CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 389

EDUCACIÓN Y DEPORTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MIQUEL RAMIS SOCIAS

Sesión núm. 25 (extraordinaria)

celebrada el miércoles,

28 de agosto de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega), para:


- Explicar las últimas modificaciones en materia de becas. A petición propia. (Número de expediente 214/000080) ... (Página2)


- Informar de las intenciones del Gobierno respecto de la modificación del sistema de becas. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000885) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar esta sesión de la Comisión de Educación y Deporte del día de hoy, 28 de agosto, para celebrar las siguientes comparecencias que, lógicamente, van a ser acumuladas: A petición propia del
ministro de Educación, Cultura y Deportes para explicar las últimas modificaciones en materia de becas y también del propio ministro para informar de las intenciones del Gobierno respecto de la modificación del sistema de becas. Por tanto, señor
ministro, tiene usted la palabra.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Como acaba de señalar el presidente, esta comparecencia acumula tanto una petición propia para dar cuenta minuciosa a sus señorías de los aspectos contenidos en el Real
Decreto 609/2013, de 2 de agosto, en el que se establecen los umbrales y el sistema de designación de las becas y ayudas generales al estudio, así como de la norma que en desarrollo de ese real decreto se plasma en la resolución de 13 de agosto de
la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, en el que se establecen las bases de la convocatoria para el curso 2013-2014 de estas becas y ayudas. El objeto de la convocatoria a petición propia es explicar el sistema
de becas y ayudas generales al estudio que se plasma en el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto; por un lado, el del Real Decreto 609/2013, y también el de la resolución que, en desarrollo de ese real decreto, se
dictó por parte de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades el pasado 13 de agosto y que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 19 de agosto. Entiendo que la acumulación que se hace en esta
comparecencia de la petición del Grupo Socialista, que agradezco, para que se expliquen las intenciones del Gobierno respecto del sistema de becas y ayudas generales al estudio es perfectamente integrable en esa petición que el propio Gobierno había
formulado para explicar esta cuestión.


Como es lógico, sobre todo teniendo en cuenta los términos en que está redactada la petición de comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista, no se trata únicamente de ofrecer a sus señorías una explicación de carácter descriptivo y
técnico del sistema y de los rasgos del decreto y de la resolución de convocatoria, sino también de explicar en profundidad la lógica de este nuevo sistema, teniendo en cuenta que, como perfectamente conocen sus señorías, el sistema de becas
generales y ayudas al estudio es, desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades en materia educativa, la herramienta, el instrumento más importante del que se dispone en nuestro sistema de aquellos que obviamente están en manos de la
Administración General del Estado, al margen de aquellos otros que tanto otras administraciones como otros entes públicos y privados puedan poner a contribución en forma de ayudas que tengan la naturaleza de becas, subsidios, préstamos o cualquier
otra modalidad de participación en la financiación de la enseñanza, particularmente de la enseñanza no obligatoria.


Saben sus señorías que las becas y ayudas generales al estudio tienen un encaje constitucional que en la doctrina es discutido, en el sentido de que hay quienes lo residencian más en la declaración más genérica del artículo 27.1 de la
Constitución, es decir, en la declaración sobre el derecho de todos a la educación, y quienes lo ponen más en relación con lo ordenado por el artículo 14 de la Constitución sobre la igualdad, relacionándolo fundamentalmente con la igualdad de
oportunidades. No voy a entrar evidentemente en esa discusión doctrinal porque además entiendo que la base legal que sustenta, que ancla en nuestro sistema jurídico este sistema de becas y ayudas al estudio es perfectamente clara en el triángulo
legislativo o normativo que lo sustenta. Uno, de carácter general, el que aparece en cuanto a la naturaleza que tienen estas ayudas, que se refleja en la disposición adicional novena de la Ley 24/2005, de reformas para el impulso de la
productividad, en la cual se realiza una definición de estas becas y ayudas al estudio cuando no tengan asignado a priori un número determinado de beneficiarios como un derecho, es decir, como algo que no puede ser sujeto a concurrencia competitiva;
y con redacción distinta, pero con un encuadre en cuanto a la naturaleza del mismo muy similar, las dos leyes cardinales en materia educativa: por un lado, la Ley Orgánica de Educación, de mayo de 2006, en su artículo 83 y, por otro lado, la Ley
Orgánica de Universidades en su artículo 45, modificada sustancialmente en este caso por la Lomlou, por la Ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Universidades. Estas tres normas establecen un régimen jurídico de estas becas y ayudas al
estudio que, como señalaba anteriormente, por un lado las configuran como un derecho, es decir, que no las someten a concurrencia competitiva, las incardinan en el sistema de atribución que establece el artículo 22 de la Ley de Subvenciones y, por
otro lado -y creo que es muy importante, señorías, que retengamos esto y que lo pongamos en valor porque creo que es una formulación que es común a los tres textos normativos-,

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establecen con claridad que la atribución de este tipo de ayudas, que evidentemente no son todas las becas -hay, como saben sus señorías, becas que están sujetas a un número determinado de beneficiarios, becas que no se rigen por estos
criterios-, se basará tanto en las condiciones socioeconómicas, es decir, en los requisitos que se establecen de renta y patrimonio para poder ser beneficiarios de las mismas, como igualmente en el rendimiento académico de los beneficiarios. Es
verdad que lo hacen en términos distintos y, si me lo permiten, citaré literalmente cómo cada uno de estos tres textos trata la cuestión.


En la Ley Orgánica de Educación, en su artículo 83, al que me he referido anteriormente, se dice: En la enseñanza postobligatoria las becas y ayudas al estudio tendrán en cuenta, además, el rendimiento escolar de los alumnos. En la Ley
Orgánica de Universidades, en la Ley 6/2001, en su artículo 45, al que también he hecho referencia anteriormente, se dice que el Estado, con cargo a sus presupuestos generales, establecerá un sistema general de becas y ayudas al estudio destinado a
remover los obstáculos de orden socioeconómico que en cualquier parte del territorio impidan o dificulten el acceso o la continuidad de los estudios superiores a aquellos estudiantes que estén en condiciones de cursarlos con aprovechamiento. Y,
finalmente, la Ley 24/2005, de reformas para el impulso de la competitividad, viene a decir que las becas se concederán atendiendo al aprovechamiento académico, cuando proceda, así como a los niveles de renta y patrimonio con los que cuente la
unidad familiar. A diferencia de las dos leyes cardinales en materia educativa, en esta ley, que es, como les decía antes, la que con mayor claridad establece la condición de derecho no susceptible de ser atribuido en régimen de concurrencia
competitiva, es el aprovechamiento académico el factor que se cita en primer lugar, antes que esas condiciones socioeconómicas.


En este contexto, que yo creo que es importante que tengamos en cuenta como anclaje de todo lo que se refiere a la normativa que el Gobierno presenta hoy ante sus señorías en esta sesión, el real decreto fundamentalmente y en ese sentido,
como desarrollo del mismo, la resolución de convocatoria para el curso 2013-2014, no hace cosa distinta de lo que se ha venido haciendo en los años anteriores, porque así está establecido tanto en las leyes como en la práctica invariada de los
últimos años desde que este marco normativo está en vigor. Hay un decreto que pudiéramos llamar de base, es decir, un decreto en el que con carácter general se establecen las modalidades, los umbrales, etcétera -no el valor material de los
umbrales, sino los elementos que se toman en cuenta para los umbrales-, que es el Real Decreto 1627/2007, y sucesivamente, mediante decreto, el Gobierno durante todos estos años viene especificando o actualizando, según los casos, los umbrales
económicos y de rendimiento, y modificando parcialmente -así lo reconoce en su dictamen el Consejo de Estado- el Real Decreto 1627/2007. En este sentido, no quiero ocultar que efectivamente el real decreto de este año supone en cuanto al sistema de
concesión de las becas una modificación de mayor entidad respecto a lo que eran los criterios generales establecidos en ese real decreto. Quiero destacar preliminarmente en esta intervención que esa modificación responde a la decidida voluntad del
Gobierno de dar impulso a una mejora del rendimiento académico de los estudiantes, de forma muy particular en la educación universitaria, algo que está implícito en las tres normas que regulan esta cuestión pero que hasta ahora ha tenido un
desarrollo muy escaso, por no decir que nulo.


Antes de entrar en el detalle de la regulación, también quiero señalar que, con la excepción de lo que se refiere a los alumnos con necesidades educativas especiales, algunas enseñanzas especiales y los alumnos con capacidades especiales,
etcétera -además de las cuestiones que tienen que ver con los regímenes de excepción o especiales en materia educativa-, estamos hablando de un sistema que fundamentalmente, tanto en términos del número de beneficiarios como de los importes que se
destinan a ello, se refiere en todo caso a las enseñanzas no obligatorias, tanto a las enseñanzas secundarias postobligatorias en dos modalidades, bachillerato y formación profesional, como a las enseñanzas superiores, tanto universitarias como los
ciclos superiores de formación profesional. Quiero decir con esto que no estamos hablando esencialmente de lo que en términos constitucionales llamaríamos la dimensión prestacional del derecho a la educación, sino a su dimensión no prestacional, es
decir, la creación por parte del Estado de las condiciones que remuevan los obstáculos para hacer efectivo el derecho, dentro naturalmente de las disponibilidades económicas y de los límites que esas disponibilidades económicas y los techos
presupuestarios permitan.


Hecho este encaje general de la cuestión, permítanme, señorías, que pase a una descripción, que intentaré que sea lo más breve y eficaz posible, del contenido de ese decreto y, en la medida en que también contribuya a complementar esa
descripción, lo que en ese sentido se contiene en la resolución de 13 agosto a la que me he referido y que tiene que ver con el Real Decreto 609/2013. En primer lugar, umbrales económicos, que es un tema muy importante. Lo que se ha hecho en este
decreto es simplificar

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los umbrales vigentes del curso 2012/2013 que, a su vez, reproducían sin ninguna modificación los anteriores y que eran cinco. Se han agrupado en tres, pero se mantienen -esto es muy importante- los límites anteriores de estos umbrales; es
decir, en términos de cobertura social desde este punto de vista no hay ningún cambio respecto al régimen anterior. ¿Por qué se han reagrupado los umbrales? Esto tiene que ver con que el sistema anteriormente existente producía, como sucede
también en algunas normas tributarias, un efecto de escalones que daba lugar a que a veces diferencias muy pequeñas de rentas se tradujeran en diferencias en cuanto al acceso a componentes de escasa justificación, por no decir que de ninguna
justificación. Como a la vez también se ha operado sobre los componentes simplificándolos, lo que esta agrupación en tres umbrales de los cinco preexistentes genera es un sistema no solo más simple sino también más justo. El umbral 1, que es el
umbral más bajo de renta, sigue exactamente como estaba. Ahí no se ha producido ninguna modificación. El umbral 2 agrupa los anteriores umbrales 2, 3 y 4. Y el nuevo umbral 3 equivale a lo que era antes el umbral 5. Por tanto, como señalaba
antes, se trata de simplificar el sistema, dando lugar a uno más equitativo, que no tenga saltos arbitrarios e injustificados.


El sistema de atribución consta esencialmente de dos partes. Por un lado, un núcleo básico que lo constituyen las cuantías fijas que incluyen las cantidades que garantizan el derecho a la educación, en los niveles de que se trate, de las
rentas más bajas; una cuantía también fija por residencia para aquellos que se desplazan de su domicilio habitual, y la exención de los precios públicos en todo caso. Y por otro lado, una cuantía variable, cuyo importe en cada convocatoria y para
cada beneficiario se distribuye a través de una fórmula que tiene en cuenta el conjunto de la renta y patrimonio familiar y el rendimiento académico de cada beneficiario, produciendo un efecto en el que la menor renta da lugar a mayor importe y el
mayor rendimiento da lugar también a mayor importe individual. Para los alumnos universitarios las cuantías fijas serían: para el umbral 1, la exención de tasas; una cuantía fija ligada a la renta de 1.500 euros; en el caso de que se desplace de
su residencia habitual, una cuantía fija ligada a la residencia de 1.500 euros, y una cuantía variable que tendrá en cuenta el rendimiento del alumno y su renta familiar, con un importe mínimo de 60 euros. Tengo que decir que, en función de los
cálculos efectuados, el establecimiento de este mínimo de 60 euros para la parte variable en lo que se refiere a los beneficiarios del umbral 1 tiene un contenido esencialmente teórico, porque obviamente por el impacto que en la parte variable de
esta beca tendrá la renta -estamos hablando del umbral más bajo de renta-, siempre será con toda certeza superior a ese mínimo. El umbral 2 incluye la exención de tasas; en el caso de que tenga que cambiar de residencia en los términos que se
establecen en el decreto y se especifican en la resolución, una cuantía fija ligada a la residencia de 1.500 euros; e igualmente una cuantía variable según su rendimiento y su renta familiar, para el que se establece el mismo mínimo marcado que en
el umbral 1. Finalmente, en el umbral 3 el único componente al que se tiene acceso es el de la exención de tasas, al igual que sucedía en el sistema anterior con el umbral 5.


En el caso de los alumnos que cursen enseñanzas no universitarias, las cuantías correspondientes serán las siguientes: Para el umbral 1, al igual que en las universitarias, una cuantía fija ligada a la renta de 1.500 euros; en su caso, la
de residencia también de 1.500 euros, y la cuantía variable en los mismos términos que hemos planteado para las universitarias. En el umbral 2, una beca básica de 200 euros; en su caso, si hay movilidad, una cuantía fija ligada a la residencia de
1.500 euros, e igualmente una cuantía variable, con un mínimo establecido de 60 euros. Finalmente, en el umbral 3 que, como saben, es el umbral de renta relativa más alta, una beca básica de 200 euros.


Como he dicho antes, y creo que con esta descripción está más claro, el sistema supone que para la misma renta, el mayor rendimiento dará derecho a una mayor cuantía y para el mismo rendimiento, la menor renta dará derecho a una mayor
cuantía. La mejora en el rendimiento producirá mayor efecto en la cuantía de las becas de las que sean beneficiarios los estudiantes con renta y patrimonio más bajos. Además de ello -no voy a entrar en el detalle porque lo pueden ver sus señorías
en el texto-, hay algunas especificaciones de cómo funcionan estos componentes para quienes cursen enseñanzas de idiomas, cursos y pruebas de acceso a la formación profesional de grado medio y superior, proyecto de fin de carrera, FPI, que recibirán
la beca básica y la cuantía mínima variable si están en el umbral 2. También en el caso de los alumnos universitarios, aquellos que realicen el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años, proyecto de fin de carrera, enseñanza a
distancia, o matrícula parcial, recibirán la exención de tasas y, además, la cuantía mínima variable si están en el umbral 2. Y como señalaba también al principio de la intervención -y en esto básicamente no quiero detenerme puesto que no hay
ningún cambio respecto al sistema anterior-, tenemos cuantías adicionales por residencia en territorios insulares y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los subsidios y apoyos que se establecieron

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ya en el sistema anterior para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, transporte, comedor, residencia, material escolar, reeducación pedagógica o del lenguaje, tendrán un incremento del 50% cuando el alumno tenga una
discapacidad motora superior al 65%. Las cuantías fijas que correspondan al alumnado universitario con discapacidad igual o superior al 65% se podrán incrementar hasta un 50%. Respecto al alumnado con altas capacidades, se reproducen las ayudas
que estaban establecidas en el curso anterior para gastos de inscripción y asistencia a programas específicos.


Paso ahora, señorías, a los requisitos académicos. Lo primero que tengo que decir a este respecto, dado que ha sido un tema que ha tenido una amplia repercusión mediática y política y que el aspecto concreto al que voy a referirme ha sido
escasamente tomado en consideración, es que estos requisitos o exigencias de rendimiento académico no son una novedad que incorpore este real decreto, sino que estaban anunciados con todo detalle en el Real Decreto 1000/2012, que establecía los
umbrales económicos y académicos para la convocatoria del curso 2012-2013 y que, tras el diálogo previo y amplio con todas las partes interesadas que se ha establecido antes de llevar este real decreto al Consejo de Ministros, lo que se ha hecho
respecto a esos requisitos que, como digo, ya estaban anunciados, ha sido suavizarlos en alguna medida. Entonces atendimos una recomendación, que nos pareció razonable, de los rectores de las universidades en el Consejo de Universidades que, sin
manifestar en aquella ocasión -y remito a sus señorías al acta de esa sesión del Consejo de Universidades- en la mayor parte de los casos una discrepancia frontal con el incremento de esos requisitos académicos, hicieron ver que era razonable
conceder a los estudiantes un plazo de conocimiento anticipado de los mismos para que pudieran tener la posibilidad de incrementar su esfuerzo en la medida requerida y no encontrarse con ese incremento sin haber tenido conocimiento previo del mismo.
Ahora, como consecuencia también del diálogo que hemos tenido, se ha producido, como digo, la suavización de alguno de esos requisitos, en concreto el que se refiere a la obtención de beca y algunos aspectos del grado universitario, al mantenimiento
de los mismos y -quizá la que tiene mayor trascendencia- a la gradación que se establece en cuanto al requisito de nota de acceso para comenzar a disfrutar de una beca para los estudios de grado entre la posibilidad de acogerse a la exención de
matrícula y el resto de los componentes que se consideran, es decir, los componentes dinerarios de la beca.


Paso a describir estas exigencias y lo voy hacer, porque creo que son suficientemente conocidas, de una forma sucinta, sin perjuicio de que, por supuesto, cualquier aclaración o especificación que sus señorías juzguen oportuno demandar la
atenderé con muchísimo gusto en la réplica posterior. En relación con las enseñanzas no universitarias, los alumnos de primer curso de bachillerato deberán haber obtenido una nota media de 5,5 en la ESO. Los alumnos de primer curso de formación
profesional de grado superior deberán haber obtenido una nota media de 5,5 en bachillerato. A los alumnos de primer curso de formación profesional de grado medio, al igual que en el sistema anterior, solo se les exige estar matriculados y para
segundos cursos se exige superar todas las materias salvo una o superar el 85% de las horas totales, en el supuesto de las enseñanzas que se organicen por módulos. En cuanto a las enseñanzas universitarias, en el caso de los alumnos que cursen
enseñanzas conducentes a un título oficial de grado y enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo -ya prácticamente residuales- será necesario haber obtenido en el primer curso 5,5 puntos en las pruebas de acceso con exclusión de la fase
específica para el acceso a la exención de tasas y 6,5 puntos para el resto de las cuantías. En segundo y posteriores cursos, para acceder a la beca de matrícula se requerirá superar el 65% de los créditos del curso anterior en las enseñanzas
técnicas y en ciencias, el 80% en ciencias de la salud y el 90% en ciencias sociales y jurídicas y en artes y humanidades. Para el acceso al resto de las cuantías, se requerirá alternativamente el cumplimiento de una de estas dos condiciones: en
el caso de los estudiantes de enseñanzas técnicas, superar el 85% y en el resto el cien por cien de los créditos matriculados, o bien haber obtenido una nota media de 6 puntos -obviamente, solo en las materias aprobadas- en las enseñanzas técnicas y
en ciencias, y de 6,5 puntos en el resto de las titulaciones. Aclaro esto porque ha sido objeto de alguna interpretación confusa, aunque creo que en el texto está claro. Esta nota media se pide sin computar aquellos créditos que no se hayan
superado, es decir, solo -usando la terminología convencional- sobre los créditos aprobados.


En el caso de los alumnos que cursen enseñanzas conducentes a un título oficial de máster, las calificaciones medias en la fase de grado requeridas tanto para primero como para segundo curso serían, respectivamente, de 6,5 puntos cuando se
trate de másteres habilitantes para el ejercicio de profesiones reguladas y de 7 puntos cuando se trate de másteres que no habiliten para el ejercicio de una profesión regulada. En el segundo curso, además, se exige haber superado todos los
créditos del primer curso. En

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este sentido -puesto que la observación en cuestión ha sido reflejada en abundantes medios de comunicación y entendemos que no adecuadamente interpretada o, desde luego, no adecuadamente contextualizada-, quiero hacer referencia al dictamen
de la Comisión permanente del Consejo de Estado sobre esta cuestión -dictamen, como sus señorías saben, emitido el pasado 18 julio- que en términos generales viene a considerar conforme al ordenamiento jurídico el sistema propuesto pero que,
efectivamente, en términos de una consideración no jurídica, sino de oportunidad, señala que la política de becas además de asegurar la igualdad de oportunidades de todos aquellos que teniendo vocación y aptitudes para el estudio carecen de los
medios económicos para emprenderlos o continuarlos, debe ser un instrumento de estímulo a la mejora del rendimiento de los alumnos, especialmente de los estudiantes en los niveles superiores del sistema educativo. En todo caso, el sistema de becas
y ayudas debería tender a que las personas que carezcan de medios económicos para poder estudiar lo hagan de igual modo o del más parecido posible al resto de los estudiantes, sin exigirles una infalibilidad que no se exige del mismo modo al resto
de estudiantes, pero, al mismo tiempo, tampoco debería servir para desincentivar a los propios estudiantes, de suerte que, sabedores de que recibirán la ayuda, olviden que el éxito en los estudios debe ser una meta que siempre se debe intentar
conseguir.


No voy a hacer, como pueden imaginar sus señorías, una crítica o una valoración de esta opinión del Consejo de Estado, y quiero simplemente decir que si sus señorías han atendido a la descripción que se ha hecho de los requisitos, tanto para
la obtención como para el mantenimiento de estas ayudas, no podemos entender que se utilice el término infalibilidad. No digo que lo haga así el dictamen, porque en el dictamen la frase correspondiente es de carácter hipotético, pero realmente no
se puede hablar de estos requisitos en términos de exigencia de infalibilidad. No se puede hablar de infalibilidad, primero, porque para todo requerimiento se proporciona una alternativa que precisamente va destinada a evitar que, con la exigencia,
se pueda ver a un estudiante que ha hecho un esfuerzo apreciable y que si ha tenido un contratiempo puntual se pueda compensar con la vía subsidiaria de mantenimiento de la beca. Por otro lado, tampoco hay que olvidar, porque esto a veces se pierde
de vista, que cuando se habla de la posibilidad de tener una mal día otra cosa muy importante es que en la inmensa mayoría de los casos los estudiantes no solo disponen de la convocatoria ordinaria, sino también de la convocatoria extraordinaria, y
por supuesto esa convocatoria extraordinaria tiene plena validez a la hora de cumplir los requisitos.


Finalmente, en torno a este dictamen, como he señalado al principio de la intervención sobre el mismo, no se opone objeción de legalidad de ningún género ni de tipo competencial ni referida a la jerarquía normativa ni muchísimo menos reparos
de constitucionalidad, pero que otra observación de oportunidad que se formula en ese dictamen parte de una premisa cuyo origen desconocemos, porque desde luego no estaba en la memoria que se remitió al Consejo de Estado, acerca de la dotación de la
convocatoria del curso 2013-2014, que como digo, basándose en fuentes que no somos capaces de identificar, estima el alto órgano consultivo en 200 millones de euros menos que la convocatoria anterior.


Entramos con ello en un aspecto esencial de lo que les quería presentar esta mañana, y es el importe de la convocatoria. Esta observación, como digo, no solo no refleja la realidad, sino que la realidad es absolutamente contraria. Como se
refleja en la resolución de 13 de agosto de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Boletín Oficial del Estado del 19 de agosto, tras el acuerdo del Consejo de Ministros de elevación de límites del pasado 2 de
agosto, el importe de esta convocatoria se ha cifrado en 1.417,54 millones de euros, de los que 1.317,54 corresponden al presupuesto de 2014. Este importe supone un incremento superior al 20% respecto de los presupuestos de años anteriores; es el
mayor que nunca haya tenido lugar en nuestra historia presupuestaria, tanto en términos relativos como en términos absolutos. Estos son, señorías, sin perjuicio de los detalles o aclaraciones que sus señorías tengan a bien demandar y que con mucho
gusto intentaré satisfacer, los rasgos principales desde un punto de vista técnico y descriptivo.


Permítanme ahora algunas clarificaciones adicionales sobre el nuevo modelo que entiendo necesarias para la correcta comprensión del mismo, en particular a la vista de las interpretaciones erróneas, mal informadas o dictadas por el prejuicio
que se han ido realizando. Este modelo tiene en cuenta por primera vez el rendimiento de una forma concreta (Rumores), meditada, pensada y analizada, y lo tiene en cuenta, en primer lugar, para incentivar el rendimiento de los alumnos, promover el
esfuerzo, pero también -y creo que esto es muy importante ponerlo de manifiesto- para ofrecer a la sociedad, que es la que aporta los recursos para nutrir este programa, la garantía de que en un momento crítico en el que el esfuerzo por aportar esta
financiación es un esfuerzo que están haciendo las familias con sus impuestos y que esas familias están también teniendo sus problemas económicos, tengan o no tengan hijos en edad

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de cursar estudios, o en absoluto tengan hijos, y lo hacen porque es un esfuerzo que contribuye no solo al desarrollo educativo de sus propios beneficiarios, sino también a la mejora de la sociedad, tengan la garantía, repito, de que ese
esfuerzo que ellos realizan se ve correspondido o encuentra la corresponsabilidad de los beneficiarios en términos de un buen aprovechamiento de los recursos que a ello se dedican.


Esta no es una política aislada, no podría serlo, si al final la política de becas es la política material más importante que la Administración General del Estado tiene en materia educativa. Está en línea con todas las reformas y con todas
las políticas que se han impulsado desde este ministerio en orden a solucionar los problemas que aquejan al sistema educativo español, incluyendo de forma muy destacada la elevada tasa de abandono educativo temprano, que es no diría que solo la
principal amenaza a la equidad, sino que es la principal quiebra a la equidad de nuestro sistema y también la falta de resultados educativos apreciables, resultados no diría de excelencia, sino resultados satisfactorios que ponen de relieve, tanto
los resultados de los test que se hacen antes de la enseñanza universitaria -tanto Pirls como Timss como PISA- como los ránquines de nuestras universidades.


Como les he dicho, hay que comenzar el análisis del modelo teniendo en cuenta, primero, que la dotación es más generosa que la de los sistemas anteriores, y en segundo lugar, que la definición de los umbrales económicos para ser
beneficiarios del mismo no ha variado respecto al sistema anterior. Estamos hablando de distribuir cantidades mayores entre estudiantes que pertenecen a familias con la misma situación socioeconómica que se hacía antes. Quiero decir que no se
incluye como posible beneficiario elevando los umbrales a gente que antes no pudiera serlo. Se mantienen los límites inferiores y superiores de renta que existían. Por tanto se está operando sobre los mismos segmentos sociales y se está operando
con unas cantidades mayores. Desde ese punto de vista no resulta lógicamente sostenible que se esté, como se ha dicho por parte de algunos, haciendo un ejercicio para favorecer a unas categorías sociales en detrimento de otras, o que se esté
dificultando a determinadas categorías sociales, mejor dicho, se está haciendo exactamente lo contrario, porque ahora las familias con menor renta cuyos estudiantes accedan a estos beneficios precisamente por ser esa renta menor van a tener una
cuantía mayor.


¿Cuál es el efecto de tomar en consideración el rendimiento académico? En cuanto al efecto, naturalmente uno puede partir de la hipótesis de que partíamos ya a su vez del máximo esfuerzo posible de los estudiantes, y que por tanto el
incremento de los requisitos de rendimiento no va a producir ningún efecto, esa es una hipótesis que a mi juicio es absurda. Desde luego no es una hipótesis que se corresponda con lo que ha sucedido en otros países e incluso con lo que ha sucedido
aquí. Recuerden sus señorías las discusiones que, con motivo de la entrada en vigor del real decreto que establecía los requisitos de rendimiento académico, se plantearon para la convocatoria 2012-2013, donde algunos llegaron a hablar de una
reducción superior a cien mil en el número de becarios, y realmente -ya tenemos los datos, a falta de consolidar solo los datos de Cataluña- la reducción ni muchísimo menos ha tenido ninguna relación con esas anticipaciones. Si se pide un mayor
esfuerzo básicamente el resultado va a ser que se va a realizar un mayor esfuerzo. Lo que ya hemos visto es que ha habido un efecto -eso sí- en términos de la distribución entre áreas de conocimiento de las ayudas concedidas, en las que apenas
algunas han disminuido, mientras otras han aumentado. Eso tiene una cierta lógica en función del impacto que tiene la diferencia de notas de corte entre las distintas titulaciones.


El sistema es el resultado de una reflexión sobre unos objetivos y su comparación, sobre la base de realizar análisis muy minuciosos, muy detallados y muy rigurosos, entre -por lo que se refiere al acceso- la nota de acceso a la universidad
y el rendimiento posterior del estudiante, en orden fundamentalmente a maximizar la eficiencia de los recursos que se dedican, es decir, conseguir que los recursos que la sociedad dedica a esta política de apoyo educativo se inviertan de la forma
más eficiente, pero son requisitos absolutamente graduados. A la exención de tasas se le ha puesto una barrera de nota de acceso mucho más baja, y a todo lo que supone cantidades dinerarias se le han puesto exigencias como les he descrito antes
algo superiores.


Me gustaría detenerme, aunque sea brevemente, en el punto de inflexión que representa la nota de acceso del 6,5. Voy a facilitar a sus señorías una serie de datos estadísticos muy robustos realizados con la base de datos, que obviamente se
puede manejar a partir de los datos que se almacenan en el sistema de la Subdirección General de Becas. El espacio entre el 5 y el 5,5 son puntos de inflexión muy importantes en todos los indicadores de rendimiento posterior. Les voy a dar
algunos. El 20% de los estudiantes que ingresan al grado con una nota de acceso inferior a 5,5 abandonan en el primer año. Menos del 25% de estos estudiantes gradúan en tiempo, y -lo que creo que es aún más decisivo- solo el 44% de estos
estudiantes llegan a graduarse en el grado, y hablo de grado en sentido genérico, porque hablo también

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de licenciaturas, y haciendo una media entre las de ciclo corto y largo. Por lo que se refiere a quienes se encuentran en el tramo entre el 5,5 y el 6,5, es decir, quienes en una hipótesis estática de rendimiento tendrían acceso a la
exención de tasas, pero no a los componentes dinerarios de las becas, los datos serían que el 17% abandonan en el primer año, el 30% gradúan a tiempo, y el 54% llegan a graduar. Como les decía antes las leyes contemplan esta exigencia de
rendimiento académico, y también las leyes ponen en manos del Gobierno, a través de los decretos correspondientes, graduarlas en función de la política educativa. Este es un tema realmente clave. Por supuesto que cuando estamos hablando de estas
becas son unas becas y ayudas a las que solo se puede acceder en función del requisito no suficiente, pero necesario de entrada, de hallarse comprendido en un umbral económico que razonablemente se estime -como en esto no hemos hecho cambio, todos
coincidiremos en que esos umbrales son razonables- que se necesitan determinadas ayudas -del tipo que sea- para proseguir los estudios más allá de la etapa obligatoria, esta condición vinculada a esa situación socioeconómica evidentemente puede
combinarse o no con exigencias de rendimiento a la hora de intentar conseguir la mayor eficiencia en su uso, y también la mayor equidad. A mí me parece, señorías, que es equitativo que un rendimiento mayor tenga desde ese punto de vista la
recompensa de una ayuda mayor. A tal punto esto es así que en veinte de los veintisiete países de la Unión Europea el factor de rendimiento se toma en consideración a la hora de la asignación de estas ayudas. En concreto -hablo de una afirmación
realizada hace tan poco tiempo como el pasado 25 de junio, con ocasión de la presentación del panorama de la educación de 2013, de la OCDE- el director del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE, señor Van Damme, dijo
literalmente: la reforma del sistema de becas que está llevando a cabo el Gobierno español está en línea con lo que están haciendo otros muchos países de su entorno. Los sistemas de becas no solo se basan en los ingresos familiares, sino
igualmente en las notas o grados que adquieren los alumnos durante el curso. Los sistemas de becas de los diferentes países utilizan otro tipo de indicadores, no solo el indicador de ingresos de las familias, sino una cesta de indicadores que
incluyen notas, grados y algunos otros. Mucho más recientemente -tan recientemente como el pasado días 22 de agosto-, en la presentación que hizo el presidente Obama acerca de la reforma de la financiación de la educación universitaria, dijo
literalmente que una de las medidas para conseguir una mejora de la financiación, una mejora del acceso y una mejora del rendimiento sería -traduzco- requerir la responsabilidad del estudiante en sus resultados académicos. Para asegurar que los
estudiantes están realizando el progreso adecuado para su graduación, el presidente propondrá unas nuevas leyes que fortalezcan los requisitos de progreso académico de los estudiantes beneficiarios de los programas de ayudas.


Hay un elemento en esta discusión que, particularmente en lo que se refiere a la educación universitaria, está claramente desviado respecto de la realidad comparable, y es aquel que sostiene que el estudiante que proviene de entornos
socioeconómicos desfavorecidos tiende a tener un rendimiento menor que aquel que proviene de entornos económicos más favorables. Eso es cierto obviamente en lo que se refiere a los niveles básicos de la educación, es decir, el entorno
socioeconómico desfavorable o su proxy -a veces se utiliza el nivel educativo alcanzado por los padres porque no en todos los casos las estadísticas contemplan datos de ingresos, de patrimonio o de renta-, pero sí hay en la ingente base de datos que
a este respecto por ejemplo acumula la OCDE, a través de los datos de PISA y de otros estudios, una evidencia bastante robusta de que el efecto negativo que tiene la situación socioeconómica desfavorable de los estudiantes a la altura por ejemplo,
de casi el final de su enseñanza secundaria obligatoria, es decir, a la altura en que se hacen los test de PISA, es un efecto importante, un efecto del 13%, que explica el 13% de la varianza observada en el rendimiento. Pero lo que claramente
podemos ver con estudios españoles de los que puedo facilitarles una amplia base es que cuando se llega al final del bachillerato y a la PAU ese efecto ha disminuido de una forma absolutamente drástica, es decir, es del 3% en bachillerato y del 2%
en la PAU. En lo que podemos analizar, puesto que tenemos los datos de renta que naturalmente solo se refieren a alumnos cuya renta y patrimonio están comprendidos dentro de los límites que dan derecho a cualquier tipo de ayuda, incluida la
exención de tasas, por refrescar los datos -sé que sus señorías tienen en la cabeza la referencia- les diré que para una familia de cuatro miembros el nuevo umbral 3, que era antes el umbral 5, es un umbral de renta de prácticamente 39.000 euros
anuales, que está claramente por encima de la renta familiar media que se deduce de la contabilidad nacional, y por tanto estamos hablando de familias que no se encuentran, en el caso de este umbral superior, ni mucho menos por debajo del umbral de
la pobreza, y que representan una proporción importante de las familias españolas. Ahí hemos analizado con una base de datos verdaderamente muy robusta desde el punto de vista estadístico cuál es el efecto que tiene la renta familiar sobre el
rendimiento académico, tanto a nivel

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de notas de acceso como de notas en universidades, y el resultado es que da un R de 0,06, es decir, que el impacto de esas diferencias de renta sobre el rendimiento académico es, en el caso del acceso a la universidad y del desempeño
universitario, inferior al 1‰.


Lo que la evidencia internacional sugiere es que esa atenuación de las diferencias que se va produciendo en el curso del progreso educativo del estudiante se debe, en la mayor parte de los casos, en otros países a la efectividad de las
medidas de apoyo que se han ido implementando -no niego que ese sea también el caso parcialmente en la situación española-, pero desgraciadamente hay que decir que en buena parte la menor importancia de este efecto tiene que ver con algo anterior,
que es el 25% de abandono educativo temprano que se ha producido, porque ahí sí que es más que obvio que la proporción de estudiantes que provienen de entornos socioeconómicos desfavorables es mucho mayor, incomparablemente mayor que la de aquellos
que provienen de entornos socioeconómicos más favorables. Por tanto, señorías -y esta es la conclusión a la que en este sentido quería llegar-, el problema básico de equidad no se produce a este nivel, se produce antes. El modelo educativo actual
ha generado un problema de equidad que tiene lugar sobre todo en esa frontera que separa a quienes al finalizar o incluso sin haber finalizado con titulación la fase obligatoria dejan los estudios y a quienes no lo hacen. Tiene esto mucho que ver
también a nuestro juicio con un sistema como el que tenemos ciego a los resultados y tendente a disminuir el nivel de exigencia para todos por igual. Por eso cuando decía que este sistema nuevo pretende incentivar el esfuerzo, hacer valer el
rendimiento -y obviamente el rendimiento es el resultado del esfuerzo-, es una pieza más, y una pieza coherente, de una reforma educativa.


Vuelvo al tema de la dotación económica antes de finalizar con un breve resumen. Señorías, les decía que estas ayudas al estudio son el componente material, instrumental, más importante de la política educativa, al margen obviamente de lo
que supone la elaboración de legislación básica y las competencias en términos de coordinación, etcétera, que la Administración General del Estado tiene al respecto. Para que se hagan una idea, de esta dotación de la convocatoria de 1.417,54
millones de euros, la parte que se atribuye al presupuesto del 2014 va a representar sobre el presupuesto total del ministerio más del 50% del mismo, y sobre el presupuesto de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades más del 80%, y creo que el incremento en 250 millones de euros sobre la consignación presupuestaria del año anterior es una muestra evidente del compromiso de este Gobierno con el objetivo de que ningún estudiante que no tenga los
recursos, pero sí el talento y la voluntad de esforzarse para seguir los estudios, se quede sin poder hacerlo. Hemos dedicado mucho esfuerzo y mucho trabajo de convicción para que esto ocurra, en un entorno tan constreñido por las exigencias de
consolidación fiscal y tan limitativo para que se produzca este incremento en la dotación de las becas. Este incremento rompe una situación de práctica congelación presupuestaria de la dotación para estas becas que se arrastra desde el año 2008, y
aun sabiendo que esta decisión implica evidentemente renunciar a otras prioridades que pueden tener también mucho sentido en el ámbito educativo, hemos considerado que es esencial que en una situación como esta se mande a la sociedad el signo de que
el Gobierno está firmemente comprometido con esta herramienta de equidad. Pero nos parece igualmente importante que también la sociedad sepa que emplear con la máxima eficiencia posible esos recursos forma parte de nuestros compromisos, y es esa
lógica la que explica la modificación del sistema.


Señorías, pregunta el grupo que solicita la comparecencia, que como decía no es solo a petición propia, cuáles son las intenciones del Gobierno. Las intenciones del Gobierno las puedo resumir en tres frases: primero, instaurar un sistema
más equitativo, es decir, dar más a quien menos tiene y dar más a quien más se esfuerza; en segundo lugar, instituir un sistema más generoso, es decir, repartir más recursos; y en tercer lugar, instituir un sistema más eficiente, es decir, un
sistema que esté no solo incardinado en un propósito que todos compartimos de equidad y de justicia social, sino que sirva a la política educativa, que sirva a la disminución del abandono escolar temprano, que canalice mejor el flujo, tanto en la
enseñanza secundaria postobligatoria como en la universidad y en la enseñanza superior no universitaria. Estos son los objetivos que sirve esta política y que he presentado a sus señorías, agradeciéndoles en este momento la atención prestada.
(Aplausos.-El señor Meijón Couselo: ¡Qué cinismo!)


El señor PRESIDENTE: Pasamos pues a las intervenciones de los distintos grupos. Entiendo que por el Grupo Mixto van a intervenir dos portavoces. Les recuerdo que tendremos una primera intervención de siete minutos y por tanto hay que
compartirla, y una posterior réplica de tres.


Señor Álvarez Sostres, tiene usted la palabra.

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El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Señor ministro, señorías.


Muchas gracias, don Ignacio, por su comparecencia para tratar en este Congreso de los Diputados su política de becas y ayudas al estudio. Por cierto, que algunos consejeros -y es bueno decirlo-, como en Asturias, hacen declaraciones
últimamente diciendo que esta política de becas está articulada en la Lomce, lo cual es una barbaridad y una frivolidad demagógica preñada de ignorancia o en definitiva de mala intención. Parece una obviedad, pero es preciso repetir constantemente
que estamos hablando, señorías, de un concepto, y es que las becas son un derecho reglado, y en modo alguno son un bien graciable otorgado por la magnanimidad del Gobierno de turno. Este derecho -usted lo ha citado- queda enmarcado en todo un
conjunto de leyes. Usted ha citado concretamente dos artículos constitucionales -creo recordar que el 14 era uno de ellos- y a mí me gustaría referirme también al 87, que no lo ha citado y es importante porque regula los derechos fundamentales, y
en mi opinión este es un derecho fundamental para la igualdad de oportunidades. También lo son el artículo 6.3 -lo ha citado usted- de la Ley orgánica del derecho a la educación, el artículo 45 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, la disposición adicional novena de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, y al artículo 83 de la LOE. Es importante citar estas cinco leyes porque son el armazón jurídico que da soporte a ese derecho de las becas, que se fundamenta en
un doble principio: compensación de las condiciones sociales y económicas desfavorables y subvención en función del rendimiento escolar. Con este marco jurídico, el Decreto del año 2007, de 21 de diciembre, que estableció el régimen de becas,
establece los elementos básicos del sistema y sin embargo adquieren carácter anual aquellas cuestiones cambiantes como son los umbrales de renta y patrimonio, y el importe y cuantía de las becas.


La norma que nos traslada ahora, el Real Decreto 609/2013, de 3 de agosto, realiza estas funciones asignadas pero, si me lo permite y en mi opinión, con carácter restrictivo. No voy a detallar -no tengo tiempo para hacerlo- en qué se
fundamenta esa restricción, pero sí quiero decirle que no seré yo quien esté en desacuerdo con la medida de primar el esfuerzo y el aprovechamiento escolar para la consecución de una beca. Es y debe ser el elemento nuclear, pero siempre sumado al
elemento personal de la renta familiar. Tampoco seré yo quien se ponga a debatir sobre la cuantía de los umbrales de renta, que por su carácter anual son variables por sí mismos, ni quien le cite el problema que nos lleva a que distintas
comunidades tengan distintas tasas universitarias porque eso nos llevaría a debatir sobre la autonomía política y académica. O, si les parece, podríamos debatir sobre la heterogeneidad escolar que ha derivado hacia diecisiete sistemas escolares y
de alguna forma, con gran aplauso de ciertos devotos, de esta estructura gestada, originada, enraizada en los últimos veinticinco años, que pone en cuestión todo tipo de orden pero que solo es renovable por sus adeptos, por sus creadores. Lo que yo
le reprocho, señor ministro, no es eso, que ya le he dicho que sobre eso no voy a debatir, lo que yo le reprocho es el montante general fijado para becas, y ese sí que determina realmente la eficacia social de esta medida. Usted aquí nos ha dado
una cantidad, exactamente 1.417 millones, y yo, permítame, señor ministro, no sé qué fuentes está manejando usted. Yo manejo los presupuestos generales del año 2013 y estoy hablando de 1.222 millones de euros, que significan un descenso sobre el
año pasado del 12,6% y sobre el anterior del 11,3%; en total, un 24% de descenso. Estas reducciones tan abrumadoras son lo que le cuestiono, por dos razones: primera, transgreden claramente su propio programa electoral y por supuesto el programa
electoral de mi partido y, segunda, porque en momentos de crisis como el actual resulta contradictorio decir que la educación es el motor, el elemento impulsor para salir de la crisis, pero que al mismo tiempo sea uno de los más castigados por las
reducciones presupuestarias. En todas las ocasiones...


El señor PRESIDENTE: Don Enrique, lleva usted cinco minutos de su tiempo. Se lo digo porque tiene que compartirlo.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Termino ya. En todas las ocasiones nos hemos negado a aceptar esas reducciones presupuestarias y nos seguimos negando a aceptarlas, porque, entre otras cosas, cuando se pierde por parte de alguna o alguno una
oportunidad educativa, señor ministro, esta es irrecuperable para el alumno; no se le compensa con una nueva convocatoria. Lo que se va, se fue, y eso ya no es recuperable. En definitiva, suscribo el equilibrio entre el binomio
esfuerzo-patrimonio o situación personal de cada alumno, pero siempre en un equilibrio donde el montante general de becas sea suficiente, no sea tocable y sea pactable. Sea usted beligerante en el Consejo de Ministros en este tema. Tiempo
tendremos de hablar de otras cuestiones de educación.


El señor PRESIDENTE: Señora Pérez Fernández.

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La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Señor ministro, señorías, el Bloque Nacionalista Galego manifestamos nuestra opinión sobre el real decreto cuando este era aún solo un proyecto por todas las informaciones que se iban conociendo, le reiteramos esa
opinión cuando la secretaria de Estado compareció el pasado mes de junio en esta Comisión y nos explicó los términos del propio real decreto que en aquel momento aún no eran exactos, y ahora, una vez que se conocen los términos exactos del real
decreto -por cierto, desde nuestro punto de vista se han cumplido los peores augurios-, realmente nos reafirmamos en nuestra opinión y consideramos ya en este momento claramente que se vulnera la garantía constitucional del derecho a la educación.
A pesar de lo que ustedes dicen en el preámbulo y de las intenciones que manifiestan también en ese preámbulo, hay apartados de este real decreto que van a excluir del acceso a la enseñanza no obligatoria, desde nuestro de vista, a miles de
estudiantes, como ya lo hicieron los requisitos que se establecieron -efectivamente dice usted que no son nuevos- en el real decreto de 2012. Pero esta, señor ministro, no es solo nuestra opinión, resulta que nuestra opinión coincide con la de
miles de estudiantes, con la de miles de padres y madres, con la de miles de profesores y profesoras y, a mayores, con la expresada en el rotundo dictamen del Consejo Escolar del Estado del pasado mes de junio o con el rechazo que le hizo llegar la
Conferencia de Rectores, a la que por cierto no tuvo a bien recibir a pesar de que se lo han solicitado varias veces con respecto a este tema concreto. (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega, hace gestos negativos).


No es cierto, señor ministro, tal y como también recogen ustedes en el preámbulo y es algo en lo que usted acaba de insistir, que el Gobierno mantenga el esfuerzo financiero. No es cierto, porque en la cuantía de las becas hay que remitirse
-nosotros por lo menos lo hacemos- a los Presupuestos Generales del Estado y no está la cifra que acaba de dar usted, sino 200 millones de euros menos. La cuantía de las becas está congelada desde hace tres cursos y lo que realmente no se ha
mantenido ha sido el poder adquisitivo de las familias. Los umbrales de la renta familiar tampoco han variado en los últimos tres cursos y aunque hasta ahora eran cinco y ahora serán tres los umbrales, ustedes consideran que una familia de cuatro
miembros que supere los 14.600 euros ya estaría en el umbral 2, sin embargo el INE considera -consideraba ya en el año 2011- que una familia de cuatro miembros se situaba en el umbral de la pobreza con 15.700 euros. (El señor ministro de Educación,
Cultura y Deporte, Wert Ortega, hace gestos negativos). Sí, sí, estos son datos del INE y datos de los umbrales que ustedes establecen, señor Wert. Cuando intervenga me lo explicará, pero son datos que cojo de lo que usted establece en el real
decreto y de los datos que, por otro lado, están publicados por otros organismos del Estado. Esta misma cuestión la pone también en evidencia el Consejo Escolar del Estado, que considera que la congelación de las becas en los últimos cursos supone
de facto una reducción de la beca con impacto en las economías familiares. Por lo tanto, señor ministro, la filosofía debe ser cubrir las necesidades mínimas de los que quieren seguir estudiando, independientemente de la nota media que obtengan
porque ya existen suficientes requisitos académicos hasta ahora.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Señor presidente, permítame un minuto más.


Se trata de cubrir las necesidades mínimas, señor ministro, y no de premiar el esfuerzo, como ustedes han decidido, ya que estas no son becas de excelencia. Y cubrir las necesidades, señor ministro, de las personas más vulnerables, de los
estudiantes pertenecientes a las familias con menos recursos seguramente sería muchísimo más fácil si ustedes entendiesen que un alumno que puede permitirse estudiar en una universidad privada no necesita la beca de matrícula que ustedes le
garantizan en el artículo 4.1 del real decreto. Si se trata de contener el gasto público, señor ministro, ¿qué sentido tiene pagar la matrícula a estudiantes de universidades privadas?


Veo que no me queda más tiempo. Intentaré en la réplica puntualizarle un par de cuestiones más.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Pérez.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sánchez.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: (Comienza su intervención en euskera). Les decía que buenos días y bienvenidos en la vuelta al trabajo.


Hoy comparece, señor ministro, a petición propia y del Grupo Socialista para explicar las últimas modificaciones en materia de becas. He escuchado con atención sus explicaciones y argumentos y la

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primera reflexión que le quiero transmitir es que este grupo no comparte su visión de lo que debe ser la educación en todos sus niveles y tampoco en materia de becas. Quiero señalar, sin entrar a valorar su disertación sobre la normativa de
aplicación en esta materia, que compartimos con el Bloque Nacionalista Galego que este decreto vulnera la garantía constitucional del derecho a la educación. Hoy trae a esta Comisión una propuesta que en nuestra opinión quiebra el principio de
igualdad de oportunidades en ese acceso a la educación. Al Grupo Vasco esta cuestión nos parece una barbaridad y la aplicación de esta premisa nos parece irrenunciable. Reiteramos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades en el acceso a
esa educación. Señor ministro -y Euskadi además es un ejemplo de ello-, la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el ejercicio de sus competencias, para el próximo curso 2013-2014 aplicará en bachillerato y formación profesional el mismo criterio de
acceso a las becas que en la universidad. Solo se tendrá en cuenta el nivel de renta familiar para conceder una ayuda al estudio: principio de igualdad en el acceso.


Es cierto que también es necesario adoptar medidas de corresponsabilidad una vez iniciados los estudios, pero desde luego que se establezcan estas diferencias únicamente para poder acceder a esos estudios nos parece, como le decía, un
auténtico dislate. El planteamiento que hace su ministerio de exigir una contraprestación en forma de mayor esfuerzo y rendimiento académico para las ayudas que el Estado concede a estudiantes ha sido, además, rechazado desde el principio por la
comunidad educativa, señor ministro. Docentes de todos los niveles educativos, alumnos y alumnas, padres y madres, coinciden en señalar que las becas son un instrumento para la igualdad de oportunidades y que su objetivo no es premiar solo a los
buenos estudiantes sino garantizar el derecho a la educación, y le reitero la necesidad de corresponsabilidad en el tránsito del proceso educacional; pero, dicho esto, es absolutamente preciso garantizar, como le decía, en el acceso el principio de
igualdad.


La verdad es que no me voy a extender demasiado. Traía un discurso muchísimo más largo. Usted ha dado muchos datos; hay múltiples ejemplos. Lo que yo le pido una vez más es que mantenga abiertos los oídos, que mantenga una actitud de
escucha y que de alguna manera trate de buscar el consenso, como le decía, tanto con la comunidad educativa como con los grupos políticos aquí presentes en orden a conseguir un sistema que realmente dé el rendimiento y los frutos necesarios para el
futuro. Como siempre, nuestra disposición para trabajar conjuntamente en la consecución de ese objetivo.


Eskerrik asko. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.


De la exposición del señor ministro lo que más me llama la atención, y es lo que voy a comentar, son las cosas en las que no ha entrado, que creo que son muy importantes a la hora de hacer una política general de becas, y sobre todo la
relación que tiene con lo que es su objetivo, que evidentemente es doble: por una parte, cumplir con el principio de igualdad de oportunidades y, por otra parte, facilitar la mejora del sistema educativo. En este sentido, quería comenzar esta
pequeña reflexión partiendo de un tópico que está muy extendido y que me parece que de alguna manera aletea un poco en algunas de las cosas que el señor Wert ha dicho, y es esta idea de que en España la enseñanza universitaria, que es en la que me
voy a centrar, es barata, y además se dan demasiadas facilidades; es decir, que en España sacarse un título universitario es algo que está prácticamente regalado. Es un tópico que circula bastante, sobre todo en ambientes que se autotitulan
liberales y que realmente es profundamente equivocado e injusto, empezando porque en España la enseñanza universitaria no es barata porque, para empezar, la parte muy alta que pone el Estado del costo sale de los impuestos de los ciudadanos, cosa
que también el señor ministro ha recordado, de manera que al fin y al cabo todos acabamos pagando lo que consumimos; el Estado no nos regala nada porque además no tiene nada que regalar. Esto me parece un punto de partida importante a la hora de
ver las becas como lo que son, es decir, como un sistema para hacer efectivo el derecho a la educación, y no presentarlas como una dádiva por parte de las administraciones o del Estado a los estudiantes.


En esta línea me parece que es importante hacerse la reflexión de si el Gobierno, a través de la política de becas, está legitimado para introducir requisitos académicos extra para aquellos que por sus problemas de renta necesiten de una
ayuda pública para cumplimentar su derecho a la educación, y yo creo que no. Yo creo que el Gobierno no está legitimado para elevar más las barreras de acceso al disfrute

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de una beca -una vez entendido lo que es una beca- de lo que establezcan las propias reglas académicas. Cuando se incrementa el tipo de nota media para acceder a una beca, etcétera, más allá de la interpretación estadística que ha hecho el
señor ministro, dado que es un tema en el que se mueve como pez en el agua, lo que está claro es que cuando ponemos un umbral de acceso para una beca que es distinto del umbral de acceso para pasar de curso o para matricularse en una asignatura,
estamos introduciendo una discriminación puramente académica. Yo creo que no es el Gobierno, como decía, el que tiene que hacer este tipo de discriminación, sino que debería ser la autoridad académica, que es a quien le corresponde.


Una vez hecha esta reflexión, añadamos que usted no ha hecho ninguna alusión a dos problemas que a mí me parecen muy importantes para entender bien cuáles han de ser los objetivos de las becas. En primer lugar, un problema del que ha salido
últimamente mucha información, el problema de la desigualdad territorial. Es decir, las subidas que ha habido en las tasas universitarias son, como es sabido, tremendamente diferentes por comunidades autónomas, pero las subidas medias han sido
aproximadamente del 60%. Las universidades han tenido que ser las que administren estas subidas decididas por las comunidades autónomas dentro de la política del Gobierno de reducción del déficit público. Por lo tanto, nos encontramos con que las
familias en general se ven enfrentadas, vamos a decir, a una triple extracción: por una parte, sus rentas salariales han disminuido una media de algo más del 5% el año pasado, ha subido la presión fiscal -es decir, pagan más impuestos-, pero además
se encuentran con más dificultades a la hora de acceder a una beca porque se les piden requisitos académicos extras. Por lo tanto, lo que se está haciendo es elevar las barreras de acceso a la universidad a través de la subida de tasas
universitarias y matrículas, también a través de la subida de los requisitos académicos para acceder al disfrute de una beca y además añadamos a esto el aumento de la presión fiscal y la disminución de las rentas familiares.


Fíjese, por ejemplo, en que tampoco ha comentado el hecho de que -lo ha pasado usted de puntillas- donde más suben los umbrales de acceso académico es en los másteres. En el actual sistema académico español, que es en realidad el sistema de
Bolonia -y a continuación diré algo más sobre esto porque creo que es de extraordinaria importancia académica-, lo que realmente da acceso al mercado laboral con un título universitario es tener un máster, sea habilitante o no. En algunos casos es
además imprescindible porque sin un máster habilitante no se puede tener un título que permita el acceso al mercado laboral, y en otros casos porque tener meramente un grado universitario significa tener una titulación con pocas ventajas desde el
punto de vista de la competencia laboral. El acceso a los másteres es un requisito de tipo académico que no está nada mal. Es un 6,5% para los másteres habilitantes; por cierto, no vamos a hablar ahora de esto pero algún día me gustaría hablar
con usted de esta cuestión porque tenemos másteres habilitantes verdaderamente demenciales en algunos campos laborales, por ejemplo en formación del profesorado. Esto se ha traducido, junto con la subida de las tasas, que para los másteres ha sido
en algunos casos realmente escandalosa, en una disminución del número de alumnos de los másteres que creo que se estima en el 5%. Eso significa ni más ni menos que va a haber un 5% menos de titulados universitarios con posibilidades reales de
inserción laboral. Sin embargo, donde la política de becas que usted nos ha explicado es más exigente en el sentido de más cicatera -es decir, con más barreras de acceso- es precisamente en aquellas titulaciones que son las que sí dan acceso al
mercado laboral.


Añadiría además que el sistema de Bolonia tiene una serie de requisitos que nunca se han discutido en serio y que tienen mucho que ver con las propias características del Espacio Europeo de Educación Superior. Como todo el mundo sabe, el
sistema de Bolonia exige sobre todo dos cosas. A los alumnos les exige una dedicación exclusiva para hacerlo bien, lo cual significa que si un país, como es el caso del nuestro, ha elegido el sistema de Bolonia tiene que incrementar las ayudas
oficiales porque no se va a poder hacer seriamente si se pretende que los alumnos tengan que trabajar o buscar ingresos por otras vías en vez de poder tener, como decía, una dedicación exclusiva a los estudios. Por otra parte, el sistema de Bolonia
necesita más recursos académicos. Hace falta más profesorado, y hace falta más profesorado porque son precisos grupos más reducidos para tener una tutela efectiva y personalizada de los alumnos, que es lo que el sistema de Bolonia persigue. ¿Con
qué nos hemos encontrado en España? Con aumento de las tasas universitarias, con una creciente desigualdad territorial que hace que haya falta de igualdad de oportunidades según el lugar de residencia del estudiante y con la reducción de las
plantillas universitarias, que en algunos casos además, por ejemplo en algunas universidades de Madrid, son las que más han subido las tasas.

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Por lo tanto, el sistema de Bolonia en las actuales condiciones en España sencillamente es una impostura. No se puede desarrollar, no se puede hacer seriamente. No se puede pretender que ese sistema se lleve a cabo con sus objetivos
académicos cuando no se le dota de los recursos económicos mínimos para poder cumplir esos objetivos, igual que ha pasado en otros campos como el sanitario, pero evidentemente ahora no podemos hablar de eso. Lo que quiero decir es que al final nos
encontramos con que la política de becas de su ministerio no tiene en cuenta para nada los requisitos del sistema de Bolonia y no tiene en cuenta para nada el problema cada vez más grave en España de la desigualdad de base territorial. Porque
además añadamos, como comentario de pasada, que las universidades más solicitadas, que son las que tienen mejores resultados en los ránquines internacionales, son también algunas de las universidades que más han subido sus tasas porque están en
aquellas comunidades autónomas más endeudadas, como Madrid, Cataluña, Andalucía y alguna otra. Para ir acabando, porque este es un tema que necesita una reflexión larga, creo que, en contra de lo que usted ha dicho, el Estado está renunciando a lo
que es su obligación: garantizar el principio de igualdad de oportunidades y de desarrollo. Y además no existe ninguna congruencia entre la política de becas y la política académica de elección del sistema de Bolonia. Lo malo es que además no
solamente el Estado, en este caso el Gobierno, asume una misión que no le corresponde en mi opinión, que es la de determinar los requisitos académicos que permiten el acceso al derecho a la educación, porque esos ya los ha establecido la propia
universidad -y por tanto sobra poner barreras de acceso a las becas-, sino que en el fondo hay un problema de modelo de país; es decir, un país como España, donde su ministerio hace extraordinarios esfuerzos por conseguir el objetivo de que se
conceda a Madrid la celebración de las Olimpiadas para el año 2020, con lo que significa de incremento de la inversión pública que va a hacer falta en el caso de que ese objetivo se consiga -que no está cuantificado pero que se ha estimado en
algunos ambientes, creo que con bastante acierto, en unos 4.000 millones de euros- estamos hablando de cifras de dinero que son superiores a las que se van a dedicar a las becas, según usted ha dicho, aunque a mí no me salen las cuentas, espero que
luego las precise mejor. Esto es una elección política; gobernar es elegir. Si lo que pasa es que su Gobierno considera que son más importantes los espectáculos olímpicos que el derecho al acceso a la educación y el desarrollo de la educación
superior en España, digámoslo. Desde luego es la impresión con la que yo me quedo y eso me parece extraordinariamente grave.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Entramos casi en el nuevo período de sesiones, hoy es día 28. Ya saben ustedes que desde La Izquierda Plural creemos que estamos ante un Gobierno amortizado y también le hemos dicho muchas veces que creemos que
usted es un ministro amortizado. Estamos en un día 28 y no he podido evitar trasladarme a otro día 28 que se conmemora en diciembre; en este caso el atentado es contra la equidad y contra el derecho de los estudiantes; contra el derecho de
nuestros futuros alumnos al acceso a la educación, tanto media como superior.


Usted ha hablado aquí de algunas cosas relacionadas con una modificación, parece ser presupuestaria, que tampoco conocíamos nosotros. Evidentemente no debía conocerla el Consejo de Estado, lo que es grave puesto que tiene que emitir un
dictamen, pero que tampoco conocíamos nosotros, porque usted habla aquí de 1.417 millones de euros cuando en los presupuestos de este año, como ya le han dicho otros compañeros intervinientes, la cantidad era al menos 200 millones menos de los que
usted dice aquí, que son unos cuantos. (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega, hace signos negativos). Me parece bien que le haga gracia, pero como no lo conocemos, se lo decimos. Usted habla de los presupuestos para
2014, que los conocerán ustedes en el Gobierno pero que ninguno de los diputados y diputadas que estamos aquí conocemos. Tampoco sabemos el cumplimiento que habrá de los actuales ni las derivaciones presupuestarias. Por tanto, no nos venga a
hablar de lo que no sabemos, hable de lo que sabemos. Usted ya acusa al propio Consejo de Estado cuando dice que no sabe de dónde sacan las cifras para decir que hay 200 millones menos. Pues usted sabrá, porque se supone que ustedes le deben pasar
al Consejo de Estado toda la información para que este pueda hacer los dictámenes en función de esta información que ustedes les pasan. Si usted acusa al Consejo de Estado de que no sabe de dónde ha sacado que son 200 millones, usted está haciendo
una grave acusación a un ente importante de este país. Creo que se lo debería pensar, señor ministro.


Y ahora le diré cuáles son los datos. ¿Sabe usted cuáles son los datos? Los datos son que el dictamen del Consejo de Estado tiene una fecha de 18 de julio de 2013, que el Consejo de Gobierno se reúne para la aprobación del decreto el 2 de
agosto de 2013 y que la resolución de la que usted nos habla es de 13

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de agosto de 2013. ¿A quién pretende usted engañar ahora, señor ministro? ¿A todos los que estamos aquí? ¿Al propio Consejo de Estado? ¿Qué pretende usted decirnos? Porque el Consejo de Estado lo dice clarísimo; que a usted no le guste
es otra cosa, pero que dice muy clara su opinión al respecto también, señor ministro, y eso es lo que ha aparecido en todas partes. Y el Consejo de Estado lo que le dice, entre otras cosas, es que debería haber habido un estudio de impacto de todo
lo referente al decreto, desde el primer decreto que usted ha mencionado de 2012, y que ese estudio no se ha presentado. Y como no se ha presentado, el Consejo de Estado no tiene los suficientes elementos para dictaminar concretamente sobre la
evolución de lo que ahora mismo se pretende con ese nuevo decreto. Dice también que se rompe la equidad. ¿Que a usted no le gusta? Sí, pero lo dice. Y usted, para poner en oposición otras cuestiones, nos habla del modelo académico de Estados
Unidos con Obama a la cabeza. Lo siento por el señor Obama, lo siento por usted y lo siento por todo aquel que esté de acuerdo con el modelo académico de Estados Unidos, pero no es nuestro caso. Nosotros no queremos ese modelo de estudio. Ha
habido una portavoz que le ha señalado que en el INE hay una serie de cuestiones que reflejan la situación de crisis y económica de nuestro país, que reflejan cuál es la situación económica de las familias y dónde se ubica el umbral de la pobreza.
Si el umbral de la pobreza se ubica donde está -y usted conoce los datos, porque estamos seguros de que usted los conoce-, qué menos que ese reagrupamiento aleatorio que usted ha hecho -y que algún otro portavoz también cuestiona- lo hubieran hecho
a la baja. ¿Por qué no agrupan a la baja? ¿Por qué no agrupan en 1, 2 y 3, por ejemplo, que son familias con mayores necesidades económicas, y mantienen el 4 y el 5 con otras características? ¿Por qué no lo hacen así? Lo hacen al contrario.
Ustedes dicen que quieren ayudar, que quieren incentivar, pero lo que están haciendo con todas sus políticas es justamente lo contrario de lo que dicen o de lo que reflejan en sus normas.


Usted habla también una vez más del aspecto negativo de las cuestiones económicas sobre el estudiantado y sobre los alumnos y alumnas que quieran acceder a la educación, pero lo lleva a los primeros momentos de los cursos académicos, donde
hay abandono escolar. Y tiene esa parte de razón, yo no le voy a negar, señor ministro, que lo hay, pero en vez de incentivar precisamente para que se produzca en sentido contrario, para que esas familias tengan más ayudas, lo que está ocurriendo
es que esas familias cada vez carecen de más de recursos para poder mantener a sus niños y a sus niñas en el sistema académico. Y, además, cuando llegan a los niveles superiores, siguen volviendo a señalar demagógicamente que todos los españoles
pagamos no para que los alumnos y alumnas rindan académicamente, que eso está ahí, sino para que tengan esas becas. Y ustedes les dicen que cómo esas familias que no tienen hijos pero que pagan sus impuestos van a estar sin saber y sin tener claro
que los alumnos y alumnas que quieran acceder a los estudios superiores tienen una nota media considerable. Por favor, no se rían ustedes de nosotros ni de las familias que menos tienen. No se rían de ellas, porque son esas familias las que más
quieren que tengamos una educación de equidad en este país, las que más lo necesitan y las que más lo requieren, y pagan religiosamente sus impuestos, lo que no hacen las grandes fortunas, precisamente para que eso ocurra. No se rían ustedes más,
no utilicen la demagogia en ese sentido porque se están equivocando y equivocando al país entero, si es que el país fuera como ustedes quieren que sea; pero, afortunadamente, este país es mucho más inteligente de lo que ustedes consideran y saldrá
de la situación en la que vive, probablemente sin ustedes, que son los que nos están llevando a ello.


Señor ministro, cuando el Consejo de Estado le dice lo que le dice es porque ustedes no han cumplido con su obligación de pasarle todos los datos para que tuviera en su mano todas las cuestiones. Cuando ustedes le solicitan preceptivamente
al Consejo de Estado este dictamen es lo menos que pueden hacer. Lo principal para nosotros es, señor ministro, señorías, que todas y todos los estudiantes que en este momento hay en nuestro país que quieran seguir estudiando puedan hacerlo en
condiciones de equidad, y ustedes rompen con eso. Para unos tienen unas determinadas características y para otros, otras; para aquellos que tienen posibilidades, unas determinadas notas y para quienes tienen menos posibilidades, alzan la nota para
que haya menor equidad, para que tengan menor acceso a la educación. Me decía mi compañero aquí sentado, que él, gracias a que tuvo becas, pudo terminar su carrera -y como él muchos más-, porque si fuera por las condiciones de su familia, no habría
podido estudiar. Afortunadamente, el proceso de becas que había le permitió estudiar para tener hoy una carrera. Eso es lo que queremos para todos nuestros estudiantes, porque todos nuestros estudiantes y todas nuestras estudiantes en principio
tienen aptitudes y talento. Ayúdenles ustedes a que los desarrollen. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señor ministro, señorías, la verdad, estoy un poco decepcionado por tantos minutos de intervención y tan poca concreción. Un ministro, señor Wert, que tiene que comparecer para defenderse no solo de la
oposición, sino de los medios de comunicación, del dictamen del Consejo de Estado y que se ha olvidado del informe del Consejo Escolar del Estado, que le recordaba que, tal vez, para realizar un decreto de este tipo podría utilizar una entidad como
el Observatorio universitario de becas, ayudas al estudio y rendimiento económico para sacar un real decreto en condiciones. Busca el apoyo, la ayuda y la justificación otra vez en Europa, y esta vez ha llegado hasta Estados Unidos. Ya decía el
pasado junio la secretaria de Estado, doña Montserrat Gomendio, que las becas es una partida muy importante de su presupuesto, más de la secretaría de Estado. En aquel momento ella lo cifró en un 74,12% y usted hoy lo ha fijado en alrededor de un
80% para becas no universitarias y universitarias. Hoy nos ha dado una cifra, pero me gustaría que me diese la cifra de la liquidación. Al ser una convocatoria sin número fijo y determinado de beneficiarios, nos interesaría saber la liquidación y
si esa cifra que usted ha sacado tiene una referencia o es otra cifra que usted pone, como en la normalización lingüística, que dio la cantidad de 5.000 euros para una escolarización. Queremos saber si es un número que usted ha puesto o tiene una
referencia numérica objetiva. En aquel momento, recogiendo una frase de la secretaria de Estado, dijo: Nuestra responsabilidad es garantizar que los alumnos saquen el mayor provecho posible de los estudios que la sociedad financia. La sociedad no
solo financia las becas, también financia el resto de la universidad y, en este sentido, que yo sepa, no ha trabajado ni ha avanzado para saber cuál es el coste real de una plaza escolar, que sería un campo por conocer. Situó esta reforma en el
entorno de la Lomce, del Estatuto del docente no universitario y de la reforma universitaria. Ese entorno ya es de por sí muy crítico y muy criticado en estos momentos. Usted ha hablado de abandono escolar, pero ella añadió un apartado, introdujo
la tasa de idoneidad. Las dos tasas hacen referencia a equidad o no equidad, inequidad según ustedes. De ahí llegó a un número, 6,5. Usted hoy lo ha reafirmado con unos estudios amplios, justificados, objetivos, etcétera. Estos estudios podrían
haberlos hecho -a lo mejor lo han hecho y no nos lo dice- en otro ámbito que después le comentaré. En aquel momento ya le anunciamos nuestra posición en contra y aunque -usted hoy lo ha dicho- en el texto se ha suavizado el acceso a la beca para
tasa de matrícula a 5,5, Convergència i Unió continúa estando en contra de este real decreto.


Usted ha hablado del Consejo de Estado, pero el Consejo de Estado ha dicho otras cosas además de las que usted ha leído. Ha dicho que es necesario saber qué efecto social tendrá esta nueva estructura de becas, la cual no compartimos pero si
no sabemos cuál es el efecto social tal vez no llegará a todos los objetivos que usted está marcando. Aquí sí se podrían haber hecho simulacros con los ordenadores y los datos informáticos que ustedes tienen. Escuchándole a usted se me ha ocurrido
muy rápidamente preguntarle que si antes un estudiante que tuviera beca salario recibía 3.500 euros y ahora recibe 1.500 por la renta, y antes por residencia recibía 2.556 euros y ahora recibe 1.500, siendo igual la beca matrícula, ¿qué nota tiene
que sacar para igualar la cantidad económica de becas? Eso lo podrían haber hecho y creo que lo han hecho, porque si no es así, no han hecho sus deberes. Porque con los datos que tienen, y usted lo ha reafirmado en el 6,5, usted puede saber cómo
puede afectar socialmente a los umbrales la aplicación de este nuevo sistema de becas que se ha inventado. Los umbrales no se han tocado, los habrá tocado la crisis y habrá más familias que estén en unos y en otros, pero usted puede o debe -o
debería haberlo hecho- ver qué comparativa tiene y cuántos alumnos se quedarían sin ella, cuantos aumentarían y qué proporción de alumnos universitarios -con un simulacro con datos del año anterior- con este nuevo sistema podrían llegar a mejorar.
Como usted dice, el que tiene menos y estudia más será el que más becas recibirá.


En definitiva, señor ministro, ha hablado de ocultar; creo que ha sido valiente diciendo que es una modificación de mayor identidad, porque es de mucha identidad. Nuestro modelo es diferente. En Cataluña, con la parte proporcional que
podemos -y parece que, según vi ayer en algunos medios de comunicación, los rectores de Madrid le recordaron que puede ser un buen sistema-, tenemos las becas de equidad que están por encima de los umbrales a los que llegan las becas del Estado.
Del 25% de mayores ingresos del sistema público de Cataluña, en siete umbrales por renta, patrimonio y número de miembros familiares se distribuyen esos ingresos. Otros van a complementar el coste de plazas universitarias y otros van a becas
excelencia, no lo queríamos pero van a becas excelencia. Esa es una diferencia de modelo ideológico. Usted aquí impone elevados porcentajes de créditos a superar o, en su defecto, la nota de

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promedio de cursos anteriores. En Cataluña se puede cursar cualquier asignatura sin perjuicio de cursos anteriores, siempre dando una oportunidad al estudiante para desarrollar una asignatura aunque no tenga un historial impecable. Incluso
actualmente la Agaur, una entidad de la Generalitat, está trabajando individualmente casos excepcionales que se pueden dar.


Creo que ha llegado a un punto -tal vez le he malinterpretado- en que ha dudado de nuestros universitarios y de nuestros jóvenes, porque les ha dicho que para estudiar más hay que exigirles más para que tengan beca. Tal vez lo he
malinterpretado, porque después ha dicho que nuestros estudiantes sacan buenas notas en el ámbito universitario, independientemente de la renta de las familias. Me he perdido un poco y por eso quisiera ver si me puede aclarar ese tema de que los
estudiantes van a tener un plazo para incrementar el esfuerzo. Eso sí que lo ha dicho, pero no sé hacia dónde lo quería decir.


Ha hablado de Cataluña y ha dicho que parece ser que este año hay buenos resultados, de que han aumentado la dotación de becas.


El señor PRESIDENTE: Lleva ocho minutos, señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias.


A mí me gustaría que hiciese un estudio desde 2008 por comunidades. He hecho preguntas al ministerio que todavía no me han contestado y espero que me lo comente.


Para terminar, no ha hecho efectivo el traspaso de competencias de becas universitarias a la Generalitat, que a usted le gusta mucho, sentencia del Tribunal Constitucional 188/2001, de 20 de septiembre. Reivindicamos que los umbrales de
renta no son iguales en todo el Estado, en todas las comunidades autónomas. En definitiva, la Lomce, como reforma educativa ideológica de su Real Decreto-ley 14/2012, de medidas de racionalización del gasto público, donde con sustituciones, aumento
de ratios y aumento de tasas hizo un ataque a la educación, negándose a que el artículo 82.2, que regula las becas a comedores escolares y a transporte para enseñanzas obligatorias, se pudiese redistribuir de otra manera; imponiendo su Gobierno un
21% del IVA a las actividades educativas fuera del ámbito formal; reduciendo las partidas de los programas conjuntos con las comunidades autónomas; reduciendo becas Erasmus, Séneca, etcétera, y ahora solo faltaba este real decreto, señor ministro.
Estamos en contra de su filosofía, de cómo está llevando el Ministerio de Educación y cómo está llevando las reformas. Todos queremos mejorar la educación, hacerla más equitativa, hacerla llegar a todo el mundo, pero creemos que su camino no es el
correcto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Costa.


La señora COSTA PALACIOS: Vaya por delante que el Grupo Socialista le agradece esta comparecencia para hablar sobre la política de becas que le había solicitado y se lo agradece aunque sea, podríamos decir en el argot taurino, a toro pasado
porque ya tenemos los decretos, ya tenemos en el boletín abierto el plazo de solicitud y prácticamente, como ustedes hacen con frecuencia, comparece en sede parlamentaria tarde y no digo mal, pero, por lo menos, practicando la política de los hechos
consumados y sin atender ni a las observaciones ni a ninguno de los pareceres preceptivos y no preceptivos que le han hecho llegar y que están muy lejos de ser favorables a este real decreto.


Viene investido en cierto modo de sofista, con la esperanza de que repitiendo y repitiendo las mismas falacias con su habitual habilidad para el funambulismo, que yo le reconozco, y mezclando en un totum revolutum todo tipo de becas, haya
suerte y se disfrazan de medias verdades y así la comunidad educativa, la familia y la opinión pública ven con mejores ojos este real decreto. Pero creo, señor ministro, que esta vez tampoco va a lograrlo porque, aunque usted y su Gobierno lleven
casi dos años negando que el presupuesto para becas y ayudas no se ha recortado, los estudiantes y sus familias ya no se lo creen porque en su propia experiencia les consta que no es como usted y su Gobierno predican, que en realidad es un paso más
para que las becas dejen de ser consideradas como un derecho para convertirse en un premio graciable, y esto es otra cosa. Sin embargo, no quiero agotar los escasos minutos que me han concedido en estas consideraciones porque el Grupo Parlamentario
Socialista en muchas ocasiones y con distinto formato -preguntas orales, escritas, en Pleno o en Comisión, etcétera- siempre se las ha hecho y, por cierto, la posición de cada uno de los que han venido y nos han contestado es siempre la misma: que
se ha subido la cuantía, etcétera.


Vayamos al grano y el grano en este caso, señor ministro, es el real decreto. Como ya lo hemos leído y como usted además nos ha hecho aquí una glosa del mismo, no puedo detenerme en tecnicismos

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porque se me va el tiempo, pero simplemente quiero decirle sin paliativos que este real decreto supone una auténtica regresión en el sistema de becas y ayudas al estudio, por mucho que usted y su Gobierno lo vistan de seda. Es imposible no
darse cuenta, todos se dan cuenta, y nosotros también, por supuesto; todos nos damos cuenta. Si tuviera que salvar algo sería el preámbulo. Reconozco que lo de los preámbulos no se le da mal, pero luego en el desarrollo del real decreto, ahí es
donde se ve verdaderamente lo que supone esto.


El incremento permanente de los presupuestos de los Gobiernos socialistas para becas y ayudas al estudio había supuesto un avance histórico en el número de becarios y en la cuantía de las becas. No, señor ministro, no se congelaron las
becas en 2008. No haga juegos malabares. Todos sabemos, y se lo han dicho aquí, cómo eran los Presupuestos Generales del Estado. En 2003 y 2004 -todavía gobernaba el Partido Popular- el presupuesto para becas fue de 647 millones de euros; en
2008, 1.144 millones de euros y en los años 2012 y 2013-2014, en los presupuestos del PP, 1.434 millones y 1.221 millones con un pico de 70. Por eso le digo que no haga juegos malabares con las cifras. ¿A quién quiere engañar? Si tenemos los
presupuestos, si están en la web y lo sabemos. ¿No será que el Consejo de Estado cuando hablan de los 200 millones menos se está refiriendo a algo que verdaderamente ya estaba aquí y que todos sabíamos? No es porque se lo haya dicho a alguien y
sea como una cuestión de garganta profunda que se lo han dicho a ellos. Lo que ha generado su política es precisamente acabar con este derecho.


En el curso anterior ya hubo una primera modificación que elevó de 5 a 5,5 la nota para obtener beca. Sinceramente no quiero abundar más en los datos porque usted, a diferencia de otras comparecencias, ha venido también con las
estadísticas, los datos y los tecnicismos. Lo único que le puedo decir es que en el curso que estamos ha habido aproximadamente 25.000 estudiantes menos con becas y que los rectores creen que desgraciadamente en el curso que viene el total será de
80.000. Le tengo que decir también que cada beca que se pierde, se pierde el futuro del país y que puede que estemos asistiendo a la pérdida de una generación que en muchos casos accede a los estudios universitarios por primera vez. ¿Qué le va
usted a decir a estos 80.000 estudiantes que han perdido la beca? ¿Que su sistema es más equitativo, más generoso y más eficiente? Sinceramente no sé cómo se lo va a poder contar a ellos. La verdad es que no sabemos cómo calificar esta cuestión.
Pero en esta convocatoria todavía se ha ido más allá y se materializa en el nuevo sistema diseñado por el ministerio. Porque si duro era acceder -y en esta convocatoria se dice- a la Universidad, en mi opinión es más duro y casi heroico mantenerse
en ella. Usted está llevando a los estudiantes universitarios a falta de tres o cuatro créditos en muchos casos para acabar su titulación, no solamente al paro porque no tienen siquiera la posibilidad de trabajar, sino a sus casas, señor ministro.
Les manda a sus casas sin título, sin nada y con un gasto que también hemos hecho todos los contribuyentes. Es algo heroico porque además se les exige, como ya le ha dicho el Consejo de Estado, la infalibilidad, y, que yo recuerde, esta
infalibilidad solamente entre los mortales la tienen los papas, no sé si la tendrán que tener también los de menos recursos; no lo sé.


Este punto es el más conflictivo, ya se lo han dicho muchas veces y ya se lo han dicho los medios de comunicación porque es verdaderamente el que redefine de facto el objeto de las becas. Las becas están pensadas no como un premio, como he
dicho antes, sino para evitar que el derecho a la educación quede cercenado por las dificultades económicas de partida. Con la nueva situación el solicitante debe cumplir además con unos criterios de rendimiento académico que ya existían, señor
ministro, pero que suponen que las diferencias de renta sean determinantes para que haya desventaja y desigualdad. No le hablo de la fórmula de variabilidad porque tengo poco tiempo, pero simplemente quiero decirle que esta fórmula es de las más
contestadas, junto con los altos listones de razón económica.


Señor ministro, ha justificado esta reforma con argumentos que los datos desmienten. Una vez más, la reforma educativa del PP no se sustenta en un diagnóstico riguroso de la situación de partida y de las necesidades que deben ser atendidas,
y se lo ha dicho el Consejo de Estado que usted ha tratado de desmontar. Se lo han dicho prácticamente todos, todos a los que se ha querido preguntar: el Consejo Escolar del Estado, la Conferencia General de Política Universitaria, la CRUE, la
Conferencia Sectorial de Educación y, sobre todo -como hemos dicho aquí la mayoría y usted además se ha puesto el parche antes de que le tiráramos la piedra-, el Consejo de Estado, en el que usted se ha basado, en un informe demoledor, aún más
demoledor, si cabe, que el mismo consejo emitió con la Lomce, porque además le acusa de no haber hecho los deberes ni en el decreto anterior de 2012 ni en este y no tiene ninguna intención de hacerlo por lo que se ve.


El señor PRESIDENTE: Ocho minutos.

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La señora COSTA PALACIOS: Gracias, señor presidente.


Solamente con esta cuestión del informe del Consejo de Estado me hubiera bastado, como usted ha hecho, para desarrollar toda mi intervención y me la hubiera ahorrado, pero he querido decir algunas cosas más. Le quiero leer algo
verdaderamente grave, señor ministro. Se lo leo textualmente. Dice el Consejo de Estado: es significativo que no se indique cuál es el estado social que previsiblemente tendrá la nueva norma. No se apunta siquiera cuántos ni qué tipo de alumnos
pasarán a obtener o perderán becas y los efectos de ello, lo que puede ser trascendente y no necesariamente justo, señor ministro. Es una injusticia y lo dicen todos. Todos estos sectores han opinado e informado, pero no les ha hecho usted caso.


Ahora le formulo una pregunta muy concreta: ¿Por qué no se ha convocado ni una sola vez desde su creación, en octubre de 2010, el Observatorio de becas, ayudas de estudio y rendimiento académico, señor ministro? Quizá le hubieran evitado
algunos dolores de cabeza. Usted ha hecho un planteamiento ideológico -como lo llevan haciendo desde que gobiernan- y, en definitiva, dejan al descubierto cuál es la motivación esencial y última de esta reforma. Ese es uno de sus caballos de
batalla que todavía no ha descubierto, y es que quiere reducir la tasa de titulados superiores. Eso es seguro. Por eso cada vez que tiene ocasión habla sobre el derroche en becas, el discurso de que los becarios no se esfuerzan para tener buenos
resultados, sobran universitarios y universidades -claro, las públicas, porque las privadas crecen como hongos en España-, que hay un sistema poco exigente. Desde luego es muy poco exigente para los que tienen recursos; para los que no tienen
recursos es muy, muy exigente e injusto...


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.


La señora COSTA PALACIOS: Voy acabando.


Todas estas reformas no son más que una excusa para reducir el número de becas y ayudas, para dar un paso más en el objetivo de reducir el número de estudiantes universitarios. La única explicación que se nos ocurre, como le he dicho antes,
es que estas reformas tienen un objetivo ideológico, de clara orientación del Gobierno para reducir el gasto público educativo y especialmente el universitario, lo que sin duda va a favorecer la exclusión social y va a acentuar la inequidad
distributiva, en contra de lo que usted ha dicho antes. En realidad solo se exige el esfuerzo y el mayor rendimiento académico a las clases sociales desfavorecidas. El falso discurso -con esto acabo- de la excelencia de usted, de su Gobierno y de
su partido no es más que un vulgar discurso del recorte y de la austeridad solo para los que menos tienen. Los demás pueden permanecer en el sistema educativo hasta que su padre quiera dejar de pagar su matrícula y sus estudios. (Aplausos.-El
señor Pezzi Cereto: ¡Muy bien!).


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro.


La señora MORO ALMARAZ: Buenos días a todos en este reingreso en la Comisión de Educación al nuevo curso político y casi al nuevo curso académico.


Señor ministro, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, le agradezco su presencia de nuevo en esta Comisión y también el objeto de la comparecencia, que pretende una vez más, a pesar de lo que quieren hacer también los otros grupos,
clarificar los objetivos, los mecanismos y las novedades del real decreto de umbrales para la concesión de becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014. Hace poco más de dos meses, como ya se ha dicho aquí, la secretaria de Estado explicó en
esta misma Comisión las líneas generales del borrador -insisto en esa palabra- de norma que había de someterse a la consideración de otras administraciones de referencia y a los preceptivos órganos consultivos. Hoy nos ocupa el real decreto después
de algunas modificaciones. Como usted ha puesto de manifiesto, el texto publicado en el BOE este mismo mes responde al que fuera remitido por el ministerio al Consejo de Estado, tras las modificaciones efectuadas en la propuesta original, después
de oídos los distintos sectores y órganos con implicación en la materia. Se ha dicho aquí que no se ha oído a determinadas instancias y se puede poner de manifiesto, con sus propias declaraciones y con el repaso en prensa, que esto no es así, como
es el caso de la CRUE. El real decreto, siguiendo las pautas habituales de incorporación al cuerpo normativa en materia de becas y ayudas al estudio de alto contenido técnico, persigue además de los habituales objetivos la sostenibilidad del
sistema, tan esencial para seguir garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso al estudio en las etapas postobligatorias. No estamos, pues, ni ante una actuación anómala ni novedosa o excepcional, ni contraria a derecho, como el propio
Consejo de Estado ha reconocido y el señor ministro ha recordado aquí, a pesar de que se le puedan dar vueltas a un informe

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que tampoco tiene una grandes dimensiones, como pareciera deducirse de todo lo que estamos estirándolo en esta sesión. La misión de este instrumento normativo es proporcionar a la arquitectura del sistema la adaptación anual de los pilares
básicos de la concesión de becas y ayudas, tal y como se planteó años atrás; la de definir el presupuesto económico, los umbrales y el presupuesto académico, los requerimientos de rendimiento académico de los beneficiados, y ambos han de concurrir
para su consecución.


Podemos hacer toda la demagogia que queramos, aunque no debiéramos en las actuales circunstancias, so pena de una grave pérdida de credibilidad ciudadana, pero este, el modelo del real decreto, no es sino el instrumento técnico que permite
la sostenibilidad del sistema de becas, que en los peores momentos de recesión económica ha sido la prioridad que ocupa el primer lugar en el ministerio que usted dirige, por más que los argumentos de la oposición se empeñen en generar la opinión
contraria. He dicho que no debieran seguir los grupos políticos con la demagógica campaña de alarmismo y compulsión, reconocida públicamente, para calentar a las masas, sí o sí, el próximo otoño, aunque para ello haya que distorsionar los datos
hasta prescindir de ellos y sustituirlos a capricho, si bien cada uno responderemos ante la sociedad en la medida de nuestras actitudes. Aquellos que estos días han tenido la osadía e irresponsabilidad de referirse a la actual política de becas o a
la política educativa como arma de destrucción masiva deberían reflexionar detenidamente, porque por muy ingeniosa que parezca la frase ni siquiera en política vale todo.


En la comparecencia de la señora secretaria de Estado, que mencionaba, ya dije entonces que no es sencillo diseñar un buen sistema de becas en un momento de carencia de recursos económicos; cuando nos sobra el dinero las cosas se facilitan.
Sin embargo, el Ministerio de Educación, cuando ha tenido que optar en la planificación de su presupuesto, lo ha hecho en el marco jurídico que le venía dado, no lo cambió, y lo ha hecho para destinar los recursos a las becas, especialmente a
aquellas que aseguran el acceso a estudios en el marco del principio de igualdad de oportunidades. A pesar de ello, ha visto y sigue viendo oculta su acción en una vorágine interesada de críticas. El discurso político de gran parte de los grupos
de la oposición se ha enmarcado, y como hemos visto aquí continúa, en trasladar desasosiego y confusión a los ciudadanos. Por eso se comparan números y partidas distintas, por eso se sigue diciendo que los presupuestos dicen una cosa cuando dicen
otras, porque evidentemente si sumamos términos desiguales, es imposible llegar a un buen resultado en la comparación. Esto es obvio, todos lo saben, aunque cada uno utiliza las armas como buenamente puede. ¿Qué aporta esta actitud de los grupos a
la mejora del sistema? ¿Qué aporta a favorecer un dinámico, eficaz y sostenible marco de instrumentos para garantizar el derecho a la educación o el acceso a la educación y el estudio? Nada. No es extraño que no interese la lectura detenida de
los textos y que lo ya anunciado en el real decreto del curso pasado, en cuanto a requerimientos académicos para las becas, pasara desapercibido, porque últimamente a algunos lo que les interesa, si se me permite la expresión, es más el ruido que
las nueces.


Señor ministro, señorías, me disculparán una nueva obviedad, pero no hay una única manera de hacer bien las cosas, aunque el PSOE así lo crea cuando su argumento supremo se resume en un lamento del señor Pérez Rubalcaba: que nos cambian
nuestra, mi política de becas. ¿Pero es que solo su política es perfecta? Evidentemente no. Los hechos han puesto de manifiesto que su política no ese perfecta, y desde luego nunca son buenos aquellos sistemas que se terminan fagocitando, y no
son sostenibles porque desincentivan la consecución de los mejores resultados, porque presentan fallos que llegan a desvirtuar los objetivos allegando recursos a quienes no los necesitan o a quienes menos los necesitan. Hoy hay que explicarles a
los ciudadanos el destino de los recursos de todos; mejor, son los ciudadanos mismos los que perciben fallos y nos demandan otras respuestas. No comprenden por qué durante años se suavizaron hasta casi desaparecer los requisitos académicos. Son
también los que denuncian que la relajación en las exigencias académicas no ha servido para mejorar, para que más estudiantes completen sus etapas formativas, para que lleguen más a los niveles de educación superior. Un sistema de becas y ayudas
públicas ha de ir dirigido a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, pero no a garantizar cobertura indefinida para permanecer en los estudios a todo aquel que se matricula, sino al que lleva a cabo la tarea y se
esfuerza razonablemente.


El Grupo Popular ha mantenido -y lo sostengo en su nombre de nuevo a la vista de los datos y argumentos ofrecidos por el señor ministro- que es falso que en los dos últimos ejercicios presupuestarios se haya producido una disminución de las
dotaciones para las becas generales universitarias y no universitarias, que garantizan el acceso y continuidad en el estudio en etapas de educación postobligatoria. No estamos hablando de otra cosa. Tampoco estamos hablando de las competencias de
otras administraciones o de las propias universidades públicas para hacer sus programas de becas. Si lo

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mezclamos todo no hay manera de llegar a un entendimiento. Las partidas han sido idénticas en 2011, en 2012 y 2013. Además, como figura en el 'Diario de Sesiones' y aquí se ha recordado en manifestación de la secretaria de Estado en su
última comparecencia, el esfuerzo que se ha llevado en materia de becas es elevadísimo, un 74,12%, que viene a reforzarse con el anuncio del señor ministro de incremento de dotación, que son palabras pero son hechos y que se plasman en el
presupuesto, cosa que no pueden decir otros.


El señor PRESIDENTE: Ocho minutos, señora Moro.


La señora MORO ALMARAZ: Voy a terminar enseguida, señor presidente.


Es falso también que las novedades en la reglamentación del sistema determinen un cambio en los presupuestos económicos, perjudicando así a las rentas más bajas y que conduzcan a una rebaja radical en la concesión de becas. En el Grupo
Popular no admitimos lecciones en la defensa de la beca como derecho y del principio de que nadie quede relegado del estudio por falta de recursos, pero creemos que es compatible con mejorar el sistema, y este no puede hacerse equivalente a las
políticas de café para todos ni a las políticas de mala gestión con colchón de previsiones presupuestarias indefinidas. Este grupo defiende que las políticas educativas deben tener como objetivo el incentivo de la cultura del esfuerzo, y que ello
es compatible con la garantía de la igualdad de oportunidades. Consideramos también que han de valorarse en nuestro sistema de becas las condiciones diferenciadas de la enseñanza no universitaria y de la universitaria, de las grandes áreas de
conocimiento en las que quedan inscritas, y que los condicionantes son diversos en el acceso y en la continuación, y en esto se ha mejorado respecto a la propuesta inicial de real decreto. La sociedad hoy es más sensible ante la ineficiencia en la
gestión de fondos públicos, y demanda solidaridad y no arbitrariedad en el uso del dinero de todos. Esa misma sociedad sabe que no es mejor gobernante el que más gasta, el que genera deudas que hipotecan a varias generaciones, sino quien gestiona,
planifica y prioriza mejor.


Concluyo. Creemos por último que no hay que demonizar los planteamientos de corresponsabilidad de los beneficiarios de becas con la sociedad que proporciona los recursos, criterios estos que están presentes, se quiera o no, en los sistemas
de ayudas al estudio de múltiples países. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para tratar de dar respuesta o reflexionar sobre los comentarios de los señores portavoces, tiene de nuevo la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a las señoras y señores portavoces intervinientes por el tono de su intervención. Me van a permitir que, con la brevedad de
que sea capaz -ya sé que nunca es mucha-, intente dar no solo respuesta, sino aclaración a la parte más inquisitiva, digamos, de las intervenciones de sus señorías.


Tendría que empezar obviamente -porque creo que es un aspecto central, y porque creo que además el tipo de intervenciones de algunas de sus señorías refleja que aquí puede haber una cierta confusión conceptual, ya que como acaba de señalar
la señora Moro se están haciendo comparaciones sobre elementos heterogéneos- con el tema de la dotación presupuestaria, que me parece ciertamente esencial para entender el sistema y para entender de qué estamos hablando. Todo lo que he dicho
respecto a esa cuestión tiene un soporte inequívoco, y no atribuyo ni muchísimo menos mala fe a las interpretaciones que ponen en cuestión lo que yo he dicho, en función de los datos que aportan, porque reconozco que aquí hay una cierta complejidad
técnica en el sentido de que el programa de becas incluye muchas cosas distintas a las becas generales y ayudas al estudio; incluye por ejemplo los Erasmus de formación profesional, los Séneca, las becas -que ahora ya no van a ser becas- de
formación del profesorado universitario. Eso aparece reflejado presupuestariamente junto con las otras, pero aquí estamos hablando de las convocatorias de estas becas generales y ayudas al estudio así como de la consignación presupuestaria de las
mismas. Si nos atenemos, como entiendo que debemos hacer, a esa cuestión estamos hablando de unas cifras que en parte la señora Costa ha citado, aunque las mías son ligeramente distintas porque probablemente las suyas se refieren a presupuesto
liquidado, quizá en algún caso, aunque no entiendo por qué hay diferencias, pero estas en todo caso son muy pequeñas. Tiene razón, en el año 2004 el presupuesto era de 749 millones de euros y en el último ejercicio del Gobierno anterior del Partido
Socialista esa consignación era de 1.168 millones de euros. Lo que he dicho hoy es que desde el año 2008 esa partida no había tenido incrementos, y paso a detallar uno a uno los importes consignados

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-prescindo de los centenares de miles de euros-: 1.071 millones en 2008, 1.091 en 2009, 1.132 en 2010, 1.168 en 2011, 1.138 en 2012 -tengo que aclarar que en 2012 está fuera de esta consignación la ayuda para la exención de tasas de las
familias numerosas-, y de nuevo, cuando se reincorpora este importe a este programa, en 2013 la consignación es de 1.161 millones de euros. Con lo cual creo que es razonable decir que básicamente ese presupuesto en términos nominales apenas se
mueve.


Ahora pasamos a la consignación de esta convocatoria que se distribuye entre dos anualidades: se atribuyen 100 millones a la anualidad de 2013 y 1.317,54 millones a la anualidad de 2014. ¿Cómo puedo decir eso si el presupuesto no está
aprobado? Porque se explica por otra parte, señorías, en la primera página de la publicación en el BOE de la resolución de 13 de agosto de 2013 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, y ahí se aclara que, de
estos 1.417 millones de euros, 1.314,72 se invertirán en la convocatoria general y el resto en la convocatoria de ayudas para alumnos con necesidades educativas especiales, así como en la compensación a las universidades de las bonificaciones de los
precios públicos por servicios académicos de los estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres hijos. Esto también lo digo en relación con lo que la señora Pérez Fernández ha manifestado. Creo que podemos discutir de las
interpretaciones, y me parecen absolutamente legítimos -aunque evidentemente no los comparto- los juicios que se hacen sobre cuestiones tales como si es más o menos adecuado establecer lo que algunas de sus señorías han llamado barreras de entrada,
o si son excesivamente exigentes o no las barreras de mantenimiento, pero por favor no discutamos sobre datos fácticos como son las consignaciones presupuestarias y todo lo que he dicho acerca de los presupuestos, es decir, todo lo que he dicho
acerca de lo que supone el incremento en el importe de la consignación presupuestaria para 2014 y lo que va a suponer la convocatoria 2013-2014 lo mantengo y lo puedo mantener delante de cualquiera.


Permítanme también que antes de entrar en una contestación minuciosa a las observaciones de sus señorías les plantee una reflexión de tipo general sobre todas las intervenciones que hacen énfasis o que pivotan sobre el análisis de hasta qué
punto es justo, es equitativo o no es justo y no es equitativo este sistema. Yo les hago una reflexión muy simple. Si estamos hablando de una consignación presupuestaria que es mayor que la que ha existido hasta ahora, y al mismo tiempo de que los
umbrales económicos que son condición necesaria para el acceso a estos subsidios, para el acceso a las becas y a las ayudas son exactamente los mismos, es decir, no se ha producido ninguna modificación -por ponerlo en términos muy gráficos, no se
introduce como beneficiario del sistema a gente que antes no lo fuera; no se flexibilizan para que entre gente con más renta a los mismos-, no acierto a entender cómo se puede concluir que se está beneficiando a gente con más renta en detrimento de
gente con menos renta. Es perfectamente absurdo. Y no solamente es perfectamente absurdo, sino que es contrafactual. Es decir, si ahora estamos introduciendo una parte del variable como una función de la renta -y les recomiendo que estudien con
atención la fórmula que figura en el real decreto- evidentemente estamos dándole, respecto a lo que el sistema anterior establecía, un peso mayor a las condiciones económicas desfavorables sobre el que antes tenían. Insisto en que este argumento se
cierra, tiene su cierre lógico en el importe de la convocatoria. Es decir, estamos destinando más dinero a los mismos grupos de renta y patrimonio. Entonces ustedes pueden discutir y decirme -y me parecerá perfectamente legítimo-: nosotros
preferimos que se dedique ese dinero a dar menos cuantía a más gente y que por tanto no se establezcan barreras de entrada. Eso es perfectamente legítimo y no lo discuto. Yo tengo otro criterio, y cuando digo yo quiero decir el equipo que ha
trabajado intensamente por cierto, en un sistema que tiene muchísimas horas de reflexión de mucha gente detrás, análisis estadísticos muy sólidos, y ejemplos internacionales muy importantes y muy convincentes. Lo que quiero decir es que todo el
mundo -empezando por los especialistas de la OCDE- señala que cuando uno examina los sistemas de apoyo a los estudiantes -me refiero esencialmente a la enseñanza universitaria- que se practican en unos y otros países se llega a la conclusión de que,
en términos de eficiencia, es más interesante que haya unas ayudas más cuantiosas para los estudiantes en condiciones económicas desfavorables con buen rendimiento, aunque eso suponga reducir el porcentaje de estudiantes que reciben la ayuda, que no
distribuir -si me permiten una expresión muy gráfica- a boleo esos recursos de tal forma que la cuantía de las ayudas al final no le sirve a ninguno, pero entiendo que esto es perfectamente discutible. No seré yo quien ponga en cuestión que aquí
estamos manejando opciones distintas sobre cómo se distribuye con más eficiencia ese crédito.


Para finalizar con esta cuestión, y en relación con lo que la señora Pérez Fernández hacía notar, quiero decirle que no es como usted dice, señoría: el umbral 2 para una familia de cuatro miembros no son 12.000 euros. (La señora Pérez
Fernández: Yo no dije eso). Sinceramente no sé de dónde ha extraído

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usted esa cifra, o quizá le he entendido yo mal, no quiero polemizar en ese sentido. Lo que le quiero decir es que el umbral 2 es un umbral que está lejísimos de lo que se considera por parte del INE el umbral de pobreza, concretamente el
umbral 2 de renta familiar -siempre tomamos como referencia la familia tipo, es decir, la familia de cuatro miembros- es de 36.421 euros.


Hechas estas aclaraciones de tipo general, paso a responder a cada uno de los portavoces que han intervenido. Al señor Álvarez Sostres le diré que me satisface -al igual que a todos los demás- el tono y los agradecimientos que ha expresado
al inicio de su intervención, y puesto que el foco principal de lo que él ha dicho tenía que ver con los presupuestos entiendo que la aclaración anterior le tranquilizará respecto a esa situación. Plantea también el señor Álvarez Sostres -lo han
hecho otros portavoces de forma singular, como el señor Martínez Gorriarán- la cuestión de la heterogeneidad de los costes que se deriva de la distinta aplicación que por parte de las comunidades autónomas se hace de los márgenes existentes para el
establecimiento de las tasas de los estudios universitarios. No me gustaría entrar aquí en detalle sobre esta cuestión porque es -el propio señor Martínez Gorriarán lo ha puesto de manifiesto- por un lado enormemente compleja, y por otro que
básicamente excede de las competencias de la Administración General del Estado. Puede preguntarse que por qué excede de las competencias de la Administración General del Estado, pero estamos en el marco en el que estamos. En el Real Decreto-ley
14/2012 se estableció un margen y ese margen lo han utilizado las comunidades autónomas a veces de acuerdo con las universidades y en ocasiones no necesariamente de acuerdo con las universidades, y -si me lo permiten decir así- conforme a su leal
saber y entender, y efectivamente hoy contemplamos una heterogeneidad en cuanto a las tasas que con el sistema anterior no existía. En el sistema anterior, como recuerdan sus señorías, en la Conferencia General de Política Universitaria se acordaba
un porcentaje de incremento máximo entre todas las comunidades, ese porcentaje de incremento se aplicaba o se dejaba de aplicar por las comunidades o incluso por las propias universidades, lo cual daba lugar a una horquilla o a un abanico de
variabilidad muy inferior al actual, pero en un Estado compuesto como el que tenemos y con un reparto de las competencias como el que tenemos no tengo ningún problema ni ningún inconveniente en que esto sea objeto de debate en el seno de los órganos
de coordinación y cooperación que a este respecto existen. Ahora bien sinceramente creo que hay alguna interpretación sobre esta heterogeneidad de las tasas que desborda no solo lo que la misma materialmente supone, sino también las consecuencias,
sobre todo cuando esas consecuencias se plantean en términos de quiebra de un principio de igualdad de oportunidades. No hay que olvidar que esta discusión no sería lo mismo si estuviéramos hablando de la fase obligatoria y gratuita o de las fases
que no siendo obligatorias son gratuitas en el sistema público de la enseñanza. El hecho de que existan diferencias en las tasas -que por otra parte ya existían antes de que se aprobara el Real Decreto-ley 14/2012- en algunas universidades en
función del grado de experimentalidad de los estudios hay que entenderlo en el marco fundamentalmente de dos referencias: una, las competencias de las comunidades autónomas, y otra, la autonomía universitaria. Pero como les decía, tanto al señor
Álvarez Sostres como al señor Martínez Gorriarán, creo que es un tema de suficiente complejidad y enjundia como para que sea en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria donde se aborde y se reflexione sobre ello con la profundidad
que el mismo merece.


Respecto de las observaciones de la señora Pérez Fernández, además de lo que le he hecho notar acerca de los umbrales, quiero decirle -y también con esto respondo a algún otro apunte crítico sobre la pertinencia temporal de la comparecencia-
que esta no es la primera comparecencia que sobre este tema se produce en esta Comisión, como algunas de sus señorías han recordado. La secretaria de Estado compareció en el mes de junio y anticipó, antes de que se aprobara el decreto, cuáles eran
las líneas del mismo. Pero además tengo que decirle, en cuanto a la observación -que a lo mejor tampoco la he entendido bien- que me ha parecido escucharle a su señoría acerca de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, que hemos
mantenido con esa conferencia en torno a este decreto diálogo hasta el último minuto, y yo me he reunido, así como la secretaria de Estado y el secretario general de Universidades también han tenido todas las reuniones que la CRUE ha solicitado a
este respecto, así que desde ese punto de vista no ha habido ninguna falta de diálogo.


No sé qué decirle a la señora Sánchez Robles porque me hace en parte una crítica de totalidad, pero al mismo tiempo, como todo el mundo sabe, la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentra en el punto de las becas en un marco competencial
distinto al del resto de las comunidades autónomas, y para adelantarme a algunas de las observaciones que ha formulado el señor Barberà tengo que decir a este respecto que es cierto que estamos, sobre todo en relación con las previsiones normativas
de la LOU, en

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una especie de tierra de nadie competencial que probablemente no tiene mucho sentido. El desideratum normativo era el de que, por un lado -como se establece claramente en las dos normas cardinales, en la LOE y en la LOU-, los Presupuestos
Generales del Estado son los que tienen que atender a esta política, pero que la política de ejecución tiene que corresponder a las comunidades autónomas; es verdad que se ha avanzado poco, es absolutamente cierto, pero no es una verdad que se
aplique solo a los últimos veinte meses, es una realidad que viene de muy atrás. Les digo con toda franqueza y honestidad que yo estoy, que el ministerio está dispuesto a avanzar con las comunidades autónomas en un esquema razonable que haga pesar
más a las comunidades autónomas en la ejecución de estas políticas, porque además el sistema que hemos diseñado requiere inexcusablemente no solo la colaboración de las universidades -ya lo requería el sistema anterior-, sino también la colaboración
de las comunidades autónomas; y que en ese marco, que es doble -el marco de la Conferencia Sectorial de Educación y el marco de la Conferencia General de Política Universitaria-, se puede hablar de todo; también lo afirmo. Plantea el señor
Barberà por qué no hablamos también de cómo se distribuyen territorialmente las becas. Yo tengo la convicción -y estoy seguro de que el señor Barberà la comparte conmigo- de que las becas se dan a los estudiantes y no a las comunidades autónomas,
pero si observamos que hay algunos ingredientes en el sistema que están produciendo sesgos sistemáticos en función de los cuales hay comunidades autónomas que sin razón para ello se están viendo perjudicadas en el sistema de becas, por supuesto que
estamos absolutamente abiertos a estudiarlo con todo detalle.


Coincido con el señor Martínez Gorriarán -no solo coincido, sino que no creo haber dicho nunca cosa distinta- en que las becas no son una dádiva. Nadie ha dicho tal cosa. Cuando se suscitó esta discusión en relación con una intervención
mía, en la que dije que las becas no son una limosna, al otro día vi reflejado en algún medio de comunicación que yo calificaba las becas como limosnas. Desconocer el valor semántico de la partícula negativa complica un poco las cosas. Yo no creo
que las becas sean una dádiva. Estoy totalmente de acuerdo con la base normativa que en este momento tienen las becas y ayudas al estudio en este país. Creo que son un derecho, que no tienen que estar sujetas a un número determinado de
beneficiarios, que no tienen que estar sujetas a concurrencia competitiva; pero también creo -y me parece que es un argumento muy importante que ha expuesto la señora Moro- que es nuestra obligación, en las becas como en todo aquello en que hay un
desembolso importante de fondos públicos, un desembolso importante de dinero de las familias, trabajar en que sean eficientes y sostenibles. Y creo que a esas exigencias -lo he dicho en la primera intervención y lo reitero ahora- responde
claramente el sistema que se ha diseñado.


Tengo que discrepar, señor Martínez Gorriarán -y lo hago de una forma un tanto temeraria, porque discrepar de usted en estas cuestiones es exponerme a una contrarréplica muy aguda por su parte-, de su juicio acerca de la condición -que usted
califica de discriminatoria- de que los requisitos para aprobar las asignaturas sean unos y para acceder a las becas sean otros, y sobre todo tengo que discrepar del juicio de su señoría de que ello es contrario a la equidad o que no es equitativo.
La equidad se predica de condiciones iguales, es decir, tendría razón su señoría si me dijera que al beneficiario de la beca se le exige para aprobar algo distinto de lo que se pide a quien no es beneficiario de la beca; en ese sentido tendría toda
la razón del mundo. Todos somos partidarios de la equidad y de la igualdad, pero como se decía en un libro reciente que estoy seguro de que su señoría conoce, que incluso habrá leído, sobre esta cuestión del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen,
Una idea de la justicia, The idea of justice -así como en el siglo XVIII y en la primera parte del siglo XIX se habla del siglo de la libertad, y en la segunda parte del siglo XIX y en el siglo XX se habla del siglo de la igualdad-, todo el mundo es
partidario de la igualdad, todo el mundo es partidario de la equidad, pero hay que preguntarse igualdad de qué y en qué. Por eso es importante que aquí distingamos, sobre todo que planteemos con rigor el hecho de que estas becas y ayudas son un
tipo de prestación que recibe el estudiante con los criterios -porque así se dice en la Ley 24/2005- con los que se aplica el artículo 22 de la Ley de Subvenciones, y no tengan que coincidir las exigencias académicas para aprobar o para pasar curso,
incluso las normas de permanencia sobre las que, insisto, ni el ministerio ni la Administración General del Estado tienen ninguna competencia, y son las universidades las que lo determinan, probablemente en España -y en general en Europa- con menos
diferencias internas que en otros países, particularmente que en los países anglosajones. Es decir, ciertas universidades tienen normas de aprobado muy exigentes, tienen normas de permanencia muy cerradas; otras tienen normas distintas. Ahora,
que se establezcan unos requisitos diferentes de los que se exigen para aprobar, naturalmente siempre dentro de términos razonables y sobre todo de términos homogéneos -esa me parece que es la condición de equidad-, unos requisitos de rendimiento
para

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quienes son beneficiarios de las becas no rompe la equidad, entre otras cosas porque los requisitos de permanencia y los requisitos de paso de etapa y de cualquier otra cosa que suponga valoración del rendimiento del estudiante no son
homogéneos en ningún otro ámbito.


Doy por contestada -o por no contestada- la observación sobre la desigualdad territorial, y me parece muy interesante, señor Martínez Gorriarán, la observación que formula acerca de lo que pudiéramos llamar el efecto de Bolonia en torno al
modelo de estudiante full time. Eso es verdad. El real decreto tiene -porque en este sentido mantiene lo que había antes- cierta sensibilidad por lo que se refiere fundamentalmente a los estudiantes que están en universidades no presenciales, a
los que, por ejemplo, no se les exige que se matriculen de los 60 ECTS que se exige a los estudiantes en universidades presenciales. De todas formas, las universidades no presenciales, aunque formalmente no sea así, sí están fuera del marco de
Bolonia en este sentido. La verdad es que empíricamente en España la proporción de estudiantes que están en universidades presenciales -que son los destinatarios más importantes de estas ayudas- y que trabajen es una proporción bajísima. Comparada
con otros países es ridículamente baja; no llega al 4%. A mí eso no me parece bien, y no estoy echando la culpa los estudiantes, estoy diciendo que es un asunto que nos debe llevar a la reflexión. Tenemos que pensar por qué en España -que no es
el único país que aplica el sistema de Bolonia- tenemos una proporción -si quitamos el caso de la UNED naturalmente y de otras universidades no presenciales- tan baja de estudiantes que también trabajen a tiempo parcial. Si este sistema de becas
puede hacer alguna contribución a que esa combinación no resulte en una situación desfavorable -y con ello me refiero a que por el hecho de estudiar y trabajar no puedan acceder a las becas-, creo que es algo que podemos estudiar y sobre lo que
podemos reflexionar conjuntamente.


La señora García Álvarez debe mucho en el copyright de su intervención al Consejo de Estado. Tiene todo el derecho, no diré, ni muchísimo menos, que haya violado en su intervención la Ley de Propiedad Intelectual porque siempre ha citado la
fuente, pero tengo que decir -e insisto en este sentido en lo que la señora Moro ha destacado- que el informe del Consejo de Estado es un informe limpio. En primer lugar dice, y dice con claridad -punto II-, que el proyecto de real decreto se ha
tramitado de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto por el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 noviembre, del Gobierno. Describe a continuación con todo detenimiento todas las consultas que se han hecho. En el punto III dice: El
gobierno puede aprobar el proyecto de real decreto en el ejercicio de las competencias que según el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución ostenta el Estado para establecer las normas básicas reguladoras del derecho a la educación a fin de
garantizar la igualdad de todos los españoles en su ejercicio; tales preceptos son los que han amparado similares normas aprobadas en años anteriores. Es decir, que ratifica plenamente el anclaje competencial de la norma. Finalmente en el punto
IV del apartado séptimo dice también el Consejo de Estado: Analizado el proyecto concreto sometido a dictamen, en principio el Consejo no aprecia que el mismo sea contrario al ordenamiento jurídico. Efectivamente, como han señalado sus señorías,
luego hay algunas observaciones de oportunidad. Quiero decir con absoluta claridad porque me interesa que esto conste en el 'Diario de Sesiones' que no creo -y si así hubiera sido sería porque yo me hubiera expresado inadecuadamente- haber
formulado en mi intervención crítica ni muchísimo menos acusación, como ha dicho su señoría, o descalificación al dictamen del Consejo de Estado. Nada más lejos de mi intención y de mis palabras. He dicho únicamente que desconozco de dónde ha
obtenido el Consejo de Estado la información errónea que apunta en torno a las dotaciones presupuestarias. Creo que tengo toda la legitimidad del mundo para decir eso, puesto que les acabo de indicar cuál es la cifra correcta. También les digo que
no ha salido del ministerio aquella cifra que ha dado lugar a la interpretación errónea. Pero esto no quiere ni mucho menos implicar ningún tipo de acusación, y me atrevería a decir que ni siquiera crítica, al Consejo de Estado. Esto nos pasa a
todos. A veces pensamos que un dato es correcto, lo damos como correcto, y resulta que no lo es. Por lo demás, señora García Álvarez -y se lo digo con el mejor espíritu y con el ánimo más constructivo posible-, el sistema, por lo que se refiere a
umbrales, componentes y en particular lo que yo entiendo que es más complejo, que es el funcionamiento de la parte variable de las ayudas, no funciona del modo en que su señoría lo ha interpretado. Estoy, y lo está el misterio, a su absoluta
disposición para aclararle particularmente cuanto sea necesario o conveniente en este sentido.


A algunas de las observaciones del señor Barberà ya he hecho referencia. Evidente, señor Barberà, claro que hemos estudiado y hemos simulado las consecuencias, y les he explicado cuál es la lógica que está debajo del racional que establece
la barrera que ha sido objeto de mayor número de comentarios, la del 6,5. También hemos examinado cómo incide todo ello desde un punto de vista de una simulación

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estática en el funcionamiento del sistema, pero es que el sistema no es estático. El sistema tiene el objetivo de mejorar el rendimiento a través de la mejora del esfuerzo de los estudiantes. Entendemos que como los estudiantes han
dispuesto de un curso académico completo para adaptarse, habiendo conocido cuáles iban a ser esas exigencias, se producirá un efecto que no tiene por qué coincidir con las previsiones que se han hecho por parte de distintas entidades, grupos o
asociaciones de todo tipo sobre el efecto que anticipan de disminución del número de beneficiarios. Si sirve de algo habría que decir que las previsiones que se hicieron sobre cómo iban a disminuir los beneficiarios con la introducción de los
nuevos requisitos académicos que han funcionado ya en el curso 2012/2013 no han tenido nada que ver con la realidad, es decir, la disminución ha sido muy pequeña y la distribución, en el caso de las universitarias, entre ramas de conocimiento sí ha
tenido mayor importancia, en el sentido de que han aumentado en las áreas de conocimiento en que la exigencia académica expresada a través de la nota de corte es mayor y que ha disminuido algo en aquellas en las que esas notas de corte típicamente o
con carácter medio son menores.


Creo que ha sido la señora García Álvarez quien ha hablado de las universidades privadas. No sé si ha sido su señoría, si no es así me disculpo. Alguien ha hablado de que las universidades privadas engordaban y las universidades públicas
disminuían. Ha sido la señora Costa. No, no es así, señora Costa. De hecho, ha sucedido lo contrario, es decir, la matrícula del curso 2012/2013 ha aumentado en las universidades públicas y ha disminuido en las privadas, como por otra parte no es
tan difícil de entender teniendo en cuenta las circunstancias económicas en las que nos desenvolvemos.


Paso ya, para finalizar, a hacer alguna observación -aunque creo que lo básico ha sido ya contestado- sobre la intervención de la señora Costa. La señora Costa, al margen del tono que sin duda ha sido correcto y que agradezco, ha hecho una
especie de enmienda a la totalidad de la política, que me parece perfectamente legítima y que obviamente no comparto, pero sí quiero hacer algún matiz en torno a lo que supone apoyar su valoración en elementos que no son ciertos o que no son
rigurosos. No; nosotros no estamos mezclando becas, más bien todo lo contrario, estamos siendo rigurosos en distinguir las becas que están cubiertas por estas convocatorias que aquí estamos tratando y a las que se refieren el real decreto y la
resolución de 13 de agosto, del resto de becas. Nosotros no lo estamos tratando como un recurso graciable, todo lo contrario. No se puede sostener con seriedad que las becas hayan dejado de ser un derecho porque todo aquel -igual que sucedía
antes- que se encuentre dentro de los umbrales económicos y cumpla con las exigencias académicas va a conseguir su beca. ¿Que van a varias las cuantías? Sí, hemos dado clara y transparentemente la razón y cuáles son los dos ingredientes que van a
hacer que las cuantías sean distintas. Me parece perfectamente legítimo -y si no me lo pareciera daría lo mismo- que se objete el hecho de que se valore el esfuerzo, de que se valore el rendimiento o que se considere que una renta más baja debe dar
lugar a una cuantía más alta. Lo que no se puede decir es que las becas han dejado de ser un derecho y que se han convertido en una concurrencia competitiva porque eso, señoría, no es cierto. Vuelvo al primer argumento de mi intervención: si las
cuantías aumentan y aquellos que por circunstancias socioeconómicas pueden aspirar a las becas son los mismos, no creo que, desde el punto de vista de la equidad y de la justicia social, se pueda decir que este es un sistema que va contra una o
contra la otra. Se podrá, insisto, estar en desacuerdo con los criterios de reparto, esa es una opción, pero no se podrá decir nunca que se está atacando el principio de igualdad de oportunidades, porque las oportunidades son las mismas para todos,
ni se podrá decir que se está beneficiando -por decirlo de una forma muy gráfica- a los de mayor renta respecto de los de menor renta porque eso es total y radicalmente falso. Aquí nadie pierde la beca, perder la beca quiere decir que se le quita a
alguien un derecho que hubiera adquirido. Gente distinta se encontrará en condiciones de cumplir los requisitos que se exigen. En ese sentido no hacemos ninguna trampa, hacemos explícitos cuáles son los requisitos. Por cierto, si se comparan con
los de algunos sistemas que también incluyen requisitos académicos, habría que decir que estos son más bien livianos. Lo demás entiendo que entra perfectamente dentro del juego de las opciones de cada uno y de la forma de cada uno de entender la
equidad y, en ese sentido, no tengo nada que decir.


Finalizo esta intervención agradeciendo, como es natural, la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular e insistiendo -lo he dicho ya en el curso de mi intervención pero quiero reiterarlo porque me parece especialmente
importante- en los dos elementos de eficiencia y sostenibilidad que la señora Moro ha destacado. Evidentemente, las becas y ayudas al estudio son un instrumento de equidad y el polo social de las mismas no solo no se ha desatendido, sino que creo
que se ha reforzado con este sistema. Creo que hay argumentos de peso para acreditar esto. Además, tiene que ser un sistema eficiente y sostenible y tiene que alinearse con los objetivos de una política educativa que he expuesto ante esta Comisión
en repetidas ocasiones y de la que este sistema no es más que una pieza más. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Turno de réplica para aquellos portavoces que lo deseen, esta vez por tres minutos.


¿Van a compartir tiempo, señor Álvarez? (Asentimiento). Tienen ustedes conjuntamente tres minutos.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: No agotaré mi parte de tiempo. Quiero agradecerle la contestación al señor ministro. Realmente entramos en debates de modelos de contabilidad y eso no nos lleva a ningún sitio práctico. La verdad es que el
Ministerio de Educación está dentro de la propia política del Gobierno de restricciones presupuestarias importantes. Que yo sepa, en todos los programas del Ministerio de Educación ha habido un decremento importante: FP, nuevas tecnologías,
universidades, educación infantil; en fin, es prolijo el desarrollo de estas minoraciones. Yo lo que le pido es que debata y luche en el Consejo de Ministros para que las disminuciones en educación no se produzcan. A medida que se acentúa y se
extiende la crisis en el país es más necesario no bajar los presupuestos de educación, sino al revés. Ya sé que todo esto le está causando a usted un importante deterioro -vamos a llamarlo así- de imagen. No va a ser usted un buen candidato para
el Premio Naranja, pero esto es lo que hay. En definitiva, la clave del éxito no sé quién dijo que era un enigma y la clave del fracaso es contentar a todos, como usted dice.


El señor PRESIDENTE: Señora Pérez.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Señor ministro, no es polemizar pero le leo textualmente la nota de la CRUE del 20 de junio de 2013. Dice: En primer lugar, lamentamos la ausencia de diálogo del Ministerio de Educación con las universidades
respecto al nuevo enfoque del real decreto de becas, a pesar de las peticiones formales realizadas. Asimismo -sigue diciendo-, lamentamos la falta de comunicación al respecto, al haber sido informados del real decreto por una noticia filtrada a la
prensa sin tener conocimiento previo ni siquiera de la orientación que el real decreto iba a tener. Esto es lo que publica la CRUE.


Segunda cuestión. Señor Wert, ustedes establecen en el real decreto para una familia de cuatro miembros -y tampoco quiero polemizar con esto porque no tengo tiempo- un umbral de algo más de 13.000 euros hasta algo más de 14.000 euros. (El
señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega, hace gestos negativos). Eso es lo que establecen, mire los intervalos: entre 13.909 y 14.613. Eso es lo que establecen en el umbral 1 para una familia de cuatro miembros. Una familia
de cuatro miembros que tiene una renta de 15.700 está por encima del umbral 1, eso es lo que yo entiendo, a lo mejor lo estoy interpretando mal. Por lo tanto, el INE establece en el umbral de la pobreza la renta de 15.700 euros pero ustedes la
sitúan en el umbral 2.


Poro voy a lo fundamental, señor ministro. Dice usted que para el año 2014 se incrementa la dotación presupuestaria -acaba de explicar ahora cuáles son los números y de dónde proceden- y que los umbrales económicos siguen siendo los mismos
de los últimos años, y deduce de estas dos cuestiones que el real decreto le está dando mayor peso a los grupos de renta más desfavorecidos. Voy a ser muy directa para ver si me puede contestar...


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, señora Pérez.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: ... a las siguientes preguntas. Si dice usted que con este real decreto le estamos dando mayor peso a los grupos más desfavorecidos, dígame por qué la parte fija de la beca ligada a la renta del solicitante se
establece en 1.500 cuando venía siendo de 3.500 y la cuantía fija ligada a la residencia del solicitante se establece en 1.500 euros cuando también venía siendo de 3.000 o algo más de 3.000 euros. Desaparecen las becas de desplazamiento,
desaparecen las becas de movilidad. (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega, hace gestos negativos). Sí, desaparecen esos componentes. Por cierto, y acabo, señor presidente, las becas de desplazamiento, señor ministro, en
Galicia tendrán una repercusión dramática debido precisamente a la dispersión grave, como usted conoce, de la población en el rural, pero también la tendrán en el urbano.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sánchez.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor ministro, ha calificado mi intervención de crítica de totalidad. Es una opinión. Yo no la veo como tal en tanto que creo que he hecho una referencia clara a la necesidad de exigir a los alumnos y alumnas
ciertos niveles de corresponsabilidad a lo largo del proceso de formación. Ahora bien, es cierto que mi crítica sí ha sido rotunda, y lo quiero matizar, con la quiebra del principio de

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igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, a los respectivos ciclos formativos. Es verdad, es cierto que le he hablado, señor ministro, del modelo vasco, del modelo que hemos establecido en Euskadi en ejercicio de las
competencias que nos otorga el artículo 16 del Estatuto de Autonomía, que tiene su entronque en la disposición adicional primera de la Constitución, y como usted bien conoce presenta unos resultados sensiblemente mejores que la media del Estado. Es
rigurosamente cierto.


Le quisiera hacer también una pregunta, qué opina el señor ministro sobre el hecho de que para acceder a una beca para cursar FP de grado medio el único requisito que se exija es la inscripción en el ciclo, ninguna nota de corte. Me resulta
realmente curioso y la pregunta es si este hecho de alguna manera puede romper su teoría general y si no son aplicables las virtudes del modelo a esa formación profesional.


Brevemente también, y en todo caso cambiando de tercio, quisiera decirle que a lo largo de su intervención ha hecho referencia a malentendidos y esta circunstancia se suele repetir sistemáticamente tanto en sus comparecencias en Pleno como
en Comisión. A mí esto me hace formularle una pregunta: ¿Por qué tanto malentendido? Quisiera saber si no tiene la sensación de que hablamos poco entre nosotros.


Aprovechando esta ocasión que se me brinda en esta Comisión, quisiera decirle que nos encontramos a las puertas de la finalización del plazo para la presentación de las enmiendas parciales a la Lomce y eso supone que nos encontramos también
a las puertas de una gran oportunidad. Le voy a hacer una propuesta. Hemos estado hablando de fomentar la cultura del esfuerzo. Creo que debemos fomentar la cultura del esfuerzo para el consenso, la capacidad de diálogo y negociación, y tratar de
alcanzar acuerdos. Estamos a tiempo porque, como además usted bien sabe, y citando precisamente a Amartya Sen, Nobel de Economía a la que usted ha hecho referencia, la mejora de la educación y de la formación nos permite como ciudadanos una mayor
libertad e información para tomar decisiones más acertadas como consumidores, productores y ciudadanos, sirviendo como catalizador de cambios en la sociedad, y esta es la parte más importante, y permitiendo el desarrollo social.


Señor ministro, no perdamos más oportunidades.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Gorriarán, tiene usted la palabra.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Intervengo brevemente, como todos los demás.


Solamente voy a centrarme en dos cuestiones de las muchas que usted ha expuesto, que creo que tienen su importancia. Desde luego no quiero poner en duda si todos los que estamos aquí creemos o no en la igualdad de oportunidades porque
además es un requisito básico de la democracia y, por supuesto, creo que lo compartimos, otra cosa es cómo lo interpretemos, sobre todo su aplicación práctica, pero, claro, si usted reconoce, como ha hecho, que tenemos un grave problema de
desigualdad territorial en materia de tasas universitarias y, por tanto, de acceso a la educación superior, lo que no me sirve es que el Gobierno se limite a constatarlo como si fuera un observador cuando es su responsabilidad poner en práctica
políticas activas que compensen y resuelvan esto de alguna manera. Desde luego maneras hay muchas, aparte de que es el Gobierno quien tiene en esta Cámara la iniciativa legislativa para poder hacer algo, bien en el campo legislativo, bien en el
campo reglamentario o poner de acuerdo a las comunidades autónomas para hacer algo al respecto. Lo que no es posible es trasladar a los ciudadanos, en una situación de crisis en la que además se les está exprimiendo fiscalmente, también la
resolución del déficit público de las administraciones públicas precisamente en cosas como el acceso a la educación. Esto es lo que desde luego a mi grupo nos parece intolerable y también nos parece intolerable que el Gobierno hoy tenga una actitud
observadora de decir, qué lástima, qué problema tenemos con las competencias autonómicas. Pues hagan algo para solucionarlo. Esto es esencial.


La segunda cuestión que también me parece importante, y que usted no ha tocado, ha pasado por encima, es una cosa compleja que necesitaría una reflexión más amplia y espero que algún día tengamos la oportunidad, es la cuestión de los
másteres. Con el sistema de Bolonia -parece que gran parte de la sociedad española todavía no se ha enterado de esta cuestión- lo que da acceso al mercado laboral es la posesión de un máster porque el grado es media carrera, el grado es exactamente
lo mismo que antes era el primer ciclo de una licenciatura y nadie accedía al mercado laboral profesional con el primer ciclo de una licenciatura, hacían falta por lo menos los dos y si era posible con un doctorado. Aquí ocurre lo mismo y si
resulta que los másteres son mucho más caros por lo general y además los hay habilitantes -que son inexcusables para acceder a una profesión-, tenemos un problema con ese diseño académico y donde hace falta un apoyo especial precisamente para poder
terminar la famosa carrera académica es

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en el campo del máster, y es ahí donde nos encontramos con más dificultades. Evidentemente hay cuestiones que tienen que ver con la autonomía universitaria, pero otras tienen que ver con el desarrollo legislativo. Por tanto, esto es algo
que tenemos que tomarnos muy en serio, por supuesto empezando por el Gobierno. Las becas para los másteres, en mi opinión, no pueden ser tan cicateras académicamente, que no es lo mismo que exigentes, que es una cosa distinta, y lo que habría que
hacer es un esfuerzo en este sentido precisamente porque la igualdad de oportunidades nos exige que cualquier universitario debería poder terminar y completar su formación profesional, es decir, tener un máster. Para eso debería haber muchas más
ayudas y más accesibles que en la actualidad, igual que habría que decir a las universidades que lo que no se puede hacer es inventarse másteres y de precios estratosféricos, pero esta es otra cuestión.


Quería llamar su atención sobre estas dos cuestiones porque creo que tienen una enorme importancia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural va a hacer uso de la palabra la señora García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señor ministro, si hubiera estado leyendo el real decreto habría hecho copyright del Gobierno. Lo cierto es, señor ministro, que no voy a hacer copyright del Gobierno entre otras cuestiones porque su política y la
nuestra son totalmente contrarias. Por tanto, no iba a hacer copyright del Gobierno como usted puede entender.


Usted no ha debido estar atento porque yo solamente he hablado de lo que usted ha dicho fuera de explicarnos el real decreto. Y es verdad, algunos lo habrán podido comprobar, que tengo subrayado una gran parte de lo que dice el real
decreto, pero no he hecho la intervención copiando o haciendo el copyright al Consejo de Estado. Lo podía haber hecho, pero no lo he hecho. Lo podía haber hecho porque con una gran parte puedo estar de acuerdo; esencialmente le voy a decir con lo
que estoy de acuerdo y ahora sí que me va a permitir usted que, rehaciendo la referencia, haga un copyright del Consejo Escolar del Estado en lo que dice el dictamen final o las hojas que vienen del Consejo de Estado, para diferenciarlo. Aquí se ha
dicho que se ha hablado con la CRUE y que se ha tenido diálogo. No lo dudo. No lo voy a dudar, pese a lo que ha dicho la compañera, no voy a poner en duda que ustedes hayan tenido diálogo, lo que no les han hecho es caso, ninguno. De lo que dice
la CRUE al respecto ustedes no han hecho ni caso. Y lo que ha pasado en el Consejo Escolar del Estado, donde también ha habido estudiantes que han dado su opinión al respecto, ustedes sordos a los estudiantes. A ustedes no les importan los
estudiantes y las estudiantes, que son finalmente aquellos que pueden ser beneficiarios, pero a ustedes no les importa su opinión. Se dice también que se hubiera tenido en cuenta al Observatorio de becas, que ustedes lo crearon y, una vez creado,
olvidado. La Conferencia General de Política Universitaria solicita reducir la nota para la obtención de beca y ustedes lo mismo que le hacen a la CRUE, ni caso. Seguramente se han reunido con todos ellos y seguramente han hablado con todos ellos,
otra cosa es que les hayan hecho caso, que no se lo han hecho. Usted dice que no ha hecho ninguna acusación al Consejo de Estado con respecto a los 200 millones. Si usted le dice al Consejo de Estado que da unas cifras y que no sabe de dónde las
sacan, usted, en mi modesta opinión, le está diciendo al Consejo de Estado algo. ¿Quién tiene que dar los datos al Consejo de Estado para que finalmente emita el dictamen al respecto de lo que se le pide? El Gobierno, y si el Gobierno no le da los
datos adecuados, es un problema del Gobierno y no del Consejo de Estado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señor ministro, voy a empezar por repetirle una petición que le he hecho y a la que usted ha respondido ambiguamente, que es el traspaso de las competencias, según la sentencia del Tribunal Constitucional. He
visto que antes lo apuntaba, pero a lo mejor se le ha olvidado contestarme. ¿Qué opina? Ya sé que otros Gobiernos no lo han aplicado, pero el ministro ahora es usted, no son otros. Me gustaría saber cuál es su opinión y si su Gobierno está
dispuesto. Ha hablado de las competencias y ha dicho frases bonitas, por lo que a lo mejor tiene la voluntad de ejecutar ese traspaso y esa sentencia.


Segunda parte. 1.314 millones de euros son los del año 2014. ¿De dónde sale esa cifra? ¿Sale de liquidaciones, de previsiones de liquidaciones, a dedo, de la fórmula? Nos gustaría saberlo. Por ejemplo, podía decirnos: viendo los datos,
hemos calculado que con esta partida cubriremos muy bien las necesidades de la sociedad. Ha hablado de que por supuesto han hecho simulaciones. Supongo que no

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las habrá hecho el Observatorio universitario de becas y ayudas al estudio y rendimiento académico. Si las ha hecho, estaría bien que el Consejo de Estado las hubiese tenido, porque en su dictamen, después de las frases que usted ha
terminado de leer, le piden eso. Dice: analizando el proyecto sometido a dictamen, en principio este consejo no aprecia que el mismo sea contrario al ordenamiento jurídico. Esto lo ha leído usted. Después dice: Sin embargo, no puede efectuar
una evaluación con el deseable conocimiento de causa, como este mismo consejo ha dicho en el dictamen de 2012. En el año 2012 ya le avisó de que necesitaban más datos. Usted, como ministro o como ministerio, no les ha puesto encima de la mesa esas
simulaciones o estudios que seguro que han hecho. ¿No pueden ser visibles? Antes ha hablado de no ocultar, pues no los oculte, déjenos acceder a ellos, deje acceder a ellos al Consejo de Estado. Tal vez después de acceder a ellos no estaremos de
acuerdo en la nota, en el 6,5, tal vez no estaremos de acuerdo en eso, pero al menos veremos que todos los cambios que ha orquestado su ministerio en el sentido de becas salario, de residencia y todos los cambios que han hecho no tienen ningún
objetivo oculto de disminuir la partida. Aunque la partida final sea mayor, no sabemos de dónde sale. Tengo confianza en usted, pero hasta cierto punto. Me gustaría que objetivamente me lo razonase y me pudiese dar los datos. Si no me responde
ahora, se lo pediremos por escrito, pero sería interesante que nos lo dijera, habiendo afirmado usted que están esos estudios, aunque es verdad que después ha dicho que los han hecho asociaciones, pero supongo que el ministerio los habrá hecho
también.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Costa.


La señora COSTA PALACIOS: Señor ministro, cuando usted comparece bajo la hojarasca de las cifras y el manto de los tecnicismos jurídicos, el resultado es menos brillante. Esto se lo digo por si acaso usted quiere rectificar en las próximas
comparecencias. Parece que esto se le da peor. Tenemos la idea de que el real decreto y toda su política, en general, atenta contra la igualdad de oportunidades. Esto se lo ha dicho el Consejo de Estado, que hoy es la reina de la reunión, pero se
lo dice también cualquiera. Si el ministerio no les exige nada más que el aprobado a los alumnos que no necesitan becas porque tienen recursos, es una desigualdad y una desventaja lo contrario. Ponga usted esta premisa o la otra, da exactamente
igual cómo sea el silogismo. Si se les exige más rendimiento académico, lo normal es que tengan más dificultades para acceder. Además este real decreto es disuasorio, porque trata de quitar los incentivos para acceder a la universidad, y ya de
mantenerse en la universidad para qué vamos a hablar. Por supuesto, las familias de los estudiantes de rentas más bajas no se arriesgan, porque para qué van a dejar la carrera a la mitad. Es imposible tanto para el acceso como para el
mantenimiento.


Usted nos ha hablado de cifras. No quiero ser muy pesada con las cifras para no caer en lo mismo que usted, pero no discutamos sobre datos fácticos. Los datos que le he dado antes sobre los presupuestos de becas no son como usted dice. No
sé qué página web de su ministerio está mirando, porque los datos que nosotros hemos traído son los de la página web de su ministerio. Están muy claros: En 2011-2012, 1.620 millones; en 2012-2013, 1.434 millones. Esto está aprobado en esta
Cámara en los Presupuestos Generales del Estado. Por supuesto, no podemos ver los de 2013-2014. No nos intente confundir -quizá esté ahí la trampa- mezclando lo académico con el año natural. Aquí la mayoría entendemos y distinguimos perfectamente
lo que es un año académico y un año de Hacienda a nivel de presupuestos. Quizá con esta mezcolanza es con lo que quiere convencernos.


Voy acabando. Quiero decirle que usted ha citado -me parece importante y los tenía, pero después no he podido traer los datos- a los especialistas de la OCDE y la comparativa internacional. Nosotros tenemos otros datos, que me voy a
permitir leerle. Las becas basadas en necesidades, es decir, en la situación económica del estudiante y su familia están mucho más generalizadas en Europa que las becas basadas en méritos académicos. Veintinueve de los treinta y dos países o
regiones ofrecen becas basadas en necesidades, mientras que tan solo dieciocho casos de los treinta y dos ofrecen becas basadas en el mérito. No sé cuál de los dos datos estará bien, pero creo que los nuestros.


También ha hablado de una serie de estadísticas en el ministerio...


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Costa, por favor.


La señora COSTA PALACIOS: Estoy concluyendo.


Todas estas cuestiones se las hubiera ahorrado si hubiera hecho el estudio que el año pasado ya le pidió el Consejo de Estado. ¿Por qué no lo ha hecho y por qué, parece ser, no lo va a hacer? Le pregunto: ¿lo va a hacer? Todo me indica
que no.

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No me ha contestado a la cuestión del Observatorio de becas. Le he formulado una pregunta muy directa, la de por qué no lo ha convocado, con ese afán de diálogo que usted tiene.


Por último, como usted bien ha dicho, mi intervención en nombre del Grupo Parlamentario Socialista ha sido una enmienda a la totalidad -tenemos que ser coherentes-, pero es que ahora le solicitamos de nuevo la retirada del decreto de becas y
que realicen un estudio profundo, un diagnóstico verdadero sobre las consecuencias de este decreto, cosa que aún no se ha hecho y no sabemos si se va a hacer. Si usted sigue adelante y no interrumpe la aplicación del real decreto, mi partido
presentará un recurso ante el Supremo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, ¿desea hacer uso de la palabra, señora Moro?


La señora MORO ALMARAZ: Intentaré ser breve, señor presidente, y aludir solo a algunas cuestiones de las muchas que se han citado aquí. Últimamente, quizá todavía con la influencia del mes de julio, tengo demasiado en la cabeza el que los
grupos PNV y Convergència i Unió presumen, y me encanta, de lo bien que hacen las normas y sus modelos. He dicho varias veces ya en nombre de mi grupo que quiero que sigan haciéndolo, porque además lo hacen en el ámbito de sus competencias. En el
argot conocemos el sistema de becas en función de las distintas competencias en las diferentes administraciones como becas en cascada, de tal manera que cuando tanto la portavoz del PNV como el portavoz de Convergència i Unió se han referido a
algunas de las cuestiones que pueden ser no solo defendibles sino admirables, eso hay que situarlo efectivamente dentro de su comunidad autónoma, de sus competencias, en muchas ocasiones -en ellas o en mi propia comunidad autónoma- delimitados esos
programas de becas en partidas presupuestarias limitadas, absolutamente delimitadas, lo que permite que, como ha dicho la portavoz del PNV, se pueda decidir que como hay un marco estatal donde se defiende el derecho a la beca cuando se cumplen los
umbrales económicos y los requisitos académicos, la comunidad autónoma pueda complementar, pueda seguir o pueda acceder a otro ámbito y también descender a lo que necesita esa comunidad autónoma. Por tanto, no es incompatible y además es
enriquecedor. Creo que esto hay que reconocerlo y que siempre se puede ir aprendiendo, pero no es incompatible y, de hecho, presupuestariamente lo pueden hacer porque hay un modelo estatal, porque hay un programa de la Administración del Estado.
También se habla con mucha frecuencia -se ha dicho en la sesión de hoy y nos lo creemos ya todos- de aquellas personas que también están financiadas con recursos públicos porque en las universidades públicas -especialmente en el ámbito
universitario- no pueden acceder a una beca porque no cumplen los requisitos y que son mejor tratados. Pero, vamos a ver, esto evidentemente no es así. Anteriormente, y más después de la modificación del año pasado, aquellos que no tienen un buen
rendimiento académico son penalizados con un incremento extraordinario de tasas hasta llegar al cien por cien. No sigamos confundiendo. Eso se tiene en cuenta. Se ha tenido en cuenta, insisto, en años anteriores, en legislaturas anteriores, y se
ha completado de forma muy evidente en la actualidad. Por otra parte, se ha hablado aquí -y concluyo- de enmienda a la totalidad, del anuncio de un recurso y yo solo quiero citar a Màrius Rubiralta. Màrius Rubiralta, siendo secretario general de
Universidades, elabora y publica -lo pueden consultar, lo conocen sin duda especialmente los portavoces del PSOE- un informe del seguimiento de la estrategia Universidad 2015 y allí dice expresamente que hay que revisar y que hay que cambiar el
modelo de becas y de ayudas, y ahí reconoce que desde el 2010 el Observatorio de becas no ha tenido la actividad que tenía que haber tenido. (Rumores). Bueno, podemos ahora exigir otra cosa, el ministerio valorará, pero recuerden que Màrius
Rubiralta era consciente de que había fallos en el sistema, de que había que cambiarlo y de que el observatorio se había colocado ahí para incorporarlo a un informe pero que tampoco había trabajado.


Finalmente, me referiré a otro tema que daría para hablar mucho y me sorprende que no se haya visto este argumento. En este momento en las universidades los problemas que tienen los estudiantes y sus familias con notas bajas están
vinculados a las notas de corte. Cada vez las notas de corte son más altas en titulaciones donde antes no las había, luego el problema ya no es que si yo no tengo una determinada nota con un rendimiento pueda o no tener una beca o una beca con
mayor cuantía, es que en este momento no se puede acceder ni a la propia universidad ni a otras universidades porque las notas se van incrementando y las notas de corte determinan. (Rumores). En consecuencia, el problema es la nota de corte, es
decir, la capacidad de rendimiento que tienen determinados estudiantes que optan a determinadas titulaciones. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Para cerrar esta comparecencia tiene, por último, la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias a todos los intervinientes. Voy a procurar ser brevísimo.


En realidad, de las observaciones que se han hecho en este segundo turno la más importante es la que tiene que ver con lo que parece ser un enigma imposible de resolver, que es el tema de la consignación presupuestaria. Vamos a ver, las
cifras que yo he dado -lo digo especialmente en referencia a la señora Costa- son las que se refieren a las consignaciones presupuestarias de los años correspondientes de estos programas de becas y ayudas, no del programa de becas, que es un
programa más amplio, como he dicho antes. Eso es lo que tiene reflejo en esa consignación presupuestaria; no lo hemos hecho por agrado, pero sí en función de mantener el importe -mantenerlo hasta ahora y ahora aumentarlo- de la convocatoria de
becas generales y ayudas al estudio, de estas dos convocatorias y reconozco que se han sacrificado otras modalidades de becas, a veces por completo y otras veces parcialmente. Si de lo que estamos hablando -entiendo que todos estamos de acuerdo en
eso- es de estas becas, que son las becas de componente social, las cifras son las que yo he dado. Respecto a la confusión sobre lo que es consignación presupuestaria y lo que es importe de la convocatoria, evidentemente el importe de la
convocatoria se satisface con presupuesto del primer año de la misma y con presupuesto del segundo año de la misma y yo he dado todos los datos correspondientes. En función de un cálculo riguroso hecho sobre la experiencia de los años anteriores,
este ministerio ha conseguido que el Ministerio de Hacienda, que es el competente para ello, autorice una elevación de límites en lo que se refiere a la anualidad del año 2014 de 1.317,54 millones de euros. Esa elevación de límites se adopta en
Consejo de Ministros del 2 de agosto. Quiere eso decir que la convocatoria, que tiene que tener un importe determinado en función de la fórmula con la que se atribuya, se va a hacer por 1.417 millones y que eso supone, en términos de la comparación
con la consignación presupuestaria, insisto, para este programa de becas y ayudas, un incremento de 250 millones de euros. Ese incremento, insisto, es el incremento mayor, tanto en términos absolutos como en términos relativos, que ha tenido este
programa desde que existen los mismos.


Entro a las cuestiones que no tienen que ver con el tema del importe de la convocatoria y las dotaciones presupuestarias. Respecto a la observación que me hace la señora Pérez Fernández sobre que evidentemente las cuantías fijas son
inferiores a las que existían en el sistema anterior, es que hay una parte variable, señora Pérez Fernández, y eso no quiere decir que al final en todos los casos lo que reciba, la suma total de lo que reciba el beneficiario vaya a ser inferior.
Pero, ¿por qué hay una parte variable? Hay una parte variable porque si no la hubiera, todo lo que se establece para incentivación del rendimiento y para mejora del resultado sería sencillamente impracticable. Por cierto, y también para compensar
en mayor medida a aquellos estudiantes que están en familias con situaciones económicas menos favorables. No le negaré que la situación respecto a la dispersión poblacional que existe en algunas comunidades es distinta de la que existe en otras
pero, como señalaba la señora Moro en su intervención, sin perjuicio de que sea susceptible de discusión, creo que esa es una de las cuestiones que en este sistema de cascada corresponde más bien tratar a las comunidades autónomas, es decir,
integrar ese componente, al margen de que también -con esto respondo a lo que planteaba el señor Barberà- me parece saludable que en el marco tanto de la Conferencia Sectorial de Educación como de la Conferencia General de Política Universitaria,
compartamos con las comunidades autónomas una reflexión sobre este sistema que está orientada -ahora sí respondo directamente al señor Barberà- a que alcancemos, a la mayor brevedad posible, acuerdos con las comunidades autónomas, no tiene por qué
ser con todas sino con aquellas que estén interesadas en ello, para materializar ese principio de participación en la ejecución de las comunidades autónomas. Es verdad que, como sabe perfectamente el señor Barberà y también aplica la Comunidad
Autónoma de Andalucía, con esas dos comunidades se han suscrito convenios en virtud de los cuales la mayor parte de las competencias de ejecución es la comunidad autónoma la que las realiza. Pero precisamente ahora en función de este sistema creo
que tenemos que hacer un esfuerzo para ser más eficientes también con aquellas comunidades con las que se han suscrito convenios en la gestión del sistema de becas.


A la señora Sánchez Robles, cuando no hago un elogio del buen funcionamiento del sistema vasco en el aspecto educativo que estemos tratando, parece que le falta algo. No tengo ningún inconveniente, señora Sánchez Robles, creo que he dicho
siempre que ya me gustaría que en muchas comunidades algunos aspectos del rendimiento educativo se consiguieran aproximar al que se consigue en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y aunque es verdad que debido a la prescripción correspondiente del
artículo

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16 del Estatuto de Autonomía y de la disposición adicional de la Constitución el nivel competencial de la comunidad autónoma en el tema de la becas es distinto al del resto de comunidades, no tenga duda alguna de que los elementos positivos
aprovechables pueden ser siempre objeto de debate y pueden ser compartidos. Eso mismo le digo sobre la reflexión final que hacía su señoría en torno a si hablamos suficientemente y a las enmiendas parciales de la Lomce.


No sé si ha vuelto el señor Martínez Gorriarán. No ha vuelto pero, en todo caso, creo que el tema que plantea es de extraordinaria complejidad -lo decía en mi primera intervención-, un tema en el que tenemos que empezar a discutir de lo más
básico, es decir, hasta qué punto se comparte o no se comparte el criterio de que las diferencias, que pueden ser interterritoriales y también intraterritoriales, son compatibles con principios de igualdad. Por tanto, eso se inscribe en una
reflexión general sobre la financiación universitaria que me parece ineludible y que, como las cosas tienen que hacerse unas detrás de otra, es un tema en el que todavía no hemos entrado con la suficiente aproximación, pero está en nuestra agenda y
es uno de los elementos más importantes del diálogo que tenemos abierto con las comunidades autónomas y con las universidades en orden a la mejora y a la mayor eficiencia de nuestro sistema universitario. No estoy de acuerdo -y no sé si decirlo,
puesto que no se encuentra presente el señor Martínez Gorriarán- con el análisis que hace sobre el papel que en el sistema de Bolonia tienen los másteres. En general, Bolonia no pretende, salvo excepciones -es decir, la condición habilitante en los
másteres es más excepcional que normal-, que la culminación natural de los estudios universitarios sea siempre el máster. Depende lógicamente de cómo sean los grados, pero en principio lo que el Espacio Europeo de Educación Superior en términos de
las posibilidades de ejercicio profesional intenta abrir es que el grado sea el título en general habilitante para ese ejercicio profesional en el espacio europeo.


No vamos a discutir de copyright, señora García Álvarez, era una observación distendida y nada más lejos de mi intención que acusar a su señoría de rozar siquiera la Ley de Propiedad Intelectual. Nosotros hemos hablado con todo el mundo y
es verdad que no hemos llegado a un acuerdo con todos. Por cierto, señora Pérez Fernández, el 24 de julio tuvimos la última reunión con la permanente de la CRUE a ese respecto. Me ha parecido entender que en su intervención anterior se refería a
una fecha anterior a esta del 24 de julio, pero es que antes del 24 de julio ya habíamos mantenido con ellos cuatro reuniones sobre este asunto. A la gente le puede parecer suficiente o insuficiente el grado de diálogo y le puede parecer suficiente
o insuficiente el grado de acuerdo. El acuerdo al final resulta de la puesta en común de dos voluntades y una parte sola no puede garantizarlo, pero le puedo asegurar que el nivel de diálogo ha sido muy amplio. También se ha producido con la
Confederación de estudiantes universitarios y, es verdad, no ha habido reunión del Observatorio de becas. Si miramos el histórico de reuniones del Observatorio de becas, como alguno de los intervinientes -la señora Moro, en concreto- ha mencionado,
y si me permiten la expresión castiza, no es para tirar cohetes, porque en realidad el observatorio ha celebrado dos reuniones: una de carácter constitutiva en octubre de 2010 y otra en noviembre de 2011. En ambos casos, en meses en que ya hacía
tiempo que se había publicado el correspondiente real decreto, pero tomo nota de las observaciones de sus señorías y con mi equipo estudiaré la forma de dar efectividad y sentido al trabajo del Observatorio de becas.


En este mismo sentido, quiero decirles que estamos poniendo a andar un sistema que tiene algunas diferencias sobre el que se venía aplicando y que habrá que evaluar, que hemos hecho preevaluaciones con los datos de que disponemos y que
lógicamente vamos a ver qué resultados se obtienen. Los resultados en términos, por ejemplo, de número de becarios, importes de beca, etcétera, de la convocatoria 2012-2013 no son todavía susceptibles de ser presentados ni en esta Cámara ni en
sitio alguno porque estamos consolidando lo que se refiere a la parte universitaria de Cataluña, pero comprometo ante esta Comisión que sus señorías tendrán acceso al análisis del funcionamiento de la convocatoria 2012-2013 a la mayor brevedad
posible y que también, como es natural, lo que resulte de la convocatoria 2013-2014 será puesto a disposición del Congreso de los Diputados y en general de la opinión pública.


Señorías, quiero agradecer a todos los portavoces sus intervenciones y el tono de las mismas, como ya he dicho reiteradamente, y también reitero mi disposición a todas sus señorías para cualquier aclaración o explicación que particularmente
quieran formular sobre este tema tan importante no solo para sus señorías y para la opinión pública en general, sino para el progreso de este país y de esta sociedad. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Damos las gracias al señor ministro por su comparecencia.


Se levanta la sesión.


Eran las dos de la tarde.