La secretaria primera del Congreso de los Diputados, Alicia Sánchez-Camacho, ha leído al término del Pleno, antes de las votaciones, una declaración institucional del Pleno sobre el Día Mundial de la Alimentación.

"El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado por la Organización mundial de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, FAO, con la finalidad de concienciar sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.

El derecho a la alimentación es un derecho humano universal reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que permite que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada. Sin embargo, se calcula que en el mundo hay un total de 815 millones de personas que han sufrido desnutrición crónica durante el año 2016. No podemos olvidar que, de acuerdo con los organismos internacionales, el 70 % de las personas que sufren hambre en el mundo son pequeños agricultores, ganaderos, pescadores artesanales o pastores y que, de ellos, el 75 % son mujeres. 

El acaparamiento de tierras, la volatilidad de los precios agrarios, el control sobre el agua o sobre otros recursos naturales les impide poder desarrollar su actividad productiva con garantías de progreso. Dicha cifra podría verse aumentada como consecuencia del aumento de conflictos, el aumento de la inestabilidad política, así como de las derivadas de la escasez, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. 

Los sistemas alimentarios están formados por procesos complejos en los que participan diversos actores. El entorno, las personas, las instituciones, los procesos de producción y distribución influyen sobre el acceso final a los alimentos y en la capacidad de poder elegir dietas saludables. El funcionamiento de la cadena alimentaria no siempre es justo y transparente para los eslabones más débiles, que son los productores y los consumidores.

Desde el año 2007 el número de personas que habita en áreas urbanas empezó a ser mayor que el que vive en zonas rurales. Los expertos predicen que estas cifras irán en aumento y la urbanización planteará problemas en la eficiencia del abastecimiento y distribución, incrementando los peligros para la salud y la seguridad alimentaria a su vez. Las ciudades, como grandes consumidoras de recursos, necesitan cambiar los planteamientos de las políticas destinadas por ahora tan solo a proporcionar sustento trasladando una concepción más sistémica y promoviendo programas municipales y políticas coherentes relativas a la alimentación. 

Combatir esta dramática dualidad mundial desde las ciudades es el objetivo del Pacto de política alimentaria urbana de Milán, firmado en la población italiana en 2015 por ciento veintiocho ciudades y que ahora, con motivo del reconocimiento de la ciudad de Valencia como capital mundial de la alimentación sostenible 2017, pretende que cada vez más ciudades adopten sus compromisos. Es necesario, por tanto, desarrollar sistemas alimentarios sostenibles inclusivos, resilentes, seguros y diversificados para asegurar una comida sana y accesible con el fin de reducir los desperdicios de alimentos y preservar la biodiversidad y al mismo tiempo mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. 

Señorías, el Congreso de los Diputados, con motivo del Día Mundial de la Alimentación y coincidiendo con el año en que la ciudad de Valencia es capital mundial de la alimentación sostenible, quiere sumarse al objetivo de lograr sistemas alimentarios sostenibles y reafirma los compromisos establecidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 para alcanzar la meta del Hambre Cero e insta al Gobierno de España a avanzar decididamente en la política de lucha contra el hambre y en la apuesta global por una alimentación sostenible".