Se abre la sesión a las doce horas.

El señor PRESIDENTE Buenos días. Se abre la sesión.

El letrado de la comisión está procediendo a confirmar los
asistentes o las sustituciones que se hayan comunicado y que pueda
haber.

Vamos a ver en esta sesión, como punto único, la proposición de
reforma del artículo 49 de la Constitución española.

Antes de comenzar el debate, voy a leer un escrito que se ha
remitido por parte de la Mesa de la Cámara y que dice lo siguiente «La
Mesa de la Cámara, en su reunión del día 24 de enero de 2024, al amparo
del artículo 36.1.c) del Reglamento del Senado, ha acordado, en relación
con la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución
española, no admitir a trámite las siguientes enmiendas enmienda
número 1, del excelentísimo señor don Enric Xavier Morera Català, senador
perteneciente al Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, Más Madrid,
Eivissa y Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y
Geroa Bai; y enmiendas números 2 y 3, del excelentísimo señor don Juanjo
Ferrer Martínez, senador perteneciente al mismo grupo parlamentario, ya
que las mismas no guardan relación directa con la materia regulada por el
artículo 49 de la Constitución española y, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional, excederían de modo manifiesto el objeto y
la finalidad de la proposición de reforma, constituyendo una iniciativa
de reforma constitucional distinta que debería seguir el procedimiento
correspondiente.

Asimismo, la Mesa ha acordado que el plazo de presentación de
eventuales solicitudes de reconsideración, de conformidad con el
artículo 36.2 del Reglamento del Senado, finalizará a las dieciocho horas
del día de hoy. Palacio del Senado, a 24 de enero de 2024. Sara Sieira
Mucientes, letrada mayor del Senado». (El senador Morera Català pide la
palabra).

Senador Morera, tiene la palabra.

El señor MORERA CATALÀ Muchas gracias, señor presidente.

De acuerdo con el artículo 90 de nuestro Reglamento, con la
observancia del Reglamento en conexión con el artículo 89, sobre la
lectura de cualquier documento relevante y entiendo que este es muy
relevante en esta comisión , pido la palabra a la presidencia para
informar sobre el documento que acabamos de presentar y que tiene que ver
con el objeto de esta comisión.

El señor PRESIDENTE Tiene usted dos minutos.

El señor MORERA CATALÀ Muchas gracias, presidente.

Nuestro grupo acaba de recibir la resolución de la Mesa, como
usted muy bien ha leído, y entendemos que es una resolución merecedora de
un recurso de reconsideración. Lo hemos presentado ya, y es el recurso
que quiero dar a conocer en esta comisión. Entendemos que el fundamento
de la Mesa, el informe del letrado, no es correcto, que atenta
directamente contra el artículo 23 de la Constitución, que puede ser
objeto de una vulneración grave de los derechos de los diputados, de su
participación en los asuntos que nos competen. Estamos en una reforma
constitucional importante y nuestro grupo, como usted bien ha dicho, ha
presentado dos enmiendas; dos enmiendas que vienen avaladas, en el caso
de la enmienda que yo he presentado, por la mayoría absoluta de las
Cortes Valencianas.

Entiendo que deberíamos leer con atención el escrito de
reconsideración hoy aquí, parar esta comisión y pronunciarnos al
respecto, porque entiendo que evitaríamos un mal mayor.

El señor PRESIDENTE Vaya terminando, señoría.

El señor MORERA CATALÀ Quiero decir que para cuando el Tribunal
Constitucional nos diese la razón podríamos estar cometiendo una lesión
grave, como ya se cometió con el diputado del Congreso Alberto Rodríguez.
Por tanto, yo pido formalmente que se lea nuestro recurso y que esta
comisión entienda que debe tramitar las dos enmiendas presentadas por
nuestro grupo para que puedan ser discutidas y votadas. No se puede
privar a los senadores de este Senado del derecho a ejercer su voto libre
y democrático y, por tanto, entiendo que nuestro escrito de
reconsideración debería ser tenido en cuenta por la presidencia. Tengo
aquí el escrito, y si quiere se lo acercaré.

El señor PRESIDENTE Muchas gracias. No, no hace falta.

Ustedes tienen plazo en el día de hoy para presentar esos recursos
ante la Mesa del Senado. Le corresponde a la Mesa del Senado decidir
sobre esos recursos, no a esta comisión. Teniendo en cuenta la decisión
que ha tomado la Mesa esta mañana, en este momento no hay enmiendas y,
por lo tanto, no hay plazo de enmiendas en el debate de esta comisión. Es
decir, no nos corresponde ni debatir ni votar esas enmiendas. Si fueran
aceptadas por la Mesa, se verían mañana en el Pleno y si no, pues no
habría enmiendas...

Ustedes tienen plazo en el día de hoy para presentar esos recursos
ante la Mesa del Senado. Le corresponde a la Mesa del Senado decidir
sobre esos recursos, no a esta comisión. Teniendo en cuenta la decisión
que ha tomado la Mesa esta mañana, en este momento no hay enmiendas y,
por lo tanto, no hay plazo de enmiendas en el debate de esta comisión. Es
decir, no nos corresponde ni debatir ni votar esas enmiendas. Si fueran
aceptadas por la Mesa, se verían mañana en el Pleno y si no, pues no
habría enmiendas...

El señor MORERA CATALÀ Presidente...

El señor PRESIDENTE Senador Morera, ya no le voy a dar la palabra
porque ya le he escuchado perfectamente y le han escuchado todos los
miembros de la comisión. Y le estoy explicando que, conforme al
Reglamento, en este momento no hay ninguna enmienda en vigor. Ustedes van
a recurrir... (El señor Morera Català Van a vulnerar los derechos de los
senadores). No se está vulnerando nada. Ustedes van a recurrir ante la
Mesa. La Mesa les va a aceptar ese recurso, lo va a ver, con lo cual no
se está vulnerando ningún derecho. (El señor Morera Català Estoy
intentando evitar un mal mayor). No me interrumpa, por favor. Se está
aceptando y se está utilizando el derecho que tienen ustedes a recurrir a
la Mesa. La Mesa así lo hará.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que no hay enmiendas ahora mismo
en vigor en esta reunión, pasamos al siguiente turno, que es la
ordenación del debate.

Tal y como se acordó ayer en la Junta de Portavoces, hay un turno
a favor y un turno en contra. Me dice el señor letrado que no se van a
utilizar estos dos turnos, a no ser que alguno de los portavoces quiera
hacerlo; es el momento de pedir la palabra. Y si no fuera así, en la
Junta de Portavoces de ayer se decidió que la ordenación del debate sería
pasar a un turno de portavoces, en este caso, de mayor a menor.

Pasamos, por tanto, al turno de portavoces, y empezamos por el
Grupo Parlamentario Popular, para lo cual tiene la palabra el senador
Jerez, por tiempo de diez minutos.

El señor JEREZ JUAN Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, iniciamos el debate en comisión sobre la reforma del
artículo 49 de la Constitución para continuar el proceso que concluirá
con la tercera reforma que experimentará nuestra norma fundamental en
cuarenta y cinco años de vigencia; una circunstancia que constata el
éxito de los constituyentes en su propósito de otorgar a la reforma
perdurabilidad en el tiempo y convertirla en un elemento esencial de
convivencia y en un elemento esencial de libertad, a pesar de los
constantes embistes desestabilizadores que habitualmente recibe.

Si bien las dos anteriores reformas vinieron impuestas por las
exigencias de Europa, esta tercera viene determinada por otra exigencia,
una exigencia moral; una exigencia moral que nos interpela a todos para
resolver una injusticia social. Hoy es nuestro deber rectificar el
artículo 49 de la Constitución española, pero hacerlo no para reparar la
tarea del legislador constituyente que otorgó a todos los españoles los
mismos derechos y las mismas libertades, sino para reparar las
consecuencias de la inacción del legislador actual, que ha mantenido
demasiado tiempo la palabra «disminuido» vigente. Y a través de este
proceso legislativo que continuamos, vamos a reescribir un nuevo
capítulo, el próximo capítulo de nuestra historia como sociedad, de
nuestra historia colectiva. Nuestra Constitución no es solo un documento,
sino que es el reflejo de la sociedad que somos y también el reflejo de
la sociedad a la que aspiramos, una sociedad más justa, más solidaria,
una sociedad de iguales en la que nadie sea más que nadie; en definitiva,
una sociedad más inclusiva, unida, eso sí, y cohesionada también, en
nuestras diversidades.

A lo largo de la historia democrática, pero especialmente durante
los últimos diez años, el apoyo a las personas con discapacidad ha
representado un espacio común de encuentro entre formaciones políticas
con idearios distintos. Sucedió con la modificación del Código Penal para
abolir la esterilización forzosa de personas incapacitadas judicialmente.
Después vino la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con
Discapacidad para regular la accesibilidad cognitiva; y recientemente se
ha llevado a cabo la reformulación de la legislación civil y procesal
para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica o también la aprobación de la ley que permitió la
ampliación del derecho al sufragio a todas las personas con
discapacidad.

Y a pesar de todo esto, a pesar de acumular un acervo colectivo
que nos engrandece como sociedad, tenemos que lamentar que hoy en ese
lugar de encuentro, en ese lugar de coincidencia no estemos todos. Hay
que lamentar que ese amplio consenso que representó la primera reforma de
todas hace treinta y dos años no se reproduzca treinta y dos años más
tarde. Hay que lamentar que se salga del encuadre de la foto. Flaco favor
hacen a la historia parlamentaria de este país y a los más de 4,5
millones de españoles y españolas que dejarán de ser considerados lo que
nunca fueron disminuidos. Pero aun así los demás seguiremos en esta
tarea, seguiremos impulsando esta reforma y mañana, en el Pleno, lo
volveremos a hacer. Y celebraremos la victoria, y lo haremos con ellas y
lo haremos con ellos y con sus familias y con todas las entidades que los
representan, aquellas que los protegen y aquellas que defienden sus
derechos cada día que pasa, porque a ellas y a ellos corresponde este
éxito legislativo, nada menos y nada más que modificar la Constitución
española. Y a esa celebración hay algunos que han decidido no sumarse.
Una oportunidad perdida, un camino de no retorno.

Y a pesar de todo esto, a pesar de acumular un acervo colectivo
que nos engrandece como sociedad, tenemos que lamentar que hoy en ese
lugar de encuentro, en ese lugar de coincidencia no estemos todos. Hay
que lamentar que ese amplio consenso que representó la primera reforma de
todas hace treinta y dos años no se reproduzca treinta y dos años más
tarde. Hay que lamentar que se salga del encuadre de la foto. Flaco favor
hacen a la historia parlamentaria de este país y a los más de 4,5
millones de españoles y españolas que dejarán de ser considerados lo que
nunca fueron disminuidos. Pero aun así los demás seguiremos en esta
tarea, seguiremos impulsando esta reforma y mañana, en el Pleno, lo
volveremos a hacer. Y celebraremos la victoria, y lo haremos con ellas y
lo haremos con ellos y con sus familias y con todas las entidades que los
representan, aquellas que los protegen y aquellas que defienden sus
derechos cada día que pasa, porque a ellas y a ellos corresponde este
éxito legislativo, nada menos y nada más que modificar la Constitución
española. Y a esa celebración hay algunos que han decidido no sumarse.
Una oportunidad perdida, un camino de no retorno.

Señorías, lo hemos dicho, esta reforma persigue una sociedad
todavía más inclusiva, pero no inclusiva desde el presente que a cada uno
nos ha tocado vivir, sino desde el presente y futuro que nos queda
todavía por vivir. Todos los que estamos hoy aquí, en esta sala, somos
potencialmente discapacitados. Desde esta visión de largo alcance, desde
esta perspectiva también empática, es como debemos abordar esta reforma.
Las circunstancias pueden cambiar para cualquiera de nosotros, porque la
fragilidad es consustancial a la experiencia humana. Señorías, en esta
vida la adversidad puede presentarse en cualquier momento, en cualquier
circunstancia y cuando llegue esa adversidad, el Estado social que recoge
nuestra Constitución debe estar ahí para proporcionarnos la ayuda que
vamos a necesitar.

Se trata, por lo tanto, y termino, de tejer una red, una red de
compromiso inclusivo con nosotros mismos, con aquellas personas que hoy
son personas con discapacidad y con todos aquellos que también lo seremos
el día de mañana.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE Muchas gracias, senador Jerez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Martín.

La señora MARTÍN GARCÍA Muchas gracias.

Buenos días.

Antes de nada, me gustaría que constara el honor que es para mí
participar en esta comisión donde vamos a reformar la Constitución, no
solamente como miembro del Senado, sino también como profesora de
Derecho, porque de alguna forma supone un espaldarazo conocer y plantear
estas cuestiones y, en definitiva, participar de esta comisión en la que
prácticamente todos trabajamos al unísono.

La reforma del artículo 49 de la Constitución forma parte de los
deberes que tenemos que afrontar los poderes públicos, en nuestro caso el
Poder Legislativo, en tanto que conocemos que las leyes, las normas
jurídicas deben ser fiel reflejo de lo que acontece en la sociedad, y la
sociedad española ha experimentado un cambio significativo desde que se
aprobara la carta magna. Han transcurrido cuarenta y seis años trazados
de avances sociales que han convertido a nuestro país en una España
diferente, con percepciones distintas en torno al tratamiento de la
figura de la discapacidad, no solo desde la perspectiva del uso del
lenguaje, más inclusivo a todas luces, sino también desde la atribución,
o mejor, desde el reconocimiento de los derechos y libertades de las
personas con capacidades diferentes. Hemos pasado de someterlos a una
tutela, con facultades cuasi absolutas, al reconocimiento de la autonomía
personal en el más amplio sentido de la palabra.

La promulgación de la Constitución española y, en el caso que nos
ocupa, la configuración de su artículo 49, supuso un impulso ya para
todas las políticas que en torno a las personas con discapacidad se
venían desarrollando en nuestro país. Pero, sin duda, es durante el siglo
XXI cuando mayores avances en materia de derechos se han producido, tanto
a nivel internacional como a nivel nacional. Por ejemplo, cabe citar la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada
por Naciones Unidas en diciembre de 2006 y ratificada un año después por
nuestro país. Tampoco podemos olvidar normas jurídicas de ámbito nacional
tan relevantes como el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social a través del Real
Decreto Legislativo 1/2013, o la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, cuya última modificación del Gobierno socialdemócrata garantizó
el derecho a sufragio de más de 100 000 personas en España; personas con
discapacidad intelectual a las que se otorgó la capacidad de votar en
igualdad de condiciones que el resto de los españoles. No se trata de un
derecho baladí, sino que supone la máxima expresión de participación
política en una sociedad democrática. Y cómo no, la Ley 8/2021, de 2 de
junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el
apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad
jurídica. Esta norma supuso un gran avance al introducir importantes
reformas en materia civil y procesal, como es el derecho a reconocer esa
libertad de decisión que las personas con discapacidad poseen,
sustituyendo la incapacidad judicial por la capacidad jurídica en una
modificación que venía a consumar lo ya instaurado, como hemos dicho, por
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, donde se proclamaba el derecho de las personas con
discapacidad a ostentar la misma capacidad que el resto de las personas
físicas y en todos los ámbitos de la vida. Con esta medida, como decimos,
se persigue que las personas con discapacidad posean una mayor
independencia y autonomía en la toma de decisiones, pues antes dependían
generalmente de un tutor, cuando no directamente de la autoridad
judicial. Pero, además de las modificaciones legales sustantivas, la
Ley 8/2021 modificó también la terminología jurídica en materia de
discapacidad convirtiéndola en más inclusiva, como se ha venido haciendo
a lo largo de este siglo XXI, como decimos, desde el punto de vista
legislativo. Ya no se alude a términos como «incapaz» o «incapacitado»,
tampoco se habla de subnormales, inválidos o discapacitados, sino de
personas con discapacidad.

La promulgación de la Constitución española y, en el caso que nos
ocupa, la configuración de su artículo 49, supuso un impulso ya para
todas las políticas que en torno a las personas con discapacidad se
venían desarrollando en nuestro país. Pero, sin duda, es durante el siglo
XXI cuando mayores avances en materia de derechos se han producido, tanto
a nivel internacional como a nivel nacional. Por ejemplo, cabe citar la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada
por Naciones Unidas en diciembre de 2006 y ratificada un año después por
nuestro país. Tampoco podemos olvidar normas jurídicas de ámbito nacional
tan relevantes como el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social a través del Real
Decreto Legislativo 1/2013, o la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, cuya última modificación del Gobierno socialdemócrata garantizó
el derecho a sufragio de más de 100 000 personas en España; personas con
discapacidad intelectual a las que se otorgó la capacidad de votar en
igualdad de condiciones que el resto de los españoles. No se trata de un
derecho baladí, sino que supone la máxima expresión de participación
política en una sociedad democrática. Y cómo no, la Ley 8/2021, de 2 de
junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el
apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad
jurídica. Esta norma supuso un gran avance al introducir importantes
reformas en materia civil y procesal, como es el derecho a reconocer esa
libertad de decisión que las personas con discapacidad poseen,
sustituyendo la incapacidad judicial por la capacidad jurídica en una
modificación que venía a consumar lo ya instaurado, como hemos dicho, por
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, donde se proclamaba el derecho de las personas con
discapacidad a ostentar la misma capacidad que el resto de las personas
físicas y en todos los ámbitos de la vida. Con esta medida, como decimos,
se persigue que las personas con discapacidad posean una mayor
independencia y autonomía en la toma de decisiones, pues antes dependían
generalmente de un tutor, cuando no directamente de la autoridad
judicial. Pero, además de las modificaciones legales sustantivas, la
Ley 8/2021 modificó también la terminología jurídica en materia de
discapacidad convirtiéndola en más inclusiva, como se ha venido haciendo
a lo largo de este siglo XXI, como decimos, desde el punto de vista
legislativo. Ya no se alude a términos como «incapaz» o «incapacitado»,
tampoco se habla de subnormales, inválidos o discapacitados, sino de
personas con discapacidad.

Los socialdemócratas, siguiendo la senda legislativa ya iniciada,
propusimos eliminar el término «disminuido» de nuestra Constitución en
dos ocasiones, como bien saben los representantes en esta comisión
en 2018 y en 2021. En el primer intento se contó con el apoyo absoluto de
todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
Lamentablemente, en el año 2021, esa iniciativa fue paralizada por dos
partidos políticos, uno es el PP y, el otro, Vox. Animamos a Vox a unirse
a este reconocimiento y aplaudimos la decisión del Partido Popular de
sumarse a esta reforma tan necesaria. Hemos visto hoy día cómo todos
hemos reflexionado y cómo hemos entendido y apoyado esta reforma en el
Congreso de los Diputados, y esperamos que a partir de ahora se consume
en el Senado.

Más de dos años después, por tanto, nos encontramos en la Cámara
Alta con la obligación perentoria de dar trámite a una reforma
indispensable, imprescindible desde la reforma de los derechos y el
respeto a los derechos humanos, tanto desde el punto de vista del uso del
lenguaje inclusivo como en cuanto a su estructura y contenido,
reconociendo el principio de igualdad y la no discriminación de las
personas con discapacidad en relación con el resto de los ciudadanos,
pero, además, introduciendo la obligación de los poderes públicos de
desarrollar políticas que garanticen la plena autonomía personal e
inclusión social de las personas con discapacidad, sin olvidar colocar el
acento en un colectivo especialmente vulnerable la mujer y los menores
con discapacidad.

La reforma del artículo 49 de la Constitución constituye un paso
previo y necesario para la promulgación de una ley integral que sitúa a
las personas con discapacidad en el centro de las políticas
públicas.

Señorías, permítanme realizarles un llamamiento a todos y cada uno
de los miembros de esta comisión  estamos ante una justa reivindicación
del Cermi y de todas las personas con discapacidad, un 10 % de nuestra
sociedad. No les decepcionemos. Esta reforma constitucional es por y para
ellos, pero también para la mejora de nuestros derechos y nuestra calidad
democrática. Hagamos que los ciudadanos confíen en el valor de la palabra
dada, en el valor del diálogo y de los pactos. Estamos ante una reforma
que transforma nuestra sociedad y la mejora. Gracias al acuerdo de la
mayoría, estamos ensanchando el principio de igualdad, porque, tal como
afirmó Josep Borrell, el alto representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de la Seguridad, la igualdad es luchar contra las
diferencias no justificadas. Para eso estamos aquí trabajando en el
Senado, para cambiar la sociedad escuchando el sentir de los
ciudadanos.

Por todo ello, en el Grupo Parlamentario Socialista, estamos
firmemente convencidos de que no podemos ni debemos dejar transcurrir más
tiempo. Es el momento de atender el requerimiento de las asociaciones que
representan a las personas con discapacidad. Es el momento de coger la
mano de todas y cada una de las personas con discapacidad que viven con
nosotros y que trabajan también con nosotros, y reformar el artículo 49
de la Constitución, porque nos importan, porque no son invisibles, porque
son una parte esencial de nuestra sociedad, por su dignidad, porque el
progreso y los avances experimentados en estos últimos años en España no
serán tales hasta que no eliminemos cualquier vestigio de discriminación.
Porque en España, los socialdemócratas, tenemos como objetivo ensanchar
los valores democráticos.

Y termino. Esta es la política útil, la política con mayúsculas,
la que se asienta sobre los valores sociales; transcurre por el diálogo y
culmina en el acuerdo para que todas las personas con discapacidad sean
capaces de todo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE Muchas gracias, senadora Martín.

Por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia
(Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu) van a compartir el turno el
senador Zubiaga y el senador Reniu. ¿Quién empieza? (Pausa).

¿Senador Zubiaga? (Asentimiento).

Tiene usted la palabra.

El señor ZUBIAGA GARATE Gracias, presidente.

Señorías, confiemos en que esta comisión se reúna a menudo a lo
largo de la legislatura porque será una buena noticia que el poder
constituyente se mantenga activo. La necesidad de reformas sensatas es
muy evidente, aunque, si atendemos a las declaraciones de algunos
preclaros dirigentes, esto es un sindiós, no habría ya Constitución que
reformar; ha desaparecido la Constitución.

Señorías, confiemos en que esta comisión se reúna a menudo a lo
largo de la legislatura porque será una buena noticia que el poder
constituyente se mantenga activo. La necesidad de reformas sensatas es
muy evidente, aunque, si atendemos a las declaraciones de algunos
preclaros dirigentes, esto es un sindiós, no habría ya Constitución que
reformar; ha desaparecido la Constitución.

Si bien no perdemos de vista en absoluto el objeto de esa
iniciativa, conviene hacer una breve reflexión sobre el sentido de la
reforma constitucional.

Primera premisa no hay Constitución interna de inspiración
canovista que defina espacios sobre los que no cabe discusión. Habrá que
recordar, una vez más, que no estamos materialmente ante una democracia
militante, aunque el procedimiento de reforma agravado sí nos permite
hablar de una Constitución militante, de una Constitución militante de sí
misma, fosilizada en el año 1978.

Segunda premisa la Constitución escrita formal debe responder a
la constitución material de un Estado.

Sus señorías recordarán, sin duda, aquel «hagamos normal en las
instituciones lo que ya es normal en la calle». Es normal que exista un
cierto decalaje temporal entre la demanda popular y su recepción
normativa. Pero en esta ocasión y en esta cuestión, ese decalaje se ha
alargado en exceso. Un breve repaso de las reformas constitucionales
realizadas, y algunas de las pendientes, nos muestra que todas ellas
están relacionadas de un modo u otro con la soberanía. Las reformas del
artículo 13.2 y del artículo 135 respondieron a una nueva constitución
material del Estado derivada de la integración europea. Ambas suponían ya
una matización de la soberanía popular, en tanto en cuanto se concedía
derecho de sufragio pasivo a ciudadanos no estatales o directamente la
erosión constitucional de la soberanía popular, en tanto en cuanto,
en 2011, el poder omnímodo del mercado puso la satisfacción de la deuda
por encima de las necesidades de la gente. Ambas fueron implementadas con
rapidez, la segunda de forma fulgurante y yo diría que hasta alevosa. Y
hay una gran reforma constitucional pendiente que también afecta a la
soberanía estatal, a su reconceptualización. La Constitución escrita
de 1978 no respondió adecuadamente a la constitución material del Estado,
de naturaleza claramente plurinacional. Y el decalaje temporal entre esa
constitución material y lo que debería recoger la Constitución formal ya
se alarga en exceso, prácticamente medio siglo. El reconocimiento se
quedó en aquel momento a medio camino, las nacionalidades del artículo 2,
por las presiones fácticas que se resumen muy bien en el diktat del
artículo 8. Como hoy se supone que no existen esas presiones
antidemocráticas, puede y debe abrirse el debate sobre la
plurinacionalidad y el derecho a decidir. Sin embargo, es esta una
cuestión que no debe tratarse frívolamente. Una reforma territorial de
calado debe partir de acuerdos internos en nuestras respectivas naciones
y apartarse de lógicas partidarias y sectarias.

Y llegamos hoy a la reforma que nos ocupa, la del artículo 49,
que, curiosamente, afecta también a la soberanía, porque no cabe hablar
de soberanía popular en ausencia de una ciudadanía inclusiva. En esta
cuestión, la Constitución refleja una situación, una terminología que en
este momento se nos hace absolutamente inadmisible. El impulso de las
asociaciones ha sido fundamental para llegar hasta aquí y aunque, como en
tantas otras ocasiones, el legislador llega tarde, debemos congratularnos
y, sobre todo, felicitar a los impulsores verdaderos de esta reforma. No
hay democratización sin acción colectiva. Solo la lucha paga.

La mitología vasca, de naturaleza animista, nos muestra el valor
performativo del discurso (Pronuncia palabras en euskera) Todo lo que
tiene nombre existe. El término «disminuido» creaba y describía al tiempo
una existencia humana arrumbada, rechazada y ocultada; de ahí que el
cambio de la denominación, personas con discapacidad, sea muy importante,
aunque no suficiente. La altura moral de una sociedad no se mide en
función de las buenas palabras, sino del trato efectivo que da a las
personas más desfavorecidas. Por eso, es preciso subrayar otros
contenidos de la reforma tanto o más relevantes; contenidos que deberían
garantizar que esta reforma no sea meramente cosmética, porque la
Constitución no tiene una naturaleza autoaplicativa.

Hacen falta buenas leyes que garanticen efectivamente los derechos
y la igualdad, políticas públicas eficaces para la inclusión y la
autonomía personal, participación de los colectivos y una visión
interseccional, porque la subalternidad nunca viene sola. En síntesis,
derechos materialmente garantizados para los más desfavorecidos. Esta es
una de esas reformas que merecen la pena, una reforma decente, no como
aquella agosteña de 2011, que iba justamente por el camino contrario más
privilegios para los más poderosos.

Señorías, nos hallamos ante una reforma constitucional clara,
transparente, justa y hasta consensuada. No es tan difícil, ¿verdad?
Apliquemos esta misma lógica; las reformas pendientes no son pocas, y
algunas de ellas muy decentes y muy necesarias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE Muchas gracias, senador Zubiaga.

Senador Reniu, tiene usted la palabra.

El señor RENIU VILAMALA Gràcies, president.

Seguramente una parte de sus señorías recordarán el título de una
obra clásica en la ciencia política, firmada por Michel Crozier en 1969,
No se cambia la sociedad por decreto. Efectivamente, en nuestro caso,
cambiar una palabra no hace cambiar la realidad, sino que el uso de unas
u otras palabras o conceptos responde a cambios en la forma de percibir e
interpretar la realidad o de la voluntad de expresarla de forma diferente
y así contribuir a una evolución general de la mentalidad que permita
transformar la realidad.

Es por ello por lo que, en el ámbito de la discapacidad, hemos
vivido cambios en el uso del lenguaje y en la aceptación de la diferencia
que han ido acompañados de una evolución hacia la inclusión social. Más
allá del debate, hoy sabemos que lo más importante es hablar de las
personas, de sus necesidades y sus anhelos, de los obstáculos que los
poderes públicos debemos remover para su plena inclusión, máxime cuando
el proceso de envejecimiento de nuestras sociedades ha puesto en un
primer plano no solo la necesaria atención a los colectivos más jóvenes o
a las mujeres, tal y como se establece en esta reforma, sino también la
intersección entre envejecimiento y discapacidad.

Estamos hablando así de un tema que tiene que ver directamente con
la dignidad de las personas, más aún de la dignidad de la igualdad, la
equidad, la libertad, a fin de cuentas, tanto en sentido profundo como
práctico. Con esta tercera modificación de la Constitución española
dejaremos de lado definitivamente un término connotado peyorativamente,
ofensivamente, incluso deshumanizante para un número elevadísimo de
conciudadanos y conciudadanas. Así, la discapacidad deja ya de ser un
tabú lingüístico para permitirnos centrar los esfuerzos de los poderes
públicos en perseguir la igualdad social de todas y todos. Obviamente que
lo importante no son las diferencias entre nosotros, sino que las
diferencias en las capacidades no comporten en ningún momento la
discriminación, la explotación laboral, la minorización, la
deshumanización, el abandono o la indiferencia.

Para que ello sea posible, y para que realmente sea relevante
dicha modificación del texto constitucional, es preciso que este cambio
vaya acompañado de unos Presupuestos Generales del Estado que realmente
permitan la inclusión social de todas las personas; de unos presupuestos
que, entre otras herramientas, garanticen de una vez por todas que la Ley
de dependencia esté bien financiada, que se cumpla el porcentaje
obligatorio de personas con discapacidades trabajando en las grandes
empresas, que estén plenamente integradas en las administraciones
públicas y que las empresas que prestan servicios públicos les tengan en
cuenta en la configuración de los mismos.

No quiero terminar mi intervención sin hacer mención al proceso
seguido. Una tercera una primera a fin de cuentas, porque las dos
anteriores fueron impuestas reforma constitucional blindada por los dos
grandes partidos del régimen, excluyendo de facto al resto de formaciones
y sin la más mínima capacidad de diálogo hacia fuera del bloque del
régimen del 78. Un excelente ejemplo de la aluminosis política que hace
años aqueja al edificio del 78. Como decía anteriormente, por suerte, hoy
dejamos atrás un tabú lingüístico, pero constatamos la persistencia de un
tabú político que impide al Estado ponerse al día. Ustedes sabrán.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE Muchas gracias, senador Reniu.

Por el Grupo Parlamentario Plural en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente-Bloque
Nacionalista Galego, tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ Muchas gracias, presidente.

Moltes gràcies, bon dia.

Nos encontramos ante el debate de esta reforma de la Constitución
española en un artículo solamente, pero les he de decir que para mí es un
honor participar en esta modificación, porque buena parte de mi
dedicación a la política ha estado en las políticas sociales y muy cerca
de las personas con discapacidad. Precisamente, además, también dedico
parte de mi tiempo a esto, ya que soy presidente de una fundación que
tiene un centro especial de trabajo que da empleo a 350 personas con
fragilidad en salud mental. Por tanto, para mí esto es una prioridad, y
he de decir que me entristece que, en el siglo XXI, el artículo 49 de la
Constitución española aún hable de disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos. Ha habido una espera injustificada de muchos años para este
cambio y es una barbaridad que en el año 2024 la Constitución hable de
disminuidos.

La modificación, ¿qué plantea? Plantea que, por primera vez, en
este artículo 49 se hable de personas. Primer gran cambio habla de
personas.

Segundo gran cambio por primera vez habla de personas con
discapacidad, y esto significa poner en valor la capacidad de cada
persona, también sus otras capacidades. Por tanto, poner en valor a la
persona en su condición, en su capacidad, sea la que sea, y esto también
es importante.

Tercero manifiesta que son titulares de derechos en condiciones
de libertad y de igualdad real y efectiva. Es decir, habla también, por
primera vez, de ciudadanía plena. Por tanto, ya tenemos que habla de
personas y habla de ciudadanos, es decir, condiciones básicas para la
igualdad.

Cuarto afirma la obligación de garantizar la plena autonomía
personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en
entornos universalmente accesibles. No se habla solo de atención, sino
que también se habla de dar autonomía a las personas lo que quiere decir
la realización personal en función de sus capacidades y de su inclusión,
es decir, su protagonismo en la sociedad. Personas y ciudadanos
protagonistas en la vida de la sociedad y que, además, tengan entornos
accesibles, que no haya barreras de ningún tipo.

Quinto se atienden las necesidades específicas de las mujeres y
las niñas con discapacidad. Por primera vez se incluye la perspectiva de
género en este ámbito y, por tanto, en una sociedad que reclama esta
igualdad entre géneros, entre personas, entre hombres y mujeres, es clave
que también en el ámbito de las personas con discapacidad se tenga esta
visión. Y todo ello enmarcado en la protección prevista en los tratados
internacionales ratificados por el Estado español, pues muchas veces
hemos visto numerosas acciones en las que no se tiene en cuenta que hay
un marco internacional especialmente europeo que cumplir y al que
adaptarnos.

Por todas estas razones, desde Junts per Catalunya, y también
desde las otras formaciones políticas que están en el Grupo Plural,
daremos apoyo a esta reforma de la Constitución en el artículo 49,
reforma que no es solamente un cambio de palabras, sino un cambio de
paradigma para promover el respeto y la dignidad de todas las
personas.

No obstante, este debate de hoy, esta modificación constitucional,
demuestra el carácter obsoleto y rancio de la Constitución actualmente;
se le nota al paso de los años, desde 1978, y su inadaptación. Tenemos
una Constitución inamovible y rígida que no ha evolucionado ni con el
tiempo ni con la sociedad, excepto para el Tribunal Constitucional, que
la interpreta a su antojo. Hoy las dos grandes formaciones políticas que
hay en el Estado español han sido responsables de promover esta
importante reforma, pero también hemos de decir que lo han sido de su
retraso. Antes alguien hablaba de exigencia moral, pero hace años que hay
esta exigencia, y lamentamos que haya costado tanto que se exigiera el
cambio. Por tanto, celebramos la modificación, pero también hemos de
lamentar este retraso en el tiempo.

Finalmente, quiero destacar el compromiso efectivo, porque muchas
veces esto no se tiene en cuenta y estos días que se habla de
determinadas cosas lo quiero recordar , del catalanismo con las políticas
sociales. Así, en 1982 Ramón Trías Fargas, senador y diputado, gran
defensor de los derechos de las personas con discapacidad, fue el
impulsor de la LISMI en el Congreso de los Diputados, que promovió
precisamente la inserción laboral de las personas con discapacidad, hasta
entonces sin protección legal y amparadas exclusivamente por sus
familiares o por asociaciones y organizaciones sociales, entidades con
una gran presencia, arraigo e implantación en Cataluña, como también en
otras partes de los territorios del Estado español.

Desde Cataluña siempre hemos priorizado las políticas sociales
para construir una nación catalana de las personas, de todas y para todas
las personas, sin exclusión de ningún tipo. Esta Constitución, que tenía
la pretensión de ser una puerta abierta a la libertad y a la democracia,
para Cataluña ha acabado siendo, en muchos casos, una losa inmensa que
nos han puesto encima para frenar la libertad y la democracia. (Pronuncia
palabras en catalán). Porque es cierto que una Constitución que mucha
gente votó en su día para la libertad y la democracia, en muchas
ocasiones, demasiadas, se ha utilizado para todo lo contrario,
especialmente contra Cataluña.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE Muchas gracias, senador Cleries.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Beltrán de Heredia.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ Gracias, presidente.

Dieciséis años después de que España ratificara la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
gracias sobre todo, como se ha dicho aquí ya, al trabajo persistente y al
impulso de los colectivos y organizaciones de personas con discapacidad y
sus familiares, por fin se modificará el artículo 49 de la Constitución
para eliminar el término «disminuidos», un término anacrónico, peyorativo
y discriminatorio en referencia a las personas con discapacidad,
sustentado, sobre todo, en el modelo asistencial médico rehabilitador
propio de la época en la que se redactó la carta magna y que dista mucho
muchísimo, diría yo de los principios de las políticas actuales de
promoción, inclusión y desarrollo de la autonomía de la persona. Y no
solo se modifica el léxico, sino también el contenido en línea con la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Y sobre todo, y fundamentalmente, se reconoce a todas las
personas, más allá de su condición o capacidades, como objeto de
derecho.

Dieciséis años después de que España ratificara la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
gracias sobre todo, como se ha dicho aquí ya, al trabajo persistente y al
impulso de los colectivos y organizaciones de personas con discapacidad y
sus familiares, por fin se modificará el artículo 49 de la Constitución
para eliminar el término «disminuidos», un término anacrónico, peyorativo
y discriminatorio en referencia a las personas con discapacidad,
sustentado, sobre todo, en el modelo asistencial médico rehabilitador
propio de la época en la que se redactó la carta magna y que dista mucho
muchísimo, diría yo de los principios de las políticas actuales de
promoción, inclusión y desarrollo de la autonomía de la persona. Y no
solo se modifica el léxico, sino también el contenido en línea con la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Y sobre todo, y fundamentalmente, se reconoce a todas las
personas, más allá de su condición o capacidades, como objeto de
derecho.

Afortunadamente, se ha evolucionado en el modo de conceptualizar
las discapacidades en las actitudes sociales y en el desarrollo de las
políticas públicas para ir superando los obstáculos que garantizan a las
personas con discapacidad el ejercicio y disfrute de todos sus derechos.
Con esta reforma del artículo 49 de la Constitución, que avanza no solo
en la terminología, como decía, sino también en el contenido, este se
adecúa y acomoda mejor a los principios de no discriminación y promoción
de la igualdad reconocidos en los artículos 14 y 9, apartado 2, y se
afianza el compromiso y la obligación de los poderes públicos de asegurar
el disfrute pleno, en condiciones de igualdad, de todos los derechos y
libertades fundamentales para las personas con discapacidad.

Justo es reconocer que estos son los principios inspiradores de
las políticas actuales de promoción, inclusión y desarrollo de la
autonomía personal, y con este mismo espíritu se han producido
importantes modificaciones en el ordenamiento jurídico y en la producción
legislativa tanto estatal como autonómica, y tampoco se han encontrado
trabas para asumir en sus textos el cambio de léxico que ahora se propone
con esta reforma constitucional.

Es verdad que queda mucho camino por recorrer. Hay que seguir
avanzando en cuestiones como la accesibilidad, la participación plena, el
reconocimiento real de la autonomía personal de las personas con
discapacidad, y hay que seguir mejorando en la formación de los
profesionales de la educación, de la salud y del Poder Judicial. Y quiero
recoger una preocupación y hacer una llamada de atención sobre las
implicaciones de la revolución digital de las últimas décadas, que
efectivamente ofrece desarrollos tecnológicos que pueden suponer y
suponen, de hecho, una importante ayuda y posibilidades para la autonomía
de las personas con discapacidad, pero al mismo tiempo hay que estar
especialmente vigilantes sobre las consecuencias vinculadas a la
aparición de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial y
los riesgos de exclusión que estos desarrollos y soluciones pueden
comportar para garantizar los derechos de las personas con
discapacidad.

Pero al mismo tiempo que manifiesto el apoyo de nuestro grupo a la
reforma planteada, porque consideramos que es una cuestión de justicia y,
sobre todo, de respeto a la dignidad inherente a todas las personas,
tengan las capacidades que tengan, tengamos las habilidades que tengamos,
también quiero dejar constancia del desacuerdo de nuestro grupo con la
forma de tramitación por el procedimiento de urgencia y, sobre todo,
nuestro desacuerdo con el blindaje del Partido Socialista y el Partido
Popular y el impedimento de abrir un debate sobre otros aspectos de la
Constitución por la decisión de la Mesa de inadmitir cualquier tipo de
enmienda. Si la reforma planteada, como se ha expresado, es un signo de
calidad democrática, desde luego el procedimiento de tramitación no es el
mejor ejemplo de lo que ha de ser la democracia parlamentaria. Con esta
forma de actuar, señorías, nos están diciendo que la Constitución no es
un tótem inamovible, pero que solo se toca cuándo y dónde deciden los dos
grupos mayoritarios, Popular y Socialista.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE Muchas gracias, senadora Beltrán de
Heredia.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Más Madrid,
Eivissa I Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y
Geroa Bai), tiene la palabra la senadora Barcos.

La señora BARCOS BERRUEZO Gracias, presidente. Eskerrik
asko.

Acometemos, efectivamente, la recta final de la tramitación de la
reforma del artículo 49, y quiero empezar por congratularme creo que es
una convicción compartida de manera mayoritaria e incontestable por esta
Cámara y los grupos que la conformamos, pero quiero apuntar un par de
cuestiones. La primera es que lo hacemos en sentido inverso a la reforma
inmediatamente anterior a la que ahora acometemos aquí en el Senado. Me
refiero a aquella llevada a cabo se ha citado en algún momento en torno
al artículo 135 de la Constitución, que establece en estos momentos la
prevalencia de la estabilidad presupuestaria en la acción de las
administraciones públicas.

Estamos diciendo una cosa y la contraria, si atendemos a la
profundidad de las dos afirmaciones que se hacen en las dos reformas de
la carta magna, y esto quiero apuntarlo. Casa mal que reconozcamos una
manera integradora de entender nuestra sociedad si a las administraciones
públicas, a la acción de las administraciones públicas, les obligamos
desde el texto de la Constitución a esa prevalencia lo hemos visto,
además, a lo largo de estos años, desde agosto de 2011 de la estabilidad
presupuestaria. Insisto  una reforma y otra casan mal, pero, en este
sentido, quiero congratularme porque ahora sí estamos en la senda, a
nuestro entender, positiva.

Estamos diciendo una cosa y la contraria, si atendemos a la
profundidad de las dos afirmaciones que se hacen en las dos reformas de
la carta magna, y esto quiero apuntarlo. Casa mal que reconozcamos una
manera integradora de entender nuestra sociedad si a las administraciones
públicas, a la acción de las administraciones públicas, les obligamos
desde el texto de la Constitución a esa prevalencia lo hemos visto,
además, a lo largo de estos años, desde agosto de 2011 de la estabilidad
presupuestaria. Insisto  una reforma y otra casan mal, pero, en este
sentido, quiero congratularme porque ahora sí estamos en la senda, a
nuestro entender, positiva.

Se trata de una reforma, en cualquier caso, debida al conjunto de
la sociedad y esto creo que lo compartimos quienes hemos tomado la
palabra a lo largo de esta sesión y sobre todo a la dignidad de las
personas con discapacidad. Una reforma que, en la primera parte de su
tramitación, en lo que ha sido tratado en el Congreso, ha recibido ya el
reconocimiento de las entidades que representan a las personas con
diferentes discapacidades. Pero hoy, y en este trámite que acometemos en
el Senado, quiero poner de relieve que es, a nuestro entender, el
legislador quien debe agradecer a todas estas entidades su empeño y su
constancia en reclamar una reforma que ha tenido que esperar, sin duda,
demasiado tiempo. Un agradecimiento que hago extensivo a la posición que
han mantenido en otras muchas batallas legislativas también en la
crítica que hicieron a esa reforma del 135, como señalaba anteriormente
en las que estas entidades han sido verdadera bandera.

Sin embargo, he de reseñar una cuestión de orden que, a nuestro
entender, empaña en esta Cámara, como ya ocurrió en el Congreso, la
tramitación de la reforma. Me refiero, lógicamente, y tengo que citarlo
de manera expresa, a las enmiendas presentadas por mi grupo en este
proceso; enmiendas presentadas por el senador Morera y por el senador
Ferrer y que esta mañana han sido inadmitidas a trámite por la Mesa del
Senado.

En este sentido, quiero señalar que el argumento aludido esta
mañana por parte de la mesa en cuanto a que las enmiendas no guardan
relación directa con la materia regulada por el artículo 49 ya ha sido
recurrido por mi grupo. Tendremos, lógicamente, ocasión de que se
resuelva esta cuestión a lo largo de las próximas horas, pero más allá de
esta cuestión y en contestación también a aquellos los hemos escuchado
que añaden a esta cuestión un nuevo argumento, el de que la inclusión de
otras propuestas de reforma quita relevancia a la materia que hoy nos
ocupa, quiero leer un breve párrafo de un escrito del Cermi, en este caso
dirigido al senador Morera, pero en cualquier caso una carta pública en
relación con la propuesta de su enmienda en concreto. Señala el Cermi el
Comité español de representantes de personas con discapacidad El
movimiento Cermi en la Comunidad Valenciana, como bien sabe, es uno de
los sectores de la sociedad civil organizada que respalda activamente la
demanda de la reintegración efectiva del derecho civil valenciano este
era el objeto de la enmienda presentada, reivindicación que por adhesión
hace suya y comparte también el Cermi estatal. Nada obsta por nuestra
parte a que se aproveche la reforma en curso del artículo 49 de la
Constitución española para, al mismo tiempo, abordar la necesaria
reintegración de esta cuestión y de esta materia concreta.

Nos parece importante apuntarlo porque, como digo, en este debate
que se ha producido a lo largo de la tramitación del artículo 49, tanto
en la Cámara Baja como aquí en el Senado, ha sido lo señalaba antes
argumento recurrente decir No empañemos la reforma de este artículo 49
tan debida. Pues bien, una de las entidades con representatividad
incuestionable y reconocida por todos los aquí presentes apuesta también
por abrir a otras cuestiones, a esta en concreto al menos, la reforma de
la Constitución.

Termino, presidente, deseando a la reforma planteada en este caso
por mis compañeros y a otras que han sido apuntadas anteriormente la
misma suerte que la de la reforma que hoy nos ocupa, que en torno al
artículo 49 de la Constitución habla de una evolución de la sociedad, del
conjunto de la sociedad, muy por delante del legislador, como seguramente
tendremos ocasión de ver en un futuro en otras reformas igualmente
deseadas y deseables.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE Muchas gracias, senadora Barcos.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Caballero.

La señora CABALLERO MARTÍNEZ Gracias.

Buenos días a todos.

Es para mí una satisfacción intervenir por primera vez en esta
Comisión Constitucional para tratar un tema tan sensible y tan importante
como es esta modificación de la Constitución en su artículo 49, la
primera reforma social de la Constitución. Se trata de desechar, como
estamos diciendo, una terminología antigua que excluía y discriminaba a
gran parte de la sociedad en razón de su vulnerabilidad, cuando la
realidad de nuestro país y del conjunto del ordenamiento jurídico ya la
había desechado y superado incluso.

Por tanto, lo que hoy vamos a hacer tiene más importancia por lo
que significa de compromiso social y político hacia las personas con
discapacidad y por lo que supone de reconocimiento a todas las familias,
asociaciones y entidades que trabajan por los derechos de las personas
con discapacidad y que han peleado y luchado por este trato justo, que
por los efectos prácticos que puedan derivarse. Estamos hablando
precisamente de dignidad de las personas, estamos hablando de igualdad de
derechos y, sobre todo, de plenos derechos, como los del resto de
ciudadanos.

Por tanto, lo que hoy vamos a hacer tiene más importancia por lo
que significa de compromiso social y político hacia las personas con
discapacidad y por lo que supone de reconocimiento a todas las familias,
asociaciones y entidades que trabajan por los derechos de las personas
con discapacidad y que han peleado y luchado por este trato justo, que
por los efectos prácticos que puedan derivarse. Estamos hablando
precisamente de dignidad de las personas, estamos hablando de igualdad de
derechos y, sobre todo, de plenos derechos, como los del resto de
ciudadanos.

En 2006, en Naciones Unidas, hubo un cambio de paradigma con la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad primero
son las personas y después viene su condición. Por tanto, la modificación
del artículo 49 no solo es un mero cambio de término, sino que es un mero
cambio de enfoque. España fue uno de los primeros países que ratificaron
esta convención, y esto conlleva la modificación del ordenamiento
jurídico preciso. Y las grandes modificaciones legislativas en nuestro
país en los últimos diez años han tenido mucho que ver con la
discapacidad, por ejemplo, la ampliación del derecho a voto o la
eliminación de la esterilización forzosa, y ahora quedaba pendiente esta
adecuación de la Constitución.

Así que, sin extenderme mucho más, en UPN anunciamos nuestro voto
a favor de esta modificación de la Constitución en el Senado, igual que
lo hemos hecho en el Congreso. Nos congratulamos con todos los que
trabajan en favor de las personas con discapacidad, que hoy lo celebran.
Nos congratulamos por ver culminada esta modificación terminológica en la
Constitución, que desde luego ha conllevado muchos años, muchos más de
los que sería lógico. Y quiero reconocer expresamente la labor, el
trabajo y el empeño del Cermi, entidad que aglutina a más de ocho mil
asociaciones en el ámbito de la discapacidad, y también el de nuestro
diputado de UPN, Íñigo Alli, que trabajó incansablemente por incorporar
modificaciones legislativas siempre en favor de los derechos de las
personas con discapacidad.

Yo creo que nuestra Constitución hoy es mejor, es más justa y más
fuerte. Y más allá de cambios o reformas que se pueden anhelar y que
nosotros en UPN también tenemos pendientes, como es la supresión de la
transitoria cuarta, somos conscientes de que hoy no toca. Hoy toca estar
con las personas con discapacidad, hoy toca estar en el acuerdo, hoy toca
estar en el consenso y hoy toca, desde luego, mostrar unidad en favor de
los derechos de las personas con discapacidad, más vulnerables y que
llevan años esperándolo.

Nada más, y muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE Muchas gracias, senadora Caballero.

Pues concluido el debate, vamos a pasar, a continuación, a la
votación. Teniendo en cuenta que se trata de una reforma constitucional,
su aprobación exige una mayoría cualificada de tres quintos, es decir,
dieciocho votos. Vamos a realizar la votación a mano alzada.

Se vota el texto de la proposición de reforma
constitucional.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado Votos a
favor, 31.

El señor PRESIDENTE En consecuencia, habiendo sido aprobada, se
declara dictaminada y se eleva al Pleno la proposición de reforma del
artículo 49 de la Constitución española.

Solicito autorización a la comisión para ser yo, como presidente
de la comisión, el que presente mañana el dictamen, si están ustedes de
acuerdo. (Asentimiento). Muchas gracias.

Se levanta la sesión. (Aplausos).

Eran las doce horas y cincuenta y tres minutos.