La Comisión de Justicia ha aprobado este martes, 21 de julio, con 28 votos a favor, 5 votos en contra y 3 abstenciones, el Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, procedente del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril.  Una vez superada esta votación, la iniciativa continúa su tramitación en el Senado.

Los grupos parlamentarios han ratificado, por asentimiento, el informe de la Ponencia y, a continuación,  han debatido las enmiendas al articulado que han mantenido vivas los grupos parlamentarios Mixto, Euskal Herria Bildu, Vasco (EAJ-PNV), Ciudadanos, Plural, Republicano, Vox, Popular y Socialista. 

La Comisión ha aprobado el Dictamen, con competencia legislativa plena, tras la incorporación de las enmiendas 121 del G.P. Ciudadanos, 129 del G.P. Socialista; las enmiendas transaccionales 140, del G.P. Plural; 104, 105, 106 y 107 del G.P. Popular; 96 del  G.P. Popular; 93 del  G.P. Popular y 112 del G.P. Ciudadanos; 12 del G.P. Vasco (EAJ-PNV) y 95 del  G.P. Popular; 1 de Compromís (G.P. Plural), 118, 119, 120 del G.P. Ciudadanos y 117 de Junts per Catalunya (G.P. Plural); 31 del G.P. Republicano y 162 del G.P. Plural; 30 del G.P. Republicano y 162 del G.P. Plural; 16 del G.P. Vasco (EAJ-PNV); 99 del  G.P. Popular; 111 del G.P. Ciudadanos; la enmienda 12 de corrección técnica; y una enmienda de corrección técnica a la exposición de motivos. 

Las enmiendas aprobadas hoy se añaden a las ya incorporadas en el trámite de ponencia, en el que se acordó, entre otras modificaciones al texto original, la tramitación preferente de las inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones; la expedición de certificaciones, incluidas las de fe de vida y estado; los expedientes de matrimonio y celebración de bodas; y el trámite de jura en los expedientes de nacionalidad. También se acordó la adopción de las medidas necesarias para asegurar que en el uso de métodos telemáticos se garantizan los derechos de todas las partes del proceso, y que cuando se disponga de los medios materiales para ello, se podrá acordar la emisión de las vistas mediante sistemas de difusión telemática de la imagen y el sonido.

El proyecto de ley, que será enviado a la Cámara Alta, procede del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, convalidado por el Congreso el 13 de mayo, que establece una serie de medidas procesales, concursales, organizativas y tecnológicas dirigidas a retomar gradualmente la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales tras el confinamiento a causa de la crisis sanitaria del coronavirus. Además, da respuesta al previsible incremento de la litigiosidad que se derivará de la propia crisis sanitaria.