ellos, puesto que forman un conjunto que refleja una única
voluntad político-legislativa, la de reformar el sistema tributario
español para favorecer a las grandes empresas y a las rentas más altas,
en perjuicio de los intereses generales y, en particular, de las rentas
más bajas y medias.

Y se hace, además, de manera irresponsable puesto que el
resultado en ningún caso garantiza la suficiencia financiera a las
Administraciones Públicas para las ya muy deterioradas prestaciones y
servicios propios del Estado de Bienestar que, inevitablemente, recibirá
un nuevo hachazo.

Nuestra Constitución, que tanto invocan el PP y el Gobierno
pero que tanto pisotean con sus políticas y su actuaciones diarias,
establece que el sistema fiscal debe ser justo, inspirado en los
principios de igualdad y progresividad, así como eficaz, para lograr la
consecución del mandato del artículo 31 de la Constitución de que todos
contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su
capacidad económica.

Previamente a la aprobación de la Carta Magna, en octubre
de 1977 se habían firmado los «Pactos de la Moncloa», cimiento del
acuerdo social y político que significó la «modélica» Transición,
incluían la figura de un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
de carácter global, personal y progresivo. Y el 8 de septiembre de 1978
se aprobó la Ley 44/1978 del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas con una importante progresividad aunque los elevados niveles de
fraude devaluaran su eficicacia.

Pues bien, el proyecto de Ley que motiva este Veto infringe
directamente el mandato constitucional y se aleja cada vez más de los
compromisos de la Transición y del texto original de la Ley de 1978.

Sus medidas son injustas y desiguales ya que siguen el
camino de destrucción de la progresividad fiscal (pues no contribuyen más
quienes tienen más capacidad económica) y, en su injusticia, son también
ineficaces pues no garantizan un aumento de la recaudación ni ayudan a
salir de la crisis económica en la que nos encontramos.

No es cierto que la crisis se haya acabado. Por ello, lo
necesario hubiera sido que el Gobierno acometiera una reforma fiscal que
ayudase a la recuperación económica, la creación de empleo y a una mayor
justicia social. Nada de esto hay: las medidas son ineficaces y muy
injustas socialmente ya que ahondan en la pérdida de progresividad que ha
caracterizado a las reformas fiscales de los distintos gobiernos del PP y
del PSOE, las de 1991, 1998, 2002 y 2006. En este sentido albergamos
dudas fundadas de la plena constitucionalidad de esta reforma, que vacía
el contenido del artículo 31 de la Constitución hasta convertirlo en un
precepto puramente nominal: igualdad, justicia, progresividad,
contribución de los que tienen más capacidad económica: nada de esto hay
en la misma.

Desde el inicio de la crisis las condiciones sociales en
España están sufriendo un deterioro cada vez más pronunciado que ha
llevado a que cerca de un 25% de la población viva en condiciones de
exclusión social. La sociedad española se empobrece cada día por la caída
de las rentas y el aumento de la desigualdad en su reparto, por el
contrario la economía sumergida está próxima al 25%, el 72% del fraude
fiscal tiene por origen las grandes empresas y fortunas y Hacienda sólo
cobra 1 de cada 6 euros de fraude descubierto, todo ello sin tener en
cuenta la elusión fiscal existente utilizando las SICAV o los paraísos
fiscales aprovechando mecanismos de ingeniería financiera no
ilegales.

Pero mientras sucede esto, los más ricos en España, que
ingresaban 5.7 veces más que los más pobres, ahora después de 6 años de
crisis ingresan 7,2 veces más y este número va en un aumento incesante.
En 2012 España registró el índice más alto de la UE de desigualdad (GINI)
en la distribución de ingresos. Ningún otro país industrializado ha
tenido un reparto tan desigual de los costes de la crisis. El hundimiento
de las rentas más bajas y los recortes de derechos y en las políticas de
protección social solo han hecho que la fractura social en nuestro país
se haya agravado. Por ejemplo, se da un nuevo apoyo a la banca, cuyo tipo
efectivo respecto de su resultado contable está ya en un escaso 8,4%,
acumulando casi 128.000 millones de bases imponibles negativas que pueden
compensar, por lo que mantener el tipo nominal en el 30% les produce más
beneficios que perjuicios fiscales.

No es extraño que con estos hechos el 87% de los
ciudadanos, según el CIS, opine que el sistema fiscal es injusto. Tienen
toda la razón.

Llegados a este punto hay que recordar que la reforma
fiscal presentada por el Gobierno ante esta Cámara ha contado con los
trabajos previos de un grupo de expertos, presidido por el Sr. Lagares,
cuyo informe no perseguía ni el aumento de la recaudación, ni la
redistribución ni la reducción de la desigualdad solo pretendía instaurar
el pensamiento único reaccionario neoliberal defendiendo un modelo
recentralizador de fiscalidad, la necesidad de bajar impuestos y el
recorte del gasto como único instrumento para obtener la consolidación
fiscal, ignorando la realidad social del país, el problema del paro y del
empobrecimiento de la población.

Con esos mimbres, finalmente el gobierno del PP ha optado
por presentarnos una reforma fiscal que no resolverá los problemas de
desigualdad e inequidad del actual modelo tributario ni de la sociedad en
su conjunto, al contrario, profundizará en muchos de ellos. Y esto es así
porque a nuestro juicio esta reforma parte de conceptos falsos.

El primero de ellos es que la presión fiscal en España es
elevada. Sin embargo, según los datos europeos hechos públicos el 17 de
junio de 2014, la presión fiscal se sitúa en el 32,5% del PIB, una cifra
verdaderamente baja. Estamos seis puntos y medio por debajo de la media
europea. Si la comparación se hace con los países próximos al nuestro,
como Italia o Francia, entonces la diferencia es abismal: más de once
puntos por debajo.

La realidad es que el sistema tributario en España recauda
poco y ello es debido en gran parte gracias a las distintas reformas
fiscales realizadas por anteriores Gobiernos. Lo hace menos que la media
de los países europeos y además de manera que el grueso de la recaudación
proviene del trabajo a través del IRPF y el consumo de los ciudadanos a
través del IVA y los Impuestos especiales sobre la gasolina, tabaco y
alcohol —impuestos todos ellos que han sufrido subidas sensibles
desde 2008— y no de las rentas del capital ni de los beneficios de
las empresas. Esto es una prueba de que la estructura de recaudación
fiscal española está descompensada, situación que no parece que vaya a
cambiar tras esta reforma.

En segundo término, la experiencia ha demostrado que la
idea de que bajar los impuestos aumenta el consumo es, como poco,
discutible y nunca ha sido comprobada. Por un lado las rentas más bajas
no se ven afectadas por la reforma porque no alcanzan el umbral de
tributación. Las medias corresponden a familias que presentan un elevado
nivel de endeudamiento y que deberán utilizar el estrecho margen de los
recursos que no deberán paga como impuesto, a afrontar amortizaciones e
intereses. Y las rentas altas, que tendrán una disminución significativa,
mantendrán su elevado nivel de consumo, que ya podían sostener
previamente y la disminución fiscal representará solo un aumento de su
capacidad de ahorro y la orientación de los recursos liberados a
operaciones especulativas.

El tercero es la creencia de que la pérdida de recaudación
global derivada de la reforma, entre 6.700 y 9.000 millones de euros, se
equilibrará con el aumento de la actividad económica. Pero esa mejora ni
está ni se la espera: con un déficit del 7% (sin contar el rescate
bancario), la deuda pública en el 100%, el compromiso con la UE de nuevos
recortes, las reticencias y nuevas exigencias de la UE, etc, la bajada de
salarios conducirá a una disminución añadida del IRPF y con ello al
estancamiento del consumo y al descenso de la recaudación por IVA (lo que
forzará previsiblemente a un nuevo aumento del impuesto, requerido por
Bruselas. El desempleo continúa mostrando unas cifras escandalosamente
elevadas más allá de disminuciones coyunturales. Cada vez más ciudadanos
están abocados a la precariedad, con contratos temporales y a tiempo
parcial, los salarios están bajando, incrementa la pobreza y las familias
sin recursos. A ello hay que añadir la situación internacional que se
caracteriza, entre otras cosas, por un estancamiento en las previsiones
económicas de nuestros principales clientes en el exterior, tanto de la
UE como de los BRICS y grandes incertidumbres en la situación
geoestratégica y los suministros energéticos, a lo que hay que añadir,
ahora en España, una situación al borde de la deflación, extremadamente
peligrosa.

En resumidas cuentas: los asalariados, en general, y la
clase trabajadora, en particular, son los que soportan —y seguirán
soportando— el grueso de las aportaciones al erario público, vía
IRPF (por las rentas del trabajo), IVA e impuestos especiales (sobre la
gasolina, el tabaco y el alcohol). Impuestos que han subido sensiblemente
desde 2008, lo que ha originado que la distribución de la presión fiscal
que soportan los hogares de los asalariados españoles haya crecido de
forma muy notable. Así, por ejemplo, entre 2009 y 2011 el tipo medio
efectivo pasó del 19,5% a casi el 22%, debido principalmente a la subida
del gravamen medio efectivo del IRPF al subir del 10,9% al 12,2%, y el
del IVA del 6,2% al 7,1%. Esta Ley no mejorará esta situación.

Mientras tanto, han bajado las aportaciones de las grandes
empresas, de sus directivos y de sus asesores, consolidando el proceso de
polarización social que se ha producido en esta crisis.

Y este Proyecto de Ley del Impuesto refuerza tal
realidad.

Es decir: el sistema fiscal ha sido pervertido por las
políticas del PP. En la actualidad no cumple las funciones que le
atribuye el artículo 31 de la Constitución. Bajo el Gobierno de Rajoy se
ha convertido en un instrumento de explotación de los asalariados y los
pequeños empresarios, que son los que están contribuyendo casi en
exclusiva al mantenimiento de los gastos generales.

Este Proyecto de Ley, en lo que afecta a la regulación del
IVA, modifica de modo sustancial el régimen de tributación de los Entes
Públicos dado que quedarán no sujetas al Impuesto de todas las
prestaciones de servicios que estos Entes realicen, incluidas todas las
prestaciones que las Administraciones Públicas reciban de sus sociedades
mercantiles, ya sea en virtud de relaciones jurídicas internas por la vía
de la encomienda de gestión o los encargos de ejecución, ya sea mediante
cualquier otra fórmula en la que estas sociedades mercantiles se
presenten como proveedores de servicios a estas Administraciones.

Tal modificación provocará un gasto añadido en el sector
público empresarial en concepto de IVA no deducible y con ellos una
subsiguiente minoración de la disponibilidad presupuestaria de las
Administraciones territoriales no recaudadoras, autonómicas y
locales.

Por otro lado mantiene el tipo vigente sobre el suministro
doméstico de electricidad y gas que, los Senadores que presentamos esta
Propuesta de Veto pensamos que, al igual que ocurre con otros Estados de
la UE, se debe de aplicar un tipo inferior, planteando que éste sea del
10%. Igualmente planteamos la reducción del tipo, en este caso al 4%,
para el transporte de viajeros (salvo el aéreo), consumo de aguas aptas
para la alimentación, entrada a manifestaciones culturales y espectáculos
deportivos de carácter no profesional y a la industria cultural (museos,
salas cinematográficas, teatros…).

Aunque el Proyecto supone un avance positivamente en la
aplicación del régimen simplificado, debiera reservarse el mismo en el
caso de las actividades agrícolas, forestales y ganaderas cuyos ingresos
no superen los cien mil euros anuales.

Por otra parte, creemos que se debe extender el régimen
especial del criterio de caja a todos los sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones durante el año natural no ha superado los diez millones de
euros.

En relación a la reforma de la Ley de Impuestos Especiales
rechazamos la exención al combustible utilizado en los vuelos domésticos
y en embarcaciones por su repercusión medioambiental; también planteamos
la eliminación de las exenciones y bonificaciones fiscales para las
embarcaciones y aeronaves de recreo y alquiler. Igualmente, se introducen
diferentes modificaciones para propiciar el uso de vehículos con menores
emisiones a la atmósfera y gravar más a los vehículos más contaminantes,
así como para aproximar progresivamente de las tarifas de las gasolinas
sin plomo y los gasóleos de uso general y eximir a los vehículos
eléctricos y a los adscritos a régimen de car sharing.

Por otro lado, creemos necesario modificar la Ley 15/2012,
de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética, eximiendo del gravamen previsto a todas las tecnologías
renovables en régimen especial y a las renovables destinadas al
autoconsumo.

Finalmente quienes suscribimos este Veto planteamos que el
Gobierno presente un Proyecto de Ley sobre bienes suntuarios.

A lo dicho, se añade que el conjunto de la reforma
fiscal:

a) Es recentralizadora porque no ha contado previamente con
las CCAA a la hora de diseñar las medidas pero en cambio tendrá
consecuencias sobre los ingresos al disminuir tributos de recaudación
parcialmente cedida. Además se incentiva nuevamente una ola de rebajas
fiscales a las CCAA cuando el principal problema es el ahogo financiero y
la falta de recursos para financiar los servicios públicos.

b) Aumentará la desigualdad de género ya que promueven de
nuevo deducciones fiscales para las políticas familiares mientras se
recortan servicios de atención a las personas, promoviendo un modelo vía
incentivos económicos donde es la mujer la que se encarga de estas
tareas.

c) No aborda el fraude fiscal ni la economía sumergida
aumentando la desafección de la ciudadanía respecto a la responsabilidad
fiscal así como la desigualdad en la contribución al sistema en función
de la renta.

d) Renuncia una vez más a aplicar medidas de fiscalidad
ambiental mientras promueven con sus políticas a los sectores más
contaminantes y agresivos con el medio ambiente. La falta de
incorporación de la fiscalidad verde agrava el componente de desigualdad
del sistema porque son las grandes empresas las que externalizan los
costos ambientales y para la salud de las personas en el conjunto de la
sociedad.

Por tanto, cabe decir que la concepción de la reforma no
responde a las verdaderas necesidades fiscales, presupuestarias, sociales
y medio ambientales españolas, sino que responde más bien a un carácter
electoralista y de maquillaje —que rezuma por todos sus
costados— para insistir en el mensaje de la «recuperación» y que
bajar impuestos es positivo.

Esta reforma está pensada para recuperar la vinculación con
una base social profundamente defraudada y desmotivada desde el punto de
vista electoral. Por eso el Gobierno la ha dividido en dos años, para
aprovecharla como reclamo electoral en las dos convocatorias electorales
próximas. Además, están apareciendo contradicciones en el seno de los
sectores económicos que apoyan al Gobierno,

algunos de los cuales reclaman ventajas fiscales mayores
para los lobbies y grupos de interés al que cada uno se vincula.

Este carácter electoralista se refuerza aún más con el
método utilizado: anuncio en el Consejo de Ministros, publicación como
anteproyecto para iniciar un supuesto período de información pública,
texto definitivo en julio, debate parlamentario en otoño, etc.

Frente a los contenidos del Proyecto, los Senadores que
formulamos esta Propuesta de Veto estamos convencidos de que el
instrumento fundamental que haría posible la creación de empleo digno y
una salida de la crisis favorable a la mayoría social es una reforma
fiscal justa. Exactamente lo contrario que nos trae el Gobierno.

La política fiscal no sólo consiste en cuánto y cómo se
ingresa, sino también en establecer cuánto, cómo y en qué se gasta. No se
trata de subir o bajar impuestos sin más, sino de asegurar la
contribución fiscal que permita resolver las necesidades sociales, sobre
la base de que paguen más quien más tiene o gana. Por tanto ha de ser
suficiente, progresiva y equitativa, pero esta reforma fiscal ni siquiera
aborda los cambios estructurales que son precisos en el sistema
tributario español y, por tanto, no corrige sus disfunciones.

En el IRPF la reducción de los tramos en las tarifas,
recortando precisamente los que afectan a las rentas más altas, y las
elevadas disminuciones en la imposición sobre los tramos más elevados, se
comen la progresividad y limitan la capacidad recaudatoria fiscal del
Estado, lo que hará que los recortes sociales y la degradación de
servicios públicos se hagan estructurales y reducirá la capacidad del
sector público para invertir en la economía e impulsar la recuperación
económica así como una transición a un nuevo modelo productivo más
sostenible y generador de empleo.

No tiene en cuenta el incremento de la desigualdad entre
las rentas salariales y las rentas empresariales (que siguen subiendo a
pesar de la crisis), ni el impacto que esto tendrá en términos de
crecimiento de la pobreza y las desigualdades sociales o la bajada de los
salarios en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de
pensiones, así como su efecto sobre el ya de por sí muy tocado consumo
interno. Tampoco se da ninguna prueba de cómo creará empleo, más allá del
acto de fe de que siendo más competitivos, gracias a la reducción de los
salarios, aquél se creará. Sin embargo, los datos demuestran que la caída
de los costes laborales no está sirviendo para ganar en competitividad,
sino para aumentar los beneficios empresariales.

El Gobierno, adicionalmente, presenta las cosas en un
modelo de comunicación con resultado de confusión. En cuanto al IRPF, el
argumentar sobre porcentajes para dar la impresión de que el 12% de los
ingresos más bajos es lo mismo que el 12% de los más altos, obvia que los
11,5 millones de trabajadores y pensionistas con ingresos inferiores a
12.000 euros anuales no tendrán ninguna mejora tributaria real, pero si
se verán obligados a pagar más por los servicios sociales como
consecuencia de los recortes y los aumentos de la imposición indirecta.
Frente a lo que dice el Gobierno, la renta disponible de las familias no
mejorará. Las bajadas en los tipos para las rentas más bajas no son
suficientes para compensar los retrocesos en políticas sociales y la
disminución de los salarios, que han supuesto un empeoramiento en las
condiciones de vida de las familias, que ahora tienen que destinar un 22%
más para gastos en educación y un 9,5% adicional para gastos en
salud.

Además se introducen algunas medidas que ya no solo es que
sean discutibles, sino que producen cierta vergüenza ajena. En un país
cuyo Gobierno ha echado al extranjero a miles de jóvenes muy preparados,
con altísimas cualificaciones técnicas necesarias para el desarrollo del
país, que ha recortado sin piedad, hasta casi secarla, la inversión en
I+D+I, este Gobierno conserva, con el objetivo de atraer profesionales
altamente cualificados (excepto deportistas profesionales), que los
trabajadores extranjeros desplazados a España puedan tributar como no
residentes a un tipo del 24% para los primeros 600.000 euros de
retribución y durante cinco períodos impositivos consecutivos. ¿Quiénes
serán los principales beneficiados de esta medida?: los directivos de los
fondos buitres que han caído sobre España, llamados por este Gobierno,
para hacerse, a precio de saldo con las riquezas nacionales.

Frente al injusto modelo del Gobierno y del PP, los
Senadores que suscribimos el Veto, al igual que hicieron en el Congreso
los diputados de la Izquierda Plural opone su modelo de reforma fiscal
justa y eficiente, que responde a las exigencias del artículo 31 de la
Constitución, en el que se contemplan, entre muchas otras, las siguientes
medidas:

Primero. Propuestas esenciales sobre los tributos
actuales:

a) Acabar con la discriminación de las rentas del trabajo
respecto a las rentas del capital. Tributación en la misma base imponible
de las rentas del trabajo y del capital. Se integran en la tarifa general
del IRPF

los rendimientos del capital para mejorar la progresividad,
incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliable a 6
en el caso de inmuebles).

b) Modificar la Ley General Tributaria con una tipificación
más rigurosa del delito fiscal, así como con la prohibición de realizar
amnistías fiscales.

c) Eliminar la posibilidad de compensar pérdidas
patrimoniales.

d) Reforma del sistema de módulos, limitando su uso tanto
sectorial como temporalmente.

e) Derogar el régimen fiscal especial aplicable a los
desplazados a territorio español.

f) Garantizar la progresividad fiscal del IRPF:
Consolidación definitiva, para las rentas más altas, de los incrementos
del gravamen complementario en el IRPF. Mantenimiento de los tipos
marginales altos.

g) Incorporar elementos de igualdad de género en las
reformas fiscales, teniendo en cuenta el impacto sobre los modelos
familiares que se promocionan por la vía fiscal y la discriminación e
inequidad que suponen figuras como la declaración conjunta y que se
revise los beneficios de las deducciones fiscales en función del
sexo.

h) Acabar con los incentivos fiscales a colectivos con más
recursos, como determinados productos de ahorro, así como los incentivos
que no tienen en cuenta niveles de renta.

Segundo. Algunas medidas contra el fraude, la economía
sumergida y la elusión fiscal:

a) Las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir
acompañadas con medidas organizativas y de gestión de los recursos
humanos en la administración tributaria, entre las que está la creación
del Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda. (según los datos de la OCDE,
España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes,
frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de
Luxemburgo).

b) Modificar la legislación de las Instituciones de
Inversión Colectiva para evitar los notorios abusos de las sociedades de
inversión de capital variable (SICAV).

Tercero. Una reforma fiscal con criterio federativo:

a) La fiscalidad federal deberá proteger la igualdad de los
ciudadanos ante la ley así como garantizar la equivalencia de servicios
públicos independientemente del territorio. Una fiscalidad federal basada
en la autonomía fiscal, la cooperación y la solidaridad entre distintas
administraciones públicas que evite la competencia fiscal para atraer,
con impuestos más bajos, más industria y comercio.

b) El poder tributario deberá estar dividido en tres
niveles: el Estado federal, las entidades federadas y los municipios. El
papel del Senado será fundamental en materia tributaria, como Cámara de
representación territorial.

c) Construir una auténtica fiscalidad municipal, lo que
exige la derogación de las disposiciones legales sobre la reforma de las
Administraciones Locales.

Éstas son las reformas fiscales que necesita nuestro país y
no las que nos ofrecen el PP y el Gobierno cuya reforma fiscal, junto con
la radical defensa de la austeridad, tendrá como principales perjudicados
a las rentas más bajas, porque se reducirán los recursos públicos para
hacer políticas sociales y se debilitará la red de protección que
representa el ya escaso estado del bienestar, voluntad que más allá de
esta reforma fiscal se reforma en la política presupuestaria que guarda
una relación directa: si en los Presupuestos Generales del Estado para
2014 se estableció una previsión de beneficios fiscales por importe de
38.360,15 millones de euros, para 2015 el Proyecto de PGE los eleva a
40.719,12 millones, un 6,1% más.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido,
la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales
del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre,
por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Palacio del Senado, 29 de octubre de 2014.—Ester
Capella i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.

El Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991,
de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se
establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y
se adoptan otras medidas tributarias y financieras pretende abordar,
junto con otros Proyectos de Ley, una reforma integral del sistema
tributario español. El objetivo del Gobierno es, con esta reforma,
reducir de forma generalizada la carga impositiva soportada por los
contribuyentes y avanzar en términos de eficiencia, equidad y
neutralidad. Sin embargo, no parece que las reformas efectivamente
planteadas consigan lograr dichos objetivos.

La reforma planteada es poco ambiciosa, ineficiente,
injusta y regresiva. Lejos de una reforma fiscal estructural y en
profundidad, que permita abordar los problemas del sistema tributario
español, plantean una reforma de alcance muy limitado, que supone
simplemente un conjunto de supuestas rebajas tributarias por igual a
todos los contribuyentes, sin tener en cuenta su capacidad económica a la
hora de contribuir en el sostenimiento de los gastos públicos. Y todo
ello con fines electoralistas y a corto plazo, continuando con su
discurso exageradamente optimista acerca de la recuperación económica
para intentar recuperar la confianza de unos ciudadanos que la han
perdido viendo, por ejemplo, como España sigue sin combatir el fraude
fiscal, como tampoco hace en esta reforma, y temiendo, además, que esta
bajada de impuestos pueda ser revertida en un futuro no muy lejano a
tenor de alguna de las exigencias de estabilidad fiscal a las cuales la
UE nos tiene acostumbrados.

Por si esto fuera poco, la presente reforma tiene un cariz
profundamente reaccionario y recentralizador, ya que, mientras que no ha
sido negociada con las Comunidades Autónomas, las afectará directamente,
puesto que reducirá sus fuentes de ingresos relativas a una recaudación
de impuestos que ya de por sí es muy limitada por la poca
descentralización del Estado.

Se trata de una reforma regresiva basada en el supuesto
erróneo de que existe una gran presión fiscal en España —pese a que
esta se sitúa seis puntos y medio por debajo de la media de la UE.
Además, la pérdida de recaudación que la reforma supondrá, entre 6.700 y
9.000 millones de euros, producirá un notable descenso en cuanto al gasto
social que repercutirá negativamente en la sociedad, ya que la poca
capacidad adquisitiva de los ciudadanos españoles en la actualidad impide
un aumento del consumo interno, lo que a su vez imposibilita una mayor
recaudación mediante el IVA aunque los tipos impositivos desciendan. En
este sentido, resulta destacable a nuestro juicio que el Gobierno
continúe sin explorar otras vías de recaudación que podrían revertir en
un mayor gasto social, como podría ser el aumento del tipo en el impuesto
del patrimonio, que se mantiene en un insuficiente 0,5%, o la revocación
del privilegio fiscal que tienen aquellos extranjeros que computan tan
sólo un 24% para los primeros 600.000 euros que tributan en España.

Finalmente, se trata de una reforma absolutamente
ineficiente. No logrará ninguno de sus objetivos, no se afronta el enorme
problema que supone para los ingresos públicos el fraude fiscal o la
economía sumergida y fía la reducción del déficit a la mejora de la
situación económica y la reducción del gasto público.

Por todo ello se presenta el siguiente veto al Proyecto de
Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de
Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y
la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras
medidas tributarias y financieras.

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506

desigualdad en su reparto, por el contrario la economía
sumergida está próxima al 25%, el 72% del fraude fiscal tiene por origen
las grandes empresas y fortunas y Hacienda sólo cobra 1 de cada 6 euros
de fraude descubierto, todo ello sin tener en cuenta la elusión fiscal
existente utilizando las SICAV o los paraísos fiscales aprovechando
mecanismos de ingeniería financiera no ilegales.

Basta un ejemplo para poner de relieve que las injusticias
fiscales abundan en estos proyectos: como han apuntado los técnicos
citados, teniendo en cuenta el alto precio de la electricidad en nuestro
país con respecto a los países de la UE y su alza en los últimos años,
conforme al Artículo 102 de la Directiva 2006/112/CE, se podía haber
previsto que, previa consulta del Comité del IVA, España pudiera aplicar
un tipo impositivo reducido a las entregas de gas natural, electricidad o
calefacción urbana. Nada de esto hay.

Pero mientras sucede esto, los más ricos en España, que
ingresaban 5.7 veces más que los más pobres, ahora después de 6 años de
crisis ingresan 7,2 veces más y este número va en un aumento incesante.
En 2012 España registró el índice más alto de la UE de desigualdad (GINI)
en la distribución de ingresos. Ningún otro país industrializado ha
tenido un reparto tan desigual de los costes de la crisis. El hundimiento
de las rentas más bajas y los recortes de derechos y en las políticas de
protección social solo han hecho que la fractura social en nuestro país
se haya agravado. Por ejemplo, se da un nuevo apoyo a la banca, cuyo tipo
efectivo respecto de su resultado contable está ya en un escaso 8,4%,
acumulando casi 128.000 millones de bases imponibles negativas que pueden
compensar, por lo que mantener el tipo nominal en el 30% les produce más
beneficios que perjuicios fiscales.

No es extraño que con estos hechos el 87% de los
ciudadanos, según el CIS, opine que el sistema fiscal es injusto. Tienen
toda la razón.

Llegados a este punto hay que recordar que la reforma
fiscal presentada por el Gobierno ha contado con los trabajos previos de
un grupo de expertos, presidido por el Sr. Lagares, cuyo informe no
perseguía ni el aumento de la recaudación, ni la redistribución ni la
reducción de la desigualdad solo pretendía instaurar el pensamiento único
reaccionario neoliberal defendiendo un modelo recentralizador de
fiscalidad, la necesidad de bajar impuestos y el recorte del gasto como
único instrumento para obtener la consolidación fiscal, ignorando la
realidad social del país, el problema del paro y del empobrecimiento de
la población.

Con esos mimbres, finalmente el gobierno del PP ha optado
por presentarnos una reforma fiscal que no resolverá los problemas de
desigualdad e inequidad del actual modelo tributario ni de la sociedad en
su conjunto, al contrario, profundizará en muchos de ellos. Y esto es así
porque a nuestro juicio esta reforma parte de conceptos falsos.

El primero de ellos es que la presión fiscal en España es
elevada. Sin embargo, según los datos europeos hechos públicos el 17 de
junio de 2014, la presión fiscal se sitúa en el 32,5% del PIB, una cifra
verdaderamente baja. Estamos seis puntos y medio por debajo de la media
europea. Si la comparación se hace con los países próximos al nuestro,
como Italia o Francia, entonces la diferencia es abismal: más de once
puntos por debajo.

La realidad es que el sistema tributario en España recauda
poco y ello es debido en gran parte gracias a las distintas reformas
fiscales realizadas por anteriores Gobiernos. Lo hace menos que la media
de los países europeos y además de manera que el grueso de la recaudación
proviene del trabajo a través del IRPF y el consumo de los ciudadanos a
través del IVA y los Impuestos especiales sobre la gasolina, tabaco y
alcohol —impuestos todos ellos que han sufrido subidas sensibles
desde 2008— y no de las rentas del capital ni de los beneficios de
las empresas. Esto es una prueba de que la estructura de recaudación
fiscal española está descompensada, situación que no parece que vaya a
cambiar tras esta reforma.

En segundo término, la experiencia ha demostrado que la
idea de que bajar los impuestos aumenta el consumo es, como poco,
discutible y nunca ha sido comprobada. Para las rentas altas, que tendrán
una disminución significativa, su consumo seguirá siendo alto y la
disminución fiscal representará solo un aumento de su ahorro.

El tercero es la creencia de que la pérdida de recaudación
global derivada de la reforma, entre 6.700 y 9.000 millones de euros, se
equilibrará con el aumento de la actividad económica. Pero esa mejora ni
está ni se la espera: con un déficit del 7% (sin contar el rescate
bancario), la deuda pública en el 100%, el compromiso con la UE de nuevos
recortes, las reticencias y nuevas exigencias de la UE, etc., la bajada
de salarios conducirá a una disminución añadida del IRPF y con ello al
estancamiento del consumo y al descenso de la recaudación por IVA (lo que
forzará previsiblemente a un nuevo aumento del impuesto, requerido por
Bruselas. El desempleo continúa mostrando unas cifras escandalosamente
elevadas más allá de disminuciones coyunturales. Cada vez más ciudadanos
están abocados a la precariedad, con contratos temporales y a tiempo
parcial, los salarios están bajando, incrementa la pobreza y las familias
sin recursos.

A ello hay que añadir la situación internacional que se
caracteriza, entre otras cosas, por un escaso avance en nuestros
principales mercados, el encarecimiento del petróleo y algunas materias
primas y, ahora en el país, una situación al borde de la deflación,
extremadamente peligrosa.

En resumidas cuentas: los asalariados, en general, y la
clase trabajadora, en particular, son los que soportan —y seguirán
soportando— el grueso de las aportaciones al erario público, vía
IRPF (por las rentas del trabajo), IVA e impuestos especiales (sobre la
gasolina, el tabaco y el alcohol). Impuestos que han subido sensiblemente
desde 2008, lo que ha originado que la distribución de la presión fiscal
que soportan los hogares de los asalariados españoles haya crecido de
forma muy notable. Así, por ejemplo, entre 2009 y 2011 el tipo medio
efectivo pasó del 19,5% a casi el 22%, debido principalmente a la subida
del gravamen medio efectivo del IRPF al subir del 10,9% al 12,2%, y el
del IVA del 6,2% al 7,1%. Esta ley no mejorará esta situación.

Mientras tanto, han bajado las aportaciones de las grandes
empresas, de sus directivos y de sus asesores, consolidando el proceso de
polarización social que se ha producido en esta crisis.. En este mismo
sentido, la contribución a la recaudación del Impuesto del Patrimonio
—que dista mucho de ser un verdadero Impuesto a la Riqueza—
queda en un exiguo 0,5% de la recaudación fiscal general.

Es decir: el sistema fiscal ha sido pervertido por las
políticas del PP. En la actualidad no cumple las funciones que le
atribuye el artículo 31 de la Constitución. Bajo el Gobierno de Rajoy se
ha convertido en un instrumento de explotación de los asalariados y los
pequeños empresarios, que son los que están contribuyendo casi en
exclusiva al mantenimiento de los gastos generales.

A lo dicho, se añade que esta reforma fiscal:

a) Es recentralizadora porque no ha contado previamente con
las CCAA a la hora de diseñar las medidas pero en cambio tendrá
consecuencias sobre los ingresos al disminuir tributos de recaudación
parcialmente cedida. Además se incentiva nuevamente una ola de rebajas
fiscales a las CCAA cuando el principal problema es el ahogo financiero y
la falta de recursos para financiar los servicios públicos.

b) No aborda el fraude fiscal ni la economía sumergida
aumentando la desafección de la ciudadanía respecto a la responsabilidad
fiscal así como la desigualdad en la contribución al sistema en función
de la renta.

c) Renuncia una vez más a aplicar medidas de fiscalidad
ambiental mientras promueven con sus políticas a los sectores más
contaminantes y agresivos con el medio ambiente. La falta de
incorporación de la fiscalidad verde agrava el componente de desigualdad
del sistema porque son las grandes empresas las que externalizan los
costos ambientales y para la salud de las personas en el conjunto de la
sociedad.

Por tanto, cabe decir que la concepción de la reforma no
responde a las verdaderas necesidades fiscales, presupuestarias, sociales
y medio ambientales españolas, sino que responde más bien a un carácter
electoralista y de maquillaje —que rezuma por todos sus
costados— para insistir en el mensaje de la «recuperación» y que
bajar impuestos es positivo.

Esta reforma está pensada para recuperar la vinculación con
una base social profundamente defraudada y desmotivada desde el punto de
vista electoral.

Por eso el Gobierno la ha dividido en dos años, para
aprovecharla como reclamo electoral en las dos convocatorias electorales
próximas. Además, están apareciendo contradicciones en el seno de los
sectores económicos que apoyan al Gobierno, algunos de los cuales
reclaman ventajas fiscales mayores para los lobbies y grupos de interés
al que cada uno se vincula.

Este carácter electoralista se refuerza aún más con el
método utilizado: anuncio en el Consejo de Ministros, publicación como
anteproyecto para iniciar un supuesto período de información pública,
texto definitivo en julio, debate parlamentario en otoño, etc.

Estamos convencidos que el instrumento fundamental que hará
posible la creación de empleo digno y una salida de la crisis favorable a
la mayoría social es una reforma fiscal justa. Exactamente lo contrario
que nos trae el Gobierno.

La política fiscal no sólo consiste en cuánto y cómo se
ingresa, sino también en establecer cuánto, cómo y en qué se gasta. No se
trata de subir o bajar impuestos sin más, sino de asegurar la
contribución fiscal que permita resolver las necesidades sociales, sobre
la base de que paguen más quien más tiene o gana. Por tanto ha de ser
suficiente, progresiva y equitativa, pero esta reforma fiscal ni siquiera
aborda los cambios estructurales que son precisos en el sistema
tributario español y, por tanto, no corrige sus disfunciones.

La pérdida de progresividad y limitación de la capacidad
recaudatoria fiscal del Estado hará que los recortes sociales y la
degradación de servicios públicos se hagan estructurales y reducirá la
capacidad del sector público para invertir en la economía e impulsar la
recuperación económica así como una transición a un nuevo modelo
productivo más sostenible y generador de empleo.

Estas medidas, no tienen en cuenta el incremento de la
desigualdad entre las rentas salariales y las rentas empresariales (que
siguen subiendo a pesar de la crisis), ni el impacto que esto tendrá en
términos de crecimiento de la pobreza y las desigualdades sociales o la
bajada de los salarios en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad
del sistema de pensiones, así como su efecto sobre el ya de por sí muy
tocado consumo interno. Tampoco se da ninguna prueba de cómo creará
empleo, más allá del acto de fe de que siendo más competitivos éste se
creará.

Es por estos motivos que nos oponemos al modelo de reforma
fiscal del gobierno y abogamos por:

Primero. Propuestas esenciales sobre los tributos
actuales:

a) Modificar la Ley General Tributaria con una tipificación
más rigurosa del delito fiscal, así como con la prohibición de realizar
amnistías fiscales.

b) Derogación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
sobre el IVA. Establecer un IVA super reducido para bienes, servicios y
productos básicos o culturales.

c) Creación de un Impuesto especial sobre Bienes, Productos
o Servicios Suntuarios. Será aplicable a los productos y servicios
considerados de lujo.

d) Creación de un Impuesto sobre las Transacciones
Financieras (ITF), con una base impositiva amplia y que será sustituido,
cuando proceda, por un tributo a escala de la Unión Europea o de aquellos
países que han acordado aplicarlo por el procedimiento de Cooperación
Reforzada.

e) Creación de Impuesto sobre la Riqueza que sustituirá al
Impuesto sobre el Patrimonio, con un mínimo exento para la vivienda
familiar, en función de la renta, y sin exenciones para segundas
viviendas.

Segundo.

a) Las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir
acompañadas con medidas organizativas y de gestión de los recursos
humanos en la administración tributaria, entre las que está la creación
del Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda. (según los datos de la OCDE,
España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes,
frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de
Luxemburgo).

Tercero. Medidas para una fiscalidad verde:

a) Introducir criterios medioambientales en impuestos ya
existentes que no tengan una finalidad meramente recaudatoria.

b) Crear nuevos impuestos sobre la energía nuclear, el
vertido y la incineración de residuos, sobre bolsas de plástico de un
solo uso, sobre el cambio de usos del suelo y sobre sustancias de elevado
nivel de preocupación o riesgo.

Cuarto. Una reforma fiscal con criterio federativo:

a) La fiscalidad federal deberá proteger la igualdad de los
ciudadanos ante la ley así como garantizar la equivalencia de servicios
públicos independientemente del territorio. Una fiscalidad federal basada
en la autonomía fiscal, la cooperación y la solidaridad entre distintas
administraciones públicas que evite la competencia fiscal para atraer,
con impuestos más bajos, más industria y comercio.

b) El poder tributario deberá estar dividido en tres
niveles: el Estado federal, las entidades federadas y los municipios. El
papel del Senado será fundamental en materia tributaria, como Cámara de
representación territorial.

c) Construir una auténtica fiscalidad municipal, lo que
exige la derogación de las disposiciones legales sobre la reforma de las
Administraciones Locales.

Por todo ello es por lo que presentamos esta propuesta de
veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de
junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico
Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan
otras medidas tributarias y financieras.

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protección ambiental con recuperación económica, y abandona
la necesaria modificación de la regulación impositiva medioambiental y
energética que incentive comportamientos más respetuosos con el
medioambiente de nuestro país.

Con esta norma, el Gobierno vuelve a desaprovechar otra
reforma legislativa para rectificar y reducir la desigualdad e inequidad
del sistema tributario que sufre la sociedad española. No sólo no acomete
una verdadera reforma fiscal que, unida a la lucha contra el fraude,
ayude a recaudar suficientemente de todos los contribuyentes, sino
consagra un modelo de sistema tributario que beneficia solo a un sector
de la sociedad minoritario, de rentas altas y grandes empresas, que
aspira a mantener los niveles de recaudación obligando a continuar con la
política de ajuste fiscal basada en recortes de los servicios esenciales,
con el consiguiente aumento de la pobreza y la desigualdad de la gran
mayoría de los ciudadanos.

Por todo lo expuesto, los senadores y senadoras presentamos
esta propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que
se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una
propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que
se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—La
Portavoz, María Victoria Chivite Navascués.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente propuesta de veto.

Dentro de lo que el Gobierno ha denominado como reforma
fiscal, se ha incluido un proyecto de ley de modificación de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), de la Ley de Impuestos Especiales
y de la Ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de
fiscalidad medioambiental.

Debe destacarse ya que la iniciativa legislativa de
referencia tiene un limitado alcance, centrándose en la adaptación del
texto de la Ley a la Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrero, que
introdujo, entre otras, unas nuevas reglas de localización aplicables a
los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y
electrónicos, prestados a destinatarios que no tengan la condición de
empresarios o profesionales, en la necesidad de dar cumplimiento a la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de enero de
2013, que ha afectado a los tipos aplicables a los productos sanitarios,
y en la realización de una serie de modificaciones técnicas que, o bien
precisan algún aspecto de la tributación, o bien suprimen determinados
límites o requisitos, en el ámbito de discreción que la Directiva de IVA
permite a los Estados miembros.

En relación con los Impuestos Especiales, el Impuesto sobre
la Electricidad deja de configurarse como un impuesto sobre la
fabricación, para pasar a ser un impuesto que grava el suministro de
energía eléctrica para consumo —Directiva 2003/96/CE—, pero
se mantiene la recaudación respecto a la estructura anterior, ya que la
base imponible se determina igual, el tipo impositivo no varía y se
mantienen los beneficios fiscales.

En materia de fiscalidad medioambiental únicamente se
contemplan determinadas modificaciones puntuales del Impuesto sobre los
Gases Fluorados de Efecto Invernadero, con el objetivo de clarificar
determinados conceptos que han dado lugar a dudas en cuanto a su
aplicación práctica.

Si este es el contenido del Proyecto de Ley, no se alcanza
a comprender como el mismo puede considerarse parte de una «reforma
fiscal», debiendo recordarse que la real reforma fiscal del Gobierno del
PP ya se ha llevado a efecto mediante la mayor subida de impuestos de la
democracia.

En efecto, en la presente legislatura se ha producido la
subida de más de 50 impuestos, con una recaudación normativa por parte de
la Administración Central de más de 28.000 millones de euros, que ha
afectado sustancialmente a las rentas medias y a los trabajadores
asalariados. La estrategia impositiva ha incluido un incremento
extraordinario de la fiscalidad indirecta, cuya figura más representativa
es el IVA, sin compensación alguna a los perdedores que son las rentas
medias y bajas, máxime cuando se sigue reduciendo el peso del gasto
público en el PIB.

La reforma del IVA, efectuada por el Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, que procedió a incrementar el tipo general del
IVA del 18% al 21% y el tipo reducido del 8% al 10%, además de efectuar
una importante reclasificación de los bienes y servicios sometidos a los
tipos reducido o superreducido, ha supuesto en los ejercicios 2012-2014
unos mayores ingresos de 9.667 M de euros, esperándose, para 2015, unos
ingresos adicionales de 476 M de euros.

El Impuesto sobre el Valor Añadido ha constituido así un
elemento esencial de la política tributaria del Gobierno, pues su
incremento ha sido el principal instrumento para desplazar la carga
tributaria desde la imposición directa hacia la indirecta, desterrándose
cualquier consideración relativa a la justicia o equidad del sistema
tributario en su conjunto o cualquier condicionante que pudiera derivarse
de los principios constitucionales de progresividad y capacidad
económica. Pero que sea esta la declarada orientación del Gobierno no
puede hacernos olvidar que dicha decisión —mayor peso de la
imposición indirecta sobre la directa— ha configurado un sistema
tributario menos justo y progresivo, donde la tributación se concentra
cada vez más en todos los contribuyentes por igual, independientemente de
su riqueza y renta, lo que conduce, inevitablemente, a un mayor beneficio
de las rentas y patrimonios más elevados. Los presuntos beneficios a las
rentas medias y bajas y al trabajo asalariado se convierten en mera
«propaganda» sin contenido real, pues cualquier mejora en su tributación
personal, si es que se produce, será absorbida por este incremento de la
imposición indirecta.

El Proyecto de Ley renuncia incluso a corregir aquellas
situaciones que se han demostrado, no sólo injustas, sino también
especialmente perjudiciales para el mantenimiento y desarrollo de
relevantes sectores de actividad. Y así, el incremento extraordinario de
13 puntos del IVA de las actividades culturales, como cine, teatro y
música, está penalizando el acceso a la cultura a la gran mayoría de la
ciudadanía y tiene un efecto negativo sobre el sector cultural que
representa más del 3% del PIB y que da empleo a cientos de miles de
personas de este país. Igualmente, el incremento del IVA está afectando a
la viabilidad económica de sectores intensivos en la utilización de mano
de obra (p.ej., peluquerías) o que inciden en la salud pública (p.ej.,
servicios veterinarios).

Por último, la puntual modificación del Impuesto sobre los
Gases Fluorados de Efecto Invernadero muestra a las claras que no existe
una voluntad real de acometer una regulación integral de la Imposición
medioambiental y energética, que introduzca criterios de política
ambiental en el sistema tributario de manera que se internalicen los
costes externos y se incentiven comportamientos más respetuosos con el
medio ambiente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la
siguiente propuesta de veto al presente Proyecto de Ley y propone su
devolución al Congreso de los Diputados.