BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


X LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


6 de marzo de 2014

Núm. 416

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


COMUNICACIONES DEL GOBIERNO


200/000002 Comunicación del Gobierno en la que solicita la celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación.


Propuestas de resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios ... (Página2)


Resoluciones aprobadas por el Pleno de la Cámara ... (Página139)

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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


COMUNICACIONES DEL GOBIERNO


200/000002


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación con el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las propuestas de resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios con motivo del
debate de la Comunicación del Gobierno para el debate de política general en torno al estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formular las siguientes propuestas de resolución con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Propuesta de resolución núm. 1


Diálogo para la revisión del modelo territorial.


El modelo de Estado de las Autonomías, creado y desarrollado a partir de la Constitución de 1978 y en los diferentes Estatutos de Autonomía, ha sido uno de los éxitos de la democracia en España. Lo ha sido porque ha funcionado como
mecanismo eficaz para el progreso y la cohesión del país y, complementando las decisiones del Estado, para el desarrollo de políticas sociales y servicios públicos y, por ello, para la consolidación del Estado de bienestar.


La razón de este éxito del modelo autonómico se asienta esencialmente en su origen dialogado y pactado. El pacto territorial que, dentro del gran pacto político de la Transición, se plasmó en el título VIII de la Constitución, ha hecho
posible la vertebración de las nacionalidades históricas con el resto de los territorios en un proyecto que ha garantizado la unidad, respetado la identidad de los distintos pueblos de España.


Sin embargo, el Estado de las Autonomías vive hoy dos tensiones contrapuestas, que no se anulan entre sí. Antes bien, se suman. Tensiones derivadas de sus ineficacias, que algunos han aprovechado para rememorar las viejas estructuras
centralistas; y otras, de signo opuesto, que reflejan problemas de convivencia entre algunas Comunidades, singularmente Cataluña en estos momentos, y el resto de España.


Queremos salir al paso de ambas tensiones, para seguir viviendo juntos en una España cuya fortaleza reside, entre otras cosas, en reconocernos como somos: diversos. Por eso proponemos la evolución de nuestro Estado autonómico en una
dirección federal. Para incorporar a nuestro texto constitucional los preceptos que aseguren el respeto a la identidad de las distintas Comunidades, a su lengua, a su historia y a sus instituciones. Para clarificar nuestro intrincado reparto
competencial actual, origen de muchos de nuestros conflictos. Para convertir el Senado en una verdadera cámara territorial, perfilar mejor el sistema de financiación y garantizar la cooperación y la lealtad institucional necesarias en un Estado
compuesto como ya es el nuestro. Y, por supuesto, para asegurar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos sociales básicos, vivan donde vivan.


Pero, sobre todo, estamos convencidos de la necesidad del diálogo. Creemos que sigue siendo posible, como lo fue hace treinta y cinco años, un consenso amplio en torno a un proyecto común si partimos de una voluntad de dialogar y encontrar
conjuntamente las soluciones a los problemas que en la actualidad tenemos planteados. Se trata, en resumen, de renovar el consenso territorial de 1978 y, de hacerlo, con

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el mismo espíritu de convivencia y un nivel aún mayor del que fuimos capaces de alcanzar en el comienzo de nuestra Transición.


Es evidente que una revisión acordada de nuestras normas de convivencia debe partir de un diagnóstico compartido de los problemas que actualmente tenemos. Solo a partir de ese diagnóstico común es posible proceder a buscar el consenso sobre
propuestas concretas. Y es evidente también que esta tarea ha de realizarse en sede parlamentaria, en la sede de la soberanía popular.


Con este objetivo se presenta la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados:


1. Afirma que, ante las tensiones territoriales que han surgido en España, la revisión del modelo territorial acordado en la Constitución de 1978 requiere del diálogo entre todas las fuerzas políticas y todos los gobiernos autonómicos
mediante la creación de un marco que facilite este diálogo y sea también compatible con los distintos órganos de cooperación entre Estado y Comunidades Autónomas.


2. En este sentido, acuerda la creación de un órgano parlamentario, por los mecanismos previstos en las normas reglamentarias de la Cámara, donde se pueda desarrollar ese diálogo entre todos, así como abordar el debate de las propuestas e
iniciativas del Gobierno y de los diferentes grupos.


El trabajo de este órgano debería constituir el cauce idóneo para promover los acuerdos necesarios y favorecer la renovación del pacto constitucional sobre el modelo territorial en España. Con este fin durante la vigencia de sus trabajos,
debería estar informada por el Gobierno de las iniciativas con incidencia autonómica, especialmente de las dirigidas a la revisión del sistema de financiación autonómica y de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.


Este órgano, que previo acuerdo de los grupos parlamentarios podría crearse como Comisión no permanente conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de la Cámara o como subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional,
estaría abierta, como ya se ha indicado, a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, así como a la del Gobierno del Estado y de los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas, mediante los mecanismos
existentes en el Reglamento parlamentario.


Su composición sería la correspondiente a las comisiones o subcomisiones constituidas en la Cámara, en función del formato que se acuerde, aceptándose la participación de otros representantes como suplentes, y sus trabajos se desarrollarán
durante el tiempo necesario para llevar a cabo su objeto.


El resultado de sus trabajos dará lugar al final de su mandato y atendiendo al nivel de consenso alcanzado, a la elaboración de un informe de actividades y conclusiones que permitan articular las oportunas iniciativas de reforma del modelo
de organización territorial.


Propuesta de resolución núm. 2


Para una unión social.


Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades europeas han conseguido construir un modelo de desarrollo económico pero también social, que encuentra en los principios de las Naciones Unidas y del Estado de Bienestar los
factores determinantes del carácter inclusivo y cohesionado de sus sociedades. Estas son las más claras señas de identidad compartidas por las sociedades europeas. En consecuencia, la integración europea no puede limitarse únicamente a la
liberalización de los mercados, el control de armonización de políticas macroeconómicas y el de los déficits públicos. Debe ir un paso más allá. Debemos convertir en objetivo fundamental la lucha por preservar el modelo social europeo, adaptándolo
a la globalización.


Europa está amenazada por una creciente división social, a la que contribuye notablemente la crisis económica. La pobreza, la exclusión social, el desempleo -especialmente entre los jóvenes- y el reto de la financiación de nuestros sistemas
de Seguridad Social deben ser abordados con urgencia. Las actuales propuestas de una 'auténtica Unión Económica y Monetaria' no son suficientes para reducir y, en un futuro eliminar, estas amenazas que se ciernen sobre Europa. Este hecho se ha
hecho especialmente

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visible durante los años de crisis económica donde las desigualdades entre los ciudadanos de la Unión Europea no han hecho sino crecer.


Creemos que la Unión Económica y Unión Monetaria debe completarse con una dimensión social y de empleo, si queremos alcanzar una verdadera Unión Política. Las recetas de austeridad económica, exclusivamente, con recortes presupuestarios y
en los servicios públicos, han tenido como resultado un fuerte incremento del desempleo y una creciente desigualdad.


Con esta apuesta por la dimensión social de la Unión, se defiende que no es necesario recortar derechos ni reducir prestaciones sociales, sino, al contrario, luchar por garantizar la igualdad de oportunidades avanzando hacia políticas
sociales más activas, que apoyen a los ciudadanos, que apuesten por la inversión social.


Reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria y la construcción de una Unión Social ayudará a contrarrestar las consecuencias negativas de la crisis financiera, económica, laboral y de la crisis. Asimismo, se erige en
factor necesario para relanzar el crecimiento económico sostenible, la creación de empleo de calidad, la cohesión social y la mejora del nivel de vida de nuestros ciudadanos. Sin avanzar en esta dirección (la reducción del desempleo y de las
desigualdades), el apoyo al proyecto de integración europea por parte de los trabajadores y de los ciudadanos, duramente golpeados por la crisis, se irá reduciendo irremediablemente, incrementando la brecha entre las instituciones europeas y la
ciudadanía.


Por ello, las medidas en el ámbito económico, como el renovado Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el nuevo Pacto Fiscal, deben ser completadas con un Pacto Social que conduzca a una Unión Social Europea, hito indispensable para alcanzar el
objetivo último de la Unión Política.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a contribuir de forma decidida a la construcción de una Unión Social, que complemente la Unión Económica, la Unión Bancaria, la Unión Monetaria y la Unión Política. Esta Unión Social debe
basarse en los siguientes cinco pilares y contemplar las siguientes medidas:


1. Un Pacto social que, con características similares a las del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se erija en columna vertebral de una Unión Social. Los Estados miembros deberán ponerse de acuerdo sobre objetivos vinculantes de progreso
social y el incumplimiento será sancionado. Este pacto debe concretar objetivos en las siguientes áreas de actuación:


a) Empleo: fijando niveles vinculantes objetivos de empleo y desempleo, que tengan en cuenta la situación de partida y los ciclos económicos de los países y que se revisen periódicamente. Los Parlamentos de cada Estado miembro deberán
aprobar planes de trabajo anuales para darles cumplimiento.


b) Educación: deben aumentarse las inversiones en educación a, como mínimo, el 6 % de su PIB nacional en el año 2020. De conformidad con la Estrategia Europa 2020, deben ser definidos los objetivos anuales y planes de acción nacionales
adoptados para reducir las tasas de abandono escolar al 10 % y situar la conclusión de la educación por encima del 40 %.


c) Innovación: El objetivo a largo plazo de invertir al menos el 3 % de los presupuestos nacionales en investigación y desarrollo debe hacerse vinculante para todos los Estados miembros y deben concretarse medidas concretas para alcanzar
este objetivo en 2020.


d) Exclusión social: debe introducirse un objetivo vinculante para reducir el porcentaje de personas que viven en riesgo de pobreza y exclusión social en la UE a un 20 % en 2020 y al 15 % en 2030 e introducir hojas de ruta nacionales
diferenciadas para alcanzar estos objetivos, con estrategias específicas dirigidas a mujeres y los niños.


2. Un catálogo de derechos sociales y económicos, a incluir en una próxima revisión de los tratados, que suponga el establecimiento de unos estándares sociales y de derechos de ciudadanía mínimos para toda la Unión, entre los que
necesariamente se incluirán:


a) Un 'suelo de protección social' (social protection floor) que garantice un mínimo de gasto social en los presupuestos públicos y que debería alcanzar el 20 % en el año 2020.

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b) Un Salario Mínimo Interprofesional para todos los países de la Unión, calculado en base al coste de la vida y al salario medio de cada Estado miembro y que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos.


c) La defensa de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, especialmente en el mercado laboral, donde resulta imprescindible instaurar regulaciones que garanticen la igualdad salarial y favorecer el acceso de la mujer a los puestos de
toma de decisiones. La UE debe luchar también contra todo tipo de discriminación laboral por razón de género, raza, orientación sexual, condición física, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social y promover la puesta en
marcha de una verdadera Ley de Igualdad europea, que instaure unos mínimos a cumplir y respetar por todos los países de la UE. Europa debe convertirse en referente en la lucha contra la violencia de género, empezando por la ratificación sin
reservas del Convenio del Consejo de Europa en la lucha contra esta lacra.


d) Pensiones públicas mínimas garantizadas en todos los países de la Unión, calculadas en base al salario medio y el coste de la vida en cada Estado miembro.


e) Renta mínima de inserción por familia, que cubra las necesidades básicas familiares, introducida gradualmente hasta el año 2020, revisable anualmente de conformidad con el IPC o indicador similar ponderado, de forma que para ese año
prácticamente no haya ninguna familia europea viviendo en la pobreza.


f) El crecimiento de los salarios en los países donde han crecido menos que la productividad y la inflación, y donde hay superávit comercial.


g) La progresiva armonización de las reglas del mercado de trabajo necesarias para culminar el mercado interior, con la intervención de los agentes sociales, que promuevan la estabilidad en el empleo, pero que también permitan a los agentes
económicos adaptarse a los cambios tecnológicos y productivos.


h) Portabilidad de los derechos sociales para evitar que el ejercicio de una libertad fundamental de la Unión Europea como es la libre circulación implique pérdidas de derechos como la tarjeta sanitaria para los jóvenes que busquen empleo en
la UE durante más de 90 días.


i) Concreción de un espacio europeo para el diálogo social.


3. Elaboración de normas sociales comunes, sin necesidad de modificar los tratados constitutivos, que constituyan un mínimo común denominador aplicable en todos los Estados miembros, en materias tales como: políticas activas de empleo,
incluyendo la mejora en la eficacia de los servicios de empleo; la garantía de acceso de los jóvenes al primer puesto de trabajo y medidas de formación o educación adicional; unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadores, incluyendo
medidas que garanticen un salario digno y eviten la deflación salarial; la lucha contra el paro de larga duración; una apuesta por la reestructuración empresarial socialmente responsable, evitando despidos; igualdad entre hombres y mujeres en el
mercado laboral; un marco europeo de educación dual, basado en las mejores prácticas europeas en este ámbito; mínimo europeo de protección social (salud, subsistencia, servicios sociales...); acceso a una vivienda digna; cuidados infantiles de
alta calidad; pensión mínima por encima del umbral de la pobreza y sostenibilidad del sistema de pensiones contributivas.


4. Elaboración de un Programa de Empleo e inversión social. Las actuales normas de la UE deben ser revisadas para asegurarse de que la aplicación de las reglas del déficit europeo no dé lugar a recortes desproporcionados en las políticas y
programas sociales y de empleo. Con este fin, el presupuesto europeo y los presupuestos nacionales deben incluir programas de inversión sociales y del empleo más ambiciosos, lo que obliga a elevar la cuantía del Fondo Social Europeo para el periodo
2014-2020.


5. Un diálogo social europeo reforzado, constando la necesidad, para una Unión verdaderamente social, de reforzar el papel de los interlocutores sociales europeos y de la sociedad civil en la elaboración de las políticas europeas. En
consecuencia, las cumbres sociales tripartitas deben reformarse y fortalecerse y sus recomendaciones deben ser tomadas debidamente en cuenta por el Consejo Europeo.


Asimismo, lo Estados miembros deben mejorar los procesos de consulta, información y codecisión de los trabajadores y fortalecer el papel de los sindicatos. Igualmente debe ser asegurada la independencia de los interlocutores sociales en la
negociación salarial.


La aplicación de los acuerdos de los interlocutores sociales a nivel europeo, nacional y regional tiene que tener un mejor seguimiento y cumplimiento. Si la UE no consigue dar un papel más importante a los sindicatos, para mejorar las
condiciones de trabajo, cada vez serán más los europeos que pierdan la esperanza en el proceso de integración europea y se volverán en contra de esta.

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Propuesta de resolución núm. 3


Sector financiero, ley de segunda oportunidad y vivienda.


El rescate del sector financiero español es la historia de la pésima gestión de la crisis de Bankia, cuya responsabilidad se encuentra en el Partido Popular que, por un lado, gestionó la entidad durante la Presidencia de Miguel Blesa
(1996-2009) y la Presidencia de Rodrigo Rato (2009-2010) y, por otro, firmó el 9 de mayo de 2012 los términos concretos de la condicionalidad del memorando de entendimiento (MOU) para recibir la ayuda financiera del Eurogrupo.


La gestión de este proceso no ha podido ser más desastrosa para la confianza y credibilidad del país y de la zona euro. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, criticó de forma muy dura la intervención en Bankia que
consideró que se hizo 'de la peor manera posible'. Además, se están conociendo por los medios de comunicación determinadas informaciones que ponen de manifiesto graves irregularidades en la gestión de Caja Madrid y una injerencia inaceptable del
Partido Popular en dicha gestión. En este contexto, se da el caso de que la situación de Caja Madrid, como es bien sabido, es la que explica la mayor parte del agujero de Bankia y, por lo tanto, de la estigmatización del sector financiero español
en su conjunto que ha llevado al país al rescate bancario y a la condicionalidad de su política económica y financiera.


Las ayudas públicas al sector financiero que Eurostat da por pérdidas se sitúan en torno a 43.479 millones de euros (dato a diciembre de 2013), sin contar con las pérdidas que soportará el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) por los
esquemas de protección de activos (EPA), las posibles pérdidas del 'banco malo' (SAREB) y los resultados de la enajenación de entidades nacionalizadas.


Sin duda, el sector público está cargando bajo sus hombros una parte considerable de los costes de reestructuración y saneamiento del sector financiero, sin haber permitido un reparto de los costes razonable con el sector privado (burden
sharing). Dicho coloquialmente, se está socializando demasiado e incluso, hay quien diría que estamos socializando precisamente lo que no tendríamos que socializar (crédito a promotor).


El rescate financiero ha tenido como consecuencia una fuerte caída del crédito a la economía real. La economía española afronta un serio de problema de financiación que supone hoy en día el principal cuello de botella para la recuperación
de la actividad. El crédito se desploma y nuestras pymes están soportando condiciones de financiación muy restrictivas si las comparamos con los países de nuestro entorno, según se desprende de las encuestas del BCE. Continúa sin resolverse la
recuperación del crédito, ni por parte de la oferta ni por parte de la demanda. Si el objetivo de las nuevas provisiones adoptadas por el Gobierno del PP era normalizar el flujo del crédito a actividades productivas, está todavía no se ha logrado.


Además, los tipos de interés reales en España continúan siendo demasiado elevados comparados con el resto de los países de la zona euro (Alemania, Francia, Bélgica, etc.). La fragmentación de los mercados financieros pone de manifiesto las
debilidades institucionales de la zona euro y es el mayor obstáculo para la salida de la crisis y la recuperación del crédito en los países periféricos.


Por otro lado, el Gobierno no ha tomado decisiones valientes de reestructuración de la deuda para aquellas familias de bajos ingresos que han perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida o se encuentran
muy endeudadas (rescate a las familias). La práctica totalidad de los Grupos Parlamentarios han registrado Proposiciones de Ley sobre creación de un mecanismo de segunda oportunidad ante las deudas hipotecarias que permita, en el caso de una
insolvencia sobrevenida y no dolosa, acceder a un proceso concursal de reestructuración y quitas de deuda, que evite la pérdida de la vivienda. Ni el RDL 6/2012, ni el RDL 27/2012, ni la Ley 1/2013 han servido para suspender los desahucios. Por
ello, es necesario crear una Subcomisión, que durante el vigente periodo de sesiones analice la urgencia, necesidad y viabilidad de una Ley de segunda oportunidad frente a las deudas hipotecarias.


lgualmente, el fondo social de viviendas que puso en marcha el Gobierno con los bancos ha sido un auténtico fracaso como consideran las propias entidades financieras implicadas pese al aún creciente número de ejecuciones hipotecarias. En su
primer año, el fondo, que cuenta con casi 6.000 viviendas, ha concedido apenas 640, aunque se han suscrito menos de 200 contratos de alquiler y más de 1.000 personas han visto rechazada su solicitud.


Pese a que gran parte de los países de nuestro entorno cuentan con una Ley de similares características, y pese a las propuestas de los Grupos Parlamentarios, Parlamentos Autonómicos, colectivos de afectados

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y sociedad en su conjunto, todas las iniciativas han encontrado el rechazo por uno u otro motivo del Grupo mayoritario en la Cámara.


Tampoco se han adoptado medidas para que recuperen sus ahorros las personas que fueron engañadas por la comercialización irregular de participaciones preferentes y deuda subordinada en España.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


En el ámbito europeo:


1. Defender ante las instituciones europeas que el BCE mantenga, tanto tiempo como sea necesario, una política de bajos tipos de interés y amplíe los estímulos monetarios a la actividad económica hasta que la recuperación se haya
consolidado, favoreciendo una cierta depreciación del euro.


2. Clarificar el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que actualmente dicta que el BCE no rescatará a ningún país, el artículo deberá dar amparo legal a las compras de bonos y además se deberán desarrollar las condiciones en
las que estas se harán. El BCE será banco de último recurso. Y ello debe ser el fruto de una Unión Fiscal más estrecha que dé coherencia al mayor activismo del BCE y avanzar gradualmente hacia la mutualización de la deuda soberana (eurobonos).


3. Avanzar en la creación de un auténtico Mecanismo Único de Resolución Bancaria (MUR), así como en la de un Fondo de Garantía de Depósitos común y de una regulación bancaria armonizada, instrumentos fundamentales para la eficacia y
credibilidad de la Unión Bancaria. Simplificar y agilizar el proceso de toma de decisiones, reducir considerablemente el periodo transitorio y establecer un cortafuegos de mayor volumen.


4. Garantizar que las pruebas de 'stress-test' se efectúen de forma equivalente en todos los países de la Eurozona, tanto en el contenido de las pruebas como en el tipo de entidades de crédito seleccionadas.


5. Impulsar un Programa de Crédito a la Economía Real, el BCE debería poner en marcha un programa de Financiación por Préstamos, similar a lo que el Reino Unido hizo con el 'Funding for lending scheme', para activar el crédito de la
economía real. Las entidades financieras deberían utilizar el colateral de su nuevo crédito a la economía real para tener acceso a esa línea de financiación.


En el ámbito interno:


1. Creación de una Banca Pública de Inversión que proporcione financiación a la economía real y combata la sequía de crédito que existe. Una banca orientada hacia el objetivo de dinamizar la economía productiva impulsando la creación y
consolidación de empresas que se financie en los mercados y no a través de la red comercial y que sirva de instrumento para impulsar políticas sectoriales. Una banca capaz de prestar por sí misma y con capacidad de análisis de riesgo. Este nuevo
instrumento financiero público integrará al resto de entidades de financiación públicas existentes: el ICO, COFIDES para la financiación de proyectos internacionales, CESCE que proporcionaría seguro a la exportación y Expansión Exterior, que
ofrecería servicios de asesoría financiera para la internacionalización de las empresas. Esta banca se regirá por un modelo de gobierno corporativo basado en una gestión profesional y se someterá a los principios de transparencia, buen gobierno y
rendición de cuentas.


2. Con independencia de los instrumentos de financiación no bancaria, crear una nueva línea de microfinanciación en el ICO orientada a las PYMES y los autónomos para que actúe en el corto plazo, de una forma rápida y eficaz, en la que se
aumente el aval o garantía del Estado en la asunción del riesgo a través de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).


3. A través del FROB, utilizar la extensa red de oficinas de las entidades nacionalizadas para viabilizar la oferta de créditos de los propios programas del ICO, y de los créditos en general.


4. Impulsar el desarrollo y profesionalización (seguridad jurídica y buen gobierno corporativo) de la financiación no bancaria mediante los cambios normativos que lo faciliten y a su vez, eliminando aquellas ventajas normativas, implícitas
o explícitas, de las que disponga la financiación mediante deuda bancaria (neutralidad fiscal entre distintas formas de financiación).


5. Articular instrumentos alternativos como el capital riesgo, préstamos participativos a pequeñas y medianas empresas, redes de inversores de proximidad (Business Angels) y el desarrollo efectivo de la financiación directa de las empresas
mediante los mercados financieros y del mercado alternativo de renta fija. Incluyendo el crowdfunding.

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6. Impulsar la aprobación de una Ley para la creación de un mecanismo de segunda oportunidad ante las deudas hipotecarias que permita, en el caso de una insolvencia sobrevenida y no dolosa, acceder a un proceso concursal de reestructuración
y quitas de deuda, que evite la pérdida de la vivienda. Asimismo, atendiendo a que ni el RDL 6/2012, ni el RDL 27/2012, ni la Ley 1/2013 han servido para suspender los desahucios, y el número de ejecuciones conocido durante el año 2013 sigue
privando del acceso a la vivienda a miles de familias, mientras las ayudas a las entidades financieras y saneamiento de sus activos inmobiliarios continúa, se adoptarán las medidas necesarias para la paralización de los procedimientos de ejecución
hipotecaria en vivienda habitual fruto de una insolvencia sobrevenida hasta la aprobación de dicha ley.


7. Modificar lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para declarar inembargables la renta de inclusión social, las prestaciones de Servicios Sociales y las ayudas y becas al estudio. De esta forma evitaremos que estos subsidios,
de carácter netamente social, se utilicen para saldar deudas con terceros y no se dediquen a cubrir la necesidad para la que es concedida.


8. Ante el fracaso del Fondo Social de Vivienda gestionado por las entidades financieras, y al escaso porcentaje de adjudicación de las mismas pese al aún creciente número de ejecuciones hipotecarias:


- Disminuir los requisitos para poder acceder al Fondo Social de Viviendas, tal como se contempla en la Ley 1/2013 a partir del sexto mes de su entrada en vigor.


- Ampliar el número de viviendas disponibles incorporando aquellas procedentes del stock de vivienda vacía, las de titularidad de entidades de crédito que estén recibiendo ayudas públicas y las de promoción pública sin vender, activos
procedentes de la SAREB, entre otras.


- Garantizar el acceso al Fondo Social de Viviendas y su gestión a través de las Administraciones Públicas competentes.


9. Mejorar el sistema institucional de supervisión y regulación de los mercados financieros en España a través del modelo denominado Twin Peaks, basado en la existencia de un único supervisor de solvencia de las entidades que operan en los
mercados financieros (Banco de España) y un único supervisor de su comportamiento (Comisión Nacional de Servicios Financieros).


10. Crear un Código Deontológico para la Función Directiva en las entidades financieras que operen en España.


11. Adoptar las siguientes medidas en materia de fiscalidad sobre el al sector financiero para reducir el riesgo y limitar el coste para el sector público de futuras quiebras bancarias.


a) Creación de un impuesto sobre el pasivo de las entidades financieras: con el objetivo de eliminar el sesgo a favor de la deuda. Los ingresos consolidarán con los presupuestos del Estado hasta que se cubra el grueso de las ayudas
públicas al sector financiero que han computado como déficit. Después, conformarán un fondo de seguridad para la reestructuración y saneamiento de entidades financieras.


b) Se fijará un recargo adicional sobre los beneficios extraordinarios y sobre los pagos salariales variables. Además, en este último punto, se regulará el pago de las retribuciones variables para reducir los incentivos que priman el corto
plazo.


c) Aplicar con carácter urgente en 2014 un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) acordado a nivel europeo por once países de la Unión Europea mediante un procedimiento de cooperación reforzada, que grave no solo la compraventa
de acciones y bonos sino otro tipo de operaciones financieras como los derivados.


12. Evitar que el rescate financiero y la creación y gestión del banco malo (SAREB) supongan finalmente un coste para los contribuyentes. Adoptar una gestión más profesional y transparente de las operaciones de venta de activos por parte
de la SAREB. Defender el interés general en la gestión de la SAREB y evitar posibles conflictos de interés por la participación de determinadas entidades bancarias en el accionariado de dicha entidad.


13. Ceder a las Administraciones Públicas parte de las viviendas adquiridas por la SAREB de las entidades financieras nacionalizadas para que se integren en el parque de viviendas de alquiler social y puedan destinarse a ayudar a los
inquilinos con menores ingresos y a aquellos que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida.


14. Creación de una Agencia de Protección Financiera del Consumidor similar a la creada en EE.UU. por el Gobierno de Obama (Consumer Financial Protection Bureau). La agencia sería independiente tanto

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del Gobierno como de los supervisores financieros. Esta agencia tendrá la capacidad de actuar en nombre de los usuarios y consumidores, con el fin de evitar los abusos y malas prácticas de las entidades financieras y obtener indemnizaciones
destinadas a reparar el perjuicio ocasionado por dichas prácticas.


15. Recuperar la coherencia del Fondo de Cooperación para el Desarrollo (FONPRODE) como mecanismo de cooperación financiera vinculado a los objetivos de desarrollo en el mundo, suprimiendo la disposición adicional séptima introducida como
enmienda en el Proyecto de ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española.


Propuesta de resolución núm. 4


Economía productiva, política industrial, turismo e infraestructuras.


El sector industrial va a ser clave para el impulso de un nuevo modelo de crecimiento durante los próximos años en un contexto global de creciente competencia. No habrá una recuperación sólida y sostenible de la economía española sin el
motor de la industria. La evidencia nos dice que la industria conlleva más empleo estable, más exportación e internacionalización, más innovación y mayor productividad media.


Desde que gobierna el Partido Popular, el sector industrial manufacturero ha caído un 1,6 % en promedio anual y se han destruido más de 230.000 empleos en dicho sector.


El Gobierno de España actualmente carece de una estrategia integral para reactivar la industria del país y ha basado su apuesta por mejorar la competitividad exclusivamente en una reducción permanente de los costes laborales, dejando
abandonada la apuesta por la innovación productiva (I+D+i) y la formación del capital humano (educación).


Sin embargo, la Unión Europea ha realizado una apuesta decidida por el desarrollo de un sector industrial 'fuerte y sostenible' con el objetivo de que la contribución de este al PIB llegue al menos al 20 % en 2020. Igualmente, otras
economías avanzadas, como Estados Unidos, están en pleno proceso de revisión de su estrategia para reindustrializar el país, después de años de deslocalización hacia regiones de bajo coste.


La política industrial deberá dirigir los cambios estructurales hacia una mayor productividad de la industria manufacturera y un mejor posicionamiento de las empresas españolas en la cadena de valor mundial (internacionalización).


Por ello, es imprescindible recuperar el desarrollo de un sector industrial fuerte y competitivo, que contribuirá a una recuperación sólida y sostenible de la actividad económica y a la creación de empleo más cualificado, estable y de mayor
calidad.


En España la importancia del sector turístico es innegable. Tenemos un liderazgo mundial y un peso considerable en nuestra economía, lo que hace necesario un mayor compromiso del Gobierno de España en esta materia.


Por otro lado, la deficiente política de infraestructuras y transportes del Gobierno está contribuyendo a agravar los efectos de la crisis económica y la destrucción de empleo en nuestro país.


Durante los dos últimos años, la inversión estatal en los sistemas de transportes ha caído a menos de la mitad y los presupuestos para 2014 prevén dedicar tan solo 7.300 millones de euros a tal menester. Este frenazo inversor, aparte de la
destrucción de puestos de trabajo que conlleva, compromete seriamente la competitividad del país al dificultar la conservación de las actuales infraestructuras y entorpecer el proceso de su permanente modernización y mejora.


La caída media de la inversión, si comparamos la anterior legislatura con la actual, ha sido del 18 % en ADIF, del 57 % en AENA, del 47 % en Puertos del Estado y del 83 % en SEITTSA (carreteras). Según los cálculos empresariales, se han
perdido por esta causa en torno a 300.000 empleos por año. El PITVI (Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda) del Gobierno no es un buen instrumento para mejorar la situación, puesto que se trata tan solo de un documento de intenciones sin
priorizar ni presupuestar, con un horizonte temporal demasiado largo.


A la desinversión pública hay añadir una política de transportes desconcertante y errática. La 'gran liberalización en los ferrocarriles' anunciada en 2012 ha quedado en nada al día de hoy. Se anuncian privatizaciones contraproducentes en
AENA y en la gestión del AVE, pero a la vez se promueve la nacionalización de las empresas privadas que detentan concesiones en autopistas de peaje. Se agregan

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las empresas ferroviarias de RENFE y de FEVE, para acabar segregando la propia RENFE y ADIF en hasta seis empresas distintas. Se bajan tasas portuarias cuando los tráficos marítimos suben, mientras se suben las tasas aeroportuarias cuando
bajan los tráficos aéreos. Un día se anuncian supresiones de peajes en carreteras gestionadas por empresas privadas, y otro día se manifiesta la intención de aplicar peajes a todas las carreteras de la red estatal.


En un mundo globalizado, el desarrollo económico y la creación de empleos depende en buena medida de una capacidad logística y de transportes adecuada, a fin de ganar productividad y competitividad en las empresas. El propio desarrollo
social está muy vinculado hoy a la movilidad sostenible en el ámbito del trabajo, del estudio y del ocio. En consecuencia, urge disponer de una planificación eficaz en las políticas de infraestructuras y transportes a desarrollar durante los
próximos años.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Iniciar de forma inmediata un proceso de diálogo con organizaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos y Comunidades Autónomas para elaborar y aprobar antes de fin de año un Pacto por la Industria con el que avanzar hacia los
objetivos europeos del 20 por ciento del peso industrial en el PIB para el año 2020. El Pacto contemplará una estrategia industrial y energética clara con objetivos a corto, medio y largo plazo, medidas concretas para cumplirlos, y una memoria
económica plurianual que recoja el esfuerzo público y privado necesario.


2. Adoptar una política industrial activa basada en la cooperación público-privada y en la identificación de aquellos sectores con mayor potencial de crecimiento y creación de empleo estable durante las próximas décadas en España. Se deben
establecer medidas de impulso y apoyo público alineadas con el marco comunitario y buscando la coordinación y cooperación con otros socios en el ámbito internacional.


3. Aumentar los esfuerzos para mejorar actividades industriales de contenido tecnológico medio y alto, promoviendo la formación, la cualificación y el capital tecnológico, conectando a las empresas con los centros de investigación y
promoviendo la cultura de la innovación.


4. Avanzar en las infraestructuras logísticas que permitan rentabilizar nuestra posición geoestratégica en Europa. Desarrollar y definir la participación de los Presupuestos Generales del Estado en la Estrategia Logística de España, en
cooperación con las CC.AA.


5. Adoptar con carácter urgente mecanismos para que fluya el crédito a la economía real:


a) Crear una Banca Pública de Inversión orientada hacia el objetivo de dinamizar la economía productiva impulsando la creación y consolidación de empresas.


b) Crear una nueva línea de microfinanciación en el ICO orientada a las Pymes y los autónomos para que actúe en el corto plazo de una forma rápida y eficaz en la que se aumente el aval o garantía del Estado en la asunción del riesgo a través
de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).


c) A través del FROB, utilizar la extensa red de oficinas de las entidades nacionalizadas para viabilizar la oferta de créditos de los propios programas del ICO, y de los créditos en general.


d) Adoptar mecanismos para flexibilizar las condiciones de la devolución del Plan de Pago a Proveedores por parte de las Entidades Locales con dificultades.


6. Revisar las medidas fiscales incluidas en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que afectan directamente a la competitividad de sectores industriales estratégicos. Y, de forma
singular, las empresas grandes consumidoras de energía, de forma que el precio de la electricidad no suponga un lastre para la competitividad de la producción en España.


7. Recuperar una política específica de apoyo, con medidas laborales y financieras, a los sectores tradicionales como calzado, cuero, juguete, madera, mueble, textil-confección, metal, energía, siderurgia, bienes de equipo...


8. Rebajar los tipos de interés y las exigencias de aval para las ayudas previstas en los Programas de Reindustrialización y de Competitividad.


9. Incrementar los programas presupuestarios de I+D+i en el sector industrial, reindustrialización de zonas afectadas por la deslocalización; planes de carbón; planes del sector aeronáutico y naval; planes al sector de la automoción, y
la plena implantación de las TlC???s en nuestra industria y empresas.

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10. Mantener la carga de trabajo de la empresa pública Navantia, perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en todos los astilleros (Ferrol, Fene, Cádiz, Puerto Real, San Fernando y Cartagena) para
garantizar el mantenimiento del empleo en la empresa y en la industria naval que depende de este sector.


11. Mejorar las inversiones en capital humano y establecer con carácter urgente una dotación específica para incrementar la oferta educativa de plazas de Formación Profesional Reglada hasta cubrir las insuficiencias en la oferta respecto de
la demanda de las empresas de los sectores estratégicos registradas en los últimos años.


12. Incrementar el presupuesto y mejorar la coordinación entre ICEX y los distintos organismos de internacionalización de las Comunidades Autónomas.


13. Convocar una Mesa de diálogo del sector siderúrgico español, con los representantes de los trabajadores y los empresarios y de las Comunidades Autónomas más afectadas, para analizar su situación, sumarse a las iniciativas comunitarias
para evitar deslocalizaciones y acordar un plan con las medidas necesarias que garanticen un futuro estable para el sector siderúrgico español.


14. Recuperar los observatorios industriales como Mesa de diálogo permanente entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y los agentes sociales.


15. Implicarse directamente en la situación de empresas clave en su territorio en riesgo de cierre.


16. Desarrollar un plan que estimule la demanda turística nacional, donde se ponga en valor la diversidad de la oferta turística española, incidiendo en factores como cercanía, infraestructuras, seguridad y excelencia.


17. Incrementar los recursos en la promoción exterior, donde la imagen de España se articule sobre los diferentes productos turísticos para una más eficaz penetración en los mercados tradicionales y emergentes.


18. Reducir las tasas aeroportuarias y portuarias para optimizar la competitividad del sector turístico. Cualquier subida en los costes y precios produce un impacto negativo en la decisión final de viajar y en las cuentas de resultados de
las empresas, con el consiguiente efecto sobre !a capacidad de generar empleo.


19. Incrementar las dotaciones presupuestarias de los planes de Recualificación Integral de Destinos Turísticos Maduros, los Planes Renove y Future y los del Fondo Estatal para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT),
esencial para el proceso de renovación del sector turístico.


20. Elaborar un Plan Especial para el turismo rural español que aborde, desde una visión global y participativa, los nuevos desafíos a los que se enfrenta el sector.


21. Impulsar una estrategia de desestacionalización con el objetivo de atraer una demanda no influenciada por la climatología e ir íntimamente ligada al fenómeno de la diversificación de la oferta. Para ello es prioritario potenciar los
denominados turismos específicos, que se caracterizan por tener como elemento central alguna motivación del turista, y no motivaciones estacionales, contribuyendo de esta manera minorar la estacionalidad y, en algunos casos, a prolongar la temporada
en los destinos de sol y playa. De ahí, la necesidad de incrementar los recursos de programas como el IMSERSO y del Turismo Social Europeo, cuya base es la creación de un sistema de viajes en grupo durante las temporadas media y baja.


22. Cumplir, de acuerdo con las prioridades establecidas, nuestros compromisos para la culminación a tiempo de los corredores previstos en las Redes Transeuropeas de Transporte, de importancia estratégica para España en términos de
eficiencia económica, social y medioambiental, así como para el impulso de la internacionalización de nuestras empresas.


23. Continuar con el esfuerzo desarrollado durante las pasadas legislaturas en materia de transporte ferroviario de mercancías, con el objetivo de ofrecer un servicio competitivo y de calidad, plenamente integrado e interoperable con la Red
Transeuropea de Transporte Ferroviario y conectado con la red de plataformas logísticas de ámbito nacional y, especialmente, con nuestros puertos mediante un sistema moderno de terminales y apartaderos.


24. Adecuar las infraestructuras de conexión de nuestros puertos con la red de transporte terrestre con el objetivo de mejorar la intermodalidad del sistema en su conjunto, contribuyendo así eficazmente a la competitividad de la economía,
la creación de empleo, la vertebración territorial, la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.


25. Limitar la incorporación de eventuales inversores privados al capital de la sociedad pública AENA Aeropuertos a un máximo del 49 %, manteniendo la titularidad de esta entidad estratégica en manos del Estado, y garantizando la vigencia
en condiciones adecuadas de los actuales aeropuertos del operador público aeroportuario.

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26. Revisar la actual política de incremento de las tasas portuarias y aeroportuarias del Ministerio de Fomento, suprimiendo las últimas subidas decretadas y estableciendo rebajas equilibradas en orden a mejorar la competitividad en
nuestros puertos y aeropuertos.


27. Recuperar los planes de extensión y mejora de las cercanías ferroviarias con los objetivos de facilitar la movilidad, la reducción de los tiempos de viaje, la optimización de la funcionalidad y la capacidad de la red, el aumento de la
conectividad con otros modos de transporte, la mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida y la consecución de una mayor calidad, fiabilidad y puntualidad de los servicios.


28. Incrementar la inversión en conservación de carreteras, aproximando paulatinamente su cuantía al porcentaje, considerado óptimo según los expertos, del 2% de su valor patrimonial neto. El Gobierno aprobará, en un plazo de tres meses,
un plan extraordinario de actuaciones de conservación en la red convencional, con especial incidencia en aquellas carreteras donde se produzca una mayor concentración de accidentes y un mayor tráfico de mercancías y viajeros.


29. Revisar el proceso de liberalización en el transporte ferroviario de pasajeros, acompasándolo a los plazos previstos en la Unión Europea para su ejecución a partir de 2019, de forma que se permita a nuestro principal operador
ferroviario público adaptarse al futuro mercado liberalizado.


30. Suprimir, con carácter inmediato, la exigencia del certificado de empadronamiento para la acreditación de la condición de beneficiario de bonificaciones al transporte marítimo y aéreo regular de pasajeros residentes en las Islas
Canarias, Illes Baleares, Ceuta y Melilla.


31. Poner en marcha, con carácter inmediato, la Agencia de Seguridad Ferroviaria, dotándola de los medios económicos y el personal adecuado para garantizar los máximos niveles de seguridad en el transporte ferroviario.


Propuesta de resolución núm. 5


Energía.


España tiene el precio de la electricidad antes de impuestos para consumidores domésticos casi un 30 por ciento superior a la media de la Unión Europea y más de un 10 por ciento superior después de impuestos, según los últimos datos de
Eurostat.


Además, seguimos acumulando un elevado déficit tarifario (diferencia entre los costes reconocidos del suministro eléctrico y la tarifa que pagan los consumidores) que ha aumentado en torno a 9.000 millones desde que gobierna el Partido
Popular y se aproxima en acumulado a 30.000 millones de euros, poniendo de relieve los problemas estructurales del sistema y cuyo origen se sitúa en las nefastas medidas adoptadas durante el Gobierno de Aznar.


La Comisión Europea en julio de 2012 en su evaluación del Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad señalaba, entre las causas de los problemas del sector eléctrico, la insuficiente competencia efectiva que ha contribuido en
parte al déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de las centrales nucleares y las grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas.


¿Qué ha hecho el Gobierno para afrontar estos problemas?


Básicamente ha trasladado todos los problemas del sector eléctrico sobre las energías renovables y el consumidor final, a través de recortes retroactivos a las actividades reguladas (transporte, distribución, renovables y cogeneración), y de
imponer impuestos a la generación eléctrica que se trasladan directamente sobre los consumidores domésticos.


Por otro lado, se ha aprobado una nueva Ley del Sector Eléctrico sin un diagnóstico acertado de los problemas de fondo del déficit tarifario. Igualmente, el Gobierno ha abandonado cualquier compromiso contra el cambio climático y el apoyo
decidido al ahorro y la eficiencia energética. La nueva normativa penaliza injustamente el autoconsumo y la competitividad de la industria, así como se evita abordar con voluntad política la cuestión de la pobreza energética y la protección de los
consumidores más vulnerables.


Las reformas energéticas han tenido una repercusión negativa en la competitividad de nuestra industria porque han aumentado los costes de producción, tanto por el aumento del precio de la energía que ha comportado, como por la inclusión de
nuevos impuestos energéticos. El coste lo acabará pagando los trabajadores con nuevas rebajas salariales y/o despidos.

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Los últimos acontecimientos relacionados con la subasta Cesur celebrada el 19 de diciembre de 2013 cuya repercusión hubiera supuesto una subida de la tarifa eléctrica del 10,5 %, pasando por la intervención del Gobierno en la fijación del
precio de la luz, así como la nueva propuesta de orden ministerial de retribución de renovables y los cambios propuestos para calcular la nueva tarifa eléctrica ponen de manifiesto la incertidumbre en la que viven millones de ciudadanos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Propuesta de resolución


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar un Pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la política energética de una estabilidad mayor de la que ha tenido en los últimos años
y cumplir con los objetivos de la Unión Europea en materia de reducción de las emisiones de CO2. Las actuaciones en infraestructuras energéticas de generación, transporte y distribución son intensivas en capital y son decisiones a medio y largo
plazo que requieren de una estabilidad que va más allá de la duración de una legislatura. Disponer de un Pacto de Estado de la Energía es necesario para dar continuidad a las decisiones más estratégicas y garantía a la inversión desde la óptica de
la seguridad en el avance a la auténtica liberalización energética.


2. Elaborar, en el plazo de un año, una prospectiva energética con visión a largo plazo, en el marco de los análisis prospectivos realizados por la Unión Europea y por otros organismos internacionales de prestigio, fijando compromisos con
el objetivo de tener un sistema energético bajo en carbono y reducir drásticamente la alta dependencia energética que tiene nuestro país en el horizonte del 2050.


3. Elaborar una nueva planificación de infraestructuras de electricidad y de gas natural, un nuevo Plan de Energías Renovables y una nueva Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética, coherente con los objetivos de la política
energética establecidos por la Unión Europea y con la prospectiva realizada.


4. Establecer definitivamente un modelo energético más sostenible tanto desde los puntos de vista económico, medioambiental y social, diseñado desde la perspectiva de la demanda de energía, basándose en la maximización del uso de las
fuentes energéticas renovables autóctonas, y en el fomento del ahorro y del uso eficiente de la energía mediante la aplicación de las mejores tecnologías energéticas disponibles.


5. Aprobar un nuevo marco normativo para el sector energético que restituya cuanto antes la seguridad jurídica en el sector de las energías renovables y que facilite la generación distribuida, el autoconsumo energético y el uso de la
cogeneración para sectores variados, como el de purines, y tantos otros de importancia medioambiental.


6. Aprobar un plan de apoyo integral a la generación eléctrica con energías renovables, no emisoras de carbono y energía primaria autóctona, y de apoyo empresarial a las empresas en este sector, al objeto de facilitar su proceso de
reconversión y minimizar la pérdida de empleo, capacidad inversora y capacidad tecnológica provocada por las medidas derivadas del vigente Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, y de la Ley del Sector Eléctrico.


7. Mejorar el mercado eléctrico español, dándole una mayor robustez ante intentos de afectar su funcionamiento, haciéndolo más eficiente en la fijación de precios y facilitando la entrada de nuevos actores para garantizar la competencia y
dificultar las malas prácticas actuales, con una especial atención a la reforma de los mercados de ajuste y servicios complementarios. Mantener el mercado spot de la electricidad que optimiza la utilización de los recursos energéticos primarios y
genera competitividad en los mercados de abastecimiento de combustibles fósiles.


8. Revisar en profundidad las tarifas de los pequeños consumidores que sean establecidas por los precios del nuevo mercado, que revelará el coste del mix energético y no el coste marginal del sistema, siempre muy superior, y solo útil para
la optimización de los recursos energéticos primarios consumidos en la generación eléctrica.


9. Dotar a la política energética de la transversalidad que requiere, al tener muchos puntos de contacto con otras áreas de gobierno como son la económica, la ambiental, la fiscal, la urbanística, la internacional, la industrial, la de
empleo, la de formación así como con los necesarios pertinentes acuerdos con las Comunidades Autónomas.


10. Realizar en los próximos 6 meses una auditoría de costes del sistema eléctrico, para determinar fehacientemente los costes de las actividades de generación, transporte, distribución y gestión del sistema eléctrico, así como de otros
conceptos de coste imputados a la factura eléctrica.

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11. Trasladar a los Presupuestos Generales del Estado el coste de las políticas sociales y territoriales que ahora se cargan sobre la factura eléctrica, especialmente los derivados de apoyos a la insularidad o a la generación con
combustibles fósiles como el carbón, al igual que los derivados de decisiones políticas pasadas, evitando así que su coste recaiga en los consumidores.


12. Diseñar un sistema de información energética para facilitar todos los detalles del funcionamiento técnico y económico del sector eléctrico con total transparencia y disponibilidad para los interesados.


13. Potenciar las interconexiones eléctricas y la generación distribuida, teniendo en cuenta las situaciones específicas de vulnerabilidad social y geográfica. Desarrollar un nuevo modelo de gestión de las redes de electricidad y gas
natural que, además de asegurar el suministro y la calidad tanto del servicio como de los productos, tenga en cuenta la eficiencia económica.


14. Actuar en el sector de la edificación, garantizando la trasposición de las directivas europeas sobre certificación y etiquetado de eficiencia energética y sobre la eficiencia energética de los edificios basados en edificios de consumo
de energía casi nulo. Es urgente la aprobación de un plan nacional de rehabilitación de edificios que impulse el ahorro y la eficiencia energética así como el uso de energías renovables.


15. Dada la dependencia energética de España, preservar las fuentes autóctonas de forma que contribuyan a asegurar la garantía de suministro. En el caso del carbón nacional, establecer un marco de estabilidad y certidumbre en el sector
mediante un nuevo Plan 2014-2020 acordado con los agentes sociales (sindicatos más representativos y empresas), culminar el procedimiento de pago de las ayudas contempladas en los PGE 2012 y del 2013 que permita la estabilidad en el sector de la
minería así como la actividad industrial vinculada, base de la economía en las Comarcas Mineras, establecer la continuidad de las restricciones para el consumo del carbón nacional y continuar con el impulso a los proyectos de captura y secuestro de
CO2 que permita la combustión limpia del carbón.


16. Adoptar las medidas necesarias para no prorrogar la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años para las que fueron diseñadas, lo que implicará el cierre del último reactor en el año 2028. La Central Nuclear de Santa
María de Garoña se encuentra actualmente en situación de cese definitivo de la actividad o de predesmantelamiento desde el 7 de julio de 2013, una vez expiró su autorización de explotación.


Sin embargo, dicha central no produce electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la inminente entrada en vigor del impuesto sobre la producción en centrales nucleares que estableció la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de
medidas fiscales para la sostenibilidad energética, Centrales Nucleares del Norte, S.A. (Nuclear) decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, algo que consideraba 'inasumible?. En
definitiva, no quería hacerse cargo del coste de la gestión de sus propios residuos debido a que la nueva legislación sobre fiscalidad medioambiental le obligaba a ello y entraba en vigor en enero de 2013. En consecuencia proponemos:


- Adoptar las medidas necesarias, incluida la revocación de la Orden IET/1453/2012, de 29 de junio, para impedir la reapertura de la Central Nuclear de Santa María de Garoña que ha cumplido un ciclo de vida útil y supone riesgos para la
seguridad.


- Ratificar como fecha de cese definitivo de la explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña el día 6 de julio de 2013 que en su momento adoptó el Gobierno en la Orden ITC/1785/2009, de 3 de julio.


17. Paralizar la actividad de los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica (fracking), se
suspenderán las autorizaciones concedidas y se prohibirán nuevas actividades en tanto no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de daños ambientales irreparables ligados a esta actividad.


18. Aprobar, en el plazo de tres meses, una estrategia para la erradicación de la pobreza energética mediante la articulación de medidas tendentes a mejorar la capacidad de pago de los hogares afectados por la pobreza energética en las
épocas de frío y calor intenso. Establecer un servicio mínimo de suministro de energía (electricidad y gas), que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia.

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Propuesta de resolución núm. 6


Mercado de trabajo: recuperar el diálogo social, las políticas activas de empleo y la cobertura de los desempleados.


Exposición de motivos


La reforma laboral impuesta por el Gobierno, sin diálogo social, no ha frenado la destrucción de empleo. Según la EPA (4.º Tr. 2013), en dos años se han destruido 1.049.300 empleos, el desempleo ha aumentado en 622.700 parados y la
población activa baja por primera vez en 40 años en 426.000 activos. La ocupación cae a la vez que el desempleo crece y la precariedad laboral se extiende. La flexibilidad interna en las empresas retrocede, y no se ha reducido la segmentación del
mercado laboral. Es más, la reforma laboral no ha favorecido la contratación indefinida, que ha supuesto un 6,31 % de la contratación total desde su entrada en vigor, y ha propiciado un efecto sustitución, con incrementos en la contratación
temporal y a tiempo parcial. El contrato de emprendedores, su gran hallazgo para generar empleo, con fuertes bonificaciones y con visos de inconstitucionalidad al introducir el despido libre en nuestro ordenamiento jurídico laboral, apenas ha
representado el 0,57 % de la contratación total desde febrero de 2012 a diciembre de 2013.


Una reforma laboral que ha desarticulado la negociación colectiva y ha dejado a más de tres millones de trabajadores sin la cobertura del convenio colectivo. Una reforma laboral que, además, propicia una carrera a la baja salarial, al
permitir el poder unilateral del empresario en la modificación de las condiciones sustanciales del contrato, y el descuelgue del convenio colectivo, que está provocando una competencia desleal entre las empresas.


La devaluación salarial, que está produciendo un empobrecimiento generalizado de las personas trabajadoras y de las clases medias, tiene su reflejo en los datos del INE que muestran una caída constante de la remuneración de los asalariados
frente a un incremento del excedente empresarial bruto. Estos excedentes empresariales no van a reinversión ni a mantenimiento o creación de empleo, al no existir mecanismo de garantía para que esto suceda.


Frente a esta situación el Gobierno responde con más políticas de recortes: en educación, en sanidad, en dependencia, en pensiones públicas, políticas que inciden sobre las mismas familias, con grave riesgo de fractura social.


Responde con recortes en las políticas activas de empleo, cuyas partidas ha caído en dos años en torno a un 46,6 %; un 61,6 % en la aportación del Estado a las políticas activas gestionadas por las Comunidades Autónomas.


Responde con menores aportaciones para la protección de las personas paradas. En dos años, la cobertura de desempleo ha caído alrededor de 10 puntos; hay 3.253.900 parados que no reciben ninguna prestación y el número de hogares que tiene
todos sus miembros activos en paro se sitúan en 1.832.300.


Además, estas políticas de recortes, que han reducido el número de beneficiarios y la cuantía de las prestaciones, afectan fundamentalmente a los colectivos más desfavorecidos: parados de larga duración, jóvenes entre 25 y 35 años y mayores
de 50, que son los que presentan mayores dificultades de recolocación y que están viendo cómo se reduce de forma drástica su cobertura.


Los parados de larga duración que llevan más de un año en el desempleo han pasado del 19% del total de desempleados en 2007 a representar en 2013 alrededor del 50 %. Los parados con más de dos años en desempleo han pasado de un 1.428.000 a
finales de 2011, a 2.309.500 a finales de 2013, casi un millón más.


Los activos menores de 35 años se han reducido en 823.100 en los últimos dos años; 396.500 solo en 2013. Jóvenes que han abandonado el mercado de trabajo por desánimo o emigración. Además, el número de ocupados se ha reducido en 918.400
en esos dos años, 234.100 en el último año.


A su vez, los trabajadores con empleo que se sitúan en estas edades tienen una situación muy precaria, con contratos temporales, mayor rotación, contratos a tiempo parcial, que inciden en la generación de una prestación por desempleo menos
intensa, en extensión y en cuantía.


La entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, que elevó el acceso al subsidio para mayores de 52 años hasta los 55 años de edad, tuvo un efecto inmediato en la reducción del número de altas de beneficiarios en el subsidio para mayores de
55 años, reduciéndolo a la mitad. De este modo, si en 2011, el número de altas fue de 124.230, en 2013 este número a 59.351.

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Para evitar el riesgo de que estas situaciones se conviertan en crónicas, y deriven en exclusión social, deben adoptarse con carácter inmediato medidas que incidan simultáneamente en distintos ámbitos de actuaciones, tales como, inversión
económica en actividades y sectores generadores de empleo, políticas activas, acompañadas de ayudas económicas, y políticas de protección. El Gobierno debe ampliar de forma sustancial la cobertura por desempleo.


La situación del mercado laboral, la desarticulación de la negociación colectiva y la caída salarial exigen de forma prioritaria la recuperación del diálogo social.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas que permitan:


1. Derogar la reforma laboral. Con dicha finalidad, deberá abrir un proceso de diálogo social para acordar, entre otras cuestiones, un nuevo marco de relaciones colectivas equilibrado que respete la autonomía colectiva, la ultra actividad
de los convenios colectivos, así como la articulación y estructura de la negociación colectiva, en los términos del Acuerdo bipartito de 25 de enero de 2012.


2. Articular una política de renta concertada entre sindicatos y organizaciones empresariales, a través de un gran acuerdo nacional que recoja, entre otras cuestiones, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, así como la
modificación de la escala salarial dentro de las empresas, con fórmulas como el 1:12, y la reinversión de excedente empresarial. Asimismo, se deberá fijar un calendario para la recuperación de las políticas sociales.


3. Recuperar el párrafo 8 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de garantizar la indemnización de los trabajadores despedidos por causas objetivas en empresas de menos de 25 trabajadores.


4. Recuperar y reactivar las políticas activas de empleo. Con dicha finalidad, destinará para su financiación, al menos, un 1,5% del PIB. Y desarrollará, entre otras, las siguientes actuaciones:


a) Plan de rescate para parados de larga duración, jóvenes entre 25 y 35 años y mayores de 50 años.


Previo consenso con sindicatos y empresarios, y en colaboración con las Comunidades Autónomas, se establecerá un programa de reconversión profesional dirigido a los parados de larga duración que llevan más de dos años en desempleo, jóvenes
entre 25 y 35 años de edad y mayores de 50 años que contemple medidas específicas por grupos de edad e itinerarios individualizados en atención de la formación, cualificación y experiencia profesional de la persona desempleada. Este programa deberá
tener en cuenta las necesidades del mercado laboral con el fin de que la formación y recualificación que se ofrezca al desempleado garanticen su empleabilidad y retorno inmediato al mercado de trabajo. Las personas desempleadas que participen en
estos programas podrán percibir ayudas económicas de acompañamiento.


Este programa se financiará con un fondo estatal dotado al efecto que se repartirá entre las Comunidades Autónomas, que serán las encargadas de su gestión.


Se incluirán en este programa de reconversión profesional las actividades contempladas en las políticas de reindustrialización consideradas prioritarias para la creación de empleo y cambio del modelo productivo.


b) Programa PREPARA.


Previo consenso con los sindicatos y empresarios, se reformulará el programa PREPARA recogiendo lo dispuesto en el Real Decreto-ley 1/2011, e incluyendo a trabajadores desempleados que, habiéndose beneficiado del mismo con anterioridad,
continúen en desempleo transcurridos más de seis meses desde su conclusión. A estos trabajadores desempleados se les ofrecerán nuevas medidas de orientación, formación y recualificación, con la ayuda económica de acompañamiento, con el fin de
conseguir su pronta inserción profesional.

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c) Bonificaciones para el mantenimiento del empleo y la igualdad de oportunidades.


i Los contratos de trabajo de carácter indefinido de los trabajadores de cincuenta y cinco o más años, con una antigüedad en la empresa de cuatro o más años, darán derecho a una bonificación de hasta 400 euros mensuales de la cuota en la
cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, hasta que el trabajador alcance la edad de sesenta años.


A partir de los sesenta años, estos contratos, y en las mismas condiciones establecidas en el párrafo anterior, darán derecho a una bonificación del 100 por 100 de la cuota en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes,
hasta que el trabajador alcance la edad ordinaria de jubilación.


ii. Los contratos de trabajo de carácter indefinido de las mujeres trabajadoras que se hubieran suspendido por maternidad o por excedencia por cuidado de hijo darán derecho, cuando se produzca la reincorporación efectiva de la mujer al
trabajo en los dos años siguientes a la fecha del inicio del permiso de maternidad, a una bonificación de hasta 400 euros mensuales de la cuota en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante los 4 años siguientes a la
reincorporación efectiva de la mujer al trabajo.


En el supuesto de que el contrato fuera de duración determinada o temporal, se tendrá derecho a esa misma bonificación si en el momento de la reincorporación el contrato se transforma en indefinido.


iii. Las trabajadoras por cuenta propia del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que, habiendo cesado su actividad por maternidad y disfrutado del período de descanso correspondiente, vuelvan a realizar una
actividad por cuenta propia en los dos años siguientes a la fecha del parto tendrán derecho a percibir una bonificación del 100 por 100 de la cuota en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes resultante de aplicar el tipo de
cotización a la base mínima vigente en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social, independientemente de la base por la que coticen, y durante un período de dos años.


iv. En los procesos de incapacidad temporal de personas incluidas en el sistema especial de empleados de hogar, cuando el titular del hogar familiar contrate a otra persona para que sustituya a quien se encuentra en situación de baja, la
cotización de esta última será objeto de una bonificación del 100 por 100.


v. Los cuidadores no profesionales de una persona en situación de dependencia tendrán derecho a una bonificación equivalente al 100 por 100 del coste del convenio especial suscrito con la Seguridad Social.


5. Recuperar y mejorar la protección frente al desempleo. Para ello, llevará a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones:


a) Incrementar los recursos económicos y materiales, y adoptar las medidas normativas necesarias, para aumentar de forma significativa la protección por desempleo, especialmente de aquellos que no reciben ninguna prestación.


b) Aumentar, al menos, en 10 puntos la cobertura por desempleo.


c) Adoptar, con carácter inmediato, las medidas para garantizar a los mayores de 50 años, parados de larga duración, subsidios hasta la jubilación ordinaria. El cómputo para el acceso a estos subsidios atenderá exclusivamente a las rentas
de la persona desempleada. El Servicio Público de Empleo Estatal abonará las cotizaciones correspondientes tomando como base de cotización el 125% del tope mínimo.


d) Garantizar el derecho a la asistencia sanitaria a todos los desempleados, específicamente a aquellos que salgan del territorio nacional por más de 90 días en búsqueda de empleo o formación.


e) Adoptar las medidas que garanticen que los parados con más de un año en situación de desempleo quedan exentos del copago sanitario.


6. Impedir expedientes de regulación de empleo en empresas con beneficios, y en este sentido, solicitar a la Dirección de la Empresa 'Coca-Cola lberian Partners' que suspenda el ERE y propicie un espacio de diálogo y negociación entre 'Coca
Cola lberian Partners' y su matriz 'The Coca Cola Company' con los sindicatos representativos, que conlleve la presentación y discusión de un Plan Industrial y de Empleo, al objeto de establecer el escenario adecuado para dotar de una solución al
conflicto que haga posible y compatible la prioridad del empleo y el mantenimiento de las plantas de producción, junto con la implantación de las políticas y estrategias que la empresa considere para competir en el mercado.

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Propuesta de resolución núm. 7


Sistema público de pensiones.


Exposición de motivos


Durante 2013, el Gobierno ha extendido su política de recortes al sistema público de pensiones ya iniciada a finales de 2012, fundamentalmente, con la promulgación del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación
y garantía del sistema de la Seguridad Social. Un Decreto-ley que hurtó a los pensionistas el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de sus pensiones, un derecho ya adquirido durante 2012 y que motivó la presentación de un recurso de
inconstitucionalidad por parte del grupo socialista por vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.


De este modo, el Gobierno, arropado por su mayoría absoluta en el Parlamento, y con la abierta oposición del resto de los grupos parlamentarios, ha aprobado la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del
Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.


Se trata de una Ley que acomete una reforma de nuestro sistema público de pensiones apartándose del mandato constitucional, del Pacto de Toledo y de los acuerdos suscritos con los interlocutores sociales desde 1995 para garantizar el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y su preservación de futuro.


Es una Ley que, valiéndose de la situación de crisis por la que atraviesa nuestro sistema público de pensiones, de la que no puede exonerarse de responsabilidad la reforma laboral llevada a cabo en 2012, y haciendo pender sobre el mismo la
duda sobre su sostenibilidad, cambia el modelo de Seguridad social al actuar en contra de su configuración como un sistema de reparto basado en los principios de contributividad, equidad y solidaridad intergeneracional.


Esta Ley condena a los pensionistas a una pérdida permanente del poder adquisitivo de sus pensiones, sin distinción ni en clases ni en cuantía, con flagrante desconocimiento del papel que nuestro sistema público de pensiones desempeña para
la cohesión social, y cuyo objetivo oculto es reducir el papel de las pensiones contributivas públicas y ampliar la acción de la cobertura privada, sin escatimar para ello en ataques injustificados a los pensionistas.


Pero no ha sido solo esta Ley la que durante 2013 ha recortado nuestro sistema público de pensiones. A la misma se suma la aprobación del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral
de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Un Decreto-ley que recorta los derechos de los futuros pensionistas, especialmente para los mayores de 55 años, a quienes dificulta el acceso al subsidio por desempleo, cuando
han sido arrojados del mercado laboral, y a la jubilación anticipada forzosa por su alargamiento en dos años, condenándoles a pensiones mínimas. Y ello, a la par que facilita el despido para mayores de 50 años.


También la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, recorta la cuantía de las pensiones, al volver a suspender para 2014 el incremento de las pensiones de viudedad más bajas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para:


1. Derogar con carácter inmediato la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.


La revalorización de las pensiones de la Seguridad Social se efectuará de conformidad con lo que a tal efecto establecía el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, antes de su modificación por la Ley 23/2013.


2. Derogar el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, y volver a la regulación que a efecto contenía la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.


3. Derogar la disposición adicional vigésima séptima de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, por la que se suspende el incremento de las pensiones de viudedad más bajas. El Gobierno deberá
establecer las medidas para incrementar progresiva y

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paulatinamente la cuantía de la pensión de viudedad de las personas beneficiaras que, con una edad igual o superior a 65 años, no tengan derecho a otra pensión pública o ingresos del trabajo o de cualquier otra naturaleza que superen el
límite de ingresos establecidos en cada momento para la pensión mínima, hasta alcanzar en 2020 el 60% de su base reguladora.


Propuesta de resolución núm. 8


Interrupción voluntaria del embarazo.


La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la
interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.


En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público
garantizado por la Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no solo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y
responsable, sea respetada.


La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había supuesto un avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con
representación parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y
profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así
como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea.


El 20 de diciembre de 2014 el Gobierno presentó un Anteproyecto de Ley Orgánica cuyo contenido representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad,
suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las
correspondientes prestaciones sanitarias.


Con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado sol en los supuestos de violación y 'grave peligro para la
vida o la salud' de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del
embarazo desde los años ochenta del siglo pasado.


Esta norma no sol supondrá un grave retroceso de más de treinta años para la legislación española en este ámbito, y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres
a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como un excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en esta materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de haber
contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1.º Retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.

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2.º Mantener una legislación de plazos, combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas y la aplicación en el derecho comparado, que asegure a las mujeres la adopción de una
decisión libre e informada, ejerciendo la 'autodeterminación consciente' sin interferencia de terceros.


3.º Garantizar el acceso a la IVE en condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema Nacional de Salud, y en particular, su derecho al libre
desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.


Propuesta de resolución núm. 9


Para lograr un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas para combatir y erradicar la corrupción.


Exposición de motivos


La corrupción es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos y tiene cada vez mayor atención mediática. Las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lo demuestran claramente. En el barómetro del
correspondiente al mes de noviembre de 2013, la corrupción y el fraude constituyen el segundo motivo de preocupación de los españoles, seguido, en cuarto lugar, por la preocupación por los políticos en general, los partidos políticos y la política.
Estos problemas se sitúan solo por detrás del paro (primera preocupación) y de los problemas de índole económica (tercera) y se han instalado, con cierta estabilidad, entre los principales problemas que preocupan a la ciudadanía.


La corrupción no es solo un hecho que ha de condenarse en sí mismo sino que, influye de forma decisiva en el alejamiento de la ciudadanía de la vida política y en la deslegitimación de las instituciones. La sensación de impunidad frente a
este tipo de comportamientos afecta, además, a la confianza que la ciudadanía tiene en relación con sus instituciones, sus representantes y la clase política en general.


Frente a esta situación los poderes públicos, el ejecutivo y el legislativo, deben adoptar con la celeridad necesaria las medidas llamadas a combatir eficazmente la corrupción, de forma que la ciudadanía recupere la confianza en la
posibilidad de que sean las propias instituciones las que detecten y supriman la corrupción. Para devolverles la confianza es necesario encarar de forma decidida, desde las propias instituciones, este problema.


No ha sido ésta la postura del Gobierno y del Partido Popular que han optado, claramente, por desconocer el fenómeno de la corrupción y dilatar en el tiempo la adopción de medidas que permitan luchar eficazmente contra él.


La abrumadora evidencia, conocida hace ya más de un año, acerca de la financiación ilegal de un partido durante más de veinte años, que ha concurrido a las elecciones partiendo de una posición de ventaja financiera y apoyado en unos recursos
de los que no daba cuenta a los ciudadanos ni a los órganos de control, no ha ido seguida de la consecuencia lógica de someterse al escrutinio y control del Parlamento y de la opinión pública, ni de la adopción de decisiones legislativas inmediatas
para luchar contra la corrupción.


Ante estas informaciones, las explicaciones ofrecidas por el PP han ido dirigidas a negarlo todo, con versiones que indefectiblemente se han demostrado falsas, y a retrasar, cuando no impedir, el control parlamentario sobre estos asuntos,
rechazando incluso el debate de las iniciativas parlamentarias de los grupos de la oposición para crear comisiones de investigación sobre estos hechos.


A pesar de estos acontecimientos, el Gobierno se ha limitado, tras el anuncio de medidas en el debate sobre el estado de la nación celebrado en 2013, durante más de un año a crear un grupo de expertos y a anunciar un Plan que, finalmente, se
ha concretado, en la última reunión del Consejo de Ministros, en un par de reformas legales, escasamente ambiciosas y, en absoluto, consensuadas con los grupos de la Cámara.


Es el momento de tomar medidas. Pero no puede hacerse unilateralmente, desde un solo grupo político. El Presidente del Gobierno en su discurso del debate reclamó 'muchas luces verdes en el tablero de las votaciones del Congreso', aludiendo
a la necesidad de que las medidas anticorrupción reciban los máximos apoyos parlamentarios. Pero el Grupo Socialista reclama más. Reclama unidad institucional desde el inicio. Reclamamos consensuar un proceso de elaboración parlamentaria, abierto
a la sociedad,

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que favorezca un paquete de proposiciones de ley de todos los grupos parlamentarios. Reclamamos estudiar, no solo las propuestas del Gobierno, sino todas las que han presentado los grupos parlamentarios.


Las decisiones que se adopten en este ámbito forman parte del entramado institucional básico que los españoles nos hemos dado y afectan a diversos ámbitos territoriales e institucionales. Por ello, lo deseable es que la iniciativa en esta
materia la adopte el Congreso de los Diputados, Cámara donde se encuentra representado el titular de la soberanía, el pueblo español.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados acuerda crear, mediante los mecanismos existentes en las normas reglamentarias de la Cámara, un subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional que elabore, con la máxima celeridad posible, un diagnóstico
sobre la corrupción, sus causas y sus manifestaciones y, sobre todo, las medidas, conjuntamente adoptadas por los Grupos Parlamentarios, que permitan combatir y erradicar la corrupción en nuestro país y que, entre otras, habrán de incluir las
siguientes:


1. Una reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que incluya:


a) La revocación de la reforma de 2012 aprobada para favorecer el tratamiento penal de quienes habiendo defraudado a la Hacienda Pública, hubieran regularizado su situación mediante una amnistía fiscal u otro procedimiento, volviendo al
texto anterior a dicha reforma.


b) La tipificación de los delitos de enriquecimiento injusto de autoridades y funcionarios públicos y relacionados con la financiación de partidos políticos.


c) El incremento de las penas previstas para los delitos relacionados con la corrupción cometidos por cargos o representantes públicos.


d) La ampliación del plazo de prescripción previsto para estos delitos.


2. Un reforma de la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto, para:


a) Evitar que puedan beneficiarse de la concesión de indulto, total o parcial, las autoridades que hayan participado en la comisión de un delito en ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de
obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.


b) Incluir la necesidad de expresar y motivar las razones concretas que conducen al Gobierno a conceder esta medida de gracia.


3. Una reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial que incluya la atribución a la Audiencia Nacional la instrucción y enjuiciamiento de los delitos relacionados en el apartado anterior de esta resolución para
mejorar la eficacia y homogeneidad de la respuesta punitiva a la corrupción política.


4. Una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de establecer un procedimiento preferente y sumario para el enjuiciamiento de los delitos vinculados con la corrupción política.


5. La aplicación a altos cargos de la Administración General del Estado y miembros de las Cortes Generales de las siguientes medidas:


a) La regulación de la publicación de las declaraciones tributarias que incluirá la publicación íntegra de los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, de los datos fiscales sometidos y exentos del
IRPF siguientes y de la declaración anual del IRPF, con el único límite de aquellos datos especialmente protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.


b) La regulación de las declaraciones de bienes mediante el establecimiento de un modelo único para su publicación que refleje, como mínimo, los datos relativos a todos los bienes y derechos sobre bienes inmuebles y muebles cuyo valor supere
los 2.500 euros y sobre actividades económicas, todos ellos con desglose de los mismos y cuantificación de su valor, así como de seguros, deudas y obligaciones patrimoniales -con identificación del acreedor- de los que sean titulares.


Cada Administración o Institución identificará el órgano encargado de custodiar los certificados y declaraciones presentadas, así como de verificar la no existencia de contradicciones o diferencias entre la declaración de actividades, la de
bienes patrimoniales y los contenidos en la declaración anual de IRPF.

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c) La regulación de la declaración de intereses y actividades de los cargos públicos, mediante el establecimiento de un modelo único para su publicación que refleje, como mínimo, los cargos que ostentan de carácter institucional, de
ejercicio de función pública, en partidos políticos, grupos parlamentarios o sindicatos, en Cámaras o Colegios Profesionales, de representación en órganos colegiados directivos o consejos de administración de organismos o empresas, así como las
actividades privadas, por cuenta ajena o propia -especificando si la actividad se desarrolla para empresas o sociedades concesionarias, contratistas arrendatarias, o con participación en el sector público-, los ingresos con cargo al sector público u
otras actividades que les proporcionen o puedan proporcionarles ingresos económicos.


Propuesta de resolución núm. 10


Sanidad.


El sistema público de salud ha sido, desde su creación, un servicio fundamental para bienestar de la sociedad española. El servicio público más apreciado por la ciudadanía, tanto por su calidad y prestigio, como por la amplia cobertura de
prestaciones, que se han ido consolidando a lo largo de los años.


Desde que en 1986 se aprobase la Ley General de Sanidad hasta 2011, el sistema nacional de salud ha tenido capacidad para dar respuesta a las necesidades sociales y sanitarias de los españoles y españolas, lo que se traducía en una altísima
valoración del sistema nacional de salud por parte de los ciudadanos.


En 2012, con el RD-ley 16/2012, se produjo un cambio unilateral en el modelo sanitario vigente hasta ese momento, modelo que habíamos construido con un consenso en los últimos 25 años.


La fractura más grave que presenta dicho RD-Ley es que se acaba con el carácter universal de la cobertura sanitaria pero, además, se imponen copagos en la prestación farmacéutica de los pensionistas, se elimina la prestación sanitaria para
los inmigrantes en situación irregular y se anuncian copagos en el transporte sanitario no urgente, en la prestación ortoprotésica y en los productos dietoterápicos. Una regulación posterior introduce el copago hospitalario. Y, a todo ello, habría
que añadir una serie de recortes presupuestarios, de personal y de prestaciones que están provocando, de manera acelerada, un deterioro de la calidad asistencial y del propio servicio. De hecho, por primera vez, los ciudadanos empiezan a mostrar su
preocupación por la sanidad y por la viabilidad del propio servicio.


Si a ello añadimos las iniciativas de privatización de la gestión de la sanidad pública en diferentes comunidades autónomas, especialmente Madrid, podemos afirmar que en este momento se ha creado un estado de enorme preocupación social sobre
el ,presente y el futuro de la sanidad pública española.


En este sentido, queremos hacer una apuesta firme y decidida por medidas que refuercen las garantías, la calidad y la equidad del sistema nacional de salud y, así, asegurar una sanidad pública que sintonice con las expectativas profesionales
y sociales de la ciudadanía y que, sobre todo, preserve el servicio público más apreciado y que es más necesario en la actualidad.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Recuperar el carácter universal del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a todos los ciudadanos, incluyendo a los inmigrantes en situación irregular y los españoles que salgan de España, derogando lo establecido
al efecto en el Real Decreto-ley 16/2012 y las disposiciones que niegan ese derecho a los que se desplacen fuera de España por tiempo superior a 90 días.


2. Suprimir de nuestro ordenamiento jurídico los copagos introducidos por el Gobierno vinculados a las distintas prestaciones del Sistema Nacional de Salud (el copago farmacéutico a los pensionistas, el copago hospitalario, el copago del
transporte sanitario no urgente, el copago ortoprotésico, el copago de los productos dietoterápicos, el copago de la cartera común de servicios accesorios). Restablecer una cartera única de prestaciones sanitarias y derogar la exclusión de
medicamentos de la cobertura del sistema público, sustituyendo el supuesto ahorro que pretendían justificar dichas medidas, por un proceso de subasta de medicamentos similar al impulsado por el Gobierno de la Junta de Andalucía, que asegure

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el suministro al sistema sanitario público español de aquellos principios activos no sometidos a protección de patente y que permita generar un ahorro de, al menos, 1.500 millones de euros anuales.


3. Elaborar un informe sobre el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno con el Real Decreto-ley 16/2012 en la salud y en la economía de las personas y de las familias. Dicho informe se presentará antes de 6 meses al Pleno del
Congreso de los Diputados para su valoración y eventual adopción de medidas.


4. Elaborar con las Comunidades Autónomas un plan de choque contra las listas de espera quirúrgica, de consultas externas y de acceso a pruebas diagnósticas, y definir nuevas garantías de tiempos de respuesta que no pongan en riesgo la
salud de los pacientes afectados. Dicho plan de choque deberá incorporar un presupuesto específico por parte del Ministerio de Sanidad. Poner en marcha los mecanismos necesarios para garantizar que las listas de espera se gestionen bajo el
principio de transparencia; así como establecer que la información relativa a las mismas se publique con periodicidad mensual.


Optimizar la gestión de los recursos y la capacidad de resolución del SNS, especialmente potenciando la Atención Primaria y la coordinación entre niveles asistenciales, de forma que se evite el incremento de las listas de espera y la
externalización de servicios sanitarios.


5. Paralizar y revertir los actuales procesos de privatización de la gestión de los hospitales y centros de salud públicos impulsados en determinadas Comunidades Autónomas, elaborando un nuevo marco normativo que derogue la Ley 15/1997, con
la adopción de una nueva Ley General de Sanidad que aborde el buen gobierno y gestión del Sistema Nacional de Salud, que avance en mayor autonomía de gestión, en el fomento de la gestión clínica, en la introducción de órganos colegiados de gobierno
a todos los niveles ante los que deban responder los gestores, en la obligatoriedad de la transparencia, en la regulación de los conflictos de interés o en la definición de mecanismos eficaces contra el fraude y la corrupción.


6. Promover un Pacto por la innovación sanitaria en el Sistema Nacional de Salud para que la incorporación de nuevas terapias y pruebas y tecnologías diagnósticas se haga de forma que se permita actualizar la cartera de servicios de manera
ágil y con criterios de evidencia científica, eficacia, eficiencia y coste-efectividad.


7. Actualizar el sistema de precios de referencia de medicamentos en el plazo de tres meses para ahorrar unos 400 millones anuales.


8. Mantener en la cartera común de servicios del SNS la reproducción humana asistida sin discriminar ni limitar el acceso a tratamientos de fertilidad a algunas mujeres (sin pareja masculina).


Propuesta de resolución núm. 11


Políticas contra la pobreza y la exclusión social.


En los dos últimos años la combinación de los efectos de la crisis económica con las medidas de austeridad de un Gobierno que ha llevado a cabo una ofensiva contra los servicios públicos esenciales, arroja como resultado unas cifras de
desempleo, pobreza y desprotección que solo pueden calificarse como alarmantes.


La EPA del último trimestre de 2013 indica que los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro se incrementaron hasta alcanzar un total de 1.832.300. Las familias en las que ninguno de sus miembros tiene ingresos se han
duplicado desde que comenzó la crisis y ya son 686.600. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida, el porcentaje de población por debajo del umbral de pobreza es del 21,6%, es decir, afecta a 1 de cada 5 españoles.


Las principales víctimas de esta situación son los colectivos más vulnerables. Especialmente preocupante es la situación de nuestros niños y niñas; recientemente se ha conocido el dato de que más de 2,8 millones de menores, un tercio de la
población, viven en riesgo de pobreza en España. También la de las personas mayores, que en muchos casos alojan y cubren las necesidades de hijos y nietos con sus exiguas pensiones, ante la falta de prestaciones públicas; así como la de las
personas con discapacidad y en situación de dependencia, que han asistido al desmantelamiento de la Ley que vino a reconocer sus derechos justo cuando el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se encontraba en fase de implantación.


El Consejo General del Trabajo Social afirma que los recortes amenazan con dejar los servicios sociales en el esqueleto y aporta el dato de que en un año aumentaron en un 72,1% las peticiones de

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ayuda a la red de servicios sociales públicos, en particular de personas procedentes de clases medias, con un incremento del 45,2%, con un crecimiento especialmente significativo entre los jóvenes, un 26%.


Ante esta situación de emergencia los poderes públicos deben responder con medidas urgentes, comprometidas y eficaces, capaces de frenar el incremento de las situaciones de pobreza y exclusión social y atender a las personas que más lo
necesitan. La respuesta está siendo la contraria: el Gobierno ha reducido sustancialmente la inversión en políticas sociales. Su prioridad ha sido satisfacer las necesidades de los mercados, de las entidades financieras o de las empresas.
Mientras, las medidas dirigidas a la ciudadanía han consistido en recortes de derechos, servicios y prestaciones.


La fractura social es insostenible. Ante esta situación se hace imprescindible ofrecer soluciones de manera urgente contando con la implicación de todas las Administraciones públicas, así como con las fuerzas políticas y los colectivos de
la sociedad civil organizada.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el centro de la agenda política, promoviendo un amplio acuerdo social mediante grupos de trabajo con objeto de establecer procesos de diálogo con las fuerzas políticas con
representación parlamentaria, las Comunidades Autónomas y entidades locales y los agentes sociales y organizaciones representativas del tercer sector de acción social (organizaciones de la iniciativa ciudadana o social, con fines de interés general
y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales), para realizar una evaluación compartida de las necesidades en materia de lucha contra la pobreza y acordar un Plan de lucha contra la pobreza y la
exclusión social con medidas eficaces capaces de dar respuesta a dichas necesidades, dotado económicamente de manera suficiente para garantizar la eficacia de las medidas que se acuerden. Los grupos de trabajo se constituirán en el plazo de 15 días
y sus trabajos deberán finalizar en el plazo máximo de 3 meses.


2. Aprobar un Plan contra la pobreza infantil acordado con las fuerzas políticas, las Comunidades Autónomas y las organizaciones de defensa de los derechos de la infancia, con medidas eficaces para brindar a los niños y niñas la protección
más eficaz contra la pobreza y la exclusión que cuente con la dotación suficiente para el cumplimiento de sus fines. El Plan incluirá:


- Un apartado específico sobre 'Alimentación Infantil' que contendrá las medidas y recursos suficientes para garantizar a niños y niñas que se encuentren en situación de necesidad tengan cubiertas sus necesidades básicas de alimentación,
accediendo, al menos a tres comidas diarias; habilitando para ello todos los medios a disposición de las administraciones públicas y en colaboración con las entidades del tercer sector.


- Un marco común para garantizar plenamente la realización de los derechos de los niños y las niñas en todo el territorio nacional acordado en las conferencias sectoriales de educación y asuntos sociales, así como en el consejo
interterritorial del sistema nacional de salud, disponiendo de los recursos necesarios para la protección y garantía de los derechos y necesidades de la población infantil.


- Medidas para impedir los efectos negativos de los recortes y de las reformas en sanidad en la atención sanitaria que reciben los niños y las niñas. Asegurar la protección de la salud materno infantil y lo controles del niño sano, que
abarque las medidas preventivas y de diagnóstico precoz así como la atención sanitaria eficaz y segura.


- Medidas para evitar las consecuencias de los recortes de la inversión pública y reformas en el derecho a la educación de los niños y las niñas. Potenciación de la educación infantil de primer ciclo. Disponibilidad de becas y ayudas a
libros, comedor escolar, transporte.


- El refuerzo de los servicios sociales para que puedan responder a la actual situación de la infancia, incluyendo la atención a los niños que han vivido desahucios y a los que residen en viviendas inadecuadas.


- Medidas de protección y prevención de la violencia contra la infancia, con los recursos humanos y materiales necesarios para combatir este problema.


3. Con carácter urgente, crear un Fondo de Emergencia contra la Pobreza y la Exclusión Social, dotado con mil millones de euros, para reforzar los mecanismos de atención directa a las personas y familias en situación de pobreza y exclusión
social, con especial atención a garantizar la cobertura de las necesidades de la infancia, que realizan mayoritariamente los servicios sociales municipales y las

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organizaciones de acción social, así como contribuir a garantizar las rentas mínimas de inserción autonómicas. Dicho fondo será financiado incrementando los tipos del impuesto de Patrimonio de manera extraordinaria y temporal, en tanto en
cuanto no opere un nuevo impuesto que integre la imposición de la renta y la riqueza.


4. Aprobar urgentemente un Plan contra la pobreza energética que contenga medidas de mejora de la eficiencia energética en construcciones residenciales y medidas para contribuir a la mejora de renta de las familias enmarcadas en la política
social, junto con una modificación de la legislación que aborde de forma inmediata:


- La definición de la pobreza energética sobre la base de aquellos consumidores vulnerables que deban destinar más de un diez por ciento de su renta al consumo energético.


- La existencia de una tarifa social asequible para la población vulnerable en cada uno de los suministros energéticos de ámbito doméstico. La tarifa no debe tener en cuenta las fluctuaciones del mercado sino la renta de las personas y la
capacidad para hacer frente a la factura. Su financiación se realizará a través de los Presupuestos Generales del Estado.


- La imposibilidad de que las empresas interrumpan el suministro energético destinado a la climatización de la vivienda durante los meses fríos a las personas en situación de pobreza energética.


5. Mejorar las estrategias de inclusión activa abordando la formulación de una política de garantía de ingresos común en todo el Estado, vinculada a la activación para el empleo, que permita garantizar unos mínimos de subsistencia a todos
los ciudadanos. Para ello, se llevará a cabo una reordenación integral de las distintas prestaciones con el objetivo de mejorar su cobertura, se establecerá con más claridad el ámbito de aplicación y se introducirán nuevos elementos de protección
si fuera necesario.


6. Promover una Ley de segunda oportunidad que, ante las deudas hipotecarias de las familias, permita en el caso de una insolvencia sobrevenida y no dolosa, acceder a un proceso concursal de reestructuración y quitas de deuda, que evite la
pérdida de la vivienda.


7. Modificar lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para declarar inembargable la renta activa de inclusión, las prestaciones de Servicios Sociales, las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia, las del Plan Prepara, la renta agraria y el subsidio para trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario, los subsidios por desempleo, las ayudas y becas al estudio, y otras análogas a éstas. De esta forma evitaremos
que estas prestaciones, de carácter netamente social, se utilicen para saldar deudas con terceros y no se dediquen a cubrir la necesidad para la que son concedidas.


8. Recuperar la aplicación plena de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, rectificando las modificaciones realizadas en la regulación del Sistema,
incluyendo las relativas a las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, el endurecimiento del copago, la disminución de la intensidad de las prestaciones; y procediendo a reponer el nivel acordado e incrementar la
aportación correspondiente al nivel mínimo hasta alcanzar la cuantía suficiente para hacer efectivos los derechos que garantizaba, en su redacción original, la Ley 39/2006, con arreglo al calendario de implantación inicialmente previsto.


Mantener los principios inspiradores de la Ley de Dependencia, singularmente en lo relativo al carácter público de las prestaciones del Sistema y a la configuración del mismo como una red de utilización pública, así como a la universalidad,
equidad y accesibilidad, que se han visto gravemente afectadas con medidas como el endurecimiento del copago. Se debe garantizar que nadie quedará excluido por razones económicas de los servicios con los que contaba antes del aumento del copago,
así como la equidad en el acceso a servicios y centros con independencia de la Comunidad Autónoma en la que viva.


Realizar una apuesta decidida por el desarrollo de la Ley de Dependencia centrada en las necesidades de las personas, en la calidad de servicios y prestaciones, y en la gestión de casos, asegurando una financiación suficiente y garantizando
su implementación con homogeneidad en todas las Comunidades Autónomas, reforzando para ello los controles públicos y los mecanismos de evaluación.


Impulsar la implantación de un sector profesional vinculado a los cuidados personales, favoreciendo la creación de empleo.


9. Recuperar el Plan Concertado de servicios sociales destinado a los Ayuntamientos y corporaciones locales, reintegrando la totalidad de su dotación presupuestaria, para que puedan atender las demandas de servicios sociales públicos de sus
ciudadanos, y devolver a las entidades locales las competencias en materia de servicios sociales.

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Elaborar un marco estatal de referencia que configure el Sistema Público de Servicios Sociales y que, con respeto al marco competencial y teniendo en cuenta un nivel de atención primaria gestionado desde la proximidad por la Administración
Local, pueda ordenar unas prestaciones mínimas garantizadas para todos los ciudadanos (incluyendo la gestión y las prestaciones de la Ley de Dependencia), así como unos criterios básicos en materia de calidad en la atención.


10. Derogar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que, además de vulnerar el principio de autonomía local constitucionalmente garantizado e interferir en su funcionamiento
democrático, perjudica a los ciudadanos que van disponer de menos servicios, más caros y menos eficientes.


11. Adoptar, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias, las medidas necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, así como para la mejora de su calidad de vida, y en concreto:


- Fomentar su acceso al empleo mediante la aprobación de una nueva regulación legal del empleo para las personas con discapacidad, el apoyo a los centros especiales de empleo, la reposición de los recursos destinados a las políticas activas
de empleo, y el cumplimiento de los porcentajes de reserva empleo establecidos para personas con discapacidad.


- Velar por el cumplimiento legal de la reserva de empleo para personas con discapacidad tanto en el empleo público como en la empresa privada.


- Aprobar, de manera urgente, el nuevo Plan de Acción para las Personas con Discapacidad, y dotarlo económicamente con la financiación necesaria para el cumplimiento de sus fines.


- Garantizar una educación inclusiva para todo el alumnado, con las adaptaciones y apoyos que requieran aquellos que presenten necesidades especiales, entre los que figurarán los medios necesarios para proporcionas educación bilingüe en
lengua de signos para las personas sordas.


- Adoptar las medidas necesarias para impulsar la accesibilidad universal en entornos, productos y servicios para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, con
la dotación económica necesaria.


- Remitir a las Cortes Generales, en el plazo más breve posible, un Proyecto de ley para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio de la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida.


12. Recuperar el consenso político y social respecto de la política española en materia de cooperación para el desarrollo. Para ello, en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo colaborarán todos los actores
implicados (Gobierno, Grupos Parlamentarios, ONGD, expertos, etc.) para alcanzar un consenso relativo a la posición del Estado español en la definición de los objetivos de la agenda post 2015 de las Naciones Unidas para el desarrollo.


13. Aprobar una reforma fiscal que contemple la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los pensionistas, los parados y los trabajadores con hijos a su cargo con ingresos inferiores a 16.000 euros.


14. Implementar medidas tributarias para que, con carácter excepcional, los rendimientos de trabajo procedentes de pensiones y haberes pasivos percibidos del extranjero por emigrantes retornados que no hayan sido declarados en el periodo en
el que fueron exigibles, puedan ser regularizados mediante autoliquidación complementaria, sin sanción, recargo o intereses de demora.


Propuesta de resolución núm. 12


Reforma fiscal.


La economía española necesita una profunda reforma fiscal que incremente la recaudación y mejore la equidad y la eficiencia sin aumentar el esfuerzo fiscal de los asalariados.


Nuestro sistema fiscal adolece de varios problemas:


1. Insuficiencia recaudatoria y elevada sensibilidad a los ciclos económicos. Desde que comenzó la crisis, España ha experimentado la mayor caída de los ingresos públicos de la zona euro (4,0 puntos

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porcentuales del PIB entre 2007 y 2012), sol superada por Chipre. Durante los últimos cinco años, la reducción de los recursos no financieros se debe en gran medida al pinchazo de la burbuja inmobiliaria que generaban ingresos de carácter
coyuntural a todas las administraciones públicas. Según Eurostat, los ingresos públicos alcanzaron el 37,1% del PIB en 2012, pese a las extraordinarias subidas de impuestos aprobadas por el Gobierno en los últimos años, situándose a 9,1 puntos
porcentuales de la zona euro.


Tabla 1. Evolución de los ingresos públicos en % del PIB


;2007;2012;Var. en pp


Eurozona;45,4;46,2;0,8


Bélgica;48,1;51,0;2,9


Alemania;43,7;44,8;1,1


España;41,1;37,1;- 4,0


Francia;49,9;51,8;1,9


Italia;46,0;47,7;1,7


Holanda;45,4;46,4;1,0


Austria;47,6;49,2;1,6


Portugal;41,1;40,9;- 0,2


Finlandia;52,7;54,4;1,7


Fuente: Eurostad y elaboración propia


El nivel actual de ingresos públicos podría poner en riesgo la sostenibilidad del Estado del bienestar y las necesidades de inversión en educación, formación e I+D+i, aspectos prioritarios e imprescindibles para mejorar la productividad y
garantizar un crecimiento sostenible.


2. Ineficiente. Tiene unos tipos marginales muy elevados, especialmente en el IRPF, tras el gravamen extraordinario aprobado por el Gobierno, y sin embargo, como hemos señalado anteriormente, una recaudación muy baja si la comparamos con
la media europea. Esto es debido a un exceso de deducciones en las principales figuras tributarias que son regresivas, distorsionan y reducen significativamente el tipo efectivo, algo que además de en el IRPF ocurre también en el Impuesto sobre
Sociedades, donde las grandes empresas (grupos consolidados) se benefician de numerosos beneficios fiscales que reducen significativamente el tipo medio efectivo por el que tributan.


3 Inequitativo e injusto. Excesivo peso de las rentas del trabajo medias y bajas, ya que soportan en torno a 8 de cada 10 euros recaudados, frente a una reducida participación de las rentas del capital, la riqueza patrimonial y las
sociedades.


Elevar la imposición sobre el factor trabajo en plena recesión económica, como ha hecho el Gobierno al acometer la mayor subida del IRPF de la democracia, ha sido un error cuyo efecto en 2012 y 2013 ha sido mayor destrucción de empleo, que
junto con la devaluación salarial de la reforma laboral ha mermado considerablemente la renta disponible de los trabajadores.


España es uno de los países en el que más ha aumentado la desigualdad desde que comenzó la crisis, lo que ha conducido a un preocupante empobrecimiento de las familias, existiendo el riesgo de que las diferencias de renta entre los hogares
se enquiste en la estructura social e impida, además un crecimiento sostenible de la economía española. Asimismo, la desigualdad en términos de riqueza es muy superior a la desigualdad en renta (el 10% de los individuos más ricos acumula un
patrimonio 135 veces más elevado que el 20% más pobre de la población española, mientras que en renta la diferencia es de 13 a 1 (Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España).


Nuestro sistema fiscal exime de tributación a los grandes patrimonios, que prácticamente, con mínimos requisitos, no pagan impuestos. Bien porque el gravamen de la renta personal excluye las rentas y ganancias de capital canalizadas a
través de diversos instrumentos financieros, hasta el momento de su liquidación (fondos de inversión; SICAVs; sociedades instrumentales; seguros y planes de pensiones personalizados; etc.), o bien porque tienen su riqueza en sociedades que se
considera desarrollan una actividad productiva y, como tales, la participación en las mismas está exenta del Impuesto sobre el Patrimonio.

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Entre las recomendaciones del informe Fiscal Monitor del FMI (octubre, 2013) llama la atención la necesidad de reforzar la imposición sobre la riqueza en las economías avanzadas, al ofrecer un considerable potencial de ingresos a un coste
relativamente bajo de eficiencia.


La salida de la crisis económica no puede apoyarse, como está haciendo el Gobierno, sobre los recortes en l+D+i, educación, sanidad y servicios sociales. Los contribuyentes con mayor capacidad económica, deben aportar más a la salida de la
crisis. Tenemos que avanzar hacia un sistema fiscal más justo y equitativo, que genere recursos suficientes para prestar y sostener los servicios públicos fundamentales que demandan los ciudadanos.


Igualmente, la actual separación de renta y patrimonio no permite valorar adecuadamente la capacidad económica del contribuyente, por lo que no es tomada en cuenta a efectos del acceso a servicios y ayudas públicas establecidas en función de
la renta declarada a través del IRPF (becas, guarderías, copagos, vivienda, etc.).


4. Elevado fraude y elusión fiscal, que es la principal lacra de nuestro sistema tributario, no solo porque impide conseguir los objetivos sociales y económicos del país, sino porque también es el principal elemento de injusticia. El
fraude fiscal es, sin duda, el impuesto más injusto para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.


El abuso de estrategias de optimización fiscal vulnera el espíritu de las normas y es también un fraude a la sociedad, siendo especialmente injusto el fraude o evasión sofisticada y compleja ligada a países de baja tributación o paraísos
fiscales, al estar fundamentalmente al alcance de los grandes patrimonios y empresas. Este fraude entronca además con diversas formas de corrupción y con otros delitos económicos. Los casos que están en la mente de todos demuestran que si somos
eficaces en la lucha contra el fraude fiscal lo seremos, por extensión, en atacar la corrupción.


Entre los efectos negativos del fraude fiscal, además de los relacionados con la financiación del Estado del Bienestar, también se deben incluir los relativos a la competencia desigual entre las empresas que defraudan y las que cumplen con
sus obligaciones y sus consecuencias sobre la competitividad de la economía. Las empresas que no declaran sus beneficios apenas los destinan a inversiones de futuro (innovación, internacionalización, etc.) y, por consiguiente, no se logra sentar
las bases para un crecimiento económico sostenible.


La Unión Europea estima que los Estados miembros dejan de recaudar un billón de euros al año debido al fraude y la elusión fiscal, superando dicha cantidad lo que destinan los Estados miembros a sanidad, y correspondiendo a más de cuatro
veces los recursos destinados a educación por la UE. En concreto, y en relación con España, la UE estima dicho fraude en 74.000 millones de euros anuales, muy por encima de países como Alemania, Francia o Reino Unido. La mejor manera de
incrementar la recaudación es ser realmente eficaz en la lucha contra el fraude fiscal.


Junto a la decidida lucha contra el gran fraude internacional, la elusión fiscal de las multinacionales, los paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperativas, debe incidirse también en la necesidad de abordar, en el ámbito interno y con
carácter urgente, cuantos cambios normativos sean necesarios para corregir los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que posibilitan la elusión fiscal, así como en la inexcusable necesidad de aumentar y mejorar los medios humanos y
materiales de las administraciones públicas competentes en la materia.


En definitiva, la necesaria reforma fiscal debe dirigirse a ampliar las bases imponibles, mejorar la equidad, eliminar ineficiencias y distorsiones e incrementar progresivamente la recaudación para garantizar la sostenibilidad de las
finanzas públicas y el Estado del bienestar sin acudir permanentemente al endeudamiento público.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en la próxima reforma fiscal adopte las siguientes medidas:


1. Imposición personal.


- Crear un nuevo Impuesto sobre las Personas Físicas (IPF), modificando profundamente el actual Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que tendrá como objeto la renta y el patrimonio de los contribuyentes. Dicho impuesto
tomará en consideración la capacidad económica derivada de la

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riqueza patrimonial, integrando en una figura tributaria única la valoración del patrimonio, de forma homogénea y sin excepciones, con la tributación de la renta, corrigiendo las dobles tributaciones que pudiesen generarse y estableciéndose
un mínimo exento lo suficientemente elevado para no incrementar la carga fiscal de las rentas medias. En especial, el nuevo IPF gravará la capacidad económica puesta de manifiesto por la titularidad de los diversos instrumentos financieros (fondos
de inversión; SICAVs; sociedades instrumentales; seguros y planes de pensiones personalizados; etc.) y por cualquier participación en todo tipo de entidades y sociedades.


La integración de renta y patrimonio en una única figura tributaria permitirá valorar adecuadamente la capacidad económica del contribuyente, que sería tomada en cuenta a efectos del acceso a los servicios y ayudas públicas establecidos en
función de la renta declarada a través del IRPF (becas, guarderías, copagos, vivienda, etc.).


- Establecer una reducción especial para los rendimientos del trabajo de los contribuyentes en situación de especial protección, de forma que se exima de tributación a desempleados, sujetos pasivos con cargas familiares y pensionistas cuyas
rentas totales no excedan de 16.000 euros.


- Fiscalidad del ahorro: equiparación de los tipos impositivos de las rentas del trabajo y del capital, estimulando el ahorro a largo plazo mediante un sistema de cuentas de ahorro individualizadas de carácter neutral en cuanto a los
instrumentos financieros elegidos.


- Revisar todas las deducciones y reducciones del actual IRPF que tienen carácter regresivo y distorsionan las decisiones de los agentes, como por ejemplo las correspondientes a planes de pensiones o rentas irregulares e indemnizaciones de
altos directivos.


- Revisar en profundidad el régimen de estimación objetiva en materia de actividades económicas, evitando su utilización para reducir la contribución tributaria y las obligaciones de los empleadores.


- Revertir el gravamen extraordinario en el IRPF para las rentas del trabajo adoptada por el Gobierno en 2012, bajando los tipos de gravamen en la imposición personal.


- Recuperar el gravamen efectivo en imposición sobre sucesiones y donaciones, estableciendo un tipo mínimo homogéneo a nivel estatal.


2. Imposición societaria.


- Reformar profundamente la estructura del Impuesto sobre Sociedades (IS), eliminando la mayoría de las deducciones que benefician fundamentalmente a las grandes corporaciones, acercando los tipos efectivos al tipo nominal del impuesto.


- Establecer, en su caso, una tributación mínima para las grandes empresas de modo que contribuyan a recuperar la recaudación y estabilizarla en el tiempo.


- Eliminar las distorsiones fiscales que limitan y condicionan el crecimiento empresarial, favoreciendo un mayor tamaño de nuestras empresas como requisito necesario para su internacionalización.


3. Imposición sobre el consumo.


- Recuperar el tipo reducido del IVA para la cultura (cine, teatro, música, etc.) y la educación (material escolar, etc.).


- Aplicar el tipo reducido del IVA para los bienes y servicios de primera necesidad (higiene íntima, pañales, etc.).


- Revisar, en el marco de la normativa comunitaria, las exenciones del IVA actualmente reconocidas a todas las actividades de la sanidad y educación privada no concertada, así como revisar el tipo impositivo que se aplica a cada tipo de bien
y servicio.


- Adaptar progresivamente la imposición de los consumos nocivos (alcohol y tabaco) a la existente en al ámbito de la Unión Europea, fomentándose hábitos de vida saludable.


- Defender, en el marco de la normativa comunitaria, la creación de un nuevo tipo de IVA incrementado para bienes y servicios de lujo.


4. Imposición en el sector financiero.


- Creación y puesta en marcha de manera inmediata en 2014 el Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF) acordado a nivel europeo por once países de la Unión Europea mediante un procedimiento de cooperación reforzada, que gravará no solo
la compraventa de acciones y bonos sino también otro tipo de operaciones financieras como los derivados, y cuyos ingresos se destinarán a financiar, adicionalmente

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a las previstas en los Presupuestos Generales del Estado, políticas sociales específicas dirigidas a las personas más vulnerables, así como para el incremento de los fondos de cooperación internacional contra el hambre, la pobreza y la
desigualdad en los países en desarrollo.


- Creación de un nuevo impuesto que grave el pasivo de las entidades, neto de capital y depósitos, para desincentivar la financiación bancaria vía endeudamiento.


- Creación del Impuesto sobre las Actividades Financieras que grave los salarios variables y los beneficios 'extraordinarios' de las entidades financieras para compensar la no existencia de IVA en el sector financiero.


5. Imposición medioambiental.


- Aproximar la imposición medioambiental a la media europea, introduciendo criterios de política ambiental en el sistema tributario de manera que se internalicen los costes externos y se incentiven comportamientos más respetuosos con el
medio ambiente, actuando prioritariamente en las áreas de transporte, energía y residuos.


6. Lucha contra el fraude fiscal.


- Incrementar en 5.000 empleados públicos (inspectores, técnicos, agentes tributarios, administrativos) los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los próximos cuatro años,
doblando su número actual, al objeto de situar a España en la media de los países de mayor tamaño de la Unión Europea y de paliar el efecto de la amortización de plazas previstas en la AEAT.


- Elevar la conciencia fiscal en España conociendo y corrigiendo las injerencias ilegítimas de los actuales responsables políticos en la AEAT.


- Defender en el seno de la UE la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales, y que las jurisdicciones que aparezcan en dicha lista deben estar sujetas a una lista consensuada de sanciones. Entre dichas sanciones se incluirán: la
suspensión de los vigentes convenios de doble imposición; las empresas localizadas en paraísos fiscales no podrán acceder ni a ayudas ni a contratación alguna con las administraciones de los estados miembros de las UE; pedir la revocación de las
licencias bancarias de las instituciones financieras que realicen operaciones en un paraíso fiscal y/o favorezcan activamente el fraude fiscal o que se nieguen a colaborar con las Autoridades Tributarias; no reconocer personalidad jurídica a las
entidades con domicilio en paraísos fiscales, etc.


- Defender en la Unión Europea, la revisión y aprobación de manera inmediata de la actual Directiva de la fiscalidad del ahorro que regula el intercambio automático de información, y que presenta importantes carencias, al estar limitada
actualmente a los intereses en cuentas corrientes y de depósito, y únicamente a las personas físicas.


- Impulsar y adoptar las medidas necesarias para que las grandes empresas multinacionales tributen en España por las operaciones generadas en el país. En particular, se promoverá la aprobación definitiva y entrada en vigor de la Base
Imponible Consolidada Común para las empresas que operan en la UE, que permita luchar efectivamente contra el uso de precios de transferencia ficticios en operaciones intra-empresa y que les permiten aflorar los beneficios en las jurisdicciones más
favorables fiscalmente.


- Instar a la OCDE que ponga en marcha un nuevo modelo de Convenio que incluya la filosofía de la Ley FATCA, basada en el intercambio automático de información., suprimiendo cualquier excepción dentro de la UE o los países de la EFTA.


- Exigir a las entidades financieras información sobre las empresas y particulares que tengan cuentas e intereses económicos en un paraíso fiscal.


- Crear una Oficina de Lucha contra el Fraude, integrada en la Agencia Tributaria, que coordine a los distintos departamentos de la Administración del Estado, colaborando igualmente con las restantes Administraciones Territoriales.


- Elaborar anualmente una Ley Antifraude que incorpore las modificaciones necesarias para corregir los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que posibilitan la elusión fiscal. Remitir al Parlamento un informe anual con la
evaluación de los resultados de la lucha contra el fraude y su comparación internacional.

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- Regular la responsabilidad solidaria de las instituciones financieras y asesores fiscales que colaboren en la evasión de impuestos y en la comisión de infracciones tributarias.


- Promover la supresión de los billetes de 500 euros, así como limitar los pagos en efectivo entre particulares y entre empresas, reduciendo los costes relacionados con los medios electrónicos de pago.


- Modificar la normativa tributaria de forma que, para los beneficios tributarios que superen una determinada cuantía, se permita conocer la identidad de los contribuyentes beneficiarios de los mismos así como su concreto importe.


- Realizar los cambios legales oportunos que posibiliten conocer el nombre de los grandes defraudares de nuestro país, comenzando por publicar la identidad de los defraudadores que se acogieron a la reciente amnistía fiscal, así como
reformar los procedimientos tributarios para poder perseguir de manera más eficaz el fraude de carácter organizado.


7. Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).


- A acelerar el proceso de negociación y de búsqueda de consenso con el Gobierno de Canarias en lo referido a la propuesta de renovación del REF canario para proceder, cuanto antes, a su envío a la Comisión Europea.


- Dicha propuesta estará especialmente enfocada, tal y como ha sido expresado por el Parlamento de Canarias, hacia la solución de los graves problemas que aquejan al mercado laboral de las islas y el impacto que está teniendo en la
integración social del Archipiélago. Igualmente, el nuevo REF apostará por la innovación empresarial, para poder fortalecer la competitividad de las empresas canarias y su internacionalización.


Propuesta de resolución núm. 13


Derechos y libertades.


A los incesantes recortes en las conquistas del Estado de Bienestar que estamos sufriendo desde el inicio de la legislatura, se le suma el profundo retroceso en derechos y libertades, que está conduciendo a España a una pérdida enorme de
calidad democrática. La agenda económica sistemáticamente prevalece sobre los derechos humanos, que sol son vistos por este Gobierno como fuente innecesaria de problemas.


La reforma de seguridad privada propuesta y actualmente en trámite de Senado rompe con la concepción de la seguridad como servicio público atribuido en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que a partir de ahora, sus funciones
podrán ser ejercidas según el criterio económico por la seguridad privada, es decir, lo que sea más barato.


La reducción del concepto de seguridad ciudadana a orden público está en el origen de reformas como el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que tal como ya se había indicado, y ahora informa el Consejo General del Poder Judicial,
tiene elementos claramente inconstitucionales en las soluciones adoptadas para enfrentar la protesta social por el Gobierno que consiste exclusivamente en la tipificación de todo un espectro de conductas nuevas o ya existentes, el incremento del
número y el importe de las sanciones administrativas y de la duración de las penas en el Código Penal.


Gran parte de las decisiones sobre personal, en el ámbito investigador del Cuerpo Nacional de Policía o en la Administración tributaria, que están relacionados con los casos Gürtel o Bárcenas, y desmintiendo las afirmaciones del Presidente
del Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados, el día 1 de agosto de 2013, han sido adoptadas con la parcialidad con que se acuerdan una parte relevante de las actuaciones del Gobierno en esta materia, alejándose claramente de la
observancia y defensa de los intereses generales.


Esta línea de recorte que impregna toda la política del Gobierno en cualquier ámbito, en materia de Justicia se implementa con la imposición de tasas las cuales por su importe impide el acceso a la justicia y en consecuencia limitan el
derecho a la tutela judicial efectiva a gran número de ciudadanos. En esa línea de recorte y privatización, promueve una reforma para privatizar el Registro Civil, priva a la administración de justicia de recursos imprescindibles para que puedan
dar tutela a los ciudadanos en tiempo razonable o perseguir con eficacia delitos graves como los de corrupción.

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Finalmente, es necesario que el respeto a los derechos fundamentales alcance también y sin ninguna duda a los de las personas inmigrantes que intenten acceder a territorio español. En este sentido, debe además recuperarse la ayuda de la
cooperación española a los países africanos de origen y tránsito de la inmigración, que en el primer año de este Gobierno ya ha sufrido un descenso del 75%, pasando de 872 a 211 millones de euros.


Por todo ello se presenta la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. No remitir a la Cámara el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, una norma que tiene por objeto coartar los derechos de reunión, manifestación y expresión, mediante la introducción de límites gubernativos no contemplados por el
constituyente y, disuadir mediante la amenaza de imposición de gravosas multas, del ejercicio libre de estos derechos; así como, revisando los expedientes instruidos por ejercitar el derecho de reunión y manifestación, proceda a archivar todos
aquellos que supongan, en su apertura, una aplicación restrictiva por la autoridad gubernativa de los derechos reconocidos por la Constitución.


2. Retirar la ley de seguridad privada, actualmente en trámite en el Senado y que, de ser aprobada, servirá exclusivamente para desmantelar el servicio público de la seguridad al permitir la cesión y/o sustitución en la prestación de
servicios por parte de la Administración a la seguridad privada, incluso en ámbitos y materias que constituyen el núcleo sustantivo del servicio público, lo que privará del mismo a quienes no se la puedan pagar.


3. Paralizar las reformas que comportan recortes de los derechos de los ciudadanos, como la reforma del Código Penal, así como aquellas otras que, como la privatización de los registros, comprometen el servicio público de la justicia por su
carácter privatizador. También deberá reforzar los medios materiales y personales de la Administración de Justicia y, especialmente, los de los juzgados y tribunales para resolver con rapidez y eficacia aquellos problemas que afectan muy
esencialmente a los ciudadanos y que cuestionan seriamente nuestro sistema democrático como los delitos relacionados con la corrupción.


4. Derogar la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de
febrero, que impiden el acceso a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.


5. Renunciar a llevar a cabo la restricción del principio de justicia universal, manteniendo la defensa de los derechos humanos como eje rector de las políticas del Gobierno de España.


6. Garantizar la imparcialidad y no instrumentalización de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni la utilización de algunos cargos policiales y determinadas unidades como la UDEF en la defensa de los intereses de altos cargos y
del Partido Popular en los procesos por corrupción que les afectan.


7. Que respete, en la elección para cargos policiales de libre designación, los principios de mérito y capacidad, que renuncie a su instrumentalización como elementos de represión de la protesta social, así como a la revisión del estatus
actual de la Guardia Civil mediante reformas legales no sometidas al necesario debate y transparencia social, así como a evitar las sanciones a los representantes de las miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que con toda
seguridad serán finalmente revocadas por los Tribunales.


8. Que para incrementar la seguridad en el medio rural de los ciudadanos en dicho territorio, la seguridad de sus propiedades y explotaciones, sus medios de vida y muy especialmente sus viviendas y luchar con eficacia, incremente los
efectivos y medios técnicos y materiales de la guardia civil destinados a esa lucha, así como a las labores de inteligencia e investigación de los delitos, y al control de todas aquellas actividades susceptibles o que puedan ser medio para
contribuir a convertir en valor económico el producto de los delitos.


9. Respetar los derechos fundamentales de las personas inmigrantes, instruyendo a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y especialmente a aquellos que prestan sus servicios en las fronteras terrestres, sobre los
procedimientos y actuaciones que, de conformidad a la legislación en vigor, deben seguir en relación con personas en situación irregular o que intenten acceder a territorio español, garantizando que toda persona que acceda a territorio español y
demande protección internacional vea estudiado su caso, y le sea concedida si reúne los requisitos para tener derecho a la misma, y retirando, de los elementos pasivos de protección de la frontera del territorio español, cualquier elemento que, como
las llamadas concertinas, pueda causar mutilaciones o lesiones graves a las personas.

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Asimismo, deben recuperarse los niveles de ayuda de la cooperación española al desarrollo de los países africanos de origen y tránsito de la inmigración y afrontar con estos países y en el seno de la Unión Europea la lucha eficaz contra las
mafias que trafican con seres humanos.


Propuesta de resolución núm. 14


Educación, cultura e I+D+i.


El Gobierno del Partido Popular ha llevado a España a una situación sin precedentes en áreas tan importantes como la educación, la cultura o la I+D+i, tres piezas fundamentales, entre otras, para lograr un crecimiento y desarrollo económico
basado en una formación de calidad, en el conocimiento, el esfuerzo, la creatividad, la investigación y Ia innovación, ingredientes que nuestro país necesita de forma urgente.


La aprobación de la LOMCE con el único apoyo del Partido Popular, rompe con consensos básicos mantenidos desde hace treinta años, y es otra muestra más de la incapacidad del Gobierno de establecer un diálogo con los agentes educativos que
lleve a un acuerdo pactado entre todos, que es lo que la sociedad realmente está demandando.


Siempre es necesaria la mejora constante de cualquier sistema educativo, desde la educación infantil hasta las enseñanzas universitarias, pero las mejoras que se deban abordar para lograrlo no deben olvidar ni los logros alcanzados ni los
objetivos que deben mantenerse: la calidad de la educación pública, la igualdad de oportunidades, la atención a la diversidad, la educación inclusiva, una Formación Profesional de prestigio adaptada a las necesidades de la sociedad y del sistema
productivo, la cooperación entre las administraciones competentes, la dimensión social de la educación, etc.


Es mucho más práctico y realista identificar cuáles son las medidas específicas que necesita nuestro sistema educativo para resolver problemas concretos, siempre contando con la participación de todos y cada uno de los agentes que
intervienen en ella, que imponer una ley que nadie quiere, una ley que, junto con los recortes, acabará por dinamitar el elevado nivel de equidad educativa con el que cuenta España en comparación con los demás países de la OCDE.


Y, desde luego, es imprescindible dedicar a la educación recursos presupuestarios suficientes para que los medios e instrumentos dedicados a estos fines sean realistas y efectivos, recuperando el esfuerzo inversor que de forma mantenida se
ha llevado a cabo durante los últimos años del Gobierno socialista.


En el terreno de la Cultura, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en el sector cultural, con la consecuencia de elevar 13
puntos el IVA a los productos y servicios culturales, un sector que representa el 3,2% del PIB y emplea a cerca de 500.000 trabajadores, que se ha visto asfixiado y con nulas expectativas de crecimiento.


En lo que respecta a la I+D+i, el gasto volvió a retroceder en 2012 en el 1,3% del PIB, mientras la media europea supera ya el 2% del PIB y continúa su línea ascendente con el objetivo de alcanzar el 3% en 2020, objetivo al que el Gobierno
de España ha renunciado formalmente. Ello nos coloca en una situación de desventaja para afrontar la salida de la crisis y el asentamiento de un modelo económico basado en el conocimiento, ya que existe una clara correlación directa entre el
crecimiento económico y el gasto interno en I+D+i.


Estas actuaciones por parte del Gobierno hicieron que la comunidad científica propusiera una serie de medidas y actuaciones concretas en el llamado 'Colectivo Carta por la Ciencia' que desde el Grupo Socialista suscribimos.


Tras más de dos años de este gobierno, ha habido tiempo más que suficiente para darse cuenta del error económico y social que ha supuesto esta política de recortes.


Por todo ello, se presenta Ia siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. En materia educativa:


- Impulsar de forma urgente las iniciativas necesarias para derogar la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, por tratarse de una norma profundamente ideológica,

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cuya aplicación provocaría el deterioro de la equidad y la calidad en la Educación pública, menoscabando la igualdad de oportunidades y de trato, conculcando las competencias educativas y linguísticas de las Comunidades Autónomas y
alejándonos de los objetivos internacionales en esta materia, paralizar de forma inmediata su aplicación; y reducir la ratio de alumnos por aula, tanto en Educación Primaria como en Secundaria, para que sea posible desarrollar una educación de
calidad.


- Garantizar el mantenimiento de un sistema educativo basado en una educación pública de calidad, una educación que cuente con la participación de las administraciones y de toda la comunidad educativa, de padres y madres, profesorado,
alumnado, sindicatos y fuerzas políticas, donde el consenso y el diálogo sea el método y el único camino para establecer las medidas que se consideren necesarias para la mejora de nuestro sistema educativo.


- Introducir en el currículum educativo de todos los niveles la perspectiva de género y los conceptos de igualdad entre hombres y mujeres, de diversidad familiar y sexual y de la lucha contra la violencia de género.


- Específicamente, y como medida imprescindible para mejorar la Formación Profesional, elaborar y aprobar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, un Plan Estatal para su fomento, que contemple, al menos, las siguientes medidas:


• Realizar un análisis del número de plazas necesarias en FP para acoger a los aspirantes que no han podido acceder por la escasez de oferta. De acuerdo con este análisis financiar, en colaboración con las CC.AA., la creación de un número
suficiente de plazas, especialmente en Grado Medio que, de acuerdo con el Mapa de la FP 2011, ascenderían a un mínimo de 100.000 plazas anuales.


• Regular la FP Dual del sistema educativo delimitando los derechos y obligaciones de centros, alumnos y empresas y los requisitos que han de reunir las empresas en cuanto a instalaciones y formación de profesionales, así como la proporción
mínima de trabajadores y alumnos en formación.


• Realizar los cambios normativos necesarios para implantar la Formación Profesional Básica en un plazo razonable con garantías de legalidad y calidad estableciendo, al mismo tiempo, las condiciones necesarias para que el alumnado que lo
curse pueda obtener el Título de Graduado en Secundaria.


• La fijación de convocatorias anuales de proyectos de innovación docente en Formación Profesional, así como el fomento del desarrollo de cursos de especialización.


• Restablecer la normativa derogada en 2012 que dotaba de flexibilidad y permeabilidad al sistema de Formación Profesional en el seno del sistema educativo sin menoscabar, como prevé la LOMCE, la formación básica necesaria para acceder a
estos estudios.


- Por su parte, el Gobierno adoptará medidas para reducir el importe de las matrículas y facilitar el acceso a las becas de los estudiantes universitarios, y de manera específica se le insta a:


• Promover, en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria, el establecimiento de límites que permitan a las Comunidades Autónomas restablecer los precios públicos en los niveles anteriores a la aplicación de lo dispuesto por
el Real Decreto-ley 14/2012, así como la extensión de mecanismos que faciliten el pago aplazado de los mismos.


• Realizar una convocatoria extraordinaria de ayudas al estudio dirigida a la cobertura total o parcial de los precios públicos de matrícula de aquellos estudiantes que por su situación económica no puedan asumir el pago de los mismos.


- En materia de becas y ayudas al estudio, el Gobierno garantizará un sistema de becas que asegure que ningún estudiante abandone los estudios postobligatorios por motivos económicos, manteniendo su consideración como derecho al que se
accede por el cumplimiento de los requisitos de renta y académicos y sin dificultar el acceso y mantenimiento a las mismas por los estudiantes. Para ello:


• Suprimir las mayores exigencias introducidas para la obtención de becas restableciendo los requisitos académicos dispuestos en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al
estudio personalizadas, que ha sido vulnerado por los Reales Decretos 1000 y 609 de 2012 y 2013, respectivamente, al haber elevado los requisitos académicos tanto para el acceso como para el mantenimiento de las Becas y Ayudas recibidas, lo cual
está teniendo como resultado el abandono de los estudios universitarios de aquellos estudiantes que son más vulnerables económicamente, lo que acentúa la quiebra de la igualdad de oportunidades.

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• Recuperará las convocatorias, los créditos y las cuantías de las becas generales, restituirá las SÉNECA e incrementará el número de las FPU. En lo que respecta a las becas ERASMUS, eliminará las trabas establecidas con los nuevos
requisitos recuperando los anteriores.


- Impulsar convenios de reciprocidad para la homologación de títulos, tomando las medidas pertinentes para agilizar la tramitación de convalidaciones y favorecer la extensión de los servicios de la UNED en las sedes de nuestra Administración
en el Exterior (exámenes, pruebas de selectividad, acceso a la universidad para mayores de 25 años) como oferta de formación en niveles educativos superiores para españoles desplazados.


- Modificar la actual regulación de las Aulas de Lengua y Cultura Española para garantizar el efectivo aprendizaje del nuestro idioma para los residentes españoles en países de habla no española.


2. En materia de Cultura:


- A rebajar el tipo impositivo del IVA referido a los bienes y servicios culturales por cuanto desde la entrada en vigor de la subida de 13 puntos porcentuales operada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, el sector cultural se ha
visto asfixiado y con nulas expectativas de crecimiento.


- Asimismo, insta al Gobierno a rectificar el error que representa renunciar a un modelo de crecimiento económico basado en la creatividad y en el valor añadido que va a asociado al talento y a la innovación.


3. En materia de I+D+i:


- A acometer una Planificación plurianual que permita la recuperación, en los tres próximos ejercicios presupuestarios, de los niveles de financiación pública de 2009 en I+D÷i civil en los capítulos 1 a 7, garantizando una financiación
sostenida que represente un porcentaje de los ingresos del Estado similar a la media europea.


- Eliminar los actuales límites de la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D, que permita la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D+i y a su convergencia con Europa
en el número de personal de investigación por habitante.


- Garantizar la normalización y el cumplimiento de todas las actuaciones previstas en los Planes Estatales de investigación, tanto en lo relativo a los plazos de sus convocatorias como en la resolución de las mismas.


- Crear la Agencia Estatal de Investigación prevista en la Ley de la Ciencia de 2011, que mediante el contrato programa y los presupuestos plurianuales correspondientes tenga la encomienda de gestión de los Planes Estatales de Investigación,
con criterios estrictamente científicos y la autonomía necesaria para ello, con el consiguiente control parlamentario.


Propuesta de resolución núm. 15


Para el impulso del sector agrario y pesquero, el desarrollo rural, la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.


El Sector Agroalimentario español que conforman, la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria, constituyen un sector fundamental de la economía española. El medio rural supone el 90 % del territorio nacional e integra al 20 %
de la población, su facturación y datos de empleo, junto al dinamismo e internacionalización, lo sitúan en un lugar primordial de la economía, por eso, no puede ser sometido al abandono que las políticas del Gobierno del Partido Popular,
especialmente la política presupuestaria.


Este sector se enfrenta, en la actualidad, a retos innegables. La reforma de la Política Agraria Común (PAC) que representa el 30% de la Renta Agraria, con un nuevo sistema de reparto de las ayudas para el período 2014-2020, que supondrá,
previsiblemente, una disminución generalizada de las ayudas, el incremento de los costes de producción (con especial mención al incremento de la tarifa eléctrica en regadíos), los desequilibrios en la cadena alimentaria y el abandono al que el campo
y las pequeñas poblaciones costeras que viven de la costa, el mundo rural, tiene sometido las políticas del Partido Popular, por citar solo algunos ejemplos, ponen en peligro la propia pervivencia de un gran número de empresas en este sector.

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Algo parecido sucede con el sector pesquero. La pesca se enfrenta en 2014 a retos decisivos para su futuro. La culminación de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), instrumento
financiero imprescindible para su implementación y desarrollo, es inminente.


Desde el 1 de enero de 2014 se ha comenzado a aplicar la nueva PPC, acordada ya por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea. Con ella se pretende volver a situar las poblaciones de peces en niveles sostenibles, poniendo coto a las
prácticas pesqueras excesivas (apoyo a la pesca artesanal, prohibición progresiva de los descartes, priorización de la acuicultura...). Con ello se crearán nuevas oportunidades de desarrollo económico y de empleo, tanto directo como en la industria
auxiliar, y se permitirá la estructuración territorial de las zonas costeras y su peculiar modo de vida. Para lograrlo es absolutamente imprescindible mejorar el conocimiento científico acerca de la situación de los caladeros y poblaciones.


Las actividades vinculadas a la tierra se desarrollan en el medio rural y ocupan buena parte del medio natural y contiene los espacios con valores especiales que han sido objeto de algún tipo de protección bien por razones de interés general
o comunitario. Lejos de buscar un modelo de desarrollo sostenible que persiga el mantenimiento de estas actividades tradicionales, a la vez que la preservación de la biodiversidad, asistimos a la apertura de una nueva brecha social, en este caso
rural-urbana, poniendo en riesgo el mantenimiento de los servicios públicos en el medio rural y la viabilidad de las actividades económicas agrarias y pesqueras.


Simultáneamente, el Gobierno de España ha ido adoptando un conjunto de medidas que tienen como objetivo una desenfrenada carrera de desprotección que afecta a todos los ámbitos y está modificando todas las Leyes, desde las de Residuos,
Impacto Ambiental, Responsabilidad Ambiental, Costas, Aguas, Parques Nacionales, etc. Esta política, aunque sea reversible en términos jurídicos, puede generar daños de difícil o imposible reparación porque está sometiendo a los bienes ambientales
a una proceso de privatización, especulación y mercantilización con consecuencias imprevisibles.


De forma paralela, mediante la reforma de la Ley de Costas, insiste en un modelo especulativo, causante de la desastrosa burbuja inmobiliaria, sobre la franja costera, a la vez que se desentiende de las medidas de prevención, mitigación y
adaptación al cambio climático.


Nuestras propuestas pretenden regresar a una política ambiental compatible con un desarrollo económico sostenible y poner en el lugar que le corresponde en importancia a la lucha contra el cambio climático considerando que es uno de los
retos globales más importantes de nuestro siglo.


De cómo enfrentemos estos retos depende en gran medida el futuro del sector agroalimentario en nuestro país, el equilibrio territorial, la defensa de la biodiversidad y la cohesión social y territorial.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputadas insta al Gobierno a:


En materia de Agricultura y Desarrollo Rural


1. Concretar, de forma definitiva, el nuevo sistema de reparto de las ayudas derivadas de la PAC, que tenga en cuenta la opinión de las Comunidades Autónomas e incorpore a las Organizaciones Profesionales Agrarias, así como a las
organizaciones de carácter sindical, económico, social y ambiental vinculadas al medio rural, y que, en todo caso, considere:


a) En relación con el primer pilar, la utilización de los instrumentos que permite el Reglamento de la Unión de Europea para conseguir un modelo de ayudas para España más justo y que:


- Dé prioridad al destino de las ayudas directas a los agricultores profesionales, más competitivos y que creen más empleo, abordando una correcta definición de la figura del agricultor activo.


- Defina adecuadamente los supuestos de beneficiarios de las ayudas excluidos, evitando que las Administraciones Públicas, el Ejército y la Iglesia perciban ayudas FAC.


- Presente, de forma inmediata, el Plan de regionalización que delimite adecuadamente las regiones agronómicas y concrete las hectáreas elegibles y la cuantía a percibir por hectárea en cada caso.

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- Utilice el 15%, que como máximo permite el Reglamento UE, para pagos acoplados, concretando la ayuda para cada cultivo o producción ganadera por hectárea o cabeza de ganado y que se incluyan, entre otros, el olivar en pendiente y el trigo
duro.


b) En relación con el segundo pilar, proceder a la reasignación de fondos FEADER respondiendo a criterios objetivos y equilibrados, que eliminen el perjuicio en el reparto a la Comunidad Autónoma de Andalucía.


Asimismo, en materia de Desarrollo rural, resulta imprescindible reponer la aportación que corresponde a la Administración General del Estado al nivel que tenía en el período anterior (50%) y elaborar, de forma inmediata, el Programa
Nacional de Desarrollo Rural e impulsar la elaboración de los Programas Regionales, así como establecer los mecanismos que eviten posibles pérdidas de fondos europeos por falta de ejecución de fondos FEADER.


2. Adoptar, con carácter inmediato, medidas que permitan establecer tarifas de acceso eléctricas, más baratas que las actuales, para las explotaciones de regadío, que se ajusten a las particularidades de consumo estacional de este sector y
fomentar el establecimiento de contratos de temporada que permitan disponer al consumidor distintas potencias, adaptando su tarifa a la realidad de su consumo.


3. Recuperar la aportación presupuestaria al Plan Nacional de Seguros Agrarios que reponga la aportación a 300 millones de euros y comprometer, en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura, la colaboración de las Comunidades
Autónomas para mantener los niveles de aseguramiento.


4. Asegurar el mantenimiento de las plantas de tratamiento de purines, manteniendo la vigencia del acuerdo suscrito entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Asociación de Empresas de Desimpacto Ambiental en el año 2007, que
impida el cierre inmediato de la totalidad de las plantas y, en consecuencia, evite, además de un daño irrecuperable a la industria y al sector porcino, perjuicios irreparables al medio ambiente.


5. Remitir al Congreso de los Diputados un Real Decreto-Ley en el que se incluyan las medidas concretas necesarias, y no contempladas en el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, para compensar de manera suficiente los daños ocasionados
en la agricultura y la ganadería por los temporales que han tenido especial incidencia en la Cornisa Cantábrica, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Extremadura.


Asimismo, atender a la reducción para el período impositivo 2013 de los índices de rendimiento neto terceros aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales en todo el territorio nacional.


En materia de pesca


En el marco del proceso de reforma de la PPC:


1. Mantener una posición firme en la defensa del sector pesquero español ante las instituciones europeas en las negociaciones de Protocolos pesqueros con terceros países (dimensión exterior de la PPC), garantizando, la explotación duradera
de los recursos pesqueros también en aguas extracomunitarias y que las paradas de la flota española se deban realmente a necesidades de recuperación de los caladeros y que se basen en datos científicos reales. En su caso, arbitrar ayudas que palien
la situación de parada temporal de la flota y de los armadores, pescadores y trabajadores de la industria adyacente (conserveras, refieras...).


2. Apostar, de forma decidida, por la pesca artesanal, no definida exclusivamente en función del tamaño de las embarcaciones o el tiempo de pesca, sino como aquella que utiliza artes de pesca respetuosos con el medio ambiente, es decir,
sostenible.


3. Incrementar el esfuerzo dedicado a I+D+i en el ámbito pesquero, que permita que nuestra flota sea más competitiva y, en su caso, su conversión a artes de pesca compatibles con la conservación de los recursos, el desarrollo de la
acuicultura, así como que las decisiones en relación a cuotas o TACS se apoye en datos científicos recientes y reales.


En especial, se considera necesario que el Gobierno consiga de las autoridades europeas, en el menor plazo posible, el incremento progresivo de la cuota de atún rojo, basándose en el informe del comité científico del ICCAT (Comisión
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico), sobre el estado de la población y en las valoraciones científicas efectuadas sobre la mejora observada en este recurso.

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4. Reconocer el tratamiento diferenciado que merece la acuicultura, potenciando su desarrollo y estableciendo ayudas específicas y suficientes para que se desarrollen nuevos proyectos o nuevas especies.


5. Establecer medidas y ayudas (o apoyar las iniciativas que a nivel local ya existen) que permitan la diversificación del sector pesquero ante su necesaria redimensión (turismo, defensa del medioambiente, acuicultura...) y, en
consecuencia, el desarrollo sostenible de Ias zonas rurales pesqueras.


6. Reconocer la situación de la mujer y sus derechos jurídicos laborales y sociales en el sector pesquero, marisquero y acuícola, mediante, entre otras medidas:


a) La incorporación de la perspectiva de género y el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la normativa nacional sobre pesca y, en su caso, en la normativa comunitaria. Para ello se impulsará la realización de
estudios sobre la situación de la mujer en el sector pesquero y la elaboración de indicadores de género en el mismo, especialmente en la pesca extractiva donde su presencia es absolutamente minoritaria, así como medidas que favorezcan la
incorporación de la mujer en estos ámbitos.


b) La puesta en marcha de políticas activas de empleo que presten especial atención a la incorporación de la mujer o, en su caso, a la consolidación de sus puestos en Ias denominadas actividades alternativas (investigación científica,
acuicultura, comercialización directa, turismo rural, ...) a la pesca estrictamente considerada y favoreciendo la participación de las mujeres en los programas de formación existentes en el sector pesquero e industria adyacente.


c) Asegurando las ayudas necesarias en caso de interrupción -temporal o definitiva- del trabajo, el derecho a una pensión, articulando medidas de conciliación entre la vida profesional y familiar, así como protección frente a los riesgos a
los que se exponen al trabajar en el sector marítimo.


En materia de Medio Ambiente y Cambio Climático


1. Remitir a las Cortes Generales, de forma inmediata, un Proyecto de Ley de lucha contra el Cambio Climático, que establezca la agenda de reducción de CO2 con horizonte 2050 y con objetivos para 2025, 2030 y 2040, que, entre otras
cuestiones, incorpore la obligación de destinar lo obtenido en las subastas de derechos de emisión al Fondo Español del Carbono y la obligación para las empresas de presentar cuentas anuales con estimación de huella ecológica en el registro
mercantil. Asimismo, incluirá medidas para la introducción de técnicas de captura, secuestro y almacenamiento de CO2 en centrales termoeléctricas que permita la combustión limpia del carbón autóctono.


2. Detener su estrategia de devaluación interna que pretende suprimir la internalización de los costes que los operadores económicos y los consumidores debemos hacer frente cuando existen impactos ambientales, que está acometiendo en todos
y cada una de sus manifestaciones en materia de residuos, costas, evaluación ambiental, agua y ahora pretende atacar la regulación de Parques Nacionales o la responsabilidad ambiental.


3. Recuperar la sostenibilidad ambiental como un eje transversal en el modelo de desarrollo económico, teniendo como prioridades:


- la lucha contra el cambio climático, la promoción de un modelo energético y de transporte eficaz, eficiente y apoyado en fuentes energéticas locales y renovables;


- la conservación y puesta en valor de nuestra biodiversidad y de modelos sostenibles de agricultura;


- la reducción de la contaminación y mejora de la eficiencia en el uso de todos los recursos naturales;


- y la protección y conservación de los elementos vinculados al medio natural (aguas, montes, bosques, playas...), evitando su privatización y mercantilización.


4. Ante los temporales que han azotado las costas españolas durante el mes de febrero de 2014, que han causado cuantiosísimos daños materiales y que han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las construcciones en zona de dominio público
o adyacentes, existen más razones si cabe para: instar al Gobierno a que en el plazo de seis meses presente un Informe al Congreso de los Diputados evaluando las incidencias en el dominio público marítimo-terrestre del cambio climático, en donde se
especificarán evaluaciones de la vulnerabilidad y de los riesgos y se propondrán medidas de prevención, mitigación y adaptación para hacer frente a sus posibles efectos.


5. Eliminar de la Ley de costas aprobada en 2013 los elementos inconstitucionales que ya han sido objeto de recurso, que suponen una desprotección ambiental y los que favorece la privatización y la

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especulación en zonas costeras hasta ahora protegidas y que atiende intereses privados en perjuicio del interés general.


6. En relación con la contaminación, incorporar la reducción de la contaminación como un objetivo de nuestro modelo productivo adoptando medidas contra las diferentes formas de contaminación atmosférica, terrestre, de las aguas, lumínica y
acústica, internalizando el coste de la contaminación en los procesos de desarrollo urbano residenciales e industriales a la vez que se incentivan las tecnologías más limpias y eficientes.


7. Proteger y poner en valor nuestra biodiversidad, reforzando los sistemas de conservación de la naturaleza, en especial a través de las siguientes medidas:


- El desarrollo de los Espacios Protegidos en la Red Natura 2000, dando protagonismo a los ciudadanos y sus organizaciones, a través del voluntariado ambiental y la custodia del territorio.


- La protección de nuestro patrimonio forestal, impidiendo su privatización y articulando políticas activas de prevención y lucha contra los incendios forestales, incluida la activación de programas de reforestación con suficiente apoyo
presupuestario.


- El mantenimiento del nivel de protección de los Parques Nacionales como depositarios de espacios de interés general y los criterios homogéneos de gestión en la preservación de la biodiversidad, en cooperación con las Comunidades Autónomas,
que asumen competencias de gestión en este ámbito.


8. Rectificar su política del agua como recurso indispensable para la vida y para el desarrollo económico especialmente escaso en España, para garantizar su utilización racional y el acceso al agua de calidad en cuantía suficiente a todos
los ciudadanos incluso en periodos de sequía, así como el mantenimiento de los ecosistemas fluviales, derogando todas aquellas medidas adoptadas que, de facto, suponen una privatización y mercantilización del agua a través de un mercado de derechos
concesionales entre particulares.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en
torno al estado de la Nación la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 16


Ante la evidente y demostrada infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, que acarrea graves perjuicios a su población, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar la demanda social de cambio en la situación política y
económica del pueblo valenciano, mediante la ejecución de las siguientes acciones:


- Llevar a cabo una auditoría ciudadana independiente de las cuentas de la Generalidad Valenciana y todas las entidades creadas bajo su financiación total o parcial que permita aclarar el alcance de la deuda ilegítima de la administración
autonómica para frenar el pago de la misma y los intereses que está generando y que actúe con total transparencia.


- El reconocimiento y plan de pago de la deuda histórica nacida de la infrafinanciación y sus costes financieros padecida por nuestro territorio que mantiene el Estado con la Comunidad Valenciana, en la cuantía establecida por el comité de
expertos de las Corts Valencianas que cifran en 13.449 millones durante el período 2002-2012.


- La revisión del modelo de financiación, adoptando el modelo de Concierto económico responsable que parta del nivel de población bajo el compromiso de destino de los recursos públicos a la ejecución y desarrollo de las políticas sociales
que necesita y demanda el pueblo valenciano.


- La autorización de una consulta ciudadana sobre la política de privatización de la gestión sanitaria a través del modelo de concesiones a empresas privadas y de adjudicaciones de parte de los servicios que se prestan en el ámbito de la
salud pública.

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- Acordar el traspaso de la gestión de los aeropuertos a la Comunidad Autónoma junto con el traspaso de la gestión de la red de trenes de cercanías y regionales dentro del territorio valenciano incluyendo en la negociación la financiación
para vertebrar el territorio, mejorar y en su caso ampliar la red, como las líneas Castelló-Vinarós, Xátiva- Alcoi y Gandia-Dénia-Oliva.


- Acordar el rescate de la gestión de la AP7 garantizando su absoluta gratuidad.


- Abandonar el apoyo y resolver en sentido negativo los expedientes de autorización para llevar a cabo a las prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo y la búsqueda de gas e hidrocarburos mediante la técnica del fracking o fractura
hidráulica en Castelló al tiempo que realice las acciones necesarias para abordar el desmantelamiento de la plataforma castor.


- Acordar el cierre del centro de internamiento de extranjeros sito en zapadores, Valencia, con el fin de evitar nuevos casos de maltrato a inmigrantes y garantizar la protección de los derechos humanos y la legislación española.


- Acordar garantizar a las comarcas de la Ribera la concesión del agua de boca, un plan de regeneración de los acuíferos contaminados, y medidas para frenar la sobreexplotación del río Xúquer.


- Acordar el incremento de las ayudas a la agricultura valenciana.


- Acordar el cierre definitivo de la central Nuclear de Cofrentes junto con un plan de inversiones para la comarca la Vall d'Aiora basado en la sostenibilidad y la creación de empleo.


- Acordar el incremento de la plantilla de personal para las oficinas del FOGASA situadas en la Comunidad Valenciana con el fin de acelerar la tramitación y resolver los expedientes pendientes.


- Acordar apoyar la reapertura inmediata de las emisiones de RTVV.


- Acordar el compromiso público de no indultar a ningún político valenciano condenado por delitos relacionados con la gestión del dinero público o la recaudación como es el fraude fiscal.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Enrique Álvarez Sostres,Diputado de FORO, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputado, con motivo del debate de política general en torno
al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 17


En 2000, el Gobierno presidido por José María Aznar rectificó la histórica marginación ferroviaria que padecía Asturias e incorporó la línea Madrid-Asturias a la red europea de alta velocidad, iniciándose las obras de la variante de Pajares
en 2004, de modo que los dos grandes túneles de 25 kilómetros cada uno, deberían entrar en servicio en 2010.


El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió la construcción de una nueva estación de tren en León, al margen de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias, el llamado 'Fondo de saco', inaugurado en 2011.


De esta forma, se obligaba a todos los trenes que paran en León a desviarse de la línea Madrid-Asturias, a detenerse y a retroceder marcha atrás antes de continuar, bien a Asturias, bien a Madrid, según el sentido de la marcha.


Así, se penaliza a los viajeros con la pérdida de 25 minutos en León para circular por una línea de alta velocidad que estaba diseñada para acortar los tiempos de viaje.


Las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy en la línea ferroviaria Palencia-León-Asturias no rectifican, sino ratifican y confirman este anacronismo ferroviario, impropio del siglo XXI e insólito en la moderna política ferroviaria europea,
que tanto daño hace a los asturianos.


El final en León de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias supone también un acto muy grave de despilfarro de una inversión superior a los 3.000 millones de euros ya realizada en la variante de Pajares.


El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a facilitar la conexión de Asturias por AVE. La Ministra de Fomento se ha comprometido en varias ocasiones a la conclusión de una obra
fundamental para corregir el aislamiento de Asturias respecto al resto del territorio nacional.

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Por ello, se presenta la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta la Gobierno a:


Acelerar la puesta en servicio de la línea de alta velocidad Madrid-León-Asturias prevista en su día para el año 2010, mediante las acciones consistentes en:


1.º Suprimir, de manera urgente, el denominado 'Fondo de saco' de la nueva estación ferroviaria de León, para corregir sus efectos penalizadores sobre los tiempos de recorrido de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias.


2.º En tanto se transforma al ancho internacional el tramo León-Asturias de la línea de alta velocidad, instalar el intercambiador de ancho en Pola de Lena y no en León donde actualmente proyecta construirlo el ADIF.


3.º Poner urgentemente en servicio con carácter prioritario y en ancho internacional (UIC) los dos túneles del tramo de alta velocidad La Robla-Campomanes (Variante de Pajares), habida cuenta de la alta inversión ya realizada en este tramo y
de los requerimientos comprometidos ante la Unión Europea que cofinanció su construcción como línea de alta velocidad,


4.º Licitar y adjudicar en 2014 la redacción del proyecto correspondiente al acondicionamiento para alta velocidad del tramo León-La Robla, con plazo de ejecución no superior al 31 de diciembre de 2015.


5.º Redactar y aprobar antes de finalizar el año 2015 el Estudio Informativo del Trazado de las obras de acondicionamiento de la línea desde Pola de Lena hasta Oviedo, Gijón y Avilés, para garantizar la llegada de la alta velocidad
ferroviaria a toda Asturias.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de doña Ana María Oramas González-Moro y don Pedro Quevedo Iturbe, Diputados de Coalición Canaria-Nueva Canarias, presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso
de los Diputados, las siguientes propuestas de resolución con motivo del debate sobre el estado de la Nación del año 2014.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.- Ana María Oramas González-Moro y Pedro Quevedo Iturbe, Diputados.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 18


Sobre el régimen económico y fiscal de Canarias.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cerrar definitivamente con el Gobierno de Canarias el acuerdo para la reforma del régimen económico y fiscal de Canarias que garantice el sostenimiento y la creación de empleo en el
archipiélago sobre la base de la resolución unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Canarias de fecha 17 de julio de 2012 y que cuenta con el respaldo de los agentes económicos y sociales de las Islas.


Propuesta de resolución núm. 19


Sobre el apoyo a las políticas de empleo en Canarias.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar que los fondos destinados al impulso de la creación de empleo, políticas activas de empleo y formación de los trabajadores en Canarias sean consecuentes con las cifras de personas
desempleadas en las islas, y con el cumplimiento de los objetivos acordados por todas las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Empleo y Seguridad Social.

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Así mismo, dado el elevado índice de paro entre los jóvenes de Canarias, insta al Gobierno a que garantice la máxima aplicación de los fondos para empleo juvenil, todo ello en coordinación con el Gobierno de Canarias.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos Berruezo, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general, la
siguiente propuesta de resolución de medidas para la regeneración del mercado de empleo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Uxue Barkos Berruezo, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 20


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer las siguientes medidas para la optimización de herramientas institucionales, la racionalización de las grandes infraestructuras y la regeneración del mercado del empleo.


1. Optimización de herramientas institucionales:


a) Cumplimiento del compromiso suscrito en la Ley de Presupuestos de 2013 para garantizar la presencia de Navarra en el ECOFIN en los supuestos previstos.


b) Revisión de los límites de déficit y deuda impuestos a Navarra.


2. Racionalización de las grandes infraestructuras.


- Revisión y paralización de los planes de recrecimiento del pantano de Yesa en tanto en cuanto no se garanticen las condiciones de seguridad.


3. Regeneración del mercado de trabajo:


3.A Propuestas para la creación de empleo y para combatir la temporalidad:


a) Revisión en su conjunto de la reforma legislativa derivada de la Reforma Laboral.


b) Apoyo presupuestario a programas de autoempleo.


c) Exploración, definición y promoción de nuevos sectores sostenibles de creación de empleo.


d) Empleo joven:


- Revisión de los criterios de inversión y reparto de los fondos de garantía juvenil.


- Medidas específicas de apoyo económico e institucional al cooperativismo juvenil.


- Impulso al autoempleo juvenil.


d) Apoyo a Pymes, Micropymes y Autónomos:


- Garantizando la devolución del IVA en el tiempo y forma marcados por ley y exigiendo el cumplimiento escrupuloso de las recomendaciones europeas en este sentido.


- Propiciando el mantenimiento de los centros de decisión en el territorio.


- Garantizando el circulante, comprometiendo a las entidades financieras principales perceptoras de fondos en la zona euro.


- Establecer una línea específica de avales para apoyar procesos de reestructuración de balances de Pymes y Micropymes viables con dificultades de tesorería.


3.B Formación:


a) Capitalización del cien por cien de la prestación por desempleo para la realización de estudios en el extranjero.

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b) Revisión y reformulación del actual sistema de organización y financiación de la formación continua.


3.C Medidas legislativas y financiación.


a) Transferencia competencias plenas en materia de políticas activas y políticas pasivas y en materia de inspección de trabajo.


b) Impulso del marco autonómico de relaciones laborales.


c) Reforma y adaptación de la Ley de Represión de la Usura.


d) Recuperación de los fondos previstos en ejercicios anteriores para las políticas activas de empleo, 3.600 millones de euros.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCAT-CATSÍ), al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, presenta con motivo del debate de política
general en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución sobre la celebración de un referéndum sobre el futuro de Catalunya.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 21


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


- Negociar con las fuerzas parlamentarias de Cataluña y el Govern de la Generalitat para posibilitar la celebración de la consulta que, utilizando los mecanismos legales previstos, permita conocer la voluntad de la ciudadanía de Catalunya
sobre su futuro político.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCAT-CATSI), al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, presenta con motivo del debate de política
general en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución sobre el establecimiento de un techo salarial vinculado al salario mínimo en relación de 1:12.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 22


Exposición de motivos


En octubre de 2008, al inicio de la crisis económica, el entonces Presidente de turno de la unión Europea, Nicolas Sarkozy, anunció el acuerdo unánime de los líderes de los Veintisiete para la refundación del sistema capitalista mundial.
Desde entonces se han impuesto una serie de llamadas reformas estructurales, que en el caso de los Estados más endeudados ha supuesto recortes de derechos y servicios sociales, así como de derechos laborales y económicos, especialmente para las
clases medias y bajas.


Sin embargo, los límites y recortes no han afectado -en justa correlación- a las clases más pudientes, que lejos de recortar sus beneficios, los han visto ampliados. De esta manera, si en 2007, los altos directivos de las empresas del IBEX
35 ganaban 23 veces más que sus empleados, hoy cobran unas 25 veces más. Según otras cifras, las de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, la diferencia salarial

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media entre directivos y personas no cualificadas se amplió de 44.075,17 euros a 49.679,43 de 2008 a 2010, indicando una tendencia que se mantiene.


En otras palabras, los discursos de austeridad, sacrificios y de 'apretarse el cinturón' por parte de las clases dirigentes parecen realizarse verticalmente y excepcionar a estas mismas clases, que cada vez son más ricas -en términos
absolutos y relativos- mientras la gran mayoría de la población se empobrece.


Una de las propuestas que se barajan en algunos Estados europeos para frenar esta desigual tendencia es la limitación de los salarios de los directivos, vinculándose proporcionalmente al salario mínimo dentro de una misma empresa. En este
sentido, nació en Suiza la iniciativa 1:12, según la cual se pretende limitar constitucionalmente que una persona pueda ganar en un mes más de lo que un trabajador de la misma empresa gana en un año. Hay que señalar que algunas empresas, como el
banco ético Triodos, ya establece este tipo de limitación salarial.


Por todo ello se presenta la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Realizar las reformas legislativas oportunas con la finalidad de establecer un techo salarial máximo bruto vinculado al salario más bajo en relación de 1:12 dentro de una misma empresa. Esta proporción incluiría el salario fijo y los
posibles bonos, incentivos, complementos y cualquier forma de retribución directa o indirecta, tanto a nivel mensual como anual.


2. Realizar las reformas legislativas oportunas para establecer esta misma vinculación salarial entre el salario máximo y mínimo en relación de 1:12 entre todos los sueldos del sector público de cualquier tipo, entendiendo como tal tanto
la administración y las instituciones del Estado, así como aquellas otras instituciones, organizaciones, empresas, fundaciones u otras formas organizativas en las que exista participación pública directa o indirecta, bien sea en su capital, en sus
órganos de administración o mediante la aportación de recursos.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCAT-CATSÍ), al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, presenta con motivo del debate de política
general en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución sobre la protección de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 23


Exposición de motivos


El presidente ugandés acaba de firmar la entrada en vigor de la Ley contra la Homosexualidad, que no sol condena a las personas por su orientación sexual, sino que establece como delito la no denuncia por parte de familiares y allegados.
Según Amnistía Internacional esta ley 'institucionalizará el odio y la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en Uganda'.


Asimismo, este mismo año también ha entrado en vigor en Nigeria una ley homófoba similar a la ugandesa, en la que se establece una pena de diez años de prisión para quien apoye a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales (LGTBI) se reúna con ellas o forme un grupo que defienda sus derechos humanos. Desde la aprobación de la entrada en vigor de la Ley se ha desatado una caza de brujas en que no sol se han detenido e instigado a personas LGTBI por todo
el país, sino que se ha iniciado la elaboración de una lista negra identificando a estas personas.


Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado que el procesamiento y prisión de una persona por tal conducta constituyen persecución y, en consecuencia, es motivo para conceder asilo. A pesar de ello, sería
necesario que la Unión Europea explicitara que la mera existencia

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de leyes que criminalicen las relaciones homosexuales consentidas -y que, por tanto, criminalicen de hecho a las personas por su orientación sexual y por ser quienes son- también va en contra del derecho internacional de los derechos humanos
y su jurisprudencia.


El informe de Amnistía Internacional titulado 'Por Ser Quién soy. Homofobia, transfobia y crímenes de odio en Europa' pone de relieve las lagunas en la legislación de muchos países europeos donde la orientación sexual y la identidad de
género no están incluidas expresamente como causas por las que pueden perpetrarse crímenes de odio. El informe señala también que las normas vigentes de la UE sobre los crímenes de odio son insuficientes para abordar la violencia homófoba y
tránsfoba. Por todo ello se presenta la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados condena las leyes homófobas aprobadas recientemente en Uganda y Nigeria, así como la persecución y criminalización de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en cualquier lugar del
mundo.


Asimismo, el Congreso insta al Gobierno español a promover, en el marco de la Unión Europea y de la ONU, sendos tratados para la protección de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa Díez González, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política
general en torno al estado de la Nación, las siguientes propuestas de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


Propuesta de resolución núm. 24


Relativa a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.


Uno de los principios básicos de nuestro sistema político es la soberanía popular que viene regulado en el artículo 1.2 de nuestro Texto constitucional; 'La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes
del Estado'.


El sistema electoral ha de ser respetuoso con este principio esencial en democracia, sin distorsionar la voluntad libremente manifestada por el pueblo en las urnas. En esta materia, la democracia española no puede ni debe permitir
resultados electorales desigualitarios e injustos.


Por eso, y en el contexto de la imprescindible regeneración democrática de las instituciones, la modificación y mejora democrática de nuestra ley electoral se hace prioritaria e improrrogable de cara a futuras consultas electorales.


Se propone a tal fin la modificación de la Ley Electoral en un doble sentido: superar la distorsión derivada de la instauración de la provincia como circunscripción electoral, a causa de la enorme heterogeneidad demográfica de las mismas,
que se traduce en grandes diferencias en el número de votos necesarios para obtener representación, y superar también la antigua concepción de listas electorales bloqueadas sobre las que los ciudadanos apenas pueden manifestar sus preferencias a la
hora de elegir a su representante.


La propuesta de resolución aquí planteada viene además avalada por el informe del Consejo de Estado sobre la reforma del sistema electoral, publicado en febrero de 2009, y es compatible con la Constitución sin exigir su reforma previa.


Por todo ello, El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas legales precisas para la reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que incorpore los siguientes cambios con el fin de mejorar la
proporcionalidad del sistema electoral, y por tanto la representatividad del Parlamento:

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1. Adoptar una circunscripción electoral mixta, combinando una circunscripción nacional única y otra provincial:


a) La circunscripción electoral para la provincia elegirá un mínimo de un Diputado por cada circunscripción, y los demás se distribuirán en proporción a la población oficial de cada circunscripción.


b) Los Diputados restantes se elegirán en una circunscripción única de carácter nacional.


2. Hasta que el desarrollo de las herramientas informáticas permita la introducción sencilla de las listas abiertas, el procedimiento de elección de los Diputados seguirá el principio de 'listas desbloqueadas', de modo que el elector tenga
la posibilidad de alterar el orden de los candidatos en la lista.


Propuesta de resolución núm. 25


Sobre financiación y funcionamiento democrático de los partidos políticos regulación de la denominada 'puerta giratoria'.


Los partidos políticos son un elemento esencial de las democracias constitucionales modernas en torno a los cuales se articula el derecho fundamental a la participación política.


Tal y como escuetamente establece la Ley Orgánica de Partidos 6/2002, de 27 de junio, en su artículo 6 'los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la
Constitución y en las leyes'.


Sin embargo, los partidos políticos distan mucho en su funcionamiento y organización de responder a criterios democráticos, sino más bien oligárquicos, primando en su régimen interno la lealtad y fidelidad a las jerarquías por encima de los
principios de mérito y capacidad, mediante un sistema de reclutamiento y selección de élites negativo, que fomenta la mediocridad y un preocupante aumento de la corrupción política.


Recientemente, la ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de Reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, además de aprobar una reducción del 20% de la subvención anual a los partidos
políticos, ha aprobado otra serie de medidas positivas en la materia, introduciendo mayores controles a las donaciones y modificando la regulación de las condenaciones de deuda a los partidos políticos, de forma que ninguna entidad de crédito puede
ya condonar a un partido político más de 100.000 euros al año de deuda.


No obstante, la reforma es claramente insuficiente, como lo demuestran los crecientes casos de corrupción política y de financiación ilegal de los partidos y el hecho de que los mismos han pasado a ser una de las principales preocupaciones
de los ciudadanos.


Dichos problemas no son una opinión de este grupo, sino que en su último informe de 15 de enero del presente año 2014, el 'Grupo de Estados contra la Corrupción' (GRECO) del Consejo de Europa, ha vuelto a reiterar sus críticas ante el
cerrado sistema electoral, el control férreo y las rígidas estructuras de los partidos políticos españoles, la falta de transparencia del proceso legislativo, el complicado y opaco sistema retributivo de los parlamentarios, la deficiente regulación
del régimen de incompatibilidades y de los conflictos de interés, la inexistencia de una política específica sobre los regalos y atenciones personales por parte de los políticos y las deficiencias advertidas en las declaraciones de bienes e
intereses de los parlamentarios.


Por si lo anterior no fuera suficiente, la supervisión y control ejercitado por el Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los partidos políticos es manifiestamente mejorable, no solo por la falta de independencia de dicho organismo,
que impide un control real y efectivo, sino por la carencia de medios materiales y personales, que convierte dicha labor de fiscalización en un ejercicio más aparente que real y efectivo.


A lo anterior, cabe añadir un fenómeno ciertamente preocupante, que supone un evidente riesgo para la calidad de nuestra democracia y que se conoce como 'revolving door' o puerta giratoria, práctica consistente en pasar del Gobierno a una
empresa sobre la que se tomó decisiones, o lo que es lo mismo, el tránsito del sector público al privado de políticos que pasan de vigilar a las empresas a trabajar para ellas como directivos o viceversa.


Este fenómeno se da especialmente en las empresas de sectores regulados, como telecomunicaciones, el transporte aéreo, la energía eléctrica, el gas o el petróleo, que en ocasiones han conseguido monopolios, situaciones de privilegio o
provocado procesos de desregulación. Pero también existe en otros ámbitos como el financiero o el relacionado con los transportes.

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Para hacernos una idea de la magnitud que ha alcanzado este tipo de prácticas baste indicar que en Endesa, el ex presidente del Gobierno José María Aznar ha venido coincidiendo con el exministro de Economía, Pedro Solbes, como miembro del
consejo de Administración de Enel (titular del 92% de Endesa); con la también exministra de Economía, Elena Salgado; y con uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, vocal en el consejo de administración.


La lista de políticos que han ido y vuelto de la política a los consejos de administración es interminable: Ángel Acebes (lberdrola); Abel Matutes (Banco Santander), Ana Palacio (HC Energía), Manuel Pimentel (Baker & McKenzie), Josep Piqué
(Vueling), Miguel Boyer (Red Electrica Española). A ellos cabe unir los múltiples casos de cónyuges y familiares de políticos (algunos en activo, con importantes responsabilidades públicas) que pasan a engrosar las filas de importantes empresas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente propuesta de resolución al debate sobre el Estado de la Nación:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Modificar la ley Orgánica de Partidos Políticos a fin de garantizar las siguientes cuestiones:


a. Elecciones internas competitivas mediante voto directo y secreto para la selección del cabeza de lista electoral que el partido vaya a presentar en cualquier ámbito electoral.


b. Cualquier afiliado podrá presentarse como candidato, de acuerdo a las normas que apruebe el partido en sus estatutos.


c. El Congreso del partido, como asamblea en la que participan todos sus afiliados o los elegidos por estos mediante voto directo y secreto, se deberá realizar con una periodicidad máxima que se fijará en la Ley. Las votaciones del Congreso
deberán ser directas y secretas. Los delegados no tendrán mandato imperativo.


d. Los órganos internos del partido serán elegidos por voto directo y secreto entre todos los afiliados concernirlos en atención al ámbito territorial de sus competencias.


e. Los órganos de debate y control entre Congresos deberán al menos anualmente votar la gestión de los órganos de dirección, mediante voto directo y secreto.


2. Acometer las siguientes reformas relativas a la financiación de partidos.


a. El control interno anual deberá realizarse por la Intervención General del Estado, a quién se le atribuirá esa función. Los datos que resulten en formato homologado deberán publicarse cada año en la página web del partido político,


b. Las cuentas consolidadas de los partidos deberán incluir además de los ámbitos previstos actualmente el local.


c. El Tribunal de Cuentas cambiará la forma de selección de los consejeros para garantizar su independencia y despolitización. La selección de su personal seguirá criterios estrictos de mérito y capacidad. Se le reforzará con medios
personales y materiales para que pueda realizar sus funciones de fiscalización de los partidos políticos. Esta fiscalización será independiente de la prevista para la Intervención General del Estado.


d. Endurecimiento de las sanciones administrativas por las infracciones cometidas en materia de financiación de partidos.


3. Regular adecuadamente, siguiendo las recomendaciones de Consejo de Europa contenidas en el Informe publicado el 15 de enero de 2014 por parte del 'Grupo de Estados contra la Corrupción' (GRECO), los conflictos de interés de los
parlamentarios y cargos de designación política, el régimen de incompatibilidades y las declaraciones de bienes e intereses.


4. Adoptar las medidas necesarias para combatir el pernicioso fenómeno de la 'puerta giratoria' ('revolving door').

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Propuesta de resolución núm. 26


Segunda oportunidad.


El estallido de la burbuja inmobiliaria asociada a la crisis económica ha tenido efectos sociales dramáticos en el mercado hipotecario. Aunque se carecen de datos suficientemente contrastados y hay grandes diferencias entre los que circulan
acerca del número de desahucios y lanzamientos hipotecarios ejecutados, está fuera de toda duda que un número muy elevado de familias, las que han perdido una parte significativa de sus ingresos o la práctica totalidad de los mismos, se enfrentan a
grandes dificultades, y en ocasiones a la absoluta imposibilidad, para el pago de los créditos hipotecarios que tomaron antes de la crisis. La gran mayoría de las hipotecas suscritas son de responsabilidad ilimitada, no contemplan la entrega del
bien hipotecado como dación en pago, y conllevan intereses de demora muy elevados, lo que significa que muchos afectados por la crisis acaban perdiendo la vivienda habitual, embargada por la entidad hipotecaria, sin que por ello liquiden una deuda
sobrevenida que no para de crecer. La norma afecta también a los avalistas del crédito.


Esta deuda impide a menudo que los afectados, muchas veces parejas jóvenes, puedan trabajar o emprender ocupaciones económicas con normalidad. Por tanto, las injustas consecuencias de un endeudamiento sobrevenido, que nada tiene que ver con
la mala fe o la irresponsabilidad, agrava también la crisis económica al retirar de la actividad, la inversión y el consumo a personas en su edad más productiva. El problema a solucionar, por tanto, es la liquidación legal de esa deuda impagable
sobrevenida, liberando al deudor de su peso y manteniendo a la vez las reglas básicas del sistema económico, como el valor vinculante de los contratos y el reconocimiento y pago de las deudas libremente contraídas.


Las carencias e insuficiencias del sistema jurídico que regula el mercado hipotecario han sido dramáticamente puestas de relieve por esta crisis y el aumento de desahucios, que reclaman una solución legal rápida, eficaz y universal, o
segunda oportunidad, a la que puedan acogerse todos los que tengan una deuda impagable hipotecaria sobrevenida.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover los cambios legales necesarios para:


1. Permitir la liquidación legal de las deudas hipotecarias impagables con fórmulas de dación en pago mediante concurso privado de acreedores, negociación de la deuda entre acreedor y deudor, medidas de protección contra el
sobreendeudamiento, y cualquier otra que garantice una segunda oportunidad a los afectados.


2. Demorar con carácter urgente las ejecuciones y lanzamientos hipotecarios hasta que las reformas legales en curso permitan renegociar la deuda o liquidarla de acuerdo con el principio de ''segunda oportunidad'', tal como sea regulado por
la ley.


Propuesta de resolución núm. 27


Para garantizar la independencia judicial como única forma de poder combatir efectivamente la corrupción política.


Como colofón de todos los incumplimientos que el Gobierno ha realizado respecto del programa de gobierno con que concurrió a las elecciones generales, el mismo ha ejecutado, mediante la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, una reforma del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) diametralmente opuesta a la prometida, sin que en este caso pudiera mediar siquiera ninguna excusa de tipo económico o presupuestario.


En efecto, en vez de despolitizar el nombramiento de los vocales del CGPJ, el Gobierno ha reforzado el control de los partidos políticos sobre el máximo órgano de gobierno de los jueces y, como corolario de lo anterior, alcanzó un acuerdo
entre las distintas fuerzas parlamentarias (el Grupo Parlamentario Popular, Socialista, catalán, vasco, de IU y el mixto, representado por UPN), a fin de repartirse por cuotas la 'tarta' del poder judicial.


Consideramos que el referido sistema de nombramiento del CGPJ debilita la democracia, destruye la separación de poderes, contraviene el espíritu de la Constitución y compromete la independencia y

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autonomía del poder judicial, imposibilitando una efectiva lucha contra la corrupción política, toda vez que el CGPJ es el responsable del nombramiento de los más altos puestos de la judicatura, que a su vez han enjuiciar a los propios
políticos, en su mayor parte aforados.


En su Sentencia núm. 108/1986, de 29 de julio, el Tribunal Constitucional fue muy claro al condicionar la validez del sistema de nombramiento de la totalidad de los integrantes del CGPJ por las Cámaras a que dicha designación no se
realizara según un sistema de reparto de cuotas partidistas, pues ello supondría 'frustrarla finalidad señalada en la norma constitucional'.


Los motivos por los que un reparto y designación estrictamente partidista de los miembros del CGPJ supondrían una vulneración de la Constitución y un peligro para la independencia de la Justicia se indican en la referida Sentencia del
Tribunal Constitucional cuando se indica que 'las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos jueces
por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones'.


Pues bien, la forma en que las distintas fuerzas políticas se han repartido el recientemente nombrado CGPJ responde a un previo acuerdo fundado en un calculado reparto de cuotas partidista como el denunciado por el Tribunal Constitucional,
que alcanza no solo a los veinte vocales del referido órgano de gobierno de los jueces sino también al nombramiento del Presidente del CGPJ, a los que convierten en la práctica en meros delegados o comisionados de los partidos que los han
promocionado.


Por todo ello, y sin necesidad de acometer una reforma constitucional, proponemos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a promover los cambios legales necesarios para modificar el sistema de elección de los doce vocales del
Consejo General del Poder Judicial del llamado turno judicial, a fin de que los mismos no sean elegidos por los partidos políticos, sino por los propios jueces y magistrados mediante un sistema de voto directo, secreto y abierto.


Propuesta de resolución núm. 28


Sobre las medidas legales para combatirla corrupción política.


La extensión de los casos y sospechas de corrupción en las principales instituciones del Estado y en los partidos de gobierno y oposición han convertido la profunda crisis política y económica en una crisis de confianza en el propio sistema
democrático.


Ya en el año 2009 el Fiscal General del Estado reconoció la existencia de un total de 730 asuntos, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación, abiertos contra partidos políticos por casos de corrupción. Los casos, lejos
de disminuir, no han hecho sino aumentar, tanto en número como en gravedad, y están generando una profunda desafección y desconfianza de la ciudadanía hacia el propio sistema democrático y hacia los propios partidos políticos, a los que se acusa de
permisividad, cuando no de complicidad con la corrupción política.


Es mucho lo que lo que está en peligro y es urgente adoptar medidas contundentes y decisivas. Ya ha pasado la hora de las declaraciones de principios o de los acuerdos partidistas, debiendo acometerse profundas reformas legales que sirvan
para combatir eficazmente esta lacra, que pone en cuestión el propio Estado de Derecho y lastra seriamente nuestra economía.


Combatir la corrupción exige aprobar de inmediato leyes eficaces para acabar con la impunidad de los responsables y castigar duramente los comportamientos que pervierten nuestra democracia. La Ley ha de prohibir que las personas acusadas
por delitos de corrupción política puedan ir en listas electorales, establecer el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, perseguir el delito de enriquecimiento ilícito de todos los cargos públicos, poner coto a la discrecionalidad
de los indultos otorgados por el Gobierno, excluyendo a los condenados por delitos de corrupción.


Además de lo anterior, consideramos que es imprescindible reforzar el régimen de responsabilidad de aquellos gestores públicos que, bien de forma dolosa o bien por negligencia grave, hayan causado, por actos u omisiones contrarios a la Ley,
daños patrimoniales a los bienes o al caudal público, incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo. Así, a los políticos que ocupen cargos en sociedades o

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entes públicos, muchos de las cuales están espléndidamente retribuidos, se les podría exigir responsabilidades personales y patrimoniales, de forma análoga a la responsabilidad a la que están sometidos los administradores y consejeros de las
sociedades mercantiles, estableciendo para ello una regulación específica que contemple un tipo de 'acción popular' que permita iniciar los correspondientes procedimientos judiciales.


Para terminar, otra figura que supone un enorme obstáculo para combatir la corrupción política es la figura del aforamiento, que es un privilegio que se encuentra en franco retroceso en todos los países de nuestro entorno: ha sido eliminado
en países como Alemania o Reino Unido y en otros alcanza a una cantidad muy reducida de personas, como en Portugal e Italia (que solo alcanza al presidente de la república) o en Francia (que afecta solo a los miembros del Gobierno).


Sin embargo, en España, lejos de restringirse ha sufrido una extraordinaria expansión sin precedentes, al calor del desarrollo del Estado de las Autonomías y de la colonización de los partidos políticos de todas las instituciones del estado,
alcanzando a todo tipo de cargos públicos, estatales, autonómicos e incluso locales hasta la asombra cifra de 10.000 aforados.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente propuesta de resolución al debate sobre el Estado de la Nación:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse las reformas legales necesarias a fin de:


1. Modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) a fin de que los acusados por corrupción frente a los que se abra juicio oral no puedan integrar las listas electorales en los distintos comicios.


2. Sancionar penalmente mediante un tipo delictivo autónomo la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos tanto de sus estados contables como de su patrimonio social, que deberá ser publicado en un registro específico
debidamente actualizado. Dicho delito será igualmente aplicable a aquellos cargos públicos electivos que omitieran o falsearen sus declaraciones de bienes.


3. Establecer un delito específico para perseguir la financiación ilegal de los partidos políticos, aplicable tanto a la financiación ordinaria como a la electoral, en el que incurrirían los propios partidos de forma directa en el caso de
que se descubrieran bienes, fondos o cualquier patrimonio oculto (situado tanto en España como en cualquier otro lugar) cuya adquisición no pueda ser debidamente justificada en virtud del régimen legal de financiación actualmente vigente y en
coherencia con la contabilidad formulada y presentada a fiscalización ante el Tribunal de Cuentas.


4. Incorporar a nuestra legislación penal el denominado delito de enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos electivos, cuyo elemento fáctico típico se sustentaría en el incremento de patrimonio desproporcionado o
injustificado de un político en relación con los ingresos que, por obligación legal, debe declarar públicamente.


5. Reforzar la responsabilidad de los políticos en el desempeño de sus cargos al frente de sociedades o entes públicos, sancionando a los gestores públicos que, bien de forma dolosa o bien por negligencia grave, hayan causado, por actos u
omisiones contrarios a la Ley, daños patrimoniales a los bienes o al caudal público, incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.


6. Introducir las reformas legales necesarias para que, sin modificar la naturaleza esencialmente discrecional del indulto, deje de usarse de forma arbitraria, como actualmente viene ocurriendo. En concreto, deberá exigirse la obligación
de motivar en todo caso las razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifican el indulto (tanto total como parcial), estableciéndose la posibilidad legal de recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativo la concesión del
indulto, que no podrá concederse en casos de corrupción política.


7. Impulsar las reformas legales necesarias a fin de suprimir, en el ámbito de sus competencias, todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que han proliferado en distintas Leyes y que impiden que los políticos acusados de corrupción
puedan ser enjuiciados por el juez natural.

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Propuesta de resolución núm. 29


Relativa al condicionamiento de los rescates de las CCAA para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales en condición de igualdad.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo máximo de tres meses impulse las reformas legales necesarias en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como en
cuantas otras normas fuere necesario a fin de que:


1. Análogamente a lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para los incumplimientos de normas de Derecho comunitario por parte
de las Comunidades Autónomas, el incumplimiento de las leyes españolas o la falta de lealtad constitucional habilite al Consejo de Ministros para declarar la responsabilidad por dicho incumplimiento y acordar, en su caso, la compensación o retención
de la deuda con las cantidades que deba transferir el Estado a la Administración o entidad responsable por cualquier concepto, presupuestario y no presupuestario.


2. De forma análoga a como condiciona la Unión Europea los rescates o las ayudas a los países miembros, el Estado conceda las ayudas a las Comunidades Autónomas correspondientes de forma finalista, en orden a que las mismas sirvan para
garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales en situación de igualdad, condicionando las mismas a la supresión de gastos y entes superfluos y a la eliminación de duplicidades en el entramado institucional.


3. Establecer los mecanismos necesarios para que el Estado pueda garantizar a los ciudadanos los servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad, en el caso de que las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales destinen el
rescate o las transferencias de fondos estatales a otras finalidades distintas de las previstas.


Propuesta de resolución núm. 30


Para reformar las Administraciones Publicas, supresión de diputaciones provinciales y fusión de municipios.


La reforma de las administraciones públicas españolas es una necesidad evidente para conseguir mejorar la gestión de las políticas públicas dirigidas a los ciudadanos y ayudar desde el sector público al crecimiento del país y a la generación
de buenas prácticas de gestión que sirvan de estímulo y generen confianza al sector privado y coadyuven a un cambio cultural en la forma de funcionamiento de nuestras instituciones. También es imprescindible para evitar el despilfarro de dinero en
gastos inútiles y políticas ineficientes.


Las reformas de la Administración no se pueden quedar en meros remiendos sino que han de ser realizadas con profundidad atendiendo a los principales problemas que presenta.


1. Falta de estrategia en el medio y largo plazo. La prevalencia de políticas cortoplacistas ha ocasionado errores graves de gestión y supuesto grandes sumas de despilfarro en gasto público inútil.


2. Excesivo y desigual tamaño de las Administraciones. Estas tienen una desproporción de entes superfluos y redundantes y al tiempo, en ciertos sectores de la actividad pública, carecen de los medios materiales y de personal cualificado
necesarios. Este problema se da en cada Administración y respecto de las demás de diferente ámbito territorial, ya que existen duplicidades tanto internas como externas. Por otra parte han surgido en todas ellas administraciones políticas
paralelas derivadas de los nombramientos de eventuales.


3. Falta de estabilidad de las estructuras administrativas y adecuación a las políticas públicas para las que son competentes. El desarrollo de políticas a largo plazo exige estabilidad en la estructura administrativas y su modernización
para dar respuesta a los nuevos retos. Ahora la estructura departamental se puede modificar por la simple ocurrencia del gobernante de turno.


4. Abuso en de las externalizaciones en sectores de la administración donde se cuenta con personal cualificado para realizar las funciones públicas que son externalizadas.


5. Carencia de una cultura de la evaluación y el aprendizaje a través de las mejores prácticas públicas. No hay una cultura de evaluación de las políticas públicas de cada Administración y entre Administraciones para extraer las
consecuencias oportunas y lograr una mayor motivación, productividad, flexibilidad e innovación en su funcionamiento.

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6. Un modelo de función y empleo público antiguo y excesivamente politizado. Se ha socavado la existencia de una administración profesional y meritocrática capaz de incorporar buenos profesionales. Los nombramientos de eventuales y de los
directivos públicos (en muchos casos arbitrarios) han conducido a la existencia de una administración política paralela. También falla el sistema de selección de funcionarios y empleados púbicos porque permite intromisiones políticas o prácticas
nepotistas (sobre todo en las administraciones locales, autonómicas y en parte de la administración institucional del Estado) y no garantiza el mérito y capacidad. Asimismo las actuales oposiciones pueden no estar sirviendo en todos los casos para
seleccionar personas con capacidad de análisis e innovación. Tampoco hay mecanismos que valoren el rendimiento de los empleados públicos y el desempeño de su puesto de trabajo. Por otra parte, las plantillas están mal dimensionadas cuantitativa y
cualitativamente ya que hay sectores de la administración con un exceso de empleados públicos y baja formación y otros con defectos de personal en número y cualificación. Debe, por otra parte, estudiarse cuál ha de ser el régimen jurídico de los
trabajadores de la Administración, garantizando que todos aquellos que ejerzan 'poder público', labores de asesoramiento legal y financiero y control e inspección tenga un régimen de funcionario público para garantizar su imparcialidad.


7. Falta de independencia de los órganos de control. El Tribunal de Cuentas debería ser un órgano judicial ordinario de carácter contable con total independencia del poder político para poder realizar un control adecuado. Sin esta reforma
cualquier mejora del control de los partidos políticos o de la Administración es papel mojado.


8. Una administración local anticuada y una administración autonómica desmesurada. Los problemas detectados en el Administración del Estado se agravan en muchas ocasiones en la Administración Autonómica y Local. Estas administraciones
necesitan de importantes reformas algunas de las cuales se pueden aplicar directamente desde la legislación del Estado, y en otras ocasiones (como la redefinición competencia) con las comunidades autónomas y la supresión de las diputaciones
provinciales exigirán reformas constitucionales).


La administración local tiene un importante problema de tamaño en miles de sus municipios y las diputaciones realizan funciones redundantes con un elevado gasto inútil. Otro problema que presentan es el de la selección de su personal, ya
que ha habido muchos casos de nepotismo y prácticas clientelares que han afectado a la gestión de sus servicios. La ausencia de estas reformas supone elevadas cifras de despilfarro de dinero público.


La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, no ha abordado ninguna de estas cuestiones esenciales y, al revés, ha reforzado a las diputaciones provinciales que tienen una legitimidad
democrática atenuada, escasos controles internos y elevado grado de opacidad y arbitrariedad en su gestión.


9. Carencia de mecanismos de responsabilidad (política, administrativa y penal) por mala gestión, incluyendo, a los máximos dirigentes. Para evitar este descontrol y la corrupción: transparencia e incentivos (internos y externos) para
denunciar.


Frente estos problemas el Gobierno propuso la elaboración de un informe, llamado CORA, que, aunque tiene alguna buena propuesta, ha adolecido de una visión estratégica que permitiera plantear una reforma en profundidad ante los nuevos retos
que deben afrontar las políticas públicas y su gestión. Y si el informe era ya insuficiente, lo es aún más el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, presentado en el Congreso, dado que
carece tanto de esa visión como de la aplicación de algunas de las propuestas más interesantes de la CORA.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente propuesta de resolución:


En su virtud, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas constitucionales y legales precisas para la modernización de la Administración española de acuerdo a los siguientes criterios:


1. Elaborar estrategias de políticas públicas a medio a medio y largo plazo.


2. Reordenar el tamaño de la administración del Estado suprimiendo redundancias y duplicidades internas y entes superfluos, entre ellos la mayoría de las empresas públicas. Ello es compatible con aumentar la capacidad en ciertos sectores
de la actividad pública que ahora carecen de los medios materiales y personales cualificados necesarios.


Esta clarificación debe realizarse dentro de cada Administración y respecto de las demás de diferente ámbito territorial, suprimiendo tanto las duplicidades internas como las externas. Hay que terminar en

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todas ellas con las administraciones políticas paralelas que surgen de los nombramientos de eventuales. Se publicarán estados actualizados a año vencido del número de organismos y empresas públicas por CCAA y Ayuntamientos. Se preverán
medidas de sanción para los que no reduzcan


3. Dotar de estabilidad a las estructuras administrativas, incluidas las departamentales; reducción de la tipología de entes públicos y determinación de su régimen jurídico.


4. Control de las externalizaciones de las funciones públicas. No podrán hacerse cuando la Administración tenga medios materiales y personales suficientes para realizar por ella misma esas funciones.


5. Realización de evaluación de políticas públicas de forma general y con consecuencias para los gestores responsables.


6. Reforma de la función y el empleo público: a) profesionalización de la dirección de la Administración. Especialmente, revisar la política de directivos en los Ministerios del área económica, para evitar una movilidad descontrolada y
excesiva; b) Modificación de sistema de selección de los trabajadores de las Administraciones para garantizar su mérito y capacidad y entre ellas la de análisis e innovación; c) reglas contra el nepotismo; d) redimensionamiento de las plantillas
públicas y adecuación del personal a los puestos de trabajo; e) movilidad entre Comunidades Autónomas; f) evaluación de los empleados públicos y de las unidades en que se integran; g) Clarificación de su régimen jurídico, según las funciones que
desarrolle.


7. Regulación de órganos y regulación, verdaderamente independientes. El Tribunal de Cuentas será un órgano judicial ordinario de carácter contable con total independencia del poder político.


8. Supresión de la Diputaciones Provinciales y fusión de municipios en torno a 20.000 habitantes. Supresión de duplicidades y redundancias entre los diferentes niveles administrativos territoriales. Regulación por el Estado dentro de sus
competencias de las medidas de modernización administrativa que podrían ser aplicadas por la Administración autonómica y local.


9. Frente al descontrol y la corrupción en las Administraciones: transparencia e incentivos (internos y externos) para denunciar.


10. Reducir/eliminar los gabinetes y el personal eventual en la Administración así como mayor control de las puertas giratorias y de la contratación en empresas públicas de personas por su cercanía al poder político.


Propuesta de resolución núm. 31


Exigencia de responsabilidades a la alta dirección de las Cajas nacionalizadas.


La sociedad española no entiende que unos hechos tan graves y de consecuencias tan terribles como los sucedidos en las Cajas de Ahorros, que en último término han conducido a nuestro país al rescate europeo (con todas sus secuelas), no hayan
conllevado una clara exigencia de responsabilidades. La negativa a crear una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados ha reforzado esa sensación de impunidad, De hecho, los principales responsables de haber hundido las entidades
que dirigían no sol no han sido penalizados, sino que han recibido indemnizaciones y prejubilaciones multimillonarias que ahora mismo siguen disfrutando, lo que resulta socialmente escandaloso.


Lo anterior contrasta con las enormes pérdidas públicas. Las entidades han recibido 61.000 millones en ayudas públicas para mejorar su solvencia, de los que Eurostat da 43.000 millones ya por perdidos. Los Esquemas de Protección de Activos
pueden suponer hasta 36.000 millones de pérdidas públicas. Se han avalado públicamente más de 100.000 millones de euros de deuda y activos fiscales diferidos. Miles de trabajadores han perdido sus empleos. Cientos de miles de estafados por las
preferentes han perdido sus ahorros. Todo como consecuencia directa de la actuación de los responsables premiados de las Cajas, que además disfrutaron de unos salarios desproporcionados, viajes exóticos y créditos en condiciones ventajosas durante
su mandato.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:


1. Haga uso de todos los instrumentos a su alcance para exigir las responsabilidades profesionales, económicas o penales a los causantes del deterioro de los balances y de la ocultación de los problemas en las entidades financieras que han
tenido que ser rescatadas a costa del contribuyente.

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2. En el plazo de un mes, el Gobierno promoverá los cambios legislativos necesarios para revisar la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones, o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, de las cuales
puedan derivarse beneficios discrecionales por el ejercicio de sus funciones, percibidas o demandadas por los administradores o cargos directivos, incluyendo las ya cobradas con posterioridad al 1 de enero de 2008, de entidades financieras que hayan
requerido de ayudas del Estado a través del FROB (extendiéndose a cualquier tipo de participación, sea mayoritaria o no) al objeto de impedir su materialización o recuperar la cuantía cobrada.


Propuesta de resolución núm. 32


Devolución íntegra de su dinero a los estafados por la venta indebida de participaciones preferentes.


Tras el rescate europeo, los propietarios de participaciones preferentes se han visto abocados a sufrir importantes pérdidas. Sin embargo, la mayor parte son personas estafadas (a menudo jubilados), víctimas de un abuso de confianza por
parte de sus entidades financieras. Estas personas estafadas no pueden tener el mismo tratamiento que el resto de acreedores. Las medidas referidas a la comercialización futura de preferentes en nada beneficiarán a los ya atrapados, y los
procedimientos de arbitraje puestos en marcha por el Gobierno han resultado claramente insuficientes, al estar bajo el control de las entidades financieras causantes del problema y no solucionar el problema de un alto porcentaje de los estafados.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:


Dote a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los medios extraordinarios que precise para revisar todas las operaciones de comercialización de preferentes posteriores al 1 de enero de 2008. En aquellos casos en los que los
inversores minoristas carecieran de los conocimientos financieros necesarios o no hubiesen recibido una información adecuada, se les dará un tratamiento diferenciado, que dé derecho a todos ellos a recuperar la totalidad de su inversión.


Propuesta de resolución núm. 33


Las reformas necesarias para mejorar la situación del mercado laboral en España.


Todavía hoy sigue pendiente de realizarse una reforma integral del mercado de trabajo español, que favorezca el cambio de modelo productivo e impulse el aumento de la productividad, a la vez que proporcione una mayor seguridad a los
trabajadores. Ayudaría también a que nuestra tasa de paro tendiese a igualarse con la del resto de la zona del euro, en vez de duplicarla.


El enorme paro es el principal, pero no el único problema del mercado de trabajo español. Además, una parte muy elevada del empleo existente tiene un carácter precario. La tasa de temporalidad es única en el contexto europeo. La necesidad
urgente de una reforma en profundidad obedece no sol a razones de eficiencia sino también de equidad. Tanto el paro como la elevada temporalidad afectan especialmente a los grupos más débiles, como los jóvenes.


Las modalidades de contratación son sol uno de los elementos de la reforma que se necesita. Es necesario también aumentar la seguridad de los trabajadores, mejorando el actual sistema de cobertura para aquellos que agotan las prestaciones y
subsidios de desempleo. Al prolongarse la crisis, no aplicar una medida de este tipo ha dado lugar a un importante problema social, al haber ya tres millones de parados sin ninguna cobertura.


Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva los cambios legales necesarios para adoptar las siguientes medidas:


1. Todos los nuevos contratos habrán de ser de una única modalidad, indefinidos. Los nuevos contratos únicos tendrán una indemnización por despido inicial más baja que la de los actuales contratos

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indefinidos, pero más alta que la de los contratos temporales (que constituyen la inmensa mayor parte, el 93 %, de las nuevas contrataciones). A partir del valor inicial, la indemnización por despido irá aumentando progresivamente en años
sucesivos hasta alcanzar un valor máximo.


2. Se suprimirá el requisito de ser mayor de 45 años para acceder a la Renta Activa de Inserción, con el fin de proporcionar mediante un programa permanente un período de cobertura a cada beneficiario más razonable, de hasta once meses, que
sustituya a los seis que hoy les concede el Plan Prepara. La Administración Central y las autonómicas sumarán esfuerzos, coordinando y homogeneizando las Rentas Mínimas de Inserción autonómicas. Las rentas de inserción tendrían así dos fases: una
primera activa (nacional) y una segunda mínima (autonómica). En esta segunda fase, el gobierno central coordinará a las Comunidades, de forma que los requisitos de admisión a la percepción de la ayuda, la duración y la cuantía sean similares en
toda España.


Propuesta de resolución núm. 34


Sobre la necesidad de realizar una reforma fiscal integral, luchar contra el fraude y evitar los efectos perniciosos de la amnistía fiscal.


Los rasgos esenciales del sistema tributario español se trazaron hace décadas. En la actualidad, ha de afrontar nuevos retos: la globalización, el desarrollo de las nuevas tecnologías, la conservación del medio ambiente, el envejecimiento
de la población, así como los derivados de la actual crisis económica (como el cambio del modelo económico español y una situación de crisis institucional relacionada con el imperfecto diseño del Estado autonómico). Ante tales circunstancias, se
requieren soluciones de hondo calado, sin que sean suficientes para afrontarlas los meros retoques fiscales, en forma de subida de tipos, que se han realizado hasta ahora.


Un problema relacionado con el anterior es el de la economía sumergida, que ha alcanzado en España un nivel muy elevado y creciente. Diversas estimaciones la sitúan por encima del 20 % del PIB. Esto implica entre 70.000 y 80.000 millones
de euros que se dejan de recaudar cada año. Sin embargo, el número de personas que trabajan en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria es menor que en los países de nuestro entorno. Esta falta de recursos para luchar contra el fraude
fiscal ha empeorado aún más con las medidas del gobierno actual. Desde que gobierna, de cada diez vacantes que se producen en la AEAT, solamente se cubre una. Por otra parte, los recursos asignados a la AEAT en los Presupuestos Generales del
Estado de 2012, 2013 y 2014 se han reducido.


En vez de dotar de más recursos a la lucha contra el fraude, el gobierno optó por conceder una amnistía fiscal a los defraudadores, con un tipo efectivo del 3 % y un serio riesgo de que se blanqueen impunemente capitales de actividades
ilícitas, incluyendo la corrupción política.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva la aplicación de las siguientes medidas:


1. Realizar una reforma fiscal integral, que aumente las bases de tributación para alcanzar a los que no pagan lo que debieran, en vez de exigir más a los que ya lo hacen. Algunas de sus líneas básicas han de ser: superar la actual
discriminación existente en contra de las rentas del trabajo, una revisión general de los beneficios fiscales en todos los tributos y la armonización fiscal tanto dentro de España (en particular en los Impuestos del Patrimonio y Sucesiones, cedidos
a las Comunidades Autónomas) como con la Unión Europea.


2. De manera inmediata, garantizar que no se reduzcan todavía más los ya escasos recursos de la AEAT, aplicando una tasa de reposición en las bajas del 100 %. A medio plazo, diseñar un plan plurianual de refuerzo de los medios materiales y
humanos de la AEAT que permita alcanzar en el año 2020 unos ratios similares a los del resto de países de la Unión Europea.


3. Elaborar un Estatuto de la Agencia Tributaria que garantice su independencia.


4. LA AEAT revisará exhaustivamente todos los expedientes de la amnistía fiscal para evitar el blanqueo de capitales de procedencia ilícita y proporcionará los datos resultantes al SEPBLAC y a la Fiscalía del Estado.

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Propuesta de resolución núm. 35


Para la inclusión del delito de terrorismo como crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.


La entrada en vigor el 1 de julio de 2002 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998, ha constituido un hito en la Historia reciente de las relaciones internacionales.


Por primera vez, desde que una iniciativa de ese tipo fuera sugerida por la ONU en 1945, se logra el objetivo de la creación de una jurisdicción penal internacional de ámbito universal con competencia para actuar contra los responsables de
crímenes internacionales (crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión) poniendo, de este modo, fin a la impunidad de sus autores.


Pese al avance logrado mediante la creación de esta jurisdicción de ámbito universal con competencia para conocer y juzgar graves crímenes internacionales como son los relativos a crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y
agresión, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, sin embargo, no contempla el crimen de terrorismo aunque en las negociaciones de la Conferencia de Roma se debatió sobre esa posibilidad. En este sentido, la inclusión del crimen de terrorismo
en el Estatuto de la Corte se beneficiaría de la neutralidad que caracteriza a la Corte. Además, contribuiría a una persecución más efectiva de los terroristas evitando que estos se refugiaran en un Estado que o bien les diera cobijo negándose a
juzgarles o impidiendo su extradición o bien fuera incapaz de juzgarles por no disponer de los medios suficientes para ello. Finalmente, tal inclusión impediría la prescripción de los crímenes de terrorismo, evitaría la impunidad de los terroristas
y la consiguiente victimización secundaria de las víctimas. En esta misma línea, el Grupo de Trabajo sobre Naciones Unidas y Terrorismo afirmó que el terrorismo podría disminuir si la Corte Penal Internacional fuera competente para juzgar los
crímenes más graves cometidos por terroristas.


La pasada legislatura se presentó la Proposición no de Ley sobre inclusión de los delitos de terrorismo en el ámbito de la competencia de la Corte Penal Internacional con número de expediente 161/000145 en la comisión de Asuntos Exteriores.
El resultado de la tramitación de esta iniciativa parlamentaria fue una aprobación con modificaciones por parte de esta comisión con un amplio apoyo de los grupos que conformaban esta, a fecha de 31 de marzo de 2009.


Sin embargo hasta el momento, ni el Gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero ni el actual Gobierno, encabezado por don Mariano Rajoy Brey, han realizado ninguna acción para el cumplimiento de esta Proposición no de Ley.


Por ello el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


a) Promover y defender la inclusión -en el Estatuto de la Corte Penal Internacional- del crimen de terrorismo dentro de los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional introduciendo, a tal efecto, las enmiendas que sean necesarias
para tal fin.


b) Adoptar desde el momento de la aprobación de propuesta de resolución todas las medidas que sean necesarias para que sea posible la inclusión -en el Estatuto de la Corte Penal Internacional- del crimen de terrorismo dentro de los delitos
de competencia de la Corte Penal Internacional.


c) Mantener informada a esta Cámara de sus gestiones, acciones y resultados con relación a este asunto.


Propuesta de resolución núm. 36


Sobre la necesidad de reformar el mercado eléctrico y lucha contra la 'pobreza energética'.


La energía y su coste componen el segundo factor de formación de precios en la economía productiva y, por tanto, son un bien esencial para asegurar la competitividad económica del transporte, la industria y los servicios. Además, el acceso
a un suministro de energía seguro y de precio razonable, tanto en los hogares como en los pequeños negocios, debe entenderse como un derecho básico dada su trascendencia para la forma de vida actual, dependiente de la disponibilidad de un suministro
de energía suficiente, accesible y seguro, y su incidencia directa en la calidad de vida, la salud, la educación, el empleo, la información y la movilidad de las personas. En tercer lugar, la producción, distribución y consumo de

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energía tiene un impacto fundamental en el medio ambiente, y en particular en la lucha contra el cambio climático catastrófico mediante la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.


Por tanto, el desarrollo de una política energética de calidad debe ser un objetivo prioritario para la mejora y sostenibilidad de:


a) La competitividad, la Innovación y la actividad de la economía en general, y en particular para la industria y el transporte.


b) La calidad de vida, la igualdad de oportunidades y la lucha contra el desempleo y la exclusión social de las personas.


c) La protección del medio ambiente y la prevención de daños ecológicos y de origen climático.


Sin embargo, la política energética de los sucesivos gobiernos no ha conseguido articular una visión de conjunto de los problemas y objetivos a los que debe encaminarse una política energética digna de tal nombre, que debe adoptar una
perspectiva holística para articular correctamente el conjunto de factores, problemas a resolver y objetivos a conseguir. Al contrario, la política energética aparece desagregada en medidas incoherentes para el sector y el mercado eléctrico, de
hidrocarburos, de energías renovables, de medio ambiente, lucha contra la pobreza, etc.


Políticas parciales que muchas veces han perseguido objetivos ajenos al campo propiamente energético, como el de resolver problemas fiscales como la reducción del déficit público, consecuencia de la crisis y por tanto coyunturales. El
incremento imparable de la parte regulada de la factura eléctrica con nuevas tasas y peajes, los nuevos impuestos a la producción por cogeneración o las trabas al autoconsumo, la revisión retroactiva de las primas a las fuentes renovables, en
particular a la fotovoltaica, son medidas sin otra justificación que objetivos fiscales coyunturales que impiden la actualización indispensable de la política energética. La mala planificación de las ayudas a instalaciones renovables, con el
rosario de sucesivos recortes al régimen de primas por su elevado coste para el erario, también obedeció a intereses políticos ajenos a la cuestión energética.


La consecuencia de esta falta de estrategia e incoherencias ha sido la creación de graves problemas, como el llamado 'déficit de tarifa', que no ha sido resuelto por el alud de medidas legislativas ad hoc aprobadas por el Parlamento a
propuesta del Gobierno. Buscando una neutralidad quimérica que muchas veces encubre una protección legal indebida de un modelo de negocio superado y con rasgos oligopólicos, muchas de esas medidas han perjudicado a todos los implicados, incluyendo
a las grandes empresas del sector, pero especialmente a los consumidores y a los emprendedores innovadores: a los primeros con alzas constantes de la factura energética, injustificadas dado el abaratamiento de los costes reales en muchos periodos,
y la reducción del consumo; y a los segundos, con una permanente inseguridad jurídica, retroactividad y provisionalidad normativa que hacen imposible cualquier plan racional y estable de actividad en el sector de energías renovables.


Finalmente, el profundo empobrecimiento de amplias capas de la población como consecuencia de la crisis, con sus corolarios de desempleo de larga duración, precariedad laboral y merma de las rentas salariales, unido al alza incesante de la
factura energética (electricidad y gas, fundamentalmente) han hecho aparecer el problema de la llamada 'pobreza energética': el acceso insuficiente o precario a un nivel de consumo energético suficiente para desarrollar una vida de calidad según
los estándares normales, tanto en el hogar como en el trabajo. Una consecuencia particularmente dramática de este fenómeno es el incremento del riesgo de exclusión social, puesto que disponer de energía segura y barata resulta fundamental para
cualquier aspecto de la vida actual, desde el mantenimiento de la salud hasta la educación o la puesta en marcha de un negocio.


Respecto a los aspectos medioambientales de la política energética, adolecen de la misma incoherencia normativa observada en el sector eléctrico.


El objetivo proclamado de una economía baja en carbono es incongruente con la excesiva dependencia de los hidrocarburos, la burbuja de las plantas de ciclo combinado que consumen gas importado, o el mantenimiento de ayudas públicas al carbón
de baja calidad. Menos lo es todavía la política de penalizar el autoconsumo con balance neto, de ignorar los objetivos de ahorro, innovación y eficiencia energética en el consumo doméstico y de pequeños consumidores, el trato fiscal contrario a la
cogeneración y la biomasa, o los constantes cambios de objetivos en la energía nuclear y la deficiente regulación legal y competencial del fracking, la extracción de gas de esquisto (shale gas) o energía geotérmica por medios no convencionales
(fractura hidráulica), entre otros asuntos.

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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia presenta la siguiente propuesta de resolución al debate sobre el Estado de la Nación.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. La realización de una auditoría integral sobre la formación de precios de la electricidad que permita regular el sector y el mercado en base a los precios reales, que deben sustituir a los precios autorizados por el gobierno, con vistas
a mejorar la eficiencia, transparencia, competitividad, innovación y costes del sistema, acabando con el denominado 'déficit de tarifa' e instaurando la seguridad jurídica sobre el sector para todos los agentes productores, tanto de régimen
convencional como renovable, y para los distribuidores, comercializadores, inversores y consumidores.


2. La regulación de un sistema de facturación transparente mediante contadores inteligentes que permitan al usuario elegir entre varias tarifas posibles dentro de su contrato, y coherente con los picos y valles de la demanda y oferta de
electricidad.


3. La promoción de políticas de eficiencia y ahorro energético que incluyan una regulación favorable al autoconsumo con balance neto, integrada en un plan general de rehabilitación de viviendas y edificios, con el objetivo de incrementar el
ahorro y la eficiencia energética, y de reanimar el sector de la construcción, de la innovación y de los servicios energéticos.


4. El desarrollo de una política energética integral que considere la totalidad de fuentes disponibles, factores económicos, medioambientales y sociales, y objetivos generales y específicos, incluyendo:


a) Los objetivos medioambientales de una economía baja en carbono a partir de un mix energético que incremente el papel de las fuentes energéticas menos contaminantes y más seguras y eficientes.


b) La regulación exigente y suficiente de la exploración y extracción de hidrocarburos por medios convencionales y de fractura hidráulica.


c) La restauración de la seguridad jurídica, acabando con la retroactividad para el régimen de primas a las fuentes renovables ya instaladas.


d) Incentivos fiscales adecuados para la innovación, la eficiencia y el ahorro energético.


e) La coherencia de la política energética nacional con los objetivos de la Unión Europea para los próximos decenios.


f) La conexión energética de la Península Ibérica con el resto de Europa.


g) La lucha contra la 'pobreza energética'.


5. A regular por ley un acceso mínimo garantizado a fuentes de energía indispensables (electricidad y gas) para aquellas familias que no puedan hacer frente a la factura energética, previendo riesgos de exclusión social por la denominada
'pobreza energética', y riesgos para la salud derivados de una calefacción y refrigeración deficientes.


Propuesta de resolución núm. 37


Para erradicar la pobreza Infantil.


La crisis económica que golpea nuestro país está provocando un evidente riesgo de pobreza y exclusión social entre amplias capas de la población. Los datos son alarmantes: a día de hoy, un 38,7 % de los españoles llega a final de mes con
dificultad o mucha dificultad. Pero peor aún son los datos de percepción de subsidios y rentas familiares: Se han duplicado desde el año 2007 el número de familias que no recibe ningún tipo de subsidio o renta, situándose en una cifra cercana a
los dos millones de hogares. Por último, según Cáritas, la pobreza severa (es decir las familias que reciben menos de 307 euros al mes) afecta a más de tres millones de personas (un 6,4 % de la población española).


Este fenómeno ha sido ya alertado por numerosos informes publicados recientemente por ONGs, como es el caso de 'Save The Children'. El informe del año 2013 de la organización no gubernamental pone un especial énfasis en la pobreza de uno de
los grupos más vulnerables de la sociedad: la infancia. En este sentido, 'Save The Children' señala que en la actualidad hay casi tres millones de niños en riesgo de pobreza y exclusión social. Este dato supone que el 34 % de los menores de 18
años se encuentra en una situación casi límite. El dato sobre pobreza para el resto de la sociedad ronda el 28 %.

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Si analizamos la situación de los niños en nuestro país en función de la situación de la unidad familiar, el 45,6 % de los menores que conviven en familias monoparentales vive en riesgo de pobreza. Este porcentaje es del 57,6 % para los
menores cuyos padres no alcanzaron la educación secundaria y, en las familias en las que alguno de sus progenitores es extranjero, los menores que viven en riesgo de pobreza se sitúan en el 49,2 %.


En 2010 España se comprometió ante la Unión Europea a reducir en 250.000 el número de niños en situación de pobreza hasta 2020, pero el número de niños pobres sigue aumentando de manera progresiva. En 2012 nuestro país asumió que la pobreza
infantil sería una prioridad en los planes de acción en materia de inclusión social y apoyo a las familias. Como consecuencia de este compromiso a finales del 2013 se incluyó la pobreza infantil como prioridad en el Plan Nacional de Inclusión
Social. Sin embargo, el número de menores expuestos a la pobreza continúa aumentando.


Así, si comparamos la situación de nuestro país con la del resto de países de nuestro entorno, España es a día de hoy el octavo país de la UE en el índice de riesgo de pobreza infantil. En este aspecto, solo nos superan: Bulgaria, Rumania,
Hungría, Letonia, Irlanda, Grecia e Italia.


A pesar de las múltiples iniciativas que se han ido aprobando a lo largo de la presente legislatura sobre este tema, lo cierto es que todavía queda un largo recorrido para poder combatir esta lacra.


En su virtud el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Publicar de manera anual un informe sobre la situación de los niños en España analizando el impacto de las políticas estatales sobre su situación así como la inversión dedicada a la infancia en los Presupuestos Generales del Estado,
además de las medidas concretas adoptadas en este sentido y su impacto.


2. Elaborar y aprobar un Plan de Apoyo a las Familias que tome como referencia la recomendación de la Comisión Europea 'Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas'.


3. Crear una partida presupuestaria específica, adicional al fondo de 17 millones de euros destinados a la lucha contra la pobreza ya que dicha cantidad resulta claramente insuficiente, que dote de manera estable las políticas de lucha
contra la pobreza infantil en el marco del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAIN) 2013-2016.


4. Elaborar metas e indicadores cuantificables en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAIN) 2013-2016.


5. Valorar de forma previa el impacto que las medidas legislativas puedan tener en la pobreza y el bienestar de niños y niñas.


6. Garantizar la coordinación y cooperación institucional, a todos los niveles de la administración, entre los diferentes planes en marcha.


7. Destinar los recursos materiales, humanos y formativos que sean necesarios para abordar de manera eficaz la puesta en marcha de las medidas más convenientes.


Propuesta de resolución núm. 38


Sobre educación.


La aprobación de la LOMCE no ha resuelto los problemas que afectan a la calidad del sistema educativo español, y que justificaban abordar una reforma de la legislación educativa básica. Estos problemas son básicamente de dos tipos:
pedagógicos, y político-administrativos.


Los de tipo pedagógico, bien definidos por los estudios de evaluación del sistema, son conocidos:


a) Abandono escolar temprano y fracaso escolar excesivos.


b) Bajo nivel de los conocimientos de un alto porcentaje de los escolares al terminar las diferentes etapas escolares, comenzando por la primaria.


c) Escaso porcentaje de alumnos con resultados excelentes.


d) Nivel insuficiente, en general, de conocimientos en matemáticas, lecto-escritura e inglés.


e) Defectuoso desarrollo de la Formación Profesional, concebida como una enseñanza de segunda clase.


f) Sistema defectuoso de selección y formación del profesorado.

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g) Escasa autonomía de los docentes y los centros escolares para adaptar las normas y programas a la realidad escolar.


Respecto a los problemas político-administrativos, son consecuencia del excesivo papel de las Comunidades Autónomas en la configuración del currículo, con el resultado de aumentar las diferencias curriculares interterritoriales sin
conseguir, a cambio, disminuir las diferencias de nivel educativo claramente indexadas por las pruebas PISA. Al contrario, esas diferencias tienden a aumentar como si se tratara de los sistemas educativos de países independientes y centrífugos. En
resumen:


a) Las Comunidades Autónomas tienen un papel excesivo (del 35 % al 45 %) en la decisión final sobre los contenidos curriculares.


b) Sigue sin haber garantías legales de libre elección de una educación oficial bilingüe, con la lengua vehicular materna, en las CC.AA. bilingües, especialmente en Cataluña.


c) Hay un peso excesivo de las administraciones educativas autonómicas en la vida de los centros, agravado por la LOMCE.


d) La existencia de 17 sistemas educativos impide la libre circulación de docentes en el sistema público y dificulta la de los escolares.


La LOMCE ha introducido algunos cambios positivos en el ámbito pedagógico, como las evaluaciones de fin de etapa y la de los centros escolares, o la mejora de la permeabilidad entre FP y bachillerato, pero ha empeorado la falta de autonomía
del profesorado, cuya formación y selección ignora, y la intromisión de las administraciones en la vida de los centros.


Además, ha introducido elementos ideológicos confesionales inaceptables, como la evaluación de la religión, y favorece descaradamente la creación de centros concertados con privilegios como la cesión gratuita de terrenos públicos, o la
extensión del régimen de conciertos a centros con segregación de sexos en el aula.


En definitiva, la LOMCE no va a resolver muchos de los problemas de fondo que tenía la educación, a lo que no es ajeno el hecho de su altísima coincidencia con la legislación precedente precisamente en materias pedagógicas, y además agrava
algunos y añade otros nuevos. No es el menor de ellos la aprobación de una ley llamada a tener una vida breve a causa del amplio rechazo que suscita en la comunidad educativa y entre las fuerzas políticas de oposición.


A ese problema original debe añadirse el de la mala factura legislativa de una ley con vocación de reglamento detallista, un enfoque completamente inadecuado y falto de realismo, pues una ley educativa no puede quedar al albur de los
inevitables cambios y reformas que la experiencia obligará a introducir en muchos capítulos educativos.


Una vez más, se desatiende el fundamental objetivo político de conseguir una ley de Educación con amplio apoyo, bien hecha técnicamente, basada en valores democráticos y no en objetivos ideológicos, y pensada para durar al menos 25 o 30 años
con el fin de dar estabilidad regulatoria y tranquilidad a la comunidad educativa para que pueda trabajar sin interferencias extrañas, ni estar sometida al injustificable ritmo de cambio del marco legal cada cinco años.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia presenta la siguiente propuesta de resolución al debate sobre el Estado de la Nación:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Presentar un nuevo Proyecto de Ley educativa pensado para al menos 25 años, debatido y acordado en profundidad con la comunidad educativa y los partidos democráticos de la cámara, congelando entre tanto la ejecución de la LOMCE.


2. Potenciar en la futura ley educativa los principios de laicismo propios de la enseñanza pública, dejando la educación confesional para los centros privados o concertados que la ofrezcan, y siempre, en el caso de los concertados,
aceptando las reglas de no discriminación por razones confesionales de docentes y escolares.


3. Desarrollar la red pública de enseñanza sin supeditarla al desarrollo de una red concertada con ventajas injustificadas frente a los centros públicos y privados auténticos. Las retribuciones y carrera profesional de los docentes de la
red concertada deben equiparse a los de la pública.

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4. Potenciar la FP como una vía educativa en pie de igualdad con la secundaria y el bachillerato, adelantando a los 14 años la edad de acceso, y ampliando las facilidades para el cambio de itinerario entre FP y bachillerato.


5. Profundizar la selección y formación del profesorado, prescindiendo del actual sistema de máster habilitante en beneficio de un sistema de profesorado residente formado en los propios centros escolares.


6. Profundizar ampliamente la autonomía y autoridad de los docentes y de los centros escolares, reforzando la evaluación y dación de cuentas, introduciendo incentivos a la superación de resultados, y autorizando la posibilidad de introducir
cambios en los itinerarios y especialización de los centros, devolviendo a los claustros la elección de la dirección.


7. Limitar el porcentaje de currículo decidido por las CCAA, hasta un máximo del 10-15 % del horario lectivo, con independencia de la lengua en que se imparta.


8. Adoptar las medidas legales necesarias para garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales que exigen el respeto al bilingüismo en la educación pública en Cataluña, y el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular entre
las dos oficiales en las comunidades bilingües.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, y con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, las siguientes
propuestas de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Propuesta de resolución núm. 39


Transferencia prisiones a la Comunidad Autónoma del País Vasco.


Resulta inadmisible el incumplimiento no solo reiterado, sino además infundado, de las competencias previstas en materia de prisiones a la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud de lo previsto en el artículo 10.14 del Estatuto de
Autonomía de Gernika en relación a la organización, régimen y funcionamiento de instituciones penitenciarias y en el artículo 12.1 relativo a la ejecución del ordenamiento jurídico estatal del Estado en materia de legislación penitenciaria.


Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


A la transferencia de la competencia exclusiva en el ámbito de las estructuras penitenciarias y a la competencia de ejecución de la política penitenciaria en virtud de las previsiones del Estatuto de Autonomía de Gernika.


Propuesta de resolución núm. 40


Cumplimiento del Estatuto de Gernika en materia de seguridad.


El Estatuto de Autonomía de Gernika establece en su artículo 17.1 que a las Fuerzas de Seguridad del Estado les corresponde en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca 'los servicios policiales de carácter extracomunitario y
supracomunitario, como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e
inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado'.


La importante presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi se ha venido justificando por la necesidad de combatir el terrorismo, explicándose de esta manera el incumplimiento del acuerdo contenido en el Estatuto de Gernika en
materia de seguridad, que encomienda a las instituciones del País Vasco mediante el proceso de actualización del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución, la protección de las personas y bienes y el mantenimiento
del orden público dentro del

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territorio autónomo. ETA ha declarado su voluntad de finalizar de manera definitiva con su actividad terrorista, ejercida durante décadas. Estamos en un nuevo tiempo lejos de las situaciones de excepcionalidad que desafortunadamente se han
tenido que vivir en Euskadi. Un nuevo tiempo sin la lacra del terrorismo ni la violencia callejera. Así lo ha entendido también el Gobierno al decidir la retirada de escoltas.


En estos momentos las Fuerzas de Seguridad del Estado cuentan con aproximadamente 4.000 efectivos en el País Vasco, número a todas luces excesivo para desarrollar las labores que según el ordenamiento jurídico les corresponden. Aún más en
tiempos de fuerte crisis económica, en los que una readecuación del número de efectivos podría proporcionar medios suficientes para atender en condiciones tareas de seguridad fundamentales en otros lugares del Estado.


Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Que cumplimente el Estatuto de Gernika en materia de seguridad y proceda a una reducción de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el País Vasco acorde con el mandato del ordenamiento jurídico, que les asigna los servicios
policiales extra y supracomunitarios, quedando encomendada la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público exclusivamente a la Ertzaintza.


Propuesta de resolución núm. 41


Autopistas en régimen de concesión.


La Constitución, en su artículo 148, apartado 1, cláusula 9, permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias sobre las carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma.


El Estatuto de Autonomía para el País Vasco dispone, en su artículo 10, apartado 34, que en materia de carreteras y caminos, además de las competencias contenidas en el artículo 148.1.9 de la Constitución, las Diputaciones Forales de los
Territorios Históricos del País Vasco conservarán íntegramente el régimen jurídico y competencias que ostentan o que, en su caso, hayan de recobrar a tenor del artículo 3 de este Estatuto.


Justificada, por tanto, la atribución competencia! al País Vasco en el origen histórico del régimen especial foral, puede el mismo implicar particularidades respecto de los principios generales que ordenan el entramado institucional y
competencial del Estado de las Autonomías. Esto se manifiesta en el respaldo, tras la previa modificación del catálogo estatal por el procedimiento previsto en la legislación de Carreteras del Estado (mediante la aprobación previa de un Real
Decreto por el que se segregan los tramos de autopista objeto de traspaso y se desclasifican como carreteras estatales de interés general), a la asunción por la Comunidad Autónoma del País Vasco de todos aquellos tramos de autopistas en régimen de
concesión que discurren por su territorio, independientemente de que continúen hacia otros territorios. Las STC 65/98 y 132/98 confirman la viabilidad de este traspaso.


Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Transferir a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia en Autopistas en Régimen de Concesión en los términos tanto jurídicos como económicos ya acordados en el año 2011.


Propuesta de resolución núm. 42


Ferrocarriles.


El traspaso de las funciones y servicios que el Estado presta en el País Vasco en relación con los ferrocarriles, se ampara en lo dispuesto en el apartado 32 del artículo 10 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, en el que se establece la
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución, y terminales de carga en materia de transportes.
Igualmente, en el apartado 9 de su artículo 12, establece la competencia de ejecución de la legislación del Estado en materia de ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma, aunque discurran sobre las infraestructuras de titularidad estatal a que hace referencia el número 21 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

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Por su parte, la Constitución en su artículo 149.1.21.º establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de ferrocarriles que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma.


Estas reglas de delimitación competencial en la materia que configuran el criterio territorial como elemento esencial del modelo de reparto, son complementadas por el de interés general o, en su caso el de interés autonómico.


En la actualidad se encuentra en elaboración por parte del Gobierno del 'Catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General'.


Tras un rápido análisis del contenido del mismo se ha podido constatar que la propuesta de catálogo incluye en su anexo número 1 todas las líneas gestionadas por ADIF tanto de ancho ibérico, como métrico que discurren dentro de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.


Esta inclusión, de acuerdo con la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, imposibilitaría la transferencia de cualquiera de estas líneas a la Comunidad Autónoma, lo que ha sido reiteradamente solicitado desde el País Vasco.


Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Proceder a la no inclusión de la totalidad de los tramos de las redes de ancho métrico e ibérico que discurren por el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el 'Catálogo de Líneas y Tramos de la Red de Interés General' que se
encuentra en fase de elaboración.


Transferir a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones y potestades hasta ahora ejercidas por el Gobierno y la Administración del Estado sobre líneas, infraestructuras y servicios relacionados con el transporte terrestre por
ferrocarril cuyo itinerario discurra íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.


En particular, la Comunidad Autónoma del País Vasco asumirá la titularidad y administración de las infraestructuras ferroviarias traspasadas, la construcción y, en su caso, la administración de nuevas infraestructuras ferroviarias
competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como la regulación, explotación y gestión de la infraestructura, líneas y servicios ferroviarios que se desarrollen íntegramente en la Comunidad Autónoma.


Propuesta de resolución núm. 43


Selecciones deportivas.


Es universalmente admitido que el deporte, además de constituir un elemento esencial para el bienestar de las personas, de los colectivos y de las sociedades, es un instrumento de reflejo de la diversidad social, histórica o cultural de los
pueblos o naciones, tanto a nivel interno como a nivel internacional.


El artículo 2 de la Constitución española declara que el Estado español está integrado por un conjunto de regiones y nacionalidades. Es decir, el texto constitucional reconoce la pluralidad de nacionalidades de España. Dichas
nacionalidades que forman parte del Estado de las Autonomías cuentan con algunas federaciones deportivas que viene reivindicando históricamente su integración en las federaciones deportivas oficiales de ámbito internacional. Dichas nacionalidades
se corresponden con las contempladas en la disposición transitoria segunda de la Constitución española.


La Constitución española, en su artículo 149.1 establece las materias reservadas al Estado con carácter exclusivo y en ninguna de ellas se hace referencia al deporte. Asimismo, los redactores del texto constitucional recogieron
explícitamente esta materia en el artículo 148.1.19 entre las que podían ser asumidas por las comunidades autónomas. De hecho, estas comunidades autónomas, en sus respectivos estatutos de autonomía, han incorporado el deporte como competencia
exclusiva, lo que viene a demostrar que nos hallamos ante una de las materias que el Tribunal Constitucional califica de competencia exclusiva en sentido estricto.


Por consiguiente, se presenta la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:


En el plazo de tres meses presente un proyecto de ley de modificación de la actual ley del deporte de manera que esta reconozca el derecho de las federaciones deportivas autonómicas correspondientes a aquellas Comunidades Autónomas
contempladas en la disposición transitoria segunda de la Constitución

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española para integrarse en las correspondientes federaciones deportivas internacionales y organismos olímpicos a fin de representar a sus respectivos ámbitos geográficos y fomentar la participación en las competiciones internacionales, sean
o no oficiales, de sus selecciones deportivas en la forma y ámbito que estimen oportuno.


Propuesta de resolución núm. 44


Educación.


El Proyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa, recientemente aprobado se trata de probablemente de uno de los Proyectos de Ley más controvertidos tanto desde el punto de vista político como social de la actual legislatura, y
obliga a introducir cambios de enorme calado en el sistema educativo incidiendo profundamente en ámbitos tan diversos como el pedagógico, el organizativo o el económico.


Se trata, además, de una norma que responde a una voluntad centralizadora y uniformizadora del Gobierno del Estado, que no respeta las competencias de las CC.AA., en el caso de Euskadi de carácter exclusivo.


Así, y partiendo del rediseño integral de la arquitectura del sistema educativo, amparándose en un exceso ilegítimo de la competencia estatal para señalar un 'marco básico educativo', produce un vaciamiento de facto de la competencia
autonómica que queda reducida a una mera aplicación en la mayoría de la regulación propuesta.


Se trata, además, de una norma que deja traslucir los fundamentos ideológicos neoliberales que la inspiran y su marcado carácter adoctrinador.


En el caso de Euskadi no responde a los supuestos objetivos que pretende conseguir, en la medida que a fecha de su aprobación han quedado ampliamente superados.


Es especialmente preocupante su posible incidencia en el prestigiado sistema vasco de Formación Profesional.


En definitiva, se trata de una ley que ha suscitado la alarma entre la totalidad de los sectores educativos, en la medida que supone un ataque a la igualdad de oportunidades y un retroceso en la equidad y en la calidad de la educación, que
es invasora de competencias autonómicas y que relega el papel de las lenguas propias de algunas Comunidades Autónomas a la marginalidad, además de no haber suscitado el suficiente consenso ni en la comunidad educativa ni entre las diferentes
opciones políticas representadas en la Cámara.


Dado lo anterior y teniendo en cuenta que en la educación es un sector que debería, en todo caso, precisar de un máximo consenso a la hora de su modificación, es por todo ello


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa y proceder a la apertura de un proceso de negociación y diálogo real con las Administraciones y la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para
abordar con el máximo consenso las medidas que se consideren necesarias para la mejora del sistema educativo.


Propuesta de resolución núm. 45


Tren de alta velocidad.


La Nueva Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián-Frontera Francesa forma parte de la rama atlántica del Proyecto Prioritario n.º 3 de la Unión Europea, dando continuidad en territorio español a la línea
Madrid-Valladolid-Vitoria-Frontera Francesa.


Para su ejecución y tras el acuerdo formalizado en abril de 2006 entre la Administración General del Estado, el Gobierno Vasco y el ADIF, este último se encarga de la redacción y ejecución de los proyectos de plataforma entre Vitoria-Gasteiz
y Bilbao y los correspondientes a la integración del ferrocarril en ambas ciudades y el Gobierno Vasco acomete la redacción de proyectos y la construcción de la plataforma en el ramal guipuzcoano desde el punto kilométrico 9,00 en Bergara hasta
Irún.


La conexión Burgos-Vitoria-Gasteiz se encuentra en fase de proyecto y carece de financiación.

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A enero de 2014, todos los tramos (17) cuya ejecución se encuentra encomendada al Gobierno Vasco están en obras o finalizados.


No ocurre lo mismo, con los tramos cuya ejecución corresponde al Gobierno español.


Especialmente preocupante es la situación en la que se encuentran los 5 subtramos que conforman el denominado 'Nudo de Bergara', cuya ejecución es clave para la conclusión y puesta en marcha de la 'Y vasca'.


Todos los proyectos del nudo han sido aprobados a finales del año 2012, encontrándose, transcurrido más de un año desde su aprobación, pendientes de licitación, a pesar de los reiterados compromisos del Ministerio y del propio Presidente del
Gobierno español.


Cabe recordar que esta línea, unirá entre sí, por Alta Velocidad, las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca y acercará a Euskadi al resto de la península y a Francia, siendo en este sentido un proyecto estratégico en orden a la
mejora de su conectividad terrestre, y un instrumento esencial de crecimiento económico y cohesión social.


Por todo lo anterior y al objeto de avanzar en los trabajos que permitan la puesta en marcha de la infraestructura, que por otra parte ya acumula importantes retrasos.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Proceder a la licitación, de manera urgente, de la ejecución de los proyectos constructivos que conforman el denominado 'Nudo de Bergara', infraestructura clave para la culminación del Proyecto ferroviario 'Y vasca' y que se divide en los
siguientes subtramos:


Subtramo;Plazo de ejecución


Mondragón-Bergara (Sector Kobate) ;34 meses


Mondragón-Bergara (Sector Zumelegi) ;34 meses


Mondragón-Bergara (Sector Angiozar) ;42 meses


Elorrio-Elorrio ;36 meses


Elorrio-Bergara ;34 meses


- A efectos de no demorar en exceso la puesta en funcionamiento de la Y Vasca, formalizar una nueva encomienda de gestión entre la Administración del Estado, el ADIF y el Gobierno vasco, para que este último asuma la ejecución del proyecto
de los subtramos que conectan con el ramal gipuzkoano, cuya gestión actualmente corresponde al Gobierno central, acordando para ello los mecanismos de financiación necesarios, en el marco del acuerdo económico-financiero entre la Comunidad Autónoma
del País Vasco y el Estado español.


- Agilizar la redacción del Proyecto y ejecución de la Plataforma del TAV Burgos-Vitoria-Gasteiz, mediante la priorización y habilitación de los créditos presupuestarios precisos para su puesta en marcha a la mayor brevedad posible.


Propuesta de resolución núm. 46


Impulso a plataformas logísticas de Jundiz y Arasur y al aeropuerto de Foronda.


Las plataformas logísticas de Jundiz y Arasur, ubicadas en el Territorio Histórico de Araba, constituyen infraestructuras óptimas para el desarrollo de la totalidad de las actividades relativas al transporte, la logística y la distribución
de mercancías, tanto para el tránsito estatal como para el internacional, requeridas por el Puerto de Bilbao. Carece, por tanto, de sentido económico crear nuevas plataformas en las proximidades.


En este sentido, debe ser tenida en cuenta además, su privilegiada ubicación próxima al aeropuerto de Foronda y a la futura línea de Alta Velocidad, de uso mixto para pasajeros y mercancías, y que formará parte de la Red Europea de
Autopistas Ferroviarias.


La reducción horaria del aeropuerto de Foronda, que el Gobierno del Estado español puso en marcha en agosto de 2012, hizo que el aeropuerto Gasteiztarra pasara de estar operativo 24 horas al día los 365 días del año, a que su horario quedara
reducido a 60 horas semanales y solo en horario nocturno. Una

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reducción que vino acompañada de un drástico recorte del personal y que como consecuencia ha supuesto una pérdida progresiva de actividad en la terminal alavesa.


Esta decisión ha supuesto que de facto resulte imposible prestar el servicio en condiciones adecuadas, más aún cuando se trata del cuarto aeropuerto de la red de AENA en volumen de carga.


A ello, hay que sumar otras funciones que siempre había cubierto, entre las que está de aeropuerto de contingencia. De facto, las condiciones meteorológicas que hemos sufrido en los últimos días que han afectado de manera importante a los
vuelos con salida o destino en la terminal de Bilbao, han demostrado que el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz-Foronda, por sus características técnicas y por ser el aeropuerto más cercano a Loiu podría haber desempeñado esa función evitando que tuvieran
que ser desviados y obligados a aterrizar en Pamplona, Zaragoza, Biarritz incluso en Barcelona, a más de seiscientos kilómetros de distancia de Bilbao o en Tolouse (Francia).


Todo lo expuesto, unido a la posibilidad de acoger nuevos vuelos de pasajeros, hace necesario recuperar el horario de operaciones anterior a la pérdida de la operativa H24.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Activar los mecanismos oportunos en orden a que el Puerto de Bilbao acuerde la utilización prioritaria como Puerto seco de las infraestructuras logísticas ya construidas y en funcionamiento de Jundiz y Arasur.


- Que revise el Plan de viabilidad del aeropuerto de Foronda de manera que sea considerado como parte de la infraestructura logística de mercancías.


- Que adopte las medidas adecuadas para que el aeropuerto de Foronda se halle operativo sin limitaciones de horario y sin estar sujeto a acuerdos puntuales para su apertura a la demanda, dotándose con los recursos necesarios para garantizar
la operatividad durante 24 horas al día, a fin de poder acoger vuelos de pasajeros, incrementar el número de vuelos de carga y, en aquellas circunstancias excepcionales en las que la seguridad así lo aconsejara, actuar como aeropuerto de
contingencia.


Propuesta de resolución núm. 47


Tax Lease.


El sector naval ha vivido una situación crítica muy dramática entre 2010 y 2013 con derivadas tanto en el ámbito estatal como en el internacional.


En el ámbito internacional:


Un exceso de oferta en el negocio mercante que ha repercutido en un descenso del precio de los fletes. Este descenso combinado con un aumento de los costes del combustible y la falta de acceso a créditos ha provocado una disminución de
ganancias de los armadores mercantes y una caída de los pedidos de construcción de nuevos buques, del orden del 40 por cien en los últimos cuatro años. Todo ello ha conducido al cierre de numerosos astilleros en el ámbito internacional.


El dominio de los astilleros asiáticos -Corea, China y Japón al frente- que copan en 2012 más del 80 % de los nuevos pedidos. Como la mayoría de los nuevos contratos para los buques de transporte de gas licuado se los lleva Corea, los
astilleros chinos han concentrado sus esfuerzos hacia la construcción de buques de carga a granel (bulkcarriers), obteniendo el 80 % de todos los nuevos contratos en este segmento. La mayoría de estos barcos son de tamaño Panamax o menores, y casi
la mitad de ellos para armadores nacionales.


En el ámbito estatal:


El cese del Tax Lease, denunciado en junio de 2011, por algunas asociaciones europeas. Esta denuncia supuso la suspensión temporal de este modelo de apoyo financiero-fiscal y, una fuerte disminución de las contrataciones de los astilleros
españoles. Un proceso de desafección que ha durado más de 25 meses. Ha habido que esperar, primero, a la aprobación del 'Nuevo régimen español de amortización anticipada de bienes adquiridos mediante arrendamientos financieros', un sistema
alternativo de financiación que se esperaba sirviera de estímulo de la contratación de nuevos buques y, luego, a la decisión de la Comisión sobre la devolución de las ayudas. Ahora, después de sopesar el impacto de esta

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sentencia, el sector reclama estabilidad; que tal como se refleja en el informe de julio de 2013, no se le repercutan los costes de las posibles devoluciones; seguridad jurídica y la vuelta de la confianza de armadores e inversores para
que los astilleros y la industria auxiliar vuelva a hacer lo que realmente sabe: construir barcos tecnológicamente avanzados para clientes de cualquier parte del mundo.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Que mientras España recupera la ayuda incompatible concedida en virtud del SEAF de los inversores de la AIE, según resolución de 17 de julio de 2013 del Comisario de la Competencia, Sr. Almunia, sobre el expediente abierto al Tax Lease
español, garantice que los beneficiarios no transfieran la carga de la recuperación a los astilleros y que, en caso de haberse producido alguna transferencia, los importes retenidos sean liberados de forma inmediata.


Propuesta de resolución núm. 48


Garoña.


El cierre definitivo o no de Garoña suscita un debate controvertido y poco pacífico.


La orden del Ministerio de Industria ITC/1785/2009 de 3 de julio, fijó la fecha de 6 de julio de 2013 como la del cierre definitivo de la Central.


Llegada esa fecha, el Gobierno pretendió que la explotación de la misma continuara, encontrándose con la sorpresa de que Nuclenor (lberdrola, Endesa), su propietaria paralizó la explotación por motivos de rentabilidad.


El Gobierno considera que este cierre es ilegal o al menos anómalo, y pretende que la explotación continúe. Este empeño es solo explicable desde una posición de capricho personal y no desde la racionalidad económica y política.


La Central que supera los 40 años es de primera generación, está anticuada y obsoleta con los riesgos que de ello se derivan.


Por otro lado, el actual exceso de capacidad de generación eléctrica y la escasa potencia de la Central (400 Mw) hacen que esta sea perfectamente prescindible.


Además, partidos políticos e instituciones de Euskadi se han manifestado reiteradas veces a favor del cierre definitivo de la Central.


Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno:


- Al cierre inmediato y desmantelamiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña.


Propuesta de resolución núm. 49


Dependencia.


La Ley para promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia quiso constituir un hito, elevando a la categoría de derecho subjetivo las necesidades de las personas dependientes, intentando, además, poner el acento en las tareas
de prevención. Se trataba de hacer realidad el deseo de convertir los servicios sociales en el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto con la Educación, la Sanidad y el Sistema de Prestaciones (pensiones).


Esta Ley establecía tres niveles de protección, o tres niveles de financiación, por parte de las Administraciones Públicas:


- El nivel básico, aquella aportación que debería realizar la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas para el desarrollo de la Ley en función de las personas dependientes.


- El nivel acordado que se plasmaría en acuerdos entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para cofinanciar los servicios y prestaciones previstas en la Ley.


- El nivel adicional que es la aportación que hace cada Comunidad Autónoma de su propio presupuesto con el fin de mejorar la cartera prevista en la Ley y desarrollos posteriores.

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La realidad que se está viviendo con respecto a esta Ley con las expectativas que generó, es decepcionante. Recortes en las prestaciones, ampliación de plazos de ejercicio de derechos, retrasos en el cobro de muchas organizaciones
prestadoras de servicios.


Una decisión que, sin duda, ha contribuido a la creación de esta sensación, es la supresión unilateral por parte del Gobierno del Estado del Nivel Acordado de Protección, fuente importantísima de financiación del Sistema, que ha quedado
suprimida.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Recuperar las consignaciones presupuestarias de las que unilateralmente se ha desentendido la Administración General del Estado.


Propuesta de resolución núm. 50


Derogación del Real Decreto-ley 16/2012, de medidas sanitarias.


El Gobierno aprobó por medio del Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril, una serie de medidas urgentes con el objetivo de 'garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad de sus prestaciones'.


Nada más lejos de la realidad, lo que el enunciado de la misma proponía y las medidas que en ella se contemplaban. Este real decreto, tras su implantación ha incurrido en una flagrante invasión competencial, asumiendo para el gobierno
central funciones que por estar transferidas competen a las CC.AA. En este sentido, y como denuncia de ello, el Gobierno Vasco presentó un recurso de inconstitucionalidad.


Asimismo, algunas medidas que se contemplan en este real decreto, rompen el principio de universalidad de la sanidad pública, negando la asistencia sanitaria a personas que por diferentes motivos no tengan regularizada su situación legal,
retirándoles la tarjeta sanitaria.


Otro de los apartados que más desigualdad y controversia han generado ha sido la instauración del copago farmacéutico. Una medida innecesaria, y que en ningún caso beneficia a los ciudadanos, y que en las clases más débiles (parados,
pensionistas...) supone un grave perjuicio económico, mientras que con esta medida se ha demostrado que ni se ahorra ni se obtiene ningún beneficio para el Sistema Sanitario.


Asimismo, las medidas que en su globalidad se contemplan en este real decreto, no responden a las necesidades de la sanidad pública, y en cambio solo han generado problemas y desigualdades. Por todo ello, y para:


1. Restaurar el ámbito competencial que las CC.AA. en materia sanitaria disponen y que la Administración General del Estado invade por medio de este real decreto-ley.


2. Mantener el principio de Universalidad de la sanidad y ofrecer asistencia sanitaria gratuita y con todas las garantías a todas las personas que se encuentren el Estado independientemente de su origen, nacionalidad o situación legal o
laboral.


3. Eliminar el Copago sanitario en cualquiera de sus aspectos y formulaciones y que perjudica gravemente al principio de equidad de la sanidad.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:


- Se derogue el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, 'de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad de sus prestaciones'.


Propuesta de resolución núm. 51


Empleo juvenil.


El Fondo destinado a la Garantía de Empleo Juvenil, financiado por el Fondo Social Europeo, asigna al Estado español 1.880 millones de euros para destinarlos a actuaciones que remuevan la intolerable situación de un porcentaje del 56 % de
los jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo.

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Como quiera que de los 1.880 millones de euros previstos por el Fondo Social Europeo se han atribuido a la Comunidad Autónoma del País Vasco 23 millones de euros, a pesar de que esta Comunidad Autónoma posee competencia exclusiva en materia
de Políticas activas de empleo.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Redistribuir de forma equilibrada y atendiendo al contenido de la competencia en materia de Políticas Activas de las CC.AA. la integridad del Fondo destinado a la garantía del empleo juvenil.


Propuesta de resolución núm. 52


Treviño.


El denominado Condado de Treviño es un enclave que comprende los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón que está a 12 kilómetros de Vitoria, y a más de 100 kilómetros de Burgos, provincia en la que está englobada, dos de
cada tres consultas sanitarias se hacen en la Comunidad Autónoma vasca, más del 60 por ciento de los niños del enclave están escolarizados en Álava y su población está absolutamente integrada socialmente en la sociedad alavesa.


Ambos municipios han solicitado insistentemente su derecho a ser consultados sobre su adscripción a una u otra comunidad autónoma. Así, por ejemplo, en 1991, Treviño convoca un referéndum para preguntar a los vecinos si quieren ser
consultados. En 1996 lo solicita La Puebla de Arganzón. En 2005 Treviño vuelve a solicitar la consulta. En 2013 vuelvan a retomar la iniciativa ambos ayuntamientos.


Por su parte, el Valle de Villaverde (hasta 2005 llamado Villaverde de Trucíos) es un enclave con un único municipio en la Comunidad Autónoma de Cantabria rodeado por municipios de la CAV. El citado municipio solicitó insistentemente en
septiembre de 1986, octubre de 1987 y marzo de 1991 la celebración de un referéndum entre sus vecinos y vecinas para manifestar en su caso la voluntad de que el municipio se integrara en la CAV. El Gobierno del Estado sistemáticamente ha rechazado
esta posibilidad.


La voluntad popular se erige en un valor fundamental de la Constitución española. Por otra parte no es admisible que el derecho a solicitar su adscripción a una u otra comunidad autónoma existente en varios estatutos de autonomía sea
bloqueado por diversas instancias institucionales impidiendo así conocer la voluntad de los vecinos y vecinas y que esta se haga realidad. El derecho, y menos el bloque de inconstitucionalidad, no pueden ser meras expresiones hueras de contenido.


Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados:


- Manifiesta que debe facilitarse la convocatoria de un referéndum en los enclaves de Treviño y Villaverde si así lo solicitan sus ayuntamientos a fin de conocer la opinión de sus vecinos en cuanto a la pertenencia de sus municipios a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León o su integración a la Comunidad Autónoma Vasca, y que sea cual sea la voluntad manifestada, sea respetada por todas las instancias institucionales.


Propuesta de resolución núm. 53


Consecución de la paz.


Vivimos unos momentos de esperanza en los que se vislumbra la posibilidad de que finalice definitivamente la violencia que tanto dolor ha causado durante décadas. Es por tanto el momento de contribuir desde los poderes públicos a la
profundización de la convivencia pacífica y al democrático ejercicio de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, de manera que se logre consolidar la convivencia pacífica.


Por consiguiente, el Congreso de los Diputados:


1. Señala que la situación de fin de la violencia por parte de ETA parece consolidada tras dos años de ausencia de atentados terroristas y coacciones a la población. Ello conlleva la readecuación de la

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política seguida hasta ahora por el Gobierno centrando el foco en conseguir la restauración de la convivencia normalizada en la sociedad vasca.


2. Insta al Gobierno a que mediante el más amplio diálogo, y en el marco de la legislación penitenciaria vigente, desarrolle una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria.


3. Exige a ETA su desarme y disolución rápida, efectiva y total y encomienda al Gobierno para que actúe consensuadamente con otras instituciones con altura de miras dentro de los márgenes permitidos por la ley a fin de asegurar los medios
más adecuados para que el citado desarme y disolución se produzcan de manera efectiva y ordenada.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Josep Antoni Duran I Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, presenta 15 propuestas de resolución en el
debate de política general celebrado los días 25 y 26 de febrero de 2014.


Palacio de Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Propuesta de resolución núm. 54


A favor de acordar la celebración de una consulta en Catalunya.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar un diálogo con el Govern de la Generalitat, en aras a posibilitar la celebración de una consulta a los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya para decidir su futuro.


Propuesta de resolución núm. 55


Regeneración democrática y transparencia.


El Pleno del Congreso de los Diputados considera urgente impulsar un amplio acuerdo político y social que contribuya, de manera efectiva, a afianzar los valores de la regeneración democrática y de la transparencia.


Entre las medidas concretas que deberían adoptarse se considera necesario:


a) Reforzar la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales recientemente puesta en marcha, con la finalidad de facilitar un mejor control de todas las partidas presupuestarias aprobadas y de su efectiva ejecución.


b) Impulsar una reforma de la normativa reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular con la finalidad de facilitar su más rápida discusión y tramitación parlamentaria, eliminando obstáculos legales que actualmente dificultan que las
propuestas impulsadas desde la ciudadanía puedan debatirse en las Cámaras parlamentarias de forma más ágil y reconociendo -de forma expresa- que los promotores puedan retirar el texto presentado cuando se consideres que su contenido ha sido alterado
de forma substancial.


c) Impulsar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que favorezca una mejor conexión entre los cargos electos y la ciudadanía, introduciendo mecanismos que permitan superar el actual sistema de listas cerradas y
bloqueadas.


d) Regular de manera precisa los denominados 'lobbies', a partir de la definición de la propia Comisión Europea de todas aquellas 'actividades realizadas con el objetivo de influir en la formulación de políticas y los procesos de toma de
decisiones', garantizando la necesaria transparencia en el ejercicio legitimo del derecho que los representantes de la sociedad civil y las empresas tienen para poder acceder a las instituciones con el objetivo de trasladar sus intereses, recabar
información, defender su situación o solicitar cambios en la normativa que les afecta, especificando los límites de estas actividades.

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e) Unificar criterios entre las distintas formaciones políticas para definir en qué momento procesal es oportuno que un cargo político deba apartarse de sus responsabilidades por estar inmerso en un proceso penal y dotar al Poder Judicial de
mayores medios y de un procedimiento más ágil para poder investigar y juzgar con mayor celeridad todos los casos de corrupción.


f) Crear un grupo específico de trabajo (una subcomisión en la Comisión Constitucional), con la participación de todas las fuerzas parlamentarias para el impulso de medidas legislativas sobre calidad democrática y reforzar, de manera
expresa, las posibilidades de control parlamentario con mayor inmediatez y proximidad en el nuevo Reglamento del Congreso de los Diputados que debería aprobarse en esta Legislatura.


Propuesta de resolución núm. 56


Para la creación y el mantenimiento del empleo.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Recuperar el Diálogo social en materia de política de empleo y de protección social, para asegurar una auténtica y sólida recuperación.


2. Incrementar los recursos destinados a Políticas Activas de Empleo, hasta situarlos como mínimo, en los niveles previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, con el objetivo de garantizar, de acuerdo con las
Comunidades Autónomas: una rápida y eficaz transición hacia el empleo; que los servicios públicos de empleo autonómicos puedan desarrollar programas propios adaptados a sus realidades sociales, económicas y territoriales; y la vinculación de las
políticas pasivas con las acciones tendentes a la reincorporación al trabajo, estableciendo una fórmula de reversión del ahorro generado por dichas reincorporaciones a la financiación de las políticas activas de empleo que gestionan las CC.AA.,
dando de este modo cumplimiento a lo previsto en los Estatutos de Autonomía en materia de gestión en el ámbito de la Seguridad Social, por parte de las CC.AA. que así lo deseen.


3. Aprobar con la mayor celeridad posible, un Plan de Choque para el Empleo, que ponga especial énfasis en la generación de puestos de trabajo en sectores con perspectivas de futuro o calificados como de yacimientos de empleo: sectores
industriales de alto valor añadido con grandes potenciales en el terreno de la exportación, el sector del turismo, el sector de la prestación de servicios a las personas, el Tercer Sector social, los sectores relacionados con las políticas de
bienestar como educación y sanidad, el sector primario, el sector de las energías renovables y aquellos sectores relacionados con los cambios en el modelo económico necesarios para transitar hacia una economía baja en carbono, entre otros.


4. Implementar con la mayor rapidez y agilidad posible la Garantía Juvenil, a llevar a cabo cuantas acciones sean posibles para que los fondos para su materialización y desarrollo se reciban por adelantado, sin tener que esperar a que las
acciones se finalicen y se verifiquen, modificando así las condiciones inicialmente previstas, de prefinanciación del Fondo Social Europeo en 2014 y 2015 (del 1 por 100 del total de los fondos asignados a cada programa, cada año) y en el caso de no
conseguirlo, a anticipar el 99 por 100 restante, sin computar como déficit, para ejecutar las actuaciones que se prevean en cumplimiento de la Garantía. La distribución de estos Fondos será equitativa entre las Comunidades Autónomas que posean
competencias en la materia de Políticas Activas de Empleo.


5. Adoptar las medidas oportunas, de acuerdo con las CC.AA., para que los derechos de los trabajadores a la formación profesional en el trabajo, así como a participar en planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor
empleabilidad, establecidos en los artículos 4 y 23 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, puedan ser ejercidos en todo caso y de forma eficiente.


6. Adoptar medidas laborales específicas de apoyo a la creación de empleo en las microempresas, y medidas de simplificación administrativa, fiscales y de apoyo a la financiación de estas empresas, para aprovechar su mayor potencial en
creación de puestos de trabajo a corto plazo.


7. Presentar, en el plazo de 4 meses, un Proyecto de Ley de regularización de empleo e impulso a la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector de la prestación de servicios a las familias y a las personas.

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8. Aprobar, de manera inmediata, cuantas medidas sean necesarias para que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), en cumplimiento de los fines que tiene encomendados, pueda resolver los expedientes pendientes de tramitación y garantizar el
pago inmediato de las prestaciones a que tengan derecho los trabajadores de acuerdo con la Ley; y a derogar las modificaciones introducidas en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, en su
disposición final quinta, relativas a la supresión del apartado 8 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo que a partir del 1 de enero de 2014 el FOGASA ya no se haría cargo de la indemnización de 8 días de salario por año de
servicio, correspondientes a los despidos objetivos en empresas de menos de 25 trabajadores.


9. Modificar, una vez alcanzado un acuerdo en el seno del diálogo social y en el Pacto de Toledo, el incremento de las cotizaciones de empresas y trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social, y de los trabajadores autónomos
establecidas en el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.


10. Incrementar el SMI para 2014, de forma que recupere el poder adquisitivo perdido por su congelación, adoptar las medidas oportunas a corto y medio plazo para su incremento progresivo hasta alcanzar el 60% del salario medio neto estatal
y a establecer un mecanismo automático que garantice efectivamente, el mantenimiento de su poder adquisitivo.


11. Aprobar, con la mayor celeridad posible, las disposiciones necesarias para recuperar con efectos desde el 1 de enero de 2014 y para mantener hasta que la tasa de desempleo no se sitúe por debajo del 15%, el derecho a la reposición de la
prestación por desempleo de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo o por procedimientos concursales de suspensión o reducción de jornada, en los supuestos establecidos inicialmente, en la Ley 27/2009, de 30 de diciembre,
de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.


12. Impulsar un gran pacto social entre sindicatos, organizaciones empresariales y Gobierno que se materialice en la presentación de un Proyecto de Ley que incluya las reformas necesarias para la implantación en España de un modelo similar
al fondo de capitalización austríaco como alternativa a la vigente regulación de la indemnización por despido.


13. Aplicar sin más aplazamientos en su entrada en vigor, la disposición final décima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, en la que se reconoce la figura del
trabajador autónomo a tiempo parcial.


14. Distribuir con la mayor celeridad posible, entre las CC.AA., en base a criterios objetivos como el número de desempleados y el de parados de larga duración, los recursos adjudicados a la colaboración público-privada a través de las
agencias de colocación.


15. Garantizar la financiación adecuada de las CC.AA. para las políticas activas de empleo en materia de discapacidad y transferir a las administraciones autonómicas que lo deseen, la competencia para regular las subvenciones destinadas al
mantenimiento de los puestos de trabajo en los Centros Especiales de Empleo, de acuerdo con sus necesidades.


Propuesta de resolución núm. 57


Rectificar el ajuste social, luchar contra el incremento de la desigualdad.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar, junto a las comunidades autónomas, una estrategia contra la desigualdad social:


1. Establecer límites de inversión mínima en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, respecto al gasto global de las administraciones públicas.


Promover un gran acuerdo político, con la participación de los gobiernos autonómicos y de las distintas fuerzas parlamentarias, para garantizar el mantenimiento del Estado del Bienestar, que establezca para el corto y medio plazo, un suelo
social de gasto mínimo en Educación, Sanidad y Servicios Sociales (incluida la Atención a la Dependencia), teniendo en cuenta el coste de la vida en cada territorio, que asegure la satisfacción adecuada de estos derechos básicos, con el fin de
situarnos progresivamente en la media europea en gasto social, y que respete y sea leal con la distribución competencial que se deriva del bloque de constitucionalidad, incorporando el compromiso del Ejecutivo de asegurar la financiación suficiente
del Estado a las Comunidades Autónomas, como administraciones competentes en las citadas materias.

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Este acuerdo requiere la adecuación de las políticas de ajuste hoy exigidas a las Comunidades Autónomas, administraciones responsables de las principales políticas sociales: sanidad, educación y asuntos sociales, asumiendo la administración
central este ajuste mediante la racionalización de sus estructuras y de los entes que dependen de éstas.


2. Reformar el sistema impositivo para hacerlo más eficiente y equitativo, con el fin de que contribuya a reducir las desigualdades.


La reforma fiscal debe tener como uno de sus principales objetivos, mejorar la redistribución de la renta, con el fin de combatir las desigualdades y facilitar la existencia de una amplia clase media capaz de cohesionar el conjunto de la
sociedad. La reforma deberá tener especialmente en cuenta el apoyo a las familias con menores y otros familiares a cargo.


3. Extender los comportamientos empresariales responsables con la sociedad.


Incorporar cláusulas sociales en los pliegos públicos de compras y contrataciones y criterios de responsabilidad social corporativa en la inversión y contratación pública, en la financiación de proyectos, subvenciones y en los diversos
apoyos que puede ofrecer la Administración del Estado, con el fin de dar señales al mercado de que serán reconocidas, premiadas o consideradas, las empresas que brindan a la sociedad un valor adicional en materia social y/o ambiental, de modo que
los fondos públicos se usen para apoyar a aquellas empresas que además de ofrecer un bien o un servicio a un precio asumible, lo hacen contribuyendo en mayor medida, a la cohesión social y/o a la sostenibilidad medioambiental.


4. Mejorar las políticas de apoyo a las familias con hijos.


- Ampliar la deducción por maternidad establecida en el artículo 81 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para las mujeres con hijos menores de 3 años que realizan una actividad por cuenta propia o ajena, consistente en una minoración de la cuota diferencial de este impuesto de 1.200 euros anuales por cada
hijo, hasta que los menores cumplan 16 años.


- Incrementar la asignación de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo, así como modificar los topes de ingresos mínimos y máximos para aumentar la base de los beneficiarios.


5. Incrementar el Salario Mínimo Interprofesional y reducir la brecha salarial de género.


- Incrementar el SMI para 2014, de forma que recupere el poder adquisitivo perdido por su congelación y establecer un mecanismo automático que lo garantice anualmente.


- Adoptar las medidas oportunas a corto y medio plazo para su incremento progresivo, hasta alcanzar el 60% del salario medio neto estatal.


- Acordar con los interlocutores sociales una estrategia y un paquete de medidas que tengan por objetivo impulsar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.


6. Recuperar y mejorar la protección de las personas desempleadas.


- Recuperar el subsidio especial para mayores de 45 años que se han visto obligados a agotar la prestación contributiva.


- Recuperar la edad de 52 años para el cobro del subsidio actualmente establecido para mayores de 55 años.


- Promover la modificación de las prestaciones por desempleo de manera que protejan de forma más efectiva, a los individuos con hijos y personas en situación de dependencia, a cargo.


- Implementar subsidios complementarios para salarios bajos, estimados en función de las cargas familiares, y facilitar la compatibilidad de determinadas ayudas con la situación de empleo ya sea de uno o ambos progenitores o personas
responsables de las cargas familiares, cuando los ingresos familiares no permitan hacer frente a sus necesidades básicas.

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- Impulsar una reforma de la Renta Activa de Inserción para garantizar la percepción de unos ingresos mínimos cuando no se pueda acceder a una prestación contributiva, que a la vez, respetando las competencias de las comunidades autónomas,
suponga una racionalización del conjunto de prestaciones, subsidios y programas que con el objetivo de incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo de los trabajadores desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad
para encontrar empleo, se llevan a cabo en forma de pago de una renta mensual.


7. Universalización y mejora de la financiación de la sanidad.


Limitar el acceso a la sanidad y erosionar su financiación constituyen nuevos focos de desigualdades, por lo que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad
económica del Sistema Nacional de Salud y la calidad de sus prestaciones y servicios mediante el desarrollo de las siguientes medidas:


- Garantizar una financiación suficiente a las comunidades autónomas para el desarrollo de sus competencias en materia de servicios sanitarios, revisando la financiación de dichos servicios.


- Garantizar el acceso a los servicios sanitarios a toda la población, cumpliendo el principio de universalidad de la cobertura, teniendo especial consideración a los colectivos socialmente más frágiles ante la actual situación de crisis
económica.


- Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios sanitarios en cualquier territorio español mediante el desarrollo y aplicación inmediatos de los sistemas de compensación efectiva, en tiempo y forma, de todos los servicios
sanitarios prestados a ciudadanos desplazados entre comunidades autónomas. Para ello el Gobierno dotará de los recursos necesarios el Fondo de Cohesión Sanitaria y el Fondo de Garantía Asistencial.


- Desarrollar con diligencia las medidas previstas en el RDL 16/2012 en los ámbitos de racionalización de las prestaciones de la cartera de servicios con criterios de coste-efectividad para favorecer un retorno más efectivo al ciudadano de
los recursos invertidos en el sistema sanitario.


8. Atender adecuadamente a las personas en situación de Dependencia y a sus familias.


En las políticas de financiación de la Dependencia, restaurar de forma inmediata, el nivel de financiación conveniado y modificar, mediante un amplio acuerdo político y social con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales y
económicos, el régimen de financiación del Sistema de atención a la Dependencia y de promoción de la autonomía personal de forma que asegure un volumen de recursos adecuado a las CC.AA., que tenga en cuenta el coste real de los servicios en cada una
de ellas, para que puedan gestionar, desarrollar y mantener el Sistema, con el nivel de calidad que corresponde, de manera sostenible en el futuro y con pleno respeto a sus atribuciones competenciales.


9. Rectificar en materia de Pensiones: Factor de Sostenibilidad y pensiones mínimas y más bajas (viudedad, orfandad).


- Rectificar y restablecer un mecanismo automático que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.


- Adoptar una política de mejora paulatina de las pensiones mínimas, de las de orfandad y de las de viudedad, cumpliendo de forma inmediata respecto a estas últimas, con las mejoras previstas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.


- Llevar a cabo la política en materia de Seguridad Social, en el marco de la concertación social con las organizaciones sindicales y empresariales, y en el marco del diálogo y el consenso político que representa el Pacto de Toledo, y
valorar la importancia y la necesidad de conseguir amplios y profundos acuerdos políticos y sociales en esta materia.


- Recuperar la vigencia y dar cumplimiento a la Disposición Adicional vigésima octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de Actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social relativa al cómputo del período de servicio
militar obligatorio o de prestación social sustitutoria, y a presentar antes de finalizar el presente período de sesiones, un proyecto de ley que establezca un sistema de compensación a la Seguridad Social para que por ésta se pueda reconocer, a
favor de las

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personas interesadas, un período de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria que compense la interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias.


10. Traspasar la gestión del 0,7 del IRPF destinado a fines de interés social.


Traspasar a la Generalitat de Catalunya la gestión de los recursos que deben ser destinados a fines de interés social, de acuerdo con la decisión ciudadana de señalar la casilla correspondiente al 0,7% en el IRPF, dando así cumplimiento a
las Sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.


11. Igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.


Restablecer las becas Séneca e incrementar anualmente el número y cuantía del resto de las becas y ayudas al estudio para equiparar, en el menor tiempo posible, la inversión del estado en becas a la media comunitaria. Traspasar a la
Generalitat de Catalunya el pleno ejercicio de gestión de las becas y ayudas con cargo a los presupuestos del Estado.


12. Garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada.


Sentar las bases de una política de vivienda actualmente inexistente que potencie el alquiler a precios asequibles y facilite el acceso a la vivienda a las familias con hijos o personas en situación de dependencia a cargo.


Impulsar la urgente aprobación de las medidas destinadas a paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria a los colectivos objetivamente vulnerables; facilitar la mediación para que las personas y familias en riesgo de ejecución
puedan tener una segunda oportunidad y permanecer en la vivienda; adecuar la legislación concursal para las personas físicas en situación de sobreendeudamiento; e impulsar la creación de un parque de viviendas públicas procedentes del SAREB que
deberán ser cedidas temporalmente a las CC.AA. y corporaciones locales con políticas sociales de vivienda.


13. Asegurar los suministros básicos a los consumidores vulnerables.


Impulsar la creación de un Fondo de garantía para la protección de los consumidores vulnerables con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, destinado a garantizar que no se produzcan cortes de suministro eléctricos o gasistas para
dichos consumidores.


Impulsar la inclusión, como beneficiarios del bono social eléctrico, a aquellos consumidores que acrediten formar parte de una unidad familiar que integre en su seno, a una o más personas que tengan reconocida oficialmente una discapacidad
en grado igual o superior al 33 por ciento.


14. Crear una Subcomisión para que la actuación política e institucional se ponga al servicio del objetivo de reducir la desigualdad.


Crear en el Seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Subcomisión para analizar las actuaciones a adoptar por la administración general del Estado, con el objetivo de reducir la desigualdad e incrementar la cohesión social en
España.


15. Cooperación para el desarrollo.


Impulsar en el seno de la Unión Europea, la creación de la Tasa a las Transacciones Financieras, que en España grave un conjunto amplio de operaciones y que garantice que su resultado se destine a financiar adicionalmente a los recursos
presupuestarios, políticas sociales específicas dirigidas a las personas más vulnerables en España, así como los programas de cooperación internacional contra el hambre, la pobreza y la desigualdad en los países en desarrollo.


Revisar las políticas de cooperación con el fin de asegurar el compromiso decidido con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la construcción de la Agenda Post-2015, el impulso de la coherencia de políticas públicas con el
desarrollo y la recuperación progresiva de las dotaciones presupuestarias destinadas a la cooperación para el desarrollo.

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Propuesta de resolución núm. 58


Mejorar la calidad educativa.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar la calidad educativa consensuadamente con las administraciones competentes en el ámbito educativo y el conjunto de fuerzas parlamentarias y para ello insta al Gobierno a:


1. Paralizar y retirar la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, por vulnerar once de sus apartados y una disposición, competencias de la Generalitat reconocidas por la Constitución y el Estatuto de
Autonomía, tal y como ha dictaminado el Consejo de Garantías Estatutarias en su Dictamen 1/2014, del 12 de febrero.


2. Modificar el artículo 82.2 de LOE para que las ayudas de transporte y comedor escolares se concedan teniendo en cuenta criterios de renta de las familias y no sol la situación geográfica, independientemente de los recursos económicos de
cada una de ellas.


3. Dotar a las comunidades autónomas con los recursos económicos suficientes para conceder ayudas para la adquisición de libros de texto, material escolar y reutilización de libros (como mínimo, la misma dotación que el 2011).


4. Recuperar las becas Séneca e incrementar anualmente el número y cuantía de las becas y ayudas al estudio para equiparar, en el menor tiempo posible, la inversión del Estado en becas a la media comunitaria.


5. Traspasar a la Generalitat de Catalunya el pleno ejercicio de gestión de las becas y ayudas con cargo a los Presupuestos del Estado.


6. Corregir las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado que impiden la sustitución del profesorado que se encuentra de baja durante las primeras dos semanas, ya que ello causa un efecto directo en el empeoramiento de la calidad
educativa de los centros.


7. Revisar la aplicación del IVA a las actividades educativas complementarias de la educación obligatoria, que se imparten en los centros educativos, con el fin de que sigan siendo actividades exentas.


8. Excluir del cómputo en las bases de cotización de la Seguridad Social todas aquellas ayudas contempladas en el convenio colectivo del sector educativo y de colegios privados.


Propuesta de resolución núm. 59


Contra una reforma de las Administraciones Públicas recentralizadora.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Abordar de una vez una profunda reforma de la Administración General del Estado, paralela a la drástica reducción de gastos que ya han afrontado las administraciones local y autonómica, ya que, a diferencia de lo ocurrido en las
administraciones territoriales, el gasto no financiero del Estado en 2014, excluido el pago de intereses, sigue aumentando respecto al de 2011; y el esfuerzo de reducción de organismos realizado por las administraciones autonómicas y locales no ha
sido efectuado por la Administración Central, al contrario.


2. Abandonar el proceso unilateral de reforma de las administraciones públicas, que está impulsando el Gobierno a través de la CORA, de espaldas a las comunidades autónomas y de las administraciones locales, con el único objetivo de
recentralizar el Estado y minimizar la capacidad de dinamización, impulso y de actuación de las administraciones territoriales. Cualquier propuesta de reforma que afecte a una comunidad autónoma debe ser debatida bilateralmente, sin presiones
vinculadas a la financiación.


3. Retirar la propuesta de creación de la licencia deportiva única, contemplada en el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público Estatal y otras Medidas de Reforma Administrativa, por suponer una invasión flagrante de las
competencias de fomento e impulso de las actividades deportivas que corresponden a las Comunidades Autónomas, siendo las federaciones deportivas autonómicas una de las estructuras deportivas más sólidas para el fomento e impulso del deporte y que,
en el caso de Catalunya, justifica buena parte de los éxitos alcanzados por el deporte catalán en los últimos años.

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4. Establecer un diálogo bilateral con aquellas comunidades autónomas que rotundamente se oponen a la recentralización del Estado y quieren mantener e incrementar sus competencias de autogobierno, con el fin de excepcionarlas respecto a
normativas recentralizadoras, completar los traspasos pendientes y garantizar la correspondiente financiación vinculada a las citadas políticas y traspasos.


Propuesta de resolución núm. 60


Impulso a la economía productiva.


El Congreso de los Diputados constata la necesidad de impulsar la mejora de la competitividad, más allá de la ganada vía rebaja salarial, consolidando el crecimiento y estimulando la generación de empleo. Ello requiere apoyar a las pymes y
a los autónomos, aplicar políticas de diversificación sectorial, reactivar la actividad industrial, fomentar el turismo y las actividades agrarias, impulsar la capacidad emprendedora y hacer una apuesta firme por la innovación, la capacidad de
internacionalización y el incremento de las exportaciones sin perder de vista la necesaria recuperación de la demanda interna. Para ello debe adoptarse una política decidida de apoyo, en coordinación con las Comunidades Autónomas, que contemple por
parte del Gobierno del Estado:


1. Políticas de reindustrialización. Es preciso impulsar una estrategia de reindustrialización, como ocurre en Europa, que nos permita cumplir con el objetivo europeo de alcanzar el 20% de PIB industrial en 2020. Más y mejor política
industrial, basada en el conocimiento y en la innovación, como eje tractor de unos servicios competitivos, focalizado en los sectores con mayor componente tecnológico. Dicho plan tiene que ser capaz de frenar la destrucción de tejido productivo,
buscar alternativas a los procesos de deslocalización e incentivar un crecimiento más diversificado y más competitivo proporcionando entrada a nueva inversión industrial.


2. Abaratar y mejorar el acceso al crédito a pymes y autónomos. Es primordial apoyar a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, pues constituyen el 90% del tejido productivo. El crédito a las pymes continúa en niveles mínimos y los
tipos de interés demasiado altos, por lo que es necesario articular un plan de actuación para que el crédito impulse a la economía real. Este deberá contemplar, entre otras: reforzar la actividad del ICO, y conseguir una mayor ejecución de sus
líneas de mediación; establecer un coeficiente de crédito como mecanismo operativo de la política crediticia arbitrado por el Banco de España; crear un sistema público-privado de financiación a las empresas, capaz de otorgar préstamos para
proyectos empresariales viables y que facilite la llegada efectiva de los recursos del BCE en las mejores condiciones; impulsar definitivamente el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y compensatoriamente el Mercado Alternativo de Renta
Variable (MAB) así como medidas normativas y fiscales para que las pymes puedan financiarse a través de ellos.


3. Impulso a las actividades de I+D+i. Recuperar el ritmo de crecimiento del gasto público destinado a actividades de I+D+i, como instrumento básico de reactivación y de cambio de modelo de actividad productiva y romper con las actuales
rigideces del sistema de I+D+i que impiden ser más competitivos. El modelo requiere reforzar la transferencia de conocimiento para acercar la empresa a la investigación, a las universidades y a los centros de investigación públicos. Estas
políticas deben ser apoyadas desde la fiscalidad y desde las políticas públicas, las deducciones por I+D+i deberían considerarse también como crédito fiscal; se ha de articular la llamada 'compra pública innovadora' y revisar los instrumentos de
estímulo a la innovación, como el capital riesgo y los inversores de proximidad o Business Angels.


4. Actividades con potencial para la reactivación. Contribuir al cambio de modelo productivo y aprovechar nichos de mercado existentes, estimulando actividades económicas sostenibles como es la rehabilitación de viviendas en base a
criterios de eficiencia y ahorro energético o la creación de un plan renove para electrodomésticos y cocinas que mejore la oferta general del mercado y contribuya a la reactivación de la economía.


5. Fomentar la diversidad del sector turístico. Reformular el Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2016 con el fin de promover un modelo 'en red' más dinámico y adaptable a la realidad atendiendo a la diversidad de marcas turísticas
frente al modelo que propone el Plan, de carácter centralizado y homogeneizador, en torno a la 'marca España'. El sector turístico requiere de inversiones y planes

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específicos que permitan mejoras cualitativas y competitivas de sus infraestructuras, desestacionalizar temporadas y reforzar el papel de los municipios y ciudades turísticos.


6. Arbitrar una política energética eficiente y sostenible, al servicio de los ciudadanos y de la economía productiva. Urge implementar una política energética al servicio de la sociedad, reducir el déficit de tarifa no puede ser su único
objetivo.


Debe articularse un marco energético estable, con tarifas domésticas y empresariales competitivas, que supere la inseguridad jurídica de los últimos años, permita reducir la actual dependencia exterior y de combustibles fósiles, y logre
garantizar una alta calidad de servicio. Esta política debe avanzar en la eficiencia y ahorro energéticos poniendo en valor la cogeneración. La política energética también debe estar al servicio de la economía productiva, especialmente de los
sectores industriales y agrícolas.


Propuesta de resolución núm. 61


Reforma Fiscal. Más equidad menos impuestos a las rentas del trabajo y una fiscalidad para el crecimiento.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una reforma fiscal que permita: Mejorar la eficiencia, justicia y equidad del sistema fiscal, con el doble objetivo de:


a) Mantener y garantizar el Estado del Bienestar.


b) Arbitrar tributos más justos, equitativos y redistributivos para luchar contra las desigualdades.


Para ello será preciso:


1. Corregir el actual sistema que castiga más las rentas del trabajo que las del capital y desestimula el empleo.


2. Priorizar la mejora del tratamiento fiscal de las familias y las personas con rentas medias.


3. Simplificarlo.


4. Reducir tipos impositivos nominales, especialmente en Renta y sociedades, los cuales se encuentran entre los tipos impositivos más altos de Europa y acercarlos a los reales.


5. Aplicar tipos más bajos y pagar todos. Ello exige reducir el fraude fiscal y combatir mejor la economía sumergida.


6. El impuesto sobre sociedades debe ser diferente para las pymes que para las grandes empresas.


7. Las empresas multinacionales deben pagar por las rentas que obtienen en España, igual como pagan todas las personas y empresas.


8. Rebajar el IVA del 21 al 10% aplicable al sector de la cultura, de las plantas y flores, peluquerías, gimnasios, tanatorios y productos sanitarios.


9. Mejorar la inseguridad jurídica que permanentemente acompaña al actual sistema fiscal.


10. La lentitud de resolución de recursos por parte de los Tribunales Económico-Administrativos es otro tema que la reforma debe contemplar.


11. La Agencia tributaria debe ser más transparente para los contribuyentes, lo cual permitiría reducir voluntariamente el fraude.


12. Entre los incentivos fiscales a priorizar: la reinversión de beneficios y el gasto en I+D+i, los cuales son incentivos orientados directamente a un cambio efectivo de modelo productivo.


13. La reforma fiscal debe garantizar los recursos suficientes a todas las administraciones y no solamente a la Administración General del Estado.


Propuesta de resolución núm. 62


En defensa de la cultura y de la pluralidad cultural y lingüística del estado español, revisión de la fiscalidad del IVA, proyecto de ley de mecenazgo y financiación de las instituciones culturales de Barcelona.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejercer las competencias que efectivamente le corresponden en política cultural que, básicamente, son: la política fiscal de apoyo a la cultura, la política

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presupuestaria de apoyo a las Comunidades Autónomas y entidades locales en materia cultural y la financiación de las grandes infraestructuras culturales del Estado. A tal fin insta al Gobierno a:


1. Presentar un Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Mecenazgo.


2. Revisar el alza discriminatoria del IVA de los servicios culturales con el fin de aplicar un IVA reducido al sector cultural, tal y como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea.


3. Restituir el fondo estatal de promoción de las películas en lenguas cooficiales diferentes a la castellana, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 55/2007, del cine.


4. Devolver, de una vez por todas, la totalidad de los documentos sustraídos a las instituciones y a las familias catalanas al término de la Guerra Civil española, custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil española, de acuerdo
con la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil.


5. El pago de la cantidad correspondiente a la prestación por desempleo de los 310 empleados afectados por el expediente de regulación de empleo del Gran Teatre del Liceu.


6. En cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, satisfacer el pago de 1.640.000 euros al MACBA, a día de hoy todavía pendiente.


7. Garantizar fondos equitativos a todas las grandes instituciones culturales con presencia de la Administración del Estado a fin de conseguir un reparto equilibrado y justo de la inversión pública.


8. En materia de lengua solicitar al Consejo de la Unión Europea que el catalán sea considerado lengua oficial de la Unión Europea.


Propuesta de resolución núm. 63


Para una justicia más ágil, eficiente y cercana al ciudadano.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar las modificaciones legislativas y presupuestarias necesarias en el ámbito de la justicia para la consecución de una mayor eficiencia en el uso de los medios personales y materiales disponibles, lo cual deberá permitir una mejora
de la capacidad de los juzgados y tribunales y, con ello, garantizar una justicia más cercana, eficiente y ágil, capaz de dar respuesta, en tiempo adecuado, a las demandas y protección de los derechos de los ciudadanos.


2. Impulsar un Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que desarrolle legislativamente las medidas que, en el ámbito del Poder Judicial, han previsto de manera expresa los
nuevos Estatutos de Autonomía y, en particular, el Estatuto de Autonomía de Catalunya del año 2006. De manera concreta, deberán desarrollarse legislativamente las previsiones para otorgar a los Tribunales Superiores de Justicia las nuevas
competencias en materia de casación, creación de los Consejos de Justicia de ámbito autonómico y nueva asunción de competencias de las Comunidades Autónomas en el ámbito de los medios personales y materiales y en la definición de la Planta Judicial
en sus respectivos territorios.


3. Traspasar a la Generalitat de Catalunya, para un eficiente ejercicio de sus competencias en materia de justicia y para favorecer el proceso de modernización de la misma, los cuerpos administrativos, los cuerpos de médicos forenses y el
cuerpo de secretarios judiciales.


4. Modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para que el conocimiento de la lengua cooficial y del derecho propio de la Comunidad Autónoma de destino sea considerado un requisito para la prestación de servicios en
el respectivo ámbito judicial.


5. Impulsar la derogación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, al suponer una merma de la tutela judicial efectiva, ya que en numerosos supuestos las
tasas suponen un impedimento desproporcionado para acceder a la justicia por parte de los ciudadanos. Asimismo, se insta al Gobierno a retirar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la normativa -hoy suspendida- que regula las tasas
en el ámbito de la Administración de Justicia en Catalunya.


6. Impulsar una prórroga en la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, inicialmente prevista para el mes de julio de 2014, con la finalidad de evitar una situación no deseada de caos organizativo,
planificando, de forma consensuada, que el registro civil pueda seguir presentándose

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siempre con proximidad a la ciudadanía, gratuidad del servicio y pleno respeto a las competencias que en este ámbito han asumido determinadas Comunidades Autónomas.


7. Prever que cualquier modificación que se pretenda impulsar en el ámbito normativo de los Colegios y Servicios profesionales deba realizarse respetando las competencias autonómicas y con el máximo consenso institucional y social, con la
finalidad de garantizar la calidad de los servicios que las profesiones colegiadas prestan a la sociedad.


8. Evitar la supresión de la incompatibilidad del ejercicio de las profesiones de abogado y de procurador ante los tribunales, ya que ello conllevaría un aumento del colapso de la Administración de Justicia.


Propuesta de resolución núm. 64


Más inversión pública productiva para Catalunya.


El Congreso de los Diputados constata la reducida inversión presupuestada y ejecutada anualmente en Catalunya, permanentemente en porcentajes inferiores al peso relativo de la población y del PIB catalanes en el conjunto del Estado. Para
corregir esta situación insta al Gobierno a:


1. Cumplir con la Disposición Adicional tercera del Estatut de Catalunya. En concreto, pagar, en este ejercicio, a la Generalitat los importes correspondientes a la liquidación de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.


2. Actualizar, de acuerdo con la Generalitat, el Plan de Cercanías 2008-2015 que determina la inversión de 4.000 millones de euros en este periodo, de los que sol se ha ejecutado alrededor del 10%. Acometer urgentemente la conexión
ferroviaria de la Terminal 1 del Aeroport de El Prat, el desdoblamiento de la línea entre Vic y Montcada i Reixac y la instalación del sistema ERMTS en los túneles de Aragó y Plaça de Catalunya, así como las obras de mejora de la accesibilidad y de
la seguridad.


3. Acelerar la construcción del corredor ferroviario del Mediterráneo en ancho internacional para el transporte de mercancías, así como los accesos a los principales modos logísticos. Para ello, es necesario impulsar:


a. La finalización de las obras ferroviarias para desdoblar la vía entre Tarragona y L'Hospitalet de l'Infant.


b. El inicio de la instalación del tercer raíl entre Castellbisbal y el Puerto de Tarragona y la estación de Reus. Conectar el vial UIC y la convencional para favorecer un recorrido competitivo entre Reus, Tarragona y Barcelona.


c. La licitación de las obras del nuevo acceso ferroviario de ancho internacional al puerto de Barcelona incluyendo la estación de mercancías proyectada.


d. La redacción de los estudios y proyectos constructivos de acceso ferroviario en ancho internacional a las principales áreas logísticas previstas.


e. La construcción de apartaderos habilitados para la circulación de trenes de 750 metros.


4. Impulsar la finalización del Cuarto Cinturón de Barcelona (B-40), con el objetivo de culminar las obras entre Viladecavalls y Olesa de Montserrat durante el año 2015. Adecuar con urgencia los estudios de impacto ambiental del resto del
trazado.


5. Desdoblar la carretera N-II en la totalidad del tramo que discurre por las comarcas de Girona, concretamente desde Tordera hasta La Jonquera.


6. Continuar el desdoblamiento de la N-340 en las demarcaciones de Barcelona y Tarragona, favoreciendo la movilidad con la rebaja transitoria de peajes en la AP-7, hasta la entrada de servicio de los nuevos tramos.


7. Impulsar los diferentes tramos de la A-27 entre Tarragona-Montblanc y los tramos pendientes de la A-14 (desdoblamiento de la N-230) entre Lleida-Frontera Francesa, estableciendo un calendario concreto de actuaciones en los próximos tres
meses. Mejorar la seguridad vial de la N-240 entre Montblanc y Lleida y favorecer la utilización de la AP-2 como vía alternativa.

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8. Reprogramar y acometer la ejecución del Eje Pirenaico en las demarcaciones de Girona y de Lleida.


9. Delegar a la Generalitat de Catalunya, en el plazo de 3 meses, la ejecución de las obras del Estado en Catalunya, incluyendo la realización de estudios de impacto ambiental en los casos que éstos sean necesarios.


10. Establecer el nuevo modelo de gestión de aeropuertos, sobre las siguientes bases:


a) La participación determinante de representantes de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las administraciones locales y sectores económicos en los Consejos de Administración de sociedades de gestión individualizada de aeropuertos de
alto volumen de tráfico y especial complejidad en la gestión.


b) Traspasar los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell a la Generalitat de Catalunya, sin que ello comporte en ningún caso la posibilidad de dejar de realizar vuelos internacionales fuera del espacio Schengen.


11. Definir, en el plazo de tres meses, un nuevo modelo de financiación del transporte público metropolitano que asegure a las administraciones competentes la suficiencia y la previsibilidad de los recursos aportados por el Estado.


12. Adherirse al Pacte Metropolitá pel Transport Públic conjuntamente con la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona y la Área Metropolitana de Barcelona y, en este sentido:


a) Incrementar la aportación del Estado a l'Autoritat del Transport Metropolitá en este ejercicio presupuestario.


b) En los dos próximos ejercicios, 2015 y 2016, aumentar su aportación en un 10% en relación al ejercicio anterior más la ponderación objetiva entre el IPC general y el IPC del transporte.


c) A partir de 2017, incrementar la aportación en relación al ejercicio anterior en el mismo porcentaje que el IVA ponderado entre el IPC general y el IPC del transporte.


13. Introducir elementos de fiscalidad ambiental en la reforma del sistema tributario que permitan a las ciudades disponer de mayores recursos para la prestación del servicio de transporte público.


Propuesta de resolución núm. 65


Rectificar la reforma local: Es inconstitucional y no respeta el Estatut de Autonomía de Catalunya.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a rectificar la política de reducción de la autonomía local, así como de restricción de las competencias de las comunidades autónomas reconocidas en los respectivos estatutos de autonomía y, en
su caso, en materia de régimen local, que se ha acentuado a partir de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Dicha rectificación debe conllevar:


1. El respeto del principio de autonomía local, en los términos que reconoce expresamente la Carta Europea de Autonomía Local, norma de aplicación en cuanto que ha sido ratificada por el Estado español el 20 de enero de 1988.


2. El respeto íntegro y prevalente de las competencias reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, de acuerdo con el bloque competencial establecido en la Constitución Española, tal como la propia ley reconoce a Euskadi o a
Navarra.


3. El respeto de la singularidad del sistema institucional de la Generalitat y de su organización territorial local, inframunicipal y supramunicipal, reconocida en el Estatuto de Autonomía de Catalunya.


4. El respeto de la naturaleza estrictamente básica de las normas que, en virtud del artículo 149 de la Constitución, deban ser adoptadas por las Cámaras legislativas y por el Gobierno, que no degeneren en una extensión de regulación que
vulnere el margen de autonomía de las comunidades autónomas y municipios.

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Propuesta de resolución núm. 66


Rechazo de las políticas de ahogo fiscal, económico y competencial de la Generalitat de Catalunya.


El Congreso de los Diputados rechaza la política de ahogo fiscal, económico y competencial aplicada sistemáticamente en esta legislatura sobre las CC.AA. y particularmente sobre Catalunya, por lo cual insta al Gobierno a:


1. Pagar la deuda que mantiene el Estado con la Generalitat de Catalunya, correspondiente a lo establecido en la disposición adicional 3.º del Estatut, aplicado a los ejercicios 2008 y siguientes.


2. Dar cumplimiento a lo establecido en la disposición transitoria 1.ª. apartado 1 b, Ley de Estabilidad Presupuestaria, relativo a la distribución de los objetivos de déficit entre administraciones, la cual establece que la reducción del
déficit se distribuirá entre el Estado y las comunidades autónomas en función de los porcentajes de déficit estructural que hubiesen registrado el 1 de enero de 2012. Este cumplimiento exige la inmediata revisión de los objetivos de estabilidad
establecidos para cada administración, reduciendo los correspondientes a la Administración General del Estado e incrementando los de la Generalitat y demás administraciones de las CC.AA.


3. Dar participación a la Generalitat y demás administraciones de las CC.AA. de los incrementos netos de ingresos derivados de las alzas de impuestos regulados por el Estado en esta Legislatura, respecto a tributos como el IVA y los
impuestos especiales, en los que las comunidades autónomas participan de sus ingresos pero no de su regulación. Dicha participación debe ser previa a la revisión del modelo de financiación y responde a una simple política de lealtad institucional
del Estado con las CC.AA. respecto a tributos cuya regulación solo compete al Estado.


4. Revisar la reducción drástica de las transferencias del Estado a la Generalitat durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 en temas tan relevantes como las políticas activas de empleo, las políticas de dependencia, las políticas destinadas
a la integración de personas inmigrantes, los programas de servicios sociales o el fondo de cohesión sanitaria, entre otros.


5. Publicar anualmente, a través del Instituto de Estudios Fiscales las Balanzas Fiscales de las Comunidades Autónomas con la Administración Central, mediante la metodología establecida en el 'Informe sobre metodología de cálculo de las
Balanzas fiscales' elaborado por una Comisión de 19 expertos, nombrados por el Instituto de Estudios Fiscales y creada por mandato del Congreso de Diputados. Las balanzas deberán ajustarse a un presupuesto equilibrado, y la publicación deberá
precisar sus resultados según los dos criterios de imputación propuestos por el grupo de expertos: el criterio 'carga beneficio' y el criterio 'flujo monetario'. Publicar igualmente, con carácter anual, todos los datos de base utilizados para el
cálculo de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas con la Administración Central y evitar posiciones demagógicas que pretendan ocultar el elevado déficit fiscal que padecen determinados territorios.


Propuesta de resolución núm. 67


Mejorar las políticas de seguridad.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reconsiderar el anteproyecto de ley orgánica de seguridad ciudadana, el cual restringe de manera arbitraria el derecho a la manifestación pacífica de las reivindicaciones de los ciudadanos, pone en riesgo el ejercicio de los derechos y
libertades fundamentales, vulnera los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica e invade claramente de competencias propias del Gobierno de la Generalitat y los entes locales.


2. Dar la máxima información y asumir las responsabilidades que se deriven por la gestión del dispositivo que derivó en los trágicos hechos ocurridos el 6 de febrero en la frontera entre Ceuta y Marruecos, con un elevado número de víctimas,
los cuales, junto a las expulsiones sumarias contrarias a lo dispuesto en la Ley de Extranjería, la Ley de Asilo y al Convenio Europeo de Derechos Humanos, sucedidas en Melilla, constituyen una clara vulneración de los Derechos Humanos.

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3. Impulsar en el seno de la Unión Europea una política de los flujos migratorios compartida con los países de origen y tránsito, no únicamente desde la perspectiva de la seguridad fronteriza, sino también del impulso del desarrollo humano,
social y económico y la generación de oportunidades y expectativas de vida en los países de origen de flujos migratorios, a través de las políticas de cooperación para el desarrollo.


4. Establecer un protocolo de actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado ante la inmigración ilegal, en el marco de las obligadas políticas del frontex y de la task force establecida a finales del año 2013 por la Unión
Europea, que contemple entre otros los siguientes puntos:


- El protocolo de actuación en los casos de salvamento, terrestre y marítimo.


- Revisión del número de efectivos disponibles en las zonas fronterizas con mayor riesgo de entrada ilegal y una mayor dotación de efectivos y patrulleras marítimas.


5. Aprobar definitivamente el Reglamento de organización de los Centros de Internamiento de Extranjeros, garantizando su carácter no penitenciario y la excepcionalidad del internamiento como medida cautelar y preventiva, salvaguardando los
derechos y libertades reconocidos por el ordenamiento y diferenciando las funciones relativas a la seguridad de los centros, de las de atención a los internos, que deberá ser acometida por personal especializado.


6. Incrementar la eficacia de los intercambios de información entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de ámbito estatal, autonómico y local, compartiendo bases de datos, y creando mayores sinergias entre los mismos con el fin de
instaurar medidas de coordinación y cooperación que les permitan desarrollar sus funciones de manera más eficaz.


7. Priorizar las políticas de seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico bajo una óptica de respeto a los principios de movilidad sostenible y mejorando, de manera activa, la señalización vial, los tramos de concentración de
accidentes, la retirada de los guarda raíles que perjudican a los vehículos de dos ruedas e incrementar las campañas de prevención y sensibilización.


Propuesta de resolución núm. 68


Abordar soluciones reales para los desahucios y para las personas sobreendeudadas.


El Congreso de los Diputados constata el drama personal de familias afectadas por desahucios por impago de hipotecas, lo que les condena a hacer frente a deudas que nunca podrán pagar; también reconoce la total insuficiencia de las medidas
tomadas por el Gobierno y por esta Cámara en esta cuestión. Para dar una solución efectiva se insta al Gobierno a:


1. Ampliar los colectivos de personas y familias beneficiarias de las medidas destinadas a suspender los desahucios y extenderlo a los procedimientos de ejecución hipotecarias. Entre ellos, a los siguientes colectivos:


- Familia con hijos menores.


- Familia cuya fuente principal de ingresos sea una pensión.


- El deudor sea un avalador (familiar o amigo) de una hipoteca para la que ya ha sido ejecutado el titular principal de la deuda.


- Familia con un miembro en el paro.


Además, ampliar los 18 mil euros de renta en un 15% por cada miembro de la unidad familiar a partir del tercero.


2. Colaborar con las entidades de intermediación que establece la Ley de mediación, para que éstas medien para hallar una solución al sobreendeudamiento de los colectivos objetivamente vulnerables, entre las que cabe la dación en pago.


3. Establecer la normativa básica de la ley de sobreendeudamiento, cuya gestión será de ámbito autonómico, que deberá servir para establecer mecanismos de medicación para proceder a una ordenación liquidada de las deudas de las personas
físicas.

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4. Regular, como en la mayoría de países avanzados (Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia...) el otorgamiento de una segunda oportunidad a las personas endeudadas para que no tengan que devolver una deuda que les condena a la pobreza de
por vida. Para ello, modificar la Ley Concursal para permitir a las personas físicas:


- Reestructurar la deuda pendiente (limitación cuantitativa y temporal), de manera que pueda ser asumida por el deudor, de acuerdo con sus ingresos.


- Condonación de la deuda, es decir, la dación en pago siempre que la insolvencia haya sido sobrevenida y de buena fe.


5. Transformar el Fondo Social de Viviendas en un Parque de Viviendas Sociales donde una parte significativa de los pisos del SAREB sean cedidos temporalmente a ayuntamientos y a comunidades autónomas. Las administraciones territoriales
podrán gestionar estas viviendas directamente o a través de entidades sin ánimo de lucro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de doña M.ª Olaia Fernández Davila y doña Rosana Pérez Fernández, Diputadas del Grupo Parlamentario Mixto-BNG, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila y Rosana Pérez Fernández, Diputadas.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 69


Sobre cuestiones relativas a Galicia.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Adoptar las siguientes medidas de impulso de sectores productivos e infraestructuras de Galicia:


Infraestructuras:


- Constituir una Comisión de Investigación parlamentaria en el Congreso de los Diputados sobre el trágico siniestro del tren Alvia en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013, a fin de esclarecer las causas del accidente y las
responsabilidades políticas correspondientes.


- Transferir a Galicia la competencia sobre la gestión de los aeropuertos gallegos a fin de poder diseñar un modelo aeroportuario gallego coordinado, integrado, basado en la especialización y en la complementariedad con el objetivo de
aumentar sus tráficos aéreos, incrementar las conexiones nacionales e internacionales, así como las frecuencias.


- Iniciar los trámites necesarios para recuperar la titularidad pública de la AP-9, a fin de que se convierta en una vía pública y gratuita. Requerir a la concesionaria de la autopista gallega AP-9 (AUDASA) un programa de descuentos para
los usuarios de esta vía similar al existente en otras autopistas del Estado.


- Mantener las características propias de un tren de alta velocidad en todos los tramos de conexión del AVE entre Madrid y Galicia, garantizando la ejecución de los tramos en construcción hasta Ourense en vía doble, sin rebajarlos a vía
única, asegurar la finalización del tramo Lubián-Ourense en el año 2018, y recuperar la inclusión del tramo Ferrol-A Coruña en el Eixo Atlántico Ferroviario.


- Transferir a Galicia la red ferroviaria convencional interior, acompañada de la correspondiente dotación económica, a fin de adecuarla para la implantación de servicios ferroviarios de cercanías, y aumentar las frecuencias y los horarios
de los servicios para adaptarlos a las necesidades de los usuarios.


Sectores productivos gallegos:


- Modificar los criterios de reparto de las ayudas al sector agrario provenientes de la PAC que sol benefician a los grandes latifundios, adoptando fórmulas más equitativas y redistributivas que no

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discriminen a las pequeñas y medianas explotaciones agro-ganaderas (como las gallegas), que son las que realmente viven de la actividad agraria.


- Mejorar la actual propuesta de distribución de las cuotas de pesca de caballa y jurel en el caladero del Cantábrico Noroeste, muy perjudicial para el sector de cerco de Galicia, de modo que la mitad de las cuotas se distribuya de forma
lineal y el resto de acuerdo a los derechos históricos y atendiendo a factores de índole socioeconómica.


- Con carácter urgente, aprobar un Plan de Viabilidad destinado a reflotar a los astilleros públicos de Navantia ubicados en la Ría de Ferrol, adoptando medidas que garanticen carga de trabajo, y evitando que se apliquen reestructuraciones
de puestos de trabajo.


- Realizar las gestiones necesarias ante la UE para adelantar el calendario de levantamiento del veto sobre Navantia Fene para construir buques civiles, y aprobar una partida destinada a impulsar la construcción de un dique flotante.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de doña M.ª Olaia Fernández Davila y doña Rosana Pérez Fernández, Diputadas del Grupo Parlamentario Mixto-BNG, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila y Rosana Pérez Fernández, Diputadas.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 70


En relación a medidas sociales, económicas y políticas.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Aprobar una serie de medidas encaminadas a mejorar la protección socio-económica de las mayorías sociales, el respeto a las competencias de las CC.AA., aumentar el nivel de autogobierno de Galicia, y sobre el modelo de estado:


- Derogar una serie de leyes que vulneran competencias autonómicas y locales como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y la LOMCE.


- Derogar una serie de leyes y medidas que han reducido la protección económica, laboral y social de los ciudadanos y en la merma de derechos fundamentales: la Reforma Laboral, la Reforma de las pensiones y la Ley de Tasas Judiciales.


- Dar marcha atrás en la intención de reformar la ley de Salud Sexual y Reproductiva, suspendiendo el desarrollo del anteproyecto que atenta contra los derechos de las mujeres en materia de aborto, y el anteproyecto de ley de seguridad
ciudadana.


- En relación a la estafa financiera de las participaciones preferentes y subordinadas de NGB, dar una solución colectiva a los 35.000 afectados que todavía no han recuperado los ahorros invertidos con el propósito de evitar procesos
judiciales individuales y evitar que se queden en un 'limbo' complicado tras la venta de la Caja gallega a Banesco.


- En cuanto a los expedientes sancionadores de Hacienda a emigrantes retornados con pensiones del extranjero, anular, con carácter retroactivo, todas las sanciones e intereses de demora a los emigrantes afectados que por desinformación no
tributaron por dichas pensiones, y aclarar la normativa existente en cuanto a la tributación en esta materia a fin de evitar la doble imposición.


- Aumentar las dotaciones presupuestarias a transferir a las CC.AA. para garantizar la sanidad y la educación universal, para detener la sangría de paro juvenil y el constante éxodo de jóvenes gallegos por la falta de trabajo, para
recuperar el necesario desarrollo de la Ley de Dependencia, y para el Plan de Acción contra la exclusión social para el período 2013-2016, con especial atención a lo relativo a la pobreza infantil.

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- Revalorizar las pensiones para el año 2015, aumentar el Salario Mínimo Interprofesional, rebajar el IVA en el ámbito de la cultura y del material escolar, así como en productos básicos de primera necesidad.


En materia de política energética:


- Congelar la factura eléctrica para el presente año 2014, establecer una moratoria que impida cortes de luz en los hogares que sufren la pobreza energética, llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para que:


? El precio de la electricidad se calcule en función de los costes de generación de cada tecnología.


? Galicia pueda diseñar una tarifa eléctrica propia.


? Paralizar la orden ministerial en la que se fijan los parámetros retribuidos para las instalaciones de producción eléctrica del régimen especial: renovables, cogeneración y residuos, y recuperar las primas a energías como la eólica, de
gran importancia en Galicia.


Sistema de financiación de las CC.AA.:


- Aprobar la descentralización de los tributos para que territorios como Galicia creen una Agencia Tributaria propia con el objetivo de recaudar los impuestos que pagan gallegos y gallegas, y revertirlos en el propio territorio en beneficio
de la ciudadanía gallega, avanzando en la soberanía financiera.


Reconocer el derecho a decidir de las naciones que componen el estado español, el ejercicio de autodeterminación y la legítima aspiración de los pueblos a pronunciarse libremente en un referéndum sobre el futuro de su país.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado don Carlos Salvador Armendáriz, de Unión del Pueblo Navarro (UPN) formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución relativa a la necesidad de trabajar conjuntamente por la consecución del final del terrorismo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2014.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 71


A lo largo de este último año, el desafío separatista ha intensificado su presión, poniendo así en cuestión la unidad de España, al mismo tiempo que algunos nacionalismos continúan su actividad actuando al borde de la legalidad -cuando no la
vulneran abiertamente-, para lograr la imposición de sus ideas a quienes no opinan como ellos.


La realidad, desafortunadamente, no deja lugar a dudas. Mientras los demócratas creemos en el Estado de Derecho, eI principio de legalidad y el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para poner coto al acoso, la violencia
y el terrorismo, hay quienes todavía hoy -en pleno siglo XXI-, no condenan la historia del 'terror' que España lleva viviendo durante cincuenta años, como tampoco manifiestan la exigencia a la organización terrorista ETA que se diluya. Es más,
culpabilizan a los que no piensan como ellos de que su utopía nacional, no se haya materializado ya.


Por todo ello, atendiendo a la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos que rechazan y condenan la violencia, y en la confianza de que los representantes políticos sabremos dar oportuna y adecuada respuesta a este desafío, se plantea
la presente


Propuesta de resolución


El Congreso de Ios Diputados insta al Gobierno, y a las formaciones políticas democráticas, a trabajar conjuntamente, desde la confianza, la responsabilidad y la lealtad, en la consecución del final del terrorismo y en la derrota política y
social de la organización terrorista ETA en todos sus frentes, evitando la

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instrumentalización de la educación, la elaboración de un relato que justifique la actividad terrorista, la manipulación de la historia para justificar sus objetivos de construcción nacional y la modificación del estatus jurídico de Navarra
como paso previo a la fractura de España.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Maite Ariztegi Larrañaga, Diputada de Amaiur, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Maite Ariztegui Larrañaga, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 72


En favor de la retirada de las reformas impulsadas por este Gobierno que conculcan los derechos sociales y las libertades de las personas.


El conjunto de medidas, las políticas desarrolladas por este Gobierno durante este último año, haciendo puro seguidismo del anterior, con la eterna excusa-coartada de la situación de crisis, totalmente sumiso a instancias europeas y siempre
priorizando el pago de la deuda pública, siguen provocando consecuencias devastadoras en la población.


Confundiendo la causa de la crisis con sus consecuencias, el pago de esa deuda a los bancos e inversionistas que la suscribieron, una deuda que no nos correspondía y que supone la 2.ª partida de los presupuestos anuales, por encima de lo
destinado a desempleo, se está haciendo a costa del conjunto de partidas sociales destinadas a educación, sanidad, asistencia social... y a los sectores más desfavorecidos: parados y paradas, pensionistas, inmigrantes, mujeres, juventud...
aumentando la pobreza como una mancha de aceite en el océano de la población.


Y mientras la precariedad laboral intrínseca a la reforma laboral, con más paro y menores rentas de trabajo aumenta estrepitosamente, se ha aprobado una reforma de las pensiones que ha supuesto otro mazazo a un sector de la población,
desfavorecido y con mayores necesidades en su mayoría.


En paralelo las rentas empresariales y de capital aumentan escandalosamente, mientras las cifras de economía sumergida y el fraude fiscal siguen muchos puntos por encima del promedio europeo, hasta el 25%, ocupando el Estado español el 10.º
puesto del mundo con mayor nivel de fraude. Ahí está la existencia sangrante de las SICAV.


Mientras el 21% de la población está en grave riesgo de pobreza, la banca ha cuadruplicado sus beneficios durante este ejercicio. Y mientras 700 mil familias sufren pobreza energética, las eléctricas han duplicado sus beneficios.


En definitiva, mientras las grandes fortunas siguen siendo objeto de un trato legal y fiscal claramente privilegiado, las consecuencias de esta crisis que ellos no han generado, siguen recayendo sobre los sectores sociales más
desfavorecidos, aumentando día a día la brecha social.


Y no contentos con las ruinosas consecuencias que sobre la población más desfavorecida, cada vez más amplia, están teniendo las reformas y recortes, con un auténtico desmantelamiento del Estado del bienestar, sufrimos la andanada de los
últimos meses en contra de las libertades democráticas históricas, obsesionados por amordazar y penar las lícitas protestas de la población.


Específicamente brutales y relevantes la libertad de educación, esquilmada por la LOMCE, y la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo, con su aberrante propuesta de Ley del Aborto, amén de la pena y mordaza contra la libertad de
manifestación, que están siendo contestadas mayoritariamente y con fuerza atronadora.


Es decir, esto se asemeja a una pedregosa travesía del desierto en el que en cada recodo tropezamos con una ley, siempre con la excusa de la situación de crisis y medidas impuestas por la Troika, en el que se nos van arrebatando derechos
sociales y económicos afianzados, así como libertades personales logradas tras largos años de lucha y trabajo, de un modo que no hubiéramos alcanzado ni a imaginar.

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Es por ello que, en su virtud y sin perjuicio de las competencias financieras y fiscales propias de la CAV y Comunidad Foral de Navarra, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas para recuperar los
derechos sociales arrebatados en los dos últimos años:


1. Realización de una auditoría de la deuda pública contraída por el Estado español en la que se analice el origen y causas de la misma, declarando la moratoria en el pago hasta que dicha auditoría no sea realizada, y declarando ilegítima
aquella deuda pública nacida de la pura especulación y la empleada para la realización de macroestructuras ruinosas y presupuestos militaristas. En su virtud, ajustar las aportaciones que se vienen realizando por la CAV y Navarra en concepto de
cupo.


2. Fraude fiscal: Realización en un plazo de dos años de una auditoría a empresas y entidades con volumen de negocios superior a ciento cincuenta millones de euros, a fin de aclarar su situación, negando reconocimiento legal alguno a las
sociedades constituidas en paraísos fiscales. Suprimir el régimen privilegiado de las SICAV y revisar el conjunto del sistema impositivo al objeto de incrementar su carácter progresivo y redistributivo.


3. El incremento de ingresos derivado de la aplicación de los dos anteriores deberá ser destinado exclusivamente a la financiación de partidas de contenido social y a un Plan de choque de fomento del empleo.


4. Derogación de la Reforma laboral, en especial la referida al incremento de la flexibilidad laboral, el abaratamiento y facilitación del despido y el debilitamiento de la negociación colectiva.


5. Retirada de la Ley de pensiones, por sus consecuencias en los pensionistas más desfavorecidos y especialmente teniendo en cuenta que con los anuncios de nuevas reformas y las reducciones en las cotizaciones planteadas el sistema
resultaría insostenible.


6. Derogación y retirada de la LOMCE, por antidemocrática, adoctrinadora, sumisa al dictado de los mercados, recentralizadora, por su ataque al euskera y nuestras competencias educativas y porque empeoraría gravemente la calidad educativa.


7. Retirada del anteproyecto de la Ley del Aborto, por ser ésta recortadora de los derechos fundamentales de las mujeres que constituyen más del 50% de la sociedad actual.


8. Derogación de la Reforma energética para que toda la población tenga cubiertas sus necesidades básicas, con energías limpias y cerrando la puerta a la reapertura de Garoña.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Rafael Larreina Valderrama, Diputado de Amaiur, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en
torno al estado de la Nación 2014, presenta la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Rafael Larreina Valderrama, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 73


En favor de la normalización política en Euskal Herria.


El actual gobierno que preside Mariano Rajoy inició su andadura en el contexto de una nueva etapa política que se había abierto en Euskal Herria, fruto del esfuerzo, trabajo y responsabilidad de muchos agentes políticos y sociales vascos. A
partir del cese definitivo de su actividad armada, que hizo público ETA el 20 de octubre de 2011, se suscitó en todo nuestro País una masiva corriente de ilusión y esperanza ante una Paz que se considera ya una realidad al alcance de la mano.


A partir de la declaración de Aiete surgida en el ámbito internacional, también afloraron en el seno de la sociedad vasca iniciativas que, a lo largo de estos más de dos años, han aportado en positivo experiencias y proyectos al proceso de
normalización que exige la absoluta mayoría de la ciudadanía del conjunto de Euskal Herria. Iniciativas, como por ejemplo Glencree o Eraikiz, son muestras loables del ejemplo que nos están dando muchas víctimas, muchas personas de nuestro País que,
desde la diversidad de situaciones y desde el respeto mutuo de su pluralidad, con su trabajo oculto, discreto, en favor de la Paz, de la convivencia, de la reconciliación en Euskal Herria.

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El pasado viernes 21 de febrero la Comisión Internacional de Verificación ha dado a conocer el inicio de un proceso de sellado y puesta fuera de uso de armas y explosivos por parte de la organización ETA bajo la verificación y certificación
de dicha comisión. Este gesto también tiene una simbología importante y positiva que muestra la disposición a facilitar la transición a esa nueva etapa y el compromiso con la Paz que reclama la sociedad vasca.


La inmensa mayoría de la sociedad vasca, los sindicatos, partidos políticos, así como las instituciones están cada vez más ilusionadas y comprometidas con el proceso de soluciones abierto en Euskal Herria, algo que contrasta con la actitud
de obstrucción e involución que mantiene hasta la fecha el Gobierno español. El Gobierno que preside Mariano Rajoy debiera ser consciente de la importancia del nuevo escenario que vive Euskal Herria, dejar atrás recetas del pasado, y sumarse
responsablemente al esfuerzo de la mayoría de agentes políticos y sociales de Euskal Herria que trabajan para lograr la solución integral y definitiva que haga posible la construcción de la convivencia y la paz que añora y exige la ciudadanía de
Euskal Herria. Por estas razones, presentamos la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Aceptar, de acuerdo con la propuesta de punto segundo de la declaración de Aiete, el inicio de conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto -desmilitarización, desarme...- de forma que éstas puedan tener una
respuesta acordada cuanto antes.


2. Afrontar de forma inmediata un cambio en la política penitenciaria, con el fin de acabar con las medidas de excepción, poner fin a la dispersión, y respetar los acuerdos adoptados repetidamente a lo largo del tiempo por parte de las
instituciones vascas y que cuentan con el apoyo de la mayoría de la sociedad vasca.


3. Sumarse al espíritu que ha impulsado las iniciativas plurales surgidas en el seno de la sociedad vasca, de forma que aporte también su contribución para avanzar en la reconciliación, reconocer, compensar y asistir a todas las víctimas,
reconocer el dolor causado, y ayudar a sanar las heridas personales y sociales.


4. Comprometerse con un proceso en el que los actores no violentos y representantes políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas así como otras relacionadas al respecto, con consulta a la ciudadanía, lo cual podría contribuir a una
nueva era sin conflicto.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Sabino Cuadra Lasarte, Diputado de Amaiur, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Sabino Cuadra Lasarte, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 74


El pasado sábado, 22 de febrero, más de 25.000 personas salieron a las calles de Iruñea tomando parte en una manifestación convocada por la Asociación 'Kontuz!' y apoyada por varias docenas de colectivos sociales, sindicatos y partidos
políticos.


El lema y objetivo de la citada manifestación fue 'Regeneración democrática. No a la corrupción. Darle la palabra al pueblo'. Tenía que ver el mismo con la profunda crisis política y social que se vive en Nafarroa, donde un gobierno
enfrentado a la mayoría parlamentaria existente en el Parlamento Foral hace caso omiso, cuando no abierta oposición, a sus leyes y acuerdos y, a su vez, no cesa de aparecer directamente vinculado a la práctica de corruptelas y actuaciones
clientelares.


Ante esta situación de crisis institucional, la mayoría del Parlamento Foral, a excepción del partido en el gobierno, UPN, y del PP, llevan más de un año exigiendo la convocatoria de elecciones, reclamo éste

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que se ha acentuado tras el último escándalo habido relativo a la utilización de la Hacienda Pública navarra para la búsqueda de objetivos puramente partidistas y personales.


En este contexto, distintos ministros del Gobierno han tomado parte en el debate planteado sobre la situación política en Nafarroa de una manera que, más allá de expresar una mera opinión, constituye una auténtica intromisión en lo que son
las competencias propias de nuestra comunidad y el derecho de la ciudadanía navarra a decidir cuanto respecta a esta situación de crisis política e institucional que estamos viviendo.


Así el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras afirmar que 'Navarra es estratégica para España' ha añadido que 'Navarra necesita estabilidad institucional, no solo política' y que poner en cuestión la misma 'es contribuir al
objetivo que buscaba ETA'. De esta manera, mezclando churras con merinas -técnica ésta, por cierto, a la que nos tiene bastante acostumbrados el ministro- se está poniendo el objetivo de mantener el actual gobierno de UPN por encima de, no solo
cualquier posible actuación clientelar y corrupta del mismo, sino también de la propia decisión de la ciudadanía navarra.


En este mismo sentido, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha considerado que 'el mayor error político' no es la corrupción, sino 'ir con Bildu'. Pues bien, que un ministro de Justicia se refiera a la corrupción como un 'error
político' y no como un delito, pone de manifiesto, por desgracia, en manos de qué Gobierno y de qué persona se encuentra la administración de la Justicia en el estado español.


Que el citado ministro añada a lo anterior que ese delito de corrupción es menos grave que poder llegar a acuerdos con una formación política plenamente legal que es, además, en Nafarroa (Bildu-Aralar), la segunda fuerza política
parlamentaria, muestra el carácter totalmente antidemocrático y reaccionario de este Gobierno, en general, y de este ministro, en particular.


La sociedad navarra es lo suficientemente madura social y políticamente para poder adoptar todo tipo de decisiones políticas e institucionales sin que necesite estar sometida a tutela, presión o limitación alguna por parte del Gobierno del
PP que, por cierto, cuenta tan solo con cuatro de los cincuenta escaños que conforman el Parlamento de lruñea.


Por todo lo anterior, ante la importante crisis política e institucional generada en Nafarroa, habida cuenta la investigación que se está realizando en el seno del Parlamento Foral a fin de determinar la existencia de unas evidentes
prácticas clientelares y partidistas por parte del Gobierno de UPN y considerando la exigencia de convocatoria de elecciones anticipadas reclamada por parte de la mayoría de fuerzas políticas que componen el Parlamento Foral, el Congreso de los
Diputados y Diputadas insta al Gobierno a:


Dejar de entrometerse en la situación política existente en Nafarroa y permitir que sea la ciudadanía navarra y sus legítimos representantes quienes resuelvan de una forma libre y democrática la crisis institucional allí existente.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Jon Iñarritu, Diputado de Amaiur, formula al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en torno al 'Estado
de la Nación 2014', la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 75


El pasado día 11 de septiembre de 2013, más de un millón y medio de catalanes salieron a las calles creando la Vía Catalana para reclamar el derecho a decidir el futuro del Principat. De igual forma, el próximo día 8 de junio de 2014, está
prevista una cadena ciudadana que una las localidades de Durango y Pamplona-Iruña, llamados por la iniciativa ciudadana Gure Esku Dago, en demanda del derecho a decidir de los y las ciudadanos vascos sobre su futuro constitucional.


Las sociedades vasca, catalana y gallega llevan décadas reclamando el ejercicio democrático del derecho de autodeterminación. En estos últimos 30 años, han sido numerosas las iniciativas y declaraciones aprobadas en las instituciones vascas
a favor del derecho de autodeterminación. En cambio, desde las

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instituciones del Estado, tanto el reconocimiento de este derecho, como la posibilidad de celebrar consultas, han sido rechazadas. A día de hoy, cada vez más son mayoritarios los porcentajes de las naciones históricas del Estado que desean
decidir por sí solos el futuro institucional de sus comunidades.


El Reino de España lleva siglos intentando homogeneizar y centralizar un Estado de naturaleza plurinacional. Ello ha llevado a un sinfín de enfrentamientos bélicos y de tensiones. Durante el periodo pre-constitucional, fueron numerosas las
solicitudes de inclusión en la 'Norma Fundamental' del principio de autodeterminación de los pueblos, pero finalmente no solo no se incluyó sino que se optó por introducir amenazas a la fuerza por parte de la intervención militar, como se realiza en
el artículo 8 de la misma. Hechos que provocaron que la mayoría de la sociedad vasca no apoyase dicha Constitución al no recogerse sus legítimas aspiraciones.


Durante estas décadas de constitucionalismo, observamos que la Norma Fundamental ha sido interpretada con merma de la capacidad de autogobierno de las naciones históricas, frustrando las expectativas que la Constitución les había generado;
y ello ha sido debido fundamentalmente por las aspiraciones centralistas de las dos grandes fuerzas políticas del Estado, que dicho de paso siguen siendo minoritarias en Cataluña y Euskal Herria. La interpretación de las normas del bloque de
constitucional que articulan el modelo territorial del Estado, mantenida por los diferentes Gobiernos de uno y otro signo, y sustentada por los tribunales ha llevado al Estado a un callejón sin salida; ha llevado a que fracase el modelo de Estado
de las Autonomías. Hay que destacar además que el Tribunal Constitucional no ha tenido el papel de neutralidad que se le esperaba. Esto ha producido que no se haya completado el proceso de transferencias; el rechazo o 'cepillado' de propuestas
estatutarias de parlamentos como el vasco o catalán aprobadas por mayorías absolutas de dichas cámaras legislativas; y a un proceso de continua recentralización del Estado con una continua invasión competencial. En definitiva, un proceso de
centralización contrario a las aspiraciones y deseos de sociedades como la vasca, la gallega y la catalana.


En el marco internacional, Estados de larga tradición democrática del mundo occidental, como son Dinamarca, el Reino Unido o Canadá, han modificado su legislación constitucional con el objetivo de dar primacía al principio democrático y
reconocer de esta manera el derecho a decidir el futuro constitucional de Groenlandia, Irlanda del Norte, Escocia o Quebec respectivamente. En todos estos casos, los estados matriz no solamente han reconocido el derecho de las distintas sociedades
a convocar referéndums de autodeterminación y, en el caso de que el resultado fuera favorable, a la emancipación, acordar de forma negociada, la misma. Esto es, dar primacía al principio democrático.


Por todo ello, y teniendo en consideración que el reconocimiento del derecho a decidir el futuro de las sociedades que así lo solicitan, es un ejercicio de madurez democrática y de normalidad en el mundo Occidental y del reconocimiento
explícito de la igualdad de derechos de los pueblos reconocido internacionalmente. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reconocer los Parlamentos de las naciones del Reino de España, como representantes legítimos de la soberanía de sus respectivos pueblos.


2. Respetar y acordar la convocatoria de consultas o referéndums por parte de los diferentes parlamentos, incluidos los que tengan como objetivo consultar a sus ciudadanos respecto a su futuro constitucional.


3. Que, en el caso de que una de esas consultas, tenga como resultado que una mayoría de sus ciudadanos se muestre favorable al cambio de estatus constitucional de esa comunidad, respete el resultado y proceda a negociar de buena fe en aras
a hacer efectiva jurídicamente ese deseo democrático.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Por medio de este escrito y al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural con motivo del Debate de política general en torno al
estado de la Nación, viene a formular las siguientes propuestas de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución por una reforma del artículo 135 de la Constitución y una auditoría de la deuda pública.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 76


La aplicación de las políticas de ajuste que se vienen impulsando desde la Unión Europea empujan a las economías de la periferia a un cambio del modelo de crecimiento económico que requiere a su vez un cambio del modelo de sociedad, de
manera que la destrucción de las conquistas sociales es un requisito indispensable para construir el proyecto neoliberal. Esta senda política amenaza a Europa del Sur con una gran depresión que ya está revelándose en la forma de altos niveles de
desempleo, incremento de la miseria y la desigualdad y otros rasgos propios de una grave crisis capitalista.


Esas políticas sustentadas en el llamado Consenso de Bruselas tienen la intención de garantizar la disciplina presupuestaria, la liberalización financiera, la desregulación del mercado, la liberalización del comercio internacional y las
privatizaciones, con un Banco Central Europeo al margen de cualquier control democrático.


En el año 2011, la reforma constitucional del Artículo 135 pactada por PP y PSOE, que establecía el concepto de 'estabilidad presupuestaria' y la prioridad absoluta del pago de la deuda y los intereses, fue la expresión política más clara de
este proyecto europeo que asfixia con sus recortes el llamado modelo social europeo.


La deuda pública de España era en 2006 tan sol del 36,6% del PIB, mientras que en 2012 había alcanzado un 84,2% y se prevé que para finales de 2014 llegue a sobrepasar el 100%. Este espectacular crecimiento tiene su causa en las políticas
que los diferentes gobiernos han puesto en marcha para enfrentar la crisis.


La reforma constitucional de 2011 otorgó prioridad absoluta al pago de los intereses de la deuda pública por encima de cualquier otra partida de gasto. Fue un ejemplo paradigmático cuyas consecuencias han sido acrecentar la subordinación de
toda la economía y de los trabajadores al pago de la deuda, todo ello a costa del desmantelamiento de la sanidad, la educación, los servicios sociales e incluso los derechos laborales y civiles.


Para el año 2014 está previsto el pago de 36.000 millones de euros en concepto de intereses a los acreedores de la deuda pública. Una cantidad que se detrae de otras partidas sociales en los Presupuestos y que únicamente sirve para
acrecentar la riqueza de los propios acreedores. Situación que se da paralelamente a la barra libre que el Banco Central Europeo tiene instalada al servicio de las entidades financieras privadas. Así, éstas pueden financiarse a un tipo de interés
muy bajo, que puede llegar al 0,25%, y prestar ese dinero a su vez a los Estados a un tipo de interés mucho más alto que pueden alcanzar el 5% o el 6%.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Iniciar los trámites para la anulación de la reforma que modificó el artículo 135 de la Constitución y establecer la prioridad del gasto en servicios públicos fundamentales frente a cualquier otro gasto.


2. Poner en marcha una auditoría de la deuda pública que estudie todas las suscripciones de títulos con objeto de poder identificar qué parte de la misma puede considerarse 'odiosa' o ilegítima.


3. Mantener el carácter público y la participación en el capital de las instituciones financieras intervenidas, garantizando al menos una parte pública en el capital del 51% como instrumento fundamental para facilitar el crédito a las
empresas de menor dimensión y a las familias.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución para la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum y el respeto del derecho a decidir.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 77


La crisis económica ha evidenciado los déficits de nuestro sistema democrático, condicionado y, a menudo, supeditado al poder económico, y sometido a las imposiciones de organismos no elegidos democráticamente. El contraste entre los
problemas y demandas ciudadanas y las políticas que se imponen ha alimentado las exigencias de transparencia, de mayor participación en la toma de decisiones públicas, y de nuevas formas de hacer política más abiertas, más directas. En la práctica
totalidad de los conflictos sociales que afrontamos hoy podemos detectar los efectos de las limitaciones de nuestro actual sistema institucional. Y así se ha puesto de manifiesto en multitudinarias manifestaciones en los más diferentes ámbitos,
desde el Movimiento 15M hasta las manifestaciones por el derecho a decidir en Catalunya.


Sin embargo, a pesar de la mayor reclamación de más democracia por parte de la mayoría de la población, la Constitución española de 1978 tiene a fecha de hoy algunas limitaciones inconcebibles para una democracia avanzada. Fruto de los
miedos de la época en que fue redactada, la Constitución cierra el paso al derecho a decidir sobre aspectos clave de la convivencia social, como la Monarquía, la relación con la Iglesia católica, el modelo socioeconómico o la estructura política del
Estado. Han pasado treinta y cinco años desde una Constitución que acordó una forma de Estado basada en la descentralización política en las comunidades autónomas. No tiene ningún sentido desde una perspectiva democrática que treinta y cinco años
después los acuerdos de aquella época se vean como aspectos inmutables y que las generaciones posteriores a la de 1978 no puedan decidir sobre cómo quieren organizarse políticamente.


El propio concepto de soberanía nacional, el carácter absoluto y excluyente que se recoge en los artículos 1 y 2 de la Constitución, es obsoleto para la realidad del siglo XXI; un concepto de soberanía que no sirve frente a los procesos de
globalización económica. Un concepto de soberanía que ha quedado desfasado ante el proceso de construcción europea. Un concepto de soberanía, que cuando interesa a los poderes económicos, se pone al servicio de los mercados, como sucedió en la
reforma exprés del artículo 135 de la Constitución española reformada en verano de 2011 de espaldas a la ciudadanía. Lo lógico es hoy una profunda reforma constitucional, esta vez con participación democrática, que entre otras cosas incluya la
reforma de los artículos 1 y 2 de la Constitución española para incorporar un concepto de soberanía menos excluyente, en unos momentos en que todas las soberanías son compartidas.


De la misma manera que no es soportable que se estén adoptando medidas económicas que no han sido votadas por la ciudadanía porque no estaban en ningún programa electoral, no es de recibo tampoco que hoy se continúe negando el derecho de la
ciudadanía de Cataluña a decidir cómo quiere articularse políticamente.


La situación actual es consecuencia de la ruptura del pacto constitucional del Estado con Catalunya, consecuencia de la sentencia de un Tribunal Constitucional, manipulado políticamente, que declaró inconstitucional partes fundamentales de
un Estatuto aprobado por las mismas Cortes Generales y ratificado en referéndum directamente por la ciudadanía de Cataluña.


Hoy la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya no aceptan un marco constitucional y estatutario que no recoge sus legítimas aspiraciones. Este malestar se ve aumentado al presenciar como las políticas llevadas a cabo por el
Gobierno no hacen más que estrecharlo, en un claro intento de recentralizar competencias y recuperar poder en perjuicio de las Comunidades Autónomas. Igualmente se alimentan conflictos inexistentes que afectan a cuestiones fundamentales de la
convivencia en Catalunya, como es la política lingüística. En este sentido la LOMCE supone un ataque al catalán y a la política de inmersión y normalización lingüística que ha sido un éxito en cuanto a conocimiento de las dos lenguas y que ha
garantizado la integración y la convivencia a lo largo de todos estos años. En este sentido la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obligando a un 25% de clases en castellano

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dentro de las aulas representa crear un problema donde no lo había y fomentar el conflicto social sobre una cuestión que había generado siempre el máximo consenso.


Así mismo, también una amplia mayoría de la sociedad catalana ha puesto de manifiesto de manera clara e inequívoca su voluntad de ejercer el derecho a decidir su futuro político mediante la celebración de una consulta al respecto. Lo ha
manifestado en la calle, en multitudinarias manifestaciones en 2012 y en 2013, lo ha manifestado políticamente al configurar una mayoría de fuerzas parlamentarias partidarias de tal consulta, y así también lo han manifestado las instituciones de la
Generalitat.


El debate sobre el proceso abierto en Catalunya de convocatoria de una consulta para conocer la opinión de su ciudadanía sobre cómo quiere que se produzca su relación con España no es jurídico sino político. El pueblo de Catalunya ha
demostrado que quiere decidir sobre su futuro. Y ello puede incluso resolverse en el actual marco constitucional, si existe voluntad política para ello. No hay nada que impida que el Parlamento español pueda aceptar la celebración de un referéndum
para conocer la opinión de la ciudadanía de Catalunya. Que Cataluña pueda convocar consultas para conocer la opinión de su ciudadanía debería ser algo que nadie pudiera discutir en términos democráticos.


El modelo a seguir es el de los países con larga tradición democrática, como Canadá y Gran Bretaña, que acordaron con Quebec y Escocia la celebración de un referéndum como la fórmula más adecuada para conocer la voluntad de la ciudadanía y
resolver el conflicto político planteado. Sería muy útil conocer la opinión democrática de la ciudadanía de Cataluña en relación con las diferentes formas de relación que quiere mantener con el Estado Español y que existen hoy en la sociedad
catalana, que pueda decidir entre el mantenimiento de un Estado autonómico o la configuración de un Estado propio que establezca relaciones federales o la de un Estado propio que prefiera ejercer la independencia política. Abrir la puerta a que la
ciudadanía opine y decida nunca puede ser negativo desde una perspectiva democrática. Eso es lo único que en estos momentos se está planteando, no el resultado final, sino el proceso democrático y el derecho a decidir.


En este sentido el Parlament de Catalunya aprobó el pasado 16 de enero presentar una Proposición de ley orgánica de delegación a la Generalitat de Catalunya de la competencia para autorizar, convocar y celebrar referéndum, con el objetivo de
poder vehicular legalmente dicha demanda. Se trata de una petición que responde al principio democrático que contempla y consagra la misma Constitución Española, en su artículo 23.1, y que plantea una vía perfectamente legal reconocida por la misma
Carta Magna, en su artículo 150.2.


Por todo ello el Congreso de los Diputados insta al Gobierno:


- A delegar la competencia para autorizar, convocar y celebrar referéndum a la Generalitat, según lo contemplado en el artículo 150.2 de la CE y siguiendo lo que establecen las leyes y la jurisprudencia al respecto, atendiendo así a la
iniciativa impulsada desde el Parlament de Catalunya.


- A dialogar con la Generalitat de Catalunya y a negociar con las fuerzas parlamentarias de Catalunya la aplicación de dicha delegación de competencias, creando un marco de coordinación y colaboración entre Estado y Generalitat para la
normal celebración del referéndum que permita conocer la voluntad de la ciudadanía de Catalunya sobre su futuro político y los efectos de su resultado.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución por la defensa de los Derechos Humanos y la política pública de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

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Propuesta de resolución núm. 78


Según constatan años tras año los informes de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos sobre la situación en España, resulta necesario un compromiso del Gobierno por el respecto de los Derechos Humanos, que más allá de los
pronunciamientos llegue a concretarse en medidas efectivas para cumplir con las obligaciones de respeto, protección y cumplimiento de los Derechos Humanos. En definitiva, aprobar e impulsar medidas que erradiquen y pongan fin a las vulneraciones de
forma reiterada se denuncian en el Estado español. Entre otras:


- Las redadas policiales basadas en rasgos étnicos y raciales lamentablemente continúan siendo usuales en los barrios con alta concentración de población migrante, lo cual constituye una violación flagrante de los derechos humanos. Aunque
tanto el anterior como el actual Gobierno nieguen su existencia, la propia ONU, a través del Comité para la Discriminación Racial, ha exigido 'erradicar' estas actuaciones a las autoridades españolas.


- Las denominadas 'devoluciones ilegales' en frontera. Según estimaciones de expertos y ONG, basados en datos facilitados por Interior, 5.000 inmigrantes han sido expulsados de forma ilegal desde que en 2001 empezaran estas prácticas. Los
expertos en inmigración y las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos a ambos lados de la frontera sur de Europa, estiman más de 5.000 inmigrantes, en su mayoría de origen subsahariano, han sido expulsados sin respetar la
ley, y sin los trámites administrativos oportunos, en los doce años que lleva realizándose esta práctica por parte de la Guardia Civil.


- Las dificultades para el ejercicio del Derecho de Asilo y Refugio. A pesar del repunte de 2013 en el número de solicitudes de asilo, las cifras en España todavía distan mucho de las que administran países del entorno como Francia y
Alemania, que recibieron el año pasado 54.900 y 64.500 solicitudes, respectivamente. Las organizaciones achacan el bajo número de solicitudes a las enormes dificultades que deben superar las personas necesitadas de protección para acceder al
procedimiento.


- Los CIE han acabado por ser cárceles encubiertas que atentan contra los derechos humanos. En la actualidad son ocho los CIE que existen en España y diversas organizaciones políticas, sociales, instituciones públicas nacionales e
internacionales vienen solicitando el cierre de estos centros, al considerar la injusticia que supone privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito, la deficiencia de las instalaciones y las precarias condiciones en las que se
encuentran las personas internas, condiciones que la evidencia demuestra vulneran derechos humanos.


- Las actuaciones policiales desproporcionadas, sobre todo para reprimir la movilización ciudadana que han dado como resultado denuncias por el uso excesivo de la fuerza y malos tratos.


- La dramática muerte de 15 personas el pasado día 6 de febrero en la Playa del Tarajal en Ceuta cuando intentaban acceder nadando al territorio del Estado español ha vuelto a poner de relieve la inaplazable responsabilidad del Gobierno de
cambiar las políticas migratorias, la política de control de fronteras y la situación de los derechos humanos en Ceuta y Melilla. La violación de los derechos humanos (y fundamentalmente del derecho de Asilo y Refugio), en especial en los pasos
fronterizos y en las ciudades de Ceuta y Melilla, no es nueva. Numerosas denuncias e informes de distintas organizaciones e instituciones han dejado y siguen dejando constancia de ello. Las muertes en el Estrecho y ahora en las fronteras de Ceuta
y Melilla, siempre se saldan sin asumirse ninguna responsabilidad. Son 'daños colaterales' sin responsables.


Mientras asistimos a graves violaciones de derechos humanos como las ocurridas en las fronteras de Ceuta y Melilla, incumpliendo la normativa nacional e internacional, y sin depurar responsabilidad alguna, pretenden restringir todavía más el
marco de protección de los derechos humanos de estas personas. Recortan políticas de cooperación, sobre todo en África, abandonando el Sahel, y mostrándose insensibles a las crecientes necesidades humanitarias de conflictos bélicos que generan
millones de desplazados y refugiados.


El desmantelamiento de la política de cooperación internacional es indignante y contradictorio si atendemos a los objetivos que el Gobierno predica en el exterior. Los presupuestos para 2014 nos sitúan en el 0,17% del PIB, hecho que tendrá
un grave impacto en la vida de miles de personas además de repercutir negativamente sobre el papel de España como actor internacional.


La mitad de los recursos que se destinan forman parte de cuotas obligadas por formar parte de organismos internacionales y el 50% de los fondos que se destinan viene del Ministerio de Economía y

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Competitividad en detrimento de la AECID. Es decir, además de lo poco que utilizamos, lo utilizamos para unos intereses muy concretos y poco coherentes con lo que debería ser una política pública de cooperación y solidaridad.


También destaca la ausencia de debate de las actuales reformas con los órganos, espacios consultivos y onegés de la cooperación-española, ejemplo de ello es la actual reforma del FONPRODE en el Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del
Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española.


Por último, destacar que está pendiente de presentación el II Plan de Derechos Humanos y con ello una planificación de políticas públicas basadas en derechos humanos que beneficien a las víctimas de violaciones que hay dentro y fuera del
país. Es necesario situar como prioridad en este plan: la pena de muerte, el racismo, pero también la impunidad, la pobreza y el derecho a la vivienda.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1) Con respecto al II Plan de Derechos Humanos:


- Poner en marcha, de forma inmediata, el II Plan de Derechos Humanos que garantice medidas concretas tanto de políticas exterior como interior y que incorpore objetivos claros, estrategias de acción y plazos de aplicación.


2) Con respecto a los malos tratos, torturas represión de la movilización ciudadana:


- Retirar el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y Proyecto de Ley de reforma de Código Penal, actualmente en trámite.


- Poner fin a la práctica de elaborar 'listas o ficheros' de personas participantes en las manifestaciones, concentraciones o acciones de protesta contra las políticas del Gobierno.


- Adoptar las medidas necesarias para garantizar de forma constante la obligatoria identificación de forma clara y visible de todos los miembros de las fuerzas de seguridad, y su obligación de identificación cuando así lo soliciten los
ciudadanos con respecto a la actuación policial.


- Garantizar que las identificaciones policiales y cacheos en el ámbito de las movilizaciones ciudadanas se reduzcan a las previsiones legales, evitando el uso de esta práctica con fines intimidatorios.


- Adoptar las medidas necesarias para la regulación e instalación de videocámaras en todas las dependencias policiales para la grabación en video y audio de las actuaciones.


- Adoptar las medidas oportunas para posibilitar la grabación de todas las actuaciones policiales en los dispositivos desplegados para las movilizaciones sociales o actos de protesta ciudadana.


- Adecuar completamente la definición de tortura del Código Penal a la del Convenio contra la Tortura.


- Garantizar el derecho de toda persona a no sufrir tortura o trato cruel, inhumano o degradante, asegurando que cualquier denuncia de tortura o malos tratos es investigada de manera pronta, exhaustiva, imparcial e independiente,
garantizando una adecuada reparación a las víctimas.


- Poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y a la impunidad policial, asegurando que sus agentes llevan números de identificación visibles y estableciendo protocolos de uso de la fuerza.


- Abolir el régimen de incomunicación de los artículos 520 y 52 LECrim y aumentar las salvaguardas de las personas detenidas, entre ellas, comunicación a los familiares, abogado de su libre elección y el derecho a ser examinado por un médico
de su elección.


3) Racismo y discriminación.


- Poner fin a los controles de identidad basados en rasgos étnicos y raciales que provocan la discriminación y criminalización de personas por sus rasgos físicos y suponen una flagrante vulneración de los derechos humanos.


- Diseñar e implementar políticas activas y efectivas de lucha contra el racismo y la discriminación, a partir de un diagnóstico sobre las dimensiones del racismo y la discriminación en España.

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- Recoger y publicar datos sobre incidentes de carácter racista y discriminatorio, elaborando un Protocolo obligatorio, dirigido a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, para la identificación y recogida de incidentes discriminatorios.


- Fortalecer el mandato y dotar de recursos e independencia al Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato.


4) Inmigración y asilo.


- Abordar a la mayor brevedad el cierre de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), entendiendo que la simple comisión de una infracción administrativa no debería conllevar jamás una privación de libertad.


- En tanto no se produce el cierre definitivo de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), restringir el internamiento en los CIE con carácter excepcional y residual a los supuestos estrictamente necesarios para garantizar la
expulsión, y durante el tiempo mínimo imprescindible. En este sentido, no se adoptará ninguna medida restrictiva de la libertad de un extranjero que esté perfectamente identificado, aunque se encuentre en situación administrativa irregular.


- En tanto no se produce el cierre definitivo de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en el marco del Reglamento, garantizar los derechos de las personas migrantes, y en particular, el acceso de las organizaciones
sociales a los Centros de Internamiento de forma regular y estandarizada, conforme establece el artículo 62 bis 3) de la Ley orgánica 212009, regular el acceso a la comunicación con el exterior, garantizar la asistencia médica y social
independiente, garantizar el ejercicio del derecho a las visitas a las personas internadas, regular mecanismos específicos para evitar los malos tratos y torturas.


- Garantizar el acceso a la protección internacional a aquellas personas que puedan sufrir persecución o un riesgo contra su integridad física o libertad en caso de expulsión a sus países de origen, en especial a las víctimas de redes
mafiosas, tráfico y trata de personas, atendiendo a sus especiales circunstancias.


- Acabar con las devoluciones ilegales, garantizando que, en cualquier circunstancia de llegada masiva de migrantes bajo la soberanía efectiva del Estado español, se inicien procedimientos administrativos que contemplen las circunstancias
individuales de cada persona.


- Garantizar que, en cualquier circunstancia de llegada masiva de migrantes bajo la soberanía efectiva del Estado español, se informe a la delegación en España del ACNUR de esta circunstancia y se permita el acceso de las organizaciones no
gubernamentales especializadas en materia de protección internacional para que asesoren a estas personas.


- Promover a nivel europeo una política de migración que sitúe en el centro los derechos de las personas migrantes.


- Instar a la Unión Europea al fortalecimiento de las capacidades de salvamento y rescate en el Mediterráneo, asegurando que las personas rescatadas son tratadas con dignidad, y que sus derechos, incluyendo el derecho a pedir asilo, son
respetados.


- Revisar los acuerdos de cooperación con Marruecos y los mecanismos de salvaguarda en materia de derechos humanos.


- Respetar el principio de no devolución y abstenerse de devolver o extraditar a personas a lugares donde pueda estar en riesgo su vida o su libertad.


- Eliminar las limitaciones en el traslado a la península de los solicitantes de asilo, como sucede actualmente con los ciudadanos sirios que solicitan asilo.


- Elaborar una ley integral contra la trata, que transponga las obligaciones europeas e internacionales, y que, con un enfoque de derechos humanos, infancia y género, garantice la protección y asistencia a las víctimas.


5) Verdad, Justicia y Reparación.


- Cooperar con la justicia argentina y proceder a la extradición de las personas acusadas de torturas y otros crímenes de derecho internacional durante el régimen franquista, o de lo contrario, proceder a la investigación y castigo de tales
crímenes ante los tribunales españoles.


- Impulsar la creación de una comisión de la verdad sobre los crímenes del franquismo.


- Reformar la legislación, incluyendo la modificación de la Ley de Memoria histórica, con el fin de que se declaren nulas de pleno derecho, por la ilegitimidad de los tribunales, por vicios de forma y de fondo y por la ilegitimidad de las
normas aplicadas, las Sentencias y resoluciones judiciales o administrativas

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dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento
de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparados por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución.


- Interpretar o modificar las normas que regulan el derecho de indemnización de las víctimas de la Dictadura, para que puedan ser beneficiarios los familiares directos de todos cuantos fueron condenados a muerte en consejo de guerra y
ejecutados entre el 1 de enero de 1968 y la Ley de Amnistía de 6 de octubre de 1977 por actividades de oposición a la Dictadura.


- Presentar en el plazo de sesenta días un informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia política en los años de la Transición con la finalidad de que sean consideradas beneficiarias de las indemnizaciones que pueda otorgar la
futura ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.


- Establecer un Marco Institucional efectivo que impulse las políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria democrática, según lo dispuesto en la Disposición adicional tercera de la Ley 52/2007.


- Modificar la Ley 5212007, de 26 de diciembre, en los artículos 11, 12, 13 y 14, con el objeto de garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o
enterramientos de víctimas del franquismo, asumiendo dicha responsabilidad el conjunto de las Administraciones y la Administración General del estado con carácter subsidiario.


- Retirar en los próximos seis meses todos los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura que aún
no se hayan retirado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 5212007.


- Eliminar dificultades para acceder al conjunto del sistema archivístico en el Estado español.


6) Justicia Universal.


- Paralizar la tramitación de la reforma del artículo 23 de la LOPJ, restrictiva de la jurisdicción universal.


7) Cooperación Internacional para el Desarrollo.


- Garantizar una política pública de cooperación internacional al desarrollo que esté a la altura de las exigencias internacionales, estableciendo mecanismos para asegurar su coherencia y la participación efectiva de las ONGD en los procesos
de decisión y evaluación para dotarla de mayor transparencia.


- Paralizar la reforma del FONPRODE actualmente en trámite.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución sobre lucha contra la pobreza y defensa de los derechos sociales.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 79


Los índices de pobreza y desigualdad social están alcanzando unos niveles alarmantes en nuestro país. La brecha entre ricos y pobres se hace cada vez más ancha y profunda y las políticas de recortes y austeridad del Gobierno no hacen sino
agravar aún más esta situación.


Esos elevados índices de pobreza y desigualdad social se traducen en millones de dramas humanos, porque son los ciudadanos los que sufren directamente en sus carnes esa lacra que los arroja hacia la exclusión y la marginación social. Cada
vez son más los españoles que pierden su empleo, su vivienda y su futuro.

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Las previsiones económicas para este año y el próximo, junto con las 'soluciones' y medidas propuestas por el Gobierno actual, nos invitan a ser bastantes pesimistas con respecto a la evolución de la crisis en España. Las políticas de este
Ejecutivo solo servirán para incrementar las diferencias entre ricos y pobres, no reducirán el paro, provocarán más precariedad y, por tanto, más sufrimiento y pobreza en nuestro país.


El Gobierno ha decidido congelar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2014, lo que supone una nueva disminución en términos reales de esta renta. Entre 2010 y 2013 el SMI ya ha perdido 5,5 puntos de su capacidad adquisitiva y la
congelación para 2014 supone una nueva pérdida que contribuirá, en particular, a limitar las posibilidades de recuperación del consumo y de la demanda interna. Además, el deterioro del poder de compra del SMI contribuye también al debilitamiento de
la cohesión social y al aumento de desigualdades.


Nuestro SMI es uno de los más reducidos de los países de la UE-15 que lo tienen establecido en su ordenamiento jurídico con cobertura general y, en sus niveles actuales (645,3 euros mensuales), bordea el umbral de la pobreza en hogares con
un solo miembro y se sitúa por debajo de dicho umbral en hogares compuestos por al menos dos personas. Además, la desvalorización del SMI sumada a las pérdidas de poder adquisitivo de salarios y pensiones se contrapone al aumento de los precios de
los servicios y suministros básicos de los hogares, agudizando el empobrecimiento de los sectores más desfavorecidos.


Consideramos, como un primer objetivo, que el SMI recupere su capacidad adquisitiva en 2014 e impedir que siga disminuyendo su poder de compra. Con este criterio, el SMI debería tener un incremento inmediato del 6,9%.


Así mismo, consideramos justo que se recupere el objetivo de avanzar sin demora hacia lo establecido en la Carta Social Europea, de manera que el salario mínimo sea el 60% del salario medio neto estatal. Objetivo que debería graduarse en
los sucesivos años avanzando en la medida que la evolución de la economía española lo haga posible.


Por último, para evitar que en el futuro continúe siendo posible la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, hacemos nuestra la propuesta de CC.00 y UGT solicitando al Gobierno la reforma del artículo 27 del Estatuto de los
Trabajadores para asentar sobre nuevas bases la determinación anual del SMI.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno en relación con:


Prevención y lucha contra la pobreza:


1) Aprobar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un Plan Estatal de Emergencia contra la pobreza y la exclusión social 2014-2020 en el marco de la Estrategia Europea 2020 y cuyos objetivos sean medibles, evaluados y actualizados
anualmente y que incluya, entre otras medidas:


a) Los casi tres millones de niños y niñas en el umbral de la pobreza en nuestro país exige la toma inmediata de medidas, que van desde la elaboración de un Plan Nacional contra la Pobreza Infantil a la urgente necesidad de trabajar por la
implantación de una Ley de Infancia, tal y como vienen reclamando numerosas entidades que trabajan por la infancia.


b) Una Renta Básica de Ciudadanía garantizado en todo el país como derecho subjetivo, partiendo de las Rentas Básicas de Inserción de las Comunidades Autónomas.


c) Incrementar las dotaciones necesarias para que los albergues de acogida para personas sin hogar puedan afrontar las nuevas necesidades generadas por la crisis económica y el desempleo.


2) Dotar a las entidades locales de los medios suficientes para:


a) Reforzar las ayudas de urgente necesidad a personas y familias para atender necesidades básicas.


b) Proporcionar becas de comedor escolar a todos los niños y niñas de familias sin recursos suficientes.


c) Dotar a los centros escolares de material suficiente para el uso y disfrute de los niños y niñas sin recursos suficientes.


3) Asumir las medidas contenidas en la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), desde la consideración de la vivienda como bien básico no sujeto a especulación.


4) Asegurar la integración de las personas extranjeras con igualdad de derechos sociales.

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5) Reconocer y regular el papel esencial que juega el Tercer Sector de Acción Social (TSAS) en las políticas de inclusión.


Servicios sociales:


En colaboración con las Comunidades Autónomas:


6) Consolidar el sistema de servicios sociales como el cuarto pilar del sistema de protección social, contando con los recursos adecuados.


7) Rectificar mediante Real Decreto-Ley las medidas más lesivas sobre la aplicación en sus términos originarios de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD) dotando todos los
recursos recogidos en dicha Ley, cumpliendo en materia de plazos de resolución de expedientes, y dando cobertura a los derechos de los colectivos con dependencia y de sus personas cuidadoras, asegurando que se desarrollen los servicios públicos en
el sector de los cuidados y de atención a las personas, con priorización a los colectivos con dependencia, garantizando las condiciones laborales y salariales dignas de las personas cuidadoras.


8) Reponer la partida del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales e incrementar su cuantía, para mantener y completar la red de servicios sociales básicos.


9) Restablecer el Programa de Teleasistencia Domiciliaria.


10) Elaborar una Ley de Atención a la Infancia con la colaboración de las entidades relacionadas con la misma.


11) Potenciar la creación en todas aquellas Comunidades Autónomas, donde no exista, un Observatorio de la Pobreza y la Exclusión Social.


12) Tener en cuenta las denuncias de las organizaciones humanitarias sobre la desprotección y racismo hacia el colectivo inmigrante, así como la inmediata derogación del Real Decreto 16/2012.


Salario y pensiones mínimas


13) Incrementar de forma gradual el Salario Mínimo hasta el fin de la legislatura con el objetivo de lograr que represente, al menos el 60% de salario medio neto. Se proponen las siguientes cantidades y plazos.


a) El 1 de mayo de 2014, de forma que se recupere el poder adquisitivo perdido entre 2010 y 2013 fijando una cuantía no inferior a 690 euros mensuales y su equivalente diario.


b) El 1 de enero de 2015, hasta la cantidad de 872 euros/mes.


c) El 1 de mayo de 2015, hasta la cantidad de 963 euros/mes.


d) El 1 de octubre de 2015 hasta la cantidad de 1.100 euros/mes.


14) Acordar un programa de apoyo a las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos con asalariados para que puedan cumplir estos objetivos sin menoscabo de su competitividad.


15) Modificar la pensión mínima de jubilación, viudedad e incapacidad para que sean equivalentes a las cantidades del nuevo salario mínimo.


16) Reformar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para asentar sobre nuevas bases la determinación anual del SMI y evitar que se produzcan pérdidas de poder adquisitivo.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución para las políticas de igualdad y el derecho a decidir de las mujeres sobre su salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

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Propuesta de resolución núm. 80


Las políticas de austeridad salvaje implantadas por las políticas neoliberales, la crisis de carácter económico, institucional, cultural, ecológico y de patriarcado que vivimos a nivel global representan una ofensiva sin precedentes en torno
a la igualdad de género y a la asunción de derechos sociales, laborales y civiles de las mujeres.


En este contexto, en el que la crisis ha servido como pretexto para revitalizar un sistema capitalista y patriarcal en constante agonía, es ineludible aportar una perspectiva de género en el análisis de la crisis económica. El
adelgazamiento del Estado basado en una política de recortes de derechos sociales, sol se hace posible mediante una intensificación del trabajo no remunerado que realizan casi exclusivamente las mujeres. El objetivo es sin duda trasladar los costes
de los servicios públicos que sustentaban hasta ahora el precario estado de bienestar hacia el trabajo socialmente útil que históricamente han soportado las mujeres.


La reforma laboral impuesta por el Gobierno condena a la precarización femenina en el mercado de trabajo con bajos salarios, contratos parciales, temporalidad con todas las consecuencias para las pensiones de futuro, dinamitando la
negociación colectiva y el papel de los sindicatos que eran los que facilitaban los planes de conciliación de la vida familiar y laboral y aumentando de forma extrema la brecha salarial entre mujeres y hombres.


En paralelo, se plantea no sol un ataque a los derechos sociales y laborales, sino también a los derechos civiles de las mujeres. Todos ellos encaminados hacia el mismo objetivo que no es otro que el de que las mujeres dejemos de jugar el
papel que nos toca como corresponsables en el avance hacia la consecución de una sociedad más justa e igualitaria. Y por ello lo primero que ha hecho este gobierno es paralizar todas las políticas públicas de igualdad o disminuir hasta la mínima
expresión los recursos para programas y servicios de atención a las víctimas de violencia de género, para acto seguido plantear una involución retrograda con el anteproyecto de ley de 'protección al concebido y los derechos de la mujer embarazada'
que, supondrá la derogación de la Ley de marzo 2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para sustituirla por otra que, en realidad es una reforma restrictiva de la ley de despenalización del aborto 1985 con el
único objetivo de tutelar el cuerpo de las mujeres y eliminar su derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva y sobre su maternidad.


Pero el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, no se puede enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las mujeres como pretende el Gobierno porque estamos hablando de un derecho fundamental y, como tal, no puede ser
objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios.


El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es irrenunciable, entra dentro de la libre decisión de las mujeres y debe garantizarse sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, y sin penalizaciones.


Defendemos, por tanto, una ley que garantice la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo que contenga como ejes básicos: la prevención contra los embarazos no deseados, una educación sexual que recorra todos los
estadios educativos, la coeducación real y efectiva y, la trasmisión de valores de igualdad entre mujeres y hombres.


Apostamos por una ley que permita a las mujeres interrumpir su embarazo, respetando sus razones, sin restricciones y sin tutelas; para lo que se hace imprescindible la regulación de la objeción de conciencia sin que ésta pueda utilizarse
como coartada de la clase sanitaria más reaccionaria dentro del sistema sanitario público. Una ley que elimine el aborto voluntario del código penal tanto para las mujeres como para las y los profesionales sanitarios que lo practican.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Retirar el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada.


2. No atentar contra los derechos fundamentales de las mujeres y, por lo tanto, no modificar de manera restrictiva la actual ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin que esta
pueda ser modificada sino es para garantizar y ampliar los derechos reconocidos en el texto vigente.


3. Desarrollar la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el fin de activar las políticas públicas específicas para las mujeres, incorporando la

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perspectiva de género de manera efectiva y analizando los impactos de género en cada una de las medidas de recorte y acciones legislativas que adoptan.


4. Derogar la Reforma Laboral de manera que se legisle para que el empleo sea realmente un derecho universal, de calidad, fijo y retribuido con salarios iguales para mujeres y hombres en trabajos de igual valor y erradicar definitivamente
las diferencias retributivas existentes.


5. Adoptar con carácter de urgencia un plan integral contra la feminización de la pobreza que garantice la percepción de prestaciones económicas y actúe con medidas específicas para combatir el paro de larga duración y ante la exclusión
social, principalmente de aquellos colectivos más vulnerables como personas mayores o familias monoparentales.


6. Poner en marcha todos los recursos públicos que sean necesarios, para la creación y desarrollo de nueva ocupación que permita que las mujeres se incorporen al mundo del trabajo asalariado y se actúe ante la pérdida de oportunidades que
excluyen a las mujeres del trabajo productivo. Actuar para un reparto justo del trabajo reproductivo entre hombres, mujeres y servicios públicos, para que no recaigan en ellas los roles y estereotipos sexistas, ni las cargas de trabajo que
conllevan los cuidados.


7. Modificar y ampliar la actual Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, al objeto de que la ley realmente recoja todo tipo de violencia que de forma estructural se ejerce
contra las mujeres. Que se actúe con contundencia y se dispongan de los recursos necesarios para la erradicación de la violencia machista en nuestra sociedad invirtiendo en la educación, la prevención y la reparación de las mujeres víctimas del
machismo y de sus hijas e hijos.


8. Garantizar la autonomía y competencias de los municipios para que las políticas de igualdad, sigan siendo asumidas desde las entidades locales.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución sobre defensa de los servicios públicos.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 81


Las políticas de reducción de gasto público no han servido para resolver la crisis, para que vuelva a fluir el crédito a las empresas y a las familias, ni para la creación de empleo. Es más, las políticas de consolidación fiscal y de
reducción del déficit basadas en la contención del gasto agudizan la crisis social, ralentizan la recuperación económica y la generación de empleo y afectan a la calidad de los servicios públicos, garantes de la igualdad y la cohesión social.


Los servicios públicos son fuente de desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social. Defendemos la gestión pública directa como mejor fórmula de procurar el acceso universal a los servicios públicos, de favorecer la
equidad y calidad de los mismos y de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a la educación, la salud, la justicia o la movilidad.


Por tanto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno en relación a:


Educación


En materia de educación previa a la universitaria:


1) Retirar el Real Decreto-ley 14/2012 y de cualquier otra medida que recorte la inversión educativa no universitaria, o afecte a su funcionamiento reduciendo su calidad.


2) Impulsar con carácter urgente las iniciativas necesarias para derogar la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, LOMCE, así como paralizar de forma inmediata su aplicación.

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3) Abrir de forma urgente un proceso de negociación y diálogo con las administraciones y la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para abordar las medidas que se consideren necesarias para mejorar el
Sistema Educativo Público.


4) Vetar el cambio de titularidad, la enajenación o privatización del patrimonio que integra la red de centros públicos existente. Establecer una moratoria de los conciertos educativos, determinar su carácter subsidiario, equiparar su
funcionamiento y las condiciones laborales de su personal al de los centros públicos, y desarrollar mecanismos de integración voluntarios y negociados de estos centros en la red pública.


5) Establecer un sistema de escolarización que garantice una racional y equitativa asignación de plazas e impida la selección del alumnado por parte de los centros concertados. Para ello, se procederá a la creación por ley de comisiones de
escolarización centralizadas, con participación de todos los sectores de la comunidad educativa, y con competencias plenas en la materia a lo largo de todo el proceso.


6) Garantizar una red pública de Escuelas Infantiles con una oferta de plazas suficientes para los menores de seis años, especialmente en el primer ciclo de Educación Infantil, asegurando su carácter estrictamente educativo, mediante los
correspondientes desarrollos normativos de ámbito estatal que establezcan el currículo básico y los requisitos mínimos de centros, ratios y profesionales para toda la etapa.


7) Garantizar una educación laica, plural ideológica y culturalmente, respetuosa con la diversidad lingüística de las CCAA con lengua propia, que no practique el adoctrinamiento y que garantice la libertad de conciencia. Para ello, se
tomarán las medidas oportunas para que las enseñanzas de religión queden fuera del horario lectivo y del currículo escolar.


En materia de educación superior:


8) Retirar el Real Decreto-ley 14/2012 y de cualquier otra medida que recorte la inversión en la Universidad Pública, o afecte a su funcionamiento reduciendo su calidad.


9) Bajar las tasas universitarias y aumentar las becas y ayudas para los estudiantes, hasta conseguir la gratuidad de la educación en todos sus niveles.


10) Comprometerse a evitar cualquier tipo de despido colectivo que afecte al personal universitario, sea de profesorado, de personal de investigación o personal de administración y servicios.


11) Comprometerse a dignificar el trabajo del profesorado y personal de investigación, especialmente de los más jóvenes, respetando sus derechos a promoción interna y estabilización en situación de dignidad laboral y salarial.


12) Comprometerse a respetar la Autonomía universitaria y los procedimientos democráticos en el seno de las Universidades.


13) Comprometerse a no adoptar ninguna medida de reforma sin la participación vinculante de la comunidad universitaria (estudiantes y trabajadores) y a debatir la propuesta con mecanismos de participación ciudadana.


14) Comprometerse a incrementar la financiación pública universitaria hasta alcanzar el 2% del PIB en el próximo quinquenio, a razón de dos décimas de PIB por año.


Cultura


15) Reconocer el papel de las bibliotecas públicas como elemento imprescindible para el desarrollo intelectual y emocional del conjunto de la ciudadanía y, por tanto, en coordinación con las administraciones públicas concernidas, a
garantizar en las Bibliotecas Públicas el mantenimiento de los horarios de apertura habituales hasta ahora, incluidas las mañanas de los sábados; el mantenimiento de las plantillas de personal y su posible ampliación en caso de nuevas aperturas o
de actualización de los servicios; y la dotación de los recursos económicos necesarios para actualizar de manera continua las colecciones bibliográficas, hemerográficas, musicales, cinematográficas y otras, así como para mantener el conjunto de
servicios que se prestan en aras a la promoción de la cultura en todos sus órdenes y a la labor de educación permanente que desarrollan.


16) Anular de forma inmediata la desproporcionada subida del IVA que grava los productos y servicios culturales, y conformar un tipo reducido de IVA para la Cultura, así como poner en marcha un programa de medidas en apoyo a los creadores y
las industrias culturales en un momento particularmente difícil para el sector.

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17) Rectificar, respecto a los Archivos Estatales, su política actual para amoldarla al cumplimiento de la Recomendación N° R (2000) 13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre una Política Europea en Materia de Comunicación de
Archivos, y el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (Tromso, 18 de junio de 2009). Para ello, es urgente derogar el Acuerdo sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, de 15 de octubre de 2010.


18) Dotar al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración en especial y al resto de Archivos Estatales de medios materiales y humanos extraordinarios y dedicados específicamente al tratamiento archivístico de los
fondos correspondientes a nuestra historia más cercana.


19) Reabrir, para el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, el Archivo Central del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la consulta de la documentación todavía conservada en esta institución y garantizar el acceso de
los investigadores a la restante documentación histórica relativa a la política exterior y de defensa, que esté depositada en otros archivos y no tenga carácter sensible.


Sanidad


20) Derogar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que cambia el modelo universal del Sistema Nacional de Salud por un modelo de seguro, recuperando el consenso sobre el sistema sanitario público.


21) Completar y garantizar en España la cobertura sanitaria universal y gratuita para el conjunto de la población.


22) Derogar la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS que está siendo utilizada como palanca para la privatización del sistema sanitario a manos de oligopolios privados, a pesar de la oposición de
los profesionales y de la ciudadanía


23) Sustituir el copago uniforme de ortoprótesis por una escala de participación en función de la renta y del producto


24) Destituir a la actual Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por su responsabilidad en el cambio de modelo, la pérdida de liderazgo y prestigio del Sistema Sanitario Público y la no asunción de responsabilidades políticas y
éticas.


25) Revisar y armonizar los requisitos exigibles para conseguir el permiso de residencia de forma que no queden personas sin derecho a la atención sanitaria, con especial atención a la situación de los menores


26) Elaborar y promover Planes y Programas para prevenir y tratar los efectos de la crisis en la salud mental (estrés, depresión, adicciones y/o suicidios)


27) En justa respuesta a los objetivos del Milenio de NN.UU y a la estrategia 20/20 de UE, y dentro de la Ley de Salud Pública, elaborar informes de impacto en salud, con el objetivo de avanzar en la estrategia de equidad en salud.


28) Rechazar el repago de pensionistas y el incremento para 2014.


29) Recuperar el presupuesto para el plan de prevención del SIDA y del abuso de drogas.


Justicia


30) Derogar de inmediato la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.


31) Promover la reforma de la Ley de 18 de junio de 1870, modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero, por la que se modifica la Ley de 18 de junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, con el fin de
excluir del ámbito del indulto los delitos graves (estafa, apropiación indebida, insolvencia punible, alzamiento de bienes, blanqueo de dinero; delitos masa; delitos societarios, contra la Administración Pública y la Hacienda Pública;
malversación y fraude; prevaricación urbanística; tortura; delitos electorales y delitos ecológicos); para que en los Reales Decretos de otorgamiento de indulto, se recojan las referencias al concreto delito cometido, al grado de ejecución
alcanzado, al título de imputación, la pena efectivamente indultada, el origen de la solicitud del indulto y el motivo que lo justifica; y para que, en caso de informe desfavorable del Tribunal sentenciador, el Gobierno deba someter la petición de

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indulto a una Comisión Mixta Parlamentaria, compuesta por representantes parlamentarios y del Consejo General del Poder Judicial, para que emitan informe vinculante para el Ejecutivo.


32) Garantizar en la reestructuración de los partidos judiciales la accesibilidad y el derecho a la tutela judicial de los más débiles y de las comarcas deprimidas.


33) Acometer las reformas legales oportunas que permitan la supresión de la Jurisdicción Militar, y el traspaso de competencias y funciones, en tiempo de paz, a la jurisdicción ordinaria.


34) Programar las inversiones necesarias para que España se acerque a la media de jueces por cada 1.000 habitantes que actualmente existen en los países de la Unión Europea.


35) Paralizar el proceso de privatización del Registro Civil, preservando el carácter público y gratuito de este servicio fundamental.


Transporte


36) Paralizar cualquier proceso privatizador y asegurar la gestión pública directa de las infraestructuras aeroportuarias del Estado.


37) Derogar el Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, y revertir la fragmentación de RENFE y la división de ADIF sin perjuicio del cumplimiento del
marco de referencia comunitario.


38) Potenciar los servicios públicos de ferrocarril, mejorando los horarios de los trenes y de las paradas en las estaciones, apoyando la generación de nuevas redes de cercanías en las áreas metropolitanas que aún no poseen dicho servicio, e
impulsando la reapertura de líneas ferroviarias de alto valor estratégico.


39) Mantener una moratoria en la construcción de líneas de alta velocidad, al menos hasta que se desarrolle una nueva planificación que, aprovechando las infraestructuras existentes, conecte la red de Alta Velocidad con la Velocidad Alta y
la red convencional.


40) Abordar en colaboración con el resto de Administraciones Públicas competentes y desde una perspectiva integral y sistemática, el transporte y la movilidad de todos los modos de transporte, tanto de carácter público como privado,
reconociendo el carácter esencial de las políticas de transporte y la movilidad para el desenvolvimiento de la actividad productiva y la cohesión social, ambiental y territorial.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución sobre el impacto negativo sobre el empleo de la reforma laboral.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 82


Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, hay 675.000 ocupados menos. Donde más empleo se ha destruido en este período es precisamente en el sector que
mayor impacto normativo ha tenido la reforma, el sector asalariado, ya que hay 674.000 empleos por cuenta ajena menos. Desde la entrada en vigor de la reforma, hay 256.800 parados más.


El desempleo juvenil es un problema de tal magnitud que las propuestas estéticas y parciales presentadas hasta el momento no podrán resolverlo. Hay 1.668.600 personas en paro entre los 16 y 29 años. La tasa de paro de los menores de 25
años alcanza el 55,1%, elevándose al 75,2% para los jóvenes de entre 16 y 19 años. Son las tasas de desempleo juvenil más altas de la UE.


No hay ni un solo aspecto, ni un solo sector o subsector, en el que la aplicación de la reforma laboral produzca mejoras. Cae el empleo tanto en el sector público (con una caída de más del 10%) como en el sector privado. Se reduce el
trabajo indefinido, ya que hay 535.600 personas menos con contratos

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indefinidos (una caída del 5,1%) a la vez que cae el trabajo eventual: desde la entrada en vigor de la reforma hay 138.300 personas menos con un contrato temporal, una caída del - 4,2%.


La reforma laboral no ha servido para los objetivos que el gobierno afirmaba buscar, sino para todo lo contrario. Se ha incentivado a través de la reforma laboral la destrucción de empleo. Los despedidos en estos dos años de reforma tienen
más antigüedad que en los años anteriores. El motivo es que el coste de la indemnización es menor para los trabajadores de más edad. La antigüedad media de los despedidos está bajando, ya que al poner tope y establecer que a partir de determinada
antigüedad la indemnización continúe siendo la misma, el gobierno ha incentivado a las empresas para que les sea más barato despedir al trabajador más antiguo con la misma indemnización.


Esta realidad lleva a una situación de desempleo de mayores de 55 años, que en una situación de crisis profunda y estructural como la actual ven cómo tienen serias dificultades para conseguir un nuevo empleo. Si esta situación de por sí ya
es preocupante, se llevó a cabo un endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada con el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, de Medidas para Favorecer la Continuidad de la Vida Laboral de los Trabajadores de Mayor Edad y Promover el
envejecimiento activo, a pesar de que no haya ningún informe que concluya con datos objetivos que la jubilación anticipada suponga un coste extra para el sistema. El citado decreto endurece las condiciones de acceso en caso de que sea una
jubilación anticipada voluntaria, ya que sol permite que sea a los 63 años y obliga a tener 35 años cotizados (dos más que en la reforma anterior). La jubilación parcial, que podría ser una herramienta útil contra el desempleo, se limita y se
endurecen los coeficientes de corrección de las prejubilaciones.


Pero la reforma, no sol no crea empleo, sino que lo hace más precario, afectando especialmente a las personas jóvenes y a las mujeres. En primer lugar, desde la entrada en vigor de la reforma laboral se ha incrementado el porcentaje de
personas con contrato temporal, ya que la caída de este tipos de contrato es menor que la de personas indefinidas. En segundo lugar, se han destruido 906.400 empleos asalariados a jornada completa, mientras que se han creado 232.500 a tiempo
parcial. Este contrato a tiempo parcial, además que con el Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, se ha hecho todavía más precario dando al
empleador casi total disponibilidad sobre el horario del trabajador y dejando en situación de desprotección a las personas a tiempo parcial. Cabe recordar, que la EPA indica que la mayoría de personas con un contrato a tiempo parcial desearían
tener una jornada completa, pero no la encuentran.


La reforma laboral también está teniendo un efecto de reducción salarial importante. La reforma tenía como uno de sus objetivos, a pesar de no ser éste reconocido por el gobierno, la devaluación interna mediante la reducción del precio del
trabajo y las condiciones de empleo. En el caso de las personas asalariadas, tras el cambio de la ley laboral están más dispuestas a abaratar su salario y rebajar sus condiciones de trabajo a la vista del ajuste que se produce a su alrededor y por
miedo a perder su empleo.


La participación de los asalariados en la renta nacional ha ido perdiendo peso desde 2008, pero en los meses de aplicación de la reforma laboral la remuneración total de los asalariados ha acelerado la tendencia a la baja de manera
preocupante: los descensos interanuales del peso de los salarios en el conjunto de la economía han llegado a estar por encima del 8%. El descenso del peso de los salarios en la economía desde la entrada en vigor de la reforma laboral es del 6%, en
el mismo período el excedente de explotación bruto se ha incrementado un 3%. Así pues, el resultado de la aplicación de la reforma laboral no es solo la devaluación interna, sino la transferencia de rentas de las personas trabajadoras hacía las
empresas y el capital.


Otro frente abierto por la reforma laboral ha sido la debilitación de la negociación colectiva. La reforma laboral elimina las bases para una gestión cooperativa de los conflictos que surgen en la empresa por el reparto de la riqueza que en
ella se crea, por el uso de la fuerza de trabajo que se emplea para generarla o por su ajuste durante las crisis. La reforma suprime los contrapesos que en la ley reequilibraban el mayor poder de negociación que tiene de partida el empresario,
facilitando una negociación fluida, equilibrada y poco conflictiva. Los datos estadísticos que proporciona el Ministerio de Empleo y Seguridad Social son todavía provisionales, pero en el balance provisional de 2012 hay dos millones menos de
asalariados cubiertos por un convenio que en el balance definitivo de 2011.


En resumen, la reforma laboral no ha contribuido en nada a los objetivos declarados del gobierno: ni se incrementa la ocupación, ni se reduce el desempleo, ni la economía es más competitiva. Sin embargo, las reformas han servido para
lograr sus objetivos ocultos: la reducción salarial, precarización del empleo, desprotección de las personas desempleadas, empeoramiento de las condiciones de acceso a la jubilación.

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Ante todo ello, nuestro grupo propone deshacer las reformas que han supuesto pérdida de derechos sociales y laborales. Pero también propone que se le dé prioridad política a resolver el principal problema social y económico del país: el
desempleo.


En primer lugar, es urgente recuperar unas políticas activas de lucha contra el desempleo. Durante estos dos años, en cada ley de PGE se destinan menos recursos para atender a un número cada vez superior de parados. Con muchos menos
recursos que en 2011, los Servicios Públicos de Empleo tienen que atender a un 22% de parados más en 2014 que en 2011. El recorte acumulado en políticas activas desde el 2011, cuando la partida era de más de 3.100 millones es de un 56%.


Además, hay que pasar a la ofensiva para la creación de ocupación. Proponemos un plan de choque para el empleo que ponga especial énfasis en la generación de puestos de trabajo en sectores con perspectivas de futuro o calificados como
yacimientos de empleo: sectores industriales de alto valor añadido con grandes potencialidades en el terreno de la exportación, el sector del turismo, el sector de la prestación de servicios a las personas, el Tercer Sector Social, los sectores
relacionados con las políticas de bienestar como educación y sanidad, el sector primario, el sector de las energías renovables y el resto de sectores relacionados con los cambios en el modelo económico necesarios para transitar hacia una economía
baja en carbono, entre otros.


Ese plan no sol debería contribuir a dar una respuesta inmediata a los seis millones de personas desempleadas sino también para asentar las bases de una economía más sólida, más cualificada, con mayor peso del sector público, con menor
exposición a las crisis futuras y con un reparto justo de las rentas. En definitiva, iniciar la tan postergada como necesaria modernización del modelo productivo.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1) Realizar un balance de los efectos de la Reforma Laboral, a partir de la participación y dialogo con las organizaciones sindicales y empresariales, sometiéndolo al contraste con la Organización Internacional del Trabajo.


2) Iniciar un proceso de dialogo social entre organizaciones sindicales y empresariales con el objetivo de:


2.1 Derogar la Reforma Laboral.


2.2 Impulsar un modelo de relaciones laborales basado en el trabajo estable y con derechos, con mayor protección de las personas asalariadas, mejores salarios, fortaleciendo la negociación colectiva y con democracia real dentro de las
empresas.


3) Impulsar un plan de choque para la generación de empleo estable y de calidad que atienda fundamentalmente a jóvenes y parados de larga duración.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución por el derecho a una vivienda digna y una segunda oportunidad.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 83


La crisis inmobiliaria es uno de los componentes más importantes de la depresión económica por la que estamos atravesando. Es causa tanto de la visión y concepto economicista que han tenido los distintos gobiernos del país que sol han
profundizado en la liberalización del mercado de un bien esencial para todos los ciudadanos, como del correspondiente menosprecio ante un derecho constitucional y humano. El derecho a la vivienda no puede estar regido por las reglas del mercado,
favoreciendo única y

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exclusivamente a los intereses de los sectores financieros e inmobiliarios mediante ventajas legislativas, financieras y fiscales.


Existen muchas políticas para conseguir que la vivienda sea un derecho y no sol una mercancía. Políticas públicas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna, que generen distintos beneficios sociales y corrijan las
injusticias patentes y escandalosas de los procedimientos hipotecarios y la indefensión de los deudores frente a las entidades financieras. Todas ellas, además, permitirían a las familias disponer de recursos que podrían destinar a favorecer la
demanda interna y con ello la salida de la crisis y la generación de empleo.


El drama de los desahucios continúa tan vivo como desde que comenzó la crisis y las políticas del Gobierno siguen sin abordar las causas de fondo ni las soluciones reales, es más, incluso ponen recursos ante el Tribunal Constitucional a
iniciativas como el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía que, entre otras disposiciones, declaraba de interés social a efectos de expropiación
forzosa la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social, aplicando ésta a las viviendas incursas en procedimientos de desahucio instado por entidades financieras.


Lo reconoce el propio Banco de España en la última Nota Informativa sobre los procesos de ejecución hipotecaria sobre viviendas, que confirman que la España real continúa sufriendo. Los datos del primer semestre del 2013 del Banco de España
confirman que mientras en todo el 2012 se habían entregado 19.335 viviendas en un proceso judicial, en el primer semestre de 2013 fueron 15.451. El 78% de los casos la entrega judicial fue de vivienda habitual. Se constata que se está echando a
familias trabajadoras de sus casas.


Mientras en el 2012 se realizaron 15.174 daciones en pago, en el primer semestre del 2013 se contabilizaron 8.856 acuerdos en este sentido. Lo que confirma que buena parte de estos acuerdos se hacen al margen del Código de Buenas Prácticas
Bancarias y son fruto de negociaciones particulares o de la acción de la PAH.


Con una tasa de paro del 26%, con dos millones de parados sin prestación, con 1,4 millones de hogares sin ingresos, con más copagos en los servicios públicos, con tres millones de personas en situación de pobreza extrema, incluso el 12.3% de
trabajadores bajo el umbral de la pobreza, es normal que sigan los desahucios. Sín embargo, el Gobierno continúa más preocupado por el impacto que los cambios legislativos puedan producir en el mercado de cédulas hipotecarias que supone unos
333.938 millones de euros que por las familias hipotecadas.


Según el Banco de España la morosidad hipotecaria de particulares ha alcanzado una cifra récord del 5,36% en el tercer trimestre de 2013, casi 2 puntos más que hace un año (3.48%).


Los requisitos sumamente restrictivos del Código de Buenas Prácticas Bancarias excluyen a una buena parte de las familias y de las que consiguen acceder la mitad no obtienen resultado satisfactorio. A septiembre del 2013 de las 9.861
solicitudes registradas se han denegado casi el 48% por no cumplir los requisitos. Menos de 2.300 familias han podido acceder a los supuestos beneficios, ello frente a los 70.272 desahucios acordados en 2012 y los 47.340 desahucios acordados hasta
el tercer trimestre de 2013.


El Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios estableció una moratoria de dos años en el desahucios a familias de extrema vulnerabilidad y creó el Fondo Social
de Viviendas integrado por 6.000 inmuebles propiedad de las entidades financieras. Nuevamente las condiciones de acceso son muy limitadas, e incluso discriminatorias.


Desde que el Fondo Social de Viviendas se activó en marzo de 2013 ha recibido 1.305 solicitudes. Se han adjudicado 615 viviendas, de las que solo en 270 casos se han firmado ya los contratos, es decir un 4.5% de contratos de arrendamiento
respecto el total de pisos disponibles, 615 familias beneficiadas por el Fondo Social, frente a unas 150.000 desahuciadas.


Por ello insistimos de nuevo en que el SAREB debe destinar parte de sus activos a un parque público o social de viviendas en alquiler, que sea gestionado por CCAA con los ayuntamientos y las entidades sin ánimo de lucro.


Aprovechando su política absolutista el Gobierno amordazó la ILP de la PAH, Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social (avalada por 1.5M de firmas), y no dio cumplimiento
pleno a la sentencia del TJUE de marzo de 2013 sobre la anulación de cláusulas abusivas, promulgando la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

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De nuevo se aprobó una ley insuficiente de la que quedan excluidos buena parte de los deudores hipotecarios. Los cambios en la regulación de las subastas no resuelven el drama de quedarse sin vivienda y con la misma o más deuda inicial,
fruto de los intereses abusivos. Establece el despropósito de 1 mes para reclamar por cláusulas abusivas. Se mantienen intereses de demora abusivos, tres veces el interés legal del dinero (12%). Se mantiene la deuda perpetua. Se deja fuera del
alquiler social el patrimonio del SAREB.


Es tal la insuficiencia de la Ley vigente que incluso el Dictamen de 22 de mayo del Banco Central Europeo, instó al Gobierno a adoptar un conjunto de medidas más amplio para abordar así las causas profundas del impago y evitar las
ejecuciones hipotecarias.


Todo este fiasco de las medidas del Gobierno se produce en paralelo a la puesta en funcionamiento del SAREB que está siendo de una gran opacidad e inoperatividad. Su resultado hasta el momento, en el informe que en diciembre de 2013 han
hecho público correspondiente a la actividad del primer semestre de 2013 es de una confusión total. No se sabe ni el resultado neto contable obtenido. No se dispone del inventario que lo integra y se desconoce el perfil de clientes. Se desconocen
si existen mecanismos de control público ante la eventual entrada especulativa de inversores privados y los posibles conflictos de intereses que se hayan podido producir.


A ninguna de estas cuestiones ha dado respuesta el Gobierno que, lejos de contribuir a la transparencia, se afana en recordar que el SAREB es una empresa privada y que no puede invadir la autonomía de información de una empresa
jurídico-privada. Otra vez, el derecho a la propiedad privada como valor absoluto sin límites prevalece sobre la obligación constitucional de tener un uso social y sobre el derecho a la vivienda.


A pesar de los sucesivos cambios normativos que desde los años noventa los diferentes gobiernos han llevado a cabo con la intención de aumentar el acceso a la vivienda en alquiler, hoy tan sol el 17% de la población española tiene su
vivienda en régimen de alquiler frente al 40% de la media europea. Nada ha ayudado para mejorar esta situación la ley de Fomento y flexibilización del alquiler ni el Plan de vivienda del PITVI.


Estas medidas adoptadas por el Gobierno lejos de modificar la dirección actual en la que persiste la enorme dificultad en el acceso a una vivienda para muchas familias, nos encontramos ante un grave retroceso que no conseguirá fomentar el
mercado del alquiler, al perseguir activar el mercado de la viviendas vacías hacia sectores especuladores y conceder enormes ventajas fiscales, financieras y legales a las entidades financieras e inmobiliarias a la vez que vemos como aumentan los
desahucios procedentes del régimen de tenencia en alquiler.


Así vemos como se ha eliminado el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes; o la flexibilización de los criterios específicos que permiten la aplicación del régimen fiscal especial de arrendamiento de viviendas en
el Impuesto sobre Sociedades, fomentando a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) con una tributación a tipo de gravamen del cero por ciento asimilándose casi a las SICAV dentro del terreno inmobiliario.
Únicamente se ha fomentado aún más la financiarización del sector de la vivienda, dejando en manos de fondos buitre la posibilidad de hacerse con grandes bolsas de activos inmobiliarios, incluyendo vivienda social a precios muy reducidos mientras
los arrendadores quedan en una situación de práctica indefensión.


Consideramos, en suma, que la solución a los problemas generados por la falta de efectividad del derecho a la vivienda no debe pasar por la creación de empresas especulativas, sino por propiciar de forma urgente una política de vivienda
pública fundamentalmente de alquiler, con un carácter social, inclusivo y universal. Necesitamos facilitar la reestructuración de la deuda hipotecaria de las familias, como la que se ha hecho con las promotoras inmobiliarias. Por razones éticas,
de Justicia, humanitarias, pero también por razones económicas. Si no se deja de asfixiar a las familias hipotecadas y endeudadas, no va a haber reactivación del consumo y sin ello no hay salida a la crisis.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Presentar una reforma legislativa contra el sobreendeudamiento de familias y de protección a deudores hipotecarios que incluya como mínimo los siguientes ejes:


a) Regulación de la dación en pago con efectos retroactivos.


b) Establecimiento de una moratoria universal e indefinida de los procedimientos hipotecarios (en régimen de compra o alquiler) siempre que se cumplan las condiciones de domicilio habitual, insolvencia sobrevenida y no disponibilidad de otra
vivienda con las que satisfacer el derecho.

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Dicha paralización, que incluye también la suspensión en el devengo de intereses, se mantendrá mientras no se acuerde la dación en pago, o se incluya en un procedimiento de liquidación ordenada de las deudas de la persona afectada, conocido
como 'de segunda oportunidad' que también puede incluir la quita de la deuda o una refinanciación de la misma, siempre en condiciones ajustadas a las posibilidades económicas del deudor.


c) Constitución de un Fondo Social de Viviendas de titularidad estatal y gestión autonómica, integrado por viviendas de entidades financieras nacionalizadas, viviendas de entidades financieras participadas por el FROB y viviendas desocupadas
cuya titularidad esté en manos de las administraciones públicas. Dichos activos inmobiliarios se destinarán a vivienda pública de alquiler por un periodo de al menos cinco años a precio protegido.


d) Modificación del Código de Buenas Prácticas, estableciendo la obligatoriedad de la mediación y arbitraje judicial en cualquier proceso de ejecución hipotecaria, introduciendo la libre elección del deudor frente a las alternativas de
protección de deudores hipotecarios que se plantean y suprimiendo los condicionantes y limitaciones de carácter personal o familiar para la delimitación del umbral de exclusión.


e) Habilitación de un procedimiento extraordinario para proceder a la revisión de aquellos procesos ejecutivos que hayan finalizado con sentencia firme, susceptibles de haberse acogido a la oposición por cláusulas abusivas.


f) Promulgación de la Ley de Segunda Oportunidad en que se presente un procedimiento ante insolvencia familiar que permita a los deudores hipotecarios proceder a la restructuración ordenada de sus deudas.


2. Presentar y dotar con los fondos públicos necesarios, suficientes y accesibles, un Plan de fomento del desarrollo y la regeneración urbana desde una visión integral, articulando las vertientes económica, social y ambiental de las
actuaciones desde la consideración de sus impactos y complementariedades de forma que favorezca la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor histórico, artístico o cultural, así como para incidir en la rehabilitación de
viviendas como un instrumento de gran importancia para la recuperación de nuestra economía y para la mejora de la eficiencia energética del parque construido.


3. Retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución para combatir la pobreza energética y por un modelo energético transparente, equitativo y que fomente las energías limpias.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 83


Existe consenso a nivel europeo en la urgencia de erradicar la pobreza energética. Las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, plantean exigencias que obligan a los Estados Miembros a
adoptar medidas para abordar el fenómeno. El CESE -Comité Económico y Social Europeo- exhorta a emprender acciones urgentes y aboga por un Compromiso Europeo de Seguridad y Solidaridad Energéticas que permita emprender a nivel europeo una acción
común y coordinada para colmar la brecha energética y basarse en el reconocimiento de un derecho de acceso universal a la energía. La energía es un bien común esencial y debe gestionarse como tal, con las obligaciones de servicio público que ello
conlleva.


Abordar la pobreza energética es una responsabilidad de Estado. Lamentablemente, la política energética en nuestro país no ha sido diseñada de acuerdo a las necesidades sociales, medioambientales y económicas del país y del conjunto de la
sociedad y dista mucho de ser una regulación de servicio

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público. Los múltiples cambios regulatorio no han avanzado en ese sentido, sino todo lo contrario. La misma semana que la mayoría del Partido Popular rechazaba una iniciativa para abordar la pobreza energética en el Estado Español se
aprobaba la reforma del sector eléctrico, una auténtica barbaridad en términos de seguridad jurídica y sostenibilidad, además del impacto social sobre las familias que va a suponer el incremento de tarifa perpetuando el espolio del oligopolio a la
ciudadanía; la misma semana también se anulaba la subasta eléctrica por concurrir circunstancias atípicas que ponen de manifiesto la mala regulación del sector eléctrico y la posición de dominio de las eléctricas.


Mientras el Gobierno mantiene una regulación al servicio del oligopolio eléctrico el recibo de la ciudadanía no para de crecer. En la última década el coste de la electricidad se ha incrementado en un 104 %, coincidiendo con la invención
del famoso déficit tarifario y de la liberación del sector que limitaba la intervención estatal con la excusa de conseguir precios más competitivos. Sin embargo, el conjunto de la deuda con las eléctricas asciende ya 30.000 millones de euros y sus
beneficios continúan en alza; en 2010 el beneficio de las eléctricas españolas fue del 10,11 % mientras que la media de las europeas fue del 5,13 %. En el año 2011 las españolas registran un beneficio del 7,44 % frente al 2,98 % de las europeas.


Sin embargo, el número de hogares con retrasos en el pago de recibos relativos a la vivienda principal ha pasado del 5.6 en 2007 al 9,2 en 2013. Un 17,9 % de los hogares no disponen de una temperatura suficientemente cálida en invierno.


Las causas principales que provocan pobreza energética son los bajos niveles de renta, el elevado precio de la energía y la baja eficiencia energética de los edificios. En este sentido no ha habido, por parte del Gobierno, ni política
social para abordar el problema, porque el bono social excluye a la mayoría de gente en situación de vulnerabilidad, ni intervención pública en los precios de la energía, ni voluntad para aplicar políticas de eficiencia energética.


El último ejemplo de la nula voluntad del Gobierno de garantizar el derecho a una energía y a avanzar hacia la soberanía energética limpia lo encontramos en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE condenando a España por no
aplicar a tiempo la directiva comunitaria para mejorar la eficiencia energética de los edificios, un sector que debería de ser prioritario para la reactivación del empleo.


Desde la Izquierda Plural exigimos un mínimo de sensibilidad para entender que la pobreza energética no puede esperar a soluciones estructurales, es un drama social que repercute directamente sobre las personas, con impacto en su salud
física y emocional, y sobre los ayuntamientos y onegés que asumen como pueden la respuesta, por ello exigimos medidas que ya están aplicando otros países con Reino Unido, Francia y/o Bélgica; a la vez que exigimos no solo una reforma en profundidad
para eliminar las subastas sino también del funcionamiento del mercando garantizando una retribución de la energía en función de los costes reales, con transparencia y competencia efectiva.


Además debemos avanzar hacia un modelo democrático y transparente con una red descentralizada y facilitando la municipalización y gestión colectiva de las redes. Y para avanzar hacia la soberanía energética es imprescindible facilitar el
autoconsumo de energías renovables y el balance neto.


Desde la Izquierda Plural seguiremos exigiendo garantizar el derecho a la energía y el derecho a la energía limpia, a avanzar hacia la soberanía energética y la eficiencia y a ser menos dependientes tanto del oligopolio como del exterior.
Es decir, tiene que ver con ser más libres, libres frente a la estafa y el secuestro de intereses que los Gobiernos han diseñado en el sistema eléctrico.


El Congreso de los Diputados rechaza la reforma de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico e insta al Gobierno a:


1. Realizar una auditoría energética independiente de la composicíón del déficit tarifario revisando aquellos conceptos prescindibles, evaluando la legitimidad de los distintos componentes de la deuda y estableciendo una quita parcial de la
deuda eléctrica en caso de existir sobre retribuciones o pagos excesivos como los indicados por la propia CNE.


2. Modificar la regulación del mercado eléctrico, que permita un sistema de retribuciones de acuerdo a los costes de producción, que internalice los costes ambientales y garantice un sistema transparente, equitativo y que fomente las
energías limpias.


3. Eliminar las trabas económicas y legales al autoconsumo de energía renovable y promover la producción descentralizada y con balance neto.

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4. Regular un precio social en los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano, tramificando la tarifa para garantizar el consumo mínimo necesario de las familias en función del número de miembros en la familia, de la
estación del año y de las rentas familiares.


5. Impedir que las empresas suministradoras no puedan interrumpir el servicio ni excluir a nadie por razón de retraso o impago del recibo siempre y cuando reúnan las condiciones de renta familiar que se determinen.


6. Impulsar de forma decidida medidas de eficiencia energética en los hogares, un consumo eficiente de energía con tarifas progresivas y ayudas para inversiones con planes urgentes de rehabilitación para familias vulnerables.


7. Reducir el IVA de la electricidad, gas natural, suministro de agua y transporte público al tipo superreducido.


8. Exigir a las compañías suministradoras transparencia y responsabilidad en su gestión, incrementando la información acerca de los conceptos incluidos en la factura, los servicios energéticos contratados, las medidas de eficiencia
energética, la disponibilidad de ayudas y/o bonos sociales, así como la publicación de todos aquellos datos que contribuyan aproximarnos a la pobreza energética (cortes de suministro, impagos...).


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución sobre defensa, consolidación y refuerzo de la Administración Local.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 85


La reforma de la Administración Local promovida por el Gobierno supone el mayor ataque a los ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos; es una vuelta a la centralización y al papel tradicional de aquéllos
como meros ejecutores de las políticas del gobierno central.


Con esta Ley se pretende convertir en una excepcionalidad histórica la experiencia democrática de los ayuntamientos españoles iniciada en 1979, eliminando el poder de lo más cercano, alejando a la ciudadanía de la gestión de lo público y de
la política, al tiempo que fortalece la deriva autoritaria frente a una población que exige más participación, más democracia y más transparencia.


Estamos ante una política regresiva, arbitraria y con un concepto de la autonomía local anacrónico respecto a los postulados europeos, así como centrado en aspectos anecdóticos, como el número de concejales o la limitación de sus salarios,
que otorgan una concepción de sospecha hacia los 'representantes de la ciudadanía', estableciendo postulados de supuesto control que enmarcan la Ley, dentro de un modelo autoritario hacia la administración más próxima a los ciudadanos y por ende, la
que más puede incidir en la vida de éstos. De esta forma difuminan la responsabilidad de quienes son elegidos por los ciudadanos de forma más directa que en otros ámbitos, alejando el posible centro de toma de decisiones que pudiera suponer un
cuestionamiento del sistema, fagocitado por la dictadura de los mercados en este momento.


En suma, el Gobierno responde a los ciudadanos con más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos desmantelando la referencia más cercana a la ciudadanía, el primer nivel de acceso a la representación popular,
junto con la eliminación de competencias y servicios consolidados, así como con la ausencia de financiación que aboque a la privatización de los que queden. Privatizaciones de los servicios públicos municipales que provocarán pérdida de empleo, de
servicios y su calidad y pérdida también del ejercicio efectivo de derechos sociales.


Como alternativa exigimos para los Ayuntamientos capacidad política y económica para tener la posibilidad de incidir en la estructura de ciudad, a través de la posibilidad de implementar políticas redistributivas, dinamizadoras y nucleares
para el equilibrio social y la igualdad de oportunidades Es decir,

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exigimos competencias en materia educativa, sanitaria, de servicios sociales o en políticas de desarrollo económico.


No se trata de establecer duplicidades, lo que solicitamos precisamente es una clarificación de las competencias acorde con una mayor capacidad económica, perfilando ciertas competencias como propias de los Ayuntamientos. Seguimos exigiendo
una segunda descentralización. Lo que esta nueva Ley establece, no es una reforma de las competencias municipales, sino la usurpación de las mismas, para 'recentralizar' la toma de decisiones.


Como consecuencia de exigir mayor capacidad de gobierno y un papel claro y determinante en el desarrollo económico, creemos necesaria una reforma del modelo de Estado que dé cabida a ese papel fundamental que han de desempeñar las Entidades
Locales y que esta Ley no solo no resuelve, sino que refuerza aquellos aspectos que han llevado a este país a una crisis sin precedentes: concentración de poder, falta de transversalidad y transparencia, sumisión a la banca y los mercados, así como
a un concepto de generación de riqueza sin política económica ni estrategia a largo plazo.


Frente al nuevo marco legal el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, considera imprescindible la inmediata derogación de la recientemente aprobada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local, y abrir un nuevo proceso de elaboración del marco legal compartido, que sitúe un modelo alternativo al actual:


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Derogar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y, ante una reforma tan importante y definitoria de la propia esencia del Estado, se abra un nuevo proceso de elaboración con la
concurrencia de la propia Administración Local y de la que tiene las competencias sobre el régimen local, como es la administración autonómica.


2. Defender el principio de suficiencia financiera sobre el de la sostenibilidad, de suerte que la reforma profundice en la segunda descentralización refrendada por las reformas de los Estatutos autonómicos, y se financien las competencias
ya establecidas en dichos marcos normativos.


3. Promover el principio de transferencia sobre el de subvención en las formas de cooperación financiera entre administraciones, con el establecimiento por ley de participación en los tributos tanto del Estado como de las Autonomías en
forma de fondos incondicionados que sustenten y garanticen la autonomía local.


4. Abordar, de forma paralela, una nueva Ley de Financiación Local, que contemple, entre otras medidas:


- La eliminación de intereses de demora en el pago a la seguridad social.


- Una participación mayor en los tributos del Estado: hasta un 33 %, de manera análoga, a los municipios de la mayoría de nuestros vecinos europeos (los ayuntamientos tienen, a día de hoy, el mismo porcentaje de participación [13 %] que
tenían en el año 79).


5. Eliminar las Diputaciones Provinciales y establecer las transferencias patrimoniales y competenciales a las comarcas o municipios.


6. Flexibilizar los objetivos de déficit para las Entidades Locales.


7. Establecer mecanismos flexibles para el adelanto de la PIE a los Ayuntamientos y fijar mínimos no retenibles.


8. Conveniar los pagos reducidos del coste de energía en las instalaciones municipales de interés público, tales como centros educativos, sanitarios, de justicia, así como de alumbrado eléctrico público.


9. Convocar la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para abordar el debate interadministrativo de la Administración Local.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución por la puesta en marcha de una política industrial activa y el desarrollo y la potenciación de la I+D+i.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 86


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1) Poner en marcha una política industrial activa que promueva los sectores de alto valor añadido y con una fuerte base tecnológica, que impulse la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica y la sociedad del conocimiento, en
el marco de un nuevo modelo de crecimiento basado en la economía productiva y no en la economía especulativa que cimentó el presunto milagro español.


2) Desarrollar planes de reindustrialización que permitan la consolidación de alternativas económicas industriales en zonas que han sido especialmente perjudicadas durante los últimos años por procesos de desindustrialización y
deslocalización.


3) Culminar las obras de infraestructuras en las comarcas mineras incluidas en los sucesivos Planes de la Minería del Carbón.


4) Impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación, recogiendo la iniciativa del colectivo Carta por la Ciencia, que incluye las siguientes medidas:


a) Planificación plurianual que permita la recuperación, en los tres próximos ejercicios presupuestarios, de los niveles de financiación pública de 2009 en I+D+i civil en los capítulos 1 a 7, garantizando una financiación sostenida que
represente un porcentaje de los ingresos del Estado similar a la media europea.


b) Eliminación de los actuales límites de la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D, permitiendo la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D+i y a su convergencia con
Europa en el número de personal de investigación por habitante.


c) Establecimiento de un compromiso plurianual que garantice la normalización y el cumplimiento de todas las actuaciones previstas en los correspondientes Planes Estatales de Investigación tanto en lo relativo a los plazos de sus
convocatorias como de resolución de las mismas.


d) Creación de la Agencia Estatal de Investigación prevista en la Ley de la Ciencia de 2011, que mediante el contrato programa y los presupuestos plurianuales correspondientes desarrolle la gestión de los Planes Estatales de Investigación
con criterios estrictamente científicos y la autonomía necesaria para ello, sometida al consiguiente control parlamentario.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución por una reforma que mejore la progresividad y suficiencia del sistema tributario.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

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Propuesta de resolución núm. 87


El Gobierno está preparando una reforma tributaria, que dice será integral, con el objetivo declarado de conseguir un modelo tributario más sencillo. La sencillez es un objetivo loable pero que no puede acabar por deteriorar la
progresividad y suficiencia del sistema tributario.


Los principales problemas de nuestro sistema tributario no tienen que ver con la mayor o menor sencillez de sus principales figuras impositivas. Cualquier tributo progresivo puede alcanzar cierto grado de complejidad si se intenta ajustar
su pago a la capacidad económica del contribuyente. No obstante, la mejor forma de avanzar en la sencillez que se propugna es acabar con la maraña de deducciones, bonificaciones y exenciones que inundan la mayor parte de nuestras figuras
tributarias.


Desde nuestro punto de vista, los problemas se centran en las reformas estructurales que se han llevado a cabo desde mediados los años noveinta orientadas a desfiscalizar los rendimientos del capital y a reducir la progresividad de los
impuestos, y en la ausencia de una verdadera voluntad política clara en la persecución del fraude fiscal.


Con las sucesivas reformas de los distintos gobiernos el principal tributo directo y progresivo de nuestro sistema tributario, el IRPF, se ha convertido en un impuesto dual con una tributación progresiva, básicamente, para los rendimientos
del trabajo y tipos fijos para los del capital. Este es el principal motivo por el que, si consideramos los tipos efectivos sobre la renta, los contribuyentes con mayores ingresos no soportan una mayor tributación.


Con la crisis, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades se ha desplomado sin relación alguna con el resultado contable de las empresas, que también ha caído pero en una proporción mucho menor. Ello es fruto de las correcciones al
resultado contable y de las deducciones que hacen que el tipo efectivo esté muy alejado del nominal. Aún más, cuanta mayor dimensión tienen las empresas, menos impuestos pagan.


El Impuesto sobre el Patrimonio se eliminó y luego se recuperó parcialmente y de forma temporal buscando una contribución simbólica de los 'ricos'. Pese al discurso oficial, este impuesto nunca se cebó con las clases medias: el 80 % de la
recaudación lo aportaba el 20 % de contribuyentes cuya riqueza superaba los 750.000 euros.


Respecto al IVA, si comparamos la recaudación con el consumo privado. esta relación es la segunda menor para el conjunto de países de la UE después de Grecia. Seguramente el fraude es la explicación.


En la gestión de la crisis económica, la opción ideológica ha sido centrar los esfuerzos en la reducción del gasto público, pero el esfuerzo de reducción del déficit público exigido por la troika en plena recesión ha sido tal, que actuar
sobre el gasto no ha sido suficiente. Así, el Gobierno tomó una serie de medidas tributarias destacando la elevación de los tipos impositivos general y reducido del IVA. Una medida absolutamente regresiva porque penaliza en mayor proporción a los
ciudadanos con bajos ingresos y que afecta además negativamente a la recuperación de la economía al retraer el consumo.


Con la crisis se ha perdido equidad en la distribución de la carga fiscal y también se ha retrocedido en suficiencia de recursos más allá de lo que la pérdida de actividad económica haría esperar.


La presión fiscal española es de las más bajas de toda Europa. Es inferior incluso a la de países como Eslovenia, Estonia, Chipre, Grecia, Hungría, Malta, Polonia, Portugal la República Checa. Y no digamos ya de los países del norte
europeo. Nuestra presión fiscal continúa estando 10 punto porcentuales por debajo de la medida en la Unión Europea, muy por debajo de nuestros vecinos Francia e Italia.


El necesario aumento de la recaudación para financiar políticas de gasto que mejoren la protección social y fomenten el desarrollo de la economía, ha de obtenerse con equidad y progresividad.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Recuperar la naturaleza sintética del IRPF eliminando la base dual integrando en una única tarifa a la renta general y a la del ahorro; reformar el método para determinar el rendimiento neto en estimación objetiva reservándolo a
aquellas actividades cuyo objeto sea destinar los bienes o servicios a un consumidor final; limitar la deducción por aportaciones a planes privados de pensiones hasta los 3.000 euros anuales; y mantener el gravamen complementario que se introdujo
de forma temporal en 2011.


2. En el Impuesto sobre Sociedades, limitar la compensación de bases imponibles negativas a los cuatro periodos impositivos siguientes; establecer un tipo del 35 % para las bases imponibles que superen el millón de euros; evitar que las
empresas de mayor dimensión disfruten de un tipo efectivo muy inferior al nominal; y revisar los regímenes especiales.

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3. Crear un Impuesto de Bienes Suntuarios aplicable específicamente sobre la fabricación, exposición o utilización de los productos y servicios considerados de lujo, respetando el régimen armonizado del IVA.


4. Revisar la subida del IVA, situando en particular el IVA de la electricidad, gas natural, suministro de agua y transporte público en el tipo superreducido, y recuperando el tratamiento fiscal para aquellos bienes y servicios culturales,
material escolar, servicios veterinarios y sanitarios o de información que estaban gravados con el tipo reducido o superreducido.


5. Crear un Impuesto sobre las Transacciones Financieras con una base amplia que será sustituido, en su caso, por un tributo a escala de la Unión Europea o de aquellos países que han acordado aplicarlo por el procedimiento de Cooperación
Reforzada.


6. Crear un Impuesto sobre la Riqueza que sustituya al Impuesto sobre el Patrimonio evitando que los titulares de grandes patrimonios eludan total o parcialmente su tributación en patrimonio y renta a través de sociedades instrumentales,
patrimoniales, financieras, figuras fiduciarias o fundaciones.


7. Introducir un tipo de gravamen del 0,2 % en el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito con la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan establecer recargos sobre el mismo dentro de un límite máximo.


8. Desarrollar la fiscalidad verde introduciendo criterios ambientales en el sistema tributario mediante la aplicación de los tributos que gravan la energía, la conversión de algunos tributos ya existentes en medioambientales o mediante la
creación de nuevas figuras tributarias.


9. Desarrollar las medidas oportunas para aumentar los recursos humanos de la administración tributaria, mejorar el potencial de los recursos humanos ya existentes, establecer un control parlamentario exigente de las actuaciones de la
administración tributaria, y para aunar los esfuerzos de las administraciones tributarias central y autonómica en la erradicación del fraude fiscal.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución contra las prospecciones petrolíferas y el abandono de técnicas peligrosas y el fomento de los combustibles fósiles.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 88


El modelo energético actual basado en los combustibles fósiles es insostenible tanto a nivel ambiental como económico. De hecho, son ellos los principales responsables de las emisiones contaminantes y de cambio climático, de la elevada
dependencia energética del Estado, y de la hipoteca de nuestra balanza comercial.


Desde la Agencia Internacional de la Energía se alerta de la crisis energética y el colapso del modelo actual, así como de la necesidad de transitar hacia un modelo basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables. Además los
informes recientes del IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) también van en esa dirección y aseguran que la humanidad debe dejar en el subsuelo dos tercios de las reservas probadas de combustibles fósiles si se quiere limitar a 2
ºC el incremento de temperatura y que las políticas actuales van en dirección contraria.


En el marco del peak oil, la solución al agotamiento de los recursos no va a venir por la explotación de nuevos espacios con reservas inciertas de combustibles fósiles y arriesgando el patrimonio natural y la biodiversidad sino por un nuevo
modelo energético. En cambio, la política energética del Gobierno insiste en el mismo modelo obsoleto, insostenible y peligroso. El castigo a las energías limpias y la apuesta ciega por actividades extractivas hipoteca nuestra autonomía, seguridad
energética, y antepone los intereses mercantilistas de unas multinacionales al interés colectivo y la preservación del territorio y del medio natural.


La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, introdujo la obligación de tener en consideración el cambio climático en el procedimiento de evaluación de programas y proyectos y eso

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debería comportar un cambio de rumbo de la política energética y los permisos a prospecciones de hidrocarburos.


Es bien conocido y documentado que la prospección y explotación de hidrocarburos conllevan unos riesgos ambientales intolerables de contaminación acústica, dañando a las poblaciones de peces, a los cetáceos, tortugas y aves marinas, de
contaminación por vertido de substancias tóxicas o movimientos sísmicos, además de poner en riesgo las principales actividades creadoras de riqueza en esas zonas como el sector turístico o la pesca.


Estas prospecciones se pretenden llevar a cabo en unos entornos privilegiados y cubiertos por varias figuras de protección ambiental, como en las Baleares (entre la costa de Cataluña, Valencia e Ibiza), la Costa Brava, en el espacio marino
del delta del Ebro-Columbretes, la costa de Andalucía, el Golfo de Vizcaya, la costa de Gijón o Las Canarias.


Existe un rotundo rechazo social, empresarial e institucional a estos proyectos, lo que ha motivado una movilización general en contra de los mismos, tanto a nivel nacional como internacional. Multitud de organizaciones, empresas,
sindicatos, ciudadanía y Gobiernos locales y autonómicos se han pronunciado en contra.


En el caso de Ibiza y Formentera, se ha constituido la Alianza Mar Blava, una alianza intersectorial integrada por administraciones públicas, entidades y sectores económicos afectados como la pesca, el turismo o el náutico han recogide miles
de alegaciones y convocando multitudinarias protestas en contra de las prospecciones.


En esta línea, también desde Canarias el Gobierno y la sociedad civil llevan trabajando conjuntamente para revocar la decisión del Gobierno del Estado en 2012 que autorizaba a Repsol a realizar prospecciones a escasos kilómetros de las
costas de Lanzarote y Fuerteventura. La campaña contra las prospecciones petrolíferas en Canarias ha recogido en el espacio de tres meses unas 27.000 firmas


Desde ambos territorios se reclama el derecho a decidir sobre estas actividades, exigen la paralización total y como mínimo, la realización de una consulta sobre las prospecciones.


En el caso del Espacio Natural de Doñana, no solo ya se habían otorgado concesiones de explotación de hidrocarburos, sino que recientemente se han aprobado tres nuevos proyectos de almacenamiento de gas, con una tramitación plagada de
irregularidades, fragmentando el estudio de impacto ambiental y sin ningún informe de afección a la Red Natura 2000.


El almacenamiento de gas no está exento de riesgos; en la costa de Castellón y Tarragona, y en aguas territoriales españolas del Mar Mediterráneo, el proyecto Castor ha provocado cientos de terremotos en la zona donde se estaba inyectando
gas.


El 1 de octubre se produjo un seísmo de 4,2 grados, causando gran alarma a las poblaciones próximas al depósito y percibido en poblaciones de más de 100 km tierra adentro (Alcanar, Benicarló, Las Casas de Alcanar, Cervera del Maestre, Cálig,
Peníscola, San Carlos de la Rápita y Vinarós).


Según la empresa, los trabajos de inyección de gas fueron paralizados el 16 de septiembre después de los primeros temblores y la empresa Escal UGS reconoció que los terremotos podían estar vinculados con el proyecto Castor. Este proyecto
contó con la resistencia de ayuntamientos y sociedad civil de los territorios afectados y con informes que alertaban del riesgo sísmico dada la proximidad de la falla de Amposta, como los del Observatorio del Ebro o el Instituto Geológico Minero así
como la exigencia de requerimientos de la Generalitat de Catalunya que no se atendieron.


Se trata de un proyecto insostenible ecológica y económicamente que ha visto triplicar los costes presupuestados hasta 1.700 millones y que de entrar en funcionamiento aumentaría el déficit del sector gasista repercutiendo en la factura de
los consumidores. Por su lado, la Comisión Nacional de la Energía ha cuestionado la gestión del proyecto y la arbitrariedad en la adjudicación de partidas alertando que los crecientes costes comprometían el interés general.


Y ahora, en Doñana se pretende hacer lo mismo que con el proyecto Castor, donde tampoco se incluyeron estudios geológicos de los riesgos sísmicos pese a que el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) los consideraba necesarios.


Nuestro Grupo Parlamentario ya cuestionó en su momento la falta de garantías del proceso de estudio de impacto ambiental, la falta de información y la opacidad mostrada. Compartimos el rechazo así como la preocupación por los efectos de
estos de proyectos con las organizaciones ecologistas y con las comunidades de afectados, rehusando el almacenamiento de gas así como otros similares de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica.

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Los riesgos e impactos que puede generar la utilización de la fractura hidráulica para extraer el gas de pizarra se han conocido en recientes estudios realizados por instituciones independientes y de indudable imparcialidad. Para empezar
tiene un consumo muy intensivo de agua, multiplicando por 100 a los de un pozo convencional. Un recurso que debe ser preservado en nuestro país. Además, las substancias químicas utilizadas como aditivos así como las liberadas por las capas de
pizarra fracturadas son cancerígenas, mutágenas y altamente preocupantes y pueden contaminar las aguas freáticas y superficiales.


En este sentido, en junio de 2011 la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Parlamento Europeo publicó un informe en el que se planteaba grandes interrogantes sobre el uso de la fractura hidráulica como técnica de
investigación y extracción de gas. Entre las conclusiones de este informe destaca que no existe ninguna directiva europea en materia de minas y tampoco se ha realizado ningún análisis detallado, exhaustivo y accesible públicamente del marco
regulador de la extracción del gas de pizarra y del petróleo de rocas duras. Por eso la regulación o en su caso, prohibición, corresponde a los Estado.


Por estos motivos, actualmente existe una preocupación social por los riesgos que supone iniciar la extracción de gas no convencional mediante esta técnica, y se considera por diferentes sectores sociales que esta actividad puede tener
perjuicios significativos para el medio ambiente y para los acuíferos subterráneos. De hecho, numerosos Gobiernos en Europa, como los de Francia, Luxemburgo, Bulgaria, Renania de Norte-Westfalia en Alemania, Friburgo y Vaud en Suiza, así como
diferentes Estados de los Estados Unidos (Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey y Vermont y más de 100 entidades locales) y otros países de todo el mundo (Sudáfrica, Quebec en Canadá, Nueva Gales del Sur en Australia), tienen en vigor
actualmente una prohibición o aplican una moratoria en relación con el uso de fracturación hidráulica para la extracción de petróleo y gas de roca u otras formaciones rocosas 'compactas'. En España, Cantabria, Navarra, Cataluña y La Rioja ya han
prohibido en fracking.


Sin embargo, el Gobierno del PP en su afán de eliminar cualquier restricción y dar vía libre a los permisos en todo el Estado ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la prohibición de esta técnica en Cantabria.


Estos proyectos de prospecciones, almacenes subterráneos de hidrocarburos y de extracción de gas no convencional mediante fracking responden al deseo de perpetuar un modelo energético basado en combustibles fósiles, a pesar de la afectación
irreversible al medio natural, anteponiendo el interés de unos cuantos al colectivo.


El favorecimiento del crecimiento de infraestructuras gasistas y compras a futuros no se corresponden con las necesidades reales, parecen más bien un intento de salvar el exceso de MW instalados en centrales de ciclo combinado que se
encuentran parados actualmente.


Por todos estos motivos, el Congreso de los Diputados:


1. Muestra su profunda preocupación por las prospecciones de hidrocarburos que en la actualidad tienen lugar en la Península Ibérica, así como en aguas de jurisdicción española, tanto en el Mediterráneo frente a las costas de Andalucía,
Baleares, Cataluña y Valencia, como en el Atlántico frente a las islas canarias de Lanzarote y Fuerteventura, y considera que estas actividades tienen repercusiones económicas e impactos ambientales y sociales muy negativas para la población.


2. Insta al Gobierno a prohibir la realización de actividades de prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, así como de gases de roca y no convencionales que utilicen la técnica de fractura hidráulica y
paralización de aquellos proyectos que ya estén en marcha, por los riesgos, impactos y repercusiones negativas que ocasionarán sobre el medio ambiente, sobre la actividad pesquera y el turismo.


3. Insta al Gobierno a establecer y reducir progresivamente los almacenamientos subterráneo de gas y la paralización de manera permanente la actividad en el caso de aquellos proyectos como el Castor que ya hayan obtenido la autorización y
que están teniendo graves afectaciones sobre el territorio.


4. Insta al Gobierno a establecer un plan y calendarizar el desmantelamiento del proyecto Castor cumpliendo con todas las garantías y utilizar todos los mecanismos técnicos y jurídicos a su alcance para esclarecer las causas que han llevado
al fin de la concesión, así como hacer pública la auditoría y los informes realizados y a depurar responsabilidades e impulsar las acciones necesarias para que el coste no recaiga en las arcas públicas.


5. Insta al Gobierno a retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que regula en Cantabria la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.

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6. Insta al Gobierno de España a apoyar los pronunciamientos de la comunidad científica y de los sectores sociales y económicos, tanto españoles, como europeos e internacionales, en contra de las prospecciones y almacenamientos de
hidrocarburos por constituir una seria amenaza para el medio ambiente y por poner en peligro el medio natural y su biodiversidad.


7. Insta al Gobierno a consensuar con las Administraciones afectadas las decisiones energéticas con un severo impacto ambiental, promoviendo mecanismos de participación para que la ciudadanía de la zona afectada pueda decidir sobre estos
proyectos.


8. Insta al Gobierno a mantener el cese definitivo de la explotación de la central de Santa María de Garoña, tal y como establece la Orden IET/1453/2012, derogando a estos efectos las disposiciones pertinentes del Real Decreto para la
Gestión Responsable y Segura del Combustible Nuclear Gastado y de los residuos radiactivos aprobado en el Consejo de Ministros del día 21 de febrero de 2014.


9. Insta al Gobierno a dar un giro radical en materia energética que impulse la soberanía, independencia, democratización y descentralización energética, impulsando las energías renovables y una economía baja en carbono que luche contra el
cambio climático.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución sobre infraestructuras, acuerdos y demandas pendientes de desarrollar en Aragón.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 89


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Dar cumplimiento a los preceptos recogidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón en materia económico-financiera, priorizando en especial la puesta en marcha del acuerdo bilateral de financiación recogido en el artículo 108.


2. Rechazar cualquier proyecto de nuevo trasvase de agua de la Demarcación Hidrográfica del Ebro a otras cuencas en el nuevo Plan Hidrológico Nacional que está previsto aprobar este año. Desarrollar los principios de la 'nueva política del
agua' en este P.H.N. abogando por gestionar eficiente del agua, de manera participativa, como un recurso público básico, basado en el control de la demanda y no de aumento insostenible de la oferta.


3. Acometer ante la Unión Europea las acciones necesarias para el reconocimiento de la provincia de Teruel y de otros territorios de características similares, como zonas escasamente pobladas dentro de la Unión Europea, con objeto de
recabar las ayudas que los fondos estructurales y el fondo social europeo prevén para las zonas con esa problemática.


4. Negociar la elaboración de un nuevo convenio de colaboración, entre la Comunidad Autónoma de Aragón, RENFE y cualesquiera otros operadores, que asegure unos servicios ferroviarios adecuados y dignos para la prestación de este servicio
público, mejorando el material rodante utilizado, renovando la infraestructura, ajustando horarios a las necesidades reales, impulsando la intermodalidad y estableciendo abonos y bonificaciones de transporte que faciliten al usuario la utilización
de este medio de transporte.


5. Formalizar con el Gobierno de Aragón un convenio específico para impulsar los Planes de Zona de Desarrollo Rural en Aragón en 2014.


6. Garantizar la puesta en marcha de un Plan especial de reactivación económica de las comarcas mineras aragonesas; y completar las inversiones pendientes en infraestructuras de los sucesivos Planes de la Minería del Carbón.


7. Incluir consignaciones suficientes y continuadas en el tiempo para que el Ministerio de Fomento pueda acometer las siguientes actuaciones, consideradas más urgentes y prioritarias para Aragón:

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a) Desdoblar la N-232 entre Mallén-Figueruelas y entre El Burgo de Ebro-Alcañiz-Mediterráneo y, hasta que se ejecuten las obras, liberar completamente el peaje del tramo Alagón-Tudela de la AP-68.


b) Liberar completamente el peaje del tramo Alfajarín-Fraga de la autopista AP-2 y desdoblar la N-II en el tramo Pina de Ebro-Fraga.


c) Completar las autovías A-21 (Jaca-Pamplona), A-23 (entre Nueno y Sabiñánigo), A-22 (Huesca-Lleida), con la variante Sur de la capital oscense, y mejorar integralmente la N-260-(Eje Pirenaico).


d) Finalizar los estudios del proyecto de autovía A-40 (Madrid Cuenca-Teruel) y su prolongación como vía rápida hasta Alcañiz, Caspe y Fraga (A-2), así como la conexión de la A-23 con la A-2 Monreal del Campo-Alcolea del Pinar.


e) Ejecutar las variantes de Tarazona y Borja-Maleján como inicio del desdoblamiento de la N-122, y estudiar la conexión por autovía entre Gallur, Ejea de los Caballeros y Huesca.


f) Dotar suficientemente la reapertura del ferrocarril Zaragoza Canfranc-Pau con el objetivo de lograr su puesta en funcionamiento en 2020.


g) Ejecutar la línea de Alta Velocidad Zaragoza-Teruel y del proyecto del Corredor de Alta Velocidad Cantábrico-Mediterráneo.


h) Actuar para conseguir la consolidación y ampliación de las cercanías ferroviarias en el área metropolitana de Zaragoza.


i) Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para impulsar la puesta en marcha del denominado procedimiento de aproximación en descenso continuo, los conocidos como ''aterrizajes verdes'', en el aeropuerto de Zaragoza, con el objetivo de
minimizar el impacto acústico sobre todos los barrios del Sur de Zaragoza.


j) Dotar al nuevo servicio de AVE que cubre el trayecto Madrid-Marsella de una parada en Zaragoza, en el menor periodo de tiempo posible, e igualmente que la tenga cuando se ponga en servicio el trayecto Madrid-París. Asimismo, y mientras
no se ponga en servicio ese trayecto, habilitar un servicio de lanzadera que una la ciudad de Zaragoza con Barcelona al objeto de facilitar una conexión rápida con el actual trayecto Barcelona-París.


8. Promover cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo del proyecto de Parque internacional de los Pirineos en colaboración con los gobiernos de Francia, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Andorra, Aquitania, Midi-Pyrénées y
Languedoc Roussillon, con el objetivo de evitar desarrollos urbanísticos insostenibles y actuaciones de impacto medioambiental que perjudiquen el futuro de este territorio.


9. Consensuar y elaborar el calendario plurianual de inversiones, de acuerdo con las Administraciones implicadas, para la restitución de Jánovas en el período 2014-2016, especificando todas y cada una de las actuaciones con la consiguiente
consignación presupuestaria.


10. Realizar todos los trámites necesarios para negociar con el Gobierno de Aragón la transmisión de la plena propiedad del primer libro impreso por la zaragozana Juana Millán, publicado en 1537 y del manuscrito de mitad del siglo XIII,
escrito en romance aragonés que contiene una parte del texto de los Fueros de Aragón aprobados en 1247, por constituir piezas fundamentales del patrimonio bibliográfico, documental e histórico de Aragón.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución para la desaprobación de la gestión del Presidente y su Gobierno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

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Propuesta de resolución núm. 90


En el último año, el Gobierno del Partido Popular ha aumentado la brecha de desigualdad entre quienes sufren el paro, los desahucios, la exclusión social y la banca, que ha multiplicado por cuatro sus beneficios en 2013. Mientras los
beneficios de la gran banca alcanzan 8.000 millones de euros, la economía española cayó 1,2 %, la tasa de paro está en 26 % y miles de jóvenes en el 'exilio' económico. No es que no hubiera alternativa, es que el Gobierno eligió hacer sus reformas
contra los más débiles.


Las reformas del Partido Popular están afectando negativamente a la economía real de millones de personas que este mes de febrero viven en iguales o peores condiciones que hace un año sin perspectivas de mejorar, a quienes el Gobierno del
Partido Popular les pide paciencia, mientras sanea y mejora de inmediato las cuentas de resultados de la banca. Las medidas del Gobierno, supuestamente para atajar los efectos de la crisis, son un rotundo fracaso, como la reforma laboral que se
traduce en bajar salarios y recortar derechos, sin generar nuevo empleo.


Al mismo tiempo este ha sido un año de reformas en Educación que nos retrotraen a épocas autoritarias discriminatorias en razón de sexo o religión, acompañadas de importantes recortes, como en el acceso y la cuantía de las becas. Además el
Gobierno ha puesto en marcha una agenda legislativa de nuevas privatizaciones y restricciones de derechos, sin precedentes.


No es casualidad que los datos nos muestren al Presidente y su Gobierno como el peor valorado de la historia democrática, el más reprobado y contestado desde todos los sectores de la sociedad que se manifiestan en defensa de unos servicios
públicos de calidad. La respuesta del Gobierno hasta la fecha ha sido la criminalización y represión de la movilización ciudadana.


Por último, el Presidente del Gobierno ocultó información al Parlamento con relación al caso Bárcenas, en el que se investiga la financiación ilegal del Partido Popular, al declarar durante su comparecencia en el Senado, el pasado 1 de
agosto, no haber mantenido relación con su extesorero y hombre de confianza después de su llegada al Gobierno y mintió sobre la duración de su relación profesional con el Partido Popular. En este año, en asuntos relacionados, han sucedido cosas muy
graves en las que miembros de la dirección del Partido Popular o excargos públicos se han visto implicados. La colaboración con la Justicia ha sido nula, más bien al contrario. En sede parlamentaria, el Partido Popular ha vetado reiteradamente la
constitución de comisiones de investigación sobre el saqueo del sector financiero y sobre la financiación de partidos políticos.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados desaprueba la gestión del Presidente Rajoy y de su Gobierno en el periodo de tiempo valorado en este Debate del estado de la Nación por situar a España en un retroceso económico y social y una
involución democrática sin precedentes.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula las siguientes propuestas de
resolución, en materia de Constitución y modelo de Estado.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de resolución núm. 91


España es un Estado de Derecho en el que todos los ciudadanos, todas las administraciones y todos los poderes públicos están sometidos a la Constitución y a las leyes, de las que forma parte el principio definitorio de la soberanía nacional
de que es el conjunto del pueblo español quien tiene la capacidad para decidir lo que sea España.


El Gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes que, dentro del marco constitucional, aprueba el Parlamento, de la misma manera que el Parlamento tiene la obligación de legislar dentro del marco constitucional y exigir
al Gobierno que cumpla y aplique las leyes.


Los poderes públicos tienen la obligación de velar por los ciudadanos, vivan donde vivan, asegurando su futuro, tomando medidas para su bienestar y su convivencia, garantizando su progreso.

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En España, esas condiciones de progreso, bienestar y convivencia se vienen produciendo en el marco de la unidad de la nación, que es, además de un patrimonio histórico y emocional, el resultado de una convicción innegable: la de que juntos,
los españoles estamos mejor.


La unidad de España no es un mandato constitucional, sino, al revés, el mandato constitucional tiene su sentido en el valor en sí mismo que encarna la unidad de la Nación, tal y como se refrenda en la tradición, la memoria, el patrimonio
común y la convivencia.


España es, hoy más que nunca, con una democracia consolidada, un sistema avanzado de garantías jurídicas y un estado del bienestar asentado, la mejor plataforma para construir el futuro de todos los ciudadanos y territorios que la integran,
dentro de un marco de pertenencia común a la Unión Europea, con una sociedad fuerte y madura, una cultura plural y un capital humano de primer orden.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados:


1. Reafirma el valor de la concordia, la convivencia y el consenso como principios sobre los que se ha fundamentado la Constitución Española y, con ella, el periodo democrático y de estabilidad política e institucional más largo de nuestra
historia.


2. Reconoce la vigencia de la Norma Fundamental en toda su extensión, especialmente, en el momento presente, en lo que se refiere a su expresión de que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, del que emanan los
poderes del Estado.


3. Proclama que, de acuerdo a esta realidad jurídica, legal y democrática, no puede una parte de la ciudadanía decidir lo que le corresponde al conjunto del pueblo español, ni una autoridad o poder público situarse por encima de la Ley.


4. Recuerda que, en virtud de todo ello, no caben aquellas iniciativas, planes y resoluciones tomadas en cualquier ámbito institucional que rebasen los principios de soberanía y legalidad, que han permitido la mejor experiencia de
democracia y convivencia de nuestra Historia.


5. Valora la voluntad de diálogo expresada por el Gobierno en el marco de la Constitución Española y con absoluto respeto al ordenamiento jurídico, y su disposición a la defensa del marco democrático de convivencia que ha amparado el
progreso político y social de nuestro país.


6. Respalda al Gobierno para que siga tomando, desde los principios de la defensa del interés general, la responsabilidad, la estabilidad y la moderación y, en el ejercicio de su disposición al diálogo, cuantas medidas le permita el
ordenamiento jurídico, para preservar la unidad de España, como una nación de ciudadanos libres e iguales sometidos únicamente al imperio de la Ley.