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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 416, de 06/03/2014
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 416, de 06/03/2014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, formula las
siguientes propuestas de resolución, en materia de regeneración
democrática y diálogo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 92
El Gobierno de España ha emprendido en esta Legislatura un programa de
reformas en el que se incluye, junto a los objetivos relacionados con la
recuperación de la economía, un ambicioso programa de regeneración
democrática del que forman parte ya numerosas medidas.
Entre las reformas emprendidas en la Legislatura destacan la reforma de la
Ley de Financiación de Partidos Políticos en el año 2012 o la Ley de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en 2013,
por citar tan solo dos ejemplos en los que se produce el impulso de una
medida legislativa por parte del Gobierno y una tramitación parlamentaria
presidida por el diálogo y los acuerdos entre los grupos parlamentarios.
Este esfuerzo ha sido reconocido por el Informe Anticorrupción de la
Comisión Europea, del pasado 3 de febrero.
Al esfuerzo reformista y de consenso del Gobierno se suman ahora dos
nuevos Proyectos de Ley aprobados por el Ejecutivo: el proyecto de ley
orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos
políticos y el proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de
la AGE, aprobados en Consejo de Ministros el 21 de febrero, y que forman
parte del Plan de Regeneración Democrática que impulsa el Gobierno.
El citado Plan nació de una propuesta que el Presidente del Gobierno
planteó a los grupos parlamentarios en el pasado Debate sobre el Estado
de la Nación, así como de una resolución pactada tras aquel debate entre
la mayor parte de grupos parlamentarios del Congreso.
Se trata, pues, de un compromiso mutuo entre el poder ejecutivo y el
legislativo, en el que ambos pilares del Estado asumen el mandato
ciudadano de hacer frente a la corrupción en la vida pública adoptando
medidas que perfeccionen la respuesta del Estado de Derecho, con medidas
preventivas que eviten los delitos que más repugnan a los demócratas y
con iniciativas que cierren espacios a la impunidad, detectando mejor los
actos contrarios a la ley y la ética pública, y castigando con mayor
dureza a los culpables.
Las medidas contenidas en los proyectos que el Gobierno ha enviado a la
Cámara afectan a los ámbitos de la prevención, la fiscalización y el
control de cuantos participan en la vida pública.
Es necesario completarlas, tal y como prevé el Plan de Regeneración
diseñado por el Gobierno, con las medidas penales y procesales que
permitan una respuesta clara y contundente para aquellos comportamientos
que incumplen la legalidad.
En todos estos apartados del Plan de Regeneración es necesario que todos
los demócratas, sin distinciones ideológicas, seamos capaces de acordar,
a partir de las propuestas del Gobierno, las medidas más idóneas para
luchar mejor contra los casos de corrupción, para perfeccionar nuestra
democracia y para regenerar la vida pública.
Desde el diálogo constructivo y entre todos podremos mejorar y ampliar las
medidas propuestas por el Gobierno, como ya hicieron las Cortes Generales
en la tramitación de la reseñada Ley de Transparencia o en la primera
reforma de la Ley de Financiación de Partidos.
Desde el acuerdo contribuiremos a la recuperación de la confianza de los
ciudadanos en sus representantes y en sus instituciones, dejando claro
que, cuando se habla de corrupción, la democracia no es el problema sino
la solución.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Propuesta de resolución
El Congreso de los Diputados:
1. Insta al Gobierno a buscar y promover el diálogo con los grupos
parlamentarios en la tramitación del proyecto de ley orgánica de control
de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y del
proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE, que
forman parte de las medidas de regeneración democrática que el Ejecutivo
ha remitido a las Cortes Generales.
2. Considera necesario que las medidas para el perfeccionamiento y
regeneración democrática que acuerden las Cortes Generales se basen en el
más amplio acuerdo posible en su adopción y diseño, ya que estas aumentan
su valor y eficacia de manera exponencial cuando son resultado del
acuerdo.
3. Insta al Gobierno, con el fin de completar las iniciativas de
regeneración que nuestro ordenamiento jurídico necesita, a que ponga a
disposición de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados
las medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción del Plan
de Regeneración Democrática, para que puedan ser tenidas en cuenta con
ocasión de la tramitación de la reforma del Código Penal que está en
curso en la Cámara.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, formula las
siguientes propuestas de resolución, en materia de Víctimas del
Terrorismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 93
La defensa de la memoria de las víctimas del terrorismo, como ejemplo de
dignidad y convivencia en paz y en libertad, constituye un compromiso
ético y moral para todos los demócratas y, en especial, para el Gobierno.
Su generosidad y altísimo sacrificio deben dictar el relato de la verdad
histórica de nuestro país.
Ese es el espíritu que ha marcado la aprobación del Reglamento de
Desarrollo, de 6 de septiembre de 2013, de la Ley 29/2011, de
reconocimiento y protección de la víctimas del terrorismo, expresión del
compromiso permanente de la sociedad española hacia todas las víctimas
del terrorismo. Fruto de la iniciativa legislativa de esta Cámara, la Ley
se inspira en los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Propuesta de resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar trabajando de
forma prioritaria en las políticas de apoyo y de reconocimiento a las
víctimas del terrorismo, bajo los principios de memoria, dignidad y
justicia que inspiran la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo,
mediante:
1. Seguir avanzando en la atención y protección de las víctimas del
terrorismo y sus familias, con especial incidencia en los derechos
laborales, educativos o de carácter sanitario.
2. La construcción de un relato basado en la verdad, en el que las
víctimas se sientan apoyadas y respetadas, sin que quepa justificación
alguna del terrorismo y de los terroristas. Para ello, una de las
herramientas será el impulso del Centro memorial para las víctimas del
terrorismo previsto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, formula las
siguientes propuestas de resolución, relativa al compromiso de España con
la Unión Europea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 94
España es un país profundamente europeísta que, a pesar de las
dificultades sobrevenidas en los últimos años en el seno de la Unión, no
ha visto mermado su compromiso sino que, en todo caso, lo ha visto
reafirmado.
En estos dos años se han conseguido logros fundamentales para el devenir
de la Unión Europea.
En primer lugar, hemos mejorado la coordinación de políticas económicas
entre los Estados Miembros y la Unión Europea en el marco del semestre
europeo, particularmente en el ámbito fiscal y en el ámbito de la
corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Así, hemos aprobado el
Pacto Fiscal, que fortalece la disciplina fiscal y refuerza la
supervisión en el área euro con objetivos a medio y largo plazo,
o el llamado Two-Pack, dos reglamentos que refuerzan la coordinación
presupuestaria previa a la elaboración de los presupuestos nacionales.
En segundo lugar, España ha defendido que la crisis de la zona euro tiene
su raíz en las deficiencias de diseño de la Unión Económica y Monetaria,
deficiencias que es preciso corregir avanzando en cuatro áreas de
integración: integración financiera, integración presupuestaria,
integración económica y mayor legitimidad política y democrática, tal y
como reconoció el Presidente Van Rompuy en su Hoja de Ruta 'Hacia una
Genuina Unión Económica y Monetaria' de diciembre de 2012.
Durante el último año han sido particularmente intensos los avances en
integración financiera hacia la creación de la Unión Bancaria. Hemos
aprobado el Mecanismo Único de Supervisión, la Directiva de Sistemas de
Garantía de Depósitos y la Directiva de Rescate y Resolución de Entidades
Bancarias -esta última pendiente de adopción formal-, y hemos llegado a
un acuerdo político para la creación de un Mecanismo Único de Resolución.
En tercer lugar hemos orientado la política económica europea a la
recuperación del crecimiento mediante el Pacto por el Crecimiento y el
Empleo acordado en el Consejo Europeo de junio de 2012. En particular, en
aplicación de este pacto, hemos impulsado medidas para facilitar la
financiación de las pymes y el empleo joven.
Todo ello ha salido adelante con el apoyo de España.
Sin embargo, aún queda un importante camino por recorrer, y es, por ello,
que debemos redoblar los esfuerzos en el futuro inmediato, para
consolidar los logros alcanzados y proseguir en la senda de consecución
de una verdadera Unión Económica y Monetaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Propuesta de resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Contribuir desde el Consejo Europeo a que se adopten las decisiones
necesarias para la consecución de una auténtica Unión Económica y
Monetaria, en sus pilares financiero, fiscal, económico y político, tal y
como se solicitó al Gobierno en la Proposición No de Ley aprobada por la
mayoría de los grupos de esta Cámara, antes del Consejo Europeo de junio
de 2013.
2. Promover, en el ámbito de la unión bancaria, y una vez adoptado el
Mecanismo Único de Supervisión Bancaria, la aprobación del Mecanismo
Único de Resolución, con el fin de que se pueda crear un mercado más
homogéneo, más transparente, más solvente y que, como resultado,
disminuya la fragmentación del mercado financiero europeo.
3. Promover una mayor integración fiscal mediante el establecimiento de
una política fiscal con una orientación común y un presupuesto europeo
que disponga de mecanismos que permitan reducir los desequilibrios
internos de la Unión.
4. Promover una mayor integración económica mediante la profundización en
el Mercado Único y la articulación de un esquema de política económica
integrada.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución, en materia de Seguridad y Defensa
Europea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 95
La seguridad y la defensa han estado ligadas, desde el principio, a la
construcción de una Europa unida como actor internacional de relevancia.
Al mismo tiempo que se llevaban a cabo los contactos para acordar lo que
sería el Tratado de París de 1951, los padres fundadores de lo que hoy en
día es la Unión Europea trataron también de formar una Comunidad de
Defensa, que completase y diese sentido a la
ambición de paz, concordia y seguridad que no solo subyacía, sino que
guiaba, en todo momento, las negociaciones de la CECA.
A pesar de aquel primer fracaso inicial, y como no podía ser de otra
forma, estos valores permearon el Tratado de Roma de 1957. La seguridad y
la defensa común fueron tomando progresivo impulso en los herederos del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, especialmente a partir de
Ámsterdam, y pasan a formar parte del núcleo fundamental de las políticas
europeas, en estrecha relación con la Política Exterior, con el Tratado
de Lisboa.
El pasado Consejo Europeo de diciembre de 2012, retomando la iniciativa,
no totalmente exitosa, que se había intentado en el Consejo de diciembre
de 2008, impuso como tarea a la Alta Representante, a la Comisión y a los
Estados miembros el relanzamiento de una verdadera Política Común de
Seguridad y Defensa, que permita a la Unión Europea asumir con plenas
garantías las crecientes responsabilidades en el mantenimiento de la paz
y la seguridad mundial, así como reforzar el ineludible compromiso con la
seguridad de sus ciudadanos y la promoción de sus intereses.
Esta labor ha sido retomada por el Consejo Europeo de diciembre de 2013,
que ha delimitado labores concretas para avanzar en tres grandes
apartados:
1. Aumento de la eficacia, visibilidad e impacto de la PCSD.
2. Mejora del desarrollo de las capacidades de defensa.
3. Fortalecimiento del sector industrial europeo de la defensa.
En cada uno de estos campos, los Estados miembros han de llegar a acuerdos
trascendentales que permitan a la Unión Europea, en su conjunto, situarse
en condiciones de ser un actor internacional de relevancia, para así
poder proyectar mejor sus valores universales, aplicar efectivamente el
enfoque múltiple en la gestión de crisis, compartir eficientemente los
escasos recursos y reforzar un sector industrial intensivo en mano de
obra cualificada e l+D+i, y del que surgen un sinnúmero de patentes
fundamentales para el desarrollo tecnológico global.
España, y Europa, se juegan mucho en la reactivación de la Política Común
de Seguridad y Defensa, por lo que se hace especialmente relevante poder
contar con una posición común avalada por el mayor consenso posible.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Propuesta de resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proponer y acordar con
los socios comunitarios, en el marco definido por el Consejo de la Unión
Europea de diciembre de 2013, medidas conducentes al establecimiento de
una política común de seguridad y defensa funcional y efectiva y, entre
ellas:
1. El reconocimiento de la necesidad de una estrategia europea global y
actualizada, así como el desarrollo de estrategias integrales temáticas y
regionales que ayuden a la toma de decisiones en seguridad y defensa,
especialmente la Estrategia de Seguridad Marítima.
2. Preparar una posible reorganización de las estructuras de gestión de
crisis existentes, con el fin de fortalecer el grado de integración entre
los componentes militares y civiles.
3. Plantear los términos de un posible acuerdo sobre los elementos básicos
de una renovada capacidad de reacción, así como un marco estratégico más
eficaz destinado a facilitar el despliegue de los mecanismos y
capacidades de Respuesta Rápida.
4. Avanzar en el proceso de desarrollo de capacidades y su armonización
con las estructuras equivalentes en la OTAN.
5. Desarrollar acuerdos y estructuras que permitan la implementación de
una gama más amplia de capacidades.
6. Potenciación de la base tecnológica e industrial de la defensa.
7. Todo ello con el compromiso de que el desarrollo en las capacidades y
en la política industrial europea se armonice con el avance efectivo en
la definición y concreción de la Política Común de Seguridad y Defensa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución, relativa a la Reforma Tributaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 96
Desde finales de 2011, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en la
adopción de medidas orientadas a la consolidación fiscal y la estabilidad
presupuestaria, cuya efectividad permitió que el déficit de las
administraciones públicas se redujese entre 2011 y 2012 en más dos
puntos.
Durante 2013 ha sido necesario continuar avanzando en la senda de
reducción del déficit público. No obstante, los cambios de tendencia
económica que se vislumbraban en 2013 han permitido adoptar una primera
batería de medidas selectivas de rebaja de impuestos que contribuirán a
estimular la actividad económica.
En este sentido, el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas
de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de
empleo, ha establecido un marco fiscal más favorable para quienes inician
una actividad emprendedora, reduciendo la carga impositiva durante los
primeros años de ejercicio de la actividad. Por su parte, la Ley 14/2013,
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, ha introducido medidas como la deducción por
inversión de beneficios e incentivos a la inversión en I+D+i, así como el
régimen de IVA de caja. Estas medidas tendrán plena implantación en 2014
y contribuirán a la recuperación del crecimiento económico.
En 2014 se aprecia un cambio de tendencia en los principales indicadores
económicos, previéndose un crecimiento económico para 2014 y los años
subsiguientes que supondrá en el futuro un incremento de bases
imponibles. Es, por tanto, en este contexto, y no antes, cuando resulta
posible emprender una reforma tributaria que permita compatibilizar el
compromiso de España con la consolidación fiscal con una profunda
revisión de nuestro sistema tributario que coadyuve a este crecimiento.
Tal y como ha indicado el Gobierno, la reforma tributaria que el Ejecutivo
propondrá al Poder Legislativo, y cuyos efectos se iniciarán ya en enero
de 2015, habrá de permitir obtener un sistema tributario inspirado en los
principios de equidad, suficiencia y eficiencia, que contribuya a
impulsar el desarrollo económico y social de España, favoreciendo
particularmente a colectivos que han de ser objeto de especial
protección, como las familias o las personas con discapacidad, y que
coadyuve, por tanto, a la recuperación económica y la creación de empleo
en nuestro país.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Propuesta de resolución
En el marco de la próxima reforma del sistema tributario español el
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y adoptar las
medidas que resulten necesarias a fin de:
1. Establecer una rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas con efectos en 2015, favoreciendo especialmente a las rentas
medias y bajas. En particular, los trabajadores que ganen menos de 12.000
euros anuales no tributarán por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
2. Beneficiar fiscalmente a la familia aumentando significativamente los
mínimos personales por hijos y por ascendientes y discapacitados que
convivan con el contribuyente.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución, en materia de Empleo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 97
El objetivo primordial de la política económica del Gobierno es la
creación de empleo y la lucha contra el desempleo. De entre el amplio
abanico de instrumentos para alcanzar estos objetivos destacan Ias
políticas de activación de desempleados.
Las políticas de activación de desempleados Ias conforman todas aquellas
iniciativas públicas destinadas a mantener los niveles de niveles de
renta de los desempleados mientras buscan activamente empleo, las
iniciativas de carácter fiscal que pueden contribuir a la contratación y
los servicios públicos de empleo que gestionan Ias autonomías.
Buena parte de los impuestos que gravan el factor trabajo se derivan de
Ias cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. Una fiscalidad
temporalmente más favorable para la contratación indefinida contribuiría
al incremento de este tipo de contrataciones estables que favorecen la
lucha contra la dualidad o excesiva segmentación del mercado laboral
español. La medida no solo tendría evidentes beneficios en términos
sociales, sino que contribuiría al crecimiento económico. Se reducirían
los costes laborales y habría que considerar que trabajadores más
estables son trabajadores más productivos, por lo que el conjunto de la
economía se beneficiaría en términos de competitividad gracias a una
rebaja fiscal de carácter temporal.
Por otra parte, los servicios públicos de empleo deben poner a disposición
de los desempleados instrumentos adecuados para su rápida reintegración
en el mercado de trabajo. Los servicios de empleo utilizan una pluralidad
de instrumentos con este fin como el asesoramiento especializado y
personalizado, el diseño de itinerarios de inserción, Ia intermediación
laboral o la formación para el empleo.
El buen funcionamiento de los servicios de empleo debe sustentarse sobre
la base de una adecuada planificación a corto y medio plazo que
contribuya a coordinar la labor de Ias autonomías a través de objetivos,
instrumentos, conceptos y mecanismos de supervisión comunes, así como
aprovechar Ias buenas prácticas desarrolladas por Ias diferentes
autonomías. Todo ello en un marco que otorgue la suficiente flexibilidad
a las autonomías para el desempeño de sus competencias con una clara
orientación a resultados.
Por otra parte, unos servicios públicos de empleo eficaces deben contar
con un marco regulatorio del sistema de formación para el empleo que
garantice la adecuación de las materias impartidas a las necesidades de
trabajadores y empresarias, así como un nivel de transparencia en la
gestión que permita su adecuado seguimiento y supervisión. Todo ello en
un marco competitivo de selección de proveedores que impulse la unidad
del mercado de proveedores de servicios formativos.
Asimismo, la intermediación laboral se puede impulsar con el desarrollo de
una plataforma única para todo el territorio en la que los servicios de
empleo publiquen las ofertas de empleo y otras informaciones que ayuden a
acelerar los emparejamientos entre ofertas y demandas de empleo y
favorezca la movilidad territorial de los trabajadores.
Por otra parte, en el marco de la puesta en marcha de la Garantía Juvenil,
conviene apoyar específicamente el empleo de jóvenes cualificados en
labores de I+D+i.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Propuesta de resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas
conducentes a refuerzo del mercado laboral y del modelo de formación para
empleo y, entre ellas:
1. Fomentar la contratación indefinida de nuevos trabajadores con una
tarifa plana de cotización empresarial a la Seguridad Social por
contingencias comunes de 100 euros, siempre que se trate de creación de
empleo neta y durante un plazo de dos años.
2. Aprobar una Estrategia de Activación que agilice la transición de los
trabajadores al empleo, refuerce su empleabilidad y contribuya a que la
recuperación se traduzca, lo antes posible, en empleo de calidad.
3. Configurar un nuevo modelo de formación para el empleo que garantice la
adecuación de la formación a las necesidades del mercado laboral, el uso
eficiente y transparente de los recursos públicos y un compromiso con la
evaluación: el impacto efectivo y la calidad de la formación.
4. Poner en marcha en el mes de abril el Portal Único de Empleo e
implantar plenamente el Acuerdo Marco de colaboración con agencias
privadas de colocación.
Promover, dentro del Plan de Garantía Juvenil, la contratación de 1.000
jóvenes licenciados o con grado superior de formación profesional para
realizar tareas de Investigación y Desarrollo.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución, relativa a la adopción de medidas de
fomento de la financiación empresarial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 98
La recuperación de Ia credibilidad de nuestras capacidades y Ia mejora de
la percepción de Ias instituciones y los mercados internacionales,
mediante el diseño y cumplimiento de una política económica basada en
previsiones realistas y reformas estructurales ambiciosas, está empezando
a dar sus frutos.
Desde el tercer trimestre de 2013, la economía española ha dejado atrás la
recesión, y el crecimiento se sostiene en bases sólidas. Hay una mejora
generalizada en Ias perspectivas económicas por parte de los analistas y
organismos internacionales y se están corrigiendo los principales
desequilibrios acumulados.
La estrategia de política económica ha sentado Ias bases de un nuevo
modelo económico basado en un sector público eficiente, un sector
financiero que canalice el ahorro hacia los mejores proyectos de
inversión y unos mercados de productos y factores flexibles y eficientes.
Continuar con este impulso es fundamental para que la recuperación sea
sólida y duradera y permita alcanzar unos niveles de creación de empleo
sostenibles y afianzar mejoras de bienestar social.
Por su parte, la política de investigación e innovación es un elemento
fundamental para la mejora de la competitividad y el desarrollo de un
país. La aprobación de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y
de Innovación ha inaugurado una nueva etapa que ha permitido alinear
nuestro sistema de I+D+i con los objetivos europeos, concretados en el
programa Horizonte 2020.
A pesar de la reciente mejora de la competitividad de la economía
española, su sostenibilidad debe basarse en la capacidad de Ias empresas
para competir a nivel internacional en los mercados de alto valor
añadido. La brecha en materia de I+D empresarial es uno de los rasgos que
claramente diferencian a la economía española de los países de nuestro
entorno. Es imprescindible crear Ias condiciones necesarias para
incrementar sustancialmente Ia participación privada en Ia financiación y
ejecución de l+D+i en España.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula Ia siguiente
Propuesta de resolución
El Congreso de tos Diputados considera que es preciso seguir avanzando en
este sentido, y, en particular, se insta al Gobierno a:
1. Aprobar un paquete legislativo que incluya medidas de fomento de la
financiación empresarial, que incida en la diversificación de Ias fuentes
de financiación para Ias Pymes y mejore el marco legal del capital
riesgo, con objeto de fomentar canales financieros alternativos al
bancario y paliar Ias restricciones crediticias.
2. Continuar ejecutando la estrategia de fomento de la intermediación
financiera no bancaria a través del funcionamiento de los distintos
fondos creados (Red Nacional de Incubadoras de Empresas, Fondo Isabel la
Católica, Spain Startup Coinvestment Fund, FOND ICO Global)
3. Establecer la obligación de preaviso de Ias entidades financieras de,
al menos, tres meses, cuando se vaya a cancelar o reducir notablemente la
financiación de las pymes. Asimismo, se reconocerá el derecho de Ias
empresas a conocer la información crediticia que tienen Ias entidades
sobre ellas, para corregir los errores que estas tengan, que perjudiquen
su imagen de solvencia y dificulten su acceso al crédito.
4. Poner en marcha Ia llamada 'Ley Ascensor', que articule procedimientos
reglados para que una empresa que va ganando tamaño pueda ir accediendo a
formas de financiación cada vez más sofisticadas.
5. Aprobar una Ley de Garantías Mobiliarias Registrables que amplíe el
grupo de bienes susceptibles de ser pignorados en operaciones de
financiación, dotando de seguridad jurídica a las garantías constituidas
y modernizando el funcionamiento del Registro de Bienes Muebles.
6. Reforzar el marco legal de las Sociedades de Garantía Recíproca,
modificando el régimen de re-avales y el gobierno corporativo de las SGR.
7. Avanzar en la reestructuración bancaria, maximizando el valor para el
contribuyente de los fondos empleados en la misma y estimulando una
evolución del crédito acorde con las necesidades de la economía real.
8. Acompañar el proceso de reestructuración bancaria, con una supervisión
exigente y medidas que favorezcan la solvencia del sector, incluida la
realización de test de estrés sobre las entidades supervisadas de manera
regular.
9. Asegurar la correcta transición hacia la supervisión única bancaria y
favorecer que dicha supervisión se lleve a cabo de acuerdo con las
mejores prácticas prudenciales.
10. Profundizar la labor del ICO en el estímulo del crédito, asegurando
que la mejora de las condiciones de financiación del Estado español
beneficia a través del Instituto de Crédito Oficial a las empresas y
autónomos. Impulsar, continuando la estrategia de líneas de mediación del
ICO, el uso de los productos de esta entidad y particularmente de
aquellos enfocados a la internacionalización efectiva de nuestras
empresas.
11. Modificar el marco legal para facilitar la reestructuración financiera
y operativa de las empresas, evitando la dilación de los procesos y
facilitando acuerdos de refinanciación que eviten la liquidación de
empresas con negocios viables. En concreto se propone la reforma de la
normativa concursal para facilitar que las empresas con viabilidad
reestructuren su deuda cuanto antes favoreciendo así, que alcancen
acuerdos concursales y puedan convertir deuda en capital social y
permitiendo de esta forma un intenso desapalancamiento de las empresas
con viabilidad.
12. Incentivar la I+D+i empresarial, con el fin de incrementar la
participación privada en la financiación y ejecución de I+D+i,
especialmente entre las pymes.
13. Desarrollar el apoyo a proyectos de colaboración público privada, que
complementen las mejoras en la fiscalidad de la I+D+i contenidas en la
Ley de Apoyo a Emprendedores y su Internacionalización.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución, relativa a la internacionalización de
la economía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 99
A lo largo de 2013, el sector exterior ha sido un elemento fundamental
para amortiguar los efectos de la crisis económica. De hecho, gracias a
Ia aportación positiva de la demanda exterior al crecimiento de la
economía española, la caída del PIB fue considerablemente menor en 2013.
El comportamiento del sector exterior ha sido extraordinariamente positivo
a lo largo de 2013, habiendo registrado las exportaciones de bienes un
crecimiento interanual, en términos reales, del 5,2%, hasta sumar un
total de 234.240 M, el mejor dato de la serie histórica desde que
existen registros.
Actualmente mantenemos saldos favorables con algunos de nuestros
principales socios comerciales, como Francia, Reino Unido, Italia o
Portugal.
España ha conseguido, en 2013, reducir a la mitad el déficit comercial,
hasta los 16.000 M, causa principal de la corrección del desequilibrio
exterior.
Así, España registró de enero a noviembre de 2013 un superávit por cuenta
corriente de 5.056 M y una capacidad de financiación frente al resto del
mundo de 11.257 M, permitiendo así corregir uno de los principales
desequilibrios de nuestra economía en la anterior fase de crecimiento.
A lo largo de 2013, el Gobierno ha adoptado importantes iniciativas de
apoyo a la exportación, tanto en el ámbito de la mejora de la eficacia y
la coordinación de los instrumentos de internacionalización, como en el
ámbito de Ia mejora de Ias debilidades estructurales de nuestro sector
exterior.
A pesar de que se puede calificar el año 2013 como de muy exitoso en el
ámbito de las exportaciones, instamos al Gobierno a no relajarse y a
continuar impulsando el sector exterior a lo largo de 2014. Es
fundamental que Ias exportaciones continúen aumentando para lograr que se
consoliden los datos de crecimiento positivo de los últimos meses.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
formula Ia siguiente
Propuesta de resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía
Española 2014-2015, en el que se articulen los recursos públicos de apoyo
a las empresas en el exterior, con el objetivo de que adquieran la mayor
eficiencia posible.
2. Continuar la senda de la internacionalización de la economía y las
empresas españolas, en especial de Ias pymes, orientando los recursos del
ICEX al apoyo de los pequeños exportadores españoles.
3. Continuar diversificando los mercados de destino, actualizando y dando
el seguimiento adecuado a los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados
e impulsando, en el seno de la política comercial de la Unión Europea,
acuerdos de libre comercio con países de interés estratégico para España.
4. Impulsar una mejora del clima de negocios y del entorno empresarial que
redunde en un incremento de la competitividad de Ia economía española y,
en consecuencia, en una mayor presencia exterior de Ias empresas
españolas y un incremento de la capacidad de atracción de inversiones del
país, mediante:
a) La continua mejora de los instrumentos de apoyo a la
internacionalización, aumentando su coordinación y eficacia.
b) La potenciación de los instrumentos de financiación de la
internacionalización de las empresas, especialmente de las pymes. En este
sentido, perfeccionar el marco legal de los instrumentos de
refinanciación bancaria (cédulas y bonos de internacionalización) de las
operaciones de comercio internacional y proyectos de
internacionalización.
c) El impulso del capital humano, de la atracción de talento y la
innovación en el ámbito de la internacionalización.
5. Implantación de la Ley de desindexación mediante su desarrollo
reglamentario, con el objetivo de contribuir desde el sector público a la
estabilidad de los precios y a la mejora de la competitividad.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución, en materia de Inmigración.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 100
España ha recibido importantes flujos migratorios en los últimos quince
años. La inmigración ordenada y regular ha sido y es parte esencial en la
prosperidad del país y se traduce en una decidida política de integración
social. Pero la presión migratoria irregular ha sido y es un desafío de
primera magnitud, en el que se hace necesario luchar contra las redes
criminales que trafican con seres humanos.
Las fronteras de España son fronteras de la Unión Europea. España es el
único Estado Miembro con fronteras terrestres en el continente africano y
cuenta con una amplia fachada costera atlántica y mediterránea, lo cual
nos obliga a afrontar mayores dificultades y retos ante los flujos de
inmigración irregular.
En este escenario, tal como ocurre con otros Estados Miembros
mediterráneos, la presión migratoria existente es enorme. Los esfuerzos
por contenerla son una tarea española y una responsabilidad de España
para con el conjunto de la Unión Europea. Por ello, al tiempo que España
cumple con su responsabilidad, reclama de sus socios solidaridad en la
tarea de garantizar la seguridad en la frontera exterior comunitaria.
España apuesta, y así se lo traslada a sus socios comunitarios, por un
modelo de lucha contra la inmigración irregular basado, en primer lugar,
en la prevención en origen; en segundo lugar, en la cooperación franca y
leal con los países de origen y tránsito migratorio; y en tercer lugar,
en la adopción de medidas operativas y eficaces para luchar contra las
redes criminales de trata y tráfico de seres humanos.
Por ello, es preciso recordar, los países que, como España, soportan una
mayor carga y presión de la inmigración irregular deben contar con la
solidaridad del conjunto de Unión Europea, una solidaridad que se
manifiesta de manera efectiva a través de su apoyo político, jurídico y
financiero.
Resulta, asimismo, imprescindible profundizar en las causas que empujan a
miles de inmigrantes, en su deseo de llegar a Europa, a arriesgarse en
peligrosos trayectos que, tal como por desgracia hemos podido comprobar,
pueden tener dramáticas consecuencias.
Es necesario, tal y como ha hecho España, impulsar acuerdos con los países
de origen y tránsito de la inmigración irregular que favorezcan la
gobernabilidad, la estabilidad democrática y el desarrollo de sus
ciudadanos.
Otras tareas necesarias en este ámbito son: colaborar estrechamente con
los países de origen y tránsito para que se doten de mejores mecanismos
destinados a luchar contra la inmigración clandestina y las mafias que
trafican con seres humanos; impedir las llegadas masivas de inmigrantes
irregulares, disponiendo de cuantos medios sean necesarios para proteger
la vida de quienes deciden emprender un peligroso éxodo y garantizar los
derechos de aquellos que alcanzan el territorio comunitario, y,
finalmente, promover acuerdos bilaterales de cooperación con los paises
de origen y tránsito.
Por último, no hay que olvidar que la migración es un fenómeno dinámico,
por lo que se deben incorporar las adaptaciones necesarias para hacer
frente a esa realidad cambiante.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente
Propuesta de resolución
A. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas en materia de
inmigración, partiendo de la inequívoca consideración de esta materia
como política de Estado.
2. Defender, de manera rotunda, ante Ia Unión Europea, Ia necesidad de:
I. Formalizar una política de inmigración que aplique, de manera real y
efectiva, el principio de solidaridad y responsabilidad compartida, tanto
a favor de los Estados miembros que deben hacer frente de manera singular
a los flujos de inmigración irregular, soportando presiones migratorias
extraordinarias, como a favor de los países de origen y tránsito de esos
flujos migratorios, entre los que cabe mencionar especialmente a
Marruecos.
II. Reforzar la lucha contra la inmigración clandestina y Ias mafias que
trafican con seres humanos, haciendo efectivos los compromisos de
solidaridad mediante la aportación de medios materiales, humanos y
financieros destinados a garantizar la seguridad en las fronteras
exteriores de la Unión Europea y que, al mismo tiempo, contribuyan a
reforzar Ias capacidades de FRONTEX y EUROSUR.
III. Promover acuerdos bilaterales con los países de origen y de tránsito
destinados, en primer lugar, a la cooperación para la erradicación de Ias
causas profundas que provocan la migración; en segundo, a
mejorar los mecanismos de control de sus respectivas fronteras, y, por
último, a impulsar instrumentos que garanticen el retorno digno y seguro
de los inmigrantes, fomentando, también, el retorno voluntario a sus
países de origen.
3. Instar al Gobierno a estudiar e impulsar Ias medidas normativas,
operativas y estructurales que sean precisas para que la política
inmigratoria española esté adaptada a la realidad de un fenómeno dinámico
y cambiante como es el migratorio, teniendo en cuenta Ias singularidades
geográficas de nuestro país, todo ello con el fin de articular de la
forma más eficaz la lucha contra las organizaciones criminales que
trafican con seres humanos, la protección de nuestras fronteras y el
pleno respeto a los derechos de los inmigrantes, así como la protección
de su vida y su integridad. En este contexto, se hace pertinente la
pronta aprobación del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de
los Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECES).
B. El Congreso de los Diputados:
Reconoce y agradece expresamente la labor de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la vigilancia y control de las fronteras de
España, que son también las fronteras de la Unión Europea.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución, relativa a la creación de la Comisión
para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 101
Propuesta de resolución en materia de reforma de la Administraciones
Públicas.
El ambicioso plan de reforma de las Administraciones Públicas impulsado
por el Gobierno con la creación de la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas (CORA) tiene una importancia capital, porque
constituye una reforma estructural que no se limita a corregir errores en
el funcionamiento administrativo, sino que pretende contribuir al
crecimiento económico, convirtiendo al sector público en un vector de
crecimiento, dinámico y vanguardista como la sociedad cuyos intereses
debe atender y satisfacer. Por ello, los principales objetivos sobre los
que se asienta la reforma son conseguir unas administraciones públicas
modernas, transparentes y ágiles, así como un sector público libre de
solapamientos, duplicidades y gastos innecesarios, volcado al servicio de
ciudadanos y empresas, y equiparable a los sistemas más eficaces de
nuestro entorno.
No obstante, este proceso de reforma es un proceso complejo que no solo
afecta a las estructuras y procedimientos, sino a la propia cultura de lo
público, al modo en que ciudadanos y empresas se relacionan con la
Administración, por lo que para alcanzar los objetivos que se persiguen
con ella es necesario firmeza y determinación en su ejecución y un
esfuerzo compartido por todas las administraciones Públicas.
Es, por ello, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente
Propuesta de resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
A) Continuar con el proceso de reforma de las administraciones públicas
que inició en octubre de 2012 con la creación de la Comisión para la
Reforma de las Administraciones Públicas, en colaboración intensa con las
administraciones de las comunidades autónomas y las entidades locales,
para garantizar la corrección de los desequilibrios que frenan el
crecimiento económico, mediante la simplificación de procedimientos, la
reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas y la
eliminación de
solapamientos o duplicidades y que esta corrección alcance todos los
niveles de las administraciones públicas.
B) Proceder a la implantación de las siguientes medidas incluidas en el
informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas:
1. Integración del procedimiento administrativo convencional y el
procedimiento administrativo electrónico, para aumentar la seguridad
jurídica, evitar la dispersión normativa, impulsar la Administración
electrónica, simplificar y reducir cargas administrativas, mediante la
integración de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos, que introduzca mayor seguridad jurídica y
facilite la aplicación de los medios de la Administración electrónica.
2. La aprobación de una nueva Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, para dotar de la máxima claridad y coherencia
al marco normativo que regula la organización del sector público en
España, mediante la integración de la Ley 6/1997, de 14 de abril de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
(LOFAGE), y la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la
mejora de los servicios públicos, y la modificación de las restantes
normas del ordenamiento jurídico que se vieran afectadas.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución, relativa a la Política Agraria Común y
Sector Agroalimentario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 102
El proceso de negociación vinculado con la Reforma de la Política Agrícola
Común para el período 2014-2020 se ha extendido a lo largo de casi dos
años, en los que se han alcanzado los acuerdos necesarios tanto sobre el
presupuesto destinado a esta política, como sobre los aspectos de la
nueva PAC y su modelo de aplicación en nuestro país, mediante el diálogo
y la colaboración con las comunidades autónomas y con las organizaciones
profesionales agrarias.
En primer lugar, España ha logrado consolidar una dotación de 47.000
millones de euros para el sector agroalimentario español en los próximos
siete años, lo que supone, incluso, mejorar la dotación del periodo de
programación actual.
Por lo que se refiere a la nueva Política Agrícola Común, cuyo
planteamiento inicial era muy lesivo para los intereses de nuestro
sector, España ha conseguido reorientar la reforma y adaptarla a la
realidad y a las necesidades concretas de nuestra agricultura y nuestro
medio rural, de manera que permita fortalecer el sector productor y
reforzar la vertebración del conjunto del sistema.
En cuanto a su aplicación en España, el acuerdo alcanzado con las
comunidades autónomas en las Conferencias Sectoriales de julio de 2013 y
enero de 2014 van permitir que los sectores agrarios y ganaderos cuenten
con ayudas similares a las que venían recibiendo y sean competitivos.
A partir de ahora es necesario que el Gobierno culmine el proceso de
aplicación de la reforma de la PAC en España, para que los agricultores y
ganaderos puedan beneficiarse de las ayudas conforme al modelo acordado.
Por otro lado, el sector agroalimentario español está contribuyendo de
manera muy importante al desarrollo de la actividad económica nacional,
como consecuencia de su competitividad en los mercados globales, su
seguridad y calidad, y su capacidad de innovación y desarrollo
tecnológico. En este sentido, y para potenciar todos los avances que se
vienen registrando en las industrias alimentarias, es necesario que el
Gobierno trabaje conjuntamente con el sector, en la elaboración y puesta
en marcha de reformas que permitan su competitividad y capacidad de
creación de empleo.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
formula la siguiente
Propuesta de resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establezca el desarrollo normativo necesario para implantar un modelo
de aplicación único y uniforme, en todo el Estado, para las ayudas
directas de la PAC.
2. Desarrolle reglamentariamente todos los aspectos relativos a la primera
asignación de derechos de pago básico en el marco del nuevo modelo de
ayudas directas de la PAC a los agricultores y ganaderos.
3. Desarrolle la normativa que regule todos los elementos y requisitos del
nuevo modelo de ayudas directas, dirigido a los agricultores activos,
comprendiendo así al Régimen de Pago Básico, las ayudas asociadas o
vinculadas a la producción, el complemento para jóvenes agricultores y el
Régimen de Pequeños Agricultores, así como todos los instrumentos
necesarios para la puesta en marcha de las medidas de regulación de
mercado en el marco de la PAC.
4. Ponga en marcha un Programa Nacional de Desarrollo Rural con medidas de
ámbito estatal e interés general que refuercen y complementen los
Programas de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas en aquellos
aspectos que dichos programas no puedan abordar, dado su carácter
regional.
5. Complete el programa de reformas estructurales para mejorar la
competitividad del sector agrario, mediante la remisión a la Cámara de:
a) Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria, concebida como una Ley básica
destinada a establecer un auténtico mercado único en materia de calidad
alimentaria con coordinación territorial de los sistemas de control.
b) Proyecto de Ley de Denominación de Origen de ámbito supra autonómico,
que regulará y coordinará el funcionamiento de las diferentes
denominaciones de calidad dependientes del Ministerio.
6. Elabore, en aplicación de la Política Pesquera Común, planes de
descarte, dentro de los planes plurianuales en coordinación con los
Estados miembros interesados, con el sector pesquero y con las
comunidades autónomas.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución, en materia de Sanidad y Servicios
Sociales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 103
El Gobierno ha puesto en marcha un programa de reformas en el que una de
las prioridades esenciales ha sido garantizar la sostenibilidad del
bienestar. Un objetivo en el que resulta necesario consolidar las
reformas emprendidas y avanzar en la igualdad, la cohesión y la calidad
de los servicios esenciales dirigidos al ciudadano.
La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud necesitaba reformas
coyunturales y estructurales, que han marcado el camino necesario para
situar al ciudadano en el centro del mismo y convertir al profesional
sanitario en la piedra angular desde el punto de vista de la calidad,
cohesión y equidad asistenciales.
De igual manera, las medidas necesarias en el ámbito de los servicios
sociales han avanzado hacia la sostenibilidad, la cohesión y la igualdad
de oportunidades de los ciudadanos.
En adelante, es preceptivo ahondar en políticas sociales eficaces y
sostenibles, profundizar en la mejora de la Ley de Dependencia, en la
protección de los grupos más vulnerables y en la lucha contra la pobreza
y la desigualdad.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
formula la siguiente
Propuesta de resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Avanzar en el Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema
Sanitario alcanzado con la profesión médica y enfermera, con los
farmacéuticos y con los pacientes.
2. Consolidar la mejora del Sistema Nacional de Salud desde la igualdad de
acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, el incremento de
la calidad, la consolidación de la eficiencia, así como la innovación
terapéutica y la seguridad.
a) Impulsar la sanidad digital a través de la plena implantación de la
receta electrónica y la historia clínica digital accesibles con la
Tarjeta Sanitaria Común.
b) Progresar en el ámbito de la continuidad asistencial, mejorando el
proceso en pacientes crónicos y avanzando en el enfoque socio sanitario.
c) Impulsar la excelencia en la formación y planificación en la ordenación
de las profesiones sanitarias.
3. Garantizar el derecho de las personas de edad avanzada a una vida
digna, a la independencia y a participar en la vida social, económica y
cívica.
4. Avanzar en la evaluación permanente de la aplicación de la Ley 39/2006,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia en base a indicadores de referencia comunes.
5. Aprobar y desarrollar el Plan de Acción de la Estrategia Española de
Discapacidad, así como consolidar las medidas de fomento del empleo de
las personas con capacidades diferentes.
6. Continuar implementando las actuaciones contenidas en el Plan Nacional
de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 con el objetivo de luchar
contra la pobreza y la exclusión, con especial atención a los niños y los
grupos más vulnerables, así como impulsar los programas de atención
social especialmente destinados a la lucha contra la pobreza infantil.
7. Elaborar un Plan Integral de Apoyo a la Familia 2014-2017, entendiendo
que la promoción y apoyo a la familia constituye uno de los ejes básicos
de la acción social.
8. Reformar la legislación de protección de la infancia para reforzar la
promoción del acogimiento familiar y la adopción de los menores en
desamparo.
9. Avanzar en la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres, mediante la aprobación del Plan Estratégico para la Igualdad
de Oportunidades 2014-2016 y consolidar la Estrategia Nacional para la
Erradicación de la Violencia de Género, dando visibilidad a los menores
como víctimas del maltrato.
10. Elaborar la Estrategia de Juventud 2020, incluyendo las políticas y
recursos disponibles con que cuentan los jóvenes en los distintos ámbitos
de sus vidas para desarrollar su potencial y llevar a cabo sus proyectos
vitales.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución, relativa a la Educación de Calidad y
Fortalecimiento de la Formación Profesional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 104
El futuro de un país es el futuro de sus jóvenes. Para que ese futuro sea
exitoso es necesario ofrecerles el conveniente respaldo para que puedan
acceder a más y mejores oportunidades, un objetivo en el que la Educación
es una condición esencial, como base del desarrollo de las personas.
En el caso de España, indicadores internacionales como PISA señalan las
debilidades de nuestro sistema, con resultados muy inferiores a la media
de la OCDE en las tres áreas que evalúa el informe, pese al incremento
del gasto educativo realizado en los últimos años. En lo que se refiere
al abandono educativo temprano, la media de España es del 23,5%, lejos
aún del 10% que deberíamos alcanzar según la Estrategia Europa 2020.
Estos datos son los que nos han permitido ver la necesidad urgente de
mejorar nuestro sistema educativo, mediante la aprobación de la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, para disponer de un
instrumento real de equidad e igualdad efectiva de oportunidades.
Asimismo es preciso incrementar las opciones de futuro de nuestros
jóvenes, mediante nuevas vías educativas como el sistema de Formación
Profesional Dual, que lleva más de un año en marcha y por el que ya han
pasado 14.484 alumnos, que se imparte en 375 centros y cuenta con el
apoyo de 1.570 empresas; y que ha sido un éxito en su implantación y, lo
más importante, en su acogida por los jóvenes. Esto demuestra que la
Formación Profesional se está consolidando como una opción de calidad
dirigida al empleo, que se debe seguir fortaleciendo en todos los
niveles, para atajar el problema del desempleo juvenil.
Todo esto nos demuestra que, si apostamos por nuestros jóvenes, se hace
imprescindible poner el foco en la educación, en la calidad del sistema y
en aquellos aspectos que pueden mejorar su empleabilidad y sus opciones
de futuro.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
formula la siguiente
Propuesta de resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar las oportunidades
de futuro de los jóvenes mediante:
1. El desarrollo de un sistema educativo de más calidad, con una
estructura dinámica, adaptado al siglo XXI, con un sistema de
evaluaciones que garantice que todos los alumnos adquieren las
competencias adecuadas, que asegure la equidad y la igualdad de
oportunidades, y que proporcione una oferta educativa mejor a los jóvenes
que permita reducir el abandono educativo temprano.
2. El fortalecimiento y la dignificación de la Formación Profesional,
especialmente de la Formación Profesional Dual, el diseño de la nueva
Formación Profesional Básica y el impulso de los niveles de Formación
Profesional de Grado Medio y Superior.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución, relativa a la Modernización Sector
Ferroviario y Logístico.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2014.-Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 105
El ferrocarril, como modo de transporte sostenible, debe jugar un papel
fundamental en la cohesión social y la vertebración territorial de
España.
Para alcanzar plenamente este objetivo son necesarias actuaciones que
refuercen su eficiencia y competitividad. El transporte ferroviario de
mercancías, liberalizado desde 2005, tiene sin embargo en nuestro país
una cuota de mercado baja, respecto de nuestro entorno europeo. Por ello
se hacen necesarias actuaciones que incrementen sustancialmente su
participación en el transporte terrestre de mercancías y permitan
desarrollar plenamente la competencia en este sector. Por lo que respecta
al
transporte de viajeros es importante avanzar en el proceso de
liberalización ya iniciado, que debe proporcionar a los ciudadanos una
mayor oferta de servicios a menores precios.
Este nuevo escenario requiere la adaptación de la normativa ferroviaria
vigente, con especial atención a los aspectos de seguridad, la
reestructuración de las empresas públicas y una racionalización de la
política de inversiones, que deberá concentrarse en actuaciones
estratégicas como el Corredor Mediterráneo y en la mejora de las redes de
cercanías.
Por otro lado, las actividades logísticas juegan un papel esencial en la
cadena del transporte, al servicio de nuestro sistema productivo. La
logística supone una parte creciente del coste total de los productos,
estimándose que, para España, este coste logístico se encuentra en un
rango del 7% al 12% del precio final. Por ello para mejorar la eficiencia
de nuestro sistema logístico y la competitividad de nuestra economía es
fundamental desarrollar completamente las medidas comprendidas en la
Estrategia Logística del 25 de noviembre de 2013.
Otro aspecto fundamental para nuestra economía y competitividad, dada la
ubicación geográfica de España, es mantener y mejorar nuestra plena
integración en el espacio europeo del transporte. Por ello es importante
trabajar para que España siga teniendo una participación destacada en los
fondos previstos para la financiación de las Redes Transeuropeas de
Transportes, aprobada recientemente por las instituciones europeas.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
formula la siguiente
Propuesta de resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
A) Impulsar la mejora y modernización del sector ferroviario a través de:
1. La presentación de un proyecto de nueva Ley del Sector Ferroviario que
se adapte a la nueva normativa europea, refuerce la supervisión de la
seguridad y adapte la regulación al nuevo escenario de liberalización de
los servicios ferroviarios de viajeros, y los avances que en este ámbito
se produzcan.
2. La creación, mediante la aprobación de su Estatuto, de la Agencia
Estatal de Seguridad Ferroviaria, independiente y que actuará de manera
transparente y no discriminatoria, velando por el mantenimiento de la
seguridad sobre la Red Estatal Ferroviaria de Interés General.
3. La racionalización de las inversiones en ferrocarril de Adif, con unas
inversiones viables desde el punto de vista económico y social, lo que
supondrá un gasto más eficiente del presupuesto público, así como la
puesta en valor de sus activos. Esta política de inversiones permitirá:
I. Avanzar en los principales Ejes Ferroviarios, consiguiendo importantes
ahorros de tiempo en numerosas relaciones entre capitales, que superarán
incluso los tiempos ofrecidos para algunas de las conexiones ferroviarias
europeas más importantes.
II. Avanzar en las inversiones estratégicas para el transporte de
mercancías, tales como la implantación de ancho estándar en el Corredor
Mediterráneo.
B) Fomentar el desarrollo del sector logístico en España, en particular a
través de la implantación de la Estrategia Logística, presentada el
pasado 25 de noviembre de 2013, y elaborada conjuntamente con el sector y
las comunidades autónomas.
C) Continuar trabajando en la línea de obtener fondos de las ayudas de las
redes transeuropeas de transportes, en materias estratégicas.
200/000002
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con
motivo del debate de la Comunicación del Gobierno para el debate de
política general en torno al estado de la Nación, ha aprobado el texto de
las propuestas de resolución que se adjunta.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97
del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2014.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Resolución núm. 1
Sobre el régimen económico y fiscal de Canarias.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cerrar con el Gobierno de
Canarias un acuerdo para la renovación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias para su presentación ante las autoridades comunitarias que
contribuya, fundamentalmente, a la creación de empleo y al impulso de la
inversión en el Archipiélago Canario, tomando como base la resolución
aprobada por el Parlamento de Canarias el 17 de julio de 2012.
Resolución núm. 2
Sobre el apoyo a las políticas de empleo en Canarias.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar que los fondos
destinados al impulso de la creación de empleo, políticas activas de
empleo y formación de los trabajadores en Canarias sean consecuentes con
las cifras de personas desempleadas en las islas, y con el cumplimiento
de los objetivos acordados por todas las comunidades autónomas en la
Conferencia Sectorial de Empleo y Seguridad Social.
Asimismo, dado el elevado índice de paro entre los jóvenes de Canarias,
insta al Gobierno a que garantice la máxima aplicación de los fondos para
empleo juvenil, todo ello en coordinación con el Gobierno de Canarias.
Resolución núm. 3
Sobre la protección de los derechos humanos de las personas lesbianas,
gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.
El Congreso de los Diputados manifiesta el apoyo de esta Cámara a la
declaración del 2014 como el 'Año por el Reconocimiento de los Derechos
Humanos de las personas LGTB' y condena la persecución y criminalización
de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e
intersexuales, así como las leyes homófobas que las institucionalizan, en
cualquier lugar del mundo.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
- Mantener el compromiso de defensa en la ONU y otros foros
internacionales de la aplicación efectiva de las normas de derechos
humanos, en especial del artículo 1 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que establece que 'Todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos', promoviendo la protección en todos los
ámbitos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e
intersexuales.
- Seguir trabajando, en el marco de la Unión Europea y en otros foros,
para promover activamente la derogación de las leyes que en numerosos
países penalizan a las personas homosexuales y transexuales.
Especialmente en los países del mundo que todavía permiten la aplicación
de la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales consentidas
entre personas adultas.
- Buscar todas las fórmulas legales que permitan establecer un protocolo
que garantice una especial atención a los procedimientos y solicitudes de
asilo y refugio de las personas perseguidas por su identidad u
orientación sexual y/o por su compromiso en la defensa de los derechos
humanos de estas.
- Colaborar en los trabajos y actividades que se desarrollen con motivo
del 'Año por el Reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas
LGTB'.
Resolución núm. 4
Inclusión del delito de terrorismo como crimen de lesa humanidad en la
Corte Penal Internacional.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Impulsar las iniciativas necesarias para lograr una definición consensuada
del terrorismo en el ámbito internacional y, sobre esta base, promover la
inclusión del crimen de terrorismo en el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional.
Mantener informada a esta Cámara de sus gestiones, acciones y resultados
con relación a este asunto.
Resolución núm. 5
Tren de Alta Velocidad.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Articular los mecanismos que permitan la licitación, durante el
ejercicio 2014, de la ejecución de los proyectos constructivos que
conforman el denominado 'Nudo de Bergara', infraestructura clave para el
proyecto ferroviario 'Y vasca', y que se divide en los siguientes
subtramos:
- Mondragón-Bergara (sector Kobate).
- Mondragón-Bergara (sector Zumelegi).
- Mondragón-Bergara (sector Angiozar).
- Elorrio-Elorrio.
- Elorrio-Bergara.
2. Continuar apoyando la ejecución de la conexión de la 'Y vasca' con el
resto de la red de alta velocidad a través del tramo
Valladolid-Burgos-Vitoria.
Resolución núm. 6
Impulso a plataformas logísticas de Jundiz y Arasur y al Aeropuerto de
Foronda.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar una política orientada a aumentar la influencia del Puerto de
Bilbao en su 'hinterland' bajo un modelo de participación
público-privada, con operadores logísticos y ferroviarios, en plataformas
como las de Jundiz y Arasur, una vez realizados los correspondientes
estudios de mercado, estudios de viabilidad económico-financiera, y
efectuados los trámites previstos en la legislación portuaria.
2. Continuar trabajando en la mejora de la eficiencia del Aeropuerto de
Vitoria, garantizando su sostenibilidad y un servicio adecuado a las
necesidades reales de las compañías y usuarios, que permitirá al
Aeropuerto aumentar sus servicios en cualquier momento en función de la
demanda, de forma que no se limiten las posibilidades de desarrollo local
y autonómico.
Resolución núm. 7
Regeneración democrática y transparencia.
El Congreso de los Diputados:
1. Insta al Gobierno a buscar y promover el diálogo con los grupos
parlamentarios en la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de control
de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y del
Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado, que forman parte de las medidas de
regeneración democrática que el Ejecutivo ha remitido a las Cortes
Generales.
En este marco de diálogo, además de los Proyectos de Ley presentados por
el Gobierno, se incorporarán al debate todas las propuestas y
aportaciones que formulen o hayan formulado los grupos parlamentarios.
Asimismo, se favorecerá la celebración de comparecencias de expertos en la
materia ante la Comisión Constitucional para que sus opiniones permitan a
los Grupos Parlamentarios adoptar unas medidas más efectivas en materia
de regeneración democrática y lucha contra la corrupción, tal y como
sucedió en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
2. Considera necesario que las medidas para el perfeccionamiento y
regeneración democrática que acuerden las Cortes Generales se basen en el
más amplio acuerdo posible en su adopción y diseño, ya que estas aumentan
su valor y eficacia de manera exponencial cuando son resultado del
acuerdo.
3. Insta al Gobierno, con el fin de completar las iniciativas de
regeneración que nuestro ordenamiento jurídico necesita, a que ponga a
disposición de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados
las medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción del Plan
de Regeneración Democrática, para que puedan ser tenidas en cuenta con
ocasión de la tramitación de la reforma del Código Penal que está en
curso en la Cámara.
4. Manifiesta su voluntad de reforzar la Oficina Presupuestaria de la
Cortes Generales recientemente puesta en marcha, con la finalidad de
facilitar un mejor control de todas las partidas presupuestarias
aprobadas y de su efectiva ejecución.
5. Considera necesario impulsar en el marco de la reforma del Reglamento
del Congreso de los Diputados mayor inmediatez, proximidad y efectividad
del control parlamentario, y contemplar la regulación de los denominados
lobbies. Esta regulación debe dirigirse a canalizar el ejercicio de todas
aquellas actividades que tienen como objeto influir en la formulación de
políticas y en los procesos de toma de decisiones, garantizando la
transparencia en el ejercicio del derecho que los representantes de la
sociedad civil y las empresas tienen de acceder a las instituciones, así
como la observancia del código de conducta que en su momento se apruebe.
Resolución núm. 8
Reforma fiscal. Más equidad, menos impuestos a las rentas del trabajo y
una fiscalidad para el crecimiento.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y adoptar las
medidas que resulten necesarias a fin de:
1. Establecer una rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas con efectos en 2015, favoreciendo especialmente a las rentas
medias y bajas. En particular, los trabajadores que ganen menos de 12.000
euros anuales no tributarán por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
2. Beneficiar fiscalmente a la familia aumentando significativamente los
mínimos personales por hijos y por ascendientes y discapacitados que
convivan con el contribuyente.
3. Corregir el actual sistema que castiga más las rentas del trabajo que
las del capital y desincentiva el empleo, así como simplificar la
configuración y la estructura del actual sistema tributario.
4. Tener en cuenta en la reforma del impuesto de sociedades las
particularidades de las pequeñas y medianas empresas, así como los
incentivos fiscales en el gasto en I+D+i y el fomento de la
capitalización empresarial.
Resolución núm. 9
Necesidad de trabajar conjuntamente por la consecución del final del
terrorismo.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y a las formaciones
políticas democráticas a trabajar conjuntamente, desde la confianza, la
responsabilidad y la lealtad, en la consecución del final del terrorismo
y en la derrota política y social de la organización terrorista ETA en
todos sus frentes, evitando la instrumentalización de la educación, la
elaboración de un relato que justifique la actividad terrorista, la
manipulación de la historia para justificar sus objetivos de construcción
nacional y la modificación del estatus jurídico de Navarra como paso
previo a la fractura de España.
Resolución núm. 10
Constitución y modelo de Estado.
El Congreso de los Diputados:
1. Reafirma el valor de la concordia, la convivencia y el consenso como
principios sobre los que se ha fundamentado la Constitución Española y,
con ella, el periodo democrático y de estabilidad política e
institucional más largo de nuestra historia.
2. Reconoce la vigencia de la Norma Fundamental en toda su extensión,
especialmente, en el momento presente, en lo que se refiere a su
expresión de que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo
español, del que emanan los poderes del Estado.
3. Proclama que, de acuerdo a esta realidad jurídica, legal y democrática,
no puede una parte de la ciudadanía decidir lo que le corresponde al
conjunto del pueblo español, ni una autoridad o poder público situarse
por encima de la Ley.
4. Recuerda que, en virtud de todo ello, no caben aquellas iniciativas,
planes y resoluciones tomadas en cualquier ámbito institucional que
rebasen los principios de soberanía y legalidad, que han permitido la
mejor experiencia de democracia y convivencia de nuestra historia.
5. Valora la voluntad de diálogo expresada por el Gobierno en el marco de
la Constitución Española y con absoluto respeto al ordenamiento jurídico,
y su disposición a la defensa del marco democrático de convivencia que ha
amparado el progreso político y social de nuestro país.
6. Respalda al Gobierno para que siga tomando, desde los principios de la
defensa del interés general, la responsabilidad, la estabilidad y la
moderación y en el ejercicio de su disposición al diálogo, cuantas
medidas le permita el ordenamiento jurídico, para preservar la unidad de
España, como una nación de ciudadanos libres e iguales sometidos
únicamente al Imperio de la Ley.
Resolución núm. 11
Víctimas del Terrorismo.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar trabajando de
forma prioritaria en las políticas de apoyo y de reconocimiento a las
víctimas del terrorismo, bajo los principios de memoria, dignidad y
justicia que inspiran la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo,
mediante:
1. Seguir avanzando en la atención y protección de las víctimas del
terrorismo y sus familias, con especial incidencia en los derechos
laborales, educativos o de carácter sanitario.
2. La construcción de un relato basado en la verdad, en el que las
víctimas se sientan apoyadas y respetadas, sin que quepa justificación
alguna del terrorismo y de los terroristas. Para ello, una de las
herramientas será el impulso del Centro Nacional para la Memoria de las
Víctimas del Terrorismo, previsto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre.
Resolución núm. 12
Compromiso de España con la Unión Europea.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Contribuir desde el Consejo Europeo a que se adopten las decisiones
necesarias para la consecución de una auténtica Unión Económica y
Monetaria, en sus pilares financiero, fiscal, económico y político, tal y
como se solicitó al Gobierno en la Proposición no de Ley aprobada por la
mayoría de los grupos de esta Cámara, antes del Consejo Europeo de junio
de 2013.
2. Promover, en el ámbito de la unión bancaria, y una vez adoptado el
Mecanismo Único de Supervisión Bancaria, un acuerdo de aprobación del
Mecanismo Único de Resolución, que permita la aceleración de la
mutualización del Fondo Único de Supervisión, y que se garantice la
igualdad de trato a todos los países, con el fin de que se pueda crear un
mercado más homogéneo, más transparente, más solvente y que, como
resultado, disminuya la fragmentación del mercado financiero europeo.
3. Promover una mayor integración fiscal mediante el establecimiento de
una política fiscal con una orientación común, tanto para los ingresos
como para los gastos, y un presupuesto europeo que aumente paulatinamente
su peso sobre el PIB europeo respecto al actual, y que disponga de
mecanismos que permitan reducir los desequilibrios internos de la Unión.
4. Promover una mayor integración económica mediante la profundización en
el mercado único y la articulación de un esquema de política económica
integrada.
5. Promover el desarrollo de la dimensión social de la Unión Económica y
Monetaria con el fin de contribuir a la construcción de una futura unión
política.
Resolución núm. 13
Seguridad y Defensa Europea.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proponer y acordar con
los socios comunitarios, en el marco definido por el Consejo de la Unión
Europea en diciembre de 2013, medidas conducentes al establecimiento de
una política común de seguridad y defensa funcional y efectiva, y, entre
ellas:
1. El reconocimiento de la necesidad de una estrategia europea global y
actualizada de defensa conjunta sustentada por una política exterior
europea coherente y unificada, así como el desarrollo de estrategias
temáticas y regionales que ayuden a la toma de decisiones en seguridad y
defensa, especialmente la Estrategia de Seguridad Marítima.
2. Preparar una posible reorganización de las estructuras de gestión de
crisis existentes, con el fin de fortalecer el grado de integración entre
los componentes militares y civiles.
3. Crear un Cuartel General Europeo de Operaciones permanente y modulable
con capacidad de planificar a largo plazo y dirigir, en el nivel
operacional, las misiones civiles y militares en curso hasta el nivel de
actuación que se determine.
4. Plantear los términos de un posible acuerdo sobre los elementos básicos
de una renovada capacidad de reacción, así como un marco estratégico más
eficaz destinado a facilitar el despliegue de los mecanismos y
capacidades de Respuesta Rápida, en particular de las agrupaciones
tácticas de despliegue rápido 'battlegroups'.
5. Avanzar en el proceso de desarrollo de capacidades y su armonización
con las estructuras equivalentes en la OTAN, potenciando la Agencia
Europea de Defensa.
6. Desarrollar acuerdos y estructuras que permitan la implementación de
una gama más amplia de capacidades, en especial a través de la puesta en
marcha de la cooperación estructurada permanente prevista en el Tratado
de Lisboa.
7. Potenciación de la base tecnológica e industrial de la defensa,
favoreciendo el desarrollo de tecnologías de doble uso y apoyando a las
pymes del sector de seguridad y defensa.
8. Todo ello con el compromiso de que el desarrollo en las capacidades y
en la política industrial europea se armonice con el avance efectivo en
la definición y concreción de la Política Común de Seguridad y Defensa.
Resolución núm. 14
Empleo.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas
conducentes al refuerzo del mercado laboral y del modelo de formación
para el empleo, y, entre ellas:
1. Fomentar la contratación indefinida de nuevos trabajadores con una
tarifa plana de cotización empresarial a la Seguridad Social por
contingencias comunes de 100 euros, siempre que se trate de creación de
empleo neto y durante un plazo de dos años.
2. Aprobar una Estrategia de Activación que agilice la transición de los
trabajadores al empleo, refuerce su empleabilidad y contribuya a que la
recuperación se traduzca, lo antes posible, en empleo de calidad.
3. Configurar un nuevo modelo de formación para el empleo que garantice la
adecuación de la formación a las necesidades del mercado laboral, el uso
eficiente y transparente de los recursos públicos y un compromiso con la
evaluación, el impacto efectivo y la calidad de la formación.
4. Poner en marcha, en el mes de abril, el Portal Único de Empleo e
implantar plenamente el Acuerdo Marco de colaboración con agencias
privadas de colocación.
5. Promover, dentro del Plan de Garantía Juvenil, la contratación de 1.000
jóvenes licenciados o con grado superior de formación profesional para
realizar tareas de Investigación y Desarrollo.
Resolución núm. 15
Adopción de medidas de fomento de la financiación empresarial.
El Congreso de los Diputados considera que es preciso seguir avanzando en
este sentido y, en particular, se insta al Gobierno a:
1. Aprobar un paquete legislativo que incluya medidas de fomento de la
financiación empresarial, que incida en la diversificación de las fuentes
de financiación para las pymes y mejore el marco legal del capital
riesgo, con objeto de fomentar canales financieros alternativos al
bancario y paliar las restricciones crediticias.
2. Continuar ejecutando la estrategia de fomento de la intermediación
financiera no bancaria a través del funcionamiento de los distintos
fondos creados (Red Nacional de Incubadoras de Empresas, Fondo Isabel la
Católica, Spain Startup Coinvestment Fund, FOND ICO Global).
3. Establecer la obligación de preaviso de las entidades financieras de,
al menos, tres meses, cuando se vaya a cancelar o reducir notablemente la
financiación de las pymes. Asimismo, se reconocerá el derecho de las
empresas a conocer la información crediticia que tienen las entidades
sobre ellas, para corregir los errores que estas tengan, que perjudiquen
su imagen de solvencia y dificulten su acceso al crédito.
4. Poner en marcha la llamada 'Ley Ascensor', que articule procedimientos
reglados para que una empresa que va ganando tamaño pueda ir accediendo a
formas de financiación cada vez más sofisticadas.
5. Aprobar una Ley de Garantías Mobiliarias Registrables que amplíe el
grupo de bienes susceptibles de ser pignorados en operaciones de
financiación, dotando de seguridad jurídica a las garantías constituidas
y modernizando el funcionamiento del Registro de Bienes Muebles.
6. Reforzar el marco legal de las Sociedades de Garantía Recíproca,
modificando el régimen de re-avales y el gobierno corporativo de las SGR.
7. Avanzar en la reestructuración bancaria, maximizando el valor para el
contribuyente de los fondos empleados en la misma y estimulando una
evolución del crédito acorde con las necesidades de la economía real.
8. Acompañar el proceso de reestructuración bancaria, con una supervisión
exigente y medidas que favorezcan la solvencia del sector, incluida la
realización de test de estrés sobre las entidades supervisadas de manera
regular.
9. Asegurar la correcta transición hacia la supervisión única bancaria y
favorecer que dicha supervisión se lleve a cabo de acuerdo con las
mejores prácticas prudenciales.
10. Profundizar la labor del ICO en el estímulo del crédito, asegurando
que la mejora de las condiciones de financiación del Estado español
beneficia a través del Instituto de Crédito Oficial a empresas y
autónomos. Impulsar, continuando la estrategia de líneas de mediación del
ICO, el uso de los productos de esta entidad y particularmente de
aquellos enfocados a la internacionalización efectiva de nuestras
empresas.
11. Modificar el marco legal para facilitar la reestructuración financiera
y operativa de las empresas, evitando la dilación de los procesos y
facilitando acuerdos de refinanciación que eviten la liquidación de
empresas con negocios viables. En concreto se propone la reforma de la
normativa concursal, para facilitar que las empresas con viabilidad
reestructuren su deuda cuanto antes favoreciendo así que alcancen
acuerdos concursales y puedan convertir deuda en capital social y
permitiendo de esta forma un intenso desapalancamiento de las empresas
con viabilidad.
12. Incentivar la I+D+i empresarial, con el fin de incrementar la
participación privada en la financiación y ejecución de I+D+i,
especialmente entre las pymes.
13. Desarrollar el apoyo a proyectos de colaboración público-privada, que
complementen las mejoras en la fiscalidad de la I+D+i contenidas en la
Ley de Apoyo a Emprendedores y su Internacionalización.
Resolución núm. 16
Internacionalización de la economía.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía
Española 2014-2015, en el que se articulen los recursos públicos de apoyo
a las empresas en el exterior, con el objetivo de que adquieran la mayor
eficiencia posible.
2. Continuar la senda de la internacionalización de la economía y las
empresas españolas, en especial de las pymes, orientando los recursos del
ICEX al apoyo de los pequeños exportadores españoles.
3. Continuar diversificando los mercados de destino, actualizando y dando
el seguimiento adecuado a los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados
e impulsando, en el seno de la política comercial de la Unión Europea,
acuerdos de libre comercio con países de interés estratégico para España.
4. Impulsar una mejora del clima de negocios y del entorno empresarial que
redunde en un incremento de la competitividad de la economía española y,
en consecuencia, en una mayor presencia exterior de las empresas
españolas y un incremento de la capacidad de atracción de inversiones del
país, mediante:
a) La continua mejora de los instrumentos de apoyo a la
internacionalización, aumentando su coordinación y eficacia.
b) La potenciación de los instrumentos de financiación de la
internacionalización de las empresas, especialmente de las pymes. En este
sentido, perfeccionar el marco legal de los instrumentos de
refinanciación bancaria (cédulas y bonos de internacionalización) de las
operaciones de comercio internacional y proyectos de
internacionalización.
c) El impulso del capital humano, de la atracción de talento y la
innovación en el ámbito de la internacionalización.
5. Implantación de la Ley de desindexación mediante su desarrollo
reglamentario, con el objetivo de contribuir desde el sector público a la
estabilidad de los precios y a la mejora de la competitividad.
Resolución núm. 17
Inmigración.
A. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas en materia de
inmigración, partiendo de la inequívoca consideración de esta materia
como política de Estado.
2. Defender, de manera rotunda, ante la Unión Europea, la necesidad de:
I. Formalizar una política de inmigración que aplique, de manera real y
efectiva, el principio de solidaridad y responsabilidad compartida, tanto
a favor de los Estados miembros que deben hacer frente de manera singular
a los flujos de inmigración irregular, soportando presiones migratorias
extraordinarias, como a favor de los países de origen y tránsito de esos
flujos migratorios, entre los que cabe mencionar especialmente a
Marruecos.
II. Reforzar la lucha contra la inmigración clandestina y las mafias que
trafican con seres humanos, haciendo efectivos los compromisos de
solidaridad mediante la aportación de medios materiales, humanos y
financieros destinados a garantizar la seguridad en las fronteras
exteriores de la Unión Europea y que, al mismo tiempo, contribuyan a
reforzar las capacidades de FRONTEX y EUROSUR.
III. Promover acuerdos bilaterales con los países de origen y de tránsito
destinados, en primer lugar, a la cooperación para la erradicación de las
causas profundas que provocan la migración; en segundo, a mejorar los
mecanismos de control de sus respectivas fronteras, y, por último, a
impulsar instrumentos que garanticen el retorno digno y seguro de los
inmigrantes, fomentando, también, el retorno voluntario a sus países de
origen.
3. Insta al Gobierno a estudiar e impulsar las medidas normativas,
operativas y estructurales que sean precisas para que la política
inmigratoria española esté adaptada a la realidad de un fenómeno dinámico
y cambiante como es el migratorio, teniendo en cuenta las singularidades
geográficas de nuestro país, todo ello con el fin de articular de la
forma más eficaz la lucha contra las organizaciones criminales que
trafican con seres humanos, la protección de nuestras fronteras y el
pleno respeto a los derechos de los inmigrantes, así como la protección
de su vida y su integridad. En este contexto, se hace pertinente la
pronta aprobación del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de
los centros hasta ahora denominados Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIES).
B. El Congreso de los Diputados reconoce y agradece expresamente la labor
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vigilancia y
control de las fronteras de España, que son también las fronteras de la
Unión Europea.
Resolución núm. 18
Reforma de las Administraciones Públicas.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
A. Continuar con el proceso de Reforma de las Administraciones Públicas
que inició en octubre de 2012 con la creación de la Comisión para la
Reforma de las Administraciones Públicas, en colaboración intensa con las
administraciones de las comunidades autónomas y las entidades locales,
para garantizar la corrección de los desequilibrios que frenan el
crecimiento económico, mediante la simplificación de procedimientos, la
reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas y la
eliminación de solapamientos o duplicidades y que esta corrección alcance
todos los niveles de las administraciones públicas.
B. Proceder a la implantación de las siguientes medidas incluidas en el
informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas:
1) Integración del procedimiento administrativo convencional y el
procedimiento administrativo electrónico, para aumentar la seguridad
jurídica, evitar la dispersión normativa, impulsar la Administración
electrónica, simplificar y reducir cargas administrativas, mediante la
integración de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos, que introduzca mayor seguridad jurídica y
facilite la aplicación de los medios de la Administración electrónica.
2) La aprobación de una nueva Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, para dotar de la máxima claridad y coherencia
al marco normativo que regula la organización del sector público en
España, mediante la integración de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, y la Ley 28/2006, de 18 de julio,
de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, y la
modificación de las restantes normas del ordenamiento jurídico que se
vieran afectadas.
Resolución núm. 19
Política Agraria Común y Sector Agroalimentario.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Establezca el desarrollo normativo necesario para implantar un modelo
de aplicación único y uniforme, en todo el Estado, para las ayudas
directas de la PAC.
2. Desarrolle reglamentariamente todos los aspectos relativos a la primera
asignación de derechos de pago básico en el marco del nuevo modelo de
ayudas directas de la PAC a los agricultores y ganaderos.
3. Desarrolle la normativa que regule todos los elementos y requisitos del
nuevo modelo de ayudas directas, dirigido a los agricultores activos,
comprendiendo así al Régimen de Pago Básico, las ayudas asociadas o
vinculadas a la producción, el complemento para jóvenes agricultores y el
Régimen de Pequeños Agricultores, así como todos los instrumentos
necesarios para la puesta en marcha de las medidas de regulación de
mercado en el marco de la PAC.
4. Ponga en marcha un Programa Nacional de Desarrollo Rural con medidas de
ámbito estatal e interés general que refuercen y complementen los
Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas en aquellos
aspectos que dichos programas no puedan abordar, dado su carácter
regional.
5. Complete el programa de reformas estructurales para mejorar la
competitividad del sector agrario, mediante la remisión a la Cámara de:
a) Proyecto de Ley de Calidad Alimentaria, concebida como una Ley básica
destinada a establecer un auténtico mercado único en materia de calidad
alimentaria con coordinación territorial de los sistemas de control.
b) Proyecto de Ley de Denominación de Origen de ámbito supra autonómico,
que regulará y coordinará el funcionamiento de las diferentes
denominaciones de calidad dependientes del Ministerio.
6. Elabore, en aplicación de la Política Pesquera Común, planes de
descarte, dentro de los planes plurianuales en coordinación con los
Estados miembros interesados, con el sector pesquero y con las
comunidades autónomas.
Resolución núm. 20
Sanidad y Servicios Sociales.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Avanzar en el Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema
Sanitario alcanzado con la profesión médica y enfermera, con los
farmacéuticos y con los pacientes.
2. Consolidar la mejora del Sistema Nacional de Salud desde la igualdad de
acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, el incremento de
la calidad, la consolidación de la eficiencia, así como la innovación
terapéutica y la seguridad.
a) Impulsar la sanidad digital a través de la plena implantación de la
receta electrónica y la historia clínica digital accesibles con la
Tarjeta Sanitaria Común.
b) Progresar en el ámbito de la continuidad asistencial, mejorando el
proceso en pacientes crónicos y avanzando en el enfoque socio-sanitario.
c) Impulsar la excelencia en la formación y planificación en la ordenación
de las profesiones sanitarias.
3. Garantizar el derecho de las personas de edad avanzada a una vida
digna, a la independencia y a participar en la vida social, económica y
cívica.
4. Avanzar en la evaluación permanente de la aplicación de la Ley 39/2006,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, con base en indicadores de referencia comunes.
5. Aprobar y desarrollar el Plan de Acción de la Estrategia Española de
Discapacidad, así como consolidar las medidas de fomento del empleo de
las personas con capacidades diferentes.
6. Continuar implementando las actuaciones contenidas en el Plan Nacional
de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 con el objetivo de luchar
contra la pobreza y la exclusión, con especial atención a los niños y a
los grupos más vulnerables, así como impulsar los programas de atención
social especialmente destinados a la lucha contra la pobreza infantil.
7. Elaborar un Plan Integral de Apoyo a la Familia 2014-2017, entendiendo
que la promoción y apoyo a la familia constituye uno de los ejes básicos
de la acción social.
8. Reformar la legislación de protección de la infancia para reforzar la
promoción del acogimiento familiar y la adopción de los menores en
desamparo.
9. Avanzar en la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres, mediante la aprobación del Plan Estratégico para la Igualdad
de Oportunidades 2014-2016, y consolidar la Estrategia Nacional para la
Erradicación de la Violencia de Género, dando visibilidad a los menores
como víctimas del maltrato.
10. Elaborar la Estrategia de Juventud 2020, incluyendo las políticas y
recursos disponibles con que cuentan los jóvenes en los distintos ámbitos
de sus vidas para desarrollar su potencial y llevar a cabo sus proyectos
vitales.
Resolución núm. 21
Educación de Calidad y Fortalecimiento de la Formación Profesional.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar las oportunidades
de futuro de los jóvenes mediante:
1. El desarrollo de un sistema educativo de más calidad, con una
estructura dinámica, adaptado al siglo XXI, con un sistema de
evaluaciones que garantice que todos los alumnos adquieren las
competencias adecuadas, que asegure la equidad y la igualdad de
oportunidades y que proporcione una oferta educativa mejor a los jóvenes
que permita reducir el abandono educativo temprano.
2. El fortalecimiento y la dignificación de la Formación Profesional,
especialmente de la Formación Profesional Dual, el diseño de la nueva
Formación Profesional Básica y el impulso de los niveles de Formación
Profesional de Grado Medio y Superior.
Resolución núm. 22
Modernización del Sector Ferroviario y Logístico.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
A) Impulsar la mejora y modernización del sector ferroviario a través de:
1. La presentación de un proyecto de nueva Ley del Sector Ferroviario que
se adapte a la nueva normativa europea, refuerce la supervisión de la
seguridad y adapte la regulación al nuevo escenario de liberalización de
los servicios ferroviarios de viajeros y los avances que en este ámbito
se produzcan
2. La creación, mediante la aprobación de su Estatuto, de la Agencia
Estatal de Seguridad Ferroviaria, que será independiente y que actuará de
manera transparente y no discriminatoria, velando por el mantenimiento de
la seguridad sobre la Red Estatal Ferroviaria de Interés General.
3. La racionalización de las inversiones en ferrocarril de Adif, con unas
inversiones viables desde el punto de vista económico y social, lo que
supondrá un gasto más eficiente del presupuesto público, así como la
puesta en valor de sus activos. Esta política de inversiones permitirá:
I. Avanzar en los principales Ejes Ferroviarios Transeuropeos de carácter
prioritario que discurren por el territorio del Estado español,
consiguiendo importantes ahorros de tiempo en numerosas relaciones entre
capitales, que superarán incluso los tiempos ofrecidos para algunas de
las conexiones ferroviarias europeas más importantes.
II. Avanzar en las inversiones estratégicas para el transporte de
mercancías, en particular en las autopistas ferroviarias Atlántica y
Mediterránea entre otros el trazado que conecta la ciudad de Lille y
Vitoria-Gasteiz y en la implantación del ancho estándar en el corredor
del Mediterráneo.
III. Garantizar las inversiones necesarias para la prestación en óptimas
condiciones de los servicios ferroviarios regionales y de Cercanías.
B) Fomentar el desarrollo del sector logístico en España, en particular a
través de la implantación de la Estrategia Logística, presentada el
pasado 25 de noviembre de 2013, y elaborada conjuntamente con el sector y
las comunidades autónomas.
C) Continuar trabajando en la línea de obtener fondos de las ayudas de las
redes transeuropeas de transportes, en materias estratégicas.