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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 134, de 03/05/2024
cve: BOCG-15-D-134
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
3 de mayo de 2024
Núm. 134
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000003 Creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de
violencia de género ... (Página3)
Resoluciones normativas del Congreso
414/000004 Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 24 de abril de 2024, por el que se crean los distintivos de función y de permanencia de la Comisaría Especial del Congreso de los Diputados, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas ...
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000117 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para bloquear la invasión inmigratoria ilegal que amenaza a España.
Rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página6)
162/000168 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a apoyar la vital labor de la UNRWA.
Enmiendas ... (Página6)
Aprobación con modificaciones ... (Página9)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000031 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la política general del Gobierno sobre la evolución del gasto militar ... (Página9)
172/000032 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el deterioro de la política exterior del Reino de España como consecuencia de las acciones del Gobierno ... (Página10)
172/000033 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario VOX, a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda sobre la presión fiscal que está ejerciendo el Gobierno sobre los españoles ...
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000021 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la solución que va a dar el Gobierno a la actual situación de incompatibilidad para recibir una pensión no contributiva con el
complemento de la Renta Canaria de Ciudadanía.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página11)
Aprobación con modificaciones ... (Página15)
173/000022 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la necesidad de acordar una financiación singular para Cataluña a fin de que la ciudadanía catalana disponga de servicios
públicos a la altura de su esfuerzo fiscal.
Texto de la moción, enmienda formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página15)
173/000023 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para aprovechar los recursos hídricos de España.
Texto de la moción, enmienda formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página17)
173/000024 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la inseguridad ciudadana y a la ocupación ilegal que afectan especialmente a Cataluña.
Texto de la moción, enmienda formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página22)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000003
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en
el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, de la Subcomisión para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de violencia de género, en los términos de
la calificación de la Mesa de la Cámara, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 117, de 5 de abril de 2024.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
RESOLUCIONES NORMATIVAS DEL CONGRESO
414/000004
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 24 de abril de 2024, ha aprobado la creación de los distintivos de función y permanencia de la Comisaría Especial del Congreso de los Diputados, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ACUERDO POR EL QUE SE CREAN LOS DISTINTIVOS DE FUNCIÓN Y DE PERMANENCIA DE LA COMISARÍA ESPECIAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DEFENSOR DEL PUEBLO Y TRIBUNAL DE CUENTAS
PRIMERO. Creación
Se crean los distintivos de función y de permanencia de la Comisaría Especial del Congreso de los Diputados, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas, para el personal que preste sus servicios en el Congreso de los Diputados, cuya
descripción y modelos figuran en el anexo a este acuerdo.
SEGUNDO. Modalidad y exhibición
El distintivo de función y el distintivo de permanencia, de modalidad pecho, se exhibirán, exclusivamente, en la tabla central del bolsillo superior izquierdo de los uniformes de representación y de gala. Nunca se exhibirán en el de gran
gala, respetando en todo momento la reglamentación de uniformidad de la Policía Nacional, conforme al artículo 24 de la Orden INT/430/2014.
TERCERO. Distintivo de función
Deberá portar el distintivo de función el personal de la Policía Nacional adscrito a la Comisaría Especial del Congreso de los Diputados, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas que preste los servicios en el Congreso de los Diputados. El
uso del distintivo de función por parte del personal indicado sólo estará contemplado durante el tiempo de permanencia en el órgano mencionado, Congreso de los Diputados.
CUARTO. Distintivo de permanencia
1. Podrá solicitar el distintivo de permanencia el personal comprendido en el párrafo anterior que haya estado destinado o prestando los servicios indicados durante dos años consecutivos y ya no se encuentre destinado en la misma. El
distintivo de permanencia podrá ser solicitado por quienes ya se encuentren destinados en la Comisaría Especial del Congreso de los Diputados, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas que preste los servicios en el Congreso de los Diputados en la
fecha de adopción del presente acuerdo, en cuyo caso se tomará como referencia a efectos del cómputo del plazo de dos años la fecha señalada para la efectividad del destino, o por quienes comiencen a hacerlo a partir de dicho momento.
2. El derecho a usar el distintivo de permanencia se otorgará con carácter anual mediante acuerdo de la Mesa del Congreso, a solicitud del interesado, previo informe de la persona que ostente la titularidad de la Jefatura de la Comisaría
Especial del Congreso de los Diputados, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas.
3. No podrán exhibirse, simultáneamente, los distintivos de función y de permanencia.
ANEXO
DISTINTIVOS DE FUNCIÓN Y PERMANENCIA EN LA COMISARÍA ESPECIAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DEFENSOR DEL PUEBLO Y TRIBUNAL DE CUENTAS
1. DISTINTIVO DE FUNCIÓN.
1.1 Descripción.
El distintivo de función tendrá forma ovoide y se realizará sobre una base metálica, con detalles en el anverso, de dimensiones 31,2 mm x 38 mm. El fondo del distintivo se efectuará en color azul y el borde dorado.
En el anverso figurará, sobre fondo azul, León, cuya pata delantera izquierda, sujeta un cuerpo circular, y tras él, la representación esquemática del frente de un pórtico de un edificio clásico con tres columnas, todo ello en color dorado y
relieve. En la parte superior, se consignará la leyenda 'Congreso de los Diputados' y en la inferior 'Policía Nacional', igualmente en relieve dorado, siguiendo la forma ovoide de la base. Se incorporará la bandera de España en ambos laterales del
óvalo, desde el espacio comprendido por el comienzo y el final de ambas leyendas.
1.2 Composición.
Sobre base metálica, esmaltado en sus colores, con la leyenda 'Congreso de los Diputados' en la parte superior y 'Policía Nacional' en su parte inferior. El fondo del distintivo se efectuará sobre color azul en un tono Pantone 295-C.
1.3 Medidas.
Ancho: 31,2 mm
Alto: 38 mm
Imagen 1: Distintivo y esquema de las dimensiones del distintivo de función
2. DISTINTIVO DE PERMANENCIA.
2.1 Descripción.
El distintivo de permanencia tendrá forma ovoide y se realizará sobre una base metálica, con detalles en el anverso, de dimensiones 31,2 mm x 38 mm. El fondo del distintivo se efectuará en color burdeos y el borde dorado.
En el anverso figurará, sobre fondo burdeos, León, cuya pata delantera izquierda, sujeta un cuerpo circular, y tras él, la representación esquemática del frente de un pórtico de un edificio clásico con tres columnas, todo ello en color
dorado y relieve. En la parte superior, se consignará la leyenda 'Congreso de los Diputados' y en la inferior 'Policía Nacional', igualmente en relieve dorado, siguiendo la forma ovoide de la base. Se incorporará la bandera de España en ambos
laterales del óvalo, desde el espacio comprendido por el comienzo y el final de ambas leyendas.
2.2 Composición.
Sobre base metálica, esmaltado en sus colores, con la leyenda 'Congreso de los Diputados' en la parte superior y 'Policía Nacional' en su parte inferior. El fondo del distintivo se efectuará sobre color burdeos en un tono Pantone 221-C.
2.3 Medidas.
Ancho: 31,2 mm
Alto: 38 mm
Imagen 2: Distintivo y esquema de las dimensiones del distintivo de permanencia
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000117
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para bloquear la invasión inmigratoria ilegal que amenaza a España, publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 82, de 9 de febrero de 2024.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000168
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a apoyar la vital labor de la UNRWA, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 111, de 22 de marzo de 2024.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Socialista relativa a apoyar la vital labor de la UNWRA, para su debate en el Pleno.
Enmienda
Se propone la adición de un punto 2 pre con el siguiente texto:
'Reconocer el papel imprescindible de la UNWRA en la creación de corredores humanitarios destinados a suministrar la ayuda de emergencia a la población de Gaza. Otras alternativas se han demostrado parciales e insuficientes'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-Agustín Santos Maraver, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a apoyar la vital labor de la UNRWA,
presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, cuyo debate está incluido en el punto núm. 3 del orden del día de la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados que se celebrará el día 23 de abril 2024.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
Se propone la modificación de la parte dispositiva, cuyo texto queda redactado como sigue:
dicha población.
1. Rectificar la posición del Gobierno ante las Instituciones de la Unión Europea sobre la revisión de los fondos destinados a Palestina con el fin de garantizar que éstos no acaban en manos de organizaciones terroristas.
destinados para que la organización pueda continuar con su labor.
2. Proceder a la suspensión del envío de fondos españoles destinados a la cooperación al desarrollo en las zonas de Palestina controladas por la banda terrorista Hamas, hasta que se realicen las verificaciones oportunas sobre el fin último
de dichos fondos y haya plenas garantías de que con ellos no se va a financiar la perpetración de actos de terrorismo.
3. Llevar a cabo, una auditoría urgente del destino de los pagos realizados por parte de la administración española a las agencias, empresas y ONGs que operan en Palestina con el fin de comprobar que con ellos no se haya contribuido a
financiar la perpetración de actos de terrorismo.
Desarrollo (AECID), hasta que la situación se normalice.
4. Revisar los proyectos y programas concretos de la Cooperación Española, especialmente aquellos que se desarrollen en países donde actualmente se encuentren activos grupos terroristas o se tenga constancia de la presencia de redes
terroristas, para asegurar la correcta utilización de los fondos y prevenir su malversación y uso en actividades terroristas.
reconstrucción del futuro Estado Palestino.
5. Introducir los cambios necesarios en la política de concesión de ayudas y fondos de cooperación para que en ningún caso sean receptores de estos fondos aquellos países, u ONGs, que no colaboren de forma activa en la lucha contra el
terrorismo o la inmigración ilegal o justifiquen dichas prácticas delictivas.
Justificación.
Son múltiples las razones que justifican las enmiendas propuestas. En primer lugar, y tal y como el grupo proponente señala en la parte expositiva de la iniciativa, en los últimos meses han llegado a sumar una veintena los países que han
retirado sus fondos a UNRWA -entre ellos algunas democracias tan reconocidas como Estados Unidos, Alemania, Australia, Austria, Canadá, Finlandia, Islandia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza, Estonia,
Letonia y Lituania-.
Asimismo, las cifras de inmigración ilegal siguen en un aumento creciente. Concretamente, entre el 1 de enero y el 15 de abril de este año han llegado a nuestro país 17.529 inmigrantes ilegales. Esto es un 236,6 % de aumento en relación
con el mismo periodo de tiempo del año pasado (+12.321) 1. Es por ello que resulta perentorio que el Gobierno fomente la necesidad de colaborar en materia de control de la inmigración ilegal en todos sus acuerdos y convenios internacionales con los
países emisores.
Más si cabe, cuando el propio Departamento de Seguridad Nacional, en su Informe Anual de Seguridad Nacional posiciona a la inmigración ilegal como la tercera mayor amenaza a la que se enfrente nuestro país 2.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
apoyar la vital labor de la UNRWA.
Enmienda
De modificación.
Se propone modificar el apartado 5 que quedará redactado como sigue:
'5. Promover en la Unión Europea, a sus Estados miembros y en otros organismos internacionales concernidos, acordar una propuesta sobre la implementación de instrumentos específicos para apoyar la reparación, la recuperación y la
reconstrucción de La Franja de Gaza y Cisjordania.'
Justificación.
Especificar el nombre de los territorios a los que hace referencia la iniciativa en su exposición de motivos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
1 Informe quincenal Inmigración Irregular 2024, Ministerio del
Interior:?https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2024/07_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_15-04-2024.pdf
2 Informe Anual de Seguridad Nacional 2023, Departamento de Seguridad Nacional, p. 249. Disponible [en línea]: https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/ACCESIBLE%20MAQUETA%20IASN2023.pdf
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a apoyar la vital labor de la UNRWA, publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 111, de 22 de marzo de 2024, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Manifestar su respaldo a la imprescindible labor que realiza la UNRWA para con la población refugiada de Palestina, tanto en Gaza y Cisjordania como en los campos de refugiados y refugiadas existentes en la región, que acogen a dicha
población.
2. Reconocer el papel imprescindible de UNRWA en la distribución de ayuda de emergencia en el interior de Gaza, como parte de los corredores humanitarios destinados a suministrar ayuda humanitaria a la población de Gaza. Otras alternativas
se han demostrado parciales e insuficientes.
3. Instar a la comunidad internacional a respetar los compromisos políticos y económicos adquiridos por la UNRWA, y, ante los incumplimientos por parte de algunos de sus miembros, exhortar a la comunidad a incrementar los fondos destinados
para que la organización pueda continuar con su labor.
4. Impulsar en la Unión Europea, a sus Estados miembros y a otros organismos concernidos a continuar e incrementar, en su caso, la colaboración con la UNRWA.
5. Estudiar la posibilidad de realizar contribuciones extraordinarias, respondiendo a la situación excepcional a la que se enfrenta la agencia de Naciones Unidas, por medio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), hasta que la situación se normalice.
6. Promover en la Unión Europea, a sus Estados miembros y en otros organismos internacionales concernidos, acordar una propuesta sobre la implementación de instrumentos específicos para apoyar la reparación, la recuperación y la
reconstrucción del futuro Estado Palestino.
7. Acoger con satisfacción la activación inmediata de la investigación de las denuncias por parte de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000031
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la política general del Gobierno sobre la evolución del gasto militar, cuyo texto se inserta
a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de su diputada y portavoz, Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes
de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente en relación con la política general del Gobierno sobre la evolución del gasto militar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000032
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el deterioro de la política exterior del Reino de España como consecuencia de las
acciones del Gobierno, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno, sobre el deterioro de la
política exterior del Reino de España como consecuencia de las acciones del Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2024.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
172/000033
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda sobre la presión fiscal que está ejerciendo el
Gobierno sobre los españoles, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula interpelación urgente a la vicepresidente primera del Gobierno y ministra de Hacienda sobre
la presión fiscal que está ejerciendo el Gobierno sobre los españoles.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000021
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
solución que va a dar el Gobierno a la actual situación de incompatibilidad para recibir una pensión no contributiva con el complemento de la Renta Canaria de Ciudadanía y de las enmiendas presentadas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente sobre
la solución que va a dar el Gobierno a la actual situación de incompatibilidad para recibir una Pensión No Contributiva con el complemento de la Renta Canaria de Ciudadanía.
El artículo 142 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, establece que 'corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que
incluye, en todo caso, la regulación y la ordenación de los servicios sociales, las prestaciones técnicas y económicas con finalidad asistencial o complementaria de otros sistemas de previsión pública, así como de los planes y los programas
específicos dirigidos a personas y colectivos en situación de pobreza o de necesidad social'.
Bajo el amparo de lo anteriormente dispuesto, se aprueba la Ley 5/2022 de 19 de diciembre, de Renta Canaria de Ciudadanía, la cual prevé en su artículo 43 el complemento de pensiones no contributivas, el cual dispone textualmente lo
siguiente:
Artículo 43. Complemento a las pensiones no contributivas.
1. El Complemento a las pensiones no contributivas tiene como objeto elevar el nivel de vida de las personas que perciben una pensión no contributiva de la Seguridad Social y está dirigido a aquellas unidades de convivencia con mayor
necesidad de protección social.
2. El complemento a las pensiones no contributivas es una prestación económica de carácter periódico y finalista, excluida de la normativa general de subvenciones, de carácter personal, nominativa e intransferible, complementaria de los
ingresos que pudieran tener las personas integrantes de la unidad de convivencia y no condicionada a la realización de actividades de inclusión social o inserción laboral. Dicho complemento tendrá el carácter de crédito ampliable, en los términos
que establezca la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. Para ser persona beneficiaria de este complemento, se deberá tener reconocida la pensión, ser residente en la Comunidad Autónoma de Canarias y seguir cumpliendo con los requisitos para su obtención de acuerdo con la normativa reguladora
de la Seguridad Social.
El fin de este complemento es elevar el nivel de vida de las personas que perciben una pensión no contributiva de la Seguridad Social y está dirigido a aquellas unidades de convivencia con mayor necesidad de protección social.
Canarias, como se recoge en su Estatuto de Autonomía, presenta las singularidades de lejanía, insularidad y condición de región ultraperiférica, reconocidas por los Tratados constitutivos de la Unión Europea, la Constitución y el propio
Estatuto. Esto determina para los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, tener en cuenta estas circunstancias cuando sea preciso adaptar sus políticas y actuaciones legislativas y reglamentarias, así como sus decisiones
financieras y presupuestarias, cuando dichas circunstancias incidan de manera determinante en tales competencias, fijando las condiciones específicas para su aplicación en el Archipiélago.
En consecuencia, los efectos económicos y sociales derivados de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo unidos a la condición de territorio insular y ultraperiférico, suponen un factor diferenciador frente a otras Comunidades Autónomas
en lo que se refiere, entre otros, al encarecimiento de la cesta de la compra, la subida de precios de los combustibles, el mayor coste de importación de materias primas y productos para el consumo, etc.
Como se ha recogido en la comunicación de la Comisión Europea, 'Dar prioridad a las personas, asegurar el crecimiento sostenible e inclusivo y liberar el potencial de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea' (Estrasburgo 2022), las
regiones ultraperiféricas se enfrentan a limitaciones permanentes en relación con su desarrollo, reconocidas en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Tratado prevé medidas específicas de apoyo a las regiones
ultraperiféricas, por ejemplo, la aplicación adaptada del Derecho de la Unión en estas regiones y el acceso a los programas de la UE.
Si bien la UE desempeña un papel clave a la hora de contribuir a liberar el potencial de crecimiento de las regiones ultraperiféricas, el bienestar y el desarrollo de estas dependen fundamentalmente de las decisiones y medidas que se adopten
en las propias regiones y en sus Estados miembros. Les corresponde diseñar y aplicar estrategias de desarrollo adaptadas a cada región, estableciendo las prioridades adecuadas y aprovechando plenamente las posibilidades de financiación que ofrecen
los instrumentos europeos. Estas estrategias deben anticipar las necesidades de los ciudadanos y responder a ellas, abordar los obstáculos al crecimiento, explotar los activos, diversificar la economía, aumentar la autosuficiencia, ampliar los
vínculos comerciales, desarrollar las capacidades y generar empleo.
Se trata de una obligación institucional, tal como se establece en el artículo 349 del TFUE; un imperativo político, habida cuenta de los cinco millones de ciudadanos europeos que viven en estas regiones; una necesidad económica debido al
potencial sin explotar de estas regiones, en particular para la economía verde; y una inversión geoestratégica que refuerza el papel de estas regiones como pasarelas de la Unión Europea al resto del mundo.
Situar a las personas en el centro de esta estrategia y de las futuras acciones consiste también en garantizar que todos los ciudadanos de la UE, independientemente de dónde hayan nacido o vivan, tengan acceso a la educación, la formación,
la vivienda, la asistencia sanitaria y a unas condiciones de vida básicas.
Desde esta perspectiva, se hace preciso abordar el establecimiento del complemento Canario a las prestaciones no contributivas todo ello partiendo de la consideración de que el 72,87 % de los pensionistas no contributivos canarios que
representan en la actualidad 42.457, perciben la cantidad de 517,90 euros, cantidad a todas luces insuficiente y alejada de otras prestaciones.
Haciendo una comparativa el Ingreso Mínimo Vital es una prestación de Seguridad Social dirigida a la prevención del riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que residen solas o integradas en unidad de convivencia que carecen de
recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.
La cuantía básica de esta prestación en su importe anual es la misma que la de Pensión No Contributiva, pero, con complementos e incrementos como el aplicado a personas con discapacidad que supone incrementar en un 22 % la prestación; sin
embargo, la Pensión No Contributiva teniendo la misma finalidad que el Ingreso Mínimo Vital no logra alcanzar los importes y mejoras de esta última y reciente prestación,
ofreciendo únicamente a las personas beneficiaras el complemento al alquiler de vivienda y a la necesidad de tercera persona en los casos de la pensión de invalidez.
El establecimiento de un complemento autonómico a las Pensiones No Contributivas en el marco de la regulación actual incidiría en los recursos propios de los beneficiarios teniendo en cuenta las normas reguladoras de las mismas, recogidas en
el Capítulo II del Título VI del Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, en el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley
26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establece en la seguridad social prestaciones no contributivas así como la Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991.
Concretamente, el artículo 362.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social indica que se considerarán ingresos o rentas computables cualesquiera bienes y derechos, derivados tanto del trabajo como del capital, así como los
de naturaleza prestacional. Hace excepción el precepto a efectos de cómputo de los rendimientos obtenidos por el ejercicio de actividades artísticas a las que se refiere el artículo 249 quater, en tanto no excedan del importe del salario mínimo
interprofesional en cómputo anual.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 12 del Decreto 357/1991, que regula las rentas o ingresos computables, recoge en su apartado 4 que en todo caso se computarán las rentas o ingresos, de cualquier naturaleza, que se tenga derecho a
percibir o disfrutar, salvo las asignaciones económicas por hijo a cargo, tenga o no la condición de persona con discapacidad, en sus distintas modalidades, otorgadas por el sistema de la Seguridad Social, el subsidio de movilidad y compensación de
gastos de transporte, previsto en la Ley de integración social de los minusválidos, los premios o recompensas otorgados a personas con discapacidad en los centros ocupacionales, así como las prestaciones económicas y en especie otorgadas en
aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. En los mismos términos se recoge en el artículo 7 de la Orden PRE/3113/2009.
Por todo ello, y en base a la normativa actual se concluye que un complemento autonómico se computaría como ingreso propio y de la unidad económica de convivencia. Dado el objeto del complemento, la cuantía del mismo, sumado a los ingresos
propios no debería superar en cada caso el límite de acumulación de recursos personal y familiar aplicable para que el derecho a pensión no contributiva no fuera objeto de extinción, y que asimismo no genere reducción. Pero, también se debe tener
en cuenta que si sumado las rentas de la Unidad Económica de Convivencia y los ingresos propios no debiera en ningún caso superar el límite establecido para cada Unidad Económica de Convivencia. Es por ello, que para su determinación inicial han de
valorarse tanto las cuantías percibidas en concepto de PNC, como los recursos propios y de la Unidad Económica de Convivencia (UEC) y el Límite de Acumulación de Recursos (LAR). Sin olvidar que este último se actualiza cada año.
En este escenario y a efectos de implantar el complemento a las pensiones no contributivas se plantean las posibles soluciones:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Aprobar una modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en el que de forma análoga a lo establecido para las actividades artísticas se pudiera contemplar el desarrollo del complemento a las prestaciones no
contributivas de la Comunidad Autónoma de Canarias en su condición de región ultraperiférica.
2. Incluir entre los importes exentos de cómputos los complementos que pudieran establecer las Comunidades autónomas o tratándose del caso de Canarias justificado por su carácter de región ultraperiférica tal y como ha sido planteado en
otras ocasiones por varias Comunidades Autónomas, instando al estudio de la posible modificación de los preceptos establecidos tanto el Decreto 357/1991 como el de la Orden PRE/3113/2009,
que afectan a la puesta en marcha de este complemento, el cual, como hemos indicado tiene por objeto elevar el nivel de vida de las personas que perciben una pensión no contributiva de la Seguridad Social y que, en suma, beneficiaría a las
unidades de convivencia con mayor necesidad de protección social de la Comunidad Autónoma de Canarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2024.-Cristina Valido García, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
La Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios firmantes, se dirigen a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Valido), sobre la solución que va a dar el Gobierno a la actual situación de incompatibilidad para recibir una pensión no contributiva con el complemento de la Renta Canaria de Ciudadanía.
Enmienda
De modificación.
Se propone la siguiente redacción:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la normativa reguladora de las pensiones no contributivas al objeto de declarar exentos del cómputo de rentas o ingresos que acredita la insuficiencia económica de las personas
beneficiarías de las mismas los complementos de las rentas básicas de ciudadanía otorgadas por las Comunidades Autónomas. Todo ello teniendo en cuenta que se trata de medidas que al conllevar una repercusión económica requiere de previo informe y
estudio por las entidades implicadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Mixto (Sra. Valido), sobre la solución que va a dar el Gobierno a la actual situación de incompatibilidad para recibir una pensión no contributiva con el complemento de la Renta Canaria de Ciudadanía.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Analizar en Conferencia Sectorial, y con pleno respeto a las competencias autonómicas, la necesidad de modificar la normativa que regula el complemento de las prestaciones no contributivas, para lograr así un mejor cumplimiento de sus
objetivos.
2. Incluir entre los importes exentos de cómputos los complementos que pudieran establecer las Comunidades autónomas o tratándose del caso de Canarias justificado por su carácter de región ultraperiférica tal y como ha sido planteado en
otras ocasiones por varias Comunidades Autónomas, instando al estudio de la posible modificación de los preceptos establecidos tanto el Decreto 357/1991 como el de la Orden PRE/3113/2009, que afectan a la puesta en marcha de este complemento, el
cual, como hemos indicado tiene por objeto elevar el nivel de vida de las personas que perciben una pensión no contributiva de la Seguridad Social y que, en suma, beneficiaría a las unidades de convivencia con mayor necesidad de protección social de
la Comunidad Autónoma de Canarias.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la solución que va a dar el Gobierno a la actual situación de
incompatibilidad para recibir una pensión no contributiva con el complemento de la Renta Canaria de Ciudadanía, ha acordado lo siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la normativa reguladora de las pensiones no contributivas al objeto de declarar exentos del cómputo de rentas o ingresos que acredita la insuficiencia económica de las personas
beneficiarias de las mismas los complementos de las rentas básicas de ciudadanía otorgadas por las Comunidades Autónomas. Todo ello teniendo en cuenta que se trata de medidas que al conllevar una repercusión económica requiere de previo informe y
estudio por las entidades implicadas.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
173/000022
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la necesidad de acordar una financiación singular para Cataluña a fin de que
la ciudadanía catalana disponga de servicios públicos a la altura de su esfuerzo fiscal, cuyo texto se
inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se inserta la enmienda formulada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente
sobre la necesidad de acordar una financiación singular para Catalunya a fin de que la ciudadanía catalana disponga de servicios públicos a la altura de su esfuerzo fiscal, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Según los estudios de opinión del CEO, el 64 % de la ciudadanía de Catalunya (y ello incluye tanto a independentistas como a -todavía- no independentistas) quiere que sea la Generalitat de Catalunya quien recaude y gestione todos los
tributos que se pagan en Catalunya. Sólo el 8 % de la ciudadanía catalana, en cambio, es partidaria de mantener el actual modelo de financiación de Catalunya.
Por todo ello se presenta la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a impulsar las modificaciones legales oportunas para que Catalunya tenga un sistema de financiación en que la Generalitat de Catalunya recaude y gestione todos los impuestos que pagan
los catalanes y catalanas y, posteriormente, efectúe al Estado las trasferencias oportunas por los servicios prestados en Catalunya y en concepto de reequilibrio territorial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.-Teresa Jordà i Roura, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la diputada Teresa Jordà i Roura, a l'empara del que disposa l'article 184 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent moció com a conseqüència d'interpel-lació urgent sobre la
necessitat d'acordar un finançament singular per Catalunya per tal que la ciutadania catalana disposi de serveis públics a l'alçada del seu esforç fiscal, per al seu debat en Ple.
Exposició de motius
Segons els estudis d'opinió del CEO, el 64 % de la ciutadania de Catalunya (i això inclou tant a independentistes com a -encara- no independentistes) vol que sigui la Generalitat de Catalunya la que recapti i gestioni tots els tributs que es
paguen a Catalunya. Tan sois el 8 % de la ciutadania catalana, en canvi, és partidària de mantenir l'actual model de finançament de Catalunya.
Per tot això es presenta la següent
Moció
'El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a impulsar les modificacions legals oportunes per tal que Catalunya tingui un sistema de finançament en que la Generalitat de
Catalunya recapti i gestioni tots els impostos que paguen els catalans i les catalanes i, posteriorment, efectuï a l'Estat les transferències oportunes pels serveis prestats a Catalunya i en concepte de reequilibri territorial.'
Palau del Congrés dels Diputats, 11 d'abril de 2024-Teresa Jordà i Roura, Portaveu adjunta del Grup Parlamentari Republicà.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la necesidad de acordar una financiación singular para Cataluña a fin de que la ciudadanía catalana disponga de servicios públicos a la altura de su esfuerzo fiscal.
Enmienda
De sustitución.
El texto de la moción quedará como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Seguir actualizando las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas.
- Adoptar las medidas necesarias de alcance general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común, incluida Cataluña, que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto
negativo del ciclo económico.
- Abordar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad, basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera,
corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos. Y, en particular, lograr una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de
los servicios públicos en Cataluña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000023
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para aprovechar los recursos hídricos
de España, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se inserta la enmienda formulada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a llevar a cabo el
Gobierno para aprovechar los recursos hídricos de España.
Exposición de motivos
Primero. La Sequía asola España.
La sequía es una circunstancia inherente a España, especialmente en las regiones meridionales. En los últimos meses, varias demarcaciones hidrográficas han experimentado situaciones de alerta y emergencia, como las del Guadiana,
Guadalquivir, Segura, Júcar, Huerva y Segre.
Asimismo, en Cataluña, se observó en febrero un volumen almacenado 13,4 puntos porcentuales inferior en seis unidades de explotación de emergencia del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, en comparación con el mismo mes del año anterior.
Frente a esta situación, el Gobierno de España anunció en febrero un plan financiado con 467 millones de euros para la construcción de dos nuevas plantas desaladoras en Tordera y Foix, además del traslado diario de 40.000 m3 de agua desde la
desaladora de Sagunto hasta el puerto de Barcelona, para mitigar la grave sequía que afecta a las regiones catalanas 3.
Pese a todo, las cuencas españolas disponen de recursos hídricos suficientes para satisfacer nuestras necesidades. En este contexto, el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, establece que el Plan Hidrológico Nacional es el instrumento adecuado para coordinar los planes de cuenca y regular las transferencias de recursos hídricos entre territorios. Asimismo, la legislación española entiende
el agua como un recurso unitario renovable sin diferenciar entre aguas superficiales y subterráneas, y en consecuencia se declaran también estás últimas como bien de dominio público hidráulico. Sin embargo, en los últimos años, ningún gobierno
nacional ha promovido un proyecto unificador que responda a las necesidades geográficas e hidrográficas de España.
Segundo. Situación de las infraestructuras hídricas.
La adecuada conservación de las infraestructuras hídricas, atribuida a las conferencias hidrográficas adscritas Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, debería representar un objetivo esencial para el Gobierno de
España. No obstante, desde su llegada al poder, el Ejecutivo no ha establecido metas claras en esta materia.
Al contrario, se ha demolido 4 un considerable número de barreras fluviales, como presas, azudes o rampas, según informes como el de Dam Removal Progress en 2021 5. Esta política de desmantelamiento de las infraestructuras hídricas ha sido
respaldada por el comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero, Ignacio Rodríguez, quien en declaraciones para RTVE ha afirmado que 'aquí hay una serie de personas que nos gustan los ríos y no los cacharros, y lo tenemos todo lleno
de cacharros. Así de sencillo' 6.
En relación con ello, y al objeto de conocer el número exacto de infraestructuras hídricas que el Ejecutivo ha ordenado demoler, el Grupo Parlamentario VOX presentó el
3 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/2024/febrero/teresa-ribera-anuncia-467-millones-para-desalacion-y-un-plan-de-.html
4 https://www.eldebate.com/sociedad/20220904/el-gobierno-ha-destruido-108-barreras-fluviales-con-espana-en-la-peor-sequia-de-los-ultimos-40-anos_57829.html
5 https://damremoval.eu/wp-content/uploads/2022/05/0.-REPORT_Dam-Removal-Progress-2021-WEB-SPREADS.pdf
6 https://www.rtve.es/noticias/20220822/rios-vuelven-fluir-espana-referente-demolicion-presas/2396789.shtml#:~:text=Detr%C3%Als%20del%20ejemplo%20espa%C3%Blol%20en,3.500%2D%20de% 201a% 20Pen%C3%ADnsula%20Ib%C3%A9rica.
pasado febrero una solicitud de informe al Gobierno al objeto de conocer todas las infraestructuras hídricas demolidas por orden del Ejecutivo desde 2018 7. El Gobierno respondió el 13 de marzo justificando estas decisiones en la
recuperación de la continuidad fluvial para la consecución de objetivos ambientales: 'la recuperación de la continuidad fluvial es una herramienta esencial para la consecución de los objetivos ambientales de la planificación hidrológica'.
Igualmente, asegura el Ejecutivo que 'se han inventariado más de 19.000 obras transversales en el conjunto de las masas de agua que forman los cauces de las cuencas intercomunitarias, de las que la mayoría son pequeñas obras de altura media
inferior a 2 metros' sin indicar el número exacto de ellas. Por último, confirmaron los datos adelantados por el informe de Dam Removal Progress, indicando que 'desde el año 2018 y hasta diciembre de 2022 -en estas fechas se están recopilando los
datos correspondientes al año 2023- se han demolido o retirado 328 barreras transversales en el conjunto del territorio estatal'.
Estas políticas, que se presentan como supuestas acciones de protección ambiental, perjudican gravemente al sector primario y a los intereses de los españoles, especialmente en momentos de sequía.
Es relevante señalar que, al mismo tiempo, se tolera un vertido excesivo en los cinco ríos compartidos con Portugal (Duero, Tajo, Guadiana y Miño-Limia) 8.
El Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, hecho ad referendum en Albufeira el 30 de noviembre de 1998 ('Convenio de Albufeira') regula la
gestión de las cinco cuencas hidrográficas compartidas entre España y Portugal: Miño, Lima, Duero, Tajo y Guadiana. 'El convenio determina la entrega a Portugal por parte de España de unos volúmenes mínimos de agua cada año, cada trimestre, cada
semana y, en algún caso, cada día. El requisito de entrega se establece para cada río y en puntos próximos a la frontera' 9. Así, por ejemplo, en virtud de este tratado, España debería enviar a Portugal -a través del embalse del Cedillo (río
Tajo)- 2.700 hectómetros cúbicos de agua, sin embargo, está enviando de media 6.616 hectómetros cúbicos 10. Por lo tanto, el Gobierno, de manera sistemática y a pesar de la constante sequía que padece España, permite el desvío de cantidades
considerablemente superiores a las comprometidas.
Ante todo ello, se deben promover medidas que fomenten la retención y la gestión adecuada del agua, como la construcción de nuevas presas y la implementación de un Plan Nacional del Agua, como parte de un enfoque integral para garantizar la
sostenibilidad de los recursos hídricos de España.
Tercero. Plan nacional del agua.
Las frecuentes crecidas del río Ebro en Navarra y Aragón han causado daños considerables en la zona, afectando a miles de hectáreas de cultivos y provocando inundaciones en garajes y viviendas 11. Recientemente, una de estas crecidas generó
desbordamientos en las provincias de Zaragoza y Navarra, haciendo necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencias 12. Sin embargo, y a pesar de las últimas precipitaciones, la cantidad de agua transportada por el Ebro no ha podido ser
aprovechada eficientemente y su gran mayoría ha acabado vertiéndose al mar.
7 https://www.congreso.es/es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XV&_iniciativas_id=186%2F000163
8 https://gaceta.es/espana/el-gobierno-entrega-mas-agua-de-la-acordada-a-portugal-mientras-recorta-el-trasvase-tajo-segura-20230513-0540/
9 https://www.larazon.es/sociedad/20220717/ymki3sergjdy3nh2mpsjrkrsle.html
10 https://www.lasprovincias.es/comunitat/gobierno-envia-portugal-anos-6000-hectometros-tajo-20230508122405-nt.html
11 https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2024/02/28/riadas-ebro-historicas-zaragoza-2021-2018-2015-1714813.html
12 https://www.abc.es/sociedad/preocupacion-crecida-extraordinaria-ebro-20240228195606-nt.html
Así, mientras algunas cuencas enfrentan déficits hídricos evidentes, otras necesitan liberar agua de sus presas por razones de seguridad 13. Los datos de precipitación por habitante en España 14, que alcanzan los 7.294 m3, indican que, en
general, España cuenta con recursos hídricos suficientes para satisfacer las necesidades de su población.
Por tanto, la gestión ordenada de estos recursos, junto con la interconexión de las cuencas, podría solucionar posibles problemas de suministro en áreas vulnerables, como las cuencas del Júcar-Segura, el Ebro con la Cataluña interna, y el
Guadalquivir con Guadalete-Barbate y Mediterránea Andaluza 15.
Para abordar esta cuestión se debe establecer un Plan Nacional del Agua que garantice una gestión equitativa y eficiente de nuestros recursos hídricos mediante la incorporación de -entre otras- las siguientes medidas: la interconexión de
cuencas, la modernización de sistemas de riego, mejoras en el abastecimiento y saneamiento de aguas urbanas y programas de prevención de incendios. Este plan, que actuaría como una autopista del agua, deberá:
- Proporcionar un marco integral para la gestión sostenible de los recursos hídricos a nivel nacional, facilitando una distribución equitativa y eficiente del agua, en línea con las necesidades presentes y futuras de las diversas regiones.
- Permitir anticipar y abordar los posibles impactos en los recursos hídricos durante períodos de escasez debido a la falta de precipitaciones, mediante la implementación de estrategias de adaptación frente a situaciones de sequía,
inundaciones y variabilidad climática.
- Promover el uso eficiente del agua en todos los sectores, desde la actividad agrícola hasta el consumo urbano e industrial, impulsando el empleo de nuevas tecnologías y buenas prácticas para preservar este recurso vital.
- Establecer un marco nacional del agua que contribuya a prevenir conflictos entre regiones por la gestión de los recursos hídricos. La coordinación a nivel nacional, libre de autonomismos, es fundamental para evitar controversias,
asegurando una distribución justa y equilibrada del recurso en todo el territorio español.
Además, en el marco del Plan Nacional del Agua, se debe impulsar un Plan Nacional de Regadíos. El regadío es un factor agrícola clave para vertebrar, crear oportunidades y fijar población en el territorio rural 16. En materia de regadíos,
se debe priorizar la modernización de las infraestructuras para garantizar la eficiencia en el uso del agua y la energía. El regadío, comparado con el secano, multiplica por 4,8 la generación de riqueza y por 4,5 la generación de empleo, siendo un
instrumento eficaz para fijar población en las zonas rurales, favoreciendo la vertebración del territorio.
Todas estas medidas son necesarias para mejorar la vida de los españoles, especialmente en momentos en los que la falta de agua tiende a comprometer el futuro de nuestra industria, el abastecimiento particular, el consumo turístico y nuestro
sector primario. La respuesta a estos desafíos debe ser coordinada a nivel nacional y al margen de divisiones territoriales que puedan obstaculizar la acción conjunta y la consecución de soluciones efectivas.
En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas para aprovechar los recursos hídricos de España:
1. Denunciar y rechazar ante las instituciones europeas el Pacto Verde Europeo y toda la normativa derivada de este, así como las estrategias que menoscaban las infraestructuras
13 https://www.elespanol.com/eldigitalcastiUalamancha/region/ciudad-real/20240401/embalse-gasset-ciudad-real-comienza-desembalsar-seguridad/844415594_0.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=onpagebuttons
14 https://theobjective.com/elsubjetivo/opinión/2024-02-10/espana-no-aprovecha-agua/
15 https://www.embalses.net/cuencas.php
16 https://theobjective.com/elsubjetivo/opinión/2024-02-10/espana-no-aprovecha-agua/
hídricas existentes. Se propone revertir todas las políticas implementadas como consecuencia de su aprobación, dado su impacto directo en los intereses y bienestar de los españoles.
2. Impulsar la elaboración de un Plan Nacional del Agua que contemple la gestión eficiente de nuestros recursos hídricos en todo el territorio nacional. Este plan, fundamentado en los principios de solidaridad y bien común, deberá incluir
la interconexión de cuencas como medida esencial para hacer frente a los contextos climatológicos adversos, como la sequía e inundaciones, inherentes a nuestra realidad climatológica y geográfica. Además, se propone la elaboración de un Plan
Nacional de Regadíos para respaldar el desarrollo y modernización de las políticas de riego.
3. Acabar con la demolición de las infraestructuras hídricas existentes en España.
4. Analizar el estado actual de las infraestructuras hídricas para establecer un calendario de actuaciones que garantice la seguridad en el suministro. En este sentido, se propone la aprobación de un plan de restauración y mantenimiento de
dichas infraestructuras, dotándolo de los recursos económicos necesarios para su ejecución.
5. Fomentar, dentro de las distintas conferencias hidrográficas, la construcción de nuevas infraestructuras hídricas que aseguren el suministro de agua para todos los españoles, especialmente en las regiones históricamente afectadas por la
sequía.
6. Eliminar la limitación en la cesión temporal de derechos entre regantes, así como simplificar las labores burocráticas para la validación administrativa de esta figura.
7. Revisar la aplicación del Convenio de Albufeira para adaptar su contenido y efectos a la situación hidrológica y combatir la actual situación de sequía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
VOX, sobre las medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para aprovechar los recursos hídricos de España.
Enmienda
De modificación.
Se propone modificar el texto en los apartados señalados que quedarán redactados como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover ante la Unión Europea, la revisión del Pacto Verde Europeo y la normativa que se deriva del mismo, incorporando la sostenibilidad social y económica a los objetivos climáticos, así como tener en consideración las características
hídricas y climáticas del Sur de Europa en el diseño de sus políticas.
2. Iniciar las actuaciones para desarrollar un Pacto Nacional del Agua desde el diálogo y el consenso, con participación de todas las Comunidades Autónomas y los sectores afectados, y con vocación de aportar soluciones en todo el territorio
nacional.
3. Estudiar caso por caso la situación de las infraestructuras hídricas existentes, valorando su utilidad o la posible conversión en nuevos usos de aprovechamiento y la funcionalidad de las mismas de cara a la regulación de los recursos
hídricos.
4. En el ámbito del Pacto Nacional del Agua desarrollar un Plan de Acción para el mantenimiento, conservación y modernización de las infraestructuras hidráulicas existentes, que dan soporte a los servicios del agua y que tienen un carácter
estratégico para garantizar la seguridad hídrica.
[...]
7. Reforzar la cooperación transfronteriza en materia hídrica de las cuencas hidrográficas compartidas con Portugal para hacer frente a los escenarios de sequía y escasez.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
173/000024
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la inseguridad ciudadana y a la ocupación ilegal que afectan
especialmente a Cataluña, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se inserta la enmienda formulada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente sobre la
inseguridad ciudadana y a la ocupación ilegal que afectan especialmente a Cataluña.
Exposición de motivos
Según el balance de criminalidad del año 2023 publicado por el Ministerio del Interior, la criminalidad aumentó en España un 5,9 % con 2.459.659 infracciones penales, de las cuales, 1.989.271 corresponden a delincuencia convencional, una
cifra que supone un incremento de un 2,1 % más que en 2022.
En el caso concreto de Cataluña los datos son bastante preocupantes, pues en tan solo un año, la criminalidad total se ha incrementado un 7,26 %, con una cifra total de 509.521 infracciones penales. En este sentido, durante el año 2023 se
registraron 71 homicidios y 25.421 robos en dicha comunidad autónoma.
Frente a este inquietante panorama, es necesario que los responsables de la seguridad ciudadana implementen estrategias para atajar el incremento exponencial de aquellos delitos como los hurtos, robos con violencia e intimidación tanto en
las calles como en domicilios u otras instalaciones, así como otros como el tráfico de drogas, que plantean un desafío para la seguridad pública y que, en muchas ocasiones, desencadenan otros como las peleas, lesiones o riñas tumultuarias.
Todo ello requiere una respuesta integral por parte de los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la sociedad y del sistema judicial.
No se puede mirar para otro lado, pues esa parece ser la estrategia del ministro Fernando Grande-Marlaska que achaca el aumento de la criminalidad en España a la
ciberdelincuencia a la vez que ignora la creciente sensación de inseguridad ciudadana que existe en nuestro país.
La Comunidad Autónoma de Cataluña se ha convertido en los últimos años en un territorio de difícil cobertura de las vacantes existentes en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, tanto es así que, actualmente, el déficit es de 1.279
agentes en el caso de la Policía Nacional y de 938 agentes en el caso de la Guardia Civil.
En definitiva, todo ello provoca que Cataluña cuente con unas plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad muy mermadas y con una constante renovación temporal.
Una problemática que da lugar a la sobrecarga de trabajo de los agentes destinados en Cataluña y el consiguiente perjuicio que ello supone en la lucha contra el crimen y persecución de los delitos y, por tanto, de la seguridad de los
ciudadanos. Pues entre otros motivos, esta situación se da como consecuencia no sólo del desafío separatista, sino también de la creciente carestía de la vida y por la falta de interés del Ministerio del Interior en escuchar y atender las
reivindicaciones de las condiciones laborales y salariales de los agentes.
Cabe añadir que, el pasado mes de febrero, el jefe de la policía catalana denunció públicamente el aumento de la delincuencia en toda Cataluña, haciendo hincapié en el incremento de la multirreincidencia en los hurtos, entre otros delitos.
La realidad vigente del tratamiento penal de la multirreincidencia en delitos leves de hurto y estafa está caracterizada por una ausencia de efectividad disuasoria, porque la sanción es la misma para quien comete un delito que para quien comete una
sucesión continua de delitos. Esta ineficacia del sistema penal no solo actúa como estímulo de delincuentes reincidentes, sino que desincentiva a víctimas, policías, jueces y fiscales cuando se enfrentan a casos de multirreincidencia.
La sociedad catalana y el resto de los españoles merecen que se aborde cuanto antes el deterioro de la percepción de seguridad en los espacios públicos, por lo que se hace imprescindible una reforma urgente del Código Penal en este ámbito.
Por otro lado, es de destacar que el Gobierno se ha puesto del lado de los okupas en vez del de sus víctimas. La ocupación ilegal de viviendas se ha disparado desde que gobierna Pedro Sánchez. Conforme a los datos proporcionados por el
Ministerio del Interior, entre 2018 y 2022 (último año completo del que hay datos) las denuncias por okupación en España se han incrementado un 37 %. En 2022 se registraron una media de casi 46 denuncias por okupación al día.
Sin duda, la okupación afecta muy especialmente a Cataluña, comunidad autónoma que lidera este lamentable ranking. Según la propia Conselleria de Interior de la Generalitat, las denuncias por ocupaciones ilegales en la comunidad catalana
aumentaron un 82 % en seis años (2017-2022). De hecho, la cifra del 2022 supuso el 42 % de las de toda España.
El 2 de abril de 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19, entraba en vigor el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, articulando la suspensión 'extraordinaria' de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para personas
vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en casos de viviendas ocupadas sin título. Esta medida ha sido prorrogada en varias ocasiones, realizándose la última de ellas, mediante pacto con Bildu, a través del Real Decreto-ley 8/2023, de 27
de diciembre, que amplía la suspensión de dichos procedimientos hasta el 31 de diciembre de 2024.
Por tanto, el Gobierno, con una medida que ha ido llamando excepcional, pero que ya lleva vigente cuatro años, traslada su responsabilidad de protección social a los propietarios particulares y permite supuestos de okupación de vivienda o,
como dice textualmente la norma, 'aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello', amparando así una actividad delictiva.
A raíz de esta medida, se ha generado un nuevo fenómeno, la 'inquiokupación', dándose situaciones en las que personas buscan okupar una vivienda a través de un contrato de alquiler que dejan de cumplir y se ven protegidos por esta normativa.
Ello está provocando una reducción de la oferta de viviendas y una exigencia de mayores garantías para los inquilinos, consecuencias derivadas de la inseguridad jurídica que sufren los propietarios, que pueden verse imposibilitados de recuperar su
vivienda porque las medidas del Gobierno protegen más al okupa que al propietario.
Se debe recordar que el 95 % de los arrendadores son pequeños propietarios. Unos propietarios que cada vez ven menos incentivos para alquilar su vivienda por todos los riesgos a los que se exponen. En consecuencia, las medidas del Gobierno
lo que hacen es poner aún más difícil el acceso a la vivienda al ciudadano.
Por otro lado, al final de la anterior Legislatura, el Gobierno aprobó con ERC y Bildu la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la Vivienda, con las recetas opuestas a las que necesita el mercado y el problema que nos ocupa:
intervencionismo, sectarismo, medidas contraproducentes y ataque al derecho a la propiedad privada, alargando los procedimientos de lanzamiento, dificultando que los propietarios recuperen sus viviendas okupadas y generando con ello una gran
inseguridad jurídica.
Es urgente buscar una solución a fin de atajar esta lacra, dado que la legislación actual se ha demostrado insuficiente, incluso cómplice, por lo que el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva
del derecho constitucional a la propiedad privada.
Además, no hay que olvidar que las consecuencias de la ocupación ilegal no solo se proyectan individualmente sobre los ciudadanos que sufren estas situaciones indeseables, sino también sobre la convivencia vecinal, además de provocar el
deterioro de los barrios afectados.
Los justos cambios legales que la ciudadanía reclama en materia de ocupación ilegal nada obstan a la debida protección de los más desfavorecidos y la garantía de la vivienda que debe guiar las políticas públicas. No deben confundirse las
necesidades de vivienda y su cobertura con la lucha contra la delincuencia, las actividades incívicas y las conductas que pongan en riesgo la seguridad de las personas y las cosas.
En definitiva, no se debe mezclar interesadamente la ocupación ilegal con la protección a las personas en situación de vulnerabilidad: al okupa no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable se le protege, sin que la administración
pública traslade su responsabilidad a los propietarios particulares.
Defendemos la necesidad de proteger a las personas vulnerables, así como la necesidad de luchar contra la ocupación ilegal a pesar del rechazo del Gobierno y de la mayoría de sus socios, algunos de ellos catalanes, lo cual es aún más
incomprensible, dada la preocupante situación en dicha comunidad autónoma. No obstante, desde el GPP consideramos que no solo es necesario, sino también urgente, seguir impulsando medidas en este sentido.
Por todo ello,
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña y cubrir todas las vacantes existentes en las relaciones de puestos de trabajo.
2. Atender las reivindicaciones salariales de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en Cataluña.
3. Abordar de manera urgente la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la reforma de los delitos de hurto y estafa con el fin de reducir la multirreincidencia.
4. Creación urgente de Juzgados de lo Penal en Cataluña, especialmente en la ciudad de Barcelona.
5. Reconocer la extraordinaria labor que desempeñan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en toda España y, en especial, en Cataluña por las dificultades con las que realizan su trabajo.
6. Adoptar todas las medidas necesarias con el fin de luchar contundentemente contra la ocupación ilegal de inmuebles, sobre todo en aquellos territorios a los que afecta
especialmente, como Cataluña, derogando toda normativa que ampare dicho fenómeno e impulsando las reformas que permitan:
- Desalojo en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento si los ocupantes del inmueble no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble.
- Desalojo inmediato en caso de flagrante delito.
- Reforzar las penas por delito de usurpación con hasta tres años de cárcel.
- Excluir el delito de allanamiento de morada de la competencia del Tribunal del Jurado.
- Mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias.
- Considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal.
- Prohibir que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener la consideración de morada o domicilio del ocupante ilegal.
- Legitimar a las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas contra la ocupación ilegal y para acudir a las autoridades.
- Devolver las cantidades abonadas por el propietario en concepto de IBI y en el Impuesto sobre el Patrimonio por el periodo que haya durado la ocupación ilegal.
- Considerar la vivienda ocupada ilegalmente como residencia habitual de su propietario si lo era antes de la privación ilegítima de su posesión, de manera que esta situación no conlleve la pérdida de beneficios fiscales si los hubiere.
- Dejar sin efecto la vigente suspensión de desahucios y lanzamientos, garantizando la protección de las personas en situación de vulnerabilidad sin trasladar la responsabilidad de la administración pública a los propietarios particulares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la moción consecuencia de interpelación relativa a la inseguridad
ciudadana y a la ocupación ilegal que afectan especialmente a Cataluña, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, cuyo debate está incluido en el Punto núm. 8 del orden del día de la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados que se
celebrará el día 23 de abril 2024.
Enmienda.
De modificación.
Texto que se propone:
Se propone la modificación del apartado dispositivo de la moción consecuencia de interpelación urgente, cuyo texto queda redactado como sigue:
'1. Reforzar los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña y cubrir todas las vacantes existentes en las relaciones de puestos de trabajo, al objeto de combatir el extraordinario aumento de la criminalidad que está
experimentando la región catalana.
2. Mantener el acuerdo mayoritario del Congreso de los Diputados de febrero de 2023 y, en su virtud, renunciar a la cesión de la comisaría de la Policía Nacional de Vía Layetana, sede actual de la Jefatura de Policía Nacional en Barcelona.
2. 3. Atender las reivindicaciones salariales de los agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en Cataluña y en el resto del territorio nacional.
3. 4. Abordar de manera urgente la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la reforma de los delitos de hurto y estafa con el fin de reducir la multirreincidencia, así como para el endurecimiento
de las penas en los delitos contra la libertad sexual.
4. 5. Creación urgente de juzgados de lo Penal en Cataluña, especialmente en la ciudad de Barcelona, ante el aumento exponencial de la criminalidad que está sufriendo la región catalana.
5. 6. Reconocer la extraordinaria labor que desempeñan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en toda España y, en especial, en Cataluña por las dificultades con las que realizan su trabajo. Entre estas, la falta de medios
materiales y humanos que adolecen por la inacción del Gobierno de España, y la creciente criminalidad procedente -en gran medida-, de la inmigración ilegal.
6. 7. Adoptar todas las medidas necesarias con el fin de luchar contundentemente contra la ocupación ilegal de inmuebles, sobre todo en aquellos territorios a los que afecta especialmente, como Cataluña, derogando toda normativa que ampare
dicho fenómeno e impulsando las reformas que permitan:
- Desalojo en un plazo máximo de 24 horas desde el requerimiento, si los ocupantes del inmueble no acreditan en dicho plazo un título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble.
- Desalojo inmediato en caso de flagrante delito.
- Reforzar la respuesta penal frente a la ocupación endureciendo, entre otras medidas, las penas por delito de usurpación con hasta tres años de cárcel.
- Excluir del delito de allanamiento de morada de la competencia del Tribunal del Jurado.
- Mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias, tipificando de forma específica la comisión del delito de usurpación por bandas organizadas en el artículo 245 del Código Penal.
- Tipificar un delito específico consistente en la incitación directa a usurpar ilegalmente inmuebles o edificios en construcción.
- Impulsar los mecanismos legales necesarios para impedir la inscripción de ocupantes ilegales en el padrón municipal, y en el caso de que esta se produzca, considerar nula la dicha inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal.
- Prohibir que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener la consideración de morada o domicilio del ocupante ilegal.
- Legitimar a las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas contra la ocupación ilegal y para acudir a las autoridades. En este sentido, impulsar la modificación del artículo 250.1.4.° 2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, con el fin de: (i) ampliar a las comunidades de propietarios la legitimación activa para denunciar una usurpación, reclamar la tenencia de un inmueble y solicitar autorización judicial para cortar los suministros del
inmueble ocupado; y (ii) permitir que el objeto cuya posesión se pretenda recuperar pueda ser bien inmueble distinto de vivienda.
- Garantizar que la ley obligue a quien ocupa ilegalmente un inmueble a responder de la reparación del coste que, para los propietarios, produce la usurpación de viviendas: por los destrozos o daños ocasionados, por los alquileres y rentas
dejados de percibir, por el impago de cuotas y la manipulación de las acometidas de luz y agua, así como por los comportamientos incívicos respecto de las zonas comunes en las que los ocupas generan conflictos y fracturan la convivencia pacífica
entre vecinos.
- Garantizar que la ley obligue a quien ocupa ilegalmente un inmueble a devolver las cantidades abonadas por el propietario en concepto de IBI y en el Impuesto sobre el Patrimonio por el periodo que haya durado la ocupación ilegal.
- Considerar la vivienda ocupada ilegalmente como residencia habitual de su propietario si lo era antes de la privación ilegítima de su posesión, de manera que esta situación no conlleve la pérdida de beneficios fiscales si los hubiere.
- Dejar sin efecto la vigente suspensión de desahucios y lanzamientos, garantizando la protección, de las personas en situación de vulnerabilidad sin trasladar la responsabilidad de la administración pública a los propietarios particulares.
En este sentido, es necesario impulsar la construcción de vivienda social.
- Promover la modificación del artículo 22.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a fin de reducir a nueve días el plazo a transcurrir entre el requerimiento fehaciente de pago y la interposición de demanda de desahucio
por impago de rentas que se requiere para impedir la enervación del desahucio.
- Impulsar la modificación del artículo 438 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, al objeto de incluir un plazo de diez días en el que el Letrado de la Administración de la justicia, examinada la demanda en la que se
ejercite la pretensión de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, deberá admitirla por decreto y fijar fecha de lanzamiento.
- Impulsar la modificación del artículo 553 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal al objeto de dotar de mayores medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para
desalojar inmuebles ilegalmente ocupados.
- Impulsar la modificación del artículo 795.1.2.° del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal de forma que los delitos regulados en el artículo 245 del Código Penal sean tramitados vía
procedimiento de enjuiciamiento rápido.
- Promover la creación de un registro de datos históricos de zonas afectadas por la ocupación, así como la realización de un seguimiento pormenorizado de todos los casos que se produzcan.
- Fomentar la colaboración entre la administración pública y las entidades privadas a efectos de aumentar el parque de viviendas de protección oficial.
8. Incluir en la firma de acuerdos y convenios bilaterales con los países de origen de la inmigración ilegal fórmulas que faciliten la repatriación de sus ciudadanos que hayan entrado o residen ilegalmente en España.
9. Expulsar inmediatamente a todos los inmigrantes que han accedido ilegalmente a nuestro país.
10. Retirar las ayudas sociales a quien ocupe ilegalmente un inmueble.
11. Expulsar inmediatamente a aquellos inmigrantes legales que hayan cometido delitos graves o que sean multirreincidentes.
12. Establecer la pérdida de la nacionalidad española adquirida por la comisión de delitos contra la Constitución, orden público, independencia y defensa nacional y comunidad internacional.'
Justificación.
Esta enmienda se incorpora para atajar con todos los resortes del Estado la ocupación ilegal de inmuebles mediante cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal.
Asimismo, se propone impulsar la colaboración público-privada a efectos de aumentar el parque de viviendas de protección oficial, muy exiguo actualmente en España, y poner fin a la recepción de ayudas sociales por parte de quienes ocupan
ilegalmente un inmueble.
Por otro lado, también se pretende mejorar la redacción inicial de los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. En concreto, se incluye la mención específica al Balance de Criminalidad, publicado por el Ministerio del Interior, y a las justas reclamaciones
salariales que proponen las
asociaciones de Guardia Civil y de la Policía Nacional. Así, se propone dar cabida a las reclamaciones de ambos cuerpos en todo el territorio nacional.
Por su parte, el Balance de Criminalidad de 2023, publicado por el Ministerio del Interior, ha presentado unas cifras dramáticas en cuanto al incremento de la comisión de delitos en nuestro país. Sin embargo, no se menciona el aumento
exponencial de los delitos contra la libertad sexual, que ha crecido un 15,1 % en 2023. Concretamente, las agresiones sexuales con penetración han aumentado un 14,2 %.
Sin embargo, en Cataluña, se observa un crecimiento de la criminalidad muy por encima de la media nacional, especialmente en los delitos contra la libertad sexual. Así, éstos han aumentado un 20,6 %, y las agresiones sexuales con
penetración un 34,1 %. Y si descendemos al nivel provincial, en Barcelona estos delitos han aumentado un 23,5 % y 39,2 %, respectivamente.
Se debe destacar la íntima relación que existe entre el aumento de la comisión de esta tipología de delitos y la inmigración. Así, según los datos publicados por el Ministerio de Igualdad, el 49 % de los autores de asesinatos de mujeres son
extranjeros 17. Todo ello a pesar de que apenas representan el 12,63 % de la población que reside en nuestro país 18.
En el caso particular de las agresiones sexuales, 'el 41,56 % de los agresores sexuales son extranjeros: de los 462 condenados por este tipo de delitos en 2022, 270 tenían la nacionalidad española y 192 eran extranjeros. Dentro de este
grupo, destacan 93 africanos, el 21,83 %, cuando demográficamente los originarios de este continente tan sólo representan el 2,4 % de la población española' 19.
En cuanto a las violaciones, los delitos más graves contra la libertad sexual, 'de las 46 condenas por violación emitidas en 2022, 22 respondieron a españoles frente a 24 a extranjeros: el 52,17 %. Esto significa que el 11,39 % de la
población (5.440.118 personas sobre 47.435.597) comete más de la mitad de las violaciones' 20.
Así las cosas, si esta mayor comisión de delitos contra la libertad sexual -en términos relativos-, por parte de inmigrantes, resulta imperativo endurecer las medidas para combatir este fenómeno. Asimismo, conviene mencionar el ínfimo
porcentaje de órdenes de expulsión que ejecuta el Gobierno. Concretamente, el Ejecutivo respondió a una iniciativa parlamentaria presentada por Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario VOX, con los siguientes datos 21:
AÑO;2020;2021;2022;2023
EXPULSIONES EJECUTADAS;1.834;2.025;2.627;3.090
LLEGADAS INMIGRANTES ILEGALES;41.861;41.945;31.219;56.852
% Expulsiones del total de inmigrantes ilegales;4,38 %;4,82 %;8,41 %;5,43 %
Si a estas órdenes de expulsión ejecutadas añadimos las llegadas de inmigrantes ilegales, se puede concluir que el Gobierno de España está ejecutando un porcentaje ínfimo de órdenes de expulsión. De hecho, de los casi 172.000 inmigrantes
ilegales que han arribado a nuestro país desde el año 2020, apenas 9.500 han sido expulsados de nuestro país vía orden de expulsión 22.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
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Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado - http://boe.es
17 VMortales_2023_09_25.pdf (igualdad.gob.es)
18 ONDARRA, Marcos: 'Los extranjeros ya cometen la mitad de los asesinatos de mujeres: 24 de los 49 en 2023', The Objective, 27.09.23. Disponible [en línea]: Los extranjeros ya cometen la mitad de los asesinatos de mujeres: 24 de los 49
en 2023 (theobiective.com)
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Respuesta del Gobierno del pasado 28 de febrero de 2024. Número de registro 13821.
22 Datos procedentes de los Informes sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior. Disponible [en línea]: https://www.interior.gob.es/opencms/es/prensa/balances-e-informes/