El Congreso de los Diputados ha aprobado iniciar la tramitación de la Proposición de Ley 25 de Emergencia Social  impulsada por Pablo Iglesias del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea y otros 56 diputados más de este mismo grupo, junto a uno de Compromís (Mixto). 

Una vez superado el debate de toma en consideración de esta iniciativa legislativa, el texto continuará su tramitación en ponencia y comisión, donde se debatirán y votarán las enmiendas al articulado que presenten los grupos parlamentarios y se elaborará el dictamen que debe aprobarse antes de ser remitido al Senado.

Tal y como se expone en la formulación de esta norma, "la Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, y para establecer las bases del régimen energético, conforme a los artículos 149.1.1 y 149.1.25 de la Constitución española". 

Asimismo, "la presente Ley pretende actuar ante las emergencias sociales para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 10 de la Constitución española. Se pretende, en primer lugar, que las medidas puestas en marcha sirvan para rescatar a aquellas personas que no ven satisfechos unos mínimos vitales para vivir en condiciones adecuadas; asimismo se espera que los efectos de estas medidas supongan una primera ruptura en el círculo vicioso de la pobreza de muchos ciudadanos". 

"Esta primera actuación de rescate ciudadano se basa en tres pilares fundamentales: la universalidad de la sanidad y el acceso a los medicamentos, la vivienda y el suministro energético", argumentan los proponentes, que resaltan la necesidad de llevar a cabo una nueva norma que proteja a todos aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de emergencia social dado el complicado contexto económico y social que se vive en nuestro país. 

En este sentido, indican que, "a pesar de que varios indicadores sociodemográficos demuestran que el nivel de pobreza y la desigualdad se ha incrementado de forma importante en España, a día de hoy no existe en nuestro ordenamiento jurídico un marco legislativo adecuado que permita garantizar a la ciudadanía en riesgo de pobreza unos mínimos vitales que le permitan hacer frente a sus principales necesidades habitacionales, de suministros energéticos y de asistencia sanitaria y medicación".