ENMIENDA

De supresión.

Del punto 2 del artículo primero seis.

JUSTIFICACIÓN

La concesión por 75 años supone una privatización de facto;
con este cambio las concesiones, en lugar de vencer en 2018, fecha
establecida por la actual ley de costas y que según la misma podría
revisarse y otorgarse de nuevo, pasan a disfrutarse durante otros 75
años.

El desmesurado plazo que propugna el Proyecto, supone una
renuncia del Estado al debido control y protección del dominio público
marítimo-terrestre, ya que se traslada el problema a dos generaciones y
media de propietarios y empresas, en perjuicio del interés público. 75
años es, en la práctica, privatizar la costa. Además, con esta decisión
se encarece extraordinariamente el dinero que tendría que pagar el Estado
por su rescate o expropiación de los derechos concesionales cuando los
espacios demaniales concesionados fueran necesarios (seguridad y defensa
ante la mar, construcción de puertos o actuaciones urgentes de
recuperación del litoral por ejemplo). Si además se tiene en cuenta que
la asignación presupuestaria al programa de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar denominado «Actuaciones en la costa»
es insuficiente y cada vez menor en un contexto de crisis, ya que en los
PGE 2012 se ha reducido este presupuesto un 75% respecto a 2011. Si se
tienden a perpetuar las concesiones con esta prórroga dada, el coste de
este tipo de actuaciones aumentará exponencialmente para mantener y
contener el frente litoral ocupado.

ENMIENDA NÚM. 5

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Del artículo primero siete.

JUSTIFICACIÓN

Se disminuye la servidumbre de protección en las riberas de
las rías de 100 a 20 metros. No entendemos qué motivos de índole
geofísica y ambiental justifican esta modificación, que implica la
desprotección de amplios tramos de la cornisa cantábrica y atlántica. Si
bien el fondo de las rías es quizás similar al funcionamiento de las
aguas continentales, la actividad de las mareas que se suman a las
posibles avenidas de torrentes de agua dulce debe ser garantizada con una
zona de amortiguación de 100 metros. Por muy reducida que sea la anchura
del cauce, desde el punto de vista natural las rías tienen la misma
función que los cuerpos de agua de mayores dimensiones. Por otro lado, la
temeridad de considerar las bocanas de estas rías como ríos es aún mayor
si se tiene en cuenta no solo las mareas vivas sino también su exposición
abierta a temporales del Atlántico.

Página
17

JUSTIFICACIÓN

La concesión por 75 años supone una privatización de facto;
con este cambio las concesiones, en lugar de vencer en 2018, fecha
establecida por la actual ley de costas y que según la misma podría
revisarse y otorgarse de nuevo, pasan a disfrutarse durante otros 75
años.

El desmesurado plazo que propugna el Proyecto, supone una
renuncia del Estado al debido control y protección del dominio público
marítimo-terrestre, ya que se traslada el problema a dos generaciones y
media de propietarios y empresas, en perjuicio del interés público. 75
años es, en la práctica, privatizar la costa. Además, con esta decisión
se encarece extraordinariamente el dinero que tendría que pagar el Estado
por su rescate o expropiación de los derechos concesionales cuando los
espacios demaniales concesionados fueran necesarios (seguridad y defensa
ante la mar, construcción de puertos o actuaciones urgentes de
recuperación del litoral por ejemplo). Si además se tiene en cuenta que
la asignación presupuestaria al programa de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar denominado «Actuaciones en la costa»
es insuficiente y cada vez menor en un contexto de crisis, ya que en los
PGE 2012 se ha reducido este presupuesto un 75% respecto a 2011. Si se
tienden a perpetuar las concesiones con esta prórroga dada, el coste de
este tipo de actuaciones aumentará exponencialmente para mantener y
contener el frente litoral ocupado.

ENMIENDA NÚM. 9

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De supresión.

Del artículo primero dieciocho.

JUSTIFICACIÓN

El hecho de permitir las transmisiones ínter vivos es una
privatización más del dominio público marítimo-terrestre, permitiendo que
las concesiones se puedan transmitir y heredar.

Esto unido al plazo extraordinario de extensión de la
concesión, supone sin duda, introducir en el dominio público
marítimo-terrestre comercio privado, la posibilidad de especulación y su
plena inserción en el mercado, contra la consideración tradicional de
elementos no susceptibles de expropiación por particulares y fuera de
comercio y dado su refuerzo constitucional de inalienabilidad.

ENMIENDA NÚM. 10

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

Del punto 2 del artículo primero veintidós.

JUSTIFICACIÓN

Respecto al planteamiento de modificación del artículo 119
de la Ley de Costas sobre un nuevo apartado que relativo a la suspensión
de actos y acuerdos de las entidades locales por parte del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, si afectan a la integridad
del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección,
se están ignorando las competencias urbanísticas y de ordenación del
litoral exclusivas de las CCAA, así como las servidumbres de protección
que ya fueron declaradas por la sentencia 149/1991 del Tribunal
Constitucional y asumida en la mayoría de los estatutos de autonomía. De
hecho, el TC ya declaró inconstitucional y nulo el artículo 34 de la Ley
de Costas en su redacción originaria (similar a la redactada en el
Proyecto) por invadir competencias.

ENMIENDA NÚM. 11

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Veintitrés.

ENMIENDA

De supresión.

Del punto 5 del artículo primero veintitrés.

JUSTIFICACIÓN

Se convierte en tramo privado de costa, unos terrenos que
pertenecen al DPMT. Hay que recordar que la creación de empleo y riqueza
en este tipo de terrenos se ha dado y consolidado sin que los mismos
tuvieran que ser privados, y se ha podido mantener a través de concesión
renovables ínter vivos que para los cultivos marinos permitía la ley de
costas vigente, precisamente porque al constituir dichos terrenos parte
del DPMT no han sido privatizados para otros usos.

Este nuevo apartado supondría la destrucción de las zonas
mejor conservadas de amplios tramos del litoral, como por ejemplo tramos
salineros del Delta del Ebro. Además, que se elimine del dominio público
marítimo-terrestre estas láminas de agua también significa la
consiguiente exclusión de la franja de protección de hasta 100 metros de
la zona de servidumbre.

ENMIENDA NÚM. 12

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De un nuevo apartado dos bis en el artículo primero, con la
siguiente redacción:

«Se modifica el apartado 4 del artículo 4 que queda
redactado del siguiente modo:

Todos los terrenos acantilados, que estén en contacto con
el mar o con espacios de dominio público marítimo-terrestre, hasta 50
metros más a partir de su coronación.»

JUSTIFICACIÓN

Se debe contemplar la extraordinaria influencia de la
litología en la formación y evolución (por tanto, en la cambiante
pendiente) de los acantilados. Estos, por su propia naturaleza, están
sometidos a continua erosión debida tanto a la acción del mar como del
viento, siendo su principal funcionalidad la de proteger el territorio
frente a la invasión del mar. Constituye por ello una temeridad construir
sobre ellos, pues aparte de acelerar su erosión, es un peligro para las
propias construcciones, existiendo infinidad de ejemplos a lo largo de
nuestra costa.

ENMIENDA NÚM. 13

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De un nuevo artículo primero seis bis, que queda redactado
como sigue:

«Se modifica el apartado 1 del artículo 23, que queda
redactado del siguiente modo:

La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 200
metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del
mar.»

JUSTIFICACIÓN

Las servidumbres contempladas en la vigente Ley de Costas
han demostrado ser un instrumento normativo de protección de enorme
utilidad para el litoral. Por ello se deben ampliar, con carácter
general, a 200 metros, eliminando la posibilidad de edificar nuevas
construcciones a menos de dicha distancia del dominio público
marítimo-terrestre.

De hecho, la propia utilidad de este sistema de protección
ha llevado a que varias comunidades autónomas a ampliarlas, como ya es el
caso de los planes de ordenación del litoral de Asturias o Cantabria que
impiden la urbanización en los primeros 500 metros. Solo así se podrá
hacer frente a los efectos del cambio climático y a la sobreelevación del
nivel del mar que ya es perceptible en nuestras costas.

ENMIENDA NÚM. 14

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo segundo.

ENMIENDA

De supresión.

Del artículo segundo.

JUSTIFICACIÓN

El desmesurado plazo que propugna el Proyecto, supone una
renuncia del Estado al debido control y protección del dominio público
marítimo-terrestre, ya que se traslada el problema a dos generaciones y
media de propietarios y empresas, en perjuicio del interés público. 75
años es, en la práctica, privatizar la costa. Además, con esta decisión
se encarece extraordinariamente el dinero que tendría que pagar el Estado
por su rescate o expropiación de los derechos concesionales cuando los
espacios demaniales concesionados fueran necesarios (seguridad y defensa
ante la mar, construcción de puertos o actuaciones urgentes de
recuperación del litoral por ejemplo). Si además se tiene en cuenta que
la asignación presupuestaria al programa de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar denominado «Actuaciones en la costa»
es insuficiente y cada vez menor en un contexto de crisis, ya que en los
PGE 2012 se ha reducido este presupuesto un 75% respecto a 2011. Si se
tienden a perpetuar las concesiones con esta prórroga dada, el coste de
este tipo de actuaciones aumentará exponencialmente para mantener y
contener el frente litoral ocupado.

El plazo que se eleva a 75 años se realiza incluso respecto
de las concesiones que están ya a punto de extinguirse por vencimiento
del plazo de otorgamiento. Se extiende también a actividades
perjudiciales para la debida protección del DPMT como las actividades de
explotación de recursos mineros o energéticos.

ENMIENDA NÚM. 15

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional tercera.

ENMIENDA

De supresión.

De la disposición adicional tercera.

JUSTIFICACIÓN

Se traza una falsa línea interior de la ribera del mar
proponiendo que la defina el borde exterior de los paseos marítimos
construidos, excluyendo espacios del dominio público marítimo-terrestre
que quedan fragmentados por paseos marítimos construidos después de la
entrada en vigor de la ley de costas de 1988. Precisamente esa ha sido la
estrategia de muchos municipios para legalizar aquellos proyectos
ejecutados sin ningún respeto por la legalidad vigente, a sabiendas que
según dispuesto en los artículos 27 y 44.5 de la Ley de Costas ratificaba
su posición fuera del dominio, y por tanto, dentro del dominio privado.
Ahora también esta exclusión se generaliza y se realiza sin ninguna
explicación ambiental ni fundamento alguno.

ENMIENDA NÚM. 16

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

De la disposición adicional cuarta.

JUSTIFICACIÓN

Bajo la justificación, sin ninguna base científica, de la
especial configuración geológica de la isla de Formentera se pretende
modificar el dominio público marítimo-terrestre, hecho totalmente
inaceptable, bajo el punto de vista de la defensa de lo común.

Esta modificación significaría la exclusión del 90% del
litoral de Formentera del dominio público marítimo-terrestre. Se excluyen
los tramos de bastas zonas de la isla, donde no se pueda demostrar que
existan «temporales ordinarios... que se han repetido, al menos, en tres
ocasiones en los cinco años inmediatamente anteriores al momento en el
que se inicie el deslinde». Desde una perspectiva oceanográfica, los
temporales ordinarios en la costa se han acotado en el tiempo
extraordinariamente. Permitir que zonas de la isla queden excluidas donde
puede que se repitan en dos ocasiones en los cinco años es una
imprudencia y un gasto inasequible por el Estado. La Ley de costas
vigente atribuye a los temporales marítimos un papel destacado a la hora
de determinar el dominio público, y a pesar de que las definiciones de
«temporal» son confusas, asociadas en general al mal tiempo, vientos
fuertes y oleajes. De hecho, y baste el ejemplo, la Evaluación Preliminar
del Riesgo de Inundación (EPRI) y sus Áreas de Riesgo Potencial
Significativo de Inundación (ARPSI) sobre las aguas continentales y las
costas, según la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece el marco
comunitario de actuación en política de aguas, define las zonas
inundables asociadas a periodos de retorno (artículo 3.h del Real Decreto
903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación y apartado 1.3
de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el
Riesgo de Inundaciones) con «alta probabilidad de inundación» si se
producen una vez cada diez años y clasifica también como «zona inundable
frecuente» si la inundación se realiza por lo menos una vez cada 50 años.
Si estos temporales llevan asociados periodos de inundación la frecuencia
es mucho más alta que la planteada en el Proyecto para los temporales de
la isla de Formentera. Aún con todo y a falta de datos concretos, se
debería mantener, como principio de precaución, el máximo temporal
conocido sin limitaciones no contrastadas de frecuencia en año por, entre
otras muchas razones, la ausencia de datos y el consiguiente peligro para
la seguridad civil.

Además, las órdenes por las que se practicó el deslinde del
dominio público marítimo-terrestre en la isla de Formentera han sido
ratificadas por más de una decena de sentencias dictadas por el Tribunal
Supremo. Estas sentencias son firmes a día de hoy y confirman la total
legalidad de la actuación administrativa. Sin entender las razones desde
el interés general, se van a excluir bosques costeros enteros con sus
dunas fijas que son necesarios para el mantenimiento natural y gratuito
de la playa.

ENMIENDA NÚM. 17

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De sustitución.

La disposición adicional sexta queda redactada como sigue:

«Se creará una Comisión de estudio de aquellos municipios
afectados por una aplicación arbitraria e injusta de la ley 22/1988, en
los que ciertos terrenos queden afectados de manera altamente conflictiva

por el deslinde, con la finalidad de revisar el deslinde o
proponer una solución a estos casos. Esta Comisión estará formada por
representantes de organizaciones sociales, ecologistas, empresariales,
sindicales, académicos, de la administración local, de las Comunidades
Autónomas y del Estado.»

JUSTIFICACIÓN

Se excluye a la carta diez núcleos con independencia de que
la ocupación sea con título o sin él, legales o ilegales, y que sean o no
inundables o muy sensibles a los temporales del mar. No existe un sistema
de diferenciación entre primeras y segundas residencias en relación a las
consecuencias de la presente situación. Además y paradójicamente, el
Sistema Nacional de Zonas Inundables (SNCZI) puesto en marcha por el
propio Ministerio para la prevención de riesgos naturales y la
planificación territorial, señala, por ejemplo, a los núcleos de
Pedregalejo, El Palo (ambos en el término municipal de Málaga) y ría y
núcleo urbano de Punta Umbría (Huelva), como «Áreas de riesgo potencial
significativo». Esta exclusión se hace de manera totalmente arbitraria y
por ello esta disposición vulnera el principio de igualdad consagrado en
la Constitución Española de 1978. El principio de igualdad viene
contenido en el artículo 14 de la C.E., se encuentra entre los valores
superiores del ordenamiento jurídico artículo 1.1 C.E. y en el artículo
9.2 C.E. se establece que corresponde a los poderes públicos un mandato
para que la igualdad sea real y efectiva.

ENMIENDA NÚM. 18

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«Con la finalidad de tener un mejor conocimiento y gestión
del litoral, en el plazo de dos años, el Gobierno completará y publicará
las ecocartografías comprensivas de la zona marítimo-terrestre, playas,
humedales y mar territorial; mapas de inundación de toda la costa
española, con una previsión mínima de 50 años; plan de adquisición de
fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre con el fin
de preservar los parajes vírgenes de las costas.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de tener un conocimiento más completo del litoral,
con la finalidad de realizar una mejor gestión del mismo.

ENMIENDA NÚM. 19

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«En el plazo de dos años, el Gobierno llevará a cabo el
trazado de un nuevo deslinde para las zonas de riesgo que se identifiquen
en el proyecto ‘‘Cambio Climático en la Costa de
España-C3E’’ del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, basado en el efecto potencial del Cambio Climático
recogido en los escenarios que se recogen en el Quinto Informe del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) a publicar en 2014. En
cualquier caso, este deslinde deberá llevarse a cabo en coherencia con
las conclusiones y recomendaciones derivadas de instrumentos europeos
como la plataforma CLIMATE-ADAPT o la Estrategia Europea de Adaptación al
Cambio Climático, cuya aprobación está prevista por la comisión Europea
en primavera de 2013.

El proceso de nuevo deslinde se deberá llevar a cabo de
forma participativa en el marco del Consejo Asesor de Medio Ambiente del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.»

JUSTIFICACIÓN

Existe consenso científico acerca del impacto que el cambio
climático va a tener sobre los usos de las zonas costeras. Los impactos
del cambio climático en esta área no afectan solo a los recursos
naturales. Efectos como el aumento del nivel del mar, la mayor frecuencia
e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos o los cambios en la
intensidad y dirección del oleaje y las mareas causan daños también a los
bienes y a las personas y alteran la actividad socioeconómica de la zona
costera.

España es uno de los países más afectados de la Unión
Europea por el cambio climático, siendo el aumento de la temperatura
registrado en nuestro país durante el siglo XX (1,5 ºC en relación con la
temperatura pre industrial) muy superior a las medias globales (0,7 ºC) y
europeas (0,9 ºC). Este factor y los más de 8 000 km de costa españolas,
deben convertir el cambio climático en un tema esencial en este Proyecto.

La vulnerabilidad de España al aumento del nivel medio del
mar es, por lo tanto, indudable y es esencial la prevención. Algunos de
los impactos en las obras marinas como los cambios en el rebase e
inundaciones de estructuras en talud o verticales (que integran muchos de
los paseos marítimos) son especialmente apreciables entre Málaga y
Algeciras, dónde la variación de rebases puede alcanzar el 250%, o la
disminución de la estabilidad de los diques que en la cornisa cantábrica
puede darse en un 20% y llegar al 50% en las costas gallegas.

Es necesario, por lo tanto, afrontar la protección de la
población, de actividades económicas, las infraestructuras y los recursos
naturales, pero también lo es incorporar los impactos del cambio
climático a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras y los estudios o
planeamientos del litoral, para proteger las zonas húmedas del litoral.
De hecho, el Estado ha ratificado («BOE», núm. 70 del 23 de marzo de
2011) el Protocolo relativo a la Gestión Integrada de Zonas Costeras del
Mediterráneo. Conforme a los principios y objetivos del Protocolo las
Partes «establecerán en las zonas costeras, a partir del nivel alcanzado
por el nivel más alto del mar en invierno, una zona en la que no se
permiten las construcciones. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, los
espacios directa y negativamente afectados por el cambio climático y los
riesgos naturales, esta zona no podrá tener una anchura inferior a 100
metros....» (artículo 8. Dos. apartado A). Además el mismo Protocolo reza
en su artículo 22: «En el marco de las estrategias nacionales de gestión
integrada de las zonas costeras, las Partes elaborarán políticas de
prevención de los riesgos naturales. Con este fin, efectuarán, en lo que
respecta a las zonas costeras, evaluaciones de la vulnerabilidad y de los
riesgos y adoptarán medidas de prevención, mitigación y adaptación para
hacer frente a los efectos de las catástrofes naturales y, en particular,
del cambio climático».

Además en el libro blanco de adaptación al cambio climático
(Comisión Europea, 2009) en el que la adaptación en zonas marinas y
costeras aparece como un elemento clave a tener en cuenta en la Política
Marítima Integrada, en la aplicación de la Directiva Marco sobre la
Estrategia Marina, así como en la reforma de la Política Pesquera Común.
En línea con la recomendación del libro blando respecto a la necesidad de
elaborar orientaciones europeas sobre adaptación en zonas marinas y
costeras, la Unión Europea se dispone a aprobar una estrategia de
adaptación al cambio climático y dispone ya de iniciativas como la
plataforma CLIMATE-ADAPT, cuyas conclusiones y recomendaciones deben ser
integradas en los instrumentos de política nacional relacionados con los
temas a los que afecta.

Página
25

2. El período de liquidación será de un año natural.

3. La liquidación del impuesto deberá efectuarse en el
lugar y forma determinados por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Séptimo. Gestión del impuesto.

La gestión, recaudación e inspección del impuesto será
competencia del Ministerio de Economía y Hacienda.

Octavo. Infracciones y sanciones.

Las infracciones tributarias relativas al presente impuesto
serán calificadas y sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás disposiciones
que regulen la potestad sancionadora de la Administración pública en
materia tributaria.

Noveno. Orden jurisdiccional.

La jurisdicción contencioso-administrativa, previo
agotamiento de la vía económico-administrativa, será la única competente
para dirimir las controversias de hecho y de derecho que se susciten
entra la Administración tributaria y los contribuyentes en relación con
cualquiera de las cuestiones a que se refiere esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Que revierta a la sociedad a través de esta figura
impositiva parte de los beneficios que se deriven del cambio del uso del
suelo.

ENMIENDA NÚM. 23

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«El Gobierno llevará a cabo las medidas propuestas por la
resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2009, sobre el
impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos
individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la
aplicación del derecho comunitario, con fundamento en determinadas
peticiones recibidas, conocida como informe Auken, relativas a la lucha
contra la especulación y el desarrollo insostenible.»

JUSTIFICACIÓN

Acabar con el desarrollo urbanístico salvaje basado en
construcciones ilegales y asentado en la cultura del pelotazo.

Página
28

spa, o de restauración que pueden igualmente prestar un
servicio al dominio público marítimo-terrestre, y que resulta vital en
zonas turísticas o de ocio de las poblaciones que viven en la costa.

ENMIENDA NÚM. 28

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica el artículo 25.1 a) de la Ley22/1988, que
quedará redactado como sigue:

«Las edificaciones destinadas a residencia o habitación,
salvo las amparadas por la ordenación urbanística correspondiente.»

JUSTIFICACIÓN

Resulta fundamental desterrar de la ley de costas esta
prohibición en la servidumbre de protección y que la decisión la tomen de
forma conjunta todas las administraciones en el marco del planeamiento
caso por caso, para no seguir acudiendo en las disposiciones transitorias
y excepciones, y todo ello además en referencia a los servicios que
tenían los terrenos hace 24 años, ordenando con seguridad jurídica esta
franja del litoral.

ENMIENDA NÚM. 29

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación
y uso de las playas atendiendo su naturaleza.»

JUSTIFICACIÓN

Se suprime el resto del artículo porque el tribunal
constitucional tiene establecido que la ordenación de las playas es
competencia de las comunidades autónomas.

Página
31

JUSTIFICACIÓN

La disposición transitoria parte de la base de que para
este tipo de obras e instalaciones que no cuenten con autorización o
concesión es preciso con carácter previo su legalización por interés
público. En estos 24 años de aplicación de la ley no se ha legalizado al
menos en Canarias ninguna obra o instalación por interés público, que por
lo demás supone un criterio contradictorio con los fines de protección
del dominio público marítimo-terrestre. Con lo cual prácticamente el
resto del articulado sobra pues tal como se ha demostrado resulta
inviable. La única forma adecuada al ordenamiento jurídico vigente, para
lograr la finalidad de intentar regularizar las situaciones anteriores
consiste en ordenar cada tramo del litoral con la participación de todas
las administraciones con competencias concurrentes en la materia, y las
debidas garantías procedimentales, y aplicar posteriormente el régimen
jurídico correspondiente a dicha ordenación.

ENMIENDA NÚM. 36

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Veinticuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 3 de la disposición
transitoria cuarta.

JUSTIFICACIÓN

No tiene mucho sentido que se vuelva a transcribir lo
preceptuado en el Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, sobre eficiencia
energética. Entendemos que en términos de eficiencia energética y de
consumo de agua no tiene porque ser distinto del resto del territorio. Si
acaso debe tenerse en cuenta que dado el uso de ocio y turismo con el que
se asocia la mayor parte del suelo antropizados del litoral español, las
terrazas y azoteas cumplen una misión muy importante donde tal vez
convendría por el contrario hacer determinadas excepciones en la
implantación de paneles solares o aerogeneradores.

ENMIENDA NÚM. 37

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica el artículo 34 de la ley 22/1988 que queda
redactado del siguiente modo:

«La distribución de las instalaciones y ocupación de
cualquier tipo, incluyendo los servicios de temporada se establecerá por
la administración de la comunidad autónoma competente en materia de
ordenación del litoral, o en su defecto se regirá por las normas
contenidas en esta ley y su reglamento.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 34 de la Ley 22/1988 fue anulado por el
Tribunal Constitucional al entender que invadía las competencias de las
comunidades autónomas. El texto que se propone es el que actualmente
existe en el vigente Reglamento que vino a paliar el vacío de la ley.

ENMIENDA NÚM. 38

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica la disposición transitoria tercera apartado 3
de la Ley 22/1988 redactada como sigue:

«Los terrenos clasificados como suelo urbano u otra
clasificación, que reúnan los requisitos para ello, estarán sujetos a las
servidumbres... (resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

Congruentes con el resto de las modificaciones lo que se
plantea una vez más es que sea a través de un instrumento de ordenación
urbanística la técnica para otorgar una ordenación a los núcleos de
litoral, y de acuerdo no con la realidad de hace 24 años sino con la del
momento de la ordenación. Y además teniendo en cuenta no solo los
aspectos sectoriales de costas sino también, el régimen dimanante de los
planes de los espacios naturales, los territoriales, los planes de
ordenación de los recursos naturales etc. y por lo tanto el procedimiento
y plazos para que todas las administraciones soliciten y emitan sus
correspondientes informes será el establecido para la tramitación de los
planes que ordenan el litoral sin existir la necesidad de inventar unos
plazos muy dilatados en el tiempo y un procedimiento ad hoc. Por último
proponemos suprimir el nuevo apartado 3 en tanto a que se refiere que los
suelos ya clasificados como urbanos deben solicitar en el plazo de tres
meses informe del estado sobre si afectan o no a la integridad del
dominio público marítimo-terrestre. Lo cual no tiene sentido pues para
poderlo clasificar ya se habrá requerido el correspondiente informe.

ENMIENDA NÚM. 39

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un apartado 2 en el art 114 de la Ley 22/1988, con
el siguiente redactado:

«La gestión del dominio público marítimo-terrestre
incluyendo el otorgamiento de adscripciones, concesiones para su
ocupación y aprovechamiento. La declaración de zonas de reserva, las
autorizaciones

en las zonas de servidumbre y de tránsito y, en todo caso,
las concesiones de obras fijas en el mar, así como las de instalaciones
marítimas menores, tales como embarcaderos, pantalanes, varaderos y otras
análogas que no formen parte de un puerto estatal o estén adscritas al
mismo hasta el límite de las aguas interiores.»

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ENMIENDA

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), formulan la siguiente
corrección de errores a la Enmienda número 39 de adición, al Artículo
primero. Apartado nuevo.

JUSTIFICACIÓN

Mejora el proyecto de Ley.

Palacio del Senado, a 20 de marzo de 2013.

ENMIENDA NÚM. 40

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone suprimir los apartados b) y f) en el artículo
110 de la Ley 22/1988.

JUSTIFICACIÓN

Estas competencias ya las ostentan las Comunidades
Autónomas de Cataluña y Andalucía, y consideramos que la ley es el marco
ideal para que en todo el territorio español la gestión del litoral tenga
un mismo sistema de gestión y se corrijan las desigualdades entre unas
comunidades autónomas y otras y se acerque y simplifique la gestión a los
ciudadanos.

* La aceptación de esta enmienda requerirá la armonización
del texto de la Ley 22/1988 y del proyecto de ley .

ENMIENDA NÚM. 41

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado con el siguiente texto:

«El Estado de oficio o a propuesta de las Comunidades
Autónomas determinará aquellos núcleos de población, que por su
singularidad, degradación y características históricas o físicas
actuales, deben dejar de pertenecer al dominio público marítimo-terrestre
según vienen definidos en el artículo 3.1 de la Ley de Costas. A tal
efecto, estos terrenos podrán ser ordenados por la administración
urbanística actuante y transmitidos a sus ocupantes de acuerdo con la Ley
33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.»

JUSTIFICACIÓN

Consideramos que la exclusión de determinados núcleos de
población del dominio público marítimo-terrestre, debe realizarse de
forma coordinada entre todas las administraciones, de forma que se dé una
solución integral a los mismos tanto desde el punto de vista patrimonial,
ambiental como urbanístico, y además de forma igualitaria para todo el
litoral del Estado.

De hecho la Comunidad Autónoma de Canarias tiene planteado
un procedimiento similar para lograr dichos objetivos en su Ley 7/2009,
de Ordenación de Núcleos del Litoral.

ENMIENDA NÚM. 42

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional Nueva. Traspasos a las CCAA.

El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la publicación
de esta Ley, abordará el proceso de traspaso de competencias a las
Comunidades Autónomas en materia de ordenación del litoral y costas en
los mismos términos ya realizado con Andalucía y Cataluña.

JUSTIFICACIÓN

Proceder a traspasar a todas las CCAA con litoral las
competencias en materia de costas que se han cedido a Andalucía y
Cataluña. En ese sentido, esas materias se enmarcan en el título
competencial de Ordenación del Territorio, asumidas por todas las CCAA,
sin que, según la jurisprudencia constitucional, se pueda entender que es
necesario que sus EEAA hayan introducido títulos distintos a aquel.

ENMIENDA NÚM. 43

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

RETIRADA

Página
38

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición transitoria primera que quedará
redactada como sigue:

«1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la
presente Ley, se podrá instar que el régimen previsto en la disposición
transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, se aplique igualmente a los núcleos o áreas que, a su entrada en
vigor no estuvieran clasificados como suelo urbano, pero que, de acuerdo
con la ordenación urbanística que se apruebe resulten clasificados como
suelo urbano, o bien que en ese momento reúnan los siguientes requisitos
necesarios para la clasificación que les corresponda:

a) Que cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua,
evacuación de aguas residuales, incluyendo fosas sépticas o cualquier
otro sistema de evacuación, y suministro de energía eléctrica.

b) Que estén comprendidos en áreas transformadas y aptas
para la edificación o consolidadas por ella, al menos, en un tercio de su
superficie.

2. Para la aplicación de esta disposición será necesario
que estos núcleos o áreas sean clasificados por la Administración
urbanística como suelo urbano u otra clasificación y categoría que cumpla
los requisitos del apartado anterior, previo informe del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que deberá pronunciarse sobre
la compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa
del dominio público marítimo-terrestre. Este informe deberá emitirse de
acuerdo con el procedimiento y plazos establecidos para la aprobación del
planeamiento. En caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá
que es favorable.

3. Si para el correcto examen de las solicitudes
presentadas fuera necesario ampliar el plazo para emitir el informe al
que se refieren los dos apartados anteriores, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acordará la ampliación del tal
plazo que no podrá ser superior a la mitad del establecido. La ampliación
se comunicará a las Administraciones peticionarias.

4. Las Administraciones urbanísticas que ya hayan
clasificado como suelo urbano a los núcleos o áreas a los que se refiere
el apartado primero de esta disposición deberán solicitar al Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe previsto en el
apartado segundo de esta disposición en el plazo de tres meses desde la
entrada en vigor de la presente Ley. El informe deberá emitirse en el
plazo de seis meses desde que haya sido solicitado, en caso de que no se
emitiera en este plazo se entenderá que es favorable.»

JUSTIFICACIÓN

Este texto tiene el objetivo de establecer la clasificación
del suelo por la Administración urbanística actuante (Comunidad Autónoma)
y una vez establecida conforme a la legalidad urbanística vigente, se
podrá acoger a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la
Ley de Costas.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula 10 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible
del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz,
Jokin Bildarratz Sorron.

ENMIENDA NÚM. 46

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos. I.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del párrafo segundo del apartado
I de la Exposición de Motivos quedando su redacción de la siguiente
forma:

«En consecuencia, la protección de la costa española
constituye un deber inexcusable para los poderes públicos y también para
los ciudadanos y la sociedad en general. El valor ambiental de la costa
es connatural a ella, destacando su riqueza y diversidad biológica.
También proporciona asiento a innumerables elementos patrimoniales,
históricos, artísticos y paisajísticos de incalculable valor. Además,
nuestro litoral se caracteriza por ser una de las zonas más densamente
pobladas, en las que se concentra buena parte de la actividad turística y
de la relacionada con los cultivos marinos, lo que hace que sea un
recurso estratégico de crucial importancia para el país.»

JUSTIFICACIÓN

Es innegable la importancia medioambiental y social de la
costa, pero creemos que también es importante consagrar su valor como un
entorno en el que se han desarrollado, a lo largo de la historia,
acontecimientos muy importantes para la sociedad. Consecuencia de esto
son los numerosos elementos de incalculable valor patrimonial e histórico
(de origen civil, militar, industrial y religioso), así como artísticos y
de alto valor paisajístico, repartidos por toda la costa. Elementos que
deben de ser recuperados, restaurados y mantenidos por su valor innegable
intrínseco, pero que además son susceptibles de convertirse en recursos
importantes para la puesta en valor de la propia costa, con actividades
como las derivadas de su aprovechamiento turístico.

ENMIENDA NÚM. 47

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos. III.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado III de la
Exposición de Motivos, añadiendo un nuevo párrafo a continuación del
párrafo dieciséis de dicho apartado, del siguiente tenor:

«Se incorpora una fórmula orientada a potenciar la
transformación urbana de áreas artificializadas (principalmente espacios
portuarios en desuso) a fin de volver a ponerlas al servicio de la
actividad económica garantizando que el nuevo valor generado redunde en
beneficio de la colectividad.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 48

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Ocho del artículo
primero, quedando su redacción de la siguiente forma:

«Ocho. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo
25 y el apartado 2 del mismo precepto, y se introduce un nuevo apartado 4
que quedan redactados del siguiente modo:

c) igual.

2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esa zona
las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan
tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las
salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o
convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, sirvan
para poner en valor elementos con valor patrimonial, histórico, artístico
o paisajístico, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En
todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles
deberán de cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente
para garantizar la protección del dominio público.»

(Resto del apartado igual).

JUSTIFICACIÓN

La Administración debe de velar por la preservación y
puesta en valor económico y social de todos los elementos patrimoniales,
históricos, artísticos o paisajísticos ubicados en dominio público
marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 49

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado Veintidós del artículo
primero.

JUSTIFICACIÓN

Esta forma de impugnación extraordinaria es contraria a la
autonomía municipal y al respeto institucional debido a un nivel
administrativo local independiente y no tutelado por el Estatal. La Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, establece, en los
artículos 63 y siguientes, un sistema de impugnación mediante
requerimientos que se entiende que es más respetuosa con dicha autonomía
y que establece, con carácter general, la denuncia de estas situaciones
ante los Tribunales de Justicia, donde la Administración del Estado tiene
la posibilidad de solicitar la suspensión de lo acordado.

ENMIENDA NÚM. 50

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo
primero con el siguiente tenor:

Nuevo. Se introduce una nueva disposición adicional que
queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional nueva.

Las infraestructuras y terrenos de titularidad pública que,
habiendo sido construidos sobre el dominio público marítimo-terrestre,
ganados al mar o incorporados por cualquier título al dominio público,
sean desafectados por haber sido declarados innecesarios para su
finalidad originaria, podrán ser enajenados con arreglo a lo establecido
en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, siempre que cuenten con un instrumento de
planificación territorial o urbanística acorde con las siguientes
prescripciones:

1. La servidumbre de protección estará delimitada por una
línea paralela a la infraestructura que delimita la lámina de agua, a una
distancia de 20 metros de la misma.

2. En esta zona de servidumbre de protección podrán
establecerse todas las actividades mencionadas en el artículo 47.1 de la
Ley 22/1988.

3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en
el artículo 58.1 relativas a la zona de influencia.

4. El planeamiento deberá incorporar las determinaciones
necesarias para dar cumplimiento de manera satisfactoria a los objetivos
perseguidos por las servidumbres de tránsito y acceso al mar.

Si dentro del plazo de veinte años desde la enajenación se
produce una modificación del instrumento de ordenación territorial o
urbanística de su planeamiento de desarrollo que reconozca mayores
aprovechamientos o reduzca por cualquier vía las cargas inicialmente
establecidas, el titular de la parcela deberá abonar a la Administración
del Estado la diferencia de valor resultante, que será tasada a través
del procedimiento que reglamentariamente se establezca.»

JUSTIFICACIÓN

El mejor aprovechamiento de los terrenos artificializados
permite atender a la demanda de suelo próximo al mar preservando los
terrenos que todavía conservan sus características naturales. Se
devuelven estos espacios a la actividad económica, garantizando la
apropiación de los beneficios económicos por la Administración
Pública.

ENMIENDA NÚM. 51

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo
primero con el siguiente tenor:

Nuevo. Se introduce una nueva disposición adicional que
queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional nueva.

1. En el caso de que la Ley autonómica que declara y ordena
un espacio natural protegido lo establezca de forma expresa e
individualizada, los bienes inmuebles que hayan sido declarados de
interés

cultural que se encontrasen inscritos en el Registro de la
Propiedad a favor de particulares con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 22/1988 continuarán siendo de propiedad particular, sin que les
sea de aplicación el mecanismo de otorgamiento de concesiones
administrativas establecido en la disposición transitoria primera.

Esta disposición se aplicará independientemente del momento
en que la Ley autonómica incorpore las correspondientes previsiones y del
estado en que se encuentre el expediente de otorgamiento de la
concesión.

2. A los terrenos privados adyacentes al dominio público
marítimo-terrestre incluido en un espacio natural protegido les serán de
aplicación las limitaciones y prohibiciones que se establezcan en la Ley
reguladora del mismo o en su instrumento de gestión con preferencia al
régimen derivado de las servidumbres establecidas en la presente
Ley.»

JUSTIFICACIÓN

La ley que declara el espacio natural protegido y la norma
que aprueba su régimen de gestión son los instrumentos idóneos para
establecer el necesario equilibrio entre el derecho de propiedad y la
protección del dominio público marítimo-terrestre, que en estos espacios,
y en especial cuando se produzca una incidencia sobre bienes de interés
cultural, no debe convertirse en un obstáculo para la continuidad de los
usos y asentamientos que han contribuido a configurar y conservar los
valores objeto de protección.

ENMIENDA NÚM. 52

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo
primero con el siguiente tenor:

Nuevo. Se modifica el apartado 1 del artículo 74 que queda
redactado como sigue:

«1. Las solicitudes acompañadas del proyecto básico o de
construcción, conforme a lo previsto en el artículo 42; de un plan de
gestión, usos, conservación y mantenimiento en el caso de que se trate de
elementos con valor patrimonial, histórico, artístico o paisajístico y
del resguardo acreditativo de la constitución de las fianzas que en su
caso corresponda, se tramitarán en la forma que se determine
reglamentariamente, con las fases de información pública, de informe de
los organismos que deban ser consultados y de confrontación previa del
proyecto.»

JUSTIFICACIÓN

La Administración tiene que saber en todo momento cuál es
el plan de gestión y usos de las concesiones que contengan algún elemento
de valor patrimonial, histórico, artístico y paisajístico, por la
importancia que estos elementos tienen para la sociedad.

Asimismo, por las especiales características que, en muchos
casos, tienen estos elementos, la Administración debe de asegurarse de
que el mantenimiento y conservación de los mismos es la más adecuada en
cada caso.

Página
44

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo
primero con el siguiente tenor:

Nuevo. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 42.

«5. En el caso de elementos con valor patrimonial,
histórico, artístico o paisajístico, se requerirá también una previa
evaluación del plan de usos y gestión y del plan de conservación y
mantenimiento por parte de la Administración competente en cada caso en
la preservación del patrimonio histórico-artístico.»

JUSTIFICACIÓN

La Administración debe garantizar que los elementos con
valor patrimonial, histórico, artístico o paisajístico se recuperen y
preserven de manera efectiva y correcta en las correspondientes
autorizaciones y concesiones.

ENMIENDA NÚM. 55

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo
primero con el siguiente tenor:

Nuevo. Se modifica el apartado 2 del artículo 44 que queda
redactado como sigue:

«2. Deberán de prever la adaptación de las obras al entorno
en el que se encuentran situadas, la estricta sujeción de las mismas a
las directrices indicadas por el órgano competente en materia de
preservación del patrimonio histórico-artístico y en su caso, la
influencia de la obra sobre la costa y las posibles efectos de regresión
de esta.»

JUSTIFICACIÓN

La Administración debe garantizar que los elementos con
valor patrimonial, histórico, artístico o paisajístico se recuperen y
preserven de manera efectiva y correcta en las correspondientes
autorizaciones y concesiones.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 27
enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y
de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz
Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

ENMIENDA NÚM. 56

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Exposición de Motivos.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la exposición de motivos.

MOTIVACIÓN

Por contener explicaciones en muchos casos innecesarias y
que no guardan relación con el contenido en la medida que atienden a una
supuesta mejora de la protección y del uso sostenible del litoral
ausentes por completo en el proyecto normativo.

ENMIENDA NÚM. 57

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Uno.

Se propone la modificación del apartado uno del artículo
primero, que tendrá la siguiente redacción:

«Uno. Se modifica el artículo 3 que queda redactado del
siguiente modo:

“Son bienes de dominio público marítimo-terrestre
estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la
Constitución:

1. La ribera del mar y de las rías, que incluye:

a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre
la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta
donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, o cuando lo
supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial.

Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos
hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas. Se
consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales,
esteros y, en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan
como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la
filtración del agua del mar.

No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público
marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y
controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al
efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio
público.

b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos,
tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y
dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del
viento marino, u otras causas naturales o artificiales.

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho
y subsuelo, definidos y regulados por su legislación específica.

3. Los recursos naturales de la zona económica y la
plataforma continental, definidos y regulados por su legislación
específica.

4. A los efectos de esta ley se entiende por:

Albufera: cuerpos de aguas costeras que quedan físicamente
separados del mar, en mayor o menor extensión por una franja de
tierra.

Berma: parte casi horizontal de la playa, interior al
escarpe o talud de fuerte pendiente causada por el oleaje.

Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos
de arena tengan o no vegetación que se alimenten de la arena transportada
por la acción del mar, del viento marino o por otras causas.

Escarpe: escalón vertical en la playa formado por la
erosión de la berma.

Estero: caños en una marisma.

Marisma: terreno muy llano y bajo que se inunda
periódicamente como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas o de
la filtración del agua del mar.

Marjal: terreno bajo cubierto por un manto de agua que da
soporte a abundante vegetación”.»

MOTIVACIÓN

Del apartado 1.a) se suprime el inciso «de acuerdo a los
criterios técnicos que se determinen reglamentariamente» porque los
criterios técnicos no pueden suponer una alteración de la definición
legal.

En el apartado 1.b) se recupera la redacción de la vigente
Ley porque se considera que defiende mejor el dominio público al no
realizar diferencias entre distintas dunas.

Se mejora la definición de albufera del apartado 4, al
referirlo al mar.

ENMIENDA NÚM. 58

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Seis.

Se propone la modificación del apartado Seis del artículo
primero, que tendrá la siguiente redacción:

«Seis. Se introduce un artículo 13 bis que queda redactado
del siguiente modo:

“1. Los deslindes se revisarán cuando se altere la
configuración del dominio público marítimo-terrestre. La incoación del
expediente de deslinde tendrá los efectos previstos en el artículo
12.

2. Los titulares de los terrenos que tras la revisión del
deslinde se incorporen al dominio público marítimo-terrestre pasarán a
ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto
la Administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa
del interesado.

La concesión se otorgará por el plazo determinado en la
Disposición Transitoria Primera de esta Ley, respetando los usos y
aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon.

3. Los titulares de las obras e instalaciones que tras la
revisión del deslinde se incorporen a la zona de servidumbre de
protección o de tránsito podrán realizar obras de reparación, mejora,
consolidación y modernización en los términos señalados en la Disposición
Transitoria Cuarta de esta Ley siempre que no impliquen aumento de
volumen, altura ni superficie.

Estas obras deberán suponer una mejora en la eficiencia
energética. A tal efecto y cuando les resulte aplicable tendrán que
obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos
letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de
eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico
para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva
construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra
norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios
existentes.

Asimismo, en estas obras, cuando proceda, se emplearán los
mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o
colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el
caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego
fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas
regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

Circunstancias que deberán acreditar ante la
Administración, mediante una certificación o declaración realizada al
efecto por una Entidad debidamente acreditada en las condiciones que se
determine reglamentariamente, con carácter previo a la autorización
urbanística que proceda. En caso de que las obras o instalaciones afecten
a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la
Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que
la servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá
emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud. Si en dicho plazo
no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable.”»

MOTIVACIÓN

En el apartado 2. Se hace coincidir el plazo de la
concesión con el previsto por la disposición transitoria primera, es
decir, 30 años.

En el apartado 3 se unifica el régimen jurídico mediante la
remisión a la disposición transitoria cuarta.

En el mismo apartado, se considera que una certificación de
las que se realizan por un tercero acreditado, como se hace por ejemplo
en el caso de la ITE, garantiza mejor la finalidad de adecuación legal de
las obras.

ENMIENDA NÚM. 59

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Siete.

Se propone la supresión del apartado Siete del artículo
primero.

MOTIVACIÓN

No se entiende este tratamiento especial a los terrenos
colindantes a las márgenes de los ríos que, al igual que el resto de los
bienes enumerados en el artículo 2 y 4 de la Ley de Costas, tienen la
consideración de dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 60

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Ocho.

Se propone la modificación del apartado Ocho del artículo
primero, que tendrá la siguiente redacción:

«Ocho. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo
25 y el apartado 2 del mismo precepto, y se introduce un nuevo apartado 4
que quedan redactados del siguiente modo:

“c) Las actividades que impliquen la destrucción de
yacimientos de áridos”.

“2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en
esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza,
no puedan tener otra ubicación, o aquellos que presten servicios
necesarios o convenientes para el uso del dominio público
marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas.
En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles
deberán cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para
garantizar la protección del dominio público.”

“4. Reglamentariamente se establecerán las
condiciones en las que se podrá autorizar la publicidad, a que se refiere
la letra f) del apartado 1 de este artículo, siempre que sea parte
integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas, que
desarrollen las Administraciones Públicas o entidades sin ánimo de lucro
y no sea incompatible con la finalidad de la servidumbre de
protección”.»

MOTIVACIÓN

En la letra c) del artículo 25 se mantiene la regulación de
la vigente Ley.

En el apartado 2. Se suprime la relación indicativa
relativa a los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas
por resultar innecesaria, ya que estos tipos de actividad se hallan
comprendidos sin duda entre el concepto legal, y su alusión concreta
puede inducir a confusión.

En el apartado 4 se quiere especificar que la posible
publicidad se pueda referir exclusivamente a entidades sin ánimo de
lucro.

ENMIENDA NÚM. 61

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Nueve.

Se propone la supresión del apartado Nueve del artículo
Primero.

MOTIVACIÓN

Por considerar que este nuevo apartado puede suponer un
retroceso en la protección y en el uso y disfrute común de las
playas.

ENMIENDA NÚM. 62

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Diez.

Se propone la modificación del apartado Diez del artículo
primero que tendrá la siguiente redacción:

«Se modifica el apartado 1 del artículo 38 que queda
redactado del siguiente modo:

“1. Estará prohibida la publicidad a través de
carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales.

Excepcionalmente, y en las condiciones que se establezcan
reglamentariamente se podrá autorizar la publicidad siempre que sea parte
integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas en el
dominio público marítimo-terrestre y siempre que se desarrolle por alguna
Administración pública o entidad sin ánimo de lucro y sea compatible con
su protección”.»

MOTIVACIÓN

Se quiere especificar que la posible publicidad se pueda
referir exclusivamente a Administraciones Públicas o entidades sin ánimo
de lucro.

ENMIENDA NÚM. 63

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Trece.

Se propone la modificación del apartado Trece del artículo
primero que tendrá la siguiente redacción:

«Se modifica el apartado 4 del artículo 52 que queda
redactado del siguiente modo:

“El plazo de vencimiento será el que se determine en
el título correspondiente, y no podrá exceder de un año, salvo en los
casos en los que esta Ley establezca otro diferente. Excepcionalmente, se
podrá autorizar un plazo superior hasta el límite de cuatro años, en los
casos en que la actividad económica en que se desarrolle ocupe al menos
tres cuartas partes del año natural”.»

MOTIVACIÓN

Se considera necesario que el vencimiento sea anual para
proteger la integridad del dominio público durante aquel período de
tiempo que no exista actividad, entendiendo que si ésta se prolonga
durante la mayor parte del año, las razones de eficiencia aconsejan
aumentar ese período.

ENMIENDA NÚM. 64

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Quince.

Se propone la supresión del apartado Quince del artículo
primero.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas.

Página
51

«Se introducen tres nuevas letras j), k) y l), al apartado
1 del artículo 78 que quedan redactadas del siguiente modo:

j) Incurrir en prohibición de contratar, de acuerdo con el
artículo 65.2 de esta ley.

k) La falta de la comunicación expresa prevista en el
artículo 70.2 de esta ley en los casos de transmisión mortis causa de las
concesiones.

l) La falta del reconocimiento previo por la Administración
previsto en el tercer párrafo del artículo 70.2.»

MOTIVACIÓN

Por coherencia con las anteriores enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 68

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Veinte.

ENMIENDA

De supresión.

Al Artículo primero, apartado Veinte.

Se propone la supresión del apartado Veinte del artículo
primero.

MOTIVACIÓN

Nos parece más adecuado lo previsto en la actual Ley
22/1998, de 28 de julio, de Costas.

ENMIENDA NÚM. 69

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Veintidós.

Se propone la supresión del apartado Veintidós del artículo
primero.

MOTIVACIÓN

Este Grupo parlamentario se muestra a favor de aumentar los
controles que actúen preventivamente frente a posibles construcciones o
actividades cuya ilegalidad reconocida años después de su conclusión
invalida por la vía de los hechos la protección del ordenamiento
urbanístico o ambiental. Sin embargo, dado que estamos ante un núcleo de
actuaciones donde se despliegan competencias estatales, autonómicas y
locales, existe por tanto una necesidad de armonizarlas y realizar las
modificaciones administrativas y normativas que persigan una solución
consesuada y efectiva en el tiempo. En este sentido, se debe considerar
que la solución no pasa por arbitrar un mecanismo de solución como el
propuesto en el Proyecto, jurídicamente discutible y parcial en su
vocación de solucionar problemas que

pueden tener una dimensión superior a la mera legalidad de
la Ley de costas, sino otro mecanismo aplicable a un ámbito que defienda
con mayor amplitud los intereses generales y que cuente con el acuerdo de
instituciones y fuerzas políticas.

ENMIENDA NÚM. 70

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Veintitrés.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Veintitrés.

Se propone la modificación del apartado Veintitrés del
artículo primero, en el sentido de suprimir el nuevo apartado 5 de la
disposición transitoria primera, en el siguiente sentido:

«Veintitrés. Se modifican los apartados 2 y 3 de la
disposición transitoria primera en el siguiente sentido:

“2. Los titulares de los terrenos de la zona
marítimo-terrestre o playa que no hayan podido ser ocupados por la
Administración al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de
esta ley, por estar inscritos en el Registro de la Propiedad y amparados
por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, quedarán sujetos al régimen
establecido en la presente ley para la utilización del dominio público,
si bien los titulares inscritos, pasarán a ser titulares de un derecho de
ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, por
treinta años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, a cuyo
efecto deberán solicitar la correspondiente concesión.

No obstante lo anterior, si los terrenos se destinaran a
instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación, la concesión se otorgará previo informe del órgano
ambiental de la Comunidad Autónoma en la que radique la ocupación. El
informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio
ambiente e incluirá, en los casos que proceda, las condiciones que deba
contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio
ambiente. Este informe tendrá carácter determinante. Si la Administración
General del Estado se aparta de su contenido deberá motivar las razones
de interés general por las que lo hace, en la resolución por la que se
otorgue o deniegue la concesión.

Si el informe del órgano ambiental autonómico no fuera
emitido en el plazo de tres meses se procederá de acuerdo con lo previsto
en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que
aquellos puedan ejercitar en defensa de sus derechos”.

“3. En los tramos de costa en que el dominio público
marítimo-terrestre no esté deslindado o lo esté parcialmente a la entrada
en vigor de la presente ley, se procederá a la práctica del
correspondiente deslinde, cuya aprobación surtirá los efectos previstos
en el artículo 13 para todos los terrenos que resulten incluidos en el
dominio público, aunque hayan sido ocupados por obras. Si bien, los
titulares registrales de los terrenos, amparados por el artículo 34 de la
Ley Hipotecaria, que resulten comprendidos en el deslinde practicado
pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del
dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos en el
apartado segundo de esta disposición”.»

MOTIVACIÓN

El mantenimiento de la propiedad privada sobre terrenos
destinados a actividades de cultivo marino o a salinas que sean
naturalmente inundables supone una privatización de pertenencias de
dominio público marítimo-terrestre.

Página
54

dominio público y servidumbre de tránsito deben tener una
situación similar a la de «fuera de ordenación» prevista en cualquier
plan urbanístico para las edificaciones que, aun ejecutadas conforme con
la normativa anterior, devienen contrarias con el nuevo planeamiento. En
este caso, las edificaciones y construcciones que pudieron ser
construidas conforme a la normativa anterior a la Ley de Costas sin
embargo, como consecuencia de la nueva Ley y de los deslindes aprobados,
devienen contrarias a las reglas establecidas en la misma para la
protección y defensa del dominio público, por lo que debe aplicarse el
régimen de fuera de ordenación, diferente al previsto en el resto de la
zona de servidumbre de protección de la letra c).

Se considera que la certificación de una Entidad acreditada
es una garantía más adecuada que la declaración responsable.

ENMIENDA NÚM. 72

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Veinticinco.

Se propone la supresión del apartado Veinticinco del
artículo primero.

MOTIVACIÓN

No se considera adecuado el régimen específico que otorga
una propiedad privada en lo que hasta ahora está considerado dominio
público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 73

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo
primero del Proyecto de Ley, que tendrá la siguiente redacción.

«xxxxx. Se adicionan dos nuevos apartados a la disposición
transitoria primera de la ley 22/19 al Proyecto de Ley, con el siguiente
contenido:

“5. Las concesiones otorgadas al amparo de lo
establecido en esta disposición transitoria serán transmisibles, previa
autorización de la Demarcación o Servicio de Costas, por actos ínter
vivos, subrogándose el nuevo titular en los derechos y obligaciones
derivados de la concesión.

El Ministerio competente podrá ejercer los derechos de
tanteo y retracto en el plazo de tres meses. Dicho plazo de computará, en
el caso de tanteo, desde la notificación por el concesionario de las
condiciones en que va a proceder a transmitir la concesión, entre las que
necesariamente habrán de reflejarse las relativas al precio y forma de
pago y, en el caso del retracto, desde que tenga conocimiento expreso del
citado Departamento.

6. El procedimiento para el otorgamiento de las concesiones
previstas en esta disposición transitoria para el reconocimiento de los
usos y aprovechamientos existentes a la entrada en vigor de esta ley,
requerirá exclusivamente la acreditación por su titular de dichos usos y
aprovechamientos y de los demás requisitos establecidos en esta
disposición así como la audiencia previa a su otorgamiento por el
Ministerio competente”.»

MOTIVACIÓN

Si bien se considera adecuado establecer la posibilidad de
transmisión de las concesiones, éstas deben ceñirse a las reguladas por
la disposición transitoria primera de la Ley. Además ha de preverse la
posibilidad de los derechos de tanteo y retracto por parte del Ministerio
competente.

ENMIENDA NÚM. 74

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo segundo.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo segundo.

Se propone la supresión del artículo Segundo.

MOTIVACIÓN

La prórroga puede suponer la continuidad de actividades
incompatibles con la propia Ley y el uso adecuado del dominio público
marítimo-terrestre debe su velar por su protección. Además, las
concesiones han de ser improrrogables, ya que implican, en todo caso, una
limitación a la libre competencia.

ENMIENDA NÚM. 75

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De supresión.

A la disposición adicional segunda.

Se propone la supresión de la disposición adicional
segunda.

MOTIVACIÓN

No se considera necesaria la revisión de los deslindes en
coherencia con las enmiendas presentadas, ya que no habría modificación
de la definición legal del dominio público marítimo-terrestre.

Página
57

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ENMIENDA

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), formula la
siguiente corrección de errores a la Enmienda número 80 de adición, a la
Disposición adicional nueva.

MOTIVACIÓN

Necesidad de contemplar esta actuación.

Palacio del Senado, a 20 de marzo de 2013.

ENMIENDA NÚM. 81

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva al Proyecto de Ley.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional al
Proyecto de Ley, que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición adicional. Agencia de evaluación urbanística y
del suelo.

En el plazo de seis meses desde la aprobación de esta Ley,
el Gobierno presentará un Proyecto de Ley para la creación de una Agencia
de Evaluación Urbanística y de Suelo conjunta de Estado, Comunidades
Autónomas y una representación municipal caracterizada por su capacidad e
independencia, que asumirá la evaluación y el control de los instrumentos
de ordenación urbanística local a partir de sus efectos sobre intereses
supralocales y de forma singular sobre el respeto de la legalidad
urbanística, ambiental, incluyendo la de costas, y de ordenación del
territorio. Esta Agencia tendrá facultades para la suspensión de actos y
acuerdos para evitar que desplieguen efectos durante años y cuya
eliminación resulta después prácticamente imposible, especialmente cuando
estos afecten al medio ambiente.»

MOTIVACIÓN

Este Grupo parlamentario se muestra a favor de aumentar los
controles que actúen preventivamente frente a posibles construcciones o
actividades cuya ilegalidad reconocida años después de su conclusión
invalida por la vía de los hechos la protección del ordenamiento
urbanístico o ambiental. Sin embargo, dado que estamos ante un núcleo de
actuaciones donde se despliegan competencias estatales, autonómicas y
locales, existe por tanto una necesidad de armonizarlas y realizar las
modificaciones administrativas y normativas que persigan una solución
consensuada y efectiva en el tiempo. En este sentido, se debe considerar
que la solución no pasa por arbitrar un mecanismo de solución como el
propuesto en el Proyecto, jurídicamente discutible y parcial en su
vocación de solucionar problemas que pueden tener una dimensión superior
a la de la mera legalidad de la Ley de costas, sino otro mecanismo
aplicable a un ámbito que defienda con mayor amplitud los intereses
generales y que cuente con el acuerdo de instituciones y fuerzas
políticas.

Página
60

JUSTIFICACIÓN

Del apartado 1. a) se suprime el inciso «de acuerdo a los
criterios técnicos que se determinen reglamentariamente» porque los
criterios técnicos no pueden suponer una alteración de la definición
legal.

En el apartado 1. b) se recupera la redacción de la vigente
Ley porque es más precisa y no incluye términos indeterminados como
«hasta el límite que resulte necesario» para definir las dunas como
bienes de dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 84

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Cuatro del artículo
Primero, que tendrá la siguiente redacción:

«Cuatro. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 12,
y se suprime el apartado 6 del mismo precepto. Los apartados 2 y 4 quedan
redactados del siguiente modo:

“2. En el procedimiento serán oídos la Comunidad
Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, los propietarios colindantes,
previa notificación, y demás personas que acrediten la condición de
interesados.

Cuando el deslinde afecte al dominio público portuario, se
remitirá el expediente de deslinde, antes de su aprobación, al Ministerio
de Fomento o, en su caso, al Órgano competente de la Comunidad Autónoma
para que en el plazo de un mes emita un informe sobre las materias que
afecten a sus competencias.

Asimismo se garantizará la adecuada coordinación entre los
planos topográficos empleados en la tramitación del procedimiento y la
cartografía catastral.”

“4. El acuerdo de incoación del expediente de
deslinde, acompañado del plano del área afectada por el mismo y de la
relación de propietarios afectados, se notificará al Registro de la
Propiedad, interesando certificación de dominio y cargas de las fincas
inscritas a nombre de los titulares que resulten del expediente y de
cualesquiera otras fincas que resulten del plano aportado y de los
sistemas de georreferenciación de fincas registrales, así como la
constancia de la incoación del expediente en el folio de cada una de
ellas.

Con carácter simultáneo a la expedición de la referida
certificación, el registrador extenderá nota marginal en el folio de las
fincas de las que certifique, en la que hará constar:

a) La incoación del expediente de deslinde.

b) La expedición de la certificación de dominio y cargas de
las fincas afectadas por el deslinde.

c) La advertencia de que pueden quedar afectadas por el
deslinde, pudiendo así, las fincas incorporarse, en todo o en parte, al
dominio público marítimo-terrestre o estar incluidas total o parcialmente
en la zona de servidumbre de protección.

d) La circunstancia de que la resolución aprobatoria del
procedimiento de deslinde servirá de título para rectificar las
situaciones jurídico registrales contradictorias con el
deslinde.”»

JUSTIFICACIÓN

Incluir en el apartado 2 la reserva del envío previo del
expediente de deslinde a la Comunidad Autónoma cuando este afecte al
dominio público marítimo-terrestre adscrito a un Puerto de su
titularidad.

Página
63

efectos sobre intereses supralocales y de forma singular
sobre el respeto de la legalidad urbanística, ambiental, incluyendo la de
costas, y de ordenación del territorio. Esta Agencia tendrá facultades
para la suspensión de actos y acuerdos para evitar que desplieguen
efectos durante años y cuya eliminación resulta después prácticamente
imposible, especialmente cuando estos afecten al medio ambiente.»

JUSTIFICACIÓN

Se modifica la propuesta de que el último responsable en
paralizar actos o acuerdos lesivos para la integridad del dominio
público, sea el Delegado del Gobierno, a instancias del Ministerio. Y se
propone un acuerdo consensuado entre instituciones y fuerzas políticas
para la creación de una Agencia independiente de Evaluación urbanística y
de suelo donde participen las diferentes administraciones con
competencias en el territorio, con capacidad suficiente para actuar
preventivamente frente a posibles construcciones o actividades cuya
ilegalidad reconocida años después de su conclusión invalida por la vía
de los hechos la protección del ordenamiento urbanístico o ambiental.

ENMIENDA NÚM. 93

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación el apartado Veinticuatro del
artículo Primero que tendrá la siguiente redacción:

«Veinticuatro. Se modifican las letras a), b) y c) del
apartado 2 de la disposición transitoria cuarta, y se introduce un nuevo
apartado 3 que quedan redactados del siguiente modo:

“a) Si ocupan terrenos de dominio público
marítimo-terrestre, serán demolidas al extinguirse la concesión.

Mientras la concesión esté vigente, no se permitirán obras
de consolidación, aumento de volumen, altura ni superficie de las
construcciones existentes. Estarán únicamente permitidas aquellas obras
de reparación que exija la higiene, ornato y conservación y sin que el
incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a
efectos de rescate.

b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito,
únicamente se permitirán las obras que lo estén en la letra a) de este
artículo.

c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en
los términos en que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo
conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera, podrán
realizarse, obras de reparación, mejora, consolidación y modernización
siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las
construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas
comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de
demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse
íntegramente a las disposiciones de esta ley.

3. Las obras, a las que se refiere el apartado segundo de
esta disposición transitoria, cuando les sea aplicable, deberán:

a) Suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal
efecto, tendrán que obtener una calificación energética final que alcance
una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la
certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de
edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que
cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación
de edificios existentes.

b) Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y
equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo
en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios
verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales,
tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

No podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico
competente sin que los titulares de las concesiones acrediten haber
presentado ante la Administración del Estado y los de las construcciones
e instalaciones ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas
o, en su caso, de los Ayuntamientos una certificación o declaración
realizada al efecto por una Entidad debidamente acreditada en las
condiciones que se determine reglamentariamente, en la que de manera
expresa y clara manifiesten que tales obras no supondrán un aumento del
volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y que
cumplen con los requisitos establecidos anteriormente sobre eficiencia
energética y ahorro de agua, cuando les sean de aplicación.”»

JUSTIFICACIÓN

Se recupera parte del texto de la Ley vigente en el párrafo
a y b del apartado 2 de la Disposición transitoria cuarta. Las
edificaciones y construcciones existentes en dominio público y
servidumbre de tránsito deben tener una situación similar a la de «fuera
de ordenación» prevista en cualquier plan urbanístico para las
edificaciones que, aun ejecutadas conforme con la normativa anterior,
devienen contrarias con el nuevo planeamiento.

En el apartado 3 se incluye la necesidad de la
certificación de las obras por una entidad acreditada a diferencia de la
declaración responsable que propone el Proyecto. Además, se cita
expresamente a la administración municipal como posible órgano competente
para la recepción de la certificación correspondiente.

ENMIENDA NÚM. 94

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo Segundo.

JUSTIFICACIÓN

No está justificada la prórroga de las concesiones y menos
su ampliación hasta setenta y cinco años. Esto puede suponer la
continuidad de actividades incompatibles con la propia Ley. Además, las
concesiones han de ser improrrogables, ya que implican, en todo caso, una
limitación a la libre competencia.

ENMIENDA NÚM. 95

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
segunda.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición adicional
segunda.

JUSTIFICACIÓN

No es necesaria la revisión de los deslindes ya ejecutados
en coherencia con las enmiendas presentadas.

ENMIENDA NÚM. 96

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
tercera.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición adicional
tercera.

JUSTIFICACIÓN

No está justificado el cambio en la definición de la ribera
del mar para amparar un deslinde específico en paseos marítimos.

ENMIENDA NÚM. 97

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición adicional
cuarta.

JUSTIFICACIÓN

No está justificado un deslinde específico para la Isla de
Formentera, que la haga diferente a otras islas u otras zonas del
litoral, ni en singularidad, ni en configuración geológica.

Página
70

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo 3.1.a del apartado uno del
Artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Los terrenos inundados artificialmente deben formar parte
del dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 102

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo 3.1.b del apartado uno del
Artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Resulta arbitrario e impreciso el criterio para incluir
determinadas dunas en el dominio marítimo- terrestre. No se aclara cómo
se va a determinar si las dunas son o no necesarias para mantener la
playa. El criterio determinado de «mantenimiento de playa», además no
tiene en cuenta que existen dunas fósiles anexas a los acantilados del
Mediterráneo y que éstas son fundamentales para el mantenimiento de los
acantilados y la seguridad de aquellas infraestructuras situadas
inmediatamente después. Precisamente debajo de estos acantilados no
existen playas.

ENMIENDA NÚM. 103

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De supresión.

Del apartado del apartado dos del Artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Este artículo implicaría que muchos terrenos inundables
como salinas, marjales, esteros, en definitiva, humedales costeros,
quedarían fuera del dominio público. Además la mayoría de ellos están
protegidos en la Red Natura 2000 o por la Convención Ramsar de Humedales,
y no solo constituyen un valioso e irremplazable patrimonio público, sino
una fuente de ingresos y empleo en los sectores del turismo, la
acuicultura o la fabricación de sal.

Por otra parte, podría dar lugar a la picaresca de inundar
la costa baja del litoral, con bombas de achique, por ejemplo, para
reclamar su desclasificación.

Página
73

JUSTIFICACIÓN

Se trata de tener un conocimiento más completo del litoral,
con la finalidad de realizar una mejor gestión del mismo.

ENMIENDA NÚM. 117

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

En el plazo de dos años, el Gobierno llevará a cabo el
trazado de un nuevo deslinde para las zonas de riesgo que se identifiquen
en el proyecto «Cambio Climático en la Costa de España - C3E» del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, basado en el
efecto potencial del Cambio Climático recogido en los escenarios que se
recogen en el Quinto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC) a publicar en 2014. En cualquier caso, este deslinde
deberá llevarse a cabo en coherencia con las conclusiones y
recomendaciones derivadas de instrumentos europeos como la plataforma
CLIMATE-ADAPT o la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático,
cuya aprobación está prevista por la comisión Europea en primavera de
2013.

El proceso de nuevo deslinde se deberá llevar a cabo de
forma participativa en el marco del Consejo Asesor de Medio Ambiente del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

JUSTIFICACIÓN

Existe consenso científico acerca del impacto que el cambio
climático va a tener sobre los usos de las zonas costeras. Los impactos
del cambio climático en este área no afectan solo a los recursos
naturales. Efectos como el aumento del nivel del mar, la mayor frecuencia
e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos o los cambios en la
intensidad y dirección del oleaje y las mareas causan daños también a los
bienes y a las personas y alteran la actividad socioeconómica de la zona
costera.

España es uno de los países más afectados de la Unión
Europea por el cambio climático, siendo el aumento de la temperatura
registrado en nuestro país durante el siglo XX (1,5 ºC en relación con la
temperatura pre industrial) muy superior a las medias globales (0,7 ºC) y
europeas (0,9 ºC). Este factor y los más de 8.000 km de costa españolas,
deben convertir el cambio climático en un tema esencial en este Proyecto.

La vulnerabilidad de España al aumento del nivel medio del
mar es, por lo tanto, indudable y es esencial la prevención. Algunos de
los impactos en las obras marinas como los cambios en el rebase e
inundaciones de estructuras en talud o verticales (que integran muchos de
los paseos marítimos) son especialmente apreciables entre Málaga y
Algeciras, dónde la variación de rebases puede alcanzar el 250%, o la
disminución de la estabilidad de los diques que en la cornisa cantábrica
puede darse en un 20% y llegar al 50% en las costas gallegas.

Es necesario, por lo tanto, afrontar la protección de la
población, de actividades económicas, las infraestructuras y los recursos
naturales, pero también lo es incorporar los impactos del cambio
climático a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras y los estudios o
planeamientos del litoral, para proteger las zonas húmedas del litoral.
De hecho, el Estado ha ratificado (BOE 70 del 23 de marzo de 2011) el
Protocolo relativo a la Gestión Integrada de Zonas Costeras del
Mediterráneo. Conforme a los principios y objetivos del Protocolo las
Partes «establecerán en las zonas costeras, a partir del nivel alcanzado
por el nivel más alto del mar en invierno, una zona en la que no se
permiten las construcciones. Teniendo en cuenta, entre

otras cosas, los espacios directa y negativamente afectados
por el cambio climático y los riesgos naturales, esta zona no podrá tener
una anchura inferior a 100 metros...» (artículo 8. Dos. apartado A).
Además el mismo Protocolo reza en su artículo 22: «En el marco de las
estrategias nacionales de gestión integrada de las zonas costeras, las
Partes elaborarán políticas de prevención de los riesgos naturales. Con
este fin, efectuarán, en lo que respecta a las zonas costeras,
evaluaciones de la vulnerabilidad y de los riesgos y adoptarán medidas de
prevención, mitigación y adaptación para hacer frente a los efectos de
las catástrofes naturales y, en particular, del cambio climático».

Además en el libro blanco de adaptación al cambio climático
(Comisión Europea, 2009) en el que la adaptación en zonas marinas y
costeras aparece como un elemento clave a tener en cuenta en la Política
Marítima Integrada, en la aplicación de la Directiva Marco sobre la
Estrategia Marina, así como en la reforma de la Política Pesquera Común.
En línea con la recomendación del libro blando respecto a la necesidad de
elaborar orientaciones europeas sobre adaptación en zonas marinas y
costeras, la Unión Europea se dispone a aprobar una estrategia de
adaptación al cambio climático y dispone ya de iniciativas como la
plataforma CLIMATE-ADAPT, cuyas conclusiones y recomendaciones deben ser
integradas en los instrumentos de política nacional relacionados con los
temas a los que afecta.

ENMIENDA NÚM. 118

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

Se crea el Fondo para la adquisición de fincas y terrenos
colindantes con el dominio público marítimo-terrestre con el fin de
preservar los parajes vírgenes de las costas. El Gobierno dotará
anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado una partida
destinada a tal efecto.

JUSTIFICACIÓN

Se trata de preservar los pocos espacios vírgenes que
todavía quedan en nuestra costa.

ENMIENDA NÚM. 119

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

Se crea el Consejo Litoral, con el objeto de favorecer la
participación de las organizaciones representativas de intereses
sociales, de personas de reconocido prestigio, así como de la
Administración

local y autonómica en la elaboración y seguimiento de la
política del litoral orientada al desarrollo sostenible. El Consejo
contará con representantes de organizaciones sociales, ecologistas,
empresariales, sindicales, académicos, de la administración local, de las
Comunidades Autónomas y del Estado.

El Consejo Litoral queda adscrito, a efectos
administrativos, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

El régimen de funcionamiento del Consejo Litoral será el
establecido en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Consejo Asesor se reunirá, al menos, una vez al
trimestre y siempre que lo requiera el ejercicio de sus funciones. Podrá
constituir grupos de trabajo, a cuyas reuniones, así como a las del
propio Consejo, podrán ser invitadas las personas responsables de las
políticas ambientales sectoriales objeto de estudio y análisis, así como
los funcionarios o representantes del sector privado que el Presidente
del Consejo, que deberá proceder a su convocatoria, considere
oportuno.

JUSTIFICACIÓN

Se trata de fomentar la participación de la sociedad en
todo aquello relacionado con el litoral.

ENMIENDA NÚM. 120

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

Imposición sobre el cambio de usos del suelo.

Primero. Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre el Cambio de Usos del Suelo es un
tributo indirecto de naturaleza real y alcance estatal que grava las
actuaciones de nueva urbanización, según se definen en el apartado
1.a).1) del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo,
realizadas en territorio español.

2. El rendimiento derivado de este impuesto queda afectado
en su totalidad al Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
creado por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.

Segundo. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos del impuesto a título de
contribuyentes las personas físicas, las personas jurídicas o entidades
del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que sean propietarias del suelo en el momento en que se
realicen las actuaciones de nueva urbanización a las que se refiere el
Artículo 64 de esta Ley.

2. Tendrán la consideración de sustitutos de los
contribuyentes las administraciones locales en las que tengan lugar las
actuaciones de nueva urbanización.

3. Los sustitutos de los contribuyentes quedan obligados a
verificar la superficie de suelo afectada por las actuaciones de nueva
urbanización, según conste en el proyecto.

Tercero. Base imponible.

1. La base imponible del impuesto está constituida por la
superficie de suelo, en metros cuadrados, afectada por las actuaciones de
nueva urbanización a que se refiere el Artículo 64 de esta Ley, según el
proyecto de obra.

2. La base imponible se determinará para cada propietario
del suelo que sea sujeto pasivo del impuesto.

Cuarto. Cuota y tipo de gravamen.

1. El tipo de gravamen se fija en 50 euros por metro
cuadrado.

2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

Quinto. Repercusión.

El sustituto del contribuyente deberá repercutir
íntegramente el importe del impuesto sobre el contribuyente, quedando
este obligado a soportarlo, siempre que la repercusión se ajuste a lo
dispuesto en la presente Ley y en su normativa de desarrollo.

Sexto. Liquidación y devengo.

1. El impuesto se devenga en el momento de ser aprobado el
proyecto de nueva urbanización a que se refiere el Artículo 64, aún
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

2. El período de liquidación será de un año natural.

3. La liquidación del impuesto deberá efectuarse en el
lugar y forma determinados por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Séptimo. Gestión del impuesto.

La gestión, recaudación e inspección del impuesto será
competencia del Ministerio de Economía y Hacienda.

Octavo. Infracciones y sanciones.

Las infracciones tributarias relativas al presente impuesto
serán calificadas y sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás disposiciones
que regulen la potestad sancionadora de la Administración pública en
materia tributaria.

Noveno. Orden jurisdiccional.

La jurisdicción contencioso-administrativa, previo
agotamiento de la vía económico-administrativa, será la única competente
para dirimir las controversias de hecho y de derecho que se susciten
entra la Administración tributaria y los contribuyentes en relación con
cualquiera de las cuestiones a que se refiere esta Ley.

JUSTIFICACIÓN

Por creerlo conveniente.

ENMIENDA NÚM. 121

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

El Gobierno llevará a cabo las medidas propuestas por la
resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2009, sobre el
impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos
individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la
aplicación del derecho comunitario, con fundamento en determinadas
peticiones recibidas, conocida como informe Auken, relativas a la lucha
contra la especulación y el desarrollo insostenible.

JUSTIFICACIÓN

Acabar con el desarrollo urbanístico salvaje basado en
construcciones ilegales y asentado en la cultura del pelotazo.

ENMIENDA NÚM. 122

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

El Gobierno consensuará con las Comunidades Autónomas el
límite temporal máximo, año concreto en que las concesiones portuarias
autonómicas previas a la ley de costas deban entenderse vencidas, sin
posibilidad de prórroga.

Las ampliaciones de plazo respecto al resultante de la
legislación en vigor, debe ajustarse en todo caso a una justificación
concreta, relacionada con los plazos de amortización de la inversión.

JUSTIFICACIÓN

El régimen de prórroga que prevé el artículo segundo del
proyecto de ley no aplica las concesiones portuarias autonómicas,
estándose a los límites que prórrogas incluidas fija la norma
estatal.

ENMIENDA NÚM. 123

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria
segunda.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión de la Disposición Transitoria Segunda.

JUSTIFICACIÓN

La modificación propuesta para la servidumbre de protección
no está justificada; la inseguridad jurídica que crea es muy elevada y
difícil de encontrar en otros ámbitos. A la práctica significa que casi
todo el litoral español la servidumbre de protección pase a ser de 20
metros.

Según esta nueva disposición, se admite que durante los
próximos meses cualquier municipio que pueda demostrar que una finca
costera tenga, por ejemplo, suministro eléctrico, se declaren urbanos los
núcleos que no se han declarado conforme a la Disposición Transitoria de
la actual Ley de Costas. Esto es, reabre la posibilidad de declarar suelo
urbano el frente litoral y establecer una servidumbre de 20 metros.
Muchos Ayuntamientos no van a dudar en justificar determinadas
actuaciones realizadas bajo la burbuja inmobiliaria para justificar una
servidumbre de 20 metros en lugar de la de 100 metros.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula 25 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz,
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

ENMIENDA NÚM. 124

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.

Uno. Se modifica el artículo 3 que queda redactado del
siguiente modo:

«Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución:

1. La ribera del mar y de las rías, que incluye:

a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre
la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta
donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo
con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o
cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta
zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio
donde se haga sensible el efecto de las mareas.

Se consideran incluidas en esta zona las marismas,
albuferas, marjales, esteros y, en general, las partes de los terrenos
bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas,
de las olas o de la filtración del agua del mar.

En el supuesto del efecto de las mareas y la filtración del
agua del mar para considerarse un río o una acequia como un bien de
dominio público marítimo-terrestre, deberá además tenerse siempre en
cuenta su caudal, los periodos estacionales, sobre todo las épocas de
sequía, y la apertura artificial y dragado de la desembocadura del río a
mar abierto.

No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público
marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y
controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al
efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio
público.

b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos,
tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y
dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario
para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho
y subsuelo, definidos y regulados por su legislación específica.

3. Los recursos naturales de la zona económica …
/…» (resto igual).

JUSTIFICACIÓN

Prever que para que se considere un río o una acequia como
un bien de dominio público marítimo-terrestre, deberá tenerse siempre en
cuenta, además del supuesto del efecto de las mareas y la filtración del
agua del mar, los periodos estacionales, sobre todo las épocas de sequía,
y la apertura artificial y dragado de la desembocadura del río a mar
abierto.

ENMIENDA NÚM. 125

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.

Dos. Se modifica el artículo 3 que queda redactado del
siguiente modo:

«Los terrenos cuya superficie sea invadida por el mar por
causas distintas a las previstas en el último párrafo del artículo 3.1,
letra a), y en todo caso tendrán esta consideración los terrenos
inundados que sean navegables.

No obstante lo anterior, en el caso de las urbanizaciones
marítimo-terrestres la delimitación del dominio público
marítimo-terrestre se producirá con arreglo a cuanto establece la
Disposición adicional décima de la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Por considerar la propuesta necesaria y adecuada.

ENMIENDA NÚM. 126

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Cuatro.

Página
86

concesión en el plazo máximo de un año a contar desde la
fecha de aprobación del deslinde, entendiéndose concedida por silencio
administrativo una vez transcurrido dicho plazo. El plazo de duración de
la concesión por setenta y cinco años deberá computarse desde la fecha de
otorgamiento de la concesión o, en su caso, a partir del momento en que
ésta deba considerarse otorgada por silencio de conformidad con lo
anteriormente dispuesto.

3. Los titulares de las obras e instalaciones que tras la
revisión del deslinde se incorporen a la zona de servidumbre de
protección podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y
modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni
superficie e incluso de aumento de volumen, altura, o superficie, al
amparo de cuanto se establezca por la ordenación territorial y
urbanística.

Estas obras deberán suponer una mejora en la eficiencia
energética. A tal efecto y cuando les resulte aplicable tendrán que
obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos
letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de
eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico
para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva
construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra
norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios
existentes.

Asimismo, en estas obras, cuando proceda, se emplearán los
mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o
colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el
caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego
fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas
regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

Circunstancias que deberán acreditar ante la Administración
autonómica, mediante una declaración responsable, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con carácter previo a la autorización urbanística
que proceda. En caso de que las obras o instalaciones afecten a la
servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la
Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que
la servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá
emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo
no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable.»

JUSTIFICACIÓN

Se estima conveniente prever que sea la Administración a la
que corresponda tramitar el procedimiento y resolver el otorgamiento de
oficio de la concesión, estableciendo la limitación de un año al tiempo
de que dispone para resolver sobre su otorgamiento y previendo que este
plazo actuará en sentido beneficioso o positivo para los propietarios, en
aras a garantizar su seguridad jurídica.

Por lo que respecta a las obras permitidas en la
servidumbre de tránsito en la redacción propuesta por la Ley, se indica
que únicamente pueden realizarse obras de reparación, mejora,
consolidación y modernización de las construcciones e instalaciones
existentes siempre y cuando estas sean autorizadas por la Administración
del Estado después de constatar que la servidumbre de tránsito queda
garantizada. En ningún caso se permiten dichas obras siempre que estas
impliquen un aumento de volumen, altura y superficie de las
construcciones existentes.

La anterior limitación al incremento de volumen, altura y
superficie solamente debería imponerse en el caso concreto de que la
servidumbre de tránsito no quedara garantizada. Restringir las facultades
de los titulares de los terrenos y construcciones cuando tal restricción
no es necesaria para la materialización de la servidumbre de tránsito
porque existen mecanismos alternativos y menos gravosos para los derechos
de los particulares para alcanzar el mismo fin, es injustificado y
constituye una medida restrictiva de derechos desproporcionada. Además se
limita al amparo de cuanto se establezca por la ordenación territorial y
urbanística.

ENMIENDA NÚM. 128

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.

Seis. Se introduce un artículo 13 bis que queda redactado
del siguiente modo:

«3. Los titulares de las obras e instalaciones que tras la
revisión del deslinde se incorporen a la zona de servidumbre de
protección podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y
modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni
superficie.

Estas obras deberán suponer una mejora en la eficiencia
energética. A tal efecto y cuando les resulte aplicable tendrán que
obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos
letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de
eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico
para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva
construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra
norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios
existentes.

Asimismo, en estas obras, cuando proceda, se emplearán los
mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o
colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el
caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego
fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas
regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

Circunstancias que deberán acreditar ante la Administración
autonómica, mediante una declaración responsable, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, con carácter previo a la autorización urbanística
que proceda. En caso de que las obras o instalaciones afecten a la
servidumbre de tránsito se requerirá autorización previa de la
administración competente y la Administración del Estado emitirá un
informe en el que se analice si la servidumbre de tránsito queda
garantizada que, con carácter previo, la Administración del Estado emita
un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito
queda garantizada. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses
desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que
tiene carácter favorable.»

JUSTIFICACIÓN

En Catalunya es la Generalitat quien otorga las
autorizaciones en zona de servidumbre de tránsito, de acuerdo con las
competencias traspasadas por el Real Decreto 1387/2008, de 1 de agosto,
sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Generalitat de
Catalunya por el Real Decreto 1404/2007, de 29 de octubre, en materia de
ordenación y gestión del litoral, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía
de Catalunya de 2006. A mayor abundamiento en este aspecto, ya las
sentencias del Tribunal Constitucional 149/1991, de 4 de julio; y
198/1991, de 17 de octubre, la primera sobre la Ley de Costas y la
segunda sobre el Reglamento de Costas, determinaron que la competencia
para autorizar obras en la zona de servidumbre de protección, incluyendo
la servidumbre de tránsito, correspondía exclusivamente a las comunidades
autónomas, sin ninguna intervención por parte de la Administración del
Estado.

ENMIENDA NÚM. 129

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

Página
89

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.

Ocho. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo
25 y el apartado 2 del mismo precepto, y se introduce un nuevo apartado 4
y un nuevo apartado 5 que quedan redactados del siguiente modo:

«c) Las actividades que impliquen la destrucción de
yacimientos de áridos naturales o no consolidados, entendiéndose por
tales los lugares donde existen acumulaciones de materiales detríticos
tipo arenas o gravas.»

«2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta
zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no
puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino
o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o
convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como
las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de
terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones
que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del
dominio público.»

«4. Reglamentariamente se establecerán las condiciones en
las que se podrá autorizar la publicidad, a que se refiere la letra f)
del apartado 1 de este artículo, siempre que sea parte integrante o
acompañe a instalaciones o actividades permitidas y no sea incompatible
con la finalidad de la servidumbre de protección.

5. Excepcionalmente, en el caso de una edificación
habitacional hotelera a implantar en un ámbito adscrito a una Comunidad
Autónoma para su destino a fines portuarios, corresponderá a dicha
Comunidad Autónoma su autorización una vez acreditada su utilidad pública
y su adecuación al planeamiento urbanístico.»

JUSTIFICACIÓN

Parece conveniente que la implantación de usos hoteleros en
los ámbitos portuarios no esté prohibida por la ley de costas.

ENMIENDA NÚM. 131

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.

Nueve. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 33
que queda redactado del siguiente modo:

«Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación
y uso de las playas atendiendo a su naturaleza y grado de peligrosidad
cuyos usos tendrán que ser compatibles con la seguridad para las
personas. Se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado
nivel de protección que restrinja las ocupaciones, autorizando únicamente
las que sean indispensables o estén previstas en la normativa

aplicable. Se regulará la ocupación y uso de los tramos
urbanos de las playas de modo que se garantice una adecuada prestación de
los servicios que sea compatible con el uso común.

La administración competente en materia de ordenación del
territorio y urbanismo será la que determine la naturaleza urbana o
natural de los tramos de playa.»

JUSTIFICACIÓN

Parece necesario definir qué se entiende por tramo urbano y
por tramo natural y proponemos que sea la Administración competente en
materia de ordenación del territorio quien interprete su aplicación.
Sugerimos también introducir o tener en cuenta el grado de peligrosidad o
riesgo de las playas para los potenciales usuarios.

ENMIENDA NÚM. 132

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.

Nueve. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 33
que queda redactado del siguiente modo:

«Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación
y uso de las playas atendiendo a su naturaleza. Se dotará a los tramos
naturales de las playas de un elevado nivel de protección que restrinja
las ocupaciones, autorizando únicamente las que sean indispensables o
estén previstas en la normativa aplicable. Se regulará la ocupación y uso
de los tramos urbanos de las playas de modo que se garantice una adecuada
prestación de los servicios que sea compatible con el uso común. Y en
todo caso, se tendrán en cuenta los costes de limpieza, mantenimiento,
vigilancia, iluminación, señalización, balizamiento y salvamento que
requieren los citados tramos, en relación a los cánones devengados por
concesiones o autorizaciones por la ocupación o el aprovechamiento del
dominio público marítimo-terrestre.»

JUSTIFICACIÓN

Resulta del todo necesario que se consideren los enormes
costes que para las administraciones locales tiene el mantener en buen
estado, los tramos de playa urbanos, abriéndose la puerta a que los
recursos obtenidos por los cánones y tasas correspondientes a su
ocupación o aprovechamiento, contribuyan al necesario equilibrio
presupuestario de las administraciones estatal, autonómica o local que
asume la gestión ordinaria.

ENMIENDA NÚM. 133

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

Página
92

Reglamentariamente se determinará la competencia para
señalar las zonas de baño de las playas así como para vigilar la
observancia en los lugares de baño de las normas de seguridad, sin
perjuicio de las competencias de otras Administraciones en materia de
infracciones relacionada con la navegación.»

JUSTIFICACIÓN

Las playas, especialmente, aunque no de forma exclusiva, en
su tramo más urbano, revisten un papel esencial para el desarrollo y
configuración de los municipios costeros y además determinan de forma
clara tanto su estructura general como el régimen de usos de la zona
costera y de su zona interior de influencia. Además, la existencia de la
playa y los servicios que en la misma se presten actúan como elemento de
reclamo —o pueden suponer todo lo contrario— de la afluencia
turística al municipio.

En este entorno, los usos que se realicen en las playas,
por lo tanto, afectarán tanto a la configuración física del municipio
como a la convivencia en el término municipal y a su propia evolución
económica.

En virtud del carácter central de tales instalaciones
marítimas la gestión de las playas se encuentra claramente vinculada al
concepto «gestión de sus propios intereses» que se prevé como elemento
central del principio de Autonomía Local establecido en el artículo 137
de la Constitución.

Atendido lo anterior, resulta esencial que en el Proyecto
de Ley se otorgue a los Municipios un papel central en la gestión y en la
toma de decisiones de este elemento central para su organización,
convivencia y evolución futura que es la playa.

ENMIENDA NÚM. 135

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.

Once. Se introducen un párrafo segundo y tercero al
apartado 6 del artículo 44 que queda redactado del siguiente modo:

«No se entenderá incluida en los supuestos de prohibición
de este apartado la reparación de colectores existentes, así como su
construcción cuando se integren en paseos marítimos u otros viales
urbanos.

Excepcionalmente y por razones de interés público
debidamente acreditadas, las instalaciones de tratamiento de aguas
residuales se podrán ubicar dentro de la ribera del mar y de los primeros
20 metros de la zona de servidumbre de protección, cuando no puedan tener
otra ubicación. Su aceptación estará condicionada a un dictamen técnico
que determine la ineludible necesidad y la imposibilidad de ubicación
alternativa, como requisito previo a la autorización por la
administración competente.»

JUSTIFICACIÓN

Disponen los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que los municipios
tienen competencias en materia de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales y que todos ellos deberán prestar el servicio público de
alcantarillado.

El saneamiento es pues un servicio público municipal que
por su naturaleza recoge las aguas residuales.

Se da el caso que en la mayoría de las poblaciones
costeras, sobre todo las que están en un entorno montañoso, están
construidas en las vertientes de las cuencas de una o más rieras. Esta
circunstancia

obliga a recoger las aguas residuales en la parta baja,
cerca del mar. Sobre todo en poblaciones pequeñas y con núcleos
históricos. En general por gravedad, y se halla, por consiguiente aguas
abajo de las zonas habitadas, buscando los puntos bajos, donde en general
es necesaria la instalación de una estación de impulsión de aguas
residuales, para evitar su vertido en el mar y para transportarlo a la
red general de colectores que posteriormente las transporta a una
estación de tratamiento.

La actual redacción de la Ley de Costas en su artículo 44.6
plantea diferentes problemas en el desarrollo de este servicio, al
prohibir las instalaciones de tratamiento de aguas residuales dentro de
la ribera del mar y de los primeros 20 metros de la zona de servidumbre
de protección. A efectos prácticos esto limita la instalación de nuevos
servicios y el mantenimiento y conservación de servicios existentes
necesarios para el buen funcionamiento del servicio.

A pesar de ello, los artículos 32.1 de la Ley de Costas, y
60 del Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988,
de 28 de julio, de Costas, disponen que «se podrá permitir la ocupación
del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o
instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación».
Precisando el contenido de estas actividades o instalaciones —que
se exceptúan de la prohibición de ocupación del dominio público
marítimo-terrestre— el mismo artículo 60 del Reglamento dispone que
deben desempeñar una función o prestar un servicio que, por sus
características, requiera la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre o que, por la configuración física del tramo de costa
en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los
terrenos colindantes con dicho dominio.

La existencia de esta aparente contradicción en el
contenido de los artículos 32.1 y 44.6 de la Ley de costas ha sido objeto
de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en su Sentencia de 26 de
octubre de 2005 (STS 6503/2005) resolvió —en su fundamento jurídico
cuarto— que la construcción de un colector en el dominio público
por parte del Estado no era contrario a la Ley de Costas al encontrarse
amparada en una reserva de dominio público y ser acorde al contenido del
artículo 32 de la misma. La sentencia, pero, cuenta también con un voto
particular disconforme con esta interpretación que entiende que la
prohibición del artículo 44.6 de la Ley de Costas es de aplicación a
cualquier administración con independencia del título utilizado para
materializar la ocupación del dominio público.

Por otra parte, el artículo 95.2 del Reglamento contempla
que no se entenderá incluida en los supuestos de prohibición del artículo
44.6 de la Ley de Costas «la reparación de colectores existentes, así
como su construcción cuando se integren en paseos marítimos u otros
viales urbanos». El precepto, que intenta resolver vía reglamento algunos
de los problemas prácticos planteados, tiene difícil encaje en el
contenido del artículo 44.6 de la Ley de Costas —que en su
redacción actual tiene nulo margen de interpretación— lo que
plantea nuevas dudas interpretativas que es necesario resolver.

Por todo ello, se pone de manifiesto la necesidad de
adecuar la redacción del artículo 44.6 de la Ley de Costas en los
términos de la presente enmienda, para dar mayor seguridad jurídica,
garantizar el buen desarrollo del servicio público de saneamiento que
evita que las aguas residuales lleguen al mar, y dar mayor coherencia a
la legislación de costas, que como se ha expuesto, presenta
contradicciones en este extremo.

El texto del proyecto de ley ya incorpora la previsión del
artículo 95.2 del Reglamento de la Ley de Costas, que exceptúa de la
prohibición «la reparación de colectores existentes, así como su
construcción cuando se integren en paseos marítimos u otros viales
urbanos». Con ello se supera la aparente contradicción entre la actual
redacción del artículo 44.6 la Ley de Costas y la del artículo 95.2 de su
Reglamento.

Así mismo, la enmienda propuesta también incorpora, como
segunda excepción a la prohibición del vigente artículo 44.6 de la Ley de
Costas, que «excepcionalmente y por razones de interés público
debidamente acreditadas, las instalaciones de tratamiento de aguas
residuales se podrán ubicar dentro de la ribera del mar y de los primeros
20 metros de la zona de servidumbre de protección, cuando no puedan tener
otra ubicación». Y que su aceptación esté condicionada a un dictamen
técnico que determine la ineludible necesidad y la imposibilidad de
ubicación alternativa, como requisito previo a la autorización por la
administración competente. Esta segunda excepción da cobertura a aquellos
colectores que a pesar de no encontrase integrados en paseos marítimos u
otros viales urbanos sean necesarios para el buen desarrollo del servicio
público y se acredite que no puedan ubicarse en otro sitio.

Finalmente, ha de apuntarse que la enmienda es coherente
con los objetivos del presente Proyecto de Ley de protección y uso
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de

Costas que persiguen justamente garantizar la protección
del litoral y otorgar seguridad jurídica a los operadores jurídicos
presentes en el mismo.

ENMIENDA NÚM. 136

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 49 que queda
redactado del siguiente modo:

«La adscripción de bienes de dominio público
marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas para la construcción de
nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquellas, o de
ampliación o modificación de los existentes, se formalizará por la
Administración del Estado. La porción de dominio público adscrita
conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la Comunidad
Autónoma la utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y
con sujeción a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de
las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las
prórrogas, no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia establecido
en la legislación estatal para las concesiones sobre dominio público
portuario en los puertos de interés general.

En los supuestos de adscripción, la Comunidad Autónoma
ostentará, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la condición de
sustituto del contribuyente respecto a la porción adscrita del dominio
público marítimo-terrestre no afectada por las concesiones, sin que pueda
repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria
satisfecha.»

JUSTIFICACIÓN

No se considera apropiado establecer el plazo de las
concesiones en relación a los establecidos en la legislación estatal para
las concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés
general.

Por otra parte no se considera correcto que en los
supuestos de adscripción, la Comunidad Autónoma ostente, a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la condición de sustituto del
contribuyente respecto a la porción adscrita del dominio público
marítimo-terrestre no afectada por las concesiones, sin que pueda
repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria
satisfecha.

ENMIENDA NÚM. 137

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

Página
96

La adscripción de bienes de dominio público
marítimo-terrestre a las corporaciones locales para la construcción de
nuevas urbanizaciones marítimo-terrestres en el ámbito territorial de su
competencia, o de ampliación o modificación de las ya existentes, se
formalizará por la Administración del Estado únicamente en aquella parte
de las urbanizaciones marítimo-terrestres que formen parte del dominio
público marítimo-terrestre y no ostenten la condición de dominio público
afecto al servicio portuario de acuerdo con lo dispuesto en la
Disposición adicional décima de la presente ley. La porción de dominio
público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a
la entidad local determinar la utilización y gestión de la misma de
conformidad con la normativa de ordenación territorial y urbanística de
aplicación y garantizando en todo caso a los propietarios de la
urbanización marítimo-terrestre una participación activa y relevante al
amparo de cuanto prevé el artículo 9.2 de la Constitución. En todo caso,
el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos,
incluidas las prórrogas, no podrá ser superior al plazo máximo de
vigencia establecido en la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Por considerar la propuesta necesaria y adecuada.

ENMIENDA NÚM. 139

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Catorce.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.

Catorce. Se modifica el apartado 1 del artículo 55 que
queda redactado del siguiente modo:

«Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente
por la Administración en cualquier momento, sin derecho a indemnización,
cuando produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para
actividades de mayor interés público o sobrevenga la posibilidad de su
ubicación por variaciones debidas a la dinámica litoral estacional o
menoscaben el uso público y cuando resulten incompatibles con la
normativa aprobada con posterioridad. En este último caso, solo se
revocará la autorización, si en el plazo de tres meses desde que le fuera
comunicada tal circunstancia a su titular, este no hubiera adaptado su
ocupación a la nueva normativa o la adaptación no fuera posible física o
jurídicamente.»

JUSTIFICACIÓN

Parece conveniente añadir como causa de revocación
unilateral de la administración las posibles variaciones debidas a la
dinámica litoral estacional.

ENMIENDA NÚM. 140

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.

Dieciocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 70 que
queda redactado del siguiente modo:

«Las concesiones serán transmisibles por actos ínter vivos
y mortis causa.

La transmisión ínter vivos y la participación de un tercero
en la explotación de la concesión solo será válida si con carácter previo
la Administración reconoce el cumplimiento, por parte del tercer
interesado en un caso y del adquirente en el otro, de las condiciones
establecidas en la concesión.

En caso de fallecimiento del concesionario, sus
causahabientes, a título de herencia o de legado, podrán subrogarse en
los derechos y obligaciones de aquel, siempre que en el plazo de cuatro
años comuniquen expresamente a la Administración el fallecimiento y la
voluntad de subrogarse. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera hecho
la comunicación, la concesión quedará extinguida.»

JUSTIFICACIÓN

Atendiendo que el Reglamento de ejecución de costas en el
artículo 137.3 prevé el supuesto de «celebración de cualquier contrato
que implique la participación de un tercero en la explotación de la
concesión» y la necesidad de su notificación al servicio periférico de
costas, se considera necesario que la Ley incluya el mismo tratamiento de
autorización que para las transmisiones ínter vivos.

ENMIENDA NÚM. 141

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.

Diecinueve. Se introducen tres nuevas letras, j), k) y l)
al apartado 1 del artículo 78 que quedan redactados del siguiente modo:

«j) Incurrir en prohibición de contratar, de acuerdo con el
artículo 65.2 de esta ley.

k) La falta de la comunicación expresa prevista en el
artículo 70.2 de esta ley en los casos de transmisión mortis causa de las
concesiones.

l) La falta de informe previo favorable de la
administración competente en los casos de transmisión ínter vivos.»

JUSTIFICACIÓN

Se considera necesario incluir como causa de extinción la
falta de informe previo de la Administración competente en los casos de
transmisión ínter vivos.

Página
99