Los seis candidatos propuestos por los grupos parlamentarios del Congreso a consejeros del Tribunal de Cuentas han sido declarados idóneos por la Comisión Consultiva de Nombramientos, que se ha reunido este martes 2 de noviembre. La comisión ha mostrado su parecer favorable a las candidaturas de Enriqueta Chicano Jávega, Isabel Fernández Torres, Mª Dolores Genaro Moya, Diego Íniguez Hernández, José Manuel Otero Lastres y Miguel Ángel Torres Morato por 242 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención.

 

El dictamen de la comisión es trasladado ahora al Pleno de la Cámara Baja, donde se exige una mayoría de tres quintos para su designación, según se establece en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

 

En la sesión de hoy, la Comisión de Nombramientos ha escuchado en primer lugar las comparecencias de los cuatro candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, sobre los que también declaró su idoneidad. Y a continuación prosiguió con las comparecencias de los candidatos a consejeros del Tribunal de Cuentas, que han respondido a las preguntas de los miembros de la comisión sobre cualquier extremo relacionado con su trayectoria profesional o académica, o sobre sus méritos personales, como establece la Resolución de la Presidencia del Congreso sobre nombramiento de Autoridades del Estado.

 

Una vez finalizadas las intervenciones, la Comisión de Nombramientos, que toma sus decisiones por voto ponderado, se ha pronunciado a favor de la idoneidad de los candidatos a consejeros y ha decidido elevarlo al Pleno del Congreso, donde las candidaturas deberán contar con el respaldo de, al menos, tres quintas partes de sus miembros.

 

Los consejeros de cuentas son designados por las Cortes Generales: seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado por un periodo de nueve años y su renovación es completa.

 

 

Para la designación de los consejeros que le corresponden a la Cámara Baja, cada grupo parlamentario puede proponer hasta un máximo de seis candidatos, que deberán cumplir los requisitos que exige la ley.

 

Los candidatos deben ser censores del Tribunal de Cuentas, censores jurados de cuentas, magistrados o fiscales, profesores de Universidad o funcionarios públicos de Cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica superior, abogados, economistas o profesores mercantiles, de reconocida competencia y al menos quince años de ejercicio profesional.

 

 

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional y depende directamente de las Cortes Generales.

 

Sus funciones propias son la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público, y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable de quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

 

Como dice el artículo 136 de la Constitución Española, el Tribunal de Cuentas remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. También establece que los miembros de este órgano gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces.