofinanciando programas de inmigración. En el año 2012 se generaron 21,15 millones de euros, en el año 2013 se generaron 30 millones de euros y en el año
2014, 18,94 millones de euros. Debe tenerse en cuenta además que en el año 2014 se produjo la transición entre los fondos Solid al FAMI, lo que repercutió en la capacidad de todos los Estados miembros en cuanto a la captación de financiación de la
Unión Europea. La verdad es
que hicimos un esfuerzo muy grande en gestión de los fondos por esta apuesta dentro de ese escenario de austeridad y el resultado fue muy positivo para España. En el año 2015 los fondos generados procedentes de la Unión Europea se elevaron
a 26,02 millones de euros y en el año 2016 es verdad que se ha producido una situación singular derivada del cierre presupuestario en el mes de julio, como todos conocen, por lo que solo se generaron 3,25 millones de euros esperando al nuevo
ejercicio 2017, en el que se estima que se van a generar -por lo menos existe esa capacidad- 55 millones de euros. Estas cuantías se incorporan a las distintas convocatorias de subvenciones en concurrencia competitiva para programas de integración
de inmigrantes de retorno voluntario y para la acogida e integración de solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional. Además, gracias a la negociación con la Comisión del Programa Nacional de FAMI, los fondos europeos también
contribuyen desde el año 2015 a la cofinanciación de los centros de migraciones, tanto de los Centros de Acogida a Refugiados como de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta y Melilla. También he de añadir la atención integral de
los menores extranjeros no acompañados.
Creo que he respondido a lo que preguntaba la portavoz del Grupo Popular. Paso a responder a la portavoz del Grupo Socialista, la señora Peña.
En materia de emigración me preguntaba cómo es posible que yo asegure que ese 17 coma algo por ciento de recorte no supone una merma en las prestaciones por razón de necesidad. Lo cierto es que es así, año tras año la cifra de beneficiarios
de prestaciones por razón de necesidad ha ido disminuyendo. La disminución media en general de los beneficiarios de todas las prestaciones asistenciales en el exterior ha superado en la última legislatura las 4000 personas. Creemos que es de buen
gestor igualmente ajustar el presupuesto a la realidad y la realidad es que esos beneficiarios están disminuyendo y han disminuido.
Muchos de ustedes en general han preguntado por la inejecución del presupuesto del año 2016, el presupuesto de la Secretaría General de Inmigración y Emigración en el año 2016, que afecta a los dos programas principales, a inmigración y a
emigración, y les quería contestar a todos en conjunto porque está todo muy relacionado. La ejecución en el año 2016 ascendió a 213 809 198,78 euros, aunque el porcentaje de ejecución, efectivamente, es muy inferior al del año 2015 porque el
porcentaje de ejecución es del 53,75 % en el programa 231.H, de inmigración, y del 74,72 % en el programa 231.B, de emigración. Pues bien, aunque el porcentaje de ejecución es inferior al del año 2015, en términos absolutos la ejecución es mayor,
de hecho, supera en 73,39 millones de euros lo realizado en ese ejercicio en el año 2015.
La inejecución superior a la de ejercicios anteriores -aunque les puedo decir que, en el caso de la secretaría general, se viene ejecutando por encima del 90 %, incluso el 95 % del presupuesto- viene motivada principalmente, como muy bien
saben sus señorías, por la aprobación en el mes de julio de la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016, relativas al presupuesto de
gastos y operaciones no presupuestarias. En un escenario de incertidumbre política como en el que vivíamos, dicha orden fue adoptada ante la necesidad de hacer efectivos los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para asegurar el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, que eran fundamentales. No obstante, la propia orden permitía realizar excepciones al cierre anticipado, previa aprobación por el Consejo de Ministros de las excepciones propuestas. De
esta forma, nuevamente en la Secretaría General de Inmigración y Emigración realizamos un ejercicio de priorización de programas que llevó a la ejecución de los programas de carácter más social. Puedo asegurarles que la mayor inejecución que se
produce de hecho en el área de inmigración no ha mermado la capacidad de acogida de los solicitantes de asilo, de los reubicados y de los reasentados, porque el gasto se ha ajustado a las necesidades a lo largo de 2016, y además, para poder afrontar
estas necesidades en el año 2017, ya se ha tramitado una nueva convocatoria de subvenciones.
En el área de emigración la inejecución afectó sobre todo a los programas de asociaciones y de centros, que solo pudieron ejecutarse parcialmente con una pequeña cuantía, si bien estos programas financian respectivamente estructura y gastos
corrientes de funcionamiento y pequeñas reparaciones que no sean en inversión y equipamientos y gastos de inversión, mobiliarios, equipos, obras, etcétera. No dejaron de ejecutarse en ningún caso en el área de emigración la prestación por razón de
necesidad, las pensiones asistenciales por ancianidad para españoles de origen retornados, pensiones para niños de la guerra, la asistencia sanitaria en el exterior, las ayudas asistenciales extraordinarias en el exterior y retornados, los programas
de mayores y dependientes como consecuencia de la excepción a la orden de cierre que se pudo tramitar, la subvención directa de la UNED. El programa de asociaciones y programa
de centros, aunque solo se pudo ejecutar en una pequeña parte, por las razones que les hemos dicho, no los priorizamos y no solicitamos una excepción porque pensamos que las reparaciones de los centros podrían probablemente esperar al
siguiente ejercicio.
En el área de inmigración no se dejó de ejecutar la ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores migrantes para campañas agrícolas de temporada, que tuvo su subvención, programas dirigidos a personas inmigrantes nacionales
de terceros países, convenios para la atención de menores inmigrantes no acompañados con las ciudades de Ceuta y de Melilla, programa de retorno voluntario, programa de asilo y refugio a inmigrantes vulnerables y atención sociosanitaria, programas
de protección internacional, asilo y refugio, atención en los CETI. Es verdad que no se sacó una convocatoria tan elevada como la que hemos sacado ahora en el año 2017 pero salió una convocatoria de más/menos 83 millones de euros ajustada, como
digo, a las previsiones que se tenían para ese ejercicio. Ayudas a residentes en centros de acogida de refugiados, la subvención nominativa a ACNUR, la subvención directa a la Organización Internacional de Migraciones para sufragar los gastos
originados a esta organización por su participación en el desarrollo del programa de reasentamiento que sigue el Gobierno de España, la subvención directa de atención humanitaria, la subvención nominativa a favor de Cruz Roja para la atención de
personas en asentamientos y llegadas de forma irregular a costas españolas o a Ceuta y a Melilla, contratos de servicios destinados a los dos centros de estancia temporal de inmigrantes y de los cuatro centros de acogida a refugiados. Nada de ello
sufrió ninguna merma, se ejecutó en esencia lo más directamente aplicable a las personas.
Me preguntaba también la portavoz del Grupo Socialista si no tenemos una estrategia dirigida a la promoción del retorno de los jóvenes. La mejor estrategia para la promoción del retorno de los jóvenes es que España crezca, que en España se
recupere el mercado laboral, y a eso se aplica todo el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como muy bien ha expuesto el secretario de Estado de Empleo en la anterior comparecencia. Tenemos además ayudas para los jóvenes que están en el
exterior, como sabe muy bien. Es verdad que no se han ejecutado absolutamente todas en el año 2016, pero esperemos que en este año 2017 tengamos mayor fortuna. Nosotros hemos sido los que hemos impulsado un programa de jóvenes, que en los dos
últimos ejercicios -aunque en el año 2016, insisto, no se ejecutara- contó con una dotación de 4 550 000, un programa de jóvenes que tiene como objetivo la integración social y laboral de los jóvenes residentes en el exterior, la formación
profesional de emprendimiento e idiomas de jóvenes en el exterior, facilitar el retorno de los jóvenes residentes en el exterior, pero no prometiéndoles prestaciones sino, como digo, facilitando su formación y su preparación, su proyección
internacional para que tengan un valor añadido en esa experiencia que hayan tenido fuera de España y sobre todo conservando y manteniendo puentes con ellos y haciéndolos visibles a la sociedad española, y en eso seguimos trabajando muy intensamente.
Además creamos una web de movilidad internacional cuyo objetivo es proporcionar a los usuarios acceso a través de un solo canal a la principal información sobre los requisitos de estancia, residencia, estudio o trabajo en el país extranjero de
destino.
Usted misma ha mencionado que no tenemos datos buenos sobre la emigración, que nuestros datos no son buenos, aunque yo ya les adelanto que el registro en los consulados es obligado por ley. A lo mejor no es suficientemente conocido, pero es
obligatorio por ley registrarse en los consulados cuando se reside en el exterior. Por otra parte, tenemos un registro, otros países no tienen un registro, y esto me lleva a decirles que como también nos ocupamos de contabilizar la inmigración, los
registros en España también registran a las personas que lo hacen en España, que son residentes legales en España. Hay que presumir que los datos que tenemos en los registros son datos fiables. Usted me ha dado los datos del año anterior, más de 2
300 000 a 1 de enero de 2016. A 1 de enero de 2017, porque ya existen datos, hay unas 100 000 personas más residiendo en el exterior. Todos son ciudadanos españoles, todos, y a nivel de ciudadanía y de pasaporte cuentan absolutamente, pero también
es importante saber cuál es el origen desde un punto de vista sociológico de estas personas, porque no todos son españoles nacidos en España e, insisto, desde un punto de vista sociológico importa. Ha tenido un efecto muy importante la aplicación
de la Ley de Memoria Histórica pues se han presentado unos 500 000 expedientes de solicitud de nacionalidad española en el exterior. Evidentemente, las personas que han obtenido esa nacionalidad española en aplicación de la Ley de Memoria Histórica
aparecen debidamente registradas en los consulados. Estoy hablando de que se han tramitado más de 500 000 expedientes en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Y luego también hay otro efecto que sociológicamente tiene su importancia y es el
de las personas que vinieron como inmigrantes a España y que contribuyeron, por supuesto, a nuestro sistema cultural y económico, que accedieron a la nacionalidad española y que han regresado a sus
países siendo españoles. Esas personas, si están en países terceros, pueden actuar como españoles, pero si regresan a sus países de origen tienen que actuar necesariamente con la nacionalidad del país de origen La ecuatoriana que ha vuelto
a su país, aunque tenga la nacionalidad española, en Ecuador tiene que actuar como ecuatoriano. Son dos factores importantes porque, de hecho, de entre esos 2 400 000 que yo le he señalado a 1 de enero de 2017, el número de españoles nacidos en
España no alcanza a los 800 000. Vuelvo a insistir en que, desde el punto de vista de ciudadanía, es exactamente lo mismo y tiene el mismo valor.
Decía usted que el presupuesto de la Secretaría General de Inmigración y Emigración actual ha supuesto con respecto al del año 2011 una disminución de un 54 %. Mis datos son que el presupuesto del año 2011 era de 268 millones en total y el
presupuesto del año 2017 es, como he expuesto hoy, de 373,34 millones de euros.
Todos me han preguntado con preocupación qué va a pasar con el tema de los refugiados y de los compromisos adquiridos por España, cómo va a ser ese cumplimiento o no de los compromisos. Ustedes decían que hasta hoy el cumplimiento de los
compromisos no parece acercarse siquiera a la cifra total del compromiso de 15 779 personas. Sobre este tema quiero decirles que el presupuesto está ahí y las personas que están llegando a España no solo vienen dentro de los programas de
reubicación y de reasentamiento. En los últimos dos años, desde el año 2015, se han tramitado solicitudes directas de asilo o de protección internacional en España por un total de 52 226, yo creo que es una cifra bastante importante si la
comparamos con años anteriores. La protección internacional es un término más genérico que engloba tanto la solicitud de asilo como otras formas de protección, en este caso la protección subsidiaria, de hecho la portavoz del Partido Socialista
estaba preocupada porque las resoluciones eran siempre de protección subsidiaria. En España los derechos tanto de una como de otra son equivalentes, la única diferencia es que los solicitantes, los asilados, los que tienen reconocido el estatuto de
asilado, pueden acceder a la nacionalidad española a los cinco años de estar en nuestro país y sin embargo los de protección subsidiaria tienen que esperar a los ritmos que se marcan en función de las nacionalidades en el Código Civil, si es una
persona de un país iberoamericano serán dos años, si es una persona de un país tercero serán diez años. Es decir, los requisitos que marca el Código Civil.
Hecho este inciso, nosotros no podemos inventar y pintar a las personas, tienen que o bien ser traídas, en ese ejercicio de reubicación y reasentamiento -y ahora me centraré en ellos-, o tienen que llegar a nuestro país y solicitar asilo o
protección internacional en suelo español, no podemos inventar otra cosa; si no hay más, pues no hay más. También es verdad que España, siendo frontera sur de Europa, recibe y ha recibido tradicionalmente otro tipo de inmigración que no han tenido
otros países europeos, y esto también lo conocen perfectamente sus señorías.
En el tema de reubicación y reasentamiento, la reubicación, como muy bien saben, supone una excepción al Reglamento de Dublín, la reubicación supone que me voy a traer a unas personas, potencialmente solicitantes de asilo, desde dos países
de la Unión Europea, que son Grecia e Italia, a nuestro país, y digo que es una excepción a la norma general, al Reglamento de Dublín, porque lo que se establece en el Reglamento de Dublín es que una persona, cuando pisa suelo europeo, un país de la
Unión Europea, tiene que solicitar asilo en ese país europeo y ese país tiene que ofrecérselo y tiene que acogerlo. Con la presión migratoria que estaba sufriendo el Mediterráneo oriental y central, Grecia e Italia, se pidió un ejercicio de
solidaridad y responsabilidad, y no les voy a contar toda la historia porque la conocen perfectamente, y de ahí procede la reubicación. Las personas elegibles para ser reubicables no son cualesquiera, y eso también lo conocen ustedes; las personas
reubicables responden a un perfil determinado en las decisiones europeas, que además es revisado trimestralmente por las estadísticas de Eurostat. Han de tener una resolución, han de ser de un país que haya obtenido resolución positiva del Estatuto
de Refugiado en la Unión Europea de un 75 % de media; es decir, todos los países europeos tendrían que alcanzar un 75 % de media de esa nacionalidad para que pudiera ser una persona reubicable, y eso además coincidiendo con el momento de haber
llegado a Grecia o Italia. El caso es que no todos son perfiles reubicables, y como no todos son perfiles reubicables y la excepción de Dublín no juega, en teoría, estas personas han de ser acogidas por los países europeos a los que han llegado, a
Grecia e Italia, en este caso.
Pues bien, en el informe de la Comisión Europea -veo que hacen muy bien los deberes- que se me ha citado aquí también se dice que personas que respondan a ese perfil de reubicables en Grecia no hay más de 14 000, de hecho, hay menos de 14
000, según ese informe, vuelvo a insistir. El tirón de orejas de la Comisión y lo que ha pedido a los países de solicitar una programación mensual, de hacer un esfuerzo
adicional para traernos a un número de personas, España lo ha cumplido y ha cursado ya sus solicitudes respondiendo al llamamiento de la Comisión Europea. Hoy hay muchas personas que están viniendo y que no llegan.
Les puedo asegurar que cuando se gestiona un sistema de acogida la peor pesadilla es esperar y que no lleguen, porque tienes planificado y no llegan. O sea, no es por voluntad de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, no es por
voluntad del Gobierno, porque al final nosotros cursamos las solicitudes, hay un procedimiento a seguir y al final el procedimiento, la logística, no empieza exactamente en nuestro país, empieza en Grecia y en Italia. Esto en cuanto a la
reubicación. Por darles un detalle, en estos momentos en el Sistema Nacional de Acogida están procesadas para venir 2460 personas, no solo de reubicación sino también de reasentamiento, pero de reubicaciones, 1500. Estamos esperando que lleguen y
no llegan. Entonces, como les he dicho, la peor pesadilla para un gestor es que no te digan cuándo vienen.
También les digo que se ha incrementado el ritmo de llegadas, no como querría la sociedad española, que se ha mostrado en todo momento muy solidaria en este tema. Lo he dicho reiteradamente en muchísimos foros, pero desde aquí vuelvo a
insistir en que tenemos una sociedad ejemplar, que ha sido siempre muy partidaria de que las personas llegaran y no hemos tenido aptitudes como las que han surgido en otros países de la Unión Europea que todos seguro tienen en mente.
En el tema del reasentamiento nuestro compromiso es de 1449 personas, ya han llegado 350 y también hay procedimientos en marcha de otras 960 personas. En este caso el reasentamiento se trata de traernos a España a personas que están ya en
campos de refugiados tutelados por el ACNUR. ¿Qué ocurre? Pues igual, que es el ACNUR el que nos ha de entregar los expedientes de las personas que van a venir, y les cuento el procedimiento, sin perjuicio de lo cual esta es una misión común que
hacemos junto con el Ministerio del Interior, y antes he mencionado en mi comparecencia a la Organización Internacional de Migraciones porque interviene directamente en la logística de este procedimiento de reasentamiento. El día 27, mañana, parte
una misión a Líbano para entrevistar a estas personas que van a venir reasentadas. Estamos reasentando, como muy bien conocen ustedes, desde Líbano y desde Turquía.
Lo de la protección subsidiaria, creo que está contestado.
El traslado desde los CETI es una cuestión del Ministerio del Interior, pero, como les he dicho, damos prioridad siempre a los más vulnerables y, por supuesto, prioridad absoluta a los solicitantes de protección internacional.
El Fondo de Apoyo, también lo conocen ustedes perfectamente, siempre ha estado vinculado a la disponibilidad presupuestaria. Desde el año 2012 está sin dotar, porque carecíamos de dotación presupuestaria suficiente, y sigue sin dotarse,
porque es verdad que hemos incrementado muchísimo el presupuesto, pero está muy dirigido a la política de inmigración, de acogida de los solicitantes de asilo y de protección internacional.
El portavoz de En Comú Podem, me ha preguntado un poco lo mismo, sobre el asilo y el refugio, y ha dicho que no encaja el incremento con lo ejecutado. Eso lo he tratado de responder, al menos esa ha sido mi intención. Sobre la construcción
de los CIE con cargo al FAMI, usted se preocupaba sobre la distribución del FAMI y qué hacemos con él. También se preocupaba por esto el señor Campuzano. El Fondo de Asilo, Migración e Integración tiene por objeto general contribuir a la gestión
eficiente de los flujos migratorios y a la aplicación, el refuerzo y el desarrollo de la política común en materia de asilo, la protección subsidiaria y temporal y la política de inmigración común, respetando plenamente los derechos y principios
consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Tiene unos objetivos comunes y luego todos los países tenemos un programa plurianual. El FAMI apoya todas las acciones que abordan todos los aspectos de migración,
incluyendo el asilo, la inmigración legal, la migración legal, la integración y el retorno en sus dos facetas, el retorno forzoso y el retorno voluntario. Yo no puedo decir: No, no quiero FAMI. Es un reparto que me viene dado. El presupuesto
total, que es de 257,10 millones para España, se reparte en esta proporción: 168 millones de euros para el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y 88,50 millones de euros para el Ministerio del Interior. Con motivo de la crisis migratoria de los
refugiados, a esa dotación hay que sumar la cifra de 114,99 millones de euros, importe de los programas de reubicación y reasentamiento. Ese importe está sujeto a la reubicación, es decir, es un pago por persona reubicada y por persona reasentada;
es un único pago de 6000 euros en el caso de persona reubicada y de 10 000 euros en el caso de persona reasentada. Por tanto, mientras no sea efectiva la reubicación o el reasentamiento no se paga esta parte que también es FAMI.
En varias preguntas parlamentarias he respondido con muchísimo detalle a ese desglose del FAMI. Les sugiero que lo miren en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Por supuesto, si quieren entro en el desglose total, pero creo que se
ha respondido con mucho detalle en respuestas a preguntas escritas presentadas por sus señorías a la Secretaría General de Inmigración y Emigración.
Me hablan de nuevas estructuras para asilo, de nuevos centros en lugar de tiendas de campaña. Nosotros no tenemos a ningún solicitante de asilo en tiendas de campaña. ¿Los ha habido? No dentro del Sistema Nacional de Acogida. No digo que
no pueda haber personas, potenciales solicitantes de asilo, que estén en distintos puntos de la geografía española y que se nos puedan escapar, pero nuevamente volvemos a los temas oficiales y de registro, porque mientras no acudan a solicitar asilo
es muy difícil saber que esas personas quieren solicitar asilo. Nosotros no tenemos a solicitantes de asilo en tiendas de campaña; sí hemos tenido tiendas de campaña en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, y los hemos tenido en
momentos de saltos masivos a la valla por una sobreocupación sobrevenida en un espacio temporal muy pequeño, muy pequeño. Entonces hemos solicitado apoyo al Ministerio de Defensa y se nos ha prestado, y hemos plantado unas tiendas de campaña. Nos
ocurrió hace más de un año en Melilla y este año nos ha ocurrido en el CETI de Ceuta. En Melilla fue más fácil, porque tenía más espacio, pero en Ceuta ha sido más complicado y las tiendas son menos, porque no pueden estar, y hemos acelerado las
derivaciones a otros recursos apropiados a la situación administrativa de las personas afectadas.
¿Más centros para refugiados? Pues mire, no se construyen de la noche a la mañana. Es difícil. No es descartable, pero hoy por hoy el sistema de redimensionamiento y refuerzo del Sistema Nacional de Acogida se está realizando a través de
la colaboración con entidades especializadas, que participan en convocatorias en régimen de competencia abierta, en concurrencia competitiva. Ellas gestionan plazas de dos tipos. Casi todas las entidades especializadas cuentan con un pequeño
centro que más o menos responde a las mismas características de nuestros centros. El Sistema Nacional de Acogida cuenta con cuatro centros de acogida gestionados por la propia Administración, por funcionarios, dos están en Madrid, otro en Valencia
y otro en Sevilla. Las entidades no gubernamentales tienen plazas en esos centros que son parecidos a los nuestros y tienen otras plazas que van alquilando en núcleos de viviendas, que pueden ser de alquiler social. Allí se va alojando a los
solicitantes de asilo y se les va prestando apoyo en todo momento, porque siempre están acompañados, sobre todo en el momento de la primera acogida. Es un acompañamiento muy estrecho, un apoyo para gestionar todas sus necesidades, desde las
jurídicas, hasta las administrativas, psicológicas, sanitarias, etcétera.
Nos hablaba de la lentitud en la transferencia de créditos a organizaciones no gubernamentales para las actuaciones que llevan a cabo en general, o sea, les damos dinero con subvenciones pero luego tardan en recibirlo. Los procedimientos
administrativos son los que son y la Ley de transparencia exige mucho más, así que hasta que pasan todas las auditorías. Nosotros intentamos mejorarlo -de hecho, en la última convocatoria hemos tratado de simplificar las justificaciones, que es
otro elemento al que se enfrentan las entidades-, pero es algo que responde a una realidad y no le puedo decir mucho más. En fin, así es la Administración.
¿En qué se van a materializar las partidas de Ceuta y Melilla? Nosotros tenemos unos convenios que este año no serán convenios sino que serán subvenciones directas. Estamos elaborando un real decreto que vamos a tramitar muy pronto, porque
ahora mismo el presupuesto de 2017 está prorrogado. Hasta que sus señorías apoyen su aprobación, tenemos un presupuesto prorrogado y en ese estado de cosas no era posible concertar, como cada año, un convenio específico. Lo que vamos a hacer es un
real decreto, que ya se está elaborando, para dar una subvención directa a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Podrá entrar todo lo que es atención a menores extranjeros no acompañados, porque la virtud de concentrar todos los programas de
inmigración en actuaciones que puedan ser cofinanciables por los fondos europeos ha hecho que las acciones en torno a los menores extranjeros no acompañados puedan ser cofinanciables por fondos europeos. Ahora mismo, la cuantía que aparece en el
presupuesto general, el proyecto que yo he presentado hoy, es igual a la del año pasado, pero no es descartable que se pueda incrementar, porque Ceuta y Melilla así lo han reclamado.
Me preguntan por los contratados y qué va a ser de ellos. Seguro que les agradecen que piensen ustedes en ellos. También nosotros estamos pensando en ellos y por ahora la verdad es que son absolutamente imprescindibles. La necesidad lo
hace todo. En un momento dado se apostó mucho, y son personas que hacen una labor muy importante y que están todas muy atareadas, no están mano sobre mano. A ustedes les parece poco, porque no están viniendo tantos reubicados o tantos reasentados
como
nosotros desearíamos, pero lo cierto es que muchas personas están solicitando asilo en suelo español y todas ellas merecen la misma atención. Todos los que lo necesitan ingresan en nuestro Sistema Nacional de Acogida. Evidentemente, hay
muchas personas que no tienen intención de entrar en el Sistema Nacional de Acogida, pero los que lo piden desde luego lo tienen.
FAMI y planificación hasta el año 2020. Le preocupaba qué parte del FAMI se iba a destinar al Ministerio del Interior para los retornos forzosos. La política de retorno es política común de la Unión Europea. También se apuesta por el
retorno voluntario y en España el retorno voluntario ha sido un ejemplo para los socios europeos.
Al portavoz de Ciudadanos le agradezco muchísimo el tono y sobre todo su predisposición a apoyar los presupuestos generales. La pregunta que ha realizado sobre los emigrantes la he contestado con anterioridad. Los datos son válidos en la
medida en que no tenemos otros. Debemos tomarlos como buenos, primero, porque existe una obligatoriedad en inscribirse en el libro consular. Yo, que he vivido años fuera, soy de la tesis de que las personas que realmente viven años fuera y que
tienen un proyecto de vida fuera acuden al consulado a inscribirse, porque más tarde o más temprano tienen la necesidad de renovar documentos y demás, pero entiendo que la gente con los papeles, como dicen ellos mismos, es un poco perezosa.
Las prestaciones de los niños de la guerra han disminuido. En el año 2015 había 1555 niños de la guerra y en el año 2016 fueron 1414. Es normal que estas personas, por su avanzada edad, fallezcan. Muchos están enfermos y nosotros, antes
de empezar el ejercicio, ya empezamos a solicitar fe de vida, para tener una estimación de lo que pueda pasar. En todo caso, es verdad que la cuantía destinada a niños de la guerra no se ha movido, sigue siendo de 6,35 millones de euros.
En el tema inmigración me ha preguntado si íbamos a ejecutar los 253 millones. Pues mire, la verdad es que de entrada hemos sacado una convocatoria muy importante en materia de asilo y protección internacional, tan importante que casi es
todo ese presupuesto. Eso quiere decir que existe toda la voluntad de ejecutarlo. Seguro que se va a ejecutar. Tengan en cuenta que no se trata solo de tener un presupuesto preparado para la acogida, para la vivienda durante ocho meses; no son
ocho meses ni mucho menos, porque el Programa Nacional de Acogida se compromete con la persona hasta dos años, salvo que al final se haya resuelto que no es merecedor del estatuto de asilo, que también puede ocurrir. En ese caso, normalmente, se
busca una solución, una alternativa por cuestiones humanitarias.
El señor Campuzano se ha marchado, por lo que no merece la pena repetir las respuestas, pues son cuestiones que ya les he ido reiterando.
Les agradezco mucho su paciencia y, dada la hora, lo damos por concluido. Espero que recapaciten, que reflexionen sobre el presupuesto y lo que les he dicho, porque es muy importante. Es un presupuesto muy social. Tenemos que continuar
con el reforzamiento y el redimensionamiento del Sistema Nacional de Acogida para solicitantes y beneficiarios de protección internacional; tenemos que procurar la atención humanitaria a las personas que llegan en situación irregular a España,
incluidos los menores no acompañados; tenemos que continuar desarrollando una política de integración y de retorno conforme a nuestros principios y valores democráticos a través de los programas de subvención -cuando hablo de retorno desde esta
Secretaría General de Inmigración y Emigración siempre me refiero a retorno voluntario- y también tenemos que asegurar la protección social de los españoles mayores en el exterior y retornados, así como de los llamados niños de la guerra cuando
carecen de medios para cubrir sus necesidades básicas. Me preocupa especialmente la asistencia sanitaria, porque realmente son cada vez más mayores en el exterior y la contratación de una asistencia sanitaria ad hoc es cada vez más difícil. Y
sobre todo les quiero decir que para esta Secretaría General de Inmigración y Emigración es importantísimo mantener los vínculos con los españoles residentes en el exterior, porque al final es un enriquecimiento para España, porque ellos pueden
aportar mucho con su retorno, y aunque no retornen físicamente, nos enriquecen con la transferencia intelectual de su conocimiento adquirido en el exterior. Lo importante es tener ese vínculo, que se sientan españoles, que sientan que importan a
nuestro país.
Muchísimas gracias a todos nuevamente por su tono. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Del Corral.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve de la noche.