CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 200

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA

Sesión núm. 18

celebrada el lunes

29 de octubre de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proyecto de ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito (procedente del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto). (Número de expediente 121/000023) ... (Página1)


Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Proyecto de ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito (procedente del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto). (Número de expediente 121/000023) ... (Página2)


Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 24/2012, DE 31 DE AGOSTO). (Número de expediente 121/000023).


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión. El primer punto del orden del día es la ratificación, en su caso, de la ponencia designada para informar la siguiente iniciativa legislativa: proyecto de ley de reestructuración y
resolución de entidades de crédito, procedente del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto. ¿Se ratifica la ponencia por asentimiento? (Asentimiento). Queda ratificada.

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APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO (PRODECENTE DEL REAL DECRETO-LEY 24/2012, DE 31 DE AGOSTO. (Número de expediente 121/000023).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y en su caso aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito.


Por el Grupo Parlamentario Socialista intervendrá, en primer lugar, el señor Gómez, que compartirá su tiempo con el señor Caldera, que lo hará al final. Tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Intervengo para explicar el contenido principal de las dieciocho enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley y que tienen como principal función el incremento y la toma en
consideración de varios de los principios de los que en nuestra opinión carece el proyecto de ley. Principios que tienen que ver con la necesaria transparencia en un ámbito como el de la participación pública en la reestructuración y resolución de
entidades financieras -este es al fin y al cabo el propio título y el propio objetivo del proyecto de ley-; principios que tienen que ver con la limitación de los costes de los contribuyentes -limitación que en nuestra opinión no está en absoluto
garantizada por el proyecto de ley, tema que nos preocupa especialmente-. La intervención pública debe estar sometida al principio de limitación absoluta de los costes para el contribuyente, de forma que se garantice que si el Estado vuelve a la
posición original sea sin absorber, sin asumir costes que finalmente tienen que ser soportados por el conjunto de los contribuyentes. En tercer lugar, el incremento de la soberanía parlamentaria, muy especialmente el papel del Congreso de los
Diputados en este asunto. Y en cuarto lugar, de forma fundamental, resolver -tema clave en nuestra opinión- todo el conjunto de funestas consecuencias de la comercialización de productos híbridos, como participaciones preferentes y obligaciones
subordinadas, lo que en el Memorándum de entendimiento firmado por el Estado español con la Comisión se entendía como productos híbridos. A esa resolución iban destinadas buena parte de nuestras enmiendas. Me centraré en las que considero más
importantes.


El proyecto de ley no solo no garantiza la restauración de los derechos de los suscriptores de participaciones preferentes, no solamente no lo hace sino que tampoco plantea una sola solución que restablezca su posición. Frente a ello, la
posición del Grupo Parlamentario Socialista, como la de otros grupos -según hemos podido ver en las enmiendas presentadas-, plantea un procedimiento incorporado a una nueva disposición final, en la que por una parte la Comisión Nacional del Mercado
de Valores establecería una fórmula para discriminar entre inversores y meros ahorradores que han sido objeto -como se ha dicho en centenares de ocasiones en estos meses en esta misma Cámara- de un inmenso engaño, de un inmenso fraude. Una vez
discriminado por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con informe obligatorio, de oficio, cuándo estamos en presencia de un ahorrador que no ha sido advertido de qué es lo que adquiría y que por consiguiente no estaba en
conocimiento del producto que caía en sus manos, en esos casos haya un canje obligatorio por el cien por cien del valor nominal, que, con independencia del plazo, asegure un nuevo producto con el mismo valor nominal que el titular de participaciones
preferentes o el obligacionista en su caso tuviera cuando se produjo esa emisión, sabiendo que estamos en presencia de emisiones todavía vivas que en muchos casos son muy anteriores al año 2000 y al año 2002. Por consiguiente, estamos en presencia
de productos que han devenido en problemas cuando se han secado los mercados secundarios que permitían ese esquema de refinanciación de esas mismas participaciones con nuevos clientes, con nuevos ahorradores, que también se veían engañados dada la
insuficiente transparencia del proceso de comercialización. Para nosotros es fundamental que una ley como esta, en la que se establece el mayor apoyo público que jamás un sistema financiero en nuestro país ha recibido, solvente este problema que
afecta a centenares de miles de personas y que, por más que el Memorándum de entendimiento establezca dificultades -no lo facilita, lo sabemos bien-, para nosotros no es un obstáculo insalvable. El Gobierno ha perdido una vez más la ocasión de
plantear un escenario de solución en un aspecto que nos parece fundamental.


Este es el contenido de las enmiendas al articulado a partir de la número 91. Para nosotros son enmiendas esenciales que deberían cualificar este en su origen decreto-ley y actual proyecto de ley, una cualificación que también debe
extenderse al tratamiento de una cuestión en nuestra opinión esencial. El

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proyecto de ley no plantea ningún tipo de solución al otro gran problema social surgido como consecuencia de la crisis financiera en nuestro país. Ese problema social se refiere a la existencia de un volumen de desahucios importantísimo,
que ha llegado casi a los 100.000 en España en el último año, pero en diciembre de 2013 puede ser que en nuestro país haya más de 250.000 desahucios como consecuencia de la evolución del proceso de ejecución hipotecaria previsto en nuestras normas.
Cuando eso sea así, lo que planteamos en el conjunto de enmiendas presentadas son unas precisiones, en algunos casos fundamentales, que impidan que la ejecución hipotecaria afecte a familias y a personas con determinado volumen de ingresos, a
familias y a personas que no tienen ninguna otra posibilidad de seguir manteniendo su vivienda, a familias y a personas que no han sido en absoluto -como ya preveíamos- beneficiadas por un código de buenas prácticas que fue aprobado en esta Cámara,
de cuyos efectos oficialmente no sabemos nada, y estamos a finales del mes de octubre. Un código de buenas prácticas que se aprobó hace aproximadamente seis meses y del que no hay ninguna información pública al respecto, y lo que es peor, lo que
sabemos extraoficialmente es que este compromiso apenas afecta a un volumen marginal de familias y de personas. Frente a ello, frente a un planteamiento realizado en el código de buenas prácticas de que las entidades participadas por el FROB
llevaran a cabo un conjunto de ámbitos de actuación que impidieran el desahucio final de la familias, lo que nos encontramos es un Memorándum de entendimiento llevado a cabo por el Gobierno español que insiste en plantear exactamente la política
contraria: la dificultad para llevar a cabo tratamientos específicos en este tipo de situaciones para las entidades intervenidas por parte del FROB. En este aspecto lo que hacemos en la norma es llevar a cabo buena parte del contenido de un
proyecto de ley que comenzamos a tramitar en la Cámara como consecuencia de una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista; un proyecto de ley destinado a que las familias afectadas por este tipo de procesos tengan algunas garantías. La primera
de ellas y la más importante es que, cuando se trate de familias sin ingresos suficientes, haya una oferta específica para el mantenimiento dentro de la propia vivienda a través de fórmulas de alquiler que puedan ser abordadas dada la renta de la
propia familia. En segundo lugar, la modificación de un conjunto de prescripciones correspondientes a la Ley Hipotecaria, por la cual básicamente se garantice el valor de tasación en los procedimientos de ejecución, que sea el mismo que el que fue
utilizado cuando se concedió el crédito y que haya a su vez una reducción significativa -hasta el 2,5% exactamente- en los tipos de intereses moratorios, que son, entre otros, los que hacen que se produzca esta situación tan increíble, en la que las
mismas personas que pierden su vivienda pierdan el conjunto de ella y sigan debiendo prácticamente el mismo principal que cuando se produjo el procedimiento de ejecución hipotecaria. Pierden la vivienda, pero siguen debiendo prácticamente lo mismo
como consecuencia del juego conjunto de tipos de interés moratorio astronómicos y de la cada vez mayor presencia en este caso de plazo de ejecución, que hace que los intereses sobre intereses multipliquen finalmente la deuda hipotecaria.


Alrededor de estas cuestiones, el Grupo Parlamentario Socialista ha ordenado un conjunto de enmiendas; enmiendas que tratan de impedir que el Estado abandone la posición obtenida dentro de las diversas entidades financieras, naturalmente a
través del FROB, de forma que cuando abandone esa posición se asegure de que no se producen pérdidas para el sector público como consecuencia de su actuación. No criticamos, como es obvio, que el Estado intervenga en los procedimientos que permitan
mantener, sanear, reestructurar o resolver una entidad financiera; lo que cuestionamos es que no exista garantía suficiente para que cuando se produzca esa retirada no haya pérdidas para el Estado como consecuencia de ello.


Por último, el diputado Jesús Caldera presentará una enmienda relacionada con las retribuciones. Creemos que la referencia a ese respecto que hace el proyecto de ley es insuficiente y hemos planteado todo un conjunto de alternativas a la
regulación actual.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Esta enmienda la presentan también otros grupos y va dirigida a aprovechar la situación actual para, como decía el señor Gómez, establecer un código de conducta diferente. No tienen sentido ni económico ni
ético determinados comportamientos de directivos de organizaciones o entidades financieras antes, durante y después de la crisis. Nos gustaría que existiera una serie de limitaciones -dentro del campo de la transparencia que se indicaba-, por
supuesto salariales, reconociendo que el Gobierno ha regulado una parte para aquellos que reciben ayuda del FROB, pero nos parece que todavía esos límites son elevados y, por tanto, proponemos una reducción. En segundo lugar, hay un asunto
particularmente escabroso, yo diría que lacerante para la opinión pública

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cuando contemplan cómo directivos, presidentes ejecutivos o consejeros delegados de entidades que ahora tienen asistencia financiera o reciben ayuda del FROB están recibiendo importantísimas cláusulas indemnizatorias, pensiones u otras
cláusulas de blindaje por una gestión que evidentemente no ha sido exitosa, que ha estado plagada de errores que nos han conducido a esta situación. Que estos hechos se produjeran antes de la asistencia financiera, de la ayuda que proporciona el
FROB, no debería ser impedimento para que hiciéramos una regulación que impidiera radicalmente -y utilizo la expresión con todo sentido- la percepción de este tipo de retribuciones.


Quiero recordar que el 12 de junio este Parlamento en Pleno aprobó una proposición no de ley que así lo indicaba y que fue aprobada por unanimidad: revisar la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier cláusula de
blindaje, incluidas las de carácter laboral, de las cuales puedan derivarse beneficios... de entidades financieras que hayan requerido ayudas del Estado a través del FROB al objeto de impedir su materialización. Estos principios -se decía incluso
en la proposición no de ley- serán tenidos en cuenta en la tramitación. Es verdad que entonces se hablaba del Real Decreto Ley 18/2012, de 11 de mayo, pero como así no ha sido, pensamos los grupos parlamentarios -espero que haya consenso- que este
mandato político de la Cámara se pueda incorporar a un texto legal que lo haga posible para su ejecución inmediata. Por ello defendemos esta enmienda de mayor limitación de las retribuciones salariales por todos los conceptos que perciban este tipo
de directivos de entidades que tengan asistencia del FROB y, por otra parte, que no puedan en modo alguno percibirse esas cláusulas indemnizatorias, pensiones o blindajes que además contienen cifras astronómicas y que resultan absolutamente
escandalosas e inadmisibles. Esperamos de la sensibilidad de todos los grupos que se pueda aprobar esta enmienda.


El señor PRESIDENTE: Para conocimiento de los portavoces y de los diputados que en este momento pertenecen a la Comisión pero no están en la sala, les comunico que las votaciones no serán antes de las 18:20.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario ha planteado a este proyecto de ley doce enmiendas, concretamente de la 70 a la 82, que hacen referencia a todas aquellas consideraciones importantes que nuestro grupo ya planteó cuando
se debatió en el Pleno la convalidación del Real Decreto-Ley 24/2012. Desde nuestro punto de vista, la reestructuración del sistema financiero español viene con un retraso de tres años aproximadamente, lo cual ha conllevado una desconfianza
tremenda, no solamente desde la óptica interna de la economía española, sino también desde la perspectiva de la confianza internacional; desconfianza que ha traído consecuencias muy negativas para la economía española, entre las que destacaría el
gran diferencial de la prima de riesgo que existe entre la deuda pública española y el bono alemán.


Hecha esta pequeña consideración, nuestras enmiendas van a resolver algunos de los aspectos que nosotros consideramos relevantes y necesarios para que finalmente en la economía española vuelva a fluir el crédito con la máxima rapidez con la
reestructuración del sistema financiero que está en marcha en estos momentos y que estamos debatiendo en esta Comisión y con la creación del banco malo, que por cierto viene con muchísimo retraso. Lamentamos que una propuesta que hizo en su momento
Convergència i Unió para implementar la realización de un banco malo en la pasada legislatura no se llevara a cabo, y en este caso cabe decir que el Partido Popular lo ha hecho con un ligero retraso que lógicamente ha comportado consecuencias
negativas para la economía española.


Yendo ya directamente a la base de las enmiendas que planteamos, destacaríamos como más importante y más relevante la enmienda número 70, que es la que hace referencia al compromiso de este grupo parlamentario, y de todos los grupos que
componemos esta Cámara, en el sentido de buscar una solución efectiva para todos aquellos ahorradores españoles que confiaron sus ahorros a entidades financieras que en algunos casos han sido intervenidas o nacionalizadas por parte del Gobierno
español, por parte del Banco de España o por parte del FROB y que ahora se encuentran con que así como las participaciones preferentes que se han invertido en las entidades que no están participadas por el FROB estas las han resuelto en un
porcentaje muy importante, no es así en el caso de las participaciones preferentes que se han invertido en las bancas participadas mayoritariamente por el FROB, básicamente Bankia, las cajas gallegas y Caixa Catalunya. Hemos mantenido diferentes
conversaciones con todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, también con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular, y hemos presentado una enmienda en el sentido de buscar una solución

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para todos aquellos titulares de participaciones preferentes para que en el plazo máximo de tres meses se pueda buscar una solución para que puedan recuperar el cien por cien del nominal. Es cierto que esta solución que hemos mantenido y
hemos dialogado con las diferentes formaciones políticas y también con el Grupo Parlamentario Popular choca frontalmente con algunos de los obstáculos que pone la Unión Europea, pero entendemos que hay que buscar una solución a todas estas personas
que han sido engañadas por diferentes entidades financieras, ya que confiaban en que estaban invirtiendo en productos líquidos a corto plazo, de hoy para mañana, a una semana o a quince días como máximo, y ahora se han encontrado con que no son
líquidas y se han transformado en deuda perpetua. Nosotros entendemos que estas personas que -repito- han sido engañadas por estas entidades financieras y a las que no se les puede buscar una solución porque están nacionalizadas o están
participadas al cien por cien por el FROB, hay que darles una solución política. Una solución sería poder recuperar el cien por cien del valor nominal y por eso ponemos un plazo de tres meses. Esta es una de las enmiendas relevantes que nosotros
hemos planteado a este proyecto de ley.


Las enmiendas 71, 72 y 73 van en la dirección de limitar todos aquellos aspectos que hacen referencia a las retribuciones y a las indemnizaciones de los directivos financieros que tenían unos contratos mercantiles con determinadas entidades
financieras y que posteriormente, por la mala gestión de los mismos o como consecuencia de una mala gestión en general de los diferentes consejos de administración, han sido finalmente intervenidas. Nuestro grupo parlamentario presentó una
proposición no de ley que, tal como decía el portavoz socialista, fue aceptada, si no recuerdo mal, por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios que conformaban el Congreso de los Diputados. En este sentido, planteamos tres enmiendas. La
principal novedad es la relativa a que se deje sin efecto cualquier tipo de indemnización por terminación de contrato por parte de los administradores o directivos de entidades participadas mayoritariamente o no por el FROB. También se alude a
todas aquellas modificaciones, con efectos desde el año 2012, relativas a los conceptos de indemnización como cláusulas de no competencia, prejubilaciones, planes de pensiones, etcétera. Los compromisos por prestaciones definidas como pensiones se
deberán calcular a 31 de diciembre del año 2011. También se establece con lo anterior un régimen diferente de regulación de la compensación contractual para aquellos directivos que estaban antes de la existencia de ayudas que para los que entraron
con posterioridad, a los cuales entendemos que se les tendría que aplicar una limitación diferente, ya que estos no son responsables de la mala gestión que llevaron los gestores anteriores. En los casos de integración de las limitaciones salariales
solo se aplicarían a los directivos de la entidad que precise de apoyo financiero.


En la enmienda número 73 planteamos una serie de aspectos relevantes como son todos aquellos que hacen referencia a indemnizaciones por terminación de contrato, poniéndolo en concordancia con lo definido en el artículo 5 del Real Decreto de
2012, dejando sin efecto cualquier tipo de indemnización por terminación de contrato por parte de los administradores o directivos de entidades participadas mayoritariamente, o no, por el FROB. También se precisa el concepto de indemnización en el
sentido de cualquier compensación, compromiso de no competencia, prejubilación o cualquier concepto asimilable. Es cierto que esta enmienda que ha presentado Convèrgencia i Unió es, desde la óptica conceptual, similar a la que han presentado otros
grupos parlamentarios. Y no es menos cierto que ahora mismo el portavoz del Partido Popular me ha entregado una enmienda transaccional a estas dos enmiendas que hemos presentado que la queremos leer con atención, ya que tenemos dos posibilidades:
una, que estas enmiendas que presentamos los grupos de la oposición no sean aceptadas por el Grupo Parlamentario Popular; y otra -que es la que quiero analizar en el tiempo que me queda hasta la votación-, la de poder buscar un consenso con todas
las formaciones políticas y con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno para intentar alcanzar un consenso sobre aquella proposición no de ley que presentó nuestro grupo parlamentario que pretendía dejar sin efecto cualquier tipo de
indemnización por terminación de contrato por parte de los administradores o directivos de entidades participadas mayoritariamente o no por el FROB. Por tanto, una solución sería ponerlas a votación y perderlas y, otra, intentar buscar a través del
consenso y del diálogo otra posibilidad que, repito, voy a analizar para ver si somos capaces de recuperar este consenso que conseguimos en el Pleno del Congreso de los Diputados en una proposición de ley que presentó nuestro grupo parlamentario.


Hay otras enmiendas que van en direcciones complementarias a la creación del banco malo. Una de ellas es la 71, a la que damos mucha importancia. A pesar de que no sea aceptada en esta Comisión, vamos a seguir intentándolo a lo largo del
periodo de sesiones porque valdría la pena buscar también una solución en el sentido de establecer la obligación de que un porcentaje de viviendas que reciba la sociedad

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de gestión de activos se dediquen a viviendas sociales que pudieran ser gestionadas por los ayuntamientos o las comunidades autónomas. Con la enmienda 75 se pretende clarificar el carácter técnico relativo a la Ley de sociedades de capital
en relación con la constitución del sindicato de obligacionistas, las sociedades cotizadas y entidades de crédito. La enmienda 76 hace referencia a la modificación del impuesto de sociedades del régimen de consolidación fiscal de los grupos
formados por entidades de crédito que conforman un sistema de producción en los resultantes de actividad indirecta de las cajas, para que las cajas que integren estos sistemas también gocen de neutralidad fiscal. En la enmienda 82 se propone que
las comunidades autónomas con competencia en estas materias y con cajas con incidencia territorial deban ser consultadas en todo el proceso de intervención que conlleva una relación de las actuaciones que realicen los organismos competentes.


Señor presidente, señorías, estas son las enmiendas que ha presentado nuestro grupo parlamentario, repito, con el objetivo de que finalmente exista la confianza desde la óptica financiera española y fluya el crédito a las familias, a los
empresarios autónomos y a las pequeñas y medianas empresas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Estamos ante la enésima reforma del sistema financiero y, aparte de que eso simboliza lo poco útil que está siendo la reforma del sector financiero en general, lo cierto es que las enmiendas que traemos hoy para su
defensa han sido planteadas ya en anteriores proyectos e iniciativas en el Pleno del Congreso de los Diputados. Me consta que todos los diputados y diputadas de esta Comisión conocen perfectamente cuáles son nuestras enmiendas y nuestra posición
política e ideológica con respecto a algunos de los temas fundamentales que se tratan en este proyecto de ley, entre ellos el alquiler público de las viviendas que están en el stock de lo que va a ser el banco malo, la gestión de las participaciones
preferentes, conocidas como las estafas preferentes en la medida en que han sido -como otros grupos también han dicho previamente- estafas y engaños ofrecidos a personas que no tenían conocimiento preciso de lo que estaban firmando. Volvemos a
traer aquí, a este proyecto de ley, todas esas iniciativas, sabiendo además que se van a negar, que se van a encontrar en las mismas circunstancias que las anteriores, es decir, chocarán contra un muro, el muro de la mayoría absoluta del Partido
Popular. Por tanto, lo que nos interesa en este punto, más allá de repetir esas ideas y esas enmiendas que defendemos hoy aquí, es insistir en algo que nos produce un alto grado de preocupación cuando el Partido Popular nos reconoce que no puede ni
siquiera aceptar o debatir aquellas enmiendas que tengan que ver con el memorándum, con las disposiciones aprobadas por la llamada troika. Entendemos que es algo comprensible desde el punto de vista legal, pero en absoluto justificable porque nos
vamos a encontrar con circunstancias como las que hoy conocíamos de que el Banco Central Europeo secunda una iniciativa a instancias del Gobierno alemán por la cual se puede crear un supercomisario que vete los presupuestos nacionales. Por cierto,
Mariano Rajoy ya ha dicho que no le parece adecuado. Pero nos podemos encontrar, desgraciadamente, si no reflexionamos sobre estas cuestiones, con la misma imagen del ministro Montoro hace unos meses reclamando al Banco Central Europeo que actuara
en beneficio del Gobierno de España. Ese es el marco institucional en el que nos encontramos, que hace a veces absurdo seguir debatiendo determinadas cuestiones en este Congreso y en esta Comisión, desgraciadamente. Y eso es lo que a nosotros nos
preocupa, que más allá del hecho de que el Partido Popular nos bloquee las enmiendas, como es obvio, por su ideología, creamos que, aunque estuviera de acuerdo, tampoco pudiera aprobarlas. Nos parecía importante, en particular a mí, dejar
constancia de esta preocupación en este turno de defensa de las enmiendas, que por otra parte todos los grupos conocen, razón por la que no me extiendo más.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de UPyD tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Paso a explicar los enunciados de las dieciocho enmiendas que mi grupo ha presentado a este proyecto de ley.


Algunas de ellas son novedosas con respecto a los proyectos de ley financieros anteriores porque tienen que ver con el nuevo papel que se da al FROB en este proyecto de ley. Se le dan unos poderes realmente de excepción en el ámbito
financiero y creemos que no se han tomado medidas compensatorias adecuadas a estos nuevos poderes de excepción que el FROB va a tener a partir de ahora. Por ejemplo, el FROB puede seleccionar en circunstancias excepcionales quién va a adquirir una
entidad financiera,

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una decisión muy importante, y tiene que informar de ello a la Comisión Europea pero no a este Congreso de los Diputados. Una de nuestras enmiendas pide que se informe al Congreso, aunque sea a posteriori, de las razones que han llevado a
seleccionar un adquiriente sin subasta. El FROB también va a elegir a sus representantes en los órganos de administración de las entidades, que van a tener poder decisorio. Creemos que hubiera sido deseable establecer unos requisitos de
profesionalidad que garantizasen que esas personas tienen la competencia suficiente para las funciones tan relevantes que van a desempeñar. Por otro lado, también consideramos que en esta nueva situación la información que recibe la Comisión de
Economía por parte del presidente del FROB debería ser más detallada que hasta ahora. Es muy apreciable la información que se nos suele dar pero en estas nuevas circunstancias creemos que la información debería ser mucho más detallada que hasta
ahora. El FROB, como nuevo dueño de estas entidades, debería tener un papel mucho más activo en la exigencia de responsabilidades, como cualquier dueño que llega a un sitio quebrado y en el que tiene que hacer frente a las pérdidas. Hasta ahora
permanece la impunidad de los gestores que han hundido a estas entidades, que han llevado al rescate europeo, que han llevado a una situación de las finanzas públicas que está provocando tan importantes recortes sociales, y eso no ha pasado en otros
países como Estados Unidos. Aquí no solo ha habido impunidad sino que ni siquiera ha sido posible crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Creemos que el FROB, como nuevo dueño, tiene que tener un papel activo en la
persecución de los responsables, en que asuman responsabilidades. Lo mismo sucede con las indemnizaciones recibidas, porque no solo es que estos malos gestores hayan hundido las entidades, es que encima han sido premiados por ello. No nos
cansaremos de repetir que han tenido indemnizaciones de decenas de millones de euros. Por eso nos parece bien la enmienda de los demás grupos, no nos parece mal, pero no es cierto que se aprobase por unanimidad; mi grupo se abstuvo porque
consideramos que la decisión tiene que tener efectos retroactivos. Muchos de estos gestores abandonaron las entidades hace tiempo y pensamos que deberían recuperarse esas indemnizaciones a partir del 1 de enero del año 2008 con efectos retroactivos
en las entidades que han acabado intervenidas por el FROB. Es algo que realmente indigna a la población, ver las consecuencias que han tenido estas gestiones para la sociedad y las consecuencias que han tenido para quienes las han provocado.


Otras enmiendas son parecidas a las de decretos y proyectos de ley anteriores, pero no nos cansaremos de repetirlas dado que ninguno de ellos las ha incorporado. Seguimos pensando que es necesario despolitizar a fondo, en lo que falta, las
entidades financieras, establecer requisitos de incompatibilidad entre las antiguas cajas y los nuevos bancos, simplificar las estructuras organizativas, y creemos que la conversión en fundaciones que incorpora el Partido Popular en este proyecto de
ley avanza en esa dirección pero no completa el proceso, además de que temamos que ahora el problema se traslade a las fundaciones, porque estas fundaciones no necesitan órganos de administración ni tan grandes ni tan bien remunerados como las cajas
de ahorros, sin embargo, hasta ahora la sensación es que mantengan a las mismas personas y con las mismas remuneraciones. Pensamos que no debe ser así, que no deben usarse los recursos que deberían ir a la obra social a mantener estas estructuras
de gobierno, ahora de las fundaciones.


Otras enmiendas que hemos presentado en el pasado y que consideramos relevantes tienen que ver con la evolución del crédito. Se nos dice que el crédito va a aumentar con estos sacrificios; sin embargo, está disminuyendo a mayores tasas que
en ningún momento desde que la crisis empezó. Nos gustaría que, dado que la justificación de todo este esfuerzo es que el crédito va a aumentar, se estableciesen unas previsiones de cuánto va a aumentar y se explicase al Congreso si esos objetivos,
si esas previsiones se cumplen o no y por qué. Asunto muy importante también es el que tiene que ver con la recuperación del dinero público. A día de hoy se nos sigue diciendo que el coste va a ser cero, cuando ya se ha revisado el déficit
público, incluso de años anteriores, cuando se ha pedido un rescate europeo. Creemos imprescindible que se haga una estimación creíble de ese coste y un plan de recuperación a medio y largo plazo de las cantidades utilizadas, y no nos parece serio
seguir con el mensaje de que el coste público es cero cuando ya ni las cuentas nacionales se corresponden con esa afirmación.


Otros grupos han hablado, y lo compartimos, sobre la situación de los que han adquirido participaciones preferentes comercializadas incorrectamente. El problema de este proyecto de ley es que no les deja en la misma situación, es que
empeora notablemente su situación, porque les convierte en acreedores que tienen que sufrir pérdidas obligatorias en los procesos de reestructuración y porque además hay un artículo, el artículo 47, que dificulta que incluso por vía judicial puedan
recuperar las cantidades invertidas. Por eso nuestras enmiendas van en la dirección de corregir este empeoramiento de su situación, para que

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los inversores estafados no sean tratados como acreedores normales de buena fe sino que puedan recuperar su inversión y para suprimir ese artículo 47 que limita las posibilidades de actuación por vía judicial de los ciudadanos estafados en
la comercialización de participaciones preferentes.


Como hemos afirmado en el pasado, consideramos que cuando las entidades reciben ayuda pública masiva eso tiene que ir ligado a ciertas condiciones sociales. No es necesario recordar los acontecimientos de los últimos días en torno a los
desahucios, verdaderamente trágicos y que son la punta del iceberg del sufrimiento que hay detrás de las familias que pierden su vivienda o que están en riesgo de perderla, y hay una serie de reformas legislativas, que ha propuesto mi grupo y otros
de la Cámara, que suavizarían esa situación. Proponemos que las entidades nacionalizadas estudien la creación de un parque de vivienda pública en alquiler, con el stock de viviendas sin vender que está en su poder, de cientos de miles de viviendas,
que se limiten los intereses de demora que llevan a una situación insostenible a las personas que dejan de pagar una cuota de la hipoteca y que no se aplique a los deudores hipotecarios la responsabilidad ilimitada, que se les trate como a las
empresas en un procedimiento concursal, en el que hagan frente a su deuda hasta donde puedan pero no queden unas deudas pendientes que les impidan rehacer su vida. Nos parece que estas condiciones sociales están justificadas como contrapartida de
las ingentes cantidades de dinero público que las entidades han recibido.


De cara al futuro, valorando la mejora en el proceso de comercialización de preferentes que se ha introducido, creemos que se podrían haber introducido muchas más medidas y, como son conocidas, las voy a recordar muy brevemente. Creemos que
de cara al futuro en las nuevas hipotecas la dación en pago debería ser el principio general; creemos que es necesario separar las actividades de comercialización y de asesoramiento en las entidades financieras para evitar conflictos de intereses y
que no estén asesorando al cliente sobre los productos que ellas mismas quieren colocar; consideramos indispensable mejorar la defensa de los consumidores financieros y para ello habría que unifica los organismos hoy día dispersos entre la
Dirección General de Seguros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, y darles mayores poderes sancionadores, que no sean meras recomendaciones como hasta hoy emiten.


Otra de nuestras enmiendas tiene que ver con la inspección del Banco de España en la línea sugerida por los organismos europeos para mejorar los procedimientos de inspección, reforzar la inspección in situ y que las conclusiones de los
inspectores vayan directamente a los órganos rectores del Banco de España y se transformen rápidamente en medidas correctoras, porque en nuestra crisis financiera los inspectores del Banco de España detectaron a tiempo los problemas pero falló la
información y falló la actuación acorde con esos descubrimientos de los inspectores.


Una última enmienda tiene que ver con la formación económica que a largo plazo tal vez sería la mejor solución para evitar las estafas financieras. El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la OCDE, la Comisión
Europea, todos favorecen la mejora de la formación económica en la educación secundaria, sin embargo en la reforma educativa se ha hecho lo contrario. Es un grave error y nuestra enmienda 68 propone incorporar contenidos obligatorios de formación
económica en la educación secundaria. Imaginamos que el destino de estas enmiendas es verse rechazadas en bloque, como habitualmente, pero están presentadas con ánimo constructivo y creemos que mejorarían el proyecto de ley que se nos ha
presentado.


El señor PRESIDENTE: Corresponde intervenir ahora al portavoz del Grupo Parlamentario del PNV. Señor Azpiazu, me complace, después de un paréntesis de varios años, volver a darle la palabra.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, igualmente me complace recibir de usted la posibilidad de hablar en este momento en la Cámara.


Nuestro grupo parlamentario ha presentado seis enmiendas a este proyecto de ley y las voy a defender rápidamente y, digamos, cronológicamente. Las enmiendas números 17 y 18 las voy a dar por defendidas en sus propios términos.


Con la enmienda 19 lo que el Grupo Vasco plantea es que la provisión genérica tenga la consideración de capital principal a efectos de computar como tal. El hecho de que la provisión genérica no sea computable creemos que discrimina a las
entidades de crédito del Estado español con relación a otras entidades financieras europeas, porque creemos que la provisión genérica es tan cercana a una reserva que simplemente es una reserva y, por tanto, como tal debe ser considerada.


La enmienda número 20, que es similar a la presentada por otros grupos, concretamente por el Partido Socialista y defendida por el señor Caldera, creemos que es una enmienda especialmente importante

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porque hay que cumplir con los compromisos de la Cámara. Lanzar a los ciudadanos un mensaje de que lo que se acuerda en la Cámara en un momento determinado se queda luego en papel mojado, como es el caso de esta proposición no de ley, creo
que sería una señal muy negativa para el conjunto de los ciudadanos, y por eso tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para dar cumplimiento a ese compromiso, de lo contrario habrá que decirles, efectivamente, que no somos capaces de llegar a
acuerdos, incluso aunque los hayamos adoptado nosotros mismos, lo cual es rizar el rizo. Es cierto que el Partido Popular en su día modificó las remuneraciones de los consejeros y de los ejecutivos de las entidades financieras que habían recibido
dinero público llegando a una serie de cantidades razonables teniendo en cuenta lo que eran los usos y costumbres en ese mundo financiero, pero creemos que, dada la situación económica actual, dado el nivel de paro y dada la crisis, hoy en día
habría que seguir revisando estas cifras a la baja. Por parte del Grupo Socialista, por nuestra parte, y no sé si por parte de los demás también, se propone que esa remuneración no supere los 40.000 euros anuales para los miembros de los órganos
colegiados y que no supere los 150.000 para los ejecutivos que dirigen o mandan en estas entidades financieras. Creemos que 150.000, con la que está cayendo, es una remuneración más que suficiente; es prácticamente el doble de lo que gana el
presidente del Gobierno. Esta es una referencia que puede ser relativamente importante. Además, me parece lamentable actualmente la imagen de muchos directivos -y también lo están reflejando los medios de comunicación- que se resisten a reconocer
y a devolverlas, justificando por qué ellos se merecían estas indemnizaciones y estos sueldos millonarios. Esto es absolutamente vergonzoso, y como la crisis todavía va para largo y esto a lo largo del tiempo va a ser más vergonzoso, creemos que es
mejor que se corrija cuanto antes. No es de recibo que haya remuneraciones en este sentido, en nuestra opinión escandalosamente altas, cuando además estas remuneraciones se abonan con el dinero del conjunto de los ciudadanos. Creo que sinceramente
tenemos que hacer un esfuerzo en corregir esta situación lo antes posible.


En la enmienda 21 se propone la supresión de la letra b) de la disposición derogatoria única del proyecto de ley con el fin de que no se levante la penalización y se vuelva a la guerra de los tipos de interés; creemos que sería dar un paso
atrás y no merece la pena darlo. En esta enmienda, a la que también se ha hecho referencia por parte de todos los grupos, lo que se plantea con la modificación del artículo 37.2 es suprimir el término participaciones preferentes para que no se
produzca lo que todos ya hemos denunciado un montón de veces en esta Cámara. Existe un amplio consenso en el sentido de que hay una proporción abrumadora de participaciones preferentes que se han colocado a través de la red entre personas que
sencillamente no tenían ni idea de lo que estaban adquiriendo y, lo que es peor, les explicaron un producto de características distintas a las que realmente tenían. Yo creo que no merece la pena hacer hincapié en este discurso en este debate porque
todos coincidimos, por lo que creemos que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara deberíamos hacer un esfuerzo específico para corregir esta situación, así como para demostrar a los ciudadanos que hay una voluntad política real de los grupos
de esta Cámara para solucionar este problema.


Nuestro grupo no, pero otros grupos también han presentado, por lo que ha comentado el señor Gómez anteriormente, enmiendas relativas a los temas de los desahucios. Esta es una cuestión que desgraciadamente está muy de moda porque incluso
recientemente una persona se ha suicidado por esta cuestión y es otro de los graves problemas de la crisis económica o de sus consecuencias. Es otro problema al que hay que dar respuesta por parte de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y
yo sinceramente pediría también que se haga un esfuerzo en llegar a un acuerdo en esta cuestión. No es razonable que haya familias que estén pasándolo muy mal con los temas de los desahucios y estén llegando incluso a situaciones extremas cuando
por otra parte estamos dando dinero público para solucionar la crisis del sistema financiero. Hay que ser un poco equilibrado en estas cuestiones y pediría a todos los grupos de la Cámara que hagamos un esfuerzo en este sentido.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Mixto dividirá el tiempo entre dos intervinientes. En primer lugar, tiene la palabra el señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Voy a hacer brevemente un posicionamiento global sobre este proyecto de ley que tramitamos por vía de urgencia. La primera reflexión que quiero transmitir es que esta urgencia que hay en tramitar este proyecto
de ley responde al interés de los bancos y las demandas de la troika. Nos gustaría que esa misma urgencia se produjese a la hora de dar respuesta a las demandas, ansiedades y necesidades de la gente de la calle, de la gente sencilla, de la gente
que está sufriendo los desmanes del sector financiero. Porque, efectivamente, este proyecto de ley va a dar solución a los

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problemas que tiene la banca -la banca que está en dificultades-, va a dar solución, insisto, a las demandas de la troika, pero deja indefensas a las personas de la calle, a la ciudadanía. A la gente de la calle, a las personas que tenían
sus opciones preferentes, a las personas que se ven sometidas a los desahucios, a las personas que, como decía antes, sufren los desmanes del sistema financiero, y eso no es hacer demagogia, es, desgraciadamente, la realidad. Hemos tenido tres
suicidios hace poco; esta mañana, uno más en Canarias; también esta misma mañana, en mi país, en Galdakao, una persona que estaba siendo desahuciada ha tenido que ser hospitalizada por un ataque que le ha dado con ocasión de esa tragedia de verse
en la calle con dos hijos de diez y once años. Sí, son realidades que están ahí y, sin embargo, no vemos esa urgencia a la hora de dar respuesta a esos problemas. Creo que también supone la renuncia a tener una banca pública, a que exista una
banca de control social. Eso me parece que es muy grave desde el punto de vista del conjunto del Estado y también desde el punto de vista de mi país porque se nos obliga, precisamente desde fuera, a renunciar a una banca pública de control social y
este es un elemento al final negativo. Y supone asimismo la renuncia a un stock de viviendas públicas de alquiler social precisamente para dar respuesta a esas personas con dificultades. En definitiva, significa renunciar a instrumentos de
gobierno que cualquier Estado, que cualquier Gobierno debería tener para dar solución a los problemas diarios de la ciudadanía.


Finalmente queremos subrayar otro de los temas que está encima de la mesa, el de las retribuciones. Tampoco se acaba de solucionar, está encima de la mesa la posibilidad de alcanzar una transacción, a ver si es verdad, pero nos da la
sensación de que tampoco van por ahí las intenciones de esta nueva reforma del sistema financiero. Porque a la hora de poner en marcha ese llamado banco malo, lo primero que se ha hecho público han sido las retribuciones de sus próximos directivos
y son retribuciones que realmente llaman la atención a la gente de la calle. Mucha gente de la calle se está ya preguntando por qué no pueden gestionar el banco malo, por ejemplo, altos funcionarios del Estado en comisión de servicios, sería un
ahorro para las arcas públicas, sería una garantía también de eficacia y, por otro lado, sería una forma de contrarrestar ese escándalo -escándalo con fundamento- que se produce entre la gente de la calle. Por eso nosotros nos vamos a oponer a este
proyecto de ley, porque responde a la urgencia de la banca pero no responde a la urgencia de la gente de la calle y tampoco responde a las demandas que desde distintos ámbitos del Estado, y en concreto desde nuestro país, hacemos precisamente para
tener la soberanía necesaria de dotarnos de esos instrumentos de banca pública y de stocks de viviendas de alquiler social que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, desde el BNG hemos presentado veintiocho enmiendas a este proyecto de ley que llevan la carga política, incluso la carga ideológica de muchos debates que ya hemos tenido en esta Cámara en
relación con las políticas que este Gobierno está llevando a cabo con respecto a la reestructuración bancaria. Con el anterior Gobierno planteamos algunas de las cuestiones que hoy presentamos como enmiendas. Por eso, señorías, nuestras enmiendas
23, 24 y 25 tienen como finalidad asegurar tanto la apertura de la correspondiente investigación como la depuración de responsabilidades cuando se cese en la administración de una entidad que vaya a ser intervenida o esté sometida a medidas de
intervención temprana. También pretendemos que se garantice que las entidades financieras que reciben apoyo público adecuen su política retributiva de directivos y altos cargos a lo previsto para el sector público, como otros portavoces han
comentado.


Las enmiendas que van de la 27 a la 32 están relacionadas no solamente con la representación del FROB sino también con la intervención de las comunidades autónomas en los procesos de reestructuración y resolución de este tipo de entidades
financieras, las que se regulan en este proyecto de ley, ubicadas en el territorio, tales como cajas de ahorro o cooperativas de crédito, por el impacto que estas puedan tener o pueden causar en el conjunto de su economía, sobre todo las que ejercen
competencias exclusivas. Desde nuestro punto de vista, ha de ser determinante y por ello vinculante para el Banco de España, al igual que la representación del FROB en el órgano de administración en el caso de entidades financieras con presencia en
alguna comunidad autónoma.


Presentamos la enmienda 33, de supresión del punto 7 del artículo 26, porque la excepcionalidad que en él se recoge puede conducir a decisiones arbitrarias, no transparentes y que comporten abuso de poder o incluso favorecer intereses
privados ajenos a la finalidad pública que persigue la reestructuración de entidades financieras para salvaguardar la solvencia de todo el sistema financiero.

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En las enmiendas 34 y 35 proponemos un nuevo párrafo al apartado 3 del artículo 28, porque consideramos oportuno ampliar las opciones de enajenación posterior a las aportaciones efectuadas por el Fondo de reestructuración ordenada bancaria
en los supuestos de entidades financieras con presencia de cajas de ahorros en su accionariado, concretamente admitiendo la suscripción de los títulos desinvertidos por parte de administraciones e instituciones públicas asentadas en su territorio de
actuación.


La enmienda 36 propone un texto nuevo al punto 6 del artículo 31. Ante el descalabro del sector financiero privado, por su afán de ganancias especulativas a corto plazo, también debe dejarse abierta la posibilidad de que el apoyo financiero
a estas entidades con dificultades sirva para reconstruir una banca pública al servicio de los poderes públicos y los intereses generales. Ya hemos defendido esta cuestión desde el BNG en muchas ocasiones y, por tanto, con esta enmienda lo que
queremos es que esa posibilidad, a través de esta legislación, se haga realidad.


En las enmiendas 37, 38, 39 y 41 se recogen diferentes aspectos relacionados con cuestiones tan importantes como los problemas que en estos momentos están afectando a muchísimos ciudadanos como consecuencia de las malas prácticas, de las
prácticas especulativas de las entidades bancarias, concretamente estamos hablando de las participaciones preferentes. Por eso, señorías, presentamos estas enmiendas porque entendemos que el FROB ha de suprimir esta facultad que se plantea en los
artículos que tratan este asunto, porque deja a miles de pequeños ahorradores atrapados que fueron engañados y estafados.


Nuestra enmienda 42 plantea la supresión del artículo 47, porque entendemos que las limitaciones que en este artículo se hace en el acceso a la tutela judicial efectiva son inaceptables, más aún cuando se dirigen a limitar específicamente
las legítimas reclamaciones de los afectados por la suscripción de participaciones preferentes sin la debida información. De ahí también que planteemos suprimir el artículo 57. El deber de secreto desde nuestro punto de vista es impropio de un
organismo que gestiona una ingente cantidad de recursos públicos. En la misma dirección va la enmienda 46 de modificación del punto 1 del artículo 63, para adecuar la actuación del FROB al ordenamiento jurídico vigente, respetando los derechos de
personas afectadas por la reestructuración de una entidad financiera, sobre todo a ser oídas y poder impugnar o reclamar contra las decisiones y obtener la tutela judicial efectiva, cuestión que tal como se plantea en estos artículos desde luego no
se garantiza. También la supresión que hacemos del artículo en la enmienda 46 es para evitar la imposición de medidas unilaterales por parte del FROB sin capacidad de impugnación.


Señorías, desde el Bloque Nacionalista Galego presentamos estas enmiendas a un proyecto de ley que establece una auténtica legislación excepcional, una legislación de excepción -para decirlo con mayor claridad- donde realmente se implanta
una doble expropiación; por un lado, una expropiación a los contribuyentes que tendrán que costear el saneamiento de los activos de la banca privada y, por otro lado, una expropiación que sufrirán las decenas de miles de pequeños ahorradores
víctimas de la estafa masiva -como ya he dicho en la defensa de las enmiendas- como las participaciones preferentes, o miles de ciudadanos que han sido víctimas también de la mala praxis de la gestión de las hipotecas o de la concesión de hipotecas.
Por eso, señorías, además de defender nuestras enmiendas y votarlas a favor, vamos a votar en contra de este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Quiero agradecer el tono y la voluntad de las enmiendas de los distintos grupos para mejorar el proyecto de ley que hoy estamos tratando, y lo digo, además, sinceramente; creo que todas las enmiendas
merecen la máxima consideración.


Señor presidente, quiero empezar dejando bien claro que estamos tratando este texto hoy en la Comisión de Economía porque hay un problema en el sector financiero español. No es una reforma estructural que dimane de la voluntad de cambio del
marco normativo, sino que estamos tratando este tema hoy porque el sistema financiero español en los últimos años ha devenido en un problema para la economía española, para los ciudadanos españoles, para la sociedad española. No es un problema
originado en los últimos meses, no; es un problema que este Gobierno se ha encontrado porque el sistema financiero español estaba hecho trizas, con perdón de la expresión. Y no depende, como decía la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, de las
entidades privadas; fundamentalmente las que han dejado hecho polvo el sistema financiero español son las públicas o las semipúblicas -las que se llamaban cajas de ahorros-, y no por el marco de propiedad de las entidades, que han estado más de
cien años viviendo y

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lo han hecho bien, sino por la injerencia en algunos casos política que se ha producido en algunas entidades y por la mala supervisión. Por tanto, cuando oigo alguna voz que dice que las comunidades autónomas nombren gente en las entidades,
me echo a temblar, porque ha sido precisamente eso, la injerencia, lo que ha llevado a estas entidades, junto con una mala supervisión, a tener problemas y a que sean un problema del sistema financiero español.


Hoy estamos aprobando un texto que quiere dar soluciones a la gente de la calle, y empleaba esta expresión un portavoz. No estamos intentando arreglar el problema de las entidades financieras -podría decirse que se las arreglen como puedan,
sobre todo las privadas-, no; estamos intentando arreglar el problema de que en España haya crédito para que las pymes puedan funcionar, para que los autónomos puedan pedir un crédito. Estamos intentando arreglar el problema de que las familias
puedan acudir al banco o a la entidad financiera a pedir un crédito para la compra de un producto de consumo duradero o semiduradero, o para asegurar que los ciudadanos que ponen sus ahorros en el banco los tengan absolutamente garantizados y eso
les dé confianza para poder adoptar sus decisiones de consumo o de inversión como entiendan conveniente. Estamos intentando arreglar un problema, y uno puede decir que lo estamos intentando con menor o mayor fortuna -eso está en el discurso de cada
uno-, pero estamos intentando arreglar un problema que nos hemos encontrado, porque sin sector financiero no hay ni crecimiento, ni empleo, ni actividad económica, ni funcionamiento correcto del tráfico mercantil. Porque sin sector financiero no
hay un crédito, no hay un señor que vaya al banco a poner sus ahorros y se vaya a su casa tranquilo, no hay un sistema de pagos adecuado, no hay un tráfico mercantil adecuado. Y lo que estamos intentando hacer es arreglar un problema para los
ciudadanos y para la sociedad, no para el sector financiero. Entre otras cosas, de los que estaban mandando en el sector financiero a los que hoy, nueve meses después, están, se ha producido -perdónenme la expresión- un cierto despeje de personas
que no lo han hecho bien y han tenido que asumir responsabilidades, algunas de las cuales se están dirimiendo en órganos administrativos o incluso judiciales. Este no es un sector económico normal, el sector financiero es especial, no se puede
prescindir del sector financiero en un país. Además, la quiebra de alguna entidad financiera tiene efectos devastadores para la sociedad y, sin embargo, un correcto funcionamiento del sector financiero dinamiza la actividad económica. Por eso, el
sector financiero tiene una regulación específica, no es la general de todos los sectores económicos, hay órganos supervisores específicos, porque en mi opinión -y es una opinión quizá no compartida- no se puede dejar quebrar una entidad y, sin
embargo, es esencial que se regulen los procedimientos de reestructuración y de resolución de situaciones de conflicto. No puede decirse: esto es privado y ya está; la gobernanza es muy importante, como también lo es el marco retributivo.


Señorías, llevamos ya muchos meses hablando del sector financiero y quiero decir que el que está escandalizado de lo que nos hemos encontrado es mi grupo parlamentario, los que estamos escandalizados somos las personas de mi grupo
parlamentario. Señor Valeriano, con todo cariño, yo no entiendo que usted, que era ministro, se escandalice de lo que nos han dejado. Usted debía haber tenido la responsabilidad de tomar decisiones para que no pasara, usted y los suyos. Los que
estamos escandalizados somos nosotros. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!- Aplausos). Yo estoy escandalizado de que en el sector financiero nadie haya pagado nada. Yo estoy escandalizado de que nadie haya pagado su responsabilidad. Y el problema no
es de los gestores del último año y medio -como dice algún portavoz de UPyD-, no, no, ni de los que están ahora, porque ahora les vamos a hacer tomar aceite de ricino a los que están ahora, que son los que han llegado para solucionarlo. No, no, el
problema es de los que se han ido. Y que nadie haya pagado, que ni el Gobierno haya tenido una mínima responsabilidad, que la vicepresidenta económica del Gobierno desde que ha dejado de serlo y con lo que ha pasado en el sector financiero no haya
dado una explicación, y se dedique a ir de consejo en consejo de multinacional -seguramente porque se lo ha ganado por su prestigio profesional y no por el cargo que ostentaba- y no haya pedido responsabilidad ninguna, que el gobernador del Banco de
España no haya asumido ninguna responsabilidad..., los que estamos escandalizados somos los de mi grupo parlamentario con lo que nos hemos encontrado. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!). La supervisión falló, claro que falló la supervisión, fallaron
las previsiones económicas del órgano supervisor. Y yo me pregunto: ¿qué hace todavía el director general del servicio de estudios del Banco de España en el Banco de España con las previsiones que hizo? ¿Qué hace el que se encargaba de la
regulación y la estabilidad financiera? ¿Qué hacen los que estaban en el Gobierno que no asumen su responsabilidad? Eso es lo que mi grupo y yo nos preguntamos. Por eso traemos esta ley, para que esto mejore, para que haya un sistema de

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reestructuración normal en las entidades financieras, y el texto y las enmiendas que presenta mi grupo van en la línea de que haya un sistema normal de reestructuración.


Por supuesto, señor presidente -y no me voy a alargar mucho-, que nos preocupa el tema de las preferentes, pero sin hacer demagogia. En cuanto a las preferentes, dijeron en la subcomisión las entidades, las asociaciones de consumo de manera
unánime -las cuatro, de todos los espectros sociales; no diremos políticos- que todas las preferentes se comercializaron a partir de 2008 a los minoristas y más o menos hasta 2010 de manera mayoritaria. Fueron unánimes las entidades. ¡Claro que
no se debían haber comercializado a minoristas! Por supuesto. Y por supuesto que ha habido muchos ciudadanos a los que se les engañó. ¿Y qué hacía la CNMV entonces? ¿Qué hacía el Banco de España, que sí les pedía a las entidades financieras que
se fortalecieran en capital a través de productos que tenían la consideración de capital como las preferentes? Se deberían haber vendido y comercializado a inversores institucionales y no se hizo. Y por supuesto que se está dando solución a ese
problema. No acepto que se diga que no. Prueba de eso es lo que está pasando en los canjes. Se ha canjeado la gran mayoría y se siguen canjeando, y el Gobierno sigue empeñado en que se canjeen. Quien más pegas está poniendo, por cierto, es un
insigne socialista, el señor Almunia. Es el que más pegas está poniendo, porque está obligando a la asunción de pérdidas por parte de los productos híbridos. Los señores de esta Cámara saben que el comisario de Competencia de la Unión Europea es
el que está poniendo más pegas para que se puedan canjear de manera normal.


Por supuesto que nosotros estamos preocupados con lo que está pasando con el mercado de las hipotecas y con los desahucios. Tomamos una medida; no sé si ha sido mejor o peor, pero era un avance respecto a lo que había. Probablemente habrá
que seguir avanzado. A mi me preocupa que a veces se hable de los desahucios y no de las entidades financieras que hacen el desahucio. Lo primero que nos debiéramos plantear es por qué en la televisión nunca se nombra a la entidad financiera que
hace el desahucio; quizá sería un buen paso para empezar, porque eso, el desahucio, no lo hace ni el Gobierno ni la Delegación del Gobierno ni la comunidad autónoma ni la corporación local, sino una entidad financiera, y habría que preguntarse por
qué y de dónde son. ¿Habría que exigir a esas entidades financieras más? Por supuesto que sí, y en eso está el Gobierno.


También lo que hacemos en esta ley es regular el banco malo. Aquí lo que se ha hecho con los activos inmobiliarios es una política que el Banco de España sabrá por qué la consintió, pero desde luego hoy estamos instrumentando una nueva
entidad a la cual pedimos transparencia -y así hemos planteado alguna enmienda-, una entidad que dé solución a los problemas. Lamento -cambio la energía de mi lenguaje para ir acabando, señor Lanzuela- que el señor Sánchez i Llibre me diga que hay
que traspasar los bienes inmuebles al banco malo y que el banco malo los regale a ayuntamientos, porque, si no, los que inviertan en el Sareb, que es el nombre exacto, dirán: Señor Sánchez i Llibre, si yo pago algo por eso, no haga usted que pierda
todo lo que he pagado. No parece muy razonable, porque de alguna manera lo que sí hay que intentar es dinamizar el sector inmobiliario con esta entidad, pero no a base de regalar a los alcaldes los pisos, sino venderlos a un precio razonable. (El
señor Sánchez i Llibre: Yo no digo eso).


Señorías, creo que esta ley avanza. No es una ley que quizá nos hubiera gustado hacer en el sentido de que ojalá hubiéramos encontrado un sector financiero que funcionara notablemente. No es así y nosotros vamos a apoyar nuestras
enmiendas. Apoyaremos asimismo la número 75 de CiU y he planteado tres transacciones, dos a CiU y una a una propia enmienda mía que habla de cajas de ahorros. (Aplausos.- El señor Gómez Sánchez pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señor Gómez, ¿tiene alguna aclaración?


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: No suelo utilizar el turno de alusiones, porque entiendo que es parte de la dinámica parlamentaria referirse al Gobierno anterior y a personas que han formado parte de él, pero lo voy a hacer en esta ocasión solo por
una razón. Durante el tiempo que yo fui ministro no hubo una sola emisión de participaciones preferentes, pero sí le diré que durante los últimos meses uno ha tenido ocasión de conocer el momento de la emisión, y he conocido emisiones del año 2002,
he conocido emisiones del año 2000 y he conocido emisiones de enero del año 2004. No le diré a usted quién era gobernador del Banco de España entonces ni quién era ministro de Economía, y desde luego no le diré quién era el secretario de Estado de
Economía. No se lo diré por elegancia y por educación, pero los conocemos bien, sabemos quiénes son y dónde están hoy. (Una señora Diputada: Muy bien.-Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere hacer alguna puntualización? (Pausa). Por favor, sean muy breves.


Señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Solo para aclarar que yo no he dicho que haya que limitarse al último año y medio, como ha dicho el señor Martínez-Pujalte. Al contrario, he dicho que debería ser retroactivo para que no solo se vean implicadas las
personas que están ahora, que en muchos casos ya se han ido, sino personas muy relacionadas con el Partido Popular, porque ellos dicen que se lo han encontrado. La responsabilidad socialista la ha explicado el señor Martínez-Pujalte muy claramente,
pero creo que lo que pasó en la CAM, en el Banco de Valencia, en Bankia, el papel de la Comunidad Valenciana o de la Comunidad gallega no es algo que pueda haber sorprendido al Partido Popular. Por eso en mi intervención no me he referido al último
año y medio, sino que he ido mucho más atrás.


El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Solo quiero puntualizar dos o tres cuestiones. La primera hace referencia a una de las enmiendas que el señor Martínez-Pujalte ha tenido la sensibilidad de transaccionar con el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Quiero manifestar el agradecimiento de nuestro grupo parlamentario porque en un momento complicado y difícil y teniendo mayoría absoluta el Grupo Parlamentario del Partido Popular, se avenga a transaccionar un tema tan
sensible como el de las indemnizaciones y remuneraciones de directivos. Segunda cuestión, lo hago extensivo también -ya lo he hablado con el señor Valeriano y con el señor Pedro Azpiazu- a los dos grupos parlamentarios que han presentado enmiendas
en esta misma dirección, que son la 20 del Partido Nacionalista Vasco y la 96 del Partido Socialista. En tercer lugar, incorporamos una modificación de esta transaccional -ya se lo he hecho llegar a la letrada-, que es, en vez de seis meses, tres
meses -que el señor Martínez-Pujalte diga la última palabra-, y al final de la enmienda que me ha presentado el señor Martínez-Pujalte añadir: incorporando un modelo de marco retributivo.


Me gustará plantear una última cuestión por alusiones personales. Normalmente, cuando el Partido Popular y el Partido Socialista o el Partido Socialista y el Partido Popular se pelean recibe Cataluña. Esta no va a ser la excepción;
siempre recibe Cataluña. Cataluña pasaba por el medio o Convergència i Unió pasaban por el medio y le pegan la gran torta. (Risas). Quería decir al señor Martínez-Pujalte, aunque no sirva de excepción, que yo no he hablado de regalar nada a los
ayuntamientos. Léase mi enmienda, que la gestionen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero en ningún momento la enmienda número 71 de Convergència i Unió habla de regalar; faltaría más. Que quede clara esta cuestión solamente.


El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu, matice brevemente, por favor.


El señor AZPIAZU URIARTE: Simplemente quiero hacer referencia a la transacción que nos propone el Grupo Popular. Ha planteado una enmienda transaccional, como ha dicho bien el señor Sánchez i Llibre, a la 72 y 73 de Convergència i Unió, a
la 96 del PSOE y a la 20 del PNV, que es la relativa a las remuneraciones de los ejecutivos de entidades financieras intervenidas, etcétera. Lo que quisiera decir es que, como no queda más remedio, la aceptaremos, pero esto es lanzar otra vez la
pelota para delante, es decir, no dar la solución que nosotros pretendíamos dar en este mismo proyecto. Creo que es demorar la solución, retrasarla. Además, el señor Pujalte ha estado insistiendo en que este proyecto arregla muchas cosas, pues
podíamos haber aprovechado para arreglar el tema de las preferentes, arreglar el tema de la dación en pago y una serie de cuestiones que también son importantes para los ciudadanos -como usted ha reconocido-, pero tampoco ha tenido a bien darle
solución en este proyecto de ley. Esperemos que haya un compromiso del Partido Popular para que dé solución a estas cuestiones lo antes posible.


El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Martínez-Pujalte, cierre el turno de matizaciones y matices.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Sin meterme con nadie, señor presidente.


Solo quiero hacer tres puntualizaciones. Primera, en la enmienda transaccional que mi grupo ha presentado a las números 72 y 73 de CiU y a las de otros grupos parlamentarios quiero aceptar lo que dice el señor Sánchez i Llibre. Creo que
por el día en que nos encontramos, 29 de octubre, lo lógico sería por lo menos cuatro meses, porque están las vacaciones de Navidad por medio. Cuatro meses los aceptaría. En ese sentido, señor Azpiazu, solo quiero hacer una puntualización muy
breve, el Partido Popular ha sido

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el primero en este país que ha regulado el sueldo de los directivos de las entidades financiera; lo ha dicho usted, pero quiero dejarlo claro. Por supuesto, el inciso que dice el señor Sánchez i Llibre se acepta, solo me refiero al plazo
de los meses.


Segundo, quiero decir que en el tema de las preferentes se está avanzando en la buena dirección y los señores diputados de esta Cámara conocen, en público y en privado, con más o menos profusión, eso es debatible, que se está trabajando en
esa línea, que se está trabajando en la línea de dar una solución a los ciudadanos que tienen ese problema, porque no todos los que firmaron preferentes no sabían lo que hacían, había inversores institucionales, había empleados de las propias
entidades, había directivos de las propias entidades. Estamos hablando de las que se comercializaron en la red minorista explicándoles a los ciudadanos que era un producto líquido y que además de líquido era un producto equivalente a un depósito.
En ese caso se está trabajando.


Señor Valeriano, y termino, no voy a polemizar, pero usted sabe por su grupo, que estaba en la Comisión, que cuando se comercializaron de manera minorista fue cuando fue necesario capitalizar las entidades financieras, sobre todo cajas de
ahorros, que fue después de 2007. Así lo dijeron las asociaciones de consumidores. Fue cuando se comercializaron mayoritariamente en la red minorista. Eso es lo que está apareciendo en Galicia, en Cantabria, en todas partes. Pero no quiero
polemizar, ya he dicho bastante y desde luego quiero agradecer, de verdad, el tono de las enmiendas, porque sé que el resto de los grupos, todos los grupos de la Cámara están procurando que en España haya un sector financiero competitivo y que
además arregle los problemas de los ciudadanos.


El señor PRESIDENTE: Agradecería, por guardar un poco el protocolo en los nombres, que cuando se refieran al señor Gómez le llamen señor diputado, señor Gómez o don Valeriano, porque decir señor Valeriano no es lo más adecuado y ya lo han
tratado varias veces hoy así. (El señor Gómez Sánchez: Viniendo de donde viene no hay ninguna objeción.-Risas). Yo les ruego que le llamen don Valeriano, señor diputado o señor Gómez.


Como hay algunas transacciones, suspendemos únicamente tres minutos para que no haya ningún error en dichas transacciones. (Pausa).


Señorías, en primer lugar, vamos a votar la transaccional del Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas 72 y 73 de Convèrgencia i Unió, la 20 del Grupo Parlamentario Vasco y la 96 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Alguien tiene alguna
duda? (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


En segundo lugar, votamos en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, salvo la 20, que ha sido transaccionada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación, votamos en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas correspondientes al Grupo de La Izquierda Plural. En primer lugar, las números 7, 13 y 14.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas de La Izquierda Plural.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las enmiendas correspondientes al Grupo Catalán de Convergència i Unió. En primer lugar la enmienda transaccional a la 80.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


En segundo lugar, votamos la enmienda 75.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de enmiendas, salvo las transaccionadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar en bloque las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista, salvo la 96, que ha sido transaccionada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, votamos la número 144 en los términos de la enmienda del propio Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 15; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 16; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos ahora el texto del informe con las correcciones de la letrada de la Comisión.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.