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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 173, de 04/10/2012
cve: DSCD-10-CO-173
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 173
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR
Sesión núm. 4
celebrada el jueves,
4 de octubre de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (número de expediente 121/000027):
- Del señor subsecretario de Empleo y Seguridad Social (Llorente Cachorro). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/000533) y Socialista (número de expediente 212/000630) ...
- De la señora secretaria de Estado de Empleo (Hidalgo Tena). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/000532), Socialista (números de expediente 212/000627 y 212/000631) y de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural (número de expediente 212/000680) ... (Página11)
- De la señora secretaria general de Inmigración y Emigración (Del Corral Téllez). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/000534), Socialista (número de expediente 212/000629) y de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural (número de expediente 212/000678) ... (Página23)
Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.
COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2013 (número de expediente 121/00027).
- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (LLORENTE CACHORRO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000533) Y SOCIALISTA (número de expediente 212/000630).
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a esta Comisión de Empleo y Seguridad Social. Ruego a quienes estén de pie que tomen asiento o salgan de la sala para que podamos desarrollar adecuadamente estas comparecencias de altos cargos del
ministerio en relación con los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Como sus señorías saben, se trata de una Comisión eminentemente informativa de los presupuestos. La dinámica que vamos a seguir será la misma que en la ocasión
precedente. Los peticionarios de las comparecencias serán los que intervengan. En este primer punto, que es la comparecencia del subsecretario de Empleo y Seguridad Social, don Pedro Llorente, la petición ha sido formulada por el Grupo
Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, que dispondrán, en el momento oportuno, de un tiempo máximo de diez minutos para hacer aclaraciones y requerir la información o los datos que precisen. Si el Gobierno no dispone en estos
momentos de algún dato, nos lo puede presentar por escrito en un plazo de veinticuatro horas, para que se lo hagamos llegar al grupo parlamentario que lo haya solicitado. El señor subsecretario puede hacer una intervención o, si lo estima
procedente, escuchar directamente lo que se le quiera plantear; a su elección. Tiene la palabra para una cosa o para la otra.
El señor SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Llorente Cachorro): Señorías, comparezco por segunda vez este año -comentábamos al principio que hay doblete en esta Comisión de Empleo y Seguridad Social- para explicar las líneas
generales del proyecto de presupuestos para 2013 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Reitero lo que ya les dije en la sesión anterior, en mi primera comparecencia: Estoy a su disposición para venir a esta Comisión cuantas veces lo estimen
oportuno y dar explicación cumplida de las cuestiones atinentes al ministerio en el ámbito de mi responsabilidad. En estos nueve meses hemos tenido que elaborar, como he dicho, dos proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado, los de 2012
y 2013. Sé que es algo poco habitual, pero las circunstancias excepcionales que vivimos así lo han exigido. No son tiempos fáciles y, por tanto, no es el momento de hacer lo que se ha hecho siempre.
Es obligado, señorías, en esta primera parte de mi intervención, enmarcar el proyecto de presupuestos del departamento en la acción política general del Gobierno. Nuestro presupuesto no puede ser ajeno a ese marco general de la acción del
Gobierno. Ante la gravísima situación de la economía española y del empleo a finales del año 2011, el Gobierno de España está llevando a cabo, desde el inicio de esta X Legislatura, una intensa agenda de reformas económicas y medidas
presupuestarias para corregir los desequilibrios básicos de la economía española. Este es el Gobierno que ha aprobado el mayor número de reformas en el menor plazo de tiempo en toda nuestra historia democrática y es justo dejarlo claro. Ha
aprobado medidas de consolidación fiscal, para que todas las administraciones públicas puedan cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria y los compromisos con la Unión Europea en materia de déficit público, y también reformas estructurales,
para mejorar la competitividad de la economía española; reformas todas ellas que van a continuar en los próximos meses en los términos previstos en la estrategia española de política económica aprobada por el Consejo de Ministros del pasado jueves
27 de septiembre. Todo ello tiene un objetivo muy claro: estimular el crecimiento de la economía para detener la sangría en la destrucción de puestos trabajo y crear empleo después.
Entre las reformas del Gobierno que se refieren a las competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, permítanme que apunte tres, porque definen las coordenadas en las que se mueve nuestro proyecto de presupuestos para el año 2013.
En primer lugar, la reforma laboral, aprobada el 10 de febrero, para llevar a cabo una profunda modernización de la legislación laboral en España, al servicio de la creación de empleo y de una mayor estabilidad y una mayor flexibilidad interna en
las empresas. En segundo término, el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude de la Seguridad Social, bienio 2012-2013, que fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros del 27 abril y al que
más adelante me referiré. En tercer y último lugar, las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, que fueron aprobadas por el Decreto-ley 20/2012, de julio de este año, para preservar la
sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y el aseguramiento en el mantenimiento de las prestaciones por desempleo.
Como ya tuve ocasión de comentar en el mes de abril, el presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social es un presupuesto complejo, por la propia complejidad económica, programática y orgánica de este departamento. Es un presupuesto
además que se caracteriza por una serie de transferencias internas que hay que consolidar si queremos dar una imagen clara de las cifras previstas para el ejercicio 2013. Me referiré a tres formas de presentar el presupuesto del ministerio. Para
hacerlo de una forma gráfica y que se pueda entender, seguiré la imagen que ya utilicé en la presentación de los Presupuestos Generales de 2012 de círculos concéntricos. El primer círculo, que es el más amplio, incluye el presupuesto conjunto del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cuyo resultado es la suma de la sección 19 y la sección 60. Este presupuesto, para 2013, supone una cifra de 158.684 millones de euros, un 1% más que en el año 2012. Insisto, es la suma de la sección 19 y
la sección 60, Seguridad Social. Este es el primer dato positivo que se plantea en esta comparecencia. Llegados a este punto, conviene hacer un paréntesis para destacar el peso del gasto social en los Presupuestos Generales del Estado excluida la
deuda pública. El gasto social en los Presupuestos Generales del Estado es el 63,6% de los mismos, con un crecimiento de casi el 2% con respecto a 2012. Casi el 90% del gasto social es atribuible en su totalidad, en ese 90%, al Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
El segundo círculo es el presupuesto total del departamento consolidado, que es el que vamos a analizar en esta sesión, que es la sección 19, es decir, el presupuesto del ministerio, incluyendo también los presupuestos de los organismos
adscritos al mismo -el Sepes, el Fogasa, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Consejo Económico y Social-, una vez se resten las transferencias internas que hace el propio departamento a estos organismos. Pues bien, la
cifra para 2013 del presupuesto del departamento consolidado es de 45.247 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más de 1.628 millones de euros respecto a 2012; en términos relativos es un 3,7% más. Es la segunda cifra positiva que
menciono. Este dato es importante, porque esta parte del presupuesto es la que vamos a necesitar para financiar la política de empleo, la política de migraciones, las prestaciones por desempleo y, muy señaladamente en este ejercicio, las
transferencias del Estado a la Seguridad Social. El presupuesto del departamento se ha caracterizado tradicionalmente por el peso de las transferencias de rentas hacia los ciudadanos y, por tanto, la mayor parte del presupuesto se concentra en el
capítulo 4, transferencias corrientes. Esta característica no se pierde en el proyecto de presupuestos del ministerio para 2013, en el que el 98,3% se concentra en el capítulo 4.
El tercer círculo concéntrico es el presupuesto del subsector Estado, el que denominamos presupuesto del ministerio para diferenciarlo del presupuesto del departamento, que, como digo, incorpora los créditos que tienen asignados los
organismos públicos adscritos al mismo y el CES. Dentro de este perímetro no se incluyen los créditos de estos organismos, pero sí las cantidades que se aportan desde el ministerio para cubrir sus gastos y también las transferencias a la Seguridad
Social. El presupuesto del ministerio para 2013 es de 23.798 millones de euros, que suponen 2.874 millones de euros más que en 2012, con un incremento del 13,7%. Esta es la tercera cifra en sentido positivo que menciono en esta comparecencia. Si
el presupuesto del subsector Estado, del ministerio, lo presentásemos en base consolidada, es decir, quitando las transferencias que se hacen a los organismos autónomos y al CES para su funcionamiento, el incremento respecto a 2012 sería del 77%;
cuarta cifra en positivo. Conviene recordar las cuatro cifras que he dado: un crecimiento del 1% con respecto al año anterior de la suma de las secciones 19 y 60, un crecimiento del 3,7% en el presupuesto del departamento consolidado, un
crecimiento del 13,7% con respecto al ministerio sin consolidar y un 77% con respecto a 2012 del presupuesto del ministerio consolidado.
Más allá de estas cifras, de estos aumentos tan significativos desde el punto de vista económico, lo realmente destacable es la trascendencia política y social de las mismas. El Gobierno del Partido Popular da cumplimiento con este
presupuesto a uno de los pilares del Pacto de Toledo desde su plasmación en el año 1995, la conocida como separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social. Ahora, dieciocho años después, cuando parecía un objetivo inalcanzable en el
plazo fijado, que recuerdo que era finales de 2013, por fin, las prestaciones contributivas de la Seguridad Social se financiarán con las cotizaciones a la Seguridad Social de empresarios y trabajadores, mientras que las prestaciones no
contributivas y los gastos asistenciales, como los complementos a mínimos, lo harán con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, vía tributación, vía impuestos generales. No hemos de olvidar que a día de hoy la Seguridad Social financia el 50% de los complementos a mínimos y otras partidas de gasto y que este fue uno de los factores
que condujeron a la Seguridad Social a una situación de déficit a finales de 2011. Conviene recordar también que en los presupuestos de 2012 ya hicimos un avance muy importante en la separación de fuentes, con una elevación del 35,6% con respecto a
2011 en los complementos a mínimos y un incremento del 15,6% en las transferencias del Estado a la Seguridad Social. Ahora, en 2013, completamos definitivamente ese largo camino. Entre 2012 y 2013 habremos elevado la aportación del Estado a la
Seguridad Social en más de 7.000 millones de euros, cantidad superior al doble de la que se aportaba en 2011. Señorías, la definitiva separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social es un hito histórico, un hito histórico que se va a
producir gracias al tremendo esfuerzo presupuestario realizado en dos anualidades, las dos con Gobierno del presidente Rajoy, y que debe interpretarse como una apuesta definitiva por la sostenibilidad del sistema, pues la Seguridad Social sufragará,
como decía anteriormente, solo aquello que le corresponde.
Además de la definitiva separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, otro aspecto de relevancia social para el presupuesto 2013 es la subida de las pensiones en un 1% y el incremento general de la partida de gastos dedicados
a pensiones en casi un 5%. Estos datos los explicará debidamente el secretario de Estado de Seguridad Social el próximo lunes en la Comisión de Presupuestos, puesto que la sección 60 es a la que corresponden. Una vez más debe ponerse en valor que
los presupuestos más austeros de la historia incluyan estas medidas que ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno con las más de 10 millones de personas perceptoras de prestaciones de la Seguridad Social.
Dentro del presupuesto del ministerio está el servicio 01, que atañe a la gestión más directa de la subsecretaría. Para que se hagan una idea de la dimensión económica de este servicio, estamos hablando de 253 millones de euros, comparados
con los 45.000 del departamento, pero quería hacer una referencia a él porque atañe a la gestión directa de la subsecretaría. Estos presupuestos del servicio 01 son unos presupuestos marcados claramente por la austeridad.
En lo que se refiere al capítulo 2, durante 2013 vamos a poner en marcha nuevas medidas organizativas y de gestión de las que esperamos obtener mayor eficacia y eficiencia en relación con nuestros gastos corrientes. Por lo que se refiere a
la contratación administrativa, vamos a poner en marcha ya en este último trimestre de 2012 y a lo largo de 2013 un paquete de medidas de racionalización, que nos van a permitir obtener ahorros de costes, simplificar el número elevado de órganos de
contratación que hay en el ministerio y apostar por prácticas de contratación centralizada. Por primera vez va a existir en el ministerio una junta central de contratación y un programa anual de contratación que nos permita ordenar y planificar
mejor nuestras necesidades de obras, bienes y servicios. Además, celebraremos acuerdos-marco para contratar centralizadamente los servicios de limpieza, la vigilancia, la seguridad o el suministro de energía. También quiero destacar que hemos
puesto en marcha medidas en relación con los diversos inmuebles arrendados por las inspecciones provinciales de Trabajo, con el fin de generar reducciones de renta independientemente de la compensación que se haya podido producir por los incrementos
del IVA del 18 al 21%. A día de hoy, hemos revisado ya doce contratos y, junto con los que revisemos en 2013, el ahorro para las arcas públicas rondará el millón de euros, un 15% de lo que nos estamos gastando actualmente en arrendamientos para la
Inspección de Trabajo.
En cuanto al capítulo 4, vamos a aprobar en 2013 un plan estratégico de subvenciones para el período 2013-2015, para ordenar toda nuestra actividad subvencional, fundamentalmente en el servicio 07, que es el que afecta a las políticas de
inmigración, y mejorar nuestros procedimientos de gestión para primar la concurrencia competitiva, la publicidad y la transparencia. Por último, señorías, en relación con las medidas de austeridad y en el capítulo 4, se reducen en un 20% las
compensaciones destinadas a financiar la actividad ordinaria de las organizaciones sindicales, según su representatividad, y las otorgadas a las organizaciones empresariales y sindicales, por su participación en los órganos consultivos adscritos al
departamento.
Un programa muy importante del presupuesto de la subsecretaría es el 291.A, que hace referencia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En una situación como la actual, en la que resulta ineludiblemente necesario dar cumplimiento a
la estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera, es necesario más que nunca intensificar sin dilación las acciones para evitar conductas tan reprochables como las que consisten en defraudar al sistema de Seguridad Social. Este fraude
pone en peligro tanto los derechos de los trabajadores, como la competitividad de las empresas que cumplen con sus obligaciones legales y daña la sostenibilidad financiera del sistema de protección social. Por eso, el
Gobierno aprobó, por un acuerdo de Consejo de Ministros del 27 abril, el Plan de lucha contra el fraude en la Seguridad Social y el empleo irregular, que contiene medidas de naturaleza legal y otras de orden organizativo o procedimental.
Entre las primeras está la modificación del Código Penal en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y también una ley ordinaria de lucha contra el empleo irregular y fraude en las prestaciones de la Seguridad Social, que modifica
tanto la Lisos, la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, como el reglamento de organización de la Inspección de Trabajo, la Ley General de Seguridad Social y el Estatuto de los Trabajadores. Esperemos que con estos dos instrumentos
normativos -que confiemos en que sean aprobados antes de final de año por el Congreso de los Diputados y por el Senado, por las Cortes Generales- demos instrumentos eficaces a la Inspección de Trabajo para que pueda desarrollar mejor su labor.
También existen reformas organizativas y se ha dotado a las direcciones territoriales de la Inspección de Trabajo de nuevas competencias en estas materias, creando equipos específicos de trabajo en las inspecciones provinciales y potenciando la
coordinación con el resto de organismos, muy particularmente con el Servicio Público de Empleo Estatal, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con los servicios públicos de comunidades autónomas -hemos firmado convenios con la Comunidad
de Extremadura y con Murcia-, involucrando también a otros sectores que tienen información valiosa para facilitar la actuación de la inspección, como es el Colegio de Registradores y, esperemos que en un plazo muy breve, el de notarios.
Una parte importante de este programa 291.A es la correspondiente a los gastos de personal que se ven ajustados con respecto al ajuste del 4% general para todos los departamentos un poquito más bajo. Sin embargo, hay holgura suficiente en
los créditos actualmente consignados para atender a las necesidades del ejercicio que vamos a cerrar en breves meses y a las necesidades de incorporación de nuevos efectivos. Así, al final de este año -ya anticipé alguna cifra en la pasada
comparecencia- se habrán incorporado al sistema de inspección 121 nuevos inspectores y subinspectores. Este es un compromiso imprescindible para el logro de los objetivos que nos hemos marcado y que tendrá su continuidad en el año 2013, puesto que
el proyecto de ley de presupuestos para este año, en su texto articulado, vuelve a excepcionar un año más a los cuerpos de funcionarios que luchan contra el fraude de la congelación de plantillas que hay en el resto de cuerpos de la Administración
General del Estado, hasta un 10% de la tasa de reposición. En 2013, la novedad es que no solo se incorporarán nuevos efectivos de inspectores y subinspectores, sino que también otros cuerpos de funcionarios adscritos a la Administración de la
Seguridad Social podrán beneficiarse de esta medida, para así allegar los máximos recursos posibles a la lucha contra el fraude en la Seguridad Social.
Señorías, los resultados del plan ya se están materializando. Así, tal y como hizo público ayer mismo la ministra en un encuentro con los directores territoriales y los jefes provinciales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en
datos de enero a septiembre de este año, se han realizado 160.494 inspecciones en materia de empleo irregular y, como resultado de estas actuaciones, se han logrado aflorar casi 57.500 empleos sumergidos, frente a los 51.366 del mismo período del
año anterior, es decir, un incremento de casi el 12% respecto al año 2011. Se han realizado 15.097 actuaciones en materia de prestaciones por desempleo, que han permitido detectar 4.730 infracciones de empresarios, frente a las 3.642 del mismo
periodo, de enero a septiembre, de 2011, es decir, un 30% más. Por otra parte, se han detectado casi 7.000 trabajadores que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo o que las habían obtenido fraudulentamente, lo que ha
supuesto un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior de casi el 50%. Sin duda alguna, la actuación del Servicio Público de Empleo Estatal y de los servicios regionales de empleo en este campo es fundamental para combatir estas
conductas. Por último, está la lucha contra el fenómeno de las empresas ficticias, que tanto daño hacen al sistema, porque suponen un doble fraude, a la Seguridad Social y a las prestaciones por desempleo, en la que se han realizado a la fecha
14.110 inspecciones frente a las 8.274 del mismo periodo del año anterior. Este crecimiento en el número de actuaciones ha permitido detectar 1.064 infracciones frente a las 208 de los nueve primeros meses de 2011. Por tanto, el incremento ha sido
de un 411%. El número de altas ficticias anuladas, contratos de trabajo falsos para acceder a las prestaciones, fue de 18.118 frente a los 10.919 de los nueve primeros meses del año 2011, es decir, casi un 66% más. Son datos positivos, que revelan
el trabajo y el compromiso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y creo que es de justicia reconocerlo, pero no podemos caer en la autocomplacencia, es preciso continuar e intensificar estas medidas.
Concluyo, como es obligado, poniéndome a su disposición, señorías, para explicar o aclarar cualquier extremo del proyecto de presupuestos del departamento y, particularmente, de la sección 19, servicio 01. Como es habitual, intentaré dar
cumplida respuesta a las mismas o, como ha dicho el presidente de la Comisión, trasladarles por escrito la respuesta en el menor plazo posible.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: En primer lugar, quiero agradecer al señor subsecretario su comparecencia en la Comisión y, de antemano, las explicaciones que me vaya a dar.
El pasado 19 abril le decía que estaba usted, señor subsecretario, en un ministerio sensible y víctima de la obsesión por el déficit. Le decía que esa obsesión, sin incorporar políticas de crecimiento, contribuiría a su vez a aumentar el
déficit y a reducir la recaudación, a pesar de los aumentos impositivos en IVA e IRPF que aprobaron a posteriori y que de nuevo repercutieron en el grueso de las grandes clases consumidoras de este país, los trabajadores y las clases medias,
suponiendo una reducción brutal del consumo y, por tanto, del crecimiento. Como consecuencia de todo ello, hoy tenemos más desempleo, hasta el punto de que son las cifras de paro las que ponen en cuestión las previsiones macroeconómicas para este
año y para el año 2013. Mire usted, señor subsecretario, hoy hay 478.535 parados más que hace un año, 625.759 afiliados menos a la Seguridad Social, 152.000 contratos firmados menos y, lo que es peor, 1.500.000 personas aproximadamente desempleadas
que no cobran ningún tipo de prestación. De nuevo estamos ante un presupuesto para 2013 en el que han renunciado a contemplar una estrategia de crecimiento económico y de búsqueda de creación de empleo.
En la intervención del 19 abril le hacíamos una serie de preguntas sobre cifras que, a nuestro modo de entender y con datos objetivos, no se ajustaban a la realidad en tres conceptos: cotizaciones, ingresos y gastos por pensiones del
sistema de la Seguridad Social y prestaciones por desempleo. Al Grupo Parlamentario Socialista no le cuadraban las cifras y le decíamos que era usted, señor subsecretario, el funcionario público que debía dar fe, avalar los datos y dar cuenta de
ellos si no son reales. Pues bien, volvemos a hacerle preguntas en esa dirección, porque, efectivamente, teníamos razón en dudar de las cifras. En primer lugar, ha habido una caída mayor de lo esperado en sus previsiones, es cierto, pero la
protección por desempleo, a pesar de los recortes que han hecho en las prestaciones, necesita 3.000 millones más de lo presupuestado este año. En las pensiones, el Gobierno va a utilizar por primera vez la hucha de las pensiones para compensar el
déficit; esa hucha, que es una de las buenas herencias recibidas, porque también las hay. No le voy a recordar todo lo que nos dijeron por señalar estos de descuadres en abril de este año, simplemente vuelvo a recordarle su obligación de
certificar la veracidad de las cifras que se contemplan en los Presupuestos Generales del Estado, y lo vuelvo a recordar porque en 2013 vuelven a las andadas. Al margen de las sobrevaloraciones de los ingresos, de las que no voy a preguntarle, en
lo que se refiere al gasto en pensiones no se contempla la compensación por desviación de la inflación en alrededor de 5.000 millones de euros. La pregunta es: ¿No se contempla porque renuncian a ello? Sé que la respuesta me llegará más tarde del
25 noviembre, pero tengo que plantearle necesariamente esta pregunta. En protección por desempleo, estamos en la misma situación que en el presupuesto de 2012. Al contemplar una partida de 26.696 millones, nos encontramos con una dotación
insuficiente, que puede llegar hasta unos 4.000 millones de euros, es decir, nos encontramos nuevamente con un déficit de en torno al 1% del PIB, por lo que estos datos sin duda nos llevarán a un nuevo anuncio de recortes en las prestaciones. En la
primavera pasada, los presupuestos llegaron después de los procesos electorales autonómicos, tarde y mal. Este otoño algunas cifras las sostienen hasta que pasen los nuevos procesos electorales a finales de noviembre y luego vendrán nuevos
recortes, entre ellos la no revalorización de las pensiones, si no la reducción de las mismas. Le emplazo, señor subsecretario, a analizar esto que le estoy diciendo en estos momentos en febrero de 2013.
En abril le planteamos el tema del Fogasa y hoy vuelvo a hacerlo con dos cuestiones. ¿Cree usted que es suficiente la partida de 843 millones, que supone una reducción del 32,56% con respecto a 2012 y que en realidad disminuye un 46% sobre
la previsión de gasto real en prestaciones para 2012 que en estos momentos supera los 1.550 millones? Es cierto que en el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, el Gobierno aprobó una serie de recortes en la protección social en relación con la
garantía de salarios, que pueden alcanzar el 46,6%, y en la garantía de indemnización, que puede suponer un 33% de la prestación del Fogasa. Aun así, ¿cree usted de verdad que esta cifra es real? Por otro lado, también disminuye la partida de
personal de este organismo, a la vez que aumentan los expedientes y las prestaciones a los que hacen
frente, lo que afecta gravemente a los retrasos en el cobro de las prestaciones, más de seis meses, con las graves consecuencias que esto tiene para muchos de los afectados. Estar seis meses sin cobrar es algo muy grave para muchas
personas. Por cierto, ¿puede usted hacer algo para que se cumplan los acuerdos y que la Tesorería General de la Seguridad Social ingrese a la mayor brevedad en las cuentas del Fogasa la parte que le corresponde por cuotas y que en estos momentos
supera los 878 millones, de los que no se ha liquidado nada desde finales de 2011? Por último, usted ha puesto sobre la mesa -ha incidido mucho en ello- grandes intenciones en la lucha contra el fraude laboral. Esto está en casi todos los
discursos del Gobierno y para ello, como decía usted hace unos momentos, tienen presentado un plan y una ley. Sin embargo, usted sabe que lo que no está en el presupuesto no existe. Ha hablado de cifras, pero me he parado a analizar las partidas
de la inspección laboral y todas ellas disminuyen. Pero hay una cosa que me llama especialmente la atención. En cuanto a los funcionarios inspectores titulados superiores, que son los inspectores de Trabajo, en 2011 había en el presupuesto 1.291;
en el año 2012 ustedes lo redujeron a 1.090 y en 2013 figuran 1.049. El personal total de la Inspección, laborales y fijos, en 2011 eran 4.067; en el presupuesto de este año figuran 3.532 y en 2013, 3.398. Los laborales fijos titulados
superiores, en el año 2011 eran 44; en el año 2012 eran 20 y en el año 2013 quedan 4. ¿Me puede usted ampliar las explicaciones que ha dado sobre esta cuestión y, sobre todo, darme una proyección de cómo se lucha más contra el fraude con menos
personal?
Señor subsecretario, termino dándole las gracias por su comparecencia, pero también quiero acabar mi intervención como la empecé. Mi última reflexión es decirle que es tan importante la reducción del déficit como la lucha contra el
desempleo. No solo es el déficit lo que amenaza la estabilidad presupuestaria del país sino también el creciente desempleo, que es lo que contribuye, por tanto, a una mayor recesión, a más empobrecimiento y a menos cohesión social (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora Monteserín, le agradecemos que se haya atenido al tiempo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, doña Carmen Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señor subsecretario, gracias por su comparecencia ante esta Comisión para explicar el presupuesto de su ministerio que, obviamente, dada su responsabilidad, da una visión más horizontal. En cualquier
caso, ha entrado en cuestiones muy importantes que en nuestro grupo valoramos positivamente. En primer lugar, ha situado estos presupuestos en el momento económico que vivimos y por tanto, en el contexto de una recesión y de una obligación
ineludible; es decir, no se puede andar otro camino más que el de la consolidación fiscal, el de la reducción del déficit y el de la austeridad. Eso es lo que reflejan estos presupuestos, que son los más austeros que se han presentado en la
reciente historia de la democracia, aunque también son absolutamente realistas y creíbles, y que están teniendo una alta valoración en todas las instancias internacionales menos en el principal grupo de oposición de esta Cámara, es decir, en el
Grupo Socialista. Son los únicos presupuestos posibles para colocar a España en la senda de la credibilidad, de la recuperación y del crecimiento posterior. Le vuelvo a dar las gracias por la parte de corresponsabilidad que, como Gobierno, compete
al ministerio y al señor Subsecretario.
La señora Monteserín ha dicho que hay una obsesión por el déficit. En el Grupo Parlamentario Popular no es que tengamos una obsesión, es que tenemos la certeza de que hay que trabajar para reducir el déficit y para cumplir nuestros
compromisos en la Unión Europea. Otro discurso es absolutamente falso y demagógico, y lo saben perfectamente en el Grupo Parlamentario Socialista. Cuando se habla de que estamos obsesionados, yo me hago una reflexión. En qué situación nos
encontraríamos, señorías, si a finales del año 2009 no hubiéramos tenido el 11,3% de déficit, el doble que en el año 2007, y, por tanto, los representantes de la Unión Europea, entre ellos el comisario español, señor Almunia, no hubieran tenido que
someter a España al protocolo denominado de déficit excesivo, que supone que hay que tener una serie de responsabilidades que el Gobierno desde diciembre hasta mayo de 2010 no fue capaz de asumir y que en ese mismo año le dictaron por obligación,
produciéndose entonces el mayor recorte social que ha habido en la historia de este país, que fue congelar las pensiones, saltándose los procedimientos del Pacto de Toledo. Por tanto, es curioso que nos vengan a hablar de obsesión sobre el déficit
quienes han generado 39.000 millones de intereses de esa deuda que hay que pagar, lo que significa que cada mañana que sale el sol en España hay que pagar 104 millones de euros, que supone 1 de cada 4 euros que se gastan en este país. Me parece que
eso es una irresponsabilidad. Nosotros no estamos criticando, estamos adoptando en España las medidas para corregir aquello, pero lo que no pueden hacer ustedes es negar que esas medidas son absolutamente imprescindibles para corregir todos esos
desequilibrios
que tenía nuestra economía y que repercutían en el resto de las políticas. A pesar de ese esfuerzo, de esa realidad, en este presupuesto el Gobierno ha mantenido el criterio de las políticas sociales, destinando, como muy bien ha dicho el
señor subsecretario, más de un 60% a políticas sociales.
Aquí se ha hablado de que tenemos 478.000 nuevos parados. Sí, señora Monteserín, lo lamentamos profundamente y trabajamos y luchamos desde el convencimiento de que lo que hacemos es lo que hay que hacer. Cuando en el año 2009 hubo
1.600.000 parados más, ustedes estaban donde le acabo de describir: gastando, gastando y gastando y generando hasta 3.600.000 despidos en la legislatura de 2008 a 2011. Por tanto, comprendo que lo que ha fracasado no hay por qué retocarlo, no lo
pretendemos, lo que intentamos es corregirlo, pero al menos arrimen el hombro en esa corrección porque de lo anterior ustedes saben mucho. No pueden venir ahora a criticar lo que estamos haciendo para modificarlo. Se siente muy alarmada por estos
478.000 nuevos parados, y lo comparto con usted, pero ustedes no compartían con nosotros la alarma por 1.600.000 parados más. Esa es la diferencia.
Señor subsecretario, sabemos que son unos presupuestos difíciles y nos congratulamos por el esfuerzo que está haciendo el Gobierno; para nada sentimos que sean los presupuestos que al Grupo Popular le gustaría que el Gobierno trajera esta
Cámara, y estamos convencidos de que esto lo compartimos con su señoría y con el Gobierno. Quiero destacar algunas cuestiones muy importantes. Aquí se ha hablado del incremento que va haber que hacer en la partida de prestación por desempleo.
Quiero decir a todos los españoles, y desde luego a las personas que sufren ese tremendo drama, la política más antisocial que hay, que es la de no tener empleo, que el cobro de sus prestaciones está garantizado. Si hay que promover un crédito
ampliable se hará, como en otras ocasiones, pero no por 3.000 sino hasta por 17.000 millones se hizo en otros tiempos. Fíjese usted en las cosas que se han visto aquí.
Se habla de la hucha de las pensiones y se dice que es una buena herencia; efectivamente, una herencia de algo que construimos de mutuo acuerdo en el Pacto de Toledo. Esa hucha se llenó gracias a que hubo un superávit en las prestaciones y
en los ingresos porque se sanearon las cuentas. Esa hucha se llenó con el esfuerzo de todos los españoles. Ahora hay que recurrir a ella, pero para devolvérselo a los que la han constituido, a los propios pensionistas, para garantizarles sus
pensiones y el incremento de un 1%, que representa en este ejercicio un aumento del 4,9 en el gasto de pensiones. Por tanto, señora Monteserín, digamos las cosas con claridad. Ustedes saben perfectamente que otros años no es que hayan sacado de la
hucha de la Seguridad Social, es que han dejado de ingresar en ella para pagar tensiones de tesorería; hasta un importe acumulado de 14.000 euros se dejó de ingresar en la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones no es para pagar
tesorería, si hay que usarla es para aquellos que la han constituido. Por eso este año, en un momento de emergencia, se va a hacer esta utilización legal para poder garantizar a todos los pensionistas la revalorización de sus pensiones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario a fin de aclarar las cuestiones que le han planteado.
El señor SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Llorente Cachorro): En primer lugar, quiero agradecer los comentarios y observaciones que han hecho los dos grupos parlamentarios que han intervenido.
Lo he dicho en mi intervención, pero quiero recalcarlo: el presupuesto del ministerio es eminentemente prestacional; prácticamente el 99% del mismo se dedica a transferencias de rentas, a prestaciones por desempleo, a aportaciones a la
Seguridad Social y a políticas activas de empleo, y en ese marco es en el que tiene que verse. Usted me daba una serie de datos de desempleo, y aunque estoy seguro de que la secretaria de Estado de Empleo dará explicaciones al respecto, no puedo
dejar pasar la ocasión sin decir algo que también he dicho en mi intervención, y es que todas las reformas, desde la reforma laboral, hasta la de la lucha contra el fraude y el Decreto 20/2012, están orientadas precisamente a ese objetivo, que es el
de la creación de empleo, junto con el resto de reformas que está realizando el Gobierno en su conjunto. Parece que esta situación se ha dado en estos últimos nueve meses, sin que se haga mención alguna al deterioro en la tasa de desempleo que se
ha producido fundamentalmente a partir del año 2008, con la atonía y el decrecimiento del PIB en la generación de riqueza en la economía española. Hay una serie de medidas de flexibilidad interna que se han ejecutado y que son perfectamente
comparables con los mecanismos de flexibilidad externa que hasta entonces eran la única o la principal vía para hacer el ajuste en las épocas de crisis.
En su intervención se ha referido, en gran medida, a los presupuestos de la Seguridad Social. Siento defraudarla, pero comparezco aquí para dar cuenta y razón de los presupuestos de la sección 19. Como
había dicho anteriormente, el secretario de Estado de Seguridad Social también dará explicación detallada de los mismos el próximo lunes. Ha hablado del IPC, de la revalorización, del Fondo de reserva, del presupuesto de ingresos de la
Seguridad Social, que no tiene nada que ver con la sección 19, con el dato del ministerio. Quisiera hacer una precisión respecto al Fondo de reserva, independientemente de lo que ha manifestado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y es que
precisamente el presupuesto habilitante para acceder al Fondo de reserva, según la Ley que lo regula, del año 2003, es que hay una situación de déficit estructural que se generó en los años 2010 y 2011, a efectos de asistir al Fondo de reserva. Eso
está certificado por la Intervención General de la Seguridad Social como dato previo y necesario para acceder al mismo. En cuanto a la revalorización de las pensiones en un 1%, eso sí que está contenido en los Presupuestos Generales del Estado y
figura como tal en los mismos.
En cuanto a las prestaciones por desempleo, tengo que decir que no es un recorte en dichas prestaciones -y ya lo dijeron la ministra en su comparecencia y la propia secretaria de Estado hace escasamente diez días-, lo que ha habido ha sido
una racionalización tanto en la parte de las prestaciones contributivas como en la de las no contributivas. En el Decreto-ley 20/2012 es verdad que se redujo el tipo aplicable de la base reguladora del 60 al 50% a partir del sexto mes, pero en el
año 1993 se redujeron los tipos del 80% al 70%, los seis primeros meses al 70%, y del 70 al 60% durante el resto de la prestación. Es importante recordar, y lo han dicho repetidamente en esta Cámara la ministra y la secretaria de Estado, que esto
no afecta a derechos adquiridos sino que se respetan esas situaciones consolidadas. También es verdad que se elimina el abono por parte del SEPE del 35% de la cotización a cargo del trabajador durante la percepción del desempleo, que entendíamos
que era una situación desigual con respecto a aquellos ocupados que percibían las mismas retribuciones brutas que los desempleados. Con respecto a los subsidios, se hizo una racionalización de los mismos para mayores de cincuenta y dos años, para
prolongar la vida laboral hasta los cincuenta y cinco años -creo que este es un objetivo deseable y que todos compartimos-, se eliminó el subsidio especial de los mayores de cuarenta y cinco años, que no supone una desprotección a este colectivo, y
se racionalizó también la renta activa de inserción. Es verdad que es un crédito ampliable, pero también estoy seguro de que la lucha contra el fraude nos dará resultados para que esas dotaciones económicas vayan definitivamente a quienes más las
necesitan y no al contrario.
Creo que en esta partida hay que hacer un análisis de la presupuestación en ejercicios anteriores. En el año 2009, en modificaciones presupuestarias, por lo que respecta al Servicio Público de Empleo Estatal, en la parte de gastos se ha
hecho este año una modificación, vía decretos-ley, de 13.310 millones de euros, que no estaban en el presupuesto inicial, y en el presupuesto de ingresos, fueron 3.808 millones de euros. Es decir, en el año 2009 en el presupuesto inicial no
aparecían 17.118 millones de euros; en el año 2010 no figuraban 37 millones de euros, pero en el año 2011 hubo modificaciones en el presupuesto de gastos, para regularizar insuficiencias precisamente de los años 2009, 2010 y 2011, por valor de
2.081 millones de euros. En el presupuesto de ingresos la cifra rozaba la nada despreciable cantidad de 1.648 millones de euros. En total, 3.729 millones de euros. Insisto, aunque la naturaleza es ampliable y, por supuesto, se pagarán las
prestaciones, faltaría más, conviene hacer un análisis justo de estas cifras.
Me hablaba del Fogasa. También he comentado con anterioridad que la bajada del Fogasa se debe fundamentalmente -se puede ver en el libro rojo- al denominado capítulo 3, que son otros gastos financieros, incluso obligaciones de ejercicios
anteriores. Estas son comisiones bancarias que se han cobrado por la venta de deuda pública de los ejercicios 2010 y 2011 que no se habían recogido en los presupuestos de gastos del organismo. Esto viene a regularizar esas partidas, por así
decirlo, desde un punto de vista presupuestario. También es verdad que el Decreto-ley 20/2012 -usted lo ha mencionado- no recorta las prestaciones del Fogasa; insisto en que es una regularización de las mismas, adaptada a la situación que ahora
mismo tiene el organismo. Se hace una modificación, limitándose la cantidad resultante de multiplicar el doble, hasta entonces el triple, del salario mínimo interprofesional, hasta un máximo de ciento veinte días, que hasta entonces era de ciento
cincuenta días. La reforma vuelve a los umbrales que tradicionalmente estaban cubiertos por el Fogasa y vigentes en nuestro ordenamiento laboral hasta el año 2006; estamos volviendo a la situación anterior a esa fecha, que obedecía a un ciclo de
expansión, de bonanza económica que elevó la garantía del pago desde un salario máximo, como digo, tres veces el salario mínimo interprofesional. Lo que tratan de hacer estas medidas es garantizar la sostenibilidad financiera del Fogasa, que no
está en peligro desde ahora, con esta tasa de desempleo, sino desde el año 2006, cuando se incrementaron las prestaciones a las que tiene que atender el organismo. También hay una cosa muy importante, y es que se redujeron las cotizaciones de las
empresas del 0,4 al 0,2%. Si su señoría me plantea estas cuestiones de financiación del organismo, le tengo que decir que también tenemos que echar la vista atrás y ver las reducciones en las cotizaciones. Es verdad que ahora mismo el
Fogasa se está financiando vía enajenación de deuda pública más los rendimientos que le producen las inmovilizaciones en este tipo de activos, pero es producto de una situación anterior que conviene regularizar.
Me comentaba que en el capítulo 1 había visto una reducción del 2%. Insisto que en el capítulo 1 la reducción para todos los organismos y ministerios está en el entorno del 4%, pero se atiende perfectamente a las necesidades del organismo.
Por supuesto, también se ha previsto -como se hizo en el año 2012- un cupo de interinos, que con el de SEPE también se viene contratando de manera regular, y se han hecho los abonos precisamente con los créditos que salen de los mismos conceptos que
los del resto del personal. Como quiera que existen vacantes en la relación de puestos de trabajo, ese ahorro es el que permite pagar a los mismos. Con respecto al Servicio Público de Empleo Estatal, también ha mencionado el capítulo 1, está en la
misma línea de lo que acabo de comentar con la incorporación de un cupo de interinos en el año 2012, que seguirá en el año 2013.
Por último, su señoría hacía referencia al programa 291.A, que baja un 3,8%. No es que bajen todas las partidas, porque el programa 291.A tiene fundamentalmente capítulo 1 y una parte pequeña de capítulo 4, que son las becas a opositores.
La bajada, repito, es del 3,8% respecto al 4% de ajuste, pero hay crédito más que suficiente dentro del capítulo 1 para atender a las necesidades del personal de la Inspección de Trabajo. Esta es una aportación al control del déficit que se hace
desde el ministerio. Se congelan los sueldos de los altos cargos. Usted me ha dado las cifras de funcionarios y laborales. Si tomamos la proyección de ejecución del presupuesto en 2012 -ahora tenemos la liquidación del semestre vencido-, en la
parte de funcionarios la ejecución ha sido de 45 millones; si lo llevamos a finales de año serían 90 millones, cuando están presupuestados 95,5 millones. Creo que ahí hay margen suficiente para atender las necesidades en el ámbito de los
funcionarios. A septiembre de este año, los laborales tenían una ejecución de 1,2 millones; extrapolándolo, haciendo la liquidación a final del ejercicio 2012 serían 2,4 millones de euros, cuando en el presupuesto inicial hay 2,8 millones. Me
quedo con lo positivo, con los datos que acabo de plantear de enero a septiembre en la lucha de este colectivo de funcionarios públicos contra el fraude. Como gestor me gustaría -como a todo gestor- que el capítulo que se refiere a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social tuviera más crédito, pero con lo que hay en el presupuesto inicial tenemos suficiente para atender las necesidades durante el ejercicio 2013.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario, gracias por su comparecencia.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Señor presidente, quisiera pedir la palabra por alusiones de la portavoz del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por alusiones no.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Solo pido un minuto.
El señor PRESIDENTE: En la dialéctica política es normal. No ha sido ningún tipo de alusión; en todo caso, una alusión política.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Ha tergiversado mi intervención, la ha manipulado y quiero explicarlo, si me lo permite, en un minuto. No voy a utilizar más de un minuto.
El señor PRESIDENTE: Tendrá ese minuto, pero luego tendré que conceder otro a la señora Álvarez-Arenas.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Cuando nosotros hablamos de la obsesión del déficit, lo hacemos porque oculta otros problemas. De ninguna manera cuestionamos, faltaría más, que luchar contra el déficit sea lo prioritario; lo que decimos
es que no es lo único prioritario. Yo no he venido aquí a dar un mitin, señor presidente, sino a dar datos. No dramatizo, doy datos que son muy preocupantes, para mi grupo y para mí. Lo que veo en esos datos y cifras es que el tiempo me está
dando la razón. Mis datos desde abril hasta hoy son mucho más reales que los que daba el señor subsecretario, y en febrero del año que viene, los que hoy he dado van a ser más reales que los que están en los Presupuestos Generales del Estado.
Por último, los eufemismos maravillosos del Gobierno, como lo de no lo llamen rescate, llámenlo tomate, o el de no lo llamen recorte, llámenlo racionalización, modulación, etcétera, en realidad es no me llames Francisco, llámame Paco, pero
es recorte, recorte y recorte. En las prestaciones sociales y en la cobertura del desempleo es recorte.
El señor PRESIDENTE: Señora Monteserín, simplemente le tengo que decir -y le he dejado hablar de forma flexible y generosa- que estas comisiones son de carácter informativo. Los señores parlamentarios tienen multitud de posibilidades para
plantear la crítica política, el debate o la posición unilateral que quieran tener en cualquier materia, pero de lo que se trata aquí es de intentar conocer lo más a fondo posible los presupuestos para que los diversos grupos, a su vez, puedan
formular en su momento las enmiendas que consideren oportunas. Me permitirá que le diga que solo se ha referido en sus primeras palabras a lo que ha dicho doña Carmen Álvarez-Arenas, para pasar después a hacer una valoración política -que es muy
libre de hacerla, es muy suya- que no es procedente en el trámite de las comparecencias que hoy se están tramitando en esta Comisión.
La señora Álvarez-Arenas tiene la palabra por un minuto.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: No es lo único, evidentemente. Tanto es así, que el Gobierno ha presentado estos presupuestos con un paquete de reformas que incluyen hasta 42 leyes nuevas. Sabemos todo lo que hay que hacer y se está
haciendo desde hace nueve meses. El problema de este país es el desempleo, sin lugar a dudas, porque afecta a las personas. Al Gobierno y al Grupo Popular nos preocupan las personas, pero sabemos que el primer objetivo es la consolidación fiscal y
la reducción del déficit, y después, paralelamente, están todas las reformas. Esa es la diferencia, señora Monteserín. Claro que hay otros problemas, pero no ocultos, porque ustedes se pasan la vida con las cosas ocultas, sino aflorados, porque
tienen cara y ojos, que son los millones de españoles a los que tenemos que dar una solución. Ahí está este presupuesto y las 42 medidas que lo acompañan con un plan de reforma.
De todas formas, permítame que le diga que el último dato que hemos tenido reflejaba que había subido el paro en 79.000 personas -eso es cierto, y nos duele cada una de ellas-, pero también es verdad que hay 17.000 parados menos que en
septiembre de 2011, y usted sabe muy bien -porque es una experta en esto- que se mide anualmente. Lo que nos dice la tendencia es que a lo mejor en vez de los 650.000 parados más que preveía el Gobierno para este año podremos tener 500.000. Es un
dato malo, es preocupante y habrá que trabajar en él, por supuesto, pero no es peor.
El señor PRESIDENTE: Comprenderán que no se deben producir debates de este tipo en este trámite, y sirva esto de precedente para que no haya precedente. A mí no me gusta negar la palabra a nadie en la casa de la palabra, pero si me veo
obligado a ello lo haré.
Suspendemos la Comisión un minuto (Pausa).
- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (HIDALGO TENA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000532), SOCIALISTA (números de expediente 212/000627 y 212/000631) Y DE IU, ICV-EUIA,
CHA: LA IZQUIERDA PLURAL (número de expediente 212/000680).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a reanudar la Comisión para abordar el punto 2 del orden del día consistente en la comparecencia de la secretaria de Estado de Empleo, doña Engracia Hidalgo Tena, a la cual damos la
bienvenida porque hace mucho tiempo que no venía por esta casa, y sabe que es su casa. Estuvo recientemente y hoy vuelve a estar aquí para exponer -si lo quiere hacer así, si no, entraríamos directamente en las preguntas- los Presupuestos Generales
del Estado del año 2013 que se atienen a su departamento. Hay tres peticiones de comparecencia formuladas: una por el Grupo Parlamentario Socialista, otra por el Grupo Parlamentario Popular y una tercera por el Grupo Parlamentario de La Izquierda
Plural. Ayer don Joan Coscubiela me trasladó que por una serie de motivos le era imposible acudir y quería excusar su presencia, porque le hubiera gustado poder haber hecho sus aportaciones y un análisis del presupuesto. Tiene la palabra, señora
secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Hidalgo Tena): Señorías, comparezco de nuevo en esta Cámara tras el debate que mantuvimos la semana pasada y que tuvo un interés considerable, porque pudimos intercambiar diferentes puntos de vista
y también los puntos en común. En esta ocasión
mi intervención es para explicarles el presupuesto de la Secretaría de Estado de Empleo para el año 2013, presupuesto que en traducción en términos de financiación solo es la plasmación contable de las líneas básicas de esta Secretaría de
Estado que estuvimos viendo y comentando el otro día. Este Gobierno cuenta solo con una andadura de nueve meses que han sido -y están siendo- muy intensos en el diseño y desarrollo de nuevas políticas y en los que hemos abordado un conjunto de
profundas reformas, como todos ustedes conocen. Los presupuestos, tanto los del año 2012 como los del año 2013 que presentamos, son coherentes con esta agenda reformista del Gobierno. La situación económica continúa siendo muy difícil para nuestro
país y la contención del déficit público sigue siendo una de las premisas ineludibles para que se recupere la confianza en la economía española y tenga lugar un relanzamiento de la actividad. La evolución del empleo se va a ver afectada
evidentemente por el marco económico en el que nos movemos. El retroceso de 1,5 puntos del PIB previsto para el 2012 y la previsión de retroceso en un 0,5 para el 2013 tienen una repercusión insoslayable en el empleo, aunque según el cuadro
macroeconómico del Gobierno a finales del año 2013 el empleo parece que va a empezar a remontar. En ese marco tiene un efecto decisivo la política fiscal y el gasto publico. Es prioritario atajar ahora el déficit público y cumplir con la senda de
consolidación de las cuentas públicas en la que España se ha comprometido. Lo digo siempre, pero es que está en juego la confianza en la capacidad de España para cumplir con sus objetivos económicos y responder a sus deudas. Si uno mira el
presupuesto ve que hay 38.600 millones de euros en el pago de los intereses, casi un 23% de todo el gasto público, con un incremento del 33,8% respecto a los presupuestos del año pasado. Solo esta magnitud pone de manifiesto la importancia para
tener como objetivo básico la consolidación fiscal y la reducción del déficit público. No cabe duda de que el reto más importante de los presupuestos, al margen de cuáles sean los objetivos que se plasmen, es el de generar confianza en la economía
española, en el medio y en el largo plazo, mediante la reducción del déficit y la consolidación fiscal. Por ello, ante la caída de los ingresos del Estado, como consecuencia de la segunda fase recesiva de la crisis, nos hemos visto obligados a
realizar nuevos reajustes en los presupuestos del próximo año y a analizar de nuevo con detenimiento cuáles son las elecciones más acertadas en términos de eficacia y de eficiencia. Se trata de prolongar el esfuerzo de saneamiento de las cuentas
públicas, solventar con claridad las dudas sobre la sostenibilidad de España y garantizar la financiación de los servicios públicos. Ese reajuste se complementa además con un ambicioso paquete agrupado de manera coherente y sistemática en el plan
nacional de reformas.
De hecho, hay un dato que me parece muy destacable en los Presupuestos Generales del Estado de este año y es el marcado carácter social, toda vez que el 63,6% del gasto se destina a gasto social. Mientras que el conjunto de los ministerios
ven reducidos los recursos de los que disponen casi en un 9%, los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Empleo y Seguridad Social han visto incrementada la dotación en un 28 y en un 13% respectivamente. Por todo ello, los datos
nos permiten afirmar que, a pesar de las dificultades -que las hay y muchas-, la intensidad de la crisis económica nos exige adoptar medidas duras en el corto plazo para los ciudadanos y es indiscutible que el Gobierno está realizando un esfuerzo
para atender las necesidades de los ciudadanos más vulnerables, de aquellos que necesitan más el apoyo de los poderes públicos.
Centrándome en la Secretaría de Estado, debo indicar que el proyecto de presupuestos para el año 2013 refleja la reforma que hemos puesto en marcha a lo largo de este año y que se ha materializado fundamentalmente en la Ley 3/2012, de
reforma del mercado de trabajo, que incluye como ustedes conocen medidas con coste para el Estado, como las bonificaciones para el mantenimiento del empleo, los incentivos a la contratación o el nuevo contrato de formación y aprendizaje. El Real
Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, tiene entre sus objetivos: racionalizar el sistema público de prestaciones por desempleo, de forma que se garantice su sostenibilidad;
la adecuada utilización de unos recursos que proceden de la solidaridad, del conjunto de los ciudadanos, y que atienda con eficiencia y con eficacia a la finalidad, que le es propia y para la que fue concebido, que es proporcionar recursos de forma
temporal a las personas que lo necesitan mientras buscan activamente un empleo.
Por último, debe considerarse la puesta en marcha del primer Plan anual de empleo, aprobado por el Gobierno el pasado mes de julio en el marco de la estrategia española de empleo. Este plan, como les dije el otro día, incluye un amplio
conjunto de medidas que tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas van a llevar a cabo para mejorar la empleabilidad de los trabajadores
afectados por el desempleo. Iniciamos con ello una nueva etapa en la que se proporciona mayor flexibilidad a las comunidades autónomas para el desarrollo de las políticas de empleo, se intensifica la colaboración y se pone especial énfasis
en materia de evaluación.
El presupuesto de la Secretaría de Estado asciende a 31.877 millones de euros, la mayor parte del presupuesto corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal con 30.917 millones de euros para financiar las políticas de empleo y las
prestaciones por desempleo. De estos casi 31.000 millones, el 86%, 26.696 millones, se destina a cubrir prestaciones por desempleo y subsidios, garantizando con ello el mantenimiento de un adecuado nivel de protección social para las personas que
se encuentran en esta situación. La reducción de las partidas destinadas a prestaciones en un 6,3% se debe fundamentalmente a las medidas de racionalización del gasto aprobadas en el Real Decreto-ley 20/2012, al que acabo de referirme, que han
eliminado inconsistencias importantes que existían en la normativa anterior. Entre ellas, sirva como ejemplo, supuestos como el de las personas que, no habiendo cotizado, accedían al sistema de protección o el de aquellos que perdían un trabajo a
tiempo parcial y tenían un tratamiento absolutamente similar al que lo perdían a tiempo completo. Además se han disminuido los importes de las prestaciones a partir de un cierto tiempo de percepción, con el fin de reforzar la búsqueda activa de
empleo. En este ámbito hay que tener en cuenta que los ingresos previstos por cotizaciones de desempleo se sitúan en 17.667 millones de euros, por lo que el Estado va a realizar un esfuerzo considerable en el momento actual para aportar los 9.029
millones que restan para cubrir el gasto en prestaciones. Las prestaciones contributivas siguen acaparando el mayor volumen de recursos, con 19.369 millones de euros, con un descenso del 3,4% respecto al año anterior. Las otras partidas son:
5.865 millones de euros para el subsidio de desempleo, 797 millones para la renta activa de inserción y 664 millones para el subsidio Reass. Por último, las prestaciones derivadas del sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores
autónomos experimentan un importante crecimiento debido a la implantación definitiva de un programa que ha supuesto un avance fundamental en los derechos de los trabajadores que ejercen una actividad por cuenta propia.
El otro gran bloque del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal es el que se dedica a políticas activas de empleo y a formación con 3.804 millones de euros, un 34,4% menos que en el año 2012, de los que 1.704 millones son para
formación, 1.005 millones para bonificaciones dirigidas a promocionar el empleo estable y 1.095 millones para el resto de programas de fomento del empleo. El descenso en la dotación a las políticas activas de empleo se debe fundamentalmente a la
minoración de los proyectos destinados a bonificaciones, toda vez que la normativa ha modificado sustancialmente este tipo de incentivos al considerar que en muchos casos su impacto sobre el aumento de los contratos no estaba claro, como así han
mostrado estudios y evaluaciones que se han efectuado. En cualquier caso se mantienen aquellas que apoyan la contratación de los colectivos con mayores dificultades de inserción como la discapacidad, aquellas que garantizan el coste cero en la
maternidad y las nuevas que se han puesto en la reforma laboral. Sin embargo, en este contexto de fuerte reducción del gasto, hemos aumentado el destinado a formación, a cuyos programas se van a dedicar 1.704 millones de euros, un 1,7% más que el
año anterior. Aumentan sobre todo los créditos para la formación de demanda, a fin de que faciliten la formación permanente de esos trabajadores y mejoren con ello la adaptación de los mismos a las necesidades de las empresas, cuestión básica para
el mantenimiento del empleo. Por otra parte, se recoge por primera vez una dotación específica, diferenciada de las bonificaciones de cuotas para el fomento del empleo, para financiar los costes del contrato para la formación y aprendizaje, de
acuerdo con lo previsto en el desarrollo reglamentario que se aprobará en fechas próximas. También hemos incrementado la partida destinada a facilitar la búsqueda activa de empleo de los colectivos con especiales dificultades, personas con
discapacidad, en situación de exclusión social o víctimas de violencia doméstica o de género, que con 234,5 millones experimenta un aumento del 11,3%. Aunque con una ligera reducción, del 2,1%, seguimos manteniendo una partida importante de 256,2
millones de euros para acciones y medidas que implican la realización de un trabajo efectivo en un entorno real en el apartado de oportunidades de empleo y formación. Mantenemos también en el mismo nivel la partida destinada a modernización de
servicios públicos de empleo e incluimos, por primera vez, una dotación específica para la colaboración con las agencias privadas de colocación, con los servicios públicos de empleo, en el convencimiento de que estas agencias pueden aportar mucho a
la prestación de un mejor servicio, sumarse a los servicios públicos estatales y autonómicos y ser capaces de conseguir índices de inserción en el entorno de la media europea. No se trata con ello, ni mucho menos, que sustituyan o compitan con los
servicios públicos, sino de que la labor conjunta de ambos instrumentos permita generar un plus de
eficacia en la intermediación laboral. La financiación de todas estas políticas activas de empleo y formación se llevará a cabo con 1.860 millones de euros procedentes de las cuotas de formación profesional, 1.294 millones de euros de
aportación del Estado y 650 millones de euros del Fondo Social Europeo.
Señorías, no puedo dejar de referirme al apoyo que desde el presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se otorga al trabajo autónomo, al fomento de la cultura emprendedora y a la llamada economía social. Debemos tener en cuenta
los créditos ejecutados desde la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas y los que contienen otros programas del Servicio Público de Empleo Estatal y de la propia Seguridad Social.
Los trabajadores autónomos y los emprendedores son una prioridad para nuestro Gobierno. Desde el primer día les hemos situado en la hoja de ruta que marcan nuestras políticas y por eso ya son muchas las actuaciones que se han materializado para
apoyar este colectivo, que además es uno de los que más ha sufrido los efectos de la crisis económica. Estamos convencidos de que en un país como el nuestro, en el que más de un 98% del tejido productivo se conforma de autónomos y pymes, son los
trabajadores por cuenta propia y los emprendedores quienes tienen la llave que abre la puerta de la recuperación económica y la generación de empleo. Un objetivo en el que se enmarca también la economía social, una fuente de oportunidades con
importantes posibilidades de crecimiento y desarrollo que contribuye además a la creación de empleo estable. Por todos estos motivos, y para promover y apoyar el trabajo autónomo y la economía social, el Ministerio de Empleo destinará en 2013 un
total de 917 millones de euros, un presupuesto del que se beneficiarán 400.000 personas de forma directa. Las partidas más relevantes en este ámbito son las siguientes: el programa de fomento y apoyo del autoempleo y de la economía social con más
de 51 millones de euros, para la capitalización de la prestación por desempleo con una cantidad de 710 millones de euros, a las prestaciones por cese de actividad más de 49 millones de euros, un total de 95,5 millones de euros a las bonificaciones a
trabajadores autónomos y, por último, se mantendrán créditos para la formación de autónomos y profesionales de la economía social, para actividades de fomento de la cultura emprendedora y para apoyar a las organizaciones de autónomos y de la
economía social. Se trata de unas cifras que materializan el compromiso del Gobierno con aquellos que quieren emprender, con quienes han emprendido y con la economía social. Aunque es cierto que supone un leve descenso del 2,65% sobre el
presupuesto inicial del año 2012, queda muy por debajo de la media del 9% de reducción presupuestaria que se registra en el conjunto de los ministerios y es un 8% superior a la cifra que se destinaba a estas materias en el año 2011.
Hasta aquí les he facilitado una idea bastante precisa de las grandes cifras y les daré ahora los otros datos de los otros dos organismos que dependen de ella: el Fondo de garantía salarial y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo. Por lo que respecta al Fondo de garantía salarial, organismo autónomo de mucha importancia en los difíciles momentos que estamos viviendo, se ha presupuestado un gasto para afrontar el pago de salarios e indemnizaciones derivadas de
situaciones de insolvencia de las empresas de 843 millones de euros, un 31% menos que en 2012. La minoración en este ámbito se debe a que las prestaciones se verán afectadas por la aplicación de los menores límites de responsabilidad fijados por el
Real Decreto-ley 20/2012, en consonancia con la necesidad de preservar la viabilidad financiera de este sistema de prestaciones en un contexto de escala del gasto debido a la profunda crisis económica que estamos viviendo. Dado que se han estimado
unos ingresos de 438 millones de euros, resulta necesario vender una parte de la deuda pública invertida en momentos de bonanza para hacer frente a las prestaciones actuales, así se ha presupuestado una enajenación de deuda por valor de 205 millones
de euros, el resto de los ingresos provienen del remanente de tesorería, así como de otros ingresos de menor cuantía. En cuanto al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, su presupuesto es de 27,2 millones de euros, un 7,6% menos
que en 2012, con ello este organismo va a seguir realizando un gran esfuerzo por ayudar a mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral, facilitando a las empresas la instrumentación de mecanismos adecuados de prevención de riesgos. Por
último, la Dirección General de Empleo dispone de una dotación de 53,4 millones de euros para la administración de las relaciones laborales y para las ayudas previas a la jubilación.
Concluyo ya, señorías. Los presupuestos para el ejercicio 2013 suponen un nuevo esfuerzo de contención del gasto que se suma al realizado en el ejercicio presente. Como he señalado, la reducción del déficit y la consolidación fiscal son el
objetivo prioritario, porque constituye la única alternativa si queremos recuperar la confianza y con ella la prosperidad y el crecimiento. Sin embargo, debo subrayar, una vez más -y para terminar esta intervención-, que el Gobierno está
articulando las medidas
necesarias para la consecución de los objetivos citados desde una obligada perspectiva de equidad y sensibilidad social, con el fin de que los más afectados por la crisis económica cuenten con la solidaridad del conjunto de la ciudadanía.
Quedo a su entera disposición para responder a sus preguntas.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Pilar Lucio.
La señora LUCIO CARRASCO: Señora secretaria de Estado, quiero expresarle nuestro agradecimiento por su presencia en el Parlamento en tan corto espacio de tiempo, esta vez para presentarnos los presupuestos de su departamento para el año
2013. Tras su intervención y la del subsecretario que le ha precedido, constatamos que se trata de unos presupuestos, como usted ha dicho, continuistas, pero con un matiz: que continúan en la senda de vaciar de contenido a las políticas de empleo
y de poner en entredicho el sistema de la Seguridad Social. Son unos presupuestos que, lejos de contribuir al objetivo sustancial de la política de empleo, que no es otro que la mejora de oportunidades para las personas trabajadoras y sobre todo
para las que están en el desempleo, están centrados en el objetivo instrumental de reducir el déficit, aplicando políticas con un transfondo ideológico profundo que está perjudicando a los ciudadanos con más dificultades. Constatamos igualmente que
no existe ninguna estrategia de crecimiento económico y de empleo, tal y como se comprometieron en el Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio, y que se encuentran entregados al devenir del tiempo para que solucione los problemas del mercado de
trabajo. Antes de ayer, en rueda de prensa para explicar los datos del paro registrado en el mes de septiembre, dijo en un tono displicente -si se me permite-: esperamos que las reformas surtan pronto efecto. Un alegato a la esperanza no es
suficiente para la situación que tenemos, sino que hace falta algo más: políticas que contrarresten la tasa de paro que existe en este momento. Ese mismo día, el día que salieron los datos de paro registrado, las comunidades autónomas, en
Conferencia de Presidentes, llegaron a un acuerdo, gracias a la responsabilidad y a la generosidad de todos, pero fundamentalmente de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Este acuerdo implicaba también un compromiso de
reducción del déficit y el desarrollo de políticas de estímulo al crecimiento.
Señora Hidalgo, en el escenario macroeconómico para 2013 que han pintado en el presupuesto, el PIB decrece un 0,5 en términos reales, la tasa de desempleo disminuye 3 décimas y la previsión del déficit del Estado es de un 3,8%. En primer
lugar, quisiera decir que ojalá el PIB se comporte como estiman, ya que el conjunto de organismos internacionales hacen otra estimación, que es una caída de un 1%, teniendo en cuenta las consecuencias que están teniendo sobre nuestra economía las
políticas de ajustes que ustedes están llevando a cabo. En segundo lugar, sorprende igualmente que la previsión del Gobierno de reducción de la tasa de desempleo, ya que aún nos quedan por conocer los datos de la EPA que saldrán en este mismo mes y
de la EPA del cuarto trimestre, que, como usted bien sabe, son dos trimestres que no suelen ser, ni siquiera en circunstancias económicas favorables, buenos trimestres para el mercado de trabajo español. Por otro lado, con respecto a la previsión
de la tasa de desempleo, la estimación que hace el Gobierno en el presupuesto en cuanto a ingresos por cuotas de desempleo cae un 3,8%, lo que viene a anunciar una destrucción profunda de puestos de trabajo de asalariados. Supongo, señora Hidalgo,
que este dato es el reconocimiento implícito del efecto demoledor que la reforma laboral está teniendo en la destrucción de puestos de trabajo.
Volvemos a encontrarnos de nuevo, como ya ocurriera en los Presupuestos Generales del Estado del año 2012, con que los grandes números del Ministerio de Empleo y Seguridad Social son imprecisos, por no decir tramposos, ya que esconden un
agujero de más de un 1% del PIB. En 2012 ya denunciamos una sobrevaloración de los ingresos por cuotas, tanto en Seguridad Social como en desempleo, y una infravaloración de gastos, tanto en pensiones como en desempleo. Estimábamos un agujero
alrededor de 10.000 millones de euros, es decir, un 1% del PIB. Hoy sabemos que ha habido una caída de ingresos mayores de los que estaba previsto, que la protección por desempleo necesita 3.000 millones de euros, como usted ya ha dicho
públicamente, y que el Gobierno va a utilizar por primera vez la hucha de las pensiones -por cierto, herencia del Gobierno socialista- para compensar este déficit. En aquel momento ya dijimos que se trataba de un artificio para esconder su
intención última, que no es otra que la del recorte de prestaciones. La promulgación de los reales decretos-leyes 20 y 23 del año 2012 contienen los mayores recortes en protección por desempleo de la historia democrática. Además, como puntilla,
fueron tristemente celebrados por el Grupo Popular con comentarios hirientes y aplausos por doquier. La realidad del año 2012 desgraciadamente ha sido que la reforma laboral ha desencadenado una gran hemorragia de pérdida de puestos de trabajo, que
las demandas de solicitud de prestaciones han crecido del 20 al 34%
en lo que va de año, que se ha producido una reducción del número de cotizantes a la Seguridad Social de más de 625.000 personas y que el empleo asalariado ha retrocedido en 890.000 personas. En el año 2013 nos tememos lo peor, presupuestos
continuistas, mismas políticas y el mismo resultado.
En cuanto a los ingresos, vuelve a haber un problema de sobrevaloración de las cuotas en el ámbito de las pensiones, ya que se prevé una reducción de ingresos por cuotas en la Seguridad Social del 0,4%, frente a una caída de las cuotas de
desempleo del 3,8%. ¿De verdad cree el Gobierno que la caída del empleo asalariado se va a compensar con el incremento del número de autónomos? Por lo que se refiere al gasto en pensiones, no se contempla, como ya dijo mi compañera previamente, la
desviación por inflación de los 5.000 millones de euros y en protección por desempleo, al contemplar una partida de 26.696 millones de euros, nos encontraremos de nuevo con una dotación insuficiente. Me dirá usted que es un crédito ampliable, pero
entiendo que será un cierto desajuste para la caja de la Seguridad Social, por lo que nos volveremos a encontrar con un déficit del 1% del PIB este año. El Gobierno también se defiende enfatizando el aumento de 4.000 millones de euros en su
aportación al complemento de mínimos en las pensiones contributivas hasta alcanzar los 7.894 millones, pero se calla esa disminución de los 3.000 millones de euros para prestaciones por desempleo. Respecto al presupuesto del Servicio Público de
Empleo Estatal, se confirma que para el Partido Popular las políticas de protección al desempleo y las políticas activas de empleo son unas políticas más en el contexto actual, desoyendo de nuevo a todos los organismos internacionales que instan a
reforzar estas políticas. Si en el año 2011, en el último presupuesto socialista, se gastaron más de 40.000 millones de euros, tanto en políticas de protección como en políticas activas de empleo, en el año 2013 estas ya se han visto reducidas en
una cuarta parte.
Quiero señalar las partidas que consideramos que son fundamentales, según las distintas partidas que usted ha ido detallando. En protección por desempleo, usted lo ha dicho, un 6,3% menos que el año pasado, 26.696 millones de euros, pero ya
sabemos que el gasto de este año va a estar alrededor de los 32.000 millones de euros. ¿No cree usted que este desajuste va a afectar enormemente? En cuanto a la política de subsidios, dada la reducción que ya hicieron en el Real Decreto-ley
20/2012 en la renta activa de inserción, ya sabemos que se va a reducir a la mitad el número de beneficiarios; el programa Prepara solamente lo tienen presupuestado hasta el mes de febrero, es decir, lo reducen en una cuarta parte de lo que estaba
presupuestado en el año anterior, y, sobre todo, nos interesa saber si ustedes tienen algún plan alternativo para estas personas que van a quedar fuera, tanto del programa Prepara como de la renta activa de inserción.
En cuanto a las políticas activas de empleo, reducen de nuevo este año considerablemente la partida el 34,6%. Si comparamos con el año 2012, se ha reducido prácticamente a la mitad el dinero destinado a políticas activas de empleo.
Teníamos una partida de 7.300.000 euros y ahora tenemos una partida de 3.700.000 euros, a pesar de que los datos del desempleo siguen subiendo, están desbocados y de las reiteradas recomendaciones de las instituciones que nos reclaman que estemos
más atentos a estas políticas, porque son necesarias con la tasa de paro que tiene este país. ¿Cree usted que se puede reducir la partida a la mitad solo mejorando la eficacia de las políticas activas de empleo? Me gustaría que respondiera a esta
pregunta.
Respecto a la formación profesional, se destinan 900 millones de euros a la formación de personas que ya tienen empleo y 654 millones de euros a las personas desempleadas. ¿No cree que merecería una aportación extraordinaria para formación
en lugar de limitarse a los 1.800 euros provenientes de las cuotas? Precisamente la formación para los desempleados -lo decimos y lo repetimos- es la clave para la mejora de su empleabilidad, para la adaptación a los cambios en el sistema
productivo, para facilitar la inserción laboral y, sin embargo, se reduce la partida destinada a las personas que están desempleadas. La implicación que tiene la reducción de las políticas activas de empleo, entre otras cuestiones, es que ya
desaparecieron los promotores de empleo y van a desaparecer los orientadores laborales ante un incremento del número de personas desempleadas, que no sabemos quiénes los van a atender para poder hacer esa orientación que necesitan para lo que
ustedes llaman una activación para el empleo.
En cuanto a las bonificaciones a las contrataciones, se reducen en 1.595 millones de euros. Hemos acordado -y se creó una subcomisión en el Congreso- que las bonificaciones tenían una dudosa implicación en la activación para la
contratación. Sin embargo, también incumplen una de las recomendaciones que hace el Consejo Europeo de que se bonifique el mantenimiento de los contratos de personas de más de 55 años. Esa bonificación desaparece, de nuevo desoyendo las
recomendaciones, que las escuchamos atentamente cuando se trata de la reducción del déficit, pero no cuando se trata de poner en marcha políticas de este tipo.
El señor PRESIDENTE: Señora Lucio, le ruego que vaya concluyendo.
La señora LUCIO CARRASCO: Estoy terminando, me quedan tres minutos.
El señor PRESIDENTE: Que sean menos, porque ya se ha pasado del tiempo.
La señora LUCIO CARRASCO: Le pido un minuto y medio.
En cuanto a la dotación para el Plan de empleo para jóvenes, tan cacareado, seguimos sin saber dónde está, cómo es, no nos lo han presentado, no sabemos qué dotación tiene, no sabemos con qué dinero se va a pagar. Desoyen de nuevo al
Consejo Europeo, al no ponerlo en marcha. Por último -y como usted también ha formado parte de un Gobierno autonómico-, le quisiera preguntar si cree usted que los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas pueden ofrecer servicios
de calidad o al menos los servicios mínimos a las personas desempleadas habiéndose reducido en dos años un 58% del presupuesto destinado a los servicios públicos de empleo para el desarrollo de las políticas activas de empleo. Me gustaría que
respondiese a estas preguntas. Disculpe por haberme sobrepasado en el tiempo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señora secretaria de Estado, señora Hidalgo, por su nueva comparecencia en esta Comisión en tan breve espacio de tiempo. Ya sé que vamos a tener la suerte de tenerla muy a menudo, porque
conozco su enorme capacidad y su agrado de comparecer en esta Cámara.
Como le he dicho al señor subsecretario, podríamos decir que nos ha resultado satisfactorio oír sus palabras, pero la situación dramática que vive nuestro país no nos permite decirle eso, señora secretaria, aunque sí darle las gracias.
Compartimos su seria reflexión sobre la grave situación que en este momento atraviesa la economía española y, por tanto, el ejercicio de responsabilidad que están haciendo su ministerio y el conjunto del Gobierno de España. Han presentando unos
presupuestos con un cuadro macroeconómico en recesión, al que ahora me referiré un minuto, unos presupuestos absolutamente restrictivos en el capítulo de los gastos, que sin embargo mantienen un 63% en el gasto social. En un contexto como el
actual, esto es verdaderamente muy importante.
Hablando de los datos macroeconómicos, la señora Lucio, que ha intervenido en represtación del Grupo Parlamentario Socialista, se ha referido a dos cuestiones. Quiero agradecerle, primero, que haya alabado tanto la generosidad de los
Gobiernos autonómicos del Partido Socialista. Yo quisiera agradecérsela a todos los que han formado parte de la Conferencia de Presidentes, no solo a los del Partido Popular, sino también a los del Partido Socialista, también al Gobierno vasco,
también al Gobierno de Convergència i Unió en Cataluña. Hay que darles las gracias a todos, porque el momento era trascendental y han estado a la altura de las circunstancias, a la altura de unas comunidades autónomas que son Estado y que forman
parte de las responsabilidades del Estado. Todos han estado a la altura de las circunstancias y, en nombre de mi grupo, quiero dejar constancia de nuestro agradecimiento y de la satisfacción que supone haber visto una unidad semejante ante unos
problemas tan graves como los que atraviesa nuestro país. Ojalá pudiéramos decir muchas veces lo mismo en esta Cámara ante cuestiones también muy importantes.
Señora Lucio, usted ha hablado aquí de que las previsiones macroeconómicas del 0,5 de caída del PIB no son avaladas por las agencias internacionales. Es lógico, es normal, porque el que ha elaborado el presupuesto ha sido el Gobierno y el
que sabía las políticas paralelas a ese presupuesto que iba a desarrollar para conseguir esos objetivos era el Gobierno, no los demás, que hacen desde fuera unos análisis empíricos sobre unos datos macroeconómicos. El Gobierno tiene unos
instrumentos que va a utilizar y que conforman todo el paquete de reformas que acompaña al presupuesto. Veremos al final quién tiene razón, pero es ese paquete de reformas el que hace prever al Gobierno que esa bajada del PIB no va a ser la que se
calcula de una manera empírica desde el punto de vista macroeconómico, sino que va a ser del 0,5%. Quizás este sea el componente que nos faltaba por analizar.
En la intervención anterior, en relación con la comparecencia del subsecretario, ha habido otras cuestiones similares planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista. La señora Lucio las habrá oído. Usted ha vuelto a hacer referencia a lo
mismo, a que hay una bajada en las prestaciones. La señora secretaria de Estado lo ha explicado claramente y contestará puntualmente a todos sus requerimientos,
pero vuelvo a insistir en lo mismo, señora Lucio, la hucha de las pensiones está llena porque hubo unos momentos de crecimiento a base de mucha creación de empleo y, por tanto, hubo unos excedentes que se invirtieron donde se tenían que
invertir, en esa hucha que todos habíamos acordado en el Pacto de Toledo. Los desajustes que ha habido en las prestaciones vienen derivados de un déficit excesivo, declarado en el año 2009, que llegaba al 11,3%, que ha incidido en un déficit
estructural de la Seguridad Social en los ejercicios 2010 y 2011, certificados por la intervención, que ha permitido que con la ley en la mano se puedan y se deban utilizar esas pensiones para cubrir ese déficit estructural. No le tengo que
recordar cuál es la herencia de ese déficit estructural ni de dónde procede, pero sí quiero decir que los pensionistas tienen que estar tranquilos, porque gracias a sus esfuerzos se ha construido una hucha precisamente para que en este momento de
crisis y de tensiones pueda haber una garantía clarísima de revaloración de sus pensiones. Este Gobierno no va a volver a caer en el mayor recorte social que ha habido en este país, que ha sido la congelación de sus pensiones. Pueden tener la
completa tranquilidad y el compromiso del Grupo Parlamentario Popular y, desde luego, del Gobierno.
Hay otra cuestión muy importante, de la que aquí se ha hablado también, en relación con los complementos a mínimos. Han pasado así como muy por encima, pero a mí me parece que es una de las grandes cuestiones que se plantean en este
presupuesto. Por fin se cumple la primera recomendación del Pacto de Toledo, adelantándonos en los tiempos y haciendo un esfuerzo, recogiendo todos los esfuerzos que no han hecho y deberían haber hecho a lo largo del tiempo los anteriores
Gobiernos. Ya el año pasado se aportaron 1.000 millones para esos complementos a mínimos, pero este año la aportación de más de 7.000 millones, que suponen un esfuerzo de un 107,4% más, es muy importante para la separación de fuentes y, sobre todo,
para la sostenibilidad del sistema, que es de lo que estamos tratando, para que no tengamos que volver a esas situaciones de déficit de las que acabamos de hablar. El Grupo Popular se siente enormemente tranquilo, ante la aportación que ha hecho el
Gobierno de esa cantidad al sistema para llegar a la separación total de fuentes, una aportación muy importante del presupuesto a la Seguridad Social.
Por último, en relación con las políticas activas, de las que se ha hablado mucho aquí, señora secretaria de Estado, quiero decirle, primero, que el cuadro que nos ha presentado me parece absolutamente racional. Ustedes tienen unos
objetivos y unos instrumentos para cumplir esos objetivos -la reforma laboral, el decreto de julio y el Plan de empleo- y a esos objetivos van el resto de las medidas. Uno de los instrumentos más importantes son las políticas activas. ¿Que son
reducidas? Sí, pero la secretaria de Estado ha explicado muy bien el porqué de esas reducciones. Muchas de ellas están justificadas por la racionalización del sistema de prestaciones que se estableció en el Real Decreto 20/2012, del mes de julio,
en el que se estableció un procedimiento claro de equidad, para que con unos recursos escasos la equidad fuera dirigida a aquellos que más lo necesitan y se acabase con algunos anacronismos que se estaban produciendo en el cobro de algunas
prestaciones, que no tenían ninguna eficacia y en muchos casos ni siquiera alguna racionalidad. Eso incide claramente en un menor gasto en políticas activas. Sin embargo, quiero destacar, como ha hecho la señora secretaria de Estado, que por fin
va a haber una dotación específica, distinta de las bonificaciones en cuotas para el fomento del empleo, para financiar los costes de los contratos para la formación y el aprendizaje. Creo que todos estaremos de acuerdo con esos 20 millones de
euros que se aportan y también con los 20 millones para las agencias de colocación. Aquí quiero volver a apelar a lo mismo. No podemos olvidar que en todas las reformas laborales, en todos los discursos de política laboral que hicieron el Gobierno
socialista y el grupo parlamentario que le apoyaba en su época de responsabilidad hablaban de la utilización y de la creación de las agencias privadas de colocación separadas de las empresas de trabajo temporal. Eso que ustedes siempre enunciaban,
pero nunca materializaron -cuando uno lo enuncia es porque está de acuerdo con ello-, se ha plasmado con la reforma laboral y se va a poner en práctica definitivamente. Evidentemente, eso nos lleva a un discurso que ya he traído alguna vez a esta
Cámara. Señorías, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en que hay que reducir el empleo público? Hay que reducirlo en algunas partes, no en los funcionarios, ya lo sabemos. Eso lo hemos hablado. Parece bastante razonable que si vamos a
establecer un mecanismo de colaboración público-privada, es decir, si vamos a incrementar las posibilidades de empleabilidad, de acompañamiento, de realización de itinerarios, etcétera, con un instrumento que siempre ha sido puesto sobre la mesa y
valorado por los Gobiernos socialistas y que por fin se va a poner en marcha, parece bastante lógico que reduzcamos la carga del empleo público y el coste del sector público, que sabemos en qué situación está, con la finalización de los contratos de
unas personas contratadas temporalmente como orientadores de empleo. Hay que saber bien de lo que estamos hablando. Estamos hablando
de 1.500 orientadores que fueron contratados de una manera excepcional para una actuación coyuntural. En este momento hay otros instrumentos que pueden hacer esa misma actividad, instrumentos en los que ustedes coincidían, insisto, siempre
en la letra, pero no en la música. Esta es una realidad. Por tanto, hablemos de las cosas con un mínimo de rigor y démonos cuenta de en qué contexto nos estamos moviendo.
Señora secretaria de Estado, en este contexto de políticas activas, me gustaría que me dijera, si puede hacerlo, si la transferencia a las comunidades autónomas para las políticas activas tiene algún incremento en este ejercicio. Creo que
este es un capítulo muy importante. En cuando a la reducción de las políticas activas, el año pasado quedó aclarado -y lo explicó también la señora secretaria de Estado en la comparecencia de hace unos días- el tema de la desaparición de la
subvención encubierta a empleo público, que tampoco tenía mucho que ver con el espíritu real de las políticas activas. Por tanto, señorías, claro que hay un modelo de control del déficit como un elemento instrumental imprescindible. Si no cortamos
la hemorragia, no podremos atender el resto de las patologías del enfermo, porque se nos desangra. Lo que estamos haciendo es cortar la hemorragia, y una vez que lo hayamos hecho, por supuesto que vamos a atender todas las demás patologías, la
primera el empleo, que es la más importante. Pero esto podremos hacerlo cuando tengamos suficiente flujo de sangre, porque, si no, el cadáver se nos quedaría encima de la mesa y eso es lo que el Grupo Parlamentario Popular no quiere, señora
secretaria de Estado, señoras y señores diputados. Queremos sanear el sistema, queremos darle nuevo flujo sanguíneo al enfermo y, a continuación, sanear el resto, es decir, crear empleo, y a esto van dirigidas el resto de políticas que acompañan
este presupuesto y que estamos convencidos de que serán un instrumento fundamental para la recuperación de la economía y del empleo en España.
El señor PRESIDENTE: Para concluir este punto, tiene la palabra la secretaria de Estado, seguro que de Empleo y no sé si de Seguridad Social, por lo oído.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Hidalgo Tena): Señorías, la verdad es que estamos ante un tema lo suficientemente sensible como para medir mucho las palabras. Señora Lucio, ha dicho usted que con este presupuesto vaciamos de
contenido las políticas en materia de empleo. Este es un presupuesto en el que se garantiza totalmente el pago de las prestaciones por desempleo, en el que por primera vez, teniendo que haberse hecho mucho antes, se separan las fuentes de
financiación de la Seguridad Social y en el que hay partidas que, en el contexto presupuestario, únicamente crecen en él, pero usted dice que vamos a vaciar de contenido las políticas en materia de desempleo. Lo que tienen que percibir con más
nitidez los ciudadanos es la garantía de las prestaciones tanto en materia de empleo como de Seguridad Social a lo largo del año 2013. Una vez hecha esta referencia, tengo que decirle que intento ser rigurosa cuando hablo de empleo y de materias
presupuestarias y, por tanto, le emplazo a que las siguientes preguntas en materia de Seguridad Social se las conteste el secretario de Estado de Seguridad Social.
La reducción del déficit es un objetivo instrumental que está conllevando medidas de racionalización, medidas en algunos casos duras, medidas que hubieran sido mucho más someras, mucho más equilibradas y mucho más desplegadas en el tiempo si
se hubieran empezado a adoptar en el año 2008. Siempre digo lo mismo, que no vale mirar hacia atrás, vale mirar hacia adelante, pero que después de habernos llevado a la situación de dificultad económica en la que estamos, básicamente por la
inacción de un paquete de medidas en esos tres años, venga aquí hoy y nos diga que cuando hablamos de déficit es un objetivo instrumental y no tenemos muy claros los objetivos y que cuando ustedes hablan de déficit se trata de responsabilidad, me
parece cuando menos una falta de consideración a los esfuerzos que están haciendo los diferentes Gobiernos, independientemente del color político de quienes dirigen la política económica.
Ha dicho textualmente que son unos presupuestos tramposos. No. Hemos hecho una presupuestación, tanto en gastos como en ingresos, que se ajusta a la realidad, que se ajusta a las previsiones económicas que están en el cuadro
macroeconómico. Desde luego, puede haber una desviación en ese cuadro macroeconómico. Por eso -no hemos sido nosotros, sino que viene de hace muchos años- las partidas que se contienen en el presupuesto son créditos ampliables, porque su garantía
tiene que ser total y absoluta desde los presupuestos. Obviamente, hemos hecho una presupuestación seria sobre la base de ese cuadro macroeconómico que le digo. Las prestaciones están garantizadas en el presupuesto, porque el número se explica
básicamente por dos motivos. En materia de prestaciones y subsidios, se explica por la aplicación de la reforma del Real Decreto-ley 20/2012, a la que usted ha denominado el mayor recorte de la historia y que yo le digo que, además de contribuir al
objetivo de consolidación fiscal y de reducción
del déficit público, ha conseguido ordenar el sistema de protección de desempleo, dotándolo de mayor coherencia, ya que en épocas pasadas, no por mala fe de nadie, se habían ido acumulando sucesivamente una serie de medidas parciales que
finalmente restaban racionalidad al conjunto.
Hemos tenido tres ejes de actuación básicos en la adopción de las medidas. El primero ha sido incentivar el retorno a la ocupación, bajando del 60 al 50% a partir del sexto mes, sabiendo además que no afecta a los derechos reconocidos con
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012 y actuando con coherencia económica con la evolución salarial que ahora mismo se está dando en este país. Hemos tenido como objetivo también la eliminación de inequidades e
ineficiencias mediante la eliminación de parte de la cotización que asumía el Servicio Público de Empleo. ¿Alguien me puede explicar qué diferencia hay entre que una persona trabajando cobre 1.000 euros y una persona percibiendo una prestación
cobre 1.000 euros para que su contribución a la Seguridad Social sea distinta? A nosotros nos parecía una absoluta ineficiencia, una inequidad del sistema. ¿Qué razón hay para que la base mínima en el subsidio para personas mayores de 55 años sea
del 125% en vez del 100%? En cuanto al subsidio especial para mayores de 45 años, perdóneme usted, pero suponía una duplicidad en la protección. ¿A usted le parece injusto que hayamos bajado el acceso al subsidio de personas que tengan un
patrimonio de 280.000 a 140.000 euros, es decir, que no cobre el subsidio una persona que, además de la vivienda habitual, tenga 144.000 euros? Es una medida de absoluta racionalidad. También nos parece totalmente lógico, que, cuando se trata de
un trabajo a tiempo parcial, el subsidio, igual que la prestación por desempleo, esté ligado al número de horas que se han trabajado en ese contrato a tiempo parcial. A la renta activa de inserción, ligada totalmente al sistema de empleo, estaban
accediendo personas que no habían tenido nunca una cotización. Para eso no está el sistema de empleo, para eso está el sistema social, para eso están las rentas mínimas, que son competencias transferidas a las comunidades autónomas. No podemos
construir sistemas que no sean sostenibles, llenándolos de obligaciones que no estaban en su configuración inicial. Otro eje básico ha sido fomentar el envejecimiento activo, evitando el abandono prematuro del mercado laboral. En este aspecto, el
incremento de la edad de cincuenta y dos a cincuenta y cinco años está totalmente de acuerdo con esa estrategia de fomento del envejecimiento activo. Tenemos claro que la reforma no deja desprotegido a ningún colectivo que viniera percibiendo
prestación o subsidio con anterioridad a su entrada en vigor, ya que solo limita la adquisición de la condición de beneficiario en dos casos, en el subsidio de las personas que quedan excluidas, que son aquellas que tienen un patrimonio más que
suficiente para poder subsistir, y en la renta activa de inserción, como les he dicho. Creemos que dotar a un sistema de sostenibilidad es una obligación tanto de presente como de futuro. Con esa superposición de distintos elementos habíamos
llegado a un punto en el que una persona que hubiera cotizado trece años, de los treinta a los cuarenta y tres, podría llegar a jubilarse con una renta de entre 600 y 1.000 euros, después de haber cobrado prestación o subsidio por desempleo durante
veinte años: dos de contributiva, tres de mayor de cuarenta y cinco años, dos de renta activa de inserción y trece de subsidio de cincuenta y dos años. Era así, señora Gutiérrez. En cualquier caso, estoy hablando de coherencia en el sistema y de
hacer que el dinero llegue realmente a las personas que en ese momento tengan una situación de más debilidad. Me resulta paradójico que usted diga aquí que es el mayor recorte de la historia, cuando hace muchos años los miembros de su partido
abordaron un ajuste en el sistema de desempleo bastante mayor, porque, entre otras cosas, ampliaron el periodo mínimo para tener derecho a la protección por desempleo de seis meses a un año y redujeron la cuantía del 80 al 70% y del 70 al 60%. Me
gustaría tener tiempo para leer la exposición de motivos de los decretos en los que se eso se regulaba, pero le aseguro que hay un montón de frases -por ejemplo, se impone racionalizar el gasto en protección por desempleo, asegurando el equilibrio
financiero del sistema y la protección efectiva de quienes encontrándose en paro busquen activamente trabajo- que tienden a la filosofía de la racionalidad y a la sostenibilidad el sistema. Lo único que critico es la diferente actuación frente a
los mismos objetivos que persiguen sus medidas y las nuestras. Es más, la situación económica entonces era francamente menos dura que la actual, pero a los sindicatos que se manifestaban en contra, el señor Narcís Serra les decía que merecía la
pena pasar tragos como este del recorte de las prestaciones por desempleo porque se abre la puerta para equilibrar la financiación del sistema de protección. ¿Sabe lo que decía el entonces presidente de Andalucía y posteriormente ministro de
Trabajo, señor Chaves, de ese recorte de 1992? No que era el mayor recorte de la historia, como usted nos ha dicho a nosotros, sino que era una actuación valiente. Eso decía, señora Lucio. La diferencia de percepción y de valoración de los
asuntos, como le decía el otro día, es lo que a veces hace muy difícil entender la actuación de cada uno de nosotros.
En relación con las políticas activas de empleo, ustedes estuvieron subiendo y eso era lo realmente importante. Subían, subían y subían, pero el paro siguió creciendo mientras ustedes subían y subían las políticas activas de empleo. En el
año 2009 -me va a perdonar- fue la destrucción más importante empleo, es más, equiparable con este año. Sabiendo que es un drama, este año se está comportando en términos de paro mejor que ese año en el que la disminución estaba en esos mismos
términos. Aprovecho para decirle que algo hay que saber de ruedas de prensa para saber que nunca en una rueda de prensa se mantiene una actitud displicente, señora Lucio. Siempre que hablo de cifras de paro en ruedas de prensa lo hago con un
respeto infinito, porque el que estoy tratando es un tema muy sensible. Como le dije el año pasado, en políticas activas se había configurado un paquete importante en el que se estaban poniendo recursos encima de la mesa sin saber a qué se estaban
destinando y cuáles estaban siendo los retornos de ese dinero, cuál estaba siendo su eficiencia. Ustedes dicen que era fantástico incrementar el número, pero saben que de cada diez personas que hacían formación de ocupados había siete que decían
que no les servían para nada, según estudios no dudosos. Por ello, parece razonable que introduzcamos criterios de eficiencia y de evaluación. Cuando presentamos los presupuestos de este año, también le dije que no tenía mucho sentido que
estuviéramos en un proceso de racionalización de las administraciones públicas, racionalización que está presente en todos los debates en todos los ámbitos como una necesidad prioritaria de este país, y tuviéramos el 50% de las políticas activas
financiando empleo público subvencionado directamente. En relación con ese tema, le recuerdo el de los orientadores y promotores. El año pasado hicimos un ajuste en ese sentido y este año los promotores y los orientadores no están presupuestados.
Es una subvención gestionada, es un dinero que sale de los Presupuestos Generales del Estado, y una subvención no puede, por definición -y vamos a hablar de filosofía-, financiar un gasto recurrente. Aquí hay un hecho clave. Las transferencias a
las comunidades autónomas conllevaban el dinero de capítulo 1 para financiar los costes de personal. En esos costes de personal se incluían plenamente los orientadores y los promotores. Durante esos años se hicieron las transferencias y ha habido
un montón de años de crecimiento económico en los que los ingresos de las comunidades autónomas han crecido en tasas muy importantes y en los que cada comunidad autónoma tomó sus decisiones en relación con el desarrollo o no desarrollo de su
personal en materia de servicios públicos de empleo. Dicho esto, no se pueden gestionar gastos recurrentes mediante una subvención. Esto no lo digo yo. Si leemos la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, veremos que en el
principio de suficiencia no se habla de la subvención. Es más, la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992 dice textualmente en relación con este tema que cuando se subvenciona una actividad no tiene que ser un gasto recurrente. Los
orientadores y los promotores se metieron dentro de un programa extraordinario que tenía un inicio y un fin. No se puede considerar como una obligación básica del Estado, porque estaban metidos en el coste efectivo de las transferencias, porque
estaríamos duplicando el gasto y porque no se puede decir: Yo le he dado a ustedes los profesores, pero ahora, mediante subvención, voy a pagar más profesores. Eso iría en contra del sistema de racionalización que estamos intentando poner encima
de la mesa. En cualquier caso, es algo que se entiende muy bien. Era un plan extraordinario y tenía un plazo temporal. No se puede decir que este personal tiene que sustituir las obligaciones que las comunidades autónomas, dentro de su marco
competencial, tienen en relación con los servicios públicos de empleo. No se puede financiar de forma recurrente personal desde los presupuestos de la Administración General del Estado, porque estaríamos duplicando la financiación. ¿Se pueden
hacer programas puntuales? Por supuesto que sí, pero no se puede financiar de forma recurrente. Y no lo digo yo, lo dice la Lofca y lo dice el Tribunal Constitucional en su sentencia 13/1992. Debemos tener claros estos principios.
En relación con el resto de políticas activas de empleo, hemos apostado, como le he dicho antes, por la formación. La formación este año tiene más recursos -es verdad que no es una cuantía muy importante- que la cuota de formación. Hemos
apostado por desarrollar esa formación, la que tienen que gestionar las comunidades autónomas, con una gran colaboración a través del Plan anual de políticas activas y, en el marco de nuestra competencia y de la formación de ocupados, haciendo lo
que les puse el otro día encima de la mesa, es decir, consiguiendo sistemas de gestión que permitan una mayor eficiencia en el sistema. Usted me preguntaba antes: ¿Cree que podrán funcionar los servicios públicos de empleo en las comunidades
autónomas? Eso es competencia de las comunidades autónomas, señoría. Evidentemente, la comunidad autónoma podrá tener más personal o menos personal para los servicios públicos de empleo. Es una competencia de las comunidades autónomas. Léase
usted los
decretos de transferencias, señoría. Desde la Administración General del Estado, mediante la gestión de las subvenciones, podremos establecer los marcos de colaboración en las políticas activas de empleo. Hemos apostado por destinar el
dinero donde creemos que más se necesita y donde puede ser más eficiente.
En relación con las bonificaciones, el recorte en políticas activas este año -las bonificaciones pasan de 2.600 millones a 1.405 millones- ha sido consecuencia de los estudios que se han realizado en esta Comisión. Hemos considerado que
mantener las bonificaciones básicas a la contratación de las personas con mayores dificultades por discapacidad, mantener el coste cero de la maternidad, el contrato de emprendedores y las bonificaciones a los autónomos permitía una mayor
rentabilidad en términos de eficiencia, en términos de mantenimiento del empleo. Obviamente, también es el momento de ver cuáles son los efectos de esas bonificaciones y cuáles serán los próximos pasos que demos en esta materia. En definitiva,
señorías, siendo un presupuesto que se engarza dentro de un periodo muy dificultoso, de un periodo en el cual, como he dicho anteriormente, el objetivo del déficit es básico, hemos tenido esa sensibilidad especial para que las personas que más lo
necesitan puedan ver totalmente garantizadas sus prestaciones. En el presupuesto de 2013, como he dicho, se garantiza el pago de las prestaciones y subsidios por desempleo, a pesar de la reducción a la que usted ha hecho referencia.
Concluyo mi intervención reiterando nuestro compromiso de protección a estas personas. Estoy convencida de que este presupuesto, eminentemente social, será una eficaz herramienta para la consecución del principal objetivo: regresar a la
senda de crecimiento económico y la creación de empleo. Además, nos permitirá seguir atendiendo las necesidades de quienes están sufriendo de la forma más dramática los efectos de la crisis; cumplir con los compromisos con los pensionistas;
apoyar de forma decidida a los emprendedores y mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de las políticas activas, y con ello conseguir que más gente pueda tener la oportunidad del empleo. En definitiva, estamos convencidos, desde la
absoluta responsabilidad, de que son los presupuestos que nuestro país necesita y por eso, señorías, son los que defendemos en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado de Empleo, por su intervención.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, me gustaría intervenir...
El señor PRESIDENTE: En principio no hay turno, señora Gutiérrez.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Quiero intervenir para confirmar que vamos a formular numerosas preguntas por escrito.
El señor PRESIDENTE: No procede. Si hay alguna cuestión que no se haya respondido nos la puede trasladar para que nosotros, a su vez, se la traslademos al Gobierno para que la conteste.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: En el presupuesto pasado me dijo que la petición de preguntas no la habíamos formulado expresamente.
El señor PRESIDENTE: Es lo que le acabo de decir, que si hay alguna cuestión que no ha sido contestada en este acto, usted nos la traslada, nosotros se la enviamos al Gobierno y les llegará su respuesta.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Quiero que conste en acta que vamos a solicitarlo. También le quiero decir que el mismo rigor que pide a la oposición a la hora de hacer preguntas, se lo pida a la secretaria de Estado y le recuerde...
El señor PRESIDENTE: Señora Gutiérrez, lo siento mucho, pero no tiene la palabra.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Es que la intervención...
El señor PRESIDENTE: No tiene la palabra.
Vamos a suspender la Comisión durante un minuto y reanudaremos con el tercer punto del orden del día.
- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (DEL CORRAL TÉLLEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000534), SOCIALISTA (número de expediente 212/000629) Y DE IU,
ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL (número de expediente 212/000678).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. Damos la bienvenida a la secretaria general de Inmigración y Emigración, doña Marina del Corral. Hay tres peticiones de comparecencia, pero concurre la misma circunstancia que en el
punto anterior, que es que el portavoz de La Izquierda Plural no puede acudir. Por tanto, intervendrán como peticionarios el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.
La señora secretaria general tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Señorías, comparezco hoy para presentarles el proyecto de presupuesto de la Secretaría General de Inmigración y Emigración para 2013, como parte del presupuesto
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Como ha señalado el subsecretario, este departamento aumenta en 2013 un 13,7% la dotación de su presupuesto de gasto, situándose en un total de 23.798,3 millones de euros. Este aumento es debido al
incremento de la aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar las pensiones no contributivas y los complementos de las pensiones mínimas. Esta secretaría ha elaborado su proyecto de presupuesto conforme a criterios de equidad,
eficiencia, realismo y sostenibilidad con el objetivo de atender las principales necesidades de la inmigración y de la emigración en un marco económico complicado en el que, como en ejercicios precedentes, sigue haciéndose ineludible la reducción
del gasto público. La cuantía total del proyecto de presupuesto de la secretaría general para 2013 es de 142.053.210 euros, lo que supone una disminución del 10,6% sobre el ejercicio de 2012. En relación con este ejercicio de 2012, permanecen
prácticamente inalteradas las cuantías correspondientes a los capítulos 1, 2 y 7; por tanto, la disminución se concentra en el capítulo 4.
Con este presupuesto se desarrolla adecuadamente la política migratoria del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sostenida por tres pilares fundamentales. En primer lugar, la atención humanitaria a las personas inmigrantes. En segundo
lugar, la acción social cofinanciada por fondos europeos en materia de integración de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. En tercer lugar, la protección de los emigrantes españoles y retornados. Quiero destacar que la política de
migraciones, más allá de los instrumentos jurídicos utilizados y de los recursos presupuestarios, es una política con rostro humano, centrada en muchos casos en la ayuda a personas que han dejado atrás su país de origen en busca de un futuro mejor.
A partir de este eje común de corte social y humanitario, se abre el amplio abanico de actuaciones, programas y proyectos puestos en marcha por esta secretaría general: la acogida a quienes escapan de sus países para evitar persecuciones políticas
y de todo tipo o de quienes simplemente arriban a nuestras costas en busca de un futuro mejor; la asistencia humanitaria a las personas que, en situación de irregularidad administrativa, se encuentran en nuestro país bajo condiciones de extrema
vulnerabilidad; la integración de las personas de diferentes etnias, credos y culturas en nuestros barrios y ciudades o el apoyo a quienes desean regresar a su tierra de origen tras haber vivido entre nosotros; la ayuda a los españoles que por
diferentes motivaciones salieron de nuestro país y se ven acuciados por la necesidad y la acogida a los españoles que retornan a su patria sin haber reunido los recursos mínimos para subsistir (la señora vicepresidenta, Durán Ramos, ocupa la
Presidencia). Estas actuaciones programadas representan el referente imprescindible para entender las cifras y proyectos que a continuación les presento.
Quisiera destacar, con carácter previo, las tres principales directrices seguidas en la elaboración de este proyecto de presupuesto. En primer lugar, optimización del gasto mediante la priorización rigurosa de actuaciones. Se ha revisado
el impacto de las actuaciones desarrolladas hasta la fecha, promoviendo aquellos programas que se han revelado social y económicamente más eficaces. En segundo lugar, la transparencia en la estructura y definición de los conceptos presupuestarios.
Hemos dividido subconceptos presupuestarios para distinguir con claridad qué políticas están cofinanciadas por fondos europeos y cuáles son programas exclusivamente nacionales. En tercer lugar, la extensión del procedimiento de concesión en régimen
de concurrencia competitiva en detrimento de las subvenciones de concesión directa.
Como ya conocen, el presupuesto de la secretaría general consta de dos programas: el 231.H, dedicado a las acciones a favor de los inmigrantes, y el 231.B, correspondiente a las actuaciones a favor
de las personas emigrantes. El programa 231.H cuenta para 2013 con una dotación de 62,41 millones de euros. Dentro de este programa, y sin pretender ser exhaustiva, las dotaciones más importantes son las siguientes. En el ámbito de
actuación con menores extranjeros no acompañados se prevé una consignación de 3,57 millones de euros destinados a financiar los convenios de colaboración con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como el programa con la Comunidad Autónoma
de Canarias para la atención de menores extranjeros no acompañados en Canarias y a los trasladados desde estas islas al resto de las comunidades autónomas, atendiendo tanto a los gastos de alojamiento y manutención como a los relativos a la atención
socioeducativa de los menores. Se destinan, igual que en 2012, 2,5 millones de euros de presupuesto nacional a la convocatoria de la subvención dirigida a entidades locales para el desarrollo de programas innovadores que promuevan la integración de
los inmigrantes. Esta convocatoria está cofinanciada por el Fondo europeo de integración y supone una actuación importante para el desarrollo de una política efectiva de integración al financiar actuaciones desarrolladas por la administración más
cercana al ciudadano; se apoya en los entes locales, en la puesta en marcha de programas que promuevan el desarrollo de actividades conjuntas entre la población inmigrante y la población española que introduzcan nuevas metodologías de trabajo o
mejoren las existentes, favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres y ofrezcan atención a personas reagrupadas y a otros grupos vulnerables o con necesidades específicas. A título de ejemplo les señalaré que en la última convocatoria cerrada,
correspondiente a 2011, se han subvencionado 137 programas, presentados por 111 entidades locales, con un presupuesto total nacional más fondos comunitarios de 4 millones de euros. Para 2012 hemos lanzado convocatorias por un importe total de 5
millones de euros, de los cuales 2,5 millones, como he dicho antes, son presupuesto nacional y 2,5 millones son fondos comunitarios. La convocatoria aún está abierta, así que no les puedo dar cifras de ayuntamientos que se hayan beneficiado.
El crédito para la atención humanitaria a inmigrantes se mantiene inalterable respecto al presupuesto de 2012, con una cuantía de 6,15 millones de euros. A través de esta política se atiende básicamente a aquellos extranjeros que han
llegado de forma irregular a España y se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. El objetivo del programa es atender sus necesidades básicas, proporcionándoles de forma temporal alojamiento y manutención en plazas facilitadas por las
ONG beneficiarias de las subvenciones o prestándoles atención sociosanitaria en asentamientos. Se ha tomado la decisión de mantener en los mismos términos que en 2012 la dotación presupuestaria de esta partida, cuya finalidad principal es
humanitaria, pero también, a su vez, de control de conflictos sociales que estas situaciones de vulnerabilidad puedan generar. Se prevé, asimismo, la subvención a Cruz Roja, que se dota con casi 2 millones de euros, para la atención humanitaria
urgente a pie de playa a los extranjeros llegados a las costas españolas en patera. Con esta subvención se contribuye a que esta organización tenga disponibles de manera permanente a sus equipos de respuesta inmediata. La reducción experimentada
por esta partida, que es de 200.000 euros, se corresponde con la disminución de personas atendidas por Cruz Roja. A título informativo diré que en los seis primeros meses de 2012 han sido atendidas 1.426 personas, lo que representa un 10% menos que
durante el mismo periodo de 2011. Se mantiene igualmente la dotación de 9 millones de euros para la subvención a favor de refugiados, solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional.
En cuanto a la forma de conceder la subvención, diré que el ejercicio de 2013 será de transición de un sistema nominativo a un sistema de concurrencia competitiva. Ello resulta necesario para garantizar la prestación de estos servicios
desde principios de año. De esta forma, si bien la cuantía total sigue siendo la misma que en 2012, es decir, 9 millones de euros; de ellos, 4,5 millones continúan como subvención nominativa a Cruz Roja Española, Comisión Española de Ayuda al
Refugiado y Asociación Comisión Católica Española de Migración. Los otros 4,5 millones pasan a convocarse en concurrencia competitiva, a fin de dar entrada a las organizaciones que lo soliciten y tengan capacidad para la prestación de estos
servicios. La finalidad de estas subvenciones es doble. Por una parte, jurídica, derivada de la firma de convenios que han supuesto compromisos para España, como la Convención de Ginebra de 1951, el Protocolo de Nueva York, de 1967, sobre el
Estatuto de los Refugiados, y otros que se han materializado en la actual Ley reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria. Por otra parte, humanitaria, ya que un país miembro de la Unión Europea está especialmente llamado a ayudar a
las personas que sufriendo persecución acuden a él para solicitar protección. En 2011 solicitaron asilo en España 3.422 personas. Muchos de estos solicitantes de asilo llegan a nuestro país en una situación de precariedad económica que obliga al
Estado español a facilitar su acogida y posterior integración sociolaboral. Se incluyen dentro de esta subvención los programas de reasentamiento de refugiados, asilados o solicitantes
de protección internacional, como el programa iniciado durante 2012 por España, gracias a la colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que ha permitido el traslado de 80 personas desde el
campo de refugiados de Soussa, en Túnez, al que habían llegado como consecuencia de la persecución sufrida en Libia tras el reciente conflicto civil.
En el mismo orden de cosas, se han previsto 100.000 euros para atender a la subvención nominativa a favor de Acnur para la realización de programas especiales de inmigrantes y refugiados. Su carácter nominativo deriva de compromisos
internacionales asumidos por España que prevén la participación expresa del alto comisionado en el proceso de integración de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional. Se mantienen los mismos recursos, unos 12 millones de euros
en el capítulo 2 para el funcionamiento de los centros de estancia temporal de inmigrantes, CETI, y los 4 centros de acogida a refugiados, CAR. Debo señalar que los CETI, con una capacidad entre los dos de 992 plazas, son recursos imprescindibles
para la acogida y control de la inmigración irregular que llega a España a través de las fronteras de las ciudades autónomas y que junto a este papel también permiten atender la situación de precariedad en la que los inmigrantes llegan a territorio
español. Por su parte los CAR contribuyen a que España responda adecuadamente a los compromisos internacionales y humanitarios para con los refugiados que llegan a nuestro país, al que he hecho referencia hace unos momentos. Fruto de este
compromiso también se mantiene una dotación de 0,96 millones de euros para los residentes de los CAR como complemento de los servicios desarrollados por los centros, que se suman a la cifra destinada al funcionamiento de los mismos y que se
concretan en ayudas para gastos personales, de transporte o formación, entre otras. Durante el año 2011, los residentes de los CAR ascendieron a 846.
El presupuesto mantiene una dotación global de 9,12 millones de euros en las partidas dedicadas a ayudas de carácter social a entidades y organizaciones no gubernamentales en régimen de concurrencia competitiva en el área de integración de
los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional. Con estas ayudas se financian, por una parte, programas de acogida integral, educativos, programas de salud, atención específica de mujeres, participación y
fomento de la igualdad de trato y no discriminación; por otra parte, las dirigidas a fortalecer la estructura y capacidad de las propias entidades. Estas actuaciones están cofinanciadas en parte por dos fondos europeos: El Fondo europeo para la
integración de nacionales de terceros países, FEI, y el Fondo europeo para los refugiados, FER. También se incluyen aquellas subvenciones que están cofinanciadas por el Fondo social europeo y se destinan a entidades sin ánimo de lucro para la
financiación de planes realizados en el marco del programa operativo Lucha contra la discriminación, cuyo objetivo es la integración laboral de las personas inmigrantes con especiales dificultades.
Se prevé una dotación de 2,4 millones para facilitar el retorno de aquellos inmigrantes que se encuentran en España y desean regresar a sus países de origen de manera voluntaria. Esta cantidad permite financiar íntegramente los programas de
retorno dirigidos a inmigrantes en situación regular y aportar el presupuesto nacional correspondiente para los programas de retorno de inmigrantes en situación irregular, que están cofinanciados por el Fondo europeo para el retorno. En este
sentido, debe hacerse hincapié en que la situación económica actual en nuestro país está motivando la demanda de retorno de muchos inmigrantes a sus países de origen. Durante 2011 recibió ayuda para el retorno, en cualquiera de sus modalidades, un
total de 4.759 inmigrantes. En estos 2,4 millones de euros mencionados, destinados a este programa de retorno, se incluye el importe que venía dándose a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en forma de subvención directa para la
ejecución del mismo programa. A partir de este presupuesto de 2013, pasa a concurrencia competitiva, integrándose la cuantía total de la subvención de retorno que, como pueden ver en el presupuesto, ha motivado la creación de un nuevo subconcepto.
La ordenación de flujos migratorios laborales se contempla en el proyecto de presupuesto con una dotación de 0,95 millones de euros. Esta política migratoria se concreta en la concesión de subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro y
corporaciones locales cofinanciadas por el Fondo social europeo en el marco de la planificación de campañas agrícolas. Se financian, además, plazas de alojamiento en colaboración con corporaciones locales y empresas privadas. De manera global,
pues, para todas las actuaciones en materia de integración e inmigración del programa 231.H se dedicarán 62,41 millones de euros. A este importe, en su caso, habrá que añadir las provisiones cifradas en torno a 32 millones de euros de los fondos
europeos en las actuaciones cofinanciadas, lo que supondrá una cuantía total para 2013 en el área de inmigración de 94,41 millones de euros.
El programa 231.B, acciones a favor de los emigrantes, cuenta con una dotación de 76,70 millones de euros. La mayor parte de los recursos de este programa se concentra en las partidas que financian
prestaciones a emigrantes y retornados. En primer lugar, por su importancia cuantitativa en el total del presupuesto de la secretaría general, hay que mencionar el mantenimiento de las prestaciones por razón de necesidad para los españoles
residentes en el exterior que tengan más de 65 años de edad o estén incapacitados para el trabajo y se encuentren en una situación de necesidad por carecer de rentas o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Este concepto tiene
una dotación de 60,75 millones de euros y engloba la prestación económica por ancianidad, por incapacidad y la prestación de asistencia sanitaria en sus países de residencia cuando estos carezcan de la cobertura de esta contingencia o la misma se
considere insuficiente. La dotación referenciada, aún suponiendo una disminución del 13,9% sobre 2012, garantiza la cobertura de la totalidad de pensiones que está previsto reconocer en 2013, en la medida en que ha mejorado ostensiblemente el nivel
socioeconómico de los países de residencia. En segundo lugar, con una dotación de 2,3 millones y con un incremento del 15% respecto a la cuantía del presupuesto anterior, hay que mencionar las pensiones de ancianidad para los españoles que retornen
a España desde cualquier país donde está implementada la prestación por razón de necesidad, siempre que acrediten insuficiencia de recursos y hasta que tengan derecho a una pensión no contributiva del sistema español de Seguridad Social. Además, en
línea con lo aprobado en años anteriores, este subconcepto se ha incluido como crédito ampliable. Una y otra medida reflejan la especial protección de que son objeto nuestros mayores retornados. En tercer lugar, hay que mencionar que se mantiene
el importe destinado a las prestaciones económicas que se conceden a los ciudadanos españoles desplazados al extranjero cuando eran niños a consecuencia de la Guerra Civil, con un crédito de 9,35 millones de euros que engloba tanto a los que
permanecen en el exterior como a los que han regresado a España. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha previsto para el año 2013 la subida de un 1% la cuantía de estas prestaciones, que queda fijada en un máximo de 7.129,69 euros por
año y perceptor. Asimismo, para atender de manera inmediata situaciones de extraordinaria necesidad se dota con 0,59 millones de euros una subvención de concesión directa en el interior para emigrantes en el momento de retorno a España, cuando
acrediten insuficiencia de medios, y con 0,3 millones de euros otra ayuda en el exterior dirigida a paliar contingencias puntuales padecidas por los emigrantes. Por último, con una dotación total de 480.000 euros, debo mencionar las subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva con las que se siguen manteniendo las ayudas para proyectos e iniciativas dirigidas a los españoles en el exterior y retornados y las ayudas para centros e instituciones sin ánimo de lucro que desarrollan una
labor sociocultural, sanitaria o asistencial a favor de los españoles en el exterior.
En conclusión, presentamos, señorías, unos presupuestos continuistas de los de 2012. La dotación de la secretaría general para 2013 resulta suficiente para atender las prestaciones a emigrantes y retornados, la actuación humanitaria a favor
de inmigrantes y refugiados y, por supuesto, para continuar desarrollando adecuadamente las actuaciones cofinanciadas por fondos europeos. Este es, en líneas generales, el proyecto de presupuesto que hemos elaborado en la secretaría general. Con
mucho gusto contestaré a las cuestiones que sus señorías quieran plantearme.
La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Ahora tiene el turno de intervención, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señora secretaria general, por estar hoy entre nosotros. Tenemos numerosas cuestiones que preguntarle. La importancia que este Gobierno concede a la inmigración quedó clara casi desde el
primer minuto, se le quitó el nombre al ministerio, pasó de ser de una secretaría de Estado a una secretaría general y poco a poco se va vaciando de contenido hasta llegar a los presupuestos de 2013. La estructura político-administrativa que antes
sustentaba una verdadera política, ahora se ha quedado como un decorado dentro de los presupuestos. Entendemos que en una época de complicación económica bajen ciertas partidas, pero no estamos de acuerdo ni con la cantidad que le corresponde del
todo a inmigración y emigración ni con el propio reparto interno de la secretaría general. Esta fue una constante en su anterior comparecencia para explicar los presupuestos del año 2012: si abandonamos los nutrientes para una sociedad
cohesionada, para que el país siga sano, lo vamos a pagar y costará más caro. Una política de inmigración de integración adecuada es irrenunciable para la sociedad española y para cualquier sociedad que quiera ser una sociedad cohesionada. Hemos
detectado que las transferencias a las entidades locales, que usted decía que no habían descendido, bajan un 15,3% con respecto a las del año pasado, poco más de 3 millones en 2012 y 2,5 millones en 2013 y, a las comunidades autónomas, 4,9 millones
en 2012, bajan un 27%, y en 2013 son 3,5 millones. Me gustaría que me aclarara estos conceptos, porque le voy a leer una frase que dijo en la anterior
comparecencia: En el ámbito de la acogida e integración de inmigrantes resulta fundamental el papel desarrollado por la Administración local, a cuyos servicios públicos acuden los inmigrantes para atender sus necesidades. Entiendo que
usted se reconoce en estas declaraciones -estoy leyendo textualmente- y que el objetivo de los presupuestos, por lo menos los del año pasado -según usted-, era la normalización de la convivencia y la consolidación de una sociedad inclusiva. Me
gustaría saber si cree que estos presupuestos consiguen la normalización de la convivencia y la consolidación de una sociedad inclusiva.
Le voy a poner solo un ejemplo. La partida para menores inmigrantes no acompañados, fuera de los convenios con Ceuta y Melilla que suponen 2.276.000 euros, es 1.300.000 euros, baja de 1.800.000 a 1.300.000. Sabe que la suma de reuniones,
conferencias, cursos y otros da 2.800.000. La suma de 1.100.000 y, otros, 1.700.000, da 2.800.000, que es más del dinero que se transfiere a las entidades locales. ¿Cree ajustado que no se reduzca la publicidad y propaganda, que las reuniones
conferencias y cursos tengan un presupuesto tan elevado y que ese apartado, otros, tenga un presupuesto superior al consignado para la atención de menores inmigrantes no acompañados? Llama mucho la atención esta animadversión contra las partidas
que ayudan a la secretaría general a hacer otras políticas hacia fuera y que no han tenido la misma consideración con partidas mejor paradas, como por ejemplo la de los capítulos corrientes, como la publicidad y la propaganda, que consideramos que
no es importante. Queremos saber si en la secretaría general piensan que esta partida: cursos, conferencias, reuniones, que llega a 1,7 millones, podría reducirse y dedicarse a la maltrecha partida para las Administraciones locales o para las
comunidades autónomas.
Desgraciadamente estos presupuestos son un presagio de una mala gestión. Si al fin y al cabo hemos reducido tanto los presupuestos, no debemos replantearnos revisar otras cosas. En 2012 en emigración había 72 funcionarios, en 2013, 62,
cada vez hay más españoles fuera de España y, sin embargo, baja la atención administrativa. En 2012 había 356 empleados públicos dedicados a la inmigración, en 2013, 339. En la Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección
Social, en el programa 291.M, se da el fenómeno opuesto. En 2011 la partida era de 1.613.000, en 2012 es de 2.333.000 y en 2013 se aumenta hasta 2.938.000. Estamos hablando del capítulo 1, gastos de personal, y del programa 291.M. A pesar de
haber bajado la categoría de secretaría de Estado a secretaría general, van a dedicar más personal. Esto no lo entendemos. Casi están duplicando la partida en gasto de personal cuando las políticas y las acciones han quedado relegadas a la nada.
Es verdad que la partida para las pensiones asistenciales para españoles de origen retornado sube un poquito, 300.000 euros, pero están bajando casi 4 veces las ayudas a emigrantes retornados, a sus familias y a las entidades. No sé si ustedes nos
están intentando marear con los números o estamos muy despistados y nos gustaría que nos explicara estos dos programas y si tienen alguna relación.
En la anterior comparecencia señalaba que el Fondo de integración de inmigrantes -que se ha suprimido- era un instrumento de gran utilidad en el marco de la colaboración interadministrativa en materia de integración de los inmigrantes, pero
en ningún caso -decía usted- como el único instrumento de dicha colaboración administrativa. Comentaba que no era admisible que no haya discurso sin fondo. No podemos decir que no hay política de integración sin ese fondo. Decía que el Estado
debe seguir desarrollando iniciativas en materia de integración en el desarrollo de su competencia y también las comunidades autónomas en el ámbito de los asuntos sociales. En este punto me gustaría saber si desde su secretaría se ha valorado el
descenso de estas partidas que, aunque no son concretas de esta área, sí afectan a los inmigrantes en el ámbito de los asuntos sociales de las comunidades autónomas. Sé que no corresponde a su departamento, pero conoce cómo van a ser atendidos los
inmigrantes que han pasado a estar en una situación irregular, muchos sobrevenidos -como usted sabe- por la crisis económica. No hemos encontrado ninguna partida de las asociaciones que trabajan con inmigrantes que suba, pero tampoco en Sanidad,
como en Médicos del Mundo y demás. Aunque no está dentro del marco presupuestario, pero sí es de su negociado, porque estamos hablando de inmigración y de inmigrantes, queremos saber si conoce qué partidas están subiendo y con quién se pretende que
los inmigrantes irregulares firmen un convenio, que nosotros rechazamos, porque será más caro para todos, y no solo por razones económicas, sino por razones de integración.
En la anterior comparecencia se habló de las bandas latinas y de que estaban conformadas por jóvenes de quince a veintiún años, en las que había una baja presencia de españoles, por lo que eran jóvenes procedentes de otros países. Póngase
en el lugar de un chico de trece años que con estas políticas -y enlazo otra vez con otras partidas, pero que afectan mucho- de lastrar las clases compensatorias que afectan en un porcentaje muy elevado a la población inmigrante, con una bajada en
las partidas destinadas a Asuntos Sociales, y resulta que el padre de este chico puede ser que haya perdido el permiso de residencia y de trabajo por la crisis o a consecuencia de la propia enfermedad que le ha llevado a dejar de trabajar.
Usted piensa que este chico, que se ha quedado sin programas de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, por el descenso de las partidas, es más o menos vulnerable a la captación de estas bandas y a la posible incorporación o captación de
las mafias, de lo que se habló aquí. Estamos tocando algo importantísimo. En lo que le he leído y prestado atención, sé que comparte con nosotros esa preocupación, ese fondo de saber que lo que hagamos mal hoy lo vamos a pagar mañana. (El señor
presidente ocupa la Presidencia). También sé que sabe que no compensa. Nos prestamos a la mayor de las colaboraciones para presentar cualquier enmienda y le preguntamos si hay margen para trasladar, por ejemplo, esas partidas de publicidad,
propaganda, reuniones, conferencias y otros, que superan las cantidades destinadas a entidades locales, y para que este capítulo de personal, que sube casi al doble que hace dos años, sea modificado para que se apliquen políticas de integración.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, don Ildefonso Pastor.
El señor PASTOR GONZÁLEZ: Ante todo quiero darle la bienvenida a la secretaría general de Inmigración y Emigración, en nombre del Grupo Parlamentario Popular y en el mío propio, y felicitarle por la exposición que ha realizado que, en mi
opinión, ha resultado muy clara y muy bien ordenada, y que le agradezco personalmente porque nos facilita mucho el trabajo.
Antes de comenzar a entrar en el fondo del asunto, me gustaría realizar dos breves reflexiones previas. La primera es que estos presupuestos, que estamos comenzando a debatir hoy en su trámite parlamentario, nos devuelven a la normalidad,
frente a la excepcionalidad de los presupuestos del año 2012, los cuales tuvimos que debatir en un tiempo no apropiado, debido fundamentalmente a que el Gobierno anterior hizo dejación de sus funciones, en un último acto de incompetencia e
irresponsabilidad que caracterizó la legislatura pasada. Una segunda reflexión, que no es de este portavoz -y que entiendo que es de alguien que tendrá un mayor predicamento en la bancada de la oposición-, que dice que si hubiéramos ahorrado más y
tomado prestado menos dinero del exterior, ahora probablemente estaríamos sufriendo menos. Esta reflexión, como ustedes saben, es del presidente del Gobierno anterior.
Respecto a los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno, nuestro grupo hace una valoración positiva, entendiendo que se trata de unos presupuestos realistas que atienden a lo que de verdad está pasando, a la situación
real de la economía y de la Administración española. Son unos presupuestos austeros, evidentemente, como no puede ser de otra manera en estas circunstancias, en los que se produce una fuerte reducción de gastos. Son responsables frente a lo que
hemos padecido durante los últimos años. Son unos presupuestos que afrontan la consolidación fiscal, que antes no se afrontó, y que nos llevan a una situación en la que en este ejercicio tenemos que hacer frente a un pago de 38.000 millones en
concepto de intereses de la deuda. Finalmente, son unos presupuestos -así lo entendemos- profundamente sociales, en los que el 63% del gasto se destina a esta materia de protección social. Pretendemos proteger los intereses de todas las personas y
no dejar a nadie tirado.
Entiendo que los presupuestos de su secretaria general, después de haber escuchado su exposición, van en esa misma línea que nosotros defendemos desde el Grupo Parlamentario Popular. Son unos presupuestos continuistas, usted lo ha dicho,
pero al mismo tiempo son compatibles con la austeridad y salvaguardan los principales programas asistenciales y de atención humanitaria, donde nosotros queremos poner el foco. Reconocemos obviamente que existe una menor disponibilidad
presupuestaria, qué más nos gustaría a nosotros que no se hubiera dilapidado el dinero de los españoles. Como ha señalado la secretaria general, es importante en estos momentos -y realmente debería serlo siempre- optimizar el gasto y priorizar
aquellos programas más eficaces, social y económicamente, algo que, según la realidad de nuestra situación presupuestaria (La señora Hernández Gutiérrez: el programa de publicidad), no se debió de hacer antes. He anotado algo que comentaba la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, decía que no consideraban la propaganda como algo importante. Creo recordar que hubo un gasto especialmente fuerte en la anterior legislatura -que cualquiera con dos dedos de frente podría considerar
como propagandístico o, por lo menos, así me lo parece- en aquellos carteles del PlanE, que no supusieron realmente un empujón a la política productiva de este país.
Me gustaría plantearle una serie de cuestiones en relación con su intervención. En primer lugar, ha hecho referencia, en un par de ocasiones, a la extensión del procedimiento de concesión de subvenciones
en concurrencia competitiva, como así había avanzado en su comparecencia anterior, en los presupuestos para el año 2012, y como también avanzó la ministra. Concretamente aludía a un plan estratégico de subvenciones para garantizar la
transparencia, por lo que me gustaría preguntarle si dicho plan aparece ya reflejado en los presupuestos y si su departamento tiene previsto avanzar en esa línea, puesto que en el presupuesto aún se contempla la concesión de subvenciones nominativas
a algunas entidades.
Respecto a los menores no acompañados, a los que se refirió en su anterior comparecencia, nos señalaba que se había producido una ralentización en el flujo de llegada. Me gustaría preguntarle, si nos puede contestar -y si es tan amable- si
es posible confirmarnos si esa tendencia se mantiene en este ejercicio, así como cuáles son las previsiones que se contemplan desde su departamento. Igualmente, si es factible conocer el gasto medio que supone la atención a estos menores no
acompañados.
También nos ha informado sobre el montante que suman los fondos europeos, así como los porcentajes de cofinanciación. Sin embargo, en relación con las partidas destinadas a políticas de retorno existe una partida nueva, que está
cofinanciada por el Fondo europeo para el retorno de inmigrantes, sobre la que no ha comentado cuál es el porcentaje de cofinanciación, así como el monto total que alcanzarían las políticas de retorno de inmigrantes. Nos gustaría, si dispone de los
datos, que nos pudiera aclarar este punto.
Finalmente, en las políticas destinadas a la inmigración, aludía a las prestaciones por necesidad a los españoles residentes en el exterior, mencionando que las condiciones socioeconómicas en sus países de residencia han mejorado y que ello
ha supuesto una bajada en la demanda o una disminución en el número de beneficiarios de estas ayudas. Nos gustaría, si es posible, que nos aclarase la evolución y las previsiones que se contemplan desde su departamento.
El señor PRESIDENTE: A continuación, y para concluir el punto del orden del día y la Comisión, tiene la palabra la secretaria general de Inmigración y Emigración, doña Marina del Corral.
La señora SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Señora Hernández, supongo que cuando se refiere a las cantidades que se han transferido desde la secretaría a los entes locales se está refiriendo a las
subvenciones (La señora Hernández Gutiérrez: Sí), porque nosotros no transferimos ninguna cantidad. Que quede claro que no hacemos ninguna transferencia. No es cierto que se esté produciendo una desprotección a la población inmigrante, como ha
señalado usted, sino que además de mantener todas las subvenciones de concurrencia competitiva en materia de integración social y retorno que se convocaron en 2011 -y me refiero al año 2011-, la mayoría de las cuantías han aumentado. Ello es así
porque, como he señalado en mi comparecencia, una de las prioridades de nuestra gestión está siendo el mantenimiento de todos los programas que cuentan con financiación comunitaria. Ello nos permite compatibilizar la financiación de las políticas
inmigratorias con la ejecución de las directrices de restricción presupuestaria. La convocatoria para la concesión de subvenciones en el área de integración de los inmigrantes solicitantes de protección internacional y apatridia contó en 2011 con
unos recursos de 19,44 millones de euros y en el 2012 la cuantía está siendo de 20,75 millones de euros, es decir, un 1,21 millones de euros más. No es una cifra apabullante, pero es superior. La convocatoria de ayudas al retorno voluntario de
inmigrantes se convocó en 2011 con un importe de 2 millones de euros y la de este año cuenta con 3,70 millones de euros. Además la convocatoria de ayudas a las entidades locales para el desarrollo de programas innovadores, que promueve la
integración de los inmigrantes -a la que expresamente se ha referido-, se ha incrementado en casi un millón de euros, de 4,07 millones en 2011 ha pasado a 5,02 millones en 2012, y aún está abierta.
Las cifras del proyecto de presupuestos que les he presentado, junto con el incremento previsto de la cofinanciación, permiten seguir en la misma línea en 2013. Como he dicho, aparecen los mismos números que en 2012. Me ha preguntado sobre
los menores no acompañados -aprovecho para contestar a ambos intervinientes, porque el señor Pastor también se ha interesado por ellos-, efectivamente la cifra de llegada de menores extranjeros no acompañados ha descendido y sigue esa tendencia de
bajada. En el año 2011 llegaron 588 menores en patera, en 2012, hasta agosto, tenemos registrados 255 menores, es decir, la media en el 2011 se situó en 49 menores/mes y en este año la media es de 32 menores/mes. Decía que le parecen
desproporcionadas las cifras que destinamos a la protección de menores (La señora Hernández Gutiérrez: Al contrario), voy a darle las cuantías que destinamos a los menores. La Administración General del Estado destina, a los menores que tenemos
registrados, una media de 6.155,98 euros menor/año. Esto lo puede decir todo.
El señor Pastor me ha preguntado si era previsible saber el número de menores que puedan venir en el 2013, esto es imprevisible. Le puedo confirmar que el Gobierno tiene la firme intención de seguir trabajando en la prevención de las
llegadas. Para ello es un tema capital para nosotros colaborar con los países de origen, de procedencia de estos menores. El pasado 13 de septiembre, en Marrakech, tuvimos una reunión del Grupo permanente hispano-marroquí en materia de inmigración
y uno de los asuntos tratados fue el de los menores no acompañados y la problemática que tienen, y la colaboración estrecha que existe entre ambos Gobiernos es evidente. Los menores no vienen solos, siguen los mismos flujos que los adultos. El
Gobierno de Marruecos está haciendo una labor importantísima en la contención de los flujos irregulares de inmigrantes, incluidos los menores. La bajada de la afluencia de menores se ha notado mucho. Pensamos continuar con la misma colaboración,
no solo con Marruecos sino con otros países de procedencia de estos menores.
Me pretendía sacar los colores con el programa 291.M, la diferencia de presupuesto que está percibiendo solo se debe a la diferencia de estructura orgánica que tenemos dentro de la secretaría. La anterior Secretaría de Estado tenía tres
direcciones generales y una serie de unidades de apoyo, además de un Observatorio permanente de la inmigración y el Oberaxe, Observatorio español del racismo y la xenofobia. Todos estos organismos han ido subiendo para depender directamente de mí,
porque con la nueva estructura de la secretaría solo tenemos una dirección general. Está la secretaría general y, si lo ven en el organigrama del ministerio, de ella dependen directamente varias unidades importantes que antes podían ser
subdirecciones, y de hecho lo son. Están la subdirección de régimen jurídico, la subdirección general de planificación y gestión y el Oberaxe. Todas estas unidades dependen directamente de la secretaría general. Trabajo día a día con todos ellos,
por eso soy quizá más técnica, y por eso está reflejado en el presupuesto del 291.M.
En cuanto a las subvenciones para el retorno voluntario de inmigrantes concedidos en régimen de concurrencia competitiva, al principio de mi intervención he señalado las tres directrices que hemos seguido en la elaboración del presupuesto,
entre las que estaban la transparencia en la estructura y definición de los conceptos presupuestarios y la extensión del procedimiento de concesión de subvenciones en concurrencia competitiva. ¿Cómo afecta esto al retorno? En el año 2013 figuran
en nuestro presupuesto, separadamente, las partidas destinadas a retorno voluntario de regulares. Quizá debería decir esto como premisa: el retorno voluntario de regulares, de personas que tienen documentación en España, solo se puede efectuar con
presupuesto nacional. Antes estaban todos mezclados y por eso puede dar la impresión de que la cuantía era superior, pero no es así. Insisto, en el año 2013 hemos separado esas dos fuentes: la financiación nacional y la financiación de los fondos
europeos. En el año 2013 aparece 1,4 millones de euros para el retorno voluntario de regulares con cargo al presupuesto nacional, lo que con respecto al presupuesto que presenté en el año 2012 significa una disminución de 600.000 euros, pero no es
tal, porque esa disminución simplemente se separa y nos aparece que tenemos un millón de euros en retorno voluntario de inmigrantes cofinanciado con fondos europeos, con el Fondo europeo para el retorno. En el presupuesto de 2013 aparece un millón
de euros que proceden, por una parte, de los 600.000 euros que le acabo de mencionar. Por otra parte, también les he mencionado antes, la Organización Internacional de Emigraciones, la OIM, deja de ser beneficiaria de una subvención directa para
concurrir, junto con otras entidades, en idénticas circunstancias, concurrencia competitiva. En total para este retorno tenemos un millón de euros. ¿Qué significa? Que ese millón de euros es nuestra parte de cofinanciación, que es un 25% y el
otro 75% nos viene de fondos europeos. También he dicho durante mi intervención que en términos netos este año 2012 hemos recibido más fondos europeos que en el año 2011 y para 2013 aún recibiremos más que en el año 2012. Todo esto redunda
finalmente en un mejor aprovechamiento de recursos públicos, que en definitiva es de lo que estamos hablando continuamente y lo que inspira la elaboración del presupuesto.
Ha mencionado, aunque no directamente, el Fondo de apoyo y de ayuda a la integración de los inmigrantes. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. No ha desaparecido, simplemente queda suspendida la dotación. No hay dotación para este año 2013
porque no tenemos presupuesto para hacerlo. En mi intervención, cuando presenté los presupuestos de 2012, ya les demostré que en ningún caso la dotación de ese fondo había estado regida por el número de inmigrantes que había, todo lo contrario,
siempre se ha regido por la disponibilidad presupuestaria. Eso se lo demostré perfectamente. Si quiere le vuelvo a decir todos los números.
En cuanto a sus preguntas sobre sanidad y asuntos sociales, incluso por respeto, considero que es mucho mejor que le respondan mis compañeros de los departamentos correspondientes.
Señor Pastor, me falta contestarle sobre la política de subvenciones. Efectivamente, la revisión de la política de subvenciones era uno de los objetivos que el departamento se había fijado y que había sido anunciado por la ministra. Su
pregunta era de qué manera se reflejaba esto en la labor de la secretaría. En primer lugar, hemos aprobado nuevas bases reguladoras de las subvenciones de concurrencia competitiva, conforme a las cuales se están tramitando las convocatorias del
ejercicio de 2012. La revisión se ha realizado con el objeto de incrementar la transparencia, reducir la discrecionalidad, aumentar el control en la ejecución y la rendición de cuentas, promover la cofinanciación público-privada -esta ha sido una
novedad y se siguen presentando- y favorecer el rigor y la austeridad presupuestaria. En segundo lugar, como señalaba el pasado mes de abril en mi comparecencia, hemos hecho un plan estratégico de subvenciones que ha sido integrado en el plan
estratégico del que ha hablado el subsecretario en su intervención, el Plan estratégico de subvenciones 2013-2015. En ese plan, entre otras cosas, se persigue dar respuesta a las exigencias constitucionales de una gestión eficiente y eficaz de los
recursos públicos. En dicho plan se ha procedido igualmente a una simplificación de la gestión, reduciéndose el número de subvenciones. De 69 programas subvencionables que había, hemos reducido a 40, lo que no significa en ningún momento una
reducción de la protección, sino una eliminación de duplicidades.
Uno de los puntos principales en la planificación estratégica de subvenciones en materia de migraciones que fue anunciado por la ministra fue reducir al máximo las subvenciones nominativas. Esto tiene una plasmación evidente en el
presupuesto de 2013 que presentamos hoy, porque de las cuatro subvenciones nominativas que se venían dando -no es una cuestión que hayamos inventado nosotros, se venían dando así-, una de ellas, la subvención a Cruz Roja, Accem y Cear para atención
a refugiados, que anteriormente, en 2012, era de 9 millones de euros, pasa a concurrencia competitiva de manera paulatina. En la primera parte del año seguirá siendo nominativa y se destinarán 4,5 millones de euros, que se repartirán entre estas
entidades, y en la segunda parte del año, los otros 4,5 millones de euros pasarán a concurrencia competitiva. La que también ha desaparecido directamente como nominativa es la subvención a la OIM, que pasa a participar de la concurrencia
competitiva con otras entidades. He de decir también que la OIM antes no tenía esa posibilidad, porque a las organizaciones internacionales no se les permitía concurrir. En la revisión que hemos hecho de las bases esta restricción se ha levantado
y por consiguiente puede concurrir. Se han mantenido otras dos de crucial importancia. Una de ellas es la subvención a Cruz Roja para la asistencia a los inmigrantes que llegan a pie de playa, por su experiencia, estructura y localización
territorial en costas y puertos de mayor afluencia y capacidad. No hay -hemos indagado- ninguna organización que tenga una estructura equivalente para poder atender adecuadamente este servicio. También se ha mantenido la subvención a Acnur, que si
bien no es muy cuantiosa, es una concesión que deriva de compromisos internacionales. Se prevé la participación expresa del alto comisionado en el proceso de integración de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional.
Creo que con esto he respondido a todas las preguntas. Muchas gracias a todos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria general de Inmigración y Emigración, doña Marina del Corral. Con la conclusión de su intervención, finalizamos la Comisión.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.