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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 521, de 23/09/2014
cve: BOCG-10-D-521
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de septiembre de 2014
Núm. 521
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Preguntas
184/054804 Autor: Díez González, Rosa María
Medidas previstas contra Jordi Pujol i Soley por si existiera responsabilidad penal derivada de la ocultación de cuentas en Suiza (versión reformulada) (núm. reg. 146726) ... (Página17)
184/055080 Autor: Díez González, Rosa María
Reformas realizadas en las sedes de seis Ministerios (núm. reg. 146725) ... (Página18)
184/055513 Autor: Iñarritu García, Jon
Opinión del Gobierno acerca del comunicado de ACNUR en el que solicita mecanismos más ágiles y eficaces para identificar a los posibles solicitantes de asilo, así como medidas previstas para que se respeten los Derechos Humanos en la zona
fronteriza de Melilla (núm. reg. 146441) ... (Página18)
184/055514 Autor: Iñarritu García, Jon
Motivo de la inexistencia de Centros de Acogida de Refugiados (CAR) en Melilla y Ceuta (núm. reg. 146442) ... (Página19)
184/055515 Autor: Iñarritu García, Jon
Salto de migrantes producido en la valla de Melilla en la zona de Beni Ensar, el día 30/08/2014 (núm. reg. 146443) ... (Página19)
184/055516 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Fraude y malversación masivos en la Base el Ejército del Aire en Getafe (Madrid) (núm. reg. 146461) ... (Página20)
184/055517 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Acusaciones vertidas contra el Ministro de Industria, Energía y Turismo de corrupción, cohecho, compra de periodistas y de operar con una cuenta en Suiza (núm. reg. 146462) ... (Página22)
184/055518 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Grave impacto del canon por préstamo de libros impuesto a las bibliotecas públicas en municipios de más de 5.000 habitantes (núm. reg. 146463) ... (Página24)
184/055519 Autor: Centella Gómez, José Luis
Contactos con el Gobierno de Marruecos en relación a las prospecciones de Repsol en aguas canarias cercanas al territorio de dicho país (núm. reg. 146464) ... (Página24)
184/055520 Autor: Centella Gómez, José Luis
Valor del petróleo extraído en territorio español durante los tres últimos años (núm. reg. 146465) ... (Página25)
184/055521 Autor: Centella Gómez, José Luis
Previsiones para el caso de paralización de las desalinizadoras de Fuerteventura y Lanzarote, así como motivos para que no se sometieran a información pública los informes añadidos por Repsol al expediente de las prospecciones petrolíferas
en aguas de Canarias (núm. reg. 146466) ... (Página25)
184/055523 Autor: Díez González, Rosa María
Cambio de criterio del Gobierno en relación a la supresión del número de aforados en España (núm. reg. 146474) ... (Página26)
184/055524 Autor: Díez González, Rosa María
Reunión celebrada entre el Ministro del Interior y su homólogo marroquí (núm. reg. 146475) ... (Página27)
184/055525 Autor: Coscubiela Conesa, Joan
Términos y contenidos de la actuación o requerimiento de la Intervención General del Estado para que se hayan dejado de reconocer las pensiones de jubilación anticipada a los 61 años a determinados trabajadores a los que hasta ahora sí se
les estaba reconociendo dicho derecho (núm. reg. 146522) ... (Página27)
184/055526 Autor: Pérez Fernández, Rosana
Decisión del Gobierno de aplicar un canon a las bibliotecas por préstamo de libros y por usuario/ a (núm. reg. 146557) ... (Página28)
184/055527 Autor: Iñarritu García, Jon
Ciudadanos senegaleses expulsados el 19/11/2013 (núm. reg. 146598) ... (Página30)
184/055528 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Conveniente modernización del Código Civil de 1889 en materia de desheredación (núm. reg. 146631) ... (Página30)
184/055529 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Retraso en la devolución del 'céntimo sanitario' cobrado ilegalmente a los transportistas (núm. reg. 146632) ... (Página31)
184/055530 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Proceso de privatizaciones lanzado por el Gobierno (núm. reg. 146633) ... (Página32)
184/055531 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Contratación de una consultoría externa para elaborar un estudio destinado al recorte de pensiones (núm. reg. 146640) ... (Página34)
184/055532 Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia
Obligatoriedad de llevar botiquines de tipo C en embarcaciones de mariscadores (núm. reg. 146642) ... (Página34)
184/055533 Autor: Tardà i Coma, Joan
Construcción de un complejo de viviendas en el islote protegido de Tagomago (núm. reg. 146644) ... (Página35)
184/055534 Autor: Sanz Remón, Álvaro
Medidas que va a tomar el Gobierno para evitar las incidencias que se produzcab en la línea de tren Zaragoza-Canfranc en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como fecha prevista para su adopción (núm. reg. 146645) ...
184/055535 Autor: Martínez Gorriarán, Carlos
Aeronaves que se encuentran abandonadas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas (núm. reg. 146649) ... (Página36)
184/055536 Autor: Martínez Gorriarán, Carlos
Frecuencia de los horarios de cercanías en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 146650) ... (Página37)
184/055537 Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia
Extinción del Acuerdo de Pesca Unión Europea-Mauritania (núm. reg. 146656) ... (Página38)
184/055538 Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia
Acuerdo de Pesca Unión Europea-Mauritania (núm. reg. 146657) ... (Página38)
184/055539 Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia
Reconocimiento del arte de pesca de arrastre a la pareja, arte tradicional usado por pescadores gallegos pero excluido de la normativa comunitaria (núm. reg. 146658) ... (Página39)
184/055540 Autor: Hernanz Costa, Sofía García Gasulla, Guillem Martín Peré, Pablo
Proyectos de obra pública adjudicados durante el tiempo que fue ministro Matas (núm. reg. 146692) ... (Página40)
184/055541 Autor: Martínez Gorriarán, Carlos
Intercambio privado de viviendas en zonas turísticas (núm. reg. 146695) ... (Página41)
184/055542 Autor: Coscubiela Conesa, Joan
Convocatoria por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de licitación del procedimiento para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración de informes sobre la compilación de experiencias internacionales y reformas
sobre la pensión de jubilación (núm. reg. 146696) ... (Página41)
184/055543 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Tardanza del Gobierno en multar y prohibir con carácter general en España las actividades ilegales de la empresa estadounidense UBER de alquiler de coches entre particulares (núm. reg. 146697) ... (Página42)
184/055544 Autor: Baldoví Roda, Joan
Incidencia del paso a la gestión privada de los servicios ferroviarios de alta velocidad Alicante- Madrid, Elche y Murcia, la línea convencional entre Alicante y Valencia y de cercanías entre Alcoy y Xàtiva en los horarios de los mismos
(núm. reg. 146698) ... (Página42)
184/055545 Autor: Baldoví Roda, Joan
Previsiones acerca de la construcción de la comisaría de Policía Nacional de Torrevieja (Alicante) (núm. reg. 146699) ... (Página43)
184/055546 Autor: Baldoví Roda, Joan
Existencia de unas antenas de comunicaciones propiedad del Ministerio de Defensa en el castillo de Santa Bárbara de la ciudad de Alicante (núm. reg. 146700) ... (Página43)
184/055547 Autor: Baldoví Roda, Joan
Actuaciones para la regeneración, conservación y mejora del tramo litoral entre Torre la Sal y Morro de Gos, en el término municipal de Oropesa (núm. reg. 146701) ... (Página44)
184/055548 Autor: Baldoví Roda, Joan
Desvío de los aterrizajes en el aeropuerto de Manises (Valencia) a la ruta que sobrevuela Xirivella sin respetar las horas de descanso (núm. reg. 146702) ... (Página44)
184/055549 Autor: Baldoví Roda, Joan
Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (núm. reg. 146703) ... (Página45)
184/055550 Autor: Baldoví Roda, Joan
Actuaciones sobre el río Vinalopó a su paso por Elda y/o en los cauces naturales en los términos municipales de Elda y Petrer (núm. reg. 146704) ... (Página45)
184/055551 Autor: Hernanz Costa, Sofía García Gasulla, Guillem Martín Peré, Pablo
Inversiones previstas para las Illes Balears en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (núm. reg. 146705) ... (Página46)
184/055552 Autor: Hernanz Costa, Sofía García Gasulla, Guillem Martín Peré, Pablo
Estado de las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Gobierno de las Illes Balears para renovar el Régimen Especial de Baleares (núm. reg. 146706) ... (Página46)
184/055553 Autor: Baldoví Roda, Joan
Consecuencias de la modernización de regadíos en la Ribera del Júcar (núm. reg. 146714) ... (Página47)
184/055554 Autor: Pérez Fernández, Rosana
Autorización de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para la ubicación de una estación de servicio a ubicar a menos de 100 metros del cauce del río Miño (núm. reg. 146717) ... (Página47)
184/055555 Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia
Problemas administrativos generados al sector de palangre de superficie en relación a las ayudas a buques pesqueros por la paralización definitiva (núm. reg. 146718) ... (Página48)
184/055556 Autor: Pérez Fernández, Rosana
Actuaciones para el levantamiento del veto para la construcción naval civil que pesa sobre los astilleros públicos de Navantia en la ría de Ferrol y que finaliza el día 1 de enero de 2015 (núm. reg. 146721) ...
184/055557 Autor: Lozano Domingo, Irene
Oficialidad del cese del teniente Luis Gonzalo Segura (núm. reg. 146722) ... (Página51)
184/055558 Autor: Lozano Domingo, Irene
Posible expulsión de más de 10.500 españoles de Alemania a raíz de la nueva normativa que pretende aprobar el Ejecutivo de Angela Merkel (núm. reg. 146723) ... (Página52)
184/055559 Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Estado de los vehículos de la Guardia Civil que prestan servicio en Melilla (núm. reg. 146728) ... (Página53)
184/055560 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Regulación del título universitario de audiólogo y establecimiento de directrices en materia de implantes cocleares (núm. reg. 146729) ... (Página54)
184/055561 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Medidas contra el uso de los servicios jurídicos públicos en defensa de intereses particulares (núm. reg. 146730) ... (Página55)
184/055562 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Suficiencia y disponibilidad de las plantillas del Personal para la Seguridad Electrónica del Tráfico Aéreo (ATSEP), de los controladores de tránsito aéreo de los centros de control (ACC) y demás personal de operaciones de ENAIRE para hacer
frente a emergencias (núm. reg. 146731) ... (Página55)
184/055563 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Último informe de la OCDE en el que se confirma la drástica bajada de salarios en España y los riesgos que entraña para la economía española (núm. reg. 146732) ... (Página57)
184/055564 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Contrato adjudicado por el Reino Unido para la fabricación de 589 vehículos blindados y el empleo que puede suponer para las fábricas de Santa Bárbara Sistemas en Trubia y Sevilla (núm. reg. 146733) ...
184/055565 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Medidas sanitarias y sociales ante la previsión de que 1.319 personas fallecerán hasta 2020 a causa del amianto (núm. reg. 146734) ... (Página59)
184/055566 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Fiscalidad del juego online en España (núm. reg. 146735) ... (Página60)
184/055567 Autor: Díez González, Rosa María
Medidas previstas para frenar la amenaza yihadista del Estado Islámico (núm. reg. 146740) ... (Página61)
184/055568 Autor: Díez González, Rosa María
Presunto pago realizado por el Partido Popular con dinero negro para la compra de una sede en La Rioja (núm. reg. 146741) ... (Página62)
184/055569 Autor: Díez González, Rosa María
Normas de vigilancia epidemiológicas y seguimiento de amenazas transfronterizas elaboradas por el Gobierno (núm. reg. 146742) ... (Página63)
184/055570 Autor: Díez González, Rosa María
Trabajos de mejora realizados en el Parador Nacional de Molina de Aragón (núm. reg. 146743) ... (Página64)
184/055571 Autor: Lozano Domingo, Irene
Bloqueo del Ministerio de Defensa a la venta de viviendas a ciudadanos no comunitarios (núm. reg. 146764) ... (Página64)
184/055572 Autor: Lozano Domingo, Irene
Previsiones acerca del envío de material bélico a las fuerzas kurdas (núm. reg. 146765) ... (Página65)
184/055573 Autor: Martínez Gorriarán, Carlos
Reclamación por parte de familias de escolarización en centros privados para poder recibir enseñanza en castellano, según la nueva disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE) (núm. reg. 146766) ... (Página66)
184/055575 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Razones por la que el Gobierno ha comprometido a España en la misión Resolute Support en Afganistán a partir de 2015, sin haber informado antes al Congreso de los Diputados ni haber solicitado su autorización (núm. reg. 146832) ...
184/055576 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Derivación de mujeres hacia centros privados para someterse a la prueba de mamografía (núm. reg. 146834) ... (Página67)
184/055578 Autor: De las Heras Ladera, Ascensión
Bloqueo en el ACC Madrid de una parte integrante del sistema SACTA el día 30/08/2014 (núm. reg. 146836) ... (Página68)
184/055579 Autor: Bosch i Pascual, Alfred
Suspensión de la presentación en Utrech del libro Victus, del autor catalán Albert Sánchez Piñol (núm. reg. 146842) ... (Página69)
184/055580 Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco Such Botella, Antoni
Garantías de que las facturas abonadas con cargo al Plan de Pagos a Proveedores por la Generalitat Valenciana corresponden a servicios efectivamente prestados y contratados a través de los procedimientos administrativos legalmente
establecidos (núm. reg. 146846) ... (Página70)
184/055581 Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco Such Botella, Antoni
Verificación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del cumplimiento por parte de la Generalitat Valenciana de la normativa reguladora del Plan de Pagos a Proveedores y del Fondo de Liquidez Autonómica (núm. reg. 146847)
... (Página70)
184/055582 Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco Such Botella, Antoni
Remisión por la Generalitat Valenciana al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de algún informe de la Intervención de la Generalitat que justifique que las facturas abonadas con cargo al Plan de Pagos a Proveedores que cumplen
los requisitos establecidos en la normativa (núm. reg. 146848) ... (Página70)
184/055583 Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco Such Botella, Antoni
Opinión del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acerca de si la Generalitat ha cumplido escrupulosamente lo establecido en la normativa del Plan de Pagos a Proveedores y del Fondo de Liquidez Autonómica (núm. reg. 146849)
... (Página71)
184/055584 Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco Such Botella, Antoni
Opinión del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acerca del abono de facturas al Banco de Valencia y a Bancaja con cargo al Plan de Pagos a Proveedores (núm. reg. 146850) ... (Página71)
184/055585 Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco Such Botella, Antoni
Opinión del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acerca del abono de facturas por un importe de 1,3 millones de euros a clubes de fútbol y basket con cargo al Plan de Pagos a Proveedores (núm. reg. 146851) ...
184/055586 Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco Such Botella, Antoni
Cuantía en la que se han alterado las cifras de déficit de la Comunitat Valenciana a raíz de la investigación abierta por la Comisión Europea sobre las cifras inicialmente comunicadas por la Administración valenciana (núm. reg. 146852) ...
(Página72)
184/055587 Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de incorporar el desdoblamiento de la carretera N-260 a su paso por la demarcación de Girona en el PITVI (núm. reg. 146857) ... (Página72)
184/055588 Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Actuaciones previstas para reducir la siniestralidad en las carreteras de titularidad del Estado en la demarcación de Girona (núm. reg. 146858) ... (Página72)
184/055589 Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Medidas y responsabilidades previstas por el Gobierno ante el desprendimiento de rocas en la Cala Sa Guineu de Cadaqués (Girona) que provocó la muerte de una persona el 18/08/2014 (núm. reg. 146859) ...
184/055590 Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Modificaciones legislativas previstas para que no se apliquen las cláusulas suelo en las hipotecas (núm. reg. 146860) ... (Página73)
Contestaciones
184/047245 Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), a doña Pilar Grande Pesquero (GS) y a doña María Virtudes Monteserín Rodríguez (GS) sobre cantidad pagada a la empresa adjudicataria del programa informático para que los registradores
tramitaran y resolvieran los expedientes de nacionalidad (núm. reg. 146685) ... (Página74)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 419, de 11 de marzo de 2014.)
184/048124 Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Centella Gómez (GIP) sobre dinero destinado a pagos derivados de sentencias judiciales (núm. reg. 146686) ... (Página74)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 432, de 1 de abril de 2014.)
184/048864 Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don José Máximo López Vilaboa (GP), doña María Sandra Moneo Díez (GP) y doña Gema Conde Martínez (GP) sobre número de personas puestas por la Guardia Civil a disposición judicial en la
provincia de Burgos en relación con robos producidos en el medio rural en los años 2012 y 2013 (núm. reg. 146688) ... (Página75)
(La contestación de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 479, de 17 de junio de 2014.)
184/048870 Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Federico Buyolo García (GS) y don José Andrés Torres Mora (GS) sobre medidas adoptadas para que la comunicación audiovisual incluya programación en abierto que refleje la diversidad
cultural y lingüística de la ciudadanía (núm. reg. 146804) ... (Página75)
(La contestación de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 490, de 8 de julio de 2014.)
184/050255 Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Caridad García Álvarez (GIP) sobre protección de los niños maltratados (núm. reg. 146687) ... (Página77)
(La contestación de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 479, de 17 de junio de 2014.)
184/050950 Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre sistema de notificaciones a la mujer víctima de violencia de género de las resoluciones que las Instituciones Penitenciarias, Judiciales y
Policiales acuerden sobre su agresor (núm. reg. 146683) ... (Página80)
(La contestación de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 496, de 16 de julio de 2014.)
184/051436 Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GMx) sobre carácter oficial o personal del viaje realizado a Roma por miembros del Gobierno con ocasión de la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, así como financiación del mismo (núm.
reg. 146805) ... (Página81)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 465, de 27 de mayo de 2014.)
184/051596 Autor: Gobierno
Contestación a doña Irene Lozano Domingo (GUPyD) sobre falta de notificación a Alexander Pavlov del acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de febrero que autorizaba su extradición (núm. reg. 146806) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 465, de 27 de mayo de 2014.)
184/051803 Autor: Gobierno
Contestación a don Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi (GMx) sobre coste de cada tramo del tren de alta velocidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, accidentes laborales producidos en los trabajos de ejecución del mismo, así como
veracidad de los indicios de malversación de dinero público en la licitación de dichas obras (núm. reg. 146807) ... (Página82)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 466, de 28 de mayo de 2014.)
184/052049 Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre retraso en el inicio del envío de la documentación necesaria para ejercer el voto los electores exteriores (núm. reg. 146808) ... (Página82)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 472, de 5 de junio de 2014.)
184/052099 Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre opinión del Gobierno acerca de la comunicación enviada por los relatores especiales de Naciones Unidas para trasladar su preocupación por el retroceso que significa la reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, relativa a la justicia universal (núm. reg. 146809) ... (Página82)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 475, de 11 de junio de 2014.)
184/052168 Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre viviendas propiedad de la Obra Social Huertos Familiares en Córdoba, así como viviendas que han vendido en los dos últimos años y previsiones acerca de dicha Obra Social (núm. reg.
146770) ... (Página83)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 475, de 11 de junio de 2014.)
184/052270 Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre adjudicación a una empresa privada de la realización de un inventario de las oficinas del Registro Civil (núm. reg. 146810) ... (Página84)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 475, de 11 de junio de 2014.)
184/052304 Autor: Gobierno
Contestación a don Julio Villarrubia Mediavilla (GS) sobre objeto del contrato del Ministerio de Justicia con la empresa informática de El Corte Inglés en relación al inventario de los libros, del Registro Civil, y del tratamiento que puede
dar a datos sensibles de la ciudadanía (núm. reg. 146811) ... (Página85)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 482, de 24 de junio de 2014.)
184/052323 Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre viaje a China del miembro del Cuerpo Nacional de Policía Enrique Barón Castaño,
actualmente Comisario General de Información, a finales del año 2007 (núm. reg. 146812) ... (Página85)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 482, de 24 de junio de 2014.)
184/052326 Autor: Gobierno
Contestación a don Alejandro Alonso Núñez (GS) sobre modificaciones legislativas previstas en relación con el sector vitivinícola (núm. reg. 146813) ... (Página86)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 482, de 24 de junio de 2014.)
184/052490 Autor: Gobierno
Contestación a don Miquel Ramis Socias (GP), a don Enrique Fajarnés Ribas (GP), a don Juan Carlos Grau Reinés (GP), a doña María de la O Ares Martínez-Fortún (GP) y a don Rogelio Araújo Gil (GP) sobre número de beneficiarios en Baleares
durante el verano del año 2013 del Programa de Inmersión Lingüística de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional (FP) y Universidades (núm. reg. 146690) ... (Página86)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 482, de 24 de junio de 2014.)
184/052582 Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre independencia de la justicia en España (núm. reg. 146814) ... (Página86)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 482, de 24 de junio de 2014.)
184/052631 Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la plantilla de la Administración General del Estado en Andalucía desde 2011 (núm. reg. 146771) ... (Página87)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 482, de 24 de junio de 2014.)
184/052686 Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversiones realizadas en materia de cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Málaga en 2014 (núm. reg. 146772) ... (Página87)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 482, de 24 de junio de 2014.)
184/052687 Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversiones realizadas en materia de cuarteles de la Guardia Civil en 2014 (núm. reg. 146773) ... (Página87)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 482, de 24 de junio de 2014.)
184/052688 Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversiones realizadas en materia de comisarías de la Polícia Nacional en la provincia de Málaga en 2014 (núm. reg. 146774) ... (Página88)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 482, de 24 de junio de 2014.)
184/052689 Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversiones realizadas en materia de comisarías de la Polícia Nacional en 2014 (núm. reg. 146775) ... (Página88)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 482, de 24 de junio de 2014.)
184/052938 Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada en Paradores Nacionales en el año 2014 (núm. reg. 146776) ... (Página89)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 488, de 4 de julio de 2014.)
184/053248 Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversiones realizadas en comisarías de Policía en la provincia de Málaga en el año 2014 (núm. reg. 146777) ... (Página91)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 490, de 8 de julio de 2014.)
184/053249 Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversiones realizadas en cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Málaga en el año 2014 (núm. reg. 146778) ... (Página92)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 490, de 8 de julio de 2014.)
184/053396 Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre previsiones acerca de actualizar o modificar el Decreto de 26 de julio de 1957 por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores por peligrosos e insalubres, en lo
que respecta al trabajo de la mujer en tareas tóxicas, penosas, peligrosas e insalubres (núm. reg. 146815) ... (Página93)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 490, de 8 de julio de 2014.)
184/053527 Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre actuaciones previstas por el Ministerio de Economía y Competitividad en la provincia de Ourense en el año 2014 (núm. reg. 146684) ... (Página94)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 496, de 16 de julio de 2014.)
184/053563 Autor: Gobierno
Contestación a don Álvaro Anchuelo Crego (GUPyD) sobre acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el vasco para desvirtuar la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado en esa Comunidad (núm. reg. 146816) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 496, de 16 de julio de 2014.)
184/053725 Autor: Gobierno
Contestación a doña Irene Lozano Domingo (GUPyD) sobre nueva sanción disciplinaria impuesta al Presidente de la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (núm. reg. 146817) ... (Página97)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 500, de 22 de julio de 2014.)
184/053726 Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Quevedo Iturbe (GMx) sobre opinión del Ministerio de Defensa sobre las medidas de seguridad, ante la desaparición de material militar en la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria (núm. reg. 146818) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 500, de 22 de julio de 2014.)
184/053727 Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Quevedo Iturbe (GMx) sobre constancia por parte del Ministerio de Defensa de la desaparición de material militar ocurrido en la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria (núm. reg. 146819) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 500, de 22 de julio de 2014.)
184/053728 Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Quevedo Iturbe (GMx) sobre medidas previstas por el Ministerio de Defensa para que no se repita la desaparición de material militar acaecida en la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria (núm. reg. 146820) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 500, de 22 de julio de 2014.)
184/053729 Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Quevedo Iturbe (GMx) sobre constancia de si ha ocurrido en otras ocasiones la desaparición de material militar en la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria (núm. reg. 146821) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 500, de 22 de julio de 2014.)
184/053739 Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Coscubiela Conesa (GIP) sobre endurecimiento de las actuaciones por parte del Ministerio Fiscal en sus acusaciones contra sindicalistas (núm. reg. 146822) ... (Página98)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 500, de 22 de julio de 2014.)
184/053740 Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soraya Rodríguez Ramos (GS) sobre mantenimiento en el cargo de Delegado del Gobierno de un imputado por un delito contra la Administración Pública, relacionado con la corrupción urbanística (núm. reg. 146823) ...
(Página99)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 500, de 22 de julio de 2014.)
184/053774 Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre actuaciones previstas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en Galicia en el año 2014 (núm. reg. 146779) ... (Página99)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 500, de 22 de julio de 2014.)
184/053807 Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre malos tratos o torturas sobre detenidos por parte de tropas españolas destinadas en el exterior (núm. reg. 146824) ... (Página100)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 500, de 22 de julio de 2014.)
184/053824 Autor: Gobierno
Contestación a don Martí Barberà i Montserrat (GC-CiU) sobre declaraciones de quien fue Director General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, sobre la aprobación de la LOMCE (núm. reg. 146825) ... (Página101)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 500, de 22 de julio de 2014.)
184/053839 Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre predisposición de Renfe para incrementar el servicio ferroviario entre Figueres-Girona-Barcelona, con motivo de la celebración del 11 de septiembre (núm. reg. 146826) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 500, de 22 de julio de 2014.)
184/053952 Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre plazo en el que el Ministerio de Fomento tiene intención de licitar el proyecto de la variante de San Rafael (núm. reg. 146768) ... (Página103)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 505, de 30 de julio de 2014.)
184/053953 Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre plazo en el que espera el Ministerio de Fomento tener operativa la actuación de la variante de San Rafael (núm. reg. 146769) ... (Página103)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 505, de 30 de julio de 2014.)
184/054029 Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre plazo previsto para licitar las obras de la nueva ronda exterior de Málaga (núm. reg. 146780) ... (Página103)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 505, de 30 de julio de 2014.)
184/054030 Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión que ha realizado el Ministerio de Fomento en la mejora del acceso 222 de la A-7 a la altura de Benalmádena, contemplada en los presupuestos de este año (núm. reg. 146781)
... (Página104)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 505, de 30 de julio de 2014.)
184/054031 Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada hasta la fecha en la ampliación del cercanías a Marbella (núm. reg. 146782) ... (Página104)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 505, de 30 de julio de 2014.)
184/054034 Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada por el Ministerio de Fomento en instalación de pantallas antisónicas en carreteras nacionales desde noviembre del año 2011 (núm. reg. 146783) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 505, de 30 de julio de 2014.)
184/054036 Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para que se finalicen los tramos que prestan de la autovía Nerja-Motril-Adra (núm. reg. 146784) ... (Página104)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 505, de 30 de julio de 2014.)
184/054253 Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Guillén Izquierdo (GS) sobre situación de la tramitación administrativa del proyecto 'Autovía A-68, tramo Fuentes de Ebro-Valdealgorfa', así como cronograma previsto para su ejecución (núm. reg. 146785) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 506, de 1 de agosto de 2014.)
184/054262 Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Pezzi Cereto (GS) sobre situación de los tramos, inversión realizada y porcentaje de obra realizada, del gran proyecto de Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada (núm. reg. 146786) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 506, de 1 de agosto de 2014.)
184/054434 Autor: Gobierno
Contestación a don Aurelio Romero Girón (GP) sobre número de buques que han entrado en el puerto de Cádiz en el año 2013 (núm. reg. 146787) ... (Página105)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 506, de 1 de agosto de 2014.)
184/054435 Autor: Gobierno
Contestación a don Aurelio Romero Girón (GP) sobre número de buques que han entrado en el puerto de Algeciras en el año 2013 (núm. reg. 146788) ... (Página105)
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 506, de 1 de agosto de 2014.)
184/054450 Autor: Gobierno
Contestación a doña Celia Alberto Pérez (GP) sobre ingresos comerciales de la línea de negocio de aparcamientos de vehículos en los aeropuertos de AENA en la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2013 (núm. reg. 146789) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 506, de 1 de agosto de 2014.)
Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
179/000256 Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Opinión del Presidente del Consejo de Administración y de la Corporación RTVE acerca de los últimos ejemplos de discriminación hacia el colectivo homosexual protagonizados por TVE, como el suscitado en las condiciones del casting del
concurso '¿Quién manda aquí?' o las declaraciones homófobas vertidas en la homilía de La 2 'El día del Señor', el 02/08/2014 por el Obispo de Alcalá de Henares (núm. reg. 146837) ... (Página107)
179/000258 Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Razones por las que TVE relegó la información del encuentro entre el actual líder de la oposición y el Presidente de la Generalitat en sus informativos al minuto 23-24 (núm. reg. 146861) ... (Página107)
Contestaciones
179/000247 Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta de don Teófilo de Luis Rodríguez (GP) sobre conclusiones de la encuesta para conocer las horas de consumo de televisión y las franjas preferidas de los españoles
que residen en el extranjero para mejorar la oferta del canal internacional y radio exterior, así como estudios de mercado realizados para mejorar nuestra presencia entre la audiencia no española (núm. reg. 146796) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 496, de 16 de julio de 2014.)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/054804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas,
para las que se solicita respuesta por escrito, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno contra Jordi Pujol i Soley por si existiera posible responsabilidad penal derivada de la ocultación de cuentas en Suiza.
Exposición de motivos
El pasado 26 de julio, el ex Presidente de la Generalidad de Cataluña reconocía que había mantenido fuera de España, y sin declarar, una herencia millonaria. Las cantidades que han permanecido ocultas al fisco español han permanecido
ocultas durante más de 30 años y, supuestamente, ya se ha producido a su regularización.
Por otro lado, según informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación en el día de hoy, según un informe elaborado por la Policía Nacional, este dinero podría provenir de actividades presuntamente corruptas realizadas bajo mandato
del ex Presidente Pujol.
Asimismo, según la Ley 6/2003, de 22 de abril, del estatuto de los ex presidentes de la Generalidad, establece en su preámbulo que 'La presente Ley tiene por objeto garantizar que los presidentes de la Generalidad, una vez hayan cesado,
puedan atender sus necesidades personales y políticas con la dignidad y el decoro que corresponden a las altas funciones ejercidas'.
Atribuye también esta norma una cuantía a los ex Presidentes de la Generalidad, en compensación por la actividad desempeñada como máximo representante de este órgano político, que asciende al 80 % de la asignación correspondiente al
Presidente de la Generalitat, así como la puesta a disposición de 'los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina adecuada a las responsabilidades y funciones ejercidas, así como la dotación presupuestaria para el funcionamiento
ordinario de dicha oficina y para las atenciones de carácter social y protocolario que correspondan'.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. A la luz de las revelaciones comunicadas por Jordi Pujol i Soley, ¿piensa el Gobierno revisar sus declaraciones tributarias por si existiera posible responsabilidad penal derivada de presuntas conductas ilícitas?
2. ¿Piensa el Gobierno trasladar al Ministerio Fiscal a que investigue las irregularidades tributarias reconocidas por Jordi Pujol i Soley?
3. ¿Está barajando el Gobierno llevar a cabo alguna otra medida complementaria para esclarecer posibles responsabilidades penales?
4. ¿Piensa el Gobierno cumplir su promesa y publicar la lista de los defraudadores a la Hacienda Pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2014.-Rosa María Díez González, Diputada.
184/055080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas, para
las que se solicita respuesta por escrito sobre las reformas realizadas en las sedes de seis ministerios.
Exposición de motivos
El Gobierno lleva gastados 19,6 millones de euros en obras y adquisición de mobiliario para los ministerios de Empleo, Economía, Fomento, Asuntos Exteriores, Educación y Agricultura desde el inicio de la legislatura, según los datos que el
Ejecutivo ha remitido al Congreso. De los citados, el Ministerio de Fomento lleva gastados 2,11 millones de euros, y 1,32 millones de la citada cantidad, se destinaron a la sustitución de seis ascensores, la cual se trata de la única obra que se
adjudicó mediante un contrato abierto.
El resto fueron contratos menores entre los que destacan tres para la modernización de parte del sistema de climatización -por valor de 60.481, 56.156 y 52.538 euros- un cuarto, de 35.000 euros, para obras de falso techo y otras mejoras, y
un quinto, valorado en 31.778 euros, para la colocación de pasamanos en las escaleras del ministerio. Los contratos menores se encuentran definidos exclusivamente por razón de su cuantía, no se exige procedimiento de contratación, no hay
publicidad, ni se exige Informe de Secretaría ni Fiscalización previa por parte de Intervención. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por su parte acumula un gasto de 2,6 millones en obras y muebles desde el arranque de la
legislatura.
Estos datos sobre los respectivos ministerios los ha remitido el Gobierno al diputado socialista José Zaragoza, quien pidió detalles sobre estas inversiones. Sin embargo, estos dos ministerios han optado por dejar la información a su
disposición en la Secretaría General del Congreso, lo que ha impedido que se haya publicado en el Boletín Oficial de la Cámara, donde sí figura la del resto de departamentos.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta:
¿Por qué motivo considera el Gobierno que no se han adjudicado mediante un contrato abierto las tres obras para la modernización de parte del sistema de climatización del Ministerio de Fomento, y se han tratado en su caso como contratos
menores si superan la cuantía determinada para los mismos? ¿Cuántos contratos menores se han llevado a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2014.-Rosa María Díez González, Diputada.
184/055513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon lñarritu García, diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno con ruego de respuesta
por escrito.
El pasado 28 de agosto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresó en un comunicado su 'preocupación' por 'el uso de la violencia' en la valla de Melilla que ha
revelado el material audiovisual difundido por dos ONG, Human Rights Watch (HRW) y Prodein, e instó al Gobierno a respetar los Derechos Humanos en la gestión de sus fronteras.
En el comunicado se incide en que el Estado tiene 'legitimidad para proteger y vigilar sus fronteras' pero en todo caso debe hacerse cumpliendo 'con el respeto por los derechos fundamentales, la legislación nacional y europea y los tratados
internacionales de los que España es parte, en particular la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados'.
De igual forma, ACNUR recuerda que cada vez es más elevado el número de personas que huyen de países en conflicto, como República Centroafricana, Siria o Sudán del Sur, entre otros, y se ven obligadas a arriesgar sus vidas ante la falta de
posibilidades legales y seguras de acceder al territorio europeo y español y expresó su preocupación dado que en el contexto de las actuaciones de control de fronteras, se podría estar impidiendo el acceso al territorio español y al procedimiento de
asilo a personas en necesidad de protección internacional.
El Alto Comisionado solicita mecanismos ágiles y eficaces de identificación y de derivación al sistema español de asilo de personas en necesidad de protección internacional.
Por todo ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Qué opinión le merece al Gobierno el comunicado de ACNUR?
2. ¿Contempla el Gobierno establecer mecanismo más ágiles y eficaces para identificar a los posibles solicitantes de asilo? ¿Cuáles?
3. ¿Qué medidas tomará el Gobierno para que se respeten los Derechos Humanos en la zona fronteriza?
4. ¿Qué medidas establecerá el Gobierno para que las personas que desean llegar a Europa no tengan que arriesgar sus vidas y cuenten con posibilidades legales y seguras de acceder al territorio europeo y español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2014.-Jon Iñarritu García, Diputado.
184/055514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno con ruego de respuesta
por escrito.
1. ¿Cuál es la razón por la que no existe un Centro de Acogida de Refugiados (CAR) en Melilla? ¿Cuál es la razón por la que no existe un Centro de Acogida de Refugiados en Ceuta?
2. ¿Estima el Gobierno abrir este tipo de centros en ambas ciudades autónomas? ¿Cuándo?
3. ¿Es consciente el Gobierno de que los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes no son los lugares más adecuados para los solicitantes de asilo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2014.-Jon Iñarritu García, Diputado.
184/055515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno con ruego de respuesta
por escrito.
En relación con el salto de migrantes producido en la valla de Melilla en la zona de Beni Ensar, el pasado día 30 de agosto.
Amaiur desea conocer:
1. ¿Cuál fue la cronología de los hechos?
2. ¿Cuántas personas entraron en Melilla? ¿De qué nacionalidad son?
3. ¿Cuántas personas fueron expulsadas a Marruecos desde la zona del perímetro de la valla?
4. ¿Cuántas personas de las que permanecieron encaramadas en la valla fueron expulsadas de forma sumaria a Marruecos por la Guardia Civil?
5. ¿Se permitió a las Fuerzas Auxiliares marroquíes entrar en el perímetro de la valla?
6. ¿Cuántas personas resultaron heridas? ¿Cuál fue el motivo de sus lesiones?
7. Según ha informado el diario 'Melilla Hoy', una persona encaramada a la valla y otra encaramada a una farola amenazaron a agentes policiales con 'un gancho de hierro' y con un 'cuchillo casero' respectivamente.
¿Se detuvo a los autores de las amenazas o se les expulsó de forma sumaria?
8. ¿Cuál es la razón por la que no se permitió a periodistas, ONG-s y representantes públicos acercarse hasta un punto desde donde fuera posible observar la zona inferior de la valla? ¿Cuál es la razón por la que se ha cambiado de criterio
durante estas últimas semanas? ¿Es cierto que existen presiones por parte de Marruecos para que no se permita tornar imágenes de los hechos?
9. Varios periodistas han señalado en el diario 'El Mundo', en su edición del 21 de agosto:
- 'Un día nos dejan estar cerca y al siguiente, nos mantienen lejos, bien porque alguna foto o titular haya tenido mucho eco o porque Marruecos se ha quejado'.
- '... al principio no se nos dejaba grabar las expulsiones en caliente, luego sí porque interesaba al Gobierno... Desde la grabación de las imágenes del 18 de junio, Marruecos debió quejarse y los controles se pusieron a kilómetros de
distancia'.
- 'El problema es que se han inventado la zona de seguridad flexible y juegan con ella, según les conviene e interesa'.
¿Cuál es la razón de esta arbitrariedad? ¿Cuál es la razón por la que en ocasiones se invita a los medios a tomar imágenes y en otra se les multa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2014.-Jon Iñarritu García, Diputado.
184/055516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre el fraude y malversación masivos en la base del Ejército del Aire en Getafe (Madrid), dirigida al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita.
Malversación de caudales públicos, fraude fiscal y falsedad de documento público son algunos de los delitos apuntados por tres interventores militares -un coronel, una comandante y un teniente- en un demoledor informe pericial para el
Juzgado Togado Militar Territorial número 12, que investiga presunta corrupción en la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo (ACAR) de Getafe (Madrid).
Los peritos no cuantifican el monto total del fraude, pero hay que tener en cuenta que la SEA (Sección Económico-Administrativa) 027, encargada del control económico de dicha unidad y cuya implicación deja en evidencia el informe, recibe más
de 29 millones de euros al año del presupuesto del Ejército del Aire, y que dejó de ingresar al Tesoro, como era su obligación, unos 600.000 euros anuales, procedentes del pago de comidas o alojamiento, con los que se nutrió una ilegal caja b. Estas
son algunas de las irregularidades reseñadas en el informe:
Falsos justificantes de IVA. Tras cotejar los extractos bancarios aportados por el BBVA, de una cuenta de la que es titular la SEA 027, con la documentación de la Agencia Tributaria (AEAT), los peritos comprobaron que en 30 apuntes de pagos
del IVA, por más de 118.000 euros, entre 2009 y 2012, o bien el número de justificante no existe o bien el CIF corresponde a un titular diferente de la base aérea de Getafe. 'Se trata de hechos de gran gravedad que podrían evidenciar conductas
constitutivas de un delito
de fraude del que no solo sería responsable el gestor de la SEA 027 sino también el responsable de la oficina del BBVA, desde la que supuestamente se hicieron los pagos trimestrales del IVA que resultan ser ficticios', advierten.
Desviación de fondos públicos. Los peritos constatan trasvases de fondos entre las tres cuentas que tenía oficialmente la SEA 027, lo que estaba prohibido y constituye 'una evidente desviación de fondos públicos, obviándose por completo
todos los procedimientos legales. Cuando menos', agregan, hay 'una mala gestión de dichos fondos, que se utilizan de manera poco transparente, mezclando los destinados al pago de nóminas y los de gastos corrientes'.
Cuenta ilegal. En el curso de la investigación se descubrió una cuenta bancaria no declarada, nutrida con la venta de productos farmacéuticos, de cuya existencia no tenían conocimiento ni la Secretaria General del Tesoro -pese a que su
autorización es preceptiva para abrir este tipo de cuentas-, ni la Agencia Tributaria, 'lo que permite que pueda eludirse todo tipo de control de los fondos públicos que en ella se ingresan'.
Salidas sin justificar. El informe constata fuertes salidas de dinero de una cuenta de la base de Getafe en el BBVA. En concreto, 453.779 euros en 2010, 500.528 en 2011 y 562.080 en 2012 'cuyo origen y destino no se puede, en principio,
identificar'.
Contratos inflados. Menos de la mitad de los pagos a proveedores de productos alimenticios entre 2010 y 2012 corresponden al contrato adjudicado, en concreto 354.750 euros. El resto (459.912) se pagó al margen de la licitación, mediante
contratos menores o 'prorrogando ilegalmente el contrato inicial', ya que dichas prórrogas debían haber estado previstas en el pliego de cláusulas del concurso. Se trata, en opinión de los peritos, de una 'utilización fraudulenta de los
procedimientos de contratación para eludir la libre concurrencia y la igualdad de trato entre los candidatos'.
Pago anticipado. Este equipo pericial ha obtenido evidencia documental de que se han pagado anticipadamente a determinados proveedores los suministros de alimentación contratados, lo que está expresamente prohibido en la Administración',
advierte el informe. En concreto, una empresa reconoció tener en octubre de 2010 un depósito de 11.486 euros. La ley obliga a que, antes de pagar, se acredite documentalmente que se ha realizado el suministro, por lo que la entrega de dinero
público en depósito implica, según el informe, 'conductas delictivas tales como falsedad de documento mercantil, falsedad testimonial y malversación de caudales públicos, sin olvidar la responsabilidad patrimonial'.
Concursos amañados. Los peritos constatan que la recepción de los productos la hacen 'las mismas personas que actúan como vocales técnicos de cada expediente y, por tanto, con potestad para proponer al adjudicatario del mismo'. Pero no es
esa la única irregularidad. El informe explica cómo se amañan los concursos: en los pliegos de prescripciones se pondera con un 60 % el precio, pero solo de algunos productos, no de todos. Los suministradores habituales los ofertan a un precio
bajo, incluso con pérdidas, pero hacen negocio con otros productos que no ponderan y que saben van a suministrar. Por ejemplo, una firma ofreció el emperador fresco a 6,9 euros el kilo y el congelado a 8,9. El primero ponderaba un 18,7 % y el
segundo, solo el 2 %. Ganó la oferta que daba el fresco más barato, pero suministró el congelado, más caro.
Comensales fantasma. En la cocina se llevaban dos contabilidades sobre el personal con derecho a comida: la oficial, en estadillos mensuales, y la real, en partes diarios. 'El número de raciones en los estadillos oficiales es muy superior
al que aparece en los partes diarios'. El Tesoro pagaba con arreglo a los primeros. La diferencia nutría la caja b.
Fuera del menú. En 2010 se compraron grandes cantidades de productos que no figuraban en ninguno de los 365 menús servidos ese año. Por ejemplo, 2.409 kilos de embutidos ibéricos por 43.296 euros. 'Se trata de productos que no están
destinados a los gastos de alimentación que deben ser asumidos con cargo a los Presupuestos del Estado', advierte el informe. Lo mismo se repitió en 2011 y 2012.
Fraude fiscal. Al analizar la facturación de los suministradores, se constató que no coincidía lo declarado por alguna empresa con los datos de la unidad ni con lo que figura en el Sistema de Gestión del Ejército del Aire (SIGEA), 'por lo
que se puede concluir que este proveedor no cumple con sus obligaciones tributarias, corno tampoco la SEA 027'.
¿Atracón de pan y aceite? En diciembre de 2010, se compraron 50.525 barras de pan pequeñas, cuando su consumo no pasa de 7.000 al mes. También parece excesivo el consumo de aceite: 110 litros diarios. Estas compras podrían encubrir
otras, como 360 botellas de vino, 456 de cerveza, 252 de cava y 160 de alcohol de alta graduación, por las que se abonaron 5.871 euros en metálico en diciembre de 2012, según figura en un albarán.
Falsos estudios. La compra de un portátil Sony se facturó como 'estudio y consultorías'. Cuando se pidió una copia del estudio, se contestó que no se guardaba. A una firma de merchandising se le compró material eléctrico y de limpieza por
40.000 euros. Los peritos se preguntan por qué se contrató a una empresa que no vendía esos productos.
Investigar la corrupción le costó un expediente a la juez. Buena parte de la documentación que ha servido a los peritos para destapar graves irregularidades en la base aérea de Getafe (Madrid) procede de los dos registros que la titular del
Juzgado Togado Militar Territorial número 12, la capitán Patricia Moncada, realizó el 3 y el 12 de junio del año pasado.
La diligencia judicial no resultó fácil. El coronel jefe del acuartelamiento, haciendo uso de su superioridad jerárquica, ordenó a la juez que acudiese a su despacho y, tras recriminarla por no haberle avisado, la presionó para que le
dijera qué dependencias iba a registrar. La juez se negó a revelarle sus intenciones, alegando que la causa estaba declarada secreta, pero -tras momentos de fuerte tensión- acabó por informarle de las diligencias practicadas. 'Me sentí
absolutamente vejada en mi condición de juez, persona y mujer', escribió Moncada en su petición de amparo al Consejo General del Poder Judicial.
El órgano de gobierno de los jueces, en una decisión sin precedentes, dio amparo a la militar y pidió el 'cese o abstención de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la actuación judicial'.
La juez denunció al coronel por un presunto delito de obstrucción a la justicia, pero el Tribunal Militar Central abrió expediente disciplinario a la juez por no haber avisado del registro al jefe del acuartelamiento. El expediente
disciplinario aún no se ha archivado, y pesa sobre la cabeza de la instructora, mientras que la denuncia contra el coronel está pendiente de que se forme una sala cuyos miembros no estén contaminados por haber intervenido contra la juez.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las explicaciones del Gobierno ante el grave caso de fraude y malversación masivos en la base del Ejército del Aire en Getafe (Madrid)?
2. ¿Por qué el Gobierno no reaccionó ante las investigaciones emprendidas por la titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 12 de Madrid, y los registros realizados por la misma los días 3 y el 12 de junio de 2013?
3. ¿Por qué el Gobierno no movió un dedo para defender a la Juez frente a la obstrucción a la Justicia de que fue víctima por parte del Tribunal Militar Central?
4. ¿Qué medidas tomó el Gobierno para el esclarecimiento de los hechos, durante el más de un año transcurrido?
5. ¿Cuáles son los mecanismos de inspección y control económico vigentes y actuantes en nuestras Fuerzas Armadas?
6. ¿Puede garantizar el Gobierno que fraudes de esta magnitud no se producen en ninguna otra instalación militar de nuestro país?
7. ¿Está de acuerdo el Gobierno con el aserto según el cual la justicia es a la justicia militar lo que la música es a la música militar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/055517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre acusaciones vertidas contra el ministro de Industria de corrupción, cohecho, compra de periodistas y de operar con una cuenta en Suiza,
dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
Según publica 'El Confidencial digital', los grupos televisivos Mediaset y Atresmedia disponen de un dossier sobre José Manuel Soria, en el que se acusa al ministro de Industria, José Manuel Soria, de graves irregularidades durante su etapa
política en Canarias. Se trata de un informe elaborado sobre todo a partir de datos extraídos del libro 'Hechos probados. Una primera biografía de José Manuel Soria', escrito por Carlos Sosa, en el que se acusa al ministro de corrupción, cohecho,
compra de periodistas y
de operar con una cuenta en Suiza. Sosa es un periodista de 'Canarias Ahora', que trabajó en 'Canarias 7' y que ha investigado y publicado varios escándalos de corrupción en los que implica al ahora ministro de Industria cuando era alcalde
de Las Palmas de Gran Canaria (ocho años), presidente del cabildo (cuatro años) y vicepresidente del Gobierno autonómico (más de dos años).
Estas son las afirmaciones que sobre José Manuel Soria se publican en el libro de Carlos Sosa, y que ya manejan las televisiones en su dossier:
- 'Caso La Favorita'. Sosa afirma que el ayuntamiento de Las Palmas, que dirigía el actual ministro de Industria, aprobó un pliego de condiciones para favorecer a una empresa en la compra de una vieja factoría tabaquera. Lo define como
'pelotazo': el equipo de Soria pagó por la finca casi el triple de lo que se pedía. Calcula siete millones de plusvalía. En ese momento, uno de sus concejales viajó a Suiza y se le implicó con una cuenta allí en la que aparecían las iniciales:
JMS (José Manuel Soria, supuestamente). Una fiscal del país helvético quiso investigar dicha cuenta, pero no se llegaron a abrir diligencias por corrupción.
- Amaño de un concurso para la compra de un inmueble en Las Torres (Las Palmas).
- 'Mintió ante un juez y bajo juramento de decir la verdad'.
- 'Forzó la maquinaria municipal al máximo para que un concurso se adjudicara a la compañía lsolux'. Soria se querelló contra el periódico en el que trabaja Sosa, pero un empresario compareció como testigo y el juez absolvió al periodista
en base a esta declaración.
- Sosa afirma que un empresario local dispone de documentos que demuestran que Soria operó con cuentas en Suiza. De momento, no se ha decidido a sacarlas a la luz pública.
- El ayuntamiento que regía Soria fue acusado de prevaricación y desvío de poder por la tasación de un suelo para la construcción de un gran complejo residencial donde se encontraba el antiguo canódromo de la ciudad.
- Planta potabilizadora de agua. Soria adquirió la instalación más avanzada del mundo y la más cara. Actualmente, se va a desguazar y se venderá todo el material como chatarra.
- Depuración de inspectores de Policía: 'Por petición expresa del ministro, pasó de dirigir un grupo de la Brigada de Información a patrullar las calles con uniforme y en un coche Zeta. Ese inspector conserva a buen recaudo una grabación
que es una verdadera bomba: Soria ordenaba ejecutar sentencias de muerte profesional'.
- Vacaciones familiares pagadas por un empresario local, Björn Lyng, en un complejo de lujo. La factura calcula que ascendió a 4.000 euros. También la familia del actual ministro viajó con él a Salzburgo en su jet privado. Cuando la
declaración de interés general de varios proyectos turísticos, entre otros uno de Lyng, entró en el Parlamento de Canarias, la tramitación caminó sin apenas dificultades.
- El caso Chalet. Lo define como el más escandaloso y el menos conocido. 'Tratar de beneficiar a un empresario amigo del que recibió el regalo de vivir gratis durante casi dos años en un chalet de su propiedad mientras le construían una
ostentosa mansión en el barrio más selecto de Las Palmas.
- 'Soria mintió ante la comisión parlamentaria y eso es delito'.
- ''Intereconomía', 'El Mundo' y 'ABC' son tres ejemplos de medios de comunicación nacionales convenientemente engrasados por Soria para tratar de frenar a la prensa crítica'. Ha financiado a Inter-economía TV con dinero público procedente
de Canarias, a través de clamorosas irregularidades con fondos públicos'.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Conoce el Gobierno las acusaciones vertidas sobre el ministro de Industria en el libro 'Hechos probados. Una primera biografia de José Manuel Soria', escrito por Carlos Sosa, en el que se acusa al ministro de corrupción, cohecho,
compra de periodistas y de operar con una cuenta en Suiza?
2. ¿Ha pedido el Gobierno explicaciones al ministro que ha sido objeto de estas acusaciones? ¿Por qué razones el ministro no se ha querellado contra el autor del libro para desmentirlas?
3. ¿Piensa el Gobierno tomar alguna medida en relación con estas acusaciones que no han sido desmentidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/055518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglainento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre el grave impacto del canon por préstamo de libros impuesto a las bibliotecas públicas en municipios de más de 5.000 habitantes,
dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
Además de hacer malabares con un presupuesto ajustado por la crisis para mantener sus estanterías actualizadas, las bibliotecas públicas tendrán también que pagar por prestar libros. El canon que obliga a las bibliotecas públicas a
compensar a los autores por el préstamo de sus obras, aprobado por el Gobierno central, sigue sumando detractores. La asociación que agrupa a los bibliotecarios de Madrid y ANABAD, la federación nacional de bibliotecarios, y la plataforma 'No al
préstamo de pago', puesta en marcha por la marea amarilla, que defiende las bibliotecas públicas, rechazan la medida.
El gravamen, en vigor desde el pasado 2 de agosto de 2014, afecta a las bibliotecas públicas en los municipios de más de 5.000 habitantes. Perjudica, sobre todo, a las que dependen de los Ayuntamientos y puede poner en peligro su
sostenibilidacl.
Ya no será préstamo, sino alquiler. Como un videoclub, pero con libros. Apunta Alberto Albarracín, presidente de la Asociación Profesional de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid. El canon se calcula según el número de
libros prestados en un año y la cantidad de usuarios activos. Su objetivo es, dice la norma, 'remunerar' a los autores por el préstamo de sus obras, por lo que no tiene en cuenta la consulta in situ de ejemplares o el intercambio de libros entre
bibliotecas. Afecta también a museos, hemerotecas o filmotecas, siempre que sean públicos, aunque deja fuera a los centros docentes. La norma, exigencia de la UE, no aclara quién recibirá el dinero, sino que solo hace referencia a una entidad de
gestión de los derechos de autor, como la SGAE en el mundo de la música.
El Ministerio de Cultura aseguró en un comunicado que 'en ningún caso' el canon afectaba a los usuarios, pues son los titulares de cada biblioteca quienes tienen la obligación de pagarlo. Pero los detractores de la norma afirman que, con
los presupuestos mermados por la crisis, el canon puede ser el toque de gracia para las bibliotecas, especialmente las municipales, que representan el 96 % de la red.
Casi no hay dinero para reponer libros o comprar nuevos títulos. Además, se duda de la compensación que se pueda hacer a los autores porque muchas veces las bibliotecas funcionan como una fuente gratuita de promoción.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas extraordinarias de apoyo a las bibliotecas públicas fiene previsto adoptar el Gobierno para compensar el impacto destructivo que tendrá el canon aprobado el 2 de agosto de 2014 por el Gobierno que las obliga a pagar a los
autores por el préstamo de sus obras?
2. ¿Quién recibirá el dinero del canon? ¿Directamente ei autor, o a través de una sociedad de derechos de autor como la SGAE?
3. ¿Cómo piensa el Gobierno organizar dicha sociedad?¿Será pública o privada?
4. En el caso de que el Gobierno opte por una sociedad privada ¿Cuál será el método de adjudicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/055519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
En 2013, un informe del Ministerio de Medio Ambiente, elaborado antes de la exposición pública del Informe de Impacto Ambiental de Repsol referido a las prospecciones petrolíferas en aguas canarias, y dirigido al Ministerio de Industria,
recomendaba al Gobierno español abrir un proceso de consultas con el Gobierno de Marruecos al considerar que la actividad petrolera en Canarias podría afectar, en caso de derrames, a espacios e intereses marroquíes.
Hay que señalar que la Declaración de Impacto Ambiental, aprobada el pasado día 29 de mayo, indica que, en caso de 'blow out', el 26,2 % del volumen de petróleo derramado podría llegar a la costa africana.
Asimismo, hay que tener presente que en la costa marroquí hay espacios protegidos por convenios internacionales medioambientales.
- ¿?a iniciado el Gobierno español contactos con el Gobierno de Marruecos en relación a las prospecciones de Repsol en aguas canarias cercanas al territorio del país vecino?
- En caso de haberse realizado los contactos mencionados, ¿cuál ha sido la posición de las autoridades marroquíes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2014.-José Luis Centella Gómez, Diputado.
184/055520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
En Canarias y en otras comunidades autónomas se está produciendo un intenso debate sobre los beneficios que genera la extracción de petróleo en España. Sin embargo, a menudo no se dispone de datos fiables sobre esa actividad económica.
- ¿Cuál ha sido el valor del petróleo extraído en territorio español durante los tres últimos años para los que hay datos disponibles?
- ¿Qué porcentaje del valor de ese petróleo ha sido recaudado por el Estado?
- ¿Qué porcentaje del valor de ese petróleo ha sido recaudado por el Estado antes del proceso de refinado?
- ¿Cuál es la cuantía de lo obtenido por el Estado en relación al valor del petróleo extraído del subsuelo, al margen de ingresos derivados del refino y la comercialización?
Palacio del Congreso de los Diputados,1 de septiembre de 2014.-José Luis Centella Gómez, Diputado.
184/055521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
En relación a las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno de España en aguas canarias a Repsol, los estudios encargados por la petrolera e incorporados al expediente de las prospecciones determinan que un vertido de petróleo
llegaría a Fuerteventura en el 85% de los casos en menos de 48 horas. En el caso de Lanzarote se indica una probabilidad de llegada de la marea negra a la costa del 28% (en un plazo de 3, 5 días), en verano, y del 2,6% (y 37 días) en invierno. Al
resto de islas y a la costa africana también llegaría la marea negra, ya que 'antes o después su extensión alcanzaría prácticamente todos los rincones'.
Los estudios que recogen los datos anteriores se añadieron al expediente en Adenda EIA del proyecto Sondeos exploratorios marinos en Canarias. Evaluación de riesgos derivados de un blowout de 3000bbl/día, fechado en febrero de 2014, y
Adenda al EIA del proyecto Sondeos exploratorios marinos en Canarias.
Actualización de la sección 13, sección 14 y sección 16 de abril de este año. No fueron sometidos a información pública y no se permitió efectuar alegaciones, pese a que infravaloran el alcance que podría tener una marea negra y a que, aún
así, ofrecen datos preocupantes.
Los nuevos datos aportados por Repsol reconocen la posibilidad de que resultaran afectadas las desalinizadoras que aportan el agua dulce a la isla de Fuerteventura y no recogen planes de actuación para tal supuesto.
- ¿Cómo se proporcionará agua dulce a la población de Fuerteventura en caso de que una marea negra paralizara sus desalinizadoras? ¿Qué planes se han previsto para el caso de una paralización de las desalinizadoras de Fuerteventura y
Lanzarote?
- ¿Por qué no se sometieron a información pública los informes añadidos por Repsol al expediente de las prospecciones petrolíferas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2014.-José Luis Centella Gómez, Diputado.
184/055523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para
las que se solicita respuesta por escrito sobre el cambio de criterio del Gobierno en relación a la supresión del número de aforados en España.
Exposición de motivos
En una entrevista publicada por El País el pasado viernes, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, señaló la posibilidad de que el Gobierno lleve a cabo una reforma legal que disminuya el número de aforados de más de 17.000 a unos
22 en todos el país. El Ministro se refirió a aforamiento como una 'merma de derecho fundamental' de los aforados por no caber dentro del mismo 'la posibilidad de revisar la sentencia condenatoria a la que pudiesen estar condenados' -ya que dicha
institución implica ser juzgado por la máxima instancia judicial-, negando así que supusiera ningún tipo de privilegio. No obstante, a pesar de no considerarlo un privilegio y de las citadas declaraciones del pasado 12 de junio, ahora defiende el
hecho de que debe darse una respuesta en tal sentido por el legislador ya que la sociedad española sí lo percibe como un privilegio.
El Ministro, cuantificando el número de aforados en 17.621 señala, sostiene que esta situación debe ser sometida a revisión y que en el Proyecto de Ley orgánica del Poder Judicial piensan llevar a cabo reformas al respecto. Una postura que
dista mucho de la mantenida hace apenas un año, en la que el propio Ministro de Justicia negó que hubiera posibilidad alguna de reducir ese número de aforados sin modificar la Constitución, añadiendo que 'no era el momento oportuno'. Defiende por
tanto, que desde su punto de vista, los únicos aforamientos que deberían subsistir en España son, aparte de los que afectan a la familia real, los titulares de los poderes del Estado: el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del
Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas, y esto suma 22 personas.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿A qué se debe que el Gobierno haya cambiado percepción sobre la pertinencia de eliminar la figura del aforamiento en tan poco tiempo?
2. ¿Por qué considera el Gobierno que ahora es oportuno disminuir el número de aforados y hace un año no?
3. Si en opinión del Ministro de Justicia el aforamiento no constituye privilegio alguno y que, al contrario, es una 'merma de derechos fundamentales por no caber dentro del mismo la posibilidad de revisión de la sentencia condenatoria',
¿por qué no ha propuesta anteriormente el Gobierno una medida para evitar que los aforados sufran una merma de sus derechos fundamentales?
4. A la luz de la rectificación del Gobierno, ¿piensa también rectificar su postura en relación al proceso de elección del Consejo General del Poder Judicial para garantizar la independencia del órgano de gobierno de la justicia?
5. ¿Cuándo piensa el Gobierno aprobar el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial en el Consejo de Ministros y remitirlo al Congreso de los Diputados? ¿Piensa aprobar conjuntamente un Proyecto de Reforma Constitucional para que se
tramite en el Congreso de los Diputados?
Palacio del Congreso de los Diputados,1 de septiembre de 2014.-Rosa María Díez González, Diputada.
184/055524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para
las que se solicita respuesta por escrito sobre la reunión celebrada entre el Ministro del Interior y su homólogo marroquí.
Exposición de motivos
La semana pasada tuvo lugar una reunión entre el Ministro del Interior y su homólogo marroquí con motivo de la llegada de embarcaciones de inmigrantes a las costas españolas.
Según informan diversos medios de comunicación, la reunión celebrada no se encontraba en la agenda pública del Ministro. Ante las dudas suscitadas por el contenido y los asuntos a tratar, el Ministerio del Interior remitió una nota de
prensa en la que informaba, vagamente, del objeto de la misma.
Según ha transcendido, la llegada de más de 1.200 inmigrantes y la respuesta dada por las autoridades marroquíes habrían centrado las conversaciones, así como una felicitación por las medidas implementadas por el Gobierno marroquí.
Asimismo, uno de los acuerdos alcanzados por ambos ministros consistiría en celebrar reuniones periódicas cada seis meses.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo explica el Gobierno que la reunión celebrada entre los Ministros de Interior español y marroquí no estuviese anunciada en la agenda del Ministerio?
2. ¿Cuáles fueron los asuntos tratados en la reunión?
3. Tras las conversaciones mantenidas con el Gobierno del Reino de Marruecos, ¿cómo explica el Gobierno que se haya producido este incremento puntual en la llegada de más embarcaciones de las habituales a las costas españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados,1 de septiembre de 2014.-Rosa María Díez González, Diputada.
184/055525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta
escrita.
En la reunión de la Diputación Permanente del Congreso de Diputados celebrada el día 26 de agosto de 2014, y en relación al punto del orden del día sobre la solicitud de comparecencia de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, para que
explique el cambio de criterio de la Seguridad Social en relación con la posibilidad de que los desempleados mayores de 55 años, cumpliendo ciertos requisitos, puedan
acogerse a la jubilación anticipada a los 61 años suscribiendo un convenio especial, la portavoz del Grupo Popular manifestó que el cambio de criterio se ha producido como consecuencia de que 'la Intervención General del Estado ha empezado a
denegar expedientes que estaban revisando en algunas provincias, dando una interpretación jurídica diferente de la que todos habíamos entendido...'.
En este sentido, añadió, tal como consta en el Diario de Sesiones, que 'La Intervención es la que ha parado el procedimiento de interpretación que había dado el INSS de una manera general a todos los expedientes'.
Finalmente, la portavoz del grupo Popular afirmó que, como consecuencia de esa actuación de la Intervención General del Estado, 'ha habido una interpretación jurídica del órgano al que le compete, que es la Dirección General de Ordenación
(...)'.
¿En qué términos y con qué contenidos se ha producido la actuación o requerimiento de la Intervención General del Estado -o quizás sea la Intervención General de la Seguridad Social- para que se hayan dejado de reconocer las pensiones de
jubilación anticipada a los 61 años a los trabajadores que, con contrato de trabajo extinguido antes del año 2013, habían suscrito el Convenio Especial con la Seguridad Social para tener derecho a la pensión de jubilación, y que hasta ahora sí se
les estaba reconociendo el derecho a la jubilación anticipada a los 61 años?
Palacio del Congreso de los Diputados,1 de septiembre de 2014.-Joan Coscubiela Conesa, Diputado.
184/055526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas a la
decisión del Gobierno de aplicar un canon a las bibliotecas por préstamo de libros y por usuario/a.
El 1 de agosto el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, que recoge la obligación de pagar por el préstamo de libros en bibliotecas, museos y archivos. El Real Decreto del Gobierno asume sin
rechistar una directiva de la UE que establece que en las bibliotecas de poblaciones de más de 5.000 habitantes, se deberá pagar un canon por los libros prestados.
Es una directiva pensada para países del norte de Europa, con una situación socio-cultural muy distinta a la del estado español. Son países que cuentan con un sistema bibliotecario ejemplar y considerado un paradigma de la gestión
bibliotecaria tanto por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios como por la UNESCO.
En principio, la normativa implica que los usuarios podrán continuar sacando libros prestados sin coste para sus bolsillos pero resulta que por cada libro que se preste o cada usuario registrado, la biblioteca pública tendrá que abonar a las
asociaciones de autores una cantidad determinada, que parte de los fondos públicos.
Se producirán situaciones tan kafkianas como que las bibliotecas que más libros prestan verán agotarse sus fondos económicos para poder renovar sus colecciones, lo que pone en entredicho su futuro porque se verán obligadas a optar por
prestar libros, pagar el canon y no actualizar sus fondos por falta de presupuesto, o por desistir de su función y dejar de prestar libros a fin de poder renovar sus fondos bibliográficos. Se mire por donde se mire, las consecuencias van a ser muy
negativas para la red de bibliotecas públicas, y por ende, para el conjunto de los ciudadanos.
El real decreto determina el pago de derechos de cada autor@ en base al pago de un canon por préstamo. Establece el cobro de 0,004 por préstamo realizado y 0,05 por persona usuaria de las bibliotecas. Además, señala que mientras no se
pueda aplicar el pago por préstamo, se establecerá un canon de 0,16 por obra adquirida por la biblioteca y disponible para ser prestada.
La norma del Gobierno obvia por completo situaciones específicas como la de Galicia, donde no existe un carnet de usuario único y donde muchos usuarios son socios de más de una biblioteca, con lo cual, por una misma persona se pagará varias
veces.
Consideramos la decisión del Gobierno un ataque sin precedentes a las bibliotecas públicas, a la cultura en definitiva. Se ataca a la ya de por sí maltrecha economía de los ayuntamientos que son los que más invierten en el sostenimiento de
la red de bibliotecas municipales, a través de la aplicación de tasas como hemos visto en la justicia y como se pretende en otros ámbitos.
Las bibliotecas municipales no atraviesan un buen momento debido a los severos recortes que se están aplicando. Sirva de ejemplo la eliminación del programa de cofinanciamiento para la adquisición de fondos del Ministerio de Educación.
El real decreto es asimismo un ataque flagrante al derecho de acceso universal a la cultura, puesto que se obstaculiza el acceso de los sectores sociales más desfavorecidos a la cultura, instalando un sistema que recuerda a épocas pasadas
cuando solo las élites podían consumir cultura.
De igual modo, el sector de la edición no va a ser ajeno a las consecuencias porque la normativa les perjudicará enormemente. Editores gallegos denunciaron ya en enero pasado que el sector de la edición gallega perdió desde 2008 el 38% de
su empleo directo, y alertaba de los perniciosos efectos por la reducción drástica de fondos destinados a la adquisición de novedades editoriales para bibliotecas públicas (un 64,8% menos) y de las ayudas para materiales didácticos en lengua galega
(un 75% menos).
Y en medio de un escenario en el que se aplicó un insoportable incremento del IVA del 21 %.
Tampoco hay que olvidar los efectos que va a tener en autores y autoras puesto que alcanzan reconocimiento y difusión gracias a que sus obras son exhibidas en las bibliotecas.
Es injusto establecer un pago por ejercer una actividad tan necesaria como leer. Las bibliotecas son un espacio cultural a preservar y promover desde las administraciones públicas porque son centros fundamentales para facilitar el acceso de
todos los ciudadanos a la cultura, un eje básico para el desarrollo de las sociedades.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Por qué razón ha decidido el Gobierno aplicar un canon a las bibliotecas públicas por el préstamos de libros?
Aunque se trate de una directiva europea, más bien pensada para países del norte de Europa con una red de bibliotecas ejemplar, ¿No cree que no es adecuada para el Estado español donde las políticas públicas en el campo de la cultura son ya
de por si muy deficientes?
¿No supone esta decisión un duro golpe para las maltrechas economías de las bibliotecas públicas, especialmente las municipales? ¿No va a suponer este canon un revés para la promoción y el acceso universal a la cultura, especialmente a los
libros?
¿Es consciente de las negativas consecuencias que va a conllevar? ¿Es consciente de que las bibliotecas van a tener que optar por pagar el canon y no actualizar sus fondos bibliográficos y demás, o por no prestar libros para poder
actualizar sus colecciones?
¿Sabe que este problema recaerá finalmente sobre los ciudadanos que verán dificultado el acceso a la cultura, mermado o rebajado?
¿Cómo va a afectar esta normativa a CC.AA. como Galicia, donde en la mayor parte de los ayuntamientos solo existen bibliotecas municipales, los únicos centros que casi en exclusiva fomentan la lectura?
¿Por qué este ataque sin fundamento a la red de bibliotecas en un momento económico tan complicado para las arcas municipales?
¿Va el Gobierno a aprobar un fondo económico específico destinado a los ayuntamientos para poder hacer frente al pago de dicho canon por préstamo de libros? De no ser así, ¿Cómo cree que van a afrontar los municipios tal pago?
¿Está dispuesto el Gobierno a dar marcha atrás en esta medida?
¿Garantiza el Gobierno que finalmente no serán los ciudadanos los que paguen de sus bolsillo dicho canon? ¿Existen garantías absolutas al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados,1 de septiembre de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.
184/055527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de AMAIUR, integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno con ruego de respuesta
por escrito.
De los 32 ciudadanos senegaleses expulsados el 19 de noviembre de 2013:
1. Nueve personas fueron detenidos en las 72 horas anteriores a su repatriación.
¿Cuál fue el motivo de su repatriación?
¿Dónde estuvieron durante su detención?
¿Fueron asistidos por letrado en la comisaría?
2. Tres personas fueron detenidas el 1 de marzo en Madrid, el 13 de agosto y el 12 de septiembre respectivamente en Valencia. ¿Dónde estuvieron hasta su repatriación el 19 de noviembre?
3. ¿Cuántas personas fueron repatriadas desde los CIE en 2013?
4. ¿Cuántas personas fueron repatriadas desde comisarías en 2013?
5. ¿Cuántas directamente desde la cárcel en 2013? ¿Por qué motivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2014.-Jon Iñarritu García, Diputado.
184/055528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre la conveniente modernización del Código Civil de 1889 en materia de desheredación, dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita.
Son cada vez más numerosos y cualificados los juristas, notarios, abogados y asociaciones familiares que reclaman una modernización del Código Civil en materia de desheredación, por estimar que el Código actual es anacrónico e incongruente
con la realidad social. En el siglo XIX los hijos contribuían a la economía familiar y la esperanza de vida era de 40 años... Hoy los hijos solo suponen gastos y la gente muere octogenaria, cuando su prole ya se vale por sí misma. Para ellos, es
necesario flexibilizar la libertad para hacer testamento. En más de un siglo, han cambiado las familias, la edad a la que se muere, la naturaleza de los patrimonios... todo menos el Código Civil, de finales del XIX. Por ello, solicitan del
Ministerio de Justicia que se supriman las 'legítimas' y se impulse la plena libertad de testar, o al menos se incluya como causa para la desheredar la 'pérdida de afecto y comunicación, sin expresión de culpabilidades'.
Efectivamente, las causas que exige el Código Civil son tremendas: para que una desheredación triunfe el desheredado debe haber cometido crueldades extremas. Por poco: según los artículos 853 y 756 para poder desheredar a un hijo este
tiene que negar 'sin motivo legítimo' los alimentos al padre, maltratarle de obra, injuriarle gravemente, haber sido condenado por atentar contra su vida, acusarle calumniosamente de un delito grave u obligarle con violencia a cambiar el testamento.
Sin llegar a estos extremos, vemos abusos terribles, que en la práctica no llegan a desheredaciones porque es demasiado complicado.
Nuestro Código Civil, a diferencia del napoleónico, regula separadamente la indignidad (artículos 756 y siguientes) y la desheredación (artículos 848 y siguientes) constituyendo dos instituciones cercanas pero nítidamente diferenciadas.
Frente a la indignidad que tiene una naturaleza social o pública, la desheredación tiene un interés exclusivamente familiar. Mientras la indignidad deja de producir efecto cuando el causante las conozca al tiempo de otorgar testamento o las
remita en documento público, en el caso de la desheredación deberá necesariamente revocarse para que produzca efectos. La indignidad siempre debe ser objeto de prueba mientras que la desheredación sólo deberá ser probada si fuere contradicha.
Como elementos fundamentales que configuran la desheredación deberemos señalar que debe hacerse en testamento, con referencia a la causa en la que se funde y además esa causa debe de ser una de las previstas por el código civil. Además la
desheredación debe ser clara, directa y pura, es decir, sin someterse a condición, o sometiéndose a la simple condición de que sean ciertos los hechos que le sirven de fundamento, puesto que no sería otra cosa que elevar a condición expresa aquella
que ya es una 'condictio iuris'. La realidad de los hechos alegados por el testador para desheredar deberán ser probada por los demás herederos si el desheredado lo negare.
En la mayor parte de España las herencias se rigen por el Código Civil de 1889. Este establece estrictas herencias 'legitimas', a las que tienen derecho ciertos familiares ('los herederos forzosos', hijos, pero también padres, nietos,
hermanos...). A los descendientes les tocan dos tercios del caudal, un tercio se prorratea, y el otro se puede distribuir como uno quiera entre ellos.
Para complicar más la cuestión, en algunos lugares donde rige el derecho foral, como Navarra o la Tierra de Ayala (que incluye varios pueblos de Álava), siempre ha habido libertad total para testar. Y en otros, corno Cataluña, en 2008 se
actualizó el código para incluir entre las causas de desheredación la falta de afecto o relación (en linea con Europa).
La desheredación es la institución de derecho sucesorio o hereditario que permite al testador privar de su derecho a la 'legitima' a aquellos herederos forzosos que hubiesen incurrido en alguna de las causas previstas por la ley. Es por lo
tanto una facultad del testador que puede elegir desheredar o no hacerlo siempre que uno de los legitimarios haya realizado alguna de las conductas que el código civil entiende moralmente reprobables y por ello merecedoras de la pérdida del derecho
sucesorio a la legítima.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Considera el Gobierno perfectible la normativa vigente sobre desheredación en el Código Civil de 1889?
2. ¿Piensa el Gobierno promover su actualización, teniendo en cuenta el derecho internacional comparado en el ámbito de la Unión Europea?
3. En particular, ¿piensa el Gobierno proponer la supresión de las 'legítimas, Impulsar la plena libertad de testar, o al menos incluir como causa para la desheredar la 'pérdida de afecto y comunicación, sin expresión de culpabilidades'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/055529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre el retraso en la devolución del 'céntimo sanitario' cobrado ilegalmente a los transportistas, dirigidas al Gobierno para las que se
solicita respuesta escrita.
El 27 de febrero de 2014, hace ahora más de seis meses, el Tribunal de Justicia de la UE emitió una sentencia que declaraba ilegal el recargo del llamado 'céntimo sanitario' que se aplicaba en España desde 2002 sobre el precio final del
carburante, un extra de en torno a 2,4 céntimos por cada litro de gasóleo en el tramo estatal del impuesto, que teóricamente debía ser destinado a financiar algunos servicios sociales. Después de miles de reclamaciones a la Agencia Tributaria, e
incluso decenas de sentencias a favor de los profesionales del transporte, los camioneros denuncian que el dinero sigue sin llegar. Las estimaciones apuntan a que los camioneros de la región podrían aspirar a recuperar 100 millones de euros. El
Comité Nacional del Transporte ha remitido un escrito al ministro de Hacienda, instándole a que comience ya a devolver las cantidades adeudadas. La vía más frecuente por la que se están haciendo sus reclamaciones los camioneros es mediante una
herramienta creada por la propia Agencia Tributaria para intentar facilitar los trámites. La Administración está dilatando los procedimientos, reclamando gran cantidad de documentos a los reclamantes para justificar la devolución. Se da la
peculiaridad, además, de que los profesionales del sector tan. sólo pueden reclamar por las cantidades cobradas de más desde el año 2009, ya que se considera que lo anterior a esa fecha ha prescrito.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué razones, seis meses después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a España a devolver el 'céntimo sanitario' cobrado ilegalmente a los transportistas, el Gobierno todavía no ha devuelto el dinero a los
reclamantes?
2. ¿A cuántos reclamantes ha devuelto el Gobierno el 'céntimo sanitario' y a cuánto asciende la devolución total a fecha de hoy?
3. ¿Cuándo piensa pagar el Gobierno lo que debe a los reclamantes del 'céntimo sanitario'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/055530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre el proceso de privatizaciones lanzado por el Gobierno, dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
Las privatizaciones continúan siendo un tema recurrente de la política del Gobierno. El afán privatizador no parece tener otros límites que la falta de compradores solventes. Para él, 'todo es privatizable', incluida la gestión de la
sanidad, la educación o la vigilancia en las cárceles. Los efectos negativos económicos y sociales para la mayoría son siempre negados y minimizados. Por ello, los programas privatizadores continúan realizándose, ignorando las críticas, y los
análisis de las consecuencias de las privatizaciones ya realizadas.
Pese a la oposición de los grupos de la izquierda parlamentaria y de los sindicatos, el Ejecutivo del Partido Popular ha decidido relanzar su proyecto de privatizaciones de las pocas empresas públicas que van quedando en manos del Estado.
El pasado 13 de junio, el Consejo de Ministros anunciaba la venta del 49 por ciento del capital de AENA, la compañía que gestiona el funcionamiento de los aeropuertos españoles, y también liberalizaba los servicios de transporte de viajeros en
trenes de Alta Velocidad (AVE) a Levante. Era una nueva vuelta de tuerca para relanzar el proceso de venta de compañías de titularidad pública, que llevaba en suspenso provisional desde hace algunos meses.
La apertura del operador público de aeropuertos a la entrada del capital privado es una medida que ya estaba contemplada en el Programa Nacional de Reformas y cuyo proceso se había fijado inicialmente para el ejercicio 2013, aunque el
proceso comenzaba un poco antes, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la creación de la sociedad mercantil de Aena Aeropuertos de cara a privatizar el 49 por ciento de la compañía.
En el Consejo de Ministros del pasado 13 de junio, igualmente se tornaba la decisión de liberalizar la prestación de servicios de transporte de viajeros en trenes de alta velocidad (AVE) hacia Levante, en un primer paso para hacerlo
posteriormente con toda la red viaria del ferrocarril. La apertura a la competencia del tráfico de viajeros en tren ha terminado produciéndose nueve años después de que a comienzos de 2005, el anterior Gobierno socialista rompiese el monopolio
ferroviario del Estado con la liberalización del transporte de mercancías. En el plan 'maestro' del Gabinete de Mariano Rajoy, el Programa Nacional de Reformas, también están contempladas las privatizaciones de buena parte de las pocas empresas que
aún continúan siendo de titularidad pública, aunque en febrero de este año, momentáneamente se decidía 'echar el freno', en espera de un cambio favorable de coyuntura.
Aunque la posible venta de Correos lleva 'enfriada' durante varios años, el Ejecutivo la considera un activo atractivo para dar entrada a operadores privados y durante la primera mitad de la legislatura se realizó un estudio en profundidad
sobre su privatización.
El Grupo Enusa, Industrias Avanzadas es propiedad de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en un 60 por cien del grupo. En 2012 se dio el pistoletazo de salida a la entrada de capital privado con el anuncio de
privatización de dos pequeñas filiales: Enusegur y Etsa Doi. Pero el proceso en la matriz se quedó estancado. Ensa, que fabrica y suministra el sistema primario de centrales nucleares, también ha sido analizada para su hipotética privatización en
esta legislatura. Hunosa; la compañía minera
pública atraviesa por una profunda crisis que, incluso ha llevado al Gobierno a plantearse su completa liquidación. En caso de no procederse de este modo, lo más probable es que el Ejecutivo pretenda vender sus activos, aunque en su actual
situación no parece sencillo encontrar comprador. Tragsa es otra compañía especializada en transformación agraria de la SEPI -51 por ciento- sobre la que ya parece colgar un cartel de venta, y a la que, a comienzos de esta legislatura se le aplicó
un ERE. Podría estar entre las incluidas en la próxima 'remesa' que prepara el Ejecutivo. Loterías y Apuestas del Estado ya estuvo a punto de salir a Bolsa en la anterior legislatura, aunque el proceso que se paralizó en el último minuto, en
septiembre de 2011. Nada más llegar el nuevo Gobierno del Partido Popular, además, el Gobierno tampoco descarta poner a la venta las participaciones públicas en empresas con mayoría de capital privado, como el caso de Red Eléctrica, donde SEPI
posee el 20 por ciento del capital. Aunque se anunció la venta del 10 por ciento del mismo esta operación también quedaba congelada en febrero de este año, al igual que una posible venta del 5 por ciento que la sociedad estatal tiene en Enagás.
Otras candidatas podrían ser las siguientes:
Alimentos y Aceites. La SEPI posee el 92 por ciento de la compañía, que es accionista del grupo alimentario internacional Ebro Foods, del que posee el 8,65 por ciento, lo que eleva el patrimonio de la empresa a los 210 millones de euros.
Cetarsa, compañía que vende tabaco a las grandes tabacaleras. En 2010 se practicó un ERE que afectó a 108 trabajadores y costó 13,9 millones de euros, por lo que las pérdidas durante ese ejercicio fueron de 5,7 millones de euros frente a un
beneficio de unos 2,9 millones durante el año anterior. Defex, empresa dedicada a la defensa y la seguridad, cuya cifra de negocio es de 7,6 millones de euros. Durante su último ejercicio computado registró pérdidas de 1,3 millones de euros.
Grupo Izar, dedicada a la construcción naval civil, la empresa tuvo pérdidas de 54,4 millones de euros en el último ejercicio computado, un 15 por ciento menores que las registradas el año anterior. Mercasa, opera como una red de distribución
alimentaria con el fin de mantener el abastecimiento alimentario. Es accionista de Mercamadrid y de sus equivalentes en otras 22 ciudades españolas. Con una cifra de negocio de 29,4 millones de euros. Navantia, con una cifra de negocio de unos
1.596 millones de euros, la naviera perdió 44,4 millones en 2012. La empresa también posee títulos de Saes Capital, Sociber y Reinosa. Hipódromo de la Zarzuela, obtuvo unas pérdidas de 3,1 millones de euros en 2012 y una cifra de negocio de 15,6
millones de euros. El Estado posee el 95,78 por ciento de la empresa a través de la SEPI.
La SEPI posee igualmente otras participaciones residuales en empresas como el grupo Airbus, donde controla algo más del 4 por ciento, tras ser obligada a vender el, 1,4 por ciento como parte del plan dictado por el gigante aeronáutico
europeo para quitar protagonismo a los gobiernos europeos en su gestión.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el estado actual del proceso de privatización de AENA lanzado por el Gobierno?
2. ¿En qué situación se encuentra el proceso de liberalización de la prestación de servicios de transporte de viajeros en trenes de alta velocidad?
3. ¿Cuáles son las intenciones del Gobierno en cuanto a una posible privatización de cada una de las siguientes empresas de participación pública:
a) Navantia.
b) Grupo Izar.
c) Defex.
d) Airbus.
e) Cetarsa.
f) Mercasa.
g) Hipódromo de la Zarzuela.
h) Alimentos y Aceites.
i) Red Eléctrica.
j) Enagás.
k) Loterías y Apuestas del Estado.
I) Hunosa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/055531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre la contratación de una consultoría externa para elaborar un estudio destinado al recorte de pensiones, dirigidas al Gobierno para las que
se solicita respuesta escrita.
El BOE de hoy 2 de septiembre de 2014 recoge la licitación para contratar una consultoría externa para la elaboración de estudios sobre experiencias internacionales y reformas de la pensión de jubilación. La firma elegida tendrá un plazo de
cuatro meses para recopilar y entregar esos informes. El precio máximo a pagar por estos servicios es de 120.000 euros. El organismo que requiere estos servicios es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que da hasta el 23 de septiembre
para presentar ofertas. Aunque el plazo ya está abierto, el perfil del contratante de la entidad no ha publicado aún los pliegos del contrato, por lo que las empresas que quieren participar no saben aún en qué condiciones pueden hacerlo ni conocen
los detalles del trabajo encomendado. Y, de paso, los ciudadanos no sabemos tampoco -de momento- cuáles son los detalles del trabajo que el Gobierno contratará.
Todo indica que una nueva reforma de las pensiones de jubilación está sobre la mesa del Gobierno. O, al menos, lo estará en breve, cuando la empresa contratada en los próximos meses entregue los informes requeridos. En marzo de 2013, el
Gobierno aprobó un Decreto Ley para aumentar los requisitos y rebajar las cuantías de las jubilaciones anticipadas y, a finales de ese año, sacó adelante sólo con sus votos una ley que desvincula la revalorización de las pensiones al IPC.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué el Gobierno contrata los servicios de una consultoría externa para la elaboración de un estudio sobre experiencias internacionales y reformas de la pensión de jubilación?
2. ¿No existen datos, medios y profesionales en la Seguridad Social para la realización de dichos estudios?
3. ¿A qué consultora se pretende beneficiar sin aclarar el objetivo y las cláusulas del contrato?
4) ¿Qué nuevo recorte o privatización tiene el Gobierno en cartera en relación con el sistema de pensiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/055532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el articulo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito relativa a la
obligatoriedad de llevar botiquines de tipo C en embarcaciones de mariscadores.
La orden del Gobierno central que obliga a las embarcaciones que faenan en rías como las de Galicia a portar un botiquín de tipo C, es una decisión fuertemente cuestionada, sobre todo por las agrupaciones de mariscadores de Galicia.
El coste de dicho botiquín supera los cien euros, con el añadido de que deberá ser renovado cada año. Las críticas provienen especialmente del sector mariscador. Agrupaciones de mariscadores se quejan de que en el último año se les ha
impuesto un seguro de responsabilidad civil, un plan de prevención de riesgos, una tasa de faros cuando siempre desarrollan su actividad en horario diurno, la tasa de artes que es en realidad un duplicado del certificado de seguridad, y ahora el
botiquín aludido.
Consideran cuestionable la exigencia de este botiquín cuando desarrollan su actividad pegados a tierra o muy cerca.
Se trata de un botiquín que incluye una treintena de productos como aparatos de reanimación manual, collares cervicales, jeringas, cánulas de reanimación boca a boca entre otros muchos.
Hasta ahora el Instituto Social de la Marina ha desestimado las alegaciones presentadas fundamentalmente por el sector de mariscadores.
Demandan que se exima de la obligatoriedad de llevar el botiquín C a las embarcaciones que faenan en el interior de la ría o a menos de una milla. Además, en muchas embarcaciones sólo trabaja un tripulante, que si tiene algún percance
regresa a tierra o avisa a emergencias. Sin olvidar que este tipo de barcos no tienen puente de mando ni disponen de espacio adecuado para situar este tipo de botiquines.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Va el Ministerio de Agricultura a atender la petición del sector mariscador para que se les exima de la obligatoriedad de llevar el botiquín de tipo C en sus embarcaciones?
¿No cree que resulta una exigencia excesiva para un tipo de embarcación que trabaja pegada a tierra, como en las rías de Galicia?
¿Por qué razón el instituto Social de la Marina ha desestimado las alegaciones presentadas sobre esta cuestión por las agrupaciones de mariscadores?
¿Es consciente de que este tipo de pequeñas embarcaciones carecen incluso de puente de mando o de espacio adecuado para situar este tipo de botiquines?
¿Va el Ministerio a dialogar con el sector mariscador para escuchar sus alegaciones al respecto?
¿Qué disposición tiene el Gobierno a eximir de esta exigencia a las agrupaciones de rnariscadores, que además se han enfrentado en el último año a una serie de medidas muy onerosas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
184/055533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado de Esquerra Republicana-Catalunya SÍ (ERC-RCat-CatSí), adscrito al Grupo Mixto y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Tagomago es un islote situado a un kilómetro de la isla d'Elvissa, tiene unos 1.500 metros de largo y 113 de ancho. Tagomago goza de la máxima protección medioambiental posible. Este islote y el medio marino circundante forman parte de la
Red Natura 2000, que es el resultado de la aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2
de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, de la Ley autonómica 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacio de relevancia ambiental (LEGO), y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad. Por otra parte, la Ley autonómica 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares (LEN) declara como Áreas Naturales de Especial Interés de Alto
Nivel de Protección todos los islotes y farallones del Archipiélago Balear.
Se observa la realización de obras en el islote y ante esta situación, los Agentes de Medio Ambiente d'Eivissa empiezan a realizar visitas a Tagomago. Del conjunto de denuncias e informes elaborados por estos Agentes en relación a las
actuaciones llevadas a cabo en Tagomago se deduce que no se había presentado ninguna solicitud ni se disponía de ninguna autorización para realizar dichas obras. La primera vivienda que se inscribió al Registro de la Propiedad de Palma un año y
medio más después de publicarse la Ley de Costas (28 de julio de 1988), hecho que demuestra, hecho que demuestra la irregularidad y la ilegalidad de las obras realizadas a Tagomago.
- ¿El Gobierno tiene constancia de la construcción de un complejo de viviendas en el islote protegido de Tagomago?
- ¿Cómo es posible que el propietario de las viviendas de Tagomago, destruya un islote protegido al máximo nivel, sin ningún tipo de autorización ni permiso, pero con el conocimiento y la inhibición de las autoridades?
- ¿El Gobierno sabe de la existencia de animales en peligro de extinción y especies estrictamente protegidas que se encuentran en Tagomago, que además están blindados a nivel europeo con la máxima protección medioambiental?
Palacio del Congreso de los Diputados, septiembre de 2014.-Joan Tardà i Coma, Diputado.
184/055534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
Antecedentes
Viene siendo una constante las incidencias que se producen en la línea de tren Zaragoza - Canfranc en la Comunidad de Aragón. En una misma semana del mes de agosto se han producido dos lamentables e inasumibles incidencias en esta línea de
ferrocarril. De un lado una avería en el 'canfranero', que ocasionó que los viajeros tuvieran que ser trasladados en autobús desde Sabiñánigo. Y, de otro lado, un descarrilamiento de uno de los trenes de mercancías que transitan por la línea, lo
que ha supuesto pérdida de servicio de tren y la búsqueda de soluciones alternativas.
Por todo ello formula la siguiente pregunta
¿Qué medidas va a tomar el Ministerio de Fomento para evitar que estos incidentes se produzcan en el futuro, y cuando van a ser adoptadas las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-Álvaro Sanz Remón, Diputado.
184/055535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz adjunto, don Carlos Martínez Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre las aeronaves que se encuentran abandonadas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Exposición de motivos
El pasado mes de agosto venció el plazo otorgado por el Gobierno para concurrir a la puja de ocho lotes de aeronaves que se encontraban abandonadas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Los aviones abandonados en nuestros aeropuertos están provocados por la quiebra de varias aerolíneas como consecuencia de la crisis económica. Así, según datos publicados por algunos medios de comunicación, la flota española de aeronaves
con capacidad superior a 50 plazas, habría pasado de 450 aviones a 350.
Asimismo, las informaciones aparecidas indican que, en al menos tres de los aeropuertos más importantes de la red pública española, existen aparatos que llevan abandonados varios años sin que se haya procedido a realizar su retirada.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuenta el Gobierno con un inventario de los aviones que se encuentran en situación de abandono?
a) En caso afirmativo, ¿cuántas aeronaves se encuentran en estado de abandono? ¿En qué aeropuertos? ¿Qué modelos tienen estas aeronaves?
b) En caso negativo, ¿piensa el Gobierno realizar este inventario?
2. ¿Qué planes tiene el Gobierno para dar salida a los aviones abandonados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
184/055536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz adjunto, don Carlos Martínez Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la frecuencia de los horarios de cercanías en la Comunidad de Madrid.
Exposición de motivos
La línea C3 de Cercanías en Madrid une los municipios de El Escorial y Aranjuez. Se trata de una línea que cuenta con 106 kilómetros de longitud y de 23 estaciones. Recientemente, la línea fue objeto de trabajos de mejora por parte de ADIF
y fueron desarrollados entre las estaciones de Chamartín y Nuevos Ministerios por el túnel de Sol. Sin embargo, estos trabajos de mejora no son suficientes para acabar con las deficiencias que sufre la línea.
Según informaciones recibidas por parte de algunos usuarios de la línea, ésta se encontraría funcionando con altos niveles de ocupación que incluso, superan el 100% de su capacidad en hora punta. Asimismo, se ha habilitado un espacio web en
change.org en el que los usuarios de la línea solicitan mejoras en la frecuencia de los trenes.
En la Carta de Servicios de Renfe Cercanías aparece que tiene como 'misión el transporte de viajeros en áreas de movilidad intensiva y recurrente con criterios de calidad, eficiencia, innovación y orientación al cliente'.
Según el decálogo de Renfe, se deberá 'atender la demanda de transporte y movilidad de los ciudadanos conforme a sus expectativas y niveles de calidad requeridos, adaptando nuestra oferta'.
Finalmente, entre los compromisos adquiridos se encuentra que la oferta general de servicios debe estar adecuada a las necesidades y expectativas de los clientes. Para ello, la diferencia existente entre satisfacción y expectativa no debe
ser superior al 10%. Asimismo, se establece que debe existir un nivel de ocupación máximo de 4 viajeros por metro cuadrado en el 90% de los trayectos realizados por los viajeros.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo explica el Gobierno que las frecuencias de trenes desde cabecera y final de línea sean mayores a los 15 minutos? ¿Cuál es la frecuencia de trenes en hora punta?
2. ¿Qué tipo de trenes son empleados en hora punta? ¿Cuántos trenes largos se emplean a lo largo del día?
3. ¿Había tenido constancia el Gobierno de las quejas de los usuarios de la línea con anterioridad? ¿Ha procedido a dar respuesta a las quejas de los mismos?
4. Respecto al resto de líneas de Cercanías de la Comunidad de Madrid y alrededores, ¿ha tenido conocimiento el Gobierno de que se hayan producido un número de quejas superior a la habitual? ¿Se cumplen los compromisos adquiridos con los
clientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
184/055537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas
a la extinción del Acuerdo de Pesca UE-Mauritania.
El estado mauritano decidió, a finales de julio pasado, que todos los barcos que llevasen 24 meses faenando en el caladero 'tenían el Acuerdo finiquitado'. Mauritania demandaba a la UE 28 millones de euros para que los barcos pudiesen
pescar en sus aguas hasta diciembre de este año. De este modo, la UE y Mauritania acordaron que los barcos que llevasen 24 meses faenando allí debían abandonar el caladero.
En la actualidad, solo faenaban en aguas de Mauritania nueve buques gallegos: cinco de palangre de fondo, dos de palangres de superficie y dos de demersales.
La cuestión de las fechas está igualmente en entredicho, puesto que el estado mauritano consideró que el Convenio entraba en vigor en julio de 2012, mientras que la Comisión Europea presuponía que era hasta diciembre.
Los marineros afectados están actualmente a la espera del borrador de orden que habilite las ayudas por paradas temporales de actividad pesquera.
Dado lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Sabe el Gobierno si la UE va a negociar un nuevo Acuerdo de Pesca con Mauritania dado que ha finiquitado el Acuerdo que estaba vigente desde el año 2012?
¿Está claro que el Acuerdo debía expirar en julio de este año como ha decidido Mauritania, o debía estar vigente hasta diciembre como presuponía la UE?
Dado que la UE pagó a Mauritania 140 millones de euros por dicho Protocolo de Pesca, ¿no debería reivindicar que los barcos pudiesen faenar hasta finales de año?
¿Ha preparado el Gobierno el borrador de orden para la concesión de ayudas a los pescadores perjudicados por la extinción del Acuerdo de Pesca con Mauritania?
¿Con qué otros estados se están negociando Acuerdos de Pesca? ¿Qué posibilidades tienen de prosperar?
¿Va el Gobierno a redoblar sus esfuerzos para garantizar posibilidades de pesca a la flota pesquera, cada vez más limitada y sin garantías de futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
184/055538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas
al Acuerdo de Pesca UE-Mauritania.
El último Acuerdo de Pesca con Mauritania rubricado en 2012 fue fuertemente cuestionado por la flota cefalopodera gallega y de otros estados. Sabe el Gobierno que el Convenio pesquero estuvo presidido por múltiples problemas, discordias y
puntos nada claros.
Perjudicó de manera notable a los cefalopoderos de Galicia que se vieron excluidos injustamente de unas posibilidades de pesca que venían ejerciendo al albur del anterior Acuerdo. Nunca quedó verdaderamente claro y justificado desde un
punto de vista científico porque eran apartados de dicho Acuerdo pesquero.
Durante estos dos años han salido a la luz las verdaderas razones por las que la flota cefalopodera fue discriminada. Y ha quedado patente que nunca hubo un problema de 'stock' de pulpo, razón por la que se excluyó a la flota cefalopodera
de la UE.
Esta flota siempre cuestionó los informes que hablaban de que el pulpo estaba sobreexplotado. La demanda de informes científicos independientes no se atendió en ningún momento, lo que suscitó muchos interrogantes.
Poco tiempo después trascendió que las autoridades mauritanas habían vendido posibilidades de pesca de cefalópodos a la multinacional de China, Poly Hondone. Actualmente, el esfuerzo pesquero de Poly Hondone con buques chinos es superior al
que realizaba la flota cefalopodera de la UE. Además de que se está llevando a cabo con artes prohibidas y en zonas de reproducción cerca de la costa.
La situación llegó a un punto, según diversas informaciones, que se produjo un exceso de capturas de pulpo tal que la oferta superó a la demanda. La consecuencia siguiente fue la caída de los precios en el mercado japonés, mientras se tuvo
que mantener el 'stock' almacenado en Nouadhibou.
De hecho, la flota pesquera mauritana solicitó a su Gobierno un paro comercial ante el exceso de pulpo. Así, el Ministerio de Pesca decretó la prohibición de capturar pulpo durante tres meses a partir del pasado 21 de agosto de 2014.
Dados los hechos descritos cabe concluir que se tergiversaron y manipularon informes científicos sin base suficiente por motivos políticos, económicos y comerciales.
Dado lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
Dada la evidencia de que no existían problemas de 'stock' de pulpo, puesto que Mauritania vendió posibilidades de pesca a empresas chinas, ¿no ha quedado patente que los cefalopoderos fueron excluidos por motivos nada relacionados con el
'stock' de pulpo?
¿Se ha dirigido el Gobierno, en algún momento, a la Comisión Europea para exigir nuevos informes científicos sobre el 'stock' de cefalópodos en aguas mauritanas?
¿No cree el Gobierno que se tenían que haber pedido estudios científicos independientes y contrastados?
¿Es consciente de que ha habido un exceso de capturas de pulpo por parte de empresas chinas de modo que la oferta llegó a superar a la demanda?
¿Qué posibilidades existen de que se negocie un nuevo Acuerdo de Pesca con Mauritania en el que se incluya a la flota cefalopodera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
184/055539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas
al reconocimiento del arte de pesca de arrastre a la pareja arte tradicional usado por pescadores gallegos pero excluido de la normativa comunitaria.
La UE expedientó a barcos gallegos por faenar con el método de arrastre a la pareja, un arte tradicional y que se ha utilizado sin ningún problema desde hace años.
El Ejecutivo español decidió trasponer de manera literal una normativa dictada por la UE, sin tener en cuenta las especificidades de la pesca gallega o las existentes en el Estado español. La norma comunitaria obvió por completo este método
tradicional utilizado en Galicia por algunas comunidades de pescadores.
La normativa comunitaria, adoptada a posteriori por el Ejecutivo español, ha llevado a barcos gallegos que utilizan esta arte a situarlos en una especie de limbo legal, puesto que no consta en la normativa recogida por el Gobierno español
que proviene de la UE.
En el marco del plan de despliegue conjunto para pequeños pelágicos, los barcos 'Airoa' y 'Xudemil' se vieron sorprendidos en aguas de la costa gallega por la patrullera francesa 'Iris'. Los inspectores franceses cuestionaron las artes de
arrastre en pareja porque no aparece en el reglamento comunitario, que, como hemos señalado, no incluye la especificidad gallega. Así, la patrullera francesa abrió expediente de infracción a estas embarcaciones, algo que se traspasó después a los
inspectores españoles.
Es necesario poner de manifiesto que la diferencia entre el aparejo que, por ejemplo, utilizan los arrastreros franceses u otros, radica en que los usados por algunos barcos gallegos, cuando trabajan en pareja para pescar bacaladilla, usan
un saco con boca ancha que proporciona a la red forma de embudo.
El aparejo, que en un principio fue retenido por no reglamentario, fue devuelto a los marineros. Sin embargo, les retuvieron las capturas y el procedimiento sigue su curso.
Los arrastreros de Ribeira (A Coruña) cuando van a pescar bacaladilla no suben por popa la red con las capturas, sino que la colocan a un costado y de ella, con un salabardo -una especie de truel gigante-, extraen las capturas.
El motivo de la especificidad de esta arte se debe a que los marineros gallegos suelen pescar para consumo humano, no para la elaboración de harinas de pescado. Motivo por el que se debe manipular con mucho cuidado el pescado, sobre todo la
bacaladilla, para evitar que quede destrozado.
Los pescadores que utilizan este tipo de artes alegan que siguen unos métodos similares a los del cerco, y consideran que debería contemplarse este arte como una más.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Ha realizado el Gobierno alguna gestión ante la UE para que se incluyera en la directiva comunitaria el arte de pesca de arrastre a la pareja, un arte tradicional y utilizado por algunos pescadores de Galicia desde hace años?
¿Cómo es posible que el Gobierno español traspusiese de manera literal la normativa de la UE en cuanto a tipos de artes de pesca sin tener en cuenta las especificidades de la flota pesquera gallega, como es el tipo de arte mencionado?
¿Por qué se obvió este arte de pesca de arrastre a la pareja?
¿Es consciente de que el hecho de no haber contemplado este tipo de arte ha llevado a los pescadores que lo utilizan a situarse en una especie de limbo legal?
¿Va el Gobierno a anular el expediente de infracción abierto por inspectores franceses y heredado por inspectores españoles a los barcos 'Airoa' y 'Xudemil' por el uso del arte de pesca de arrastre a pareja? ¿No considera que se trata de un
expediente injusto dado que los marineros que utilizan este arte llevan años trabajando así, sin saber que fue excluido de una normativa europea y estatal que desconoce las especificidades de la pesca gallega?
¿No debería el Gobierno proceder a los cambios normativos necesarios a fin de contemplar todas las artes de pesca tradicionales como la aludida?
¿Es consciente de que la diferencia existente entre el aparejo que usan los arrastreros franceses y algunos gallegos se debe al distinto fin de la especie a pescar?
¿Sabe que en el caso de los gallegos la pesca de bacaladilla se destina a consumo humano y la variante del aparejo trata de conservar los peces sin manipularlos demasiado, mientras que los franceses lo destinan a la fabricación de harinas,
proceso en el que no importa el manipulado de los peces?
¿Va el Gobierno a tener en cuenta esta especificidad y reconocerla como arte legal de pesca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
184/055540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Sofía Hernanz Costa, don Guillem García Gasulla y don Pablo Martín Peré, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué proyectos de obra pública se adjudicaron durante el tiempo que fue ministro Matas? Rogamos listado y cuantía de las inversiones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-Sofía Hernanz Costa, Guillem García Gasulla y Pablo Martín Peré, Diputados.
184/055541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz adjunto, don Carlos Martínez Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre el intercambio privado de viviendas en zonas turísticas.
Exposición de motivos
En los últimos años ha surgido un nuevo modelo de negocio basado en el intercambio privado de viviendas en zonas turísticas. Se trata en realidad de economía colaborativa entre agentes privados. Es necesario que el Gobierno se posicione
sobre esta cuestión, más aún cuando muchas comunidades autónomas están ya limitando el derecho a la libre disposición de la propiedad de la inmobiliaria de zonas turísticas. Una regulación clara y transparente debería ser la solución a los
problemas que plantea este negocio emergente.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Comparte el Gobierno la limitación del derecho a la libre disposición de la propiedad inmobiliaria en zonas turísticas?
2. ¿Piensa regular legalmente el alquiler o intercambio privado de viviendas? ¿Qué plazos maneja el Gobierno y cuál es la finalidad de la propuesta en caso de llevarla a cabo?
3. ¿Cuáles son los fundamentos legales para penalizar el alquiler privado de viviendas en zonas turísticas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
184/055542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula las siguientes preguntas dirigida al Gobierno, para su
respuesta escrita.
El 'BOE', en su edición de 2 de septiembre de 2014, y tal como ha informado InfoLibre, ha publicado un Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por el que se publica convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º
60NC-16/15, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración de informes sobre la compilación de experiencias internacionales y reformas sobre la pensión de jubilación. La dotación presupuestaria asignada a esta contratación es
de 120.000 euros.
En una época en que el Gobierno no hace más que redundar en la necesidad de aplicar criterios de austeridad en la vida de los ciudadanos, se hace más extraño que nunca que las administraciones públicas no utilicen los recursos humanos de los
que disponen y decidan destinar recursos públicos a contratar a empresas privadas para que realicen funciones que, con toda seguridad, podrían ser realizadas por los funcionarios y el resto del personal asignado.
¿Cuántos funcionarios están asignados al Instituto Nacional de la Seguridad Social?
¿Cuántas personas, personal laboral, asesores, etc., están asignados al Instituto Nacional de la Seguridad Social?
De entre todas estas personas, ¿no ha encontrado el Gobierno a nadie que pueda realizar un informe sobre la compilación de experiencias internacionales y reformas sobre la pensión de jubilación?
¿Cuántas contrataciones de servicios de consultoría han convocado los distintos ministerios en el último año? Se solicita que se clasifiquen por ministerio y que se indica la dotación presupuestaria de cada uno de ellos.
¿Considera el Gobierno que es coherente promover la austeridad entre los ciudadanos y, al mismo tiempo, destinar 120.000 euros a una empresa privada para que realice un informe que no parece que entrañe una gran dificultad y que fácilmente
podría ser realizado por el personal del que dispone el Instituto Nacional de la Seguridad Social?
Apreciado el error de la convocatoria, ¿tiene intención el Gobierno de anular la convocatoria? En caso afirmativo, ¿cuándo? En caso negativo, ¿por qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-Joan Coscubiela Conesa, Diputado.
184/055543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre la tardanza del Gobierno en multar y prohibir con carácter general en España las actividades ilegales de la empresa estadounidense Uber
de alquiler de coches entre particulares, dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
La Audiencia Provincial de Fráncfort ha dictaminado que la compañía estadounidense de alquiler de coches entre particulares Uber viola la ley después de que los profesionales alemanes del taxi hubieran protestado contra lo que consideran un
servicio de transporte irregular.
Uber se enfrenta al veto en un país en el que desembarcó en febrero del año pasado. El motivo es que los conductores que se dan de alta en esta aplicación para smartphones no cuentan con la autorización correspondiente, según el auto del
juez. Los demandantes achacan a Uber competencia desleal. La justicia alemana podría reclamar hasta 250.000 euros cada vez que Uber viole la prohibición.
Primero fueron las ciudades de Hamburgo y Berlín, que prohibieron las actividades de Uber, la compañía online que conecta a pasajeros con conductores para que viajen de forma más barata que en taxi. Ahora el veto afecta a toda Alemania.
Hasta ahora, Uber estaba presente en las ciudades de Berlín, Hamburgo, Múnich, Fráncfort y Düsseldorf, y proyectaba extenderse a Essen, Bonn, Nuremberg, Postdam y Dormund, pese a que en Berlín y Hamburgo cargaba con un veto de los gobiernos
regionales.
Otros países europeos también han bloqueado su uso, como Bélgica. En España solo opera en Barcelona, donde la Generalitat de Cataluña tramita un expediente informativo por supuesto incumplimiento de las normas. Al igual que en otras muchas
ciudades del mundo, taxistas de Madrid y Barcelona se han manifestado en los últimos meses para luchar contra la plataforma.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Conoce el Gobierno la sentencia de la Audiencia Provincial de Fráncfort en la que se prohíbe a la empresa estadounidense de alquiler de coches entre particulares Uber desarrollar esta actividad en toda Alemania?
2. ¿Sabe el Gobierno que otros países, como Bélgica, también han prohibido a Uber realizar su actividad ilegal?
3. ¿A qué espera el Gobierno para prohibir la actividad ilegal desarrollada por la empresa Uber en toda España, y dar a las autoridades gubernativas la instrucción de multar cada infracción que cometa dicha empresa en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/055544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Q, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
El Ministerio de Fomento prevé publicar durante este mes de septiembre la licitación para que la gestión de los servicios ferroviarios de Alta Velocidad Alicante-Madrid, junto con el AVE a Elche y Murcia y la línea convencional entre
Alicante y Valencia. Asimismo, también contempla la posibilidad de ofrecer la gestión de las cercanías entre Alcoy y Xátiva. El paso a la gestión privada de dichas líneas se produciría aproximadamente en marzo de 2015.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Prevé el Gobierno que el paso a la gestión privada suponga alguna modificación en los horarios de los servicios ofrecidos en las estaciones de Villena Alta Velocidad y Alicante, en las estaciones con parada de la línea convencional entre
Alicante y Valencia (Xátiva, Villena, Elda-Petrer, así como también Sax y Novelda-Aspe para algunos servicios de Regional y Media Distancia) y/o en la línea Alcoy-Xátiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.
184/055545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
En 2005, el Ayuntamiento de Torrevieja cedió los terrenos para que el Ministerio del Interior construyera la comisaría de Policía Nacional, una actuación para la que, además, ya está elaborado un proyecto. Torrevieja cuenta con más de
100.000 vecinos censados y, por tanto, es de los pocos municipios de este tamaño que no cuenta con este servicio.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio del Interior llevar a cabo la construcción de la comisaría de Policía Nacional de Torrevieja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.
184/055546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
El Castillo de Santa Bárbara de la ciudad de Alacant está catalogado como Monumento Histórico Artístico y representa el icono simbólico, histórico y paisajístico más importante y definitorio de la realidad urbana alicantina.
A pesar de ello, vemos como a día de hoy sigue sin haberse dado solución a una de las quejas que desde la sociedad civil alicantina se ha formulado en reiteradas ocasiones.
Nos referimos a la existencia de unas antenas de comunicaciones, propiedad del Ministerio de Defensa, que se encuentran ubicadas en la parte más alta de la fortaleza y que distorsionan la vista a este icono patrimonial de la ciudad.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Cómo es posible que sigan estando ubicadas estas antenas en el lugar más visible de un Monumento Histórico Artístico como el que hacemos referencia con la consiguiente agresión al valor paisajístico e histórico del mismo?
¿Existen conversaciones del Gobierno con el Ayuntamiento de Alacant para buscar alternativas de ubicación de las citadas antenas?
¿Se ha realizado por parte de la administración local alicantina alguna queja al respecto sobre la instalación y permanencia de estas antenas?
¿Qué servicio dan actualmente estas antenas de comunicaciones instaladas en el Castillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.
184/055547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
En la respuesta a la pregunta escrita 184/47174, fechada el 19/02/2014, y número de registro 119254, respuesta de fecha 30/05/2014, y número de entrada 137730, el Gobierno afirma:
'El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está llevando a cabo, en colaboración con el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), el estudio de las medidas para la conservación entre Torre la Sal y
Morro de Gos, término municipal de Oropesa, del que se deducirá, en su caso, las actuaciones necesarias para la regeneración, conservación y mejora de este tramo litoral.'
Por todo ello, se pregunta:
¿Cuáles son las actuaciones necesarias para la regeneración, conservación y mejora de este tramo litoral según el estudio?
Por parte del Gobierno, ¿se tiene previsto ejecutarlo?
En caso afirmativo, ¿cuál es la fecha prevista del comienzo de las obras?
¿Cuál es el coste de las obras de regeneración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.
184/055548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
AENA y el aeropuerto de Manises (Valencia), debido en parte a la presión que realizan las poblaciones de San Antonio de Benajéber, La Eliana y el Barrio de San Marcelino de Valencia, desvían la mayoría del tránsito de aviones, tanto en
aterrizaje como en despegue, a la ruta que sobrevuela Xirivella. Debido a la proximidad, los aviones pasan demasiado bajo, generando unas molestias sonoras por encima de las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.
Por ese motivo, pregunto:
¿Por qué no se respeta unas horas mínimas de descanso y se permite a la compañía WIZZ AIR aterrizar y despegar con destino/origen Bucares de 02:00 a 04:00 horas los lunes, martes, jueves y sábados? Además, ¿por qué siempre opta por
sobrevolar Xirivella para trazar la pista de aterrizaje cuando aterriza y opta por despegar en dirección a Xirivella?
Durante el invierno, los aterrizajes se estuvieron desviando a la izquierda de Xirivella, utilizando la autovía A-3 como carril natural para tomar la pista de aterrizaje. Debido a las molestias de algunos vecinos del barrio de San Isidro
han vuelto a desplazar la línea de aterrizaje justo por encima de Xirivella:
¿Por qué se tiene tan poco respeto por los vecinos de este municipio? ¿Por qué nadie garantiza al menos las horas mínimas de descanso?
Siendo el aeropuerto de Manises un aeropuerto no internacional, ¿por qué no se limita su funcionamiento de 7:00 de la mañana a 12:00 de la noche?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.
184/055549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
La disminución y no reposición del dinero perteneciente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social es más que preocupante. En dos años, el Estado ha gastado 24.651 millones de euros de dicho fondo y desde 2012 ha disminuido la reserva en un
40% aproximadamente.
Los datos demuestran cómo ha disminuido esa reserva de las pensiones, que en el año 2011 contaba con 66.815 millones de euros, en 2012 con 63.008 millones y en la actualidad dispone de 48.732 millones. Este tema es de capital importancia,
ya que ese fondo garantiza el cobro de pensiones a nuestros mayores y su disminución y la falta de explicaciones del Gobierno crean una justificada alarma social.
De hecho, con fecha 16 de enero de 2013, Compromís preguntó en el Congreso de los Diputados sobre la compra de deuda pública que estaba efectuando el Estado con el dinero del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, una compra que estaba
siendo mucho mayor desde 2011 a 2013 que en otros años y que llamó la atención a la prensa económica internacional.
El Gobierno nos contestó con una respuesta muy técnica, pero de la cual se pueden extraer conclusiones muy claras: el Gobierno juega a ser un bróker con el dinero de los pensionistas y se dedica a comprar deuda pública. Leída la respuesta
que nos dio en su día el Ejecutivo, parece que es un negocio redondo y que da mucha rentabilidad para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social el comprar deuda pública, pero los datos parecen demostrar todo lo contrario, ya que el fondo se ha
disminuido en un 40% y el dinero que sale no se repone, no vuelve al fondo para garantizar la tranquilidad de nuestros pensionistas.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Considera el Gobierno que es una gran maniobra financiera y un éxito de la gestión que haya disminuido en un 40% respecto a 2011 el Fondo de Reserva de la Seguridad Social?
¿Puede el Gobierno asegurar a los pensionistas de todo el Estado que pueden estar tranquilos, aunque la Administración se dedique a emplear el dinero del fondo de la pensiones para comprar deuda pública?
¿Va a reponer el Gobierno el dinero del fondo para garantizar las pensiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.
184/055550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
Según advierte el catedrático Jorge Olcina, miembro del Instituto Interuniversitario de Geografía y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, la combinación del aumento de las temperaturas y el elevado grado de
humedad del aire ha alterado el normal proceso de enfriamiento del agua del mar durante las noches de verano, lo que ha elevado la temperatura del Mediterráneo en la costa alicantina a 28 grados centígrados. Estas condiciones climáticas, en opinión
del experto antes citado,
elevan las probabilidades de que se pueda producir el fenómeno de la 'gota fría' que descargue lluvias torrenciales, especialmente en las comarcas del sur del País Valenciano.
Una posible 'gota fría' podría tener efectos devastadores en el Medio Vinalopó, teniendo en cuenta el mal estado de mantenimiento y conservación en varios cauces naturales: el río Vinalopó y algunas ramblas.
En algunos tramos del río Vinalopó, a su paso por el término municipal de Elda, como en el área del barrio de Caliú, el firme del encauzamiento presenta graves deterioros y erosiones que podrían acarrear incluso su desprendimiento en caso de
lluvias torrenciales. Desde el departamento municipal de Medio Ambiente se han remitido escritos a la Confederación Hidrográfica del Júcar, competente de la gestión del cauce, alertando de la necesidad de reforzar el pavimento de los márgenes del
río, sin haber obtenido una respuesta satisfactoria.
Al mal estado de los muros de contención del río se suma el cúmulo de suciedad y todo tipo de elementos y enseres que se van acumulando día a día en diferentes tramos del Vinalopó a su paso por Elda, por lo que la suciedad supone uno de los
principales obstáculos para facilitar el paso de las aguas.
Aunque la situación del encauzamiento del Vinalopó a su paso por Elda es el problema más acuciante, también hay que tener en cuenta la problemática que puede surgir en caso de fuertes lluvias en otros cauces naturales, barrancos y ramblas de
los términos municipales de Elda (Rambla de Bateig y Rambla del Derramador) y de Petrer (Rambla de Puga).
En todos estos casos, según advierten los técnicos de Medio Ambiente de ambos municipios, los cauces son responsabilidad y propiedad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero desde hace años no se está procediendo a ningún tipo de
intervención.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Prevé el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo dependiente de este, llevar cabo algún tipo de actuación sobre el río Vinalopó a su paso por Elda y/o en los
cauces naturales reseñados en los términos municipales de Elda y Petrer?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.
184/055551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Sofía Hernanz Costa, don Guillem García Gasulla y don Pablo Martín Peré, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es la previsión de inversiones para las Islas Baleares en los próximos Presupuestos Generales del Estado para el año 2015?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-Sofía Hernanz Costa, Guillem García Gasulla y Pablo Martín Peré, Diputados.
184/055552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Sofía Hernanz Costa, don Guillem García Gasulla y don Pablo Martín Peré, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿En qué estado se hallan las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de las Islas Baleares para renovar el Régimen Especial de Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2014.-Sofía Hernanz Costa, Guillem García Gasulla y Pablo Martín Peré, Diputados.
184/055553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
El Informe sobre ahorros producidos por la modernización de regadíos en la Ribera del Júcar, elaborado el año 2005 por la Confederación Hidrográfica del Júcar, recoge que cuando acaben dichas obras de modernización, el río Júcar dejará de
recibir cerca de 100 hectómetros cúbicos anuales de agua de aportaciones de las comunidades de regantes, la Albufera perdería cerca de 75 hectómetros cúbicos y la salida al mar se resentiría en más de 80 hectómetros cúbicos, aportaciones necesarias
para evitar la intrusión salina.
A pesar de estos datos, que ponen en grave peligro la supervivencia del río y del lago, el Conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua del Gobierno Valenciano, José Ciscar, declaró recientemente que los ahorros
producidos por la modernización de los regadíos, se enviarían a la cuenca del Vinalopó, tal como recoge el Plan Hidrológico del Júcar recientemente aprobado.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Cómo piensa el Gobierno compensar las pérdidas de caudales del Júcar y de la Albufera producidos por la modernización de regadíos?
¿Está esta circunstancia contemplada en el Plan Hidrológico del Júcar, recientemente aprobado?
¿Cree el Gobierno que con estas circunstancias es posible enviar agua de Alarcón al Vinalopó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.
184/055554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito relativa a la
autorización de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para la ubicación de una estación de servicio a ubicar a menos de 100 metros del cauce del río Miño.
El pasado 24 de julio, el ayuntamiento de Lugo concedió una licencia de obra para la construcción de una estación de servicio vinculada a la cadena de hipermercados francesa Carrefour.
Dicha licencia contó con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y contó con el correspondiente informe de la Jefatura Territorial de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta.
Es necesario explicar que la ubicación de esta estación de servicio está proyectada a menos de 100 metros del cauce del río Miño, y que supondrá la instalación de unos depósitos con capacidad para albergar más de 100.000 litros de
combustible.
Se trata de una obra polémica que ha sido muy cuestionada a nivel social y vecinal. Sorprende que desde las administraciones públicas no genere ninguna preocupación la protección ambiental del entorno, primando los intereses económicos y
comerciales de una cadena comercial.
No se puede obviar además la existencia en la actualidad de una sentencia judicial negativa a la implantación de esa misma gasolinera en el centro comercial.
Cabría esperar por parte de las administraciones responsables, como la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, otra actitud más ligada a la preservación del espacio natural del río Miño y su entorno.
Hay que poner de relieve que no hace mucho, tanto la Administración estatal como la autonómica rechazaron la realización de una zona de baño en un tramo muy próximo del río, descartando el proyecto 'por el supuesto impacto ambiental que
podía producir en un entorno incluido en la Reserva de la Biosfera Terras do Miño'.
Ante los dos proyectos mencionados, podríamos tildar la actuación de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil de doble moral porque resulta incomprensible que una estación de servicio tenga luz verde mientras que una zona de baño pueda
suponer un peligro para el medio ambiente.
Permitir una gasolinera que va a albergar miles de litros de combustible a escasos metros del río Miño, mientras se deniega una zona de baño, es de entrada algo difícil de explicar, al menos desde un punto de vista de protección del medio
ambiente.
Sería oportuno que el Ministerio de Medio Ambiente reflexionase sobre estas cuestiones, teniendo en cuenta el impacto que una gasolinera puede causar en el entorno ambiental del río Miño, dada la cercanía de la estación de servicio al cauce
del río.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué informes y estudios realizó la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en relación a la solicitud de ubicar una estación de servicio a 100 metros del cauce del río Miño?
¿Qué aspectos positivos puede tener para el medio ambiente de este importante cauce fluvial que se instale una gasolinera en su entorno cercano?
Por el contrario, ¿qué aspectos negativos puede tener otra de las solicitudes realizadas, en ese caso denegada por la Confederación Hidrográfica, de crear una zona de baño en un tramo muy próximo del río? ¿Qué amenaza puede suponer para el
medio ambiente? ¿Deduce la Confederación Hidrográfica que es más peligroso que una estación de servicio?
¿En qué se basa la Confederación Hidrográfica para dar luz verde a la gasolinera?
Dada la oposición social y vecinal a este proyecto, ¿Qué disposición tiene el Ministerio a revisar dicha autorización medioambiental, teniendo en cuenta los posibles efectos negativos que puede causar una estación de servicio en el entorno
del río Miño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.
184/055555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito relativa a los
problemas administrativos generados al sector de palangre de superficie en relación a las ayudas a buques pesqueros por la paralización definitiva.
En el D.O.G. de 15 de abril se publica la Orden de 3 de abril de 2014, de la Xunta de Galicia, en la que se 'establecen las bases reguladoras para la concesión en régimen de concurrencia competitiva de las ayudas a la paralización
definitiva de los buques pesqueros, cofinanciados en un 75 % con el Fondo Europeo de Pesca y se convocan para el ejercicio 2014'. El plazo de presentación de solicitudes 'será de un mes a partir del día siguiente de la publicación de esta Orden',
es decir, 15 de mayo de 2014.
En el artículo 4 de esta Orden se regulan los requisitos exigidos para poder ser beneficiario de estas ayudas, recogiéndose en el apartado d) del punto primero de dicho artículo: 'El buque tiene que estar incluido en un plan de ajuste de
esfuerzo pesquero y existiendo crédito presupuestario suficiente se abrirá un nuevo plazo de solicitudes para las embarcaciones que estén afectadas por dichos planes'.
A la vista de este requisito el sector de palangre de superficie entendió que no tenían opción a solicitar estas ayudas pues era evidente que quedaban excluidos de las mismas.
Es preciso hacer un poco de historia a fin de comprender el problema.
El 18 de mayo de 2011 se publicaba en el 'BOE' la Orden ARM/1267/2011, de 9 de mayo, que fijaba un Plan de gestión para los años 2011, 2012 y 2013 de la actividad pesquera de los buques que operaban con arte de palangre de superficie para la
captura de especies altamente migratorias en aguas del Atlántico, Índico y Pacífico.
En el apartado 1.a) del artículo 3, relativo al esfuerzo pesquero, se indicaba que 'con el fin de reducir el esfuerzo de pesca, se establece una parada en puerto obligatoria para cada uno de los buques mencionados en el artículo 1, cuya
duración será de 90 días a realizar en el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013'.
Se interpreta, por tanto, que el Plan de Esfuerzo pesquero para el palangre de superficie quedó agotado a fecha de 31 de diciembre de 2013. Desde entonces, la Secretaría General de Pesca no publicó ninguna orden que sustituyese a la
anterior.
Dado lo descrito, el sector afectado llegó a una conclusión clara: si no existe un Plan de Ajuste del esfuerzo pesquero para el palangre de superficie, ningún propietario de este arte de pesca podría ser beneficiario de ayudas a la
paralización definitiva dada la Orden de 3 de abril de la Xunta que exige que los buques estén incluidos en un Plan de Ajuste del esfuerzo pesquero.
El caso es que en los primeros días de junio el sector tiene noticia de una lista provisional de posibles beneficiarios de estas ayudas en la que aparecían embarcaciones del sector de palangre de superficie, cuestión que obligó a
representantes del sector a dirigirse a la Administración a fin de tener información sobre el asunto.
Como respuesta a sus indagaciones reciben comunicación emitida por el Director General de Ordenación Pesquera de fecha 28 de mayo de 2014 en la que se informa que la Autoridad de Gestión 'ha decidido prorrogar los planes de ajuste abiertos
hasta que disponga del informe de equilibrio de la flota'. Como puede verse, esta comunicación se produce trece días después de finalizar el plazo de presentación de solicitudes
Está claro que se produjo un vacío informativo tanto de la Secretaría General de Pesca como por parte de la Consellaría do Mar que ha provocado un grave perjuicio a muchos armadores, algunos de los cuales se han visto obligados a presentar
un recurso de alzada.
Este caos administrativo, esta falta de información y la ausencia de una orden oficial que diese por prorrogado el Plan de Esfuerzo pesquero, ha llevado a muchos propietarios de palangres a no solicitar las ayudas por entender que no
cumplían con el requisito de estar incluidos en un Plan de Ajuste de Esfuerzo pesquero, mientras que otros lo solicitaron igualmente.
Se ha derivado en una situación injusta y discriminatoria por errores administrativos, tanto del Ministerio de Agricultura como de la Consellaría del Mar del Gobierno gallego. Entendemos que este cúmulo de errores deber ser subsanado por
parte de ambas Administraciones responsables.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué puede alegar el Ministerio de Agricultura (la Secretaría General de Pesca), para explicar el 'caos administrativo' antes descrito en relación a la flota de palangre de superficie y las ayudas a la paralización?
¿Por qué razón la Secretaría General de Pesca se limitó a enviar una comunicación interna a la Consellaría do Mar de la Xunta, y además fuera de plazo para aquellos que quisiesen solicitar las ayudas cofinanciadas en un 75 % a través del
Fondo Europeo de Pesca?
¿Por qué motivo el Ministerio no publicó una modificación de la Orden publicada en el 'BOE' el 18 de mayo de 2011, ARM/1267/2011, de 9 de mayo, que fijaba un Plan de gestión para los años 2011, 2012 y 2013 de la actividad pesquera de los
buques que operaban con arte de palangre de superficie para la captura de especies altamente migratorias en aguas del Atlántico, Índico y Pacífico?
¿No hubiera sido necesario publicar una orden que recogiese la prórroga de dicho Plan de gestión que finalizó el 31 de diciembre de 2013, y así lo entendió el sector de palangre de superficie que no solicitó las ayudas dado que la Orden de
la Xunta de 3 de abril era muy explícita en cuanto a que los buques tienen que estar incluidos en un Plan de Ajuste del Esfuerzo Pesquero?
¿Cómo es posible que se actúe de este modo en una cuestión tan seria que afecta a un sector destacado de la pesca gallega? ¿Cómo se explica que no hubiesen recibido a tiempo una comunicación oficial por parte de ambas Administraciones?
¿Va el Ministerio a solucionar conjuntamente con la Administración gallega este problema?
¿Es posible ampliar los plazos, publicar la orden que debía haber publicado el Ministerio y permitir al sector de palangre de superficie acceder en tiempo y forma a las ayudas?
¿Qué disposición tiene el Ministerio a dialogar con la Consellaría do Mar y solucionar adecuadamente el problema mediante un diálogo con el sector afectado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
184/055556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito relativa a
actuaciones del Gobierno de cara al levantamiento del veto para la construcción naval civil que pesa sobre los astilleros públicos de Navantia en la Ría de Ferrol y que finaliza el 1 de enero de 2015.
A comienzos del mes de septiembre del presente año, la Comisión Europea confirmaba que el 1 de enero de 2015 finalizará el veto que pesa sobre astilleros públicos como Navantia Fene para la construcción naval civil. Tal y como se recogía en
el acuerdo firmado, será el 1 de enero de 2015 cuando las antiguas Bazán y Astano quedarán libres de la limitación de diez años. El veto fue pactado en la reconversión del sector naval realizada en 2004 y que dio lugar a la creación de Navantia en
el año 2005.
Una previsión marcada en la agenda desde que Bruselas impuso el veto, y que no constituye ninguna novedad, salvo que las pretensiones de la UE fuesen otras. La confirmación del Comisario Europeo de la Competencia supone únicamente un alivio
por si existía alguna duda al respecto. Un alivio que debe sustentarse en una inmediata actuación del Gobierno destinada a lograr carga de trabajo.
El BNG ha llevado en infinidad de ocasiones al Congreso de los Diputados iniciativas parlamentarias y debates sobre la preocupante situación del sector naval público ferrolano. Y desde el primer momento de la vigencia del veto, denunciamos
su injusticia y la necesidad de trabajar en la UE para levantarlo años atrás. Una reivindicación compartida por la sociedad ferrolana pero que no halló eco en ningún Ejecutivo español, que disciplinadamente ha dejado pasar el tiempo, cumpliéndose
así la lamentable imposición de la UE.
La preocupación social, política y económica por la grave depresión que sufre la comarca de Ferrolterra derivada de la crítica situación de los astilleros, ha estado siempre presente en el quehacer del BNG en todas las instituciones en las
que tenemos presencia. Mas no así en la labor de las instituciones gubernamentales.
Lamentablemente, hemos de señalar que ninguna de las formaciones políticas que han presidido el Gobierno central en la última década ha destacado por denunciar la injusticia que se estaba cometiendo con un astillero puntero como Navantia
Fene. La prohibición de construir barcos civiles, en un momento histórico en el que la demanda de buques civiles está en auge, ha asestado un golpe durísimo a la capacidad productiva de un centro brillante en cuanto a personal cualificado y
tecnología avanzada.
El veto de la UE a Navantia Fene limitando su capacidad de trabajo, ha supuesto un duro lastre para un astillero modelo a nivel mundial.
Nunca nos llevaron a engaño, sabedores de que detrás de este veto hay razones comerciales, intereses partidistas y una auténtica operación política destinada a favorecer a astilleros de otros Estados europeos. No es ninguna novedad poner de
manifiesto que astilleros holandeses, franceses o belgas se han visto claramente beneficiados por el veto sobre Navantia Fene. Han absorbido una importante carga de trabajo civil que les ha reportado grandes beneficios y, sobre todo, les ha
otorgado una posición en el mercado mundial de la construcción naval que no poseían. Navantia Fene era un duro competidor, y no nos cabe duda de que desde Bruselas se diseñó una estrategia premeditada para rebajar la competitividad del astillero
ferrolano.
Una vez que la UE confirmó la caducidad del veto, se abre un nuevo horizonte de múltiples posibilidades de carga de trabajo que la SEPI y el Gobierno español deberían despejar. La fecha del fin del veto estaba
prevista en el acuerdo firmado, con lo cual, es de suponer que la Administración responsable llevará todo este año trabajando con dicha previsión.
Hasta ahora, y a pesar de las reiteradas preguntas del BNG, la SEPI fue incapaz de presentar en la Cámara un Plan de Viabilidad para los astilleros de Navantia en la Ría de Ferrol. Todas las respuestas sobre la carga de trabajo para los
centros ferrolanos se caracterizan por la ambigüedad, la inconcreción y la falta de contratos.
La inquietud sobre la inexistencia de un Plan para el sector naval público, se agranda después de conocer la decisión del Consejo de Ministros adoptada en el mes de julio de traspasar las políticas sobre planificación del sector industrial
al Ministerio de Defensa. Otra piedra en el camino que ha provocado una gran preocupación entre los trabajadores de Navantia porque añade interrogantes a la ya de por sí compleja situación. Somos muchos los que nos preguntamos si eso supondrá que
la carga de trabajo para el sector naval público se decantará únicamente por el lado de la construcción naval militar, a pesar del fin del veto. Cuestiones que convendría aclarar.
Afirmar, como lo ha hecho el partido en el Gobierno, que el fin del veto 'es una excelente noticia que abre un futuro para la comarca de Ferrolterra' es un brindis al sol que puede valer como titular mediático pero que nada aporta en lo
concreto. Estaba en las previsiones desde hace diez años, la cuestión es saber que está haciendo el Gobierno popular para lograr contratos comerciales en el campo de la construcción naval civil para zanjar por fin la grave crisis por la que
atraviesan los astilleros de la Ría de Ferrol.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
El fin del veto el 1 de enero de 2015 sobre Navantia Fene para construir barcos civiles está en la agenda desde hace diez años, ¿ha constituido una sorpresa para el Gobierno la confirmación realizada por el Comisario Europeo de la
Competencia?
¿No está el Gobierno trabajando con esta previsión desde hace tiempo?
De ser así, ¿qué gestiones ha realizado o está realizando en este año, previo al del levantamiento del veto, para conseguir contratos comerciales para los astilleros de Navantia en la Ría de Ferrol?
Dada la larga inactividad de Navantia Fene en el terreno de la construcción naval civil a lo largo de estos años, lo que le ha hecho perder cierta competitividad, ¿va el Gobierno a aprobar actuaciones para actualizar y preparar las
instalaciones de Navantia-Fene de cara a posibles contratos comerciales de construcción civil?
¿Qué medidas va a adoptar la SEPI para los astilleros públicos de Navantia en la Ría de Ferrol después del 31 de diciembre de 2014?
¿Puede garantizar que se va a contar con una cartera de pedidos suficiente para asegurar la viabilidad del sector naval y el futuro de miles de trabajadores?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para recuperar la posición que estos astilleros tenían a escala mundial, destacados por su alto desarrollo tecnológico, su personal altamente cualificado y su competitividad?
¿Cómo va a afectar al sector naval público la decisión del Consejo de Ministros de traspasar las políticas de planificación del sector industrial al Ministerio de Defensa?
¿Significa esto que el Gobierno tiene la intención de seguir destinando los astilleros públicos a la construcción naval militar?
¿Va el Presidente de la SEPI a comparecer en sede parlamentaria antes de finalizar el año para exponer un Plan de futuro para el sector naval público, con la explicitación de contratos de trabajo comerciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.
184/055557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Irene Lozano Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la oficialidad del cese del Teniente Luis Gonzalo Segura.
Exposición de motivos
La pasada semana se publicó, en el 'Boletín Oficial del Ministerio de Defensa', la sanción impuesta al Teniente Luis Gonzalo Segura. La misma aparecerá publicada, en el día de mañana, en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Se trata de la confirmación de la sanción que le fue impuesta al Teniente el pasado 18 de julio de 2014, fecha en que le fue impuesta al interesado.
Por la misma, la sanción impuesta consiste en su cese actual de destino en la JCISAT de Pozuelo y quedando a disposición del Mando de Personal del Ejército de Tierra en la Subdelegación de Defensa de Madrid, sin que pueda volver a solicitar
destino durante un período de dos años.
Esta sanción ha sido consecuencia de la presunta comisión de dos faltas graves que le han supuesto dos meses de arresto.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. El Ministerio de Defensa, como cúspide del Ejército, ¿ha comprobado que han sido cumplidos todos los procedimientos que regulan la imposición de sanciones en las Fuerzas Armadas?
a. ¿Ha sido practicada información previa alguna para el esclarecimiento de los hechos, tal y como recoge el artículo 44.2 de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas?
b. ¿Ha sido realizado el informe preceptivo no vinculante del Asesor Jurídico correspondiente, con carácter previo al dictado de la resolución, tal y como dispone el artículo 61.1 de la citada Ley?
i. En caso afirmativo, ¿cuál era su contenido?
ii. En caso negativo, ¿por qué?
2. ¿Puede afirmar el Gobierno que durante la tramitación del expediente no se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión recogido en el artículo 20 de la Constitución Española y en el artículo 19 de Declaración Universal de los
Derechos Humanos?
3. ¿Ha tomado el Gobierno alguna medida para investigar la corrupción en el Ejército?
4. ¿Cómo explica el Gobierno que se apliquen sanciones a miembros de las Fuerzas Armadas que pretenden mejorar la institución a las demandas de la sociedad del siglo XXI?
5. Tras la reciente huelga de hambre realizada por el Teniente Luis Gonzalo Segura y en la que tuvo que ser ingresado en el Hospital Militar Gómez Ulla, ¿ha sido sometido a chequeos médicos tras la huelga de hambre realizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Irene Lozano Domingo, Diputada.
184/055558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputada, doña Irene Lozano Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta
para la que se solicita respuesta por escrito sobre la posible expulsión de más de 10.500 españoles de Alemania a raíz de la nueva normativa que pretende aprobar el Ejecutivo de Angela Merkel.
Exposición de motivos
El Ejecutivo alemán está terminando de perfilar la norma mediante la cual pretende expulsar de Alemania a todos aquellos inmigrantes que no posean un trabajo en los próximos seis meses. Una medida que podría afectar a más de los 10.469
ciudadanos españoles que a finales de 2013 estaban cobrando
una ayuda estatal de seguridad básica para solicitantes de empleo. El Gobierno ha señalado que defenderá los derechos de los ciudadanos españoles residentes en Alemania, aunque no ha explicitado cómo.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Trató este problema el Presidente del Gobierno durante los 6 kilómetros de paseo por el Camino de Santiago que compartió con Angela Merkel?
2. En caso de no haberlo hecho, ¿debemos interpretar que el Presidente del Gobierno considera que defender los intereses y los derechos de 10.000 ciudadanos españoles en el exterior, es un tema menor en comparación con los puestos de Miguel
Ángel Arias Cañete y Luis de Guindos en las instituciones europeas?
a. En caso afirmativo, ¿qué contestación recibió de la Canciller alemana?
3. ¿Qué medidas piensa llevar a cabo el Gobierno para defender los intereses y los derechos de los ciudadanos españoles que residen en Alemania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Irene Lozano Domingo, Diputada.
184/055559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas sobre el estado de los vehículos de la Guardia Civil, que prestan servicio en
Melilla, dirigidas al Gobierno con solicitud de respuesta escrita.
Guardias Civiles han denunciado que sus vehículos en Melilla no pasan la ITV, la Asociación Unificada de Guardias Civiles asegura que los vehículos se encuentran en muy mal estado y que se han registrado incluso accidentes, los propios
agentes denuncian que los coches que utiliza el Grupo de Reserva y Seguridad llevan años sin someterse a la inspección obligatoria.
Un parque automovilístico con más de 10 años, con exceso de kilometraje, cinturones de seguridad en mal estado y hasta agujeros en la chapa del interior. Y sin pasar la ITV (inspección técnica vehicular), obligatoria para todos los coches a
partir del cuarto año. Son los vehículos de la Guardia Civil en Melilla, según la denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
La asociación asegura que es flagrante la falta de medios destinados precisamente al cuerpo de élite encargado de la seguridad en la zona perimetral de la frontera, el Grupo de Reserva y Seguridad. Se trata del grupo de agentes destinados a
patrullar la zona de la valla, y que son un cuerpo especial dentro de la propia Guardia Civil.
'Perfectamente irían a la chatarra', ha resumido el portavoz de la AUGC, refiriéndose a los vehículos que utilizan 'los 20 o 30 agentes que en cada turno custodian la zona'. 'Esto pone en riesgo tanto la seguridad de los agentes como de los
ciudadanos cuando circulan por el casco urbano', ha asegurado.
Según los datos facilitados el 90% de la flota que patrulla la zona perimetral tiene más de diez años, y supera los 250.000 kilómetros. Son vehículos que 'están mañana, tarde y noche funcionando', y no está claro que estén en condiciones de
ser utilizados. En enero, varios agentes sufrieron un accidente cuando acudían a un aviso de salto en la valla. El neumático reventó y el coche dio cinco o seis vueltas de campana.
Ante esta situación fue entonces cuando se llevó el tema ante el Consejo de la Guardia Civil donde están representadas todas las asociaciones. Según la AUGC, no hubo ningún tipo de respuesta. 'Meses después se enteraron por la prensa de
que el cuerpo no renovaría su flota de vehículos'. Fuentes oficiales de la Guardia Civil no han dado de momento detalles sobre la situación de estos vehículos o si han pasado o no la inspección técnica, aunque han remitido la consulta 'a los
departamentos específicos'.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Tiene conocimiento el Gobierno que la menos el 90% de la flota que patrulla la zona perimetral de Melilla tiene más de diez años, y supera los 250.000 kilómetros?
2) Dado el estado en el que se encuentran los vehículos denunciados, tiene el Gobierno intención de renovar la flota de vehículos, que actualmente prestan servicio en Melilla?
3) ¿En el caso de renovación, cuales son los plazos previstos?
4) ¿Qué opinión le merece al Gobierno que quienes tienen que velar por el cumplimiento de las normas, no pasen las preceptivas ITV en sus propios vehículos?
5) ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que la Guardia Civil cumpla con la obligación que les corresponde sin poner en riesgo tanto la seguridad de los agentes como de los ciudadanos cuando circulan por el casco urbano, con estos
vehículos que se encuentra en tal mal estado, como así lo afirman las Asociaciones de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.
184/055560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre la regulación del titulo universitario de Audiólogo y el establecimiento de directrices en materia de implantes cocleares, dirigidas al
Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
Es una pena que la audiología en España no siga el modelo educativo y profesional europeo, dado que en España todavía no se ha regulado la educación superior audiológica. En el Reino Unido, por ejemplo, existe la carrera superior en
Audiología y esta profesión está integrada en el 'National Health Service', Sentido Público de Salud del Reino Unido (NHS), dando soporte audiológico a pacientes con implantes cocleares y audífonos.
Aunque en España existe algún máster (privado), estos no están homologados, y por si fuera poco, los títulos universitarios superiores europeos no son convalidables, con lo que no existe la figura del audiólogo como tal. Para que en un
futuro España pueda dar soporte adecuado a pacientes con pérdidas auditivas de cualquier grado, se necesita una base educacional que ahora mismo no existe en España. Ese es el punto de inflexión que necesita España para poder asimilar su modelo
audiológico.
Respecto a la regulación de implantes cocleares, en el Reino Unido existen unas 'NICE guideless', unas directrices nacionales aprobadas por el Ministerio de Salud que cubren todos los aspectos de la provisión de implantes cocleares, desde
precios preestablecidos y criterios para la implantación, hasta procesos de rehabilitación.
Para regularizar estos procesos en España es necesario que otorrinolaringólogos, logopedas, audiólogos y pacientes presenten un marco común para establecer un modelo adecuado. Si se regulariza la provisión pero no existe un entramado de
profesionales para poder dar apoyo rehabilitativo auditivo, la medida sería simplemente cautelar y los únicos que terminarán beneficiándose serán las empresas privadas, como lo llevan haciendo hasta el momento, redundando en una asistencia sanitaria
no universal, solo accesible a aquellos que se lo pueden permitir.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Piensa el Gobierno incluir la profesión de Audiólogo entre los títulos universitarios superiores en nuestro país?
2) ¿Piensa el Gobierno establecer cauces de convalidación en España de los títulos de Audiólogo adquiridos en Universidades de otros países de la UE?
3) ¿Piensa el Gobierno integrar audiólogos en los equipos hospitalarios del Sistema Nacional de Salud?
4) ¿Por qué el Gobierno no pone en marcha unas directrices de orientación como la existente en el Reino Unido con las 'NICE. guideless' en materia de implantes cocleares, desde precios preestablecidos y criterios para la implantación, hasta
procesos de rehabilitación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/055561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre medidas contra el uso de los servicios jurídicos públicos en defensa de intereses particulares, dirigidas al Gobierno para las que se
solicita respuesta escrita.
El pasado día 29 de agosto de 2014, el Diputado que suscribe registró una pregunta parlamentaria al Gobierno en la que se solicitaban medidas contra el uso de los servicios jurídicos públicos en defensa de intereses particulares.
Existe otra forma de malversación de los caudales públicos, que consiste en la contratación de servicios externos que en principio deberían asumir los servicios jurídicos propios de cada institución.
Es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, que contrató el 22 de enero de 2014 los servicios privados del abogado Iván Gayarre Conde, vicepresidente del prestigioso despacho Sagardoy Abogados, bufete que es
autor, entre otras cosas, de la reforma laboral del PP de Rajoy. El mismo hombre, también, que ha defendido al partido frente a Luis Bárcenas en su demanda contra el PP por 'despido improcedente'. El objetivo del contrato es la defensa del
Ayuntamiento en su batalla judicial contra Ana Garrido, la técnico municipal que destapó la rama de la Gürtel que acabó con el ex alcalde Arturo González Panero, apodado por los de la Gürtel como el 'Albondiguilla'.
Efectivamente, en febrero, el Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles condenó al consistorio por acoso laboral contra la trabajadora, que recientemente ha entregado al juez Pablo Ruz un nuevo dossier con más informaciones relativas a la
trama Gürtel. Y ahora el Ayuntamiento quiere venganza a costa del dinero de los ciudadanos del municipio.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para evitar que instituciones de la Administración pública contraten servicios jurídicos externos cuando los servicios propios de la institución podrían perfectamente asumirlos?
2) ¿Piensa el Gobierno dirigirse al Ayuntamiento de Boadilla del Monte para que anule el contrato que ha suscrito con un costoso jurista de un bufete de abogados, autor de la reforma laboral del Gobierno y defensor del PP frente a Luis
Bárcenas?
3) ¿Piensa el Gobierno encomendar al Fiscal General del Estado una investigación en este ámbito, para dilucidar si no estamos ante casos de malversación de caudales públicos y una instrumentación espuria de la institución municipal para
contratar servicios privados que el propio Ayuntamiento podría prestar con sus servicios jurídicos habituales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/055562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre suficiencia y disponibilidad de las plantillas del personal ATSEP, de los controladores de tránsito aéreo de los ACC y demás personal de
operaciones de ENAIRE para hacer frente a emergencias, dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
En plena Operación retorno de vacaciones, alrededor de 280 vuelos de los 2.600 programados para el 30 de agosto de 2014 en la región centro-norte de España, que gestiona el Centro de Control de Madrid (ACC), se han visto afectados
temporalmente por un fallo en el subsistema de Tratamiento de Planes de Vuelo del Sistema SACTA (Sistema de Control de Tráfico Aéreo). Este sistema es de ENAIRE (nuevo nombre de AENA) y lo mantiene Indra.
Efectivamente, una parte integrante del sistema SACTA, más en concreto el tándem de ordenadores que se encargan del tratamiento de los planes de vuelo, se bloquearon debido a una serie de errores
ajenos al sistema que ralentizaron el funcionamiento del software que los gestiona. Así las cosas, se hizo inevitable el que ambas máquinas tuvieran que ser reiniciadas desde cero. Debido a la carga de la enorme cantidad de datos a manejar
por este sistema, durante las casi dos horas que llevó el diagnóstico y relanzamiento del mismo no hubo apenas información de planes de vuelo en las posiciones de control, tanto las del Centro de Control de Madrid como las de todas las dependencias
ATS que entran dentro de su espacio aéreo SACTA. También se tuvieron que relanzar los servidores multifuncionales de la Torre de Barajas, con el fin de actualizar los datos de los planes de vuelo en ellos almacenados. Esto fue lo que hizo
necesario que durante la recuperación del sistema se aplicaran restricciones al tráfico, sobre todo en despegues.
Gracias a la rápida actuación del personal ATSEP que estaba de servicio esa mañana en el ACC de Madrid, además de los que posteriormente se incorporaron al ser requeridos sus servicios, se pudo reponer el sistema en un plazo relativamente
breve de tiempo, lo cual era de crucial importancia dada la fecha en la que sucedió este evento, en pleno retomo vacacional, y por tanto de una elevada densidad de tráfico aéreo. En estrecha colaboración con los controladores de tránsito aéreo del
ACC Madrid, personal de operaciones y con el resto de las dependencias afectadas, se pudo asegurar la operación de las aeronaves en vuelo e intentar minimizar los inevitables retrasos de las que aún permanecían en tierra pendientes de autorización.
Por suerte, esa mañana de sábado estaba la dotación completa de ATSEP del ACC Madrid, tanto en la Posición de Supervisión -PSSE- como en otras áreas, lo que facilitó la resolución de la contingencia. No queremos ni imaginar que habría
pasado si hubiera estado algún puesto sin cubrir por la falta de personal ATSEP, situación ésta que viene siendo frecuente últimamente, tal y como los sindicatos vienen denunciando sistemáticamente ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sin que
hasta el momento se haya dado solución alguna. Mientras tanto, los gestores de ENAIRE siguen jugando a la ruleta rusa cada vez que dejan posiciones de ATSEP sin cubrir, sobre todo en dependencias con gran carga de trabajo.
En España tuvimos la fortuna de tener el gestor aeroportuario más grande del mundo y uno de los mayores y más eficientes proveedores de servicios de navegación aérea de Europa: La Entidad Pública Empresarial AENA. Pero a principios de este
verano, la EPE AENA quedó disuelta, y sus funciones ahora se reparten entre AENA, S.A., como gestor aeroportuario, y ENAIRE, como proveedor de servicios de navegación aérea. En la primera está prevista la entrada de capital privado, inicialmente
hasta en un 49%, y para la segunda empresa la Comisión Europea propone la subcontratación masiva de servicios a terceros, tal y como ya ocurre con los servicios ATS en 13 Torres de Control.
La experiencia constatada hasta ahora en materia de privatizaciones, nos dice que solo se pueden obtener los beneficios que los nuevos inversores esperan recortando gastos en la calidad del servicio, en el mantenimiento de sistemas en
instalaciones, aderezado con la consabida subida de tasas y, por supuesto, destrozando las condiciones laborales y la calidad del empleo de los trabajadores.
Para botón de muestra basta un ejemplo. La Posición de Supervisión Técnica (PST) de la Torre de Málaga, está atendida durante las 24 horas del día los 365 días del año, por un turno compuesto por personal ATSEP especializado en supervisión
de instalaciones, uno de ellos Coordinador. Su función primordial es la de asegurar la provisión del servicio CNS ante cualquier circunstancia adversa. Esta plantilla se ha dimensionado en función de la carga de trabajo, y teniendo en cuenta
situaciones excepcionales o emergencias.
Pues bien, como preludio a la otoñal 'tormenta liberalizadora', y principalmente desde que empezó la temporada alta, la PST de la Torre y Centro de Control de Aproximación del Aeropuerto de Málaga, ha estado atendida por una sola persona
durante varios turnos, debido principalmente a la deficiente organización y la pésima gestión de recursos humanos que se está llevando a cabo desde la Región Sur con el fin, supuestamente, de reducir gastos en personal.
Arropados en el consabido 'nunca pasa nada', se permiten que un Aeropuerto de las dimensiones y complejidad que citamos antes no tenga personal suficiente para atender inmediatamente las incidencias técnicas que se puedan presentar. El
parche implantado por los responsables de ENAIRE en estos casos consiste en telefonear a personal ATSEP, técnico o de ingeniería, que desempeñan su labor de lunes a viernes en jornada normal, a un teléfono de localización que los mantiene en
condición de disponibilidad permanente (24 h. al día, 365 días al año) sin un procedimiento específico que garantice el tiempo de respuesta, la distancia máxima al aeropuerto o las condiciones psicofísicas apropiadas, convirtiéndolos según se mire
en una especie de superhéroes o en los nuevos esclavos del siglo XXI.
En tanto en cuanto no haya presupuesto para revisar la instalación de seguridad, ENAIRE ha tomado la determinación de anular el sistema de alarma. Esta decisión que puede parecer baladí, en nuestro entorno operacional supone en esencia
pasarse el punto 4 del Anexo I del Reglamento de Requisitos Comunes para la Provisión de los Servicios de Navegación Aérea CE 1035/2011 por aquello que se conoce popularmente como 'el arco del triunfo'. En dicho punto se establece que es obligación
de los Proveedores de Servicio de Navegación Aérea (ENAIRE en este caso) el garantizar la seguridad física de las ayudas a la navegación basadas en tierra para prevenir interferencias ilícitas, no solo robos, sino alteraciones en el estado de la
señal radiada por dichos sistemas.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Cuáles fueron las causas de la avería registrada el 30 de agosto de 2014 en el Centro de Control de Madrid, que provocó importantes retrasos en unos 280 vuelos programados en la región centro-norte en plena Operación Retorno?
2) ¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar ENAIRE para evitar este tipo de averías y, en el caso de que se produjeran, para garantizar alternativas que minimicen los retrasos de los vuelos?
3) ¿Garantiza ENAIRE la suficiencia y disponibilidad de las plantillas del personal ATSEP, de los controladores de tránsito aéreo de los ACC y demás personal de operaciones para hacer frente a emergencias como la acaecida el 30 de agosto?
4) ¿Por qué ENAIRE ha anulado un sistema de alarma en el aeropuerto de Málaga, vulnerando el punto 4 del Anexo I del Reglamento de Requisitos Comunes para la Provisión de los Servicios de Navegación Aérea CE 1035/2011?
5) ¿Garantiza ENAIRE la suficiencia y disponibilidad inmediata de personal ATSEP en el aeropuerto de Málaga, dados los límites del teléfono de localización?
6) ¿Qué medidas ha tomado la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ante las denuncias sindicales por la falta de personal ATSEP en los aeropuertos españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/055563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre el último informe de la OCDE en el que se confirma la drástica bajada de salarios en España y los riesgos que entraña para la economía
española, dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
El pasado 9 de octubre de 2013, durante la sesión de control del Gobierno y desafiando todas las estadísticas, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro lanzaba un eufemismo desde la tribuna del Congreso: 'Los salarios en España no están
bajando: están moderando su subida'.
El último informe de la OCDE sobre Perspectivas de Empleo en el mundo subraya que sería 'contraproducente' seguir bajando los salarios para impulsar el crecimiento económico y salir de la crisis. España es el cuarto país de la OCDE donde se
registró un mayor ajuste salarial.
Según reza el informe, este ajuste salarial 'puede hacer poco por la creación de empleo, a la vez que aumenta el riesgo de caer en la pobreza y deprime la demanda agregada'.
El informe de la OCDE constata que en España se ha producido una intensa devaluación salarial, colocando a nuestro país como el cuarto peor tan solo detrás de Grecia (-5,2%), Portugal (-2,2%) e Irlanda (-2%). Una reducción de los salarios
nominales que la OCDE estima en un 2% anual, que en realidad supone una pérdida de poder adquisitivo de los asalariados mucho mayor si se tiene en cuenta la inflación acumulada en el periodo. En concreto, según los cálculos de la OCDE, desde el
primer trimestre de 2009 y el cuarto trimestre de 2013, los salarios reales por hora en España bajaron un 1,8%, el cuarto mayor descenso entre los 34 miembros de la OCDE, solo por detrás de los rescatados Grecia (-5,2%), Portugal (-2,2%) e Irlanda
(-2%).
Esta reducción de los salarios ha empobrecido a la inmensa mayoría de la sociedad española, colocando a muchos hogares en niveles próximos al umbral de la pobreza, y ha venido acompañada de un aumento de los contratos precarios y a tiempo
parcial no deseado que han deteriorado, todavía más, el nivel de renta de las personas, hasta el punto de que cada vez se amplía la denominada pobreza laboral: personas incapaces de vivir de forma independiente con su salario, trabajadores pobres.
Los recortes salariales y la precariedad laboral tienen consecuencias muy negativas sobre la vida de las personas pero también sobre la economía, tal y como resalta el informe de la OCDE. La caída del consumo de las familias, atenazadas por
sus menores ingresos y el elevado endeudamiento que aun soportan, deprime la demanda interna -el principal motor para impulsar el crecimiento del PIB- y por eso tanto la economía española como la de la zona euro son incapaces de iniciar un ciclo de
crecimiento vigoroso y sostenido.
La OCDE tiene razón cuando dice que '...esas congelaciones o bajadas salariales pueden tener repercusiones importantes sobre los ingresos de los hogares, acentuando así las dificultades económicas (...) y nuevos ajustes salariales en los
países más afectados por la crisis pueden acabar siendo contraproducentes y, sobre todo en un contexto de inflación próxima a cero, podrían tener una eficacia limitada en creación de empleo. Tales ajustes acentuarían el riesgo de pobreza y pesarían
sobre la demanda global'.
En una reunión con empresarios alemanes celebrada el 5 de septiembre de 2012 en la Moncloa, el Ministro de Economía ya anunció que 'gracias a la reforma laboral las empresas ganarán flexibilidad para reducir los costes laborales', y añadió
que 'el ajuste presupuestario que va a realizar el Gobierno hasta 2014 no tiene parangón entre los países más desarrollados del mundo. Este esfuerzo de ajuste es el mayor esfuerzo que haya realizado ningún otro país de la OCDE que equivale en
términos estructurales a siete puntos del Producto Interior Bruto' (unos 70.000 millones de euros) hasta 2014.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la advertencia de la OCDE sobre los riesgos que para la economía española entraña continuar por la senda de la devaluación salarial de un 2% anual sufrida por los trabajadores desde 2009?
2) ¿Por qué sigue insistiendo el Gobierno -en concreto los Ministros de Economía y de Hacienda- en que 'en España no han bajado los salarios'?
3) ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para promover un aumento del Salario Mínimo Interprofesional, invitar a los agentes sociales a pactar incrementos salariales razonables y mejorar la protección social para aumentar la renta de las
familias, lo que permitirá un aumento de la demanda interna con el fin de impulsar el crecimiento económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/055564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre el contrato adjudicado por el Reino Unido para la fabricación de 589 vehículos blindados y el empleo que puede suponer para las fábricas
de Santa Bárbara Sistemas en Trubia y Sevilla, dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña acaba de adjudicar a 'General Dynamics' un contrato de 3.500 millones de libras, unos 4.400 millones de euros, para la fabricación de 589 vehículos blindados de cadenas 'Scout SV', un modelo
desarrollado a partir del ASCOD, llamado Pizarro por el Ejército español y del que se esperaba que Oviedo construyera la torreta.
El contrato señala que las plataformas, consistentes en seis variantes, deberán ser entregadas al Ejército británico entre 2017 y 2024, junto con apoyo logístico y adiestramiento, y constituirán el corazón de las futuras brigadas blindadas
británicas.
El secretario de Defensa, Michael Fallon, agregó que el contrato es una noticia fantástica para los soldados británicos porque les proveerá con el vehículo blindado tecnológicamente más avanzado y
versátil del mundo, capaz de dar respuesta a las amenazas del futuro. 'Se trata del contrato de vehículos blindados más importante aprobado por el Ministerio de Defensa en cerca de 30 años'.
La española 'General Dynamics European Land System' Santa Bárbara Sistemas ha colaborado en el diseño y la fabricación de los prototipos de estos blindados, desarrollados en parte a partir de la experiencia adquirida con los vehículos
Pizarra en servicio en el Ejército español.
Preguntado al respecto por Infodefensa.com, Antonio Bueno, consejero delegado de Santa Bárbara Sistemas, reconoció que es un contrato muy importante para la compañía y para la industria de Defensa y resaltó que SBS ha contribuido
decisivamente desde el comienzo del programa. 'Confirmada la decisión de iniciar la fabricación, estamos trabajando en la concreción de nuestra participación', agregó Bueno, quien dejó abierta la puerta para que las fábricas españolas de SBS
participen en la producción de los vehículos. Otras fuentes aseguraron que la parte del contrato que podría ser encomendado a las fábricas de Trubia y Sevilla -además del aportado por SBS en la fase de diseño y desarrollo- incluiría la fabricación
de buena parte de las barcazas y otros trabajos, lo que representaría carga de trabajo para la compañía hasta 2024. 'General Dynamics' obtuvo en 2010 un contrato de 500 millones de libras (unos 625 millones de euros) que incluía la construcción de
una serie de prototipos. El pasado 12 de junio, una delegación de alto nivel del Ministerio de Defensa británico asistió a una demostración de una de las variantes del vehículo, denominada PMRS, en instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en España,
Que lejos quedan aquellos anuncios triunfalistas del Gobierno, en los que prometían el oro y el moro para Santa Bárbara en Asturias. Decían en julio de 2011, que fabricarían Trubia y Oviedo 1200 blindados en un contrato de 6.000 millones de
euros, y en donde en Gales se 'daría el toque final'.
Ha llegado un momento clave para alguna factoría española, para una o las dos que aún no han sido vendidas o desmanteladas de lo que en su día fue la 'Empresa Nacional Santa Bárbara'. Está por ver, si la promesa de trabajo a cambio de la
firma de ERTES y ERES se cumplirá.
El contrato británico debería suponer cambios en la planta asturiana, muy mermada de plantilla tras la salida de más de dos centenares de trabajadores mediante bajas voluntarias, prejubilaciones y despidos el año pasado y actualmente en
pleno Expediente Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Efectivamente, una de las muchas preguntas que los 55 despedidos de la Fábrica de Armas de Trubia, y los 61 despedidos de la Fábrica de Armas de A Coruña, se están haciendo en estos momentos es.... '¿y para este viaje hacían falta
alforjas?'. Es decir, ¿acaso el problema de SBS era el traslado de la fábrica de La Vega (Oviedo) a Trubia y el despido de 55+61 trabajadores, (116) que ahora a la empresa ya parecen salirle novias, contratos, trabajo y cifras mareantes por todas
partes?
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Qué gestiones piensa desplegar el Gobierno para conseguir que el contrato de 589 vehículos blindados 'Scout SV' adjudicado por el gobierno británico a 'General Dynamics' pueda revertir en el máximo número de empleos en las fábricas de
Santa Bárbara Sistemas en Sevilla y Trubia?
2) ¿Qué gestiones piensa desplegar el Gobierno para que los trabajadores de Santa Bárbara Sistemas afectados por ERES y ERTES sean prioritarios a la hora de que la empresa contrate a los trabajadores necesarios para satisfacer el contrato
hasta 2024?
3) A la vista de este contrato ¿Considera el Gobierno acertadas las decisiones de cerrar la fábrica de La Vega (Oviedo), trasladarla a Trubia y despedir a 118 trabajadores de la fábrica de La Vega y de la Fábrica de Armas de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/055565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre medidas sanitarias y sociales ante la previsión de que 1.319 personas fallecerán hasta 2020 a causa del amianto, dirigidas al Gobierno
para las que se solicita respuesta escrita.
La exposición al amianto seguirá causando muertes en España hasta el año 2040, fundamentalmente a causa de mesoteliomas pleurales y carcinomas de pulmón. Así lo afirma un equipo de investigadores españoles en un artículo publicado
recientemente en la revista BMC Cancer. Este estudio ha sido realizado por investigadores del Instituto de Salud Carlos III, el Consorcio de Investigación Biomédica de Epidemiología y Salud Pública.
El amianto es un agente cancerígeno presente en miles de edificios, tuberías y tejados, dado que fue muy empleado el pasado siglo en la construcción en España. No en vano, entre 1906 y 2002 se importaron en nuestro país más de dos millones
de toneladas de este material. Su comercialización y uso están prohibidos desde el año 2002, a pesar de lo cual cientos de personas fallecen cada año en España por tumores de mesotelio provocados por las exposiciones ocupacionales a este material
en el pasado.
Los científicos prevén que entre los años 2016 y 2020 fallezcan un total de 1.319 personas debido a este tipo de cáncer, lo que suponen 264 muertes al año. De este trabajo se desprende, además, que entre 1975 y 2010 en España fallecieron
6.037 personas debido a un cáncer pleural, de los que el 66% eran hombres y el 34% mujeres.
Las patologías ligadas a la exposición al amianto son en la actualidad una de las principales causas de muerte de origen laboral. Uno de cada dos cánceres atribuibles al trabajo en Europa y en España se debe a la exposición a este material.
Sin embargo, 'el grado de reconocimiento del cáncer profesional por amianto en España es mínimo, ya que menos del 1% de los mesoteliomas y carcinomas de pulmón causados por el amianto son reconocidos como enfermedad profesional', señala el
catedrático de la UGR Menéndez Navarro, director del proyecto de investigación Los riesgos del amianto en España (1960-2002), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo objetivo es el análisis histórico del surgimiento de los
problemas de salud causados por la exposición laboral y ambiental al amianto en España y su evolución en nuestro país entre 1960, período en el que se intensificó el consumo, y su prohibición definitiva en 2002.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Qué medidas sanitarias y sociales piensa tomar el Gobierno ante la previsión científica de que entre 2016 y 2020 fallezcan un total de 1.319 personas a causa del amianto?
2) ¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar el Gobierno para el pleno reconocimiento del cáncer profesional por amianto, dado que en la actualidad sólo el 1% de los mesoteliomas y carcinomas de pulmón causados por el amianto son reconocidos
como enfermedad profesional?
3) ¿Qué medidas de inspección ha tomado el Gobierno para aplicar a rajatabla la prohibición de la comercialización y uso de amianto en España?
4) ¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar el Gobierno para promover el desmantelamiento y retirada de amianto en los edificios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/055566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre la fiscalidad del juego 'online' en España, dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
El Reino Unido ha acabado con el paraíso fiscal del juego 'online' en Gibraltar. Pese a las protestas gibraltareñas, en octubre de 2014 entra en vigor la ley que eleva los impuestos a las 22 casas de apuestas, entre ellas 'William Hill,
Bettfaire y Ladbrokers'. El equipo de fútbol más potente de España tiene suscrito un acuerdo millonario con 'Bwin', una de las principales compañías europeas del juego 'online', con sede en el paraíso fiscal de Gibraltar. A finales de los años
ochenta algunas de las grandes casas de juego del Reino Unido se mudaron a Gibraltar, al calor de lo que de facto es un paraíso fiscal enquistado en la panza de la Unión Europea, con tasas impositivas de solo el uno por ciento. El propio Gobierno
español colaboró en el desarrollo de la nueva industria en la etapa de Zapatero. En la declaración de Córdoba del 2006, Moratinos rubricó con Caruana un tratado que entre otras rendiciones facilitaba que Gibraltar
duplicase sus 30.000 líneas de teléfono. Se daba así el absurdo de que un territorio con 29.000 vecinos y 6,5 kilómetros cuadrados de superficie pasaba a tener 60.000 conexiones telefónicas. Era obvio que estaban al servicio del telejuego.
Hoy, con internet, todo se ha sofisticado y expandido. El negocio es ingente, con un crecimiento mundial a un ritmo del seis por ciento, y el Gobierno de Cameron ha decidido no transigir más en este capítulo con la anomalía fiscal de
Gibraltar. Una nueva ley, la 'Gambling Act', que entrará en vigor el 1 de octubre, obligará a las compañías de juego digital que tienen clientes británicos y no están domiciliadas donde viven sus consumidores a tributar por el 15% de sus
beneficios. Un cambio radical respecto al laxo 1% que rige en Gibraltar. Para comprender la magnitud del negocio basta recordar que 'Bet 365', una de las compañías del juego digital, declaró el año pasado 180 millones de libras de beneficio
operativo. La Hacienda británica espera recaudar con la reforma 360 millones de euros con el 15% de tributación sobre sus beneficios.
En España, según algunas estimaciones, el sector del juego 'online' pudo llegar a facturar unos 500 millones de euros en 2012. Y algo más de 800 millones en 2014. Tan sólo en el juego del póker 'online' ya se factura más de 100 millones de
euros.
En 2012, según las cifras que maneja Ce-Juego, la patronal del sector, los operadores en Internet apenas aportaron 59 millones de euros y el año pasado, a falta de las cifras definitivas, la situación fue aún peor, con pago de tasas por
apenas 57 millones, un 4,5% del total recaudado en el sector. El problema de fondo es que hay todavía al menos un 40% del negocio que sigue operando en negro, desde Gibraltar o Malta y sin pagar los impuestos correspondientes aquí. En 2012, el
sector del juego 'online' declaró unos ingresos brutos (importes jugados menos los premios pagados) de 235 millones de euros, una cifra que se redujo a 229 millones al cierre del último ejercicio.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la aplicación de la vigente Ley del Juego 13/2011 el 29 de mayo de 2011?
2) ¿Por qué el Gobierno aún no ha creado en el seno de la Administración de la Agencia Tributaria equipos especializados para el control fiscal de las actividades vinculadas al juego?
3) ¿Cuántas licencias -por diez años- se han concedido hasta el momento a empresas de juego 'online' en España?
4) ¿Cuántas más están en trámite de concesión?
5) ¿Cuánto dinero recaudó Hacienda en impuestos al juego 'online' en 2011, 2012, 2013 y 2014, respectivamente?
6) ¿Qué iniciativas a escala española e internacional piensa desplegar el Gobierno para conseguir que los residentes en España tributen por las ganancias patrimoniales derivadas del juego, y que hasta ahora no pagan nada aprovechando que la
mayoría de casinos 'online' están ubicados en el extranjero y no existe por ello ni retención ni intercambio de información con las autoridades tributarias españolas?
7) ¿Piensa el Gobierno proponer la revisión a la baja del acuerdo suscrito en Córdoba en 2006, por el que España amplió a 60.000 las conexiones telefónicas concedidas a Gibraltar, que sólo tiene 29.000 vecinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/055567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para
las que se solicita respuesta por escrito sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para frenar la amenaza yihadista del Estado Islámico.
Exposición de motivos
Diferentes Gobiernos de nuestro entorno han comenzado a tomar iniciativas para prevenir posibles atentados terroristas perpetrados por yihadistas. Un ejemplo es Holanda, cuyo Ejecutivo ha señalado esta
semana que piensa retirar el pasaporte a los holandeses que hayan marchado a Oriente Medio a combatir con el Estado Islámico. El Ministro de Justicia holandés ya ha señalado que su Gobierno piensa endurecer la Ley para 'retirar la
nacionalidad holandesa a los yihadistas que se sumen a un grupo terrorista armado, incluso sin condena penal'.
El Ejecutivo de Reino Unido también está estudiando diferentes posibilidades para impedir que se perpetren atentados de corte yihadista en suelo británico. David Cameron ya ha señalado que su Gobierno está analizando la posibilidad de
retirar pasaportes, aumentar los controles sobre las personas que regresen de la zona en conflicto, así como aumentar las medidas de seguridad aéreas.
Según datos ofrecidos esta semana por el Ministerio del Interior, en España se han contabilizado, al menos, 51 ciudadanos españoles que se encuentran combatiendo como yihadistas en Iraq y Siria, algunos de los cuales ya han participado en
vídeos en los que se amenaza a España directamente como objetivo del Estado Islámico (IE). Un número que puede crecer en los siguientes meses según los expertos.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Ha valorado el Gobierno algún tipo de medida para evitar que personas que se han unido al Estado Islámico y su lucha puedan cumplir sus amenazas contra España?
a) En caso afirmativo, ¿qué medidas concretas piensa llevar a cabo el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Rosa María Díez González, Diputada.
184/055568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para
las que se solicita respuesta por escrito sobre el presunto pago realizado por el Partido Popular, con dinero negro, para la compra de una sede en La Rioja.
Exposición de motivos
La UDEF remitió a finales del mes de julio un informe a la Audiencia Nacional en el que se revela que el Partido Popular pagó en 2008, y con dinero negro, un local en La Rioja. Según el informe, y los apuntes manuscritos de Luis Bárcenas,
el Partido Popular habría transferido 200.000 euros en mayo de 2008 a su filial en La Rioja para hacer frente al pago de un inmueble que serviría para alojar la sede popular en esta comunidad autónoma. El informe de la UDEF señala de manera tajante
que: 'Por tanto, y en base al conjunto de elementos subjetivos (intervención del secretario general y de la gerente en el proceso de negociación y financiación de las adquisiciones, y en base a sus responsabilidades dentro del PP regional de La
Rioja), temporales (correlación entre la entrega de fondos y la operación de compra-venta inmobiliaria) y objetivos (fórmula de financiación de la compra y aportación del PP nacional con este fin y por el mismo importe) es posible considerar de
forma indiciaria que la cantidad aportada desde el PP nacional se correspondería con los 200.000,00 euros anotados en la contabilidad llevada por Luis Bárcenas, sirviendo este procedimiento circular para transformarlo en dinero oficial, y por ello
introduciéndolo en el circuito económico financiero'.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Continúa manteniendo el presidente del Gobierno que durante su presidencia del Partido Popular no se han cometido irregularidades ni delitos contables?
2. ¿Considera el Gobierno que sus explicaciones dadas hace poco más de un año en sede parlamentaria han sido suficientes para disipar toda duda de la inocencia del presidente del Partido Popular y presidente del Gobierno en la gestión
económica de su partido?
3. ¿Considera el Gobierno que es factible regenerar la democracia cuando la mayoría de los ciudadanos todavía tienen serias dudas sobre la inocencia del máximo dirigente del país?
4. ¿Piensa dar nuevas explicaciones en sede parlamentaria a la luz de todos los datos publicados desde su última comparecencia al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Rosa María Díez González, Diputada.
184/055569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para
las que se solicita respuesta por escrito sobre las normas de vigilancia epidemiológicas y seguimiento de amenazas transfronterizas elaboradas por el Gobierno.
Exposición de motivos
El pasado mes de agosto la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el estado de emergencia de salud pública internacional debido al brote de enfermedad por el virus del ébola en África Occidental. Esta declaración alertaba del riesgo
y gravedad dada la agresividad del virus, su intensa transmisión tanto en la comunidad como en los centros sanitarios, y la debilidad de los sistemas de salud en los países afectados y en los que corren mayor riesgo de serlo. El virus ya se ha
cobrado más de 1.500 vidas humanas, una de ellas en España, de un total de más de 3.000 casos.
En el marco europeo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recoge en el artículo 168 que la acción de la Unión debe garantizar un alto nivel de la protección de la salud humana y complementar a las políticas nacionales. Para
ello, el pasado 2013 el Parlamento Europeo y el Consejo establecieron una Decisión con el fin de concretar normas sobre la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de las amenazas transfronterizas graves para la salud, la alerta precoz en caso de
tales amenazas y la lucha contra ellas, incluyendo la planificación de la preparación y respuesta en relación con estas actividades, con el fin de coordinar las políticas nacionales. A tales efectos, el artículo 4 de la citada Decisión establece
que los Estados miembros, a más tardar el 7 de noviembre de 2014, y posteriormente cada tres años, facilitarán a la Comisión información actualizada sobre el estado más reciente de su planificación de la preparación y respuesta a nivel nacional.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Ha facilitado el Gobierno ya la información citada a la Comisión?
a. En caso negativo, ¿en qué estado se encuentra la planificación?
2. ¿Contempla la planificación la posibilidad de disponer de hospitales desplegables para el tratamiento de infecciones virales?
3. ¿Piensa el Gobierno mantener el Hospital Carlos III de Madrid como centro de referencia para los potenciales casos de ébola que puedan darse en España?
4. ¿Ha homogeneizado el Gobierno, en colaboración con las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, un protocolo base que establezca las medidas de prevención, precauciones, tratamiento y cuidados de los potenciales afectados por
esta patología?
a. En caso contrario, ¿piensa el Gobierno tratar el tema en la próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Rosa María Díez González, Diputada.
184/055570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para
las que se solicita respuesta por escrito sobre los trabajos de mejora realizados en el Parador Nacional de Molina de Aragón.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de agosto modificar la encomienda de gestión que en el año 2011 hizo a la sociedad estatal Tragsa para la construcción del Parador de Molina de Aragón, aprobando una inversión de 19,8 millones de
euros para la construcción de un edificio con 22 habitaciones dobles así como otras instalaciones vinculadas a los servicios del establecimiento.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué consisten los cambios realizados a la encomienda de gestión realizada a Tragsa? Se solicita el texto de la encomienda inicial así como el de la modificación de la misma.
2. ¿Por qué no se ha licitado la construcción del Parador, de modo que a través de un procedimiento de concurrencia competitiva, el coste de las obras pudiera ser más bajo? ¿Va a ser Tragsa quien ejecute directamente las obras o a su vez
va a subcontratar, quedándose una parte del presupuesto por el camino?
3. Algunos medios de comunicación han hecho referencia a un proyecto previo del año 2011, con un importe superior (25 millones de euros) pero también con un número mayor de habitaciones (80 habitaciones dobles). ¿Cómo se explica la
reducción en casi 60 habitaciones del nuevo proyecto cuando la actividad principal del Parador es alojar a personas? ¿Es razonable que el coste por habitación construida sea de 900.000 euros (en el proyecto anterior el coste por habitación era de
312.500 euros)?
4. ¿Cómo se piensa imputar el coste de la construcción de este Parador a la cuenta de resultados de Paradores, una cuenta, por cierto, con importantes pérdidas? ¿Cuál será el importe del canon que Paradores tendrá que pagar a la Secretaría
de Estado de Turismo por la construcción de este nuevo Parador?
5. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir hasta que se recupere la inversión realizada?
6. ¿Tiene sentido construir un Parador nuevo cuando la empresa está en pérdidas y con un expediente de regulación de empleo?
7. ¿Cuántos puestos de trabajo directos/indirectos se estima que generará la construcción del Parador?
8. ¿No habría otras formas de dinamizar económicamente la zona, distintas a la construcción del Parador con un coste más reducido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Rosa María Díez González, Diputada.
184/055571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputada Irene Lozano Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para
las que se solicita respuesta por escrito sobre el bloqueo del Ministerio de Defensa a la venta de viviendas a ciudadanos no comunitarios.
Exposición de motivos
El pasado 26 de junio el Senado aprobó una moción en la que instaba al Gobierno a que, entre otras medidas, agilizase 'el procedimiento de autorización para la compra por extranjeros no comunitarios de viviendas en España, conocido como
'Visado Militar' en las zonas de interés para la Defensa declaradas
de acceso restringido que se sitúen en zonas turísticas'. Las razones que argumentan la moción tienen como objetivo agilizar la venta de este tipo de viviendas en zonas turísticas a ciudadanos de procedencia, principalmente, rusa y
argelina. Los ciudadanos de estos países deben presentar ante el Ministerio de Defensa y ante la autoridad militar de la región un certificado de antecedentes penales, así como documentación identificativa y datos del inmueble a adquirir.
Asimismo, se sugiere al Gobierno a revisar la normativa reguladora, contenida en la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones para la Defensa Nacional, en concreto el artículo 18, apartado a). En relación a lo anterior se presentan las
siguientes preguntas:
1. ¿Está considerando el Gobierno proceder a la reforma de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones para la Defensa Nacional?
a. En caso afirmativo, ¿tiene intención de suavizar los requisitos para poder acceder a la compra de vivienda por parte de ciudadanos extracomunitarios?
2. ¿Cómo explica el Gobierno que se estén produciendo demoras de hasta seis meses en el otorgamiento de las licencias?
3. Una de las razones en las que se fundamenta la moción aprobada en el Senado es la promoción y construcción de viviendas dirigidas a extranjeros, que puede impulsar e incrementar la demanda, ¿en qué medida comparte el Gobierno esta
afirmación? ¿Está de acuerdo con que se puede estar lastrando el crecimiento económico?
a. En caso contrario, ¿qué razones le llevan a realizar tal negación?
4. Por otro lado y en cuanto a la obtención del visado de residencia por inversión inmobiliaria, ¿cuántas solicitudes se han registrado desde su creación hasta la fecha? ¿Cómo valora el Gobierno el impacto de la mencionada medida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Irene Lozano Domingo, Diputada.
184/055572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputada Irene Lozano Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para
las que se solicita respuesta por escrito relativas a las intenciones del Gobierno sobre el envío de material bélico a las fuerzas kurdas.
Exposición de motivos
El pasado 15 de agosto, la Unión Europea autorizó a los países miembros a suministrar armas, a título individual, a las fuerzas kurdas que están combatiendo en Irak contra el Estado Islámico. Ese mismo día, el ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel García-Margallo, declaró que el Gobierno iba a 'evaluar' la posibilidad de entregar armas a los kurdos. La canciller Merkel ha comparecido posteriormente ante el parlamento alemán anunciando y explicando las razones por las
que Alemania, en una decisión histórica, enviará material para poder armar a 8.000 kurdos.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Ha terminado el Gobierno de evaluar la posibilidad de entregar armas a los kurdos? ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa evaluación?
2. ¿Tiene intención el presidente del Gobierno o el ministro de comparecer en el Congreso para informar de las conclusiones de esa evaluación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Irene Lozano Domingo, Diputada.
184/055573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz adjunto, Carlos Martínez Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la reclamación por parte de familias de escolarización en centros privados para poder recibir enseñanza en castellano, según la nueva disposición adicional trigésima octava de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
Exposición de motivos
Según el apartado noventa y nueve del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, por el cual se añade una nueva disposición adicional trigésima octava, se reconoce a los padres,
madres o tutores legales el derecho a recibir enseñanza en castellano.
La nueva disposición adicional añade que si la programación anual de la Administración educativa competente no garantizase oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previa comprobación de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta de la Administración educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarización de estos alumnos en centros privados en los
que exista dicha oferta con las condiciones y el procedimiento que se determine reglamentariamente, gastos que repercutirá a dicha Administración educativa.
El Gobierno aprobó el 11 de julio de 2014 el Decreto que desarrolla el derecho a recibir enseñanza en castellano.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas solicitudes ha recibido el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en virtud de la nueva disposición adicional trigésimo octava?
2. En caso afirmativo ¿en qué comunidades autónomas y centros públicos se ha producido la falta de oferta docente razonable de castellano, según exige la ley para poder acceder en última instancia a la escolarización en centros privados y
así garantizar el aprendizaje del castellano?
3. ¿Es cierto que el Departamento de Educación de Cataluña exige a las familias catalanas el desembolso previo del costo de las matrículas y mensualidades del centro educativo con oferta en castellano?
4. ¿Cuál es el límite del pago de costes escolares que asume el Ministerio a las familias que elijan educación en castellano en Cataluña?
5. ¿Qué garantías de devolución del gasto da el Ministerio a las familias que elijan la educación en lengua española en Cataluña? ¿Por qué cantidad, en qué plazo, y cuándo se responde a las familias?
6. ¿Piensa el Gobierno emprender alguna campaña informativa para dar a conocer el derecho de escolarización en castellano en caso de que la institución competente no garantice oferta docente razonable en castellano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
184/055575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las siguientes preguntas, sobre las razones por la que el Gobierno ha comprometido a España en la misión Resolute Support en Afganistán a partir de 2015, sin haber
informado antes al Congreso de los Diputados ni haber solicitado su autorización, dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
El 4 de septiembre de 2014, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, confirmó en la cumbre de la OTAN celebrada en Gales que España participará en la misión Resolute Support de la OTAN en
Afganistán en 2015 que actualmente se está diseñando, tras la retirada total de las tropas de combate internacionales a finales de este año.
Los detalles de la operación post-2014 están sin cerrar y a la espera del futuro acuerdo bilateral de seguridad entre EEUU y las autoridades afganas que acaban de salir de las elecciones. Tras la firma de dicho acuerdo, Afganistán firmaría
sendos acuerdos con cada uno de los Estados participantes, incluida España.
Según los planes de EEUU, una fuerza de 10.000 soldados americanos permanecerían en Kabul, Kandahar, Bagram y Jalalabad hasta finales de 2015, con el apoyo de 5.000 tropas de la OTAN y de otros países en el norte y el oeste del país.
Actualmente España, tras diez años de despliegue, mantiene 263 militares y guardias civiles en Afganistán, a cuatro meses de la retirada total de las tropas internacionales. Ahora la mayoría de sus efectivos están destinados en la base de
apoyo avanzado (FSB) de Herat.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ya manifestó que España aspira a participar en la misión internacional que se diseñe en Afganistán para 2015. Así lo recordó en su comparecencia ante el Senado el pasado 26 de junio, cuando precisó que
la contribución española será temporal y con 'poca gente', con presencia en el aeropuerto de Herat, y 'quizá' con personal de apoyo en el Cuartel General que se instale en Kabul.
El ministro de Defensa se ha comprometido a acudir al Parlamento a solicitar su autorización.
La participación española en Afganistán comenzó con un acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2001 y en enero de 2002 inició el despliegue de una Agrupación en Kabul. A lo largo de estos años han participado más de 20.000
militares, el coste ha superado los 3.500 millones de euros y se han registrado más de un centenar de fallecidos, entre ellos 96 militares, dos guardias civiles y dos intérpretes.
Resulta cuando menos sorprendente que el presidente del Gobierno comprometa a España, sin autorización del Congreso de los Diputados, en una misión de la que se desconocen los detalles y que depende no sólo de la voluntad unilateral de EEUU,
sino de un futuro acuerdo bilateral de EEUU y el gobierno de Afganistán.
Además, cabe preguntarse acerca del acierto de esta nueva misión, en un momento de reducción de recursos presupuestarios y cuando aumentan los requerimientos que se le exigen tales como la lucha contra el terrorismo y contra el crimen
organizado, la ciberdefensa o la garantía de la seguridad energética, entre otros. A ello se añade el reequilibrio estratégico norteamericano desplazando su centro de gravedad hacia el Pacífico, la posible renacionalización de la política
continental europea o la aparición de riesgos y amenazas que trascienden lo específicamente militar.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué razones el Gobierno ha comprometido a España en la misión Resolute Support liderada por EEUU y la OTAN, cuando se desconocen los detalles de la misma y cuya ejecución depende de un hipotético acuerdo bilateral previo entre EEUU
y Afganistán, del que se desconocen los contenidos?
2. ¿Por qué el Gobierno anuncia primero ese compromiso en la Cumbre de la OTAN, y no en el Congreso de los Diputados, al que ni siquiera ha pedido la preceptiva autorización?
3. ¿Cuál sería la duración de esta misión?
4. ¿Cuántos militares españoles participarían en esta misión?
5. ¿A cuánto ascendería el gasto de la misión?
6. ¿Cuándo piensa el Gobierno solicitar la autorización del Congreso para la ejecución de esta misión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/055576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las siguientes preguntas, sobre la derivación de mujeres hacia centros privados para someterse a la prueba de mamografía, dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita.
Desde hace meses, diferentes hospitales públicos madrileños mantienen infrautilizados sus mamógrafos en varias franjas horarias. Mientras tanto, desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se potencia el 'Programa de Detección
Precoz del Cáncer de Mama (DEPRECAM)', enviando miles de cartas a madrileñas, ofreciéndoles una batería de centros exclusivamente privados para realizarse la prueba. En la citada carta se afirma que: 'Ud. puede elegir libremente y de forma
gratuita realizarse esta prueba en cualquiera de los centros participantes relacionados en la hoja que acompaña a esta carta', eso sí, ofreciendo 9 centros privados y ninguno público, entre ellos el Centro de Diagnóstico Juan XXIII, las Hermanas
Hospitalarias del Hospital Beata María Ana, Protecmesa, Maestranza, Fuensanta, el Centro de Diagnóstico del Hospital Venerable Orden Tercera V.O.T. Francisco de Asís, y el Hospital Francisco de Asís. La normativa sobre 'libertad de elección' que
aprobó la Comunidad de Madrid en 2009 ya perseguía sentar las bases para la derivación de las pruebas y procesos rentables hacia los centros privados.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre las prácticas desarrolladas en determinadas Comunidades Autónomas, de infrautilización deliberada de mamógrafos de hospitales públicos, acompañada de campañas propagandísticas de derivación de
mujeres a centros exclusivamente privados para hacerse la prueba?
2. ¿Qué iniciativas piensa desplegar el Gobierno para poner coto a estas prácticas, para que las mujeres sean atendidas en sus hospitales públicos de referencia y que la salud deje de ser un negocio a costa de los impuestos pagados por la
ciudadanía?
3. ¿Piensa el Gobierno plantear este problema en la Conferencia Sectorial de Sanidad con las Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/055578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
El pasado sábado 30 de agosto, en el ACC Madrid una parte integrante del sistema SACTA, más en concreto el tándem de ordenadores que se encargan del tratamiento de los planes de vuelo, se bloqueó debido a una serie concatenada de problemas
que ralentizaron el funcionamiento del software que los gestiona. Así las cosas, se hizo inevitable el que ambas máquinas tuvieran que ser reiniciadas desde cero.
Debido a la carga de la enorme cantidad de datos a manejar por este sistema, durante las casi dos horas que llevó el diagnóstico y relanzamiento del mismo no hubo apenas información de planes de vuelo en las posiciones de control, tanto las
del Centro de Control de Madrid como las de todas las dependencias ATS que entran dentro de su espacio aéreo SACTA.
Asimismo, en la Torre de Barajas fue necesario realizar actuaciones técnicas en simultáneo con el ACC Madrid. Esto hizo necesario que durante la recuperación del sistema se aplicaran restricciones al tráfico, sobre todo en despegues.
¿Cree el Gobierno que con la privatización no empeorarán las con condiciones laborales ya muy deterioradas del personal técnico?
¿Cómo asegurará el Gobierno, ante un problema como este, la resolución del mismo con los mínimos de eficacia y rapidez probada en este caso?
¿Qué previsión tiene el Gobierno para cubrir todos los turnos con el personal necesario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.
184/055579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, en su calidad de Diputado de Esquerra Republicana-Catalunya SÍ (ERC-RCat-CatSí), adscrito al Grupo Mixto y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
En la presentación en Amsterdam del libro Victus, del autor catalán Albert Sánchez Piñol, intervino una mujer que se presentó como primera secretaria de la embajada española en Holanda por criticar el enfoque histórico del libro.
Al día siguiente de esta presentación, el libro se tenía que presentar al Instituto Cervantes de Utrech, pero el acto fue suspendido 'por miedo a que se politizara' según afirma el autor que le comunicaron desde la embajada.
Los diarios holandeses se han hecho eco de este episodio, recogiendo declaraciones de la editorial del libro que apuntan hacia una posible censura.
¿El Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido alguna instrucción a las embajadas españolas para boicotear los actos en que se pueda intuir alguna vinculación con los derechos nacionales del pueblo de Cataluña?
En caso afirmativo, ¿quién ha sido el responsable de tomar esta decisión? ¿Cuáles son concretamente las instrucciones? ¿Estas instrucciones se han hecho extensivas a Centros Culturales y Institutos Cervantes? ¿Ha valorado el Gobierno la
imagen vinculada a la censura que puede trasladar a la comunidad internacional?
En caso negativo, ¿actúa la Embajada holandesa siguiendo su propio criterio?
¿Cuál ha sido la actuación de la Embajada española ante este caso?
¿Legitima el Gobierno la suspensión de este acto cultural? ¿Por qué? ¿La actuación está legitimada por el Ministerio de Asuntos Exteriores? ¿Presionó la Embajada española para suspender la presentación del libro en Utrecht?
¿Es verdad que el acto fue suspendido por el miedo a que se politizara? En caso afirmativo, ¿cuál era concretamente este miedo? ¿Considera el Gobierno español más peligrosa y politizada la presentación de un libro que la conferencia que
Teodoro Obiang Nguema realizó hace unos meses en el Instituto Cervantes?
¿Cree el Gobierno que la suspensión del acto se puede considerar censura? En caso afirmativo, ¿qué piensa hacer entonces al respecto? En caso negativo, ¿cómo calificaría entonces el Gobierno la suspensión de un acto programado por su
posible carácter político?
Teniendo en cuenta las informaciones aparecidas en la prensa holandesa y las insinuaciones de censura.
¿Cree el Gobierno que la imagen dada favorece o perjudica la marca España? ¿Por qué?
¿Cómo valora el Gobierno que se asocie a la prensa internacional la censura la marca España?
¿Entre las funciones de los miembros de la Embajada española está ir a presentaciones de libros para criticar su enfoque histórico?
En caso afirmativo, ¿por qué? Quién decide el enfoque histórico correcto? ¿Tienen en las embajadas a historiadores como asesores? ¿Cuáles han sido los historiadores que asesoraron a la Secretaria de la Embajada española en este caso?
En caso negativo, ¿entonces considera el Gobierno que la secretaria de la embajada se excedió en sus funciones? ¿Se le ha recriminado su actitud?
¿La Secretaria de la Embajada española asistió al acto por decisión propia o siguiendo instrucciones de algún superior?
En caso de que fuera por decisión propia, ¿había puesto en conocimiento de sus superiores la asistencia al acto? ¿Comunicó que pensaba intervenir en nombre de la Embajada o informó posteriormente?
En caso de que fuera siguiendo instrucciones de algún superior, ¿quién trasladó estas instrucciones? ¿La Embajada española en Holanda contrastó su decisión con el Ministerio de Asuntos Exteriores o informó posteriormente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2014.-Alfred Bosch i Pascual, Diputado.
184/055580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón y don Antoni Such Botella, Diputado por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Puede garantizar el Ministerio de Hacienda que las facturas abonadas con cargo al Plan de Pagos a Proveedores por la Generalitat Valenciana corresponden a servicios efectivamente prestados y contratados a través de los procedimientos
administrativos legalmente establecidos?.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Joaquín Francisco Puig Ferrer y Antoni Such Botella, Diputados.
184/055581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, y don Antoni Such Botella, Diputado por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué procedimientos utiliza el Ministerio de Hacienda para verificar el cumplimiento por parte de la Generalitat Valenciana de la normativa reguladora del Plan de Pagos a Proveedores y del Fondo de Liquidez Autonómica? ¿Ha encontrado el
Ministerio algún incumplimiento de la normativa por parte de la Generalitat Valenciana? ¿En qué facturas? ¿Por cuánto importe? ¿Qué medidas piensa tomar en caso de detectar alguna irregularidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Joaquín Francisco Puig Ferrer y Antoni Such Botella, Diputados.
184/055582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, y don Antoni Such Botella, Diputado por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Ha remitido la Generalitat Valenciana algún informe de la Intervención de la Generalitat al Ministerio de Hacienda que justifique que las facturas abonadas con cargo al Plan de Pagos a Proveedores cumplen los requisitos establecidos en la
normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Joaquín Francisco Puig Ferrer y Antoni Such Botella, Diputados.
184/055583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, y don Antoni Such Botella, Diputado por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Considera el Ministerio de Hacienda que la Generalitat ha cumplido escrupulosamente la normativa establecida en la normativa del Plan de Pagos a Proveedores y del Fondo de Liquidez Autonómica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Joaquín Francisco Puig Ferrer y Antoni Such Botella, Diputados.
184/055584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, y don Antoni Such Botella, Diputado por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Según la información facilitada por la Generalitat Valenciana a Les Corts Valencianes se han abonado con cargo al Plan de Pagos a Proveedores del Gobierno de España facturas al Banco de Valencia y a Bancaja ¿Considera el Ministerio de
Hacienda acorde a la normativa este pago?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Joaquín Francisco Puig Ferrer y Antoni Such Botella, Diputados.
184/055585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, y don Antoni Such Botella, Diputado por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Según la información facilitada por la Generalitat Valenciana a Les Corts Valencianes se han abonado con cargo al Plan de Pagos a Proveedores del Gobierno de España facturas por un importe de 1,3 millones de euros a clubes de fútbol y
basket. ¿Considera el Ministerio de Hacienda acorde a la normativa este pago?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Joaquín Francisco Puig Ferrer y Antoni Such Botella, Diputados.
184/055586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, y don Antoni Such Botella, Diputado por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿En cuánto se han alterado las cifras de déficit de la Comunitat Valenciana a raíz de la investigación abierta por la Comisión Europea sobre las cifras inicialmente comunicadas por la administración valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2014.-Joaquín Francisco Puig Ferrer y Antoni Such Botella, Diputados.
184/055587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta,
solicitando la respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno incorporar el desdoblamiento de la carretera N-260 a su paso por la demarcación de Girona en el PITVI?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
184/055588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta,
solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones prevé llevar a cabo el Gobierno para reducir la siniestralidad en las carreteras de titularidad del Estado en la demarcación de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
184/055589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta,
solicitando la respuesta por escrito.
Qué medidas y responsabilidades piensa adoptar el Gobierno ante el grave incidente de desprendimiento de rocas en la Cala Sa Guineu de Cadaqués (Girona) que provocó la muerte de una persona el 18 de agosto de este año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
184/055590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Lourdes Ciuró Buldó, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta
solicitando su respuesta por escrito.
España es uno de los cinco países de la zona del euro, junto con Bélgica, Francia, Italia y Portugal, en los que se siguen comercializando hipotecas con cláusulas suelo.
¿Tiene prevista el Gobierno alguna modificación legislativa para que no se apliquen las cláusulas suelo en las hipotecas y favorecer así que las familias puedan cumplir con el pago mensual de sus cuotas hipotecarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-Lourdes Ciuró i Buldó, Diputada.
Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los Sres. Diputados que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/047245
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Monteserín Rodríguez, María Virtudes; Grande Pesquero, Pilar, y Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta formulada por Sus Señorías, se informa que no se ha llevado a cabo la licitación ni, por tanto, la adjudicación de un programa informático para que los Registradores de la Propiedad califiquen los expedientes de
nacionalidad. El coste de dicho programa informático ha sido soportado íntegramente por el Colegio de Registradores.
Madrid, 1 de agosto de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/048124
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, en el cuadro inferior se relaciona el resumen total de los pagos de los últimos tres años realizados por el Ministerio de Justicia, dentro del Programa 112A: Tribunales de Justicia y
Ministerio Fiscal, derivados de sentencias judiciales. En el mismo se distingue entre aquellos pagos consecuencia de sentencias en materia de gastos de personal que trabaja en la Administración de Justicia dependiente del citado Ministerio y
aquellos consecuencia de procedimientos jurídicos contencioso-administrativos.
Importe Sentencias 2011-2013
Capítulo/Concepto;2011;2012;2013
Gastos de personal;2.713.977,21;1.063.899,16;2.166.461,22
Jurídicos, contenciosos;737.375,07;617.944,30;419.961,04
Madrid, 1 de agosto de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/048864
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Moneo Díez, María Sandra; Conde Martínez, Gema, y López Vilaboa, José Máximo (GP).
Respuesta:
Corrección:
Observado error en la respuesta a la iniciativa de referencia, registrada de entrada en esa Cámara con el n.º 137089, el día 28-05-2014 se traslada la siguiente corrección:
Donde dice:
'..., realizadas por unidades de la Guardia Civil en la provincia de León, en los años 2012 y 2013, fue el recogido en el siguiente cuadro:
Provincia Hecho;N.º detenciones e imputaciones por robo;
;2012;2013
León;41;24
1 Computados robos con fuerza, robos con fuerza en el interior de vehículos y robos con violencia e intimidación.';;
Debe decir:
'..., realizadas por unidades de la Guardia Civil en la provincia de Burgos en el año 2013 y en el primer semestre de 2014, fue el recogido en el siguiente cuadro:
Provincia Hecho;N.º detenciones e imputaciones por robo;
;2013;2014
Burgos;41;24
* Computados robos con fuerza, robos con fuerza en el interior de vehículos y robos con violencia e intimidación, así como hurtos y hurtos en el interior de vehículos.';;
Madrid, 28 de agosto de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/048870
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Buyolo García, Federico, y Torres Mora, José Andrés (GS).
Respuesta:
Como continuación a la respuesta registrada de entrada en esa cámara con el n.º 140248, de fecha 17 de junio de 2014, se traslada lo siguiente:
El Gobierno impulsa activamente las medidas para garantizar la diversidad cultural y lingüística previstas en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Entre dichas medidas cabe destacar las siguientes:
1. Los operadores de servicios de comunicación audiovisual promoverán el conocimiento y la difusión de las lenguas oficiales en el Estado y de sus expresiones culturales.
2. Las Comunidades Autónomas con lengua propia podrán aprobar normas adicionales para los servicios de comunicación audiovisual de su ámbito competencial con el fin de promover la producción audiovisual en su lengua propia.
3. Los prestadores del servicio de comunicación televisiva de cobertura estatal o autonómica deben reservar a obras europeas el 51 % del tiempo de emisión anual de su programación. A su vez, el 50 % de esa cuota queda reservado para obras
europeas en cualquiera de las lenguas españolas. En todo caso, el 10 % del tiempo de emisión se reservará a obras europeas de productores independientes del prestador de servicio y la mitad de ese 10 % debe haber sido producida en los últimos cinco
años.
4. Los prestadores de un catálogo de programas reservarán a obras europeas el 30 % del catálogo y la mitad de ese catálogo lo será en alguna de las lenguas oficiales de España.
5. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva de cobertura estatal o autonómica deberán contribuir anualmente a la financiación anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series
para televisión, así como documentales y películas y series de animación, con el 5 % de los ingresos devengados en el ejercicio anterior conforme a su cuenta de explotación, y los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de titularidad
pública de cobertura estatal o autonómica deberán hacerlo con el 6 % de sus ingresos. Como mínimo, el 60 % de esta obligación de financiación, y el 75 % en el caso de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública,
deberá dedicarse a películas cinematográficas de cualquier género. En todo caso, el 60 % de esta obligación de financiación se destinará a la producción en alguna de las lenguas oficiales en España.
Por otro lado, la diversidad cultural y lingüística también se promueve activamente en la radio y televisión de titularidad estatal cuyos objetivos, de acuerdo con la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad
estatal, son en este ámbito los siguientes:
'- Promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores cívicos.
- Promover la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural de España.
- Editar y difundir canales radiofónicos y de televisión de cobertura internacional que coadyuven a la proyección hacia el exterior de las lenguas y culturas españolas y a la adecuada atención a los ciudadanos españoles residentes o
desplazados en el extranjero.
- Promover la difusión y conocimiento de las producciones culturales españolas, particularmente las audiovisuales.
- Fomentar la producción de contenidos audiovisuales europeos y en lenguas originarias españolas y promover la creación digital y multimedia, como contribución al desarrollo de las industrias culturales españolas y europeas.'
Asimismo, la Corporación RTVE cuenta con la estructura territorial necesaria para atender la adecuada prestación de sus funciones de servicio público, proveer de contenidos regionalizados a la realidad estatal, contribuir al desarrollo de la
cohesión interterritorial, atendiendo el hecho insular y las condiciones de regiones ultraperiféricas.
Por su parte, el Mandato-Marco a la Corporación RTVE aprobado por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus sesiones de 11 y 12 de diciembre de 2007, establece también una serie de previsiones para garantizar la
diversidad cultural y lingüística:
1. Es objetivo general de servicio público esencial de la Corporación RTVE la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio, televisión y medios interactivos e Internet con contenidos de calidad diversos y equilibrados
para todo tipo de público, cubriendo todos los géneros y destinados a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española.
2. La Corporación RTVE asume el objetivo y la obligación de contribuir a la construcción de la identidad y la vertebración de España como país, asumiendo la existencia de las diversas nacionalidades y regiones.
3. Los contenidos de RTVE serán reflejo de la pluralidad social, cultural y lingüística que define a la sociedad española.
4. La Corporación RTVE hará llegar a los cinco continentes la realidad actual de España, sus nacionalidades y regiones y sus ciudadanos, así como el legado histórico, cultural, lingüístico y social de nuestro país.
5. La promoción y difusión nacional e internacional del castellano será un objetivo esencial de la Corporación RTVE, así como el apoyo al resto de las lenguas cooficiales especialmente cuando la tecnología permita la difusión simultánea de
distintas lenguas para una misma obra o programa.
6. Finalmente, tanto en su oferta de TDT como en su oferta de servicios en línea, la Corporación RTVE ofrecerá los largometrajes, además de en castellano, en versión doblada a las lenguas cooficiales siempre que dichas versiones estén
disponibles y sea técnicamente posible.
Madrid, 11 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/050255
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: García Álvarez, María Caridad (GIP).
Respuesta:
Como continuación a la registrada de entrada en esa Cámara con el n.º 137.738, de fecha 30-05-2014, se traslada lo siguiente:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que el artículo 124 de la Constitución Española determina que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia, en defensa de la legalidad, de los
derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados y, de manera concreta, el artículo 3.7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal determina: 'intervenir en los procesos civiles que
determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando pueda afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación'.
La Ley 24/2007, de 9 de octubre, reformó el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, creando, entre otras, la figura del Fiscal de Sala Coordinador de Menores (artículo 20.3) al que atribuye competencias tanto en reforma como en protección
de menores. Desde su constitución ha sido firme propósito de la Fiscalía General del Estado impulsar por medio de la misma la actividad de los Fiscales en el ámbito de protección, partiendo de su evidente trascendencia, de lo delicado de los
intereses en juego y sobre la base de que el Legislador ha conferido a nuestra Institución importantes responsabilidades en la materia.
Partiendo de esta perspectiva, se ha atribuido a las Secciones de Menores, que legalmente sólo tenían expresamente encomendada la intervención en reforma, las funciones en el área de protección y de derechos fundamentales de los menores.
Es por ello que dicha regulación implica que las Fiscalías de protección actúan de oficio con los menores de edad, desde el momento en que se tiene conocimiento en el ejercicio de su cargo de cualquier situación que pudiera perjudicar a los
mismos.
La Fiscalía General del Estado ha ido elaborando sucesivamente criterios hermenéuticos que guíen a los Fiscales en el desempeño de esta trascendente y difícil misión, que el ordenamiento jurídico le ha encomendado.
Uno de los frutos de este impulso, ha sido el avance en la elaboración de criterios organizativos y doctrinales, la Circular 1/2008, de 22 de diciembre, sobre limitaciones temporales a la oposición a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores tras la reforma operada por Ley 54/2007 de 28 diciembre; la Instrucción n.º 3/2008, de 30 de julio, sobre el Fiscal de Sala Coordinador de Menores y las Secciones de Menores; la Circular 3/2009, de 10 de noviembre,
sobre protección de los menores víctimas y testigos; y la Instrucción 1/2009, de 27 de marzo, sobre la organización de los servicios de protección de las Secciones de Menores.
El principio básico, que informa la doctrina de la Fiscalía General del Estado, consiste en que la especial vulnerabilidad en que se encuentran los menores determina la necesidad de dispensarles una singular protección jurídica y
administrativa. Desde este entendimiento, las Entidades Públicas de
Protección de Menores, a las que, como su nombre indica, corresponde la protección de los menores, deben adoptar y arbitrar todas las medidas y mecanismos protectores necesarios.
La Constitución Española, en su artículo 39, hace beneficiario al menor de la protección que se le otorga en el orden internacional y obliga a los poderes públicos a asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y de los
hijos.
En esta búsqueda de la máxima protección para los más vulnerables, la función del Fiscal, como superior vigilante de las Entidades Públicas, ha de ser impulsada, desde la caracterización de los menores como sujetos activos, participativos y
creativos, con capacidad progresiva para protagonizar su propia vida, para tomar parte en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades, y para participar en la toma de decisiones que les afecten, desde la perspectiva de que el menor ha pasado de
ser objeto de protección a ser sujeto de derechos, siendo la protección uno de los derechos que le amparan.
Las actuaciones del Ministerio Fiscal deben estar guiadas por el superior interés del menor, orientado a la consecución del desarrollo armónico, pleno y equilibrado del mismo, así como a la adquisición de su autonomía personal y su
integración familiar y social. En la búsqueda de la concreción de este principio, en cada caso debe reconocerse el papel del menor, potenciando la promoción y libre manifestación de su opinión y la valoración y atención de la misma, como elemento
para orientar las decisiones que para su atención y protección puedan adoptarse. El interés del niño deberá prevalecer ante cualquier otro interés en juego. El principio del superior interés del menor ha sido objeto de un interesante desarrollo
jurisprudencial por el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (vid. STS n.º 565/2009, de 31 de julio).
Este papel protagonista del Fiscal mantiene su intensidad cuando, por una vía u otra, el expediente de protección se judicializa. Tanto en los procesos contenciosos como en los de jurisdicción voluntaria, que versen sobre menores en
protección, el Fiscal es parte necesaria, debiendo asumir el papel de inflexible defensor del superior interés del menor.
Asimismo, merece destacar la importancia en esta materia de la aprobación el pasado viernes 25 de abril de 2014 del Anteproyecto de Ley de la Protección de la Infancia.
Se trata de una reforma ambiciosa, que ve la luz gracias al consenso y cooperación con las Comunidades Autónomas y las entidades sociales especializadas en defensa de los derechos de la infancia.
Con la reforma el Gobierno asume lo que se establece en el Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual. Además, entre las medidas que apuntan a una mayor y mejor
protección de los menores ante abusos o acosadores, aborda la posibilidad de que el juez prohíba la aproximación del acosador al menor y a su domicilio o centro educativo, así como la comunicación, de manera que el agresor no pueda tener contacto
escrito, verbal o visual con el niño.
La reforma de la legislación de la protección del menor incide en uno de los aspectos prioritarios, los menores que son víctimas de violencia de género. Su consideración como víctimas directas se hace efectiva gracias a la modificación del
artículo 1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Para los menores que sufren también violencia de género, la reforma establece que se procurará que estos niños y niñas permanezcan con sus madres, independientemente de la edad.
Con este conjunto de medidas se actualiza la legislación para la protección del menor, en consonancia con la normativa internacional y las jurisprudencias española y europea, así como se da respuesta a las recomendaciones del Comité de
Derechos del Niño de Naciones Unidas. En concreto, en 2013 señaló que el interés superior del menor será un derecho sustantivo del menor, un principio interpretativo y una norma de procedimiento.
De este modo, el Reino de España se convierte en el primer país del mundo en incluir en su ordenamiento el derecho a la defensa del interés superior del menor, que primará sobre cualquier otra consideración. El objetivo es diáfano:
garantizar la especial protección de los niños y niñas de modo uniforme en todo el Estado.
La unidad de acción de la Fiscalía aparece, con carácter general, recogida dentro de los principios de actuación del Ministerio Fiscal y referida con ello a todos los ámbitos, de conformidad con el mencionado artículo 124 del texto
constitucional, y no, por tanto, referida exclusivamente a la prueba preconstituida. No obstante, la especial importancia que adquiere la práctica de la misma, a la que se refieren los
artículos 448 y 449 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, máxime cuando ésta se encuentra dentro del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento relativo a el sumario.
Hay que resaltar que la llamada prueba preconstituda es aquella que no es reproducible en el juicio oral, y la fuerza probatoria de las declaraciones prestadas en esta clase de pruebas, y para que su estimación por el Juez sea más fiel y
cabal, requiere que su práctica se realice a presencia temporal e inmediatamente del propio Juzgador, es decir, con exquisita inmediación.
En este sentido, la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/1989, de 8 de marzo, refiere que las diligencias de investigación del Fiscal no precisan del aval del Secretario Judicial, que da fe de ellas porque no han de hacer prueba,
carecen del valor probatorio de las diligencias practicadas de forma contradictoria ante el Juez de Instrucción. No obstante, todas las diligencias que el Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su dirección gozan de la presunción
de autenticidad, según lo dispuesto en el artículo 5 del Estatuto del Ministerio Fiscal. Es por ello que la práctica de las mismas y dichas garantías conllevan que no sea preciso una nueva 'evaluación' de los menores, que podría evitar una
revictimización de los mismos.
La Circular 1/2000, de 18 de diciembre, relativa a los criterio de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, por la que se regula la responsabilidad penal de los menores (LORPM), y dentro del enunciado 'Otras decisiones
jurisdiccionales relacionadas con la instrucción' establece que se debe excepcionar de la regla general de que los actos de instrucción corresponden al Ministerio Fiscal la práctica de la prueba anticipada, por la necesidad de inmediación judicial
en su producción. Por aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Disposición final primera de la LORPM), especialmente de sus artículos 448 y 449, las partes podrán dirigirse al Juez para anticipar cualquier prueba que por razones
ajenas a su voluntad no pueda previsiblemente ser practicada en la audiencia.
Esta es también la doctrina constitucional, que establece, como regla general, que la única prueba que puede desvirtuar la presunción de inocencia es la efectuada en el juicio oral bajo los principios de contradicción, publicidad e
inmediación (SSTC 31/1981, 201/1989, 161/1990, y 283/1994, entre muchas otras). Y sigue manteniendo, que dicha regla general es susceptible de sufrir determinadas restricciones en los supuestos de prueba sumarial preconstituída, siempre y cuando
dichos actos de prueba se hayan obtenido con estricta observancia de los siguientes requisitos (STC 3/12/89):
'Material: que versen sobre hechos que por su fugacidad no puedan ser reproducidos en día de la celebración del juicio oral.
Subjetivo: que sean intervenidos por la única autoridad dotada de la suficiente independencia para generar actos de prueba, cual es el Juez de Instrucción.
Objetivo: cual es la necesidad de que se garantice la contradicción, para lo cual siempre que sea posible se le ha de permitir a la defensa la posibilidad de comparecer en ejecución de dicha prueba sumarial a fin de que pueda interrogar al
testigo o preguntar al perito infungible.
Formal: como es la exigencia, de un lado, de que el régimen de ejecución de la prueba sumarial sea el mismo que el del juicio oral, así como que su objeto sea introducido en dicho juicio público mediante la lectura de documentos.'
Dado que se considera que se está ante verdaderos actos de prueba y no ante actos de investigación, parece que lo correcto es que la misma se realice con la inmediación del Juez de Menores. Cumplidos estos requisitos y siendo conocidos por
los Fiscales, nada impediría la plena validez de las declaraciones incorporadas mediante prueba preconstituida, garantizado así la protección de los intereses de los menores, y evitando en la medida de lo posible su intervención en reiteradas
declaraciones a lo largo de las distintas fases del proceso.
Por lo que respecta al Código Penal, la violencia contra la infancia se encuentra especialmente castigada en él a través de todo su articulado y sobre todo a través de la agravante genérica de alevosía del artículo 22.1 del Código Penal, por
cuanto ejercer violencia sobre un menor supone ejercerla sin riesgo para la persona del agresor. Igualmente, en los delitos contra la libertad sexual se prevén agravaciones por razón de la edad de la víctima en los artículos 180.3 y 188.3 y
tipificaciones en función de la edad en los artículos 182 y 183, estando prevista la modificación del capítulo II bis del Título VIII del Libro II del Código Penal en aras a incluir en ese apartado, no sólo a los menores de trece años, sino también
a los menores de dieciséis años, aumentando así el espectro de protección de la infancia y adolescencia.
Por tanto, no resulta adecuado introducir un delito de maltrato infantil por cuanto se generaría una duplicidad injustificada en la tipificación, debiendo tener en cuenta que cuando el delito recae sobre un
menor, también es posible aplicarle en su caso las agravantes de abuso de confianza o abuso de superioridad, elevando así la pena que correspondería respecto de la misma conducta que recayera sobre una víctima mayor de edad. De esta forma,
y con una correcta aplicación de la ley, los operadores jurídicos disponen ya en el Código Penal de los instrumentos necesarios para proteger a los menores del maltrato infantil sin que sea precisa una reforma al respecto.
En cuanto a una posible reforma del Código Civil debe reiterarse lo dicho respecto del Anteproyecto de Ley de la Protección de la Infancia. En él, se encomienda al Ministerio Fiscal funciones de vigilante superior de la actuación
administrativa en protección de menores. Para ello, los informes sobre la situación educativa, social, familiar y psicológica de los menores en situación de riesgo o desamparo son remitidos por la propia Entidad Pública o por las Corporaciones
Locales al Ministerio Fiscal, quien, a la vista de los mismos, actuará, de oficio, conforme al interés superior del menor. Igualmente se recoge que los propios menores podrán poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que
consideren que atentan contra sus derechos, con el fin de que éste promueva las acciones oportunas.
Por otra parte, se realiza una modificación del artículo 158 del Código Civil, ampliando y reforzando las medidas cautelares que se pueden adoptar de oficio o a instancia, entre otros, del Ministerio Fiscal, en protección de los menores
(prohibición de aproximación y de comunicación), tanto si son víctimas de malos tratos como, sin ser víctimas, puedan encontrarse en situación de riesgo.
En el mismo Anteproyecto se procede también a establecer la posibilidad de asumir la guarda provisional por la Entidad Pública sin declaración previa de desamparo ni solicitud expresa de los progenitores, mientras tienen lugar las
diligencias precisas para la identificación del menor, la investigación de sus circunstancias y la constatación de la situación real de desamparo, que puede venir por ser víctima de maltrato, bajo la superior vigilancia del Ministerio Fiscal.
Además, se establece expresamente que todas las personas pueden poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que pudieran constituir la comisión de un delito contra un menor (por ejemplo, cualquier tipo de maltrato), pero tendrán
la obligación de ello las autoridades públicas, funcionarios y profesionales de su comunicación. En consecuencia, la actuación de oficio del Ministerio Fiscal queda reforzada en todos estos supuestos.
Madrid, 1 de agosto de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/050950
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS).
Respuesta:
Como continuación a la registrada de entrada en esa Cámara con el n.º 140.816, de fecha 23-6-2014, se traslada lo siguiente:
En el Anteproyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del Delito se prevé la notificación de las resoluciones que acuerden la prisión o la posterior puesta en libertad del infractor, así como la posible fuga del mismo y las resoluciones que
acuerden la adopción de medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la víctima.
Se trata, por tanto, de la previsión de un Anteproyecto de Ley que debe ser aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y aprobado por las Cámaras Legislativa. Una vez superadas estas etapas, se pondrán en marcha los Protocolos
de actuación necesarios para la implantación de este sistema. Esta protocolización requerirá un trabajo conjunto entre los Ministerios del Interior y de Justicia.
Madrid, 31 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/051436
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tardà i Coma, Joan (GMx).
Respuesta:
Con motivo de la canonización de los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II, se desplazaron a Roma más de noventa delegaciones nacionales, de las cuales cerca de un tercio estuvieron presididas por Jefes de Estado o de Gobierno. Por parte
española, encabezaron la delegación Sus Majestades los Reyes, quienes estuvieron acompañados por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación -como titular del departamento responsable de las relaciones con la Santa Sede- así como por los
Ministros de Justicia e Interior. Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se desplazó asimismo el Subsecretario, que es el alto funcionario competente de esta área.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación se alojó en la Residencia del Embajador ante la Santa Sede y el Subsecretario en un hotel cercano a la misma, cuyas tarifas entran dentro de los límites fijados en el Real Decreto 462/2012,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio. El vuelo se efectuó en el mismo avión que llevó a Sus Majestades los Reyes a Roma.
El Ministro del Interior estuvo alojado en las dependencias de la Embajada de España ante la Santa Sede, no incurriendo el Ministerio del Interior en gastos con motivo del viaje.
Por último se señala que los gastos satisfechos con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia en relación con el viaje oficial a Roma del titular del Departamento, con motivo de la canonización de Juan XIII y Juan Pablo II, ascendieron
a 837,23 euros.
Madrid, 14 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/051596
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lozano Domingo, Irene (GUPyD).
Respuesta:
En contestación a la pregunta parlamentaria formulada por Su Señoría, se comunica que, conforme al artículo 18.2 de la Ley de Extradición Pasiva, acordada la entrega de la persona requerida, el Ministerio de Justicia lo notificará al
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para su notificación a la representación diplomática que formuló la demanda de extradición. Dicho acuerdo será comunicado asimismo a la persona requerida en extradición.
El Consejo de Ministros en su reunión del día 14-2-2014 acordó la entrega en extradición del Sr. Pavlov, de nacionalidad rusa y kazaja, a las Autoridades de Kazajstán.
Con fecha 18 de febrero de 2014, una vez se tuvo constancia del mencionado acuerdo gubernativo, éste se remitió, en cumplimiento de la obligación legal descrita, a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al
Subdirector General de Asuntos Jurídicos y Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para su notificación a las autoridades diplomáticas de Kazajstán, al Director General de la Policía (servicio de Interpol) y al Sr. Pavlov a
través del Subdirector General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, siendo esta la forma habitual de proceder en cualquier expediente de extradición.
Madrid, 10 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/051803
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Errekondo Saltsamendi, Xabier Mikel (GMx).
Respuesta:
La identificación de las empresas adjudicatarias de cada una de las actuaciones del Ministerio de Fomento, así como su importe, se publica en el Boletín Oficial del Estado y en la Plataforma de Contratación del Estado, ambos accesibles desde
Internet, atendiendo en todo momento a los preceptos legales para ello, por lo que dicha información puede consultarse allí.
Las posibles incidencias que en su caso el contrato haya podido tener (modificaciones contractuales, y complementarios) se han tramitado de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos y su importe, junto con el de los importes
correspondientes a las expropiaciones, queda reflejado dentro del anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado.
Las actuaciones que se están llevando a cabo en la línea referida se desarrollan de acuerdo con la programación establecida por los Presupuestos Generales del Estado.
Adif está comprometido con la seguridad integral del sistema ferroviario, y por ello se está trabajando intensamente para contribuir a garantizar la máxima seguridad de los que trabajan en la empresa y de aquellos que hacen uso de las
infraestructuras e instalaciones, así como de los contratistas.
Madrid, 9 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/052049
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
En relación con el asunto planteado se informa que toda la información fue remitida dentro del plazo establecido por el artículo 75.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que finalizaba el 13 de mayo de
2014.
Los envíos no se pudieron realizar hasta tener conocimiento de la resolución de los recursos presentados por la no proclamación de las candidaturas 'Movimiento del Pueblo Canario' y 'Los Verdes Ecopacifístas'.
El personal del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha realizado un importante esfuerzo en el desarrollo de este proceso electoral, a pesar del cual los datos de baja participación no pueden considerarse como satisfactorios. En
los mismos han incidido hechos no atribuibles al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación como pueda ser la impugnación de determinadas candidaturas, que retrasó el envío de la documentación electoral, o la dependencia de los servicios de
correos locales en destino. Asimismo, la reforma de año 2011 de la Ley Orgánica 4/1985, del Régimen Electoral General, supone un condicionamiento que dificulta enormemente las actuaciones del Gobierno.
Cualquier reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General deberá tramitarse en sede parlamentaria, al igual que se hizo con la última reforma de la misma que entró en vigor en 2011.
Madrid, 11 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/052099
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
En efecto, con fecha de 12 de marzo se recibió en el Ministerio de Justicia comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que adjuntaba copia de la carta de cinco Relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas (en adelante NNUU) en la que solicitaban información acerca de la última reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por lo que
afecta a la llamada Jurisdicción Universal.
El 9 de mayo, tras analizar en profundidad el contenido de la carta de los Relatores, el Ministerio de Justicia dio respuesta al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Departamento a través del cual se coordinan las respuestas al
Consejo de Derechos Humanos de NNUU), informando de forma detallada sobre cada uno de los puntos de preocupación mencionados en la carta de los Relatores, que se refería expresamente a la limitación en la jurisdicción española en relación con los
crímenes de Derecho internacional, torturas y desapariciones forzadas.
En el informe remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se explicaba a los Relatores la reforma llevada a cabo, con referencia expresa a los mencionados puntos de preocupación de los Relatores, basando todos los
argumentos de respuesta en los distintos instrumentos internacionales suscritos por España (como son, entre otros, la Carta de Naciones Unidas -principio de no intervención del artículo 2.7-, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Convenio
para la represión y sanción del delito de Genocidio, el IV Convenio de Ginebra, la Convención de lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, etc.), así como en resoluciones de NNUU y en doctrina de derecho
comparado.
De todo lo anterior se deduce que se ha dado pleno cumplimiento a la solicitud de información remitida por los Relatores de NNUU.
Madrid, 10 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/052168
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hurtado Zurera, Antonio (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se informa que el número de viviendas en propiedad de Huertos Familiares es de 371, todas ellas en Córdoba capital.
Todas ellas están ubicadas en el municipio de Córdoba en la zona denominada Sector Sur de Córdoba, 365 viviendas en la calle Torremolinos, pertenecientes a la promoción de 520 viviendas, y 15 pertenecientes a la Promoción de 500 viviendas,
en el llamado barrio de 'La Guita'.
Las viviendas son entregadas, no vendidas, puesto que se conceden en régimen de adquisición diferida, con un plazo de adquisición y entrega al final del mismo.
Desde enero de 2012 hasta mayo de 2014, se han entregado un total de 150 viviendas, de ellas 144 pertenecen a la calle Torremolinos, y 6 al barrio de 'La Guita'.
Hasta el mes de octubre de 2015 hay contratos de adquisición en pago diferido en las viviendas situadas en la calle Torremolinos.
Una vez se haya firmado escritura de estas viviendas, se procederá a la liquidación ordenada del patronato. No hay una fecha determinada para su liquidación. En cuanto a la forma, en el título IV de los estatutos de la Obra Social
Cordobesa Huertos Familiares establecen, en su capítulo único, que los bienes y obligaciones revertirán a los ayuntamientos en cuyos términos esté emplazado.
Madrid, 29 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/052270
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
En contestación a la pregunta parlamentaria formulada por Su Señoría en la que se plantean diversas cuestiones sobre la realización del inventario en las oficinas del Registro Civil, se informa lo siguiente:
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha efectuado diversas actuaciones con la finalidad de alcanzar la modernización de los Registros Civiles en España.
Entre ellas destaca la digitalización de los libros de los Registros Civiles abiertos con posterioridad a 1950.
A pesar de la inversión realizada, el Ministerio de Justicia no dispone de datos concretos sobre el número de libros del Registro Civil existentes en la actualidad, su estado de conservación o qué porcentaje de ellos ha sido ya digitalizado.
Para ello, y como consecuencia de la insuficiencia de medios propios que permita prestar este servicio, se celebró un contrato entre el Ministerio de Justicia y la empresa Informática El Corte Inglés, S.A., cuyo objeto es múltiple:
- Realización del Inventario de fondos documentales.
- Suministro de una herramienta informática de gestión documental y lógica archivística.
- Inclusión de la información obtenida del Inventario en la herramienta.
A estos efectos se ha remitido un cuestionario a los distintos Registros Civiles (Consulares, Municipales y Juzgados de Paz), dado que es el personal allí destinado el que dispone de la inmediatez a la información necesaria para la
realización de Inventario.
Se trata de un cuestionario autocompletable que ha sido diseñado para que su cumplimentación sea rápida y sencilla, de cara a interferir lo mínimo posible en las funciones habituales del puesto de trabajo de los funcionarios destinados en
los Registros Civiles.
Informática El Corte Inglés, S.A., se ha comprometido a prestar los servicios objeto del contrato de conformidad con lo establecido en la vigente normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
En este sentido será la Administración contratante quien decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de los datos, limitándose la empresa adjudicataria a utilizar dichos datos única y exclusivamente para el objeto de los
servicios y siempre de por cuenta de la Administración contratante, de acuerdo con sus instrucciones.
De otra parte se informa que, desde el Ministerio de Justicia, se están llevando a cabo continuas inversiones en la aplicación Inforeg, tanto de mantenimiento del sistema como de evolución y mejora, con el fin de prestar un mejor servicio
público a los ciudadanos.
Dentro de los objetivos más importantes del proceso de informatización de los Registros Civiles que se está llevando a cabo está la utilización de tratamientos de textos en la redacción de los asientos registrales, que facilita la
legibilidad de los mismos y supone el almacenamiento de los datos de forma que permite la práctica de certificaciones de forma más ágil y mejora la gestión ordinaria de los Registros Civiles y el trabajo del personal que presta servicios en las
oficinas registrales.
Cabe señalar, además, que la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, establece la desjudicialización de este servicio, aproximando el modelo español al que ya funciona en otros países europeos donde este trámite se realiza a través
de órganos o entidades de naturaleza administrativa.
Finalmente, se indica que el contrato entre el Ministerio de Justicia y la empresa Informática El Corte Inglés S.A., se ha celebrado dentro del marco legal establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, adjudicándose el contrato a la empresa que ha resultado más idónea para la prestación del servicio, tras apreciar los criterios de valoración contenidos en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, tal como dispone el artículo 150 del mencionado texto.
Madrid, 10 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/052304
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Villarrubia Mediavilla, Julio (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Justicia ha efectuado diversas actuaciones con la finalidad de alcanzar la modernización de los Registros Civiles en España.
Entre ellas destaca la digitalización de los libros de los Registros Civiles abiertos con posterioridad a 1950.
A pesar de la inversión realizada, el Ministerio de Justicia no dispone de datos concretos sobre el número de libros del Registro Civil existentes en la actualidad, su estado de conservación o qué porcentaje de ellos ha sido ya digitalizado.
Para ello, y como consecuencia de la insuficiencia de medios propios que permita prestar este servicio, se celebró un contrato entre el Ministerio de Justicia y la empresa Informática El Corte Inglés, S.A., cuyo objeto es múltiple:
- Realización del Inventario de fondos documentales.
- Suministro de una herramienta informática de gestión documental y lógica archivística.
- Inclusión de la información obtenida del Inventario en la herramienta.
A estos efectos se ha remitido un cuestionario a los distintos Registros Civiles (Consulares, Municipales y Juzgados de Paz), dado que es el personal allí destinado el que dispone de la inmediatez a la información necesaria para la
realización de Inventario.
En cuanto a los datos objeto de tratamiento, Informática El Corte Inglés, S.A., se ha comprometido a prestar los servicios objeto del contrato de conformidad con lo establecido en la vigente normativa en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal.
En este sentido será la Administración quien decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de los datos, limitándose la empresa adjudicataria a utilizarlos única y exclusivamente para el objeto de los servicios contratados y
siempre por cuenta de la Administración contratante, de acuerdo con sus instrucciones.
Madrid, 10 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/052323
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
En contestación a las preguntas formuladas por Su Señoría se informa que a través de la Sección Consular de la Embajada de la República Popular China en Madrid, la Dirección de Administración de Inmigración de la Dirección General de
Seguridad Pública de la Provincia de Zhejiang tramitó una invitación para que una delegación del Cuerpo Nacional de Policía realizara una visita a la mencionada región a finales de 2006, con el fin de fortalecer los intercambios entre ambas
instituciones.
Dicho viaje fue autorizado por el entonces Director Adjunto Operativo, señalando en su escrito que la autorización para el desplazamiento no debía generar gasto alguno para la Dirección General de la Policía.
Madrid, 30 de junio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/052326
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alonso Núñez, Alejandro (GS).
Respuesta:
Los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente trabajan ya en ultimar un texto normativo desde el que atajar el consumo de alcohol por menores de edad, especialmente entre los 14 y
los 16 años, ya que es a los 14 años cuando los adolescentes comienzan a probar bebidas alcohólicas, según la última encuesta ESTUDES a población escolar publicada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Ambos
departamentos han dejado claro tras las reuniones mantenidas que el consenso con la industria productora será el motor de las negociaciones con el fin de redactar un texto que concite el acuerdo de todo el sector y de las entidades vinculadas.
Luchar contra el consumo de alcohol por menores de edad se ha convertido en objetivo para el Gobierno ante la confirmación de algunas tendencias que ya recogen diversas encuestas e informes. De acuerdo con las cifras que maneja el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Delegación del Plan Nacional de Drogas, la edad de inicio en el consumo de alcohol ha bajado a los 14 años y un 52 % de los chicos y chicas de 16 años reconoce haberse emborrachado
al menos una vez durante el último año. El porcentaje se sitúa en el 40 % en los adolescentes de 15. Pero, además, un 62 % de la población entre los 14 y los 18 años afirma haber hecho 'botellón' al menos en una ocasión en el último año.
Por todo ello, representantes de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se seguirán entrevistando con el sector para consensuar una norma que ayude a frenar la tendencia al
alza del consumo de alcohol por menores de edad.
Madrid, 10 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/052490
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Grau Reinés, Juan Carlos; Ares Martínez-Fortún, Maria de la O; Fajarnés Ribas, Enrique; Ramis Socias, Miquel, y Araújo Gil, Rogelio (GP).
Respuesta:
En la convocatoria efectuada por Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas para
participar en un Programa de Inmersión Lingüística para el verano de 2013, resultaron beneficiarios en las Illes Balears 18 alumnos de 1.º de ESO, 10 alumnos de 6.º de Educación Primaria y 2 alumnos de 5.º de Educación Primaria.
Madrid, 28 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/052582
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
El artículo 2 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, establece que: 'El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado
con autonomía funcional en el Poder Judicial y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad, siendo los
fiscales integrantes de este Ministerio, independientes y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la Ley'.
El Gobierno, desde el comienzo mismo de la Legislatura, ha manifestado, además de su confianza en el Ministerio Público, su más escrupuloso respeto hacia los principios de autonomía, legalidad e imparcialidad que presiden la institución de
la Fiscalía, y que están contenidos en el artículo 124 de la Constitución y el artículo 7 del Estatuto Orgánico de aquella.
De acuerdo con lo anterior el Gobierno, como no puede ser de otra manera, respeta las opiniones manifestadas por el Fiscal General del Estado, a las que hace referencia Su Señoría en esta iniciativa.
Madrid, 10 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/052631
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La información solicitada por Su Señoría se encuentra disponible en las tablas 1.7 del Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, de publicación semestral. A continuación se indica la página web para las
fechas de referencia:
1. Enero 2011, página 27:
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Periodicas/parrafo/Boletin_Estadis_Personal/Bol_estad_pers-ener11- INTERNET.pdf
2. Enero 2012, página 32:
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Periodicas/parrafo/Boletin_Estadis_Personal/Bol_estad_pers-ener12- INTERNET.pdf
3. Enero 2013, página 34:
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Periodicas/parrafo/Boletin_Estadis_Personal/BE_ENE2013.pdf
4. Enero 2014, página 34:
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Periodicas/parrafo/Boletin_Estadis_Personal/BE_ENE-2014-PROTEGIDO/BE_ENE %202014 %20PROTEGIDO.pdf
Madrid, 5 de agosto de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/052686 y 184/052687
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas por Su Señoría se informa que hasta el 16 de junio del año 2014 y con cargo a los créditos del Capítulo 6 (Inversiones Reales) asignados a la Dirección General de la Guardia Civil se ejecutaron las
inversiones en infraestructuras del citado Cuerpo que se recogen en el siguiente cuadro:
Comunidad Autónoma;Provincia;Acuartelamiento;Importe
Andalucía;Sevilla;Castilblanco de los Arroyos;54.314,55
Castilla-La Mancha;Albacete;Chinchilla de Montearagón;1.200.000,00
;Cuenca;Cuenca;107,90
;Toledo;Maqueda;534.300,38
Extremadura;Badajoz;Orellana la Vieja;12.420,54
Illes Balears;Illes Balears;Palma de Mallorca;202.959,00
Castilla y León;León;Villablino;17.096,81
La Rioja;La Rioja;Nájera;29.114,91
C. De Madrid;Madrid;Aranjuez;1.974.745,02
;;Valdemoro;16.176,14
Región de Murcia;Murcia;Murcia;89.340,45
País Vasco;Gipuzkoa;Intxaurrondo;32.265,00
No obstante lo anterior, cabe señalar que anualmente, en función de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, se ejecutan obras de mejora y mantenimiento en los acuartelamientos que se hayan priorizado, con cargo a los créditos
del Capítulo 2 descentralizados en su mayor parte a las unidades territoriales, ascendiendo a 97.387,27 euros las actuaciones ejecutadas en cuarteles de la provincia de Málaga durante el primer semestre del presente año.
Madrid, 26 de agosto de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/052688 y 184/052689
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas por Su Señoría se informa que, a 26 de junio del año 2014, las inversiones en infraestructuras del Cuerpo Nacional de Policía, desglosadas por provincias, fueron las recogidas en el siguiente cuadro:
Provincia;Importe
Almería;46.176,53
Asturias;168.240,00
Ávila;61.414,42
Barcelona;21.943,10
Cádiz;96.218,02
Córdoba;16.828,79
Granada;92.495,96
Guadalajara;36.932,19
Jaén;224.024,47
Las Palmas;8.126,20
Provincia;Importe
Madrid;187.543,14
Madrid-Organismos Centrales;174.807,58
Málaga;227,258,97
Salamanca;86.517,77
Sevilla.;15.570,92
Tarragona;200,00
Valencia;4.715,50
Por otra parte, a esa misma fecha, el detalle de las actuaciones en las infraestructuras del citado Cuerpo ejecutadas en la provincia de Málaga fue el recogido en el siguiente cuadro:
Málaga Ciudad;
Demolición antiguas perreras en Complejo Policial Capuchinos.;44.168,05
Plan Seguridad Dirección y Coordinación Seguridad y Salud.;2.498,00
Instalación de aseos en zona de atención al público C.ª Provincial.;23.450,74
Nuevo aseo para Persona Movilidad Reducida, reparación de humedades y varias de mejora en C.ª Dt.º Centro.;26.578,61
Plan Seguridad Dirección y Coordinación Seguridad y Salud en C.ª Dt.º Centro.;726,00
Torremolinos Benalmádena;
Plan Seguridad Coordinación Seguridad y Salud;847,00
Marbella;
Adaptación local para nueva Oficina Documentación (50 % con Ayuntamiento).;100.000,00
Ronda;
Reforma de la instalación eléctrica, fontanería y varias en Comisaría Local;10,000,00
Torremolinos Benalmádena;
Adaptación de local para DNI, Documentación Extranjería. C/ de las flores n.º 4 en Arroyo de la Miel.;28.990,57
Nota.-La actuación en la Comisaría de Torremolinos Benalmádena se efectuó con cargo a los créditos de la Secretaría de Estado de Seguridad y el resto con cargo a créditos de la Dirección General de la Policía.;
Madrid, 26 de agosto de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/052938
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia se informa que las inversiones previstas para 2014 en los Paradores actualmente en explotación son las siguientes:
Parador;2014 (Previsiones)
Aiguablava;89.900,70
Alarcón;27.291,06
Alcala de Henares;343.500,00
Alcañiz;45.000,00
Parador;2014 (Previsiones)
Almagro;150.151,52
Antequera;1.800,00
Arcos;788,08
Arties;8.000,00
Ávila;3.200,00
Baiona;200.671,40
Benavente;297.094,00
Benicarló;35.950,00
Bielsa;72.250,00
Cádiz;93.477,00
Calahorra;152.560,00
Cambados;31.020,00
Cangas de Onís;51.490,00
Cañadas;127.600,00
Cardona;49.000,00
Carmona;147.955,21
Cervera;111.300,00
Ceuta;60.000,00
Chinchón;63.760,00
Ciudad Rodrigo;3.500,00
Córdoba;43.370,80
Corias;206.758,68
Cruz de Tejeda;10.181,00
Cuenca;185.500,00
Fuente Dé;1.000,00
Gijón;17.428,30
Gomera;290.384,38
Granada;39.243,28
Gredos;25.590,00
Guadalupe;73.615,00
Hierro;1.577,06
Hondarribia;140.000,00
Jaén;180.782,50
Jarandilla;39.360,00
Javea;95.000,00
La Granja;23.998,00
La Palma;19.948,18
León;518.537,98
Lerma;1.040.334,62
Lorca;7.752,46
M. Golf;83.018,10
M. Gibralfaro;51.292,00
Manzanares;86.000,00
Mazagón;24.143,50
Melilla;80.855,00
Merida;419.500,00
Mojacar;105.888,46
Monforte;3.915,60
Nerja;41.310,00
Parador;2014 (Previsiones)
Olite;12.281,00
Oropesa;311.249,92
Plasencia;41.000,00
Pontevedra;36.230,27
Puebla de Sanabria;850,00
Ribadeo;126.028,00
Ronda;84.329,49
Salamanca;1.800,00
Saler;57.708,30
Santiago C.;421.597,15
Santillana;10.975,00
Segovia;159.824,00
Seo;9.574,00
Siguenza;69.753,42
Soria;9.340,00
Sos;69.600,00
Sto. Estevo;10.000,00
Toledo;34.810,00
Tordesillas;40.752,00
Tortosa;51.881,59
Trujillo;19.154,58
Tui;149.000,00
Verín;16.990,74
Vic-Sau;21.928,00
Vielha;45.200,00
Vilalba;46.390,00
Zafra;3.464,00
Zamora;50.000,00
Totales;7.935.255,33
Madrid, 25 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/053248
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas por Su Señoría se informa que, a 26 de junio del año 2014, las inversiones en infraestructuras del Cuerpo Nacional de Policía, desglosadas por provincias, fueron las recogidas en el siguiente cuadro:
Provincia;Importe
Almería;46.176,53
Asturias;168.240,00
Ávila;61.414,42
Barcelona;21.943,10
Provincia;Importe
Cádiz;96.218,02
Córdoba;16.828,79
Granada;92.495,96
Guadalajara;36.932,19
Jaén;224.024,47
Las Palmas;8.126,20
Madrid;187.543,14
Madrid-Organismos Centrales;174.807,58
Málaga;227,258,97
Salamanca;86.517,77
Sevilla.;15.570,92
Tarragona;200,00
Valencia;4.715,50
Por otra parte, a esa misma fecha, el detalle de las actuaciones en las infraestructuras del citado Cuerpo ejecutadas en la provincia de Málaga fue el recogido en el siguiente cuadro:
Málaga Ciudad;
Demolición antiguas perreras en Complejo Policial Capuchinos.;44.168,05
Plan Seguridad Dirección y Coordinación Seguridad y Salud.;2.498,00
Instalación de aseos en zona de atención al público C.ª Provincial.;23.450,74
Nuevo aseo para Persona Movilidad Reducida, reparación de humedades y varias de mejora en C.ª Dt.º Centro.;26.578,61
Plan Seguridad Dirección y Coordinación Seguridad y Salud en C.ª Dt.º Centro.;726,00
Torremolinos Benalmádena;
Plan Seguridad Coordinación Seguridad y Salud;847,00
Marbella;
Adaptación local para nueva Oficina Documentación (50 % con Ayuntamiento).;100.000,00
Ronda;
Reforma de la instalación eléctrica, fontanería y varias en Comisaría Local;10,000,00
Torremolinos Benalmádena;
Adaptación de local para DNI, Documentación Extranjería. C/ de las flores n.º 4 en Arroyo de la Miel.;28.990,57
Nota-La actuación en la Comisaría de Torremolinos Benalmádena se efectuó con cargo a los créditos de la Secretaría de Estado de Seguridad y el resto con cargo a créditos de la Dirección General de la Policía.;
Madrid, 26 de agosto de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/053249
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas por Su Señoría se informa que hasta el 16 de junio del año 2014 y con cargo a los créditos del Capítulo 6 (Inversiones Reales) asignados a la Dirección General
de la Guardia Civil se ejecutaron las inversiones en infraestructuras del citado Cuerpo que se recogen en el siguiente cuadro:
Comunidad Autónoma;Provincia;Acuartelamiento;Importe
Andalucía;Sevilla;Castilblanco de los Arroyos;54.314,55
Castilla-La Mancha;Albacete;Chinchilla de Montearagón;1.200.000,00
;Cuenca;Cuenca;107,90
;Toledo;Maqueda;534.300,38
Extremadura;Badajoz;Orellana la Vieja;12.420,54
Illes Balears;Illes Balears;Palma de Mallorca;202.959,00
Castilla y León;León;Villablino;17.096,81
La Rioja;La Rioja;Nájera;29.114,91
C. de Madrid;Madrid;Aranjuez;1.974.745,02
;;Valdemoro;16.176,14
Región de Murcia;Murcia;Murcia;89.340,45
País Vasco;Gipuzkoa;Intxaurrondo;32.265,00
No obstante lo anterior, cabe señalar que anualmente, en función de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, se ejecutan obras de mejora y mantenimiento en los acuartelamientos que se hayan priorizado, con cargo a los créditos
del Capítulo 2 descentralizados en su mayor parte a las unidades territoriales, ascendiendo a 97.387,27 euros las actuaciones ejecutadas en cuarteles de la provincia de Málaga durante el primer semestre del presente año.
Madrid, 26 de agosto de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/053396
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
Las interpretaciones del principio de igualdad laboral por razón de sexo -principio recogido en el artículo 14 de la Constitución Española (los españoles son iguales antes la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
sexo), en el Estatuto de los Trabajadores en sus diversos preceptos y la Carta Social Europea, entre otras normas- consideraron discriminatorias las prohibiciones de realizar trabajos tenidos tradicionalmente por peligrosos o penosos para la mujer.
El Tribunal Constitucional declaró en 1992 que la prohibición de trabajar la mujer en el interior de las minas, y en general todas aquéllas no fundadas en exigencias del embarazo o la maternidad, son inconstitucionales, de modo que los
órganos judiciales debían entender derogadas las normas que las contengan.
El Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores, prohibía a las mujeres de cualquier edad la realización de trabajos en una serie de actividades e industrias relacionadas en la norma, donde
se exponía, en cada caso, el motivo de la prohibición y, en su caso, las condiciones particulares de la prohibición.
Pues bien, el Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores, fue derogado, en los aspectos de su normativa relativos al trabajo de las mujeres, manteniéndose en vigor las relativas al trabajo
de los menores, por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Con ello se eliminó una discriminación generalizada contra las mujeres, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, que carecía absolutamente de justificación, y sin perjuicio de la existencia de
disposiciones protectoras desde el punto de vista de la seguridad y salud de la trabajadora en determinadas situaciones biológicas concretas (embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia), entre otras el Real Decreto 298/2009,
de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.
No se comparten, por tanto, las consideraciones de Su Señoría sobre la vigencia del Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores, en lo que respecta al trabajo de la mujer en tareas tóxicas,
penosas, peligrosas e insalubres.
Madrid, 9 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/053527
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia se informa que las actuaciones que realiza el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Competitividad, en el ámbito de las competencias que le han sido conferidas en virtud de lo dispuesto en
el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y el Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y
Competitividad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, tienen en términos generales alcance nacional sin que sea posible una desagregación
territorial.
El diseño y la puesta en práctica de la política económica tienen ámbito nacional, incluida por tanto la provincia de Ourense. En estos momentos, los objetivos de la política económica son proseguir con el proceso de consolidación
presupuestaria al tiempo que se afianza la recuperación económica y se impulsa la creación de empleo. La consecución de estos objetivos se articula a través de las medidas contenidas en el Programa Nacional de Reformas 2014 y se complementa con el
Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia presentado en pasado 6 de junio.
Las actuaciones comprendidas en el Programa Nacional de Reformas 2014 se organizan en cinco ejes:
- Saneamiento fiscal diferenciado y favorecedor del crecimiento, mediante el cumplimiento de la senda de consolidación presupuestaria plasmada en la Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2016. En este punto, la reforma fiscal
anunciada y que implicará la revisión de varios impuestos, entre ellos el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto de Sociedades, reviste especial importancia.
- Restablecimiento de las condiciones normales de crédito a la economía. En este ámbito, puede señalarse la importante labor que está desempeñando el Instituto de Crédito Oficial (ICO). En el primer trimestre del año 2014, en Ourense se
concedió financiación a través de las líneas de intermediación por importe de 21,4 millones de euros en 323 operaciones.
- Fomento del crecimiento y la competitividad a través de múltiples reformas estructurales. Cabe señalar la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado, que garantiza la unidad del mercado interior español y del que
pueden beneficiarse las empresas gallegas, como el resto de las españolas, al reducirse las trabas que pueden encontrarse para operar en otras comunidades autónomas o el desarrollo del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española
orientado a aumentar la presencia de las empresas españolas en el exterior.
- Lucha contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis como el desarrollo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil o la reforma de las políticas activas de empleo.
- Modernización de la administración pública.
Las medidas previstas en el Programa Nacional de Reformas se complementan con las contenidas en el Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia presentado en pasado 6 de junio donde pueden destacarse algunas medidas
como:
El plan para la mejora de la eficiencia energética de las explotaciones agrarias y de maquinaria agrícola.
La reforma del sistema de garantías mobiliarias, que tendrá como objetivo modernizar el Registro de Bienes Muebles y aumentar el conjunto de bienes susceptibles de ser empleados como garantía en operaciones de financiación, ampliando de
este modo las posibilidades de financiación de las empresas.
La reforma de la ley concursal encaminada a i) facilitar los acuerdos de refinanciación y los convenios en sede concursal, ampliando los instrumentos de reestructuración y modulando las mayorías exigidas en función de los efectos que se
persigan; ii) facilitando la venta de unidades productivas en conjunto, para mantener los negocios valiosos del tejido productivo, manteniendo puestos de trabajo y aumentando la recuperación de crédito para los acreedores y iii) reformando el
régimen de la administración concursal, reforzando sus aptitudes y conocimientos, mejorando el sistema de designación y revisando su arancel para que sea un mecanismo de retribución proporcional y un mecanismo de incentivos.
La eliminación de barreras normativas que frenan la inversión en el sector de la distribución comercial.
El plan de ahorro de energía y reducción de emisiones en la edificación.
Por último, conviene señalar que, aunque los datos desagregados por provincias que proporciona la Contabilidad Regional de España alcanzan únicamente hasta el año 2011, muestran en el periodo 2009-2011 una evolución positiva de la renta per
cápita en Ourense a pesar de la crisis económica. En efecto, la renta per cápita de Ourense en el año 2010 creció un 3,4 % hasta los 18.675 euros (82,3 % de la media nacional). En 2011, el crecimiento fue de nuevo del 3,4 % hasta los 19.305 euros
(el 85,1 % de la media nacional). En ese año, la provincia de Ourense fue la quinta por crecimiento de la renta per cápita, aunque a ello contribuyó una caída de la población del 0,8 %.
Es necesario destacar que los objetivos y medidas que se establecen son comunes a todo el territorio nacional. De ahí que no exista especificidad para Galicia o para la provincia de Ourense, dentro de las políticas nacionales, ya que éstas
se aplican, con carácter general sobre todo el territorio, sin perjuicio de las políticas y medidas que cada Comunidad Autónoma o entidad local desarrolle en su respectivo territorio.
- A lo largo del 2014, se trabajará en un programa normativo que, como en toda la legislatura, tiene un objetivo doble por un lado la liberalización de la actividad comercial y por otro el apoyo decidido a las pymes y a los emprendedores en
el sector.
- Elaboración de normativa en materia de comercio interior recogiendo las modificaciones operadas en cuanto a apertura de establecimientos en el ámbito municipal, régimen sancionador, normativa en materia de garantía de la unidad de mercado,
etc. en línea con el principio de seguridad jurídica.
- Seguimiento y coordinación de la normativa autonómica en materia de distribución comercial, para la adecuación al régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas
- Impulso de Grupos de Trabajo multilaterales con Comunidades Autónomas.
En lo que concierne a liberalización de Horarios Comerciales, a los efectos de ampliar la libertad horaria a un mayor número de ciudades, el Gobierno trabaja en la declaración de nuevas zonas de gran afluencia turística en otros municipios.
La revisión de umbrales a efectos de declaración obedece al mandato de la disposición final segunda del Real Decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que faculta
a la revisión por razones de política económica.
Respecto a la Licencia exprés, se está realizando la actualización de la Ordenanza tipo y del modelo tipo de Declaración Responsable en colaboración con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), para su adecuación al nuevo
umbral y hacer viable su extensión a la mayor parte de los entes locales y consiguiente puesta a disposición de los prestadores que inicien o desarrollen una actividad.
Además, por Resolución de 20 de enero de 2014 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) se han modificado las condiciones de uso
de la Plataforma Electrónica de intercambio de información 'Emprende en 3' para hacer más flexible las condiciones de uso e incorporar las singularidades de la normativa propia de las CC. AA.
- Promocionar políticas que incentiven a la modernización del sector comercial, hay que resaltar:
2.1 Plan integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista de España:
En 2013 el Gobierno puso en marcha el Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista (en adelante el Plan Integral) con el objetivo de apoyar de forma integral y coordinada al sector del comercio minorista de España, con un conjunto de medidas
que establezcan las bases adecuadas para un crecimiento competitivo y equilibrado en un marco de coordinación institucional.
Una vez finalizada la vigencia del Plan Integral 2013 y a la vista de sus resultados y acogida, fundamentalmente por el sector del comercio minorista, se pone en marcha el nuevo Plan Integral de apoyo a la competitividad del comercio
minorista de España 2014, que supone la continuidad de los objetivos, la misma estructura basada en diez líneas de actuación y, en su mayoría, las mismas medidas contenidas en el Plan Integral 2013, dado que se trata de iniciativas puestas en marcha
con ánimo de continuidad.
Los ejes principales de actuación del Plan Integral 2014 están orientados a la innovación y competitividad del pequeño comercio, el fomento de los centros comerciales abiertos y mercados municipales, el apoyo financiero a las empresas, la
promoción comercial y la reactivación de la demanda, el fomento del relevo generacional y los emprendedores, el aprovechamiento de las sinergias entre comercio y turismo en beneficio de ambos sectores, la mejora de la seguridad comercial, las
medidas legislativas liberalizadoras y de eliminación de barreras, el impulso a la internacionalización y la mejora de la formación y el empleo en el sector comercial.
Esta iniciativa ha sido impulsada por la Secretaría de Estado de Comercio, a través de la Dirección General de Comercio Interior (Ministerio de Economía y Competitividad), en colaboración con otros departamentos ministeriales: Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al que se añade en
esta edición el Ministerio de Fomento. También cuenta con la colaboración de las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, el Consejo Superior de Cámaras, las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, la Sociedad Estatal Mercados Centrales de
Abastecimiento S.A. (Mercasa) y las principales Organizaciones Empresariales y las asociaciones de autónomos.
2.2 Línea ICO-Comercio Minorista:
Integrado en el Plan de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España, se instrumentará, al igual que años anteriores, una línea de financiación del comercio minorista con el ICO para facilitar el acceso a créditos adaptados a
las necesidades actuales.
2.3. Línea ICO-Comercio Interior:
Fondo Financiero del Estado de Ayuda al Comercio Interior (FACI), se instrumenta como una línea ICO, y pretende facilitar el acceso del pequeño comercio tradicional a esta línea de financiación.
En referencia a la cuestión planteada, se informa que la Secretaría de Estado de I+D+i gestiona ayudas para financiar actuaciones en I+D+i a través de convocatorias que se resuelven por concurrencia competitiva, realizándose la concesión de
las ayudas de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, basándose en la excelencia científica. Las asignaciones presupuestarias de estas ayudas no están regionalizadas y no pueden conocerse a
priori, por tanto, las concesiones de ayudas que recaigan en la provincia de Ourense, dependerán del número de proyectos presentados, de su nivel de excelencia, del cumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias y de las
disponibilidades presupuestarias.
En 2014 existen varias convocatorias de ayudas pertenecientes al nuevo Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016 publicadas y que aún no han sido resueltas por lo que a día de hoy no se pueden prever las
ayudas que serán concedidas a los organismos y empresas de Ourense.
Madrid, 30 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/053563
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Anchuelo Crego, Álvaro (GUPyD).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
- En el marco del procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, por Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se publicó con fecha de 1 de abril en el Boletín Oficial del Estado el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en relación con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. En este acuerdo se resuelve el inicio de negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la
Unidad de Mercado y la designación de un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda.
- El Grupo de Trabajo designado ya ha iniciado las negociaciones para el estudio y la resolución de las discrepancias suscitadas. La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-País Vasco aún no ha adoptado
formalmente ningún acuerdo.
- En el marco del mismo procedimiento del artículo 33.2 de la Ley 2/1979, de 3 de octubre, se han resuelto igualmente Acuerdos de las Comisiones Bilaterales de Cooperación Administración del Estado -Comunidad Autónoma de Galicia y
Administración del Estado- Comunidad Autónoma de Canarias para la resolución de las discrepancias suscitadas en torno a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.
- Las negociaciones de los grupos de trabajo designados hasta el momento se han centrado en la consecución de acuerdos interpretativos respecto a cuestiones concretas de la Ley. No se prevén pactos bilaterales que eximan de la aplicación de
los principios básicos de la Ley a ninguna Comunidad Autónoma específica.
Madrid, 9 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/053725
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lozano Domingo, Irene (GUPyD).
Respuesta:
La determinación de la naturaleza de la baja médica sufrida por el Cabo, a la que se refiere su pregunta, es ajena a la sanción disciplinaria y deberá ser dirimida en la vía administrativa o contencioso- administrativa.
El movimiento asociativo en las Fuerzas Armadas se ajusta a los términos prevenidos en la vigente Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, canalizándose su actuación a través de la
participación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Ninguna de las sanciones impuestas en relación con representantes de las asociaciones profesionales ha sido adoptada por su participación en dicho órgano representativo.
Es voluntad del Gobierno que los límites en el ejercicio de los derechos fundamentales de los miembros de las Fuerzas Armadas sean los específicamente contemplados en las normas reguladoras de su peculiar estatuto y, en concreto, en la
indicada Ley Orgánica de derechos y deberes y en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario.
Para finalizar, el proyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial prevé expresamente en su disposición adicional tercera la modificación de la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, sin que se contemple la
supresión de la Sala 5.ª de lo Militar del Tribunal Supremo.
Madrid, 23 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/053726 a 184/053729
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx).
Respuesta:
El asunto sobre el que se pregunta es objeto de una investigación que no ha finalizado.
Madrid, 10 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/053739
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Coscubiela Conesa, Joan (GIP).
Respuesta:
El artículo 2 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que: 'El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado
con autonomía funcional en el Poder Judicial y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad, siendo los
fiscales integrantes de este Ministerio, independientes y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la Ley'.
El Gobierno desde el comienzo mismo de la Legislatura ha manifestado, además de su confianza en el Ministerio Público, su más escrupuloso respeto hacia los principios de autonomía, legalidad e imparcialidad que presiden la institución de la
Fiscalía, y que están contenidos en el artículo 124 de la Constitución y el artículo 7 del Estatuto Orgánico de aquella.
Finalmente, con relación a las cuestiones planteadas por Su Señoría, el Ministro del Interior, con ocasión de la Pregunta con respuesta oral, n.º de exp. 180/992, Diario de Sesiones n.º 211, de D. Antonio Ramón M.ª Trevín Lombán en el Pleno
del Congreso de los Diputados, el pasado 9 de julio de 2014, realizaba las siguientes declaraciones:
'Creo que está claro que no es al ministro del Interior al que usted se debe dirigir para hacer referencia a eventuales conductas penales, porque, efectivamente, el Poder Judicial, como usted sabe, es independiente en nuestro país, en que
existe división de poderes. Además, como también señalaba el presidente del Gobierno, por si fuera poco -que yo creo que no lo es-, esos hechos se produjeron en los años 2008 y 2010. De los tres asuntos por los que se ha interesado por los
indultos, dos se produjeron en 2008-2011, pero en todo caso convendremos en que no son responsabilidad del ministro del Interior las sanciones que pueden imponer los jueces. Creo que en eso estaremos de acuerdo.
En relación con lo otro, me pregunta usted qué nuevas instrucciones hemos dado y la relación de causa-efecto que pueda existir entre esas nuevas instrucciones y el incremento de las sanciones. Lo que espero es que me diga usted cuáles son
esas nuevas instrucciones para que yo las conozca. Las únicas que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son las que se derivan del artículo 104 de la Constitución: garantizar el libre y pacífico -pacífico, señoría- ejercicio de los
derechos fundamentales y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana. Artículo 104 de la Constitución. Esas nuevas instrucciones espero que me las cuente, porque yo no las conozco.'
Madrid, 23 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/053740
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya (GS).
Respuesta:
El Gobierno, a la hora de efectuar los nombramientos de los delegados del Gobierno, se atiene a los requisitos y procedimientos previstos en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado. Por tanto, se informa a Su Señoría que los actuales delegados del Gobierno cumplen con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico.
Madrid, 10 de julio de 2014.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/053774
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
En respuesta a la pregunta de referencia sobre las actuaciones que prevé el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en Galicia en el año 2014, se informa que son las que figuran en el anexo de inversiones y
programación plurianual de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, para dicho Ministerio. Las inversiones son las que se relacionan en la siguiente tabla:
Actuaciones Galicia
Aplicación Presupuestaria;Inversiones Denominación Proyecto;Importe (Miles de );Provincia
20.12.491M.62;Adquisición de Medios Fijos y Móviles para comprobación técnica de Emisiones;23,59;Pontevedra
;Adquisición Medios Trasportables para Análisis de Redes;18,13;A Coruña
;Adquisición Medios Trasportables para Análisis de Redes;9,07;Lugo
;Adquisición Medios Trasportables para Análisis de Redes;9,07;Ourense
;Adquisición Medios Trasportables para Análisis de Redes;18,13;Pontevedra
;Adquisición Instrumental Medida Sistemas Digitales de Radiocomunicaciones;17,73;A Coruña
;Adquisición Instrumental Medida Sistemas Digitales de Radiocomunicaciones;11,82;Lugo
;Adquisición Instrumental Medida Sistemas Digitales de Radiocomunicaciones;2,96;Ourense
parte 1
parte 2