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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 467, de 18/12/2018
cve: BOCG-12-D-467
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de diciembre de 2018
Núm. 467
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003991 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la retirada de la condecoración de la Orden del Mérito Constitucional a Francisco José Vázquez Vázquez ...
(Página14)
161/004008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre inclusión de preguntas de valoración sobre la confianza en las instituciones del Estado en los cuestionarios
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ... (Página15)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003989 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la retirada de la condecoración de Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a Francisco José Vázquez Vázquez
... (Página16)
161/003996 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la protección de los derechos y libertades fundamentales y a sus defensores en Cuba ... (Página17)
161/004018 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la grave situación política en la República del Ecuador ... (Página19)
161/004047 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se reprueba al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y se le insta a dimitir ... (Página21)
161/004060 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los principios que han de prevalecer en las relaciones bilaterales entre España y México ...
161/004077 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a continuar velando por el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) ... (Página24)
Comisión de Justicia
161/003997 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a pasar de la categoría de Juez a Magistrado en el Partido Judicial de Puerto del Rosario (Fuerteventura), así
como adscribir los Juzgados de lo Penal número 2 de Arrecife y lo Social números 2 y 4 de Arrecife (todos, con sede en Puerto del Rosario) al Partido Judicial de Puerto del Rosario ... (Página26)
161/004010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de dar cumplimiento a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias por parte del
Estado español en el ámbito de la Justicia ... (Página27)
Comisión de Defensa
161/003990 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la retirada de la condecoración de la Cruz del Mérito Militar a Francisco José Vázquez Vázquez ...
161/004035 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas ... (Página30)
161/004067 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso a la cooperación en asuntos de defensa con Estados Unidos de América ... (Página32)
161/004076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre mejora de la sanidad militar ... (Página34)
Comisión de Hacienda
161/004005 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la realización de un estudio de impacto económico y recaudatorio de una posible regulación integral del
cannabis ... (Página35)
161/004015 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación por parte del Gobierno de un Plan Estratégico de Impulso y Crecimiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) ...
161/004043 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo reglamentario e implementación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público ... (Página39)
161/004061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a afectar la totalidad de los fondos originados por la casilla del 0,7 % en la Declaración de la Renta a una finalidad social ...
161/004065 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la garantía de acceso a formularios y textos administrativos en cualquiera de las lenguas cooficiales del
Estado ... (Página41)
161/004072 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a acabar con la infrafinanciación de la educación concertada y evitar la eliminación de las deducciones en el impuesto de la renta de las familias
con hijos en colegios concertados ... (Página43)
Comisión de Interior
161/003988 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre la práctica de los registros corporales externos, la
interpretación de determinadas infracciones y cuestiones procedimentales en relación con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana ... (Página44)
161/004017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de colapso del sistema de asilo y, en concreto, de los trabajadores interinos de la Oficina de
Asilo y Refugio del Ministerio del Interior ... (Página45)
161/004041 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la mejora y el refuerzo del papel de los municipios en el sistema de acogida de personas migrantes y refugiadas
... (Página47)
161/004046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de iniciar el procedimiento para la declaración de zona afectada gravemente por una
emergencia de protección civil a Viveiro (Lugo), gravemente afectada por las fuertes riadas de 18 y 19/11/2018 ... (Página50)
Comisión de Fomento
161/003993 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la construcción de un acceso a la autopista AP-7 en la comarca del Montsià ... (Página52)
161/004012 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal y su contrato regulador ... (Página53)
161/004051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz ... (Página53)
161/004052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la Alta Velocidad en Granada ... (Página54)
161/004063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la mejora en las infraestructuras viales de la provincia de Toledo y su conexión con Madrid ...
161/004064 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre un tren de calidad en la zona de la Sagra, Toledo ... (Página56)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar un grupo de trabajo que realice un plan contra la segregación escolar en el seno de la Conferencia Sectorial de
Educación ... (Página58)
161/004071 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a acabar con la infrafinanciación de la educación concertada y evitar la eliminación de las deducciones en el impuesto de la renta de las familias
con hijos en colegios concertados ... (Página59)
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/004039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la realización de una auditoría integral de los fondos para el empleo con el fin de evitar el derroche de fondos públicos, irregularidades o
fraudes ... (Página60)
161/004042 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la situación de los trabajadores y extrabajadores expuestos al amianto ...
161/004059 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al incremento de los coeficientes reductores de las personas que trabajan en el sector del marisqueo en
Galicia, así como al reconocimiento de sus enfermedades profesionales ... (Página63)
161/004073 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la derogación de la disposición adicional centésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 ... (Página65)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003998 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso a la exportación de almendra y avellana a China ... (Página66)
161/004048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a solicitar a la Comisión de la Unión Europea la aplicación de la cláusula de salvaguardia del artículo 34 del Acuerdo de Asociación Económica de la Unión
Europea con la Comunidad de Estados de África del Sur ... (Página67)
161/004056 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la creación de un Fondo Forestal Nacional ... (Página69)
161/004062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la implantación de medidas de apoyo a la producción de arroz y control de las importaciones de arroz procedente
de Camboya y Myanmar ... (Página70)
161/004074 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reconocer e impulsar la caza como actividad económica, social y medioambiental de interés estratégico en España que contribuye al
desarrollo rural ... (Página72)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/004002 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora en la publicación de datos de las Administraciones Públicas para su uso científico ... (Página73)
161/004038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre cooperación entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña en materia competencial ...
(Página75)
161/004068 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que elimine la tasa de reposición de efectivos en servicios esenciales ... (Página76)
161/004069 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la neutralidad ideológica de espacio público en Cataluña... (Página77)
Comisión de Transición Ecológica
161/004000 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el trasvase del Tajo hacia la cuenca del Segura en Alicante ... (Página78)
161/004001 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la ampliación de la EDAR de Os Praceres (Pontevedra) ... (Página79)
161/004004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la inclusión del cambio climático y la pérdida de biodiversidad en la memoria de impacto normativo ...
161/004025 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a evitar el cierre de los únicos yacimientos petrolíferos existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León ...
161/004033 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del proyecto denominado 'Paseo de Conexión Puerto-Morro Jable', término municipal de Pájara (Isla de Fuerteventura) ...
161/004050 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la recuperación de la gestión y titularidad pública de las centrales hidroeléctricas del Pirineo que han finalizado el plazo concesionario
... (Página84)
161/004053 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la prórroga de la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de 'Nueva EDAR en Santiago de
Compostela' y a la modificación del proyecto actual ... (Página85)
Comisión de Cultura y Deporte
161/003994 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la retirada de figuras y estatuas de Cristóbal Colón ... (Página87)
161/004037 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la ampliación de los incentivos fiscales del acontecimiento 'Camino de la Cruz de Caravaca' hasta septiembre del
año 2021 ... (Página88)
161/004044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la celebración del centenario del primer Festival de Flamenco de la Historia ... (Página88)
161/004045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de una ruta turístico-literaria 'Ruta de la Generación del 27' ... (Página89)
161/004049 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la aportación a los Consorcios de la Ciudad de Toledo y de la Ciudad de Cuenca en los Presupuestos Generales del Estado y la creación de los Consorcios de
las Ciudades de Ávila, Salamanca, Segovia y Alcalá de Henares ... (Página90)
161/004075 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a defender, preservar y reconocer a la Tauromaquia ... (Página92)
Comisión de Economía y Empresa
161/003987 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo de un marco regulador para los procesos de automatización y robotización ...
161/004006 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana, y Mixto, por la que se insta al Gobierno a que ordene a la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) la rescisión de su contrato privado con Eurofund Parc Lleida, S.L. ... (Página96)
161/004009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 1/2010, de 2
de julio ... (Página97)
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
161/004019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la implantación de la identificación biométrica en el ámbito sanitario ... (Página98)
161/004022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de una estrategia nacional en humanización del Sistema Nacional de Salud ... (Página99)
161/004023 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al nuevo reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ... (Página101)
161/004031 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las personas que sufren secuelas de polio y síndrome postpolio ... (Página102)
161/004032 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la respuesta sanitaria y social ofrecida a los afectados por el Síndrome del Aceite Tóxico ...
161/004057 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la asistencia sanitaria de los festejos taurinos populares ... (Página105)
161/004058 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la igualdad de oportunidades de las personas afectadas por el VIH ... (Página106)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003995 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a garantizar la celebración del Congreso ICIAM2019-Valencia en 2019 ... (Página107)
161/004003 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora en la publicación de datos de las Administraciones Públicas para su uso científico ... (Página109)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que el Gobierno de España siga velando por la población etíope mediante acciones humanitarias ...
Comisión de Igualdad
161/003999 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a impulsar medidas para proteger la lactancia materna ... (Página111)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la promoción de incentivos y ayudas para los trabajadores autónomos con alguna discapacidad ... (Página112)
161/004026 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las necesidades específicas de la población reclusa con discapacidad ... (Página113)
161/004027 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a regular el etiquetado en braille en aquellos productos de consumo masivo ...
161/004028 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al acceso de las personas con discapacidad a la información sobre medicamentos ... (Página115)
161/004036 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promoción de la Formación Profesional entre los jóvenes con discapacidad ... (Página116)
161/004040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el etiquetado de productos de consumo masivo en braille ... (Página117)
161/004054 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la evaluación de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del
Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad ... (Página118)
161/004055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre difusión de incentivos a la contratación de personas con discapacidad ... (Página120)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/004013 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la finalización de las obras de la B-24 y la alta siniestralidad de la N-340 ... (Página121)
161/004070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre regulación de distintos elementos de movilidad ... (Página122)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004011 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un Defensor del menor integrado en el Defensor del Pueblo ... (Página123)
161/004029 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a combatir la pobreza infantil ... (Página125)
161/004030 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia a través de las redes ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Justicia
181/001464 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM), sobre medidas previstas para avanzar en la normalización del uso de las lenguas cooficiales en el ámbito de la Justicia ...
Comisión de Defensa
181/001467 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM), sobre disposición que tiene el Ministerio de Defensa a ceder a otras Administraciones Públicas espacios naturales en Galicia que son de su propiedad
pero que están desafectados de uso militar ... (Página128)
Comisión de Hacienda
181/001475 Pregunta formulada por el Diputado don Enric Bataller i Ruiz (GMx), sobre previsiones del Ministerio de Hacienda acerca de aplicar el módulo cero en la declaración del IRPF y establecer ayudas de mínimos para agricultores y
ganaderos afectados por las lluvias acaecidas entre los días 15 y 20/11/2018 ... (Página128)
181/001478 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre opinión del Gobierno acerca de si el uso o no de las lenguas cooficiales en los formularios de la Agencia Tributaria puede depender de motivos de
'economía y oportunidad' como los que la misma Agencia arguye para justificar la inexistencia de versiones en catalán de los modelos 303 y 390 ... (Página129)
181/001479 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre opinión del Gobierno acerca de si la no existencia de versiones en las lenguas cooficiales del Estado de los modelos tributarios 303 y 390
constituye un incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Reino de España en la ratificación en el año 2001 de la Carta Europa de las Lenguas Regionales o Minoritarias o una vulneración del Real Decreto 1465/1999 ...
181/001480 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre opinión del Gobierno acerca de si los contribuyentes que utilizan lenguas cooficiales del Estado tienen el mismo derecho que el resto de
contribuyentes de disponer de los modelos 303 y 390 en su lengua o, por el contrario, se trata de una gracia del Gobierno que puede ser retirada a su discrecionalidad ... (Página130)
181/001481 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre acciones que se dispone a emprender el Gobierno para asegurar que los modelos 303 y 390, así como otros documentos en situaciones similares, estén
plenamente disponibles en todas las lenguas cooficiales del Estado ... (Página130)
181/001482 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre opinión del Gobierno acerca de si la redacción del artículo 15 de la Ley 39/2015, que limita el derecho de comunicación en las lenguas cooficiales
del Estado con la Administración General del Estado a aquellos órganos con sede en una Comunidad Autónoma en que esta lengua sea oficial, representa una interpretación restrictiva y contraria a la letra y espíritu de la Carta Europa de las Lenguas
Regionales o Minoritarias ... (Página130)
Comisión de Interior
181/001497 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), sobre actuaciones previstas para solucionar los retrasos que se están produciendo en Murcia en las citas para las renovaciones de las tarjetas de residencia
y del Número de Identidad de Extranjeros ... (Página131)
Comisión de Fomento
181/001461 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre previsiones para los contratos de conservación de carreteras que se licitarán en el año 2018 ... (Página131)
181/001466 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM), sobre fecha en la que estará operativa la solución técnica definitiva para el problema de los continuos cierres de la autovía A-8 entre Abadín y
Mondoñedo por intensas nieblas ... (Página131)
181/001471 Pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM), sobre actuaciones previstas por el Ministerio de Fomento ante la supresión por la compañía de transporte de viajeros por carretera, Monbus, de
varias líneas de autobús en el territorio de Castilla-La Mancha y en la Comunitat Valenciana ... (Página132)
181/001472 Pregunta formulada por la Diputada doña Tania Sánchez Melero (GCUP-EC-EM), sobre planes del Ministerio de Fomento acerca del desarrollo de la Variante A-1 ... (Página132)
181/001473 Pregunta formulada por la Diputada doña Tania Sánchez Melero (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de las obras y actuaciones para dotar al municipio de Rivas Vaciamadrid de enlace con la carretera M-50 ...
181/001487 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre medidas previstas en la línea R4 Rodalies Barcelona afectada en el descarrilamiento ocurrido el día 20/11/2018, para evitar que sucesos como este se vuelvan
a producir ... (Página133)
181/001488 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre situación del mantenimiento de la línea R4 Rodalies Barcelona afectada en el descarrilamiento ocurrido el día 20/11/2018 ...
181/001489 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre acciones informativas, de distribución de tráficos o cualquiera otra preventiva, adoptadas por el Gobierno para evitar la situación vivida por miles de
transportistas españoles en la frontera francesa con motivo de la huelga de protesta contra la subida de los carburantes ocurrida en Francia a mediados de noviembre ... (Página133)
181/001490 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre medidas previstas para que la situación de bloqueo padecida por miles de transportistas españoles en la frontera con Francia con motivo de la huelga de
noviembre por el alza de precio de los carburantes, no vuelva a tener lugar ... (Página133)
181/001491 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre motivos de la falta de celeridad del Gobierno en trasladar la protesta al Gobierno francés por la vulneración del derecho a la libre circulación de los
transportistas españoles con motivo de las movilizaciones de protesta contra la subida de los carburantes ocurrida en Francia a mediados de noviembre ... (Página134)
181/001492 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre motivos de la inacción del Gobierno para no informar a los transportistas españoles de la situación una vez iniciados los cortes en la frontera francesa con
motivo de las movilizaciones de protesta contra la subida de los carburantes ocurrida en Francia a mediados de noviembre ... (Página134)
181/001493 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre medidas previstas para exigir el resarcimiento de las pérdidas ocasionadas a los transportistas españoles por la huelga de protesta contra la subida de los
carburantes ocurrida en Francia a mediados de noviembre ... (Página134)
181/001494 Pregunta formulada por la Diputada doña María Dolores Marcos Moyano (GP), sobre previsiones del Ministerio de Fomento acerca del desplazamiento de la estación ferroviaria de Alta Velocidad prevista en Plasencia, así como ubicación
definitiva de la misma, plazos y presupuesto ... (Página135)
181/001496 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana Marcello Santos (GCUP-EC-EM), sobre valoración y compromiso del Ministerio de Fomento respecto al desarrollo de la autovía entre León y Bragança ...
181/001498 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre autorización por el Ministerio de Fomento de la distribución de folletos con el logo de PSPV/PSOE en las estaciones de trenes titularidad de Renfe ...
181/001499 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre medidas adoptadas o previstas en relación con la distribución, por personal contratado, de folletos con el logo de PSPV/PSOE en las estaciones de trenes
titularidad de Renfe ... (Página136)
181/001500 Pregunta formulada por el Diputado don José Vicente Marí Bosó (GP), sobre actuaciones realizadas y/o previstas en la supervisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia de navegación aérea, y en el control e inspección
a las compañías aéreas de sus obligaciones referentes a las tarifas y bonificaciones en materia de transporte aéreo, así como aquellas específicamente destinadas a detectar el fraude, en los archipiélagos de Baleares y Canarias ...
181/001501 Pregunta formulada por la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de defender ante la Unión Europea la necesidad de incluir la conexión ferroviaria Vigo-Porto en el Corredor Atlántico de
Redes Transeuropeas de Transporte ... (Página136)
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
181/001495 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de derogar la disposición adicional centésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 para que el Ejecutivo central y las Comunidades Autónomas acuerden en la Conferencia Sectorial de Inmigración programas de acción bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes ... (Página137)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001449 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), sobre previsiones acerca de la aprobación del Real Decreto sobre contratación en el sector lácteo ... (Página137)
181/001450 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), sobre cambios previstos en el futuro Real Decreto sobre contratación en el sector lácteo ... (Página137)
181/001451 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), sobre valoración de la propuesta de la Comisión Europea sobre los fondos de la PAC ... (Página138)
181/001452 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), sobre postura del Gobierno de España ante la propuesta de la Comisión Europea sobre los fondos de la PAC ... (Página138)
181/001453 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), sobre previsiones acerca de asumir la petición de la Xunta de Galicia de facilitar la cesión de derechos de pago básico entre padres e hijos o entre cónyuges
que continúen con la explotación ... (Página138)
181/001454 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), sobre opinión del Ministerio acerca de si se logró un buen resultado en la financiación de la PAC para el periodo 2014-2020 ...
181/001455 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), sobre previsiones acerca de la evolución de las negociaciones del nuevo Marco Financiero Plurianual y la PAC ... (Página139)
181/001456 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), sobre previsiones acerca de poner en marcha alguna medida para facilitar el traspaso de explotaciones y tierras a jóvenes agricultores ...
181/001457 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), sobre previsiones acerca de tener en cuenta a las comunidades regantes en Ourense y sus necesidades ... (Página139)
181/001458 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), sobre previsiones acerca de tener en cuenta las características específicas de Galicia respecto a la importancia del ámbito forestal ...
181/001459 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), sobre previsiones acerca de tener en cuenta las demandas del sector respecto a los derechos de plantación de los viticultores ...
181/001460 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), sobre previsiones acerca de tener en cuenta las características específicas de Galicia respecto al peso de las PYMEs en la composición del tejido productivo
... (Página140)
181/001468 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), sobre valoración de las recomendaciones y resoluciones en materia de ordenación adoptadas en 2018 por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico (ICCAT) para la conservación de los túnidos atlánticos y especies afines ... (Página140)
181/001469 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), sobre planteamientos del Gobierno ante el establecimiento de los límites de pesca para la mayoría de las especies comerciales del Atlántico noreste que
tendrá lugar próximamente por parte del Consejo de Ministros de la Unión Europea ... (Página141)
181/001470 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), sobre valoración de la aprobación por el Consejo de Ministros de la Unión Europea de los totales admisibles de capturas (TAC) y las cuotas para especies de
aguas profundas en los años 2019 y 2020 que permiten la sobrepesca para algunas de ellas ... (Página141)
181/001476 Pregunta formulada por el Diputado don Enric Bataller i Ruiz (GMx), sobre previsiones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acerca de aplicar el módulo cero en la declaración del IRPF y establecer ayudas de mínimos
para agricultores y ganaderos afectados por las lluvias acaecidas entre los días 15 y 20/11/2018 ... (Página141)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
181/001462 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Xuclà i Costa (GMx), sobre previsiones acerca de impulsar la derogación de la disposición adicional 41.ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 y siguientes, lo cual permitiría al Gobierno de la Generalitat hacer efectivo el pago de las pagas extraordinarias 2013 y 2014 a sus trabajadores ... (Página142)
181/001463 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM), sobre medidas previstas para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas de Galicia por la Administración General del Estado
cuando desean ser atendidos en lengua gallega al realizar trámites o entregar documentación ... (Página142)
Comisión de Transición Ecológica
181/001483 Pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa de Lara Carbó (GP), sobre redefinición de todo el proceso de planificación hidrológica anunciada por el Secretario de Estado de Medio Ambiente ...
181/001484 Pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa de Lara Carbó (GP), sobre opinión del Secretario de Estado de Medio Ambiente acerca de si con su propuesta de duplicar la desalación hasta los 400 hm3 conseguirá paliar el
déficit en el Levante español ... (Página143)
181/001485 Pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa de Lara Carbó (GP), sobre opinión del Secretario de Estado de Medio Ambiente acerca de si su afirmación de que 'quizás' en el Segura se garanticen los regadíos ya instalados,
proporciona seguridad jurídica a los regantes ... (Página143)
181/001486 Pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa de Lara Carbó (GP), sobre inclusión de la etapa socialista 2008-2012 cuando el Secretario de Estado de Medio Ambiente habla de recuperar lo que no se ha hecho en los últimos 10
años en materia de desalación ... (Página144)
Comisión de Cultura y Deporte
181/001465 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM), sobre análisis del quinto y último informe remitido en enero de 2018 al Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias que
contiene datos manipulados no fidedignos de la situación real de la lengua gallega ... (Página144)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/039912 Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio Díaz Pérez, Yolanda
Titularidad de la Casa Cornide de A Coruña... (Página144)
184/040007 Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Medidas para investigar en España el caso de fraude fiscal producido en Europa, con presunta implicación de un banco español, regulando las prácticas empleadas para evitar que se produzcan nuevamente...
184/040077 Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian
Denegación por la Audiencia Nacional de la solicitud formulada por la juez Servini para interrogar a Martín Villa en relación con los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz... (Página150)
184/040122 Autor: Igea Arisqueta, Francisco Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando Clemente Giménez, Diego
Plasmación de la eliminación del copago farmacéutico en el borrador de Presupuestos Generales del Estado... (Página151)
184/040392 Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Retirada de la condecoración de la Orden del Mérito Constitucional a Francisco José Vázquez Vázquez, tras las declaraciones efectuadas en la Cadena Cope el día 31/10/2018... (Página152)
184/040495 Autor: Moya Matas, Jaume Botejara Sanz, Amparo
Opinión del Gobierno acerca de si la privación de libertad del Sr. Alberto Cañedo respondería a razones de justicia, equidad o utilidad pública, así como solicitud de indulto recibida del mismo... (Página153)
184/040803 Autor: García Sempere, Eva
Medidas previstas para salvaguardar la libertad de expresión y la protección a la ciudadanía comprometida con los valores democráticos a la hora de informar sobre el actual auge del fascismo en nuestra sociedad y para garantizar que no
puedan realizarse actividades de exaltación franquista dentro de un edificio de titularidad municipal, así como valoración que hace el Gobierno sobre una solicitud de sentencia de 2 años y 6 meses de cárcel por realizar una labor informativa que
venía autorizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona... (Página154)
184/040871 Autor: De la Torre Díaz, Francisco Ten Oliver, Vicente Cano Leal, Francisco Javier
Uso de sociedades instrumentales para pagar menos impuestos por parte de la Ministra de Economía y Empresa... (Página155)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/003991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso,
presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión Constitucional, relativa a la retirada de la condecoración de la Orden del Mérito Constitucional a Francisco José Vázquez Vázquez.
Exposición de motivos
El exembajador de España en el Vaticano y exalcalde de A Coruña, Francisco José Vázquez Vázquez, en una entrevista concedida a la Cadena COPE, el pasado 31 de octubre de 2018, ha criticado la visita de la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen
Calvo, al Vaticano, atacando, entre otras cuestiones, su forma de vestir, calificándola de 'inapropiada', y afirmando que su 'estética era bastante discutible'. Esta actitud hacia la Ministra es un insulto hacia todas las mujeres, ya que atenta
contra la libertad de cualquiera persona a decidir lo que es una indumentaria 'apropiada' y son declaraciones propias de una época pasada, en la que primaba una situación de total opresión hacia las mujeres.
Además, desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea denunciamos estas declaraciones por discriminatorias, y exigimos que una persona que no muestra respecto por la mitad de la población de este país no
debe representar a España en ningún órgano ni institución pública y, asimismo, le deben ser retiradas las condecoraciones que el Estado y el Gobierno de nuestro país le han concedido en el pasado, ya que Francisco Vázquez no representa, en la
actualidad, la defensa de los valores democráticos que rigen en nuestra sociedad.
En la citada entrevista, Francisco Vázquez también se atrevió a cuestionar el propio motivo de la visita de la Vicepresidenta del Gobierno al Vaticano, afirmando que fue un 'dislate absoluto', y calificando como 'operación muy burda' que el
Ejecutivo acuda al Vaticano a pedir mediación para evitar que Franco sea enterrado en La Almudena.
El exembajador de España ante el Vaticano y exalcalde de A Coruña también dedicó parte de su entrevista a criticar la Ley de Memoria Histórica, a la que considera un 'revanchismo loco', 'un remedo de la ley de represión del comunismo y la
masonería', sentenciando que 'están haciendo lo mismo que otros hicieron en el 36, intentando ganar la guerra que perdieron sus abuelos'.
Recordemos que Francisco Vázquez es uno de los firmantes del Manifiesto por la Historia y la Libertad de la Fundación Francisco Franco, escrito publicado en marzo de este año que critica la Proposición de Ley de Memoria Histórica del Partido
Socialista, y que según reza en él manifestó, 'tiene la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales' sobre el último siglo. Se refieren a la Comisión de la Verdad como una amenaza a
quienes mantengan 'opiniones divergentes a la verdad única'.
El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio de Presidencia, concedió a Francisco Vázquez la Orden del Mérito Constitucional, una condecoración civil española creada por el gobierno de Felipe González en la IIl Legislatura mediante
Real Decreto de 18 de noviembre de 1988 concedida a 'aquellas personas que hayan realizado actividades relevantes al servicio de la Constitución y de los valores y principios en ella establecidos' y puede ser concedida 'tanto a personas físicas como
jurídicas, públicas o privadas, españolas o extranjeras'. Su actual regulación está contenida en la Orden PRE/3170/2003, de 11 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 22 de noviembre de 1988, por la que se aprueba el Reglamento de la Orden
del Mérito Constitucional, y es otorgada por el Consejo de Ministros.
Las declaraciones del exembajador de España ante el Vaticano, Francisco Vázquez, en la Cadena Cope, el pasado 31 de octubre de 2018 atentaban directamente contra la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Presidencia, Carmen Calvo, que es,
asimismo, la Canciller de la Orden del Mérito Constitucional. Pero las manifestaciones de Francisco Vázquez no solo atentan con una integrante del Gobierno de España, sino que también lo hacen contra la libertad de todas las mujeres, y contra la
democracia en nuestro país, motivo por el cual, desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea solicitamos la retirada de dicha condecoración.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda a la retirada de la condecoración de la Orden del Mérito Constitucional a Francisco José Vázquez Vázquez por atentar, con sus declaraciones, contra la dignidad de las mujeres, y
contra la memoria histórica, así como por la falta de respeto a las víctimas del franquismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea.
161/004008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la inclusión de preguntas de valoración sobre la confianza
en las instituciones del Estado en los cuestionarios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Como viene siendo habitual desde hace tres años, el cuestionario confeccionado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para sus barómetros de opinión no incluye ninguna pregunta de valoración sobre la monarquía y otras
instituciones del Estado. La última vez que la institución demoscópica incluyó un apartado para que los ciudadanos dijeran qué confianza les merecían determinadas instituciones, entre ellas la Jefatura del Estado, fue en abril de 2015.
La monarquía obtuvo entonces una nota de 4,34 sobre 10. La nota era ligeramente superior a la de un año antes, pero seguía siendo un suspenso a pesar de que se había producido el relevo al frente de la jefatura del Estado.
La pregunta sobre la confianza en las instituciones ha desaparecido desde abril de 2015 y desde el CIS no se ha comunicado cuándo volverá a incluirse. Según informaciones publicadas por medios de comunicación, el Gobierno se limita a
atribuir a criterios 'técnicos' la desaparición de esa pregunta y, en el caso concreto de la monarquía, se escuda en que el termómetro social ya aparece reflejado en la respuesta que dan los encuestados cuando la sitúan como uno de los problemas que
tiene el país.
El CIS sí viene incluyendo a otras instituciones, como los bancos, el Parlamento, el Poder Judicial, los medios de comunicación o las ONG en las encuestas poselectorales. Sin embargo, deja fuera al resto de instituciones por las que
preguntaba el 'grado de confianza' de los ciudadanos, entre las que se encontraban además de la monarquía y la iglesia, el Tribunal Constitucional, los sindicatos, la Policía, el Defensor del Pueblo, o las Fuerzas Armadas, entre otras.
Es una situación absolutamente anómala que da la espalda al evidente interés sociológico que suscitan en la actualidad las actitudes de la opinión pública respecto a tales instituciones.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse las medidas necesarias para que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) vuelva a incluir en sus cuestionarios preguntas de valoración sobre la confianza en las
instituciones y, en concreto, sobre la monarquía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Antonio Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso,
presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, relativa a la retirada de la condecoración de Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a Francisco José Vázquez Vázquez.
Exposición de motivos
El exembajador de España en el Vaticano y exalcalde de A Coruña, Francisco José Vázquez Vázquez, en una entrevista concedida a la Cadena Cope, el pasado 31 de octubre de 2018, ha criticado la visita de la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen
Calvo, al Vaticano, atacando, entre otras cuestiones, su forma de vestir, calificándola de 'inapropiada', y afirmando que su 'estética era bastante discutible'. Esta actitud hacia la Ministra es un insulto hacia todas las mujeres, ya que atenta
contra la libertad de cualquier persona a decidir lo que es una indumentaria 'apropiada' y son declaraciones propias de una época pasada, en la que primaba una situación de total opresión hacia las mujeres.
Además, desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea denunciamos estas declaraciones por discriminatorias, y exigimos que una persona que no muestra respeto por la mitad de la población de este país no
debe representar a España en ningún órgano ni institución pública y, asimismo, le deben ser retiradas las condecoraciones que el Estado y el Gobierno de nuestro país le han concedido en el pasado, ya que Francisco Vázquez no representa, en la
actualidad, la defensa de los valores democráticos que rigen en nuestra sociedad.
El exembajador de España ante el Vaticano y exalcalde de A Coruña también dedicó parte de su entrevista a criticar la Ley de Memoria Histórica, a la que considera un 'revanchismo loco', 'un remedo de la ley de represión del comunismo y la
masonería', sentenciando que 'están haciendo lo mismo que otros hicieron en el 36, intentando ganar la guerra que perdieron sus abuelos'.
Recordemos que Francisco Vázquez es uno de los firmantes del Manifiesto por la Historia y la Libertad de la Fundación Francisco Franco, escrito publicado en marzo de este año que critica la Proposición de Ley de Memoria Histórica del Partido
Socialista, y que según reza en él manifestó, 'tiene la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales' sobre el último siglo. Se refieren a la Comisión de la Verdad como una amenaza a
quienes mantengan 'opiniones divergentes a la verdad única'.
El Consejo de Ministros presidido por José Luis Rodríguez Zapatero concedió, a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y de Defensa, José Bono, la condecoración a Francisco Vázquez de la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil. Esta condecoración instituida por Alfonso XIII en junio de 1926, la otorga el Rey a personalidades de reconocido prestigio por su contribución al bien común. El gobierno de la II República suprimió dicha Orden por Decreto
de 24 de julio de 1931,
siendo restituida con sus anteriores características, privilegios y antigüedad por Decreto de 7 de noviembre de 1942. Los numerosos cambios experimentados desde dicha fecha provocaron su actualización por lo que, por Real Decreto de 6 de
noviembre de 1998, fue aprobado el actual Reglamento.
Las declaraciones del exembajador de España ante el Vaticano, Francisco Vázquez, en la Cadena Cope, el pasado 31 de octubre de 2018 no solo atentan contra una de las integrantes de este Consejo de Ministros, y por tanto del Gobierno de
España, sino también contra la libertad de todas las mujeres y contra los propios valores democráticos en nuestro país, con lo que no solo no defiende el bien común, motivo de la condecoración, sino que atenta contra él. Es por eso que desde el
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea solicitamos la retirada de dicha condecoración.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda a la retirada de la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a Francisco José Vázquez Vázquez por atentar, con sus declaraciones, contra la dignidad de las
mujeres, y contra la memoria histórica, así como por la falta de respeto a las víctimas del franquismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección de los Derechos y Libertades Fundamentales y
a sus Defensores en Cuba, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El régimen cubano ha estado dominado por los hermanos Castro durante los últimos 50 años. Bajo su mandato, los cubanos han sufrido una dura represión de sus derechos y libertades fundamentales que se mantiene hasta el día de hoy. Según la
edición de 2017 del Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, Cuba obtiene una puntuación de 3.31 sobre 10, lo que corresponde a un régimen claramente autoritario. Por otro lado, según la edición de 2018 del índice de libertad de
Freedom House, Cuba es clasificada como 'no libre', obteniendo la mínima puntuación posible en 'derechos políticos' y una puntuación similar en el apartado 'derechos civiles'. Asimismo, se le califica como país 'no libre' en términos de libertad de
prensa.
Como resultado, entre 1996 y 2016 las relaciones diplomáticas entre Cuba y la Unión Europea -establecidas en 1988- se regían por la Posición Común. El principal objetivo de la Posición Común era animar al régimen castrista a avanzar hacia
una transición a la democracia y mejorar su respeto por los derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, Cuba siempre rechazó esta Posición Común por considerarla una injerencia en sus asuntos internos.
El régimen castrista comenzó a mostrar signos tímidos de aperturismo en momentos puntuales, como la visita del Papa Juan Pablo II en 1998, que propició la liberación de algunos presos políticos. El fin de la Unión Soviética y de su apoyo al
régimen supuso para muchos un atisbo de esperanza de que hubiera un cambio hacia la democracia en la isla. Esto no ocurrió, y la negativa del régimen a avanzar en materia de derechos y libertades se perpetuó, llevando a una ampliación de la
Posición Común. Sin embargo, en los 2000, el giro en Latinoamérica hacia las posiciones bolivarianas hizo que el régimen cubano encontrara nuevos socios internacionales, especialmente Venezuela, para obtener un paraguas bajo el que seguir
reprimiendo a su población. Además, la primacía de los intereses comerciales en la isla por parte de
EEUU frente al avance comercial de China en América Latina hizo que la Administración Obama buscara un acercamiento con el régimen cubano en 2014. Esto hizo a la Unión Europea cambiar también su posición para no quedar atrás en la carrera
por las inversiones en la isla, dejando a un lado la primacía de los derechos y libertades en lo que respectaba a las relaciones con Cuba.
En 2016, la Posición Común fue rechazada y se firmó un nuevo acuerdo entre Cuba y la UE para iniciar un Diálogo Político (PDCA, por las siglas en inglés del acuerdo) que se esperaba que supusiera nuevos cambios en la relación bilateral. Las
negociaciones para este Diálogo Político comenzaron en 2014 y el acuerdo comenzó a aplicarse en noviembre de 2017. Se esperaba que este acercamiento propiciara realmente un cambio en el régimen cubano, especialmente con la vista puesta en el relevo
de Raúl Castro al frente del país. Un relevo abría la posibilidad de que llegara al poder un nuevo dirigente, más joven y más propenso a emprender reformas significativas.
Sin embargo, cuando en abril de 2018 se produjo ese relevo las expectativas se truncaron. Miguel Díaz-Canel fue elegido por los 604 Diputados de la Asamblea Nacional y ratificado por Raúl Castro, que permanece como líder del Partido
Comunista de Cuba hasta 2021. En su primer discurso como presidente, Díaz-Canel, lejos de presentar un aire de renovación, ofreció dar continuidad a la Revolución y dijo que Raúl Castro 'encabezará las decisiones para el presente y futuro de la
nación', por lo que el continuismo sigue asegurado en el régimen cubano.
Con la intención de demostrar un ánimo reformista, Miguel Díaz-Canel ha impulsado un nuevo proyecto constitucional. Pese a que, cosméticamente, hay asuntos importantes como la limitación de mandatos presidenciales, el reconocimiento de la
propiedad privada o la aprobación del matrimonio homosexual. Sin embargo, el Partido Comunista continúa siendo el único partido legal, lo que suprime la oposición a las posiciones del régimen y mantiene la violación de derechos y libertades
fundamentales. En definitiva, los cambios reales para mejorar la vida de los cubanos aún parecen lejanos. El régimen ha planteado que a la aprobación del proyecto por la Asamblea le siga una consulta popular hasta el 15 de noviembre de 2018.
Posteriormente, el proyecto se someterá a referéndum. Sin embargo, sin contar con los estándares democráticos mínimos, no es esperable que ese proceso participativo sea justo y equitativo y, por tanto, sigue supeditado a lo que el Partido Comunista
ordene. Justo en los días posteriores a la finalización de la consulta es cuando se espera la visita del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la isla.
Sin embargo, una demostración del continuismo en el régimen cubano es que la represión se ha endurecido y en el primer mes de mandato de Miguel Díaz-Canel se detuvo a 288 opositores cubanos, de los cuales 216 eran mujeres, principalmente
miembros del colectivo Damas de Blanco. Además, según la presidenta de esta organización, Berta Soler, 'no menos de doce policías' vigilan su sede cada semana durante 72 horas entre jueves y domingo, aunque en ocasiones como el día del relevo
presidencial o el Primero de Mayo el dispositivo se extiende hasta diez días. Además, según los datos de Reporteros sin Fronteras sobre libertad de expresión y libertad de prensa, en 2018 contabilizaban 78 profesionales asesinados -entre
periodistas, blogueros y colaboradores- y 335 profesionales encarcelados. La disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) también registró en octubre de 2018 al menos 578 detenciones temporales arbitrarias por
motivos políticos, la cifra más alta en lo que va de año. En definitiva, la represión no ha disminuido, sino que se ha recrudecido.
Pese a esto, el Presidente del Gobierno afirmó no haber tratado el asunto de los derechos humanos en su reunión bilateral con Miguel Díaz-Canel en Nueva York durante la apertura del curso político de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. La justificación dada por Moncloa, al parecer, era que 'se trataba de un asunto interno', pese a que el derecho internacional obliga a los Estados a promover y respetar los derechos y libertades fundamentales. Las Damas de Blanco ya han
anunciado que han pedido reunirse con el Presidente del Gobierno en la visita que realizará a Cuba en noviembre de 2018. El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha registrado una batería de preguntas al Gobierno de España, aún sin responder, sobre si el
Presidente del Gobierno se reunirá con la oposición cubana y si realizará gestiones con el régimen cubano para la liberación de opositores.
Precisamente, en noviembre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una propuesta de resolución común sobre Cuba. En ella, los eurodiputados lamentan que no ha mejorado la situación en materia de derechos humanos y democracia, aun estando en
vigor el PDCA. Asimismo, como resultado de esa falta de mejora, la resolución insta a la Comisión Europea a que monitorice los avances que se puedan producir en Cuba para que, si no se cumple en materia de derechos humanos y democracia, se aplique
la cláusula de suspensión del PDCA.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno a:
1. Condenar la falta de derechos y libertades fundamentales del régimen cubano, ahora liderado por Miguel Díaz-Canel.
2. Organizar una reunión con la oposición cubana en el seno de la visita que el Presidente del Gobierno realizará a la isla en noviembre de 2018.
3. Realizar las gestiones oportunas con el régimen cubano para que proceda a la liberación de los opositores y periodistas encarcelados por motivos políticos.
4. Dar cumplimiento a la propuesta de resolución aprobada por la mayoría del Parlamento Europeo en noviembre de 2018 sobre falta de derechos y libertades fundamentales en Cuba, impulsando en las instituciones de la Unión Europea la
activación de la cláusula de suspensión del Diálogo Político (PDCA) por falta de avances en esta materia.
5. Elevar, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la situación en la que se encuentran las activistas pro-derechos humanos en Cuba para llevar a cabo una investigación de las violaciones cometidas por el régimen
cubano.
6. Establecer un diálogo con las empresas españolas con intereses de inversión en Cuba para que contribuyan con sus acciones a la apertura democrática del régimen cubano, así como a la protección y la defensa de los derechos y libertades
fundamentales en Cuba.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su
debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre la grave situación política en la República del Ecuador.
Exposición de motivos
Desde la elección, el 24 de mayo de 2017, del nuevo Presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, y sobre todo durante los últimos meses ha habido un claro proceso de involución democrática en el país. Esta degeneración
sistemática no solo ha ido violentando paulatinamente los preceptos constitucionales más básicos, sino que también se ha socavado el Estado de Derecho, habiendo sido este reemplazado por una concepción meramente patrimonialista del mismo.
El 30 de noviembre de 2017 el Presidente del Ecuador convocó un referéndum constitucional y consulta popular. Esta consulta, que como señaló la Misión de Observadores Electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se llevó a
cabo sin que la Corte Constitucional emitiese dictamen de constitucionalidad, proponía la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un ente encargado de realizar los concursos de mérito y oposición para
designar a las más altas autoridades judiciales y de control del Ecuador. Con el resultado de la consulta, se procedió a cesar de manera cuando menos irregular a los entonces miembros del CPCCS.
Paralelamente, en diciembre de 2017, el entonces Vicepresidente electo del Ecuador, Jorge Glas Espinel, se convertía en el primer preso político del Gobierno ecuatoriano al ser condenado por un supuesto delito de asociación ilícita
exclusivamente en base al testimonio de un corrupto confeso de Odebrecht. A Jorge Glas lo sentenciaron con un código derogado, para así poder presuntamente aumentar la pena, evitar que saliese libre y pudiera seguir en su cargo de Vicepresidente de
la República.
Unos meses después, el 6 de febrero de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió a la Corte interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una solicitud de medidas provisionales a favor de Edwin Leonardo Jarrín
Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela
Vera García, con la finalidad de que ordenase al Estado que se abstuviera de destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador. También se solicitó abstenerse de crear un CPCCS Transitorio que
pudiera generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Lamentablemente, la
solicitud llegó a la Corte dos días después del referéndum y consulta popular.
El 6 de marzo de 2018, a partir de ternas propuestas por el Presidente Moreno, entró en funciones un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que desde entonces se ha excedido en sus atribuciones. Este CPCCS
Transitorio ha destituido funcionarios que son sometidos a control de la Asamblea Nacional (entre ellos al Defensor del Pueblo, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, a Superintendentes de Bancos, al Superintendente de
Compañías, al Superintendente de Comunicación, y al Consejo Nacional de la Judicatura) y ha suspendido el concurso de jueces y fiscales. No solo cesó a los citados altos funcionarios del Estado, sino que posteriormente nombró a sus sustitutos a
través de un concurso carente de las más mínimas garantías de transparencia, y ordenó la toma de posesión de las actuales autoridades.
Este desmantelamiento de las instituciones fijadas por la Constitución ecuatoriana continuó en agosto de 2018, cuando este CPCCS Transitorio cesó a los magistrados de la Corte Constitucional, que actualmente se encuentra vacante en su
totalidad, suponiendo una falta de garantías constitucionales para la ciudadanía y un grave atentado contra el Estado de Derecho.
El 21 de octubre de 2018, después de que el exsecretario de comunicación del gobierno del Presidente Rafael Correa informara a las autoridades de que, por falta de garantías al debido proceso, había salido del país en busca de asilo
político, se trasladó de manera expedita al exvicepresidente Jorge Glas al Centro de Detención de Latacunga, una cárcel de alta seguridad situada a unos 100 kilómetros de la capital, Quito, poniendo en altísimo riesgo su integridad física. A raíz
de este hecho, Jorge Glas se declaró en huelga de hambre y señaló a través de una carta que su vida corría peligro y que su traslado a la cárcel de Latacunga buscaba humillarlo y vengarse de él.
Ese mismo día, el actual secretario de comunicación, Andrés Michelena, informó de que el Gobierno había exhortado a las autoridades de la administración de Justicia para que emitiesen la prohibición de salida del país a exfuncionarios -altos
y medios- del Gobierno del expresidente Rafael Correa.
El 31 de octubre de 2018 la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido de Fiscalía y vinculó al proceso de presunto peculado (malversación de fondos públicos) a ocho personas, dictando prisión para siete de ellas: cinco exfuncionarios de
la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) y dos exproveedores. Entre los detenidos figuran 3 periodistas: Marco Bravo, Javier Lemos y Carlos Bravo. En este caso, también se está investigado el exsecretario de comunicación, Fernando Alvarado.
Asimismo, el propio expresidente Rafael Correa tiene abiertos una serie de procesos en su contra. En uno de ellos, se dictó prisión preventiva y el gobierno ecuatoriano llegó a solicitar a la Interpol la emisión de una alerta roja de busca
y captura. El pedido formulado a la Interpol está todavía pendiente de respuesta. Ante esta situación, Rafael Correa ha pedido recientemente asilo político en Bélgica, país donde reside junto a su familia desde 2017.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convocar al Embajador de la República del Ecuador en España, y solicitar información relativa a la situación en la que se encuentra el exvicepresidente Jorge Glas, así como son las condiciones de su encarcelamiento.
2. Expresar su rechazo ante la persecución política a la que están sometidos los miembros del gobierno anterior y a la vulneración del principio de separación de poderes y del Estado de Derecho en Ecuador.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Miguel Ángel Bustamante Martín, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català D. Jordi Xuclà i Costa, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la
Comisión de Asuntos Exteriores, una Proposición no de Ley por la que se reprueba al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y se le insta a dimitir.
Exposición de motivos
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras una larga investigación abierta con un expediente en 2017, ha sancionado, por infracción muy grave, con 30.000 euros al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
Josep Borrell, por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa, empresa en la que era consejero.
Según la información, los hechos ocurrieron en noviembre de 2015, momento en que la compañía pasaba por un momento crítico hasta que el 25 de ese mismo mes presentó concurso de acreedores y las acciones cayeron un 65 %. El ministro de
Exteriores usó la información privilegiada que tenía y, por este motivo, realizó una operación valiéndose del conocimiento que tenía y ordenó la venta de un paquete de acciones a nombre de su exesposa, Carolina Mayeur, que de esa forma pudo vender a
un precio mejor teniendo en cuenta lo que podía pasar.
La Ley del Mercado de Valores, en el artículo 227, prohíbe a quien disponga de información privilegiada preparar o realizar cualquier tipo de operación sobre los valores negociables, comunicar dicha información a terceros, o recomendar a un
tercero que adquiera o ceda valores negociables o instrumentos financieros que haga que otro los adquiera o ceda basándose en dicha información. Este hecho muestra como el Ministro de Exteriores incumplió dicha ley, es un ejemplo de
incompatibilidad ética entre el ejercicio del cargo de Ministro y haber utilizado información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa.
Una vez ha sido sancionado por la CNMV, por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa, el Ministro de Exteriores admitió los hechos, considera que fue un error, pero no asume consecuencias. Solo por ello ya le
correspondería dimitir.
Sin embargo, más allá de su ética personal en esta cuestión, el balance de gestión de los escasos meses transcurridos desde el nombramiento del Ministro Borrell es nefasto en múltiples ámbitos.
Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados reprueba al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y le insta a dimitir. En el caso que no lo haga, solicita al Presidente del Gobierno a que proceda a cesar al Ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación Sr. Josep Borrell.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2018.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores, relativa a los principios que han de prevalecer en las relaciones bilaterales entre España y México.
Exposición de motivos
El día 1 de diciembre de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador toma posesión de su cargo al frente del Gobierno mexicano durante los próximos 5 años y 10 meses. Tras décadas de gobierno del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), partido creado en 2014 para apoyar su candidatura, ganó las elecciones del 1 de julio por una mayoría del 52.96 % de los votos totales. Además, la
coalición liderada por MORENA logró la mayoría en ambas cámaras del Parlamento, así como la gobernación de 5 de los 9 estados en disputa. Estos resultados lo convierten en el presidente que mayor respaldo electoral ha obtenido hasta la fecha. Su
victoria inaugura un nuevo capítulo en la política nacional e internacional mexicana, y abre una oportunidad para refundar los principios que rigen las relaciones bilaterales con nuestro país.
España y México son naciones hermanas que comparten profundas raíces culturales e importantes lazos históricos. Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en marzo de 1977, estas no han hecho sino intensificarse y extenderse a
múltiples ámbitos en los que España y México comparten intereses, tanto a nivel nacional como en los espacios multilaterales. El marco en el que se desarrollan dichas relaciones viene establecido por la Comisión Mixta Intergubernamental
España-México (o Comisión Binacional), que desde 1990 celebra reuniones bianuales alternativamente en cada uno de los dos Estados.
El volumen de los intercambios comerciales es un claro reflejo de la intensidad de las relaciones entre ambos países. El comercio bilateral se sitúa cerca de los 8.000 millones de euros anuales, con un considerable potencial de crecimiento.
España es el sexto socio comercial de México a nivel mundial y el segundo entre los países de la Unión Europea. Por su parte, México es el primer destino para las exportaciones españolas en América Latina (muy por delante de Brasil, Chile y
Argentina), y el quinto fuera de Europa.
La inversión española es importante en múltiples sectores de la economía mexicana, siendo España el segundo país de origen de la IED recibida por México. Por su parte, México es el sexto inversor internacional en España por stock -el
segundo fuera de la UE, detrás de EE.UU.-. Según datos de la Secretaría de Economía mexicana, a finales de septiembre de 2017 en México estaban registradas 5.945 sociedades con capital español, y las perspectivas apuntan a un importante progreso y
consolidación de la inversión española en los próximos años.
En 1997 México y la Unión Europea firmaron el llamado 'Acuerdo Global', el primer acuerdo de libre comercio entre la UE y un país americano, que permitió, entre otras cosas, un aumento de los intercambios económicos entre las dos regiones en
más del 148 % entre 2000 y 2017. Sin embargo, como establece el informe elaborado por el European Parliamentary Research Service (EPRS) sobre la inclusión de los servicios financieros en los acuerdos de asociación y de libre comercio de la UE, este
tipo de acuerdos contribuyen a un incremento del lavado de dinero y de los flujos financieros ilícitos hacia la UE. Actualmente el acuerdo se está actualizando para adaptarlo al nuevo contexto internacional, lo cual supone una oportunidad de
reforzar las medidas efectivas contra estos delitos internacionales.
En relación a la Cooperación Internacional para el Desarrollo, España es uno de los principales donantes de Ayuda Oficial al Desarrollo a México y tiene un importante papel en el fortalecimiento de las políticas públicas del Estado mexicano.
En el último Marco de Asociación País se concentró la AOD española en México en los ámbitos de la gobernabilidad democrática, cultura y desarrollo y crecimiento económico para la reducción de la pobreza. Sin embargo, además de la drástica reducción
de la ayuda en los últimos años, esta es sobre todo 'ayuda reembolsable' que no responde necesariamente a los objetivos de la política de desarrollo ni a las necesidades concretas del país. Además, ha habido casos en los que las infraestructuras
financiadas o cofinanciadas han ocasionado problemas con comunidades locales.
En materia cultural, educativa, técnica y científica ambos países viven una etapa muy activa de intercambios, programas y acuerdos destinados a afianzar los vínculos históricos y diseñar el futuro en común. Durante la Subcomisión Educativa,
Cultural, Técnica y Científica celebrada en el marco de la XII Edición de la Comisión Binacional México-España en abril de 2017, la Secretaria de Cultura mexicana, María Cristina García Cepeda, celebró, entre otros, el Programa de Movilidad con el
intercambio entre 58 instituciones mexicanas y 38 españolas, así como la apertura de la Casa de México en Madrid y la conversión de la Casa Buñuel en la sede de la Federación Iberoamericana de Academias de las Ciencias y las Artes Cinematográficas y
de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Un hecho destacable es que México constituye el séptimo país con mayor proporción de residentes con nacionalidad española, contando actualmente con cerca de 135.955. Esta cifra ha aumentado exponencialmente desde el comienzo de la crisis
económica, llegando prácticamente a duplicarse con respecto a las que vivían en el país en 2009 (69.571). Por su lado, España cuenta con una población de cerca de 24.146 mexicanos y mexicanas residentes en nuestro país.
No obstante, México es un país con grandes desafíos internos, especialmente los relacionados con la corrupción en instituciones y órganos estatales, la violencia organizada y la impunidad por violaciones de derechos humanos. En particular,
los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reflejan que el país está sufriendo las consecuencias de un periodo marcado por elevados índices de violencia, con 32.079 homicidios registrados en todo el país en 2017. De ellos,
3.430 fueron perpetrados contra mujeres, pero solo 760 fueron investigados como feminicidio. Esto se debe en gran medida a que en algunos Estados no está tipificado este delito o a que, pese a estarlo, se incluyen en el cómputo general de los
homicidios. Además, según el Observatorio Nacional Contra el Feminicidio, cerca del 60 % de los casos quedan impunes. Esto, sumado a la elevadísima incidencia de los delitos de violencia sexual, situaba a México en 2016 como uno de los 25 países
más peligrosos para las mujeres. Por otro lado, México es también uno de los países más peligrosos para ser periodista, siendo el segundo con la cifra más alta de asesinatos a periodistas y personal de prensa en lo que va de año -8, por detrás de
Afganistán-.
La gestión de los flujos migratorios representa un particular desafío para México, a la vez territorio de origen, tránsito y destino de numerosas personas migrantes con necesidades de protección internacional y/o asistencia humanitaria.
Concretamente, desde mediados del mes de octubre, muchos grupos organizados -caravanas- de personas procedentes de Centroamérica, sobre todo de Honduras, han puesto rumbo al norte con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Hoy en México hay entre
7.000 y 9.000 personas en esta situación. Además de los problemas humanitarios, la inseguridad y las dificultades sufridas por la acción de las mafias que se lucran con el tráfico de personas, se han encontrado con cerca de 5.200 militares
estadounidenses desplegados en diversos puntos de la frontera. Recientemente, el presidente de EE.UU. ha autorizado el uso de la 'fuerza letal' en la frontera para frenar a quienes intentan cruzarla y ha amenazado con cerrar los pasos fronterizos
por completo. El pasado domingo 25 de noviembre el gobierno de EE.UU. reprimía a un grupo de migrantes que trataban de saltar la valla fronteriza con gas lacrimógeno y pelotas de goma.
A pesar de los enormes desafíos, México es un país con grandes potencialidades. Como nación emergente con una importante posición geoestratégica, se ha desarrollado rápidamente a lo largo de la última década. Hoy es la segunda economía de
Latinoamérica y su proyección apunta a un incremento de su peso en la economía y los foros internacionales como las Naciones Unidas. México aspira a convertirse en un actor activo y comprometido en el ámbito multilateral, hecho que se concreta, por
ejemplo, en su decisión de participar en las operaciones de mantenimiento de la paz o en la presentación de su candidatura al Consejo de Seguridad de NN.UU. para el periodo 2021-2022. Además, es miembro -junto a España- del Consejo de Derechos
humanos hasta 2020.
México es un socio estratégico de particular importancia para nuestro país, con el cual debemos colaborar con el doble objetivo de afrontar los desafíos globales y afianzar el papel de España como interlocutor con América Latina.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer el carácter estratégico de las relaciones bilaterales con base en los principios de la Acción Exterior y el rol de México en la promoción de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como agente clave
tanto a nivel regional como global.
2. Reconocer el papel de Lázaro Cárdenas y su gobierno en la acogida de decenas de miles de refugiados y refugiadas españolas represaliadas por el franquismo, y expresar de forma pública ese reconocimiento en el marco de la próxima cumbre
bilateral con México.
3. Reforzar la atención a los ciudadanos y ciudadanas españolas residentes en México y elaborar un estudio exhaustivo sobre sus necesidades con el fin de que los poderes públicos puedan atenderlas de manera efectiva.
4. Reforzar los programas de intercambio universitario bajo el paraguas de la AECID y fomentar la creación de un marco de colaboración más amplio entre las principales universidades de ambos países que promueva la movilidad tanto de
estudiantes como del personal docente en aras del fomento de la investigación conjunta y el acercamiento entre las realidades académicas de los dos países.
5. Crear un programa para la dinamización de PYMEs en el marco del pilar comercial del Acuerdo Global UE-México que salvaguarde las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos de ambos territorios.
6. Establecer líneas de acción concertadas en los organismos multilaterales, dirigidas particularmente a la promoción del cumplimiento del Convenio de Estambul sobre violencia contra las mujeres y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
7. Respaldar la petición de la ONU a México para que el feminicidio esté tipificado en todo el país y trabajar conjuntamente para reforzar los mecanismos de protección de las mujeres y las acciones para combatir la violencia de género,
especialmente los feminicidios y los delitos de violencia sexual.
8. Apoyar la lucha contra el crimen internacional, especialmente en materia de narcotráfico, lavado de dinero y fraude fiscal, asegurando la inclusión de cláusulas efectivas en esta materia en la actualización del Acuerdo Global Unión
Europea-México que se encuentra en fase de negociación.
9. Aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo que se destina a México y trabajar para que la UE incremente su esfuerzo financiero hacia el país en el próximo marco financiero plurianual.
10. Reforzar los marcos de trabajo conjunto de la cooperación bilateral para fomentar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en el sector de la Gobernabilidad Democrática y el apoyo a las áreas de justicia
para garantizar su acceso por parte de las víctimas, la reparación y el fin de la impunidad por violaciones de derechos humanos.
11. Mostrar apoyo firme y decidido frente a las reiteradas declaraciones xenófobas y la política migratoria del Presidente de los Estados Unidos, expresando el rechazo de España a las sanciones sobre los países centroamericanos, la
militarización de la frontera, el uso de la fuerza y la amenaza de cierre de la misma garantizando, a su vez, la protección plena y efectiva de los derechos de las personas migrantes.
12. Promover la cooperación triangular entre España, México y los países de Centroamérica para atajar las causas raíz de la migración forzosa y auspiciar programas que faciliten la inversión social de las remesas de los migrantes de esos
países.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2018.-Pablo Bustinduy Amador, Ana Belén Terrón Berbel y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
161/004077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a continuar velando por el
Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
(FARC-EP). Tras más de 50 años de conflicto armado y cuatro años de negociaciones, con esta firma se alcanzó un acuerdo histórico para Colombia y para Iberoamérica. La terminación de la confrontación armada significa el fin del sufrimiento que ha
causado el conflicto a millones de colombianos. Asimismo, contribuye a una mayor integración del territorio colombiano, una mayor inclusión social y a fortalecer la democracia colombiana para que se despliegue en todo el territorio nacional y
asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales.
El acuerdo contó con el apoyo y seguimiento de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, así como del conjunto de instituciones nacionales y supranacionales del continente americano. Igualmente, el entonces presidente de la República de
Colombia, Juan Manuel Santos, efectuó una Declaración Unilateral en nombre del Estado ante las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, comprometiendo al Estado colombiano ante la Comunidad internacional en el cumplimiento del Acuerdo. Tras este
compromiso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas incorporó el texto literal del Acuerdo a un documento anexo a las resoluciones emitidas sobre el Proceso de Paz en Colombia.
Entre los logros del Acuerdo de Paz debe destacarse la especial atención que se ha conferido a las víctimas del conflicto así como el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo de sus comunidades.
La importancia histórica de dicho Acuerdo de Paz para Colombia y el conjunto de América Latina fue reconocida por el Congreso de los Diputados de España en su Declaración Institucional del 2 de septiembre de 2016, a través de la cual todos
los grupos parlamentarios manifestaron su satisfacción por la consecución del Acuerdo de Paz, así como un reconocimiento a sus artífices; y ofrecieron su apoyo político e institucional al cumplimiento de los compromisos de las partes para conseguir
que la paz sea una realidad en Colombia. España siempre ha apoyado de manera decidida los esfuerzos de los distintos Gobiernos colombianos por construir la paz. En consonancia con ello, el Gobierno español está firmemente comprometido con el apoyo
a la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016 por el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Por lo que respecta al ámbito bilateral, Colombia es país prioritario de la cooperación española. El Marco de Asociación País 2015-2019 sitúa a la construcción de la paz como objetivo central del conjunto de actores de la cooperación
española en Colombia. La actuación se realiza fundamentalmente en los siguientes ámbitos: garantía de los derechos de las víctimas, derechos humanos, justicia transicional; desarrollo rural; abastecimiento de agua y saneamiento; trabajo con
organizaciones indígenas y afrodescendientes; derechos de las mujeres e igualdad de género y fortalecimiento de la sociedad civil.
En este contexto, es importante destacar que una vez aprobados los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP por el Congreso colombiano el 1 de diciembre de 2016, se ha iniciado un proceso de reforma institucional del Estado dirigido a
facilitar la aplicación de los acuerdos en tanto se va aprobando un marco jurídico como el que establece la jurisdicción especial para la paz y el Plan Marco de Implementación de los acuerdos. La Cooperación Internacional deberá tener en adelante
muy en cuenta estos aspectos.
En este sentido, es necesario tal y como concluyó el anterior Secretario de Estado de Cooperación internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas en su última visita a Colombia con el comisario europeo para Ayuda
Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides y con una audiencia con el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el pasado 16 de marzo de 2018, reiterar el compromiso de la Unión Europea y de España de continuar apoyando a Colombia
en la construcción de la paz.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco del respeto a las decisiones soberanas de las instituciones colombianas, a:
1. Continuar manifestando el apoyo político e institucional del Gobierno de España a los esfuerzos de las instituciones colombianas y especialmente a su Gobierno por construir la paz.
2. Continuar contribuyendo a dichos esfuerzos de construcción de la paz a través de los distintos cauces multilaterales (entre otros NNUU y OEA), en el marco de la UE y mediante nuestra cooperación bilateral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2018.-Elena María Bastidas Bono, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/003997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a pasar de la
categoría de Juez a Magistrado en el Partido Judicial de Puerto del Rosario (Fuerteventura), así como adscribir los Juzgados de lo Penal n.º 2 de Arrecife y lo Social n.º 2 y n.º 4 de Arrecife (todos, con sede en Puerto del Rosario) al Partido
Judicial de Puerto del Rosario, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Partido Judicial de Puerto del Rosario es el único Partido Judicial que existe en la Isla de Fuerteventura. Durante los últimos 20 años, la isla de Fuerteventura ha experimentado una explosión demográfica que ha ido variando
sensiblemente en función de las circunstancias económicas de cada momento, y que de acuerdo con los últimos datos disponibles del censo en el INE correspondientes a 2017, arrojan una población de más de 110.000 habitantes, que junto con la visita
anual de más de 3.400.000 turistas, explican el incremento del nivel de litigiosidad durante los últimos años.
Hasta hace relativamente poco, dicho partido judicial contaba con seis Juzgados Mixtos de Primera Instancia e Instrucción, así como con los Juzgados de lo Penal y lo Social de Arrecife con sede en Puerto del Rosario.
A principios del mes de octubre de este año se han puesto en funcionamiento en la isla el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7, así como el Juzgado de lo Social número 4 de Arrecife con sede en Puerto del Rosario.
De esta forma, en la actualidad, el Partido Judicial de Puerto del Rosario cuenta con 10 juzgados en funcionamiento en la isla de Fuerteventura. Los siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción que conocen de procedimientos cuya
jurisdicción legal corresponden a la isla, así como los dos Juzgados de lo Social, números 2 y 4 de Arrecife y el Penal número 2 de Arrecife (todos ellos con sede en Puerto del Rosario), que conocen casi de forma exclusiva de asuntos de
Fuerteventura.
La Junta de Jueces del Partido Judicial de Puerto del Rosario, tras celebrar una reunión el 18 de enero de 2018 para analizar la situación judicial en la isla, acordó remitir escrito de fecha 23 de febrero de 2018 a distintas instancias para
trasladar su petición motivada de elevación de los órganos judiciales del Partido Judicial de Puerto de Rosario a la categoría de Magistrado.
Ante la puesta en funcionamiento del séptimo juzgado mixto, en el mencionado escrito se analizaba la planta judicial de España resaltando el hecho de que todos los partidos judiciales que cuentan con siete juzgados mixtos pasan a adquirir la
categoría de Magistrado.
La elevación del Partido Judicial de Puerto del Rosario a Magistrado es una necesidad que va mucho más allá de buscar un trato igualitario con otros partidos judiciales de la planta judicial española, es una necesidad que se fundamenta en el
hecho de que la carga de trabajo en este partido es más elevada que la media nacional, de acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial. Además, la saturación de los juzgados, unidos al hecho de la insularidad, los convierte en un
destino poco atractivo para los operadores jurídicos (especialmente para los jueces), convirtiendo estas plazas en un paso provisional para otro tipo de plazas. Esta situación, junto con la imposibilidad de ascender y promocionar a la categoría y
retribución de los magistrados, provoca una continua demanda de traslados a otros destinos, convirtiéndose los Juzgados de Puerto del Rosario en plazas provisionales que ralentizan los casos pendientes de juicio o de sentencia y repercutiendo por
tanto directamente en el servicio de la administración de justicia a los ciudadanos y a la sociedad majorera.
En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Popular creemos firmemente que la transformación de la categoría de Juez a Magistrado del Partido Judicial de Puerto del Rosario, así como la adscripción de los Juzgados de lo Social n.º 2 y 4 y
de lo Penal n.º 2 de Arrecife al Partido Judicial de Puerto del Rosario constituiría un elemento estabilizador para lograr la permanencia de los operadores jurídicos, y con ello, un mayor nivel de agilidad y calidad en la prestación de los servicios
públicos en la isla de Fuerteventura.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a pasar de la categoría de Juez a Magistrado en el Partido Judicial de Puerto del Rosario (Fuerteventura), así como a iniciar los trámites correspondientes para adscribir los Juzgados de lo
Penal n.º 2 de Arrecife y lo Social n.º 2 y n.º 4 de Arrecife (todos, con sede en Puerto del Rosario) al Partido Judicial de Puerto del Rosario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2018.-Celia Alberto Pérez, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Justicia relativa a la necesidad de dar cumplimiento a la Carta Europea de Lenguas Minoritarias por parte del Estado español en el ámbito de la Justicia.
Exposición de motivos
En numerosas ocasiones En Marea se ha dirigido al Gobierno para demandarle que se avance en el cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, ratificada por el Estado español en el año 2001.
Será conocedor el Gobierno de los distintos Informes del Comité de Expertos de la Carta Europea poniendo de relieve los incumplimiento de las distintas administraciones en diferentes niveles competenciales y respecto a la necesaria
normalización del gallego, lengua cooficial del Estado.
En el caso de la Administración General del Estado se produce un incumplimiento flagrante en el ámbito de la Justicia. Al firmar la Carta Europea se adquiere un compromiso a facilitar que los órganos jurisdiccionales, a petición de una de
las partes, desarrollen los procedimientos penales, civiles o en materia administrativa en las lenguas minoritarias.
En este sentido, el Estado español continúa sin modificar el marco jurídico, en concreto los artículos 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las autoridades judiciales penales,
civiles o administrativas puedan llevar a cabo los procedimientos en las lenguas cooficiales a petición de una de las partes tal y como establece la CERML, y, sin embargo, observamos en los Juzgados prácticas que eluden el cumplimiento de la CERML,
aunque una parte haya solicitado expresamente que el procedimiento se siga en gallego.
Las autoridades deniegan este derecho al amparo de lo dispuesto en la LOPJ y en la LEC, impidiendo que el procedimiento se siga por el Juzgado en gallego e incluso exigiendo que el procedimiento se siga en lengua española. Vemos como, a
pesar de la cooficialidad, sigue dominando una lengua sobre otra en lugar de existir un estatus de normalidad lingüística.
Según la legislación española, contradictoria con lo dispuesto en la CERLM ratificada por el Estado español, la utilización de la lengua gallega es una opción voluntaria de jueces, fiscales... siempre y cuando no se oponga ninguna de las
otras partes. En los tribunales de justicia, antes del inicio de cualquier procedimiento, no sólo no se pregunta de oficio cuál es la lengua de elección del ciudadano para adoptarla como lengua en el proceso, sino que ni siquiera se atiende la
expresa petición de la parte que opta por que el procedimiento se siga en gallego. Se da por supuesto que tiene que realizarse en español, conculcando incluso los derechos lingüísticos de las partes.
Insistimos en la gravedad de casos, que nos constan. Cuando una parte solicita que el procedimiento o la notificación se transmitan en gallego, no se le garantiza dicho derecho y en la mayoría de dichos casos los Juzgados eluden
pronunciarse al respecto al comprobar que existe legislación contradictoria, pues no se han armonizado las leyes estatales LOPJ y LEC.
Existe el derecho a producir y adjuntar al procedimiento pruebas en gallego. Y también el derecho, solo reconocido en el procedimiento penal, a requerir la traducción de los actos ligados a un procedimiento
judicial (penal) a través de intérpretes y traducciones. En este último derecho se observan disfunciones e incumplimientos en la práctica.
Existen impedimentos constatables para lograr la traducción de sentencias. Y en el caso de poder contar con ellas, se remite con mucho tiempo de retraso respecto a la versión en español, discriminando y penalizando con dilaciones
intolerables a quien desea recibir la resolución en gallego.
Además de que el gallego no es un requisito para ejercer como juez, fiscal o secretario judicial en Galicia, hay que señalar que los obstáculos también proceden de la propia Administración. Aludimos con ello a la aplicación informática de
uso obligatorio en los juzgados: Minerva Nox, que no permite el uso de la lengua gallega, aunque lo proporciona la Xunta. Lo cual impide el trabajo para quien quiere hacerlo en gallego porque le obliga a hacerlo de forma manual, traduciendo los
textos.
Existe por tanto una penalización que sitúa a la lengua gallega en un plano de desigualdad respecto al español.
En tercer lugar, tampoco se cumple el derecho a facilitar los textos legislativos en gallego. La legislación más básica está traducida, pero sin actualizar sus versiones. Pero hay mucha otra, indispensable para los agentes jurídicos que
operan en gallego, que no está traducida. Nos referimos a aquella en materia de protección de consumidores, el Código de comercio, la legislación relacionada con familia y menores, o la referente a la violencia de género. Legislaciones de uso
habitual y cuyas versiones deben ser constantemente actualizadas. La plataforma Lexnet, por cierto, objeto de numerosas quejas, adolece de un nivel muy bajo para quien opte por el gallego.
Aunque se envíen Informes al Comité de Expertos de la Carta Europea disfrazando la situación del idioma gallego, la realidad es tozuda, así como los incumplimientos de la CERML por parte del Estado español son gravísimos. Hemos expuesto lo
que sucede en el ámbito de la Justicia, que es real, verídico y está analizado, estudiado y puesto de manifiesto en informes de organizaciones de defensa de la lengua gallega, como A Mesa pola Normalización Lingüística.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Justicia a:
- Efectuar las modificaciones precisas en la legislación (Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Enjuiciamiento Civil) para que las autoridades judiciales penales, civiles o administrativas puedan llevar a cabo los procedimientos en las
lenguas cooficiales (gallego, catalán y euskera), a petición de una de las partes, en línea con lo contemplado en la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, que establece que debe facilitarse que los órganos jurisdiccionales desarrollen los
procedimientos en las lenguas minoritarias.
- Garantizar que las sentencias o notificaciones se aporten en tiempo y forma en lengua gallega siempre que así lo demanden los ciudadanos y ciudadanas.
- Aportar la legislación básica de uso habitual con las versiones plenamente actualizadas en lengua gallega y demás lenguas cooficiales.
- Revisar la plataforma Lexnet de modo que ofrezca en todos sus desplegables las versiones en lenguas cooficiales de forma íntegra.
- Asegurar de forma efectiva que cualquier ciudadano pueda tener garantizado su derecho a un procedimiento judicial en lengua gallega (y otras lenguas cooficiales), en línea con lo establecido en la Carta Europea de Lenguas Minoritarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Miguel Anxo Fernández Bello, Diputado.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Defensa
161/003990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge
el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Defensa, relativa a la retirada de la condecoración de la Cruz del Mérito Militar a Francisco José Vázquez Vázquez.
Exposición de motivos
El exembajador de España en el Vaticano y exalcalde de A Coruña, Francisco José Vázquez Vázquez, en una entrevista concedida a la Cadena COPE, el pasado 31 de octubre de 2018, ha criticado la visita de la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen
Calvo, al Vaticano, atacando, entre otras cuestiones, su forma de vestir, calificándola de 'inapropiada', y afirmando que su 'estética era bastante discutible'. Esta actitud hacia la Ministra es un insulto hacia todas las mujeres, ya que atenta
contra la libertad de cualquier persona a decidir lo que es una indumentaria 'apropiada' y son declaraciones propias de una época pasada, en la que primaba una situación de total opresión hacia las mujeres.
Además, desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea denunciamos estas declaraciones por discriminatorias, y exigimos que una persona que no muestra respeto por la mitad de la población de este país no
debe representar a España en ningún órgano ni institución pública y, así mismo, le deben ser retiradas las condecoraciones que el Estado y el Gobierno de nuestro país le han concedido en el pasado, ya que Francisco Vázquez no representa, en la
actualidad, la defensa de los valores democráticos que rigen en nuestra sociedad.
El exembajador de España ante el Vaticano y exalcalde de A Coruña también dedicó parte de su entrevista a criticar la Ley de Memoria Histórica, a la que considera un 'revanchismo loco', 'un remedo de la ley de represión del comunismo y la
masonería', sentenciando que 'están haciendo lo mismo que otros hicieron en el 36, intentando ganar la guerra que perdieron sus abuelos'.
Recordemos que Francisco Vázquez es uno de los firmantes del Manifiesto por la Historia y la Libertad de la Fundación Francisco Franco, escrito publicado en marzo de este año que critica la Proposición de Ley de Memoria Histórica del Partido
Socialista, y que, según reza en el manifestó, 'tiene la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales' sobre el último siglo. Se refieren a la Comisión de la Verdad como una amenaza a
quienes mantengan 'opiniones divergentes a la verdad única'.
En abril de 2000, Francisco Vázquez fue condecorado con la Gran Cruz al Mérito Militar, concedida por el Consejo de Ministros, en atención a su colaboración con el Ejército, una condecoración que tiene por objeto recompensar a los miembros
del Ejército y la Guardia Civil por la realización de acciones y hechos o la prestación de servicios de destacado mérito o importancia, así como al personal civil por sus actividades meritorias relacionadas con la defensa nacional.
Las declaraciones del exembajador de España ante el Vaticano, Francisco Vázquez, en la Cadena Cope, el pasado 31 de octubre de 2018, no solo atentan contra la defensa nacional y la democracia en nuestro país, sino que también lo hacen contra
una de las integrantes del Gobierno de España, así como también contra la libertad de todas las mujeres, motivo por el cual, desde el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, solicitamos la retirada de dicha
condecoración.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda a la retirada de la condecoración de la Cruz del Mérito Militar a Francisco José Vázquez Vázquez por atentar, con sus declaraciones, contra la dignidad de las mujeres y contra la
memoria histórica, así como por la falta de respeto a las víctimas del franquismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004035
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el apartado 2 e) procedería realizarla, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre adecuación salarial del personal
de las Fuerzas Armadas, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
En la Pascua Militar del presente año, la entonces Ministra de Defensa del Gobierno del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, defendió la posición del Gobierno del Partido Popular de avanzar en la mejora de los salarios del personal
militar en relación con otros sectores de la administración pública.
La Ministra ya había trasladado al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas en su reunión del 21 de diciembre de 2017 su interés en mejorar los sueldos de los miembros de las Fuerzas Armadas e informó que se había iniciado un estudio cuyo
fin sería realizar un análisis pormenorizado de las diferencias retributivas existentes entre el personal de las Fuerzas Armadas y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Se retomaba así la línea de acción del Gobierno del Partido Popular, que establecía en la Revisión Estratégica de la Defensa, publicada en 2003, el objetivo de la equiparación de los regímenes específicos del personal de las Fuerzas Armadas
con otros cuerpos de la Administración General del Estado.
Se suele argumentar que la profesión de militar es una profesión fundamentalmente vocacional, cierto, como lo son, o deberían ser, otras muchas profesiones. Pero el carácter vocacional no implica que no se tenga que remunerar a los miembros
de las Fuerzas Armadas de una manera acorde a sus funciones y preparación, que presenta unas particularidades diferentes de las que hay en otros ámbitos de la Administración del Estado.
La profesión de militar se desarrolla bajo condiciones de alta exigencia física y riesgo personal y requiere de una disponibilidad para el servicio y de una movilidad que imponen restricciones a su vida personal y a la de sus familias. Por
ello, contar con unas Fuerzas Armadas profesionales y justamente retribuidas fue uno de los objetivos del Gobierno del Partido Popular.
En su informe de 2016, presentado en noviembre de 2017, el Observatorio de la Vida Militar incluía una memoria sobre la situación de la retribución en las Fuerzas Armadas, comparándola con la de los distintos cuerpos que forman las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas,
diferencia agravada con la subida salarial, justa y merecida, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que el Gobierno del Partido Popular aprobó.
Su estudio es complejo. Por un lado, hay que tener en cuenta las características propias de la profesión de militar, mencionadas anteriormente, que causan que la equivalencia entre los empleos militares y los subgrupos de clasificación del
empleado público no sea 100% trasladable, observándose en ocasiones diferencias entre la equivalencia realizada a efectos económicos y la realizada en función de la titulación exigida. A esto hay que sumar que tampoco hay una equivalencia exacta
entre los empleos militares y las escalas y categorías profesionales del Cuerpo Nacional de Policía. Y por último habría que tener en cuenta todos los conceptos retributivos: sueldo, trienios, pagas extraordinarias, y los complementos que suelen
añadirse en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en las Fuerzas Armadas: complemento de destino o empleo, componente general de complemento específico más, en su caso, componente singular del complemento específico y complemento de
dedicación especial, y en el caso de las Fuerzas Armadas otras retribuciones como las generadas a personal militar destinado en el extranjero o a personal militar que participa en operaciones de apoyo a la paz y de ayuda humanitaria.
El Presidente del Observatorio de la Vida Militar lo expresó en una entrevista con el ejemplo del empleo de Coronel, los militares que llegan a este empleo, superado el cénit de la carrera militar, lo hacen tras 25 años de servicio y por un
tiempo de seis años de media, recibiendo una retribución que no está a la altura de lo que paga la Administración en niveles de responsabilidad equivalentes.
Un militar que accede a Coronel sabe que tras su período en este empleo le quedarían 4 años de carrera si asciende a General de Brigada (o Contraalmirante en la Armada), 7 años si llega a General de División (o Vicealmirante) o 10 años si
completa los empleos de la carrera militar y llega a Teniente General (Almirante en la Armada) antes de pasar a la reserva, momento en el que también sufren una disminución significativa en sus retribuciones.
La diferencia con otros colectivos resulta más acusada al analizar los incentivos a la productividad. El informe del Observatorio de la Vida Militar 2016, anteriormente citado, y que toma como referencia los Presupuestos Generales del
Estado 2016, compara las retribuciones variables del personal del Ministerio de Defensa frente a las percibidas en los Ministerios de Asuntos Exteriores e Interior.
El análisis concluye que el Complemento Específico por funcionario y año del Ministerio de Asuntos Exteriores tiene un valor relativo del 151,96% del percibido por el personal del Ministerio de Defensa. En el caso del Ministerio del
Interior, este valor relativo aumenta al 176,10%.
El cálculo referente al análisis del Complemento de Productividad de los Ministerios de Asuntos Exteriores e Interior frente al Complemento de Dedicación Especial del Ministerio de Defensa deja cifras similares. El Complemento de
Productividad por funcionario y año del Ministerio de Asuntos Exteriores se corresponde con el 169,6% del Complemento de Dedicación Especial. En el caso del Ministerio del Interior, el Complemento de Productividad por funcionario y año asciende al
187,5% del equivalente abonado en el Ministerio de Defensa.
En conclusión, es necesario adecuar las retribuciones que reciben los militares que forman nuestras Fuerzas Armadas lo antes posible, empezando con los Presupuestos Generales del Estado de 2019, con el fin de que reflejen la especial índole
de su función y el esfuerzo continuo y necesario para mantener la capacidad de actuación.
Y esta adecuación debe realizarse, como siempre ha defendido el Partido Popular, con seriedad y lealtad al Estado y al colectivo afectado, con el rigor obligado cuando hablamos de dinero público y con el aval técnico, lejos de la demagogia
irresponsable, electoralismo y el oportunismo político mostrado en algunas ocasiones en las filas de la oposición durante los gobiernos del Partido Popular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Concluir el estudio solicitado por la Ministra de Defensa del Gobierno del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, cuyo fin es realizar un análisis pormenorizado de las diferencias retributivas entre el personal de las Fuerzas
Arreadas y el de otros grupos de la Administración Pública.
2. Incluir en el estudio:
a) Un análisis de la relación actual, y posible necesidad de actualización, entre los empleos militares en las Fuerzas Armadas, escalas en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y grupos y subgrupos de clasificación laboral de la
Administración General del Estado.
b) Un análisis de las diferencias entre las retribuciones recibidas por los miembros de las Fuerzas Armadas y otros cuerpos profesionales de la Administración del Estado, en especial aquellas retribuciones de carácter variable.
c) Una cuantificación de la retribución, que deberían percibir los miembros de las Fuerzas Armadas, considerada adecuada a las funciones y preparación de sus miembros, y realizada en función de los distintos empleos existentes.
d) Una cuantificación del coste que supondría la adecuación progresiva de la retribución al valor óptimo calculado.
e) Que sus conclusiones sean presentadas ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.
3. Incluir la partida del incremento retributivo inicial a percibir por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2019.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Ricardo Tarno Blanco, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso a la Cooperación en
Asuntos de Defensa con Estados Unidos de América, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La estrategia de Defensa de España se puede dividir en cuatro grandes áreas: la cooperación internacional dentro de estructuras multilaterales como la OTAN y la Unión Europea; en torno a la cooperación bilateral entre España y Estados
Unidos en asuntos de defensa, y en torno a su propia capacidad para afrontar las amenazas no compartidas, en el sentido de la Directiva de Defensa Nacional 2012.
La cooperación bilateral entre España y Estados Unidos en asuntos de defensa siempre ha sido beneficiosa para ambos países. Compartimos áreas estratégicas de interés común, así como amenazas y riesgos, y pueden unir sus esfuerzos en la
búsqueda de soluciones y la contribución al mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacional. Algunos de estos intereses no son compartidos por otros aliados o, sencillamente, pueden ser tratados de una manera más interesante para España dentro
del ámbito bilateral, sin duplicar por ello la labor realizada en el ámbito de la OTAN o la Unión Europea.
La situación geográfica de España, lo suficientemente cercana a algunos de los puntos de tensión más importantes del planeta, nos convierte en un marco privilegiado geoestratégico. Nuestra posición como punto de unión del Mediterráneo y el
Atlántico, entre el Norte de África y el Sur de Europa, de puente con América, y de puerta para Oriente Medio convierten a España en un país fundamental en cualquier proyección de seguridad en el Mediterráneo o el Norte de África: combate de
organizaciones mafiosas, tráfico de personas, narcóticos o armas, terrorismo yihadista, seguridad marítima, situaciones de inestabilidad, ciberseguridad o gestión de crisis humanitarias.
España tiene un papel esencial en la estrategia de defensa de los Estados Unidos en relación a Europa y África. Nuestro aliado ha podido acceder, bajo los términos del Convenio de Cooperación para la Defensa, a varias bases militares
españolas, incluyendo la base naval de Rota y la base aérea de Morón, las cuales son un enlace clave de transporte para las fuerzas de Estados Unidos en Oriente Medio.
En Rota tienen su base cuatro destructores de la U.S. Navy equipados con el sistema de Defensa contra Misiles Balísticos Aegis y en la Base de Morón está el Cuartel General de la fuerza de reacción rápida del AFRICOM.
La relación entre nuestros países ha sido excelente, salvo una época de gobierno socialista en la que se fomentó el clima de desconfianza, afortunadamente paliado gracias a la excelencia de nuestras Fuerzas Armadas, cuya profesionalidad y
capacidad está fuera de toda duda. Pero, aunque España ha recuperado su etiqueta de socio fiable, es difícil de eliminar totalmente la desconfianza en la posibilidad de que gobiernos de izquierda vuelvan al antiamericanismo.
La colaboración entre España y Estados Unidos en el ámbito de la defensa ha servido a nuestra nación para reforzar su posición en determinadas ocasiones, como el apoyo en 1976 de las Cámaras Legislativas de Estados Unidos al proceso
democratizador iniciado por S.M. el Rey D. Juan Carlos I, un respaldo a la joven democracia española, o el absoluto respaldo que hace un año mostró el Gobierno de Estados Unidos ante la comunidad internacional a la integridad territorial de España
ante el golpe de Estado secesionista.
Nuestra posición geográfica es de incalculable valor geoestratégico, y el prestigio ganado por la formación y conocimiento en el ámbito contraterrorista de las Fuerzas de Seguridad españolas, las labores de nuestras Fuerzas Armadas en las
múltiples misiones internacionales y el conocimiento de nuestros diplomáticos de ciertas zonas del planeta de interés para la seguridad podría permitir a España, si hay voluntad política, desarrollar un papel mayor en el marco de seguridad aliado.
El potencial que presenta España dentro del ámbito de la seguridad aliado (bilateral, OTAN y UE) como base de proyección de operaciones de interés mutuo de seguridad y defensa, y el refuerzo de nuestra posición como aliado preferencial de
Estados Unidos proporcionaría una mayor visibilidad e influencia de España.
El afianzamiento de la alianza España-Estados Unidos es especialmente valiosa ante el clima actual de malentendidos y cierta crispación que cruza el Atlántico, influenciado por los auges populistas en ambos extremos del espectro político.
España puede ser un núcleo de entendimiento y enlace que evite que situaciones transitorias puedan influir en el enrarecimiento de la colaboración transatlántica, una colaboración y un vínculo que ha resistido distintas etapas, múltiples
gobiernos y discrepancias en algún caso arduas y duras. En ambos lados del Atlántico compartimos valores como la solidaridad, el respeto al Estado de derecho, la representación democrática o la libertad económica. Creemos que la promoción de
España en el escenario de seguridad internacional y la mayor colaboración con países aliados y socios es buena para todos.
Por último, el esfuerzo, tanto económico como humano, que España realiza en operaciones internacionales en apoyo de la seguridad común frente a quienes invierten en seguridad, pero no en compartirla, debe tener un reconocimiento. No toda
inversión es gasto de dinero, existe otra inversión no cuantificable, pero igual o más importante para una seguridad efectiva y solidaria entre aliados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Promover y defender ante nuestros aliados europeos y norteamericanos la defensa del vínculo transatlántico como medio de entendimiento, cooperación y amistad entre Europa, Estados Unidos y Canadá.
- Impulsar el papel de España como punto de proyección y centro de operaciones de misiones internacionales de nuestros socios europeos y de América del Norte que sean de interés mutuo, adecuando para ello nuestras instalaciones militares.
- Facilitar y proponer al gobierno de Estados Unidos la presencia en España de unidades de ese país cuyo área de responsabilidad coincida con las áreas de interés estratégico español, con especial énfasis en:
Cuartel General de la VI Flota.
Otros componentes de los Cuarteles Generales de los Mandos de Combate para Europa y para África (EUCOM y AFRICOM).
Unidades, preferiblemente dependientes de estos mandos, cuya presencia fuera de interés tanto desde el punto de vista de la seguridad de España como desde el punto de vista de la optimización operativa norteamericana frente a las amenazas
comunes.
- Utilizar nuestra relación privilegiada de seguridad con Estados Unidos y nuestro protagonismo en la PESCO de la Unión Europea, para ayudar a superar las discrepancias que puedan existir entre la Unión Europa y Estados Unidos en el área de
seguridad y defensa.
- Fortalecer la colaboración bilateral con Estados Unidos en aquellos asuntos de interés mutuo para la seguridad y la defensa, y que, o bien no encuentren suficiente interés dentro del marco multilateral, o la respuesta obtenida en este
ámbito no se considere lo suficientemente satisfactoria para nuestros intereses.
- Agilizar en lo posible la actualización, si fuera necesaria, del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos con el fin de que las modificaciones acordadas pudieran ser operativas a la mayor brevedad.
- Mantener informado al Congreso de los Diputados de las variaciones de alcance que tenga lugar en relación con la presencia de personal militar no nacional en nuestro suelo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2018.-Antonio González Terol, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre mejora de la sanidad militar, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
La sanidad militar ha sufrido un fuerte retroceso en los últimos años, lo que ha mermado y debilitado una de las más importantes capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. Esto es un hecho conocido y reconocido por todos, pero al mismo tiempo
dejado en un segundo plano. Los factores que han influido son múltiples y variados. Sin duda, un factor influyente común con el resto de capacidades es el descenso en los últimos años en el importe del capítulo presupuestario de Defensa.
El problema no solo afecta a los medios materiales y personales, sino también de una deficiente gestión de los que se disponen. Como ejemplos se pueden citar el hospital de campaña sin utilizar al no existir capacidad para trasladar estos
al terreno donde sean precisos (ROLE 4) o la Cámara Hiperbárica de San Fernando (Cádiz), que siendo propiedad de la Armada, permanece localizada en el Hospital de San Carlos de esa localidad, que fue transferido al Servicio Andaluz de Salud, y que
está infrautilizada debido a la falta de personal y a la ausencia de un Convenio de colaboración actualizado.
En el capítulo de personal, la realidad no es más halagüeña. En lo que afecta a especialidades médicas denominadas 'críticas', cirujanos, anestesistas, intensivistas y traumatólogos, las disponibilidades de efectivos son escasas. El
estricto régimen de incompatibilidades tampoco favorece la llamada y permanencia del personal.
Los profesionales que integran la Sanidad Militar además de médicos, como los farmacéuticos, enfermeros, veterinarios, psicólogos y odontólogos, necesitan una formación y reciclaje permanente que exige conveniar con las Comunidades
Autónomas. La propia Ley de la Carrera Militar ampara una discriminación porque prevé dos Escalas de Sanidad Militar, una para enfermeros y otra para el resto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un estudio riguroso sobre las carencias de la sanidad militar, tanto en medios materiales como personales.
2. Suscribir convenios con las distintas Comunidades Autónomas para el reciclaje del personal de sanidad militar.
3. Suscribir convenios para el uso de material sanitario militar por parte de los hospitales de las Comunidades Autónomas, como es el caso de la cámara hiperbárica de San Fernando (Cádiz).
4. Potenciar la figura del reservista voluntario incentivando económica y profesionalmente a personal civil para prestar servicio de forma temporal en las Fuerzas Armadas en periodos de necesidad.
5. Realizar un estudio para flexibilizar el régimen de incompatibilidades del personal sanitario de las Fuerzas Armadas.
6. Estudiar la posibilidad de reducir las dos escalas de Sanidad Militar a una sola escala.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2018.-Francisco Igea Arisqueta y Francisco Javier Cano Leal, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Hacienda
161/004005
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Proposición no de Ley relativa a la realización de un estudio de impacto económico y recaudatorio de una posible regulación integral del cannabis.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 3 relativa a la presentación por el Gobierno en el Congreso de los Diputados de las conclusiones del estudio de impacto
acerca del posible marco regulatorio integral de cannabis se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por
la Comisión de Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Hacienda, relativa a la realización de un estudio de impacto económico y recaudatorio de una posible regulación integral del cannabis.
Exposición de motivos
El pasado 17 de octubre se aprobó la regulación del cannabis en Canadá. De esta forma el país norteamericano se convirtió en el primer país del G7 que regula de forma integral este mercado. En Estados Unidos, además de los 30 estados donde
el cannabis medicinal es legal, hasta 9 estados tienen regulado el mercado lúdico, habiéndose añadido recientemente a esta lista el estado de California, uno de los mayores en términos de población y PIB de EE.UU.
Anteriormente, países como Uruguay también habían pasado a engrosar la lista de países que implementaban una regulación de esta sustancia.
El impacto económico no ha sido en ninguno de los casos la razón fundamental para su regulación, sino que han sido los enfoques de derechos y de salud pública los que han primado a la hora de la regulación. No obstante, no cabe duda de que
la regulación de un mercado tan importante tiene efectos económicos que han de ser tenidos en cuenta por el legislador. En términos impositivos, merece la pena señalar que las previsiones en términos de impacto recaudatorio han sido superadas en
todos los casos por la realidad.
Los diferentes países que han ido legislando al respecto se han ido basando en la experiencia del país en torno a la utilización de la sustancia. En función de la regulación que se adopte, el mercado que emerge tiene unas características
determinadas. En términos impositivos hay una variabilidad de modelos que han ido emergiendo, cada uno con sus ventajas e inconvenientes.
El estado de Colorado es probablemente el lugar donde más y mejores datos se pueden obtener en términos de regulación del cannabis. En dicho estado norteamericano hay un impuesto al consumo a nivel del estado de Colorado del 2,9%, al que se
ha añadido otro impuesto sobre las ventas del 10%. Sobre la producción (la venta del cultivador a empresas retail) hay un impuesto del 15%.
Fuente: Departamento de ingresos del Gobierno de Colorado
La recaudación en Colorado (5,4 millones de habitantes) ha sido en 2017 de casi 250 millones de dólares, cifra probablemente superada en 2018, aunque no se podrá confirmar hasta tener la liquidación completa de dicho año. Las estimaciones
preliminares sugieren que la industria legal del cannabis en EEUU emplea entre 165.000 y 230.000 trabajadores a tiempo completo y parcial en todo el país. En la medida en que diferentes estados regulen el uso, esta cifra podría seguir aumentando.
El impacto en California (40 millones de habitantes) puede ser mucho mayor.
Aunque no podemos tener datos todavía de Canadá, sí sabemos que la imposición será similar a la de Colorado en algunos aspectos. Por ejemplo, la venta de los cultivadores al resto de operadores estará sujeta a un impuesto específico. Por
otro lado, los consumidores pagarán un impuesto indirecto al comprar los productos que estarán certificados con el sello del estado, garantizando que dicho producto ha pasado tanto los controles de salud (trazabilidad, calidad, etc.) y cumple con
las obligaciones fiscales respectivas.
Sobre el gasto que ha permitido financiar estos nuevos ingresos, podemos adelantar algunas de las experiencias de los EE.UU. donde se ha regulado. Por ejemplo, Colorado distribuyó 230 millones de dólares al Departamento de Educación de
Colorado entre 2015 y 2017 para la financiación de escuelas, alfabetización temprana, la prevención del acoso y la salud conductual. Oregón destina el 40% de los ingresos por impuestos al cannabis para su fondo escolar estatal, y el 20% para el
tratamiento de alcohol y drogas. Washington dedica el 25% de los ingresos derivados del cannabis al tratamiento, educación y prevención del trastorno por el uso de drogas.
Dado que la dinámica en el contexto internacional camina hacia una regulación de dicho mercado, merece la pena realizar un estudio de impacto recaudatorio con el fin de atisbar los efectos impositivos si una medida de este tipo se
implementara en España. Parece evidente que las razones por las que un país debe poner en marcha estos procesos van más allá del impacto recaudatorio, y se derivan de un enfoque de derechos y salud, pero no es menos cierto que su regulación tiene
un impacto económico que merece la pena estudiar.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Instar al gobierno a la realización de un estudio de impacto acerca del posible marco regulatorio integral del cannabis.
2. Estimar el impacto recaudatorio de diferentes tipos de tributación, en línea con las experiencias internacionales de EE.UU. y Canadá.
3. Presentar las conclusiones de dicho impacto en el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 6 meses.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Miguel Vila Gómez, Segundo González García y María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación por parte del
Gobierno de un Plan Estratégico de Impulso y Crecimiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Los agentes económicos y sociales, además de los representantes políticos de La Línea de la Concepción, han elaborado de manera consensuada el llamado 'Plan Estratégico de Impulso y Crecimiento de La Línea de la Concepción'.
En dicho documento, previo análisis de la situación geográfica, económica y social de La Línea de la Concepción, se realizan por parte de dichos representantes una serie de propuestas que van dirigidas, fundamentalmente, a que el municipio
de La Línea reciba, a través de un paquete de medidas específicas, un apoyo excepcional por parte de las distintas administraciones.
Efectivamente, tal y como recoge el documento referido, 'La Línea cuenta con unos condicionantes sociológicos, demográficos y económicos que hacen de la misma una ciudad de identidad singular con respecto al resto de municipios del país'.
Desde hace muchos años el municipio de La Línea ha venido reclamando, y en algunos casos obteniendo, un trato especial debido a estos condicionantes. Concretamente y, desde el punto de vista educativo, La Línea de la Concepción cuenta con
unos centros en mal estado por falta de mantenimiento y conservación, así como con una insuficiente oferta educativa.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística colocaba La Línea en el año 2016 como la cuarta ciudad más pobre del Estado con un 37,6% de población en riesgo de pobreza. De la misma manera, según la estadística de Indicadores Urbanos
2017 publicada el pasado 20 de junio de 2017 por el Instituto Nacional de Estadística, en la que se analizan 126 ciudades españolas, La Línea de la Concepción contó en 2016 con un 35,2% de tasa de paro, solo superada por los municipios de Linares,
Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera.
Por su cercanía a Gibraltar y al norte de África y como consecuencia de los pocos recursos existentes para la inserción laboral, la enorme tasa de desempleo y la sensación de impunidad legal existente, La Línea de la Concepción se ha
convertido en caldo de cultivo para el contrabando de tabaco, alcohol etc. y el asentamiento de narcotraficantes que introducen en La Línea drogas y que posteriormente distribuyen por toda Europa, tal y como recoge el propio documento.
El Grupo Parlamentario Popular considera, de la misma forma que los agentes económicos, sociales y políticos de La Línea de la Concepción, que es fundamental elaborar un paquete de medidas especiales de impulso y crecimiento para La Línea de
la Concepción.
Evidentemente, dicho paquete de medidas ha de contar con el apoyo de las distintas administraciones públicas (Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz, Mancomunidad del Campo de Gibraltar, así como Ayuntamiento de La Línea
de la Concepción).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Acordar con la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, la Mancomunidad del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de La Línea, un paquete de medidas especiales de impulso y crecimiento para la ciudad de La Línea de la Concepción que
incluya, entre otras, las medidas incluidas en el Plan Estratégico de Impulso y Crecimiento de La Línea de la Concepción.
- Adoptar medidas económicas y fiscales tales como un régimen de control financiero y de ayudas especial para el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, así como un régimen de incentivos para los funcionarios de la administración pública.
- Adoptar medidas en educación y fomento del empleo que incluya un plan integral de formación, así como un plan especial de construcción y modernización de centros educativos y un plan integral de empleo y de apoyo a emprendedores y al
empleo joven entre otros.
- Adoptar medidas en urbanismo, infraestructura y vivienda que incluya, entre otras, un plan de inversiones en infraestructura viaria, un plan de conservación y rehabilitación de edificios y equipamientos públicos y que garantice el acceso
de los y las linenses a una vivienda digna.
- Adoptar medidas en turismo, deporte, medioambiente, sanidad y servicios sociales que incluyan la apuesta por el sector marítimo pesquero, la puesta en valor del patrimonio cultural del municipio y su promoción turística, la creación de un
área sanitaria independiente y la puesta a disposición de los y las linenses de equipamientos públicos sociosanitarios para garantizar una adecuada calidad de vida.
- Adoptar medidas destinadas a mejorar las condiciones de los trabajadores transfronterizos.
- Adoptar las medidas que las administraciones consideren prioritarias para garantizar la seguridad y la defensa de los derechos de los y las vecinas de La Línea de la Concepción.
- Adoptar cualesquiera otras medidas que, al margen del Plan, consensúen las administraciones y los agentes económicos y sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2018.-María José García-Pelayo Jurado, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Auxiliadora Honorato Chulián, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa al desarrollo reglamentario e implementación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, para su debate y aprobación en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El pasado 9 de marzo de 2018 entró en vigor la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP. La nueva norma transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas comunitarias 24/2014 y 23/2014, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE y relativa a la adjudicación de contratos de concesión, respectivamente.
El texto resultante de la transposición ha resultado ser enormemente complejo, de difícil manejo para la ciudadanía, para las administraciones públicas (especialmente para las pequeñas corporaciones locales) y para los operadores económicos,
y necesita sin duda de la puesta en marcha de una serie de herramientas normativas (legislativas, reglamentarias o de otro rango), para que pueda funcionar con los menores obstáculos posibles y permita la aplicación de todas las herramientas que
pueden convertir la contratación pública en una herramienta de transformación social y generadora de un nuevo modelo económico.
En primer lugar, y este es quizá el elemento más importante por cuanto al retraso que acumula, urge la aprobación de un reglamento de desarrollo que permita la aplicación de las numerosas disposiciones de la normativa que a él se refieren.
El reglamento actual (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) tiene más de 16 años y se aprobó en base a una legislación de contratos que hace demasiado tiempo que ya no está en vigor. No solo eso, sino que desde su aprobación han pasado hasta
tres normas diferentes de contratos del sector público y otros tantos textos refundidos sin que dicho Reglamento haya sido puesto al día. Ello genera actualmente que muchas de las disposiciones incluidas en la norma no puedan aplicarse o estén
vacías de contenido a la espera de la aprobación de dicho texto. De hecho, la propia Ley 9/2017 establece en su disposición final octava la posibilidad de que el Gobierno dicte aquellas normas de desarrollo necesarias para la aplicación de la ley,
pero sin fijar un plazo concreto. Sin embargo, la acreditación de la solvencia de los licitadores o sus posibles exenciones (artículos 97 y 92), la relación de componentes básicos de costes a incluir en las fórmulas tipo para el cálculo en las
variaciones de precios (artículo 103), la determinación de las ofertas anormalmente bajas (artículo 146), la regulación de prácticas colusorias (artículo 150), la caracterización del procedimiento de asociación para la innovación (artículo 177) o
las sanciones correspondiente al incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución (artículo 202.3) son algunas de las muchas cuestiones que la propia Ley 9/2017 deja al albur de una posterior regulación reglamentaria y que, por tanto,
dificulta la puesta en marcha de muchos de sus preceptos.
Por otra parte, y como una de las novedades más importantes que recogía la ley desde su artículo 1.3, la aplicación transversal y preceptiva de criterios sociales y medioambientales, se precisa también de guías o documentos para que los
distintos poderes adjudicadores puedan aprovechar al máximo su potencial. Con fechas de 12 de enero y 2 de marzo de 2018, mediante el Real Decreto 6/2018 y el Real Decreto 94/2018, respectivamente, se crearon sendas Comisiones Interministeriales
para la incorporación de criterios ecológicos y sociales en la contratación pública, pero se desconocen hasta el momento sus resultados. Más allá de los problemas que dichos reales decretos recogen en las estructuras y funcionamiento de dichas
Comisiones (no incluyen la participación de la sociedad civil, de organizaciones que luchan por la equidad de género...) los distintos poderes adjudicadores y las funcionarias y funcionarios de las distintas administraciones podrían aplicar los
artículos 145 y 202 de la Ley 9/2017 si contasen con algún documento que les ofreciese las garantías jurídicas y técnicas suficientes para poder aprovechar el verdadero potencial transformador que ofrece esta nueva ley.
Asimismo, el artículo 329 establece como una de las funciones principales del Comité de Cooperación la elaboración de una propuesta de Estrategia estatal de contratación, que será aprobada por la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de Contratación. El artículo 334 de la Ley 9/2017 regula dicha
Estrategia, que tendrá una duración de 4 años, un contenido determinado, unos objetivos marcados y que debía ser remitida a la Comisión Europea, debería haberse aprobado a los 9 meses de la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del
Estado. Dicho plazo hace ya varios meses que ha transcurrido sin que se tenga ninguna información siquiera del procedimiento de elaboración de la misma ni de la conformación del órgano que se debe dedicar a la elaboración de la propuesta.
Teniendo en cuenta todos estos motivos, nuestro Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que en el plazo de 3 meses se apruebe un Reglamento de aplicación de la norma de contratación pública, que implemente las distintas cuestiones que en la Ley 9/2017 quedaron sujetas a desarrollo reglamentario y que permita además aclarar
muchas de las cuestiones que dejaron demasiado margen a la interpretación en el texto legal.
2. Que se pongan en marchas medidas para facilitar la aplicación de la ley a las entidades locales que se han visto especialmente perjudicadas por su complejidad y la cantidad de nuevas obligaciones que se imponen a los poderes
adjudicadores que no cuentan con los medios suficientes para llevarlas a cabo.
3. Que se publique a la mayor brevedad posible una Guía de Cláusulas sociales y medioambientales en la contratación a nivel estatal y que pueda servir de inspiración a otras Administraciones Públicas para poder aprovechar todo el potencial
transformador que poseen muchas de las disposiciones de la norma legal.
4. Que se apruebe urgentemente la Estrategia Nacional de Contratación Pública, de forma participativa, teniendo en cuenta a los distintos actores que se verán afectados por la misma (Entidades Locales, sociedad civil, organizaciones
empresariales y sindicales, tercer sector...) donde se recojan con precisión y ambición los objetivos de combatir la corrupción, profesionalizar a los agentes públicos, generalizar el uso de la contratación electrónica, utilizar las posibilidades de
la contratación pública para apoyar políticas ambientales, sociales y de innovación y promover la participación de las Pymes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2018.-María Auxiliadora Honorato Chulián, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para afectar la totalidad de los fondos originados por la casilla
del 0,7% en la declaración de la Renta a una finalidad social, para su debate en Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El Tribunal de Cuentas dentro del 'informe de fiscalización de los procedimientos de concesión y de gestión y justificación de ayudas sociales concedidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo a los programas
de atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria, convocatoria de 2015', aprobado el 31 de julio de 2018, analiza el destino y uso de los fondos provenientes de aquellos contribuyentes que marcan la casilla del 0,7% en
la declaración del IRPF.
La tendencia de estos fondos ha sido a aumentar con el tiempo, situándose en el ejercicio fiscalizado en casi 221 millones de euros. Esto denota una confianza creciente de los contribuyentes en esta vía de financiación de obra social.
El Tribunal observa diversas deficiencias en el procedimiento de concesión de las ayudas, en especial la falta de transparencia para relacionar la valoración otorgada a los proyectos y la subvención que se les concede y la escasa
participación de las CC.AA. y de las ONGs en la determinación de la cuantía de las ayudas concedidas a los beneficiarios.
El Real Decreto-ley (RDL) 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, que introdujo una reforma de la normativa hasta entonces vigente,
para dar una mayor coherencia sectorial y operatividad en la gestión de los programas de interés social financiados con el porcentaje del IRPF. En su artículo 2.1 consignó los cinco ejes que se relacionan a continuación:
a) La atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria.
b) La atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral.
c) El fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia.
d) La protección del medio ambiente.
e) La cooperación al desarrollo.
En su artículo 4 establece un requisito de supraterritorialidad en la concesión de subvenciones que ha sido origen de conflictos competenciales entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas (CC.AA.) dando lugar a la Sentencia del Tribunal
Constitucional, de 19 de enero de 2017, que estima parcialmente el conflicto positivo de competencias interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra la Resolución de 18 de mayo de 2016, de la SESSI, por la que se convocan
subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF y que ha dado lugar a la distribución del crédito correspondiente a la asignación tributaria del IRPF entre el Estado y
las CC.AA., como se informa más adelante.
Sin embargo, en el caso de las ayudas destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF, los fondos procedentes de reintegros y devoluciones voluntarias que se producen, sean de la
propia convocatoria o de convocatorias anteriores, quedan a la libre disposición del Tesoro Público, sin que se haya hecho uso de la posibilidad que permite el artículo 53.2.e) de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, de generar nuevos ingresos
afectados a los fines a los que dichos fondos estaban legalmente destinados.
Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer la afección de los fondos correspondientes a la asignación tributaria del 0,7% en la Declaración de IRPF, que por reintegros y devoluciones voluntarias que se producen tras la concesión de las ayudas, a través de generaciones
de crédito por ingresos según lo previsto en el art. 53.2.e) de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, de manera que no queden de libre disposición del Tesoro Público, como hasta ahora, y pasen a destinarse, como prevé la disposición adicional
quinta de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, a fines religiosos y otros fines de interés social.
2. Establecer un procedimiento de concesión más transparente, que garantice un control del gasto más eficiente y que desarrolle una mayor participación colaboración de todos las partes interesadas, en particular CC.AA. y ONGs.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2018.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la garantía de acceso a formularios y textos
administrativos en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
En 2017 la Agencia Tributaria hizo saber a un ciudadano residente en Tarragona, en un documento con número de remesa 70560020, que las versiones en catalán de los modelos del IVA 303 y 390 habían sido suprimidas en 2014 por 'razones de
economía y oportunidad'.
También en 2017, la Dirección General de Tributos, el único órgano que puede ofrecer respuestas vinculantes sobre cuestiones tributarias, en un documento con número de referencia 2017-CONSULTAS-001934-17-REQS, exigió a un ciudadano residente
en Barcelona que tradujese al castellano la consulta que había dirigido en catalán al citado órgano porque se trataba 'de un órgano de la Administración General del Estado que tiene su sede en Madrid'. Después que el susodicho ciudadano respondiera
en catalán que el artículo 10.1 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias amparaba su derecho a usar el catalán, la Dirección General de Tributos le envió una segunda misiva, con número de referencia 2017_CON_001934-17, donde le
informaba que procedía a archivar el expediente porque no había enviado la traducción al castellano de la carta original en el plazo que le había ofrecido.
Teniendo presente lo siguiente:
1. La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias dice en su artículo 10.1, letra b, que los estados firmantes se comprometen 'a poner al alcance de la población formularios y textos administrativos de uso frecuente en sus
lenguas regionales o minoritarias, o en versiones bilingües'. El Reino de España ratificó en 2001 este tratado internacional promovido por el Consejo de Europa y para la lengua catalana (como para la vasca y la gallega) se comprometió a aplicarlo
en su versión más ambiciosa. El artículo en cuestión ha sido ratificado para la lengua catalana.
2. El reporte de evaluación del cumplimiento de la Carta Europea por parte de España correspondiente al periodo 2013-2015 elaborado por el Comité de Expertos apunta en su punto 223 que el Reino de España solo ha cumplido parcialmente su
compromiso de poner al alcance de la población formularios y textos administrativos en catalán y que la proporción es todavía inadecuada.
3. El artículo 5 del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el cual se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado, establece que
'los impresos normalizados que se pongan a disposición de los ciudadanos en las dependencias situadas en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial serán bilingües en castellano y en la lengua cooficial'.
4. El 'Defensor del Pueblo', el señor Francisco Fernández Marugán, ha expresado en un documento con número de expediente 18016378 que 'esta institución tiene en curso una investigación de oficio ante la Administración Tributaria, por la
persistencia en la inobservancia de la cooficialidad lingüística', que 'la cooficialidad lingüística no es una opción administrativa, sino una sujeción para la Administración y no debe aceptarse la persistencia durante años de situaciones que
muestran cómo el uso de las lenguas cooficiales no es normal, habitual, fluido y sin dificultades mayores', que 'el uso de las lenguas cooficiales alcanza a la dignidad de las personas', que 'la elección por un contribuyente de una lengua cooficial
tiene relación directa con sus derechos fundamentales y el libre desarrollo de la personalidad', y que no es 'perceptible que la AEAT se haya hecho resueltamente a las nuevas exigencias'. En este documento, el Defensor del Pueblo también hace
referencia explícita al citado artículo 10 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias para argumentar que el respeto al uso del catalán, como derecho fundamental, es también un fundamento del orden político y la paz social; y hace
referencia también al artículo 3.3 de la Constitución española, que establece el deber del sector público de dar a las diferentes lenguas del Estado un respeto y protección 'especial'.
5. El artículo 15 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, apunta que 'los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una
Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella'.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Emprender cuantas medidas legales sean necesarias para asegurar que los modelos 303 y 390, así como otros documentos en situaciones similares, estén plenamente disponibles en todas las lenguas cooficiales del Estado.
2. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, ratificada por el Reino de España en 2001, y asegurar que la población que lo requiera pueda acceder a todos los formularios y
textos administrativos en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para acabar con la infrafinanciación de la educación concertada y
evitar la eliminación de las deducciones en el impuesto de la renta de las familias con hijos en colegios concertados, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
En el curso escolar 2017-2018 hubo 8.158.605 estudiantes de enseñanzas de régimen general no universitarias repartidos en 28.211 centros por todo el país. España es uno de los países de la UE donde tiene mayor peso los colegios concertados,
que suman el 28% de la oferta educativa estatal, tanto en Primaria como en Secundaria, esto es más de 2,2 millones de alumnos.
Ciudadanos lleva reclamando meses la urgente necesidad de convocatoria de la Mesa de la Concertada y la necesidad de revisión de los módulos para equiparar la financiación del puesto escolar en toda la red financiada con fondos públicos de
forma que no se tengan que hacer aportaciones privadas por parte de las familias que optan por llevar a sus hijos a colegios concertados.
Actualmente, el coste de un alumno en la escuela concertada cuesta a la Administración la mitad que uno en la escuela pública según datos del Ministerio de Educación. Un cambio en el coste de la educación concertada de la envergadura del
planteado por el Gobierno tiene la capacidad de alterar el equilibrio actual del gasto en educación en nuestro país con consecuencias imprevisibles de cara al inicio del curso escolar que viene.
Por desgracia, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado en lanzar cada día una propuesta para subir un impuesto diferente a las familias: los conductores de diésel a todo aquel que tenga una cuenta en un banco mientras se dedica a
decir que estas subidas sólo afectan a las rentas altas y más recientemente a todos aquellos padres que tienen hijos estudiando en un colegio concertado.
Según parece la Agencia Tributaria ultima un cambio de interpretación por el cual las cuotas pagadas por los padres con hijos en los colegios concertados no podrían considerarse en ningún caso como donaciones, como sí venía ocurriendo en
algunos casos hasta la fecha.
Actualmente el pago de donativos permite una deducción fiscal de hasta el 75% para los primeros 150 euros abonados y un 30% para el resto, que es precisamente de lo que hasta ahora se beneficiaban los contribuyentes con hijos en centros
concertados. Para un pago anual de unos 1.000 euros, el aumento a pagar en la declaración del IRPF serían de 367 euros por hijo, a causa de la pérdida de la deducción, más las cantidades que Hacienda podría reclamar por los cuatro años no
prescritos.
Adicionalmente, si estas cuotas dejan de ser consideradas donaciones, los centros concertados deberán declarar por estos ingresos en el Impuesto de Sociedades. Esto haría aumentar la recaudación fiscal del Estado, pero pondría en riesgo las
cuentas del colegio, que podrían verse obligados a subir las cuotas a las familias. El cambio de criterio interpretativo por parte de Hacienda introduce una importante incertidumbre sobre sus efectos y consecuencias, ya que su impacto sobre
finanzas de las familias y los colegios concertados es potencialmente muy relevante.
El artículo 108 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el punto número 4 que '4. La prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados',
reconociendo que la enseñanza concertada es una pieza clave para garantizar tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza.
Entre las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Ley Educativa (LOMCE), en su artículo 22 bis, punto 3, letra c, recoge expresamente la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza
Concertada como 'instrumento del sistema educativo español para la consecución de sus fines' que debe ser el foro en el que el Gobierno plantea cualquier cambio y mejora de la financiación de la escuela concertada de manera dialogada y evitando la
incertidumbre y la inseguridad jurídica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convocar la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada a la mayor brevedad posible para revisar la cuantía de los módulos de concierto para equiparar la financiación del puesto escolar en toda la red financiada con fondos
públicos de forma que no se tengan que hacer aportaciones privadas por parte de las familias que optan por llevar a sus hijos a colegios concertados.
2. En tanto en cuanto no se trate esta cuestión en dicha Mesa, garantizar la seguridad jurídica y evitar cambios de criterios interpretativos de la normativa fiscal, en particular en lo relativo a las deducciones por donaciones a colegios
concertados, que puedan suponer una subida de impuestos a las familias y un aumento del coste de la educación concertada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2018.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Interior
161/003988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la práctica de los registros corporales externos, la interpretación de determinadas infracciones y cuestiones procedimentales en relación con la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado 1 de octubre tuvo entrada en el registro general de la Delegación de Gobierno de Baleares un acta-denuncia en la que se imputaba a un ciudadano una infracción leve tipificada por proferir hacia a los agentes de la Comisaría Oeste
de Palma a la que había acudido para renovar su Documento Nacional de Identidad DNI, la expresión de 'payasos', al habérsele informado que precisaba de cita previa para la renovación del documento de identidad.
Una vez debidamente registrada el acta-denuncia, la Delegada de Gobierno de Baleares, doña Rosario Sánchez Grau, alegaba en una instrucción fechada a 2 de noviembre de 2018, que el contenido de este acta-denuncia era incompleto e
insuficiente para imputarle al denunciado una infracción, pues 'la manifestación pronunciada por el denunciado no configuraba en el sentir social desprecio alguno y, por lo tanto, al no concurrir los requisitos del tipo infractor imputado, no
existía vejación, ofensa o injuria alguna hacia los agentes actuantes'.
Esta misma Delegación de Gobierno aseguraba además que existían instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la necesidad de reflexionar sobre la interpretación de ciertas infracciones tipificadas en la Ley Orgánica de
protección de seguridad ciudadana, a la espera de 'la oportuna reforma legal'.
Lo cierto es que el pasado mes de octubre, la Secretaría de Estado de Seguridad emitió la instrucción 13/2018, de 17 de octubre, sobre la práctica de los registros corporales externos, la interpretación de determinadas infracciones y
cuestiones procedimentales en relación con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, en la que se invita a realizar una interpretación matizada de la actual ley.
El fin último de dicha Instrucción es que mientras se tramita la reforma de la actual Ley 4/2015, de 30 de marzo, las autoridades competentes se separen del contenido estricto de algunos de los preceptos de la ley, y realicen una
interpretación más suavizada a la hora de poner en práctica dichos preceptos.
En concreto, y en relación con el criterio utilizado por la Delegación de Gobierno de Baleares al que se ha hecho referencia anteriormente, la Secretaría de Estado de Seguridad establece en la instrucción Quinta de la Instrucción 13/2018, de
17 de octubre, relativa a las faltas de respeto y consideración a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que 'se acote -en la medida de lo posible- el alcance de las conductas de los sujetos infractores para que puedan considerarse faltas
de respeto y consideración', y se deslinde este tipo de conductas de las de desobediencia y resistencia.
Corno era de esperar, este y el resto de puntos establecidos en la instrucción 13/2018, de 17 de octubre (registros corporales; desobediencia o resistencia, o el uso no autorizado de imágenes), han generado una gran preocupación entre los
colectivos representativos de la guardia civil, policía nacional y policía municipal, ante la indefensión que dicha instrucción pueda generar entre los agentes policiales.
En concreto, una de sus mayores preocupaciones es la de que la puesta en práctica de dicha instrucción supondrá un aumento de trabas y requisitos formales y procedimentales en la realización del trabajo policial, que acabará menoscabando la
seguridad personal de los agentes.
Por todo ello, y ante la intranquilidad que dicha instrucción ha generado entre el colectivo policial por ver peligrar no solo su seguridad, sino también su buen servicio, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Derogar de inmediato la vigente instrucción 13/2018, de 17 de octubre, sobre la práctica de los registros corporales externos, la interpretación de determinadas infracciones y cuestiones procedimentales en relación con la Ley Orgánica
4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad, de forma que los agentes policiales no vean mermada su seguridad personal en el ejercicio de sus funciones, y puedan realizar estas con
la máxima profesionalidad y seguridad jurídica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Interior
sobre la situación de colapso del sistema de asilo y, en concreto, de los trabajadores interinos de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio de Interior.
Exposición de motivos
Asistimos actualmente a una importante ruptura en el sistema de asilo y refugio del Ministerio de Interior. Si bien partíamos de un sistema de asilo ineficiente e ineficaz, tendente al colapso, en los últimos meses el acceso a la protección
internacional se ha convertido en un verdadero caos que está vulnerando los derechos fundamentales de las personas susceptibles de solicitar protección internacional. Desde que el pasado mes de mayo se bloqueara la posibilidad de solicitar cita
para iniciar los trámites para solicitar protección internacional, las solicitudes de cita se han ido complejizando hasta el punto de que las citas
para la solicitud de asilo se están expidiendo en estos momentos para otoño del año 2020. En el caso concreto de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid el número de citas que se expiden diariamente oscila entre las 80 y
las 99 provocando largas colas durante las pasadas semanas de gente esperando desde la madrugada para poder coger un número. Esta situación se repite en otras ciudades como Barcelona o Valencia. Con ello, el Ministerio de Interior está
incumpliendo la Directiva 2013/32/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional en la que se establece que el registro de las solicitudes
se realizará en el plazo de 3 días o 10 en caso de imposibilidad de cumplimiento de ese plazo por aumento de las solicitudes. Sin embargo, actualmente el Ministerio de Interior está expidiendo las citas con aproximadamente un año y medio de
retraso. Además, el Defensor del Pueblo, en su informe de 2016 sobre el Asilo en España, ponía en relieve que las resoluciones de las solicitudes de asilo se estaban demorando hasta 2 años. Esta situación resulta una vulneración de la misma
Directiva 2013/92/UE, que establece que el plazo de examen de las solicitudes sea un máximo de 6 meses (ampliables hasta 9 meses más) desde la fecha de la solicitud, así como el derecho a que la persona solicitante sea notificada en 'un plazo
razonable' de la decisión sobre su solicitud. Es evidente el tiempo excesivamente dilatado para expedición de las citas más los 2 años que se está demorando la resolución, no se corresponde con el 'plazo razonable' que dispone la Directiva.
Además, la Ley 12/2009, de Asilo, establece en su artículo 19.7 que se informará a la persona interesada del motivo de la demora en caso que el plazo de seis meses para la tramitación sea ampliado.
Uno de los motivos de este colapso, tanto en la obtención de las citas como, posteriormente en el estudio de las solicitudes, tiene que ver con la situación en la que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio de
Interior. En 2015, el Ministerio del Interior aprobó la creación de 94 plazas con carácter de temporalidad para dar respuesta a la elevada carga de trabajo de la OAR. En concreto, el 9 de diciembre de ese año ingresaban los primeros trabajadores y
trabajadoras en condiciones de interinidad a la OAR con las categorías A1, A2 y C2, con lo que el Ministerio del Interior quedaría compuesto de un total de 128 trabajadores y trabajadoras (94 funcionarios y funcionarias interinas y 34 de carrera)
adscritas a los mismos programas. Estos funcionarios y funcionarias interinas fueron reclutados mediante una apertura de plazas de un plan temporal ante la situación de emergencia humanitaria y colapso del sistema debido a la guerra de Siria y las
consecuentes migraciones surgidas a causa de la misma. La problemática de emergencia social, de crisis humanitaria y de colapso del sistema no es coyuntural ahora, ni lo era en 2015, por lo que estas plazas deberían haber sido convocadas con
carácter estructural en vez de temporal desde el primer momento. Sin embargo, estas plazas fueron convocadas con carácter de interinidad. Afortunadamente y, habida cuenta de la necesidad imperante y la situación de colapso que actualmente se vive
en el sistema de protección internacional del Ministerio del Interior, el pasado mes de julio se publicó el Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de
medios en la atención a asilados y refugiados, con el que tanto estas plazas como las análogas en la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social pasarían a ser estructurales.
Estos funcionarios y funcionarias interinas superaron un proceso selectivo muy específico en el que se valoraron la experiencia profesional previa en el ámbito de las migraciones, en gestión financiera de programas públicos así como un nivel
alto de inglés. Además, han adquirido en estos años una experiencia profesional que se ha traducido en una mejora de nuestro Sistema de Asilo y Refugio.
Sin embargo, los interinos e interinas que en 2015 ocuparon estas plazas están a punto de ser cesados por cumplir los 3 años de tope máximo de contratación en condiciones de interinidad, tiempo tras el cual pasarían a ser funcionarios y
funcionarias indefinidos no fijos. Como consecuencia, serán sustituidos por personal interino de una bolsa de empleo general de función pública sin que sea necesario ningún conocimiento en el ámbito de las migraciones. Todo ello hasta que se
convoquen las plazas de oposición a las que hace referencia el Real Decreto-ley 6/2018, y estas plazas estructurales pasen a ser ocupadas por funcionarios y funcionarias de carrera para los cuales actualmente no hay fecha de inicio del proceso
selectivo.
La situación del sistema de atención a personas solicitantes de asilo y refugio es ya insuficiente, por las carencias existentes en dotación de medios humanos y técnicos, como reconocía el propio Gobierno en el Real Decreto-ley 6/2018. El
próximo 8 de diciembre los trabajadores y trabajadoras interinos de la OAR cumplirán los 3 años, desde las primeras incorporaciones el 9 de diciembre de 2015, por lo que cesarán de sus puestos de trabajo. Esta situación hará que la OAR pueda ver
reducido el personal en
aproximadamente un 70 %, o bien que sean sustituidos por otros funcionarios y funcionarias interinos sin formación específica en la materia, con los retrasos y disfunciones que pueden surgir en un sistema que actualmente está colapsado, lo
cual agravará todavía más la situación.
Todo supone una situación de vulnerabilidad e indefensión extremas para las personas solicitantes de asilo en nuestro país urgente de solucionar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar un Real Decreto-ley para la ampliación en 12 meses de la situación de interinidad de los funcionarios y funcionarias que actualmente ocupan las funciones de asilo y refugio en el Ministerio de Interior, en virtud de lo
establecido en el artículo 10.1c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Modificar el procedimiento de petición de cita para la solicitud de protección internacional que recupere la posibilidad de hacerse a través de medios telemáticos, agilizar la tramitación y dotar de los medios necesarios la Oficina de
Asilo y Refugio para garantizar los derechos fundamentales de las personas solicitantes de protección internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Isabel Franco Carmona y Marcelo Expósito Prieto, Diputados.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora y refuerzo del papel de los municipios en el
sistema de acogida de personas migrantes y refugiadas, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El aumento de los flujos migratorios en todo el mundo es, sin duda alguna, uno de los resultados más vertiginosos surgidos de la globalización, tratándose de un fenómeno que ha experimentado además una gran intensificación a lo largo de la
última década. Este crecimiento de los flujos de personas migrantes y refugiadas se constata en documentos y declaraciones de los últimos años que constituyen guías fundamentales para conducir el equilibrio internacional, la relación armoniosa
entre los Estados y los pueblos, y el respeto universal a los derechos humanos. Es el caso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas (2015), donde se reconoce la 'contribución positiva' de las personas migrantes al
crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible de las naciones, o la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, también de las Naciones Unidas (2016), donde se recuerda que 'aunque el trato que se les dispensa se rige por
marcos jurídicos separados, los refugiados y migrantes tienen los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales'. Con todo, resultaría inocente ignorar que los desplazamientos masivos de población conllevan también retos muy
exigentes para las políticas nacionales, europeas y globales.
Un documento que constituye una de las mejores guías de orientación internacional para afrontar estos retos, es el más citado recientemente por gobernantes y políticos de todos los países del mundo: se trata del Pacto Mundial para la
Migración Segura, Ordenada y Regular, a ratificar en Marrakech en diciembre de 2018. El significado que debamos dar a estos conceptos: segura, ordenada y regular, constituye sin duda un terreno de discusión ética y política. Pero más allá de las
diferencias de enfoque sobre estos términos, diferencias inevitables que existirían entre diferentes fuerzas partidarias y proyectos de sociedad, una buena base para el consenso consistiría en asumir, más allá de nuestras diferencias,
los 23 objetivos del Pacto, de entre los cuales nos interesa resaltar ahora, para el propósito de esta Proposición no de Ley, el Objetivo 16: empoderar a las personas migrantes, y dotar a las sociedades de los recursos necesarios para que
se pueda llevar a cabo su completa inclusión, de una manera tal que, al mismo tiempo, se garantice la cohesión social.
A nadie se le escapa que este objetivo resulta muy difícil de cumplir si los sistemas de acogida y asilo de un Estado se encuentran infradotados, no incorporan los mecanismos de coordinación imprescindibles entre las administraciones
públicas o no existen suficientes vías de colaboración entre el sistema de acogida estatal y las organizaciones especializadas de la sociedad civil. En este orden de cosas, una de las deficiencias más señaladas del sistema de acogida español
estriba precisamente en el impacto que las necesidades de acogida están teniendo en los ayuntamientos, cuyas políticas se están implementando -sin que les correspondiese competencialmente hacerlo, siendo una tarea que asumen por responsabilidad
social y humanitaria- sin la aportación económica del Gobierno central y sin que existan protocolos de coordinación estables que garanticen una gestión multinivel de las políticas de acogida y asilo entre el Gobierno central, las Comunidades
Autónomas y los municipios.
De hecho, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (conocida como Ley de extranjería), en su artículo 2, relativo a la integración de las personas migrantes,
apartado cuarto, se refiere expresamente a que los programas de acción de Gobierno y Comunidades Autónomas 'serán financiados con cargo a un fondo estatal para la integración de los inmigrantes, que se dotará anualmente, y que podrá incluir fórmulas
de cofinanciación por parte de las Administraciones receptoras de las partidas del fondo'. Sin embargo, esta previsión se ha dejado sin efecto por la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2018 (véase la
disposición adicional 105, apartado 4); lo que significa que esta partida ha sido vaciada en los PGE vigentes. Si no queremos que esta contradicción entre las declaraciones y pactos de buenas prácticas internacionales sobre la acogida de personas
migrantes y refugiadas, la propia legislación española, y la realidad de la desfinanciación de los fondos de acogida, se transforme en una peligrosísima regresión en la garantía de los derechos humanos y la cohesión social, resulta urgente
plantearse de nuevo destinar la financiación suficiente a las políticas de acogida por parte del Estado. Lo contrario es algo que, como Estado democrático, social y de derecho, que respeta además los marcos internacionales de reconocimiento
universal de los derechos humanos, no podemos permitirnos.
De hecho, una demanda como el restablecimiento del Fondo de Acogida e Integración de la Inmigración forma parte desde hace tiempo de la agenda de reclamaciones de los municipios, nuestras ciudades de acogida, al Gobierno central. Recuperar
el Fondo de Acogida e Integración es capital para que las administraciones municipales y autonómicas puedan hacer frente a las necesidades que plantea la llegada de inmigrantes, en condiciones respetuosas con los derechos humanos y de acuerdo con
las recomendaciones internacionales. Este fondo servía, antes de su desfinanciación, para cubrir las actuaciones de las Comunidades Autónomas y municipios en materia de políticas de acogida de personas migrantes, servicios sociales, sanidad,
educación, etc.
Recuperar este Fondo de Acogida e Integración significaría dotar de recursos económicos a quienes han venido gestionando el impacto en última instancia de las políticas de acogida. Por poner solo un ejemplo, el Ajuntament de Barcelona
atendió el pasado año 2017 a 16.936 personas inmigradas, 4.405 potenciales solicitantes de asilo, 500 de ellas menores, triplicando el número de 2015. Pues bien: en lo que se lleva recorrido de año 2018, lleva destinados más de 6M de recursos
propios a la acogida de personas refugiadas. Y se trata de un ejemplo que se multiplica en numerosos municipios de todo el Estado. Nos encontramos en una situación en la que los municipios tienen escasas competencias y no perciben recursos del
Gobierno central para ejecutar la acogida de personas migrantes, siendo no obstante nuestras ciudades las que acusan en última instancia el impacto del desplazamiento de personas migrantes. Los ayuntamientos han de realizar además malabarismos para
garantizar la convivencia, asistir a personas en situación de máxima vulnerabilidad y no saturar los servicios básicos de acceso generalizado (guarderías, educación, sanidad, centros de día, etc.) en los puntos más calientes de destino. Estas
tensiones no son fruto de la inmigración, sino de las deficiencias en nuestros sistemas de acogida,
Es necesario crear un nuevo clima de cooperación entre Gobierno central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que incluya también a organizaciones especializadas de la sociedad civil, para repartir responsabilidades de manera ordenada,
coordinar políticas y compartir recursos.
Esta reclamación de fondos para las administraciones locales, en los últimos meses, no tiene un único color político. El Grupo Parlamentario Popular promovió debatir en la Comisión de Entidades Locales del
Senado, hace pocas semanas, una Moción que afirmaba: 'Los Ayuntamientos son los que están afrontando, casi en solitario, estas llegadas, y para ellos está siendo muy difícil organizar la acogida en buenas condiciones. El gran aumento de
llegada de inmigrantes ha puesto al límite los recursos de muchos Ayuntamientos, que son los que en primera instancia se hacen cargo de ellos y tienen que sufragar los gastos que conlleva', instando finalmente al Gobierno 'a poner en marcha un plan
de apoyo económico a los [Ayuntamientos] que les permita hacer frente a esta situación', así como también 'a elaborar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, un protocolo de intervención para la acogida y asistencia de
las personas que llegan a España en condiciones de irregularidad, que contemple infraestructuras adecuadas, medios humanos especializados y medidas de coordinación entre las distintas administraciones, las organizaciones no gubernamentales y la
sociedad civil'. También hace pocas semanas, el Grupo Parlamentario Popular elevó al Pleno del Congreso una Moción que incluía en su punto 4: 'Incrementar el fondo especial que ha abierto el Gobierno para ayudar económicamente a los municipios
receptores de inmigración irregular'.
Efectivamente, durante el verano pasado, también la actual Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Dña. Magdalena Valerio, se comprometió a recuperar el Fondo de apoyo a la acogida e integración de personas migrantes, que había
sido creado en 2004 por el Gabinete socialista con una dotación inicial de 7 millones de euros. En el año 2009, se alcanzaron los 200 millones de dotación, que fueron gestionados mediante acuerdos con ONG, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. En
2011, este Fondo sufrió un serio recorte, y su asignación se fijó en 67 millones de euros, siendo definitivamente eliminado en el año 2012. Con todo, como recogían los medios, 'la ministra de Trabajo y Migraciones ha anunciado en el Congreso que
prevé recuperar el fondo para la acogida y la integración de migrantes... aunque no ha detallado el importe que se le asignará' (eldiario.es, 12/7/2018).
Según han venido planteando las redes de ciudades que se vienen coordinando de forma estable durante los últimos dos años en sus demandas hacia el Gobierno central en materia de acogida, un mínimo de los 200 millones de euros de los que el
Fondo estaba dotado en 2009, servirían actualmente para aliviar el gasto asumido unilateralmente por los municipios, y su reparto permitiría que las ciudades siguieran acogiendo en condiciones dignas. Así lo transmitió a diversos representantes de
los Grupos Parlamentarios del Congreso, el pasado 7/11/2018, la red de ciudades que incluye, entre otras, a Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Granada, Valladolid, Girona, San Sebastián, A Coruña, Cádiz y Terrassa: 'Entre las peticiones
específicas de los ayuntamientos para abordar la cuestión en el corto plazo están la recuperación del fondo de integración y acogida para las comunidades autónomas y los municipios, incrementar la transparencia en la gestión de los fondos europeos,
y mejorar la comunicación y la coordinación entre el Ejecutivo central y las ciudades' (Público, 7/11/2018).
Hay que dejar constancia también, en esta exposición de motivos, de otro dato que vienen señalando nuestros municipios de acogida. Los Fondos de Asilo, Migración e Integración (FAMI), por los cuales el Estado español recibe de la Unión
Europea un total de 330 M para la acogida de refugiados, se destinan en una parte importante al control fronterizo, al mantenimiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y a realizar a expulsiones de personas migrantes en situación
de irregularidad. Ello nos parece que contradice de manera flagrante el espíritu con el que estos Fondos europeos están concebidos y destinados a los Estados miembros de la Unión.
Para paliar de una vez estas insuficiencias, es preciso finalmente, como ya hemos señalado, que las administraciones públicas trabajen en un tipo de gestión multinivel de las políticas de acogida, desarrollando conjuntamente una estrategia
de integración de personas migrantes, solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional, así como en un protocolo de coordinación para responder mejor, por ejemplo, a la llegada de autobuses con personas migrantes a nuestras
ciudades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Restablecer el Fondo de Acogida e Integración, destinando una dotación adecuada a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, para poder atender con dignidad y recursos suficientes a las personas migrantes que llegan a nuestras ciudades.
2. Reconsiderar los usos actuales de los Fondos de Asilo, Migración e Integración, los fondos FAMI europeos, para reorientarlos hacia políticas de acogida reales y efectivas, descentralizando dichos fondos para los municipios que ponen en
práctica políticas concretas de acogida.
3. Crear un protocolo de comunicación entre el Estado y las principales ciudades de acogida, para conocer con antelación las llegadas de flujos de personas migrantes y solicitantes de asilo. Sus objetivos serían, principalmente: poder
planificar conjuntamente los recursos adecuados para su recepción y primera acogida; informar de la disponibilidad de plazas; y dotarse de un sistema transparente de información sobre el destino de las personas llegadas por nuestras costas.
4. Articular, en términos generales, una coordinación multinivel de las políticas de acogida, entre el Gobierno central, las Comunidades Autónomas, los principales Ayuntamientos, con la colaboración de las organizaciones especializadas de
la sociedad civil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2018.-Marcelo Expósito Prieto, Diputado.-Lucía Martín González e Ione Belarra Urteaga, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Interior, relativa a la necesidad de iniciar el procedimiento para la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a la villa de Viveiro (Lugo),
gravemente afectada por las fuertes riadas de 18-19 de noviembre.
Exposición de motivos
En la noche del domingo 18 de noviembre, la localidad mariñana de Viveiro (Lugo) sufrió una violenta riada debido a un fuerte temporal de lluvia que inundó prácticamente toda la villa, afectando especialmente al barrio de A Xunqueira, donde
lamentablemente esta catástrofe se cobró la vida de una mujer de 82 años que non pudo salir de su casa cuando fue sorprendida por la abrupta entrada de agua.
Además de provocar la muerte de una mujer, la fuerte riada dejó un rastro de enorme destrucción, pérdidas, locales y comercios destrozados y un pueblo impactado por un desastre que nunca se había vivido antes, especialmente el barrio próximo
al río Xunqueira aunque también afectó a otras zonas como áreas urbanas de Viveiro y Covas, o A Carreira en Magazos.
A pesar de que ha ido pasando el tiempo y se han llevado a cabo labores de limpieza, permanece todavía la huella del desastre. Es necesario emprender las actuaciones de recuperación para lo que se precisa del concurso y de la ayuda de las
distintas administraciones.
El mismo ayuntamiento de Viveiro ha manifestado que la reparación de todos los daños, tanto particulares como públicos (bienes inmuebles municipales o viales) necesitará de importantes inversiones. A falta de que se concluya la valoración
de daños, en el recuento ya figuran 24 viales, 10 calles peatonales, 11 puentes, bienes como el Lavadero de Ponte Labrada, mobiliario urbano, alumbrado público, redes y canalizaciones de agua, entre otros muchos. Respecto a bienes particulares, se
han visto afectadas numerosas viviendas, cuyos vecinos y vecinas no han podido regresar a sus casas.
El río Xunqueira que se desbordó en muy poco tiempo debido a la falta de limpieza de los últimos años, es aún una amenaza en caso de que vuelvan lluvias torrenciales. El desbordamiento del río Xunqueira causó las fuertes riadas debido a la
acumulación de troncos, árboles, maleza y demás desechos que estaban depositados en el cauce fluvial desde hace tiempo. En muchas ocasiones vecinos y vecinas denunciaron ante el Seprona y ante la Xunta el mal estado del río, que precisaba de una
urgente actuación de limpieza puesto que ni el agua podía fluir por el atasco de desechos.
De hecho, la tromba de agua descomunal que cayó en poco tiempo causó el desbordamiento del Xunqueira a la altura del puente, donde se formó un tapón que impidió el flujo de agua.
Las denuncias y las llamadas de atención de vecinos y vecinas no fueron objeto de atención por parte de la administración responsable: la Xunta de Galicia, que hizo caso omiso a esta situación. Hasta tal punto es así que una concejala del
PP de Viveiro ha dimitido criticando la dejación por parte de la Xunta (Augas de Galicia).
A medida que pasan los días, son numerosas las voces que consideran que de haberse efectuado la regeneración del cauce fluvial, la catástrofe no habría tenido las mismas dimensiones. Es más, consta que hubo denuncias del mal estado del río
en los últimos meses ante el Seprona y la Xunta. Pero nadie adoptó medidas.
Incluso, la situación empeoró a raíz de la tala de árboles que se efectuó este verano, dejando algunos de ellos tirados en el monte, así como otros restos. Todos estos restos fueron a parar al río. El 'dique' que se formó en el puente a la
altura del barrio de Xunqueira arrastró vehículos que acabaron en fincas e incluso en viviendas. Este barrio quedó completamente destruido.
A falta de analizar el cúmulo de factores que han convertido una enorme descarga de agua en poco tiempo en una riada brutal, y a pesar de que la Xunta elude sus responsabilidades cuando existen evidencias claras, sería importante que la
Administración General del Estado, una vez terminado el balance de daños, impulsase la declaración de emergencia de protección civil.
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, contempla que cuando ocurra un fenómeno extraordinario por su magnitud y gravedad y altere las condiciones de vida de los ciudadanos, el procedimiento para poner en
marcha los diferentes tipos de medidas es la 'declaración de emergencia de protección civil' por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y de Interior. Para una declaración de este tipo, la ley recoge que 'se
valorará que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada.'. Eso precisamente ha ocurrido en Viveiro.
El capítulo V de dicha normativa, titulada 'Recuperación' contempla cuestiones concernientes a las fases de la recuperación, los daños materiales, daños personales. En el artículo 23 establece el procedimiento de declaración de zona
afectada gravemente por una emergencia de protección civil, el artículo 24 contempla las medidas aplicables, entre ellas las ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad, o medidas fiscales como la
contemplada en el artículo 7.º que indica que 'las ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas', entre otras muchas exenciones fiscales. También se recogen medidas laborales y de Seguridad Social.
Desde En Marea consideramos que la catástrofe que registró Viveiro se ajusta perfectamente a dicha declaración, razón por la cual presentamos la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Iniciar el procedimiento de declaración de Viveiro como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil por las fuertes riadas ocurridas el 18-19 de noviembre, aplicando lo contemplado en el artículo 23 de la Ley 17/2015,
de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que indica en su punto 1 que: 'la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil prevista en esta ley se efectuará por acuerdo del Consejo de Ministros, a
propuesta de los Ministros de Hacienda y de Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, e incluirá, en todo caso, la delimitación del área afectada. Dicha declaración podrá ser solicitada por las administraciones
públicas interesadas'.
- A tal objeto, aprobar las medidas contempladas en el artículo 24 de la Ley que comprende ayudas económicas a particulares, así como medidas fiscales de exención tributaria y medidas laborales y de Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2018.-Miguel Anxo Fernández Bello, Diputado.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Fomento
161/003993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Ferran Bel i Accensi, Diputado del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su debate ante la Comisión de
Fomento, una Proposición no de Ley para la construcción de un acceso a la autopista AP-7 en la comarca del Montsiá.
Exposición de motivos
La AP7 (E15 en nomenclatura europea) es la vía rápida de titularidad estatal (mayoritariamente de pago) que une el sur de la Península Ibérica con Francia por la costa y es la vía rápida con más tráfico de turismos y mercancías del Estado.
Se inauguró en 1969 y el tramo Salou-Amposta en 1974. No sería hasta 1978 que se abriría el tramo Amposta-Castelló. Han pasado 40 años y la comarca del Montsiá es la única comarca que no dispone de entrada y salida en la AP7, con el consiguiente
agravio que supone para ciudadanos, empresas y turistas.
La comarca del Montsiá, que limita al este con el Mediterráneo, al sur con el Baix Maestrat (Castelló), al norte con el Baix Ebre (Tarragona) y al oeste con el Matarranya (Teruel), tiene 12 municipios y 1 EMD, un total de 70.000 habitantes y
uno de los PIB per cápita más bajos de Catalunya. Sus ciudadanos y empresas sufren un agravio respecto a otras comarcas que tienen 1, 2, 3 o incluso 4 accesos a la misma vía rápida. Cabe destacar que el Montsiá, como comarca más meridional de
Catalunya queda lejos de todos aquellos servicios e infraestructuras del resto del país donde sus habitantes tienen que desplazar a menudo (hospitales, universidades, puertos y aeropuertos, centros de trabajo, etc.).
La distancia que hay entre las entradas más cercanas en el Montsiá es la máxima de toda la AP7, 24 km de distancia entre las entradas de Vinaròs-Ulldecona (42) y La Aldea-Amposta (41). Se da la circunstancia, además, que entre estas dos
entradas hay un tramo con alta siniestralidad, en el término de Freginals, donde los últimos años ha habido varios accidentes mortales y donde se ha constatado que la distancia entre las salidas hace más difícil el acceso de los vehículos sanitarios
y de emergencias y en demora la llegada.
El próximo 31/12/2019 se acaba la concesión de la autopista del tramo Salou-Alacant y el Ministerio ya ha declarado que se liberará de los peajes, convirtiéndola en la única vía rápida que cruzará la comarca, pero para entrar los ciudadanos
del Montsiá tendrán que seguir recorriendo varios kilómetros por vías interurbanas.
Por todo ello los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado, titular de la vía AP-7, a presupuestar, en los presupuestos generales del Estado para el año 2019, el estudio de impacto ambiental y el proyecto constructivo de un acceso a la
misma, en la comarca del Montsià, entre los municipios de Amposta y Masdenverge así como de una área de servicio o descanso habilitada para camiones junto a dicho acceso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2018.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la aprobación del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal y su contrato regulador, para su debate en la Comisión de Fomento.
Motivación
El Gobierno tiene la responsabilidad de velar por un servicio postal universal de calidad, que llegue a todos los ciudadanos, con independencia de su situación social o económica o de su lugar de residencia, de forma que se garantice
adecuadamente las comunicaciones por vía postal y se refuerce la cohesión social y territorial en nuestro país.
El Plan de Prestación del Servicio Postal Universal y el contrato regulador entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA constituyen las herramientas básicas a través de las cuales el Gobierno
garantizará el citado servicio postal universal y establece su política postal, en el marco determinado por la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, y la normativa comunitaria.
El Plan de prestación del servicio postal universal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.3 de la Ley postal, debe ser aprobado por el Gobierno, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Consejo
Superior Postal.
Este Plan, además de determinar los servicios que el Estado se compromete a garantizar a todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio y sus condiciones de accesibilidad y calidad en su prestación, concretará las condiciones de
financiación sostenible de este servicio al operador designado para prestarlo (Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA.), todo ello de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea.
Una vez concluida la tarea de elaborar un borrador de Plan de Prestación del Servicio Postal Universal cuyo análisis se está realizando por parte de la Comisión Europea es conveniente que, una vez que se evacue el correspondiente informe por
parte de la citada Comisión, se agilicen los trámites necesarios para su más rápida aprobación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a agilizar, cuando reciba el informe correspondiente de la Comisión Europea, los trámites para la aprobación del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal y del contrato regulador entre
la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz, para su debate en
la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz está prácticamente finalizada, tras muchos años de promesas. En este sentido, la línea existente se ha duplicado y se han construido variantes de trazado que permiten circular a 200 kilómetros por
hora en varios puntos, entre ellos, el largo trayecto de 70 km entre Jerez y Utrera.
Los trabajos de vía, catenaria, señalización convencional y cerramientos llevan muchos meses terminados; sin embargo, los trenes Alvia siguen sin circular en ese tramo a 200 km/h y lo hacen a 160, lo que implica que tarden más de lo que
deberían, sin que haya transcendido el motivo.
Por otro lado, los trenes de media distancia, los que utilizan la mayoría de viajeros (13 trenes por sentido y día frente a 2 o 3 Alvia), a pesar de ser relativamente nuevos, no pueden superar los 160 km/h y no pueden, por tanto, aprovechar
las prestaciones de la nueva línea, al contrario de lo que pasa en otros puntos de España donde los trenes de media distancia que utilizan líneas de alta velocidad, los Avant, están diseñados para alcanzar hasta 250 km/h.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que en el plazo de 3 meses, los trenes Alvia alcancen los 200 km/h entre Jerez y Utrera. En el caso de que no sea posible, se insta al Ministerio de Fomento a dar cuenta, por escrito, de los motivos.
2. Que Renfe publique los pliegos de compra de material rodante, explicando si estos incluyen trenes eléctricos de media distancia que puedan circular a 200 km/h y cuántos de estos trenes se van a dedicar a esta línea.
3. Instar al Ministerio de Fomento a establecer un calendario para la puesta en servicio del ERTMS entre Sevilla y Cádiz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2018.-María Virginia Millán Salmerón, Francisco Javier Cano Leal y Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/004052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Alta Velocidad en Granada, para su debate en la Comisión
de Fomento.
Exposición de motivos
En la línea de alta velocidad Antequera-Granada se han puesto en evidencia casi todos los problemas que genera el modelo de planificación y construcción de infraestructuras seguido hasta ahora: variaciones en la planificación según el ciclo
político, uso electoralista de las infraestructuras, improvisación de los criterios técnicos, falta de rigor en los estudios geológicos de los proyectos, sobrecostes, incumplimiento de plazos, falta de transparencia y descoordinación entre
administraciones dependientes del Ministerio de Fomento.
En el caso de Granada, existe un importante agravante, ya que durante la construcción de la línea de alta velocidad, en abril de 2015, se cortó (en principio durante tres meses) la línea ferroviaria convencional Antequera-Granada, dejando a
Granada sin tren desde entonces, una situación insólita en España y en Europa. El AVE estaba previsto para finales de ese año, pero desde entonces (y han pasado más de tres años y medio) se han sucedido declaraciones y promesas de puesta en
servicio, todas incumplidas.
En este sentido, hemos pasado de que se establezcan fechas de inauguración con criterios políticos, a veces inasumibles para los constructores, a que el Gobierno no sea capaz de dar a la ciudadanía plazos de entrada en servicio de
costosísimas infraestructuras, aparentemente sin problemas técnicos, cuando debería ser el garante frente a la ciudadanía de los plazos de las obras y de explicar las desviaciones en las fechas de puesta en servicio. En los países de nuestro
entorno, las fechas de entrada en servicio de las infraestructuras se conocen con años de antelación y se trabaja para que se cumplan; en el caso de que haya desviaciones en los plazos, estas son explicadas con transparencia.
El nuevo Ministro de Fomento ha propuesto un nuevo cronograma para la puesta en servicio del AVE a Granada en mayo de 2019. Es la enésima fecha, que nos llevaría al bochorno de más de 4 años sin tren en Granada. La credibilidad del
Ministerio de Fomento está ya muy comprometida. Por tanto, es imprescindible que se informe mensualmente del estado de las obras y de cualquier desviación en la fecha de puesta en servicio.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Agilizar lo máximo posible las obras, para que los ciudadanos y las ciudadanas de Granada puedan disfrutar cuanto antes de esta infraestructura.
2. Informar mensualmente del estado de las obras y de cualquier desviación en la fecha de puesta en servicio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2018.-Luis Miguel Salvador García y Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley por la mejora
en las infraestructuras viales de la provincia de Toledo y conexión con Madrid, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Mapa Estratégico de Ruido de las Carreteras de la Red del Estado, en concreto el mapa referido a la A-42, es el documento que debe encargarse de, entre otras circunstancias, reconocer los problemas de ruido que generan esas carreteras en
los núcleos urbanos que atraviesan o pasan cerca, o carreteras que causan molestias a los vecinos que viven en viviendas demasiado cercanas a estas carteras de competencia estatal.
El tramo de autovía A-42 de estudio afecta a dos Comunidades Autónomas: Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, atravesando o discurriendo en las proximidades de los municipios de Madrid, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Pinto, Parla,
Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Cubas de la Sagra y Casarrubuelos en la primera, y de Illescas, Yeles, Numancia de la Sagra, Yuncos, Yuncler, Cedilla del Condado, Villaluenga de la Sagra, Cabañas de la Sagra, Yunclillos, Magan, Olías
del Rey, Bargas y Toledo en la segunda.
Ya en la provincia de Toledo, el trazado pasa junto a Illescas, aunque la sección en trinchera protege los usos urbanos de la afección acústica. Entre Illescas y Olías del Rey el trazado coincide con zonas de relieve suavemente ondulado,
generalmente con cultivos de cereal de secano, existiendo solamente algunas urbanizaciones dispersas cercanas a la autovía, de vivienda unifamiliar aislada. El núcleo urbano de Olías del Rey se encuentra completamente adosado a la carretera.
Las soluciones a adoptar son variadas y podrían pasar desde la instalación de barreras acústicas en la misma carretera A-42 a su paso por Olías del Rey, hasta la instalación de sistemas de aislamiento acústico en las mismas viviendas más
cercanas a la carretera y que más afectadas se encuentran por ruido, en función del citado Mapa Estratégico de Ruido de las Carreteras de la Red del Estado.
Las necesidades de inversión vial en la provincia de Toledo también se extienden a los diferentes accesos de la Autovía A-5 en su paso por Madrid y hasta la ciudad de Talavera de la Reina. Los accesos a Talavera de la Reina cuentan con una
serie de deficiencias por la tipología de las vías que se extienden hasta el núcleo urbano de la ciudad. Ninguno de ellos está desdoblado y en su mayoría se trata de carreteras secundarias de comunicación tradicional con localidades limítrofes, con
un elevado tránsito de
maquinaria agrícola, así como con una alta peligrosidad, ya que existen cruces de caminos muy transitados por ubicarse en una zona agraria de los regadíos públicos del Canal Bajo del Alberche.
En concreto, el acceso Este desde la A-5 a Talavera de la Reina, el más usado y frecuentado para la comunicación con Madrid y Toledo, se corresponde con el antiguo trazado de la N-V. Un trazado de 6 km de longitud, incluyendo los 330 m del
puente que cruza el Alberche en las inmediaciones de su desembocadura en el Tajo, que sería preciso acondicionar su traza actual y/o proceder a construir uno nuevo adecuado a los cuatro carriles de la solución propuesta, puesto que en la actualidad
la anchura del firme se ha estrechado considerablemente, obligando a limitar a 50 km/h la velocidad del cruce.
El riesgo, la lentitud del tránsito, las continuas retenciones, y sobre todo el cuello de botella que supone el puente sobre río Alberche, han sido y son objeto unánime de petición reiterada de subsanación por parte de la sociedad de
Talavera de la Reina y de los grupos políticos representados en el Consistorio.
Resulta urgente tomar medidas para la mejora de las conexiones viles de la provincia de Toledo y su conexión con Madrid, y por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar los trabajos necesarios para la puesta en marcha de un programa de protección acústica viviendas cercanas A-42 en su paso por provincia de Toledo.
2. La puesta en marcha de un programa de ampliación y mejora del acceso a Talavera de la Reina por la antigua N-V.
3. Impulsar los trabajos de desdoblamiento del acceso Este a la ciudad de Talavera de la Reina con un nuevo puente sobre el río Alberche.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2018.-María Gloria Elizo Serrano, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley por un
tren de calidad en la zona de la Sagra, Toledo, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Las infraestructuras ferroviarias de la zona de la Sagra de la provincia de Toledo han sido paulatinamente abandonadas, hasta el punto de cierre de varias estaciones de tren. Esto ha provocado la marginalización y la merma de posibilidades
de desarrollo económicas y sociales para el grueso de la población en esta zona.
La reapertura de la estación Villaluenga-Yuncler en Toledo es un reclamo social latente desde hace más de 20 años, respaldado por una amplia mayoría social en la zona. El edificio de la estación Villaluenga-Yuncler está en buen estado (y
protegido por la ley autonómica de patrimonio histórico), próximo a una zona industrial y a urbanizaciones y dotado de andenes, aparcamiento, un jefe de estación permanente, que da paso a los trenes, acceso directo desde dos autovías (A-42
Madrid-Toledo y AP-41 Madrid-Toledo) y tres carreteras provinciales (TO-2422, TO-4512 y TO-2323), autobuses que la comunican con los núcleos de Villaluenga y de Yuncler, pero también con Toledo, Olías, Cabañas, Yuncos o Illescas.
Debido al fuerte crecimiento de la población en la comarca toledana de La Sagra, los ciudadanos de esta zona, que se desplazan mayoritariamente hacia Madrid, se ven obligados a desplazarse por unas carreteras cada vez más congestionadas, lo
que hace muy necesario desde hace años el establecimiento de transporte ferroviario en esta zona, y así lo vienen reivindicando sus ciudadanos desde hace 20 años, siendo reconocida esta necesidad por las administraciones públicas autonómica y
locales, que a través
de mociones se han dirigido al Ministerio de Fomento reclamando el Tren de Cercanías para La Sagra toledana, pues aunque hasta Illescas llega la línea de Tren Convencional, el servicio de trenes regionales es muy escaso y totalmente
insuficiente. Para dar respuesta a esta fuerte demanda, ya en noviembre de 2007 el Ministerio de Fomento adjudicó la redacción del Estudio Informativo para la prolongación de la línea de Cercanías C-5 desde Humanes (Madrid) hasta Illescas (Toledo),
total 13,5 kms.
Dentro del Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid 2009-2015, presentado por el Ministerio de Fomento en mayo de 2009, se contempló la prolongación de la línea de Cercanías C-5 desde Humanes a Griñón (Madrid) e
Illescas (Toledo), con una inversión estimada de 160 millones de euros. Aunque el Ministerio no cumplió ni desarrolló el plan, sin embargo sigue vigente.
En septiembre-2010 el Ministerio de Fomento adjudicó a Prorail Ingenieros Civiles S.L.N.E. la redacción del proyecto constructivo de las infraestructuras necesarias para la prolongación del Servicio de Cercanías, línea C-5 entre Humanes
(Madrid) e Illescas (Toledo). Sin embargo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2014, ni en 2015, ni en 2016, ni en 2017 se ha contemplado partida presupuestaria alguna en los PGE, y lo contemplado para 2018 es una partida testimonial totalmente
insuficiente para realizar algún tipo de actuación.
Por otro lado, desde hace varios años se está reivindicando desde el Ayuntamiento de Seseña y por los usuarios del transporte ferroviario de cercanías la necesidad de que paren los trenes que transitan entre las estaciones de Atocha y
Aranjuez de la línea C-3.
Tras varios estudios y alternativas, en diciembre de 2009 todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Seseña aprobaron, entre las alternativas planteadas en el Estudio Funcional y de alternativas para el estudio
informativo del proyecto de ampliación 3a y 4a vía entre Pinto y Aranjuez de la línea C-3 de Cercanías de Madrid, la alternativa 5B por considerarla la más adecuada por la ubicación de la futura estación en el centro del municipio, entre Seseña y
Seseña Nuevo, junto a la carretera CM-4010. Así se trasladó por escrito a la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias el 13 de enero de 2010, exponiendo además que al prever el soterramiento de las vías a su paso por la urbanización El
Quiñón, se debían adoptar las medidas oportunas para evitar ruidos y vibraciones.
El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, elaboró el correspondiente informe de alegaciones que, junto con el resto del expediente, se remitió al Ministerio de Medio Ambiente.
En los Presupuestos Generales del Estado de los últimos años se han contemplado partidas económicas destinadas a dar servicio a la estación de Seseña sin que se haya ejecutado el presupuesto y se haya realizado inversión alguna utilizando el
crédito dispuesto para ese fin. Sin embargo en los PGE 2018 no se ha presupuestado nada, si bien ha estado presupuestado en el 2016 y no se ha ejecutado.
El municipio de Seseña actualmente tiene una población de 22.000 habitantes y se proyecta a ser el tercer municipio en población de Castilla-La Mancha, por lo que consideramos debe contar con una estación de cercanías que le una con la
capital de provincia y con Madrid.
Resulta urgente tomar medidas para la mejora de las conexiones ferroviarias de la provincia de Toledo con Madrid, y por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La reapertura de la estación de Seseña en la línea C-3 entre las estaciones de Atocha y Aranjuez.
2. Prolongar el servicio de Cercanías Renfe de la línea C-5 entre Humanes (Madrid) e Illescas (Toledo).
3. Reapertura de la estación de tren Villaluenga-Yuncler.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2018.-María Gloria Elizo Serrano, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para instar al Gobierno a impulsar un grupo de trabajo que realice un plan contra la segregación escolar en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La segregación escolar es una problemática creciente que amenaza la calidad y la equidad del conjunto del sistema educativo español. Existe una alta correlación entre la segregación escolar y los municipios con mayor tasa de inmigración y
de pobreza infantil. La segregación de las escuelas por su diferente composición social y niveles de renta de las familias subvierten el principio de igualdad de oportunidades y condiciona tanto las trayectorias académicas como la desigualdad de
resultados.
La segregación escolar no es el reflejo mimético de la segregación urbana o residencial. Es el resultado de las políticas de acceso y de programación de plazas escolares entre la red pública y concertada, existiendo también segregación
entre escuelas públicas. Medidas como el distrito único, la liberalización de criterios de admisión o la selección adversa a través de diferentes mecanismos como la imposición de cuotas en la red concertada, son medidas generadoras de segregación
escolar.
La evidencia científica y la literatura internacional demuestran que la alta concentración de alumnado de hogares pobres y de bajo capital cultural perjudica su rendimiento a peor como efecto de un contagio fatalista entre iguales o 'peer
effect'. Algunas investigaciones han demostrado que el impacto del efecto compañero ('peer effect') por la composición social de la escuela es más determinante que el origen social del alumnado, las ratios de aula o la calidad del profesorado.
España es el sexto país de la Unión Europea con escuelas más segregadas, tal y como señala el informe Mézclate conmigo de Save the Children, que también señala que uno de cada diez centros educativos es un gueto. Otros informes concluyen
que el deterioro de resultados se estima en un 20% de peores puntuaciones PISA en las escuelas-ghetto.
Por otro lado, existe una disparidad preocupante entre las distintas Comunidades Autónomas en referencia a sus índices de segregación escolar con Madrid, Cataluña y Canarias en cabeza y menor en Baleares, Aragón y Galicia según la
investigación 'Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España, sus comunidades autónomas y comparación con los países de la Unión Europea' elaborado por los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid Francisco Javier
Murillo y Cynthia Martínez-Garrido.
Preocupante es la situación de la Comunidad de Madrid que lidera el ranking europeo de segregación escolar, solo por detrás de Hungría, la comunidad donde más ha crecido la segregación escolar en los últimos 10 años de Gobiernos autonómicos
del Partido Popular, tal como demuestra el citado informe.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar un grupo de trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación que analice la situación actual en relación con la segregación en los centros educativos en las diferentes Comunidades autónomas.
2. A partir del análisis de la situación, valorar la conveniencia de desarrollar un plan específico para prevenir y afrontar la segregación escolar.
3. Impulsar la colaboración entre las administraciones educativas y las corporaciones locales dirigida a establecer las condiciones necesarias para la reducción de la segregación escolar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2018.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para acabar con la infrafinanciación de la educación concertada y
evitar la eliminación de las deducciones en el impuesto de la renta de las familias con hijos en colegios concertados, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
En el curso escolar 2017-2018 hubo 8.158.605 estudiantes de enseñanzas de régimen general no universitarias repartidos en 28.211 centros por todo el país. España es uno de los países de la UE donde tienen mayor peso los colegios
concertados, que suman el 28 % de la oferta educativa estatal, tanto en Primaria como en Secundaria, esto es más de 2,2 millones de alumnos.
Ciudadanos lleva reclamando meses la urgente necesidad de convocatoria de la Mesa de la Concertada y la necesidad de revisión de los módulos para equiparar la financiación del puesto escolar en toda la red financiada con fondos públicos de
forma que no se tengan que hacer aportaciones privadas por parte de las familias que optan por llevar a sus hijos a colegios concertados.
Actualmente, el coste de un alumno en la escuela concertada cuesta a la Administración la mitad que uno en la escuela pública según datos del Ministerio de Educación. Un cambio en el coste de la educación concertada de la envergadura del
planteado por el Gobierno tiene la capacidad de alterar el equilibrio actual del gasto en educación en nuestro país con consecuencias imprevisibles de cara al inicio del curso escolar que viene.
Por desgracia, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por lanzar cada día una propuesta para subir un impuesto diferente a las familias: los conductores de diésel a todo aquel que tenga una cuenta en un banco mientras se dedica a
decir que estas subidas solo afectan a las rentas altas y más recientemente a todos aquellos padres que tienen hijos estudiando en un colegio concertado.
Según parece la Agencia Tributaria ultima un cambio de interpretación por el cual las cuotas pagadas por los padres con hijos en los colegios concertados no podrían considerarse en ningún caso como donaciones, como si venía ocurriendo en
algunos casos hasta la fecha.
Actualmente el pago de donativos permite una deducción fiscal de hasta el 75% para los primeros 150 euros abonados y un 30% para el resto, que es precisamente de lo que hasta ahora se beneficiaban los contribuyentes con hijos en centros
concertados. Para un pago de anual de unos 1.000 euros, el aumento a pagar en la declaración del IRPF sería de 367 euros por hijo, a causa de la pérdida de la deducción más las cantidades que Hacienda podría reclamar por los cuatro años no
prescritos.
Adicionalmente, si estas cuotas dejan de ser consideradas donaciones, los centros concertados deberán declarar por estos ingresos en el Impuesto de Sociedades. Esto haría aumentar la recaudación fiscal del Estado pero pondría en riesgo las
cuentas del colegio que podrían verse obligadas a subir las cuotas a las familias. El cambio de criterio interpretativo por parte de Hacienda introduce una importante incertidumbre sobre sus efectos y consecuencias, ya que su impacto sobre finanzas
de las familias y los colegios concertados es potencialmente muy relevante.
El artículo 108 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el punto número 4 que '4. La prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados',
reconociendo que la enseñanza concertada es una pieza clave para garantizar tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza.
Entre las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Ley Educativa (LOMCE), en su artículo 22 bis, punto 3, letra c, recoge expresamente la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza
Concertada como 'instrumento del sistema educativo español para la consecución de sus fines' que debe ser el foro en el que el Gobierno plantea cualquier cambio y mejora de la financiación de la escuela concertada de manera dialogada y evitando la
incertidumbre y la inseguridad jurídica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convocar la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada a la mayor brevedad posible para revisar la cuantía de los módulos de concierto para equiparar la financiación del puesto escolar en toda la red financiada con fondos
públicos de forma que no se tengan que hacer aportaciones privadas por parte de las familias que optan por llevar a sus hijos a colegios concertados.
2. En tanto en cuanto no se trate esta cuestión en dicha Mesa, garantizar la seguridad jurídica y evitar cambios de criterios interpretativos de la normativa fiscal, en particular en lo relativo a las deducciones por donaciones a colegios
concertados, que puedan suponer una subida de impuestos a las familias y un aumento del coste de la educación concertada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2018.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/004039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la realización de una auditoría integral de los fondos para
el empleo con el fin de evitar el derroche de fondos públicos, irregularidades o fraudes, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La provisión de formación, subsidios salariales y asistencia en la búsqueda de empleo para los desempleados han sido actividades que han formado parte de las políticas públicas de los estados modernos de bienestar durante las últimas tres
décadas. La teoría económica nos dice que, a priori, las políticas activas de empleo mejoran la empleabilidad de sus beneficiarios. Lo cierto es que en países con menores problemas de desempleo se invierte mucho más en políticas activas de empleo
que en España, no solo por parado, sino también como porcentaje sobre el PIB. Además, la implementación de este tipo de políticas se ha ido fundamentando en procesos de evaluación, con criterios de eficacia y de eficiencia.
Sin embargo, en España, muchas veces, la política laboral no ha logrado su objetivo de acabar con los principales problemas que afectan a nuestro mercado de trabajo: reducir el desempleo, especialmente el de larga duración; acabar con la
precariedad, fomentando la creación de empleo estable y de calidad; y potenciar el capital humano con unas políticas activas de empleo y formación verdaderamente eficaces.
Además, la existencia de irregularidades y fraudes relacionados con los fondos de formación, como los sucedidos en Andalucía (cursos de formación, caso ERES o la Faffe, Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo) han sido
desgraciadamente habituales. El Estado y la Junta de Andalucía han derrochado miles de millones de euros para formación en Andalucía sin resultados tangibles, por no hablar de los que se han perdido por el camino en el mantenimiento de redes
clientelares.
Es por ello necesario que, desde un organismo independiente, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), se lleve a cabo una auditoría integral de todos los fondos para el empleo que se inviertan en las Comunidades
Autónomas, con el fin de evitar el derroche de fondos públicos y, en última instancia, la potencial existencia de irregularidades o fraudes, así como para prevenir cualquier posible desviación, de manera que no haya impunidad ante este tipo de
prácticas.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a encargar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) una auditoría integral de todos los fondos para el empleo que se inviertan en las Comunidades Autónomas, con el fin de
evitar el derroche de fondos públicos y, en última instancia, la potencial existencia de irregularidades o fraudes, así como evaluar su eficacia en términos de inserción formativa y laboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2018.-Marcial Gómez Balsera y Sergio del Campo Estaún, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa del Diputado Javier Sánchez Serna, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, relativa a la situación de los trabajadores y extrabajadores expuestos al amianto.
Exposición de motivos
El amianto (o asbesto) es uno de los más potentes cancerígenos, y afecta principalmente a los pulmones y a la pleura (que es la membrana que los envuelve). El amianto genera enfermedades mediante la inhalación de sus fibras, que son de un
tamaño microscópico y que tienen acción inflamatoria, fibrótica y carcinogénica. Dichas propiedades son las que ocasionan el mesotelioma, el cáncer de pulmón y la asbestosis (o fibrosis pulmonar), que son las tres enfermedades principales asociadas
directamente con la exposición a dicho material y que la literatura científica ha certificado de manera contundente.
Las diversas patologías ocasionadas por el amianto no tienen cura, pero que se pueden atender convenientemente si se detectan a tiempo (extirpando rápidamente el tumor o por medio de radioterapia de la zona afectada).
En el año 2002 España prohibió definitivamente el uso, la producción y la comercialización del amianto. Sucede que es notoriamente largo el período de latencia entre la exposición al amianto (inhalación) y las enfermedades que este produce:
en algunos casos puede superar los 40 años. Esta particularidad ha ocasionado dos cosas distintas, aunque ambas sumamente alarmantes:
1) Que sea muy dificultoso probar que la causa de las muertes se debe a la exposición al amianto. Por eso para discernir dichas causas se realizan pruebas específicas durante las autopsias, en las que se toman muestras que se envían
posteriormente al Hospital Valle de Hebrón en Barcelona, ya que en la actualidad es el único centro capacitado para hacerlas.
Dichas pruebas consisten en la búsqueda y análisis de cuerpos de amianto en el tejido pulmonar, y se realizan a personas cuyo fallecimiento se está atribuyendo, sin ningún tipo de evidencias, a tumores o infecciones achacadas al tabaco. Por
tanto, por medio de ella, se puede emitir un diagnóstico certero sobre las causas del fallecimiento, descartando o confirmando que la muerte se ha producido por asbestosis, y constituyendo una prueba fundamental ante el INSS o los Tribunales de
Justicia.
2) La segunda consecuencia nefasta del largo período de latencia de las enfermedades producidas por el amianto es que las cifras más altas de defunciones las tendremos en el futuro, concretamente a partir de 2020-2025.
La Región de Murcia y el municipio de Cartagena es un territorio especialmente afectado por esta problemática. Se cuentan por miles los trabajadores expuestos en décadas pasadas al asbesto, aunque los listados oficiales reflejan un número
sensiblemente menor, ya que muchas empresas no han facilitado la información. En otras palabras, en España en general, y en la Región de Murcia en particular, las
enfermedades profesionales por exposición al amianto están sumamente infravaloradas, ya que faltan los datos adecuados que permiten computarlas, cuestión que, obviamente, impide diagnosticarlas, tratarlas adecuadamente y, cosa no menor,
reconocerlas como tales por el INSS.
Esta infravaloración sobre el asbesto la han puesto de relieve no solo las asociaciones de afectados (como APENA) o los representantes de salud laboral de los sindicatos, sino las propias autoridades sanitarias, desde las europeas hasta las
nacionales.
Como los cánceres aparecen generalmente después de que los trabajadores se han jubilado, y como aún se conservan numerosas instalaciones que contienen amianto, usualmente se distingue entre trabajadores expuestos y post expuestos al amianto.
No hace falta insistir demasiado en que, como las enfermedades se manifiestan muy tarde, resulta vital la vigilancia preventiva, el establecimiento de poblaciones de riesgo, los exámenes de salud post-ocupaciones y, en general, todas las actuaciones
que establece el Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos al Amianto (PIVISTEA). Entre dichas actuaciones se contempla también que se favorezca el reconocimiento médico legal de las enfermedades derivadas de la exposición al
amianto.
Una problemática tan desgarradora como esta ha motivado que, ya desde el año 1995, existan leyes que obliguen a las empresas a entregar los listados de los trabajadores post expuestos al amianto a la Sanidad Pública, para que de esa manera
se pasen los controles preventivos necesarios. Concretamente, hay tres leyes que obligan a que las empresas vigilen la salud de sus trabajadores durante y después de la relación laboral:
1) La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
2) El Real Decreto 39/1997, de Reglamento de Servicios de Prevención.
3) El Real Decreto 396/2006, sobre Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.
Este último decreto especifica con total claridad que los trabajadores que han estado sometidos al contacto con amianto deben ser objeto de atención y de control de los efectos que este haya tenido sobre su salud, aun cuando hayan
transcurrido años desde la finalización de la actividad laboral que realizaban en sus empresas.
El inciso 3 del artículo 16 del Real Decreto en cuestión establece lo siguiente: 'Habida cuenta del largo período de latencia de las manifestaciones patológicas por amianto, todo trabajador con antecedentes de exposición al amianto que cese
en la relación de trabajo en la empresa en que se produjo la situación de exposición, ya sea por jubilación, cambio de empresa o cualquier otra causa, seguirá sometido a control médico preventivo, mediante reconocimientos periódicos realizados, a
través del Sistema Nacional de Salud, en servicios de neumología que dispongan de medios adecuados de exploración funcional respiratoria u otros servicios relacionados con la patología por amianto.'
En marzo de 2014 se aprobó por unanimidad una Moción en la Asamblea de la Región de Murcia instando al Ejecutivo a elaborar el censo de trabajadores post expuestos al amianto. Pero lamentablemente dicha propuesta se ha aplicado
parcialmente: aunque grandes empresas como Navantia han presentado el listado de sus trabajadores y extrabajadores, Repsol sigue negándose a darlo, incumpliendo la legislación citada que le obliga a facilitarlo.
Para justificar la inacción, en una carta de junio de 2014, del Director de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad de Repsol a la Consejería de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia, Repsol Cartagena arguye que el complejo industrial sito en
nuestro municipio no debe incluirse dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 396/2006; que en la refinería no hay riesgo alguno de contacto con el amianto; y que todas las tareas de desmantelamiento, reparación o mantenimiento de equipos o
instalaciones que pueden contener fibras de amianto se realiza, no con personal de Repsol, sino a través de empresas especializadas que cuentan con la debida autorización.
La respuesta de la empresa es insatisfactoria a todas luces, ya que alude únicamente a los trabajadores expuestos pero omite mencionar que, tanto la legislación como los registros solicitados, tienen como uno de sus principales objetivos la
consecución de los listados de los trabajadores y extrabajadores post expuestos, vale decir, la relación de todas aquellas personas que en el pasado (los últimos 50 años) han estado expuestas a las fibras de asbesto, incluso antes de que se
legislara por primera vez en la materia (1995), que entrara en vigor el PIVISTEA (2003) o que se sancionara el Real Decreto 396/2006.
En sintonía con las recomendaciones de especialistas médicos nacionales e internacionales, del protocolo marcado por el PIVISTEA, y del más elemental sentido común en materia sanitaria, desde
asociaciones de afectados como APENA se considera este conocimiento de los listados de trabajadores sometidos al contacto con amianto como primordial para la detección temprana, ya que las propias asociaciones están viendo cómo todos los
meses acuden a ella jubilados con diferentes tipos de cáncer en estadio IV prácticamente incurables. Enfermos cuya situación médica sería mucho más favorable de haberse conocido con la necesaria antelación su situación. Es justamente esto lo que
motiva la insistencia de que dichos listados se entreguen a la mayor brevedad posible.
Por otro lado, la respuesta de Repsol es insuficiente habida cuenta de que en agosto de 2015 el TSJ de la Región de Murcia condenó a Repsol al abono de prestaciones económicas adicionales a la viuda de un trabajador de la refinería que murió
(en 2010) a causa de la exposición al amianto, y se considera probado que la empresa no cumplió con las distintas medidas de seguridad que exigen las distintas legislaciones.
Ni las instalaciones deben permanecer pasivas, ni los grupos parlamentarios podemos ser indiferentes ante una causa de suma justicia que reclaman desde hace tiempo los afectados y sus familias. No se puede menospreciar o permanecer
impasibles ante todas aquellas personas que, estando enfermas, no tienen conocimiento de su situación, lo cual les impide comenzar urgentemente con los tratamientos médicos que objetivamente requieren.
No solo los trabajadores y extrabajadores afectados por el amianto han removido cielo y tierra para hacer visible esta problemática y poner en marcha soluciones.
Por otro lado, más allá de la problemática de los trabajadores post expuestos, hay otra cuestión que debemos abordar urgentemente: la exposición al amianto que hoy día sigue padeciendo la población. En especial, o primeramente, la que
sufren nuestros niños y niñas en los colegios del municipio debido a la techumbre de fibrocemento (uralita) de los edificios a los que asisten a diario.
Los expuestos de ayer son los enfermos de hoy. Si no hacemos nada, los expuestos de hoy serán los enfermos de mañana. Por ello, desde el Grupo Confederal creemos que hay que actuar en beneficio de ambos colectivos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. Exigir a Repsol que entregue urgentemente a las autoridades sanitarias correspondientes el listado (censo) de sus extrabajadores post expuestos al amianto.
2. Establecer protocolos para que, en los casos de extrabajadores fallecidos que hayan sido fumadores y que estuvieron expuestos al amianto, se realicen las autopsias y tomas de muestras de tejido pulmonar para enviar al Hospital Valle de
Hebrón, a fin de que puedan realizarse las pruebas pertinentes que permitan certificar si la causa de la muerte está relacionada con la exposición al amianto.
3. En colaboración con las CC. AA. se procederá al desamiantado de todos los centros educativos, independientemente del estado de los componentes de fibrocemento (uralita). Para ello, y con carácter previo, se procederá a elaborar un
mapa de colegios e institutos con presencia de amianto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2018.-Javier Sánchez Serna y Yolanda Díaz Pérez, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del reglamento del Congreso,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social relativa al incremento de los coeficientes reductores de las personas que trabajan en el sector del marisqueo en Galicia, así como
el reconocimiento de sus enfermedades profesionales.
Exposición de motivos
El sector del marisqueo es, en la actualidad, una de las principales fuentes de ingresos para las familias gallegas de toda la costa de la Comunidad Autónoma. Esta actividad ha pasado de ser una actividad individual y meramente extractiva,
a convertirse en un sector organizado, en el que se realizan, además de la extracción de marisco, otros trabajos complementarios como el traslado de semilla, la limpieza de bancos marisqueros, las actividades de semicultivo necesarias para la mejora
de la producción y las actividades de cuidado, control, seguimiento, protección y vigilancia de los bancos marisqueros.
Las artes de extracción de los productos del marisqueo, sobre todo las que se realizan a pie, siguen siendo las utilizadas por las mujeres desde tiempos ancestrales, es decir, totalmente artesanales, lo que supone que estas trabajadoras han
sabido incorporarse a la cadena de comercialización y consumo sin perjudicar al medio natural.
En la actualidad trabajan directamente en el sector del marisqueo a pie alrededor de 4.000 personas en Galicia, una actividad encuadrada en el Régimen Especial del Mar por cuenta propia y por lo tanto son personas trabajadoras autónomas, la
gran mayoría de ellas mujeres. En cuanto a la edad del colectivo de mariscadoras a pie, el 66% tiene más de 41 años.
Las condiciones de trabajo en las que las personas mariscadoras desarrollan su actividad diaria son adversas, difíciles y penosas, trabajan bajo condiciones de humedad, viento, temperaturas extremas y bajo los riesgos de la radiación solar.
Se ven expuestas a caídas y golpes, a sobreesfuerzos y enfermedades en relación a la carga física asociada al trabajo, a adopción de posturas forzadas, ciclos de trabajo repetitivos o manipulación de cargas con dimensiones inadecuadas y pesos
excesivos.
Sin embargo, y a pesar de estas condiciones penosas de trabajo, la normativa vigente en materia de jubilación, el Real Decreto 1311/2007, de 5 de octubre, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, tan solo les reconoce unos coeficientes reductores en la edad de jubilación del 0,10%. Una de las principales demandas de este numeroso colectivo sigue siendo el aumento de estos
coeficientes reductores, una demanda social imprescindible si se pretende defender al sector del marisqueo y a sus trabajadoras, y desde el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea demandamos que este porcentaje se
incremente hasta el 0,30%, equiparándolo a otras personas trabajadoras del sector del mar, ya que el principal motivo por el que se reduce la edad mínima para causar la pensión de jubilación en el sector es debido a que es una actividad profesional
de naturaleza excepcionalmente penosa y peligrosa en la que se acusan elevados índices de morbilidad o siniestralidad.
Asimismo, las personas que trabajan en el sector del marisqueo en Galicia demandan el reconocimiento y la regulación como enfermedades profesionales las lesiones en las articulaciones, la columna vertebral y las dolencias reumáticas
provocadas por las duras condiciones metereológicas en las que trabajan, así como aquellas enfermedades derivadas del levantamiento de pesos excesivos.
Además, las administraciones deben ofrecer y garantizar el acceso de las mujeres a la formación específica y ofrecer bolsas para la formación en materia de seguridad, para garantizar la mejora en las condiciones laborales y el relevo
generacional en el sector del marisqueo. Finalmente, otro de los logros todavía por conseguir es el de la implantación de un salario social que cubra las necesidades básicas de las mariscadoras durante el tiempo de inactividad laboral, ya que las
duras condiciones de trabajo y su actividad no les garantiza los ingresos durante todo el año.
En Galicia, el papel de las mujeres en el sector del mar juega un papel socioeconómico determinante y es fundamental para el desarrollo de muchas de las actividades del sector, por lo que desde las administraciones debemos garantizar y
mejorar sus condiciones laborales y profesionales.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Iniciar los trámites oportunos para modificar el artículo 1 del Real Decreto 1311/2007, de 5 de octubre, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, para incrementar al 0,30% el coeficiente reductor en la edad de jubilación aplicable a los colectivos de mariscadores, percebeiros y recogedores de algas.
- Reconocer y regular como enfermedades profesionales aquellas lesiones y enfermedades causadas por el desarrollo de la actividad del marisqueo.
- Aprobar, en coordinación y cooperación con la Xunta de Galicia, programas de formación en materia de seguridad y específicos para las personas trabajadoras del sector del marisqueo en Galicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus Diputadas Yolanda Díaz Pérez e lone Belarra Urteaga, y a través de su Portavoz, Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del
reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, relativa a la derogación de la disposición adicional centésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social prevé, en su artículo 2 ter 4 que 'de conformidad con los criterios y prioridades del Plan Estratégico de Inmigración,
el Gobierno y las Comunidades autónomas acordarán en la Conferencia Sectorial de Inmigración programas de acción bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes. Tales programas serán financiados con cargo a un fondo estatal para la
integración de los inmigrantes, que se dotará anualmente, y que podrá incluir fórmulas de cofinanciación por parte de las Administraciones receptoras de las partidas del fondo'.
El Ministerio de Trabajo e inmigración suspendió, por primera vez, en el año 2012 el Fondo destinado a la Integración, Acogida y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes. Así lo determinó el Gobierno en la disposición adicional cuadragésima
cuarta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, que ya indicaba que 'queda sin efecto en 2012 lo previsto en el artículo 2 ter 4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero'.
El Fondo había sido creado en el 2004 para promover políticas de aprendizaje de la lengua española y refuerzos en el plano educativo para inmigrantes recién llegados a España. Estos fueron aplicados mediante acuerdos con ONG, ayuntamientos
y comunidades autónomas. En el 2011 y 2010 el fondo se redujo respondiendo a medidas de reducción de presupuesto frente a la crisis económica, hasta que en el 2012 se suspendió. Esto ha provocado que instituciones y asociaciones de ayuda al
Integrante hayan cesado sus actividades por falta de subvenciones o ayudas económicas, las que dependían de estos fondos que se quedaron sin financiación.
Esta suspensión sigue en vigor en la actualidad, ya que así lo estipula la disposición adicional centésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que reitera que 'queda sin efecto para
el ejercicio 2018 lo previsto en el artículo 2 ter.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social'.
La Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, afirmó, en el Congreso de los Diputados, el pasado 30 de agosto de 2018, la intención del Gobierno de 'volver a dotar de nuevo el Fondo de apoyo a la acogida e
integración de inmigrantes, y al refuerzo educativo, que en su momento existió y que dejó de funcionar durante los años de Gobierno del Partido Popular. Esto nos va a permitir también establecer un marco de cooperación con las comunidades autónomas
y con los ayuntamientos'.
Desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea consideramos que para activar este fondo es imprescindible derogar la mencionada disposición adicional como primera medida para garantizar el Fondo de apoyo a
la integración y dotar de recursos a comunidades y ayuntamientos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar la disposición adicional centésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 para que el Gobierno y las Comunidades autónomas
acuerden en la Conferencia Sectorial de Inmigración programas de acción bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes. Tales programas serán financiados con cargo a un fondo estatal para la integración de los inmigrantes, que se
dotará anualmente, y que podrá incluir fórmulas de cofinanciación por parte de las Administraciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez y Marcelo Expósito Prieto, Diputados.-Antonio Gómez-Reino Varela y Ione Belarra Urteaga, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso a la exportación de almendra y avellana a China,
para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Las almendras y las avellanas son alimentos de calidad, que contribuyen a una dieta sana y saludable, como es la dieta mediterránea. Las almendras son uno de los frutos secos más nutritivos del planeta y contienen infinidad de propiedades
beneficiosas para nuestro organismo: son ricas en fibra, proteínas, vitaminas B y E, grasas saludables, hierro, caldo, fósforo... Las avellanas también son una fuente de nutrientes (ácido oleico y minerales como calcio, fósforo, magnesio y
manganeso) y antioxidantes (vitamina E) para nuestro organismo. Son ambas producciones íntimamente ligadas a la agricultura española, particularmente en el arco mediterráneo, aunque también Asturias, con un potente efecto dinamizador directo en la
economía de las zonas en las que se cultiva y un enorme efecto indirecto, lo que resulta clave en el desarrollo del medio rural. Son además producciones de calidad reconocida a nivel mundial y con una presencia mayoritaria de cultivos ecológicos.
Sin embargo, la situación actual de los precios y las previsiones a corto y medio pazo auguran rentabilidades límite al sector. En los últimos años se han hecho importantes inversiones en nuevas plantaciones que, en la próximas dos
campañas, incrementarán la demanda de producto sin que se haya desarrollado, pese a los esfuerzos del sector, una nueva demanda a la que servir. En este sentido, según las últimas estimaciones, España producirá este año 61.398 toneladas de almendra
grano, una cifra un 35 % más alta que la media de las cinco últimas campañas. Por su parte, según datos del último 'Avance de Superficie y Producción' del Ministerio, la producción nacional de avellana se situará en 11.520 toneladas.
A nivel internacional, China es uno de los mayores mercados importadores de estos productos. Sin embargo, la posibilidad de que España pueda exportar a China requiere de un largo proceso administrativo y complejas gestiones de coordinación
entre los gobiernos español y chino. En este contexto, marcado por el Brexit, y, sobre todo, por la guerra comercial entre EEUU y China, han hecho que se haya visto limitada progresivamente, vía arancel, la entrada de exportaciones de este país a
China, por lo que es previsible que EEUU tenga dificultad para exportar almendra como venía haciendo hasta ahora: el crecimiento de las importaciones de almendra californiana por parte de China, de 100.000 toneladas, ha superado en un 7% la cifra
registrada en la temporada anterior. Por tanto, la demanda china se ha dirigido
a España como posible exportador alternativo y de calidad, aunque, para poder lograrlo en unas condiciones óptimas, se debe lograr solventar todo el entramado burocrático y administrativo asociado al proceso, lo que requiere de una actitud
proactiva del gobierno español con respecto a su homólogo chino.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implementar una estrategia proactiva, que incluya medidas de coordinación y cooperación con el Gobierno de China, acompañada de acciones de promoción, que permita lograr la apertura de este
mercado para la almendra y la avellana españolas, con el objetivo de impulsar la exportación de estos productos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2018.-María Sandra Julià Julià, José Cano Fuster y Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don Joan Baldovi Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para
solicitar a la Comisión de la UE la aplicación de la cláusula de salvaguardia del artículo 34 del Acuerdo de Asociación Económica de la Unión Europea con la Comunidad de Estados de África del Sur, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca
y alimentación.
Exposición de motivos
En septiembre del 2016 Compromis presentó una proposición no de ley para que el Gobierno no ratificara el Acuerdo de Asociación Económica de la Unión Europea con la Comunidad de Estados de África del Sur suscrito por la Comisión Europea,
donde ya alertábamos de los daños que este acuerdo produciría a la citricultura española. Y señalábamos que otra vez las producciones mediterráneas pagarían, una vez más, el coste de las relaciones comerciales y políticas de la UE con países
terceros. Tratándose de un acuerdo que iba a beneficiar a un único país, Sudáfrica, ya alertamos que se abría con ese acuerdo la puerta al incremento del volumen de cítricos de dicho país en el mercado comunitario y coincidiría con el periodo en el
cual la producción europea se estaría comercializando. Al mismo tiempo, demandábamos en esa proposición que se garantizara que las importaciones procedentes de Sudáfrica cumplieran con los mismos requisitos que la producción europea, y alertábamos
del peligro de contagio de la plaga de la 'mancha negra' o citrus black spot, plaga de extrema gravedad que sufre la producción de ese país y que puede llegar con los cítricos que se importan de ese país y afectar a la citricultura europea. Esto
supondría la ruina de este sector si penetrara en la Unión Europea la enfermedad de la mancha negra de los cítricos causada por el hongo Gujgnardia citricarpa (anamorfo Phyllosticta citricarpa), que afecta principalmente a los frutos, aunque también
a las hojas y tallos.
Esta proposición no de ley fue transaccionada y, entre otras cuestiones, se acordó instar al Gobierno a vigilar el cumplimiento estricto del Acuerdo citado y solicitar en su caso la activación de la cláusula de salvaguardia que marca el
propio texto del Acuerdo. Y ahora comprobamos que ha sucedido lo que alertamos y que el Gobierno ha hecho caso omiso de la proposición aprobada, sin haber actuado y sin mostrar sensibilidad alguna al respecto.
Nos encontramos en que la actual campaña citrícola se ha visto truncada, que los precios son ruinosos para el citricultor, que la fruta se está amontonando en los campos, las variedades extra tempranas no han tenido salida comercial plena
-las que no se han malvendido siguen en el árbol-. Se está en el pleno de la campaña y ha entrado la psicosis en los citricultores de naranja primeriza de forma que se están aprovechando de los mismos intentando comprarles 'A resultas', lo que se
va a traducir en pérdidas para el sector que pueden llevar a la desaparición de los agricultores.
Por ello, y a la vista de lo que señala el Acuerdo de Asociación Económica de la Unión Europea con la Comunidad de Estados de África del Sur en su artículo 34 apartado 2:
'Podrán adoptarse las medidas de salvaguardia de duración limitada que supongan una excepción a lo acordado, si como consecuencia de las obligaciones de una Parte en virtud del presente Acuerdo, incluidas las concesiones arancelarias, un
producto originario de una Parte se está importando en el territorio de la otra Parte o de la SACU, según el caso, en cantidades cada vez mayores y en condiciones tales que causen o amenacen causar:
a) un perjuicio grave a la industria nacional que produce productos similares o directamente competidores en el territorio de la SACU o de la Parte importadora, según el caso;
b) perturbaciones en un sector de la economía que produce productos similares o directamente competidores, particularmente cuando causen problemas sociales considerables o dificultades que puedan acarrear un grave deterioro de la situación
económica de la SACU o de la Parte importadora, según el caso; o
c) perturbaciones de los mercados de productos agrícolas similares o directamente competidores en el territorio de la SACU o de la Parte importadora, según el caso.
Estas medidas de salvaguardia no excederán de lo necesario para remediar o evitar el perjuicio grave o las perturbaciones.'
Es evidente que se cumplen los tres supuestos regulados transcritos en el territorio de la UE y en ese mismo artículo se regula la forma que podrán adoptar las medidas de salvaguardia, duración y demás requisitos. Este problema se va a
producir en todas las campañas citrícolas y cuando la Comisión reaccione y actúe la perturbación ya se habrá dado, lo que habrá ahondado la ruina de los citricultores. No es justo que para beneficiar a unos pocos, se arruine por estas prácticas a
sectores que dan trabajo a muchas personas como es el cultivo de cítricos y su comercialización, que permite repartir de forma muy distributiva rentas en zonas rurales y entre miles de trabajadores.
En estos momentos de la campaña, se han descargado toneladas suficientes de cítricos -especialmente clementinas y naranjas- de África del Sur para perturbar al sector citrícola.
Es por todo ello que realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Que con carácter urgente solicite a la Comisión de la UE la aplicación de la cláusula de salvaguardia del artículo 34 del citado Acuerdo para que no se importen cítricos de África del Sur sin garantías para evitar el contagio de la
'mancha negra' o 'citrus black' spot, garantizando el control mediante una inspección adecuada.
2. Que solicite a la Comisión de la UE la aplicación de las tres medidas que contempla el art. 34 apartado 3 en un grado suficiente para evitar las perturbaciones en el sector citrícola.
3. Que inste a la Comisión Europea a que agilice los trámites para facilitar a las Organizaciones de Productores la retirada de 250.000 toneladas de cítricos del mercado en fresco, dotando con suficiente presupuesto los programas operativos
destinados a tal medida.
4. Que se genere una partida presupuestaria suficiente para la retirada de cítricos del mercado en fresco de aquellos agricultores no pertenecientes a ninguna Organización de Productores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2018.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un Fondo Forestal
Nacional, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Las áreas forestales españolas suponen más de 27,5 millones de hectáreas, el 54,35% de la superficie de nuestro país. Este porcentaje es muy superior al de la mayoría de los países europeos, con la excepción de Suecia y de Rusia, casi el
doble de superficie forestal de Francia y cerca del triple de la alemana.
Aproximadamente un tercio de la superficie forestal española es de titularidad pública, mayoritariamente de los ayuntamientos, y el resto, cerca del 70%, privada. Junto a ello, otra característica del sector es la escasa rentabilidad
económica de la actividad forestal para el propietario privado que, además, y ante la insuficiencia de ayudas públicas, suele asumir los costes de los múltiples beneficios que los bosques proporcionan a la sociedad.
En muy pocos montes es económicamente viable hacer las inversiones destinadas a su aprovechamiento. Ello lleva a su abandono y falta de gestión, lo que se traduce al poco tiempo en acumulación de madera por encima de lo razonable, y en la
aparición de plagas, por un lado, y de incendios, por otro, lo que ocasiona, sobre todo estos últimos, la necesidad de enormes gastos de las administraciones en medios para combatirlos.
En España se produce un promedio de 4.950 incendios forestales anuales, además de 9.500 conatos, cuyo origen es debido, en una inmensa mayoría de los casos, a acciones humanas, ya sean negligentes o dolosas.
Pese a que los montes españoles no son rentables, transfieren a la totalidad de los ciudadanos unos servicios que permiten a menudo la propia supervivencia, cuando no mejoran, la calidad de vida de la población. Es conocido el papel que los
montes hacen en la regulación de los ciclos del agua, en cantidad y en calidad, mitigando las inundaciones y grandes avenidas cuando hay exceso de precipitaciones, recargando los acuíferos que permiten su empleo en épocas secas, y depurando de forma
natural las aguas de manera que su tratamiento para consumo industrial, agrícola o humano sea mucho menos costoso, al incidir sobre aguas limpias.
También es evidente el papel que los montes desempeñan en la lucha contra la erosión -que en nuestro clima significa directamente desertificación- y que impide inundaciones en la salida de torrentes y ramblas evitando, además, pérdidas de
suelo, un factor imprescindible en la actividad económica general. En las últimas décadas se ha puesto de relieve también la labor que los montes tienen como elementos de captura y almacenamiento de CO2, que permiten mejorar el balance de emisiones
de nuestro país y así cumplir con los objetivos asumidos por España tras la ratificación de los acuerdos de París.
El artículo 65 de la Ley 4/2003 de 21 de noviembre, de Montes, contempla ya los incentivos por las externalidades ambientales, indicando que las Administraciones públicas regularán los mecanismos y las condiciones para incentivar las
externalidades positivas de los montes ordenados.
Resulta complejo calcular cuál es el precio de cada uno de estos servicios, pero ello no debe ser motivo para el mantenimiento en el tiempo de una situación que se demuestre injusta.
Por ello podría fijarse una tasa simbólica por metro cúbico de agua suministrada (del orden de 10 céntimos) y por litro de carburante o su equivalente energético en gas o carbón (del orden de 1 céntimo), y los grandes operadores (compañías
de abastecimiento y depuración de aguas para el primer caso, y compañías de distribución de combustibles fósiles en el segundo), se encargarían de transferir los correspondientes importes a un Fondo Forestal Nacional, gestionado por el Ministerio.
Resulta evidente, por otro lado, que la gestión sostenible promovida por este mecanismo consigue simultáneamente la agrupación de montes tan pequeños que no pueden ser gestionados, y que los montes estén en buenas condiciones para afrontar
un posible incendio, lo que a su vez permitirá una disminución de las inversiones, a partir de los presupuestos públicos, en prevención y extinción de incendios, y un aumento de las capturas de CO2.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
- Crear el Fondo Forestal Nacional, con objeto de incentivar las externalidades positivas de los montes ordenados, con los siguientes objetivos:
a) La compensación a los titulares de montes que con una gestión sostenible generan servicios ambientales que disfruta la sociedad.
b) La ampliación de la superficie forestal que genera dichos servicios, bien por reforestación o bien por implantación de gestión forestal sostenible sobre masas preexistentes.
c) La protección de las masas forestales generadoras de servicios ambientales frente a los factores que las amenazan singularmente la adaptación al cambio climático.
d) Potenciar el efecto sumidero de nuestros montes.
- Regular el funcionamiento del Fondo Forestal Nacional, que garantizará la participación de las comunidades autónomas y establecerá el origen de las contribuciones al Fondo, más concretamente, en:
a) El porcentaje que reglamentariamente se determine de la subasta de derechos de emisión.
b) La tasas que deberían abonar las empresas de abastecimiento y depuración de aguas y las compañías de distribución de combustibles fósiles por los servicios que el monte les presta.
c) La cantidad que se asigne en los Presupuestos Generales del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2018.-María Teresa de Lara Carbó, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre la
implantación de medidas de apoyo a la producción de arroz y control de las importaciones de arroz procedente de Camboya y Myanmar, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Los alimentos representan los símbolos más populares de la identidad de los pueblos, y entre ellos, en nuestro caso el arroz, concentra no solo identidad, sino cultura, y paisaje de territorios muy especiales. En nuestro país se producen
aproximadamente 720.000 toneladas de arroz al año y consumimos 247.000 toneladas. España mantiene una balanza comercial positiva importando unas 70.000 toneladas al año -principalmente de Italia y Grecia- mientras que exporta alrededor de 240.000
toneladas, fundamentalmente al resto de la UE, Portugal, Bélgica, Holanda, Francia y Alemania.
Las cerca de 4.000 explotaciones se reparten principalmente en cuatro zonas productoras. Las Marismas del Guadalquivir, con el 37% de la producción, destacando el municipio de Isla Mayor, cuyos 6.000 habitantes son capaces de alumbrar más
de un 15% de la producción nacional. Su especialidad es la variedad 'marisma', un tipo de arroz de alta calidad y que presenta muchas similitudes con el clásico bomba valenciano. En segundo lugar, tenemos Extremadura que acumula el 23% de la
producción nacional, erigiéndose como la segunda región productora en el cultivo del arroz localizado en las Vegas Bajas del Guadiana. En tercer lugar, el Delta del Ebro con un 15 % de la producción destacando la variedad 'bahía', un arroz de grano
medio, muy demandado en toda la Península Ibérica gracias a sus espectaculares facultades para la absorción, lo que lo convierte en ideal para todo tipo de guisos, y que ha justificado el reconocimiento de la Denominación de Origen Protegida Delta
Ebre. Por último, se
encuentra la Comunidad Valenciana. En los territorios del Parque Natural de la Albufera se cultiva las variedades de Senia, Bahía y Bomba, dentro de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Valencia, con otro 14 % de la producción
española total.
Toda esta riqueza ligada a los paisajes y ecosistemas singulares enfrenta dos retos a futuro: Por un lado, un mercado muy tensionado por las importaciones masivas procedentes de los grandes productores asiáticos como Camboya o Myanmar. Por
otro lado, su necesaria transición a un modelo productivo sostenible acorde con el cambio climático lo que sin duda trae consigo exigencias necesarias, pero aportará valor comercial a sus producciones.
Camboya y Myanmar son países beneficiarios del acuerdo 'Todo menos armas' (EBA, en sus siglas en inglés) que permite el acceso de los países menos desarrollados en el mundo al Mercado Único Europeo sin aranceles ni cuotas en todos los
productos, excepto armas. Este esquema comercial conocido como Sistema de Preferencias Generalizado (SGP) revisa su funcionamiento a través de una Comisión creada al efecto. Si bien el acuerdo 'Todo menos armas' es valorado de manera positiva,
como toda iniciativa, debe revisarse progresivamente para evitar importantes elementos que la distorsionan. En concreto, el sistema no prevé una cuota máxima de exportación, ni un índice corrector para el caso de que se produzcan aumentos en el
flujo comercial que sean inasumibles, lo que ha traído como consecuencia que, en los últimos cinco años, las exportaciones de arroz a la Unión Europea (UE) hayan crecido 40 veces, pasando de 9.000 toneladas en 2012 a 360.000 en el año 2017. La
segunda, aunque el acuerdo comercial prevé como requisito el cumplimiento de los derechos humanos en el territorio de los países de origen, no existen mecanismos claros de control y ello provoca que el arroz se cultive con la explotación de la mano
de obra en Camboya, y sobre la base de las violaciones de los derechos humanos del pueblo rohinyá, que constituye la mano de obra fundamental en las plantaciones de Myanmar.
El resultado de todo ello es que las importaciones de arroz procedentes de estos dos países han aumentado en un 822%, mientras que el consumo de arroz solo se ha incrementado en un 5% y el precio del arroz pagado al productor se ha
desmoronado un 32% en el último año.
Por otra parte, el cultivo del arroz genera problemas ambientales que es necesario abordar cambiando las prácticas agrarias. Uno de ellos es el uso del agua. Siendo necesario el regadío en el cultivo de arroz, es imprescindible el diseño e
implantación de proyectos de modernización sostenible del regadío que supongan un ahorro real, y que al mismo tiempo controlen los problemas de salinidad. Otro de los retos en el manejo ambiental de los arrozales está en la prohibición de la quema
de paja de arroz que provoca la descomposición de unas 55.000 toneladas de paja al año en las aguas de la albufera valenciana, provocando la muerte de peces y el consecuente cambio en la composición del agua y su calidad. Por último, los
productores y productoras de arroz deben hacer frente a la reducción progresiva en el uso de pesticidas y fertilizantes al encontrarse en muchas ocasiones en zonas calificadas como sensibles al uso de nitratos. Por todo ello, la producción de arroz
está sometida a fuertes exigencias que se van implantando de forma progresiva y que exigen un acompañamiento y apoyo. En este tránsito y a pesar de las dificultades técnicas, cada vez son más las experiencias y proyectos que optan por la producción
ecológica o cuanto menos integrada.
La Comisión Europea, a instancia de cuatro Estados miembros, decidió iniciar formalmente en el mes de marzo de 2017 el mecanismo de investigación del acuerdo comercial al reconocer que hay indicios de violaciones significativas de los
derechos humanos en Camboya, en relación con el acaparamiento de tierras y expulsión violenta de los campesinos de ellas, y la vinculación de la situación de los rohinyá en las plantaciones de arroz de Myanmar. La Comisión considera que hay razones
que justifican la activación de la cláusula de salvaguardia y el cese de las importaciones subvencionadas. Esta cláusula es una medida de protección que contemplan todos los acuerdos comerciales ante el caso de que se hayan alterado de forma
significativa las condiciones en las que se pactaron los acuerdos y que impidan su cumplimento a alguna de las partes por ser extremadamente lesivos para sus intereses. Las medidas de vigilancia pueden ser adoptadas cuando la evolución de las
importaciones de un producto originario de un país tercero, amenace con provocar un perjuicio a los productores comunitarios. Entre los elementos que debe valorar la Comisión están el volumen de las importaciones, su precio y su repercusión para
los productos comunitarios; y para ello, se valorarán factores económicos tales como: producción, capacidad, existencias, ventas, cuotas de mercado, precios, beneficios y empleo.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Modifique el marco normativo que actualmente regula la norma de calidad para el arroz envasado con destino al consumo del mercado interior, para que en el etiquetado se establezca como obligatorio la identificación del país de origen, y
en el caso de que su procedencia sea España, la Comunidad Autónoma, la Comarca y su variedad.
2. Defender ante la Comisión Europea la aplicación de la cláusula de salvaguarda para las importaciones de arroz de Camboya y Myanmar, acogiéndose a la situación de vulneración de los derechos humanos y al perjuicio actual para la
producción de nuestro país.
3. Defender ante la futura reforma de la PAC, el mantenimiento de las ayudas asociadas al cultivo de arroz, pero siempre incluyendo condiciones ambientales estrictas que permitan orientar la transición hacia un modelo de producción
sostenible con indicadores claros en los aspectos críticos que son esenciales al cultivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2018.-Rosana Pastor Muñoz, Eva García Sempere, Diego Cañamero Valle y Jaume Moya Matas, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para reconocer e impulsar la caza
como actividad económica, social y medioambiental de interés estratégico en España que contribuye al desarrollo rural, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La caza, como también ocurre con la pesca, se reconoce como una actividad económica legítima, necesaria para el interés general ya que, además de mantener un alto compromiso con la conservación de la biodiversidad, genera renta y empleo,
representa una oferta turística singular para el mundo rural con demanda internacional y se desarrolla en zonas de interior de nuestro país, contribuyendo a disminuir el preocupante fenómeno de la despoblación.
Según la Fundación para el Estudio y la Defensa de la Naturaleza y la Caza así como la Real Federación Española de Caza, en España existen aproximadamente unos 332.000 cazadores federados y se expiden unas 800.000 licencias anuales. Según
la consultora Deloitte, la actividad cinegética representa el 0,3% del PIB español, un gasto de más de 6.475 millones de euros y genera 187.000 empleos.
Pero, además del aspecto económico a través de la contribución de la caza al producto interior bruto y generación de retornos fiscales y mantenimiento de empleo, la actividad cinegética contribuye a un desarrollo social asociado a la
sensibilización, la educación y la cultura así como a la sostenibilidad medioambiental, ya que sin la caza no se entendería la protección y conservación de especies tanto animales como vegetales y la conservación del patrimonio natural, forestal, o
histórico.
Es de especial interés en este momento la contribución que desde el sector cinegético se está ofreciendo a las medidas de control y prevención de episodios de riesgo sanitario como los derivados de enfermedades como mixomatosis, tuberculosis
o la temida peste porcina africana, presente ya en varios países europeos y que podría causas daños con incalculables consecuencias sobre la cabaña porcina española.
En definitiva, la caza equilibra aspectos económicos, de desarrollo del medio rural y de conservación de la naturaleza. En el caso de especies de caza mayor, hoy la caza es probablemente el único instrumento
real disponible para controlar poblaciones ante la ausencia de predadores naturales necesarios para mantener un equilibrio con la capacidad de los ecosistemas. Este hecho queda demostrado en diferentes especies como es en la gestión
poblacional del jabalí en la Región del Pirineo.
Aunque la regulación de la caza corresponde a las Comunidades Autónomas y casi todas estas han aprobado sus propias Leyes de Caza, es necesario un claro y firme compromiso de los diferentes ministerios que conforman el Gobierno de España,
compromiso que debería quedar materializado en la elaboración de una estrategia común y una apuesta decidida. Además, en virtud de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 21/2015 de 20 de julio, de modificación de la Ley 43/2003 de Montes, de 21
de noviembre, el ministerio responsable debe elaborar una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, con la participación de las Comunidades Autónomas y cuyos trabajos comenzaron la pasada legislatura.
Sin embargo, y a pesar de la importancia y reconocimiento que tiene el sector cinegético, acabamos de asistir a manifestaciones de la Ministra de Transición Ecológica que a la pregunta de ¿prohibiría la caza y los toros?, su respuesta ha
sido de 'efectivamente'. Estas manifestaciones se suman a una creciente corriente defendida por asociaciones animalistas y determinados colectivos que pone en peligro a un sector de indudable interés en nuestro país.
Las manifestaciones de la Ministra Ribera han creado una gran preocupación en el sector cinegético que mantiene el empleo de miles de familias, al tiempo que contribuye a la conservación y gestión faunística, forestal o del patrimonio, entre
otros, como una verdadera función social.
Es más, para la Real Federación Española de Caza, es inaceptable que una Ministra utilice su cargo para, desde un medio de comunicación nacional, posicionarse contra la actividad cinegética, reflejando con su actitud prohibicionista un total
desprecio hacia la libertad individual y de elección de más de un millón de cazadores españoles que practican una actividad totalmente legal.
Ante esta situación urge que se tomen medidas inmediatas en defensa del sector cinegético y se aceleren los trabajos encaminados a disipar dudas y consolidar una actividad tan importante para la economía de nuestro país que implica a
sectores muy diversos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados reconoce el valor estratégico del sector de la caza y de quienes la practican, por su contribución a la creación y mantenimiento de empleo, a frenar el despoblamiento rural y al crecimiento económico, así
como por su compromiso con la conservación de la biodiversidad, en su más amplio sentido.
2. El Congreso de los Diputados entiende necesaria la urgente publicación de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética como marco orientativo y de coordinación para la ordenación a escala nacional del aprovechamiento cinegético,
convocando a las Comunidades Autónomas y a todos los sectores afectados, a los efectos de impulsar y defender la práctica de la caza por su contribución al interés general.
3. El Congreso de los Diputados propone establecer un plan de investigación científica y de innovación aplicado a la actividad cinegética en su conjunto, dotado presupuestariamente y que contemple líneas estratégicas relacionadas con la
sostenibilidad económica, social y medioambiental de esta actividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2018.-Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/004002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora en la publicación de datos de las
Administraciones Públicas para su uso científico, para su debate en la Comisión de Economía y Empresa.
Exposición de motivos
Tal y como señala la OCDE, 'una tendencia relativamente reciente en muchos países para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas es poner sus datos a disposición del público y permitir el uso,
reutilización y distribución libre de conjuntos de datos por medio de un formato conocido como formato de datos abiertos'. Esta organización ha analizado este fenómeno, cada vez más importante, identificando el potencial de la extraordinaria
cantidad y carácter fundamental de los datos recogidos por los gobiernos no solo en términos de apertura, transparencia y rendición de cuentas, sino también como una vía para aumentar el intercambio, colaboración y compromiso del público.
En cualquier caso, poner los datos de las administraciones públicas a disposición de la ciudadanía datos no es solamente un ejercicio de transparencia. Los datos son la materia prima de la investigación empírica, que llevan a cabo cada día
nuestros científicos, nuestros doctorandos y, cada vez más, nuestros estudiantes, en sus trabajos fin de grado y de máster.
Por ejemplo, en las últimas décadas, la investigación en economía se ha vuelto cada vez más empírica. Las mejoras en computación y las nuevas técnicas y herramientas en obtención, procesamiento y análisis de datos han permitido a los
investigadores recopilar y construir extensas bases de datos a partir de fuentes dispares, para posteriormente procesadas y, de este modo, extraer conclusiones y propuestas, verificar modelos teóricos, o, cada vez más, evaluar políticas públicas.
Esta tendencia se documentó, por ejemplo, en un artículo publicado en 2017, que evidenció, tras analizar una muestra de 135.000 artículos publicados en 80 revistas académicas, que el trabajo empírico se ha vuelto mucho más común en la disciplina
desde los años ochenta.
Sin embargo, pese a que las administraciones públicas contemporáneas son depositarias de una enorme riqueza en forma de datos, para poder llevar a cabo buenos análisis empíricos, es necesario que los gobiernos tengan buenas políticas de
datos abiertos, que permitan a los investigadores acceder a sus registros administrativos, siempre con la plena salvaguarda de la confidencialidad de la información. Tal y como señalaba hace unos meses José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), son muchos los países en los que existe una cultura que democratiza entre la comunidad de investigadores el uso de los datos públicos por el bien común, cultura que no ha llegado a España todavía.
De este modo, los países de nuestro entorno han avanzado en los últimos años en desarrollar lo que se ha venido a llamar 'políticas basadas en la evidencia' a partir de la utilización de registros administrativos y otras fuentes
estadísticas. En este sentido, Escrivá citaba en su artículo diversas iniciativas como la Commission on Evidence Based Policymaking creada por Barack Obama, la What Works Network de Reino Unido o el nuevo proceso presupuestario con el que
experimentará la Asamblea Francesa, en el que el calendario presupuestario contemplará expresamente una fase de evaluación de políticas. Otros países vecinos, como Alemania o Portugal, han avanzado mucho y se aproximan también al estándar nórdico.
Las administraciones depositarias de los datos los recopilan, pero solo son capaces de extraer de ellos un mínimo de su potencial, ya que el análisis no es su cometido principal y carecen del personal necesario para ello. Además, y lo que
es más importante, dicho potencial solo se revela a partir del cruce de datos, pero la información está dispersa entre administraciones que no se comunican entre sí y que son muy reacias a cederse información.
Tal y como advertía el presidente de la AlReF, nuestro país se está quedando atrás en esta tendencia mundial y corre el riesgo de perder el tren de esta revolución. Por otra parte, todos deberíamos ser conscientes de que existe un coste
derivado de las restricciones de acceso a los datos por parte de la comunidad investigadora, lo que se traduce, en la práctica, en menos investigación y de peor calidad.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar una política de datos abiertos que promueva la difusión de los datos estadísticos recogidos y/o generados por las administraciones públicas en sus registros administrativos, así como de las metodologías, hipótesis y criterios
empleados para su obtención, siempre con la plena salvaguarda de la confidencialidad de la información, que permita su uso por parte de los investigadores.
2. Avanzar en la creación de un auténtico repositorio seguro de datos de las administraciones públicas para su uso científico, al que las distintas administraciones puedan ceder sus datos con la certeza de que solo se usarán para la
investigación científica y al que la comunidad científica tenga acceso en condiciones de confidencialidad y seguridad estrictas.
3. Identificar las potenciales lagunas en la información estadística existente y contribuir a estandarizar, simplificar y distribuir dicha información, mejorando la compatibilidad entre las distintas bases de datos que actualmente se
encuentran dispersas entre administraciones.
4. Aumentar la cantidad de operaciones estadísticas que tienen disponibles ficheros de microdatos con anonimización estándar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Marta Martín Llaguno, Irene Rivera Andrés y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la cooperación necesaria entre la Administración General
del Estado y la Generalitat de Catalunya en materia competencial, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
El conflicto político derivado de las difíciles relaciones que en los últimos años han venido manteniendo la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya ha afectado doblemente a la ciudadanía de Catalunya. Por un lado,
la confrontación ha tensado la convivencia, y por otro, la actitud de sendas administraciones, y en especial la del anterior Gobierno central, ha provocado un retroceso en el autogobierno en una comunidad con una histórica e inequívoca voluntad de
ejercer el autogobierno.
En la situación actual es imprescindible ofrecer una solución democrática al conflicto político y preservar la convivencia, pero también ser capaces de resolver la ineficacia e ineficiencia que en este momento impiden el buen funcionamiento
del Estado autonómico en Catalunya. No hay duda que para conseguirlo es necesario establecer un diálogo efectivo que favorezca un nuevo clima político entre ambas administraciones que, desde la mutua cooperación, permita debatir sus legítimos
objetivos.
Un diálogo que no debe pasar únicamente por reanudar la comunicación y la buena voluntad sino que debe verse acompañado de medidas concretas que favorezcan el desarrollo del autogobierno. El Gobierno tiene en este momento en su mano actuar
en diversos ámbitos, por ejemplo retirando los recursos competenciales contra leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya, con especial atención a aquellas normas que tienen una especial afectación en las políticas sociales o que tienen un impacto
en la capacidad fiscal de la Generalitat de Catalunya.
También debe ponerse fin a las políticas y a la adopción de normas legales recentralizadoras practicada por el anterior Gobierno, revisando y, en su caso derogando o modificado, aquella normativa que ha supuesto una reducción de la capacidad
de decisión y de gestión de la Generalitat en el ámbito social.
En tercer lugar, el Gobierno debe hacer del respeto de las competencias de la Generalitat una máxima de su actuación. Así, debe respetar escrupulosamente las competencias de la Generalitat con una política normativa que no invada la
capacidad legislativa y las políticas propias de la Generalitat, y de las Comunidades Autónomas en general, en los ámbitos que son propios de sus competencias. En este sentido, el Estado debe eliminar de sus políticas el uso abusivo de los Reales
Decretos para laminar las competencias de las Comunidades Autónomas y, en algunos casos, para incumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional. Así mismo, debe reducir al máximo la utilización expansiva de la legislación con carácter de
básica, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas cuando se aprueben Leyes de bases y la posterior potestad legislativa del Gobierno, así como 'territorializar' los recursos económicos vinculados a las competencias de las Comunidades
Autónomas, evitando las políticas que a través de la financiación de programas y/o actividades invadan los ámbitos de actuación de las CCAA.
Otra de las acciones que debería llevarse a cabo por parte del Gobierno es iniciar, en el marco de la Comisión Bilateral y de la Comisión Mixta de Traspasos, la negociación sobre funciones y servicios a traspasar a la Generalitat en
cumplimiento del Estatut d'Autonomia, con un calendario concreto y acordado por las partes. Según informes del Govern de la Generalitat, los traspasos pendientes afectan a 20 materias, entre ellas, las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, la gestión de las becas universitarias, la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional, la gestión descentralizada del Fondo de Garantía Salarial, el salvamento marítimo, así como
la ampliación del traspaso en materia de cercanías (rodalies) ferroviarias.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar las negociaciones con el Govern de la Generalitat para la retirada de recursos competenciales presentados en el Tribunal Constitucional contra leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya, con especial atención a aquellas
normas que tengan una especial afectación en las políticas sociales o que tengan un impacto en la capacidad fiscal de la Generalitat de Catalunya.
2. Poner fin a la adopción de normas legales recentralizadoras practicada por el anterior Gobierno, revisando y, en su caso derogando o modificado, aquella normativa que ha supuesto una reducción de la capacidad de decisión y de gestión de
la Generalitat en particular y del conjunto de las. CCAA en general.
3. 'Territorializar' los recursos económicos vinculados a las competencias de las Comunidades Autónomas, evitando las políticas que, a través de la financiación de programas y/o actividades, invadan los ámbitos de actuación de las CC.AA.
4. Abandonar el uso abusivo de los Reales Decretos para laminar las competencias de las Comunidades Autónomas y, en algunos casos, para incumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional.
5. Reducir al máximo la utilización expansiva de la legislación con carácter de básica, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas cuando se aprueben Leyes de bases y la posterior potestad legislativa del Gobierno.
6. Iniciar, en el marco de la Comisión Bilateral y de la Comisión Mixta de Traspasos, la negociación sobre funciones y servicios a traspasar a la Generalitat en cumplimiento del Estatut de Autonomía, con un calendario concreto y acordado
por las partes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a que elimine
de la tasa de reposición de efectivos en servicios esenciales, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
Durante los últimos años, concretamente desde el año 2012, la incorporación de nuevo personal a las distintas Administraciones Públicas, se encuentra restringida por un concepto introducido por las respectivas Leyes de Presupuestos Generales
del Estado, denominado 'tasa de reposición de efectivos',. Son las propias Leyes de Presupuestos las que establecen la modulación de la tasa, así como la forma de cálculo.
Sin embargo, este concepto que afecta al núcleo del empleo público y a las políticas selectivas no siempre se corresponde con el número de empleados que una Administración precisa para la adecuada prestación de los servicios que atiende o
tiene atribuidos;. En ocasiones, incluso, se produce la paradójica
situación de contar con las plazas dotadas presupuestariamente, pero no poder ser incluidas en la oferta de empleo público por superar la tasa de reposición existente.
Este es el caso, por ejemplo, de los Cuerpos de Bomberos que prestan un servicio público que en los últimos años ha experimentado un notable crecimiento en cuanto a demandas de los ciudadanos y de los propios entes consorciados. En los
últimos tiempos la ciudadanía está requiriendo una mayor protección y seguridad, a lo que hay que añadir la necesidad de atender distintas catástrofes naturales, lo cual implica/conlleva una ingente movilización de personal que resulta insuficiente.
Dicha situación aboca al Consorcio a tener que prestar distintos servicios esenciales a través de un régimen de realización de horas extraordinarias y guardias como única forma de paliar la falta de personal. Sin embargo, este régimen no
está exento de todo tipo de dificultades.
Después de años de dura crisis económica que acarreó la toma de esta sucesión de medidas, la gestión del Gobierno del Partido Popular ha supuesto una superación de la citada crisis, valorado a niveles de crecimiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 se elimine la tasa de reposición de efectivos como condicionante a la incorporación de nuevo personal, especialmente para aquellos
servicios esenciales, como son los de extinción de incendios y salvamento, de aquellas Administraciones que cuenten con la dotación presupuestaria para poder ofertar dichas plazas. Para los sucesivos Presupuestos Generales del Estado tras 2019 se
estudiará la situación económica para determinar la tasa de reposición de efectivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2018.-Isabel María Borrego Cortés, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la neutralidad ideológica de espacio público en
Cataluña, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, España es en un Estado social y democrático de Derecho que propugna el pluralismo político como uno de los valores superiores de si ordenamiento jurídico y en el que los ciudadanos y los
poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Todo Estado democrático requiere del respeto de unas condiciones mínimas de neutralidad institucional precisamente para que pueda realizarse plenamente la libertad de expresión de los ciudadanos y se garantice el mencionado pluralismo
político en la sociedad. Además, las Administraciones públicas deben servir 'con objetividad los intereses generales' (art. 103.1 CE), siendo reprochable cualquier parcialidad por intereses o causas políticas particulares en sus actuaciones.
A pesar de lo anterior, en Cataluña se está viviendo una preocupante situación ante la ocupación de instituciones y espacios públicos por símbolos expresión de un concreto mensaje político, lo cual, al excluir a una mayoría de los
ciudadanos, enfrenta a la sociedad y eleva la tensión y la posibilidad de conflicto. En una reciente sentencia relativa a la instalación de una bandera estelada en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles, el propio Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña ha censurado 'la privatización del espacio público, de uso común, mediante su ocupación permanente por un elemento que representa una opción partidista, con vulneración de los principios de objetividad y neutralidad institucional' (STSJ de
Cataluña, Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 5.ª, n.º 579/2018, de 5 de julio).
De igual modo, con fecha 3 de septiembre de 2018, el Defensor del Pueblo ha hecho pública una resolución institucional en la que ha mostrado 'su preocupación por el deterioro de la convivencia en los espacios públicos de Cataluña, que es
incompatible con toda forma de monopolio o exclusión'. En este sentido, ha recordado que 'los poderes públicos deben respetar el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista, y ello es incompatible con la presencia en los
edificios públicos -máxime teniendo en cuenta que es permanente- de símbolos propios de una ideología, el respeto a la cual debe cohonestarse con el respeto a las demás que concurren en una sociedad libre, abierta, democrática y tolerante'. Por
último, añade que, en la medida que la presencia de tales 'símbolos de contenido ideológico también se produce en los elementos de dominio público (calles, mobiliario urbano, parques, etc.)', el Defensor del Pueblo ha tenido que advertir que también
los espacios públicos, 'en un Estado de Derecho, está sometido a reglas de diverso contenido para garantizar que sea un espacio compartido. Los derechos de reunión y manifestación o el de uso de los espacios públicos no son ilimitados precisamente
para preservar la seguridad y la convivencia'.
A la vista de las recientes resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Defensor del Pueblo y, sobre todo, a los efectos de garantizar la pacífica convivencia de la ciudadanía catalana, resulta imprescindible que, al
margen de las opciones e ideologías políticas ele todo signo y condición, los partidos políticos y, en particular, la ocupación de la Administración y los espacios públicos realizada por estos respeten el principio de neutralidad ideológica y, en
definitiva, el marco constitucional y el ordenamiento jurídico al que tanto ciudadanos como los poderes públicos están sometidos. El respeto de las reglas del juego deviene imprescindible en una democracia y el cumplimiento de los principios sobre
las que esta se cimienta redunda en interés de todos.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta:
1. Que la presencia en edificios públicos de símbolos que se identifican con una opción partidista o ideológica no es compatible con el principio de neutralidad ideológica que salvaguarda el pluralismo en una sociedad democrática.
2. Que los espacios públicos son foros abiertos para la expresión de los ciudadanos que siempre deben respetar la Constitución y las leyes, por lo que no cabe su ocupación excluyente y su uso de forma que perturbe la convivencia pacífica.
3. Y en su consecuencia, y en uso de sus propias competencias, insta al Gobierno a proteger la neutralidad de los espacios públicos, especialmente en edificios, servicios públicos de todo tipo e instituciones dependientes de cualquier
Administración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2018.-José Ignacio Prendes Prendes, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Transición Ecológica
161/004000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley trasvase del Tajo hacia la cuenca
del Segura en Alicante, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
El Gobierno de España ha decidido trasvasar solamente 7,5 hectómetros cúbicos para el abastecimiento urbano, lo que excluye el agua para riego. El motivo que aduce el Gobierno de España para solamente enviar esta cantidad de agua se explica
por 'la necesidad de reparar el tramo del campo
de Cartagena, dañada por el último temporal' incumpliendo la ley que permite trasvasar 20 hectómetros cúbicos dado que existen reservas de agua suficiente en los embalses de Entrepeñas y Buendía.
La planificación efectuada en el mes de agosto conforme a la normativa vigente suponía transferir 20 hm3; mensualmente, por lo que la decisión adoptada no solo perjudica a los agricultores que han hecho sus previsiones acordes con esa
planificación, sino a toda la cadena alimentaria que se basa en la producción agraria.
Además, hay infraestructuras de regulación suficientes para hacer llegar el agua de riego a otras zonas que dependen del trasvase.
Por todo lo expuesto, Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trasvasar de inmediato la cantidad de 20 hectómetros cúbicos tal y como mandata la ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2018.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus Diputados Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez y Antón Gómez-Reino Varela, y a través de su Portavoz, Antón Gómez-Reino Varela, conforme
recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica, relativa a la ampliación de la EDAR de Os Praceres (Pontevedra).
Exposición de motivos
El pasado 25 de julio de 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España con una multa de 12 millones de euros por haber incumplido su obligación de dar cumplimiento a la Directiva sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas, a la que se suma una indemnización de 11 millones semestrales hasta que se resuelva la situación.
Sin embargo, y a pesar de estas multas, la Xunta de Galicia, aprobó el Anteproyecto del nuevo emisario submarino de la EDAR de Os Praceres, en el término municipal de Pontevedra (DOG 191, de 5 de octubre de 2018), un proyecto para la
ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales que cuenta con la oposición de la ciudadanía y que fue rechazada por el Pleno de la Corporación Municipal de Pontevedra.
Este proyecto contempla la construcción de una estación de carga y bombeo para dar servicio al emisario submarino, y prevé ocupar 1.300 metros cuadrados en terrenos de dominio público marítimo terrestre pertenecientes a la Demarcación de
Costas dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, organismo que debería autorizar la ocupación de los mismos.
La negativa de ciudadanía e instituciones locales a esta ampliación se argumentan en varios aspectos. El propio anteproyecto ya recoge que hay tres elementos patrimoniales que se encuentran a menos de 500 metros de la actuación: el colegio
Sagrado Corazón, la iglesia de Lourizán y la escuela de Pescadores. Pero tampoco se cumplen las distancias mínimas con las viviendas existentes en el cabo de Os Praceres, en la plaza de Os Praceres ni en la denominada 'carretera vieja'. Esta
instalación terminaría por aislar la plaza de Os Praceres del mar, eliminando la única fachada litoral existente, que es la principal zona de convivencia y ocio de la parroquia de Lourizán (Pontevedra).
Además, la construcción de la estación de carga y bombeo estaría situada justo encima de un banco marisquero, la principal economía de una parroquia de más de tres mil habitantes, por lo que con esta ampliación se consolidaría la degradación
ambiental que padece Lourizán, en particular, y la ría de Pontevedra, en general. Desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea consideramos que no es lógico profundizar en el error de maltratar un paraíso natural único, en lugar de comenzar a pensar en cómo recuperarlo. De hecho, planteamos que cualquier reforma que se haga debería incidir en la
separación de las aguas residuales procedentes de viviendas y de las aguas residuales procedentes de las industrias existentes, sobre todo de ENCE y las ubicadas en el polígono de A Reigosa.
Además, la citada ampliación está pensada para enviar las aguas residuales, una vez decantadas, al medio de la ría de Pontevedra, y contempla que las viviendas de los ayuntamientos limítrofes de Poio (Pontevedra) y Marín (Pontevedra) sigan
utilizando esta instalación en lugar de buscar alternativas viables en sus respectivos territorios.
Cabe señalar que la actual depuradora no cuenta con las autorizaciones específicas para estar en dominio público marítimo terrestre y mantiene las aguas con peor calidad de toda la costa española.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a no autorizar la ampliación de la EDAR de Os Praceres (Pontevedra) en los terrenos de dominio público marítimo-terrestre y a iniciar los trabajos de recuperación de la marisma de Lourizán
(Pontevedra) y de la calidad de sus aguas para que se recupere también el banco marisquero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez y Ángela Rodríguez Martínez, Diputadas.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica, relativa a la inclusión del cambio climático y la pérdida de biodiversidad en la memoria de impacto normativo.
Exposición de motivos
El 'Informe Planeta Vivo 2018: Apuntando más alto' de WWF afirma que mientras que el cambio climático es una amenaza cada vez mayor, los principales motores de la disminución de la biodiversidad siguen siendo la sobreexplotación de
especies, la agricultura y la conversión del suelo. De hecho, una evaluación reciente encontró que solo una cuarta parte de la superficie de la Tierra está sustancialmente libre del impacto de las actividades antrópicas. Las proyecciones indican
que para 2050 habrá disminuido a solo una décima parte del Planeta. La degradación del suelo incluye la pérdida de bosques; mientras que a nivel mundial esta pérdida se ha desacelerado debido a la reforestación y las plantaciones, se ha acelerado
en los bosques tropicales, los cuales albergan algunos de los niveles más altos de biodiversidad de la Tierra. La degradación en curso tiene muchos impactos sobre las especies, la calidad de los hábitats y el funcionamiento de los ecosistemas.
Si no se revierte esta tendencia es muy dudoso que se logren los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que incluyen mitigar el cambio climático, adaptarse a los impactos del clima, mantener la calidad del suelo, aire y
agua, y apoyar una base resiliente para la producción de los alimentos, combustibles y fibras que necesitarán las futuras generaciones humanas.
Además, el Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas presentó recientemente un nuevo informe en el que ha instado a poner en marcha 'cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los
aspectos de la sociedad' para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC y evitar así 'daños irreparables'.
En este informe:
- Se examinan vías para limitar el calentamiento hasta 1,5 en vez de 2 grados, tal y como se estableció en el Acuerdo del Clima de París, y
- se advierte de que los efectos para ecosistemas y la vida en el planeta serán mucho menos catastróficos si se logra mantener esta barrera más ambiciosa.
Según el texto del panel de expertos de la ONU, está previsto que las temperaturas aumenten hasta 1,5 ºC entre los años 2030 y 2052 si el calentamiento global continúa avanzando a su ritmo actual y no se ponen en marcha una serie de medidas
a nivel internacional. Superar el límite de 1,5 grados depararía un mayor incremento del calor extremo, las lluvias torrenciales y la probabilidad de sequías, algo que tendrá un efecto directo sobre la producción de alimentos, sobre todo en zonas
sensibles como el Mediterráneo o Latinoamérica.
Por ello, y para acelerar y asegurar el cumplimiento de la Agenda 2030, es preciso que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad sean evaluados antes de aprobar cualquier norma.
Teniendo en cuenta todo esto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Modificar el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, para añadir un apartado específico, que incluya el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en la memoria de
impacto normativo, para evaluar de manera transversal y vinculante, en el mismo sentido que el impacto económico y la igualdad de género, con el objetivo de cumplir con sus compromisos internacionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para evitar el cierre de los únicos
yacimientos petrolíferos existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
Fue en la década de 1960 cuando se descubrió la existencia de petróleo en un paraje de la zona norte de la provincia de Burgos, en la comarca conocida como 'La Lora'. La puesta en marcha de la concesión de la explotación permitió que se
llegaran a perforar un total de 64 pozos, que tuvieron su punto álgido de extracción en 1969 con un total de cerca de 6.000 barriles de petróleo diarios. A partir de ese momento, se fue dando un descenso en la producción, que no obstante se mantuvo
en la extracción de 120 barriles diarios.
La concesión de explotación, desde ese momento ha significado un notable impulso para esa comarca, especialmente en lo relacionado con dinamización económica, inversión, empleo, calidad de vida y fijación de población en un entorno rural.
A pesar de la reducción de actividad, esto no ha sido óbice para el establecimiento de varias decenas de puestos de trabajo directos, y muchos otros indirectos que en el caso de una comarca como 'La Lora' resultan cruciales puesto que se
asientan en un entorno donde la actividad laboral está básicamente vinculada al mundo agrario, y además cuando se trata de empleos donde la no necesidad de formación cualificada facilita la incorporación de perfiles de residentes en ese entorno
rural.
Adicionalmente, cabe recordar que la Ley 8/2015, de 21 de mayo creó una serie de figuras tributarias como el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo, y Condensados o la obligación de pago a los propietarios de terrenos
suprayacentes, para compartir parte de los beneficios de la explotación de los hidrocarburos con el conjunto de la sociedad, colaborando así con un compromiso social con el entorno.
Asimismo, no se puede olvidar que España batió en 2017 su récord de importaciones de petróleo por tercer año consecutivo. Se importaron 65,843 millones de toneladas de crudo, un 2,6 % más que en 2016, según datos de la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) publicadas en febrero de este año, lo cual acredita la necesidad del empleo de esta fuente de energía en nuestro país. Máxime además cuando a lo largo de décadas de explotación de los pozos de
La Lora no ha existido ningún tipo de problema y la actividad se ha desarrollado con todas las garantías.
Recientemente, hay que recordar que en enero de 2017 se puso de manifiesto la imposibilidad legal de desarrollar una prórroga a la concesión de 50 años que estaba en vigor y que vencía en ese momento, todo ello en función de diversos
informes emitidos por los Servicios Jurídicos del Ministerio.
Esto no fue óbice para seguir apostando por el potencial económico y de desarrollo de dicho yacimiento, y por ello, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 54/2017, de 27 de enero, que habilitaba a la Dirección General de Política
Energética y Minas para poder convocar de nuevo un concurso para la explotación de los yacimientos, todo ello bajo los principios de objetividad, transparencia y no discriminación, al objeto de poder adjudicar una nueva concesión de explotación en
la comarca de 'La Lora'.
Dicha convocatoria se condicionaba a la existencia de empresas que previamente manifestaran su interés en dicha convocatoria, cuestión que quedó despejada con el anuncio por parte de la empresa concesionaria hasta ese momento, quien anunció
de modo inmediato en enero de ese mismo año su firme intención de invertir 5 millones de euros en un proyecto que aseguraría la explotación del yacimiento de La Lora, y por tanto la generación de mayor actividad económica y también asociado a ello
el establecimiento de nuevos puestos de trabajo en esa comarca.
Cuando estaban muy avanzados los trabajos de elaboración del pliego para este nuevo concurso ocurrió el cambio de Gobierno en España, que en estos cinco meses no había ofrecido ninguna explicación clara sobre cómo se encontraba el proceso,
hasta que el 5 de noviembre se ha conocido un comunicado de prensa por el cual se da cuenta de la notificación del Gobierno a la empresa Columbus Energy Resources para obligarles al desmantelamiento de la planta de Ayoluengo en La Lora sin más
explicaciones, tras 50 años de explotación, y que se encontraba en expectativa de optar a un concurso que permitiera seguir manteniendo la actividad económica, la inversión y el empleo en la zona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar la irresponsable e injustificada orden de desmantelamiento dirigida por el Gobierno de España a la empresa concesionaria de la única explotación del yacimiento de hidrocarburos ubicado en la Comunidad Autónoma de Castilla y
Leen, en concreto en Ayoluengo (Burgos).
2. Consecuentemente, iniciar de inmediato, sobre los pliegos que estaba redactando el anterior Gobierno, la convocatoria de concurso público para la adjudicación de una nueva concesión de explotación del yacimiento de hidrocarburos ubicado
en Ayoluengo (Burgos), teniendo en cuenta para ello el estricto cumplimiento de todas las condiciones y garantías en relación con la seguridad, los aspectos medioambientales -principalmente los que lo hagan compatible con el Geoparque de Las Loras-,
las inversiones necesarias y la pública concurrencia.
3. Subsidiariamente, adoptar con carácter inmediato las medidas económicas oportunas para compensar la caprichosa decisión de desmantelamiento de la explotación y favorecer el mantenimiento del empleo, aplicando incentivos económicos que
garanticen la fijación de población y actividad en la comarca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Jaime Miguel Mateu Istúriz y María Sandra Moneo Díez, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso del Proyecto
denominado 'Paseo de conexión puerto-Morro Jable'. Término municipal de Pájara (Isla de Fuerteventura), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
El municipio de Pájara (en la isla de Fuerteventura) es el que cuenta con la mayor extensión de playas de toda Canarias. Dentro de este término municipal, uno de sus núcleos más poblados y volcado especialmente en la actividad turística, es
el de Morro Jable, fugar en el que se encuentran algunas de las playas y espacios más idílicos de la isla de Fuerteventura.
Desde la X Legislatura, y con el ánimo de aportar mayor atractivo al núcleo de Morro Jable, se ha venido solicitando a la Dirección General de Costas la planificación de un proyecto de Paseo Marítimo para unir el Muelle de Morro Jable
(puerto de competencia autonómica con tránsito de pasajeros entre islas) con el núcleo urbano de Morro Jable.
En esa X Legislatura se procedió, por parte de la Dirección General de Costas, a solicitar un estudio previo de posibilidades para unir este Muelle de interés autonómico con el casco urbano de Morro Jable.
Este estudio previo de posibilidades barajaba tres diferentes modelos para la posterior redacción de un proyecto de avenida que uniese ambos puntos.
Durante la presente legislatura, atendiendo al cambio de la situación económica, se había procedido, por parte del Gobierno del Partido Popular, a iniciar los trámites de licitación para la 'Redacción del Proyecto de paseo de conexión
Puerto-Morro Jable, término municipal de Pájara, Fuerteventura', habiendo culminado el mencionado procedimiento de licitación mediante la adjudicación del contrato de redacción del proyecto a la UTE Inespro-IncoFuerteventura.
El contrato de redacción de proyecto se firmó el pasado 25 de julio de 2018 y establecía un plazo de seis meses para la redacción del mismo.
Si bien es cierto que actualmente nos encontramos en plazo de redacción de proyecto y que hasta la finalización del mismo no se puede establecer con certeza el coste de la ejecución de la obra que se pretende proyectar, así como la
delimitación exacta de los terrenos sobre los que se plantea ejecutar; no es menos cierto que la experiencia en proyectos anteriores nos arroja que los trámites necesarios tanto para poner a disposición el suelo, como para buscar fórmulas de
colaboración a fin de conseguir la financiación necesaria para la ejecución de un proyecto de estas características, conlleva tiempo que, a nuestro juicio, puede comenzar a acortarse desde este momento con la puesta en funcionamiento de las
gestiones necesarias por parte del Gobierno.
Atendiendo a fórmulas de colaboración anteriores para la ejecución y materialización de este tipo de proyectos en la isla de Fuerteventura y al interés manifestado por corporaciones como el Ayuntamiento de Pájara y el Cabildo Insular de
Fuerteventura de que este proyecto pueda llegar a ser ejecutado y contando en la actualidad con fondos disponibles del Fondo de Desarrollo de Canarias (FEDECAN), que tras el estudio y la fiscalización pertinente, podría ser susceptible de aplicarse
en parte a la ejecución de este proyecto, entendemos procedente presentar esta iniciativa.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso viene a formular la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Promover de forma activa todos los trámites necesarios para ejecutar del Proyecto denominado 'Paseo de conexión puerto-Morro Jable'. Término municipal de Pájara (Isla de Fuerteventura).
- Requerir la colaboración del Cabildo Insular de Fuerteventura y del Ayuntamiento de Pájara.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Celia Alberto Pérez, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia de los Diputados Joan Capdevila i Esteve y Xavier Eritja Ciuró al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la recuperación de la gestión y titularidad pública de las centrales hidroeléctricas del Pirineo que han finalizado el plazo concesionario, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
El pasado miércoles 26 de septiembre el semanario 'el Temps' publicó una investigación sobre el fin de concesiones de centrales hidroeléctricas del Pirineo propiedad de Endesa y el uso de explotación que seguía realizando dicha empresa. La
polémica saltó a raíz de un informe de l'Observatori de la Sostenibilitat titulado 'Recuperació de les concessions hidroeléctriques'.
Dos empresas italianas -una de capital mayoritariamente público (Enel) y la otra controlada por la familia Benetton (Atlantia)- decidieron invertir en Endesa y Abertis en 2009, sabiendo perfectamente que muchas de las concesiones que
amparaban sus negocios estaban caducadas o a punto de caducar. Aun así lo hicieron con el objetivo de conseguir una ampliación, implícita o explícita, de los plazos de explotación de las concesiones.
Es lo que pasa con las centrales hidroeléctricas que Enel tiene en los Pirineos, herencia de las antiguas empresas -Fecsa y Enher- que Endesa absorbió en 1999. Ocho de las concesiones que amparan su funcionamiento privado (Capdella, Serás,
Talarn, Camarasa, La Pobla, Sant Llorenç de Montgai, Gavet y Terradets) ya están vencidas, según el plazo máximo de 75 años que marca la Ley de Aguas del 2001.
En el caso de estas ocho centrales hidroeléctricas, ya se tendría que haber producido, hace años, su reversión a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que otorga y
gestiona las concesiones.
Las ocho centrales hidroeléctricas de Endesa-Enel en los Pirineos que tienen las concesiones caducadas, suman una potencia instalada de casi 800 MW (una central nuclear convencional tiene 1.000 MW de potencia).
La empresa concesionaria -que compró Endesa en 2009- está revendiendo millones de kilovatios generados a los ríos Noguera Pallaresa, Flannisell y Segre.
Por todo ello se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Tomar las medidas necesarias para la recuperación de la gestión y titularidad pública de las centrales hidroeléctricas productoras de energía cuya concesión ha vencido según el plazo dictado por la Ley de Aguas.
2. Traspasar a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) la gestión de las plantas hidroeléctricas de Capdella, Serás, Talarn, Camarasa, La Fobia, Sant Llorenç de Montgai, Gavet y Terradets.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2018.-Joan Capdevila i Esteve y Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputados.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/004053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus Diputados Yolanda Díaz Pérez y Antón Gómez-Reino Varela, y a través de su portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del
Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica, relativa a la prórroga de la solicitud de declaración de impacto ambiental del proyecto de 'Nueva EDAR en Santiago de
Compostela' y a la modificación del proyecto actual.
Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela depura sus aguas residuales mediante una estación de depuración de aguas residuales (EDAR) ubicada en el lugar de A Silvouta. La actual EDAR resulta insuficiente para cubrir las obligaciones de
depuración existes y, por ello, tras la aprobación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, el antiguo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente impulsó, en el año 2014, un 'Proyecto de adecuación del vertido de
la EDAR de A Silvouta', al que exime de evaluación de impacto ambiental el 13 de marzo de 2014. A pesar de que ampliaba la capacidad de tratamiento en un 40 % y abarcaba una población equivalente de 33.700, el Ministerio consideró que no entraba en
el ámbito de aplicación de la Ley. Así, en este mismo año impulsa la Evaluación de Impacto Ambiental de una nueva EDAR con una ubicación distinta (O Souto) que recibe informe favorable por Resolución del 18 de junio de 2014 (publicada en el BOE de
27 de junio de 2014), de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Esta DIA ha caducado el pasado 27 de junio de 2018, tal y como establece el artículo 43 de la Ley, toda vez que han transcurrido cuatro años sin se que haya iniciado la ejecución
del proyecto. La empresa promotora de la obra, Acuaes, ha solicitado una prórroga, de dos años adicionales de la vigencia de la citada declaración, aduciendo que no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron
para realizar la evaluación de impacto ambiental.
Sin embargo, la realidad es bien distinta y colectivos y gobiernos municipales de los Ayuntamientos de Santiago de Compostela y Ames han iniciado ya acciones para solicitar la modificación del actual proyecto, ya que si existen cambios
sustanciales y estos afectan a elementos esenciales (normativo y tecnológico) que requerirían que un eventual proyecto en O Souto sea sometido a una nueva Evaluación de Impacto Ambiental.
Además, uno de los pilares sobre los que se asienta la legislación ambiental, en general, y la normativa de evaluación de impacto ambiental, en particular, es la participación del público y la búsqueda del mayor consenso social e
institucional sobre las mejores soluciones ambientales. El documento de prórroga obvia cualquier consideración sobre como evolucionó y como incide en la eventual acometida del proyecto de la EDAR la apreciación del público e instituciones
afectadas.
De hecho, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Santiago de Compostela rechazó en pleno, ya el pasado 15 de marzo de 2018, el texto del convenio propuesto por Acuaes y Aguas de Galicia para la instalación de una EDAR en el lugar de O
Souto. Las razones de este rechazo estuvieron fundamentadas en el reparto económico propuesto al Ayuntamiento, en la inseguridad jurídica después de los recursos de la plataforma en defensa do río Sar y del Ayuntamiento de Ames y en la propuesta de
fase cero que pudiese generar, con un movimiento de 500.000 metros cúbicos de tierra, un daño medio ambiental irreparable en el lugar de O Souto. También pesó en la decisión el hecho de que las mejoras tecnológicas propuestas durante este último
año por un equipo de expertos de la Universidad de Santiago de Compostela, no hubiesen sido incorporadas más que en un pequeño porcentaje por la negativa del antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio ambiente, a pesar de la
buena disposición de ACUAES de incorporarlas, expresada incluso por escrito.
La alternativa presentada por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela pasa por la ampliación de la capacidad de la actual EDAR de Silvouta mediante la utilización de tecnología granular aerobia, alternativa que tiene una alta potencialidad
para el tratamiento de aguas residuales urbanas y requiere instalaciones de dimensiones mucho más reducidas a las de otras tecnologías de depuración. Con esta propuesta sería posible construir la nueva depuradora en A Silvouta sin interrumpir el
funcionamiento de la actual infraestructura.
Las ventajas de esta propuesta son importantes. Un ahorro del orden el del 40% en consumo energético, una ocupación del terreno hasta cuatro veces menor, una mayor rapidez constructiva y un importante ahorro económico (entre el 30 % y el 50
% frente a la propuesta de O Souto).
Además, y contrariamente a lo que ha manifestado la empresa promotora en su solicitud de prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 'Nueva EDAR de Santiago de Compostela (A Coruña)' desde la formulación de la DIA por
Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, de 18 de junio de 2014, se ha constatado la existencia de cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental; la existencia de
errores e inexactitudes en los documentos que han servido de base para la formulación de la DIA; y como consecuencia de lo anterior, la insuficiencia e ineficacia de las medidas preventivas, correctoras o compensatorias previstas en la DIA.
En relación a los cambios sustanciales hay que remarcar que en la DIA se afirmaba que no existían árboles singulares en la zona, y se ha reconocido después la existencia de dos ejemplares que se han incluido en el Catálogo Gallego de Árboles
Singulares. También se ha constatado la existencia de especies catalogadas en peligro de extinción, fauna a la que no se hace alusión en la evaluación ambiental.
Asimismo, existen errores y omisiones relevantes e insuficiencias importantes detectadas en la Memoria técnica de prospección arqueológica intensiva realizada tras la localización en diciembre de 2016 en el entorno próximo al área de
implantación de la EDAR de un grabado rupestre inédito identificado como Petroglifo do Souto y bajo medidas de protección BIC. La elaboración de esta nueva Memoria permitió localizar 17 elementos pertenecientes al patrimonio cultural y reconocer,
con posterioridad, que seis de estos elementos sufrirían un impacto crítico y otros tres sufrirían un impacto severo por la realización de las obras previstas en el proyecto.
También se observan en la DIA omisiones de especial relevancia que invalidan por sí mismas el resultado final de la valoración de alternativas, como que existen casas a menos de 300 metros de esta ubicación o que existe una autovía que pasa
a 159 metros de la misma, y sorprendentemente el tramo de la AG-56 que transcurre paralela a la zona es el de mayor intensidad de tráfico de toda Galicia.
Sería preocupante esta obra también debido a la gran cantidad de movimientos de tierras a realizar para la ejecución de la obra, ya que se prevé el depósito de 865.982 metros cúbicos de tierras, cuando en la provincia de A Coruña los
vertederos existentes tienen capacidad para menos de 250.000 metros cúbicos; o de la ocupación definitiva de suelo para el emplazamiento de la EDAR, que asciende a 103.726 metros cuadrados tras sumar las superficies de terreno rústico, camino
público y terrenos afectados, frente a los 57.000 metros cuadrados que ya están ocupados si se elige la alternativa de A Silvouta, donde está ubicada actualmente la depuradora.
El gobierno municipal de Santiago de Compostela mantuvo reuniones en el mes de agosto del presente año con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Sr. Hugo Morán y en septiembre con el Director General de Aguas, Sr. Manuel Melendez en
donde se acordó descartar definitivamente el proyecto de EDAR en el lugar de O Souto e iniciar el procedimiento para la renovación de la actual EDAR en Silvouta.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea considera, tras lo expuesto anteriormente, que el Gobierno no debe conceder prórroga a la DIA del proyecto de la 'Nueva EDAR en Santiago de Compostela (A Coruña)' .
Consideramos, asimismo, que la propuesta planteada por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela es la solución más viable y la que permite que esta infraestructura se financie dentro del programa operativo de fondos europeos 2014-2020, disminuya
los plazos de ejecución y solucione de manera definitiva el grave problema estructural de depuración de aguas que tiene la ciudad de Santiago de Compostela desde hace décadas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
- Desestimar la solicitud de prórroga presentada por la promotora del proyecto Nueva EDAR de O Souto (Santiago de Compostela) al no concurrir los requisitos previstos en la normativa medioambiental vigente, y en su lugar se proceda a incoar
el procedimiento de modificación de la declaración de impacto
ambiental publicada en el BOE núm. 156, de 27 de junio de 2014, al concurrir los supuestos previstos legalmente a tal efecto.
- Proceder a dar inicio, de oficio, a un procedimiento de modificación de las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en junio de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental.
- Proceder a modificar, de forma negociada con empresa y otras administraciones implicadas, el actual proyecto incluyendo la propuesta elaborada por la Universidad de Santiago de Compostela, basada en la utilización de la tecnología granular
aerobia para la construcción de la EDAR, en tres fases diferenciadas y sin interrumpir el correcto funcionamiento de las [...].'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Cultura y Deporte
161/003994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre la retirada de figuras y estatuas de Cristóbal Colón, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Hace algunos días, la ciudad californiana de Los Ángeles ha retirado una estatua de Cristóbal Colón a iniciativa del concejal Mitch O'Farrel, conocido por promover iniciativas contra símbolos relacionados con la conquista española de la
antigua Alta California.
La retirada de la estatua, según este concejal, no es más que se continúa con un paso más para eliminar aquellos capítulos de la historia manchados de sangre que se esconden tras la visión romántica de la expansión de los imperios.
Esta retirada se enmarca así entre las acciones que está llevando a cabo un movimiento revisionista, el cual tilda cualquier acción llevada a cabo durante la colonización de América de violenta, cruel y bárbara.
En este sentido, resulta sorprendente que desde el Gobierno no se haya hecho aún una protesta formal sobre este tipo de actos que de ninguna forma se han llevado a cabo con el rigor histórico que se precisa.
Desde Ciudadanos, consideramos que la revisión de la historia, más aún cuando se desprestigia y difumina la vida y actos de personajes ilustres de nuestro pasado, debe salvaguardar el máximo rigor y defensa por parte de nuestras
instituciones, ya sea dentro o fuera de nuestras fronteras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que emita una protesta formal ante el Ayuntamiento de Los Ángeles por desprestigiar y desdibujar la figura de Cristóbal Colón y sus logros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2018.-Félix Álvarez Palleiro, Marta María Rivera de la Cruz y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la
ampliación de los incentivos fiscales del acontecimiento 'Camino de la Cruz de Caravaca' hasta septiembre de 2021, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Los incentivos fiscales permitieron constituir, previamente al Año Jubilar Caravaca 2017, la Fundación Camino de la Cruz, con participación de las administraciones públicas, instituciones y de empresas privadas.
Caravaca ha contado con grandes acontecimientos lúdicos y culturales, como los conciertos de Ara Malikian o José Mercó, eventos gastronómicos y deportivos o las exposiciones de Francisco Salzillo y su escuela de escultura caravaqueña,
'Signum', sobre el Renacimiento murciano o 'Místicos', que actualmente se puede visitar. Además, la Fundación restaurará próximamente la fachada del convento de Santa Clara y parte de los exteriores de la parroquia de El Salvador, recuperando así
patrimonio artístico de Caravaca.
La ampliación del período del acontecimiento 'Camino de la Cruz de Caravaca' estaba contemplada en una enmienda que el Grupo Parlamentario Popular presentó al Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado 2018, aprobada en el
Senado, pero no fue aprobada posteriormente en el Congreso de los Diputados.
De haberse aprobado esta enmienda, Caravaca habría tenido los incentivos más largos y productivos de la historia. Actualmente, los incentivos fiscales tienen vigencia hasta septiembre de 2019, con lo que la Fundación Camino de la Cruz de
Caravaca tiene un futuro incierto y podrían frenarse interesantes proyectos para Caravaca.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se apruebe la ampliación del período de vigencia de los incentivos fiscales del acontecimiento 'Camino de la Cruz de Caravaca' hasta el mes de septiembre del año 2021.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Isabel María Borrego Cortés, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la celebración del Centenario del primer Festival de
Flamenco de la historia, para su debate en la Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El primer Concurso de Cante Jondo se celebró durante los días 13 y 14 de junio de 1922 en la plaza de los Aljibes de la Alhambra granadina, con motivo de las fiestas del Corpus. Sus promotores fueron dos figuras fundamentales en la creación
artística española del siglo XX: Manuel de Falla y Federico García Lorca. La ciudad de Granada acogió una originalísima iniciativa cultural que tuvo una enorme trascendencia en la vida intelectual del momento, así como una gran repercusión
posterior, suponiendo un espaldarazo a la intensa vida cultural y social de una ciudad que representaba, ya entonces, un símbolo artístico internacional.
El certamen congregó en torno a sus preparativos y a su celebración a una deslumbrante constelación de figuras de la vida artística y cultural española e internacional. Repasar la lista de
personajes (músicos, poetas, literatos, ensayistas, políticos, pintores... y hasta los Duques de Alba) que tomaron parte en el concurso directa o indirectamente, bien en la fase de convocatoria y adhesión, o bien durante la propia
celebración del certamen, es asomarse a un momento único de la historia del arte y la cultura: Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala, Salvador Rueda, Ramón Gómez de la Serna, Juan de la Encina, Edgar Neville, o Antonio y
Manuel Machado, fueron solo algunos de esos nombres.
Igualmente, las más destacadas figuras del flamenco de la época estuvieron presentes en Granada durante esos días del concurso, con un jurado presidido por Antonio Chacón, uno de los mayores creadores de toda la historia del flamenco.
Participaron, entre otros, los guitarristas Amalio Cuenca, Manuel Jofré 'El Niño de Baza', Andrés Segovia y voces que hicieron época en la historia del cante: Manuel Torres 'El Niño de Jerez', Pastora Pavón 'La Niña de los Peines', 'El Centeno',
Juana 'La Macarrona', Diego Bermúdez 'El Tenazas', Antonio del Pozo 'El Mochuelo' y, todavía un niño, Manolo 'Caracol'.
Tal y como señalan los historiadores, acudieron tanto compositores como musicólogos, intérpretes y directores, incluyendo a Adolfo Salazar, Roberto Gerhard, Ángel Barrios, Miguel Salvador, Lamote de Grignon, Conrado del Campo, Enrique
Fernández Arbós, Bartolomé Pérez Casas, Joaquín Turina, Federico Mompou, Óscar Esplá, Felipe Pedrell, Andrés Segovia y un largo etcétera, a los que a punto estuvieron de sumarse Igor Stravinski y Maurice Ravel, si el Ayuntamiento granadino hubiese
dispensado la ayuda precisa para su desplazamiento desde París.
Hoy pocos especialistas ponen en duda que el Certamen de Granada de 1922 marcó un hito en la historia del cante jondo y del flamenco. En 2022 se cumplirá el primer centenario de este Concurso de Cante Jondo. Desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos consideramos que se debe aprovechar esta efeméride para reivindicar un fenómeno característico de nuestra cultura que es admirado en todo el mundo. Para ello, es imprescindible que el Gobierno, tanto a través del Ministerio de Cultura y
Deporte, como de sus instituciones dependientes, promueva la celebración del Centenario del primer Festival de Flamenco de la historia, colaborando y participando activamente en aquellos actos y actividades organizados por ellas mismas u otras
cualesquiera que conmemoren y celebren dicho centenario.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en colaboración con la Junta de Andalucía y las autoridades locales correspondientes, la celebración del Centenario del primer Festival de Flamenco de la historia, tanto a través
del Ministerio de Cultura y Deporte, como de sus instituciones dependientes, y a colaborar y participar activamente en aquellos actos y actividades organizados por ellas mismas u otras cualesquiera que conmemoren y celebren dicho centenario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2018.-Guillermo Díaz Gómez, Luis Miguel Salvador García, María Virginia Millán Salmerón, Irene Rivera Andrés, Félix Álvarez Palleiro, Marta María Rivera de la Cruz, Francisco Javier
Cano Leal, Marcial Gómez Balsera y Diego Giménez Clemente, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de una ruta turístico-literaria 'Ruta de la
Generación del 27', para su debate en la Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La 'Generación del 27' incluyó a una excepcional promoción de escritores y poetas que condujo a las letras españolas a uno de sus momentos más brillantes. Entre ellos figuran Concha Méndez, Maruja Mallo, Rosa Chacal, Josefina de la Torre
(que son algunas de las tantas veces olvidadas 'Sinsombrero'),
Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre y Dámaso Alonso.
Entre los autores más destacados del grupo figuran numerosos andaluces, tales como Federico García Lorca (nacido en Fuente Vaqueros), María Zambrano (Vélez-Málaga), Luis Cernuda (Sevilla), Rafael Alberti (El Puerto de Santa María) o Vicente
Aleixandre (Sevilla). Por ello, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos fundamental impulsar, en coordinación con la Junta de Andalucía, la creación de una ruta turístico-literaria 'Ruta de la Generación del 27' que recorra todas
aquellas localidades y parajes relacionados con los autores y autoras de esta generación literaria, así como los escenarios de los que fueron testigos, los espacios que les vieron nacer o en los que se inspiraron para sus creaciones, que permita
visibilizar Andalucía como cuna de algunos de los más insignes escritores en la historia de España en el marco de una de las más grandes generaciones literarias españolas de todos los tiempos.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en coordinación con la Junta de Andalucía, la creación de una ruta turístico-literaria 'Ruta de la Generación del 27' que recorra todas aquellas localidades y parajes relacionados
con los autores y autoras de esta generación literaria, así como los escenarios de los que fueron testigos, los espacios que les vieron nacer o en los que se inspiraron para sus creaciones, que permita visibilizar Andalucía como cuna de algunos de
los más insignes escritores en la historia de España en el marco de una de las más grandes generaciones literarias españolas de todos los tiempos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2018.-Guillermo Díaz Gómez, Luis Miguel Salvador García, María Virginia Millán Salmerón, Irene Rivera Andrés, Félix Álvarez Palleiro, Marta María Rivera de la Cruz, Francisco Javier
Cano Leal, Marcial Gómez Balsera y Diego Giménez Clemente, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don Joan Baldovi Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la
aportación a los Consorcios de la Ciudad de Toledo y de la Ciudad de Cuenca en los PGE y la creación de los Consorcios de las ciudades de Ávila, Salamanca, Segovia y Alcalá de Henares, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El año 2000 fue creado el Consorcio de la Ciudad de Toledo, formado por el Estado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la ciudad, con un presupuesto anual de más de 10 millones de
euros (de los cuales 6 millones los aportó el Gobierno de España), aportados por las cuatro administraciones. Este presupuesto se incrementó hasta los 15 millones de euros en el año 2005, descendiendo paulatinamente hasta los 3,9 millones de euros
del año 2014 (en parte procedente del remanente de tesorería del año 2013), y los actuales 3.460.000 euros del año 2018, de los cuales 1,6 millones de euros ha sido la aportación del Estado en este año, a través del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. La previsión de presupuestos para el año 2019 es de 3,3 millones de euros. Desde la creación del Consorcio de la Ciudad de Toledo en el año 2008 hasta la actualidad, el presupuesto destinado a este organismo se ha
reducido a un tercio del presupuesto original.
Según sus Estatutos, son fines esenciales del Consorcio de la Ciudad de Toledo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1424 de 1998, de 3 de julio, los siguientes:
a) Servir de apoyo administrativo y de gestión al Real Patronato de la Ciudad de Toledo para el mejor cumplimiento por este de sus fines propios.
b) Asegurar el mantenimiento y la adecuada gestión de las instalaciones, equipamientos y servicios dotados como consecuencia de actuaciones acordadas por el mismo Real Patronato.
c) Promover y, en su caso, facilitar, en el término municipal de Toledo, el ejercicio coordinado de las competencias de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma y del Municipio.
Son funciones del Consorcio de la Ciudad de Toledo:
a) Facilitar al Real Patronato la infraestructura administrativa precisa para su funcionamiento, pudiendo elevar al mismo iniciativas y propuestas.
b) Impulsar, promover y coordinar la ejecución de los acuerdos adoptados por el Real Patronato.
c) Asumir, en su caso, la ejecución de los proyectos y la gestión de los servicios que las Administraciones miembros acuerden encomendarle.
d) Asumir la titularidad de la gestión de establecimientos y servicios públicos que, sirviendo a los fines del Real Patronato, le sea encomendada por la Administración competente.
e) Ejercer aquellas funciones que las Administraciones consorciales le atribuyan.
Por su parte, el Consorcio de la Ciudad de Cuenca, fue creado el año 2004 y está integrado por la Administración General del Estado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca y el Ayuntamiento de
Cuenca. Su presupuesto correspondiente al año 2005 fue de 7,2 millones de euros (el Estado aportó 3 millones de euros), subiendo hasta las 8,2 millones en 2006, 2007 y 2008 y bajando hasta los 2,5 millones en 2014 (1,6 millones aportados por el
Gobierno de España), y bajando de nuevo hasta los 2.458.170 euros en 2018, siendo la aportación del Estado de 1.544.750 euros. También en este caso, el presupuesto destinado a este organismo se ha reducido, desde su creación, a un tercio del
presupuesto original.
Son fines esenciales del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 112/2004, de 23 de enero, los siguientes:
a) Servir de apoyo administrativo y de gestión al Real Patronato de la Ciudad de Cuenca para el mejor cumplimiento por este de sus fines propios.
b) Asegurar el mantenimiento y la adecuada gestión de las instalaciones, equipamientos y servicios dotados como consecuencia de actuaciones acordadas por el mismo Real Patronato.
c) Promover y, en su caso, facilitar, en el término municipal de Cuenca, el ejercicio coordinado de las competencias de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma y del Municipio.
Son funciones del Consorcio de la Ciudad de Cuenca:
a) Facilitar al Real Patronato de la ciudad de Cuenca la infraestructura administrativa precisa para su funcionamiento, pudiendo elevar al mismo iniciativas y propuestas.
b) Gestionar y desarrollar las tareas derivadas de la ejecución de los acuerdos adoptados por el Real Patronato.
c) Asumir, en su caso, la ejecución de los proyectos y la gestión de los servicios que las Administraciones miembros acuerden encomendarle.
d) Asumir la gestión de establecimientos y servicios públicos que, sirviendo a los fines del Real Patronato, le sea encomendado por la Administración competente.
e) Ejercer aquellas funciones que las Administraciones consorciadas le atribuyan.
Por su parte, el Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela, el tercero que existe en España y primero en ser creado en 1992, disfruta para el año 2018 de un presupuesto de 9.090.000 euros, de los cuales la aportación de la
Administración General del Estado es de 4.555.390 euros, el triple que Toledo o Cuenca.
Resulta evidente la discriminación de las dos ciudades castellanas respecto de la gallega. El Estado debe garantizar los recursos económicos suficientes para los Consorcios de las ciudades de Toledo y Cuenca, incrementando su aportación
hasta la misma cantidad que recibe actualmente el Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela, de manera que todos los Consorcios reciban del Estado la misma cantidad de recursos.
Por otro lado, existen otras ciudades castellanas que están reconocidas como Patrimonio de la Humanidad: Alcalá de Henares (Madrid), Ávila, Salamanca y Segovia. Sería necesario que en el plazo
máximo de dos años se creasen los Reales Patronatos y los Consorcios correspondientes a dichas ciudades, contando con los presupuestos necesarios para garantizar las inversiones que permitan mantener de manera digna el amplio patrimonio que
poseen, mejorando su proyección tanto nacional como internacional.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Que a través del Ministerio de Cultura y Deporte aporte al Consorcio de la Ciudad de Toledo y al Consorcio de la Ciudad de Cuenca no menos del presupuesto aportado en el año 2018 al Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela, esto
es, 4.555.390 euros, en los próximos PGE.
2. Que mantenga en todo momento la misma aportación a los distintos Consorcios de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que existan constituidos, de manera que no exista discriminación económica entre ellos.
3. Que a través del Ministerio de Cultura y Deporte se lleve a cabo la creación de los Reales Patronatos y los Consorcios de las ciudades castellanas de Alcalá de Henares (Madrid), Ávila, Salamanca y Segovia, todas ellas declaradas Ciudades
Patrimonio de la Humanidad, con el fin de garantizar de manera digna el amplio patrimonio que poseen, mejorando su proyección tanto nacional como internacional y garantizando los recursos necesarios para que cumplan con los fines y funciones que sus
estatutos determinen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2018.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004075
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a defender, preservar y reconocer a la Tauromaquia.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 116007, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la
iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para defender, preservar y reconocer a
la Tauromaquia, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La tauromaquia es una actividad profesional y económica legítima que contribuye indiscutiblemente a la subsistencia de la dehesa, de la marisma y de su biodiversidad, al mantenimiento de una raza singular como es el toro bravo, aportando de
un modo significativo al producto interior bruto, al impuesto sobre el valor añadido y, sobre todo, a la creación y mantenimiento del empleo.
Pero la tauromaquia es más que un conjunto de actividades económicas, medioambientales o zootécnicas. La tauromaquia se constituye como parte esencial del patrimonio histórico y cultural de los españoles.
La tauromaquia constituye un sector económico de primera magnitud, con una incidencia tangible en ámbitos diversos como son el agroalimentario, el medioambiental, el cultural, el industrial o incluso el turístico. Según la Asociación
Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos y la economía del toro, el impacto en euros de la tauromaquia en la economía española es de 3.560 millones de euros y, solo en concepto de IVA de las plazas de toros, los ingresos del estado
ascienden a 139 millones de euros. Los empleos que genera el sector son de 199.000, siendo 57.000 los empleos directos y 142.000 los indirectos. Solo en entradas durante el año 2015, se vendieron más de 6 millones de entradas para acceder a plazas
de toros, siendo el segundo espectáculo de masas en España.
Es de especial interés la contribución que desde el sector del toro bravo se está ofreciendo a la conservación de un ecosistema tan singular a la par que frágil en la Península Ibérica como es la dehesa. La cría del toro de lidia se
extiende por más de 500.000 hectáreas de dehesa entre España y Portugal, una dehesa considerada por la Unión Europea como espacio de Alto Valor Natural, al ser reserva natural de biodiversidad. Además, debido a la característica de la cría, el toro
bravo es el animal que más tiempo vive en semi libertad por lo que el número de empleos dedicados a esta etapa en la vida del toro es muy elevado, contribuyendo por tanto a evitar la despoblación de las zonas rurales.
Finalmente, el mundo del toro es el único responsable del mantenimiento de una raza tan singular como admirada: el toro bravo. Con más de tres siglos de historia, en la actualidad son más de 1.200 explotaciones que reúnen a 30 ganaderías
en todo nuestro país.
Pero es más, la tauromaquia no es solo una raza, un valor económico, empleos o una actividad que contribuye a la sostenibilidad medioambiental, por si solos ya muy valiosos. La tauromaquia es una cultura en sí misma, una seña de identidad
que presenta la tradición española.
La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, declara que el carácter cultural de la Tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país, rico en
culturas distintas.
Y frente a la heterogeneidad de la sociedad respecto a sus sentimientos ante el mundo de la tauromaquia, se debe admitir que existe un amplio consenso en la aceptación mayoritaria del carácter cultural, histórico y tradicional de la
tauromaquia como parte esencial del patrimonio histórico, artístico, cultural y etnográfico de España. Y como recoge la Ley 18/2013, es responsabilidad de los poderes públicos asegurar la libertad del creador y, en este caso, del desarrollo de
cualquier expresión artística, como es la tauromaquia, y el respeto hacia ella. La tauromaquia es un conjunto de actividades que se conecta directamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas amparados por nuestra
Constitución, como son las de pensamiento y expresión, de producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Y resulta evidente que la tauromaquia, como actividad cultural y artística, requiere de protección y fomento por parte del
Estado y las Comunidades Autónomas. Sin embargo, acabamos de asistir a manifestaciones de la Ministra de Transición Ecológica que a la pregunta de ¿prohibiría la caza y los toros?, su respuesta ha sido de 'efectivamente'.
Las manifestaciones de la ministra Ribera han creado una gran preocupación en el sector de la tauromaquia y desde la Fundación del Toro de Lidia se ha alertado que ocurrencias de este tipo no son propias de altos representantes del gobierno,
afectando no solo al mundo del toro sino al mundo rural en su totalidad.
En nuestra sociedad, hacer del prohibicionismo una bandera atenta con lo que el ciudadano puede esperar de su gobierno, como garante de tolerancia y libertades. Oír de una alta representante prohibir una tradición, implica retroceder en el
concepto de libertad y concebir una acción de Gobierno como restrictiva e intervencionista, especialmente en un tema tan singular como son los relacionados con los toros de lidia y que se asienta en la interpretación de un sentimiento tan diverso
como individual.
Porque el sector del toro de lidia es un modelo de sostenibilidad económica, social y medioambiental; porque el sector del toro de lidia es la máxima expresión popular de arte tradicional y, sobre todo, porque en el sector del toro de lidia
se representa la esencia de la libertad del individuo en la elección personal asentada en los sentimientos,
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados reconoce el valor estratégico de la Tauromaquia, por su contribución a la creación y mantenimiento de empleo, a frenar el despoblamiento rural y al crecimiento económico, así como por su compromiso con la
conservación de la biodiversidad, en su más amplio sentido, y al mantenimiento genético de una raza, el toro de lidia, singular y mundialmente reconocida.
2. El Congreso de los Diputados reconoce a la Tauromaquia como manifestación artística imbricada en la cultura tradicional y seña de identidad propia de España que requiere del respeto con aquellos que, desde su libre elección, la defienden
y la sustentan, bien directamente o como espectador.
3. El Congreso de los Diputados entiende necesario impulsar el Plan Nacional de Tauromaquia que recoge medidas de fomento y protección relacionadas con la sostenibilidad económica, social y medioambiental y que impulse la investigación y la
innovación en este sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2018.-Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía y Empresa
161/003987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa del Diputado Javier Sánchez Serna, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Economía y Empresa, relativa al desarrollo de un marco regulador para los procesos de automatización y robotización.
Exposición de motivos
La denominada cuarta revolución industrial enfrentará nuestro sistema productivo a múltiples retos, el más importante sin duda, el derivado de la automatización y robotización derivadas de la inteligencia artificial. La digitalización es el
resultado del abaratamiento y mejora en las tecnologías que obtienen y procesan información, y da lugar a dos grandes efectos complementarios. Por un lado, la automatización de la producción que permite generar sistemas capaces de trabajar de forma
autónoma y organizarse a sí mismos, reduciendo errores, actuando con más rapidez y recortando costes operativos. Por otro lado, la computerización permite gestionar grandes volúmenes de datos, gracias a la mejora en la captura, tratamiento y
análisis de la información digital a través de herramientas como la nube y el 'Big Data'.
Aunque inicialmente parece que este tipo de procesos serían relevantes sobre todo para las manufacturas, su importancia radica precisamente en que pueden tener implicaciones en muchos sectores productivos. Por eso, se plantea en ocasiones
que, como antes lo fueron la máquina de vapor y la electricidad, se trata de una nueva tecnología de uso generalizado.
La OCDE ha situado a España como uno de los Estados que se verán afectados en mayor medida por la cuarta revolución industrial, ya que cuenta con una alta proporción de trabajos con un fuerte componente rutinario y de baja cualificación en
cuanto a las tareas que les afectan: Todo parece indicar a que nos enfrentamos a un fenómeno que provocará que muchas profesiones desaparezcan, pudiendo aparecer otras nuevas. En todo caso el proceso resulta irreversible por cuanto supondrá una
reducción de los costes de producción de las empresas aumentando su competitividad en el mercado.
Que la digitalización no suponga necesariamente un aumento de la tasa de desempleo no significa que no haya grupos concretos de personas que hoy tienen un empleo, y que sí se verán afectadas negativamente. Es muy posible que este fenómeno
haga desaparecer determinadas ocupaciones. Sin embargo, es difícil anticipar exactamente cuáles.
El trabajo más citado en este sentido es el de C. Frey y M. Osborne, en el que se señala que el 47 % de las ocupaciones están en riesgo de ser sustituidas por un proceso de automatización. Según este trabajo, los empleos relacionados con el
transporte, la logística y la administración tienen mayor riesgo de ser sustituidos. Sin embargo, otros trabajos como el de M. Arnzt, T. Gregory y U. Zierahnet, ofrecen estimaciones mucho más bajas del volumen de empleo en riesgo: Un 9% para el
conjunto de la OCDE, un 12 % para España.
En cualquiera de los casos, e independientemente de cómo se cristalice el impacto en el empleo, lo que parece más relevante es asegurar un reparto equitativo del incremento de productividad derivado de las nuevas tecnologías. Este punto
parece esencial no solo para reducir el impacto en el empleo, sino sobre todo para mantener un reparto equitativo del incremento derivado en la renta nacional entre los diferentes factores productivos.
Los desafíos a los que nos enfrenta la automatización y robotización son básicamente su impacto en las cuentas públicas, el cambio de modelo educativo, la adopción de una política industrial adecuada, la adecuación del marco legal, el
impacto psicosociológico y el impacto político, que se producirá si los gobiernos y los principales partidos políticos se mostrasen incapaces de manejar los desafíos mencionados.
La automatización y robotización ofrece retos que pueden ser superados con planificación, formación y aunamiento de esfuerzos entre los agentes económicos. No es verdad que la innovación tecnológica produzca inevitablemente precarización y
la destrucción de empleo, siempre que tengamos la capacidad de adoptar las medidas preventivas necesarias.
Por ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Elaborar un plan específico de formación en materia de automatización y robotización de procesos desde los más sencillos hasta la automatización inteligente y global, para los diferentes sectores productivos.
2. Crear una Mesa sectorial sobre automatización y robotización en la que estén presentes los agentes sociales, partidos políticos, expertos universitarios y representantes de los Centros Tecnológicos.
3. Elaborar un estudio específico sobre el impacto de los procesos de automatización y robotización de los sectores primario, secundario y terciario en los próximos 25 años.
4. Dotar de incentivos a todos los actores económicos para implementar fórmulas de participación y colaboración de los trabajadores en los procesos de implementación de automatización y robotización en los procesos productivos.
5. Impulsar procesos de automatización colaborativos (robots o robótica colaborativa), hombre-máquina, para afectar lo menos posible a la fuerza de trabajo.
6. Generar las condiciones propicias a nivel educativo y de formación profesional Incentivar a las empresas a que sean ellas mismas las que generen la tecnología de automatización y en general la tecnología del ecosistema de producción que
demanda la cadena productiva nacional y global.
7. Establecer mecanismos que permitan un reparto del incremento de la productividad asociada a la paulatina introducción de nuevas tecnologías tanto en el marco laboral (por ejemplo, reducciones de jornada laboral) como en el marco fiscal
(por ejemplo, programas de renta garantizada).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2018.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputado Jaume Moya i Matas, el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, a iniciativa de su Diputado Xavier Eritja Ciuró, y el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del Diputado Antoni Postius Terrado (PDeCAT), presentan la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la
Comisión de Economía y Empresa, que ordene a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) la rescisión de su contrato privado con Eurofund Parc Lleida, S.L.
Exposición de motivos
En la ciudad de Lleida se encuentra en marcha el llamado proyecto 'Torre Salses', que supone la reparcelación de unos extensos terrenos en las afueras de la ciudad, así como la modificación de su aprovechamiento para usos residenciales y
comerciales, con la correspondiente modificación del plan parcial de la zona.
Los terrenos afectados, de una extensión aproximada de 55 ha correspondientes al sector SUR 42, que inicialmente eran titularidad de Catalunya Caixa, más tarde fueron traspasados a titularidad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes
de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Finalmente en el expediente municipal de modificación del plan parcial de Torre Salses SUR-42 consta un contrato de opción de compra firmado entre la SAREB y Eurofund Parc Lleida, S.L. siendo esta última la
promotora de la modificación y reparcelación urbanística.
Dicha empresa promotora, Eurofund Parc Lleida, S.L., tiene su domicilio social en Madrid desde el año 2016, con un capital social de 3.000 euros, y según consta en el Registro Mercantil, es propiedad de Eurofund Investmens Luxembourg, SARL,
sociedad radicada en Luxemburgo, y participada principalmente por la mercantil Pallister Holdings Limited, cuya actividad principal es la consultoría financiera, especializada en inversiones en paraísos fiscales, domiciliada en las Islas Vírgenes
Británicas y administrada por Ian Andrew SandFord, a su vez administrador de Eurofund Parc Lleida.
Eurofund Investsments Luxembourg SARL tiene su domicilio en el número 58 de la Rue Charles Martel, de Luxemburgo, el mismo domicilio de Maitland Luxembourg, empresa de asesoría y administración especializada en la ingeniería fiscal para
evadir impuestos y lavar dinero, con oficinas en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Irlanda, la Isla de Man, Mauritania, Mónaco o Miami, reconocidos paraísos fiscales, y vinculada a la trama Mossack Fonseca (relacionada con el bufete
Nummaria, desarticulado en el 2016 por la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF) y referida en los célebres 'papeles de Panamá'. De hecho, el director del departamento de clientes privados de Maitland es el Sr. Troskie Hermanus, el otro administrador
de Eurofund Investsments Luxembourg SARL (la principal accionista, de Eurofund Parc Lleida).
Todo ello, parece proyectar un entramado de posible corrupción y conflicto de intereses, destinada a la evasión de impuestos, vinculado a una operación especulativa con el suelo, beneficiada además por el acuerdo de la Paeria de Lleida
destinado a cambiar el uso residencial de la zona, que ahora es suelo urbano consolidado y urbanizado (con poca demanda de mercado en el contexto actual), por uso comercial.
Según el Código de Conducta de Sareb, entre las conductas no permitidas y las pautas de comportamiento de empleados en su actuación profesional, se establece (apartado 45) el evitar, en todo caso, 'la utilización de estructuras de carácter
opaco con finalidades tributarias, entendiéndose por tales aquellas en las que, mediante la interposición de sociedades instrumentales a través de paraísos fiscales o territorios no cooperantes con las autoridades fiscales, estén diseñadas con el
propósito de impedir el conocimiento por parte de las autoridades del responsable final de las actividades o el titular último de los bienes o derechos implicados' y (apartado 46) que 'no se deben crear ni adquirir participaciones en entidades de
propósito especial o entidades domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, sin autorización específica del Comité de Dirección, previo informe del Órgano de Control interno, y siempre tras un análisis de
las circunstancias concretas de la misma y de la justificación de su oportunidad'.
Por ello, dicha investigación es susceptible de ser investigada por el SEPBLAC (Servicio de Protección contra el Blanqueo de Capitales), que podría dilucidar si se han llevado a cabo actos ilícitos o fraudulentos en relación a esta,
vinculados, en su caso, al blanqueo de capitales o a la evasión fiscal.
El conjunto de estas medidas deberían contribuir a poner en marcha un nuevo modelo de responsabilidad y buenas prácticas en el que la administración pública obstaculice e incluso persiga toda actividad económica que sea sospechosa de no
satisfacer todas sus obligaciones tributarias a través de actividades en paraísos fiscales.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar las actuaciones necesarias para que la SAREB rescinda su contrato con Eurofund Parc Lleida S.L. de gestión y opción de compraventa de propiedades inmobiliarias en el sector sur 42, Torre Salses de Lleida, por contravenir este
los principios de la SAREB de no utilización de estructuras de carácter opaco con finalidades de evasión de impuestos.
2. Solicitar al SEPBLAC (Servicio de Protección contra el Blanqueo de Capitales), que investigue tal operación, para así dilucidar si se han llevado a cabo actos ilícitos o fraudulentos en relación a esta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Jaume Moya Matas, Diputado.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Francesc Xavier Eritja Ciuró,
Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.-Antoni Postius Terrado, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, para su debate en la Comisión de Economía y Empresa.
Exposición de motivos
La aprobación del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, tuvo como objetivo estimular el cambio de domicilio social de sociedades
residenciadas en Catalunya hacia otros territorios del Estado.
La utilización por el Gobierno del instrumento legal del Real Decreto-ley, sin que concurran las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española, tenía por único objetivo facilitar a
los órganos ejecutivos de dirección de las empresas la adopción de la decisión de trasladar el domicilio social de las mismas fuera de Catalunya, a pesar de que sus estatutos sociales estableciesen que esa decisión correspondía a la Junta General de
accionistas.
Por ello, el Gobierno, a través del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, trasladó al Consejo de Administración u otros órganos de administración la capacidad para decidir el cambio pasando por encima del derecho de sus socios a tomar
esa decisión. Un cambio que en ningún caso atendía a un criterio económico ni jurídico, sino a uno político y ligado a una coyuntura política determinada marcada por la presión del Gobierno a las empresas y por una coetánea demanda empresarial
realizada en el sentido de que debían eliminarse los obstáculos legales establecidos en los Estatutos sociales que impedían adoptar esa decisión de cambio de domicilio social.
Una medida que obedecía más a una utilización de los mercados como medida de presión ante la situación política en Catalunya que a una necesidad de las empresas.
En definitiva, una regulación que en lugar de buscar la profundización de la democracia económica y la capacidad de los diferentes sectores de una sociedad en la toma de decisiones de las propias empresas, retrocede y concede un poder
especial a los administradores sobre los socios o accionistas minoritarios.
La modificación del artículo 285.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la derogación del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, comporta la restitución
de una regulación legal respetuosa con el principio constitucional de libertad de empresa y expulsa del ordenamiento jurídico una norma que se caracteriza por una grave injerencia del Gobierno en la organización y funcionamiento de las empresas, que
solo ellas deben establecer a través de sus estatutos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar un Proyecto de Ley de modificación del artículo 285.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, al efecto que, salvo disposición contraria de los
estatutos, el órgano de administración sea competente para cambiar el domicilio social de una sociedad dentro del territorio nacional, y, en consecuencia, proceder a la derogación del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en
materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional.
2. Establecer un periodo transitorio de tres meses desde la aprobación de la modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, hasta su entrada en vigor, al
efecto que los órganos de administración de las sociedades que durante la vigencia del Real Decreto-ley, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos del territorio nacional, adoptaron la decisión de cambiar
el domicilio social para ubicarlo fuera de Catalunya, mantengan la facultad de adoptar la decisión de cambiarlo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
161/004019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implantación de la
identificación biométrica en el ámbito sanitario, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
En los procesos hospitalarios se originan a veces errores no intencionados en la identificación de los pacientes. En ocasiones, estos errores producen efectos adversos que dañan la salud de los mismos: cirugías a pacientes equivocados,
administración de medicación improcedente, historiales duplicados o transfusiones incorrectas, entre otros.
Estas equivocaciones adquieren una mayor relevancia en urgencias o ambulancias donde a menudo los pacientes están inconscientes, incapaces de proporcionar una identidad que permita acceder a sus historiales para conocer si existe algún
tratamiento, alergia, incompatibilidad, etc.
Esta información puede contribuir a reducir el número de víctimas mortales, ya que la consecuencia más grave de un error en la identificación es, sin duda, el daño en la salud del paciente, pero no es la única. El estudio dirigido por el
Dr. Aranaz 'Repercusión de los eventos adversos en los profesionales sanitarios. Estudio sobre las segundas víctimas' afirma que si la salud del paciente sufre daños fruto de un error, el profesional también sufre. Todo esto supone una
responsabilidad añadida que influye negativamente en el verdadero objetivo de los profesionales clínicos: el cuidado y la sanación o curación del paciente. Finalmente, la comisión de estos errores, también puede desembocar en un gasto adicional
para el Sistema Nacional de Salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la identificación como una de las áreas más importantes para mejorar la seguridad del paciente en el ámbito sanitario. En su informe sobre seguridad del paciente, la OMS ha especificado
las nueve prioridades fundamentales para mejorar la seguridad del paciente y, por consiguiente, prevenir o mitigar el daño al paciente por los efectos adversos derivados de los procesos de la atención sanitaria. La identificación del paciente se
halla en el segundo puesto en importancia.
La OMS destaca que 'en los hospitales y otros centros del sistema de salud se cometen errores de identificación de pacientes generalizados y continuos, que con frecuencia conducen a errores en la medicación, transfusión o pruebas,
procedimientos realizados sobre la persona equivocada, o entrega de niños a familias equivocadas'. Sin duda este tipo de errores que son evitables pueden tener consecuencias impredecibles.
De entre todos los errores que provocan daños en la salud del paciente en urgencias, el 4 % es fruto de una identificación incorrecta. La cifra aumenta a un 13 % en cirugías y se dispara a un alarmante 67 % en el caso de las transfusiones.
Del 8 al 12 % de todos los historiales clínicos en Estados Unidos están duplicados o solapados con el de otro paciente, según un estudio de M2SYS. La gran mayoría de estos errores se producen en admisión (92 %) y provocan ineficacia administrativa
y pérdidas económicas para la organización.
La investigación, la innovación, el desarrollo y la adaptación de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de nuestra sociedad, constituyen una oportunidad económica que no podemos desaprovechar y es precisamente la administración quien
tiene que liderar esta transformación, más aún en el sector sanitario y con la finalidad de prestar un mejor y más seguro servicio al paciente. Sólo estando a la vanguardia de esos procesos, apostando por tener las mejores prácticas y recompensando
a quienes contribuyen con su excelencia a esas actividades, podremos aspirar a participar activamente en los cambios económicos y sociales futuros.
El coste de la implantación de los dispositivos de identificación biométrica es mínimo (menos de 100 euros por dispositivo lector), comparado con los beneficios que puede reportar. La gran dificultad que supone la implantación de esta
tecnología deriva de la necesidad de incorporar a toda la población, es decir, introducir sus datos de identificación biométrica en el sistema para que puedan ser consultados a posteriori. Sin embargo, estos datos (nombre y DNI) ya existen en las
bases de la Policía Nacional y podrían ser solicitados para un fin común.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Tomar las medidas necesarias para que los Servicios de Urgencias y los Servicios de Admisión de los hospitales públicos españoles estén dotados de instrumentos de identificación biométrica mediante huella digital.
- Impulsar el establecimiento de un procedimiento ágil y seguro para que los Servicios de Urgencias y los Servicios de Admisión de los hospitales públicos puedan solicitara la base de datos de la Policía Nacional la identificación de
pacientes a través de la huella digital.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de una
estrategia nacional en humanización del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
Los ciudadanos son la principal razón de ser del Sistema Nacional de Salud, su piedra angular. De hecho, la preservación, la mejora y la promoción de su bienestar y de su salud, así como la prevención de las enfermedades y el impulso de
avances en su tratamiento y rehabilitación, son la principal justificación de la existencia del sistema sanitario.
A pesar de dificultades afrontadas en los últimos años como las derivadas de la crisis económica existente en 2011 (deuda de 16.000 millones de euros con los proveedores, limitación de recursos...) o las propias de la realidad social,
demográfica y epidemiológica de la sociedad española actual (caracterizada por factores como el envejecimiento progresivo de la población, la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas, la pluripatología, la polimedicación, la fragilidad o
la dependencia), variables como la esperanza de vida al nacer (que ha aumentado de los 82,4 años en 2001 hasta los 83,4 en 2017, convirtiéndonos a los españoles en los ciudadanos más longevos de Europa y en los segundo del mundo, solo por detrás de
Japón) o la satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del modelo asistencial (6,68 sobre diez en el 'Barómetro Sanitario' del Ministerio de Sanidad en 2017, es decir, la calificación más elevada de la última década), indican que la
evolución experimentada por el propio sistema sanitario en los últimos años ha sido positiva.
Así, el Sistema Nacional de Salud se ha convertido en un referente internacional, en un activo cardinal de la 'Marca España' y en un modelo a seguir para muchos países de todo el mundo tanto por su calidad asistencial, como por la
optimización de los recursos disponibles que posibilita.
Medidas impulsadas por el anterior Gobierno como, por ejemplo, la compra centralizada de medicamentos, vacunas y productos sanitarios (que hicieron posible la consecución de ahorros por valor de 200 millones de euros en los últimos cinco
años), el impulso de estrategias nacionales (como las relativas a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el abordaje de la cronicidad), la puesta en marcha de la integración sociosanitaria en Ceuta y Melilla (mediante la
coordinación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y el instituto Nacional de Mayores y Servicios Sociales) o el proyecto de medicina personalizada y de precisión iniciado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en total
consonancia con el Instituto de Salud Carlos III (para determinar la susceptibilidad de cada persona a determinadas enfermedades, precisar estrategias de prevención y prescribir los tratamientos más apropiados a las necesidades particulares de cada
cual) han favorecido esta tendencia positiva.
No obstante, las necesidades en salud de los ciudadanos evolucionan de forma constante y son cada vez mayores y más complejas, por lo que la adaptación del modelo asistencial ha de ser permanente para hacer posible que los propios ciudadanos
accedan a la asistencia más adecuada a sus necesidades dónde y cuándo la precisen y que puedan hacerlo, además, de forma humanizada.
Esta dinamización ha de procurarse, de acuerdo con la definición que la Real Academia Española de la Lengua hace de 'humanizar', desde una atención cada vez más humana, familiar y afable, que se ajuste en mayor medida a la realidad social
del paciente y su familia, y que procure compensar la fragilidad y la vulnerabilidad propias de los procesos de enfermedad desde el refuerzo de la dignidad del enfermo.
En el pleno ejercicio de sus competencias, y con antecedentes como el 'Plan de Humanización de la Asistencia Hospitalaria' elaborado por el Instituto Nacional de la Salud (el extinto Insalud) en 1984, las Comunidades Autónomas han impulsado
medidas en los últimos años para desarrollar avances en el ámbito de la humanización, siendo ejemplos representativos de ello la Región de Murcia o la Comunidad de Madrid, que en 2016 impulsó un plan de humanización con el que progresar en
cuestiones como la empatía o la comunicación asertiva.
En una línea de trabajo similar, y procurando en todo momento la consecución de mejoras en el ámbito de la proactividad, la coparticipación y la corresponsabilidad del ciudadano en la gestión de su salud y de sus enfermedades, el anterior
Gobierno de España desarrolló medidas como la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía en 2012, la página web de estilos de vida saludables (http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/) en 2015 o el acuerdo marco de colaboración con la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes suscrito en octubre de 2017.
No obstante, y con el objetivo tanto de impulsar las medidas citadas en el párrafo anterior, como de armonizar las diseñadas e implementadas por las Comunidades Autónomas y de hacer posible un Sistema Nacional de Salud plenamente focalizado,
pensado y concebido desde todos los puntos de vista (profesionales, nuevas tecnologías, incorporación de innovaciones terapéuticas, organización, estructuras...) para las personas.
El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, los colegios profesionales, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes, una estrategia en humanización del Sistema
Nacional de Salud que, desde el respeto a la autonomía del paciente, posibilite una atención integral y personalizada que tenga en cuenta las necesidades clínicas, biológicas, sociales, emocionales y psicológicas de cada persona, y que se
caracterice por el acceso a una información accesible, comprensible y adaptada a cada ciudadano sobre su estado de salud; por un trato amable, respetuoso y empático, y por un entorno asistencial armonioso y agradable.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-María Teresa Angulo Romero, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al nuevo Reglamento del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) es el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud (entre ellos y con la Administración del Estado) que tiene como
finalidad promover la cohesión del propio SNS mediante la garantía efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio estatal.
Creado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y constituido el 7 de abril de 1987, el Consejo Interterritorial cuenta con un Reglamento interno de organización y funcionamiento regulado mediante el artículo 73 de la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS.
El Reglamento vigente fue aprobado en la sesión plenaria del Consejo Interterritorial celebrada el 23 de julio de 2003. Dicho reglamento sustituyó al validado el 20 de diciembre de 1993 (incluidas las modificaciones realizadas el 15 de
julio de 1996) y está conformado por 17 artículos, una disposición derogatoria y una disposición final en los que se concretan cuestiones como el régimen jurídico del Consejo, su composición, sus miembros, sus funciones, su sede, la periodicidad de
las convocatorias, el alcance de los acuerdos que se promuevan, la elaboración de actas y memorias sobre su actividad y, entre otras cuestiones, su funcionamiento en pleno, en comisiones y en grupos de trabajo.
Teniendo presente que en lo no previsto en el reglamento vigente, el Consejo Interterritorial se rige por lo dispuesto en materia de órganos colegiados por el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la que le otorga al propio Consejo la naturaleza de conferencia sectorial (y así se
contempla en el listado de conferencias sectoriales del Ministerio de Política territorial y Función Pública actualizado en marzo de 2018).
La propia Ley 40/2015 precisa en el punto uno de su artículo 147 que una conferencia sectorial es aquella que, como órgano de cooperación, 'tiene una composición multilateral y un ámbito sectorial determinado', y 'que reúne, como Presidente,
al miembro del Gobierno que, en representación de la Administración General del Estado, resulte competente por razón de la materia', así como 'a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Comunidades
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla'.
Además, la Ley 40/2015 establece en sus artículos 148, 149, 150 y 151 las funciones, las convocatorias de reuniones, la estructura y labores de la secretaría, y las clases de decisiones que pueden adoptarse en las conferencias sectoriales,
lo que supone una evolución con respecto a lo contemplado en el reglamento vigente del Consejo Interterritorial.
Sobre esta realidad, por seguridad jurídica y teniendo en cuenta el artículo 147.3 de la Ley 40/2015, según el cual 'cada conferencia sectorial dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento interno aprobado por sus miembros',
el reglamento del Consejo Interterritorial ha de ser renovado para adaptarse, por ejemplo, y entre otras cuestiones, a los cambios formalizados en la adopción de acuerdos (antes de la Ley 40/2015 se sustentaba en el consenso pero ahora pueden
prosperar con el voto en contra de parte de las Comunidades Autónomas).
En consecuencia, el Ministerio de Sanidad inició en el seno del propio Consejo Interterritorial los trabajos para elaborar y consensuar con las Comunidades Autónomas el nuevo reglamento. Esta labor se realizó, en esencia, durante el año
2017, tanto en las sesiones plenarias del Consejo acontecidas el 21 de junio y el 8 de noviembre, como en diversas comisiones delegadas, incluida una monográfica, la celebrada el 6 de julio.
El trabajo en cuestión se prorrogó al comienzo del presente año 2018, cuanto menos hasta el pasado mes de junio, cuando la moción de censura al Gobierno prosperó y se produjo el cambio en el Ejecutivo.
No obstante, desde entonces, poco ha trascendido a las Comunidades Autónomas, al sector sanitario y a la opinión pública en general sobre la voluntad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social por avanzar en la consecución del
nuevo reglamento más allá de declaraciones como las realizadas a comienzos de septiembre por la ya exministra Carmen Montón, según la cual 'cambiar el reglamento es una magnífica oportunidad para cambiar no solo el fondo, sino también las formas'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, desde el respeto al reparto competencial vigente y en coordinación con las Comunidades Autónomas, un nuevo Reglamento interno de organización y funcionamiento del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que posibilite su adaptación a la regulación sobre las conferencias sectoriales que establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-María Teresa Angulo Romero, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las personas que sufren
secuelas de polio y síndrome postpolio, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
La poliomielitis (polio) es una enfermedad infecciosa causada por el virus poliovirus. Este virus entra a través de la boca y la nariz, se multiplica en la garganta y en el tracto intestinal para luego ser absorbido y diseminarse a través
de la sangre y el sistema linfático. La mayoría de las personas infectadas no tiene síntomas pero si los tienen, estos pueden ser: fiebre, cansancio, náusea, dolor de cabeza, síntomas gripales, rigidez de cuello y de la espalda y dolor en los
brazos y las piernas. Si bien la polio existe desde la antigüedad, los casos de poliomielitis han descendido un 99 % desde 1988, pasando de 350.000 casos estimados en ese año, a 415 casos notificados en 2014. En España, las altas coberturas de
vacunación, la inmunidad de la población y las buenas condiciones higiénico-sanitarias, contribuyen a que el riesgo de transmisión tras una reintroducción del virus sea muy bajo.
Algunas personas que tuvieron polio han desarrollado el síndrome postpolio (SPP). El término de Síndrome Postpolio describe un complejo sintomático consistente especialmente en fatiga progresiva, debilidad muscular y dolor que aparece
varias décadas después de un episodio de poliomielitis paralítica. Asimismo, aunque con menor frecuencia, se describen la presencia de atrofia muscular, dificultad para
respirar y deglutir, trastornos del sueño e intolerancia al frío. El tiempo medio entre el episodio agudo de poliomielitis y la aparición de los síntomas relacionados con el SPP es de unos 35 años, por lo que los pacientes afectados suelen
encontrarse por encima de la quinta o sexta década de la vida.
El SPP, que puede caracterizarse como un deterioro funcional progresivo varias décadas después de un episodio agudo de poliomielitis con secuelas motoras; es un fenómeno reconocido en la literatura médica y se considera un síndrome
especifico secundario a denervación. Sin embargo, existen en el mismo, numerosos puntos poco esclarecidos y sometidos a controversia, e incluso algunos autores plantean dudas sobre su existencia como entidad específica y no secundaria a otros
problemas médicos o quirúrgicos asociados.
Los síntomas son variados e inespecíficos y algunos, como la debilidad y la fatiga, aumentan con la actividad física. No se ha identificado una causa concreta que explique dicha sintomatología que también pueden presentarse en la población
general. No se ha identificado de modo concluyente su mecanismo etiopatogénico.
Muchos de los síntomas se deben a alteraciones biomecánicas, procesos neurológicos añadidos y otros procesos agudos o crónicos propios de la edad de los pacientes.
El diagnóstico del SPP es complejo por lo polimorfo y poco específico de los síntomas; y fundamentalmente clínico y de exclusión. En la actualidad no existe ninguna prueba electrodiagnóstica, enzimática o serológica que permita diferenciar
a los pacientes con secuelas de poliomielitis sintomáticos de los asintomáticos.
El curso es habitualmente benigno, nada o muy lentamente progresivo y marcado por largos periodos, hasta de diez años, de estabilidad. Puede manifestarse un deterioro funcional en grado variable, acompasado a la progresión del síndrome, que
modifique el grado de discapacidad de la persona afectada.
El tratamiento es sintomático y, dada la heterogeneidad de síntomas, requiere un enfoque multidisciplinar extensivo, en su caso, al apoyo psicológico. Los cuidados debidos a las limitaciones funcionales serían cualitativamente análogos a
los requeridos por la secuela poliomielítica. Si bien todos los autores destacan la importancia de los ejercicios de rehabilitación, el diseño y ejecución de los correspondientes programas suscita profundas discrepancias.
Por otro lado, estas personas tienen generalmente diagnosticada una discapacidad donde concurren evidencias que determinan de forma generalizada una reducción de la esperanza de vida y que podrá dar lugar a la anticipación de la edad de
jubilación a los 56 años. Sin embargo según los requisitos establecidos por el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la
jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento, se mantiene que 'el grado igual o superior al 45 % lo hayan tenido durante todo el tiempo equivalente al periodo mínimo de cotización (15 años) que se exige
para poder acceder a la pensión de jubilación'. Esta exigencia expulsa de las ventajas establecidas por este Real Decreto a muchas de las personas que sufren secuelas de polio y síndrome postpolio que no han tenido la misma discapacidad durante
todo el periodo mínimo de cotización, pero que pasada este etapa requerida superan con creces el grado del 45 % de discapacidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Analizar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la incidencia y problemática del polio y el síndrome postpolio en nuestro país y, en consecuencia, diseñar y llevar a cabo las actuaciones que se considerasen
oportunas para mejorar su diagnóstico, atención temprana, tratamiento y rehabilitación.
2. Realizar un plan de información-formación entre el personal sanitario de atención primaria y especializada sobre la evidencia científica del síndrome postpoliomielitis; pautas de detección, diagnóstico y tratamiento.
3. Estudiar, junto a las asociaciones de afectados legalmente constituidas, la conveniencia de llevar a cabo actuaciones divulgativas destinadas a facilitar a enfermos, familiares y profesionales sanitarios el conocimiento de esta
enfermedad y las posibles soluciones a la problemática específica del colectivo de enfermos afectados.
4. Llevar a cabo las modificaciones legales oportunas para que el grado de discapacidad que se exige durante el tiempo equivalente al período mínimo de cotización para poder acceder a la pensión de jubilación sea igual o superior al 33 %
sin perjuicio de que se mantenga la exigencia de un grado igual o superior al 45 % en el momento de la solicitud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-María del Carmen Hernández Bento, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la respuesta
sanitaria y social ofrecida a los afectados por el Síndrome del Aceite Tóxico, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
El Síndrome del Aceite Tóxico tiene su origen en mayo del año 1981, cuando el consumo de aceite de colza desnaturalizado con anilina al 2 por ciento que había sido importado para usos industriales fue desviado al consumo humano previa
refinación.
De acuerdo con los datos ofrecidos por el instituto de Salud Carlos III, principal organismo público de investigación en financiación, gestión y ejecución en investigación biomédica en España, el número total de personas incluidas en el
censo de afectados por el Síndrome del Aceite Tóxico fue de 20.643, perjudicando a todos los grupos de edad y siendo la proporción de mujeres y de hombres de 1,5-1.
Según el propio Instituto de Salud Carlos III, adscrito orgánicamente el Ministerio de Ciencia, Universidades e innovación y funcionalmente al citado departamento así como al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Síndrome del
Aceite Tóxico es una enfermedad crónica y rara (por su prevalencia) que genera en el organismo secuelas severas y multisistémicas, principalmente de carácter pulmonar, cutáneo y neurológico.
Partiendo de que desde el comienzo del brote se han registrado más de 3.800 fallecidos por las secuelas referidas en el párrafo anterior, la evolución a largo plazo de los pacientes no está totalmente controlada, por lo que su seguimiento
clínico continuado, plantea el instituto de Salud Carlos III, es muy importante para procurar mejoras en la calidad de vida de los afectados y de sus familias.
En consecuencia, y de conformidad con lo pautado por el Comité Científico de la Organización Mundial de la Salud encargado de la coordinación de la investigación sobre el Síndrome del Aceite Tóxico hasta el año 2006, el Instituto de Salud
Carlos III desarrolló un sistema de vigilancia permanente y de actualización anual con el que conocer la progresión (comprobación de estatus vital, estado global de salud y causas de fallecimiento) de la cohorte de afectados.
Este seguimiento fue desarrollado de forma centralizada hasta la conclusión del proceso de cesión de las competencias en materia de Sanidad a las Comunidades Autónomas en diciembre de 2001. Desde entonces, según le consta al Instituto de
Salud Carlos III, las propias Comunidades Autónomas han ofrecido asistencia sanitaria a los afectados por el Síndrome del Aceite Tóxico en condiciones similares que al resto de la población cubierta en el Sistema Nacional de Salud.
No obstante, la Comunidad de Madrid dispone de un dispositivo de atención específico para los afectados por el Síndrome del Aceite Tóxico que está conformado por una consulta monográfica y una unidad funcional coordinados por el servicio de
Medicina Interna del Hospital Universitario 12 de Octubre.
Además, y junto con el grupo de trabajo creado 'ad hoc' por la Dirección General de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (donde están
representados los afectados y el Instituto de Salud Carlos III), el '12 de Octubre' atiende a los afectados por el Síndrome del Aceite Tóxico en la unidad de referencia (CSUR) de hipertensión pulmonar compleja ubicado en sus instalaciones y cuenta
con un protocolo estandarizado de atención primaria que detalla los criterios requeridos para la derivación de los pacientes.
Por otra parte, y junto con el biobanco de muestras biológicas, el registro completo, la fenotípica histórica de cada paciente desde el comienzo de la enfermedad y el trabajo desarrollado en el seno del Instituto de Investigación de
Enfermedades Raras del instituto de Salud Carlos III, en los últimos años se han impulsado distintas medidas para mejorar el día a día de los pacientes y sus familiares, caso, por ejemplo, del acceso sin coste adicional alguno a los fármacos que
requieran.
No obstante, el colectivo de afectados por el Síndrome del Aceite Tóxico considera que todavía hay margen de mejora en la atención sanitaria y social ofrecida por las administraciones en los últimos años.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar en coordinación con las Comunidades Autónomas para:
- Valorar la designación de un centro, servicio o unidad de referencia (CSUR) específico para el Síndrome del Aceite Tóxico en el Sistema Nacional de Salud o, en su caso, potenciar la unidad funcional existente en el Hospital Universitario
12 de Octubre desde la cooperación con la Comunidad de Madrid.
- Establecer mecanismos que favorezcan una atención integral y multidisciplinar para los afectados por el Síndrome del Aceite Tóxico desde una mayor coordinación de la asistencia sanitaria y social que reciben actualmente.
- Impulsar y actualizar el trabajo de investigación y seguimiento realizado por el Instituto de Salud Carlos III desde una mayor y mejor cooperación con los servicios sanitarios.
- Analizar la situación actual del acceso a las pensiones de invalidez, así como de las reducciones en la edad de jubilación, por las secuelas generadas por el Síndrome del Aceite Tóxico.
- Impulsar periódicamente jornadas científicas y médicas con las que mejorar el conocimiento existente, así como su difusión, sobre el Síndrome del Aceite Tóxico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-María del Carmen Hernández Bento, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la asistencia sanitaria de
los festejos taurinos populares, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
En los festejos taurinos de nuestro país concurre una alta probabilidad de producirse percances relacionados con la salud de los participantes, cuyas consecuencias son traumatismos y heridas que pueden llegar a ser muy graves y en los que se
impone un tratamiento apremiante, dentro de un recinto con una infraestructura y personal sanitario cualificado.
El Real Decreto 1649/1997, de 31 de octubre, regula las condiciones sanitarias y de enfermería de los festejos taurinos donde participan profesionales de la tauromaquia. Sin embargo, esta normativa menciona vagamente los requisitos
médico-quirúrgicos para aquellos festejos taurinos considerados populares y establece condiciones que se han quedado obsoletas.
Además, con las trasferencias del Estado a las Comunidades Autónomas, se han establecido diferentes normativas -en concreto once- generalmente para los festejos taurinos donde participan profesionales de la tauromaquia con notables
contrastes que han desembocado en graves carencias en algunas regiones, así como desigualdades asistenciales según el territorio donde se desarrolle el festejo.
En este sentido, cabe señalar que los criterios normativos que regulan la legislación sanitaria de los espectáculos taurinos en todo el Estado español no lo permiten en muchas ocasiones; y por otra, se ha
detectado una cierta indolencia en algunas administraciones públicas encargadas de garantizar el cumplimiento de los requisitos médico-sanitarios vigentes. Todo ello ha provocado la entrada de personal no cualificado en los equipos médicos
y se han verificado diversas infracciones que afectan a las instalaciones sanitarias y que han permitido celebrar muchos festejos taurinos con unas enfermerías cuya infraestructura y dotación mostraban graves insuficiencias.
Por todo ello, se hace necesario evitar estas diferencias autonómicas, actualizar los requerimientos vigentes y garantizar una misma cobertura médico-quirúrgica en los festejos taurinos de todo el territorio nacional, respetando la
singularidad de cada uno.
Se trataría de que en estas celebraciones exista una enfermería dotada de personal médico-quirúrgico, de material y aparataje adecuado para prestar una atención urgente y eficiente ante cualquier patología traumática, seguida de un traslado
asistido y vigilado en unos medios de transporte sanitarios actualizados y homologados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acordar con la FEMP y con las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la equiparación y actualización de los requisitos exigidos a los
servicios módico-quirúrgicos de los festejos taurinos populares, respetando la tipología, la singularidad y la tradición de las diferentes formas de expresión que adoptan estos espectáculos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2018.-Carmen Navarro Lacoba, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la igualdad de
oportunidades de las personas afectadas por el VIH, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
De acuerdo con la Organización Mundial de la salud (OMS), el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, alterando, deteriorando o anulando su función frente a las infecciones y las enfermedades.
El VIH puede transmitirse por relaciones sexuales vaginales, anales u orales no protegidas con una persona infectada, así como por la transfusión de sangre contaminada o por el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos
punzantes. De igual modo, puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia, y puede evolucionar hacia el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), es decir, hacia estadios avanzados con presencia de infecciones
y tipos de cáncer asociados al propio VIH.
Desde los primeros tiempos de la epidemia, la respuesta a la infección por VIH giró en torno a los derechos humanos, la equidad y las comunidades, siendo cuantiosos los avances cosechados frente a la enfermedad en los últimos treinta años.
Cada día menos personas se infectan y mueren por VIH (36,7 millones de afectados), y, según la mencionada OMS, 20,9 millones de personas recibían tratamiento antirretrovírico en todo el mundo en 2017, lo que les permite llevar vidas más
prolongadas, plenas, productivas y con mayor salud.
En España, entre 130.000 y 160.000 personas están infectadas con el virus, un tercio de las cuales lo desconoce. Entre 3.500 y 4.500 nuevos casos son diagnosticados en nuestro país cada año y en cerca del 80 % de los nuevos diagnósticos la
transmisión se produce mediante relaciones sexuales sin protección. Además, el 46,5 % de los casos se detectan de forma tardía a pesar de que el diagnóstico del VIH es gratuito y confidencial.
La tendencia de las tasas de nuevos diagnósticos de VIH en el periodo 2009-2015 varía según el modo de transmisión. Es descendente en personas que se inyectan drogas y también en la transmisión heterosexual. No obstante, se mantiene
estable en los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, tanto en los españoles como en inmigrantes, y, como resultado, las tasas globales de nuevos diagnósticos se mantienen estables.
En los últimos años se han impulsado distintas medidas desde el Gobierno para incrementar los resultados en la lucha contra el VIH y mejorar la calidad de vida de los afectados y sus allegados.
El plan Estratégico de Prevención y Control de VIH y otras infecciones de transmisión sexual 2013-2016 (evidencia científica, buenas prácticas e innovación en procedimientos en coordinación con los agentes implicados), la coordinación con
organismos internacionales [el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), la citada OMS, la Unión Europea, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades...], y la concesión de subvenciones a las
organizaciones no gubernamentales para implementar programas de prevención y control, son, entre otros, ejemplos de acciones implementadas por el anterior Ejecutivo que han permitido avanzar en el fomento del diagnóstico precoz, en la mejora de la
calidad de vida de los pacientes, en el respeto a los derechos de las personas afectadas y en la reducción de la discriminación y el estigma, así como hacia la consecución de los objetivos planteados por ONUSIDA de cara al año 2020 (90 % de casos de
VIH diagnosticados precozmente, y de estos al 90 % en tratamiento y de estos el 90 % con una carga viral indetectable).
Con el objetivo de consolidar y desarrollar los avances conseguidos hasta el momento, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar en coordinación con las Comunidades Autónomas con el objetivo de impulsar la igualdad de oportunidades para las personas afectadas por el VIH mediante:
- La aprobación del pacto social por la no discriminación y la igualdad de trato, así como por la dedicación de los esfuerzos y los recursos necesarios para favorecer su cumplimiento.
- La modificación de los cuadros de exclusiones para el acceso a la función pública, especialmente en el ámbito de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en el de actividades como el transporte público urbano.
- La puesta en práctica de medidas para evitar la solicitud del Dictamen Técnico Facultativo a las personas con discapacidad para la acreditación de dicha discapacidad a efectos laborales o para la valoración de las capacidades del
trabajador.
- La elaboración de una guía de recomendaciones para la prevención y el control de la infección por VIH, VHB y VHC en profesionales sanitarios.
- La modificación y adaptación del Real Decreto 2487/1998 por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2018.-María Teresa Angulo Romero, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para
garantizar la celebración del Congreso ICIAM2019-Valencia en 2019, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Las matemáticas forman parte esencial de la base científica que sostiene la sociedad tecnológica moderna. Están presentes en prácticamente todos los sectores económicos de la vida actual, en comunicación, transportes, finanzas, ingeniería,
agricultura, entre muchos otros.
La investigación española en matemáticas se encuentra en lugares de privilegio mundial desde la entrada del siglo XXI. El esfuerzo colectivo de las sociedades matemáticas, las redes temáticas, los grandes centros, los institutos de
investigación, los investigadores y los profesionales que utilizan las matemáticas ha contribuido a situarnos con solidez en el panorama internacional. Este desarrollo ha sido reconocido por la comunidad investigadora internacional, que ya otorgó a
las sociedades matemáticas españolas la organización del International Congress of Mathematicians en Madrid en 2006, en el que participaron más de 5.000 investigadores.
La matemática aplicada e industrial, por su parte, ha experimentado igualmente un fuerte desarrollo en España en las últimas décadas, con un notable efecto en el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida. Este desarrollo ha
sido igualmente reconocido por la comunidad investigadora internacional: el International Council for Industrial and Applied Mathematics ha otorgado a la Sociedad Española de Matemática Aplicada la organización del Congreso ICIAM2019, congreso
mundial de matemática aplicada e industrial, que tendrá lugar del 15 al 19 de julio de 2019 en Valencia. Las anteriores ediciones de este congreso tuvieron lugar en Zurich (2007), Vancouver (2011) y Pekín (2015), con más de 3.000 participantes en
cada edición.
El Congreso ICIAM2019-Valencia será una ocasión única e irrepetible para promocionar mundialmente la marca España a través de la manifestación de su excelencia en una disciplina científica del mayor prestigio y valoración internacional, como
son las matemáticas. Contribuirá además de forma muy relevante a:
- Fomentar la transferencia de tecnología matemática al sector productivo, contribuyendo al desarrollo tecnológico español sobre bases firmes y fiables, a través de la organización de un día dedicado a la industria en el congreso y de un
programa anejo de encuentros con la empresa.
- Fomentar el intercambio científico entre investigadores de todo el mundo, promoviendo la contribución de la matemática aplicada e industrial al desarrollo y la mejora de la calidad de vida.
- Fomentar el desarrollo en red de la matemática aplicada e industrial en España, a través de un programa de manifestaciones científicas en subsedes (Bilbao, Galicia, Málaga, Sevilla y Zaragoza).
- Fomentar la formación de vocaciones científicas en el ámbito de la matemática aplicada e industrial, a través de un programa de voluntariado de jóvenes estudiantes universitarios.
En la matemática española habrá un antes y un después de la organización del Congreso ICIAM2019-Valencia.
Los poderes públicos españoles han sido sensibles y han apoyado financieramente el desarrollo de la matemática española hasta la llegada de la crisis económica. El Congreso ICM-2006 de Madrid fue subvencionado con 1 M por el Ministerio de
Educación y Ciencia. El proyecto Ingenio-Matemática (I-MATH) de la convocatoria Consolider-Ingenio, que agrupó una gran mayoría de los grupos de investigación españoles, fue financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia con 7,5 M , en el
período 2006-2011. A pesar del dramático descenso de la financiación pública durante la crisis económica, la investigación española en matemáticas ocupa el noveno puesto mundial por impacto científico en 2017, manteniéndose en esta posición durante
los últimos cinco años pese a las dificultades derivadas del impacto de la crisis económica en la financiación de la ciencia en nuestro país.
Por todo lo expuesto, pensarnos que es fundamental garantizar la celebración del Congreso ICIAM2019-Valencia con las mayores garantías de éxito, y proponemos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso declara su apoyo a la realización del Congreso ICIAM2019-Valencia por su contribución a proyectar muy positivamente el vigor de la matemática española, e insta al Gobierno a incorporar una partida presupuestaria en los PGE 2019,
estimada en 243.724 , que permita garantizar su celebración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2018.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora en la publicación de datos de las
administraciones públicas para su uso científico, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Tal y como señalaba recientemente la OCDE, 'una tendencia relativamente reciente en muchos países para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas es poner sus datos a disposición del público y permitir
el uso, reutilización y distribución libre de conjuntos de datos por medio de un formato conocido como formato de datos abiertos'. Esta organización ha analizado este fenómeno cada vez más importante, identificando el potencial de la extraordinaria
cantidad y carácter fundamental de los datos recogidos por los gobiernos no solo en términos de apertura, transparencia y rendición de cuentas, sino también como una vía para aumentar el intercambio, colaboración y compromiso del público.
En cualquier caso, poner los datos de las administraciones públicas a disposición de la ciudadanía datos no es solamente un ejercicio de transparencia. Los datos son la materia prima de la investigación empírica, que llevan a cabo cada día
nuestros científicos, nuestros doctorandos y, cada vez más, nuestros estudiantes, en sus trabajos fin de grado y de máster.
Por ejemplo, en las últimas décadas, la investigación en economía se ha vuelto cada vez más empírica. Las mejoras en computación y las nuevas técnicas y herramientas en obtención, procesamiento y análisis de datos han permitido a los
investigadores recopilar y construir extensas bases de datos a partir de fuentes dispares, para posteriormente procesarlas y, de este modo, extraer conclusiones y propuestas, verificar modelos teóricos, o, cada vez más, evaluar políticas públicas.
Esta tendencia se documentó, por ejemplo, en un artículo publicado en 2017, que evidenció, tras analizar una muestra de 135.000 artículos publicados en 80 revistas académicas, que el trabajo empírico se ha vuelto mucho más común en la disciplina
desde los años ochenta.
Sin embargo, pese a que las administraciones públicas contemporáneas son depositarias de una enorme riqueza en forma de datos, para poder llevar a cabo buenos análisis empíricos, es necesario que los gobiernos tengan buenas políticas de
datos abiertos, que permitan a los investigadores acceder a sus registros administrativos, siempre con la plena salvaguarda de la confidencialidad de la información. Tal y como señalaba hace unos meses José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), son muchos los países en los que existe una cultura que democratiza entre la comunidad de investigadores el uso de los datos públicos por el bien común, cultura que no ha llegado a España todavía.
De este modo, los países de nuestro entorno han avanzado en los últimos años en desarrollar lo que se ha venido a llamar 'políticas basadas en la evidencia' a partir de la utilización de registros administrativos y otras fuentes
estadísticas. En este sentido, Escrivá citaba en su artículo diversas iniciativas como la Commission on Evidence Based Policymaking creada por Barack Obama, la What Works Network de Reino Unido o el nuevo proceso presupuestario con el que
experimentará la Asamblea Francesa, en el que el calendario presupuestario contemplará expresamente una fase de evaluación de políticas. Otros países vecinos, como Alemania o Portugal, han avanzado mucho y se aproximan también al estándar nórdico.
Las administraciones depositarias de los datos los recopilan, pero solo son capaces de extraer de ellos un mínimo de su potencial, ya que el análisis no es su cometido principal y carecen del personal necesario para ello. Además, y lo que
es más importante, dicho potencial solo se revela a partir del cruce de datos, pero la información está dispersa entre administraciones que no se comunican entre sí y que son muy reacias a cederse información.
Tal y como advertía el presidente de la AIReF, nuestro país se está quedando atrás en esta tendencia mundial y corre el riesgo de perder el tren de esta revolución. Por otra parte, todos deberíamos ser conscientes de que existe un coste
derivado de las restricciones de acceso a los datos por parte de la comunidad investigadora, lo que se traduce, en la práctica, en menos investigación y de peor calidad.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar una política de datos abiertos que promueva la difusión de los datos estadísticos recogidos y/o generados por las administraciones públicas en sus registros administrativos, así como de las metodologías, hipótesis y criterios
empleados para su obtención, siempre con la plena salvaguarda de la confidencialidad de la información, que permita su uso por parte de los investigadores.
2. Avanzar en la creación de un auténtico repositorio seguro de datos de las administraciones públicas para su uso científico, al que las distintas administraciones puedan ceder sus datos con la certeza de que solo se usarán para la
investigación científica y al que la comunidad científica tenga acceso en condiciones de confidencialidad y seguridad estrictas.
3. Identificar las potenciales lagunas en la información estadística existente y contribuir a estandarizar, simplificar y distribuir dicha información, mejorando la compatibilidad entre las distintas bases de datos que actualmente se
encuentran dispersas entre administraciones.
4. Aumentar la cantidad de operaciones estadísticas que tienen disponibles ficheros de microdatos con anonimización estándar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Marta Martín Llaguno, Irene Rivera Andrés y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a que el Gobierno de España
siga velando por la población etíope mediante acciones humanitarias, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Según la Organización no Gubernamental Oxfam International, en Etiopía 8,5 millones de personas se enfrentan al hambre extrema, sobre todo en la región de Somalia meridional y 700.000 de ellos están al borde de la inanición. Según esta
misma fuente, esta cifra probablemente aumente de manera considerable durante la próxima estación ya que las previsiones sitúan el nivel de precipitaciones por debajo de la media. De esta forma, los niveles de agua están disminuyendo rápidamente y
la pérdida generalizada de ganado ha asolado numerosas comunidades que dependen del mismo para sobrevivir.
Esta situación de afectados por la sequía ha aumentado el número de desplazamientos, lo que aumenta también la presión en las zonas que reciben a estas personas. Según datos recogidos por la misma ONG (Oxfam International), en febrero de
2017, Etiopía contaba con alrededor de 780.000 personas refugiadas lo que la sitúa entre los países africanos que más refugiados recibe.
España ha apoyado a Etiopía desde el Convenio Básico de Cooperación entre España y Etiopía, que se firmó en Addis Abeba el 30 de enero de 2007, con ocasión de la visita de la SECI al país. Dentro de este marco de referencia, el 30 de enero
de 2008 se firmó la I Comisión Mixta España-Etiopía. También, ese mismo año se inauguró la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Addis Abeba.
Por otro lado, la elaboración del Marco Asociación País con Etiopía (MAP) se inició a finales del año 2010, y supuso un importante esfuerzo enfocado fundamentalmente a la concentración geográfica y sectorial, así como a trazar una estrategia
de trabajo de la Cooperación Española en Etiopía. Por este motivo, Etiopía también ha sido incluido en el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021
como uno de los Países de Asociación Menos Avanzados (PMA), enmarcándolo de esta forma dentro de los países con graves carencias, desarrollo humano bajo y gran vulnerabilidad.
En este sentido, Etiopía recibe de España un gran volumen de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). La AOD, es para este país una de sus principales fuentes de financiación externa y constituye un porcentaje notable de su renta nacional bruta.
Sin embargo, a pesar de que la situación ha mejorado notablemente desde 2012, Etiopía está constantemente expuesto a una serie de peligros relacionados con las diversas condiciones meteorológicas y socio-económicas del país como sequías,
inundaciones, plagas, pestes, epidemias, conflictos entre clanes, etc. Además la realidad humanitaria viene siempre marcada por el constante flujo de refugiados que entran al país por las diferentes fronteras debido a los conflictos internos de los
países vecinos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir avanzando en su compromiso con los distintos actores de la Cooperación Española, para paliar la actual situación de crisis que afecta a la población etíope.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2018.-Elena María Bastidas Bono, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/003999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, por la
que se insta al Gobierno a impulsar medidas para proteger la lactancia materna, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La leche materna es el mejor alimento para un recién nacido. Contribuye a fomentar el desarrollo cognitivo y sensorial, además de proteger al bebé de enfermedades infecciosas y de enfermedades crónicas. También reduce el riesgo de
mortalidad por enfermedades frecuentes de la infancia como la diarrea, neumonía o meningitis y ayuda a una recuperación rápida de las enfermedades. Además, las madres también se ven beneficiadas ya que la lactancia contribuye a su salud y
bienestar; se ha comprobado que reduce el riesgo de cáncer de ovario y mama.
Según un macroestudio publicado en la revista 'The Lancet', si la lactancia materna se incrementara hasta niveles universales se podrían prevenir hasta 823.000 muertes de niños y niñas menores de cinco años. Desgraciadamente, los datos
publicados en 2016 por UNICEF indican que, globalmente, solo un 43 % (2 de cada 5) de ellos continúan recibiendo leche materna exclusiva a los seis meses de vida. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los niños y niñas deben recibir
lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida y, junto con la alimentación complementaria, mínimo hasta los dos años. Para que haya una conciliación real y que cada madre que desee amamantar a su bebé (siguiendo las
recomendaciones de la OMS), es necesaria la implantación de una baja maternal de al menos cincuenta y dos semanas. Es fundamental alargar el periodo de maternidad a las madres para cuidar a sus hijos e hijas y a la vez proteger su puesto de
trabajo, empezando con un periodo de reincorporación progresivo, evitando que puedan sufrir mobbing, como ha sucedido en muchos casos. Es necesario que esta situación cambie y España se equipare a otros países europeos como Suecia o Reino Unido.
El Estado debe consolidar mecanismos y leyes que le permitan cumplir con su responsabilidad de proteger, promover y apoyar la lactancia materna.
Por todo lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Alargar progresivamente la baja de maternidad hasta 52 semanas
2. Proteger la vuelta al trabajo de las madres. Se necesitan leyes que favorezcan la conciliación laboral y familiar, evitando así tener que abandonar tu empleo y el posible mobbing a la vuelta del trabajo.
3. Garantizar que el sector empresarial cumpla las leyes, normas y políticas relacionadas con la protección de la maternidad. Asegurando la no discriminación de las mujeres, y sus permisos para la lactancia durante la jornada laboral,
estando garantizadas las condiciones adecuadas para la extracción y almacenamiento de la leche materna.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2018.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la promoción de incentivos y
ayudas para los trabajadores autónomos con alguna discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Uno de los grupos sociales con especiales dificultades de inclusión, en todos los ámbitos, aunque especialmente en el laboral, es el de las personas con discapacidad.
Por ese motivo, además de lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución sobre el deber de trabajar y el derecho al trabajo de todos los españoles, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, contempla un capítulo específico sobre el derecho al trabajo de las personas con discapacidad.
En este sentido y consciente de la realidad a la que se enfrentan las personas con discapacidad a la hora de acceder al mercado laboral, el Gobierno ha puesto en marcha durante la X Legislatura una serie de actuaciones orientadas al impulso
de la ocupación de las personas con discapacidad, entre las que cabe destacar el Plan de Acción sobre la Estrategia de Discapacidad, en el que el empleo contempla en 95 por ciento de los recursos, la reforma del mercado laboral, que recupera las
medidas estatales de fomento de trabajo para personas con discapacidad y la reserva de un mínimo de contratos públicos en favor de centros especiales de empleo.
Cada una de estas actuaciones, y otras muchas, han supuesto que el empleo entre personas con discapacidad aumente a un ritmo tres veces mayor que entre la media nacional y haya ya 225.000 afiliados a la Seguridad Social con alguna
discapacidad.
Sin embargo, a pesar de la evolución positiva de los datos, es necesario seguir profundizando en la adopción de políticas que favorezcan el acceso de las personas con discapacidad a un puesto de trabajo, como pueden ser las orientadas a la
promoción del empleo autónomo, ya que la actividad emprendedora se evidencia como una gran oportunidad para ingresar en el mercado de trabajo.
Hoy en España, gracias a las medidas de apoyo al autoempleo, como la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven o la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización,
son más de 3,2 millones de autónomos, 121.800 más que al inicio de la Legislatura, que a su vez emplean a 878.619 personas, lo que hace que sean responsables de uno de cada cuatro trabajadores que hay en nuestro país, mientras que los
autónomos con discapacidad, en 2016 fueron más de 19.000.
Con todo, la regulación actual establece que los trabajadores autónomos que siéndolo adquirieran una discapacidad, por accidente, enfermedad u otra causa, no pueden disfrutar de los mismos incentivos y apoyos al empleo disponibles para
emprendedores con discapacidad en el momento de ser autónomos. Esta situación desigual en función de cuando aparece la discapacidad, es anómala, injusta, y desincentivadora del empleo, por ese motivo, y con el objetivo fundamental de dinamizar el
acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad es prioritario corregir esta circunstancia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las medidas necesarias para que los trabajadores autónomos que, siéndolo, adquirieran una discapacidad, por accidente, enfermedad u otra causa, puedan acceder a los mismos incentivos
y apoyos al empleo que los emprendedores con discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Ignacio Tremiño Gómez, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las necesidades específicas de
la población reclusa con discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
España fue uno de los primeros países en adherirse a la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad y en adaptar gran parte de su legislación a la misma.
Sin embargo, tras doce años de vigencia de este acuerdo internacional, todavía es necesario continuar profundizando en la transposición de los derechos recogidos en la Convención a la normativa interna de nuestro país, incidiendo en aquellos
principios a favor de los colectivos en los que, además de la discapacidad, concurren otras circunstancias.
Uno de los grupos que reviste especiales características que lo hacen vulnerable en mayor medida es la población reclusa con discapacidad. Según cifras de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del
interior, a finales de 2017, eran 4.823 los internos que presentaban algún tipo de discapacidad en el ámbito penitenciario, lo que se traduce en casi el 10 % de la población reclusa total.
Además, y según establece el 'Protocolo de actuación para personas con discapacidad en centros penitenciarios', elaborado por la ONCE, Plena Inclusión, CNSE, RAPAS, COCEMFE y FASOCIDE, el pasado mes de mayo de 2018, el 33 % de las personas
reclusas con discapacidad presentan una discapacidad psíquica, el 2 % discapacidad sensorial, el 7 % una discapacidad intelectual, el 28 % presentan una discapacidad física y orgánica, y un 29 % de personas presentan una discapacidad múltiple.
Consciente de los problemas específicos a los que se enfrenta esta población, el anterior Gobierno puso en marcha diversas iniciativas mediante citada Secretaría de General de Instituciones Penitenciarias, y en colaboración con las entidades
sociales, que persiguen combatir la discriminación múltiple y fomentar el trato adecuado de estas personas en el ámbito penitenciario.
Sin embargo, son todavía muchos los obstáculos a los que se enfrenta la población reclusa con discapacidad. Un hecho especialmente llamativo es que la actual legislación vigente en materia penitenciaria, encabezada por la Ley Orgánica
1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y su Reglamento, no tiene en cuenta la discapacidad según denuncian entidades sociales como el CERMI.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha un grupo de trabajo con representación de todas las instancias interesadas en el binomio penitenciarías y discapacidad, a fin de elaborar una propuesta articulada de reforma
de la legislación penitenciaria española, adaptándola a la Convención de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todo ello con el objetivo de que el entorno penitenciario sea no solo accesible a las personas con
discapacidad, sino que también favorezca su participación en el día a día de las prisiones con las mismas oportunidades que el resto de los internos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-María Dolores Alba Mullor, María Dolores Marcos Moyano e Ignacio Tremiño Gómez, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a regular el
etiquetado en braille en aquellos productos de consumo masivo, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y desde el 3 de mayo de 2008, este cuerpo normativo internacional forma parte plenamente del ordenamiento jurídico español.
Se trata de un instrumento legislativo que ha supuesto importantes avances para las personas con discapacidad y sus familias, entre los que destacan la 'visibilidad' de este grupo ciudadano dentro del sistema de protección de derechos
humanos de Naciones Unidas, la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.
Los países que han ratificado la Convención Internacional sobre derechos de las personas con discapacidad, como es el caso de España, deben promover y garantizar la 'libertad de expresión y de opinión y acceso a la información', tal y como
establece el artículo 21 de la antedicha norma, proporcionando para ello formatos y tecnologías accesibles, facilitando el uso del braille, el lenguaje por señas y otras formas de comunicación, a fin de que puedan disfrutar de la información
prevista para el público en general.
Sin embargo, y a pesar de lo establecido en la Convención, todavía son muchos los bienes y servicios de los que las personas con discapacidad no pueden disfrutar, como es el caso de determinados productos de consumo masivo que carecen de
etiquetado en braille, convirtiéndose en inaccesibles para las personas con discapacidad.
Si bien es cierto, en nuestro país existe la obligación de etiquetar en braille los envases de los medicamentos, no hay nada referido para los de consumo extenso y generalizado que se distribuyen en el comercio minorista.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, unas condiciones normativas básicas sobre etiquetado braille de productos
de consumo masivo y de productos potencialmente peligrosos para los usuarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Ignacio Tremiño Gómez, María Dolores Alba Mullor y María Dolores Marcos Moyano, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al acceso de las personas con
discapacidad a la información sobre medicamentos, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por nuestro país, establece entre sus principios generales la garantía de la accesibilidad de las personas con discapacidad, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público.
En consecuencia los Estados Parte deben adoptar medidas orientadas a la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente
en todos los aspectos de la vida.
Sin embargo, a pesar de lo establecido en este instrumento internacional y de lo que también reconocen normas internas, como la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, sobre la accesibilidad
universal, todavía existen ámbitos a los que las personas con discapacidad no pueden acceder en igualdad de condiciones con las demás.
En este sentido cabe destacar la denuncia que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha realizado ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sobre la falta de accesibilidad de la
publicidad audiovisual de los medicamentos, que impide a las personas con discapacidad poder disfrutar de estos contenidos en las mismas condiciones que el resto del público.
De acuerdo con esto, el Cermi recuerda que la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios establece en su artículo 78. Garantías en la publicidad de medicamentos y productos sanitarios destinada al público en
general, apartado f), que, 'los mensajes publicitarios de los medicamentos que se emitan en soporte audiovisual deberán cumplir las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad establecidas en el Ordenamiento jurídico para la
publicidad institucional'.
Además, el Cermi explica que la exigencia de accesibilidad también se reconoce en el Reglamento sobre las condiciones para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la
información y medios de comunicación social.
Pero a pesar de estos mandatos legales y reglamentarios, según el Comité, la industria del autocuidado, fabricantes y productores de medicamentos, y los operadores audiovisuales, emiten publicidad de estos productos sin medidas de
accesibilidad, como la subtitulación en abierto.
Precisamente, la plataforma representativa de la discapacidad en España reclama a la CNMC que investigue la situación actual y abra el expediente oportuno que sirva para que todas las campañas audiovisuales de publicidad de medicamentos sean
accesibles, para lo que deben incorporar la
subtitulación en abierto visible de los mensajes locutados, como ocurre en la publicidad audiovisual institucional de la Administración General del Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas, a velar por el cumplimiento de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios,
así como a solicitar el cumplimiento de la exigencia de accesibilidad recogida en el Reglamento sobre las condiciones para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la
información y medios de comunicación social. Por otro lado, solicita a la CNMC, perseguir y sancionar el incumplimiento del principio de accesibilidad publicidad de medicamentos y productos sanitarios por parte de las compañías responsables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-María Dolores Alba Mullor, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la promoción de la
Formación Profesional entre los jóvenes con discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece que estas personas conforman un grupo
vulnerable debido a las condiciones derivadas de su situación y a la pervivencia de barreras que impiden su plena participación en la sociedad.
Por lo tanto, en España, existe todavía cierta discriminación por razón de discapacidad, en los diferentes ámbitos socioeconómicos, con especial incidencia en el educativo y el laboral, ambos fundamentales para el desarrollo de estas
personas, y sobre los que es necesario continuar trabajando a fin de erradicar cualquier tipo de exclusión.
En este sentido, cabe señalar que los jóvenes con discapacidad, se encuentran con una serie de obstáculos a la hora de acceder al mercado laboral, en el que además es clave contar con una buena formación. En la actualidad, según se
desprende del 'Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad Estatal 2018', elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), hay 8.937 jóvenes con discapacidad (hasta 25 años) inscritos como demandantes de empleo, y
sabemos que hay otros muchos al margen del sistema que también quieren formar parte del mercado de trabajo.
Asimismo, el informe 'Jóvenes con discapacidad y empleo en España' del año 2016, del Instituto de la Juventud de España (INJUVE), revela que existe una brecha entre estos jóvenes y el resto de personas de su edad; ya que hay muchos jóvenes
con discapacidad, especialmente intelectual, que terminan su formación con 18 años, su única alternativa es incorporase al mercado laboral a través de un Centro Especial de Empleo.
Sin embargo, a pesar de que todavía son muchos los jóvenes con discapacidad que encuentran obstáculos a la hora de acceder al mercado laboral, en los últimos años, se ha producido una reducción del número de desempleados jóvenes con
discapacidad en nuestro país, concretamente la cifra ha caído un 11,7 por ciento con respecto al año 2017.
Las causas que subyacen tras este descenso son claras: la mejora de la salud del mercado laboral; una recuperación económica real; la irrupción de nuevas tecnologías inclusivas; un sistema educativo que se inspira en el principio de
equidad o el paulatino cambio de mentalidad por parte de las empresas que comienzan a creer firmemente en una sociedad para todos.
La educación es la piedra angular para el acceso al mercado de trabajo, y en nuestro país esta garantiza la igualdad de oportunidades y apuesta por la inclusión educativa y la no discriminación, actuando como elemento compensador de las
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.
Para conseguir una igualdad efectiva, las enseñanzas se adaptan al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Dicha adaptación garantiza el acceso, la permanencia y la progresión de este alumnado en el sistema educativo, también
en la Formación Profesional. Esta es, además una de las vías educativas con mayor porcentaje de empleabilidad, ya que las materias que se imparten son más cercanas a la realidad del mercado de trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal
cualificado especializado en los distintos sectores económicos.
En este sentido, es necesario seguir apostando por la Formación Profesional, como motor educativo y de fomento del empleo, en la que las personas con discapacidad tengan asegurado su acceso y permanencia, llevando, para ello, a cabo las
medidas necesarias para que estas puedan disfrutar de esta opción formativa.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, con la participación de todos los agentes sociales, administraciones implicadas, y las organizaciones más representativas de personas con discapacidad, a fomentar la formación profesional
entre los jóvenes con discapacidad, a través de las siguientes medidas:
1. Reforzar la orientación profesional en los centros de educación primaria y secundaria con el objetivo de trasladar información sobre los estudios universitarios y de Formación Profesional, y en particular de la Formación Profesional
Dual, con especial atención al alumnado con discapacidad.
2. Impulsar programas de formación para el empleo y talleres profesionales adaptados, a las necesidades de los jóvenes con discapacidad, para facilitar su inclusión laboral y social.
3. Promover los recursos humanos y materiales necesarios adaptados al alumnado con discapacidad.
4. Favorecer recursos como la enseñanza 'online' a fin de facilitar la accesibilidad, inclusión e igualdad de oportunidades en los estudios de Formación Profesional.
5. Poner en marcha campañas de comunicación para fomentar el conocimiento sobre los beneficios de la Formación Profesional, con especial incidencia en los jóvenes con discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Ignacio Tremiño Gómez, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el etiquetado de productos de consumo masivo en braille, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Diariamente las señales o símbolos están presentes en todos los aspectos de la vida de las personas para orientarlas e informarlas, generalmente a través de la vista. Esta información no siempre es accesible para las personas con
discapacidad visual, como ocurre con la información contenida en el etiquetado de algunos productos de consumo masivo, que se pueden adquirir habitualmente en los establecimientos comerciales,
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU reconoce la importancia de la accesibilidad universal, y entre otras cuestiones, reconoce el derecho a la información y a las comunicaciones de las personas con
discapacidad, y concretamente, el derecho de las personas con discapacidad visual a la accesibilidad a través del uso del braille.
De la misma manera, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece en su artículo 22.1, que
las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida y para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en
igualdad de condiciones con las demás personas.
Además, el Reglamento UE número 1169/2011 del Parlamento y del Consejo, sobre la información alimentaria facilitada al Consumidor, que tiene por objeto lograr un alto nivel de protección de la salud de los consumidores y garantizar su
derecho a la información, reconoce también que la información alimentaria deberá de ser 'precisa, clara y fácil de comprender para el consumidor'. Además, en su Considerando 17 señala el elemento principal para exigir la obligatoriedad de la
información alimentaria, debe ser que los consumidores puedan reconocer y hacer un uso adecuado de los alimentos, así como tomar decisiones que se adapten a sus necesidades dietéticas individuales y a tal fin, los operadores del sector alimentario
deben facilitar a las personas con discapacidad visual el acceso a dicha información.
De esta manera, nuestra legislación es clara en lo relativo a los derechos de las personas con discapacidad a acceder en igualdad de condiciones a la información, y más concretamente sobre las características esenciales de los productos
masivos envasados de consumo, en concreto a la denominación e identificación del producto, fecha de caducidad, advertencias y riesgos previsibles.
A pesar de todo ello, actualmente en España y Europa, solo es obligatorio distinguir a través de alfabeto braille los envases y embalajes para medicamentos, como regula norma UNE-EN ISO 17351 aprobada en el año 2015, cuyo punto de partida
fue regulado en la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que regulaba un etiquetado en braille en la parte exterior de estos envases para toda la Unión Europea.
Aunque cada vez son más las marcas de productos alimentarios que promueven la accesibilidad de la información de sus productos, todavía siguen siendo pocas las que ofrecen en braille la información contenida en sus etiquetas.
El Grupo Socialista apuesta por garantizar los derechos de las personas con discapacidad visual, a través de la mejora de su autonomía y calidad vida, que les permita en última instancia su inclusión social plena.
Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en el plazo de un año, medidas que faciliten el acceso en braille a la información contenida en los productos de consumo masivo, para mejorar la información y la protección de los
consumidores con discapacidad visual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2018.-Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la evaluación de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre,
de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad.
Exposición de motivos
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue prontamente ratificada por España y entró en vigor el 3 de mayo de 2008, reconoce en su artículo 28 el derecho de las personas con discapacidad a un
nivel de vida adecuado para ellas y sus familias y a la mejora continua de sus condiciones de vida.
En la satisfacción de este derecho inciden, sin embargo, una serie de problemas que se derivan, paradójicamente, de la espectacular evolución científica y técnica y de la mayor calidad de vida que disfrutamos.
Los accidentes de tráfico han generado nuevas discapacidades. El progresivo envejecimiento de la población hace crecer el número de personas dependientes y la incidencia de enfermedades que pueden generar una discapacidad, como el Alzheimer
o el Parkinson. Sin olvidar que la mejora de los servicios sanitarios y el imparable avance de la investigación contribuyen también a alargar la vida de las personas con discapacidad.
El crecimiento de la esperanza de vida, que merece sin duda una valoración muy positiva, lleva sin embargo aparejadas también consecuencias problemáticas: cuando a la discapacidad se le suman factores como el deterioro físico y mental
vinculado al envejecimiento, aumentan las necesidades y el grado de dependencia de estas personas. Por otra parte, esta mayor supervivencia determina que, en muchas ocasiones, las personas con discapacidad sobrevivan a sus padres o a sus familiares
cuidadores.
Lógicamente, la conjugación de todas estas variables genera una gran preocupación acerca del futuro de las personas con discapacidad, tanto en el aspecto material o económico, como en el relativo a la asistencia y cuidados que van a serles
imprescindibles.
Aunque sin duda persisten deficiencias que deben ser corregidas, España se encuentra entre los países que han adoptado medidas legislativas más avanzadas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, entre las que se
encuentra la Ley 41/2003, de 18 de diciembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Normativa Tributaria con esta finalidad, que tiene por objeto regular
nuevos mecanismos de protección de las personas con discapacidad, centrados en un aspecto esencial como es el patrimonio, dado que uno de los elementos que más repercuten en el bienestar de las personas con discapacidad es la existencia de medios
económicos a su disposición, suficientes para atender sus necesidades vitales.
El objeto inmediato de la ley es la regulación de una masa patrimonial, la cual queda inmediatamente y directamente vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona con discapacidad.
La ley incorpora, además, distintas modificaciones de la legislación vigente que tratan de mejorar la protección patrimonial de las personas. Entre estas modificaciones destaca en primer lugar la regulación de la autotutela.
Asimismo, se introducen distintas modificaciones del derecho de sucesiones, así como en relación con el mandato y el contrato de alimentos.
Por último, la ley contempla modificaciones de la normativa tributaria, mediante las que se adoptan una serie de medidas para favorecer las aportaciones a título gratuito a los patrimonios protegidos, afectando a diversos preceptos de la Ley
40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias, la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados.
Posteriormente la Ley 1/2009, de 25 de marzo, y la Ley 15/2015, de 2 de julio, modificaron diferentes preceptos de la Ley 41/2003 con el fin de facilitar la efectiva puesta en práctica de la figura de patrimonio protegido, resolver ciertas
dudas en su aplicación y adaptar sus disposiciones a las previsiones contenidas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
Casi catorce años después de la entrada en vigor de la Ley 41/2003, se hace necesario proceder a evaluar la efectividad de dicha norma ante la casuística surgida durante su vigencia, y estudiar si se han cumplido los objetivos previstos, y
si es necesario proceder a abordar alguna modificación de la norma para la adaptación a la nueva realidad social. Todo ello con el fin de que las personas con discapacidad no tengan impedimentos para el disfrute de los derechos que a todos los
ciudadanos se nos reconocen en la Constitución y en las leyes, logrando así que la igualdad sea real y efectiva, tal y como exige el artículo 9.2 de la Constitución.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Evaluar en coordinación con todos los sectores y profesionales afectados, en particular con las organizaciones más representativas de las personas con discapacidad y sus familias, la efectividad
de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.
2. En base a la evaluación y en el plazo de seis meses desde la aprobación de la presente proposición no de ley, remitir al Congreso de los Diputados un informe sobre la propia evaluación que incluya propuestas de nuevas medidas a adoptar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2018.-Isabel María Borrego Cortés, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre difusión de incentivos a la
contratación de personas con discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Promover las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, son obligaciones ineludibles para los poderes públicos, tal y como dispone nuestra Carta Magna.
Uno de los grupos sociales con especiales dificultades de inclusión, en todos los ámbitos, aunque especialmente en el laboral, es el de las personas con discapacidad.
En este sentido, el Gobierno del Partido Popular puso en marcha una serie de actuaciones orientadas a la promoción de la contratación de las personas con discapacidad, gracias a las cuales, durante los últimos años, se alcanzaron cifras
históricas en esta área, concretamente, en 2017 las contrataciones aumentaron un 14,9 % más que en 2016, encadenando cinco años consecutivos de incrementos, y alcanzando el récord de 309.413 contratos. Asimismo, cabe señalar que también en 2017 la
afiliación entre personas con discapacidad crecía a un ritmo del 10,66 %, el triple que la media nacional.
Sin embargo, no solo los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social avalan esta gestión, sino que según el último 'Informe Olivenza', referido a 2017, el 77 % de las personas con discapacidad ocupadas hasta 2015 contaba
con un contrato indefinido y en 2017 había 47.300 personas con discapacidad trabajando por cuenta propia.
No obstante, a pesar de las políticas desarrolladas y de la evolución positiva de los datos de empleo de las personas con discapacidad, la nueva situación política nos hace estar alerta, por ese motivo es necesario seguir profundizando en la
adopción de actuaciones en favor del empleo de este colectivo con el fin de consolidar la participación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, garantizado así su calidad de vida y la de sus familias. Por otro lado, somos
conscientes de que todavía existen barreras al mercado de trabajo que limitan el acceso de estas personas al mismo, tal y como pone de manifiesto el 'Informe Olivenza' que establece que dos de cada tres personas con discapacidad son inactivas
laboralmente.
Por ese motivo, es fundamental continuar impulsando y perfeccionando medidas a favor de la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, actuaciones como los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, bien
mediante bonificaciones y reducciones a la contratación laboral o bien a través incentivos a la contratación indefinida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las actuaciones necesarias para promover la contratación de personas con discapacidad mediante nuevas modalidades de contratación
específica, así como a promocionar las medidas de acción positiva existentes, poniendo en marcha en este último caso campañas informativas orientadas a los empleadores sobre los beneficios que conlleva contratar a personas con discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2018.-María Dolores Alba Mullor, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/004013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Margall i Sastre, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
finalización de las obras de la B-24 y la alta siniestralidad de la N-340, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La B-24 es una autovía que une las comarcas del Baix Llobregat y el Alt Penedés con los principales accesos a la ciudad de Barcelona y una variante a la transitada N-340 en su paso por los municipios de Cervelló, Vallirana y el puerto del
Ordal.
La N-340 fue construida el año 1772, poco después de la inauguración del puente de Carlos III entre las localidades de Sant Viceng dels Horts y Molins de Rei. Este vial, que une Vilafranca del Penedés con Barcelona, tardó más de diez años
en construirse y contó con un total de 59 puentes 1. La construcción de la carretera propició el crecimiento urbanístico y demográfico de Cervelló y Vallirana a lo largo de esta vía. Este hecho, sumado al acceso masivo a la compra de vehículos a
motor a mediados del siglo XX y la explotación de distintas canteras a las inmediaciones del municipio de Subirats, provocó el aumento del tráfico de coches, motocicletas y camiones por ambas localidades y, con ello, el colapso diario de la N-340.
A mediados de los años setenta se llevó a cabo un estudio para construir un nuevo vial en cornisa por la parte norte del municipio de Vallirana. Sin embargo, dicho proyecto rápidamente se descartó por el elevado coste económico y
medioambiental. Diez años más tarde finalmente se inició el estudio del trazado de la actual variante.
Se estima que en la década de los años ochenta y noventa los usuarios tardaban entre 60, 90 y 120 minutos para realizar el trayecto de 25 kilómetros que separa ambas poblaciones con Barcelona tanto por la mañana como por la tarde. Alrededor
de 25.000 vehículos circulaban cada vía por esta carretera, la mitad de los cuales eran camiones y vehículos pesados y especiales 2.
En el año 2003 se inauguró el tramo de la variante en su paso por Cervelló, que permitió a los vehículos desplazarse hacia el puerto del Ordal o Barcelona sin tener que atravesar dicho municipio. La entrada en funcionamiento de este tramo
permitió resolver de forma parcial el problema de la alta densidad de circulación de vehículos por la N-340 y la pacificación de la calle Mayor de esta pequeña localidad. Situación que no contribuyó a mejorar la seguridad vial y viaria del centro
de Vallirana, por el que a día de hoy siguen pasando cada día miles de vehículos.
Tras más de treinta años de reclamación de la construcción y finalización de las obras de la variante, los vecinos de Cervelló y Vallirana siguen siendo víctimas de los incumplimientos del Gobierno de España. En 1988 el ministro Javier Luis
Sáenz de Cosculluela se comprometió a priorizar la construcción de esta vía. En 1992 el ministro Josep Borrell repitió esta promesa. En 1993 el Ministerio de Obras Públicas y Transportes aprobó el anteproyecto y la dotación presupuestaria del
proyecto, que sufrió numerosos cambios provocando el retraso sistemático del inicio de obras. En 1996 se paralizó por completo y no fue hasta el año 2004 cuando las obras se reemprendieron. Paradójicamente un año más tarde el proyecto
1 Datos obtenidos por el Centre d'Estudis Comarcals del Baíx Llobregat.
2 Según datos recogidos por la agrupación local Grup d'Esplai Parroquia de Vallirana.
volvió a quedar bloqueado. En 2009 el ministerio dio luz verde para continuar con las obras aunque con el pretexto de problemas presupuestarios 3 se volvieron a paralizar en 2011.
Finalmente a finales del año 2014 se reanudaron los trabajos y la propia ministra Ana Pastor anunció que este tramo de la variante podría inaugurarse en el primer trimestre de 2018. A pesar de ello, los vecinos de Vallirana siguen esperando
la finalización de las obras, que acumula más de treinta años de retraso, para poner fin a décadas de colas y accidentes.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Finalizar las obras de la variante B-24 en su paso por el municipio de Vallirana (Baix Llobregat).
2. Recuperar el proyecto de mejora de la travesía de les Casetes d'en Muntaner hasta la glorieta de inicio de la variante B-24.
3. Realizar las actuaciones oportunas para erradicar la siniestralidad en la N-340, a la altura de los términos municipales de Cervelló y Vallirana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-Joan Margall Sastre, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/004070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre regulación de distintos
elementos de movilidad, para su debate en Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Tal y como se viene constatando por la actividad de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, al ciudadano se le reconoce como primer objetivo de preocupación a los efectos de incrementar su seguridad en el uso de las vías
públicas, ya sea como peatón o como usuario de cualquier dispositivo de movilidad.
En distintos debates ha quedado señalado que solo mediante el concurso en la responsabilidad de todos los usuarios se conseguirá continuar disminuyendo el número de accidentes mortales y desde luego, el número de siniestros que en ocasiones
arrojan serías consecuencias para las personas que en él se ven involucrados.
Determinados desarrollos tecnológicos, así como unos niveles aceptables de respuesta por parte de los usuarios, han hecho que hoy, en algunas ciudades, se haya abierto el abanico de distintos vehículos de movilidad, algunos con carga
eléctrica y otros por la mera práctica de ejercicio por parte del usuario.
No es infrecuente observar en distintas ciudades la proliferación de patinetes, bicicletas eléctricas y otros elementos de transporte que, careciendo de una regulación a nivel nacional para su uso, están incluso ocupando espacio reservado a
peatones en los distintas urbes, ocasionando, no solo dificultades de tránsito, sino también riesgo para los peatones que pudiéramos llamar 'vulnerables', como pueden ser personas con discapacidad, mayores con movilidad reducida, población infantil,
etc.
Recientemente se han producido dos graves sucesos. A finales de octubre, una mujer de 40 años murió en Sabadell arrollada por un camión al caerse de un patinete eléctrico. Ahora, lamentablemente debemos contabilizar otra víctima, la de una
mujer de aproximadamente 90 años que falleció en la rambla del Carmen de la localidad barcelonesa de Espulgues de Llobregat, debido al impacto con un patinete.
Ante esta realidad que afecta fundamentalmente a algunas ciudades de nuestro país, y tal y como ya ha manifestado nuestro Grupo Parlamentario, consideramos necesario que existan unas normas únicas
3 Actualmente el presupuesto de adjudicación del proyecto de las obras de la variante de VaIlirana supera los 121.000.000 .
de aplicación en todo el territorio respecto al uso de estos nuevos dispositivos de movilidad, garantizando la seguridad de las personas, sean peatones o usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP).
Por todo ello y, ante la intención por parte del Gobierno, tal y como ha conocido esta Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, de proceder a la modificación parcial de la Ley de Seguridad Vial, el
Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda a la regulación del uso de nuevos elementos de movilidad personal, a los efectos de garantizar la seguridad, tanto de los usuarios de los vehículos de movilidad personal como de
los peatones, especialmente de aquellos más vulnerables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2018.-Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre la creación de un Defensor del menor integrado en el Defensor del Pueblo, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Exposición de motivos
La figura del Defensor del Pueblo posee una relevancia sustancial a la hora de atender las quejas, necesidades y reclamaciones de los ciudadanos sobre posibles vulneraciones de derechos comprendidos en el título I de la Constitución, así
como multitud de ámbitos que, pese a que no siempre se solventan, sirven para poner de manifiesto la necesidad de que las administraciones competentes tomen cartas en el asunto a fin de solucionar estas situaciones perjudiciales para los ciudadanos.
De hecho, algunas Comunidades Autónomas han creado su propio Defensor del Pueblo autonómico, pese a que el Defensor del Pueblo atiende también las reclamaciones y quejas que le llegan de estos territorios.
De hecho, en numerosas ocasiones se ha señalado que la alta variabilidad de asuntos que trata el Defensor del Pueblo, así como la alta cantidad de solicitudes que recibe cada año, hace preciso que este se especialice y se mejore su diseño y
organización a tal fin.
Claro ejemplo de ello es la solicitud que las organizaciones especializadas de infancia llevan demandando. El aumento de la problemática de la infancia en nuestro país, donde la violencia ejercida sobre los menores alcanza cotas
preocupantes; el aumento de menores no acompañados (MENAs) es un desafío que las instituciones, a día de hoy, no están sabiendo resolver ni gestionar existiendo posibles vulneraciones de derechos básicos recogidos en la Declaración de los derechos
del Niño; la pobreza infantil y la falta de recursos básicos para un correcto desarrollo y bienestar de los menores. Todo ello, además de otros problemas, son asuntos de especial importancia y complejidad como para que exista un ente altamente
especializado en la atención y resolución de estos. De hecho, el Comité de los Derechos del Niño se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la figura de defensa de los derechos de los niños y las niñas a fin de 'fortalecer la capacidad de la
oficina nacional del Defensor del Pueblo para recibir, investigar y dirigir quejas por parte de niños de manera afectiva y respetuosa hacia estos, en participar niños en aquellas Comunidades Autónomas donde no exista ninguna oficina de Defensor del
Pueblo'.
Además, si atendemos a la existencia de servicios especializados de atención a menores similares al Defensor del Pueblo o los propiamente llamados Defensor del Menor, vemos que o bien estos existen en algunas Comunidades como Andalucía, o
existen servicios de atención a los menores menos institucionalizados como el teléfono de atención al menor en Castilla-La Mancha o bien han desaparecido en los últimos años, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid.
Bien es cierto que en España, con la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se modifica el párrafo c) y se introduce un nuevo párrafo e) en el apartado 2 del artículo
10 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que quedan redactados como sigue:
'c) Plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo o ante las instituciones autonómicas homólogas. A tal fin, uno de los Adjuntos del Defensor del Pueblo se hará cargo de modo permanente de los asuntos relacionados con los menores
facilitándoles el acceso a mecanismos adecuados y adaptados a sus necesidades y garantizándoles la confidencialidad.'
'e) Solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial, en su caso, para emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas a la protección y defensa de sus derechos e intereses. En todo caso el
Ministerio Fiscal podrá actuar en defensa de los derechos de los menores.'
Sin embargo, esta modificación normativa no ha sido suficiente para que se mejore la protección de los derechos de los menores.
La falta de una figura realmente especializada, que pueda atender las demandas o vulneraciones de derechos de la infancia en el conjunto del territorio nacional es una situación que nos preocupa especialmente. Desde Ciudadanos consideramos
que es preciso evitar toda duplicidad administrativa entre el nivel local, autonómico y nacional. Sin embargo, existen mecanismos que facilitarían solventar esta situación sin necesidad de elevar el gasto de manera sustancial y que cubriría las
demandas que vienen exigiendo las organizaciones especializadas en infancia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en el plazo más breve posible, un Proyecto de Ley que modifica y actualice la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, a fin de que se instaure en su seno una
figura especializada en la atención a los problemas específicos de la Infancia para mejorar la atención y defensa de los derechos de los menores de edad en nuestro país que:
1. Posea autonomía funcional y comparezca de manera periódica en la Comisión para los Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Congreso de los Diputados para dar cuenta de las necesidades y problemáticas recibidas en la institución.
2. Elabore y disponga de un plan de trabajo anual de seguimiento de las cuestiones más relevantes que afectan a la infancia.
3. Refuerce la función de vigilancia sobre el cumplimiento de los derechos de la infancia por parte del Defensor del Pueblo, en especial, en aquellos lugares donde se encuentran los menores más vulnerables: Centros de protección, de
reforma, de extranjería en los que haya menores, etc.
4. Comparezca anualmente ante organismos como el Observatorio de la Infancia y Comisión para los Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Congreso de los Diputados para presentar su informe sobre las cuestiones más relevantes para los
niños y niñas.
5. Colabore y dialogue de manera constante con las diferentes defensorías de la infancia, defensores del pueblo, y oficinas de la infancia ya existentes.
6. Organice y colabore con un Consejo de Niños y Niñas, con el objeto de promocionar la participación infantil en la toma de decisiones y mejorar la participación de niños y niñas en labores de asesoramiento en asuntos que les afectan.
Mientras tanto, el Congreso de los Diputados insta al Defensor del Pueblo a que preste especial atención a la problemática de la infancia y la adolescencia en nuestro país a fin de poder exigir a las
administraciones correspondientes las medidas precisas para salvaguardar y respetar los derechos de los menores de edad en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2018.-María Virginia Millán Salmerón, Rodrigo Gómez García y Félix Álvarez Palleiro, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no Ley para combatir la pobreza infantil, para
su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
La erradicación de la pobreza y la lucha contra la exclusión social constituyen uno de los grandes retos de nuestro tiempo, más aun cuando estas afectan a la infancia y adolescencia.
La crisis económica que atravesó nuestro país entre los años 2007 y 2011 y la gestión de la misma, junto a unas altas tasas de desempleo, convirtieron a España en el país de la OCDE en el que más crecía la desigualdad y donde la pobreza y la
pobreza infantil, aumentaban a mayor velocidad que la media de la Unión Europea.
Por ese motivo, cuando el Partido Popular llegó al gobierno en 2011, por un lado, apostó por el crecimiento económico y el fomento del empleo, consciente de que no hay mejor arma para luchar contra la pobreza y la exclusión social que una
economía fuerte y un mercado del trabajo sólido. Además, llevó a cabo una reforma fiscal que bajó los impuestos especialmente a las familias con menos ingresos e introducía nuevos beneficios sociales, todo ello, junto con la garantía de unas
prestaciones económicas y unos servicios sociales de calidad, y por otro, desarrolló medidas específicas y acciones concretas que avanzan hacia la erradicación de la pobreza infantil, en la misma línea que marcan las recomendaciones europeas y los
informes de las entidades sociales.
En este sentido cabe destacar, la puesta en marcha del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, dotado con más de 5.000 millones de euros y estructurado en 125 medidas, que persiguen asegurar el bienestar de la infancia de
nuestro país, teniendo en cuenta la especial situación de los menores de edad en riesgo de pobreza y exclusión. Además, la lucha contra la pobreza infantil fue uno de los objetivos dentro del Plan de Acción para la inclusión Social 2013-2016,
compuesto por 240 actuaciones, y dotado con más de 136.000 millones de euros.
Por otra parte, una de las partidas prioritarias dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 fue la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, para la que se destinaron un total de 346 millones de euros.
Sin embargo, a pesar de todas estas medidas, debemos seguir trabajando para combatir y reducir las desigualdades y en particular la pobreza infantil, a través de acciones dirigidas a atender situaciones de dificultad de las familias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar, de manera urgente, medidas para luchar contra la pobreza y la desigualdad y a aprobar, con la colaboración de las demás administraciones competentes y con la dotación presupuestaria necesaria, un Plan Integral de lucha contra la
pobreza que integre políticas económicas y sociales eficaces y sostenibles e incluya actuaciones específicas de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, con medidas orientadas a romper el ciclo de las desventajas.
2. Atender las situaciones de privación, en particular aquellas que tienen un mayor impacto en el desarrollo de las capacidades y las oportunidades vitales de niños y niñas, arbitrando medidas encaminadas a romper el ciclo de reproducción
de las desventajas, combatiendo la cronificación de la pobreza, su transmisión intergeneracional y el bloqueo del ascensor social.
3. Reforzar los servicios públicos de sanidad como instrumento eficaz para combatir las desigualdades en salud; de educación de forma que asegure la igualdad de oportunidades educativas, combata el abandono escolar e impulse la educación
cero-tres, y los servicios sociales, fundamentales para la detección y atención a las situaciones de carencia que afectan a hogares con menores a cargo.
4. Establecer programas basados en la cooperación con las CC.AA. y las Corporaciones Locales destinados a atender situaciones de privación material y sus consecuencias en forma de exclusión social.
5. Continuar con las alianzas establecidas con el tercer Sector, como la Mesa del Diálogo del Tercer Sector y seguir fomentando la responsabilidad social corporativa de las empresas que permita aunar esfuerzos y combinar recursos destinados
a combatir las carencias y desventajas que sufren los niños y niñas que viven en hogares en situación de pobreza.
6. Velar por el cumplimiento efectivo en España de la Convención sobre Derechos del Niño ratificada por nuestro país.
7. Aprobar antes de finalizar 2018 el Proyecto de Ley de Protección Integral frente a la violencia contra la infancia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Silvia Heredia Martín, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de las Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prevención y erradicación de
todas las formas de violencia contra la infancia a través de las redes, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
La violencia y el acoso escolar deben entenderse como situaciones que van mucho más allá del aula, el recreo, el comedor o el pasillo del centro educativo. Nuestros menores, cada vez a una edad más temprana, utilizan una diversidad de
canales de interacción asociados con internet y las redes sociales, que los exponen. De hecho, un estudio desarrollado por Microsoft, 'Online Bullying Survey', constata que el ciberacoso afecta a cerca de uno de cada cuatro jóvenes de ocho a
diecisiete años en una muestra de veinticinco países de todo el mundo.
Insultos, amenazas, difusión de imágenes y vídeos comprometidos, divulgación de información de la víctima o incluso el pirateo de sus cuentas personales de internet, además de su no inclusión o aceptación en las redes sociales, son algunos
de las actuaciones que los acosadores utilizan y que producen el afloramiento de sentimientos como el aislamiento y la soledad en la víctima. Sensaciones que, sin lugar a dudas, afectarán a esos menores en el desarrollo de su personalidad y a su
identidad social.
En nuestro país, según pone de manifiesto la Fundación ANAR, a través de su 'II Estudio sobre Acoso Escolar y Ciberbullying', elaborado en 2016, las niñas son más vulnerables de sufrir acoso que los niños (un 66,7 % frente a un 33,3 %) y la
edad media de las víctimas es de tan solo 13,5 años, aunque también es cierto que se comienzan a detectar casos a partir de los nueve años. Si prestamos atención a la información ofrecida sobre el perfil de los acosadores, se da la circunstancia de
que también es más elevado en el caso de las mujeres y que la edad de los acosadores está comprendida entre los doce y dieciséis años. Además, si hablamos sobre periodicidad de este problema, el informe indica que la frecuencia es diaria en un 63,2
% de las ocasiones y semanal en el 13,8 %.
Y aunque las cifras son inaceptables, también es cierto que el mismo informe señala que en el año 2016 se produce un avance en la denuncia, concienciación, y visibilidad del problema, puesto que
tanto las víctimas, como los testigos se rebelan más. Parece ser que la sociedad española ha tomado consciencia de un problema que hasta ahora no tenía la suficiente repercusión mediática.
Tras la exposición de los datos anteriores, es importante señalar que la convivencia es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje. En primer lugar, porque debemos ayuda a relacionarnos en el entorno social, cultural y afectivo en
el que vivimos y en segundo lugar, porque aprender a convivir es vital para el desarrollo individual y social de cada persona.
En este sentido, los expertos nacionales e internacionales coinciden que la mejora de la convivencia escolar empieza por la responsabilidad compartida de todos los miembros de la comunidad educativa, pero no tan solo de los profesionales,
sino también de los alumnos, las familias y otros agentes socializadores. De hecho, los centros educativos que introducen una perspectiva comunitaria, rechazando cualquier tipo de violencia, rompiendo la ley del silencio, apoyando a las víctimas y
potenciando la intervención de los testigos, están logrando transformarse en escuelas seguras, solidarias, libres, democráticas e inclusivas.
Lo que quieren los niños y las niñas, las familias y el profesorado es un ambiente seguro para todos porque así se trabaja mejor y se aprende más.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar un Plan de actuación a nivel estatal orientado a responder a las necesidades concretas que se hayan detectado, en temas de ciberacoso y demás formas de violencia a través de las
redes. Un plan que, además, pueda abarcar los siguientes aspectos:
1. La coordinación entre la Administración General, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, para asegurar la cooperación y flujo recíproco de información, con el objetivo de emprender acciones que ayuden a eliminar este tipo de
fenómenos, pudiendo incluso crearse una plataforma digital a través de la cual se produzca la necesaria colaboración interinstitucional.
2. La incorporación de políticas educativas que promocionen la inclusión de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
3. La formación adecuada del profesorado, alumnado, padres y madres y demás miembros parte de la vida socioeducativa de los centros para ser capaces de afrontar los problemas y situaciones y proporcionar una formación adecuada en el dominio
de las competencias de las TIC.
4. La visibilización del trabajo de los centros educativos que consigan objetivos y resultados positivos.
5. La difusión de información de la prevención, detección e impacto de los incidentes de ciberacoso, a fin de sensibilizar a la comunidad educativa.
6. La formación del alumnado alrededor de su identidad digital, para que conozca sus derechos en Internet pero también sus deberes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2018.-Loreto Cascales Martínez, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Justicia
181/001464
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello
Texto:
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para avanzar en la normalización del uso de las lenguas cooficiales en el ámbito de la Justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2018.-Miguel Anxo Fernández Bello, Diputado.
Comisión de Defensa
181/001467
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello
Texto:
¿Qué disposición tiene el Ministerio de Defensa a ceder a otras Administraciones Públicas (Xunta o ayuntamientos) espacios naturales en Galicia que son de su propiedad pero que están desafectados de uso militar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2018.-Miguel Anxo Fernández Bello, Diputado.
Comisión de Hacienda
181/001475
Grupo Parlamentario Mixto
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda
Diputado don Enric Bataller i Ruiz
Dirigida a la Ministra de Hacienda
Texto:
El sector agrario valenciano está atravesando una coyuntura especialmente dramática debido a los devastadores efectos provocados por las lluvias que descargaron de una manera torrencial y persistente entre el 15 y el 20 de noviembre en la
Comunitat Valenciana. Este temporal, que se suma a anteriores episodios de pedrisco, viento y lluvias acaecidos durante el verano y el otoño, va a causar importantes pérdidas tanto en los principales cultivos que ahora mismo se encuentran en plena
temporada como en
las infraestructuras agrarias. Una primera valoración de urgencia efectuada por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) estima que los daños totales superarán los 70 millones de euros, aunque si la evolución del clima fuera
desfavorable esa cuantía podría ascender hasta los 120 millones.
Las producciones más castigadas por las precipitaciones son los cítricos, fundamentalmente, pero también de modo muy significativo el caqui y las hortalizas. Las causas de estos daños son la inundación de parcelas, y en el caso de los
cítricos la fisiopatía del 'pixat', que deteriora la piel del fruto, y la enfermedad del 'aiguat', que origina la podredumbre de la cosecha. Las comarcas de La Ribera, La Safor, La Costera, La Hoya de Buñol, L'Horta y Camp de Túria concentran la
mayor parte de los siniestros.
Ante estos hechos, pregunto:
1. ¿Va a aplicarse el módulo cero en la declaración del IRPF correspondiente a 2018 a todos aquellos agricultores y ganaderos que se han visto afectados por las tormentas de lluvias acaecidas en otoño?
2. ¿Van a establecerse ayudas de mínimis?
parte 1
parte 2