CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 327

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL ELORRIAGA PISARIK

Sesión núm. 12

celebrada el miércoles,

22 de mayo de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Administraciones Públicas (Beteta Barreda), para:


- Explicar los próximos proyectos de su departamento en materia de Administración local. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000942) ... (Página2)


- Que explique si va a extender el anunciado plan de refinanciación de la deuda municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz) a otros municipios de Andalucía y del resto de España que se encuentran en dificultades económicas similares. A
petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000916) ... (Página2)


- Informar del alcance de la reforma de la Administración local. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000315) ... (Página2)


- Que informe sobre el estado de la reforma de las administraciones locales. A petición de los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto. (Número de expediente 213/000518) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Explicar los contenidos del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, mas conocida como reforma local. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000602) ... href='#(Página2)'>(Página2)


Pregunta:


- Del diputado don Ricardo Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural, sobre facturación de la empresa Over Marketing Comunicación SL con los ministerios, entes públicos, empresas públicas o cualquier
organismo público dependiente de la Administración Central del Estado entre 1995 y 2012 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/012357). (Número de expediente 181/000755) ... (Página31)

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Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.


COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BETETA BARREDA), PARA:


- EXPLICAR LOS PRÓXIMOS PROYECTOS DE SU DEPARTAMENTO EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL. A PROPUESTA DEL GOBIERNO (Número de expediente 212/000942).


- QUE EXPLIQUE SI VA A EXTENDER EL ANUNCIADO PLAN DE REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) A OTROS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA Y DEL RESTO DE ESPAÑA QUE SE ENCUENTRAN EN DIFICULTADES ECONÓMICAS SIMILARES. A
PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000916).


- INFORMAR DEL ALCANCE DE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000315).


- QUE INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES. A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO. (Número de expediente 213/000518).


- EXPLICAR LOS CONTENIDOS DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, MÁS CONOCIDA COMO REFORMA LOCAL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000602).


El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la reunión de la Comisión. Agradezco su presencia al secretario de Estado de Administraciones Públicas para dar respuesta a varias comparecencias.


Antes de concederle la palabra, quiero hacer una mínima exposición sobre cómo vamos a debatir el orden del día. En primer lugar, vamos a acumular las solicitudes de comparecencia que estaban pendientes: a petición del propio Gobierno, para
explicar los próximos proyectos en materia de Administración local; una del Grupo Socialista, sobre la extensión del plan de refinanciación de la deuda de Jerez de la Frontera a otros municipios de Andalucía y del resto de España; otras dos del
Grupo Socialista, sobre temas de Administración local, y otra del Grupo Mixto, relacionada igualmente con la Administración local. Las vamos a ver todas acumuladamente y, una vez que acabemos con la comparecencia, daremos trámite a una pregunta
oral que está pendiente de ser respondida en Comisión.


Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías.


Comparezco ante esta Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, como bien ha dicho el presidente, tanto a petición propia como de los grupos Socialista, La Izquierda Plural y Mixto, con el objetivo de exponer el anteproyecto de ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, y también para explicar distintas medidas que pueden ser adoptadas para los ayuntamientos que atraviesen dificultades económico-presupuestarias especialmente graves.


Con carácter previo quisiera referirme brevemente a la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local que se celebró en el día de ayer, la cual, por una amplia mayoría, aprobó el informe del anteproyecto de ley, con lo que el máximo
órgano de consulta en lo referido a nuestros municipios otorgó su apoyo. La sesión de ayer puso también de relieve las diversas opiniones -y al ser diversas, sin duda, enriquecedoras- que ha suscitado en los más de 8.000 municipios españoles un
texto que es muy revolucionario en su concepción pero al mismo tiempo es sencillo en su planteamiento, que no es otro que garantizar la sostenibilidad presente y la viabilidad futura de nuestros ayuntamientos. Si, como señalara Ockham hace siglos,
en igualdad de condiciones la respuesta correcta es probablemente la más sencilla, la respuesta a la pregunta sobre el origen del anteproyecto de ley sin duda podría ser una sola palabra: necesidad. No una necesidad escudada en la crisis, no una
necesidad escudada solamente en la austeridad, sino una necesidad que está fundamentada en la nuestros municipios en un contexto económico, social y demográfico que obviamente requiere la adecuación de nuestra Administración local a los cambios del
presente y a los riesgos del mañana. Este anteproyecto, que es un objetivo de primer nivel del Gobierno, puede no gustar a muchos, incluso así me consta, pero sin duda es un documento muy

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importante. Hoy aquí estamos tratando de dar respuestas a la reclamación de miles de ayuntamientos que, aupados en la bonanza y azotados en la adversidad, ven cómo están sometidos con fuerte virulencia a la inclemencia de la crisis que
afecta a su forma de vida, que afecta a sus finanzas. Este sin duda es un problema muy grave y de primer orden que reclamaba con urgencia una solución distinta, inteligente, creíble y, si es posible, de consenso, pero en todo caso una solución
alejada de dogmatismos y asentada sobre la experiencia de la praxis de la vigente Ley de Bases de Régimen Local y que se vehicule a través de una respuesta compacta, homogénea en sus grandes líneas, pero al mismo tiempo capaz de dar respuesta a la
heterogeneidad que tiene nuestro mapa local, y ese objetivo se ha logrado, aunque no sin dificultad, como corresponde a un proyecto de esta importancia.


No corren buenos tiempos para la lírica en la política, sin duda, por lo que debemos alejarnos totalmente de posturas demagógicas o frívolas y tenemos que ir a un proyecto que responda a la necesaria catarsis que precisan nuestros
municipios. Decía Churchill en la Cámara de los Comunes que en la crisis se conoce a los estadistas, cuando en aquellos momentos la democracia británica parecía quebrarse y nadie quería apostar por la toma de decisiones. En este sentido el
Gobierno de España prefiere, sin duda, asumir riesgos y tomar decisiones que pueden no gustar pero que entendemos imprescindibles. En esta crisis, en la que todo se cuestiona y nada permanece, este Gobierno, el Gobierno de España, apuesta por lo
local, apostamos por la Administración más cercana al ciudadano; sabemos que es la más valorada y tenemos la convicción de que en cualquier pueblo de España, pequeño o grande, este municipio, su ayuntamiento, se ha convertido en un auténtico
baluarte del Estado del bienestar. España es un país eminentemente municipal fruto de su compleja orografía, con amplias extensiones de terreno muchas de ellas despobladas o con una escasa densidad de población, lo que la convierte en el segundo
país más grande de la Unión y uno de los menos densamente poblados. En este contexto, nuestra idiosincrasia tiene una impronta local con un fuerte apego a los valores, a las historias familiares con las que generaciones y generaciones de españoles
se identifican. La vida municipal ha conformado buena parte de nuestra forma de ser, de nuestra forma de entender la realidad y de nuestros problemas, lo cual, a mi modo de ver, lejos de ser un atraso, definido por algunos como contrario a los
principios de la globalización, entiendo que supone un avance porque tiene la ventaja de engarzar la tradición de nuestro país con los lógicos anhelos de futuro y, por tanto, sin perder un ápice de nuestra identidad.


Nuestro país hoy, como bien conocen, cuenta con 8.117 municipios, de los cuales 6.794, algo más del 83%, tienen una población inferior a 5.000 habitantes; 922 municipios, el 11% del total, está en un rango entre los 5.000 y los 20.000, y
solo 400 municipios tienen más de 20.000 habitantes. Creo que la conclusión es clara: el 95,1% de los municipios españoles tiene una población inferior a los 20.000 habitantes y de estos, 5.791, es decir, el 71,35% del total, son municipios con
una población inferior a los 2.000 habitantes. Nuestro país es, pues, un país de pequeños municipios. Esta realidad municipal, profundamente rica, profundamente variada, ha sufrido en los últimos años una fuerte escalada en su realidad económica,
fruto de un proceso de despoblación del campo que nuestro país está viviendo desde hace decenios y que con el agravamiento de la crisis económica ha tenido sin duda un fuerte efecto en nuestros municipios. Por ello, entre las prioridades del
Gobierno se encuentra la reforma de las administraciones públicas, y la reforma local constituye una parte esencial y un objetivo de primer nivel para el Gobierno. Una reforma que, pese a lo que muchos piensan, no es una reforma para reducir, no es
una reforma para recortar, es una reforma para profundizar en lo que funciona y para racionalizar lo superfluo; una reforma, en definitiva, que mira lejos porque, como ya indicó el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, tenemos que
mirar más lejos, pensar en lo que España necesitará no en el año siguiente ni en el siguiente, sino en los próximos veinte años. El objetivo es, pues, mayor altura de miras para la España que queremos ahora, pero también en el año 2020, en el año
2030 y en la realidad municipal que soñamos para nuestro país en un futuro.


Tal y como se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, es nuestra voluntad y compromiso proceder a esta reforma estructural de todas las administraciones públicas, y en esta reforma estructural de todas las administraciones públicas
nuestras corporaciones locales deben tener el rango que se merecen en términos de desarrollo compensado de actividad. En este sentido, desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas propusimos un texto que reconoce el papel fundamental
de las corporaciones locales en la configuración actual del Estado y que ofrece al tiempo propuestas a sus problemas económico-financieros. En un momento en el que el cumplimiento de los compromisos europeos sobre consolidación fiscal es, sin duda,
una prioridad absoluta de este Gobierno, creo que es justo reconocer cómo las corporaciones locales se están esforzando, y mucho, por contribuir a la

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racionalización de su estructura, que resulta obvio que en muchos casos estaba sobredimensionada. Todo ello con el objetivo último de garantizar su sostenibilidad financiera y su viabilidad, tanto presente como futura.


El principio de estabilidad presupuestaria, que está consagrado en el artículo 135 de nuestra Constitución como un principio rector de todas las administraciones públicas, tuvo su concreción, como bien conocen sus señorías, en la Ley
orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que exige, en el ámbito de la Administración local, adecuar distintos aspectos de su administración, organización y funcionamiento, como también mejorar el
control económico y financiero. Después de la aprobación por parte del Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero del informe del anteproyecto de ley, se dio audiencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, a las entidades locales, asociaciones y sectores que pudieran verse afectados por el ámbito de aplicación de la ley. En ese sentido se recabaron los informes de la Comisión Nacional de la Competencia, y en el trámite de audiencia se
recabaron y recibieron observaciones de las diecisiete comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, e igualmente también de la Federación Española de Municipios y Provincias y de distintas federaciones y asociaciones regionales de
municipios y provincias, así como también de las principales organizaciones sindicales. Por ello, antes de remitir el texto al Consejo de Estado para su preceptivo dictamen, que pondrá fin al trámite previo a la fase de tramitación como
anteproyecto, por el Consejo de Ministros se procede a recabar el informe de la Comisión Nacional de Administración Local que se reunió en el día de ayer, como he indicado al comienzo de mi intervención. En esta resulta innegable, a juicio de
todos, que es una ley compleja, trascendental y de gran calado político. Por tanto, creo que hay que estudiar y analizar con profundidad el contenido del anteproyecto, como se hizo ayer en la Comisión Nacional de Administración Local.


Como ustedes bien saben, partimos de un modelo competencial, un modelo de competencias locales señalado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, que está basado en la definición de competencias propias y en
las atribuidas por delegación. Este sistema de atribución de competencias ha dado lugar, en sus veintiocho años de historia, a disfuncionalidades, ha generado no pocos supuestos de concurrencia competencial entre varias administraciones públicas,
ha provocado la existencia de duplicidades en la prestación de servicios, y que los ayuntamientos prestaran servicios careciendo de un título competencial específico que les habilitara para ello. El resultado de todo ello, señorías, son las
llamadas competencias impropias que, consecuentemente, generan gastos impropios, produciéndose una proliferación ineficiente de actividades que duplican, sin duda, las ejercidas por otras administraciones y ponen en riesgo la sostenibilidad
financiera y la estabilidad presupuestaria de los municipios, y todo ello sin que se produzca mejora en la prestación y calidad de los servicios y sí un incremento del coste que tenemos que pagar todos y cada uno de los ciudadanos. En definitiva,
la actual redacción de la Ley de Bases de Régimen Local plantea varios problemas, como es la ausencia de una definición precisa y acotada de las funciones del alcalde, de las competencias municipales y el hecho de que permita la realización de
actividades conocidas como impropias, es decir, fuera del ámbito de las que correspondería a un municipio y de un ámbito eficiente de las funciones que deben de cumplir los distintos niveles de la Administración. Además, por si fuera poco, no
restringe el ejercicio de las actividades a criterios de eficiencia ni tampoco de sostenibilidad financiera, ni mucho menos de rentabilidad.


Señorías, el objetivo del anteproyecto es claro. Parte de la idea de que es preciso clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades; parte de la idea de que es preciso racionalizar la estructura administrativa; parte de
la idea de que es preciso garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso, y parte de la idea de favorecer una regulación favorable a la iniciativa económica privada. Cuatro objetivos que, sin duda, van a cambiar la forma de ver y
entender la Administración local. Para ello, la norma incide de forma especial en la estructura de la Administración local, busca el equilibrio financiero y también la eficiencia en el ejercicio de sus actividades, una mayor profesionalidad en toda
la función local, tanto la desempeñada a nivel político como administrativo. En concreto, estos objetivos se dividen en las siguientes líneas de actuación. En primer lugar se trata de adaptar la Ley de Bases de Régimen Local a los requerimientos
fijados en la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, distinguiendo en consecuencia entre lo que son servicios obligatorios y servicios facultativos. De esta manera, cuando esté garantizada la prestación de los
servicios obligatorios se podrán empezar a prestar los servicios no obligatorios. Con esta medida consagramos en la gestión local algo que entiendo es muy importante y que va a suponer, a mi juicio, un punto de inflexión en la forma de gestionar lo
público, porque a partir de ahora ninguna entidad podrá gastar más de lo que se ingrese.

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En segundo lugar, este anteproyecto actualiza las competencias municipales, las separa claramente de las estatales y de las autonómicas y gracias a ello nuestros ayuntamientos van a poder ejercer y desarrollar su ámbito material con un
título competencial diáfano que les ampare.


En tercer lugar, se potencia el papel de las diputaciones provinciales, con el objetivo de que coadyuven a gestionar los servicios obligatorios mínimos de los municipios inferiores a 20.000 habitantes, fomentando ese principio tan importante
que es el de la cooperación interterritorial, lo que va a permitir garantizar una mejor prestación de los servicios y, sin duda, una financiación más adecuada y más barata de los mismos.


En cuarto lugar, se introduce la cultura de la evaluación, la evaluación de los servicios a través de la inclusión del concepto coste estándar, como ya sucede en otros países europeos, coste estándar que sirve para la medición de los
servicios que actualmente prestan las entidades locales. Este, sin duda, es un concepto novedoso aquí en España y será de aplicación tanto para los servicios de carácter obligatorio como para los no obligatorios, con planes de evaluación de
reordenación de servicios, lo cual implica, sin duda, que aquellos que se presten de manera duplicada han de dejar de prestarse por alguna Administración.


En quinto lugar, la delegación de competencias siempre, en todo caso y en todo lugar tendrá que ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual, con una cobertura del cien por cien del coste del servicio que se transfiera.
Y no solo eso, también con una garantía radical del cobro, con el objetivo de tener un mayor control por parte de la Administración que delega, que se reserva los mecanismos de control precisos, pero al mismo tiempo con la garantía para la
Administración que presta el servicio de cobrar inmediatamente la prestación del servicio delegado.


En sexto lugar, se incorporan también diversas disposiciones que incentivan el redimensionamiento del sector público local para lograr los objetivos del déficit establecidos, limitándose en consecuencia el crecimiento del sector público
local así como de sus organismos dependientes, y se establece un periodo para que corrija las situaciones de déficit de estas entidades, debiendo ser suprimidas en caso contrario.


En séptimo lugar, se somete a los servicios públicos municipales, a las diputaciones, a los servicios mínimos que presten las mancomunidades y las entidades locales menores, a un proceso de evaluación, a todo el sector local. Una vez
realizado este informe temporal, una evaluación negativa que afecte a esos servicios mínimos en los municipios con población inferior a los 20.000 habitantes será causa determinante para encomendar la prestación de aquellos servicios que no sean
eficientes a las diputaciones provinciales. En el caso de los municipios con población superior a los 20.000 habitantes se acordará una fórmula supramunicipal para la prestación de servicios con carácter voluntario, sin perjuicio de la voluntad y
de la posibilidad de incorporarse al ámbito provincial, si así lo entienden pertinente. Una adecuada valoración, un adecuado seguimiento en la prestación de los servicios sin duda irán en la línea de optimizar la gestión de los mismos en la
Administración, de tal suerte que serán los servicios prestados por mancomunidades y entidades locales menores que no superen los criterios de evaluación los integrados en la estructura inmediata superior.


En octavo lugar, los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de una forma más sostenible, más eficiente. Además, con relación a su gestión directa, se incorpora el requisito de transparencia; transparencia que implica
la inclusión de la publicidad del coste de servicios; transparencia que implica conocer el apoyo técnico recibido como valoración por parte del interventor, pero a los solos efectos de asegurar el criterio de sostenibilidad y eficiencia en las
propuestas planteadas. Análisis de legalidad, no de oportunidad, la oportunidad corresponde exclusivamente a los órganos de gobierno elegidos por el pueblo; la legalidad les corresponde a los funcionarios encargados de la intervención.


Finalmente -y es de extraordinaria importancia al objeto de lograr una clase política más transparente, más eficaz en la gestión de lo público-, este anteproyecto modifica distintas cuestiones que se han venido produciendo en los municipios
en los últimos años. En primer lugar, se regula un sistema retributivo, un sistema que va a ser homogéneo para los miembros de las corporaciones locales, pero también lo será para los funcionarios locales y para los directivos del sector público
local. Se trata, por tanto, de una reforma que tiende a la racionalización, que no es recortadora, en absoluto, pero que desde el ahorro del gasto público sin duda va a contribuir a que España vuelva a crecer desde la base de unos nuevos
parámetros. Se trata de profundizar en la estabilidad en el conjunto de nuestras administraciones públicas, garantizando a los ciudadanos, a todos los españoles, que somos los que recibimos esos servicios que nos prestan las administraciones, un
uso eficaz, riguroso y responsable de los recursos que por la vía de los impuestos financian nuestras administraciones públicas.


Uno de los aspectos más notables de las medidas incluidas en el anteproyecto de ley es el referido al impacto económico, un impacto que sin duda debe valorarse a través de las distintas medidas que se

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prevén en el anteproyecto en relación tanto con la nueva delimitación de las competencias locales, como con la vinculación de las que quedan a los principios de sostenibilidad financiera y de estabilidad presupuestaria, cuyo cumplimiento
resulta fundamental. Así, por lo que respecta al ahorro neto en el gasto obligatorio que recoge los ahorros generados en el ámbito de los servicios públicos propios de los ayuntamientos, se determina un ahorro estimado en el periodo 2013-2019 de
2.267,6 millones de euros por razón de los servicios correspondientes a las competencias previstas en los artículos 25 y 26, y de 1.397,6 millones de euros por razón de las limitaciones a la iniciativa económica local del artículo 86. Por otro
lado, en lo referente al ahorro neto, que es uno de los objetivos del anteproyecto, el ahorro neto en gasto impropio, habida cuenta de que el porcentaje del gasto impropio en la planta municipal española se sitúa en una horquilla entre el 18% y el
26%, según distintos estudios realizados sobre la materia, en el periodo 2014-2016 se evalúa en 1.735,1 millones de euros. Quiero señalar algo importante. Sin duda estas cifras, que sus señorías conocen perfectamente bien porque están en el Plan
nacional de reforma, son fruto de un análisis de datos y de estudios; por eso consideramos que esta cifra es francamente prudente si tenemos en cuenta que, con la antigua redacción de la norma y con los procesos correspondientes de interpretación y
de conexión jurídica presupuestaria en relación al gasto liquidado en términos solamente de gasto impropio, hay quien calcula que en el año 2011 asciende a la cifra nada menor de 15.000 millones de euros. Por tanto, en el escenario planteado en
términos de ahorro neto, se recoge una cifra de 2.735 millones de euros, que supone del entorno del 21% del gasto liquidado, que corresponde a la cifra total del ahorro neto que se generaría para tres años y supone un plazo estimado para obtener los
resultados de la nueva redacción de la norma.


Otra vertiente del ahorro es el ahorro neto que se produce en relación con las mancomunidades y entidades locales menores. Así, hemos contemplado el ahorro neto obtenido por la vía de la supresión de mancomunidades y entidades locales
menores, según porcentaje de comunicación de información a la Administración General del Estado, que en un 85,2% no existe, no hay comunicación de información, absolutamente ninguna, solo oscuridad y falta de transparencia. En el caso de las
mancomunidades, la falta de transparencia sobre la gestión de todas estas entidades es del 50,8%, como reiteradamente pone de manifiesto en sus informes el Tribunal de Cuentas. Ello implicará, sin duda, la integración en estructuras superiores que
genera economías de escala y la eliminación de gasto impropio prestado por estas entidades. En su conjunto, el montante por este concepto recoge una cifra que comparada con las otras parece menor, pero no lo es porque se trata de impuestos que
pagan los ciudadanos; son 73,3 millones de euros.


Por último, quisiera referirme a distintas cuestiones en materia de personal. En relación con las dedicaciones exclusivas de los concejales, se considera fundamentalmente un sueldo bruto por concejal del entorno de 3.214 euros. Estamos
hablando de 2.250 euros al mes en catorce pagas, en líneas generales. Así se plantea el escenario en las grandes ciudades, donde todos y cada uno de los concejales dejan de cobrar, como ocurre hasta ahora, esa dedicación exclusiva, que a partir de
la aprobación de la norma solo tendrá una parte. En este caso, por prudencia, se supone que en 120 de los 138 municipios con una población superior a los 50.000 habitantes, diez concejales dejan de cobrar esa exclusividad, aunque percibirían una
dieta mensual en torno a los 600 euros. Por tanto, el ahorro neto generado pasa a una cifra de 66,6 millones de euros.


En lo que respecta al personal eventual, el sueldo medio considerado es de unos 42.000 euros brutos anuales; por tanto, en términos de ahorro neto generado por la nueva regulación, el ahorro en materia de personal eventual estaría en el
entorno de 61,5 millones de euros en el año 2014, mientras que en el año 2015, como consecuencia de la transitoriedad aplicada para los municipios grandes, los de más de 500.000 habitantes, la cifra ascendería a 17,6 millones de euros; es decir,
por este concepto conseguiríamos ahorrar la cifra no menor de 79,1 millones de euros, que sumada a la anterior para los órganos de gobiernos locales, es decir, los concejales, ascendería a los 128,2 millones de euros. Por lo que respecta a los
ahorros económicos generados, el ahorro neto total de las medidas contenidas en el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local es de 7.129 millones de euros entre los años 2013 y 2015. Es un ahorro grande, un
ahorro extraordinario, como no puede ser de otra manera, cuya parte esencial, como antes indiqué, proviene sustancialmente de la eliminación de las duplicidades y de la clarificación de competencias en más de 6.000 millones de euros. Sin embargo,
quien solo quiera ver en el anteproyecto de reforma local un instrumento de ahorro se equivoca, porque ese no es el objetivo esencial; el objetivo de esa reforma no es la austeridad. Y les voy a explicar la razón. La razón esencial es que las
corporaciones locales ya han cumplido con creces sus objetivos, es que ya han reducido a la

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mitad -un 0,15% del PIB en el análisis de provisiones, aunque en el definitivo aún será menos- el objetivo de déficit que se fijó para el año 2012, que estaba situado en el 0,3%. Han cumplido como ninguna otra Administración. Por tanto,
este anteproyecto de ley es la muestra del compromiso de este Gobierno con la viabilidad presente pero también futura de nuestros municipios a través del cumplimiento de los principios emanados tanto en la Ley de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera como también de los principios contenidos en la ley de transparencia que están ahora estudiando en esta Cámara, que contiene un documento en el que se avanza en el acceso a la información pública y regulación del buen
gobierno.


Gracias a este conjunto de normas nuestros municipios lo que no van a hacer es asumir competencias para las cuales carezcan de financiación. Lo que sí se va a hacer es delimitar con claridad el marco jurídico en la Ley de Bases de Régimen
Local de 1985, lo que sí se va a hacer es reducir el sector público instrumental dejándolo simplemente en lo imprescindible, y lo que sí se va a hacer es una profesionalización en la estructura municipal. Es una apuesta por la mejora para alcanzar
la eficiencia, la eficacia y la calidad en la prestación de nuestros servicios públicos en nuestro Estado del bienestar que, a nuestro juicio, no solo se garantiza sino que se potencia. En suma, es una apuesta para no perder nuestra identidad, para
no perder nuestra historia y que los municipios españoles sigan siendo lo que siempre fueron para generaciones de ciudadanos: una parte muy importante de su vida, una parte muy importante de su historia, una parte esencial de su alma y, al mismo
tiempo, para que sigan siendo la Administración más cercana a sus necesidades.


Por otro lado, y entre la serie de cuestiones sobre las que tengo que dar explicaciones aquí, desearía hablar de la situación de especial dificultad por la que atraviesan distintos municipios españoles y las medidas que está estudiando el
Gobierno para atajarlas. Se citaba en la solicitud de comparecencia la situación que atraviesa el municipio andaluz de Jerez de la Frontera, un ayuntamiento que en una situación especialmente grave está haciendo un esfuerzo -que califico como de
colosal- para salir adelante y para sanear su gravísima situación financiera. Para marcar la situación, señorías, quiero decirles que entre los años 2009 y 2011, por ejemplo, su presupuestación debería ser calificada de deficiente. Ingresos
corrientes. Se liquidaron por un importe inferior al presupuestado en un 19,8% en el año 2009, un 8,2% en 2010 y un 9,9% en el año 2011. Unos datos que tienen poca explicación, toda vez que los ingresos corrientes del ayuntamiento eran
insuficientes para pagar sus gastos corrientes. Además, señorías, además, el ayuntamiento tan solo pagaba el 64% de las obligaciones que reconocía, mientras que en el caso de compra de bienes y servicios este porcentaje se reducía drásticamente al
40,8% de las obligaciones. Pues bien, además, con datos de la Central de Información de Riesgos del Banco de España, la deuda a 31 de diciembre del año 2011, último disponible, se elevaba a 245,5 millones de euros, de los cuales 55,7 millones se
correspondían con deuda a corto plazo y 189,8 millones con deuda a largo plazo. Unos datos, pues reveladores, de una forma de entender la gestión pública que podría resumirse en la palabra frivolidad. En el año 2013 y tras los necesarios ajustes
que puso en marcha el equipo de Gobierno local desde el año 2011, con el objetivo de asegurar la viabilidad y sostenibilidad futura del municipio, las cosas, que siguen siendo muy difíciles, son diferentes. La medida de reducción del gasto de
personal en un 18% con respecto al año anterior, unido al incremento en los ingresos patrimoniales de cerca del 38% motivados por el canon por la concesión administrativa del suministro de agua, atisban un horizonte más saneado y sobre todo más
esperanzador, sin que eso suponga que el ayuntamiento pueda cejar en tibieza alguna en cuanto a las medidas a adoptar en materia de estabilidad presupuestaria.


Quiero recordar que en el año 2012 al Ayuntamiento de Jerez le resulta de aplicación una de las medidas más importantes de nuestra historia fiscal, una medida fundamental, una medida que ha servido para mantener y garantizar la supervivencia
de más de 150.000 empleos: el mecanismo de financiación para el pago de proveedores. A ese Ayuntamiento de Jerez, este mecanismo de carácter extraordinario le permitió cancelar obligaciones pendientes de pago por importe, señorías, de
325.550.058,53 euros, que se correspondían con la cifra de 14.550 facturas, 325,5 millones de euros solamente en este ayuntamiento. Este ayuntamiento tuvo que presentar un plan de ajuste que lógicamente fue valorado favorablemente por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, y en consecuencia se formalizaron las operaciones de crédito por esta cuantía. Sin embargo, la experiencia de este ayuntamiento y la constatación de la existencia de situaciones similares en otros municipios
nos lleva a tener que articular, para garantizar la viabilidad presente en muchos de nuestros ayuntamientos, un mecanismo de mayor calado y más estructurado, ya que existe diversa casuística bajo esta problemática que, desde un punto de vista
estrictamente jurídico, se incardina en el ámbito establecido en la disposición adicional primera de la Ley

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Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Esta disposición, señorías, recoge la posibilidad de acordar medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez, que requerirán la aprobación de planes de ajuste específicos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que la corporación local deberá aceptar, teniendo en la misma condiciones particulares en materia de seguimiento, en materia de remisión de información y aquellas otras
que se determinan a través de los acuerdos que sean de adopción y que garanticen, por tanto, la implementación de estas medidas de ajuste extraordinarias.


Así, por ejemplo, señorías, quiero decirles que existen ayuntamientos que presentan ahorro neto y remanente de tesorería para gastos generales negativos en los últimos dos años. Existen también ayuntamientos que presentan deudas con
acreedores públicos pendientes de compensación mediante retención en la participación de tributos del Estado que son superiores al 30%, al 30%, lo que deben a otras administraciones públicas de sus respectivos ingresos no financieros, considerando
la última liquidación disponible en el presupuesto general de la entidad local. Hay también ayuntamientos que han contraído una deuda generada por importe de más de un millón de euros por préstamos concertados en el marco del mecanismo del pago a
proveedores de las entidades locales regulado, como ustedes conocen, en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el cual se determinan obligaciones de información pero también procedimientos extraordinarios para establecer mecanismos de
financiación en el pago de proveedores a las entidades locales y que no hayan cumplido con la obligación de pagar estas cuotas trimestrales de los préstamos correspondientes a los periodos anteriores a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Por ello, las medidas que el ministerio está estudiando poner en marcha, tendrán que atender la distinta casuística de esta tipología de municipios que son los que entendemos que están en una situación más delicada, y que deberán cohonestarse con el
resto de los mecanismos de apoyo a la liquidez y sin duda todos ellos se van a encontrar condicionados al cumplimiento riguroso de objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. ¿Con qué objetivo claro? No se les oculta a
ustedes, señorías: no se puede generar un agravio comparativo con aquellas entidades locales que han cumplido con sus obligaciones.


Las medidas han de ser, pues, de distinta naturaleza. Van a referirse al ámbito en la participación en los tributos del Estado, no incrementando la financiación por esta vía sino articulando anticipos que resulten más eficaces, de las
relaciones en las entidades locales con los acreedores públicos, con el objetivo de permitir el cumplimiento por aquellas de las obligaciones contraídas y que no han sido satisfechas, para lo que en cualquier caso será preciso tener en cuenta
criterios que en su caso manifiesten dichos acreedores públicos; también medidas en el ámbito del endeudamiento de las entidades locales, que van a ir desde lo que es una consolidación de la deuda financiera a corto plazo a la refinanciación de las
operaciones preexistentes, incluso llegando a la financiación de remanentes de tesorería negativos, mediante la concertación de posibles operaciones a largo plazo. La prueba de que hoy, no obstante, están las cosas mucho mejor que antes, es que
hoy, hoy, 6.176 municipios españoles están con superávit (Un señor diputado: ¿Están...?), con superávit, 6.176, y el volumen de ayuntamientos que están en situación de crisis es inferior a 500. (Rumores). Por tanto, el sector público local tiene
muchos ayuntamientos que están en superávit y otros que requieren una actuación específica del Gobierno.


Voy concluyendo. Si las comunidades autónomas -no me canso de repetirlo también- están haciendo un esfuerzo extraordinario por cumplir con el déficit, por garantizar la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar desde el máximo respeto
a los principios emanados de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se puede decir que aún con mayor ahínco por parte de nuestros municipios. No obstante, quisiera señalar que tras la revisión de los planes
económico-financieros correspondientes al cuarto trimestre del año 2012, cinco comunidades autónomas, Andalucía, Murcia, Baleares, Cataluña y Valencia han sido requeridas por la ralentización en la reducción del déficit para cumplir los objetivos
establecidos al objeto de que sean restablecidos. Se publicarán en la página web los datos económico-financieros, presumiblemente en el día de hoy, con todo grado de detalle del conjunto del sector autonómico no solo de estas comunidades autónomas.


Termino ya. Señorías, sin duda los ayuntamientos españoles están conteniendo en buena medida los problemas de la crisis y están ayudando como Administración más cercana al ciudadano, a resolver diversos problemas que asolan la vida
cotidiana de sus convecinos. Por ello, el compromiso del Gobierno local con el municipalismo y la Administración local es irrenunciable. Nuestros ayuntamientos necesitan saber, y lo saben, que el mecanismo de pago a proveedores ya aplicado, y el
nuevo que va a aplicarse dentro de breves fechas, son un manifiesto de que cuentan con todo el apoyo del Gobierno de España

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para salir adelante pero ese apoyo, como todo el mundo sabe, no puede, no debe ni va a ser gratuito; es un apoyo que debe, puede y va a ser condicionado al cumplimiento de unos objetivos de estabilidad presupuestaria que tienden a
garantizar su presente y también su futuro; una condicionalidad que les recuerdo no es arbitraria, no es caprichosa por este Gobierno; es una cantidad que se encuentra ya contenida en la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera donde se establecen unos límites claros y unos objetivos. Hoy, sin duda alguna, el panorama está más claro; la adopción de medidas, como esta que les he señalado a sus señorías en relación con la Ley de racionalización y sostenibilidad
de la Administración local y otras medidas específicas para ayuntamientos en dificultades, coadyuva a su solución. Por ello, como dijera en su día Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451, no estamos prediciendo el futuro, en absoluto, lo que estamos
intentando es prevenirlo. Sinceramente creo que desde la implantación en nuestro ordenamiento jurídico del artículo 135 de la Constitución y toda su normativa derivada lo estamos consiguiendo.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Van a tener la palabra los grupos. En primer lugar aquellos que habían solicitado la comparecencia del señor secretario de Estado, de mayor a menor. Tiene la palabra, en
primer término, la señora Batet en representación del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora BATET LAMAÑA: Bienvenido secretario de Estado de Administraciones Públicas a su Comisión. Le echamos de menos; no estaría de más que compareciera más habitualmente pues estaríamos encantados de recibirlo.


Voy a centrar mi intervención en lo que ustedes llaman anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. El hilo conductor de todas las actuaciones y decisiones que el Gobierno popular toma proyecta un
mismo objetivo, una misma línea, que es desconfianza hacia el sector público, y ahora nos toca desconfianza hacia los entes locales. Esta desconfianza hacia lo público nos parece que es especialmente delicada en un momento como el que estamos
viviendo, en el que, usted mismo lo decía, el prestigio de la política, de las instituciones democráticas, de los políticos, está en entredicho y en vez de empoderar al poder democrático lo que ustedes hacen es, medida tras medida, debilitar ese
poder democrático proponiendo reformas profundamente ideológicas con la excusa de la crisis económica.


El anteproyecto de ley tiene como únicos objetivos -usted de hecho lo ha reconocido así en su intervención- además de demostrar esa desconfianza, la búsqueda de la estabilidad presupuestaria por un lado y evitar duplicidades con otras
administraciones públicas por otro. Para nada aborda las necesidades y las demandas clásicas que vienen dándose desde el municipalismo. Les pondré un ejemplo: la Ley de Haciendas Locales. Es su mayor demanda y ustedes no abordan en absoluto ni
se plantean elaborar la nueva Ley de Haciendas Locales que acompañe a la modificación de la Ley de Régimen Local.


Voy a intentar exponer en mi intervención cómo ni el objetivo de estabilidad presupuestaria ni el objetivo de evitar duplicidades se consiguen con este anteproyecto que ustedes han puesto encima de la mesa. Empiezo con un dato
significativo, que usted mismo reconocía, y es que la aportación al déficit público por parte de las entidades locales en 2012 ha sido del 0,15% del PIB -decía que incluso puede ser menor- y que la previsión para 2013-2015 va a ser del cero por
ciento, cuando el del conjunto de las administraciones públicas es del 10,2%. Por tanto, claramente no hay un problema de déficit público que aporten las entidades locales y por ello no tiene sentido que se haga una ley para conseguir un objetivo
que ya se ha dado y que no requiere una solución adicional. El anteproyecto no respeta el marco de referencia jurídico básico, ni el europeo ni el español ni el autonómico; vulnera la Carta europea de la autonomía local, porque no respeta los
principios de proximidad ni de subsidiariedad; vulnera la Constitución española, entre otros preceptos claramente el 140, el que reconoce la autonomía municipal, impidiendo que los entes locales, los municipios, tengan capacidad auto organizativa;
y vulnera todos los estatutos de autonomía muy significativamente los de nueva generación. Estoy pensando principalmente en dos estatutos de autonomía, el de Cataluña y el de Andalucía, donde la competencia de régimen local está muy definida y está
plasmada en sus textos respectivos. No respetan, por tanto, la distribución de competencias que viene dada en la Constitución. Por un lado aplican la evaluación de costes estándares a competencias cuya titularidad no pertenece al Estado porque
corresponde a las comunidades autónomas, e impiden, por otro lado, que leyes autonómicas atribuyan a los entes locales materias como competencias

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propias. Vulneran en todos los sentidos esa distribución de competencias, como le decía. Además, no tiene en cuenta, en absoluto, la diversidad municipalista de cada una de las comunidades autónomas. Me ha hecho gracia, no sé si en un
ejercicio de voluntarismo o de cinismo, cuando ha mencionado que su anteproyecto tiene muy en cuenta la diversidad municipalista de las comunidades autónomas. Desde nuestra perspectiva no la tiene en absoluto, por lo que nos parece especialmente
grave que vulnere las tres grandes normas que jerárquicamente están por encima de este anteproyecto, como decía, ámbito europeo, ámbito español y ámbito autonómico.


Anunciaban los dos objetivos: estabilidad presupuestaria o eficiencia y duplicidades. Para lograr estos dos objetivos los que ustedes plantean básicamente en este anteproyecto hay dos medidas, dos medidas -estoy simplificando porque el
tiempo me obliga a ello-. Bajo el pretexto de evitar las duplicidades se prohíbe a los ayuntamientos, se prohíbe directamente -no es que si tienen disponibilidad de dinero lo puedan hacer o no; no, no, se prohíbe- que ejerzan competencias en, por
ejemplo, educación, sanidad, servicios sociales, promoción de la igualdad, promoción del empleo y de la creación de empresas, entre otras, dando a los municipios un carácter y un rol claramente subsidiario. Esta medida no evita duplicidades; si es
que las hubiese en ningún caso se dan por este extremo. Pondré un ejemplo, que un municipio haga una guardería y que una comunidad haga también una guardería en el mismo municipio no implica una duplicidad, desde nuestro punto de vista; no lo
implica siempre y cuando no hubiese un exceso de niños en ese municipio que no cubriera las plazas. Mientras haya niños para cubrir plazas en las guarderías no podemos considerar que eso sea una duplicidad. -No lo podemos considerar, señor
secretario de Estado, lo siento-. Lo que sí pasará con esa prohibición, prohibiendo a los ayuntamientos que hagan determinadas cosas, es que se quedarán muchas cosas por hacer, eso es lo que pasará, que habrá muchos servicios que los ciudadanos
dejarán de percibir porque no habrá ninguna Administración que los ofrezca y les dé la posibilidad de tener esos servicios. La ley establece un periodo transitorio en el que estos servicios se pueden seguir prestando por los municipios, pero siendo
financiadas por las comunidades autónomas a coste estándar -luego entraré en el concepto del coste estándar-. Se produce la paradoja de que servicios antes municipales, ahora autonómicos de acuerdo con esta distribución, cuando su coste real supere
el estándar se tendrá que seguir financiando por los ayuntamientos, al menos la diferencia del coste estándar al coste real, lo que también es inconstitucional y un nuevo ejemplo de la distorsión que genera precisamente este concepto de coste
estándar. En definitiva, esta medida de prohibición expresa de ejercer competencias por parte de los ayuntamientos, denota la concepción que tienen del municipalismo. Ustedes conciben el municipalismo como una administración puramente gestora,
mientras que para nosotros es un gobierno, es un nivel de gobierno más, desde el que se hacen políticas, políticas para nada desechables ni poco importantes; es desde donde se garantiza precisamente la cohesión social, la integración entre
ciudadanos y la igualdad de oportunidades. Por tanto, nos parece que no se puede despreciar o prescindir de esas competencias que hasta ahora muchos ayuntamientos han estado llevando a cabo y que han hecho que en sus poblaciones sus ciudadanos, sus
vecinos, tengan mayor calidad en la prestación de servicios, mayor garantía de igualdad de oportunidades y mayor cohesión e integración entre ellos, lo que debería ser prioritario para su Gobierno.


La segunda medida que toman, bajo el pretexto de la búsqueda de eficiencia o de la estabilidad presupuestaria, es establecer que a los municipios de menos de 20.000 habitantes se les aplique una evaluación de coste estándar de sus servicios
y que si no aprueban, entre comillas, esta evaluación, las diputaciones se quedarán con sus competencias. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, desde nuestro punto de vista, lo que hará será aplicar estos estándares imponiendo un
criterio meramente economicista y además igualitarista en la prestación de servicios, igual para todos los municipios tratando por tanto igual a los desiguales. ¿Qué heterogeneidad tiene en cuenta este establecimiento del cálculo del coste estándar
que usted decía? Porque a todos se les aplicará exactamente lo mismo, cuando lo que debería hacer el ministerio, desde nuestro punto de vista, es coordinar la diversidad del país y garantizar que los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad
que respondan a necesidades reales de los ciudadanos. ¿Dónde están los ciudadanos en esta ley, señor secretario de Estado, dónde están, dónde está el cuidado por la calidad de los servicios públicos en esta ley? Ha hablado usted de transparencia
en el coste. Yo me pregunto, ¿habrá transparencia también en la calidad del servicio, en si la calidad del servicio se sigue prestando exactamente igual o si ha disminuido? No se establece, por otro lado, qué parámetros, qué criterios o quién o
cuándo se realizará esta evaluación de los costes estándares, siendo hoy por hoy, tal y como está recogido en el anteproyecto, una decisión puramente arbitraria en manos del Gobierno, vulneración flagrante del artículo 9.3 de la Constitución
española.

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Las diputaciones que deben asistir económica y técnicamente a los municipios para que cumplan precisamente con los servicios obligatorios mínimos, cuando éstos no lo consigan de acuerdo con esta evaluación estándar en parte por tanto
imputable a las diputaciones que les tendrían que haber prestado asistencia en ese momento, la provincia, o sea la propia diputación, asumirá este servicio. Un poco paradójico me parece a mí. Así las diputaciones concentran la prestación de
servicios, además pasar un servicio de una administración a otra no tiene por qué suponer ahorro. Señor secretario de Estado, esto nos lo tiene que explicar un poco mejor. ¿Cuál es el ahorro de pasar un servicio de un sitio a otro? En algunos
casos puede suponer ahorro, en otros ninguno y en otros puede suponer incremento de coste. Para nada es una operación que nos parezca lineal. Nos parece un razonamiento falaz, y eso no es cooperación a lo que se refería cuando hablaba de la
relación entre diputaciones y municipios; eso no es cooperación, es quedarse con las competencias de los municipios. Me pregunto si a las diputaciones se les aplicará también la evaluación de costes estándares; el anteproyecto no lo prevé.


Me gustaría saber qué diputaciones ha tomado como referencia el Gobierno para depositar en ellas la presunción absoluta de eficiencia; quizá la de Castellón, la de Lugo, la de León o la de Ourense, no lo sé. Nos gustaría saber cuál es su
modelo.


El señor PRESIDENTE: Señora Batet, tiene que terminar.


La señora BATET LAMAÑA: Me pregunto también si en estos momentos las diputaciones tienen la estructura suficiente para asumir estas nuevas responsabilidades. Con esta ley lo que buscan, en realidad, señor secretario de Estado, es
centralizar la prestación de los servicios para después privatizar estos servicios... (Protestas.-Un señor diputado: ¡Muy bien, muy bien!) Siento que se solivianten, pero el secretario de Estado lo ha dicho: uno de los objetivos de esta ley es
buscar, incentivar la iniciativa económica privada (Rumores), por tanto entiendo que la iniciativa económica privada se incentivará muy bien con aquellos servicios que sean rentables y se incentivará muy mal, potencialmente se dejarán de prestar,
los que no sean rentables. Supondrá, por tanto, el cierre de muchos servicios y el despido de personal cualificado que lo prestaba; en este caso, la recuperación a posteriori, si se quiere, de estos servicios va a ser mucho más difícil, porque se
van a descapitalizar esas administraciones públicas que lo prestaban.


Finalmente, que las diputaciones se queden gran parte de la prestación de servicios rompe, desde nuestro punto de vista, con el principio democrático básico que nos hemos dotado todos los españoles, de conexión entre representante y
representado. La accountability, la exigencia de responsabilidades, la rendición de cuentas desaparece. ¿Para qué votar a alcaldes y concejales que no van a poder tomar decisiones?, ¿quién va a controlar las decisiones que tomen las diputaciones?
Como usted sabe, es una administración de representación indirecta que los ciudadanos no votamos directamente.


Este proyecto de ley, señor Beteta, acabará con el mundo rural, y usted es consciente de ello. Apuesta por la preponderancia de la ciudad frente al pueblo. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!-Rumores). Esto provocará la desvertebración
de España -termino con esto, señor presidente- y la despoblación de zonas rurales a favor de las grandes urbes, provocando la concentración de ciudadanos, como pasa en países en desarrollo. Aquí podríamos hablar también de las entidades locales
menores, o entidades locales autónomas, como se denomina a algunas comunidades autónomas, a las que por la vía de los hechos pretende erradicar de cuajo en este texto, y usted mismo lo ha reconocido en su comparecencia. Supongo que la mayor
economía de escala que ustedes se plantean desde el Gobierno y desde su ministerio, es que todos viviéramos en Madrid; eso sería una economía de escala perfecta. Despoblemos el resto del Estado, vivamos todos concentrados en una ciudad y seguro
que la prestación de los servicios públicos a todos los ciudadanos en una misma ciudad va a ser mucho más eficiente, con mucha mayor economía de escala, y por tanto va a cumplir con esa racionalización y esa sostenibilidad que ustedes pretenden
buscar con este anteproyecto.


Señor Beteta, le volvemos a pedir encarecidamente y con toda humildad, si me permite, que retire este proyecto de ley y que empecemos de nuevo, que hagamos un esfuerzo por dar respuestas de verdad a los problemas que existen y que demandan a
nuestro municipalismo, pero que parta de otras premisas y sobre todo que busque otros objetivos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora intervenir a los autores de otras de las solicitudes de comparecencia, que son conjuntamente el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural y Grupo Mixto. Tengan en cuenta que tienen que administrar el
tiempo.

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La señora JORDÀ I ROURA: Entiendo, presidente, que compartimos el tiempo en el Grupo Mixto, pero La Izquierda Plural es otro grupo aparte.


El señor PRESIDENTE: Hay una única comparecencia, pero no se preocupe que estamos siendo un poco laxos con el tiempo. Entre los tres tienen quince minutos.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Señor presidente, disculpe, pero es la primera vez que me sucede desde el principio de la legislatura. Una cuestión es que se necesiten dos grupos para pedir una comparecencia y la otra es que dos grupos tengamos
el tiempo de un solo grupo para sustanciar la comparecencia.


El señor PRESIDENTE: No perdamos más tiempo. Hable usted tranquilamente. Procuren ajustarse a los tiempos asignados.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: En primer lugar, quiero agradecerle la comparecencia y decirle que después de tantos meses desde la última vez que pasó por este Congreso, que era el 8 de octubre, ha llovido mucho y de hecho casi han caído chuzos
de punta con las noticias que nos venían de su ministerio, no solo vinculadas a la reforma local. Este Congreso hubiera merecido escuchar de primera mano cuáles eran las intenciones de esa reforma local. Lo hemos podido ver en prensa, han
circulado borradores pero no porque los grupos parlamentarios hayamos podido participar en ese debate. A pesar de ello, hoy viene y nos dice: esto va a entrar en breve, se lo van a encontrar hecho, aunque tengan levantadas a todas las
instituciones, organizaciones sociales, sindicatos en una declaración de guerra. De hecho ha venido a decirlo tal cual: no gusta a muchos. Casi lo decía con un cierto orgullo, orgullo que responde a una cierta temeridad, la del Gobierno, y a la
irresponsabilidad de todo el ministerio desde lo que llevamos de legislatura; usted viene a plantear una reforma de la Administración local, un pilar democrático en este país; y cuando la propia Constitución se fundamenta en el municipalismo como
un pilar democrático básico usted dice aquí: no gusta a la mayoría de la gente ni instituciones ni sindicatos ni organizaciones, pero es lo que hay que hacer; en la línea también del presidente del Gobierno. Tenemos unas cifras macroeconómicas
que son un desastre, tenemos más de 6 millones de parados pero yo hago lo que debo. A lo mejor debería el Gobierno dejar de blindarse en su mayoría absoluta para promulgar reales decretos, cuando ven que no funcionan y cuando una ley básica como
esta, como la reforma local, una ley de bases de la Administración local no se puede hacer a golpe de mayoría absoluta, no se puede hacer a golpe de imposición, sin diálogo y contra corriente de todas las fuerzas. No se puede hacer porque no es una
ley que se base en la lealtad institucional, en la coordinación y el diálogo; no puede funcionar si se hace contra todo el mundo y a golpe de mayoría absoluta, no va a funcionar. Esa es la suerte que nos queda, que aunque ustedes acaben aprobando
por número esa reforma, habrá una insurrección a nivel municipal y de los propios ciudadanos, porque es inaplicable. Al final lo que ustedes plantean es una ley que no es aplicable, porque es un modelo que a lo mejor queda muy bien en un manual de
neoliberalismo político, pero es inaplicable en un contexto de un Estado social democrático y de derecho, en un Estado compuesto, donde las distintas administraciones tienen que decir la suyas, y son corresponsables de cumplir con los derechos
fundamentales de los ciudadanos.


Usted ha venido aquí a hablar de la reforma local y no ha hablado ni de representatividad ni de democracia ni de derechos sociales, ni de servicios públicos ni de calidad de esos servicios públicos; de todo esto no ha hablado en ningún
momento. No ha hablado de proximidad, de acceso de los ciudadanos a las instituciones, no ha hablado de nada de todo eso. Luego, con un magnífico acto de cinismo ha dicho: no, pero esta ley no está al servicio de la austeridad, no. No, no.
¡Pero si usted solo ha hablado de la Ley de Estabilidad Presupuestaria! Es de lo único que ha hablado en toda la ley. Entonces, ¿al servicio de qué está si no es de la austeridad? Y seguramente es que no está ni al servicio de la austeridad,
porque es verdad, porque los datos no cuadran. El conjunto de entes locales solo representan el 4% del total de la deuda que tiene el conjunto del Estado, el 4% de la deuda, y ustedes vienen a decir que esta ley responde a una necesidad, ¿a una
necesidad de quién?, ¿del Partido Popular?, ¿de las empresas de servicios educativos?, ¿de las empresas de servicios sanitarios?, ¿de las empresas que quieren gestionar los servicios públicos porque se les ha acabado el margen de negocio en
otros sectores y ahora quieren entrar aquí? A esa necesidad es a la que debe responder, porque lo que reclaman los ayuntamientos desde hace décadas es un cambio en la financiación de los entes locales y mayor poder local para responder a las
necesidades ciudadanas, a lo que les piden los ciudadanos y ciudadanas, que sus

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ayuntamientos respondan. Eso es lo que piden, mayor poder y mayor financiación; una financiación que llevan años reclamando, pero aquí de esto no se habla por ninguna parte; de lo único que habla esta reforma es de recorte. Dejemos de
hablar de austeridad; ustedes lo que aplican en esta reforma es recorte, recorte en los servicios y recorte en los derechos, y al servicio de todo eso es a lo que está. Nosotros habíamos podido leer documentos, pero usted lo ha confirmado. Usted
decía: está alejado del dogmatismo. Luego ha dicho varias frases que es eso del excusatio non petita accusatio manifesta, o sea usted ha dicho una necesidad. ¿Qué necesidad si los datos macroeconómicos ni de deuda ni de déficit están? Dice: no
gusta a muchos. Efectivamente. La tercera es: está alejado del dogmatismo. Pues claro, si no es dogmatismo aplicar unos recortes a una administración que no tiene una deuda, si no es dogmatismo aplicar precisamente recortes de servicios públicos
en un momento en el que se multiplican las necesidades, si no es dogmatismo decir que hay que seguir aplicando la austeridad, cuando tenemos 6 millones de parados y las administraciones públicas, todas, deberían estar al servicio de la creación de
empleo y de la lucha contra la pobreza -que es lo que se está multiplicando y a lo que tienen que hacer frente nuestros ayuntamientos-, si no es dogmatismo insistir en unas políticas fracasadas como las que están aplicando, ya me dirán qué es.


Lo que sí es dogmatismo es pensar que ustedes pueden manejar con escuadra y cartabón o como si fueran un consejo de administración lo que son los servicios públicos y lo que son los ayuntamientos. Es pensar que la política es como una
cadena de montaje: no podemos solapar, no podemos coincidir en el mismo tipo de servicios. ¿Alguien puede creer que en el siglo XXI la educación no se hace de forma colaborativa entre las diferentes administraciones?, ¿alguien se puede creer que
un ayuntamiento no obtenga responsabilidades educativas? Pero cuando ustedes van repitiendo: una administración, una competencia, están negando la necesidad de cooperar en unos mismos objetivos, que es mejorar la calidad educativa y sobre todo la
equidad en el acceso educativo. Y los ayuntamientos han sido un pilar de eso.


La cuarta frase que ha dicho -una de esas perlas-: nosotros estamos limitando la proliferación ineficiente de servicios. Me gustaría que detallara qué quiere decir la proliferación ineficiente de servicios, ¿las guarderías, las escuelas de
música, las escuelas de danza que compensan a todos aquellos que no pueden ir a los liceos o no pueden pagar las escuelas privadas? A eso se han dedicado los ayuntamientos. ¿Qué es la proliferación ineficiente?, ¿las políticas de vivienda, los
avales, por ejemplo, a políticas de alquiler o la creación de viviendas de alquiler para los sin techo, también gracias a las políticas del Gobierno que están generando desahuciados cada día?, ¿eso es proliferación ineficiente de servicios o es
garantizar derechos y servicios básicos a la ciudadanía? Porque ese es el objetivo que deberían tener las administraciones públicas y también el Gobierno.


Usted ha acabado dando el objetivo: no, no es la austeridad, de hecho es favorecer la iniciativa privada, efectivamente, la privatización. Hay decisiones que se toman en esta ley que no pueden responder a otro criterio. Que una diputación
sea más capaz de prestar un servicio solo responde a que aglutinando a nivel de diputaciones es mucho más fácil hacer una subcontratación pública; es a lo único que puede responder dar a las diputaciones -que no son ejemplo ni de buena gestión ni
de transparencia, son un gran ejemplo de redes clientelares-, la gestión de estos servicios. Efectivamente responde al dogma, responde a la hoja de ruta del Gobierno, que es recortar y privatizar servicios. Ustedes mismos lo han dicho: el último
objetivo adelgazar al máximo la Administración local. Usted lo ha dicho textualmente: el objetivo es adelgazar al máximo la Administración local.


En cifras comparadas, sinceramente, no se aguanta. En España estamos muy por debajo en la media de trabajadores públicos que la media europea, por no hablar de los ayuntamientos, de cómo financiamos a los ayuntamientos en comparación a la
mayor parte de ayuntamientos a nivel europeo, por no hablar de los sueldos de los concejales, a los que ustedes les han puesto el foco como si fueran el problema de nuestras administraciones, cuando más del 80% no reciben ninguna contraprestación a
cambio, sino que lo hacen por servicio.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que ir concluyendo.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Concluyo.


Nos gustaría saber si ustedes han evaluado el nivel de conflicto que se va a generar si esto entra en el Congreso y aplican su mayoría absoluta; si han evaluado la vulneración de la Carta europea de autonomía local; si han calculado cómo
se ha vulnerado los estatutos de autonomía. También nos gustaría saber, esto es ya más concreto, en cuanto a la Ley de Gobiernos Locales de la Generalitat, si se ha

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blindado el acuerdo con ustedes sobre el respeto a las competencias por parte de la Generalitat; nos gustaría saber si esto es así y qué opinión tiene de la Ley de Gobiernos Locales.


Finalmente nos gustaría, aunque sea un anuncio, si va a venir a este Congreso a hablarnos de la reforma de las administraciones públicas, porque más allá de la reforma local ustedes han anunciado que antes de las vacaciones tendremos una
reforma de las administraciones públicas, de las que nadie sabe nada, que podemos intuir por la hoja de ruta del Gobierno, pero que debería usted ya que está aquí decir algo al respecto. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene el turno de intervención el Grupo Mixto. En primer lugar tiene la palabra la señora Enbeita.


La señora ENBEITA MAGUREGI: Si escuchamos al secretario de Estado de Administraciones Públicas parece que la ley de reforma local va a solucionar la crisis con todos los millones que pretenden ahorrar, pero lo maquillen como lo maquillen
esta reforma viene a anular la autonomía municipal. Para empezar, con esta ley se limitará absolutamente la participación ciudadana, dado que las entidades locales son las instituciones que más cerca están de la ciudadanía y que mejor entienden sus
necesidades. Y hablando de necesidades usted ha hablado de una necesidad y luego ha hablado de que más de 6.000 ayuntamientos están en situación de superávit. Entonces no sé cuál es la necesidad que justifica la autonomía municipal; no sé de
donde pretender ahorrar todos esos miles de euros, porque no nos creemos que las prestaciones en exclusividad por una sola administración resulten ser más económicas y más eficientes que en el caso del actual sistema, porque los servicios se
comparten y se complementan. No se puede justificar que se ahorre dinero en ese aspecto, por no hablar de los alcaldes y de los concejales que o no se ponen ciertos ejemplos y con un todos son iguales pretenden desacreditar su trabajo. La mayoría,
como ha dicho la compañera de La Izquierda Plural no cobran por su trabajo. No vamos a hablar de los concejos, que históricamente han pedido que haya una legislación que regule su financiación, y esta ley, lejos de dar respuesta a esta petición,
intenta suprimirlos.


Con esta ley creemos que el Gobierno intenta imponer una intervención directa en la entidades locales para controlar y dirigir su funcionamiento y así dar pasos agigantados en la recentralización del Estado para poder decidir sobre los
proyectos a realizar en los ayuntamientos y seguramente, cosa mucho más grave, para poder decidir en los proyectos que no se van a realizar y en los servicios que no se van a ofrecer. Se nos ha dicho aquí que es entender mal lo que usted ha
expuesto cuando decimos que se intentan privatizar los servicios públicos, pero yo también he entendido lo mismo. Al imponer un coste estándar de los servicios, bajarán en calidad, extensión y cobertura. Tendremos peores servicios y además estos
recortes afectarán a las plantillas municipales y a las personas subcontratadas para ciertos servicios.


Refiriéndome al caso de Euskal Herria, lo que está en la base de todas estas agresiones creemos que es la falta de respeto hacia nuestra realidad política y social. En Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa solo hay 16 municipios de más de
20.000 habitantes y la inmensa mayoría del resto de municipios tiene menos de 5.000 habitantes, así que usted me explicará con qué entramado institucional pretende organizar todo esto. Por eso, para empezar pedimos que se retire esta reforma y si
no que nos dejen por lo menos a los vascos y las vascas decidir cómo queremos organizar nuestros municipios y nuestras instituciones.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: En primer lugar quiero saludar al secretario de Estado y agradecer su comparecencia hoy aquí. Intentaré ir rápido, básicamente porque creo que los compañeros que me han precedido -en este caso las compañeras, pues
han sido tres diputadas- lo han explicado de maravilla y de hecho suscribo casi absolutamente todos sus argumentos.


Señor Beteta, parece ser que toda esta fiesta -nosotros lo entendemos así- que ustedes llaman racionalización y sostenibilidad la hacen para que el Gobierno ahorre poco más de 7.000 millones de euros, que no es poco -ya lo adelanto- y
consiguiendo que solo cobre el 18% de los concejales, que tampoco es poco, es decir, retirando el sueldo al 82% de los ediles de los 8.166 ayuntamientos del Estado español. Señorías, dejen que desde la modestia les dé un pequeño consejo. Si
verdaderamente quieren ahorrar dinero y a la vez evitar duplicidades -entiendo que este es el motivo de esta fiesta-, creemos que la solución es suprimir las diputaciones, por todo lo que se ha dicho sobre ellas. En nuestro programa electoral, en
Esquerra Republicana siempre hemos hablado de la supresión, no es ninguna novedad, de las diputaciones; de hecho se ha planteado en varias ocasiones en la Cámara Baja. No obstante, la

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iniciativa -lo tenemos que decir alto- fue rechazada en este caso por los grandes partidos estatales, que son los que en definitiva, a nuestro entender, se reparten el pastel de dichas diputaciones. De hecho, aunque no lo digan, pensamos
que es el principal argumento de estos dos grandes partidos para votar en contra de la supresión de las diputaciones y mantener unas instituciones que a nuestro juicio, repito, son absolutamente inútiles.


Las diputaciones suponen una estructura uniforme, una estructura heredera directa del modelo jacobino francés que no tiene en cuenta la configuración histórica y cultural de los territorios. Me parece que hoy, si de alguna cosa estamos
hablando, es justamente de los territorios y de su diversidad. Lo que hacen las diputaciones es demostrar que todo su sentido es absolutamente fallido, porque la eficiencia no es precisamente su grandeza. No obstante, una estructura supramunicipal
adaptada a la realidad territorial tiene su lógica en tanto que precisamente permita la sostenibilidad de los ayuntamientos y la garantía de los servicios públicos esenciales. Eso es lo que pretenden las veguerías catalanas. Pretenden ser una
herramienta para descentralizar las funciones, en este caso de la Generalitat de Catalunya, y garantizar territorialmente -repito que esto es importante, el territorio- los servicios públicos sin necesidad alguna de eliminar los ayuntamientos como
en definitiva, señor Beteta, pretenden ustedes. No vamos a negarles que el modelo territorial tiene alguna asignatura pendiente, es verdad, y también se ha dicho aquí, pero no la que ustedes plantean ni tampoco como ustedes la plantean. Aquí la
única verdad, siempre a nuestro entender evidentemente, es que las haciendas locales necesitan un mejor sistema de financiación. Esto sí que es verdad y esto sí que es una necesidad y una necesidad que no viene de hoy sino de hace décadas.


Hablemos claro. El objetivo del anteproyecto de ley para la racionalización de la sostenibilidad de la Administración local lo tiene todo menos racionalidad y sostenibilidad. Una vez más, tras el dramático contexto de la crisis, como una
cortina de humo, se esconde una ideología que tiene como objetivo -tampoco es ninguna novedad- recentralizar una vez más y controlar los municipios, limitando al máximo la capacidad de acción de estos y convirtiéndolos solo en simples ejecutores de
la voluntad del Gobierno español de turno. Lo peor no es esto. Lo más lamentable es que ustedes pretendan transmitir a la opinión pública que son precisamente los ayuntamientos los que han provocado casi esta crisis, que son los derrochadores, que
son los culpables de todo lo que está sucediendo. (El señor Merino López: Todo lo contrario). Este es el planteamiento, señor Beteta, o al menos así lo he entendido. Sin embargo, es justamente la Administración con menos deuda, usted lo sabe y
lo sabemos todos: el 14% frente al 33% de las comunidades autónomas o frente al 53% de la Administración estatal.


No tendría que hacer falta que les dijera que el municipio es la estructura democrática básica de cualquier organización territorial primaria, cercana y a la vez indispensable para dar servicio a sus habitantes, y son a la vez los
ayuntamientos los que responden de manera más rápida a los requerimientos de la ciudadanía, con más eficacia y con más eficiencia. Los concejales y los alcaldes -entiendo que aquí hay muchos- son vecinos que tienen simplemente vocación de servicio,
que ya es mucho, vocación de servicio a su comunidad, y que son elegidos directamente por sus conciudadanos por su proximidad. Ustedes no tienen en cuenta los principios de autonomía y subsidiariedad e ignoran por completo las necesidades de la
ciudadanía y sobre todo los niveles de calidad, de eficacia y eficiencia de los servicios que a día de hoy dan los Gobiernos locales, que son muchos, de los que no voy a hablar pues diferentes compañeros lo han explicado de maravilla. Igualmente
ignoran o quieren ignorar que los municipios son absolutamente asimétricos, con realidades territoriales absolutamente distintas. Así pues, las soluciones y las formas de afrontar las dificultades deben venir, a nuestro entender, siempre de abajo
arriba y no imponiendo modelos al revés, porque estos absolutamente siempre -y está demostrado- acaban fracasando.


En definitiva y para concluir, desde Esquerra Republicana defendemos la necesidad de unas administraciones de segundo grado que lleven a cabo la coordinación de competencias municipales, permitiendo así la existencia de municipios como
símbolos de representatividad de una colectividad y evidentemente que sus ciudadanos disfruten de todos sus servicios. A nuestro juicio, esta es la finalidad última que debe pretender cualquier administración pública.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señor Beteta, quiero empezar mi intervención con dos hechos objetivos. Este intento de reforma comenzó justificándose por razones económicas, razones económicas que cada

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vez van teniendo menor peso. El dato que se ha dado, que conocíamos ya, del déficit de las administraciones locales ya dice mucho en ese sentido. Otro dato objetivo es que una reforma de este tipo, que va a cambiar una de las estructuras
básicas institucionales, necesitaría de un amplio consenso entre todos los grupos políticos para que pudiera producirse. Sinceramente, a uno le puede resultar sorprendente -a mí desde luego me resulta sorprendente- que pueda llevarse a cabo
unilateralmente, aunque exista una mayoría absoluta en las Cortes Generales, pero la materia de que tratamos no es baladí y sería deseable, más que deseable, creo que absolutamente necesario un gran consenso.


Podría coincidir en muchas de las consideraciones que han hecho los portavoces de otros grupos, pero no quisiera que hoy mi mensaje se perdiera, porque vengo aquí a transmitirle un mensaje al Gobierno a través de usted. A usted no se le
escapa que yo no soy miembro de esta Comisión. Soy el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados y vengo aquí porque este es un asunto que nos preocupa mucho, este es un futuro proyecto de ley que nos tiene muy
preocupados. Usted sabe, porque se lo hemos hecho saber en persona, que para nosotros el respeto foral es la línea roja de todo este asunto. Lo conoce perfectamente y además se le han entregado enmiendas, enmiendas que a nosotros se nos ha
transmitido que se pueden considerar admisibles y razonables, razonadas en derecho. Hemos accedido al borrador del 21 de mayo de este anteproyecto no porque el Gobierno nos lo haya facilitado, pero hemos accedido a él, y hemos visto lo que
contiene. Sinceramente quiero transmitirle, porque es un tema que nos preocupa y que para nosotros es fundamental, que nos ha causado alarma su contenido, porque solo hay una genérica mención, en la disposición adicional primera, a lo que podría
ser el sistema foral y a las competencias forales, y esa genérica mención tengo que decirle que no sirve para dar cobertura ni a la promesa que el presidente del Gobierno formuló a preguntas mías en una sesión de control de respetar el régimen
foral, ni tampoco para cubrir el mandato de la Cámara en la resolución que se aprobó en el denominado debate sobre el estado de la Nación. La fórmula adoptada, que es absolutamente genérica, va a crear controversia en el día a día y va a provocar
una judicialización de qué es exactamente lo que quiere decir.


Es necesaria, señor secretario de Estado, se lo transmito, más precisión, y no me diga que ya se pueden entender algunas cosas incluidas, porque lo que abunda no daña, y desde luego si podemos evitar la judicialización de muchos asuntos,
mejor que mejor. Nosotros seguimos confiando en que todavía se van a incluir en alguna fase de esta tramitación -y creemos que lo mejor sería que fuera en fase de anteproyecto- las reclamaciones que mi grupo parlamentario les hizo y que, insisto,
por parte del Gobierno se nos transmitió que estaban bien fundadas en derecho y que eran razonables. Si no, tengo que decírselo así, se traspasará una línea roja por parte del Gobierno. Para nosotros es importante que las cosas que se acuerdan y
las cosas que se prometen se cumplan. Si esa línea roja se rebasa, nos opondremos absolutamente con todos los medios que estén a nuestro alcance. No quiero distraer el mensaje que he venido a dar. Se lo vengo a dar al Gobierno y lo hago a través
de usted.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Páramo. (La señora Lucio Carrasco pide la palabra).


La señora LUCIO CARRASCO: Señor presidente, es una petición de amparo. En el bien entendido que es usted como presidente y solamente usted el que tiene que guardar el orden en esta sala, y sobre todo de manera preventiva para las próximas
intervenciones que hagamos, debo decirle que he sido amonestada y también lo ha sido otra diputada por una persona que no reconozco ni como diputada ni como diputado ni como personal de esta Cámara, estando aquí sentada escuchando las
intervenciones. Me gustaría que no volviese a ocurrir, que ni esta diputada que les habla ni ninguno de los que estamos aquí fuéramos amonestados por alguien que no pertenece a esta Cámara. Le pido amparo por ese motivo.


El señor PRESIDENTE: Investigaré el asunto, que desconozco, pero no se preocupe que será amparada si así se ha producido.


Tiene la palabra el señor Pàramo.


El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señor Beteta, bienvenido, muchas gracias por su presencia.


Lamento no haber dispuesto del texto que hoy circula con el tiempo suficiente para haber hecho una amplia lectura; lo tuve ayer tarde, esta mañana casi, y tras una lectura rápida diría que casi no se parece en nada a las primeras entregas
que se han ido produciendo. Ha mejorado, pero creo que puede mejorar mucho más. Hay temas que nos preocupan. El concepto estándar entendemos que es un concepto

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imposible de objetivizar, ni dentro de las comunidades autónomas ni dentro de las provincias ni dentro de las comarcas. La diversidad de los municipios es tan enorme, la capacidad, la manera y la condición del entorno en que se prestan los
servicios son tan diferentes, tan complejos que es casi una utopía llegar a un concepto estándar que sea fiable, que sirva para alguna cosa. Otro concepto es el que hace referencia a la asunción de competencias por parte de las diputaciones. Si yo
entiendo que la inmensa mayoría de los municipios inferiores a 5.000 habitantes presentan unas liquidaciones de presupuesto positivas, y que el endeudamiento de la mayoría, cerca de 3.000 municipios, es inferior al millón de euros, está bien que se
haga esta previsión, pero en la práctica creo que serán muy pocos los casos en los que alguna diputación se deberá hacer cargo de estos servicios.


Echamos en falta la singularidad -y permítame que lo diga- del municipio turístico. Vengo de asistir a la comparecencia de su colega, la secretaria de Estado de Turismo, donde he manifestado la preocupación por este anteproyecto de ley. Me
refiero a las competencias propias. La Ley de Costas dice que la playa, la urbana también, es competencia del Estado compartida con la comunidad. Ni el uno ni la otra limpian las playas, ponen salvamento en las playas, balizan las playas ni ponen
seguridad en las playas. Nadie duda que al hablar de playas estoy hablando del sector turístico, uno de los más sólidos que tiene el Estado español, y podría darse el caso de que, al ser una competencia impropia, nos prohibieran a los ayuntamientos
cuidar las playas. Tengamos en cuenta estas cuestiones. Esto afecta también a lo que decíamos respecto a los costes estándar: cómo evaluamos los gastos de un ayuntamiento, municipio turístico, y lo mismo da un municipio turístico costero de
Baleares, que de Canarias, que de Galicia, que de Cataluña. Si hablamos de un servicio básico, el de Policía local, cuando la media de todos los municipios españoles está en 1 policía cada 1.000 habitantes, usted se va a esos municipios y tienen
entre 3 y 4 policías por cada 1.000 habitantes, lógicamente para los habitantes de hecho, para la población estacional. Entonces, ¿cómo vamos a calibrar el coste estándar de la Policía local de estos municipios? Lo pongo a título de ejemplo encima
de la mesa. Hay una transversalidad en el sector económico turístico. Antes era un fenómeno casi folclórico, hoy es una base en la economía del Estado, y resulta que cualquier actividad, lógicamente cualquier actividad turística, se desarrolla en
el marco de un municipio. ¿Cómo van a tener en cuenta ustedes estas situaciones? Este es uno de los temas que nos preocupan.


Nos preocupa igualmente, y estaremos atentos, la posible invasión de competencias estatutarias de los municipios. Usted ha dado unas notas de tranquilidad; damos un margen de confianza. No somos agoreros, no vamos a anunciar grandes
tormentas ni grandes desastres, pero estaremos vigilantes.


Somos partidarios de que, más que hablar de este coste estándar, formulen o requieran a los ayuntamientos a llevar una contabilidad por centros de coste, que cada ayuntamiento, a beneficio propio de su administración y del buen gobierno del
municipio, sepa qué es lo que cuesta cada servicio para podérselo transmitir también a los ciudadanos. Sería una manera de sustituir esta idea. Por otro lado, si se pretende una racionalización de los ayuntamientos, de su eficacia y una
sostenibilidad económica, es un estudio necesario. Esta ley debería ir -y lo han dicho algunos intervinientes anteriores- acompañada de una revisión de la Ley de Haciendas Locales. Me imagino que una vez puesto en orden qué es lo se hace y cuál es
el coste de cada uno de los servicios, ustedes se verán obligados a hacer esta modificación. Esperemos que lo hagan rápidamente.


Por último debo expresar aquí el malestar de miles de ciudadanos y ciudadanas que han formado parte o están formando parte de los consistorios, de las corporaciones locales, por esa imagen que se ha ido dando de que solucionando el problema
y el desorden que pueda haber en los municipios queda solucionado el problema de la economía y de la crisis española. Esto es falso. Creo que tienen ustedes el deber, son el organismo superior que atiende al hecho y a la Administración local, de
salir de una manera clara y diáfana defendiendo al municipio, porque, estoy de acuerdo, hay ayuntamientos que pueden ser un desastre. Usted ha anticipado unos datos según los cuales hay 500 municipios con problemas; hay 6.000 municipios, en
números redondos, con superávit -hay que decirlo- y unos 1.500 municipios más, total 7.500 municipios, con presupuestos equilibrados. Esto es mérito de centenares, de decenas de miles de ciudadanos que se han comprometido con su pueblo, con su
ciudad o con su pequeña población.


Entiendo que esta ley viene impuesta por la Unión Europea y que en algún momento alguien ha tenido -no digo usted, señor Beteta, ni su ministerio- la tentación de presentar a los municipios como chivo expiatorio. He asistido a sesiones de
visitas internacionales que tenemos en el Parlamento y se ha ofrecido esta imagen: no se preocupen, como vamos a arreglar los municipios, el problema de España quedará solucionado. Esta imagen no es buena y sobre todo es altamente injusta. Por
todo ello nuestro grupo anima al señor Beteta, anima al ministerio a que intensifiquen estas relaciones y este intercambio de

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ideas, tanto con la Federación Española de Municipios como con el resto de asociaciones de municipios de cada una de las comunidades donde existan, que hagan sondeos e intenten ver de una manera específica los problemas de cada uno de los
municipios, no para intentar tapar las deficiencias de estos 500 municipios. Les voy a dar un dato. Según el Ministerio de Hacienda, a 31 de diciembre de 2011, los municipios tienen una deuda de 28.460 millones de euros, pero entre los diez
primeros acaparan 11.242 millones de euros. Por tanto, para tapar las deficiencias de determinados municipios, hemos intentado dañar y perjudicar la imagen de esos otros y podríamos caer en la tentación de hacer movimientos que nos llevaran a que,
en lugar de racionalizarlos y dar sostenibilidad a los mismos en beneficio de nuestros ciudadanos, ni se racionalicen ni pasen a ser sostenibles y, lo peor, que lo que se haga sea en perjuicio de los servicios que desde los ayuntamientos estamos
prestando.


Ofrecemos nuestra capacidad de diálogo para avanzar hasta conseguir que nuestros ayuntamientos mejoren en todo aquello que deben mejorar, pero con justicia, y no en aquello que no deben mejorar porque es inmejorable.


El señor PRESIDENTE: Antes de darle la palabra al señor Matarí en nombre del Grupo Parlamentario Popular, permítanme recordar a quienes no son miembros de la Cámara que no pueden intervenir ni perturbar en modo alguno el normal
funcionamiento del trabajo de los diputados ni hacer manifestaciones de ninguna naturaleza. Estoy seguro que lo hacen así y confío en que no tengamos ningún incidente.


Señor Matarí, tiene la palabra.


El señor MATARÍ SÁEZ: Muchas gracias, señor Beteta, por su comparecencia y por sus explicaciones. Estamos encantados de que la señora Batet desee que usted comparezca más; para el Grupo Popular será un placer y siempre será bueno para
esta Cámara que así suceda en cuantas ocasiones sea solicitada su comparecencia y usted lo estime además conveniente.


La reforma local, como usted ha dicho en su intervención, forma parte de la reforma integral que el Gobierno ha puesto en marcha para reordenar el conjunto de las administraciones públicas españolas, el conjunto, o sea todas las
administraciones públicas, para que nos cuesten menos y para que presten mejores servicios a los ciudadanos. Esta reforma se ha puesto en marcha con iniciativas legislativas y con medidas concretas: con iniciativas legislativas como la Ley de
Estabilidad Presupuestaria para que las administraciones no gasten más de lo que ingresan -esta ley, por ejemplo, ha hecho posible que se cumplan los objetivos de déficit por primera vez en mucho tiempo-; con el proyecto de ley de transparencia y
buen gobierno para elevar la transparencia de la actividad pública y el nivel de responsabilidad de los gestores públicos, o con la ley de unidad de mercado para eliminar burocracia y favorecer la iniciativa económica. Entre las medidas concretas
citaré por ejemplo la reducción de los altos cargos, de los puestos en los consejos de administración, con un plan de adelgazamiento del sector público empresarial, tanto estatal como autonómico y local, que está haciendo que en este momento estén
en proceso de eliminación 700 empresas públicas de las que forman parte del sector público de las comunidades autónomas, o que la Administración General del Estado haya suprimido 40 empresas y tenga otras 43 en proceso de desinversión. Ahora hemos
entrado seguramente en el momento definitivo de impulsar la reforma de las administraciones públicas y el Gobierno lo está haciendo, y lo está haciendo de dos maneras: con la culminación de los trabajos de la comisión para la reforma de las
administraciones públicas, que presentará en junio sus conclusiones y que irán en la dirección de suprimir duplicidades, simplificar trámites, unificar la gestión de servicios y revisar la administración institucional, y lo está haciendo también con
el proyecto de racionalización de la Administración local, que llegará al Congreso próximamente y del que estamos recibiendo hoy cumplida y amplia información en esta comparecencia.


¿Qué pretende la reforma? Lo ha explicado muy bien el secretario de Estado. El objetivo de la reforma es que la Administración local sea más eficiente, sea más barata, sea más transparente y que se presten mejores servicios a los
ciudadanos. Para conseguirlo se clarifican las competencias, se racionaliza la estructura organizativa, política y administrativa; se exige un mejor y un mayor control financiero y presupuestario, por supuesto, y se favorece la iniciativa
económica, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, por ejemplo suprimiendo licencias. Esa es la referencia que se hace a la iniciativa económica y eso no es privatizar. Ustedes -como diré a continuación- creo que no se han leído
el borrador y mira que han tenido meses para hacerlo, porque es verdad que hay un nuevo borrador, parece ser después de la comisión nacional de ayer, pero el grueso y el fondo del proyecto lo tienen a su disposición desde hace muchos meses. En este
sentido, siento decirle a la señora Batet -y a la señora Ortiz también- que, ¡hombre!, pase que otros compañeros no se hayan leído el texto, pero usted, señora

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Batet, da la impresión de que no se ha leído el borrador, e insisto, tiempo han tenido. Habla de la vulneración de los estatutos de autonomía, habla de que no es constitucional, habla de las competencias, habla del coste estándar, de
privatización, en fin, ha tirado de manual y de tópicos, como ha hecho la señora Ortiz, y quiero decirles que lo que deben hacer es trabajar para mejorarlo. Piden que se retire el borrador cuando llevamos un año elaborándolo, cuando tienen la
oportunidad de ampliarlo, como explicaré al finalizar mi intervención. Creo que lo que tienen que hacer es ejercer su responsabilidad y trabajar para mejorarlo. La reforma es constitucional, efectivamente creo que lo es, porque se realiza sobre la
base de las competencias que la Constitución española atribuye al Estado y que han sido interpretadas además por el Tribunal Constitucional, artículos 149.1.14.ª, 1.18.ª, 1.13.ª, sentencia del Tribunal Constitucional 233/1999. Además, las
competencias de las comunidades autónomas consisten en el desarrollo normativo y la ejecución de las bases establecidas por el Estado según se establece en el artículo 148.1.2.ª y 149.1.18.ª del texto constitucional.


Sabemos que la reforma tiene aspectos controvertidos y el Gobierno está trabajando para mejorarlos. Ayer se volvió a producir otro importante avance, como ha dicho el secretario de Estado al comienzo de su intervención, en esa Comisión
Nacional de Administración Local. Pero creo que sin ninguna duda es una reforma que va en la dirección correcta, por mucho que se empeñen ustedes, no es una reforma para suprimir servicios ni para privatizar nada. Están hablando todo el rato de
privatización, pero que yo sepa -y quizá lo sepa explicar mucho mejor que yo el secretario de Estado- no hay cambio en las modalidades actuales de prestación de los servicios públicos en los ayuntamientos: gestión directa, gestión por organismo
administrativo o gestión por empresa pública, mixta o privada. En fin, creo que hay ayuntamientos de todos los colores políticos que realizan los servicios a través de las distintas modalidades. Hay muchos ayuntamientos en que la teleasistencia o
el servicio de ayuda a domicilio, por no hablar de los colegios, se hace o bien directamente o bien por empresas mixtas. Eso está inventado y esta ley, este proyecto de ley, este borrador, no viene a introducir ninguna modificación. Es una
reforma, eso sí, para clarificar competencias, para que cada Administración haga lo que tiene que hacer y con la financiación, además, garantizada. Es una reforma, en definitiva, para garantizar justamente esos servicios públicos a los que tienen
derecho los ciudadanos, vivan donde vivan, y por eso se fortalecen las diputaciones provinciales, no por otra razón.


Hay una cosa importante. Esta reforma viene precedida y avalada por lo que ha hecho el Gobierno durante estos quince meses. Tenemos que recordar, sobre todo a usted, señora Batet, que después de cuatro años, de 2008 a 2011, y los previos
también -si me da tiempo haré alguna referencia-, siete años de incumplimientos y de no atender ninguna de las reivindicaciones de los alcaldes, el Gobierno del Partido Popular tardó muy pocos días en poner en marcha las primeras medidas a favor de
las corporaciones locales. Su gestión, por el contrario, estuvo plagada de incumplimientos y de errores. Incumplimientos. Desde 2005, el señor Sevilla, primer ministro de Administraciones Públicas del Gobierno del señor Zapatero, decía: vamos a
dotar a los entes locales de competencias claras y de recursos suficientes. En el año 2009, la señora Salgado: el Gobierno trabaja para reformar antes de finalizar el año la financiación local. En el año 2009, el señor Chaves ya entró en acción:
en el último trimestre de este año estarán en el Parlamento los dos proyectos de ley -se refería a la reforma de la Ley de Bases y la Ley de Haciendas Locales-. El mismo señor Chaves, en 2009, en 2010: el borrador del proyecto de estatuto del
Gobierno local está muy avanzado, y la intención del Gobierno es aprobarlo en el primer semestre de 2010. Y, por último, el programa legislativo prioritario del Gobierno, diciembre 2010-junio de 2011 del señor Zapatero, preveía aprobar la ley de
gobierno local en marzo de 2011. Pero es que además de estos incumplimientos, seis años haciendo anuncios y anuncios, los errores se recuerdan estos días. Recientemente, el Tribunal de Cuentas ha venido a poner en su sitio aquel famoso PlanE en el
que se iban a realizar inversiones extraordinarias para crear empleo y empleo estable, y los resultados han sido muy diferentes a los propuestos, como acaba de certificar en estos días el Tribunal de Cuentas, un PlanE que no sirvió ni para crear
empleo estable ni resolvió los problemas municipales de financiación, sí para incrementar la deuda. Tengo aquí ejemplos de esas obras, pero creo que no merece la pena entrar en este momento en ese detalle.


Estaba hablando de lo que ha hecho este Gobierno como aval de esta reforma, que viene precedida por lo que ha hecho este Gobierno durante estos quince meses. Creo que es importante recordarlo. Ha hablado usted, señora Batet, de la
financiación y de que no se aportaban medidas para mejorar la financiación y las haciendas locales. Quiero decirle que el esfuerzo financiero que ha hecho el Gobierno para mejorar la financiación y garantizar la liquidez de las entidades locales
está siendo extraordinario,

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porque hay un compromiso también extraordinario del Gobierno de Mariano Rajoy con la Administración local y hay hechos: aplazamiento de las devoluciones de 2008 y 2009, 987 millones; ampliación del periodo del reintegro de 2008 y 2009 -por
cierto, causa de presupuestos falsos que hicieron ustedes-; año 2012, 268 millones; año 2013, 671 millones. Pago a proveedores, casi 10.000 millones. Incrementos de la participación en los tributos del Estado, entregas a cuenta, más de un 20% en
2012-2013 respecto al último presupuesto que ustedes aprobaron en 2011. Hay muchas más medidas que no voy a entrar en el detalle. Pero ha anunciado el señor Beteta medidas especiales para ayuntamientos con problemas financieros importantes y ha
hablado expresamente de Jerez de la Frontera porque había una comparecencia pedida para explicar al aparecer un plan especial para el Ayuntamiento de Jerez, que no es el caso, porque son medidas para todos los ayuntamientos, pero que tampoco tendría
nada de extraordinario porque Jerez es uno de los veinticinco municipios más importantes de España, con 210.000 habitantes. Y sobre Jerez, si hay alguien que le parezca mal que se puedan buscar soluciones, tendré que recordarle que ese ayuntamiento
se lo encontró el Partido Popular, después de años de gestión socialista y de otros grupos como el Partido Andalucista, con 958 millones de deuda, con una deuda de 120 millones a Hacienda y a la Seguridad Social, con la PIE retenida en un cien por
cien y con 540 millones de recaudación de Diputación hipotecados hasta el año 2031. Por tanto, creo que estaría más que justificado, pero no es el caso.


Se ha hablado por distintos grupos parlamentarios de diálogo y de consenso. Lo ha dicho el señor Esteban expresamente, el señor Pàramo también, y quiero decir que el Gobierno y el Grupo Popular, pero particularmente el Gobierno quiere y ha
demostrado que quiere una reforma dialogada y consensuada, no una reforma impuesta, y está haciendo un esfuerzo extraordinario desde hace muchos meses, como lo está haciendo el Partido Popular, y el borrador del anteproyecto ha recibido alegaciones,
en un proceso abierto por el ministerio, alegaciones de la Federación Española de Municipios, de las comunidades autónomas, de las federaciones territoriales, de diputaciones, de ayuntamientos, de asociaciones como el Cermi, Cosital, se ha
pronunciado la Comisión Nacional de Administración Local, ahora se pronunciará el Consejo de Estado y después llegará la tramitación en el Congreso y en el Senado. En definitiva, ha habido un amplio proceso de diálogo del que se ha autoexcluido el
Partido Socialista de forma voluntaria, porque yo creo que forma parte de la estrategia de oposición a todo lo que propone el Gobierno. Hace tiempo ya el señor Zarrías abandonó las conversaciones, allá por el mes de diciembre. Luego rompieron con
la Federación Española de Municipios y Provincias, aunque cada vez que hay una reunión el vicepresidente y los portavoces del Partido Socialista en la federación reconocen los avances que se van produciendo. Hablaron de movilizaciones, como si eso
fuera alguna novedad, y hasta anuncian un recurso de inconstitucionalidad sobre un borrador, ni siquiera sobre el anteproyecto. No entiendo por qué ustedes han renunciado al diálogo, por qué desisten de su responsabilidad y por qué cada vez hacen
más la política de Izquierda Unida; ustedes sabrán.


Podrían dar muchas explicaciones de por qué están en contra de un proyecto con el que no desaparecen ni municipios ni se reducen concejales, su gran caballo de batalla al principio; por qué les parece mal un proyecto que ordena y
racionaliza las retribuciones de los alcaldes y los concejales y se establecen límites para la contratación de personal eventual; por qué les parece mal un proyecto que pretende homogeneizar las retribuciones de los empleados públicos; por qué no
están de acuerdo con que a través de las diputaciones -por cierto, órganos constitucionales y con plena legitimidad- se garantice que todos los ciudadanos puedan recibir los mismos servicios, vivan donde vivan; por qué están en contra de que con
carácter general se supriman licencias y autorizaciones, eliminando burocracia. Tendrán ustedes que explicar por qué se oponen a una reforma que introduce garantías de financiación para los ayuntamientos, para las competencias que les deleguen las
comunidades autónomas, algo importantísimo; por qué están en contra de una reforma que quiere ordenar el sector público local donde hoy existen 15.000 entidades y otros 3.000 entes dependientes de esas entidades.


Señorías, creo que el proyecto está planteado, se puede mejorar todavía antes de que se convierta en proyecto; hay instrumentos y el que no quiera colaborar es su responsabilidad. En cualquier caso, insisto, queremos que sea una ley
consensuada, con los representantes de los alcaldes y los concejales, lo está haciendo el Gobierno en los ámbitos que le corresponde y nosotros queremos hacerlo también con los grupos parlamentarios, por supuesto. Insisto, creo que el Gobierno ha
dado pruebas evidentes de que está dispuesto a escuchar, de que está escuchando, de que está mejorando el proyecto -lo lleva haciendo un año- y desde el Grupo Popular queremos aprovechar esta comparecencia para reiterar una vez más

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nuestra disposición plena al diálogo, al acuerdo y al consenso. Ahora depende de ustedes, y me dirijo muy especialmente al Grupo Socialista, pero también al resto.


Señorías, como todas las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha referidas a las entidades locales, esta reforma va a ser también una reforma positiva para el municipalismo; insisto, no es una reforma ni para suprimir servicios ni para
privatizar nada; es una reforma para clarificar competencias, para que cada administración haga lo que tiene que hacer, para evitar duplicidades, para garantizar la financiación, y una reforma para garantizar y hacer sostenibles los servicios
públicos a los ciudadanos, vivan donde vivan. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado para dar respuesta a las preguntas planteadas.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): Señorías, en primer lugar, quiero agradecer las palabras, los comentarios en uno u otro sentido, todos son positivos, de la señora Batet, de la señora Ortiz, de la
señora Enbeita, de la señora Jordà, del señor Esteban, del señor Pàramo, del señor Matarí. A todos ellos he escuchado y he tomado buena nota de las sugerencias que han indicado que quizá en parte pueda contestar ahora.


Antes de hacerlo, quiero aclarar un error que cometí al dar una cifra que me gustaría rectificaran para que no volvamos a insistir en ello; ha sido responsabilidad mía. Cuando dije que había 6.176 ayuntamientos con superávit, son 4.623, y
eran 6.176 los que habían presentado las cuentas. Como hice un baile de cifras, ruego que lo corrijan. No altera en absoluto lo que es el conjunto, pero sí es bueno, en aras del rigor que pretendo que tenga la intervención, autocorregirme en una
circunstancia que me he dado cuenta al escucharla; me llamó la atención y anoté el cambio.


Al escuchar a la señora Batet el pensamiento que me venía a la cabeza es que es profundamente conservadora, totalmente conservadora, pero radicalmente conservadora. Es que todo lo anterior es bueno y no hay que hacer nada. Es decir, que
una comunidad autónoma encarga un trabajo para que lo lleve a cabo un ayuntamiento y no le paga, es bueno; un ayuntamiento se ve obligado a firmar con una comunidad autónoma por un servicio que no es propio y solo por el 50% del coste, y es bueno.
¿Que no se paga a los proveedores? ¿Es bueno? ¿Eso es bueno? ¿Por qué tenemos que cambiar? Luego los ayuntamientos dicen que no es bueno, porque el alcalde sale y sus proveedores le abordan y le dicen: págueme. Hay municipios con superávit,
como el de Roses, por ejemplo, que no tienen esa problemática, pero otros sí. Hay comunidades autónomas que están más al corriente con sus proveedores y otras no; hay comunidades autónomas que pagan a sus ayuntamientos sus convenios y otras menos,
unas con mayor retraso que otras, la realidad es plural. La realidad es plural, pero los problemas son comunes, señorías, y lo que no puede ser es no hacer nada ante una situación complicada como la que estamos.


Efectivamente, aquí estamos viendo una parte de la solución, no la solución. Como antes indiqué, desde el Gobierno estamos abordando un programa completo de reforma del conjunto de las administraciones públicas, programa completo en el que
una segunda cuestión saldrá adelante a través de un informe que se verá en el Consejo de Ministros el próximo mes, que analizará profundamente la existencia de las propias duplicidades que provoca el Gobierno de la nación, incluso dentro de sí
mismo, que también, con técnicas muy importantes de mejora en cuanto a lo que es la transparencia, la aplicación de la calidad, en cuanto a posibilidades de ahorro por técnicas de gestión diferenciadas, muy en la línea de lo que aquí se ha indicado
en relación con lo local.


Es preocupación común de todos los grupos parlamentarios cuando dicen que en su momento hubo una promesa de actualizar el sistema de financiación local -como el señor Matarí ha explicado claramente, promesa reiteradamente incumplida por el
anterior Gobierno socialista-. El Gobierno del Partido Popular no va a incurrir en esa circunstancia y sí va a actualizar la financiación local de la mano de la financiación autonómica, exactamente al tiempo, porque entendemos que van de la mano,
que se entrecruzan y que, en consecuencia, es imposible hoy en día abordar la actualización de la financiación autonómica, reclamada por todas las comunidades autónomas, todas, con la actualización de la financiación local y también un cambio en lo
que son los propios impuestos locales, que tienen que ser actualizados, que es reclamado también por el conjunto de los municipios españoles y también por los grupos parlamentarios de esta Cámara y por el Gobierno de la nación. Es decir, todos
coincidimos en el análisis de un problema y vamos a darle solución. ¿Cuándo? El próximo año.


Como bien conocen, por acuerdo de la Conferencia de Presidentes se estableció que tenía que haber una evaluación del sistema autonómico. El Gobierno, en atención a esa circunstancia, convocó en el

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Consejo de Política Fiscal y Financiera un grupo de trabajo, que ya está trabajando, que tiene que hacer un informe y ese informe se trasladará a la comisión permanente de evaluación, donde empezarán los trabajos del nuevo sistema de
financiación autonómica. Por tanto, era un acuerdo de la Conferencia de Presidentes. Y el compromiso del Gobierno de la nación -dicho por última vez en el día de ayer por el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en sesión de la
Comisión Nacional de Administración Local- es que el sistema local se abordará conjuntamente con el autonómico. Además, añadió un detalle, que reitero ante esta Cámara: el coste estándar, sobre el que pivota y en buena medida este anteproyecto de
ley que estamos comentando en este momento, será eje del nuevo sistema de financiación autonómica. ¿Y cómo? Porque, como hemos tenido que pagar millones de facturas que correspondían a las comunidades autónomas a través de los mecanismos
extraordinarios de financiación, estamos en la situación de saber exactamente el coste real que tienen en la prestación de los servicios, y no global, por servicio genérico, no, por proceso, lo que es una novedad que no ha ocurrido nunca,
absolutamente nunca hasta ahora, en que el Gobierno de la nación ha tenido que aprobar un mecanismo como el fondo de proveedores, como la ampliación del fondo de proveedores, como el FLA del año 2012, como el FLA del año 2013, como se hará
próximamente otra actuación referida a proveedores en este año. Eso permite, gracias al apoyo financiero del Gobierno de la nación, que ya en su día dijo el presidente del Gobierno: no voy a dejar caer a ninguna comunidad autónoma, ese hecho, esa
circunstancia, ese compromiso que se ha concretado en miles de millones que se han puesto a disposición del conjunto del sector territorial, dándonos las facturas, pagando las facturas y, por supuesto, conociendo las facturas, es lo que permite que
esto se lleve a cabo. Pero no solo es eso, sino aún más. En el FLA del año 2013 existe lo que es una intervención reforzada, que supone un control financiero del conjunto de los gastos que llevan las comunidades autónomas dentro del FLA, no solo
proveniente gasto pagado con FLA, sino con el conjunto de los recursos del sistema de financiación, con lo cual estamos en situación de conocer aún más, perfecta y profusamente, el volumen del gasto que se está llevando a cabo por todos los
conceptos por todas las comunidades autónomas que están sujetas dentro de este concepto del FLA reforzado, lo que supone una garantía para el conjunto de la sociedad de que, como antes anuncié, se han analizado los presupuestos de las comunidades
autónomas, se han analizado las liquidaciones de las comunidades autónomas, se han enviado los requerimientos a cinco comunidades autónomas, que están sujetas a esta actuación del FLA reforzado, como bien conocen los consejeros que han recibido ya
las oportunas notificaciones por parte del ministerio sobre esta circunstancia.


Haremos un nuevo sistema de financiación local, que naturalmente va a tener en cuenta los servicios coste estándar, y habrá un sistema de financiación autonómica que tendrá en cuenta la financiación de los servicios a coste estándar. Porque
estamos pensando en el ciudadano, siempre en el ciudadano, en la calidad del servicio que se presta ¿a quién? Al ciudadano. Como tantas veces cita el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando habla de Benjamin Franklin, en esta vida
hay dos cosas seguras, como dice siempre: la muerte y los impuestos. Lo que queremos nosotros es que cada euro que pagamos todos, absolutamente todos, de impuestos, revierta a los ciudadanos con una mayor calidad en la prestación de los servicios.
En consecuencia, cómo no vamos a querer aplicar este servicio de coste estándar. ¿Y por qué? Porque, señorías, según un estudio que se ha realizado a tal efecto por el Instituto de Estudios Fiscales, que solicitó este ministerio, si se analizan
los mismos servicios en un municipio de 100.000 habitantes y en un municipio de menos de 5.000, resulta que en el de menos de 5.000 cuesta tres veces más, tres veces más. Luego una prestación centralizada de servicios con idéntica calidad supone el
ahorro. Ese es un hecho empíricamente demostrado y, en consecuencia, estamos dispuestos a trabajar en ello para llevarlo a la práctica, porque conocemos otras experiencias internacionales, donde se ha producido ya esa concentración de los servicios
en unos órganos superiores o unos municipios más grandes -que es otra opción que se analizó y que se descartó reducir el número de municipios, circunstancia que ha pasado en otros países de nuestro entorno y que el Gobierno, en atención a las
peculiaridades propias que tenemos en España, rechazó-, y se ha producido ese ahorro. Está en los documentos internacionales y, en consecuencia, si queremos mayor eficacia en la prestación de los servicios, es decir, mayor respeto a los impuestos
que se pagan por los ciudadanos, tenemos que implementar técnicas de esta naturaleza que nos van a permitir conocer estos costes-promedio, costes-promedio que se tratarán, con carácter previo, con las comunidades autónomas y con las corporaciones
locales, tanto en la definición de los criterios que ha de tener el coste estándar, que obviamente van a ser criterios adicionales al de la población, que es evidentemente el término primero, pero cuestiones como puedan ser de densidad, como pueda
ser el envejecimiento, como puedan ser determinados servicios que

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inciden mucho, la dispersión, que también inciden en otros; y los que se pongan encima de la mesa en la discusión que empezará en muy breve plazo, porque hay que empezar a evaluarlo ya; las bases de datos están hechas, solo falta aprobar
los criterios para que se produzca la estimación de este coste estándar, para que se pueda empezar a trabajar por parte de los ayuntamientos.


Este anteproyecto de ley, no ley, resulta que ya es ley a efectos prácticos, porque los ayuntamientos, nuestras corporaciones locales, antes de que sea aprobada, antes de que se discuta, lógicamente, por sus señorías y la modifiquen, están
adecuando comportamientos y están reduciendo los costes en cuanto a la prestación de los servicios. Están presentando sus liquidaciones a un ritmo desconocido en la historia, desconocido, mucho más rápidamente que lo estaban presentando en años
anteriores, y están liquidando los presupuestos con superávit mucho más que lo estaban haciendo en años anteriores. Por tanto, el conjunto del sector local está avanzando en la línea y en los principios de la ley, quizá es lo bueno de un diálogo
profundo de un año de antelación, donde se ha estado hablando con las corporaciones locales, con las diputaciones, con partidos políticos, con sindicatos y con todo el mundo que ha querido hablar con nosotros, y los principios y ejes básicos de la
ley no han variado. ¿Que hemos mejorado la ley a juicio de los municipios, de la FEMP, constituidos ayer en CNAL? Es verdad; hemos atendido a distintas sugerencias que se nos habían hecho por entender que son mejoras para el texto y que
contribuyen a su implantación mejor por el conjunto de los ayuntamientos españoles. Pero el espíritu, la técnica y la normativa que se contiene en la ley ha sido inmutable a lo largo del tiempo, como también lo es el concepto de coste estándar como
eje dirimente para definir si una administración es eficiente o no y si en su caso esa administración superior, la diputación, va a llevar a cabo la gestión de ese servicio ineficiente, efectivamente ya estaba desde el principio, con lo cual todos
los gestores locales se han orientado perfectamente y hay una clara mejora, lo que redunda en una situación del sector local en el año 2012 mucho mejor de la que había en 2011, y aún se sigue trabajando y avanzando más, según los datos provisionales
que tenemos de los grandes municipios -lógicamente de los pequeños no tenemos avances de datos presupuestarios, pero sí de los grandes municipios-, que van avanzando en lo que es una prestación más eficiente de los servicios que tienen encomendados,
con lo cual, como ve, esto va avanzando.


Decía la señora Batet y varias diputadas más situadas en la izquierda de esta Cámara, un raca raca que me es muy familiar: privatización, esto es privatización. No existe la palabra en toda la ley; externalización, que lo asimilan a lo
mismo, aunque no es igual, pero lo asimilan a lo mismo, pero es que tampoco existe la palabra en esta ley. No, ahora vamos a hacer un juicio de intenciones. Es que, claro, al hacer unos conjuntos y un coste estándar entonces ya resulta interesante
para hacerlo. Resulta interesante para hacerlo, ¿para quién? Para la propia administración, naturalmente para la propia administración. ¿Por qué va a tener que externalizar? O no. Hay un municipio muy cerquita de aquí, coja la carretera de
Valencia, y llega a Rivas Vaciamadrid. Vamos a ver quién externaliza más, y gobierna Izquierda Unida desde hace tiempo, años y años. Y me parece bien. Está en la naturaleza de la propia decisión de la corporación local utilizar una técnica u otra
de gestión; aquí no se empuja ni en un sentido ni en otro, ni se prohíbe un sentido u otro; simplemente se busca la eficacia, la eficiencia y que, en definitiva, se avance en la mayor claridad. Eso sí, lo que la norma indica es transparencia, lo
que la norma indica es que cuando se vaya a tomar una decisión para la prestación de servicio, la memoria tiene que ser pública, el coste de las alternativas de gestión tiene que ser público y que los plenos tienen que conocer todas las alternativas
y quién las ha valorado. Los ciudadanos, a través de los plenos, van a tener conocimiento del qué, el cómo y el por qué se utiliza el sistema A, B o C, y las consecuencias que tiene el sistema A, B o C, porque eso sí va a ser obligatorio. Si uno
quiere decir: gestión pública, y resulta que es más cara que una externalización, pues muy bien, pero va a tener que constar en el documento, y los ciudadanos van a saber que esa decisión de su órgano de gobierno tiene unas consecuencias fiscales.
La democracia consiste en eso, transparencia y un voto informado, y todas las actuaciones intermedias para intentar que los órganos de gobierno actúen en la situación que el conjunto de los ciudadanos, representados en cada una de las instituciones,
así lo quieran. En ese orden de cosas, esta ley avanza, y mucho, en la transparencia, pero no avanza en predeterminar si el sistema mejor es el A, B o C, porque eso se deja al albur de lo que decida cada una de las instituciones y, lógicamente, si
cuesta más que el coste estándar, ahí asume una responsabilidad el órgano de gobierno, porque entonces dejará de cumplir los requerimientos que indica la ley. Por tanto, hay un conjunto de medidas que son razonables, que tienden a un objetivo
final, y ese objetivo no es otro que la calidad.


Hablan aquí de ideología. Si ideología es pagar a los proveedores a treinta días, sí, tengo esa ideología. Si ideología es no gastar más allá de lo que tengo, sí, tengo esa ideología. Es un modo de ver la vida;

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quizá su modo de ver la vida es decir: yo tengo que gastar lo que tenga que gastar y si no pago allá la empresa, si tiene que cerrar es su problema, que le den dinero los bancos. Esa no es la realidad de la vida, eso cuesta puestos de
trabajo. Y esta norma lo que viene es a crear puestos de trabajo, como lo hacen los mecanismos extraordinarios de financiación. Y esta norma viene a establecer aquí agilización en los procedimientos administrativos, como muy bien decía el señor
Matarí, con esa técnica de supresión de determinadas licencias, que no supone menoscabo a las arcas públicas, sino que supone el cambio de un sistema ex ante a un sistema ex post, de modo y manera que después de producido el acto es cuando se va
llevando a cabo la vigilancia de esas declaraciones responsables que tienen que hacer las empresas, sin parar la actividad económica y garantizando de este modo que rápidamente se puedan crear puestos de trabajo y generar riqueza, que creo que eso
es importante. ¿A eso le llaman ustedes privatizar? No, eso es generar actividad económica y, en consecuencia, nosotros sí estamos por llevar a cabo esa generación de la actividad económica. Eso es lo que en el plan nacional de reformas viene
perfectamente definido, dentro del eje 4; era una iniciativa en materia de economía privada dentro del mundo local. Decían también varias de sus señorías en relación con este tema que si un ayuntamiento hace guarderías y su comunidad autónoma hace
guarderías no es duplicidad. Bien, es su modo de ver las cosas; yo creo que sí, que es duplicidad. Son dos administraciones actuando sobre una misma realidad, cuando los estatutos de autonomía establecen que la competencia en la materia la tiene
quien la tiene. Este es otro de los grandes asuntos de la ley, porque de siempre se ha indicado por el mundo local que su peso en relación con el producto interior bruto, en términos de prestación de servicios, es bajo, muy bajo, pero va
correlacionado con las competencias que tiene. Cuando uno analiza qué competencias puede tener nos topamos con las competencias establecidas por los estatutos de autonomía, que tienen protección constitucional, con el objetivo de poder avanzar en
dar a estos ayuntamientos nuevas competencias. Han de ser las comunidades autónomas, por la vía de convenio, por la vía de cesión, dando la oportuna participación en los ingresos de las comunidades autónomas, garantizando el pago a las mismas de la
prestación de los servicios, la forma, modo y manera de que haya ese aumento en el gasto público local. Si me preguntan mi opinión, les diré, sí ese es el camino. Si me preguntan mi opinión, les diré, sí, la proximidad, lo cercano, lo próximo al
ciudadano lo hacen mejor las corporaciones locales que cualquier otra administración pública. Eso corresponde hablarlo a las comunidades autónomas con sus ayuntamientos. Lo que hace esta norma es configurar un método de gestión, que impide que los
ayuntamientos sigan siendo el banco bis de las comunidades autónomas, financiándolas sin coste miles de millones de euros, de impagos -como vamos a ver ahora por cierto en la nueva normativa de proveedores que se aprobará-; miles de millones de
euros de facturas pagadas por los ayuntamientos que corresponden a sus comunidades autónomas, y además están reconocidas; de las no reconocidas hay más, y si ya hablamos de tributos locales impagados eso ya es inenarrable. El conjunto de la
problemática creo que es significativo de lo que aquí está pasando.


Es imprescindible -opino- que haya una necesaria coordinación entre el mundo autonómico y el mundo local; coordinación, no subordinación del mundo local hacia el autonómico. Sé que esto es diferente a lo que estaba ocurriendo ahora y que
por tanto es difícil pensarlo. Supone un modo diferente de relacionarse a la sociedad, porque ahora cada uno tendrá sus competencias, propias o delegadas; tendrá las actuaciones adicionales que pueda llevar a cabo cuando sus competencias básicas
se generen en términos de equilibrio presupuestario y naturalmente siendo también eficientes, y en consecuencia ahí sí se podrá actuar. Espero que las comunidades usen todo ese saber hacer y esa proximidad que tienen con los entes locales para
poder ser el gran servicio a la proximidad, que es lo que entiendo se puede hacer, se puede ver y se puede avanzar.


En relación con el señor Esteban, quien ha hecho una petición concreta y específica que no tiene nada que ver con el funcionamiento global de la ley sino con el tema foral, desconozco si tiene el último borrador, no lo sé. En todo caso, si
es el último, que es el que irá al Consejo de Estado, que todavía no ha ido -no sé si es el que tiene su señoría, como puede comprender desde aquí no puedo ver lo que ahí dice-, lo que hizo el Gobierno fue avanzar en la línea de lo que hablaron con
ustedes; no sé si se había llegado al grado de consenso y concreción que indican, pero de aquí al Consejo de Estado e incluso después, antes de lograr su aprobación definitiva como anteproyecto por el Consejo de Ministros, es decir antes de su
entrada en esta Cámara, trabajaremos para avanzar y concretar sobre la materia, porque creo que redacciones semejantes a la que figura en la Ley de Estabilidad Presupuestaria pueden tener cabida en esta normativa y de siempre han sido las que han
figurado en textos de esta naturaleza. Como tuve el honor en su momento de negociar un concierto económico y un cupo con su señoría, sabe que

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personalmente comprendo y respeto el mundo foral, en consecuencia haremos todo lo que esté en nuestra mano para que esta circunstancia, tal y como se comprometió el presidente del Gobierno, esté incluida. Igualmente sucede con la Comunidad
Foral de Navarra que en idéntico sentido tiene semejantes cuestiones. Esta norma ha trabajado y a nuestro juicio ha conseguido respetar los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. Algunas de ellas tienen tutela financiera. Para mi
sorpresa, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, en relación con estos fondos de cooperación indica la sentencia, a instancias del Gobierno catalán, que deberían proseguirse todas las actuaciones relativas a ella por parte de las
comunidades autónomas. Hay una comunidad autónoma muy reivindicativa con sus competencias que ha dicho que no sigue, desobedeciendo al Tribunal Constitucional. Me refiero a Andalucía. (El señor Merino López pronuncia palabras que no se perciben).
Se ha negado a cumplir el requerimiento del Tribunal Constitucional cuando se ha puesto de manifiesto por nuestra parte que tienen todos los expedientes para que lo lleven a cabo. Curiosamente el resto de las comunidades autónomas ha entendido que,
como el Tribunal Constitucional indica, así debe ser, recibe los expedientes y seguirán las actuaciones, con el hacer correspondiente que tenga cada una de seguimiento en relación con el mismo, pero para Andalucía no. Es una circunstancia peculiar
para quien reivindica mucho lo que son sus competencias de tutela financiera. Qué menos tutela financiera que exigir a tus corporaciones locales que devuelvan aquello que han gastado donde no deben gastar, porque han incumplido una normativa.
Parece que por lo incómodo de la tutela financiera es mejor no tenerla. También puede ser cuando piden dinero para salvar determinados municipios; yo no he visto esas aportaciones financieras, como en el caso del municipio de Jerez, no las he
visto, pero tenemos la tutela financiera, y es respetable, y se respeta por nuestra parte. Quizá los ayuntamientos escriban y escribanpero no reciben el apoyo, la ayuda, que sería conveniente que tuvieran, y desde luego evitaría que el Gobierno de
España tuviera que hacer esta actuación al menos en las siete comunidades autónomas que tienen en sus estatutos de autonomía esta tutela financiera. En ese sentido me gustaría que se pudiera avanzar en la materia, porque es muy bueno pedir el
respeto a los estatutos de autonomía -y el Gobierno está obligado a hacerlo-, pero también es bueno que los Gobiernos autonómicos se atengan a la legalidad vigente, como no puede ser de otra manera.


Termino, señor presidente, señorías. Esta norma cuenta con periodos transitorios de aplicación, periodos transitorios que tienen un doble objetivo. El primer objetivo es que aquellos gastos que hasta ahora pudieran llevarse a cabo por las
entidades locales sin competencia y que sean competencia de su comunidad autónoma -por ejemplo en materia sanitaria, donde se llevan diversos gastos de intendencia en materia de consultorios locales y que tengan que ser pagados, como dicen los
decretos de transferencia, por las comunidades autónomas- se haga transitoriamente, durante un periodo de cinco años, de modo y manera que se vayan pudiendo asumir y acomodar los gastos. En otros temas igual técnica. ¿Por qué? Porque lo que no
queremos es que haya una reducción en la prestación de los servicios que recibe el ciudadano; tiene que haber tiempo, de modo y manera que la acomodación institucional no traiga como consecuencia -como decía algún diputado-, en el tuya, mía, el de
nadie. No; en el tuya, mía ya hay una norma que dice: lo sigue haciendo quien lo hace y lo paga quien lo debe hacer, con lo cual no hay una minoración en la prestación de los servicios. Se dirá que eso no es hablar del ciudadano y no es pensar
en el ciudadano, es pensar en el dinero. Bueno, es que esta es una norma que de lo que habla fundamentalmente es de eso. Esta norma no trata de cambiar la normativa electoral ni trata de otras cuestiones, no es su objetivo; de lo que trata es de
esta sostenibilidad financiera que tienen que tener nuestras corporaciones locales, en delimitar las competencias y en consecuencia ir en la senda de producir ese ahorro, no menor, de 7.000 millones de euros, que van a contribuir a cuadrar las
cuentas del Reino de España, sobre todo a través de la delimitación de las duplicidades y de una administración más eficiente con una técnica de gestión que permita mayor volumen y, en consecuencia, más eficacia y eficiencia.


Entiendo, señorías, que es un cambio, importante, muy importante, y que haya recelos en quien llevando años con una técnica de gestión vea ahora que va a haber otra técnica de gestión diferente. Por eso los periodos transitorios, para poder
garantizar que efectivamente no haya esa prestación en vigor de los servicios públicos, en consecuencia la ley que se precisa para un sector local más eficaz y eficiente y que al mismo tiempo dé pie a esa segunda descentralización, con unos
municipios saneados financieramente, de modo y manera que establecidos esos costes estándar pueda venir desde el sistema de financiación autonómico, en términos homogéneos y claros para todas las partes, un reparto de lo que es el conjunto del gasto
público, atendiendo al menor servicio de los españoles. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Abrimos un último turno de intervención para todos los grupos en el mismo orden que hemos seguido en el primero. Les insistiré en este caso en que se ajusten estrictamente a los cinco minutos que corresponden a cada
uno de los grupos. En primer lugar, y en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Batet.


La señora BATET LAMAÑA: Entiendo que el portavoz del Grupo Popular haya eludido hablar del anteproyecto de ley -yo en su lugar seguramente hubiera hecho lo mismo- porque defender este texto es ciertamente complicado, y lamento el recurso a
la descalificación personal que ha hecho el secretario de Estado con esta portavoz. Lo que sometemos a control en esta comparecencia es el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, y a esta propuesta se
refiere el Grupo Parlamentario Socialista, al que represento. Cambios todos, señor Beteta, pero en la buena dirección. Su anteproyecto busca unos objetivos que no va a conseguir y que además están mal identificados, igual que no han conseguido
reducir el déficit (9,4% en 2011, 10,6% en 2012). (Aplausos). Por tanto, vamos a hacer los cambios en la buena dirección, señor Beteta. En cambio no identifican los problemas reales del municipalismo, que sí que hay que resolver. La estabilidad
presupuestaria o cuadrar las cuentas, como usted dice, desde luego no son, ni mucho menos, los únicos problemas que en estos momentos tienen nuestros ayuntamientos.


Este anteproyecto nos parece mal por los mismos motivos, señor Matarí, que pueden señalar los alcaldes y los concejales del Partido Popular, por los mismos motivos; nos parece mal porque a todo el mundo que conoce el municipalismo, sea del
partido político que sea, pertenezca a la formación política que pertenezca, le parece mal el anteproyecto de ley. Cambia una concepción del mundo local y del municipalismo en particular que hasta ahora había tenido el consenso de la mayoría de las
fuerzas políticas de este país, y lo hacen además de manera desleal, desde nuestro punto de vista, sin buscar el consenso. Es verdad que se han producido conversaciones pero que se produzcan conversaciones no quiere decir que haya realmente una
búsqueda y una voluntad de consenso; la prueba es que no han consensuado este texto ni con las comunidades autónomas, ni con las federaciones municipalistas, ni con las fuerzas políticas, ni con la sociedad civil; se ha aludido al Cermi, por
ejemplo. Todos, sindicatos, sociedad civil, fuerzas políticas, comunidades autónomas, entes locales, federaciones municipalistas autonómicas, todas, han manifestado el rechazo frontal a este anteproyecto. Me parece que ese es un dato
significativo. No dudo que el Gobierno quiera consenso pero es que el consenso no se consigue haciendo la declaración de voluntad simplemente, sino buscándolo realmente, y no hablando o manteniendo reuniones o conversaciones. Es un texto que se
basa en una magnitud -lo he dicho- econométrica, que se erige en el criterio -el criterio, no uno-, el criterio decisivo para determinar el sistema competencial local, olvidándose -sí, señor Beteta-, olvidándose del servicio público y de los
ciudadanos. Parten de un concepto de eficiencia falaz, absolutamente falaz; no hay datos empíricos de que el traslado de una competencia de los ayuntamientos a las diputaciones vaya a ser más eficiente.


Hablan de nuestra obsesión por las privatizaciones. Me he referido una vez a las privatizaciones y he hecho una intervención quizá de quince minutos. Si las diputaciones en estos momentos no tienen la estructura suficiente para asumir la
prestación de estos servicios, ya me dirá usted cómo se va a articular su prestación. Es que no hay otra solución, no hay otra vía. Hay una sola vía que es delegar esa prestación de servicios; delegar ¿a quién? Pues a empresas privadas, señor
Beteta. Parten de unas premisas falsas, se lo hemos dicho, parten de la desconfianza hacia el mundo local y que hay que controlarlo, porque supone un alto coste para el Estado y tiene un problema de déficit público y de ineficiencia. Creo que ha
quedado manifiestamente demostrado que esto no es así. Además nos dicen que esta ley va a suponer un ahorro -ha dicho- en términos globales de 7.129 millones de euros, si no lo he apuntado mal. En prensa venían estos días otras cantidades que
supongo que han salido también de las declaraciones que ustedes mismos han presentado. Nos gustaría saber si vamos a disponer de los informes en los que se fundamentan estos ahorros. También dijeron que el abaratamiento de los sueldos de
concejales y alcaldes iba a suponer mucho ahorro, y nos han presentado unas tablas de sueldos que desde nuestro punto de vista no van a suponer ningún ahorro. Los estándares máximos que pueden cobrar están muy por encima de lo que realmente están
cobrando ahora, no vaya a ser que se produzca precisamente el efecto contrario de lo que ustedes están buscando.


El municipalismo en este país, señor Beteta, y desde el Grupo Parlamentario Socialista así lo valoramos, es esencial precisamente para la profundización y la regeneración de la democracia, tan necesarias en este momento. Así empezaba mi
primera intervención, y con esto quiero terminar. La

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proximidad con los ciudadanos, el papel de liderazgo que tantos concejales, alcaldes y miembros de entidades locales menores hacen día a día, cotidianamente con sus vecinos -porque ejercen realmente un papel de liderazgo social, de cubrir
muchísimas necesidades de sus vecinos que, si no existen, si desaparecen, dejarán de prestarse, y lo sabemos todos- son claves para combatir precisamente algo que nos debería preocupar a todos en esta Cámara, que es la desafección por la política,
por las instituciones democráticas. Precisamente porque sabemos que es la Administración más cercana, la más próxima, la que más contacto directo tiene con los ciudadanos, pensamos que debe cambiar, que debe mejorarse lo que tenga que mejorar, pero
en absoluto en la línea y con los planteamientos que el Gobierno trae a esta Cámara en estos momentos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Seré muy breve. Señor secretario de Estado, sabemos cómo comenzó esta historia -usted ha dicho ahora en su intervención última: no se va a modificar la Loreg-; esta historia comenzó pretendiendo modificar la
Loreg, pretendiendo reducir el número de ayuntamientos, pretendiendo fusionar ayuntamientos, pretendiendo hacer una reforma aludiendo a la que se ha hecho en otros países de reducción de municipios y demás. Sabemos más o menos por dónde van, aunque
no sabemos en qué versión exactamente, si en la 0.1 o en la 0.2, en que estamos ahora mismo. Veremos qué borrador envían ustedes al final al Consejo de Estado y cuál es el que acaba llegando a esta Cámara. Lo que sabemos es que, en ese camino de
renuncia del proyecto inicial del Gobierno al que se encuentra ahora mismo, ha tenido mucho peso su propio partido, cosa que hay que valorar positivamente, porque su partido, el Partido Popular, tiene un importantísimo papel en la gestión de la
política municipal del conjunto del Estado español. Ha gestionado buena parte de los ayuntamientos del Estado español, ha contribuido a generar esos fenómenos que usted tanto ha criticado en esta Comisión, esos desmanes económicos que hay que
corregir mediante el FLA, el pago a proveedores y la reformulación de toda la normativa que afecta al pago y a la gestión de los presupuestos municipales. Su partido es el principal protagonista de cómo se ha gestionado la política municipal en el
conjunto del Estado español, señor secretario de Estado. Nos alegramos de que esos responsables municipales de su partido hayan contribuido también a que haya cambiado el volumen, el ritmo, la pretensión de reforma municipal que se propone llevar a
cabo el Gobierno del Partido Popular. Nos alegraremos todavía más si eso se modifica en el trámite parlamentario, si se modifica más todavía. Para nosotros y creo que para la mayoría de grupos, incluso para buena parte de su partido, la
independencia municipal, la autonomía municipal es un concepto constitucional básico que los padres de la Constitución pactaron en 1978, y nos dolería mucho a la mayoría -que además hemos tenido experiencia en ayuntamientos- verlo perderse por el
camino de esta reforma.


Lo que tampoco le gustaría a mi grupo es que toda la reforma se quedase en subsumir el cálculo de lo que puede hacer o dejar de hacer un ayuntamiento, gastar o dejar de gastar un ayuntamiento a lo que unos técnicos hayan decidido en un
despacho en Madrid. Su segunda intervención la ha centrado muchísimo precisamente en esos cálculos, en que en un ayuntamiento de 100.000 habitantes los servicios que se dan son más económicos que los que se dan en otro de 5.000 habitantes. Es
evidente; la simple aritmética hace evidente el ejemplo, pero la estructura territorial del conjunto del Estado español es la que es. La población la tenemos repartida como la tenemos repartida; hay ayuntamientos con las características que
tienen y hay provincias donde para juntar 100.000 habitantes se necesita, si no un cuarto de la provincia, media provincia o casi la provincia entera. Pero habrá que dar servicios a los ciudadanos que viven en esos municipios, tengan 1.000, 3.000,
5.000 o 100.000 habitantes. Esos servicios habrá que darlos, tengan el coste que tengan en función de lo que diga un técnico sentado en un despacho en Madrid; repito, tengan el coste que tengan. Desde mi grupo político apoyaremos que se tenga en
cuenta esa diferencia en la estructura poblacional del conjunto del Estado, igual que apoyaremos una reforma urgente. Usted lo ha dicho; la financiación municipal va a depender, va a colgar de la reforma de la financiación autonómica. La reforma
de la financiación autonómica es una cuestión básica para la sostenibilidad del Estado. Usted ha hablado de un fenómeno que precisamente de donde yo soy es preocupante: la deuda municipal depende de la deuda de la Generalitat valenciana. Es
básico reformar la cuestión de la financiación autonómica. ¿Para cuándo esa reforma de la financiación autonómica y las implicaciones que tiene en las administraciones locales?


Termino. Para nosotros todo esto tiene que ver mucho con una cuestión que ustedes y el Partido Socialista acabaron pactando en el año 2011, con la reforma del artículo 135 de la Constitución: subsumir el adelgazamiento de las
administraciones públicas -por ahí empiezan las ansias de privatización-;

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subsumirlo todo a la necesidad de acabar pagando una deuda. Entendemos que la deuda no está por encima de las personas, las personas están por encima de la deuda, y las administraciones públicas están para el servicio de la ciudadanía y de
las personas. Ese es nuestro camino, esa es nuestra política. Por muchos ejemplos que usted ponga de ayuntamientos gobernados por nosotros -concretamente ha mencionado uno en su intervención-, le digo y le garantizo que son decenas los
ayuntamientos que gobierna esta organización y son decenas los ayuntamientos donde estamos demostrando que día a día otra política es posible. (El señor Merino López pronuncia palabras que no se perciben) Sí, sí, es cierto. Cuando quiera usted
hablamos de Córdoba y de otras cuestiones, pero por cada ejemplo de un ayuntamiento nuestro yo le sacaré unos cuantos centenares gobernados por el suyo donde se ha llevado un desmadre absoluto en la contabilidad, en la gestión, en los presupuestos y
en lo demás. (El señor Merino López pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí, cuando quiera lo hablamos.


El señor PRESIDENTE: Señor Sixto, por favor, tiene que ir terminando.


El señor SIXTO IGLESIAS: Termino.


En buscar la sostenibilidad de los ayuntamientos y la garantía de su autonomía municipal, consagrada por la Constitución nos podremos encontrar todos; en el camino de destruir esa entente constitucional de 1978 no nos encontrará.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: De manera muy telegráfica quiero agradecer al secretario de Estado su intervención porque nos ha aclarado algunos temas, y nos los ha aclarado tanto que podríamos reiterar tres asuntos básicamente. El primero es
que su anteproyecto de ley queda claro que nace sin consensos y por lo que se ve, por lo que yo he oído en esta Comisión, sin ganas de alcanzarlos. Segundo, quiero reiterar que es necesario atender a las razones, sobre todo a las que la mayoría de
alcaldes, la mayoría de concejales, la mayoría de empleados públicos, asociaciones, federaciones de entidades municipalistas, organizaciones sociales, sindicales, empresariales, han pronunciado con claridad y contundencia respecto al tema que
estamos tratando hoy; creo que esto es importantísimo. Tercera constatación y reiteración a la vez. Queda clarísimo, después de oírle a usted, que se erosiona de una manera abismal la autonomía local y no se respetan en absoluto ni sus
competencias ni sus principios de proximidad y equidad en los servicios públicos, que para nosotros es importantísimo.


En definitiva -y acabo-, creo una vez más que queda clarísimo que aquí la obsesión es solo una, recentralizar. Esta es la obsesión: recentralizar y controlar los ayuntamientos, cuando lo que en realidad necesitan los ayuntamientos -se ha
dicho aquí y se lo he oído decir a usted, señor secretario de Estado, y lo comparto-, y creo que es la única necesidad, es justamente la de mejorar la financiación de las entidades locales; esto sí es realmente importante y necesario.


El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Vasco, ¿señor Esteban? (Denegación).


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Pàramo.


El señor PÀRAMO I PONSETÍ: No voy a reiterar lo que se ha dicho anteriormente. Tan solo quiero hacer una pregunta al señor Beteta. Desde el ministerio se anunció que aquellos municipios con liquidaciones positivas durante años y con un
nivel de endeudamiento inferior a los límites que marca la norma verían restablecida la normalidad. En un municipio que se demuestra sostenible y cuyos resultados son positivos cuando se jubila el encargado del monumento histórico nacional - es el
que tenemos allí- no se puede reponer porque está limitada la reposición de las personas que causan baja, y se anuncia que esto no será antes del verano. Mi pregunta, señor Beteta: ¿cuándo veremos esta solución? Y más en municipios que debemos
prestar servicios. Entendemos que hay que racionalizar, que hay que aplicar austeridad donde se pueda. Para solucionar problemas de unos pocos, ¿no estamos causando demasiados problemas a los muchos? No seamos injustos.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Matarí.


El señor MATARÍ SÁEZ: Voy a intervenir brevemente.


En primer lugar quisiera agradecer, ya que no lo he hecho en mi anterior intervención, la disposición del señor Pàramo, representante de Convergència i Unió, para el diálogo, el acuerdo, así como las aportaciones que ha hecho en sus dos
intervenciones.

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Señora Batet, dice usted: habla del proyecto. Creo que he hablado del proyecto bastante más que usted. Su señoría se ha limitado a venir aquí a contarnos los argumentarios que hacen ustedes: Rajoy pretende eliminar los servicios
sociales; la reforma local es un ataque al bienestar. Usted se está inventando lo que dice el borrador porque no dice nada de eso de lo que ustedes inundan sus sedes provinciales y a sus concejales continuamente. Yo he hablado del borrador, y
estoy trabajando. ¿Sabe usted para qué? Para mejorarlo. Lo ha reconocido el portavoz de Izquierda Plural y se lo agradezco. Estamos trabajando, y usted podía hacer lo mismo, y sus compañeros también.


Pretende usted hablar en nombre de los alcaldes, incluso en nombre de los alcaldes de mi partido. No lo haga, señoría, porque de ellos hablaré yo en todo caso, y quien mejor puede hablar en nombre de los alcaldes es el presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias, y ayer dijo, tras la celebración de la comisión nacional, que el texto representa un avance sustancial y modifica los aspectos más controvertidos de la reforma local. La Federación Española de
Municipios y Provincias también está trabajando para mejorarlo; por cierto sus representantes dicen unas cosas dentro y fuera dicen algunas de las cosas a las que les obliga el señor Zarrías, como este tipo de argumentos.


Dice usted que no hemos consensuado. ¡Pero si estamos todavía en la elaboración del proyecto! ¿Cómo que no hemos consensuado si estamos mejorando cada día el proyecto? Se quejan de tantos borradores; si no hiciéramos más que un borrador y
lo presentáramos, estaríamos imponiendo. Estamos hablando de que queremos una reforma consensuada y dialogada. ¿Cómo se consigue el consenso? Trabajando. Ustedes prefieren la pancarta a la responsabilidad que les corresponde como primer partido
de la oposición, pero ese es su problema y su responsabilidad. Por favor, no hable de cifras. El señor Zarrías decía en algún lugar que se van a destruir 250.000 empleos; él tiene una experiencia en contar parados, todos los que ha fabricado en
Andalucía durante tantos años, que es muy fácil dar cifras. Pide ahora al secretario de Estado los informes. ¿En qué quedamos, para qué los quiere? Quieren que se retire el proyecto y ahora piden los informes; aclárense. Si están dispuestos a
trabajar por mejorar esta ley, bienvenidos, porque eso es lo que queremos nosotros.


He hablado del proyecto y le repito algunas de las cosas que le he señalado, aunque de otra manera. Un proyecto que va a conseguir, primero, garantizar el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, sí, pero también lograr una adecuada prestación de los servicios públicos; también evitar duplicidades y solapamientos; también delimitar el marco competencial; también reducir el sector público empresarial local; también modernizar
unas diputaciones provinciales que, como ustedes ahora no las gobiernan quieren cargárselas, para garantizar la vertebración del territorio, la cohesión social y la prestación de servicios precisamente en el medio rural, para garantizar, insisto, y
hacer sostenibles los servicios públicos que prestan los ayuntamientos. Si están dispuestos a rectificar, dialogar y trabajar para mejorar un proyecto que ya se ha mejorado respecto a los primeros borradores que hemos conocido, bienvenidos sean.
Si quieren seguir con la demagogia de esos argumentos, ustedes verán. ¿Para qué? Ustedes -y lo ha dicho en su intervención- buscan y quieren una confrontación de las corporaciones locales, de las entidades locales con el Gobierno de España, y no
lo van a conseguir, primero, porque este Gobierno, como he señalado en mi intervención, en estos quince meses ha hecho todas las cosas que venían reclamando los ayuntamientos en los últimos años, y ustedes no han hecho nada. Si me da unos minutos
más el presidente le repito todo lo que dejaron de hacer. ¿No me lo da? Entonces no se lo voy a repetir, aunque algo ya les he dicho antes. Por tanto no pretendan ustedes buscar una confrontación, porque los alcaldes del Partido Popular, que
están trabajando para que esto se mejore, no van a hacer seguidismo por supuesto a esa estrategia socialista de confrontación, que usted hoy ha reiterado aquí y de la que tuvimos buena muestra hace muy pocas fechas, en una intervención plenaria de
algún compañero que está hoy aquí también. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para concluir la comparecencia tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): He escuchado atentamente las palabras de la señora Batet, y cuando he visto el rigor con el que analiza el déficit público del Reino de España y sus causas ya me
he tranquilizado al escuchar sus críticas a la ley. Si es capaz de no saber distinguir una operación one-off de lo que es un déficit cíclico, pues mire usted el resto del análisis que ha hecho me merece todo el respeto y toda la discrepancia, con
lo cual quedo bastante más tranquilo a la hora de escucharla, con el debido respeto, como no puede ser de otra manera, como lo ha tenido usted a la hora de analizar una cifra sin pormenorizar; en consecuencia si hacemos un

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comentario, que es correcto, pero a brocha gorda, otro comentario correcto y a brocha gorda es el que debo de hacer a su intervención, que entiendo correcta y no rigurosa al tiempo, que es perfectamente posible que se dé esta circunstancia.


Se han pedido informes, informes que avalen las cifras de los distintos aspectos que he pormenorizado incluso aquí con cantidades, muchas de ellas que están ya debidamente concretadas en el Plan nacional de reformas. No duden ustedes que
cuando entre en esta Cámara, como no puede ser de otra manera, el proyecto tendrá todos y cada uno de los informes que justifiquen hasta el último euro de dónde se pretende actuar y cuál es la evaluación que lo sostiene y que lo soporta, como no
puede ser de otra manera, y así tiene que ser; hay que actuar con transparencia para que se pueda ver.


Hemos partido de un análisis de la realidad, una realidad que entendemos mala y que queremos cambiar; una realidad mala que se puso de manifiesto en el Plan de proveedores donde se vio que comunidades autónomas y ayuntamientos estaban
lejísimos de pagar, y donde el concepto que todos tenemos en nuestra casa de que cuando salimos a la calle y queremos un objeto nos dirigimos a la tienda, vamos y pagamos, resulta que cuando nos trasladamos al despacho público queremos un servicio
vamos y no pagamos. Y lo que en un lado no lo entendemos como razonable ni posible, ni se nos pasa por la cabeza, resulta que investidos de un mandato político ahora ya es bueno; pues no, sigue siendo malo. En consecuencia, lo que tenemos que
hacer es una norma que ayude a que esa conducta normal de que pagas lo que tienes y contratas lo que puedes pagar, es lo que tenemos que hacer desde lo público. ¿Qué mientras tanto hay que hacer cosas? Claro, lo estamos haciendo; estamos tomando
distintas medidas de apoyo financiero de carácter extraordinario que van a permitir a nuestras administraciones públicas pagar en el plazo de treinta días, porque esa sí es una medida extraordinaria de dinamización de la economía; esa sí que es una
medida de dinamización. Y como consecuencia eso se lleva a cabo, y será la última la que se va a hacer ahora, porque a partir de este momento, entre esta ley más la ley de transparencia, el gestor público que gaste lo que no debe o lo que no tiene,
tendrá una responsabilidad personal, y en consecuencia ese gasto no se va a llevar a cabo. Va a haber mucho cambio. Pero el gran cambio estructural en el mundo de las administraciones públicas pasa por nosotros mismos, pasa por los gestores
públicos, pasa por un cambio de la mentalidad del gestor, que tiene que aplicar la ley interiorizándola, porque si no va a topar con la ley, y en consecuencia eso es malo para el conjunto de la sociedad.


Si nosotros somos los llamados -y en especial las Cortes Generales- a establecer las leyes y los tribunales son los llamados posteriormente a interpretarlas a través de las sentencias y dirimir los conflictos que existen, mal está que
aquellas personas que hemos jurado defender la Constitución y aplicar el ordenamiento vigente empecemos a no cumplir la ley. Eso es malo, es malo para el conjunto de la sociedad. Tenemos que ejemplificar nosotros mismos en nuestro quehacer diario
a la hora de plantearnos como administraciones públicas cómo nos relacionamos con la sociedad; que nuestra gestión sea útil, útil sí en términos de prestación de servicios, pero en ningún caso podemos permitir que nuestras administraciones públicas
sean un obstáculo a la generación de riqueza, a la generación de empleo y a la generación del bienestar. No tenemos que olvidar nunca un principio esencial, que es el siguiente: los servicios públicos se pagan con impuestos, y los impuestos
devienen de la actividad económica y de la actividad económica es de donde sale, tanto cuando se contrata una persona y entonces pagamos el IRPF, como cuando tiene una empresa beneficios que paga el impuesto sobre sociedades, cuando todos vamos a
comprar algo y estamos pagando el IVA, y el resto de impuestos. Son esos impuestos los que pagan los servicios. No puedes poner una cosa sin relacionarla con la otra, no puedes, porque si no lo relacionas estás actuando directamente contra la
propia base social, que es la que genera el pago de los impuestos. Creo que eso es algo que hay que interiorizar, porque no se puede pensar que todo lo que yo quiero lo puedo; no, ni nos pasa en nuestra vida personal ni pasa en la vida pública.
Lo que tenemos que hacer es que todo lo que sea preciso sea necesario, reformando, y esa es la clave. Esta ley camina en esa dirección; es una más dentro de un conjunto de reformas, va de la mano de un conjunto de reformas, no pretende el ahorro,
pretende la reforma, de la reforma nace el ahorro; lo esencial es la reforma y por eso esta ley sigue trabajando junto con los municipios, con los grupos políticos, con la sociedad, en la medida en que la sociedad quiera colaborar en este proceso
de reforma, en el largo camino que quede hasta que el Consejo de Ministros lo apruebe para traerlo a esta Cámara, y cómo no, sus señorías al final, como dice la Constitución, tienen la última palabra. (Aplausos).

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PREGUNTA:


- DEL DIPUTADO DON RICARDO SIXTO IGLESIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE FACTURACIÓN DE LA EMPRESA OVER MARKETING COMUNICACIÓN S.L., CON LOS MINISTERIOS, ENTES PÚBLICOS, EMPRESAS PÚBLICAS O
CUALQUIER ORGANISMO PÚBLICO DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO ENTRE 1995 Y 2012 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/012357). (Número de expediente 181/000755).


El señor PRESIDENTE: Terminada la comparecencia tenemos que dar paso al punto 6.º y último del orden del día, que es la respuesta a una pregunta escrita transformada en oral. Para formularla tiene la palabra el señor Sixto, de Izquierda
Unida.


El señor SIXTO IGLESIAS: Hemos tenido que transformar esta pregunta escrita en oral porque no se dio respuesta en tiempo y forma, por lo que nos hemos visto obligados a traerla aquí. Se la formulo: facturación de la empresa Over Marketing
con los diferentes ministerios del Gobierno español entre los años 1995 y 2012, cuantías y contratos.


El señor PRESIDENTE: El señor Beteta tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): En relación con la pregunta de su señoría le informo de que la empresa Over Marketing, S.L, con el NIF que figura en su escrito, recibió entre los años 2002 y 2004
veintidós adjudicaciones de contratos del sector público estatal, de las cuales siete fueron del Ministerio del Interior, por un importe de 222.881,14 euros; uno corresponde al Ministerio de Fomento, dentro de una UTE, en la que figuraba esta
empresa, no exclusivamente ella, por un importe global de 673.974,44 euros; trece a empresas públicas del grupo Patrimonio, del extinto Ministerio de Economía y Hacienda, por un importe total de 607.241,46 euros, y finalmente una adjudicación del
extinto Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por un importe de 7.212.139,49 euros.


Ruego al señor diputado disculpe que no se le haya podido suministrar con anterioridad esta información, pero el Gobierno se vio obligado a tener que buscar en archivos ministeriales -la información es antigua, no estaba automatizada, por
las fechas que ha pedido-, y para poder darle una respuesta concreta y lo más amplia posible hemos necesitado cierto tiempo.


El señor PRESIDENTE: Señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Le anuncio que no será la última pregunta que transformaremos en oral, porque hay otras preguntas solicitando informes sobre contrataciones del Estado con determinadas empresas que como esta de Over Marketing están
envueltas en investigaciones judiciales; esta empresa está envuelta en una investigación judicial en las Islas Baleares, y desde Esquerra Unida de Valencia hemos requerido también otras contrataciones de esta empresa con la Generalitat valenciana
que al final se está demostrando que hay serios indicios de que había muchos problemas con su contratación, no era una contratación clara y meridiana. Ahora mismo desconocemos los pormenores de la contratación de estas importantes cantidades, que
ascienden a varios millones de euros, la más importante, si no he entendido mal eran siete millones y pico, y a partir de ahí eran cantidades inferiores a un millón de euros, pero que afectaban a varios ministerios, con veintidós contratos en total.
Le anuncio que vamos a tratar de pedir esos datos en concreto, y sobre todo los datos de contratación para ver si eso que se ha producido tiempo atrás -pensamos que por lo menos desde el año 2005 en adelante no se ha producido ninguna contratación,
sino que son contrataciones muy antiguas- ha sido atendiendo a los criterios que establece la legislación vigente, y no están envueltos en los mismos asuntos desagradables y desgraciados asuntos investigados por la justicia que se han producido en
la Generalitat valenciana y en el Gobierno de las Islas Baleares.


El señor PRESIDENTE: Señor Beteta.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): Quiero reiterarle al señor diputado que efectivamente las cifras van desde estos 7.212.139,49 euros a 600 euros, que es uno de los contratos referido a la yeguada
que en el municipio de Jerez existe a través de una

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empresa pública, Espasa, es decir, que son muy variados. El mayor de los contratos, como no puede ser de otra manera, ha sido objeto de publicidad, de concurrencia, fue objeto de fiscalización limitada e incluso fue objeto de un estudio y
una fiscalización específica por parte del Tribunal de Cuentas del reino en su momento, con lo cual quedaron claras todas las cuestiones que tenían que ver con el mismo. No obstante el Gobierno, como no puede ser de otra manera, queda a su
disposición para que en el control parlamentario, que forma parte de la garantía de los ciudadanos de la gestión del Gobierno, conozca todos los antecedentes que sean precisos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beteta; con esto terminamos la sesión de hoy. Solo les recuerdo a todos que, sin perjuicio de que les llegue la convocatoria formal, tendremos reunión de la Comisión el próximo martes por la
mañana.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y cinco minutos de la noche.