Esta iniciativa gubernamental promueve "una reforma profunda y amplia de la cooperación española para el desarrollo sostenible, conforme con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, y transparencia, que se inspira en los valores de solidaridad de la sociedad española; de responsabilidad de España en tanto que actor en el ámbito internacional y de cooperación ante los grandes desafíos que afronta el mundo". 

 

La norma establece en su primer capítulo la definición de "política española de cooperación para el desarrollo sostenible" y establece "los principios, objetivos y prioridades de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible".

 

Por otro lado, en su segundo capítulo desglosa la estructura de planificación, seguimiento y evaluación de la cooperación española para el desarrollo sostenible, el uso de instrumentos y modalidades, las acciones públicas complementarias de la cooperación para el desarrollo sostenible, la acción humanitaria y la cooperación financiera. 

 

Durante su paso por comisión, se ha añadido como objetivos de la norma la "protección a las mujeres, adolescentes y niñas frente a la violencia sexual y la violencia por razón de género", "los derechos de la infancia y adolescencia con enfoque de género", su "protección frente a todas las formas de violencia, en particular la mutilación genital femenina", "el acceso libre e igualitario a los servicios sociales básicos" y la promoción de "su participación efectiva en espacios de decisión económicos, políticos y sociales, así como en las operaciones de mantenimiento de la paz y los procesos de paz". 

 

También entre los objetivos de nueva redacción destaca la "protección y promoción de los derechos de las personas LGTB en todo el mundo" para "eliminar la criminalización de la homosexualidad en todo el mundo" y el "apoyo al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes mediante la lucha contra toda forma de exclusión", así como "la defensa y promoción de sus derechos". 

El texto incorpora, además, las definiciones de cooperación bilateral en el marco de "instrumentos y modalidades de cooperación" estableciéndose como "las actividades de cooperación al desarrollo realizadas por las administraciones públicas con el país receptor" y las organizaciones de la sociedad civil que se describen como "las entidades no gubernamentales sin fines de lucro, constituidas legalmente que estimulan la participación ciudadana y operan desde una perspectiva de justicia global". 

 

Por otro lado, el proyecto de ley reconoce "la cooperación descentralizada como una de las señas de identidad y fortaleza de la cooperación al desarrollo sostenible español", así como los "propios sistemas de evaluación de políticas de cooperación" con los que cuentan las Comunidades Autónomas y el resto de actores involucrados. 

 

Se incorpora además en la sección de "Personas cooperantes y voluntariado" el impulso de la participación de personas con discapacidad. También se estipula que las administraciones públicas "facilitarán la información necesaria y asesorarán a las ONG que operan en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible". 

 

Tras ser aprobado por el Pleno, el proyecto de ley se remite ahora al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en ponencia, comisión y Pleno. La Cámara Alta podrá aprobar el texto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, la iniciativa regresará al Congreso de los Diputados para la celebración de un último debate antes de su aprobación definitiva.