El Pleno del Congreso de los Diputados, reunido en sesión extraordinaria, ha convalidado hoy, jueves 14 de julio, dos reales decretos-leyes relativos a la prórroga de medidas para responder a las consecuencias de la guerra en Ucrania, hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y la recuperación económica y social de La Palma, y de reforma del Estatuto Marco del personal de los servicios de salud.

  

Además, se ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Memoria Democrática y a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que continúan su tramitación parlamentaria en el Senado. Asimismo, se han debatido y votado las 138 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios en el Debate sobre el Estado de la Nación que comenzó el martes 12 de julio.

En concreto, el Pleno ha convalidado por 186 votos a favor, 52 en contra y 108 abstenciones el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma. Asimismo, se ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia por 337 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones.

Esta norma busca paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, considerando necesario "seguir adoptando medidas para reducir los precios de la energía, moderar la inflación y apoyar a los colectivos más vulnerables", ya sea prorrogando las ya previstas en el Real Decreto-ley 6/2022 o incorporando nuevas medidas para afrontar la situación.

Por otra parte, el texto prorroga las actuaciones para hacer frente a la vulnerabilidad social y económica inicialmente vinculadas al estado de alarma, cuya última prórroga fue hasta el pasado 30 de junio, al considerar que "la persistencia de determinadas situaciones adversas" obliga a seguir haciendo frente a estas situaciones. También se prorrogan las medidas implementadas como respuesta a la erupción volcánica iniciada en septiembre de 2021 en la isla de La Palma, ante su inmediato vencimiento y al considerar que "en tanto no avance y se consolide la reconstrucción y recuperación de la isla, la zona sigue exigiendo ayudas e intervención pública".

Asimismo, el Pleno también ha convalidado el Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 

Este texto tiene el objetivo de disuadir y sancionar de manera efectiva el abuso de la temporalidad en los contratos del personal sanitario en torno a un doble objetivo: "por una parte, mejorar la calidad del trabajo de duración determinada, garantizando el respeto al principio de no discriminación y, por otra, establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada".

 

En la sesión de hoy, 14 de julio, el Pleno también ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Memoria Democrática, con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones. Esta iniciativa continúa ahora su tramitación parlamentaria en el Senado. 

La iniciativa, que fue dictaminada por la Comisión Constitucional el pasado 4 de julio, tiene por objeto "la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida ésta como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España", así como "el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de ciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978". 

Entre las medidas que propone el texto se encuentran declarar como "ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar", así como los órganos penales o administrativos vinculados y las condenas y sanciones derivadas. Reconoce el "derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado" a las víctimas de la guerra y la Dictadura. También reconoce la "política de persecución y represión contra las lenguas y culturas catalana, gallega, vasca, aragonesa, occitana y asturiana", regula un registro de víctimas y prevé la creación de un Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, entre otras medidas. 

Por otro lado, el Pleno ha aprobado la Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial por 187 votos a favor, 152 en contra y 7 abstenciones.

El texto continúa ahora su tramitación en la Cámara Alta con la inclusión de la enmienda al articulado número 4 del Grupo Parlamentario Socialista aprobada en la sesión plenaria de hoy. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en el Pleno de ayer, así como su tramitación directa y en lectura única.

Esta proposición de ley orgánica, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, recoge la introducción de un nuevo numeral 1ª en el apartado 1 del artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reconoce al Consejo General del Poder Judicial en funciones la capacidad de "proponer el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional". Dicho nombramiento tendrá que ser aprobado "por mayoría de tres quintos" y en un plazo máximo de "tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior", tal y como indica el texto.