La señora presidenta da lectura a los
puntos 6, 6.1. y 6.1.1.

La señora PRESIDENTA: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, señora López Martín, por tiempo de
cinco minutos.

La señora LÓPEZ MARTÍN: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.

El Proyecto de ley reguladora de los servicios
electrónicos de confianza tiene como objetivo adaptar nuestro
ordenamiento a un marco regulatorio de la Unión Europea para evitar
vacíos normativos e inseguridad jurídica. No hace una regulación
sistemática, esa regulación ya la hace el reglamento de la Unión Europea
y tiene como función completar el reglamento en los aspectos que no
regula y que se dejan al desarrollo de los ordenamientos de los
diferentes Estados.

Esta ley entra en la Cámara el 20 de julio
de 2020, a la vez que se publica en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales y se tramita por el proceso ordinario. El plazo de presentación
de enmiendas era hasta el 11 de octubre y se presentaron diecisiete. La
enmienda número 12 fue retirada por su proponente, el Grupo Socialista.
Las enmiendas 1 a 3 las ha presentado el Grupo Mixto; de la 4 a la 7, el
Grupo Popular; de la 6 a la 11, la 13 y la 14, el Grupo Socialista;
la 15, Ciudadanos, y la 16 y 17, el Grupo Parlamentario Vasco.

El 1 de octubre se reúne la ponencia y el 13 la
comisión. Se han introducido modificaciones al dictamen, al texto
original que llegó de las Cortes, y hay un voto particular.

Por mi parte, nada más.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora
senadora.

A continuación, comienza el debate de
totalidad.

En turno a favor, ¿algún grupo hará uso de la
palabra? (Denegaciones).

En turno en contra, ¿algún grupo quiere
intervenir? (Denegaciones).

En turno de portavoces, en primer lugar, por el
Grupo Parlamentario Mixto y por tiempo total de doce minutos,
intervendrán tres senadores, que repartirán su tiempo a partes
iguales.

En primer lugar, tiene la palabra el senador
Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, señora
presidenta. Muy buenos días, señorías.

Debatimos este dictamen de la comisión y les
adelanto que el Partido Regionalista de Cantabria votará a favor. Tenemos
muchos motivos para estar a favor de esta ley, sobre todo el avance que
supone en esa tarea imprescindible e improrrogable que es la
digitalización.

Si algo ha quedado patente durante la crisis de
la COVID-19, es la utilidad de los trámites electrónicos. Hasta ahora, el
alcance de estos era limitado para gran parte de la población y se
limitaban casi siempre a compras por internet. Sin embargo, trámites de
otro tipo han empezado a tomar protagonismo: trámites administrativos,
judiciales, comerciales, etcétera. En todos estos, la identidad digital
es y será un factor clave, pues garantizará una confianza imprescindible
para el correcto funcionamiento de estas cuestiones.

Señorías, este proyecto de ley nos ofrece la
garantía de que nuestro país se mantiene en ese camino por la misma senda
que la Unión Europea. Y, por tanto, es innegable que la adaptación de
nuestro ordenamiento jurídico al Reglamento eIDAS de la Unión Europea
marca un avance para España, ya que posibilita el fomento de nuestras
relaciones, sobre todo las económicas, con otros Estados miembros. Por
tanto, esta ley contribuirá, desde su ámbito, a la seguridad y la
competitividad de nuestra ciudadanía y nuestras empresas en el marco
europeo, dos factores fundamentales, como demuestra el gran consenso que
hasta ahora ha habido en torno al texto que debatimos.

Los servicios electrónicos de confianza están
ya aquí, son parte de nuestro día a día y, en el futuro más inmediato, lo
serán todavía más. Pero si en algo queremos incidir y destacar es en la
importancia del desarrollo de este proyecto de ley en el mundo rural.
Para ello, es más que necesario que se avance en el desarrollo de las
nuevas tecnologías en los pueblos de nuestro país. Si no somos capaces de
mejorar estos servicios en el mundo rural, estaremos condenando a la
ciudadanía que vive allí a no poder acogerse a las ventajas que supone el
desarrollo de esta ley.

Por todo lo anterior, votaremos sí e
insistiremos en los foros que sea necesario para que la implementación de
esta ley se pueda desarrollar en todos los rincones de nuestra
geografía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, intervendrá a
continuación el senador Egea Serrano.

El señor EGEA SERRANO: Gracias, señora
presidenta. Señorías, buenos días.

Como dijo mi compañero el senador
Urionabarrenetxea, para nosotros esta ley, que somos de primero de
Senado, nos ha servido para aprender un poco cuál es el proceso que se
lleva en esta Cámara para la aprobación de una ley.

Quiero reconocer el trabajo de la senadora
Delgado Oval, que ha intentado en todo momento que todos los grupos que
participamos en la comisión de Asuntos Económicos seamos conocedores y
veamos resueltas todas las dudas que nos han ido surgiendo. Como dijo la
señora Del Brío, del G Popular, al principio en esta ley había muchas
cosas que no conocíamos y al final, con todas las reuniones que ha
habido, hemos sido capaces de entender realmente todos los trasfondos y
la finalidad de la ley. También quiero agradecer al señor senador
Apalategui, del PNV, que en todo momento ha intentado que conozcamos
cuáles son las motivaciones de sus enmiendas y le quiero agradecer el
trabajo que ha hecho para que todos seamos conocedores de cuál era la
motivación y la importancia que para ellos tenían sus enmiendas.

Votaremos a favor y, señorías, mi felicidad
sería mucho más completa si de las tres enmiendas que presentamos se
hubiera aprobado alguna; enmiendas que lo que pretendían era hacer más
fácil para los habitantes de los pequeños pueblos de la España vaciada el
acceso a lo que se trata en esta ley: los servicios digitales de
confianza. Como bien ha dicho mi compañero del PRC, esta ley será buena
si conseguimos que todos los habitantes de nuestro territorio sean
capaces de acceder a las redes de telecomunicación y a estos servicios
digitales.

En resumen, de esta comisión me llevo el gran
ambiente de trabajo que ha habido por parte de todo el mundo, el respeto
y el debate sosegado que ha habido en todo momento en el debate de las
enmiendas. Creo que es importante el ambiente y que la gente debe ver
cómo se debaten aquí los asuntos. Debemos tomar ejemplo de cómo se ha
desarrollado esta comisión, dejar el ruido excesivo que a veces hay y
demostrar a la gente que aquí venimos a hacer política, que no deja de
ser otra cosa que debatir para llegar a mejores conclusiones.

Señorías, la ley no será buena o mala si están
o no nuestras enmiendas incluidas en ella; la ley será buena si es útil
para los ciudadanos a quienes va dirigida. Espero que el ejemplo de esta
comisión se vea reflejado no solo en el resto de las comisiones, sino
también en esta Cámara en los sucesivos debates.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas a usted, senador
Egea.

Por el mismo grupo, intervendrá el senador
González-Robatto Perote.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias.
Buenos días, señorías.

La presente ley que debatimos hoy, con un
marcado contenido técnico, fue presentada a iniciativa del Gobierno y
nace el pasado mes de febrero en el Congreso. En las determinadas
ponencias realizadas para su aprobación, hubo una presión constante por
parte del Gobierno para sacarla rápidamente, incluso el Gobierno rechazó
enmiendas presentadas por los demás grupos parlamentarios y presentó dos
enmiendas, para las que solicitaba el consenso de los demás grupos.
Posteriormente, se debatió el pasado mes de junio en el Congreso y se
produjo la ratificación de la ponencia y aprobación con competencia
legislativa plena hasta llegar aquí, al Senado. Y es bueno que recordemos
lo que sucedió allí.

Lo que parecía ser un rodillo por parte del
Gobierno y sus correligionarios, resultó que de las veintiocho enmiendas
vivas que llegaron salieron adelante la mitad, catorce, y entre ellas dos
que consideramos muy importantes y que deseamos que el Senado también las
ratifique hoy. La primera, al artículo 7 del presente proyecto de ley, en
cuanto a la comprobación e identidad de los solicitantes. Tras la crisis
de la COVID-19, el mundo se dirige a un cambio digital mayor que en el
que nos encontrábamos con anterioridad a ella. Esto significa que este
proyecto de ley se presentó con anterioridad a dicha crisis, por lo que
las estipulaciones de su artículo no tenían en cuenta esta situación. Por
ello, el entorno de incertidumbre y complejidad en el que nos ha sumido
la COVID-19 nos obliga a enfrentar retos que exigen una transformación
completa que nos adapte a las formas, mucho más dinámicas, que nos exige
la nueva situación y las que derivarán por la situación post-COVID. En
concreto, desde la visión de los servicios de confianza, no puede ser que
la mayoría de las relaciones que necesitan de esta confianza estén
pensadas para tener que realizarse en presencia física. No obstante, uno
de los procesos clave de la transformación digital es la identificación
digital remota o telepersonalización, que ya la tenemos al alcance, tal y
como ha sucedido en la identificación para los temas relacionados con el
Sepblac.

La realidad es que España actualmente se
encuentra a la cola del tren en cuanto a admitir la posibilidad de
identificar electrónicamente a las personas con carácter previo al acceso
a servicios de confianza. Esta situación puede hacer perder a nuestra
industria una oportunidad única de estar a la cabeza en el mercado único
digital exportando nuestros servicios a otros países europeos, al amparo
de la posibilidad de ofrecer soluciones transfronterizas basadas en la
regulación del eIDAS. Este reglamento determina el marco que garantiza
que las interacciones electrónicas entre empresas sean más seguras, más
rápidas y más eficientes, sin importar el país europeo en las que se
realicen. El artículo 24.1 del reglamento establece expresamente la
posibilidad de utilizar otros métodos de identificación que sean
reconocidos a escala nacional con una seguridad equivalente en términos
de fiabilidad a la presencia física, previa validación de un organismo de
evaluación de la conformidad. Dichos sistemas se encuentran desde hace
más de cuatro años reconocidos en la escala nacional en España por el
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias, que en febrero del 2016 y mayo del 2017 dictó
normativa al respecto, de conformidad con lo previsto en el ya mencionado
artículo 24.1 y las disposiciones del reglamento de la Ley 10/2010, de 28
abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo. Con base en sistemas similares, la bioidentificación para
identificación de personas en procesos de emisión de certificados
digitales cualificados se permite en países de la Unión Europea tales
como Alemania e Italia, y sus prestadores de servicios de confianza
explotan las ventajas comerciales y estratégicas en un territorio de la
Unión Europea, incluyendo el mercado español, con obvias ventajas sobre
los prestadores nacionales.

La segunda, respecto a la disposición adicional
tercera, sobre el documento nacional de identidad y sus certificados
electrónicos. Tras las distintas reuniones, imperando el sentido común
sobre este apartado, se manifestó por la mayoría que el propio
certificado electrónico debe servir como documento de identificación, ya
que el mismo certificado debe sacarse mediante la identificación del DNI.
Por ello, el documento nacional de identidad electrónico no debe ser el
único documento que acredite electrónicamente la identidad de la persona.
Hoy en día, hay requisitos técnicos para la utilización del DNI, como
determinados elementos de hardware y software que nos van a permitir el
acceso al chip de tarjeta y, por tanto, la utilización de los
certificados contenidos en él. Mientras que el DNIe solo permite el
acceso mediante contacto, El DNI 3.0 dispone de un chip Dual Interface
que permite también la conexión inalámbrica a través de la antena NFC.
Para la utilización mediante el contacto necesita un ordenador personal y
un lector de tarjetas inteligentes, mientras que el certificado
electrónico lo tienes instalado ya en tu ordenador, en el navegador, lo
puedes llevar a cualquier otro y acceder desde cualquier parte.

En definitiva, creo que debemos tener en cuenta
estos puntos para su implementación ahora, porque nos arrepentiremos y
nos veremos en menos de dos años modificando de nuevo la ley para
implementar estos dos puntos, restando competitividad a nuestro país y
generando más carga burocrática de la que ya tenemos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, tiene la palabra el senador Matamala.

El señor MATAMALA ALSINA: Gracias, presidenta.
Buenos días.

Esta es una ley muy técnica, muy poco política
y, por tanto, creo que no hace falta un debate tan técnico en una Cámara
muy política.

Nosotros intervenimos en el Congreso de los
Diputados, donde presentamos diferentes enmiendas —algunas de
ellas, aceptadas; otras, no— y, por tanto, en general, estamos muy
de acuerdo con esta ley, que regula básicamente el mercado único digital
—muy necesario—. Por ello, vamos a dar soporte, vamos a votar
afirmativamente tanto a esta ley como a las dos enmiendas que ha
presentado el Grupo Nacionalista Vasco.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.

¿El Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
intervendrá en el debate a la totalidad? (Asentimiento).

Tiene la palabra el senador Martínez
Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Egun on,
senatari jaun andreak.

La verdad es que esto de estar en primero de
Senado es terrible, porque yo me había preparado una intervención en
euskera y resulta que en los debates de leyes hay que hablar en
castellano. Así que he hecho unas breves anotaciones de lo que tenía ya
escrito en euskera.

Julio de 2014, fecha desde la que es de
aplicación el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión
Europea. Hoy, octubre de 2020. Como siempre —como últimamente al
menos—, el Reino de España tan cumplidor en los plazos de las
directivas y reglamentos de la Unión Europea. Es cierto que ha habido un
vacío de poder importante en el Estado por la inestabilidad política, por
esa dificultad que tuvieron los partidos para hacer Gobierno. Yo siempre
digo: mientras en el Estado se hacían elecciones, elecciones, elecciones,
en Navarra teníamos un gobierno estable que sacó cuatro presupuestos
adelante en cuatro años, a diferencia de los gobiernos anteriores de la
derecha. Pero, en fin, seis años nos parece mucho tiempo para redactar
una ley que, como se dice en la exposición de motivos, no realiza una
regulación sistemática de los servicios electrónicos de confianza, que ya
han sido legislados a nivel comunitario por el reglamento europeo.

En Geroa Bai y en Izquierda Confederal pensamos
que esta ley debe mantener un equilibrio entre tres patas, voy a decirlo
así. La seguridad es una de ellas, y parece que es de Perogrullo, ya que
en sí es el objeto de la ley, pero hay que garantizar que quien se
identifica sea la persona que dice ser. Segunda pata, la protección de
los datos que la persona aporta, de forma que sepamos que esos datos no
tienen un uso más allá de la acción de identificación en sí misma. Y, por
último, la comodidad: tenemos que poner en marcha mecanismos de
identificación que no mareen a la gente, es decir, ponérselo fácil,
evitar duplicidades, triplicidades, etcétera, y, en ese sentido, admitir
también mecanismos de identificación impulsados por las comunidades
autónomas y lugares de identificación que estén lo más próximos posible
al domicilio del usuario para evitar desplazamientos inútiles. Teruel
Existe ha retirado sus enmiendas, dado que era evidente que no iban a ser
aprobadas. Disminuye, por lo tanto, la comodidad, la proximidad a la
persona usuaria de estos servicios. El Grupo Vasco las mantiene, con lo
que aún hay esperanzas —pocas, es verdad— de que las
comunidades autónomas puedan impulsar estos mecanismos de identificación.
La tercera pata queda, pues, un tanto tocada.

Aun así, es cierto que esta ley es una
oportunidad para que las empresas españolas que trabajan en este campo
incrementen sus posibilidades de negocio y puedan ser punta de lanza
—y deben ser punta de lanza— en estas tecnologías de
identificación que van a tener, sin duda, un desarrollo exponencial en
los próximos años.

Por eso, lamentando la debilidad de esta
tercera pata y agradeciendo también el trabajo tan importante que han
hecho la portavoz del Grupo Socialista y el portavoz del Grupo Vasco en
esta comisión, insisto, lamentando la debilidad de esta tercera pata,
votaremos a favor de esta ley.

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra la senadora Goñi Sarries

La señora GOÑI SARRIES: Buenos días. Gracias,
presidenta.

Señorías, me gustaría empezar transmitiendo
desde aquí nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y
compañeros de Joan Mesquida. Joan era un hombre íntegro, sosegado, era
una persona de profundos principios y valores. Era un demócrata con una
visión clarísima sobre España. Gracias por todo, Joan. Descansa en paz.
(Fuertes aplausos).

Como decía mi compañero anteriormente, yo
también estoy en primero de Senado y en primero de política, y creo que
este paso de un sentimiento sincero al debate que nos ocupa es lo que más
me va a costar en esta legislatura. Pero vamos a ello.

Señorías, hoy estamos debatiendo un asunto de
vital importancia, que si ya lo era antes de la pandemia, ahora cobra un
especial significado. Este proyecto de ley es un paso más en el camino
hacia el futuro. Hoy, esta Cámara va a avanzar un poco más en el aspecto
de la identidad digital, esa piedra angular de nuestra sociedad moderna,
y es que la identidad digital es el elemento esencial que permite a los
ciudadanos relacionarse entre ellos y con las instituciones a través de
la tecnología: elimina barreras y trabas burocráticas, favorece el
emprendimiento y la creación de riqueza y de empleo. La identidad digital
ofrece, señorías, la seguridad jurídica y la confianza que se necesitan
para hacer negocios, trámites y todo tipo de acciones. En definitiva,
tenemos que llevar al entorno digital lo que ya funciona en el entorno
real, en el mundo físico: hay que eliminar duplicidades y papeleos, hay
que favorecer los derechos y hay que hacer la vida más fácil a quien
arriesga todo por perseguir un sueño.

Señorías, la identidad digital va a contribuir
a que los ciudadanos accedan a servicios financieros para realizar pagos,
a que compren una vivienda, a que contraten un plan de pensiones,
etcétera. También va a permitir que puedan realizar cualquier trámite con
la administración, como pagar impuestos, solicitar un certificado de
familia numerosa o darse de alta en la universidad. Esto se va a poder
conseguir porque la identidad digital garantiza la legitimidad, la
seguridad y la legalidad que ahora mismo nos otorga mostrar nuestro DNI o
nuestro pasaporte.

Decía, señorías, que estos temas iban a tener
más relevancia ahora con la pandemia; es evidente que la situación que
estamos viviendo ha acelerado el proceso de digitalización. Nuestras
relaciones han pasado de la noche a la mañana de la calle al móvil o el
ordenador. La inmensa mayoría de los trámites han dado ya el salto al
mundo digital. Por tanto, tenemos que facilitar el acceso de los
ciudadanos a esos servicios y tenemos la obligación de impulsar el
desarrollo económico de la sociedad y prepararla para los nuevos retos
globales. Como ven, esta ley puede marcar un antes y un después en la
transformación digital de España, una transformación que tenemos que
potenciar. Tenemos que hacer lo posible por liderar esta revolución
digital, y este asunto tiene que estar presente en todas nuestras
agendas. La identidad digital lleva muchos años existiendo a través de
los certificados electrónicos, certificados electrónicos que no usa
apenas nadie por la complejidad de su uso. Cuando se instauraron, se
pensó muchísimo en la seguridad y poco en la facilidad de uso, y ahora
tenemos que encontrar ese equilibrio entre ambas partes.

Ciudadanos es un partido moderno e innovador.
Llevamos mucho tiempo trabajando a todos los niveles para que España esté
en esa vanguardia de la identificación digital, fijándonos en los países
comunitarios más avanzados en este aspecto. Por eso, hemos mantenido
muchas reuniones con fabricantes de tecnología de identificación, con
proveedores de servicios, con todos los grupos parlamentarios y con el
Ministerio de Economía. Agradezco sinceramente a todos los participantes
en estas reuniones sus aportaciones, sus puntos de vista y el haberme
brindado la posibilidad de trabajar en política llegando a acuerdos, que
aunque debiera ser lo normal, todos sabemos que es excepcional.

Por eso, a lo largo de la tramitación de este
proyecto hemos presentado diversas enmiendas para conseguir que la
verificación de la identidad digital también se valiera de la tecnología
y desplegara todo su potencial e importancia en lugares como la España
rural, donde con la identidad digital se podrán hacer todos los trámites
sin pisar una sola oficina. Porque con la identidad digital, señorías,
también podemos luchar contra la despoblación. Por ello, nos alegramos de
que el Gobierno se haya comprometido a que el desarrollo a través de la
orden ministerial considere la vídeo identificación al mismo nivel que
otros métodos de identificación.

Concluyo. No perdamos el tren de la
digitalización. Nuestras instituciones y nuestra democracia tienen que
avanzar según los signos de los tiempos y tenemos la obligación de
diseñar una infraestructura segura y accesible que permita el desarrollo
también de la industria de este país.

Señorías, si hoy en día nuestro mundo real es
una combinación de la realidad física y del entorno digital, debemos
garantizar exactamente los mismos derechos y perseguir los mismos delitos
en una esfera que en la otra. No hay excusas para no mirar al mundo
digital. El miedo al futuro no puede atenazarnos y hacernos llegar tarde
a esta gran revolución digital.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Ciudadanos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
intervendrá el senador Uribe-Etxebarria Apalategui.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Egun on,
presidente andrea. Egun on guztioi.

Los enormes cambios que está trayendo consigo
la era digital están teniendo un impacto transversal en todos los
sectores de la economía, de la sociedad y también en las personas: en
nuestro modo de vivir, de relacionarnos y de cómo concebimos la política,
las administraciones, la economía y la propia sociedad.

Desde hace ya bastantes años vivimos una época
de transformación tan importante como la que trajo el desarrollo de la
máquina de vapor en las fábricas del siglo XIX. Asistimos a una nueva
revolución industrial y económica que llega cargada de enormes
oportunidades, pero también de importantes desafíos, peligros y amenazas
para todo tipo de empresas, administraciones y ciudadanos, que hay que
evitar. Los grandes cambios están sucediendo a una velocidad de vértigo,
y es que la velocidad, precisamente, es lo que está constituyendo el
factor diferencial respecto a otras automatizaciones que se han ido
sucediendo a partir de la Primera Revolución Industrial. Con la COVID-19,
si se quiere, hemos entrado de lleno en una sociedad digitalizada, en la
que ya vivíamos, pero de la que quizá no éramos conscientes del todo. La
consecuencia es que los ciudadanos deben poder disponer de todas las
herramientas e infraestructuras digitales en seguridad y eficacia; las
administraciones deben prestar sus servicios eficazmente en este entorno
digital y las empresas tienen que replantearse sus modelos de negocio, y
todo ello en seguridad y confianza, en seguridad y confianza.

El proyecto de ley que tratamos hoy no es sino
un aspecto destinado a ordenar la economía digital. Más en concreto, su
propósito es regular los aspectos no contemplados en el Reglamento
comunitario 910/2014, sobre la identificación electrónica y los servicios
de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior
europeo. Señorías, no olvidemos la perspectiva europea y, por tanto, su
objetivo y filosofía: garantizar el correcto funcionamiento del mercado
interior europeo digital, aspirando, al mismo tiempo, a un nivel de
seguridad adecuado de los medios de identificación electrónica y los
servicios de confianza. Porque, en efecto, la creación de un clima de
confianza en el entorno digital es esencial para el desarrollo económico
y social, es fundamental. La propia Unión Europea señala que la
desconfianza, en particular debida a la inseguridad jurídica percibida,
hace que los consumidores, las empresas y las administraciones públicas
duden a la hora de realizar transacciones por la vía electrónica y
adoptar nuevos servicios, lo que supone perder el tren de la
competitividad.

Por lo tanto, lograr interacciones electrónicas
seguras entre los ciudadanos, las empresas y las administraciones
públicas e incrementar, en consecuencia, la eficacia de los servicios en
línea, públicos y privados, los negocios electrónicos y el comercio
electrónico en la Unión Europea, es un objetivo ineludible; es
fundamental. No solo la Unión Europea, nosotros mismos, las instituciones
vascas, y, por su parte, el propio Gobierno español en su Plan España
Digital 2025, si algo subrayan y si en algo se insiste es en la necesidad
de que la economía digital se desarrolle en términos de seguridad,
confianza e interoperabilidad. Ayer mismo, el Parlamento Europeo votó
tres recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea sobre la Ley de
servicios digitales que insisten en lo mismo: seguridad, confianza e
interoperabilidad.

Pues bien, esa, junto con otras, es la
perspectiva con la que el Grupo Vasco ha realizado sus aportaciones a
esta ley. Sin embargo, a la vista del posicionamiento de los grupos
mayoritarios, siento decirles que, desde mi punto de vista, este texto va
a adolecer de tres graves lagunas, que van a impedir u obstaculizar que
todos los operadores económicos y las administraciones públicas y sus
empleados puedan aprovechar al máximo, en seguridad, confianza y
eficacia, los instrumentos de la economía digital en Europa.

En primer lugar, me refiero a la no aceptación
de una aportación al artículo 6, que proponía que el DNI de los empleados
públicos pudiera sustituirse en sus comunicaciones digitales por un
código identificativo corporativo por cuestiones de privacidad de datos.
Esta cuestión ha sido reiteradamente demandada, por ejemplo, por los
secretarios de los ayuntamientos; incluso, las agencias de protección de
datos lo destacan. El PSOE y el ministerio nos dicen que ya existe esa
posibilidad, y no es cierto: los códigos solo están garantizados para
jueces y policías y no para el resto de funcionarios públicos. Esta es la
primera grave deficiencia.

La segunda, si el texto se deja tal cual, los
autónomos y empresarias y empresarios individuales no podrán utilizar el
sello electrónico en su actividad automatizada, es decir, en sus
programas de gestión, que llevan la facturación, la fiscalidad, etcétera.
Ello les obligará a utilizar sus certificados de firma y dejar para ello
las claves de acceso a estos certificados en los servidores, al alcance
de terceros, lo cual genera una grave inseguridad jurídica a los
autónomos y a los empresarios y empresarias individuales. Hemos aportado
argumentos y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
respecto a la interpretación jurídico-lingüística del concepto legal
person, pero se hace caso omiso de todo ello. Y, entretanto, los
autónomos y empresarias y empresarios individuales, desamparados y
gravemente perjudicados. ¿Por qué marginan a los autónomos y a los
empresarios individuales en la disposición de herramientas digitales en
seguridad y confianza? Es lo que nos preguntamos.

La tercera laguna se refiere a que el Partido
Socialista y el Partido Popular no admiten el establecimiento de
mecanismos de aceptación y reconocimiento de sistemas de identificación
electrónica a nivel estatal que permitan la interacción telemática segura
con las administraciones públicas de los distintos niveles
institucionales y territoriales, incluidas las comunidades autónomas,
algunas de las cuales ya tienen un amplio recorrido en esta materia,
como, por ejemplo, la administración vasca.

El Partido Popular incumple un acuerdo firmado,
porque lo que proponemos es un texto transaccionado con este grupo en el
Congreso, y eso es grave, señorías. Y respecto al ministerio y al Partido
Socialista, les reitero la pregunta: ¿qué concepción tienen del Estado de
las autonomías y del Estado compuesto que tanto dicen defender? ¿No van a
ser capaces de ser coherentes con lo que dicen defender? Adicionalmente,
¿qué significa para el ministerio y para el Partido Socialista mantener
una comunicación fluida y constante con mi grupo, con el compromiso de
llegar a un acuerdo satisfactorio en caso de discrepancia? ¿Qué significa
para ustedes eso? ¿Me pueden responder, por favor?

Tengo un amigo, conocedor de todo este mundo,
que me decía este fin de semana: Luke, no olvides que el hortelano tenía
un perro que... Bueno, en mi caso, para calificar algunas actitudes
políticas, básicamente del Partido Popular y del Partido Socialista, en
la tramitación de esta ley en esta Cámara, yo prefiero traer a colación
al periodista y crítico satírico y literario Mariano José de Larra,
quien, bajo el pseudónimo de Fígaro, escribió en 1833, en la revista El
pobrecito hablador, aquel afamado y acertado artículo titulado Vuelva
usted mañana. Pues eso, están diciendo vuelva usted mañana a los
funcionarios públicos; vuelva usted mañana a los autónomos y a las
empresarias y empresarios individuales, y vuelva usted mañana a las
comunidades autónomas. ¿Hasta cuándo, vuelva usted mañana, señorías?

Eskerrik asko, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿Hará uso el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana de su turno? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Del Brío González.

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Muchas gracias,
presidenta.

Señorías, estamos viviendo momentos difíciles
derivados de la pandemia, de esta enorme crisis sanitaria y económica,
pero también estamos viviendo momentos muy relevantes que tenemos que
saber poner en contexto. Hay quien nos sitúa ya en una nueva era, la era
digital, superando la Edad Contemporánea, y hay también quien nos sitúa
en la explosión misma de la cuarta revolución industrial, de forma que
estamos inmersos en procesos muy similares a los que se vivieron en
tiempos pasados, con el miedo al cambio, la paulatina adaptación a las
nuevas tecnologías, los nuevos diseños de los puestos de trabajo y del
modelo de negocio de las empresas. El denominado contrato social se
reinventa y requiere de nuevas dimensiones para satisfacer las demandas
de los ciudadanos.

La digitalización de la sociedad es ya un hecho
evidente y constatado en cualquier lugar del mundo. Lo era antes de que
se iniciara la pandemia COVID-19, pero el confinamiento ha hecho de ella
una necesidad imperiosa para el desarrollo de la actividad humana, ya sea
educativa, económica o incluso de interacción social. Y al Senado de
España le corresponde también formar parte de este nuevo contrato social,
proveyéndole de una estructura legislativa que se corresponda con las
necesidades actuales y futuras de la actividad tecnológica.

Déjenme que nos pongamos la medalla y que pueda
contar aquí de qué forma el Partido Popular ha contribuido y ha creído
durante todos estos años en la digitalización de nuestro país. Los
últimos gobiernos populares, que trajeron los últimos períodos de
crecimiento vividos en España, convirtieron a nuestro país en el primer
país de Europa por implantación de banda ancha y en el tercero del mundo,
algo que algunos parecen haber descubierto en mitad de la pandemia, pero
que realmente provenía de muy atrás. De hecho, el proyecto del último
Gobierno popular, que denominamos 300x100, pretendía eliminar la brecha
digital existente, sobre todo en aquellas zonas rurales a las que se
refería el senador de Teruel Existe, en las que su orografía o la falta
de accesibilidad suponían un reto para la adaptación tecnológica. Si el
Gobierno Socialista, que entró tras la moción de censura, no hubiera
parado este proyecto y hubiera avanzado con la misma rapidez, nos
habríamos encontrado con que muchísimas zonas, especialmente las zonas
rurales, habrían tenido mucho más soporte tecnológico durante el
confinamiento. También el último Gobierno popular impulsó la legislación
del sandbox, un proyecto de ley que entra ahora en el Senado cuatro años
después. Por tanto, la moción de censura que sacó al PP del Gobierno
supuso un absoluto frenazo en los avances de digitalización de España,
que el Gobierno Socialista podría haber continuado impulsando.

Ahora, por fin, van pasando los años y,
tímidamente, se inicia la actividad legislativa. La satisfacción de que
este proyecto de ley llegue por fin aquí, a pesar de que trata de adaptar
un reglamento del año 2014, tiene que ser de todos, de la misma forma que
nos satisface saber que se ha producido un consenso muy elevado:
solamente quedan un par de enmiendas vivas del proyecto que llegó del
Congreso. El texto que llegó del Congreso era correcto, pero mejorable en
algunos aspectos, como se puso de manifiesto cuando la mayoría de los
grupos aquí representados presentamos distintas enmiendas de
modificación. El Senado ha cumplido, y creo que tiene que estar orgulloso
de ello, su papel de Cámara de segunda lectura. Se ha mejorado la
propuesta, el texto final es satisfactorio para la mayor parte de los
grupos y recoge las inquietudes y propuestas de la mayor parte de
ellos.

Por nuestra parte, como Grupo Parlamentario
Popular, estamos también satisfechos con el texto final. Se han acogido
en forma de transacción todas las enmiendas que habíamos presentado y,
por tanto, daremos hoy el visto bueno al dictamen, sin haber dejado viva
ninguna enmienda para el debate de hoy.

El nuevo texto recoge, además, algo que el
Gobierno no había hecho, que era recoger, precisamente, el sentir de la
sociedad civil y el sentir de todos los grupos y asociaciones de
proveedores de servicios digitales. El Grupo Parlamentario Popular ha
dado así voz a los distintos agentes, hemos buscado consenso y
aportaciones que enriquecieran el texto. Podría haberse hecho mucho
mejor, pero, ya antes del confinamiento, nuestro grupo parlamentario
había solicitado la creación de una ponencia de estudio de transformación
digital, que podríamos haber realizado durante el confinamiento en
formato digital o telemático. Esa ponencia acaba de ser aprobada, pero
nunca arrancó, de tal forma que ahora vamos a aprender muchas cosas que
nos habrían venido muy bien de cara a ver elaborado este proyecto de ley.
Creo que, de esa forma, habríamos tenido un mejor eje para legislar y el
proceso habría sido mucho más eficiente y enriquecedor.

En todo caso, como les decía, expreso nuestra
satisfacción con el texto, en el que nos propusimos, a través de nuestras
enmiendas, dos objetivos fundamentales. Primero, la transparencia,
garantizada mediante la solicitud de una mejor diferenciación entre los
proveedores de servicios autorizados y no autorizados, de forma que se
reduzca el intrusismo y no se genere fraude ni confusión entre los
usuarios. Segundo objetivo —se ha hablado de él ya esta mañana
aquí—, nos propusimos garantizar la seguridad jurídica. Por ello,
reforzamos el uso del único documento acreditativo de la identidad
digital y la coordinación entre las diferentes administraciones, que es
nuestro DNI. De hecho, la existencia de un DNI digital permite garantizar
la identidad única inconfundible de una persona en nuestras diecisiete
comunidades autónomas. Es una herramienta que envidian el resto de
naciones y que nosotros, a pesar de tenerla, muchas veces queremos
desdeñarla. El objetivo, por tanto, del Partido Popular ha sido reforzar
el papel de esa identidad digital única, que es la mejor forma de no
generar confusión entre usuarios, proveedores de servicios y
administraciones. También hemos recogido la necesidad de incorporar las
nuevas tecnologías, por ejemplo, a través de la vídeo identificación o
videoconferencia.

Somos conscientes, además, de que
necesariamente una ley no es tan flexible ni tan dinámica como el avance
científico, lo que puede implicar que cambios muy drásticos en la
tecnología no tengan su respuesta rápida y efectiva en la legislación.
Por eso, hemos tratado de que el texto aprobado deje una puerta abierta a
los nuevos avances digitales.

No quisiera terminar sin recordar el papel que
la tecnología ha representado para los españoles en estos difíciles
tiempos de pandemia, que es solo una pequeña muestra de lo que supondrá
la tecnología en el futuro. Por poner sobre la mesa algunos datos:
el 66 % de la población ha reconocido que los smartphones le han ayudado
a acortar distancias; el tráfico de voz móvil aumentó un 40 %; el uso de
aplicaciones de mensajería se multiplicó por 6; el de televisión por
streaming, por 4, y el uso de herramientas de videoconferencia, como
Zoom, etcétera, creció entre 6 y 8 veces.

No querría terminar tampoco sin dar las gracias
a todos los grupos —lo hará mi compañero Javier Puente más
tarde— y también a los ponentes, a la presidenta de la comisión, a
la letrada, a todos los agentes de la sociedad civil con los que hemos
consultado a lo largo de estos días. Tenemos que felicitarnos a pesar de
las pequeñas discrepancias. Nos pedía ayer la ministra Calviño consenso.
El Partido Popular, siempre que haya sentido común y ganas de ayudar a
los españoles, ahí estaremos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Delgado Oval.

La señora DELGADO OVAL: Gracias, señora
presidenta. Buenos días, señorías.

Las nuevas tecnologías y la transformación
digital son el presente. Señorías, la situación actual creada por el
coronavirus está teniendo un impacto sin precedentes, no solo en el
ámbito sanitario, sino también en el ámbito económico y social. En este
sentido, quiero resaltar cómo han impactado las consecuencias de la
crisis sanitaria en la transformación digital incrementando el
teletrabajo, acelerando la digitalización de la educación o multiplicando
la capacidad de la sanidad; en definitiva, acelerando el proceso de
digitalización en nuestro país.

Hemos experimentado grandes cambios en muy poco
tiempo y estos cambios deben venir acompañados de leyes acordes con las
nuevas realidades. Somos conscientes de que necesitamos una
transformación digital que modernice más aún nuestra economía. Este
proyecto, que regula determinados aspectos de los servicios electrónicos
de confianza, tiene un alto contenido técnico y complejo, como han dicho
el resto de portavoces. Hemos tenido muchísimas reuniones de trabajo con
los portavoces de los distintos grupos, la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial y expertos. Por eso, señorías,
doy las gracias a todos los y las portavoces por su trabajo, capacidad de
diálogo y consenso: senador Egea, senador Matamala, senador Martínez,
senadora Goñi, senador Apalategui, senador Caminal, senador Puente,
senadora Del Brío y senador Nacarino. Muchísimas gracias por su trabajo.
(Aplausos).

La política, señorías, muchas veces ofrece la
oportunidad de abrir paso a proyectos tan ambiciosos y tan necesarios en
nuestra sociedad. Para cosas así, las políticas socialistas siempre
siempre marcan la diferencia entre el estancamiento o el avance
empresarial y social. El objetivo de esta ley es complementar el
Reglamento 910/2014, de identificación electrónica y los servicios
electrónicos de confianza, porque el reglamento prevé precisamente que
determinados aspectos técnicos y de organización interna se establezcan
por parte del legislador nacional. Estamos hablando de servicios
electrónicos de confianza, como la firma y el sello electrónico, tanto de
personas físicas como jurídicas, o el sello de tiempo electrónico. En
definitiva, lo que se pretende con esta ley es garantizar la seguridad
jurídica y contribuir a un marco normativo estable para avanzar en el
proceso de digitalización, y más aún cuando se trata de servicios
electrónicos de confianza, que son el día a día en las interacciones que
realizan las empresas, los ciudadanos y las administraciones
públicas.

Esta propuesta contribuye al avance en el
mercado único digital. El objetivo es que cualquier ciudadano pueda
acceder de forma fácil y segura a cualquier servicio público o privado
ofrecido por cualquier Estado o cualquier empresa de la Unión Europea.
Por tanto, este proyecto de ley proporciona una base común para lograr
interacciones electrónicas seguras y la realización de trámites
transfronterizos seguros, que son fundamentales para eliminar esa barrera
electrónica que excluye a los ciudadanos del pleno disfrute de los
beneficios del mercado interior. Regula, entre otros aspectos, la
comprobación de identidad y atributos de los solicitantes de un
certificado cualificado por parte de los prestadores; el régimen de
responsabilidad y de previsión de riesgos de los prestadores de
servicios; el tiempo máximo de vigencia de los certificados; el tiempo de
conservación de los datos de prestación de servicios; los efectos
jurídicos de los documentos electrónicos cuando se haya utilizado un
servicio de confianza cualificado; un nuevo régimen sancionador ampliado
al conjunto de los servicios de confianza y adecuado al reglamento
europeo y, además, designa al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital como organismo responsable de la supervisión de
los prestadores de servicios de confianza y de la construcción de la
lista de servicios de confianza.

Nosotros vamos a apoyar el dictamen de la
comisión. Esta ley es fundamental para el avance digital. Entendemos que
con las incorporaciones en comisión de las enmiendas que presentó nuestro
grupo, algunas de ellas transaccionadas con otras enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Ciudadanos, se han
corregido cuestiones que se introdujeron en el Congreso que generaban
inseguridad jurídica y dificultaban el funcionamiento de la
administración electrónica. Y quiero subrayar dos cuestiones al respecto:
por un lado, la modificación que se ha introducido al artículo 6.1.a),
volviendo al texto original, ya que, como hemos trasladado en numerosas
ocasiones, de aprobarse el texto con esa modificación que se introdujo en
el Congreso se originaría una inseguridad jurídica y se rompería todo
principio de interoperabilidad, y hay que tener en cuenta que la
interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los
procedimientos a los que estos dan soporte de compartir datos y
posibilitar el intercambio de información.

Con respecto a lo planteado por el senador
Apalategui sobre los empleados públicos, esta cuestión se resuelve en el
desarrollo de la Ley de procedimiento administrativo, en la parte de la
administración electrónica. Por otro lado, el Real Decreto 1671/2009
señala ya que en los perfiles de empleados públicos se pueden utilizar
certificados con seudónimos y hay flexibilidad en la práctica de este
supuesto.

Por otro lado, este dictamen incluye la
modificación del artículo 7.2. Los propios prestadores de servicios nos
habían trasladado su visión al respecto y nos habían pedido que se
volviera al texto original que en su día entró al Congreso.

Señorías, las políticas socialistas son
sinónimo de progreso y modernización, y por ese motivo el compromiso del
ministerio es incuestionable en cuanto a la puesta en marcha de sistemas
de identificación a distancia —insisto, para la identificación a
distancia— de solicitantes de certificados cualificados. Por eso, y
como ya hemos explicado, hay ya una orden ministerial pendiente de
aprobación, que ha sido elaborada con las propuestas que emanan del grupo
de trabajo en el que participan los prestadores de servicios. Insisto, no
era posible, tal y como entró la ley en el Senado, un reconocimiento
directo de métodos sectoriales porque muchos requisitos son inaplicables
o entran en contradicción con la regulación específica de servicios de
confianza. Países como Alemania, Francia o Italia han desarrollado
requisitos específicos e independientes para la identificación a
distancia de los solicitantes de certificados cualificados, y esto es
precisamente en lo que ha estado trabajando el ministerio, de forma que
los métodos de identificación sean rigurosos y homologables a países como
los ya mencionados.

Por otra parte, en respuesta al senador
Apalategui, le diré que no se margina a los autónomos, señoría, ya que
estos actualmente ya pueden firmar. No existe ningún problema al
respecto. La enmienda solicitaba que los autónomos puedan tener
certificados de sello electrónico, y eso es contrario al reglamento, que
señala taxativamente que las personas físicas firman electrónicamente y
las personas jurídicas sellan electrónicamente.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado
también un voto particular para la defensa de sus enmiendas 16 y 17, que
no fueron aprobadas por la comisión. Posteriormente, mi compañero, el
senador Nacarino, explicará nuestra postura al respecto.

Señorías, quiero agradecer la actitud de
diálogo que han mantenido las y los portavoces de los distintos grupos y
resaltar la importancia de que esta ley salga adelante para seguir
modernizando nuestro país. Como decía el senador Egea, esta ley será
buena en la medida en que se cumpla y llegue a todas y todos.






Y ese es el
compromiso del Gobierno de España: la cohesión social y territorial.

Por último, quiero compartir públicamente el
agradecimiento con mi compañero el senador Nacarino, porque, aunque yo
haya sido la cara más visible, este ha sido un trabajo en equipo,
senador.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Procedemos, a continuación, al debate al
articulado.

Con respecto a las enmiendas número 16 y 17,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, intervendrá el senador
Uribe-Etxebarria Apalategui, en turno a favor, por tiempo de tres
minutos.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik
asko berriro, presidenta andrea.

En efecto, intervengo para la defensa y
explicación de nuestras enmiendas. Hemos presentado dos enmiendas con el
ánimo y la voluntad de mejorar el texto de la ley y nos parecen lo
suficientemente importantes y relevantes como para insistir en la
necesidad de que esta Cámara las tome en consideración.

La primera enmienda pide poder expedir los
sellos electrónicos cualificados a los autónomos y a los empresarios
individuales para su uso en sus actuaciones automatizadas, como la
expedición de facturas. Como todos sabemos, los autónomos y los
empresarios individuales son unos agentes económicos y empresariales de
primer orden, son empresas que representan un importante peso en la
actividad económica y el empleo, y resulta crucial permitirles que se
aprovechen de lleno de los nuevos desarrollos y herramientas de la
economía digital en condiciones de confianza y seguridad técnica y
jurídica. No es comprensible ni admisible que se les margine en este
ámbito. No lo entendemos ni lo compartimos. Claro que pueden firmar,
señora Delgado, dejando al albur todos sus datos personales, y eso no es
poder desarrollar una actividad en el ámbito digital en seguridad.
Señorías, si en algo se insiste en todos los niveles es en la necesidad
de que la economía digital y sus herramientas sean accesibles para todos:
administraciones, empresas y ciudadanos, y que generen confianza y
seguridad; confianza y seguridad que también pedimos para los
autónomos.

La segunda enmienda se refiere a establecer un
sistema de notificación nacional de medios de identificación electrónica
por parte de las comunidades autónomas con objeto de facilitar la
interacción telemática segura con las administraciones públicas desde los
distintos niveles institucionales y territoriales. Hablamos de principios
europeos tan básicos como el reconocimiento mutuo, la interoperabilidad,
la subsidiariedad digital, la cooperación y la colaboración, del Estado
de las autonomías, de no tirar por la borda un trabajo ya avanzado en
distintas comunidades autónomas y que se basa como medio de
identificación, señora Del Brío, en el DNI. Eso no se pone en cuestión.
Se trata de una enmienda que fue transaccionada en el Congreso con el
Partido Popular, un partido que parece que ahora no va a ser capaz de
mantener su pacto y el acuerdo firmado. Lo lamentamos y censuramos. Es
una enmienda que interpela también al Gobierno español y al Partido
Socialista sobre su concepción del Estado de las autonomías o del Estado
compuesto, como gusta decir al presidente Sánchez, en el marco de una
Europa que quiere avanzar hacia un mercado único digital. Creo que en
este caso también es exigible que mantengan una postura coherente y
consecuente con lo que pregonan.

Eskerrik asko, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿Alguien hará uso del turno en contra de
enmiendas?

Por el Grupo Parlamentario Socialista,
intervendrá el senador Nacarino Muriel.

El señor NACARINO MURIEL: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señorías. Creo conveniente
destacar que la función del proyecto de ley que debatimos hoy no es
regular de forma sistemática los servicios electrónicos de confianza en
nuestro país, sino adaptar a nuestro ordenamiento jurídico el reglamento
de la Unión Europea que ya existe en esa materia, por lo que mantener
vivas enmiendas contradictorias o no reguladas por el reglamento en
nuestra opinión podría provocar inseguridad jurídica a la prestación de
dichos servicios. Por eso, por razones estrictamente técnico-jurídicas y
por el contenido específico de este proyecto de ley, el Grupo Socialista
no acepta las enmiendas que mantiene vivas el Grupo Parlamentario
Vasco.

Señor Apalategui, con su enmienda número 16
pretende —la senadora Delgado ya lo ha comentado— que los
autónomos puedan sellar electrónicamente considerándolos personas
jurídicas. Eso contradice lo establecido en la Ley del estatuto del
trabajo autónomo, que dice que los autónomos no son entidades ni empresas
ni personas jurídicas, sino personas físicas que realizan una actividad
económica o profesional por cuenta propia. También su enmienda es
incompatible con el Reglamento de la Unión Europea 910/2014 y con el
pronunciamiento de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad,
que establecen que las personas físicas firman electrónicamente y las
jurídicas sellan. Por tanto, su enmienda, en caso de prosperar, podría
generar problemas de reconocimiento transfronterizo de servicios. Además,
tampoco existe la necesidad de que su enmienda prospere si la finalidad
es solamente ayudar al colectivo de autónomos para que pudieran emplear
los medios electrónicos, porque los autónomos ya pueden hacerlo mediante
firma electrónica de forma automatizada, incluso mediante firma
remota.

Con respecto a su enmienda número 17, con la
que se pretende impulsar un sistema de notificación nacional de medios de
identificación electrónica de los ciudadanos por parte de las comunidades
autónomas, he de decirle que no cabe regularlo en esta ley. En todo caso,
si procediese, sería objeto de posible debate en la Ley del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, en cuyo artículo 9
se regula este aspecto. Por ese motivo el Grupo Socialista tampoco puede
apoyar la enmienda.

Para terminar, y como ya han puesto de
manifiesto otros intervinientes, me gustaría agradecer el clima de
diálogo de todos los ponentes y, por supuesto, destacar el gran trabajo
de consenso que hemos realizado en este proyecto de ley, reivindicando el
papel legislativo que tiene el Senado, ya que, en este caso, como en
muchos otros, hemos podido legislar y debatir cuestiones complejas y
perjudiciales para el sector y los ciudadanos, a los que va dirigida esta
ley, y así evitar cuestiones de grave inseguridad jurídica que hubiesen
estado sujetas al sistema de sanciones impuesto por la Unión
Europea.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias.
(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

A continuación, en turno de portavoces, por el
Grupo Parlamentario Mixto, ¿intervendrán varios senadores?
(Denegaciones).

No interviene nadie.

¿Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos?
(Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra el senador Uribe-Etxebarria Apalategui.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik
asko berriro, presidenta andrea.

Vamos a ver, señora Delgado. Empleados
públicos. Por ejemplo, los secretarios de ayuntamiento y los funcionarios
públicos están demandando una modificación de este tipo. Para que ustedes
se den cuenta, es como, si en papel, al lado de su firma viniera su DNI.
Usted y el ministerio dicen que todo esto se resuelve con la Ley del
procedimiento administrativo y con los empleados públicos. Bien, yo le
conmino a que lea el artículo 22.4, que indica lo que le he dicho antes:
que los certificados de seudónimos solo se pueden expedir para el
personal cuya actividad se desarrolla en el ámbito de la seguridad
pública o la defensa nacional, pero no para cualquier funcionario
público. Además, todo esto está desfasado. Fíjese: ustedes se basan en el
Real Decreto 1671/2009, sin embargo, posteriormente tenemos el Reglamento
comunitario 2016/679 y la Ley orgánica 3/2018, de protección de datos
personales. También le conmino a leer lo que indica la Agencia Española
de Protección de Datos en la página 44 de su guía sectorial —está
en internet—. Dice así, y leo literalmente: La incorporación, tanto
en la firma de los documentos electrónicos o en papel, como en la marca
de agua, del dato relativo al DNI del funcionario firmante constituye un
tratamiento excesivo y, en consecuencia, contrario al principio de
minimización de datos del artículo 5 del Reglamento General de Protección
de Datos. Ahí está, son sus propios textos.

Habla usted de la Ley de régimen jurídico del
sector público, pero las razones de seguridad pública, insisto, solo se
aplican de oficio a policías y a jueces. Y dice: Por tanto, hay
flexibilidad, practicamos flexibilidad; el ministerio, también, y en la
práctica se emplean estos seudónimos. Pero no hay flexibilidad
actualmente para resolver la cuestión de la privacidad de datos de las
firmas de funcionarios públicos de todos los sectores de actividad. No
hay flexibilidad.

Autónomos. Los argumentos del ministerio no son
de alcance. No tiene por qué concluirse que no se puedan emitir
certificados de sello a los autónomos por no ser personas jurídicas,
porque sí son personas, entes, individuos con personalidad jurídica. Son
empresas. Lo único que hay aquí es un juego de palabras. En su caso están
aplicando una interpretación restrictiva y reduccionista del término
legal person, que viene insertada en el reglamento comunitario. Hemos
aportado jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
pero parece que no sirve de nada. El resultado de todo esto es dejar a
los autónomos sin que puedan hacer uso del sello electrónico en su
actividad automatizada. Además, el Reglamento eIDAS ha regulado el
certificado electrónico para las empresas, solo que ustedes no permiten
que se expida a los autónomos por la interpretación que se hace del
término legal person, como decía. Si no son empresas, ¿qué son entonces?
¿No pueden actuar en seguridad?

En relación con las comunidades autónomas, sigo
diciendo que el reglamento regula los servicios de confianza y los medios
de identificación. Regula los dos ámbitos, y las comunidades autónomas
tienen derecho a poder desarrollar ese trabajo, que además están haciendo
bien. Y se interpela a ustedes de nuevo políticamente.

En cierta ocasión, a un político socialista de
larga trayectoria interna y europea le preguntaron si consideraba que
todas las normativas del euro y del Pacto de estabilidad eran
excesivamente exigentes con el Gobierno español. Y su respuesta fue
rotunda y clara: no; y razonó de la siguiente manera: Doy gracias a la
Unión Europea por que haya adoptado este tipo de políticas en el ámbito
del euro, como el Pacto de estabilidad, porque eso, afortunadamente, nos
obliga a hacer cosas que motu proprio no haríamos debido
—terminaba— a nuestra cultura política y a nuestra cultura
económica, procedente del siglo XIX.

Eskerrik asko, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Popular, intervendrá
el senador Puente Redondo.

El señor PUENTE REDONDO: Muchas gracias,
presidenta.

Buenos días, señorías. De cara a concluir este
debate parlamentario, después de muchísimas reuniones con empresas,
asociaciones, secretarías de Estado, y tras la ponencia y la comisión,
quiero resaltar tres puntos principalmente. En primer lugar, quiero dar
las gracias y expresar mi reconocimiento a todos los portavoces —no
voy a nombrar a todos; tenía pensado hacerlo, pero la senadora Delgado ya
lo ha hecho— por su apoyo, aportaciones, diálogo y ese consenso.
Igualmente, quiero agradecer la participación de todas las asociaciones,
de la sociedad civil, de la Secretaría de Estado, de la letrada y de
todas las personas que nos han apoyado en este trámite parlamentario. Con
ello hemos llegado a un consenso muy importante, un consenso con el que
se han introducido todas las enmiendas del Grupo Ciudadanos, del Grupo
Socialista y del Grupo Parlamentario Popular, ya sea directamente o a
través de transacciones. Y creo que ese es el camino a seguir.

En segundo lugar, quiero resaltar la
importancia de la aprobación de la video identificación, como se ha
comentado aquí. Este es un punto clave para el Partido Popular que ha
defendido a lo largo de toda la tramitación. Creemos que la
transformación digital del país es clave para salir de la crisis en la
que estamos inmersos, y la vídeo identificación es un punto más para
agilizar trámites administrativos, para agilizar la creación de empresas
o para agilizar la justicia. E igualmente para el mundo rural, como
comentaban mi compañero de Cantabria —tan importante para esa
comunidad— y el compañero portavoz de Teruel Existe en sus
intervenciones. Realmente esa trasformación digital es importante en el
mundo rural para dar servicios a las personas mayores o para la
educación, como hemos visto con la COVID. El Partido Popular ahí seguirá,
y por eso quería resaltar como segundo punto de mi intervención la
importancia de que se apruebe la vídeo identificación en todos los
trámites administrativos de los servicios electrónicos de confianza.

Y en tercer lugar, creo que este es el camino a
seguir, el camino del diálogo, el camino del consenso, el de trabajar por
todo aquello que nos une. España es un gran país, pero no sé si los que
estamos aquí somos conscientes de la tensión y la polarización que se
está generando en la calle, de la que yo, particularmente, creo que no
debemos participar. Creo que aquí estamos para algo más y que la gente
ahí fuera, que las personas a las que representamos esperan más de
nosotros. Esa polarización está creando dos bandos, y estamos viendo
incluso que entre esos bandos no se quieren escuchar. Por lo tanto, creo
que nuestra responsabilidad es buscar soluciones, trabajar por ese
consenso, como ha pasado en esta ley, ver todo aquello que nos une y
llegar a acuerdos para luchar y salir todos juntos de esta situación, de
esta crisis, tanto sanitaria como económica y social, en la que estamos
inmersos.

Por ello, les invito —creo que debemos
ser capaces y lo seremos— a llegar a acuerdos para superar estos
momentos con proyectos que apoyen a las pymes y los autónomos, que al fin
y a la postre son los que generan empleo en este país y los que lo
sacarán adelante. Les invito a llegar a acuerdos con medidas de apoyo
para las familias y todas aquellas personas que lo están pasando mal en
estos momentos. Les invito a llegar a acuerdos con proyectos que
incentiven el esfuerzo y el trabajo de nuestros jóvenes. Recordemos que
España tiene el 41 % de paro juvenil, donde más paro hay de la Unión
Europea. Trabajemos, pues, para que esos jóvenes encuentren empleo,
porque son el futuro de nuestro país. E, igualmente, estoy seguro de que
vamos a llegar a acuerdos para avanzar en esos proyectos de
transformación digital, tan necesarios para España, para hacer un país
más competitivo y productivo. Estoy seguro de que ahí llegaremos a
acuerdos, como nos demanda la sociedad. Por lo tanto, trabajemos todos
juntos para que España siga siendo ese gran país

Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias,
señorías.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Delgado Oval.

La señora DELGADO OVAL: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, la transformación digital es uno de
los procesos innovadores más relevantes que afronta la sociedad de este
siglo, y el compromiso del Gobierno es liderar esa evolución tecnológica
y ayudar tanto a las personas como a las instituciones y las empresas con
el fin de reducir la brecha digital y garantizar la igualdad de derechos
y oportunidades también en este ámbito.

Debemos ver la transformación digital como una
oportunidad de cohesión social y territorial. Vengo de Canarias, y sé de
las dificultades que encontramos en núcleos rurales y alejados;
imagínense si esos pueblos están en una isla no capitalina. Créanme, el
Gobierno está trabajando para que los servicios lleguen a todas y todos,
vivan en Arico, municipio de Tenerife, o en la calle Gran Vía.

Señorías, la transformación digital es un
aspecto clave en el plan de recuperación de la economía, porque la
digitalización jugará un papel fundamental en el proceso de recuperación
económica y de transformación de nuestra estructura productiva para tener
un crecimiento más sostenible e inclusivo y aumentar la competitividad y
crear empleo, además de mejorar los servicios, lo que, por tanto,
redundará, en el bienestar. España tiene la gran oportunidad de ser una
nación emprendedora de referencia en el ámbito europeo, y debemos
aprovechar la oportunidad que nos brinda el mercado único digital. En
este nuevo mercado, y teniendo como base la regulación europea en materia
de identificación electrónica y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado interior, el uso habitual de la
identidad electrónica supondrá un avance importantísimo en el ámbito
europeo. La identidad digital nos permitirá hacer cosas que no podíamos
imaginar hace unos años; se abre un abanico de oportunidades que
mejorarán la vida de las personas y que contribuirán a modernizar nuestra
economía. Necesitamos una identidad digital segura, de fácil acceso y
uso, y unos servicios electrónicos que garanticen la seguridad jurídica
para que, independientemente del lugar en el que vivamos, tengamos las
mismas oportunidades.

Señorías, esta es una oportunidad única para
mejorar la calidad de vida de quienes nos rodean. La gente espera de
nosotros soluciones. Por eso, necesitamos unos Presupuestos Generales del
Estado que nos ayuden a combinar los recursos de España con los recursos
de la Unión Europea. No es de recibo que alguien vaya a la Unión Europea
a hablar mal de España. Eso no es ir en contra del Gobierno, señorías, no
se equivoquen; eso es ir en contra de las españolas y los españoles.
(Aplausos).

Hay estudios como el informe de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones de 2018, que concluye que en los
países de la OCDE un incremento del 1 % en la intensidad de
digitalización del país supone un aumento del PIB per cápita del 0,14 %.
Asimismo, un estudio reciente de Deloitte concluye que una mejora de 10
puntos del índice DESI supondría un aumento promedio de un punto del PIB
per cápita de España. Por tanto, esta es una oportunidad única para salir
antes de esta crisis. Nosotros, los socialistas, estamos y estaremos al
lado de las personas. Nosotros, los socialistas, estamos y estaremos al
lado de las empresas. Ya veremos, señorías, dónde deciden estar
algunos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Señorías, finalizado el debate del proyecto de
ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de
confianza, se procederá a continuación a abrir el plazo para emitir el
voto telemático para todas las votaciones reglamentariamente previstas,
que son las siguientes: Votación de las enmiendas. Las que resulten
aprobadas quedarán incorporadas definitivamente al dictamen del Pleno.
Votación, en un solo acto, de aquellas partes del proyecto de ley
enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.
Votación, en un solo acto, del resto del proyecto de ley.

Se abre el plazo de dos horas para su votación
telemática desde este momento, en que son las 10 horas y 25 minutos,
hasta las 12 horas y 25 minutos.

La señora presidenta lee los puntos 6.2.
y 6.2.1.

La señora PRESIDENTA: No se ha presentado
ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual procede someter a
debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu.

Para la defensa de la toma en consideración
tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-EH
Bildu, el senador Picornell Grenzner.

El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias señora
presidenta.

Buenos días, senadores, senadoras, y diputada
Rosique, que hoy ha querido acompañarnos en este debate.

En nuestro grupo parlamentario somos
conscientes de que abrimos un debate complejo, un debate largo, un debate
que requiere de una reflexión profunda sobre la cuestión que planteamos.
Entendemos que a lo largo de la tramitación de esta proposición de ley
deberíamos tener la posibilidad de mantener con tranquilidad este debate,
que, como digo, es complejo y largo y que tenemos encima de la mesa.
Pero, del mismo modo que es un debate complejo, es también necesario y yo
diría que muy urgente, señorías.

Los jóvenes son uno de los eslabones más
débiles de nuestra sociedad y además se han visto absolutamente afectados
por las distintas crisis que hemos sufrido a lo largo de los últimos años
y, evidentemente, también por la crisis de la COVID-19. Y quiero poner un
especial énfasis en esta crisis, porque si los jóvenes ya estaban
maltratados por el sistema, con la COVID-19 la situación ha empeorado
enormemente.

La propuesta de rebajar la edad de voto a
los 16 años no es nueva ni viene solo de las Juventudes de Esquerra
Republicana, del Jovent Republicà, sino que es una de esas iniciativas
que vienen de abajo arriba, que vienen directamente del movimiento
juvenil. Nosotros solo hacemos de altavoz hoy aquí, en el Senado. La
ampliación del sufragio es una propuesta radicalmente democrática, es una
propuesta de radicalidad democrática con la que no podemos estar para
nada en contra, una propuesta que tiene por objetivo acercar la toma de
decisiones a los jóvenes de 16 y 17 años e incrementar su participación
política. Esos jóvenes tienen la posibilidad de participar activamente de
la vida pública y pueden tomar muchísimas decisiones sobre su vida:
emanciparse, trabajar, pagar impuestos, casarse, conducir algún tipo de
vehículo y hasta son responsables penalmente. Aquí hay un sinsentido,
señorías, porque pueden tener obligaciones, pero no tienen derechos, y
eso es lo que tenemos que subsanar.

Después de la retahíla de cosas que pueden
hacer los jóvenes y que les he explicado, estos no pueden decidir sobre
ellas. Pueden trabajar, pero no pueden decidir sobre las políticas
laborales; pueden pagar impuestos, pero no pueden decidir sobre las
políticas fiscales; pueden emanciparse, pero no pueden decidir sobre las
políticas de vivienda. En términos democráticos no tiene sentido alguno
que una persona que puede participar activamente de la vida pública, de
la sociedad, no pueda decidir sobre ella. Como decía, a nuestro parecer
es un sinsentido.

Señorías, estamos ante de una sociedad cada vez
más envejecida, una sociedad que necesita, como el aire que respira,
empoderar a los jóvenes, y esta es una de las grandes razones que nos
llevan hoy a traer esta proposición de ley. Es necesario promover la
participación política de los jóvenes; cuanto antes lo hagan, cuanto
antes participen políticamente, antes tendremos una sociedad más activa.
En este sentido, es absolutamente importante no tratar a los jóvenes de
forma paternalista y con argumentos sobre su nivel de madurez, un
posicionamiento que nosotros rechazamos de forma frontal y directa.
Debemos ayudar a los jóvenes de 16 y 17 años, los debemos acompañar,
debemos dejar que decidan sobre su futuro de forma libre.

En el año 2016 Esquerra Republicana presentó
hasta dos proposiciones de ley en el Congreso para iniciar el trámite de
esta reforma de la Loreg: una en abril y otra en noviembre. La de abril
se aprobó, pero al día siguiente se disolvieron las Cortes por la
convocatoria electoral de aquel 2016. Y la de noviembre se rechazó por
poco, con los votos en contra de los partidos de la derecha. Pero por el
camino, como hemos dicho, han participado muchísimos actores de esta
cuestión. Por ejemplo, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya,
entre otros, ha respaldado la ampliación de la edad de voto a los 16
años. También instituciones y muchísimos ayuntamientos, al igual que el
Parlament de Catalunya y otros parlamentos, se han pronunciado en esta
dirección. El mismo Consejo de Europa pidió hace muchos años rebajar la
edad de voto a los 16 años, aunque de todos los países de la Unión
Europea solo Austria contempla a día de hoy esta opción. Pero más allá de
Europa podemos encontrar otros ejemplos de países que sí recogen esta
recomendación, que yo diría que es casi mundial. Podemos encontrar casos
en Argentina, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Malta y también en algunos
länder alemanes. Por otro lado, encontramos casos en que el voto tiene
algunas especificidades vinculadas al trabajo o al hecho de estar casado,
como sucede en Bosnia, Croacia, Eslovenia o Hungría.

Cuando nos planteamos volver a presentar esta
proposición de ley teníamos claro que era el momento idóneo para que
pudiera aprobarse desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria,
de la aritmética electoral. Si en abril de 2016 se aprobó, ahora también
tendría que aprobarse. Dicho de otro modo: si todos los grupos
parlamentarios que en abril de 2016 votaron a favor de aquella
proposición de ley lo vuelven a hacer, esta proposición de ley empezará a
andar y se irá al Congreso para su trámite y debate. Hace unas semanas el
Partido Socialista —lo hablamos con su portavoz en la Comisión de
Justicia— estaba bastante de acuerdo con esta propuesta, el
Gobierno no la veía mal, pero parece ser que en los últimos días han ido
cambiando su posición.

Quiero recordar, señorías, que estamos ante una
toma en consideración. No estamos hablando de un trámite final, estamos
hablando de iniciar un debate que ya veremos dónde nos lleva, pero creo
que cortar las alas a iniciar un debate es faltar al parlamentarismo. A
nosotros no se nos pasa por la cabeza que los grupos que la última vez
votaron a favor hoy no hagan lo mismo. Si acaba siendo así, señorías, no
solo estarán faltando, como decía, a sus votantes a través de los
numerosos programas electorales que han presentado con esta cuestión,
sino que también estarán fallando a centenares de miles de jóvenes que
están siguiendo con interés este debate.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿Algún grupo hará uso del turno a favor?

Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Fernández Rubiño.

El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Gracias, señora
presidenta.

En primer lugar, queremos agradecer al Grupo
Esquerra que haya traído esta proposición de ley, una medida que mi
formación, Más País, recogió en el programa electoral en las últimas
elecciones y que sin duda apoyamos. Nos parece que este es un debate
pertinente que hace tiempo que nuestro país tiene pendiente, como lo
demuestra el hecho de que ya se ha tenido en algunas ocasiones, con el
apoyo mayoritario de fuerzas políticas que hoy podrían, como se ha dicho,
volver a dar carril a esta reforma.

Efectivamente, la mayoría de edad es una
cuestión relativa si tenemos en cuenta que el ordenamiento jurídico de
nuestro país considera que es a los 18 años, pero, al mismo tiempo, como
se ha dicho, con 16 años se puede trabajar y cotizar a la Seguridad
Social; se puede ejercer el derecho a huelga y una persona puede
afiliarse a un sindicato; se tiene autonomía en decisiones clínicas; se
puede contraer matrimonio; finaliza la escolarización obligatoria; y se
adquiere responsabilidad penal en muchos casos. Se tiene, por tanto, una
cierta incoherencia entre las cosas para las que consideramos a una
persona adulta y las cosas para las que consideramos que todavía no tiene
derecho a participar en nuestra sociedad; y algo tan importante como el
voto es, desde luego, una cuestión que nuestro país se debería
replantear. Porque los jóvenes y las jóvenes de nuestro país han sido ya
en muchas ocasiones la vanguardia y el motor de los cambios que se han
producido. Han sido determinantes en cuestiones que van a ser
trascendentales para nuestro país y nuestro futuro, como el movimiento
feminista o la lucha contra el cambio climático; por tanto, aunque haya
una cierta insistencia en referirse a las generaciones jóvenes como
narcisistas o egoístas y se hable de ellas con cierta condescendencia,
los jóvenes y las jóvenes de nuestro país se han ganado desde hace mucho
tiempo el derecho a poder participar de los asuntos públicos, que,
además, les van a afectar especialmente, porque no olvidemos que
facilitando la bajada de la edad de voto garantizamos que las personas
jóvenes puedan decidir sobre cuestiones que les van a afectar
directamente en su futuro.

Vivimos una situación en la que hay que
fomentar claramente la participación de los jóvenes por muchas
cuestiones. Primero, porque hay un cierto alejamiento de la política de
toda la sociedad en general, que no podemos permitir que se traslade
también a nuestros jóvenes; por tanto, tenemos que poner todas las
herramientas necesarias para que los jóvenes se impliquen en política. Y,
segundo, porque precisamente por el envejecimiento de la población que se
está produciendo en nuestro país por distintas causas demográficas es
esencial aumentar el peso relativo que tiene la juventud en el electorado
para que las cuestiones que les afectan directamente no acaben siendo
siempre complementarias o de segundo orden, sin tener en cuenta que los
problemas que afectan a la juventud afectan al modelo de desarrollo y al
futuro general de nuestro país.

Como decía, Más Madrid, Más País, ha llevado en
el programa electoral esta cuestión y, por supuesto, vamos a votar a
favor y reitero nuestro agradecimiento al Grupo Esquerra. Y lo que nos
sorprende hoy es la posición del Grupo Socialista, de la que ahora
tendremos noticia, aunque ya se nos ha adelantado en conversaciones. Es
sorprendente e inquietante, porque no entendemos por qué el Grupo
Socialista va a votar en contra de esta proposición de ley cuando votó a
favor en noviembre de 2016 cuando fue presentada por dicho grupo
parlamentario en el Congreso de los Diputados, y es una reclamación que
Juventudes Socialistas ha llevado siempre en sus reivindicaciones, como
conocemos el resto de fuerzas políticas que tenemos relación con el
ámbito de la juventud. Sabemos que Juventudes Socialistas ha defendido
esta cuestión en muchas ocasiones y que ustedes la han llevado en el
programa en repetidas ocasiones —esta no sería la primera
vez—. Pero, sobre todo, ustedes están comprometidos por un acuerdo
de coalición, cuyo punto 5.7 dice literalmente: Abriremos el debate sobre
la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a las
personas jóvenes de 16 y de 17 años. Abriremos el debate. Y eso es lo que
ha traído el Grupo Esquerra hoy: abrir el debate. Estamos tomando en
consideración una ley para abrir un debate sobre si se tiene que reformar
esto. Después, por supuesto, podremos ver cuál es la fórmula exacta, qué
otras cuestiones hay que añadir, quitar o restar. Y, desde luego, habrá
una aprobación final en la que los grupos podrán dar su opinión. Pero,
como digo, estamos hablando de que se abra este debate.

Ustedes pueden decir que el acuerdo recoge que
debe hacerse en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
Bien, creo que, si ustedes tienen voluntad política real, lo importante
no es que se abra en una comisión o en una Cámara como el Senado, que
tiene potestad legislativa, y es una competencia perfectamente apta para
que llevemos a cabo esta reforma. Por tanto, si no es una cierta excusa,
no me parece comprensible que ese sea el mayor impedimento para que hoy
salga aprobada esta toma en consideración. No sé si están utilizando un
lenguaje político que permite eludir un compromiso que ustedes han
marcado en un acuerdo de coalición electoral, pero, desde luego, no da
confianza, no responde al compromiso que ustedes adoptaron, y manda un
mensaje a los jóvenes y las jóvenes de nuestro país, que estarán
siguiendo seguramente esta cuestión, que quieren participar en política,
que consideran que ya es hora de que se les permita tener un papel
importante en la política de nuestro país, y que probablemente van a
tener una sensación de gran decepción ante el rechazo por parte de esta
Cámara de atender un debate como el que se ha planteado hoy, que, como
digo, es una reivindicación que ustedes mismos han llevado y que, sobre
todo, ha llevado la gente más joven de su partido, que se encuentra una
vez más con que determinados compromisos que se dicen en la oposición no
se trasladan a la realidad cuando ustedes alcanzan el Gobierno.

Lamentamos que hoy seguramente no salga
adelante, y animamos a todos los grupos que van a votar en contra a
reconsiderar su posición. Y esperamos que en un pronto futuro sea una
realidad el voto a los 16 y los 17 años de los jóvenes y las jóvenes de
nuestro país.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿Alguien hará uso del turno en contra?
(Denegaciones).

Pasamos directamente al turno de
portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, intervendrán
tres senadores, que compartirán su tiempo a partes iguales.

En primer lugar, tiene la palabra el senador
Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días de nuevo, señorías. En relación con
la proposición de ley que hoy debatimos para su toma en consideración, el
Partido Regionalista de Cantabria quiere hacer las siguientes
reflexiones. Somos conscientes de que hay países que ya han adoptado esta
medida, aunque nosotros creemos que el actual marco legal de referencia
es suficiente y, por tanto, no vemos necesario reducir la edad para ser
elector y elegible a los 16 años. Además, los jóvenes tienen la
oportunidad de participar en cuestiones como el asociacionismo juvenil o
la participación política en las distintas organizaciones juveniles de
los partidos políticos. Quizás lo que deberíamos hacer las formaciones
políticas es escucharles más y poner en marcha las políticas activas que
los jóvenes nos transmitan. También tienen la oportunidad de participar
en los distintos órganos de representación de los centros educativos, y
deberemos también procurar el fomento de foros y encuentros donde ellos
se sientan representados y, sobre todo, escuchados. Pero, señorías, como
profesor de secundaria, y después de más de veinte años de experiencia
docente con alumnado de esa edad, les puedo asegurar que los jóvenes
aportan ideas, transmiten entusiasmo, son innovadores y mantienen en
nosotros nuestro espíritu juvenil. Ahora bien, les aseguro que
con 16 años aún tienen inseguridades, necesidad de apoyo emocional, dudas
y —sí, señor portavoz de Esquerra— falta de madurez en muchos
casos —también con 40 a veces tenemos falta de madurez, pero
con 16, por desgracia, muchas veces aún más—, y una gran parte de
ellos no están lo suficientemente capacitados para afrontar un reto tan
importante como es, no solo votar, sino también asumir responsabilidades
de tan alto calado, dado que también tendrían la oportunidad de ser
elegidos para desempeñar cargos públicos, como concejales en parlamentos
autonómicos, las Cortes Generales... Por tanto, estoy de acuerdo en que
hace falta una reflexión, pero no estamos acuerdo con que a los 16 años
se pueda votar y, además, ser elegido para representar en órganos
públicos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el mismo grupo parlamentario, intervendrá a
continuación el senador Egea Serrano.

El señor EGEA SERRANO: Gracias, señora
presidenta.

He de reconocer que me encuentro ante cierto
dilema con respecto a esta ley. Es verdad que hay varios aspectos de la
vida, como contraer matrimonio o dar el consentimiento para mantener
relaciones sexuales, que se pueden realizar a partir de los 16 años. Y no
es verdad —como se ha dicho— que no haya derechos; los hay
antes de los 18 años, aunque no quizá los derechos plenos de la mayoría
de edad. Creo que en estos momentos, más que entrar en la ley —pues
no es solo votar—, sería importante establecer un debate para ver a
partir de qué edad consideramos que una persona es mayor de edad a todos
los efectos, no solo para votar, porque, por ejemplo, para conducir hace
falta tener 18 años y para votar ahora, también. Como digo, creo que
sería el momento de tener un profundo debate, en las circunstancias
actuales, para ver cuándo a una persona se la puede considerar mayor de
edad, y no establecer si se es maduro o inmaduro o encontrar un ejemplo
de inmadurez a los 16 años y meter a todos en el mismo saco.

Siendo normalmente contrario a no tomar en
consideración, porque creo que no está de más tomar las leyes en
consideración, debatirlas y, fruto de ese debate, ver después si el
resultado de este es correcto o no y se circunscribe a nuestros
pensamientos, creo que, además del voto, quizá deberíamos establecer en
la Comisión de Juventud del Senado el debate real sobre qué significa hoy
en día ser mayor de edad. Repito que es un debate que podríamos llevar a
la Comisión de Juventud.

Como decía, tenemos cierto dilema, ya que
creemos que se deberían tomar en consideración todas las leyes porque es
interesante debatir cualquiera, pero a lo largo del debate veremos si
cambiamos nuestro voto, que se inclinaría hacia la abstención.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, también
intervendrá la senadora Merelo Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta. Buenos días.

Señorías de Esquerra Republicana-Bildu, en
primer lugar, me gustaría mostrar el asombro que me produce la palabra
democracia cuando se profiere desde la bancada de aquellos cuyo único
objetivo al invocarla es subvertir el mismo orden democrático de nuestra
nación. Por ello, aunque a primera vista pueda parecer que pretendan
avanzar en la democratización de la sociedad, situando en 16 años la edad
para ejercer el derecho a voto, mucho me temo que, a la luz de los
acontecimientos, su voluntad no es otra que la de utilizar nuevamente la
palabra democracia con intereses espurios. Tanto es así, que su voluntad
democrática termina en cuanto estiman que esta no sirve a sus propósitos
políticos; y es que la palabra democracia, en su boca, se torna en un
término vacuo.

Sobre la base de lo anterior, me permito la
licencia de aseverar que ustedes pretenden que la edad de voto baje hasta
los 16 años, no porque les importen los derechos de participación
política de los jóvenes de este país, sino porque consideran que
electoralmente les puede resultar rentable para conseguir acabar con la
unidad de la nación española y, a la postre, con nuestra propia
Constitución, intentando una vez más proclamar su república con puño en
alto, como presenciamos el otro día. La república catalana no existe.
Además, en el lamentable atentado golpista contra nuestro orden
constitucional que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017 —a raíz del
cual muchos de sus colegas acabaron en la cárcel, principiando por el
presidente de su partido, Oriol Junqueras— ya se estableció la edad
mínima para votar en 16 años con un único objetivo: utilizar un
referéndum ilegal, recubierto de un barniz seudodemocrático para ocultar
su auténtica voluntad: atentar abiertamente contra nuestra democracia,
nuestra convivencia y, en definitiva, nuestro país, utilizando a los
jóvenes como peones para que pudieran servir a sus fines secesionistas. Y
es que si se toma en serio esta cuestión, la modificación de la edad para
votar ha de ser estudiada detenidamente debido a que no está exenta de
riesgos. No es casualidad que la mayoría de los países de nuestro entorno
europeo, salvo algunas excepciones, hayan mantenido la edad mínima en 18
años y que algunos de los países a los que ustedes aluden para reforzar
su posición hayan reconocido ese derecho a mayores de 16 años de manera
subordinada al cumplimiento de unos requisitos. Los atributos que lleva
aparejada la juventud, como son la falta de estabilidad emocional, la
minusvaloración de los riesgos, así como una visión cortoplacista, todas
ellas consecuencia de su desarrollo, podrían no resultar idóneos para el
reconocimiento de este derecho. No obstante, es una cuestión que requiere
de un profundo proceso de valoración que hasta la fecha no se ha llevado
a cabo.

Por último, me gustaría destacar que la
resolución que desde su grupo utilizan para sustentar su propuesta, la
resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 1826,
de 23 de junio de 2011, proviene curiosamente de una organización
internacional de carácter regional, a la cual respetamos profundamente en
nuestra formación, que, de alcanzar sus objetivos —y entiéndase por
estos la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, la
democracia y el Estado de derecho—, culminará con la ilegalización
de toda su bancada.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, intervendrá el senador Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gracias,
presidenta.

Señorías, bon dia. En Junts per Catalunya somos
partidarios de un modelo democrático de aprendizaje y de deliberación
política que contribuya a la mejora de la participación de los jóvenes en
la toma de decisiones. Si, como decía el senador Picornell en la
presentación de la proposición, y reiteraba el senador Fernández Rubiño
en el turno a favor, con 16 años se atribuyen, entre otras,
responsabilidades laborales, fiscales, civiles o penales, por las que un
joven con 16 o 17 años puede trabajar, emanciparse, casarse, liquidar
impuestos o incluso ser juzgado penalmente, para nosotros resulta
evidente que la adquisición de estos deberes tiene implicaciones; quizá
no la confirmación de su madurez, pero es difícil vincular la edad a la
madurez, y creo que en esta Cámara ayer por la tarde pudimos comprobarlo.
Pero entiendo que es el reconocimiento de que se disponen de los
conocimientos suficientes y la capacidad intelectual y moral para
ejercerlos. En otras palabras, tienen la consideración de personas
socialmente responsables, por lo que no hay motivo para limitarles el
ejercicio de voto.

En consecuencia, recojo el resultado de la
Convenció Ideològica de la JNC, trasladado por su secretaria general,
Judith Toronjo, a quien agradezco su colaboración, en sintonía también
con el manifiesto del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, que
agrupa a un centenar de entidades catalanas, a las que también aprovecho
para darles las gracias por su implicación en el tema, pero sobre todo
por su trayectoria en la defensa de los intereses de los jóvenes ante la
sociedad y ante los poderes públicos, que arrancó nada menos que
en 1979.

Así que, sin más, en Junts per Catalunya
agradecemos la iniciativa y apoyaremos la proposición promovida por
Esquerra-Bildu para que se inicie este debate y el derecho a sufragio a
partir de los 16 años sea, más pronto que tarde, una realidad.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Fernández Rubiño.
(Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos,
intervendrá el senador Hervías Chirosa.

El señor HERVÍAS CHIROSA: Gracias,
presidenta.

Señorías, hoy Esquerra Republicana-Bildu nos
trae esta reforma concreta, muy puntual, de la Ley electoral, una reforma
que se centra únicamente en una cuestión: que los menores de 16 y 17 años
tengan derecho a voto. Y miren que hay cosas para mejorar la Ley
electoral —tenemos un sinfín de necesidades para reformar una ley
electoral que cada vez es más injusta y que no es proporcional—,
pero, en cambio, solamente nos traen ese único punto. Y que Esquerra y
Bildu traigan un tema como el de la Ley electoral y traten solamente un
punto: que los menores tengan derecho a voto, para mí es un poco
sospechoso. Personalmente, me parece un poco sospechoso.

No voy a entrar a valorar si las personas de 16
y 17 años son más o menos maduras, tienen más o menos sentido crítico, o
son más o menos influenciables, pero voy a contar una anécdota que me
ocurrió hace unos cuantos años, precisamente en el Consejo de la Juventud
de Cataluña, donde acudí a unas cuantas reuniones como representante de
Ciudadanos, cuando se trataba, precisamente, el tema de la reforma de la
Ley electoral. En aquel entonces, un dirigente de Esquerra Republicana de
la época de Carod-Rovira me confesó por qué se hacía tanto hincapié en la
necesidad de que la gente de 16 y 17 años pudiese votar —estamos
hablando de hace diez u once años—. Su opinión era que, gracias al
tripartito —¿se acuerdan? El famoso tripartito donde el Partido
Socialista perdió la E de partido español en aquel acuerdo con
Carod-Rovira en los años 2003 a 2006—, tenían, por un lado, los
medios de comunicación y, por otro, la educación, y que ellos habían
puesto a funcionar una maquinaria —lo que llamamos adoctrinamiento,
porque es la realidad, y los que hemos estudiado en la escuela pública
catalana lo hemos vivido en primera persona, y les puedo poner miles y
miles de ejemplos—, una maquinaria, repito, por la que si los
jóvenes tenían derecho a voto podían conseguir más apoyo para sus
delirios separatistas. Por eso hacían tanto hincapié en la necesidad de
que se votara a los 16 años. ¿Y qué pasó? Que hace poquitos años, tanto
en el golpe como en el referéndum que se hizo anteriormente con el señor
Artur Mas, curiosamente, se decía que los menores de 16 años podían
votar. ¡Qué casualidad! Y de golpe, se insiste y se hace hincapié en esa
necesidad.

Hay miles de necesidades para reformar la Ley
electoral, y en Ciudadanos hemos defendido hasta la saciedad la necesidad
de reformar la Ley electoral; la necesidad de que todos los grupos nos
pongamos de acuerdo para tener una ley electoral mucho más justa. En
Ciudadanos estamos dispuestos a ello, pero no basta con un parche, como
se está haciendo, y por estrategias más de poder que porque realmente se
busque una ley electoral mucho más justa. Por ello, en Ciudadanos no
podemos compartir esta estrechez de miras de Esquerra Republicana y
Bildu; no podemos compartir que solamente se quiera reformar la Ley
electoral para esos intereses personales, que es lo que se busca.

Queremos centrarnos en lo que es la Ley
electoral a día de hoy, en lo que representa y los graves efectos que
tiene nuestra ley. Es un sistema injusto, no es proporcional. La Ley
electoral actual vulnera la igualdad de todos los españoles. Podemos
repasar varios aspectos, como, por ejemplo, que el voto de todos los
españoles no vale igual; no vale. Hay unas provincias que están más
representadas que otras. También hay unos españoles cuyo voto vale más
que el del resto de españoles. Después nos centramos en el voto
estratégico o el voto útil. En aquellas provincias más pequeñas se hace
hincapié en la necesidad del voto estratégico ya que beneficia a los
partidos mayoritarios; por tanto, va en contra de la pluralidad, que, por
cierto, recoge nuestra Constitución. También cabe hablar de la ausencia
del protagonismo del ciudadano; tenemos unas listas cerradas y bloqueadas
que lo que hacen es que los ciudadanos no puedan elegir a personas,
solamente partidos; insisto, no pueden elegir a personas. Finalmente,
tenemos el voto rogado, la chapuza —perdonen la expresión—
del voto rogado. Cada vez que hay un proceso electoral nos encontramos
con la problemática de que los españoles residentes en el extranjero no
pueden ejercer el voto porque se ideó esa chapuza del voto rogado.

Por tanto, en Ciudadanos sí queremos reformar
la Ley electoral; queremos mejorar verdaderamente la Ley electoral
actual. Queremos incrementar la proporcionalidad del sistema: un
ciudadano, un voto. El voto de cada ciudadano tiene que valer exactamente
igual, resida donde resida. No puede ser que unos españoles tengan más
fuerza de voto que otros. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer una
ley que sea mucho más proporcional. Queremos listas desbloqueadas,
queremos que los españoles voten a partidos, pero que también voten a
personas. Esta Cámara es un claro ejemplo de ello. El Senado se elige
mediante listas desbloqueadas y no pasa nada; no pasa nada. Hagamos que
en todos los procesos electorales sea exactamente igual. Acabemos con el
voto rogado. Los que conocemos a gente residente en el extranjero,
amigos, sabemos de primera mano la problemática existente con el voto
rogado. Hoy en día, con las nuevas tecnologías —lo hemos visto
ahora en la proposición de ley que se ha debatido anteriormente—,
no es tan difícil. Hay muchos países que ya aplican el voto electrónico y
de forma, por cierto, muy eficiente.

Otra cosa importante que también se debería
abordar es la siguiente. Vienen elecciones y comenzamos siempre con las
peleas sobre los debates, sobre quién asiste o no al debate. Vamos a
regular por ley que los debates sean mucho más plurales; vamos a hacerlo.
Otro aspecto importante y con el que ahorraríamos unos cuantos millones
de euros al conjunto de los españoles tiene que ver con el mailing, el
envío de la papeleta de voto. Hagamos un mailing conjunto por ley y
ahorremos unos cuantos millones de euros a los españoles.

Como ven, es necesario tener una ley electoral
que sea mucho más proporcional; una ley electoral que represente la
realidad social de España. No puede ser, como estamos viendo, que
Esquerra Republicana, que representa al 3 % de los españoles, y Bildu,
que representa al 1 % de los españoles, pongan en jaque al Gobierno
—bueno, el Gobierno también se deja—, o sea, que el 4 % de
los españoles ponga en jaque al Gobierno. ¿Es normal? No es normal. ¿Cómo
puede ser que Esquerra Republicana, por ejemplo, tenga trece diputados y
Ciudadanos, con el doble de votos, tenga diez? Es un claro ejemplo de la
falta de proporción y de que no todos los votos valen igual.

Señorías, señores separatistas, no vamos a
votar a favor, lógicamente, de esta enmienda. Nosotros tenderemos la mano
para reformar una ley electoral mucho más completa, que sea más justa,
más igualitaria, que piense en el conjunto de los españoles, pero no
vamos a caer en esta reforma trampa que ustedes nos traen. No vamos a
caer en esta reforma que buscan por intereses de poder, como
comprenderán, y votaremos lógicamente en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra el senador Landa Jáuregui.

El señor LANDA JÁUREGUI: Egun on danori. Buenos
días a todos y a todas.

Nos encontramos sin duda ante una proposición
que merece toda nuestra atención e interés en tanto toca directamente el
nervio democrático al ubicarse en el ámbito del derecho fundamental a la
participación en los asuntos públicos de la ciudadanía. Los argumentos
que respaldan esta propuesta suelen abarcar una doble perspectiva. Por
una parte, se trata de ampliar el concepto de ciudadanía, de manera que
se dé cabida en él a los jóvenes de 16 a 18 años. Por otra parte, se
piensa que la adquisición del derecho al voto conlleva un incremento en
el sentimiento de responsabilidad de los jóvenes hacia la cosa pública,
estimulando la participación política de la juventud. Todo ello en
consonancia con lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas en
relación al derecho de participación de los jóvenes en la vida pública.
Hay autores que incluso vienen a proponer que esta apuesta por la mejora
de la calidad democrática se extienda a toda la ciudadanía sin límite de
edad, apelando, en lo referente a los menores, a su desarrollo en el
contexto del régimen de patria potestad atribuida a sus progenitores y
progenitoras. Hay Estados que apuestan por una aplicación gradual de la
extensión del derecho de sufragio activo a los jóvenes entre 16 y 18
años. En algunos casos, respecto del tipo de elección elegida para ello
—es el caso, por ejemplo, de Austria, que, como saben, fue el
primer país europeo en extender el sufragio a los de entre 16 y 18
años—, decidieron empezar por el ámbito local, mientras que otros,
como es el caso de Croacia y Serbia, limitando la extensión de este
derecho únicamente a aquellos jóvenes de entre 16 y 18 años que trabajan
por considerar que ya tienen intereses económicos y sociales
propios.

Volviendo a la propuesta, los que se oponen a
la misma lo suelen hacer alegando que los jóvenes de entre 16 y 18 años
adolecen de una falta de madurez suficiente para asumir tal
responsabilidad, por lo que su decisión de voto sería escasamente
autónoma, dicen, y se vería fuertemente influida por su entorno familiar;
es decir, apelan al argumento de encontrarnos ante un colectivo más
susceptible de ser manipulado. Por tanto, estamos ante una idea de
competencia básicamente adultista en tanto este examen de capacidad
suficiente podría ser igualmente aplicable respecto a las personas
mayores de 18 años que ostentan el derecho al sufragio activo por el mero
hecho de superar esta convención cronológica. Estos argumentos nos
recuerdan demasiado a los esgrimidos en el siglo pasado para negar el
voto a la mujer. En todo caso, la realidad de nuestro entorno europeo nos
traslada una foto en la que la gran mayoría de los Estados continúa
manteniendo los 18 años como el umbral de acceso a la ciudadanía y en
algunos casos edades aún superiores para acceder al derecho de sufragio
pasivo.

Lo cierto es que este debate, sin duda
apasionante, tiene también lecturas y ramificaciones sectoriales que, a
mi entender, no pueden ser dejadas de lado si quiere ser abordado en
profundidad y con honestidad. Así, cabría plantearse si no sería
procedente elevarse más allá del ámbito electoral, y en tanto se aborda
principalmente una reflexión en torno a las capacidades atribuidas por
ley al colectivo adolescente de entre 16 y 18 años, intentar buscar en el
ordenamiento jurídico un tratamiento normativo coherente a todos los
aspectos relevantes de su personalidad. Tal vez deberíamos preguntarnos
si es admisible o no la aparente distorsión que se deriva de un
ordenamiento jurídico que trata a una persona como capaz en ciertas
esferas y como incapaz en otras que implican el ejercicio de una
capacidad crítica similar. A modo de ejemplo, induce a reflexión
constatar que sujetos que son considerados penalmente responsables para
cometer delitos, sin embargo, no posean capacidad legal para conducir sus
negocios civiles de manera independiente. De igual manera, podríamos
preguntarnos si no induce a reflexión abordar la plena capacidad
electoral respecto de quienes, en su condición de menores, no tienen
reconocido por el sistema jurídico plena capacidad legal y lo somete a la
voluntad de un adulto, que supervisa su actuar y toma de decisiones
soberanas sobre su vida. Por tanto, habríamos de cuestionarnos si cabría
concebir la autonomía privada y la pública como vasos comunicantes
directamente conectados o no. Estas son reflexiones abordadas, por
cierto, magníficamente por el profesor de Derecho de la Universidad
Austral de Chile, Pablo Marsal, en una de sus publicaciones. Esto nos
lleva a otra lectura colateral, a la lectura jurídica, a las cuestiones
de constitucionalidad vinculadas a la proposición de referencia.

Sabido es que el artículo 68.5 del texto
constitucional dispone que son electores y elegibles todos los españoles
que estén en el pleno uso de sus derechos políticos, que se adquieren
precisamente con la ciudadanía, según el artículo 23, y está a su vez con
la mayoría de edad, establecida en el artículo 12 en los 18 años. Por
tanto, nos encontramos ante una regulación constitucional de la
adquisición de los derechos políticos por la ciudadanía lo
suficientemente sólida y apuntalada como para, a nuestro entender,
suscitar siquiera un estudio sosegado y doctrinalmente sustentado si se
quiere abordar la modificación del umbral de adquisición de la ciudadanía
con garantías jurídicas razonables. Tampoco resulta baladí la evidente
relación que una propuesta como esta tiene con el mundo educativo, con la
necesidad de intensificar la educación para la toma de decisiones
responsables, más allá incluso del ámbito político.

Finalmente, no podemos obviar que estamos, en
definitiva, ante una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del régimen
electoral general, un instrumento básico para el funcionamiento
democrático que requiere de acuerdos y consensos lo más amplios posibles
en aras de garantizar regulaciones que perduren razonablemente en el
tiempo.

Por todo ello, por la trascendencia de la
propuesta en clave democrática, sin duda, por las distintas
ramificaciones y lecturas sectoriales que se derivan de la misma, el
Grupo Parlamentario Vasco traslada nuestra plena disposición a afrontar
un debate serio, profundo y honesto, además de integral, sobre esta
materia. Sin embargo, creemos que la fórmula legislativa de la
proposición de ley no resulta la más adecuada para su abordaje en tales
condiciones, ni la fórmula de las enmiendas condiciona o facilita el
debate en estas condiciones necesarias. Por tanto, aunque sí apoyaríamos
la constitución de una comisión o foro equivalente que afronte el
objetivo de la misma, foro en el que sin duda participaríamos
activamente, no consideramos procedente por las razones aludidas
respaldar la toma en consideración de la proposición presentada.

Muchas gracias. Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH-Bildu, tiene la palabra el senador Picornell.

El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias de nuevo,
presidenta.

Solamente un breve apunte para contestar a Vox.
Los únicos golpistas que han existido en el Estado español son los que
perpetraron el golpe de Estado en julio de 1936. Sé que a ustedes les
gustaría volver a dar un golpe de Estado y convertir al Estado español en
un Estado fascista, pero ya les avanzo que la izquierda no les va a
permitir hacerlo.

Dicho esto, dejen que me dirija directamente a
ustedes, senadores y senadoras del Grupo Socialista, porque, aunque ni
hemos podido entrar a debatir esta cuestión, parece ser que no van a dar
apoyo a esta iniciativa que para nosotros es absolutamente fundamental.
Repito, para Esquerra Republicana y para el govern republicà esta
propuesta es absolutamente fundamental; es una iniciativa absolutamente
importante.

Los partidos progresistas debemos apoyar la
admisión a trámite para esta modificación. Muchos de nosotros hemos
liderado la vanguardia de los derechos y las libertades, ahora no puede
ser de otro modo. Los que somos firmes defensores de que los jóvenes
puedan ser agentes activos de la sociedad y de nuestra democracia debemos
apoyar esta reforma. De hecho, es un mandato que nos hace la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, y también lo hizo el Parlamento
Europeo en el debate de la Ley electoral de Europa en noviembre de 2015.
Lo más importante es que nosotros, cada senador y cada senadora de esta
Cámara, hagamos lo posible para hacer realidad esta modificación.
Nosotros estamos convencidos de su pertinencia, de la justicia y de la
coherencia democrática de dar apoyo a una cuestión como esta; una
cuestión que propugna el Consejo de Europa. Como he dicho también en mi
primera intervención, somos conscientes de que es un debate complejo,
largo, pero al que no hay que tenerle miedo para nada. Sobre todo, hay
que hacer un debate en profundidad, que es lo que planteamos hoy: abrir
un debate en profundidad donde se pueda debatir en ambas Cámaras, en el
Congreso primero y en el Senado después, esta cuestión.

La reducción de la edad de voto allí donde se
ha producido ha servido para fomentar el desarrollo de la participación
política; es decir, hasta que no se avanza, hasta que no se consigue
disminuir la edad, no se alcanza una madurez, que es positiva para la
democracia y para la sociedad. Rebajar la edad estimula la participación
de los jóvenes en política, su interés y, además, genera un sentimiento
de responsabilidad con lo público, cuestión que para nosotros es
fundamental. Los argumentos en contra de poder incluir a los jóvenes
de 16 años en el sufragio son exactamente los mismos con los que se
negaba el voto a la mujer; exactamente los mismos. Por ese motivo, nos
parecen muchos más los motivos para votar a favor que para votar en
contra. Los argumentos que avalan esta modificación prevalecen claramente
sobre los que se esgrimen en su contra. De hecho, somos muchos los
partidos comprometidos desde hace mucho tiempo con el debate para ampliar
este derecho a los jóvenes de 16 y 17 años, con la necesidad de fraguar
el máximo consenso posible para que esta modificación prospere. Por eso
debemos pronunciarnos con coherencia sobre ese contenido.

Pues bien, senadores y senadoras del Grupo
Socialista, todos estos argumentos son los mismos, absolutamente
literales, que los que pronunciaron sus portavoces en el Congreso en los
debates de abril de 2006 y noviembre de 2016. He leído casi en su
literalidad, en un 99 %, sus argumentos a favor de esta modificación.
¿Cómo les han sonado los argumentos? ¿Son suyos? No entendemos que hoy se
opongan a esta modificación;






no lo podemos entender de ninguna de las
maneras. Hoy, la decepción de los jóvenes y de nuestro grupo
parlamentario y del govern republicà con el Partido Socialista es enorme.
Repito, la decepción —lo digo de todo corazón— es
absolutamente enorme. La decepción de nuestro grupo parlamentario, del
Parlament de Catalunya, de muchas entidades que llevan muchos años
luchando por esta cuestión, del propio Consejo de Europa, del Parlamento
Europeo y, sobre todo, de centenares de miles de jóvenes que están
siguiendo con interés este debate y que se encuentran hoy con una pared,
la pared del Grupo Socialista. Lo que ustedes hacen hoy, después de votar
muchas veces a favor de esta modificación, es una decisión censurable, es
un error, es una decisión lamentable. Señores del Grupo Socialista,
cuando no gobiernan, chillan mucho, pero cuando gobiernan, no lo hacen
con valentía ni con la suficiente fuerza para acometer los cambios que
llevan pidiendo desde hace muchísimos años y en muchísimos puntos de su
programa electoral; sus juventudes llevan pidiendo esta reforma desde
hace muchísimos años. Insisto, son muchas las entidades que lo están
pidiendo. Este era el momento, ahora había una aritmética electoral
parlamentaria posible para hacer esta modificación y ustedes van a
impedir con su voto que así sea.

Quiero decir tres cosas muy concretas para
finalizar —ya lo hemos dicho, pero quiero subrayarlas—.
Ustedes, el Partido Socialista, no nos dejan ni tan siquiera debatir
sobre esta cuestión. Insisto, como he dicho antes, estamos ante una toma
en consideración, solo una toma en consideración, ¿cómo puede ser que el
Partido Socialista, un partido progresista y presuntamente de izquierdas
se oponga a esta modificación? Ni tan siquiera podemos debatir en esta
Cámara esta modificación, la rebaja de la edad de voto; no lo podemos
entender de ninguna de las maneras.

Van también en contra de su propio pacto con
Unidas Podemos en el Gobierno. Ustedes firmaron con Unidas Podemos que
abrirían el debate de esta cuestión y hoy faltan a su palabra, faltan a
su firma, faltan al pacto por el que llegaron con Unidas Podemos a la
Moncloa.

Y, por último, van en contra, una vez más, de
una propuesta, de una petición que hace el Consejo de Europa, ¿Cómo puede
ser que el Consejo de Europa, que es una institución yo creo que es
respaldada por todo el mundo, pida a los Estados que hagan una
modificación y ustedes hagan caso omiso de esta cuestión?

Nosotros seguiremos insistiendo —no les
quepa la menor duda—, vamos a seguir presentando las veces que sean
necesarias esta proposición de ley, pero hoy les invitaría a votar a
favor de esta toma en consideración para que se inicie el debate. Ya
veremos cuándo acabamos el debate, pero si ni lo iniciamos, si no podemos
hablar ni parlamentar políticamente sobre esta cuestión, ¿qué nos queda?
Creo que faltar a la política, faltar al parlamentarismo por parte del
Partido Socialista hoy es faltar, en general, al derecho que tenemos como
senadores, como grupos parlamentarios, de abrir debates, de parlamentar,
de llegar a acuerdos. Insisto una vez más: esta cuestión que estamos
debatiendo hoy es una cuestión con la que ustedes están de acuerdo; es
una cuestión que ustedes han defendido muchísimos años, por la que sus
juventudes llevan peleando año tras año para que pueda ser una realidad.
Y hoy centenares de miles de jóvenes se van a encontrar una vez más con
una pared, la pared del Partido Socialista. Pocas palabras faltan en esta
exposición: centenares de miles de jóvenes, como les he dicho, van a
estar muy descontentos hoy con su posición.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Casal.

La señora CASAL MÍGUEZ: Muchas gracias,
presidenta. Buenos días, señorías.

Rebajar la edad del sufragio activo no es un
debate baladí. Estamos hablando de una modificación en el requisito
principal para ejercitar un derecho fundamental, el derecho que tienen
todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos, en elecciones periódicas
por sufragio universal, como proclama el artículo 23 de nuestra
Constitución española. Por tanto, es un debate de gran calado.

El Grupo Parlamentario Popular no va a entrar
en el debate de si están preparados los jóvenes de 16 años para votar o
no lo están. Señorías, en el ordenamiento jurídico está fijada la mayoría
de edad como una condición para determinar la plena capacidad de obrar de
la persona y adquirir responsabilidades y obligaciones, pero también
derechos y privilegios. Adelantar la edad de voto a los 16 años no sería
consecuente con nuestro marco jurídico. Tanto en la defensa de este
adelanto como en la propia exposición de motivos, hay una manipulación de
la información que estoy segura que es intencionada y que no es fruto del
desconocimiento. Dicen que a partir de los 16 años se puede acceder
legalmente al mercado laboral. Sí, completamente cierto, a partir de
los 16 años se puede acceder al mercado laboral, pero lo que nos dicen es
que los jóvenes de 16 años no tienen plena capacidad para firmar un
contrato de trabajo y que esta solo la adquieren con la mayoría de edad.
No dicen que entre los 16 y los 18 años el menor necesita el
consentimiento o la autorización de los padres o tutores, dependiendo de
si es independiente o no. No dicen que los menores que trabajen tienen
unas reglas especiales de protección establecidas en el Estatuto de los
Trabajadores. No dicen que no pueden llevar a cabo trabajos nocturnos,
ocupar puestos que sean insalubres, penosos, nocivos o peligrosos para su
salud. No dicen que no pueden exceder la jornada de cuatro horas y media
sin descanso. No dicen tampoco que los menores tienen unos límites;
límites que tienen en cuenta que la edad de escolarización obligatoria es
hasta los 16 años y que hasta esa edad se debe primar la formación y
protección de los menores, así como su desarrollo personal. Dicen también
que tienen responsabilidades penales, pero no dicen que los menores de
edad no tienen responsabilidad criminal en el Código Penal, como dice su
propio artículo 19. No dicen que cuando un menor comete un hecho
delictivo será responsable con arreglo a una responsabilidad penal
regulada en la Ley del menor. No dicen tampoco que cuando un menor comete
un delito no entra en prisión, sino en un centro de menores.

En definitiva, señorías, rebajar la edad para
votar implicaría rebajar la edad penal y la edad laboral, ya que si no se
hace estaríamos ante una enorme demagogia consistente en generar el favor
de los menores, concediéndoles el derecho a voto, pero, al mismo tiempo,
declarándoles inmaduros e irresponsables para trabajar o rendir cuentas
ante la justicia. Declararles responsables para el voto, pero no para el
trabajo o la prisión, sería convertir a los nuevos votantes en unos
privilegiados, con los mismos derechos que el resto de los ciudadanos,
pero no con las mismas obligaciones. (Aplausos). Esto, señorías, va en
contra de nuestra Constitución, porque va en contra del principio de
igualdad de todos los españoles, recogido en el artículo 14.

En la exposición de motivos proponen el cambio
del apartado 1, del artículo 2, de la LOREG. Ese artículo dice que el
derecho a sufragio corresponde a los españoles mayores de edad, y el
artículo 12 de nuestra Constitución fija que la mayoría de edad se
alcanza a los 18 años. De todo lo que he expuesto se desprende que
adelantar el voto a los 16 años no solo supondría reformar la Ley
Orgánica del régimen electoral general, sino también modificar el
artículo 12 de nuestra Constitución. Hablan también en la exposición de
motivos de la Resolución 1826, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa, sobre el fortalecimiento de la democracia mediante la
reducción de la edad para votar a los 16 años. Hay que recordar que esta
resolución no es una obligación, es una recomendación. Decía el señor
Picornell que en los países donde se ha instaurado hay un desarrollo en
la madurez de los jóvenes. Le recuerdo que simplemente se ha instaurado
en Austria y en Malta en marzo del año 2018. En países como Croacia,
Eslovenia y Hungría está sujeto a una serie de requisitos, como estar
trabajando o estar casados, con lo cual también iría en contra del
artículo 23 de nuestra Constitución.

Justifican este cambio en un ordenamiento
jurídico como una defensa a los intereses de los jóvenes, y permítanme
decirles, con todo el respeto, que a ustedes no les interesa ni lo que
quieren ni lo que piensan los jóvenes. El 28 de septiembre fue debatida
una moción en la Comisión de Juventud, a propuesta de mi grupo
parlamentario, una moción en la que se instaba al Gobierno a la puesta en
marcha de un estudio que permitiera conocer las inquietudes y las
necesidades de la población joven. Tuvieron una magnífica ocasión para
demostrar su interés por la juventud acompañándonos con su voto. Nos
preocupa, y mucho, que se justifiquen la reclamación de esta reforma como
medida para que se tenga en cuenta la juventud, para que los partidos
políticos se preocupen por ella. El Partido Popular lleva muchos años
preocupándose y trabajando por la juventud, y no necesitamos rebajar la
edad de votar para que el presente y el futuro de los jóvenes sea una
prioridad en nuestras acciones. Les pido que no manipulen a la juventud
diciéndoles que quien no apoye esta proposición de ley es que no se
preocupa por ellos. (Aplausos).

Para terminar, y pronunciándome con coherencia,
como pidió el señor Picornell, señorías, cualquier reforma de la Ley del
régimen electoral general se intentó hacer siempre desde el diálogo,
buscando el consenso, el acuerdo, porque la Ley electoral recoge las
reglas del juego. Esta propuesta de ley viene a alterar las reglas del
juego democrático, el sistema constitucional fruto del consenso de todos
los españoles. Es una irresponsabilidad. Por tanto, actuando con
coherencia, como repito, pidió el señor Picornell, nuestro voto es no.
(Aplausos).

Señora PRESIDENTA: Gracias señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Díaz Marín.

El señor DÍAZ MARÍN: Muchísimas gracias, señora
presidenta. Señorías, muy buenos días.

Creo que ha sido el señor Cervera, del Grupo
Nacionalista, el que ha recomendado aquí, en esta tribuna, no hacer una
vinculación exacta entre lo que es madurez y juventud, visto lo que pasó
ayer en el Pleno de esta Cámara; más que la Cámara Alta, algún grupo
parlamentario hizo que fuera una Cámara baja, baja, muy bajita, con esos
ataques furibundos a la ministra de Igualdad, claramente reprochables en
cualquier democracia sana. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: A la cuestión, por
favor.

El señor DÍAZ MARÍN: Precisamente esa es una de
las argumentaciones principales que nos hacen constatar hoy al Grupo
Parlamentario Socialista —ver y constatar, como digo— que no
se cumplen las condiciones más elementales de la política en nuestro país
como para operar una reforma del calado de la que hoy propone el Grupo
Esquerra Republicana-Bildu sobre cambiar el régimen electoral general
para ampliar ese cuerpo electoral a los mayores de 16 años. Ya nos
gustaría, sinceramente, a los socialistas que se cumplieran esas
condiciones básicas en la política de nuestro país, porque, como bien ha
dicho usted y también el señor Fernández Rubiño, efectivamente, esta es
una reclamación de los socialistas desde hace muchísimo tiempo. Y usted
lo sabe bien, señor Picornell, y comparto con usted esta iniciativa.
Desde luego, no tiene el monopolio de este negociado concreto Esquerra
porque, como bien ha dicho usted, es una cuestión que va de abajo arriba.
Se han manifestado múltiples organizaciones juveniles, pero no solamente
organizaciones juveniles políticas, sino de cualquier tipo de índole:
deportivas, culturales; también se han manifestado organismos autónomos,
como los consejos de la juventud locales, comarcales o incluso
autonómicos. De hecho, nos alegramos de compartir con usted, señor
Picornell, y con ellos, con esta sociedad civil organizada, buena parte
de su argumentación de fondo. Y digo que lo hacemos porque los
socialistas llevamos mucho tiempo labrando y reivindicando esta cuestión.
¡Claro que sí!, y lo hacemos aquí: lo volvemos a reivindicar. Es casi una
aspiración histórica por parte de las juventudes socialistas de España,
cuya pujanza llevó a que el Partido Socialista Obrero Español lo
incluyera en su programa electoral del año 2015. Mucho antes, el Partido
Socialista ya lo había incluido en sus resoluciones congresuales, como en
el año 2012, en nuestro XXXVIII Congreso, y lo ratificamos en el XXXIX
Congreso en el año 2017. Y así lo hemos venido reivindicando hasta el día
de hoy, hasta el mismo año 2020, con votaciones en el Congreso de los
Diputados.

No se nos puede acusar, por tanto, señorías de
Esquerra, de intentar esquivar el debate o de no ser un partido antiguo o
de no ser un partido valiente. Votamos a favor en 2016, sí. ¿Y quién dio
carpetazo a esa legislatura? Ustedes, votando en contra de la primera
investidura de Pedro Sánchez. (Aplausos). Y llegó la segunda y llegó la
XII Legislatura y lo volvimos a votar a favor. No salió porque no
teníamos mayoría, y aun así abrimos en 2017, a iniciativa del Grupo
Socialista, una subcomisión en la Comisión Constitucional del Congreso de
los Diputados para albergar esta cuestión. ¿Y quién dio carpetazo a esa
legislatura? Algún voto —por ejemplo, el de Esquerra— en
contra de los Presupuestos Generales del Estado, que nos llevó a unas
nuevas elecciones. (Aplausos.— El señor Rufà Gràcia: ¿Qué tiene que
ver eso?). Por tanto, si se trata de hablar de valentía exactamente, creo
que cada uno de nosotros tenemos nuestra dosis de responsabilidad.

Sea como fuere, desde luego el Partido
Socialista sigue reivindicando hoy —claro que sí— a la
juventud, que está en la vanguardia de la vanguardia de nuestra sociedad.
Tan es así y tanto creemos en ello y en esta cuestión que queremos
—y lo hemos firmado por escrito en el acuerdo de gobernabilidad con
Unidas Podemos— que se abra el debate sobre esta cuestión en el
Congreso de los Diputados. (La señora Cortès Gès: ¡Pues demuéstralo!). Y
no nos vamos a mover un ápice hoy de lo que hemos defendido siempre,
señorías: abrir el debate sobre la posibilidad de aumentar el sufragio a
los mayores de 16 años en nuestro país. Pero la formulación que ustedes
traen hoy a esta Casa, a este lugar y en este tiempo concreto, no creemos
que sea la más adecuada, y aquí hago míos los propios argumentos del
señor Landa, del Grupo Parlamentario Vasco.

Por eso vamos a votar en contra hoy, no porque
estemos en contra de aumentar nuestro cuerpo electoral para los mayores
de 16 años, sino por un criterio de forma, de oportunidad política, que
sirve lo mismo para rechazar que ustedes traten de impulsar hoy esta
cuestión, en este momento que consideran propicio. (Aplausos). La misma
razón y criterios de oportunidad. La rechazamos porque para nosotros esta
reforma es igual de sensible que de importante, y no podemos arriesgarnos
a fallar —y lo ha dicho el señor Hervías—, como fallamos con
la reforma de la Ley electoral respecto al voto rogado; íbamos a aportar
muchas más garantías en el proceso electoral y, al final, lo que se
consiguió fue desplomar la participación. Y eso que en ese momento hubo
un diálogo, un debate muy sosegado, y actualmente esas condiciones no se
están cumpliendo, por desgracia, en nuestro país. Nosotros queremos que
esta reforma tenga garantías: garantías de estabilidad, de continuidad,
de perdurabilidad en el tiempo. De ahí que no queramos hacerlo ahora, en
un momento de gravísima polarización política en nuestro país, de
continuo empañamiento de las instituciones siempre por parte de los
mismos actores políticos y, desde luego, en un momento en el que estamos
a las puertas de un proceso electoral en una comunidad donde se aplica,
precisamente, la ley que hoy se quiere cambiar.

Pero aunque hoy la vayamos a votar en contra,
seguimos compartiendo esta proposición de ley. Sabe usted perfectamente
que existe base, claro que existe base, tanto social como jurídica para
llevarlo a cabo. Pero el tempo político es fundamental también a la hora
de tomar decisiones. De hecho, nuestro ordenamiento jurídico considera
menor de edad y, por tanto, sin capacidad de obrar plena a las personas
de entre 16 y 18 años, pero al mismo tiempo ese ordenamiento jurídico le
otorga facultades tan importantes a esta población entre los 16 y los 18
años como pueden ser, por ejemplo, el acceso al mercado de trabajo y a la
función pública, y obligaciones tan importantes como pagar impuestos
derivados de sus rentas y, cómo no, pagar a la Seguridad Social, ejercer
el derecho a huelga, afiliarse a un sindicato u organización política,
disponer de su propio cuerpo para ciertas operaciones quirúrgicas, pagar
y firmar un contrato de alquiler, o también el matrimonio. Si un menor
mayor de 16 años tiene estos derechos y obligaciones, la pregunta,
efectivamente, es la siguiente: ¿por qué no les podemos reconocer su
capacidad de participar con su voto en urna emitiendo sufragio, como ya
participan en la sociedad civil organizada? Pues, quizá, señorías, porque
entre todos estamos fallando; porque hace falta transitar más las vías de
diálogo, las vías de la elevación de unas instituciones que algún actor
político no deja de empañar; porque hace falta sedimentar las bases para
un debate sosegado; porque la doctrina constitucional sigue discutiendo
todavía esta cuestión, como ya se ha dicho aquí y no voy a repetir.

Y pediría también a algunas de sus señorías que
no nos metan a todos en el mismo saco, porque nuestro voto hoy no es en
contra, no es para rechazar que los mayores de 16 años tengan derecho a
sufragio, como sí que ha dicho, por ejemplo, la señora Casal ahora con
los argumentos que ha dado. Lo que pasa es que Esquerra Republicana
entiende que este es el instante propicio para llevarlo a cabo, y
nosotros no; pero no porque no haya base para hacerlo, sino más bien
porque creemos que este no es el momento oportuno. (Aplausos). Ustedes
consideran que sí y nosotros que no, pero no son cuestiones de fondo; y
no lo son porque, señorías, no somos capaces ni de alcanzar consensos en
lo más básico. Aquí hemos visto cómo determinados grupos políticos han
votado en contra de un estado de alarma que ha salvado vidas en este
país. Estamos viendo cómo el principal partido de la oposición, día sí y
día también, está intentando tumbar al Gobierno buscando cualquier excusa
y, si no la encuentra, se la inventa, y si para ello tienen que utilizar
al rey, a Ursula von der Leyen o al Consejo General del Poder Judicial,
utilizan a la monarquía, a la Unión Europea y a la justicia sin ningún
tipo de miramientos. Y con estos mimbres no se puede hacer el texto
estable que necesita esta reforma, como cualquier reforma de la Ley
electoral, señorías de Esquerra Republicana. (Aplausos).

Además, señorías, podemos elegir muchas cosas,
pero cada uno de nosotros no puede decidir cómo se encuentra el estado
del país en este momento. ¿Y de verdad este es el momento más oportuno
para abrir otro debate transversal cuando no nos ponemos de acuerdo ni en
lo más básico? ¿Pero no ven ustedes, de verdad, señorías de Esquerra,
cómo tenemos al principal grupo de la oposición, en el estado en que se
encuentra sumido en el estupor político, atenazado por la extrema
derecha, que solo le deja ir hacia atrás y hacia la derecha? Es imposible
trazar ningún consenso de país de esta manera. Y queremos que esta
reforma salga adelante y con esa perdurabilidad en el tiempo, que es
necesaria, para que, si no sale adelante, no vaya uno corriendo al
Constitucional, el otro a la Unión Europea y los otros a demonizar una
supuesta falta de madurez de la juventud, que en muchas ocasiones no lo
demuestra, sino todo lo contrario.

Hay que desbloquear lo más básico, y vemos que
hoy esto no está ocurriendo. No está ocurriendo con un mandato
constitucional básico, como el relativo al Consejo General del Poder
Judicial, pero tampoco, por ejemplo, con unos presupuestos en los que
también se van a trazar buenas bases de los consensos que hoy nos demanda
la juventud, una juventud que está harta de precariedad, de parcialidad y
de temporalidad; que está harta de tener miedo y de seguir teniendo
miedo; de que cada crisis económica se les lleve por delante; de que cada
turbulencia económica contribuya a tirar su talento por el sumidero de un
país alicatado hasta el techo con las políticas del Partido Popular, que
hicieron una Ley del suelo por la cual es prácticamente imposible
emanciparse, con unas cuotas hipotecarias inasumibles y unas rentas de
alquiler muy por encima de la media que merecieran, o con las políticas
que alicató también el señor Mariano Rajoy, que consistían simple y
llanamente en mandarnos a Polonia por nuestro espíritu aventurero,
negando el exilio juvenil que sufrió esta juventud.

Nosotros estamos cambiando estas cuestiones. El
Gobierno progresista está moviendo ficha, pero, para llevar a cabo
medidas de calado y consensos que sí nos demanda la juventud, tenemos que
pasar de pantalla.

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando.

El señor DÍAZ MARÍN: Y para eso es necesario,
desde luego, aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que
vehiculicen un Plan Marshall con unos incentivos europeos a esos planes
de garantía juvenil europea, para que los sueños y aspiraciones de los
jóvenes del mañana no se vayan por un sumidero que nosotros, como
legislador, tenemos la obligación de taponar hoy.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.

Señorías, finalizado el debate de la toma en
consideración de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, para
ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años, se
procederá a continuación a abrir el plazo para emitir el voto telemático
para su votación.

Votación de la toma en consideración de la
proposición de ley. Se abre el plazo de dos horas para su votación
telemática desde este momento, que son las once horas y cuarenta y dos
minutos, hasta las trece horas y cuarenta y dos minutos.

La señora presidenta lee los puntos 7., 7.1.
y 7.1.1.

La señora PRESIDENTA: A continuación, se
produce el debate de totalidad sobre la solicitud.

En turno a favor, tiene la palabra el senador
Rodríguez Esquerdo por tiempo máximo de diez minutos.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, el presidente del Gobierno hace
cuatro meses, en junio, propuso ante esta Cámara la creación de una
comisión mixta Senado-Congreso para evaluar las causas y los efectos de
la pandemia de la COVID-19. El objetivo: saber y aprender de esta crisis
sanitaria y poder mejorar ante crisis futuras, pero sobre todo cómo
actuar de manera colaborativa y coordinada entre las administraciones
para recuperar a España y a los españoles desde dos prismas diferentes,
el social y el económico.

Por eso, el Grupo Socialista trae hoy a esta
Cámara la creación de esta comisión mixta especial de evaluación con un
objetivo doble, evaluar, por un lado, mejorar, por otro. Evaluar las
consecuencias de esta pandemia y poner las medidas necesarias dentro del
marco de la cogobernanza, y mejorar la coordinación entre todas las
administraciones para optimizar los recursos económicos propios y los
que, esperemos, nos vengan de Europa. El plan de trabajo, señorías, lo
van a desarrollar en la propia comisión, concentrándose en esas
actuaciones que a partir de ahí se tendrán que desarrollar. Pero,
señorías, principalmente se trata de hacer un análisis profundo y
esperemos que certero del papel que el Estado, las comunidades autónomas
y los ayuntamientos puedan desarrollar dentro del ámbito de sus propias
competencias. Y con la esperanza de un trabajo bien hecho, esta comisión
debe elaborar un informe final que sería elevado al Pleno del Senado y al
Pleno del Congreso para salvar vidas y salvar empleos.

Nuestra propuesta, y espero que ustedes la
conozcan, de composición, es de 39 miembros entre el Congreso y el
Senado: 15 del Grupo Socialista; 12 del Grupo Parlamentario Popular; 3 de
los grupos parlamentarios Vox, Podemos, Izquierda Confederal y todas sus
confluencias; 2 de Esquerra Republicana; 2 de Bildu; 2 de Ciudadanos; 2
del Grupo Plural y Nacionalista; 2 del Grupo Vasco, y 2 del Grupo
Mixto.

La duración que consideramos que debe tener
esta comisión no puede ser superior a seis meses.

Esta es nuestra propuesta, señorías, con un
objetivo también claro: despolitizar la lucha contra el virus.
(Aplausos). Trabajemos juntos, señorías, y trabajemos unidos para salvar
vidas y salvar puestos de trabajo. Eso es lo que queremos los socialistas
con esta comisión mixta, y esperamos, de verdad y sinceramente, el apoyo
de todos los grupos, porque hoy, señorías, la realidad nos está poniendo
a prueba y, por eso, este es el momento de que los representantes
públicos, como representantes de todos los españoles, pongamos todo
nuestro esfuerzo y toda nuestra voluntad en esta comisión. Lo ha señalado
la Harvard Medical School cuando ha dicho que, ante situaciones como las
que estamos viviendo, debemos aprovechar la oportunidad, una oportunidad
que va a tener esta comisión, en primer lugar, para valorar los riesgos;
en segundo lugar, para tomar las medidas proporcionadas a la magnitud de
esta crisis, y en tercer lugar, para actuar coordinadamente y con
inteligencia, si me lo permiten, y con compromiso para salir adelante de
esta.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿Algún grupo parlamentario hará uso del turno
en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

El Grupo Parlamentario Mixto no
intervendrá.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, tiene la palabra la senadora Rivero Segalàs. (Pausa).

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias,
presidenta.

Disculpe, pero estaba consultando con el
senador porque en su intervención ha hablado de la composición de la
comisión y no me cuadraba lo que él ha manifestado respecto de lo que
reza la propuesta.

En principio, que nos propongan una comisión
mixta especial de evaluación de la crisis sanitaria de la COVID, con los
números que tenemos y en la situación en que estamos, parecería una
propuesta en la que todos tendríamos que estar de acuerdo, pero ya con su
título caemos en un problema. Primero, estamos profundamente inmersos en
esa crisis, no ha pasado la crisis. Estamos hablando de una comisión para
evaluar una crisis que todavía estamos sufriendo y estamos hablando de
una comisión que tiene que durar seis meses para llegar a sus
conclusiones. Déjenme que me remita a la intervención que ha tenido lugar
justo hace un momento en este atril. Si ustedes votan en contra de
aquello que dicen que defienden porque no tienen suficientes garantías,
además, no les parecen bien los tempos y se escudan en que, por supuesto,
no sabremos ponernos de acuerdo al respecto, solo con esos argumentos yo
les podría decir que nosotros vamos a votar que no a esta comisión.
Cuando entramos al detalle, a nosotros no nos gustan ni el cómo, ni el
objeto, ni el plan de trabajo, ni los ámbitos ni en qué proporción. Es
cierto que vino el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, el día 16
de junio a esta Cámara, al Senado, y aquí se le afeó el hecho de que los
senadores no pudiéramos participar en esa comisión que se creó en tiempo
de confinamiento para dar respuesta a la reconstrucción social y
económica del país. Y es cierto que se comprometió a crear una comisión
mixta para evaluar los efectos de la COVID.

Como les he dicho, el cómo no nos gusta. En
primer lugar, a nosotros no se nos ha tenido en cuenta a la hora de
hablar de esta propuesta de comisión y, como ustedes saben, no se pueden
presentar enmiendas a esta propuesta, tampoco en este momento. Por tanto,
no hemos podido plantear ninguna enmienda ni ninguna propuesta respecto a
aquello que nos inquieta de su iniciativa. Eso por un lado. Entonces,
empezamos mal si lo que queremos es buscar soluciones conjuntas a un
problema que es importante y en el que, como he dicho, no hay que hablar
de una evaluación de la crisis pandémica como si hubiera pasado; es que
estamos inmersos en ella y las cifras no nos invitan a ser optimistas en
este sentido. No lo estamos haciendo bien, no lo suficientemente bien, y
en este sentido sí que hace falta un análisis.

Cuando ustedes hablan del objeto, aluden a
evaluar lecciones aprendidas. Yo creo que todavía tenemos que aprender y
estamos aprendiendo. Nosotros hemos sido muy críticos respecto a la
gestión de la crisis; críticos, pero responsables. No nos gustó lo del
mando único y se lo dijimos. No escuchaban: cuando en Cataluña el
president Torra hacía propuestas, se nos criminalizaba por el hecho de
ser independentistas, y luego se tenían que ir aplicando esas mismas
propuestas porque eran buenas, aunque en principio no se atendían por
venir de donde venían. No nos gustaba que ustedes apelaran continuamente
al diálogo en la Conferencia de Presidentes, cuando lo que hacían era
trasladar a los presidentes autonómicos la rueda de prensa anterior que
habían hecho, y también criticamos esto. No nos gusta cómo se ha llegado
a tratar bilateralmente con la Comunidad de Madrid para luego imponer
estas soluciones al resto del Estado ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos
propuesto desde Cataluña? ¡Por Dios! No nos gusta, hemos sido críticos,
pero al mismo tiempo, y usted lo sabe, somos proactivos, buscamos
soluciones y estamos aquí para ello.

Usted habla de mejorar la coordinación. Cuando
las competencias son de las comunidades autónomas, la coordinación le
compete al Estado central. Y ya le he hablado de algunas de estas cosas.
Y nosotros aquí, como ustedes en la intervención anterior, no tenemos
suficientes garantías, porque cuando ustedes hablan de coordinar o de
facilitar, lo que hacen siempre es igualar a la baja, homogeneizar y
entrar en el ámbito competencial de las comunidades autónomas.

Ustedes hablan de lecciones aprendidas. Pues
miren, nosotros hemos aprendido una lección, la aprendimos en la crisis
del 2008, para nada comparable con esta crisis pandémica. Aprendimos que
tuvimos que dar respuesta a la crisis las comunidades autónomas,
asumiendo la responsabilidad y las competencias, pero sin las
herramientas necesarias para ello.

Planes de trabajo: ¿ustedes pretenden en esta
comisión, en seis meses, analizar el sistema de gobernanza?, ¿ustedes
quieren analizar el sistema autonómico?, ¿ustedes quieren analizar qué
hacen las comunidades autónomas o las entidades locales?; ¿quieren
fiscalizar el trabajo de esos ejecutivos? Ámbitos, coordinación, fondos
europeos: he aquí el quid de la cuestión. Últimamente ustedes hablan de
los fondos europeos y, además ustedes ya los definen como equitativos,
justos y eficientes cuando las comunidades autónomas ni tan siquiera
sabemos cómo se van a repartir o qué parte de esos fondos vamos a
gestionar, porque queremos gestionarlos y queremos hacerlo desde la
proximidad, porque con conocimiento se pueden aplicar políticas
expansivas que tengan un retorno social y económico y puedan dar
respuestas con vocación de continuidad. Eso es lo que queremos, pero
tampoco tenemos garantías en este sentido.

En los ámbitos podría entrar también —no
me va dar a tiempo—. Ustedes hablan de mantener, reforzar, crear
ayudas de tipo social o incluso para el tejido productivo ¿Qué tal si
recuperamos la palabra cumplir? Porque hay muchas ayudas que ya están
diseñadas y muchos derechos que ya están reconocidos que ustedes todavía
no cumplen, y las comunidades autónomas tenemos que dar respuestas sin
esas herramientas.

En cuanto a la proporción, usted ha hablado de
dos miembros del Grupo Nacionalista. No es así. Aparte de la
desproporción, siempre estamos igualando unas Cámaras, Congreso y Senado,
que tienen maneras de funcionar distintas. Y por respeto a esta propia
Cámara y por respeto a la diferencia entre las dos Cámaras, ustedes no
pueden, en relación con la participación de nuestro grupo, igualar el
Grupo Plural en el Congreso con el Grupo Nacionalista en el Senado.
Porque si se trata de dar respuesta, de que la gente pueda participar, de
ser plurales y no sectarios y de no imponer las mayorías y escuchar la
voz de las minorías, el Grupo Plural en el Congreso está integrado por
Junts per Catalunya, BNG, por Más Madrid y por Compromís, mientras que el
Grupo Nacionalista en el Senado está integrado por Junts per Catalunya y
Coalición Canaria. Y ustedes nos dan la representación de o un senador o
un diputado. Creemos que eso también va en detrimento de la
representación de esta Cámara, de la representación de los grupos
políticos y del conocimiento del funcionamiento de las dos Cámaras.

Ustedes nos han hecho ya esto en las comisiones
mixtas. Y en esta Cámara cada vez vemos que la participación de los
grupos minoritarios es menor en las comisiones, en las mesas. Pasan ese
rodillo apelando al diálogo y a la participación, pero luego, a efectos
prácticos, ustedes no facilitan que todos aquellos grupos que tienen
representación en esta Cámara y también en el Congreso puedan tener su
voz, que para eso les han votado.

Ya les digo, ni por el cómo, ni por el objeto,
ni por el plan de trabajo, ni por los ámbitos, ni en qué proporción, esta
comisión nos merece ninguna garantía. Además, pensamos que plantear esta
comisión por el compromiso que adquirió el presidente del Gobierno, que
no lo hemos visto desde que adquirió ese compromiso en esta Cámara, solo
para que el Senado participe y blanquear el hecho de que no lo hace, no
nos parece de recibo con un tema tan serio. Y pensamos que en seis meses
no se puede evaluar, porque ustedes saben que, mientras la pandemia esté,
las medidas que se van a tomar tienen que ser revisadas constantemente, y
si no somos capaces de revisar constantemente, de ser humildes, de
valorar aquello que funciona donde funciona para implementarlo en otros
sitios, entonces no hacen falta tantas comisiones.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
señora presidenta. Eguerdi on, senatari jaun-andreok. Buenos
mediodías.

Las autoridades político-sanitarias tienen tres
deberes fundamentales: planificar la asistencia sanitaria, salvaguardar a
sus profesionales y guiarlos impulsando la adopción de protocolos y
guías. Y es verdad, que en el tema de la pandemia no se ha acertado al
cien por cien, pero sí he de decir que se ha intentado, en una situación
absolutamente nueva y totalmente desconocida.

La pregunta que se hace gran parte de la
ciudadanía es ¿han actuado tarde y mal nuestros Gobiernos? Pues bien, yo
voy a empezar a hacer un poco el trabajo que se pretende que lleve a cabo
esa comisión, revisando nuestra pequeña historia.

El 31 de diciembre de 2019 el Gobierno chino
avisa de un brote por coronavirus en Wuhan.

La OMS, la Organización Mundial de la Salud,
habla del primer caso fuera de China el 13 de enero de 2020, y hace una
llamada de atención.

Science, una de las revistas científicas más
serias del mundo, el 21 de enero reconoce la transmisión entre humanos
del virus, y dice que será difícilmente controlable.

El 28 de enero se conoce el primer caso no
importado en Europa, en Alemania. Para entonces ya se conocía la
existencia de 4 casos en Europa. Lancet, una revista sanitaria
importantísima, avisa de la gravedad de la infección el 31 de enero.

Science, el 5 de febrero, predice que en 2 o 3
semanas habrá centenares de casos en distintos países y continentes; y
ese mismo día la Organización Mundial de la Salud afirma que, si la
infección tiene varios epicentros, será el caos.

El 13 de febrero, 8 días después, se reúne el
Consejo de Ministros de Sanidad europeo que recomienda cautela, pero no
tomar medidas drásticas. Para entonces ya se habían
producido 14 000 fallecimientos en China y había 50 casos de infección
en 7 países de la Unión Europea.

Nature menciona por primera vez el concepto
pandemia el 25 de febrero. Ese mismo día, el British Medical Journal
habla de la necesidad de hacer test de anticuerpos a los asintomáticos y
Science lamenta que contener el virus es ya casi misión imposible.

Sin embargo, fíjense ustedes, la Organización
Mundial del Turismo y la Organización Mundial de la Salud celebran dos
días después, el 27 de febrero, una reunión conjunta, en la que defienden
que no se requieren restricciones suplementarias ni para el comercio ni
para los viajes.

Sin embargo, Italia, el 24 de febrero
—unos pocos días antes—, ya contabilizaba 229 contagios y 6
fallecimientos. Por ello, suspendió los eventos deportivos y otras
celebraciones, como el Carnaval de Venecia. La Unión Europea, en ese
momento, todavía desaconsejaba el cierre de fronteras.

El 6 de marzo, la Organización Mundial de la
Salud habla ya del confinamiento como prioridad absoluta, pero no es
hasta el 11 cuando reconoce la existencia de la pandemia.

El día 10, los líderes de Estado europeos
mantienen una conferencia virtual, en la que se marcan una hoja de ruta
con 4 puntos fundamentales: toma de medidas proporcionadas, supervisión
del equipamiento médico, inversión en investigación —sobre todo de
cara a la vacuna— y búsqueda de la limitación del impacto
económico. Bruselas anuncia ese día ya ayudas de hasta 25 000 millones y
pone en marcha 7500 millones de los fondos estructurales para la lucha
contra el virus.

El 13 de marzo, 10 Estados miembros de la Unión
Europea decretan el estado de emergencia o de alarma, y la OMS reconoce
que Europa es ya el epicentro de la pandemia; estados de alarma que
implican restricciones a la movilidad y la catalogación de algunas
empresas como esenciales y no de otras. Se trata de una cantidad ingente
de decisiones basadas en la incertidumbre, en la falta de certeza, porque
no la tenía nadie —como ahora tampoco la tenemos— y, todo
ello, espero y estoy seguro, con la intención de hacer lo mejor para la
ciudadanía en el ámbito sanitario y económico, porque sin salud la
economía no funciona, y para que funcione la economía necesita de una
ciudadanía sana. Nadie, nadie, tiene la varita mágica para solucionar
este problema de manera que a todos satisfaga. Por cierto, tampoco hay
todavía ninguna evidencia científica de cuánto confinamiento es el mejor
para conseguir ese equilibrio deseable entre salud y economía. Se ha
dado, pues, es verdad, cierto décalage en todo el mundo entre los mundos
de la ciencia, la política y la economía; nadie ha estado más acertado
que nadie; todos han actuado como han podido o han sabido. Tarde y
mal.

Hay que tener pocos escrúpulos y mucho
desconocimiento para hacer esa acusación, porque tampoco debemos olvidar
que desde el mundo científico también se han tomado decisiones que han
generado incertidumbre entre la población. Mencionaré algunos, ¿recuerdan
ustedes aquello de que había que llevar guantes? Luego, no. ¿Quiénes
tenían que llevar mascarillas? ¿Qué tipo de mascarillas? ¿Cuándo? ¿Dónde?
¿Quiénes? ¿Cómo se transmite el virus? Hasta en esto ha habido
incertidumbres. ¿Cómo nos debemos saludar? ¿Recuerdan lo del codo, que ya
ha pasado de moda? Ahora nos saludamos todos con la mano en el corazón o
bajando la cabeza, como hacía aquel ministro... Incertidumbre sobre a
quiénes hay que hacer las PCR y cuándo hay que hacerlas; incertidumbre
sobre el test de antígenos; incertidumbres científicas, que en manos de
periodistas y de políticos sin escrúpulos, se convierten en auténticas
bombas de relojería.

La pandemia nos ha afectado, nos está afectando
enormemente. Es lógico y conveniente, tal y como solicitaban destacados
científicos españoles en Lancet, el 22 de agosto, que se haga una
evaluación independiente de cómo se ha actuado en España. Y es que así ha
avanzado siempre la ciencia y la humanidad.

El 24 de septiembre, Lancet publicaba un
iluminador artículo con las lecciones obtenidas de las restricciones
provocadas por la COVID-19 en 5 países o regiones del Pacífico
—Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur—,
y 4 de Europa —Alemania, Noruega, España y Gran Bretaña—. En
este artículo resaltaban la importancia de 5 factores para detener la
expansión del virus: conocimiento de la situación de infección,
compromiso de la comunidad, capacidad del sistema de salud, capacidad del
sistema de salud pública y medidas de control en fronteras. Ayer dije que
estas medidas de control en fronteras sirven para lo que sirven. A
propósito de esto, hay que analizar el caso de Islandia, una isla, no se
olviden, a la que solo se puede llegar por barco o por avión, para saber
qué repercusión ha tenido el cierre o el control exhaustivo en
fronteras.

Como siempre y vuelvo a la revista Lancet, las
conclusiones de ese estudio son provisionales; provisionales hasta tener
más y mejores datos.

La pandemia no es solo un problema de salud, es
un problema global y a los problemas globales se les responde desde la
política. Es responsabilidad de los políticos, de los que gobiernan y de
los que no, de todas y de todos, pero también de la ciudadanía. Por
cierto, en septiembre, se organizó en España el llamado I Congreso
Nacional COVID-19, que reunió virtualmente a 55 sociedades científicas,
que agrupan a más de 17 000 profesionales, del que surgió un manifiesto
inicial con 12 ideas, que luego se convirtió en una especie de 10
mandamientos, un decálogo, que dirigieron al presidente del Gobierno de
España, los presidentes de las 17 comunidades autónomas y señores
políticos, titulado «En la salud, ustedes mandan pero no saben», en un
alarde de narcisismo intolerable en quienes se autocalifican de
científicos. Y no solo eso, sino que, además, recurrieron a una
organización, que me merece todos los respetos, pero que es una
organización de esas que busca firmas y que hacen que sientas que ya has
cumplido con tu deber ciudadano, algo que poco o nada tiene que ver con
actitudes y comportamientos científicos. Pues bien, a esta campaña, y
déjenme que lo diga —y lo digo sintiéndolo mucho porque sigo siendo
médico— se suma ahora el sindicato de médicos. En este sentido, al
tiempo que muestro una vez más todo mi agradecimiento, y creo que el
agradecimiento de toda la ciudadanía, a los profesionales de la sanidad
que durante todos estos meses se han encargado de la salud de nuestros
conciudadanos, al tiempo que recuerdo que les hemos aplaudido todas las
noches, al tiempo que digo que nunca les agradeceremos lo suficiente el
trabajo hecho, me parece absolutamente inaceptable que el sindicato
médico convoque en estos momentos esa huelga. Así no, esa huelga,
no.

Apoyamos la creación de esta comisión, pero no
quiero terminar sin traer a colación una entrevista que leí hace mucho a
Ho Chi Minh. El periodista francés le preguntaba qué influencia había
tenido la Revolución Francesa en el movimiento por la independencia de
Vietnam, y Ho Chi Minh respondió: es difícil decirlo, ha pasado poco
tiempo.

A las 3 emes —metros, mascarillas y
manos—, les recuerdo las 3 pes —prevención, prudencia y
paciencia—, a la que yo añado política, la cuarta pe, pero política
con mayúsculas, porque es verdad que todo ha cambiado, el mundo va ser
distinto, dependerá de los objetivos que nos marquemos y de cómo nos
organicemos para conseguirlos.

Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra el senador Marcos Arias.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias,
presidenta.

Quiero empezar recordando a sus señorías
—y quizá los doctores que nos acompañan o profesionales médicos
también lo compartan—, que mientras una epidemia es una enfermedad
infecciosa que afecta a un área geográfica limitada, una pandemia es una
enfermedad infecciosa que afecta a todos, y que estamos ante un problema
global. Por tanto, señorías, no es exagerado pensar que nuestros
instrumentos de representación institucional, el Congreso, el Senado,
nuestras comunidades autónomas y los Gobiernos locales están diseñados
para gestionar epidemias, pero no sobre las pandemias.

Señorías, en Ciudadanos siempre hemos pensado,
desde el comienzo de esta crisis, que la respuesta política a la pandemia
nos pone a prueba a todos, a los ciudadanos que han hecho grandes
esfuerzos durante el confinamiento y también a la representación política
del Congreso, del Senado, de las entidades locales y de las comunidades
autónomas. La respuesta a la pandemia de la COVID-19, señorías, no son
tonos exasperados y broncos; no son discursos para el enfrentamiento; no
son cacerolas por la noche; no son celebrar la Champions por la
Castellana y no son reproches ni trincheras ideológicas. Para afrontar la
crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19 debemos abandonar
definitivamente el populismo, las soluciones fáciles y mágicas, las
soluciones que se basen en el enfrentamiento partidario, la bronca y la
división. La respuesta a la pandemia, señorías, se resume en una palabra
hacia nuestros conciudadanos: respeto, respeto a la ciudadanía en
general; debate institucional para el consenso, compromiso básico y, en
definitiva, señorías, es política útil. Solo saldremos adelante desde los
acuerdos si aportamos soluciones centradas en la ciudadanía, en las
españolas y en los españoles.

Señorías, debatimos la solicitud de creación de
una comisión mixta, cuyo objetivo sea la evaluación —ya lo han
adelantado los proponentes— de la crisis de la COVID-19, y en
Ciudadanos insistimos: no podemos permitirnos repetir los mismos errores,
seguir aumentando el número de contagios, la incidencia acumulada y el
número de fallecidos. España ya alcanza el top mundial. Es evidente que
algo se ha hecho mal, señorías, o, si prefieren, si son algo susceptibles
los señores que sustentan al Gobierno, es evidente que algo, señorías, no
se ha hecho del todo bien. No podemos seguir así. Nuestros conciudadanos
no se lo merecen. Es esencial atender a las consecuencias presentes y
futuras de la COVID-19, aprender a convivir con la incertidumbre, cuando
de momento, repito, no hay medicamentos ni vacunas efectivas, pero sí
crecen, y de qué manera, señorías, los coronabulos y los negacionismos
ante esta situación.

Señorías, la nueva normalidad, ese concepto más
parecido a una novela de Orwell, distópica, esa denominación de asesor de
La Moncloa que pretendía quedar en nuestra memoria, ha sido un auténtico
fiasco. Nada es como antes, por mucho que nos empeñemos. Es fundamental,
señorías, abordar la crisis económica, la crisis social y la crisis
sanitaria, y permítanme que diga, señorías, la crisis emocional, que
también se ha empezado a abordar en el entorno europeo, la decepción de
que todo, todo, tras la desescalada, sigue igual; la acumulación,
señorías, de pérdidas, vidas, trabajos, recursos y el agotamiento por
tanta incertidumbre.

La pandemia, señorías, no ha acabado. No
podremos enfrentar con garantías esta segunda ola en la que estamos
inmersos ni podremos aspirar a superarla si no somos capaces de
identificar qué ha funcionado bien y qué no ha funcionado; detectar en
qué hemos fallado y qué podemos mejorar, o cómo podemos prepararnos para
lo que venga o lo que estamos viviendo ahora.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista del
Senado implícitamente está reconociendo con esta solicitud que el
Gobierno —al que también sostiene sus socios de Podemos— no
ha hecho las cosas del todo bien. En este sentido, en Ciudadanos le
respondemos que no pasa nada, señorías, es parte de nuestro trabajo, es
para lo que los ciudadanos nos han puesto en las instituciones;
bienvenidos a los que rectifican porque no se puede avanzar de otra
manera si no es reconociendo el propio error para luchar por un objetivo
común: derrotar la pandemia. En ese objetivo podrán y pueden contar con
Ciudadanos, porque somos una oposición constructiva. Se trata, señorías,
de servir al interés de los españoles y las españolas, salvar vidas y
empleos; repito, salvar vidas y empleos, señorías.

Por tanto, confiamos en que esta comisión se
constituya cuanto antes, confiamos en que se constituya con el fin de
disponer de una herramienta más al servicio de las Cortes para evaluar la
gestión de la pandemia y contribuir con ello a poner algo de luz en unos
meses oscuros y marcados por demasiadas prisas, improvisaciones y alguna
que otra equivocación; más medios para que los parlamentarios podamos
ejercer con garantías nuestra función de control, y que esperamos se
pueda complementar con algo que nosotros, Ciudadanos, ha traído hoy a la
Cámara, que es una comisión independiente para la evaluación externa de
la pandemia, que hoy también les planteamos aquí. No son incompatibles
las dos propuestas.

Por lo tanto, señorías, votaremos a favor por
respeto a nuestros conciudadanos, dado que es también una petición
insistente de mi grupo parlamentario, que venimos haciendo ya hace varios
meses y, especialmente, durante las últimas semanas, en las que la ola,
la nueva ola del coronavirus nos ha llegado.

Señorías, cada vez se hace más evidente que
estamos en esa segunda ola de la COVID-19 y, por tanto, insistimos, se lo
debemos a nuestros ciudadanos. Se trata, en definitiva, señorías, de
hacer política útil al servicio de todos y todas las españolas.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Beltrán de Heredia Arroniz.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eskerrik
asko, presidenta andrea. Egun on guztioi.

El Partido Socialista nos trae la propuesta de
creación de una comisión mixta Congreso-Senado para evaluar las causas y
los efectos de la pandemia de la COVID-19, con la voluntad expresada de
analizar el sistema de cogobernanza y la coordinación entre el Estado y
las distintas administraciones autonómicas y locales en esta gestión de
la pandemia y dice: para determinar los aspectos a mejorar frente a
futuras crisis. Quiero cuestionar la oportunidad del momento elegido para
traer esta iniciativa puesto que, contrariamente a lo que manifestaba el
presidente del Gobierno, el señor Sánchez, cuando propuso la creación de
esta comisión afirmando que estábamos al final del túnel, hoy, meses
después, nos encontramos con datos de contagio elevados, aunque es verdad
que no solo en España, sino también en toda Europa; esto que los
epidemiólogos llaman nueva ola. Parece que la situación en la que nos
encontramos indica que el recorrido en la lucha contra la pandemia aún va
a ser largo. Estamos sumergidos en plena crisis de la COVID-19.

Por tanto, desde ese punto de vista podría
entenderse prematuro, e incluso pretencioso, analizar la gestión de la
coordinación interinstitucional, el modelo de gobernanza que se ha
seguido, poniendo la mirada exclusivamente en un mejor abordaje ante
futuras crisis. Hoy, como decía, nos toca enfrentar, nos toca afrontar
este presente sin distracciones, aplicando las lecciones aprendidas, pero
también con la mirada puesta en este futuro inmediato. Sin duda, hoy
sabemos más de la enfermedad que hace unos meses y estamos mejor
preparados para ir resolviendo las situaciones que van sobreviniendo. Y
una de las lecciones aprendidas a lo largo de todos estos meses, desde
aquel mes de enero, o más bien febrero, en que tuvimos los primeros datos
de casos de COVID, es la importancia de la colaboración leal entre las
administraciones, la importancia de trabajar con confianza, la
transparencia y el respeto al marco competencial de las distintas
administraciones.

En mi grupo fuimos escépticos con la creación
de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, y más aún tras
las conclusiones. Siento decir que hoy también vemos con cierto
escepticismo las verdaderas razones que mueven a la creación de esta
comisión, y lamentablemente tengo que decir que nuestro escepticismo está
más que justificado cuando vemos cómo algunos partidos, los partidos
mayoritarios, han hecho de la COVID-19 su particular hacha de guerra;
cuando utilizan la pandemia como arma arrojadiza, como arma política;
cuando están en un ejercicio permanente de desgaste al contrario, en
lugar de sumar, de aunar esfuerzos para prevenir y para revertir esta
situación.

La ciudadanía nos pide altura de miras; nos
pide diálogo responsable; nos pide colaboración; nos pide acuerdo, y
sobre todo nos pide soluciones y no que estemos permanentemente en la
bronca.

Esta pandemia está poniendo a prueba, no
solamente la salud y la capacidad de los sistemas sanitarios, la
capacidad asistencial o la capacidad de respuesta al impacto económico,
sino que está poniendo a prueba algo más profundo, está poniendo a prueba
la propia arquitectura institucional, el modelo institucional del que nos
hemos dotado, e incluso me atrevería a decir que está poniendo a prueba
el propio sistema democrático.

El Grupo Vasco fue crítico con la forma de
ejercer el mando en relación con la declaración del estado de alarma,
porque sobraron tutelas y faltó respeto a la competencia autonómica; lo
fuimos durante el estado de alarma y lo hemos sido posteriormente también
al ver cómo el Gobierno de España adoptaba algunas decisiones obviando la
participación de las comunidades autónomas, muchas veces recurriendo a la
excepcionalidad para concentrar poder en el Estado, incluso en aquellos
ámbitos de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Sin
embargo también en esos momentos y en esa situación fuimos capaces de
aportar desde la crítica, de asumir las responsabilidades y de hacer lo
que nos tocaba y nos toca hacer, porque mientras otros se tiran los
trastos y se insultan, nosotros creemos que hay que ser responsables y
responder a estas necesidades de la ciudadanía de forma inmediata,
reflexiva y colaborativa.

La ciudadanía ve cómo los problemas que
existían antes de la COVID, desafortunadamente, por esta situación de
pandemia, se han agrandado, y que desde las instituciones no siempre se
hacen todos los esfuerzos para atender sus necesidades. Y la pregunta es,
en ese momento, la de para qué sirve la política. La política tiene que
servir para dar soluciones; los políticos tenemos que ser sensibles a las
necesidades, tenemos que ser sensibles a la situación de cada momento, y
tenemos que plantear siempre propuestas de acuerdo, ser colaborativos y,
como he dicho antes, sobre todo trabajar desde la lealtad y la
transparencia. Todavía nos queda muchísimo camino por recorrer para
vencer este virus. Tenemos un reto importante: vencer el virus, recobrar
la salud, pero también recomponer la economía y recuperar el empleo.

El FMI expresaba hace pocos días que España es
quien peor encara la contracción económica, con un incremento de la deuda
de 23 puntos y un retroceso del PIB en torno al 13 %; una situación muy
preocupante. En poco tiempo se va a abordar el reparto de los fondos
europeos, y esa va a ser una gran oportunidad para la reactivación
económica y para la recuperación del empleo, y también una oportunidad
para que la voluntad expresada por el presidente Sánchez de cogobernar
con las autonomías dichos fondos no sea un propósito, sino una realidad
efectiva.

El Gobierno vasco presentó hace ya unas semanas
las líneas del programa de reactivación económica y el empleo que se
fundamentan en tres ejes: el desarrollo tecnológico digital, el
energético climático y el sanitario social. Tres ejes y un programa que
está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y con los
criterios de los fondos europeos; un programa abierto a la participación
de instituciones locales y agentes socioeconómicos, y que está coordinado
por una mesa interinstitucional.

Pues bien, este es el ejemplo y este es el
modelo de gobernanza que defiende mi grupo, también para la gestión de
los fondos europeos, con la participación activa de las comunidades
autónomas, de manera que se pueda articular una rápida disposición de la
financiación y que se derive hacia aquellos proyectos que, respondiendo a
las circunstancias específicas y peculiaridades de cada una de las
comunidades, garantice esa necesaria transformación del tejido productivo
y favorezca esa recuperación del empleo. Atendamos, por tanto, de esta
manera a esas grandes preocupaciones que tenemos hoy sobre la mesa:
recuperar la salud, activar la economía y recobrar el empleo.

Existen foros multilaterales y bilaterales
suficientes para articular debidamente la coordinación entre el Estado y
las distintas administraciones que, en todo caso, siempre han de operar
bajo el principio del respeto a las competencias de las comunidades
autónomas. Nuestra posición, por tanto, es crítica, sí, a la creación de
esta comisión, pero en ningún caso va a ser obstruccionista; no nos vamos
a oponer a la creación de la comisión. Creemos que existen mecanismos
para la participación de las administraciones, que existen reglas y que
existen medios de coordinación suficientes. En cualquier caso, vamos a
dar un voto de confianza a esta comisión y esperamos que no se convierta
en un ejercicio de desviación de responsabilidades ni de distracción de
competencias.

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra la senadora Bailac Ardanuy.

La señora BAILAC ARDANUY: Gracias,
presidenta.

El Partido Socialista nos plantea hoy la
creación de una nueva comisión mixta para evaluar la crisis sanitaria de
la COVID-19. La verdad es que esta propuesta nos pilla muy escépticas
sobre la utilidad real de las nuevas comisiones tras la escenificación
que supuso la comisión para la reconstrucción. Digamos que la experiencia
reciente sobre las nuevas comisiones no nos parece lo suficientemente
provechosa como para plantearnos repetirla. Parece que el PSOE quiere
enmendar con este gesto el olvido de esta Cámara respecto a los debates
para la reconstrucción, proponiéndonos ahora una comisión con un objetivo
más que dudoso. Si quisieran involucrar al Senado, podrían haber abierto
el debate en esta Cámara de representación territorial sobre qué
financiación aportará el Estado a las comunidades autónomas para que
puedan hacer efectivos sus planes de reconstrucción. Tenemos toda la
voluntad de evaluar la gestión de la pandemia, pero no así, desde la
fiscalización, desde la nula autocrítica respecto a la gestión
centralizada y desde la invasión de competencias maquillada bajo el
concepto de cogobernanza. Cada vez que ustedes hablen de cogobernanza
nosotros vamos a poner sobre la mesa el principio de subsidiariedad,
porque estamos convencidas de que las decisiones son mejores cuando se
toman lo más cerca posible de la ciudadanía. Tenemos toda la voluntad de
aprender para mejorar, pero no en seis meses y en plena segunda ola; pero
no si este debate no contempla las herramientas, no contempla la
infrafinanciación endémica de Cataluña; no si este debate no tiene en
cuenta la desinversión en servicios públicos y las limitaciones de gasto
impuestas que merman ahora la plena capacidad de actuación de nuestras
administraciones; y no si este debate no aborda el principal
interrogante, que es el de con qué herramientas contamos para hacer
frente a la pandemia y a sus consecuencias, así como a la reconstrucción,
y en especial, el de cómo se van a gestionar los fondos europeos para la
reconstrucción.

La verdad es que tocan ustedes un tema sensible
en relación con el objeto de la comisión; suponemos que son conscientes
de ello. Nos hablan de optimizar la gestión de unos fondos europeos que,
según su propuesta, se van a repartir de manera equitativa y eficiente,
pero que todavía no conocemos cómo van a ser gestionados. Podríamos
decirles que, mientras ustedes parece que jueguen al despiste con la
creación de una comisión, nosotros les pedimos que levanten la mirada
porque el debate está en cómo pretenden gestionar los fondos europeos
para la reconstrucción. En todo caso, aquello que pedimos es que el
Gobierno central transfiera la gestión de los fondos europeos a la
Generalitat de Catalunya. Pedimos, una vez más, poder gestionar
directamente desde Catalunya los fondos europeos para la reconstrucción,
y disponer de todos los recursos y herramientas, y lo pedimos, además,
porque este fue uno de sus compromisos en el mes de junio, todavía por
cumplir. Así que, más que una petición, esto de hoy es un
recordatorio.

Mientras ustedes nos plantean subterfugios,
nosotros les pedimos de frente que aclaren cómo piensan gestionar esos
fondos para la reconstrucción, porque la verdad es que plantearnos que
desde aquí se debata cómo optimizar la gestión de los fondos sin aclarar
la mayor, nos parece un sinsentido. Nosotros nos tomamos muy en serio el
proceso de reconstrucción que debe abordar Catalunya. De las bases que
sentemos en los próximos meses y años depende el modelo de país que
queremos hacer posible para Catalunya: la república catalana feminista,
justa, próspera y sostenible. Urge reducir las desigualdades acentuadas
por la pandemia; urge reforzar el Estado del bienestar y la capacidad
productiva; urge acelerar la transición hacia un modelo económico más
sostenible y resiliente; urge también poner en marcha una estrategia
alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el Pacto Verde
Europeo y con la Estrategia Digital Europea.

En julio, el Gobierno de Catalunya aprobó el
plan que fija la estrategia de reactivación económica y social del país;
un plan valorado en 31 765 millones de euros. Tenemos mucho trabajo por
delante, mucho trabajo por hacer; no estamos para perder el tiempo en
ejercicios estériles, no estamos para dejar en manos del Legislativo la
coordinación de una gestión eficiente de los fondos por parte del
Ejecutivo, una función que no le corresponde a una Cámara parlamentaria.
Créanme que la mejor coordinación será la que hagamos cada cual en el
marco de sus competencias, sin injerencias y habiendo recibido los
recursos necesarios y suficientes que nos corresponden.

Señores del Grupo Socialista, les pedimos que
hagan un ejercicio de máxima transparencia. Aclaren cuanto antes cuántos
recursos van a transferir a Catalunya y cuál va ser el mecanismo con el
que Catalunya accederá a esos recursos. Insisto, hagan un ejercicio de
transparencia y de concreción. Lo pedimos también porque estamos
convencidas, como también se plantea en el Comité Europeo de las
Regiones, que las administraciones más próximas deben tener un papel
central en el acceso a los fondos europeos, porque es desde la proximidad
desde donde podremos dar una mejor respuesta a las necesidades reales de
los ciudadanos y de las ciudadanas. Pongámonos a trabajar para no cometer
en esta segunda ola los errores que se cometieron en la primera: el mando
único, el caos en el pago de los ERTE y la demora en la aplicación de las
ayudas a las personas que peor lo pasan.






Hay que tomar medidas para
apoyar a las empresas afectadas por las medidas sanitarias; hay que poner
en marcha el permiso de conciliación y hay que regularizar para
garantizar derechos a todo el mundo. Pongámonos a trabajar, que en eso sí
que nos encontraremos.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Hernando Fraile.

El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, señor Rodríguez, el 17 de junio de
este año, hace cuatro meses, mi grupo parlamentario propuso en esta
Cámara la creación de una comisión de recuperación y análisis de la
situación que se había producido con la pandemia, y los desastres y el
efecto devastador que había provocado. Ustedes votaron en contra, y lo
hicieron porque el día anterior se inventaron la estratagema de crear una
comisión mixta, que es la que hoy proponen; cuatro meses después, señor
Rodríguez. Ustedes votaron que no, y al día siguiente metieron en el
cajón la comisión que ustedes mismos habían propuesto, para tapar la
necesaria comisión que planteaba mi grupo parlamentario. Y es que,
señorías, estábamos en los días de vino y rosas; aquellos días en los que
se decía que habíamos derrotado al virus; aquellos días en los que la
propaganda oficial del Gobierno decía que salíamos más fuertes y que nos
íbamos a recuperar en V; aquellos días de la petulancia de un presidente
de Gobierno que se atrevía a asegurar a los españoles que él había
salvado la vida de 400 000 personas, mientras se negaba a reconocer la
verdadera cifra de personas que habían muerto y la desgracia de miles de
familias en este país.

Quiero anticiparle, señor Rodríguez, que
nosotros vamos a votar que sí; ahora bien, avise a sus compañeros del
Congreso, a ver si califican esta iniciativa, la colocan en el orden del
día y la pueden debatir, porque en el Congreso todavía no se han enterado
de esto, de tal forma que hasta por lo menos mediados de noviembre no
podrá ni tan siquiera aprobarse en el Congreso la creación de esta
comisión mixta que ustedes nos traen aquí, cuatro meses después. Y
nosotros votaremos que sí en la esperanza de que no se convierta esto en
otro trampantojo para cubrir responsabilidades; de que no hagan lo que
han hecho ya aquí, en el Senado, bloqueando las comisiones de Sanidad, de
Economía o de Asuntos Sociales para que no compareciera nadie; de que no
se convierta en una mera artimaña para que parezca que algo se hace ante
la alarma que ha provocado que otra vez España se convierta en el
epicentro de la pandemia, incluso antes de que llegue la segunda oleada a
nuestro país. Pero, señorías, a nosotros nos parece una iniciativa
insuficiente. El Gobierno se ha negado a reconocer y analizar sus
errores; nadie ha asumido durante este tiempo la más mínima
responsabilidad por una gestión desastrosa, que nos ha conducido a una
gravísima crisis sanitaria, económica y social, y el Parlamento no debe
de quedar solamente para evaluar, debe investigar qué es lo que ha
pasado, más allá de la realidad a la que quiere llevarnos la propaganda
gubernamental.

Es necesario averiguar por qué España fue líder
en muertes, en sanitarios contagiados, en desastre económico y por qué
volvemos a ser otra vez los peores en estos momentos. Es necesario,
señorías, que se cree una comisión que tenga verdaderas facultades para
investigar realmente lo que ha pasado, porque España no puede volver a
instalarse en las Crónicas Marcianas del señor Illa y el señor Simón, o
en el Aló presidente de un presidente del Gobierno muy preocupado por
acudir cada semana a la televisión a echarnos su mitin y que, sin
embargo, no era capaz de dar la cara acudiendo a ningún hospital o a dar
consuelo a las familias que duramente afrontaban esta situación.
(Aplausos).

Señorías, los españoles hoy se preguntan: ¿Qué
ha pasado? ¿Cómo es posible que el Gobierno nos anunciara, el 4 de
febrero —como ya se ha contado aquí—, la creación de una
comisión interministerial de lucha contra el coronavirus, presidida ni
más ni menos que por la vicepresidenta del Gobierno, sin que se hiciera
nada? ¿Por qué nadie hizo caso de las, hasta 11, alarmas de Seguridad
Nacional que, antes del 8 de marzo, avisaban de la gravedad del asunto?
¿Por qué tampoco se hizo caso a ese policía nacional, jefe de compras, al
que el señor Marlaska purgó por pedir material para la Policía Nacional?
¿Por qué, señorías, se llevó a cientos de miles de mujeres a una
manifestación, peligrosa manifestación, (Rumores), al grito de «el
machismo mata más que el coronavirus»? (Aplausos). Señorías, ¿por qué no
se cerraron los aeropuertos? 400 vuelos semanales con Italia. ¿Cómo es
posible que el señor que vaticinó que en España, como mucho, tendríamos
dos o tres casos, y el ministro que decía que no había que llevar
mascarilla —para luego imponerlas obligatoriamente—, se
paseen cada día por España, como si no pasara absolutamente nada?
Señorías, ¿cuál ha sido la política de compras del Gobierno? (Rumores).
Más de 500 millones de euros y precios disparatados hasta en las
mascarillas: sí, 4 euros la mascarilla y, en Portugal, 20 veces menos.
Sí, esa es la política de compras. (Aplausos). ¿Dónde están o qué ha
pasado con esos comisionistas que se han dedicado a hacer su agosto
durante el mes de abril, con el dolor y las necesidades de la gente?

Señoría, ¿alguien va a responder de todo esto?
¿Por qué ustedes tapan todo esto, señorías del PSOE? ¿Qué razones existen
para que lo hagan? ¿Ustedes no deberían contribuir y animar,
precisamente, a que se investigara todo eso, por la decencia propia del
Gobierno y de su grupo parlamentario?

¿Por qué se incautó el material sanitario a las
comunidades autónomas que habían tenido la previsión de garantizar
material para sus ciudadanos? Señoría, ¿cuántos españoles se han quedado
atrás por la nefasta gestión de los ERTE o del ingreso mínimo vital? ¿Qué
ha pasado con ese vicepresidente que nos anunció que había tomado
decisiones para afrontar la lucha contra el coronavirus en las
residencias de mayores, mientras, vulnerando la cuarentena, lo único que
hacía era pasearse de plató en plató, sin hacer absolutamente nada por
nuestros mayores?

Señorías, los españoles hemos contemplado
estupefactos cómo el Gobierno ha intentado encubrir sus errores, su
incompetencia, su negligencia y, además, lo ha hecho con un espeso manto
de mentiras, un cóctel de falacias que en cualquier país habría provocado
dimisiones y consecuencias más allá de las que se han producido en
España. Esas mentiras, que van del falso doctorado del señor Simón
—al que el señor Sánchez tilda de doctor, sin haber aprobado el
MIR— y pasan, también, por un comité de expertos inexistente, un
comité de científicos que no se reunía, para acabar en un ministro Illa
que plantea una guerra contra la Comunidad de Madrid, en vez de una
guerra contra el coronavirus, para tapar su incompetencia, y que cada día
nos anuncia criterios arbitrarios a conveniencia o dependencia de los
intereses políticos que en cada momento haya que adoptar, lo que ha hecho
y hace, a lo largo de este tiempo, que la arbitrariedad y la desconfianza
se impongan entre distintas administraciones a la hora de tomar
decisiones.

Señorías, los españoles hoy se preguntan,
después de noventa días de uno de los confinamientos más duros de la
historia de todos los países europeos, por qué todavía hoy, estamos de
nuevo como estamos. Esto es lo que se preguntan. Y por qué el Gobierno no
ha podido o no ha hecho nada por evitarlo; ese Gobierno que, después de
sus triunfalistas advertencias del pasado mes de junio o julio, se iba de
vacaciones, se lavaba las manos y se dedicaba a todo menos a hacer lo que
tenía que hacer.

Señorías, la calidad de una democracia se mide
por el normal funcionamiento de sus instituciones y por el respeto a la
separación de poderes. La España del Gobierno Sánchez se viene deslizando
hacia una peligrosa deriva que pervierte el sistema, que degenera nuestra
democracia y deteriora la convivencia, con un Parlamento que se dedica a
investigar a la oposición, pero que se niega a investigar al Gobierno,
cuestión pintoresca, cuando una de las obligaciones del Parlamento es
precisamente el control del Gobierno y no de la oposición, y un Gobierno
que, tras ocupar Radiotelevisión Española, el CIS, la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia o la fiscalía se niega a asumir
responsabilidades y decide asaltar el Consejo General del Poder Judicial,
para intentar tapar responsabilidades.

Señorías, así no, así no. No es esto lo que
necesitan los españoles hoy.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Señorías, antes de nada, permítanme aclarar dos
cuestiones previas.

Senadora Rivero, usted ha afirmado algo en esta
tribuna que es rotundamente falso. Ha dicho que el rodillo socialista les
ha impedido a ustedes hacer propuestas para esta comisión. Falso. Ustedes
han tenido más de quince días, en el ámbito de la Junta de Portavoces, a
petición de la señora presidenta de esta Cámara, para hacer propuestas de
mejora en relación con esta comisión. ¿Y sabe cuántas iniciativas han
presentado? ¡Ninguna! Ninguna, senadora Rivero. Estén a lo que tienen que
estar. Menys proces i més propostes. (Aplausos).

No voy a entrar en las descalificaciones ni en
las referencias incoherentes de mi buen amigo, el señor Hernando, sobre
el 8M, sobre los platós de televisión o sobre los comisionistas, porque,
sin duda alguna, el Grupo Socialista de comisionistas no les puede hablar
ya que ustedes son los campeones de la Champions. (Aplausos).

Como les indicaba antes, señorías, el
presidente del Gobierno, efectivamente, en junio, propuso ante esta
Cámara la creación de una comisión mixta; una comisión para evaluar los
efectos y las causas de la pandemia COVID-19, para saber y aprender de
esta crisis sanitaria y, cómo no, para mejorar también ante situaciones
futuras. Así empezaba mi intervención anterior.

En el Congreso ya se incluyeron numerosas
medidas en esa comisión de reconstrucción que algún grupo ha querido,
nuevamente, dejar fuera de juego, para mejorar nuestro tejido productivo
y social en el marco —señorías, no lo olvidemos— de una
recuperación económica y colectiva. Sin embargo, los socialistas hemos
creído que no debíamos quedarnos solamente ahí. Debemos valorar también
la coordinación entre las distintas administraciones, evaluar las mejoras
necesarias y, sobre todo, apreciar y dimensionar la cogobernanza. Sí, la
cogobernanza, senadora de Esquerra Republicana, la cogobernanza no
solamente entre el Estado y las comunidades autónomas sino también entre
el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, señoría. Los
ayuntamientos son las instituciones que más están sufriendo, y en primera
persona, lo que sufren sus ciudadanos y sus vecinos.

El objetivo de esta comisión es claro:
optimizar la gestión y la cooperación. Lo decía antes: gestión
administrativa y gestión política, sin duda, pero también es muy
importante recuperar a España, a los españoles y la resiliencia de
nuestro país ante la próxima recepción de los fondos que España va a
recibir del acuerdo marco que aprobó el Consejo de Europa, aunque algunos
no lo quieran y pongan todas las piedras posibles en el camino. Y
levantando la mirada, señoría, levantando la mirada en esta comisión
mixta, levantando la mirada con la experiencia y el conocimiento que
hemos adquirido en estos siete últimos meses. Es necesario que las Cortes
Generales identifiquen los problemas y formulen recomendaciones, y es
aquí, en esta Cámara, donde debe jugar un papel muy importante lo que
nosotros hagamos, para que ningún español se quede en el camino.

Hoy, señorías del Senado, debemos mandar a los
españoles un mensaje de esperanza para poder ponderar el color de sus
vidas, y para esto solo cabe —y lo decía antes— despolitizar
la lucha contra el virus. Estamos inmersos en una pandemia global, en la
mayor crisis económica, social y sanitaria del último siglo. ¿Quién
imaginaba que está situación se iba a producir así? Nadie, señorías. ¿Qué
Estado, qué Gobierno estaba preparado para gestionar una crisis como
esta? Ninguno, señorías. Cada país, en todo el mundo, ha tenido que
presentar medidas sanitarias, medidas sociales y medidas económicas
—no se olviden— sin precedentes, y nuestro país también. ¿Y
saben cómo lo hemos hecho? Sin pensar en ideologías, señorías, sin
ideologías es cómo está trabajando este Gobierno y con una máxima: salvar
vidas y salvar empleos. Señorías, esa es la máxima del Gobierno de
progreso. (Aplausos).

No va a ser fácil remontar esta situación, no
va a ser fácil para nadie y, por eso, tenemos la obligación de
proporcionar todos los recursos y tomar todas las decisiones para
garantizar nuestra seguridad y nuestra sanidad. Hemos pasado un duro
confinamiento, restricciones de movilidad, reducciones en nuestras
relaciones sociales y un continuado esfuerzo de todos los españoles,
unido a un agotador trabajo de los sanitarios. Hemos reaccionado, creemos
que con valor y con prudencia, hemos sido responsables como sociedad y
como país, y hemos conseguido que Europa haya reaccionado sin precedentes
en el ámbito de la solidaridad y de la responsabilidad social. En nuestro
país, el Gobierno de Pedro Sánchez, unas veces en compañía y, otras
veces, en auténtica soledad, ha tenido que tomar decisiones duras,
señorías, muy duras para afrontar la crisis que tenemos; medidas
sociales, medidas económicas y medidas sanitarias —hay que decirlo
así— que no tenían ningún precedente en este país. Algunos lo han
criticado, allá ellos, pero nosotros tenemos un objetivo muy claro:
salvar vidas y que nadie se quede abandonado a su suerte.

No les voy a relatar las medidas que el
Gobierno ha tomado, pues ustedes las conocen, unos porque las han apoyado
y, otros, porque las han atacado, ridiculizado y hasta las han rechazado.
El Congreso, señorías, ya hizo en nuestra opinión un trabajo importante
en la comisión de reconstrucción, reafirmando los valores de nuestro
sistema de salud, reforzando la atención primaria, impulsando la I+D+i o
adecuando la financiación sanitaria a las necesidades reales, y, sobre
todo, recuperando también la actividad económica.

No se olviden, señorías, de que el presidente
del Gobierno, antes de junio, en abril, solicitó un gran acuerdo nacional
para la reconstrucción económica y social de España. ¿No ven necesario
ese acuerdo de reconstrucción nacional? ¿De verdad que, ahora, cuando
hablamos de la segunda ola, no lo ven necesario? Alguno —seguro que
varios de ustedes lo recuerdan— lo llamó el pacto de las lentejas.
Con esta simple y lamentable frase, el jefe de la oposición se
descalifica políticamente por sí solo. Pero no se olviden, señorías, no
se olviden de que los ciudadanos tienen memoria y, en esta época que nos
está tocando vivir, tienen mucha más memoria.

Los españoles —los españoles, sí, no el
Gobierno— han tenido y están teniendo que cambiar su forma de vida
para poder vivir. ¿Y qué nos piden a los representantes? Nos piden un
esfuerzo paralelo al suyo, un esfuerzo por la unidad, un esfuerzo por los
acuerdos, un esfuerzo para sacar a España y a sus ciudadanos de esta
gravísima situación. Por eso proponemos esta comisión, para que nos
dejemos ya de crispación, de politiquería y de sabotajes. Salvar vidas y
salvar empleos es lo importante. Señorías, insisto, eso es lo importante,
y eso no es perder el tiempo, senadora de Esquerra Republicana.
(Denegaciones de la señora Bailac Ardanuy). Salvar vidas y salvar empleos
no es nunca perder el tiempo, ¡nunca! (Aplausos).

Es necesaria una actitud política constructiva,
que arrimemos todos el hombro, señorías, y así conseguiremos que los
españoles dejen de pasarlo mal. Sigamos el ejemplo y el compromiso de
nuestros sanitarios, comportémonos como la gran mayoría de los españoles,
con responsabilidad, señorías, res-pon-sa-bi-li-dad; eso es lo que nos
están pidiendo los ciudadanos. Por eso y para eso tenemos que trabajar en
esta comisión.

El Grupo Socialista les pide que se unan a este
esfuerzo, y agradecemos la posición de aquellos grupos que vayan a votar
a favor de la creación de esta comisión; un esfuerzo que los españoles
nos están exigiendo. Trabajemos juntos para salir de esta situación mejor
que antes; trabajemos unidos para aprender, mejorar y coordinar, y
recuerden, señorías, insisto: solo la unidad salva vidas, solo la unidad
salva empleos, la falta de lealtad institucional es jugar a la ruleta
rusa con la salud de los españoles y de nuestro país. Frenemos el virus y
venzamos la pandemia. No abandonen la responsabilidad del mañana,
evitándola hoy. Los ciudadanos —y creo que ustedes lo saben—
ahora nos están observando y, sobre todo, nos lo están demandando.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.

Esta solicitud de creación de una comisión
mixta especial de evaluación de la crisis sanitaria de la COVID-19 será
sometida a votación durante el plazo que esta Presidencia abrirá al
concluir el debate de la primera moción ordinaria.

La señora PRESIDENTA: A continuación, se
procede a proclamar el resultado de las votaciones telemáticas del
Proyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios
electrónicos de confianza. Comisión de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

Votación de las enmiendas números 16 y 17, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 263; a favor, 40; en contra, 218;
abstenciones, 5.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
rechazadas.

Partes del proyecto de ley enmendadas en
comisión, y no comprendidas en la votación anterior.

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 263; a favor, 233; abstenciones, 30.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan
aprobadas.

Resto del proyecto de ley.

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 264; a favor, 260; en contra, 1;
abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados, para que este se pronuncie sobre las mismas
en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

La señora PRESIDENTA: A continuación, se
procede a proclamar los resultados de las votaciones telemáticas
siguientes. Proyectos y proposiciones de ley. Toma en consideración de la
proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, para
ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Eh Bildu.

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 263; a favor, 26; en contra, 224;
abstenciones, 13.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda
rechazada.