De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, los reales decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros son remitidos a la Cámara Baja, que debe pronunciarse sobre su convalidación o derogación en un plazo máximo de 30 días. De acuerdo con el Reglamento del Congreso, el debate se ajusta a los de totalidad, comenzando con la intervención de un miembro del Gobierno que explicará las razones que han obligado a su promulgación. 

Sometidos a votación, la mayoría simple de votos afirmativos supone su convalidación. En caso de no alcanzarla, el Real Decreto-ley quedaría derogado. Asimismo, las iniciativas convalidadas pueden ser tramitadas como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia si así lo acuerda el Pleno a solicitud de un grupo parlamentario.

 

El Pleno de esta semana ha concluido con el debate del dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores de un Convenio Internacional sobre la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea y por el que se deroga la Decisión 2014/335/UE, Euratom, que ha sido aprobado con 326 votos a favor, 2 en contra y 19 abstenciones.

La sesión plenaria comenzó esta semana a las 15:00 de este martes, 16 de febrero, con la toma en consideración de la Proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que salió adelante con  160 votos a favor, 52 votos en contra y 133 abstenciones. Así, la Cámara Baja ha dado luz verde al inicio de su tramitación parlamentaria. 

Esta iniciativa, presentada por el Grupo Socialista, pretende garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación y respetar la igual dignidad de las personas, en desarrollo de los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución. 

También se debatió la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, impulsada por el Grupo Popular, que fue rechazada por 158 votos a favor, 179 votos en contra y 8 abstenciones. Esta proposición tenía por objetivo "un refuerzo de las medidas actualmente existentes en el ordenamiento jurídico" para "la protección de la convivencia vecinal y de la seguridad de las personas y las cosas ante situaciones de ocupación ilegal de cosa inmueble".

 

La sesión del martes continuó con las proposiciones no de ley, cuya votación se ha producido este jueves para conceder plazo para la emisión del voto telemático. En primer lugar, se debatió la del Grupo Vox, relativa al establecimiento de plazos máximos de resolución en los procesos constitucionales, que ha sido rechazada por el Pleno. En ella se instaba al Gobierno "a presentar ante las Cortes Generales un proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional" en el que se establezcan,  entre otros asuntos, "un plazo máximo de tres meses para que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad" y "la regulación de un recurso de inconstitucionalidad acelerado contra la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio y contra cualquiera de sus prórrogas". 

 

Por último, la sesión finalizó con la proposición no de ley impulsada por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que ha salido adelante este jueves con con 184 votos a favor, 145 en contra y 21 abstenciones. Mediante esta iniciativa se insta al Gobierno,  entre otros asuntos, a "modificar la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y evaluar los resultados de su aplicación a nivel nacional para que recoja la violencia obstétrica, la explotación reproductiva, la esterilización forzosa y el aborto forzado como formas de violencia contra las mujeres; así como la eliminación del periodo de reflexión". 

 

En la jornada del miércoles 17 de febrero, a partir de las 9:00 horas, se celebró la sesión de control al Gobierno con las preguntas e interpelaciones urgentes registradas por los grupos parlamentarios hacia los miembros del Ejecutivo. 

En esta ocasión, se formularon 15 preguntas, dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; y a las ministras de Defensa, Margarita Robles; de Hacienda, María Jesús Montero; y los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Asimismo, el Pleno también acogió tres interpelaciones urgentes. La primera, del Grupo Ciudadanos, "para garantizar el ejercicio del periodismo en libertad y sin injerencias políticas", dirigida al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. La segunda, del Grupo Popular, "para que el Gobierno aclare su posición respecto a la petición de anular la deuda pública mantenida por el BCE, que han pedido los dos partidos principales (PSOE y UP) que les respaldan", que ha respondido la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Y, por último, la interpelación urgente del Grupo Vox, "sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno para indemnizar a todos los españoles a quienes se les ha prohibido trabajar", que ha contestado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. 

La sesión del miércoles finalizó con el debate de tres mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, cuya votación se producirá  este jueves, para conceder plazo para la emisión del voto telemático. La primera de ellas, del Grupo Parlamentario Republicano, "sobre si tiene previsto el Gobierno un giro en su política territorial, y en particular respecto al conflicto con Cataluña", a la que el Grupo Parlamentario Vox ha presentado una enmienda, y que ha sido rechazada por el Pleno en la votación que ha tenido lugar este jueves.

A continuación, una de Foro Asturias, formación integrada en el Grupo Mixto, "sobre el desarrollo de la campaña de vacunación del coronavirus COVID-19 para tratar de inmunizar a la población española en el menor tiempo posible y frenar las trágicas secuelas del contagio, que también ha sido rechazada por el Pleno. Los grupos Ciudadanos y Vox habían presentado enmiendas a esta iniciativa.

 
Y, por último, la moción presentada por el Grupo Popular "para que el Gobierno explique los pasos que está dando para resolver el problema de financiación -actual y futura- de las Comunidades Autónomas", a la que Compromís (Grupo Mixto) y el Grupo Socialista también han presentado enmiendas. La moción ha sido votada por puntos, siendo aprobado con 262 votos a favor, 62 en contra y 20 abstenciones, el punto 2 de la misma, por el que se insta al Gobierno a "retomar, en el marco de la Conferencia de Presidentes, los trabajos que quedaron pendientes en 2018 para reformar el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Haciendas Locales, con el fin de resolver- con la mayor urgencia posible- las insuficiencias del actual sistema y garantizar los principios de Igualdad, Equidad, Transparencia, Solidaridad y Corresponsabilidad fiscal".