El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 22/2021, de 26 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXIV reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, con 287 votos a favor, 1 en contra y 60 abstenciones. Además, se ha rechazado que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia por 63 votos a favor, 277 en contra y 7 abstenciones. 

El texto, defendido en el Pleno de la Cámara Baja por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, recoge una serie de medidas entre las que se encuentra la aplicación de la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre a los contratos necesarios para la preparación y celebración de la citada Asamblea General, que tendrá lugar el 30 de noviembre.

Por otra parte, el real decreto-ley, en aras de conseguir un mayor control en los fondos destinados a la organización de la XXIV sesión de la Asamblea General de la OMT, establece una unidad en la gestión de carácter obligatoria, a través del sistema de pagos a justificar. Esta figura tiene carácter potestativo en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y se prevé "con la finalidad de conseguir una mayor agilidad en la gestión y, al mismo tiempo, dotarle de un mayor control, ya que toda la gestión se va a reflejar en las cuentas que se tienen que rendir con motivo de la justificación de estos libramiento".

Este real decreto-ley también designa al secretario de Estado de Turismo como órgano competente para la contratación, así como "para aprobar y disponer los gastos necesarios, contractuales o no, y para reconocer las correspondientes obligaciones, con la finalidad de garantizar que las correspondientes gestiones se realizan de manera ordenada y eficiente bajo la autoridad de un único órgano administrativo".

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, los reales decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros son remitidos a la Cámara Baja, que debe pronunciarse sobre su convalidación o derogación en un plazo máximo de 30 días. De acuerdo con el Reglamento del Congreso, el debate se ajusta a los de totalidad, comenzando con la intervención de un miembro del Gobierno que explica las razones que han obligado a su promulgación. 

Sometidos a votación, la mayoría simple de votos afirmativos supone su convalidación. En caso de no alcanzarla, el real decreto-ley quedaría derogado. Asimismo, las iniciativas convalidadas pueden ser tramitadas como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia si así lo acuerda el Pleno a solicitud de un grupo parlamentario.