El Pleno ha aprobado este martes, con 177 votos a favor y166 en contra, la toma en consideración de la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para delimitar los casos en los que el Gobierno puede oponerse a la tramitación de iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios si implican aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.

Tras esta primera votación, la proposición de reforma llegará a la Comisión de Reglamento, donde se debatirán y votarán las enmiendas presentadas por los grupos. A continuación, el dictamen de la Comisión será llevado nuevamente al Pleno para su aprobación definitiva, donde deberá alcanzar mayoría absoluta.

La modificación, propuesta por el grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, afecta concretamente a la redacción de los artículos 111 y 126 del Reglamento del Congreso.

La Constitución concede al Ejecutivo la potestad de oponerse a la tramitación de proposiciones de ley o de enmiendas presentadas por los grupos que, en su opinión, afecten a los ingresos o gastos presupuestarios.

A este respecto, el grupo proponente plantea que la disconformidad del Gobierno con la tramitación de una iniciativa deberá comunicarse de forma expresa, suficientemente motivada, dentro del plazo de treinta días hábiles a partir de su publicación y deberá referirse exclusivamente al ejercicio presupuestario en curso. 

Asimismo, la modificación establece que la Mesa podrá requerir al Ejecutivo la aportación de motivación adicional dentro del plazo de quince días. En esta línea, también estará capacitada para solicitar un informe a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales sobre el impacto presupuestario de la norma. 

Además, la Mesa estará facultada para incluir en el orden del día el debate de la proposición de ley "vetada", cuando la disconformidad del Gobierno no fuera expresa, suficientemente motivada, no se refiriese únicamente al ejercicio presupuestario en curso o su admisión pudiera violar los derechos fundamentales o la potestad legislativa que asisten a los parlamentarios. 

Los proponentes aseguran que la actual legislación no establece un protocolo de actuación que refleje los requisitos formales y de motivación a los que debe someterse el Gobierno para justificar su disconformidad. 

Además, Unidos Podemos afirma que la redacción vigente genera "absoluta inseguridad jurídica" al establecer que el Gobierno podrá manifestar en cualquier momento de la tramitación su disconformidad con esa iniciativa de la oposición.