La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado en su sesión de hoy por 58 votos a favor, ninguno en contra y once abstenciones el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas. Se ha rechazado su tramitación como proyecto de ley con carácter urgente. 

Este real decreto-ley tiene como objeto establecer medidas "de gestión y de apoyo" destinadas a los titulares de explotaciones para los abastecimientos y regadíos situados en los ámbitos territoriales afectados por la sequía y las elevadas temperaturas, situación que se ha sumado a las consecuencias de la guerra de Ucrania. De manera que se pueda "garantizar la seguridad alimentaria y a la corrección de los desequilibrios del mercado". 

El texto aprobado por el Consejo de Ministros se dicta para garantizar "la resiliencia y sostenibilidad" de las explotaciones agrícolas y ganaderas, de manera que se asegure la seguridad alimentaria mediante medidas "de gestión y de apoyo" para los abastecimientos y regadíos situados en los ámbitos territoriales afectados.

La norma se estructura en tres títulos, de los cuales el primero, que comprende cuatro capítulos, regula las medidas de apoyo al sector agrario, entre las que se contemplan los incrementos de las subvenciones a los titulares de seguros agrarios y una ayuda complementaria de las pólizas contratadas de producciones que actualmente están sufriendo los efectos de la sequía. A mayores, se han introducido diferentes mecanismos para asegurar la solvencia empresarial y el acceso al crédito de las empresas agrícolas y un sistema de ayudas directas y centralizadas para los sectores agrícolas, ganaderos y apícola. En el segundo capítulo del primer título se encuentran las ayudas al sector agrario de carácter fiscal, que aligeran la carga fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica. El tercer capítulo concentra diferentes medidas de flexibilización de la PAC de manera que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de estas ayudas. El último capítulo de este título introduce medidas en materia laboral y de la seguridad social. 

El segundo título establece medidas respecto al agua para hacer frente a la situación de sequía. Por un lado, se incluyen medidas de exención tributaria y, por otro lado, se adoptan las medidas administrativas necesarias para corregir o mitigarlos impactos económicos producidos por la sequía y la escasez coyuntural mediante la limitación y restricción de los aprovechamientos, de forma equitativa y solidaria entre todos los sectores afectados. También se disponen nuevas medidas para que las cuencas hidrográficas especialmente afectas puedan paliar los efectos de la sequía. 

El tercer y último título incluye medidas en materia de transportes. El primer capítulo introduce la reducción de hasta el 90% del importe de los billetes de tren a jóvenes, dependiendo del ancho métrico de la línea ferroviaria.

El segundo capítulo regula la reducción del precio del pase Interrail para los billetes adquiridos para esta temporada estival, que reduce en un 50% su coste. 

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados es un órgano de naturaleza especial que se reúne para velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida, ha expirado su mandato o ha quedado disuelta. El mínimo de miembros ha de ser un número no inferior a veintiuno y se distribuyen en forma proporcional al tamaño de los grupos parlamentarios. 

 

La composición de la Diputación Permanente fue acordada por la Mesa de la Cámara el 15 de enero de 2020, cuando se decidió, previa a audiencia de la Junta de Portavoces y de conformidad con el artículo 56 del Reglamento, que esté integrada por 68 miembros, además de la presidenta del Congreso, con la siguiente distribución:

 

- 23 del Grupo Parlamentario Socialista

- 17 del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

- 10 del Grupo Parlamentario VOX

- 7 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común;

- 3 del Grupo Parlamentario Republicano

- 2 del Grupo Parlamentario Plural; 2 del Grupo Parlamentario Ciudadanos

- 1 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

- 1 del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; 2 del Grupo Parlamentario Mixto.