El señor PRESIDENTE: Doy por leídas las
comparecencias solicitadas por los distintos grupos. Así que, sin más,
tiene la palabra, señor ministro.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y
MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Muchas gracias, presidente.

Señorías, agradezco las distintas solicitudes de
comparecencia para hacer una evaluación de la gestión del ministerio en
este año —ya más de un año— tan difícil de pandemia. Y, como
hago habitualmente, me voy a servir de una presentación que voy a ir
siguiendo, para enmarcar —con algunas informaciones y datos—
los distintos elementos que les voy a ir planteando.

Cuando nosotros llegamos al ministerio, nos
encontramos con una serie de retos importantes a la hora de desplegar las
políticas que el ministerio tenía que poner en marcha —que eran los
compromisos de legislatura que yo planteé en las Cámaras— y, al
mismo tiempo, de forma prácticamente sobrevenida, en pocos meses, a esos
retos se añadieron los derivados de la COVID, con lo cual, al final, lo
que hemos tenido que hacer durante este año ya largo es, simultáneamente,
intentar avanzar en cambios sustantivos estructurales en las políticas
que tiene que desarrollar el ministerio y atender medidas muy urgentes
derivadas de la pandemia en el ámbito económico y social.

La situación de partida que nos encontramos en
relación con los retos previos a la pandemia, se pueden sintetizar, en mi
opinión, en los tres que aparecen en esta transparencia. Así, nos
encontramos en muchos aspectos con políticas mal diseñadas y sin una
evaluación. La cultura de evaluación —lo he explicado muchas
veces— es un déficit importante en nuestra Administración, y
nosotros no íbamos a ser menos. También nos encontramos con carencias
importantes de capital humano y de recursos para políticas muy
importantes. Y a la hora de poder desplegar determinados elementos, con
una excesiva rigidez de los procedimientos administrativos y operativos.
Permítanme que les describa este tipo de dificultades, empezando por las
políticas mal diseñadas y su evaluación, y voy a seguir el orden de las
tres áreas fundamentales en las que se estructura el ministerio: la
Seguridad Social, las migraciones y las políticas de inclusión. Ese es el
orden que voy a seguir en mi presentación.

En Seguridad Social nos encontramos con una
situación conocida por todos, con reformas de pensiones que realmente
suponen un impacto injustificado a lo largo del tiempo sobre pensionistas
o futuros pensionistas, incluso jóvenes. El índice de revaloración de las
pensiones del año 2013 supone una pérdida de poder adquisitivo para los
pensionistas de hasta el 30 % a medio plazo; repito, el 30 % de poder
adquisitivo; el factor de sostenibilidad supone un ajuste potencial
importante sobre las generaciones más jóvenes, que es injusto. Además, el
marco de pensiones preexistente no tenía el consenso suficiente
—había sido una decisión unilateral, sin pasar por los agentes
sociales— y nos encontramos con incentivos internos dentro de las
políticas mal diseñados, regresivos, erróneos; un ejemplo claro es el
caso de la jubilación anticipada, que tiene coeficientes muy regresivos,
o, como hemos visto recientemente, los problemas que hemos tenido en la
prestación de maternidad y sustitución por la reducción de la brecha de
género.

En el ámbito de migraciones, el marco de referencia
en el que nos movemos es claramente obsoleto: es una ley del
año 2000-2001, la Ley de extranjería, cuando el fenómeno migratorio era
casi inexistente en España. Tenemos un modelo por el cual se despliega
nuestra política a través de subvenciones a las organizaciones no
gubernamentales, que está muy desajustado en sus previsiones anuales y
con una visión muy cortoplacista en la forma en que se despliegan los
servicios; no tenemos información suficiente para hacer una evaluación
del funcionamiento de las prestaciones que se dan en este momento en
España y, en general, nos hemos encontrado con muchas ineficiencias que
dificultan el seguimiento de los itinerarios de atención a estos
inmigrantes.

En el ámbito de la inclusión, la situación de
partida era muy complicada. Las autoridades europeas nos llevan diciendo
desde el año 2014 que el sistema de rentas mínimas garantizadas a través
de comunidades autónomas exclusivamente genera una gran desigualdad y una
gran dispersión territorial y que no es un modelo aceptable —aquí
pueden ver el texto de las recomendaciones de 2018-2020,
persistentes— y nos encontramos con problemas de distinta
naturaleza para poder hacer evaluaciones, a priori y a posteriori, sobre
los efectos redistributivos e inclusivos de las distintas políticas que
tendríamos que poner en marcha.

El segundo problema, junto a este primero de diseño
de políticas, es la escasez de recursos y capital humano. Miren ustedes
estos datos, que cuando los discuto con los gestores de la Seguridad
Social, me impresionan. La edad media de la plantilla de la Seguridad
Social es de 55 años y, dentro de la plantilla de la Seguridad Social,
solo el 5 % de los funcionarios y personal laboral tiene menos de 40
años; en los próximos tres años, se va a jubilar el 10 % de la plantilla
y, en los últimos diez, la Seguridad Social ha perdido un 20 % de su
plantilla, de 30 000 a 25 000 empleados, y tenemos por delante, como he
dicho, el reto de este funcionariado tan envejecido, lo que genera todo
tipo de problemas de gestión. Además, todo esto ha ocurrido en el
contexto de los últimos años, cuando la Seguridad Social ha tenido que
aumentar mucho su actividad porque el número de pensionistas aumenta
mucho todos los años y hay que gestionar nuevas pensiones. Así, ha
aumentado el 12 % el número de pensionistas desde el año 2010 y el número
de afiliados a la Seguridad Social hasta el año 2019 aumentó un 10 %. Y a
eso se han unido nuevas competencias en el ministerio como, por ejemplo,
la gestión de las pensiones de los funcionarios de las clases pasivas o,
más adelante, la medida estructural del ingreso mínimo vital.

Pero es que además de estas necesidades
estructurales, la Seguridad Social ha experimentado un incremento de
actividad extraordinario durante la pandemia. Ha sido la institución
fundamental de mantenimiento de un Estado del bienestar y de protección
reforzado ante la situación de la pandemia. Se han gestionado, además de
las bajas habituales de incapacidad temporal, casi 4 millones de bajas
adicionales por incapacidad temporal por COVID, ya sea por contagio o por
confinamiento. Se ha gestionado una nueva prestación para los autónomos
que ha alcanzado a un 1 500 000 autónomos. Los trabajadores protegidos en
ERTE en su momento máximo superaban los 3 600 000. Y, como resultado de
la pandemia, ha aumentado un 30 % el número de solicitudes telemáticas y
un 50 % la atención telefónica. Es verdad que hay casos —los hemos
evaluado y somos conscientes de ellos— de personas que han tenido
algunas carencias de atención, pero, por favor, que los árboles no nos
impidan ver el bosque. La Seguridad Social ha tenido que atender a
muchísimas personas, por distintos canales, en una situación tan
complicada y con el personal reducido y envejecido al que me refería
antes.

En el ámbito de migraciones, la situación en la que
nos encontramos es de un desfase creciente. Aquí pueden ver, por un lado,
la evolución del número de llegadas y, por otro, las plazas de acogida
que había en el sistema y cómo, en los últimos años, se ha ido generando
progresivamente un desajuste que ha provocado una lista de espera para
determinadas prestaciones.

El tercer ámbito en el que nos hemos encontrado
retos importantes es en el de los procesos operativos. En general, los
procedimientos administrativos no están pensados para el mundo actual.
Por ejemplo, hasta la reforma que acabamos de introducir, las direcciones
provinciales solo podían gestionar los expedientes de su territorio, lo
que producía una dificultad enorme de gestión integral de los expedientes
y de las prestaciones de la Seguridad Social. Al mismo tiempo, la carga
de trabajo, territorialmente hablando, ha cambiado mucho por el efecto de
la despoblación y, en el caso de las empresas, por la concentración de
actividades y sedes, lo que ha generado desajustes claros en el centro de
trabajo desde el punto de vista territorial. Además, todo esto produce,
en algunos casos, un escaso aprovechamiento de las capacidades digitales
de la Seguridad Social, que se han potenciado mucho pero que requieren un
marco distinto para trabajar.

En el ámbito de las migraciones, los instrumentos
de financiación y gestión de las prestaciones del ministerio tenían
deficiencias claras y dificultaban nuestra gobernanza. Por ejemplo, en
recursos de acogida falta versatilidad; si tienes capacidad de acogida
para protección internacional, a lo mejor en un momento determinado
puedes utilizarla para ayuda monetaria. Esa flexibilidad tampoco existía,
como en el caso de la Seguridad Social, a la hora de gestionar. Son
procedimientos administrativos rígidos, poco enfocados en una gestión
rápida e interesada en los ciudadanos. Nos hemos encontrado vacíos
jurídicos de distinta naturaleza que generan, respecto a las migraciones
en España, situaciones de distinta naturaleza de irregularidad
sobrevenida que tienen poca lógica. En definitiva, la migración es un
fenómeno que está aquí para quedarse inevitablemente, que tendremos que
gestionar y no disponemos de los instrumentos para hacerlo de una forma
eficiente y ágil en muchos aspectos.

Y a estos retos pre-COVID se unieron los que nos ha
generado la COVID. Por un lado, a partir de hace justo un año, la
necesidad de protección inmediata de millones de trabajadores y
centenares de miles de empresas. Y esto, además, con un cierre de los
centros de trabajo de la Seguridad Social o de las oficinas de
extranjería, teniendo que teletrabajar, que es algo para lo que la
Seguridad Social no estaba preparada en cuando a medios técnicos. Así
hubo que abordar esta situación. Y, en el caso de las migraciones, nos
encontramos con que el cierre de fronteras y la suspensión de plazos
administrativos generaron un cambio en las rutas migratorias y problemas
de distinta naturaleza.

Y es que la pandemia —y esto lo vemos en este
gráfico de forma muy evidente— produjo una caída de actividad
económica absolutamente sin precedentes. Este es el gráfico del PIB
desde 2007 y, como vemos, la caída de actividad que se produce en el
segundo trimestre del año pasado, con la persistencia que ha tenido, no
tiene ningún precedente en, por ejemplo, la crisis que se extendió desde
el año 2007 en adelante.

La pandemia también ha afectado a las migraciones
por la pobreza generada en África y con la peculiaridad del cierre de
fronteras, de tal forma que las llegadas a Canarias se han multiplicado
por 9 respecto al año 2019. Ahí tenemos el número de llegadas a costa en
España de migrantes en el año 2020, que ha superado los 40 000, casi el
doble, con una concentración en las islas Canarias, como todos sabemos. Y
esto, además, con una limitación considerable de los movimientos
secundarios de inmigrantes y con la imposibilidad de retornos por el
cierre de fronteras. Es decir, que el problema migratorio, principalmente
concentrado en Canarias, es resultado, fundamentalmente, de la pandemia y
de elementos sobrevenidos difícilmente anticipables.

Por lo tanto, junto a la complejidad inicial de
querer hacer las políticas como queríamos nos hemos encontrado con las
restricciones que les he descrito, con los retos y las dificultades
derivados de hacerlo en medio de la pandemia y la respuesta a lo que la
pandemia nos planteaba.

A continuación, voy a explicarles las medidas
urgentes, en el ámbito de la pandemia, que hemos desarrollado en los tres
ámbitos de actuación del ministerio y después hablaré de otras medidas
más estructurales retomando las políticas pensadas para el conjunto de la
legislatura.

Empecemos con la Seguridad Social y con los ERTE.
Aquí, en este gráfico, lo que ustedes ven, para que puedan seguirlo, es
una línea de tiempo de las distintas medidas normativas que hemos ido
aplicando, su extensión y su duración. La primera medida que tomamos fue
la protección especial para todos los trabajadores contagiados y
confinados, lo que llevó a tener 3 800 000 personas protegidas, con lo
que supone de liberación de costes para las empresas y para los
trabajadores. Esa fue la primera medida que tomamos en marzo. Enseguida
empezamos con los ERTE, con el Real Decreto Ley 8/2020 y con las
exoneraciones a todas las empresas y trabajadores afectados a causa de la
pandemia. Llegamos a más de 3 500 000 de trabajadores protegidos
justamente un mes después de puesta en marcha esta primera medida.
Simultáneamente, introdujimos una medida absolutamente novedosa, una
prestación extraordinaria para autónomos, con un beneficio económico muy
significativo para ellos, no solamente por la exoneración de cuotas a la
Seguridad Social, sino también una prestación en función de sus
cotizaciones para aquellos cuya facturación bajara del 75 % con respecto
al periodo anterior como resultado de la pandemia. Y empezamos también
enseguida con medidas de liquidez, moratorias en cotizaciones sociales y
aplazamientos a empresas y a autónomos con una reducción significativa de
sus costes. A continuación, introdujimos también, en el mes de abril, las
primeras medidas de protección para profesionales sanitarios contagiados
por COVID, que se han extendido en todo este periodo.

Ya en la prórroga de los ERTE, hacia el mes de
junio, introdujimos una novedad que yo creo que ha sido muy importante
para su reactivación posterior, consistente en que no solamente
protegimos con exoneraciones a aquellos trabajadores que seguían en
activo, sino también a los activos, con un esquema de incentivos
específico. Igual pasó con los autónomos, que a partir de septiembre
empezamos las prórrogas. Fueron muy útiles las conversaciones con las
asociaciones de autónomos a la hora de ir ajustando la prestación y
añadir algunos elementos, por ejemplo, la prestación para trabajadores en
temporada o, en los casos en que realmente hay una suspensión de
actividad, contar con una prestación más fuerte. En las distintas
renovaciones del decreto original de ERTE que hemos ido haciendo
—en el mes de junio, en primer lugar; después, en el mes de
septiembre con efectos de octubre, y, finalmente, en enero, con efecto
hasta mayo—, hemos ido ajustando la prestación. Yo siempre explico
que el hecho de que hayamos tenido este ciclo trimestral o, en los
últimos casos, cuatrimestral, no ha sido porque no hubiera un compromiso
absoluto de mantener el nivel de protección para todos aquellos
trabajadores y empresas afectados como resultado de las medidas
administrativas, sino porque dada la situación novedosa y cambiante de la
pandemia, este ciclo trimestral o cuatrimestral nos ha ido permitiendo
ajustar la prestación discutiendo con los agentes sociales, con los
representantes de los trabajadores, de los empresarios y de los
autónomos, para ir viendo exactamente qué ajustes teníamos que hacer en
cada caso, de modo que la prestación fuera lo más eficaz posible y
proteger genuinamente a aquellos que se estaban viendo afectados, además
de generar los incentivos para la reactivación cuando eso fuera así. Y
aquí viene ya, en esta línea de tiempo, la última prórroga de los ERTE y
también la extensión de las prestaciones para autónomos hasta finales del
mes de mayo.

Las medidas de liquidez y aplazamiento, costes y
morosidad, a empresas y autónomos, las volvimos a extender con los
Presupuestos Generales del Estado y hemos vuelto a extender la protección
a trabajadores sanitarios y sociosanitarios, dándole la calificación de
enfermedad profesional en un real decreto ley reciente. En conclusión,
durante más de un año hemos protegido a más de 8 millones de personas en
algún momento como resultado de los efectos sobre su actividad económica
y profesional y, además, a prácticamente 600 000 empresas. Ese es el
grado de actividad que hemos desplegado y desarrollado nosotros con todo
este conjunto de medidas que les he ido planteando en esta línea de
tiempo.

Si nos centramos en los ERTE —en este gráfico
pueden ver su evolución temporal desde el mes de marzo—, verán algo
que decía antes, y es que llegamos a tener casi 3 600 000 trabajadores en
ERTE en el mes de abril. Obviamente, la recuperación en la primera ola de
la pandemia y también los incentivos que incorporamos en el diseño de los
ERTE a la activación de distinta naturaleza dieron como resultado esta
recuperación tan intensa hasta el mes de octubre, y, desde el mes de
octubre, lo que se ha producido con la segunda y la tercera ola, es que
mientras que los ERTE iniciales asociados a sectores que se vieron
afectados por el decreto de alarma —pero que después ya tuvieron
menos afectación como resultado de las medidas administrativas— han
ido decreciendo, todo este conjunto de ERTE, con
unos 800 000 trabajadores, son de las nuevas modalidades de ERTE que
hemos introducido, sobre todo a partir de octubre, por restricciones
administrativas de naturaleza distinta a las del primer decreto de
alarma, fundamentalmente de ámbito autonómico y local, y por
restricciones parciales que generan otro tipo de dinámicas. Los ERTE se
han ido adaptando a estas nuevas circunstancias, por ejemplo, al extender
la cadena de valor para la definición clara de los sectores
ultraprotegidos más afectados por los ERTE. No voy a entrar en detalles,
pero ha habido muchas variantes que hemos ido ajustando y, como vemos, ha
ido cambiando la naturaleza de los trabajadores y las empresas
protegidas. Hoy día tenemos unos 800 000 trabajadores en ERTE
todavía.

En la primera etapa, el foco fue claro: proteger;
en el segundo período, el foco estuvo puesto en los incentivos a la
activación, y, en el tercer periodo, al que me estoy refiriendo, el foco
ha sido la adaptabilidad de las medidas a situaciones cambiantes y, sobre
todo, identificar y proteger bien a los sectores, empresas y trabajadores
que se han visto afectados por ella. En cuanto al resultado, creo que
este gráfico es bastante impactante.

Por lo que se refiere a la afiliación a la
Seguridad Social y al PIB, el empleo y la economía, siempre han seguido
una evolución muy pareja y, así, en la crisis anterior, desde 2008
a 2013, las caídas de actividad fueron acompañadas por caídas incluso
superiores en afiliación a la Seguridad Social —como se ve en las
dos líneas— pero, en esta ocasión, la caída en la afiliación a la
Seguridad Social ha sido extraordinariamente muchísimo menor que la caída
de actividad, como resultado de todas las medidas de protección novedosas
que hemos introducido. Y, de hecho, hay una recuperación significativa
del empleo, como puede verse aquí, en el último periodo, sobre todo a
partir del verano, que incluso llegó hasta el mes de diciembre. Otra
forma de ver lo que les acabo de explicar es comparar la evolución de los
afiliados a la Seguridad Social en la anterior crisis financiera, que
arranca en 2008. Aquí hemos puesto el contador a cero y los meses
siguientes al principio de la crisis financiera anterior, así como la
evolución de la afiliación en los trece primeros meses después de
aquella, y la evolución de la afiliación esta vez, en esta crisis actual,
con una caída mucho más intensa en la actividad que la otra ocasión. Como
vemos, la recuperación de la afiliación ya desde el mes de junio ha sido
muy significativa y, desde luego, el desempeño es abrumadoramente mejor
que en la crisis anterior, a pesar de que la caída de la actividad es
muchísimo más intensa.

El caso es todavía más espectacular y llamativo en
cuanto a los autónomos. Aquí pueden ver la caída en la afiliación de
autónomos al régimen especial de la Seguridad Social, el RETA, en los
trece primeros meses posteriores al desencadenamiento de la crisis
financiera del 2008, que fue de un 5 %. En esta ocasión, tras el impacto
inicial —recuperado en el verano— la tasa es positiva y hay
más autónomos afiliados a la Seguridad Social que hace un año.

Me parece muy importante que veamos estos
indicadores sobre cómo hemos sido capaces de aguantar la pandemia. Este
es un indicador de solvencia de las empresas en función del grado de
morosidad, del número de deudores a la Seguridad Social. Evaluado en
términos de datos mensuales, y vistos los datos del mes de enero de este
año comparado con el período de la crisis anterior, la morosidad, el
número de deudores es un 26 % más bajo que entonces, y el gráfico que nos
muestra los impagos, la gente que no cumple con sus obligaciones con la
Seguridad Social —es otro gráfico de tiempo— en el año 2012,
que es el penúltimo año de la crisis y probablemente el más intenso, el
porcentaje de impagos a la Seguridad Social osciló en torno al 3,5 %. Un
año antes de la pandemia, 2019, estábamos con un nivel de morosidad
del 2 % y, durante la crisis, tras el impacto inicial y el susto del mes
de marzo, los niveles de morosidad de las empresas han sido como los del
año anterior a esta, y a una distancia notable en términos de menor
morosidad con respecto a la crisis anterior.

Pero no solo lo validan los datos, sino también los
que evalúan a través de los mercados financieros a las empresas y la
solvencia de España. Esta es la evolución del IBEX 35 tras el inicio de
la crisis financiera. La caída al final de la crisis financiera llegó a
ser casi del 50 %. Se puede ver que las empresas españolas terminaron
siendo valoradas en bolsa como a la mitad de lo que valían en la
situación precrisis. Sin embargo, hoy en día, como ven, los inversores
internacionales valoran más las empresas españolas que antes de la crisis
de la pandemia, tienen mayor valor y la diferencia es absolutamente
brutal. No tiene nada que ver cómo nos ven desde fuera en esta crisis con
la forma en que nos veían en la anterior.

Tomemos de ejemplo a la famosa prima de riesgo. ¿Se
dan cuenta de que ya no hablamos de ella? ¿Se acuerdan de la prima de
riesgo? En la crisis financiera anterior la prima de riesgo española
llegó a estar casi en 900 puntos, paso de 100 a 900; fue creciendo,
creciendo y creciendo. Hasta que el presidente del Banco Europeo
intervino, en el verano del 2012, la prima no hacía más que subir y
subir, lo que nos llevó a estar cerca de los 900 puntos. ¿Y dónde está la
prima de riesgo hoy? Pues la prima de riesgo ha bajado desde el principio
de la crisis y está por debajo de 100 puntos básicos; estamos hablando de
que los mercados están evaluando a España como un país incluso más
solvente que antes de la crisis.

Por lo tanto, se trata de una respuesta a la crisis
y una concepción de la fortaleza de la economía que es resultado del
esfuerzo de todos, de toda la sociedad, de todos los agentes económicos y
también de las políticas desplegadas, que son completamente
distintas.

Para que vean ustedes la importancia que tienen las
medidas de protección de rentas que hemos tomado, de nuevo las comparamos
en este gráfico con el periodo 2008-2013. En el periodo 2008-2013 las
rentas del trabajo cayeron un 10 % de forma acumulada, y en este periodo
de 2020 las rentas del trabajo han crecido aproximadamente un 4 %. Es
muchísimo, porque el resultado de la crisis tiene más impacto potencial;
estamos hablando de un solo año frente a cinco, pero con una paralización
total de la economía. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido el tamaño de las
prestaciones sociales para neutralizar esa caída de las rentas del
trabajo? Pues miren, en el periodo 2008-2013 las prestaciones sociales,
en términos de puntos de renta disponible, que es como está medido aquí,
crecieron 4 puntos en cinco años. Las prestaciones sociales han crecido
en un año tanto como en esos cinco años, de 2008 al 2013, de tal forma
que si en la anterior crisis se neutralizó con prestaciones sociales
un 40 % de la caída de las rentas salariales, en este caso hemos
neutralizado más del doble, un 82 % de las rentas salariales.

Además, no solo nos podemos comparar de una forma
extraordinariamente favorable con la crisis anterior, es que nos podemos
comparar de una forma igualmente favorable con países de nuestro entorno,
con nuestros mayores países de referencia, como son Italia y Francia en
esta crisis. Antes hemos visto la caída de las rentas del trabajo en la
crisis actual y ahora las prestaciones sociales que se han desplegado
para neutralizarlas. Italia ha experimentado una caída parecida a la
nuestra, de 4 puntos de renta disponible, pero ha neutralizado el 66 %
con prestaciones sociales, en tanto que nosotros lo hemos hecho el 82 %;
y en el caso de Francia han neutralizado un 54 %. Eso hace que España
sea, según los datos de Eurostat, de nuevo en esta estadística de
crecimiento de las prestaciones corrientes del sector público a los
ciudadanos —una definición amplia de transferencias— el país
en el que más han crecido, y con diferencia, de toda la Unión Europea, de
todos los países de nuestro entorno.

Además —y esto es importante—, no solo
hemos sido extraordinariamente eficaces a la hora de proteger rentas,
sino que tenemos un registro muy bueno en términos de activación, que es
otro de los retos de nuestro diseño: conseguir activar el mayor número de
trabajadores en los momentos en los que ha sido posible. Este indicador,
partiendo del número máximo de trabajadores que hubo en ERTE, mide
cuántos han recuperado la actividad, y aquí, de los países de nuestro
entorno, solo Países Bajos está por encima de nosotros; los demás países
todavía tienen más trabajadores, en términos relativos, en ERTE de los
que tenemos nosotros, y eso a pesar de que probablemente seamos el país
que ha sufrido, debido a la especialización en el sector turístico, el
mayor impacto —es obvio— de la pandemia. Pero a pesar de eso,
el diseño de los ERTE hacia la activación se refleja en estos datos.

Los datos sobre el gasto de protección al desempleo
estiman el efecto que tendrá hasta el mes de mayo y, por lo tanto, se
extiende ya por un periodo de catorce meses. La protección del desempleo,
es decir, los números que hay detrás de esas prestaciones sociales van a
ascender en torno a los 40 000 millones de euros. Aquí diferenciamos
entre trabajadores, autónomos e incapacidad temporal, y la parte que es
prestación directa a los trabajadores y la de exoneración de cuotas a las
empresas.

Y con esto voy a pasar al segundo bloque, que es el
de las medidas en el ámbito de las migraciones. Como decía antes, la
pandemia ha desencadenado una serie de procesos que han dificultado toda
la gestión del ministerio en este ámbito. De nuevo voy a poner aquí una
línea de tiempo para que vean ustedes las distintos medidas que hemos ido
adoptando y en qué momento.

Inmediatamente se suspendieron los plazos
administrativos en materia de extranjería durante el estado de alarma; se
prorrogaron muchos contratos en origen de personas que estaban en
contratos temporales en migración circular, que afectó originariamente
a 6600 trabajadores, pero tuvimos más en otras circunstancias; tuvimos
que aplicar medidas extraordinarias en la gestión de los procesos para
las peticiones de asilo, e inmediatamente introdujimos protocolos para la
atención sanitaria. El problema que tenemos con las oficinas de
extranjería es que la necesidad de actividad presencial que estamos
intentando eliminar en muchos casos, o reducir los trámites, generaba
unas dificultades y había que cambiar los modelos, yendo a modelos de
atención distinta y a extender plazos. Muy pronto, creo que a mediados de
abril, empezamos a incorporar a personas que vivían en España, que no
tenían permiso de trabajo, pero que estaban en el ámbito sanitario. En
este sentido, se han aprobado el 80 % de las solicitudes que se han
recibido y hemos trabajado muy bien con el Ministerio de Universidades
para la homologación de títulos. Nos encontramos con otra situación, y es
que los jóvenes ex tutelados, los que a veces se conocen como JENA, saben
que no pueden acceder al mercado de trabajo cuando han cumplido los 18
años, y ante la situación que se planteó sobre todo en determinados
ámbitos del campo, en la recolección y recogida de la fruta, etcétera,
extendimos una autorización de trabajo para estos chicos y después su
permiso de trabajo como premio a su disponibilidad a trabajar en el
campo, para que posteriormente pudieran seguir en actividades
distintas.

Hemos tenido que conceder prórrogas de residencia y
trabajo, a través de órdenes ministeriales, para muchas situaciones de
irregularidad sobrevenida como resultado del cierre de fronteras y de las
dificultades que ha planteado la COVID en el ámbito de la movilidad.
Hemos tenido que dar permisos también para que todos aquellos extranjeros
que estudiaban en España pudieran seguir su escolarización también en
situaciones sobrevenidas. Y, finalmente, a partir del mes de noviembre,
pusimos en marcha el plan Canarias para abordar la situación tan aguda
que se había ido acumulando durante los meses precedentes, como resultado
de un flujo migratorio muy intenso después del verano, y nos
comprometimos, y ya lo hemos cumplido, a abrir seis centros propios de
acogida en las islas para poder absorber esta situación.

Voy a dedicar unos minutos al tema de Canarias.
Aquí tienen un gráfico con las llegadas de inmigrantes a España por las
distintas rutas, desde enero de 2020: la ruta argelina, la ruta del
Estrecho y, sobre todo, la ruta canaria que tiene, como vemos, ese flujo
intensísimo de llegadas desde el mes de agosto hasta el mes de enero, y
que ha generado este problema al que me refería anteriormente. De hecho,
en 2020 han llegado más de 23 000 personas a Canarias por vía irregular.
¿Y cómo hemos abordado esta situación? Como explicaba al principio,
nosotros no teníamos prácticamente centros de acogida en Canarias; los
había en la península, pero en Canarias teníamos muy poca dotación,
unas 800 plazas, y ante una situación sobrevenida tan rápida llegamos a
acuerdos en distintas islas con empresarios hoteleros que tenían sus
hoteles cerrados a consecuencia de la pandemia, y empezamos a alojarlos
allí, mientras buscábamos soluciones permanentes y estables, y por
supuesto trabajábamos también en el retorno de los que eran susceptibles
de ser retornados al ser de países con los que tenemos acuerdos. Al mismo
tiempo trabajamos también en la gestión más integral desde todos nuestros
recursos de acogida en la península que, por otro lado, estaban también
muy tensionados porque estaba llegando mucha gente, sobre todo de
Argelia, en ese momento. En este gráfico tienen la capacidad de plazas en
Canarias y ahí se refleja la acogida en hoteles.

¿En qué consistió el plan Canarias? Pues, por un
lado, en buscar soluciones de emergencia y, por otro, en buscar también
soluciones estables para que en el futuro no nos vuelva a ocurrir algo
como esto, de forma que en un sitio con tanto riesgo a sufrir de forma
sobrevenida flujos de esta naturaleza por distintas circunstancias, como
es Canarias, existan capacidades de contingencia suficientes. Por tanto,
soluciones de emergencia y soluciones estables. En esa imagen figuran los
nombres de los seis centros que hemos abierto en Canarias, y que pusimos
en marcha en noviembre, así como las plazas máximas distribuidas en Gran
Canaria, Tenerife y Fuerteventura, que suponen un número de plazas
disponibles por encima de las 6000, que se unen a las otras casi 1000
plazas que teníamos antes en nuestro sistema. Este obviamente ha sido un
proceso gradual, primero, de adquisición de los terrenos o de una nave a
la empresa financiera; segundo, de adecuación de todos esos terrenos e
instalaciones a lo que tiene que ser un centro de acogida y de llegar a
acuerdos, por ejemplo, con organizaciones que parcialmente se encargan de
su gestión. Por primera vez la Organización de las Naciones Unidas está
trabajando en España, en las Canteras, en Tenerife. En esta otra imagen
se puede ver cómo han ido bajando el número de plazas ocupadas en
establecimientos hoteleros. Llegamos a estar por encima de 8000
inmigrantes a finales del año pasado acogidos en los hoteles y en este
momento hay algo más de 1700, pero de aquí a final de mes, con el
calendario de traslados hacia los nuevos centros, vamos a reducir
ese 20 % que nos queda y lo vamos a llevar a cero. Los hoteles quedarán
libres y espero que acojan —ojalá— a los turistas que tienen
que llegar a partir de ahora, y por su parte, los inmigrantes estarán en
nuestro sistema de acogida. Al mismo tiempo, como digo, hemos hecho una
gestión integral mucho más fluida de todo nuestro sistema de acogida en
la península para poder redirigir a determinados inmigrantes que tienen
situaciones vulnerables y distribuirlos de forma integral en toda
España.

La implementación del plan Canarias —y
conviene ponerlo en valor— ha supuesto actividad económica. Hemos
trabajado con hasta 86 empresas distintas en toda esa labor de
construcción y diseño de estos nuevos centros de acogida, y en este
momento van a trabajar en esos centros más de 700 personas, en gran
medida de la zona.

Y paso finalmente a lo que es el ámbito de
inclusión. Aquí el hito fundamental ha sido adelantar el ingreso mínimo
vital. El ingreso mínimo vital estaba pensado como una política a
desarrollar a lo largo de la legislatura, y así creo que lo presenté ante
las Cámaras, pero cuando llegó la pandemia evaluamos la posibilidad de
adelantar en el tiempo el despliegue progresivo de una política tan
novedosa y compleja como esta.

Cuando apareció la pandemia empezamos a analizar la
situación y en el mes de junio aprobamos el real decreto ley del ingreso
mínimo vital que está vigente ahora. Habíamos estudiado las rentas
mínimas en otros países y en todas las comunidades autónomas. El ingreso
mínimo vital tiene que ser una política muy flexible y muy viva, y desde
el primer momento salimos con un real decreto ley de urgencia en junio y
hemos ido adaptando algunos elementos a medida que hemos visto
posibilidades de mejora en la forma en que se despliega el ingreso mínimo
vital.

A partir del mes de agosto hemos hecho algo que es
absolutamente novedoso en España entre administraciones, y es que todas
las comunidades autónomas han empezado a recibir semanalmente información
de la Seguridad Social, de los beneficiarios de una prestación de la
Seguridad Social, como es el ingreso mínimo vital, que correspondían a su
comunidad autónoma, y además les hemos ido informando de aquellos
peticionarios solicitantes a los que se les ha rechazado el ingreso
mínimo vital en su comunidad autónoma.

En el mes de septiembre ya introdujimos algunas
medidas de agilización de trámites en la Seguridad Social cuando nos
dimos cuenta de que había algunos elementos que podían mejorar. Por
ejemplo, un requisito en el ingreso mínimo vital era ser solicitante de
empleo en el SEPE y esto, sobre todo como resultado de la pandemia y de
las dificultades administrativas de gestión, resultó complicado, y lo que
era una obligación de estar inscritos se convirtió en algo que había que
acreditar en equis meses posteriores, y de esta forma mejoramos trámites.
Es un ejemplo de varios cambios que introdujimos ya en el mes de
septiembre.

Durante todo este periodo hemos estado trabajando
con las comunidades autónomas en la posibilidad de reconocer en bloque a
aquellos beneficiarios de las prestaciones de las rentas mínimas
preexistentes de las comunidades autónomas que fueran elegibles para el
ingreso mínimo vital, y ese reconocimiento en bloque, que en cada
comunidad autónoma tiene una dificultad distinta, se empezó a
materializar. También hicimos algún ajuste normativo a partir del mes de
diciembre. No obstante, una parte muy importante de los beneficiarios
—y esto es para reflexionar— de rentas mínimas autonómicas no
son elegibles para el ingreso mínimo vital.

Y más recientemente, en el Real Decreto Ley 3/2021
nos dimos cuenta, en conversaciones con los propios funcionarios de la
Seguridad Social que están gestionando el ingreso mínimo vital y hablando
mucho con las ONG y con los trabajadores sociales de los ayuntamientos,
que hay todo un conjunto de situaciones muy especiales y en las que es
muy difícil acreditar por los mecanismos de acreditación que permite el
Instituto Nacional de la Seguridad Social —a través del padrón,
etcétera— la existencia de unidades de convivencia, y hemos
permitido que esas situaciones especiales se puedan acreditar por los
servicios sociales y los ayuntamientos, y de forma transitoria y
excepcional, durante cierto tiempo también por determinadas
organizaciones no gubernamentales que cumplan una serie de requisitos y
que sean colaboradoras del ingreso mínimo vital.

Esto es un poco lo que hemos estado haciendo en el
ámbito de la inclusión. Tenemos proyectos para el resto de la legislatura
para que el ingreso mínimo vital sea el punto de arranque y el germen de
un nuevo pilar de las prestaciones no contributivas en España. Es un
proceso transformador de gran complejidad y de gran calado que la
pandemia nos ha urgido poner en marcha con mayor celeridad y lo iremos
desplegando progresivamente.

Hemos conseguido tramitar —y quien tenga
experiencia en el funcionamiento de la Seguridad Social y en general en
la tramitación de expedientes administrativos complejos y con mucha
documentación, como es el ingreso mínimo vital, lo pondrá en valor—
en la Seguridad Social y durante gran parte de la pandemia casi 900 000
expedientes en menos de nueve meses. Se han recibido 1 200 000
solicitudes que han llegado a la Seguridad Social en doce meses, esto es
más del doble de todas las solicitudes de pensiones que recibe la
Seguridad Social en un periodo equivalente. De ese 1 200 000 de
solicitudes se han tramitado más del 75 % de los expedientes recibidos y
ha habido un porcentaje de negación alto, 600 000, por incumplir los
criterios de renta —ahora volveré sobre ello—. Además se han
aprobado más de 210 000 prestaciones del ingreso mínimo vital en estos
nueve meses, lo que supone superar ampliamente más
de 500 000 beneficiarios.

Este es un diagrama que me pareció interesante
traer cuando me lo presentaron y lo voy a pasar rápidamente para que vean
la complejidad de la gestión del ingreso mínimo vital y cómo hemos ido
avanzando en el tiempo. Yo creo que el ingreso mínimo vital va a permitir
una nueva forma de trabajar entre administraciones. Estamos consiguiendo
progresivamente tener que pedir menos información a los ciudadanos porque
cruzamos las bases de datos y los datos entre administraciones, de tal
forma que a partir de la presentación del formulario, el ingreso mínimo
vital se puede presentar por distintos canales: se puede presentar
presencialmente, pero la forma más habitual de ese 1 200 000 solicitudes
ha sido fundamentalmente a través de la web. Dice que la web podría ser
más amistosa, y estamos de acuerdo, pero no ha evitado que 1 200 000
personas, en este caso hogares, lo pidan. A partir de ahí se inicia un
proceso de gestión en el cual todos los documentos que se han puesto en
la web se guardan para su evaluación y posterior registro, porque puede
haber reclamaciones, etcétera, y se inicia un proceso de comprobación de
datos automático, por ejemplo, de renta y patrimonio. Es la primera vez
que una prestación cruza directamente los datos de renta y patrimonio
para comprobar si los umbrales previstos del ingreso mínimo vital se
cumplen o no. Se cruzan con la Agencia Tributaria y con las agencias
forales y se cruzan con el INE, y hemos avanzado mucho, porque no estaba
preparado el INE, pero hemos conseguido progresivamente en estos meses
cruzar los datos del padrón, sobre todo del padrón histórico; y con la
Policía también se cruzan los datos que tienen que ver con determinadas
circunstancias que requieren información que ellos tienen. También se
cruzan con la base de datos de pensiones que existe en el INSS, y para
determinadas circunstancias se cruzan con el fichero de afiliación y la
base de datos que tiene la Tesorería de la Seguridad Social. Todo esto es
un proceso absolutamente novedoso en el que además, para poder gestionar
este enorme volumen de expedientes que nos ha llegado en tan poco tiempo
se han utilizado técnicas robóticas novedosas en la Seguridad Social y un
archivo documental adecuado.

Como decía antes, el ingreso mínimo vital ha
llegado ya a 565 000 personas y el impacto desde un punto de vista de
reducción de la pobreza infantil es extremadamente importante.
Hay 250 000 beneficiarios que son menores de edad, casi la mitad; un 32 %
de hogares son monoparentales y 7 de cada 10 hogares de los 210 000
beneficiarios hoy en día del ingreso mínimo vital tiene menores.
Actualmente estamos trabajando en analizar el volumen tan elevado de
denegaciones que se han producido del ingreso mínimo vital para ver cómo
podemos mejorar la extensión de la prestación. Y aquí les traigo por
primera vez datos que ponen de manifiesto lo que hay.

En este gráfico vemos en el eje vertical
—donde pone 100, 150 y 200— en cuánto han excedido aquellas
personas a las que hemos rechazado el ingreso mínimo vital los niveles de
renta establecidos por cada una de las unidades familiares, y en el eje
horizontal estamos organizando los aproximadamente 400 000 que hemos
rechazado por exceder el nivel de renta, y los hemos partido en centiles.
Como ven ustedes, el 70 % supera el límite de renta garantizada en más
del 50 %, y el 40 % supera el límite de renta garantizada en más del
doble. Tendremos que ver si no hemos sido capaces de comunicarlo bien,
pero hemos recibido multitud de peticiones de hogares que exceden muy
ampliamente, como ven en esos casos, los niveles de renta establecidos,
de tal forma que el 60 % de las solicitudes denegadas incumplen los
criterios de renta y el 40 % de esos en más del doble, que es muchísimo.
Aquí he puesto un ejemplo concreto y es que, como saben, el ingreso
mínimo vital tiene una tipología muy extensa de umbrales —y esto ha
sido muy novedoso— en función de la tipología de la familia, si son
monoparentales o no, y del número de hijos.

En este gráfico he cogido el caso más sencillo que
son las denegadas a los hogares unipersonales, que tienen una renta
garantizada de 470 euros aproximadamente si uno vive solo, que es
exactamente el nivel de una pensión no contributiva en España.

Este gráfico muestra los hogares unipersonales en
los que ha habido un porcentaje de rechazo mayor de la media. Los hemos
particionado en centiles, de uno a cien. En el eje vertical se puede ver
el exceso respecto a la renta mensual de partida, de tal forma que si
estamos hablando de 461 por doce meses lo que salga estará en torno
a 5000 euros. Como vemos, aquí tenemos las rentas reales de todos los que
hemos denegado, que superan los 5000 euros, de hecho el limite rondaba
los 5500 y 5600 y a partir de ahí vemos todos los que van excediendo. Es
decir, la renta garantizada es de 5538 euros y el 50 % de los que hemos
rechazado tenían rentas de más de 10 000 euros.

Esta es la primera vez que una prestación de este
tipo en España se cruza con la renta. Las comunidades autónomas llevan
décadas y décadas sin cruzar con la Agencia Tributaria, ni siquiera en el
País Vasco y Navarra, con sus propias haciendas forales. Todo son
declaraciones responsables, con nóminas, que son parciales, que no miran
todo el conjunto de las rentas. Estoy exponiendo la parte de renta, pero
también hacemos un cruce y tenemos unos requerimientos en términos de
patrimonio, para que una persona que no tiene renta pero tiene mucho
patrimonio tampoco reciba una prestación de estas características.

Nos estamos dando cuenta de que esta es la
situación y en esto estamos trabajando. Les expongo todos estos datos
porque cuando hablamos del ingreso mínimo vital me dicen que
probablemente nosotros comunicamos mal las aspiraciones que teníamos a
medio plazo y que seguimos teniendo, pero es la primera vez que una
política en España se ha evaluado ex ante con tanto detalle y la estamos
analizando sobre la marcha porque hemos creado los procesos de
información y podemos ir rectificando y reevaluando para que no ocurra
como muchas prestaciones en España, que al final han terminado sin llegar
a quien tenía que llegar y han pasado décadas sin que nada se ajuste.
Esto no va a ocurrir con el ingreso mínimo vital y estamos comprometidos
con ello.

Respecto al ingreso mínimo vital, las autoridades
europeas, ya desde el año 2014 nos exigieron establecer un mínimo
nacional, pero las rentas mínimas autonómicas preexistentes deberían
aspirar a ser —y así lo discutimos con todas las comunidades
autónomas— rentas que al establecer nosotros un mínimo, un sueldo
nacional, fueran complementarios de las nuestras, añadiendo o
complementando beneficiarios o colectivos de hogares que no estaban
cubiertos. Por tanto, la comparación con las comunidades autónomas, que
llevan en algunos casos hasta treinta años ya con rentas mínimas, es muy
importante.

Antes de que se introdujera en el año 2019 el
ingreso mínimo vital, el número de beneficiarios de las rentas mínimas
autonómicas era de 552 000. Nosotros en este mes de marzo ya hemos
superado esa cifra después de nueve meses, y aquí tienen ustedes para
cada comunidad autónoma el ratio entre los beneficiarios que tenían ellos
y los que tenemos nosotros ahora, que superamos en su conjunto el cien. Y
también hay diferencias por comunidades autónomas cuyo análisis es muy
interesante. No tengo mucho tiempo, pero en algunas comunidades hemos
superado con gran amplitud lo que las comunidades autónomas estaban
haciendo hasta que llegamos nosotros.

Este es un gráfico un poquito más complicado pero
que se nutre de los datos anteriores. El ingreso mínimo vital hacía falta
porque las rentas autonómicas cuando las mira uno desde el punto de vista
del territorio tienen un carácter regresivo. Lo ven en este gráfico de
aquí. El número de beneficiarios es mayor en las comunidades autónomas
cuanto mayor es su renta per cápita. Por eso nos decía la Comisión
Europea que teníamos que poner un mínimo nacional, porque cada comunidad
autónoma desarrollando esto por su cuenta tiende a amplificar las
desigualdades territoriales, no a cerrarlas. Y así es como están. Estos
son los datos actuales de las rentas autonómicas con el número de
beneficiarios.

Aquí ven el resultado del ingreso mínimo vital, por
eso hay tantas diferencias en grado de cobertura por comunidades
autónomas, porque el ingreso mínimo vital es genuinamente progresivo. Es
decir en aquellas comunidades autónomas donde hay menor renta per cápita,
a diferencia de lo que pasaba con el modelo anterior, nosotros estamos
otorgando ampliamente muchos más ingresos mínimos vitales. Ahí tienen esa
recta con pendiente inversa y con las distintas comunidades autónomas,
que pone de manifiesto la progresividad fuerte que está teniendo el
ingreso mínimo vital, a diferencia de las rentas autonómicas
preexistentes.

También nos interesa saber en la comparación con
las comunidades autónomas en qué medida nuestro proceso de despliegue del
ingreso mínimo vital está siendo rápido o no. Por tanto, hemos ido a ver
lo que habían hecho las comunidades autónomas en su primer año de
despliegue de sus rentas mínimas. En algunos casos no hemos conseguido
los datos, pero en otros incluso nos hemos ido hasta el 2007, que algunas
llevaban ya unos cuantos años. En el 2007, un año después de la
aprobación, las comunidades autónomas titulares del ingreso mínimo vital
tenían 58 000. Nosotros, en un periodo similar, con un sesgo particular
en la medición favorable a las comunidades autónomas, estamos
en 206 000, —casi 210 000, como decía antes—, que es tres
veces y media más. Esto pone de manifiesto que ha sido posible gracias a
todos esos nuevos procedimientos modernos para gestionar prestaciones de
esta naturaleza. Además, nuestro ingreso mínimo vital es más generoso,
entre comillas, que el ingreso mínimo vital autonómico en un 20 %. En la
gráfica vemos que mientras la barra mide el promedio de una prestación de
una renta mínima de las comunidades autónomas, el promedio de una
prestación con toda la tipología de familias en el caso del ingreso
mínimo está claramente por encima.

Para terminar, simplemente quiero dejarles
constancia de dónde estamos ahora.






En el caso de la Seguridad Social
estamos obviamente muy concentrados en la reforma de las pensiones, y el
esquema temporal de cómo vamos a ir desplegando las distintas
recomendaciones del Pacto de Toledo y cómo las vamos a ir llevando a las
Cámaras en los próximos meses y años se ha incorporado en el Plan de
recuperación y resiliencia en lo que se conoce como el componente 30, y
ya hemos tomado decisiones que cumplen recomendaciones muy importantes
del Pacto de Toledo.

También muy importante es la separación de fuentes
de financiación de la Seguridad Social. Es una de las recomendaciones más
importantes del Pacto de Toledo y uno de los mecanismos, de los canales a
través de los cuales se ha generado incertidumbre a los pensionistas
innecesariamente. Es ese déficit que emergía a la Seguridad Social como
resultado de gastos impropios que había ido absorbiendo la Seguridad
Social y que tenía su origen en políticas legítimas de la Administración
General del Estado. En los Presupuestos Generales del Estado se han
transferido permanentemente a la Seguridad Social. El Estado ha
reconocido 14 000 millones de estos gastos impropios. Piensen que el
déficit prepandemia de la Seguridad Social era de unos 17 500 millones y
el compromiso es que lo que queda, que no llega a 4000 millones, se haga
en lo que queda de la legislatura. Hemos dado un salto enorme para
cumplir esa primera recomendación del Pacto de Toledo.

También en los Presupuestos Generales del Estado
hemos modificado los incentivos fiscales para propiciar los planes
colectivos de empleo frente a los planes individuales, y nos hemos
comprometido a crear a lo largo del año un fondo público de pensiones
para aquellos colectivos a los que ahora esa posibilidad no les
llega.

Recientemente, hemos abordado un tema que era muy
urgente: la reforma de la prestación por maternidad, que había generado
un problema como resultado de las sentencias en las que se extendía
también a los hombres, lo que generaba una pérdida completa del sentido
de su origen y al mismo tiempo un aumento del coste fiscal en casi 2
décimas del PIB a medio plazo y de 750 millones de forma inminente. Hemos
aprovechado para cambiar completamente la filosofía de esa prestación y
hacerla mucho más progresiva, porque lo era muy poco, prácticamente cero,
para lo que es una pensión que además, insisto, se sufraga con los
Presupuestos Generales del Estado, no tiene origen contributivo.

Y ahora estamos trabajando en los nuevos elementos
de reforma. El primero es asegurar el poder adquisitivo de las pensiones,
como nos piden todos los grupos en el Pacto de Toledo, reformando la ley
del IRPF del año 2013. Eso lo llevaremos a las Cámaras de forma muy
inminente, y juntamente con ellas elaboraremos una serie de medidas para
hacer que la edad efectiva de jubilación se vaya acercando más a la edad
legal, evitando la regresividad en los coeficientes desincentivadores que
existen para la jubilación voluntaria y creando un nuevo modelo de
incentivos de jubilación demorada.

Aspiramos a traer pronto un nuevo modelo de
cotizaciones por ingresos reales de los autónomos. Estamos muy avanzados
en la negociación con las entidades representativas y los agentes
sociales. También traeríamos el fondo público de pensiones. Y ya el año
que viene entraremos con nuevos elementos que están en la recomendación
del Pacto de Toledo: las nuevas carreras de cotización y el periodo de
cómputo visto en su conjunto; la necesidad de introducir un mecanismo de
equidad intergeneracional que sustituya al existente factor de
sostenibilidad y la adecuación de las bases máximas de cotización al
sistema con ajustes tanto en bases como en pensiones. Con eso pensamos
cubrir el grueso, si no todas las recomendaciones que nos han llegado del
Pacto de Toledo, y sacar adelante la reforma a la que nos hemos
comprometido con las autoridades europeas en el componente 30 del Plan de
recuperación y resiliencia.

En esta transparencia aparecen las medidas
incluidas en los presupuestos a los que me he referido. En la segunda
columna, a qué recomendación se refiere del Pacto de Toledo, en qué punto
estamos en el diálogo social, y en el Plan de recuperación y resiliencia,
el componente 30, qué reforma es. Cuando se apruebe y se publique el plan
en las próximas semanas podrán ver exactamente cómo todo esto casa.
También aparece ahí el momento en el que pensamos llevarlo a las
Cámaras.

También estamos trabajando intensamente en
modernizar la Seguridad Social y en mejorar su capital humano. Hemos
conseguido nuevas plazas, después de mucho tiempo de congelación de
plantillas y de reducción del número de funcionarios. Ya lo hicimos en
los últimos meses de 2020 y ya conseguimos traer nuevos trabajadores. Y
en el año 2021 en el presupuesto de la Seguridad Social se contempla un
aumento presupuestario muy significativo para empezar a revertir esta
situación tan complicada. Estamos trabajando también en modificar la
forma de trabajar, para que sea mucho más transversal, una forma de
gestionar donde no estemos tan atados al territorio y donde podamos
gestionar globalmente y desplazar trabajo entre distintas delegaciones
provinciales, potenciando el teletrabajo. Queremos cambiar perfiles y
mejorar la cualificación de determinados funcionarios ante los nuevos
retos y el nuevo cambio en la forma de gestionar prestaciones. Y queremos
generar una carrera profesional mucho más atractiva para retener el
talento en la Seguridad Social.

En el ámbito de la digitalización, vamos a
profundizar en la apuesta de la Seguridad Social. La atención multicanal
personalizada está teniendo un éxito considerable. El asistente ISSA,
cuyo logo aparece a la derecha, ya ha tenido más de 9 millones de
conversaciones en los nueve meses que lleva activo. En el caso del
ingreso mínimo vital llegamos a tener hasta 20 000 consultas al minuto
cuando lanzamos el simulador. Es decir, hubo muchísima gente que hizo
pruebas con el simulador y a pesar de eso tuvimos muchas peticiones que
exceden ampliamente la renta prevista. Estamos en procesos cada vez más
automatizados para intentar agilizar los procedimientos todo lo que sea
posible. Se está avanzando mucho en automatizar la resolución de
expedientes. Las técnicas robóticas dentro de la Seguridad Social cada
vez van a estar más extendidas. Y en el Plan de recuperación y
resiliencia vamos a invertir significativamente en la digitalización, en
potenciar la inversión en informática y en sistemas nuevos para la
Seguridad Social.

En los próximos días se va a presentar un nuevo
portal absolutamente novedoso. Yo he tenido la oportunidad, incluso, de
utilizarlo ya. Se llama Import@ss. A través de Import@ss en la Tesorería
de la Seguridad Social la comunicación con el ciudadano va a ser
completamente distinta, a través del móvil fundamentalmente, de una forma
amistosa y fácil. La verdad es que ha encajado extraordinariamente bien.
Llevan haciéndolo mucho tiempo y el cambio en la forma de comunicarse de
la Seguridad Social con las empresas, con los autónomos, con los
ciudadanos —por ejemplo, las prestaciones del empleo en el
hogar— va a ser infinitamente más fácil, muy amistosa, dentro de
unos días. El cambio es revolucionario. Yo siempre digo que la Seguridad
Social es una de las pocas instituciones, si no la única de la
Administración General del Estado que está desplegada por todo el
territorio en España, por todos los sitios. Y eso tenemos que ponerlo en
valor, y toda esta digitalización, todo este reparto del trabajo, al
mismo tiempo tiene que permitir que para aquellos a los que la
digitalización no llegue y en aquellos trámites que tienen que ser
presenciales necesariamente, los funcionarios tengan más tiempo y puedan
dedicarse más a los ciudadanos, porque les hemos liberado de mucho
trabajo que existe en el resto del territorio.

Para eso ha sido muy importante la disposición
final quinta del Real Decreto 2/2021, que modifica la Ley General de
Seguridad Social, porque va a permitir a partir de ahora deslocalizar
trabajo y distribuir trabajo entre provincias en función de la carga de
trabajo relativa que tengan en cada momento. Esto no se podía hacer hasta
ahora y ha requerido este cambio normativo, y los resultados son muy
buenos.

Quería también comentar en el ámbito de la
Seguridad Social que el centro de procesamiento de datos de la Seguridad
Social, probablemente el más grande que existe en España y que estaba muy
anticuado, obsoleto y energéticamente muy poco eficiente, se va a
trasladar a Soria —ya tenemos el acuerdo, ya está el plan de
inversiones—, y vamos a tener un centro extraordinariamente eficaz,
y además es una apuesta por la España despoblada. Incluso puede ser el
punto de origen de un clúster de actividades en el Centro de
Procesamiento de Datos en Soria, porque Soria tiene un clima ideal para
la refrigeración y puede dar unos resultados extraordinariamente buenos
desde el punto de vista de la eficiencia.

En el ámbito de las migraciones, nosotros ya
habilitamos para trabajar a los menores extranjeros en edad laboral. Esta
es una medida estructural. No estoy hablando de la pandemia. Nos
encontramos con la anomalía de que los menores no acompañados a partir de
los 16 años no podían trabajar, a diferencia de los españoles, hasta
los 18. No entendíamos bien la lógica. Y esto lo hemos cambiado. Se podía
cambiar a través de una modificación dentro del ministerio. Hemos
flexibilizado también el requisito de agrupación familiar de menores;
hemos dado mayores facilidades para la residencia de los progenitores;
hemos ido introduciendo medidas que eran de sentido común, de humanidad,
y al mismo tiempo de integración en aquellos casos, sobre todo de los más
jóvenes.

Y lo que está en este momento en proceso —y
quería comunicárselo a ustedes, porque me parece que sale a consulta
pública uno de estos días— es la modificación del reglamento de la
Ley de extranjería. Ya hemos tenido un proceso de audiencia pública y
ahora entra en consulta pública. Yo creo que se va a publicar el texto
del cambio del reglamento de la Ley de extranjería para un nuevo régimen
para los extutelados, que va a mejorar mucho su situación en distintos
aspectos.

En general, en la Secretaría de Estado de
Migraciones estamos trabajando en la idea que teníamos desde el
principio: en un nuevo modelo de acogida. El Plan de recuperación y
resiliencia está en el componente 22 como una de las reformas a realizar.
Estamos haciendo una evaluación intensa para que el modelo de acogida de
migraciones tenga los mejores estándares europeos. Estamos trabajando con
la EASO, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, que está trabajando con
nosotros desde hace unos meses para evaluar todos nuestros sistemas.
Queremos mejorar mucho la transparencia en la gobernanza; queremos
digitalizar todo el sistema, que no lo está en este momento; queremos que
los instrumentos jurídicos con los que nos relacionamos con las
organizaciones no gubernamentales, que son las que en muchos casos tienen
que dar la acogida y los servicios, mejoren; y estamos trabajando a nivel
europeo en la Ley de asilo y en la directiva europea. Esos son nuestros
objetivos.

Vamos a ampliar los recursos propios. Lo que nos ha
pasado en Canarias no debe ocurrir y necesitamos tener más recursos
propios, como originalmente los hubo a través de los CAR y de los CETI.
Tenemos que reforzar nuestros recursos propios en distintas partes del
territorio, no solamente en Canarias, y estamos trabajando en ello en
este momento. Y también estamos trabajando en implicar a las comunidades
autónomas en la segunda fase de integración de los solicitantes de asilo,
que debería ser competencia autonómica, y estamos trabajando en el diseño
de un modelo que pueda servir para ellos.

Aquí aparecen las cifras presupuestarias de lo que
va a suponer todo esto en aumento de presupuesto para la Secretaría de
Estado de Migraciones. Además de eso, estamos utilizando mucho más fondos
europeos que estaban disponibles. Por ejemplo, en la crisis de Canarias
hay casi 60 millones de euros adicionales que aportan las autoridades
europeas que no habíamos utilizado. Y, como decía antes, al marco
jurídico con el que se despliegan todos estos servicios de acogida
humanitaria y de asilo le estamos dando una vuelta y tendrá su reflejo
próximamente.

En el caso del ingreso mínimo vital tenemos retos
por delante. Una vez que ya tenemos el ingreso mínimo vital con una masa
crítica suficiente de hogares vulnerables, es el momento de empezar a
trabajar con todos los agentes con los que hay que trabajar para las
políticas de inclusión, que están además en el Plan de recuperación y
resiliencia como una reforma: comunidades autónomas, ciudades autónomas,
entidades locales, el tercer sector y todos los agentes relevantes. Para
eso estamos a punto de culminar el desarrollo reglamentario del ingreso
mínimo vital en la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital y en
el consejo consultivo, y el reglamento sobre los incentivos del empleo
estará muy pronto.

En general, queremos, y eso es un reto más de
legislatura, ir desarrollando itinerarios de inclusión para los
necesitados del ingreso mínimo vital, trabajando de forma muy
experimental en primera instancia, y también desarrollar el sello de
inclusión social con el sector privado, tal como está en la ley. Estos
son desarrollos futuros del ingreso mínimo vital, pero en los que estamos
trabajando ya intensamente para poderlos desplegar.

Y con esto termino. Les he dado cuenta, con el
detalle que me ha parecido necesario, de todo lo que hemos hecho en este
año, en esta doble vertiente en la que nos hemos tenido que desenvolver y
empezar a trabajar con los retos de legislatura que teníamos en el
ministerio y a los que nos habíamos comprometido con esos tres pactos
sobre las pensiones, que se materializaron con la aprobación en el
Congreso de los Diputados de las recomendaciones del Pacto de Toledo con
solo dos votos en contra; el ingreso mínimo vital, que se aprobó en el
Congreso de los Diputados sin ningún voto en contra, y finalmente el
Pacto por las migraciones, en el que estamos trabajando con todos estos
desarrollos legislativos que pensamos discutir y que deberían acabar en
una reforma de la Ley de extranjería del año 2001, espero que con el
acuerdo máximo de las Cámaras.

Al mismo tiempo que hemos ido poniendo en marcha
esos tres grandes consensos a los que nos comprometimos al principio de
la legislatura hace algo más de un año para desarrollar en estos cuatro
años, hemos tenido que abordar, desgraciadamente, las implicaciones
económicas y sociales de la pandemia para tantas personas y empresas. Y
vamos a seguir con ello. Ahora que vemos el final del túnel, por
supuesto, tenemos un esquema de prestaciones que se extiende hasta el mes
de mayo e iremos viendo, en función de la evolución de la pandemia
—que espero que sea ya muy favorable para entonces—, cómo
vamos adaptando ese nivel de protección a las nuevas realidades que nos
plantea la pandemia y lo hagamos de una forma progresiva y de nuevo
pensando que, en la medida de lo posible, todos aquellos que se están
viendo afectados por la pandemia tengan detrás el apoyo del Estado, en
este caso de la Seguridad Social y del Ministerio de Inclusión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, ministro, por
su exposición.

Abrimos, en primer lugar, un turno de
intervenciones de los solicitantes de las comparecencias. Cada grupo
parlamentario dispone de siete minutos.

Atendiendo a la coincidencia con otras comisiones y
ponencias, vamos a comenzar con el Grupo Izquierda Confederal. El señor
Vidal Matas compartirá su tiempo con el señor Mulet García.

El señor VIDAL MATAS: Presidente, le ruego que
retrase nuestra intervención y que nos adjudique el turno habitual,
porque el señor Mulet está interviniendo ahora mismo en la Comisión de
Transición Ecológica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Sí, intervendrán
posteriormente.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, la senadora Acedo.

La señora ACEDO REYES: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro, bienvenido a esta Cámara.

Quiero trasladar, en nombre de mi grupo
parlamentario, nuestro pesar y lamento, porque son muchas ya las personas
que están perdiendo la vida, que se están quedando en el camino en su
trayecto por España en el mal llamado sueño europeo.

Señor ministro, había seis solicitudes de
comparecencia, tres de ellas de mi grupo parlamentario, para que usted
viniese a esta Cámara a hablar exclusiva y específicamente de
inmigración, de la política migratoria del Gobierno de España y para que
explicase oportunamente las medidas que se están adoptando ante la
dramática situación que está viviendo nuestro país. Y no nos parece de
recibo que haya venido a hacer un batiburrillo de todo. Es una falta de
respeto a esta Cámara, a los senadores y, por tanto, a todos los
ciudadanos a los que representamos. Me parece una falta de respeto.

Tras escucharle, señor ministro, parecía que usted
pasaba por aquí, que viene a presentar una enmienda a la totalidad, como
si con usted no fuese la cosa; ha comparecido como un comentarista de la
jugada sin asumir ninguna responsabilidad. Usted es el responsable del
ministerio, es competente en la materia y le corresponde asumir
responsabilidades. Desde que es ministro, desde junio del año 2018, hemos
rozado cifras que no se veían en España desde el año 2006 con la llamada
crisis de los cayucos. En el año 2018, más de 64 000 personas llegaron a
nuestro país por vías no habilitadas a tal efecto; el año pasado, 2020,
más de 41 000 personas, y en lo que llevamos de año, en menos de tres
meses vamos por casi 5000 personas. Las llegadas no cesan, pero la
política migratoria del Gobierno brilla por su ausencia

¿Qué están haciendo en política migratoria, señor
ministro? ¿En qué consiste exactamente? ¿En qué consiste? Han recibido
alertas de muy diversas organizaciones y distinta instituciones, Frontex,
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto el centro de
control de la Guardia Civil, el Partido Popular, pero todos somos
alarmistas y ustedes prefieren seguir mirando hacia otro lado.

Mi grupo, a diferencia de lo que usted ha hecho hoy
aquí, no ha venido a la literatura sino a hablar de lo concreto, de lo
real. Por eso le voy a formular una serie de preguntas. ¿Cuáles son las
razones que están llevando al ministerio a mantener a los inmigrantes
hacinados y en condiciones infrahumanas en las ciudades fronterizas? Está
sucediendo en Canarias y en Melilla actualmente, y los han convertido en
los campamentos de la vergüenza. ¿Sabe usted que los centros de los que
usted ha hablado en Canarias son carpas, señor ministro? Son carpas ¿Sabe
que en Melilla es una plaza de toros? ¿Lo sabe, señor ministro? ¿Esos son
los centros homologados para los que está trabajando el ministerio? ¿Por
qué no cumplen con las normativas española y europea? De un presupuesto
de 487 millones de euros de la Secretaría de Estado de Migraciones han
destinado tan solo 3 millones al retorno voluntario de inmigrantes y a la
inmigración vinculada al mercado de trabajo. Ha hablado usted de retorno
en su intervención y falta a la verdad. No llegamos ni al 10 % de los
retornados. ¿Hay coordinación entre su ministerio y el Ministerio del
Interior o sigue votando la pelota de tejado en tejado? ¿Dónde están los
acuerdos de cooperación con terceros países, con Marruecos? ¿Cuál es el
papel del ministerio en el nuevo pacto europeo de asilo y refugio? Son
muchas las preguntas que se quedan en el tintero y espero que usted me
conteste en su segunda intervención.

Son especialistas en campañas publicitarias, con
eslóganes tipo como «Salimos más fuertes», pero, por lo demás, están
ustedes vacíos, señor ministro, vacíos. La situación no invita ni a mirar
hacia otro lado ni a dar margen a más improvisación. Tomen las riendas y
asuman sus responsabilidades. La soberbia nunca es buena consejera y he
echado mucho de menos, señor ministro, dados los acontecimientos, algo de
autocrítica por su parte.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la senadora
Fernández González.

La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Muchas gracias, señor ministro, por su
comparecencia esta mañana en el Senado. Yo quiero comenzar diciendo, como
decía mi compañera con toda precisión, que el respeto hacia esta Cámara
es escaso. Quiero recordarle que usted ha hecho una única comparecencia
en el Senado hace nueves meses. En nueve meses, como sus señorías sabrán
y comprenderán, ha llovido mucho, han pasado muchos acontecimientos, de
los cuales no hemos podido hacer el seguimiento parlamentario que a
nosotros nos hubiese gustado. Efectivamente, mezclar toda suerte de
comparecencias, ya se trate de Seguridad Social, de nuevas prestaciones o
del problema de las migraciones y tener que hacer un totum revolutum para
hacer el control que a nosotros nos compete como principal grupo de la
oposición en esta Cámara al Gobierno resulta una tarea cuando menos
dificilísima.

Señor ministro, quería hacer referencia a algunas
cuestiones que usted ha señalado. Dice que ha heredado unas políticas mal
diseñadas y sin evaluación. ¡Hombre! Sinceramente, con la catástrofe que
usted ha generado en el ministerio en la gestión del ingreso mínimo
vital, que diga, señor ministro, que las políticas que heredó estaban mal
diseñadas y que no tenían evaluación, realmente hay que hacer ejercicio
de paciencia parlamentaria para contestarle en los términos en los que lo
estoy haciendo, que tratan de ser correctos, pero que, desde luego, no
podemos compartir desde ningún punto de vista. ¿Qué creyó que era el
ingreso mínimo vital, señor ministro? ¿A qué creyó que se enfrentaba?
¿Con qué funcionarios contaba usted, que presume de tener todo tan
medido, tan diseñado, tan planificado, tan exhibido en toda su panorámica
de filminas que nos trae en todas las comparecencias? Claro, usted no
hizo un estudio adecuado de qué elementos personales, informáticos y
telemáticos disponía para dar respuesta al programa del ingreso mínimo
vital. La consecuencia de esa falta de previsión es que ha habido un caos
y, lo que es más grave todavía, donde había esperanza se truncó en
frustración de tantísimos españoles que habían solicitado esa prestación
y no han tenido respuesta o la han tenido negativa.

Usted decía que el ingreso mínimo vital era una
prestación básica a complementar por las comunidades autónomas. Siempre
tuvimos serias dudas, sobre todo porque no hay un modelo de financiación
adecuado en las comunidades autónomas y la mayoría de ellas pretendieron
trasvasar los salarios que estaban poniendo en práctica para pasarlos al
ingreso mínimo vital. Y le voy a poner un ejemplo que conozco muy bien.
Hay 9000 casos en Asturias a los que usted no ha dado una respuesta
adecuada y que están sumidos en un colapso sin respuesta, con un dinero
que la comunidad autónoma trató ya de trasladar a otro tipo de
prestaciones sociales, y el ministerio, por lo que se dice en mi tierra,
no sabe no contesta y, desde luego, los pagos retroactivos los está
poniendo muy difíciles.

Usted nos habla de haber ingeniado una especie de
cruce con Hacienda y Seguridad Social. Oiga, señor ministro, en este país
siempre se exigió que se presentase la declaración de la renta para
obtener prestaciones, siempre se exigió. Le voy a decir más. Usted, que
hace gala de tantos controles, ¿por qué eliminó en el real decreto el
control de la intervención? ¿Por qué lo eliminó? Si quería tener
tantísimos controles, podía haberlo dejado.

El señor PRESIDENTE: Senadora Fernández, vaya
terminando, por favor.

La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Señor ministro, dice
que en materia de pensiones hay que ver el desarrollo de los acuerdos del
Pacto de Toledo. Voy a decirle una cosa para finalizar. Hay dos elementos
que, a nuestro juicio, usted no ha sabido combinar. Pide rigor, pide que
no se cree alarmismo, pero los actuales pensionistas no saben cuál es su
índice de revalorización, no lo saben. Usted se mueve en una ecuación
extraña de tres años y los futuros pensionistas no saben cuál va a ser el
cálculo de las pensiones, lo cual genera inestabilidad, injusticia y
falta de equidad a la hora de programar sus ahorros y su previsión,
porque ustedes han cambiado también, sin explicarnos por qué ni cómo, los
planes complementarios que el señor Solbes nos animó a todos los
españoles a formalizar y completar.

Finalizo, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora
Fernández.

Tiene la palabra el senador Vidal Matas.

El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidente. Señor
ministro, muchas gracias por asistir al Senado.

Usted ha estado buscando una palabra que yo creo
que compartiríamos: frustración. El ingreso mínimo vital y los ERTE
supusieron una esperanza para muchísimos trabajadores y para muchísimos
ciudadanos, desde el punto de vista social fue un éxito que muchos
aplaudimos. Pero su gestión ha generado frustración entre los ciudadanos
más débiles y los que peor lo pasaron en la crisis. También de su
intervención deduzco que hay cierta frustración que usted ha cargado en
contra de las comunidades autónomas, que con las rentas mínimas
garantizadas hicieron avances significativos en sus territorios. No
cargue esa frustración sobre los gestores que intentaban avanzar en
contra del marco que les permitía el Estado.

La gestión del ingreso mínimo vital ha dejado
muchísimo que desear, ha provocado que comunidades autónomas y
ayuntamientos hayan tenido que asumir muchísimos costes que debería haber
asumido el Estado. Sobre los criterios, usted se sorprendía porque
muchísima gente ha quedado fuera por renta. Evidentemente, si comparamos
la renta antes de la pandemia van a dejar fuera a muchísima gente y eso
es un error de planificación del ingreso vital mínimo, que tiene que ser
corregido. Por eso hemos tenido que recuperar en las Illes Balears la
versión balear del ingreso mínimo vital, la Resoga, la renda social
garantida. Solo en tres meses y medio, más de 2500 personas, después de
todo el periplo y de esperar casi un año el ingreso mínimo vital, han
recibido el no y han tenido que refugiarse en el Govern de les Illes
Balears. Eso no puede pasar, señor ministro. Eso, ahora mismo, para esa
gente, la más débil, es un desastre. Creemos que esa ineficiencia en la
gestión la tenemos que mejorar y por eso le pedimos que ceda y transfiera
el ingreso mínimo vital a quienes tienen capacidad de gestión, las
comunidades autónomas, y que lo hagan con el dinero necesario para
mantener esas estructuras y no querer aprovecharse de las estructuras ya
creadas para su beneficio. Frente a esa necesidad extrema, tenemos que
ser más ágiles, y una manera es que no tengamos que esperar a recibir un
no del ingreso mínimo vital para poder tramitar la renda social
garantida. Tenemos que incrementar esa coordinación. Por eso, en la misma
plataforma, sin tener que crear pasarelas y esperar permisos, si hay una
denegación, automáticamente poder otorgar otra ayuda.

Le pedimos que modifique el ingreso mínimo vital.
He puesto el ejemplo de la renta, que tenemos que mejorar, y también, por
ejemplo, que no se puede contabilizar el derecho de las personas con
dependencia y que eso les reste para entrar en el ingreso mínimo vital.
Eso no lo podemos permitir en una sociedad que se llama progresista, en
una sociedad que quiere avanzar. Usted decía que tenemos que ser
flexibles, pues seamos flexibles con la gente que más lo necesita, con la
gente dependiente.

Los ERTE, si me permite, han sido también una
frustración en las Illes Balears, en especial por el dinamismo económico
que conlleva que entre y salga muchísima gente. Eso ha generado una
inseguridad brutal entre los ciudadanos. Y la perspectiva de que muchos
trabajadores del SEPE no sean renovados a partir del 30 de marzo genera
aún más inseguridad. Le agradecería que aclarara el futuro de esos 1500
interinos, porque en la pregunta que le formulé por escrito dijo que
tenían para decidir hasta el 30 de marzo si los renovaban o no los
renovaban.

En cuanto a la inmigración, le pido que tenga esa
perspectiva de derechos humanos y tratemos a la gente como se
merece.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vidal
Matas.

Tiene la palabra el senador Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor
presidente.

En mayo de 2020 pedimos su comparecencia aquí para
que explicara el trato discriminatorio a ciertas comunidades autónomas
que no tienen el régimen foral, porque usted únicamente anunció una
cogestión con las comunidades forales. Pero diez meses después, hoy,
todavía no ha explicado el porqué. En septiembre volvimos a pedir una
comparecencia para que explicase la impugnación de su Gobierno al decreto
de la Generalitat Valenciana para complementar el ingreso mínimo vital
con la renta valenciana de inclusión. Hoy tampoco lo ha explicado. Han
pasado diez meses, viene aquí y yo únicamente tengo tres minutos y medio
para preguntarle lo que no ha contestado. Usted debería atenerse también
a la petición de solicitudes, que es lo que le hemos pedido. Teníamos
tres minutos y medio, y minuto y medio después, con eso haré maravillas.
Intentaré que me explique lo que ha sido incapaz de explicarme durante
casi un año que llevamos de crisis sanitaria. Es una falta de respeto
continuo a esta Cámara. Llevo meses haciéndole preguntas escritas a las
que no es capaz de contestar. Usted o su departamento faltan
continuamente a la verdad, porque las respuestas que dan no son nunca
ciertas. Cuando hablan de contacto continuo y coordinado con la
Generalitat, sabe usted perfectamente que es mentira. Ha mentido de
manera reiterada en las respuestas dadas. Cuando yo le pregunto por los
datos actualizados del ingreso mínimo vital, en marzo me da los datos de
diciembre y eran datos que ya no estaban ni actualizados. O usted o su
departamento faltan a la verdad. Cuando le pido datos actualizados de la
gente, no solo del ingreso mínimo vital aprobado sino cuánto se ha
abonado, ustedes son incapaces de dar esa cifra. No han atendido a las
comunidades autónomas, que querían cogestionar con ustedes, han sido
incapaces durante estos meses de llegar a acuerdos y convenios. No han
sido capaces de aportar los documentos requeridos, ni uno. Llevo meses
requiriendo documentación y son incapaces de aportarla. Usted ha ido dos
veces al País Valencià a hacerse las fotos, en teoría para abordar la
cogestión del ingreso mínimo vital con las rentas valencianas, pero ha
sido incapaz de avisar a la vicepresidenta y consejera del ramo, que es
quien tiene las competencias, porque van para hacerse la foto y en la
foto solo puede salir la gente del Partido Socialista. Y así nos va,
porque se quedan únicamente en la foto. Ustedes, a la hora de buscar
pactos, lo hacen muy mal, si no, miren para qué les han servido los
pactos en Murcia. Tendrían que haber tenido un poco más de sensatez, y
con aquellas comunidades con sobrada capacidad para gestionar las rentas
sociales, como es la valenciana, desde el principio buscar un acuerdo,
porque su fracaso en la gestión no hace que usted quede mal sino que la
gente lo pase mal y eso no lo podemos tolerar de ninguna manera. Usted ha
dado la espalda a un Gobierno autonómico como el valenciano, pero el
problema no es esa descortesía, el problema es que ha dejado a miles de
personas desatendidas, peticiones rechazadas, peticiones sin atender y
peticiones reconocidas pero sin abonar, porque ni hacen ni dejan hacer, y
eso es lo más grave. Acuerden de una vez la cogestión con las comunidades
autónomas, no pongan palos en las ruedas de las políticas sociales.
Dedíquense a colaborar y no vengan aquí con un triunfalismo absurdo,
porque la gente que lo está pasando mal en la calle sabe que son
ineficaces, que hay mucha publicidad, y realidad bien poca. Si no están
capacitados, atiendan.

Aportan datos de 2007 y, obviamente, en 2007 la
situación era muy diferente a la de ahora. Pónganse en la realidad,
pónganse en la piel de la gente que lo está pasando mal, no nos venga con
estadísticas que son falsas. Hay muchísima gente con el ingreso mínimo
vital reconocido que no está cobrando un euro desde hace meses y esos son
dramas personales. Seguro que en sus estadísticas esto no aparece, pero
pónganse a gobernar y menos publicidad y menos fotos.

Si tuviera más tiempo, le haría muchas más
preguntas. Le preguntaría por qué no contestan a lo que le estamos
preguntando. Hoy ha venido aquí y de dos peticiones que le he hecho no ha
contestado absolutamente nada. Si no tiene nada que contestar, si no lo
conoce, me parece triste y lamentable que vengan con ese triunfalismo,
cuando lo que están haciendo es generar una decepción tremenda en la
gente que lo está pasando muy mal.

Como ya veo que está la lucecita roja, intentaré
aprovechar el turno de réplica porque hay dos puntos más que quiero
comentarle. Lo que no me dé tiempo a preguntarle hoy, como sé que el
martes viene al Pleno, aprovecharé el turno para recordarle unas cuantas
cosas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias senador.

Tiene la palabra el senador Chinea Correa, del
Grupo Mixto.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.

Señor ministro, me gustaría hacerle una
recomendación: que ni los números ni el powerpoint le impidan ver la
realidad migratoria que se está viviendo en Canarias. Esas cifras
triunfalistas, que usted denominó ayer en Twitter como un despliegue en
tiempo récord del número de plazas en Canarias, no reflejan el drama, la
descoordinación y el desastre en la gestión de unas plazas que no reúnen
las condiciones de acogida de los migrantes.

No he podido seguir íntegramente su comparecencia
porque a pocos metros de aquí, en la sala Clara Campoamor, están
compareciendo los presidentes de los cabildos insulares de Canarias. Si
ellos, a los que les corresponde la acogida de los menores no
acompañados, hubiesen escuchado sus palabras, le aseguro que se habrían
llevado las manos a la cabeza. No le he escuchado ni una sola
autocrítica, ni una sola mención a la catastrófica gestión de la crisis
migratoria del Gobierno del que usted forma parte. Ni una sola palabra
sobre las imágenes de la vergüenza del campamento en el muelle de
Arguineguín en la isla de Gran Canaria, imágenes que no han desaparecido
con los campamentos que ha habilitado su ministerio en otras islas. En
esos campamentos, y le hablo por ejemplo de Las Raíces, en el municipio
de La Laguna, en Tenerife, los migrantes se encuentran en unas
condiciones indignas y no le he escuchado ni una sola disculpa a los
migrantes ni a los vecinos y vecinas de los pueblos cercanos, que han
realizado un enorme esfuerzo para prestarles apoyo, llevándoles comida y
mantas, porque su departamento, señor ministro, ha sido incapaz de
atender a las personas que allí se encuentran.

Señor ministro, la gestión de la crisis migratoria
en Canarias ha estado marcada por la descoordinación, la improvisación y
la toma de decisiones desacertadas, que han sido duramente criticadas por
las ONG que trabajan día a día, cuerpo con cuerpo, cara con cara, en la
atención de estos migrantes que se encuentran albergados en estos
centros. Usted forma parte de un Gobierno, señor ministro, que se empeña
en que las islas sean la última parada de los migrantes, a quienes
bloquean en las islas para que no den el salto a Europa. Ellos no se
quieran quedar en Canarias, se lo aseguro. Y han generado con ello un
gravísimo problema, porque en Canarias no podemos asumir en solitario la
gestión de un drama humanitario de esta envergadura.

Usted ha dicho hoy aquí que al inicio de la crisis
en Canarias no existían las plazas que, por contra, sí existían en la
Península, y la pregunta es más que obvia y sencilla: ¿por qué no los
derivaron a esos centros que sí existían en la Península? ¿Esas
soluciones estables que usted menciona pasan por el mantenimiento en el
tiempo de esos macrocentros indignos que están habilitados en las islas?
¿Es que nadie en su departamento le informa de lo que estaba ocurriendo
en mi tierra, en Canarias? ¿No ha leído usted el informe del Defensor del
Pueblo? Porque no le he oído decir ni una sola palabra sobre las
conclusiones y las recomendaciones que sí le plantea el Defensor del
Pueblo.

Yo esperaba —y le soy honesto y
sincero— que en su comparecencia de hoy realizase una autocrítica
de la situación que se vive en Canarias, pero, desgraciadamente, no ha
sido así. Y después de haberle escuchado siento la tristeza de un
Gobierno del que nosotros somos parte en Canarias, en donde las fuerzas
progresistas de Canarias se lo hemos reivindicado al Gobierno del Estado.
Y parece que el Gobierno del Estado sigue siendo insensible con Canarias
en materia migratoria y, lejos de dar la cara, lo que hace es alardear de
lo que ustedes creen que son éxitos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Tiene la palabra el senador Clavijo Batlle.

El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor ministro. Efectivamente, yo creo
que al Gobierno de España esta Cámara le resulta molesta —agrupan
las solicitudes de comparecencia, se ausentan inexplicablemente, no
responden a las preguntas que les hacemos, no permiten que se modifique
ni una sola ley para que no vuelva al Congreso de los Diputados—, y
le quiero recordar que esa pequeña molestia que es para ustedes, aquellos
que gobiernan, se llama democracia, se llama control al Gobierno, se
llama respeto a las instituciones y a los ciudadanos, a los que muchos de
los que estamos aquí sentados representamos.

He escuchado atentamente toda su intervención
—no he podido acudir a escuchar a los presidentes de los
cabildos— porque tenía interés por ver qué nos iba a decir sobre lo
que estaba ocurriendo en Canarias. Ha tenido una intervención de más de
noventa minutos, de los cuales le ha dedicado cuatro minutos exactamente
—he puesto el cronómetro— a lo que está ocurriendo en
Canarias. Y en su comparecencia nos hemos encontrado con la certificación
de que la política migratoria del Gobierno de España es convertir a
Canarias en la cárcel de la frontera sur de Europa. Hemos tenido que
escuchar que va a tener permanentemente 6400 plazas. Hemos tenido que
escuchar y ver en su tuit que en tiempo récord cumple con el plan
Canarias. Hemos tenido que escuchar que no hay ni un solo atisbo de
autocrítica en la actuación de su Gobierno. Hemos tenido que ver —o
al menos yo, de manera perpleja— cómo después del informe del
Defensor del Pueblo, después de las distintas ONG que han pasado por la
ponencia de migraciones, después de las distintas denuncias de los
vecinos, usted no hace ni una sola referencia ni autocrítica.

Con tan solo siete minutos, señor ministro, aunque
le voy a preguntar varias cosas al final, quiero hoy trasladar aquí la
denuncia de un grupo de vecinos de Rodeo Alto, del municipio de La Laguna
del que yo fui alcalde, que creo que le han dado un ejemplo de civismo, a
pesar de que desde algunas instituciones gobernadas por el Partido
Socialista y Podemos han querido mancharlos de tilde xenófoba; un ejemplo
de civismo, solidaridad y respeto por las personas que este Gobierno y su
ministerio no les está ofreciendo. Han tratado de hablar con el delegado
del Gobierno, han hablado con las instituciones, han tratado de
entrevistarse con usted y la secretaria de Estado sin éxito, y lo único
que están diciendo con vídeos y en una denuncia es cómo se están
vulnerando los derechos fundamentales de las personas en ese campamento:
cómo les dan comida en mal estado; cómo se pelean por un mendrugo de pan;
cómo no se respetan los protocolos COVID; cómo no se mantienen las
medidas de higiene, limpieza y seguridad; cómo tienen que ir y les
obligan con cholas, porque no les dan ropa, con temperaturas por debajo
de 6 grados, por lodazales. Eso es lo que ellos ven y denuncian.






Y
mientras ustedes permanecen impasibles, con discursos de publicidad y
propaganda y autocomplacencia, como el que usted ha ofrecido hoy aquí, en
esta Cámara, ellos les llevan comida, les llevan mantas, les dan
medicinas y les atienden. Eso es lo que está ocurriendo en el municipio
de La Laguna. Por cierto, explíqueme por qué hay dos campamentos en el
municipio de La Laguna, por qué, si tenía plazas en la Península, no
están derivando. ¿Podría contestarme si van a derivar al final o no, o
simple y llanamente van a perpetuar esas plazas y esta situación en
Canarias? Le dejaré después el escrito de la denuncia porque me
comprometí con los vecinos, entre otras cosas, porque las
administraciones canarias tampoco han sabido darles respuesta, porque,
como son gobernadas por sus mismos partidos, callan con un silencio
cómplice ante el atropello de los derechos humanos y el desprecio a
Canarias al que su Gobierno está sometiendo.

Señor ministro, nosotros hemos tratado por todos
los medios de ser absolutamente responsables con las reivindicaciones y
las demandas para Canarias. Llevamos meses reivindicándolas, y yo se lo
pude decir aquí personalmente al presidente del Gobierno de España. Están
sometiendo a una presión absolutamente indecente al pueblo de Canarias.
Lo están sometiendo a un trato absolutamente indigno. Un Gobierno que
dice que se llama progresista y cuya política migratoria tiene tintes
fascistas. Están sometiendo a la vulneración de los derechos humanos de
esas personas, incluso separando a las madres de los menores y mezclando
a menores con adultos, lo que ha sido denunciado por las distintas
ONG.

Yo le recomendaría un poquito de humildad, señor
ministro. Le recomendaría que escuchase. Esta Cámara no viene aquí para
agriarle el día; venimos para intentar contribuir a un futuro mejor,
intentamos solucionar problemas. Usted sabe que yo he tenido
responsabilidades de gestión, y sé que no debe de ser fácil enfrentarse a
un fenómeno como este, pero, desde luego, si al final escuchasen un
poquito y cumpliesen mínimamente las peticiones de los inmigrantes y de
los ciudadanos de Canarias y compartiesen esa solidaridad con el resto
del territorio peninsular, seguramente estaríamos aquí en otro
escenario.

Le voy a formular algunas preguntas, y a ver si me
las puede contestar. ¿El Gobierno de España va a hacer derivaciones, sí o
no? ¿O van a dejar en Canarias perpetuamente a esos migrantes? ¿El
Gobierno de España va a seguir haciendo detenciones ilegales para que los
migrantes que tienen sus papeles y los recursos y quieren continuar su
viaje pierdan el avión y luego los suelten? ¿Van a seguir haciendo eso,
como se denuncia? ¿Van a intervenir en los campamentos para fiscalizar y
auditar la comida, las mantas, las condiciones en que son atendidos?
¿Hasta cuándo van a permanecer con la excusa de la COVID esos migrantes
en Canarias? Y, por último, ¿van a atender las peticiones de cierre de
esos campamentos que no reúnen las condiciones y habilitar algunos en
condiciones —solo tienen que cumplir la ley, las leyes españolas y
de la Unión Europea— y distribuir ese drama humanitario entre el
resto de las plazas que sí tiene su ministerio en el territorio
peninsular, para que la carga y la presión en este caso no sean
soportadas única y exclusivamente por Canarias y por los canarios?

Espero que al menos nos responda esas preguntas,
porque, desde luego, nosotros sí queremos que esto se resuelva
satisfactoriamente para los migrantes y también para los hombres y
mujeres que vivimos en Canarias, que no nos merecemos el desprecio con el
que este Gobierno nos está tratando, insisto, con el silencio cómplice de
las instituciones gobernadas por el Partido Socialista y Podemos en
Canarias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.

Tiene la palabra la senadora Santiago Camacho.

La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias,
presidente.

Bienvenido, señor ministro, a esta Cámara y a esta
comisión. Reitero, como el resto de los portavoces, que ha sido muy
esperado. Usted mismo lo ha podido comprobar por la acumulación de
comparecencias que han sido reflejadas en el orden del día.

Señor ministro, los datos que podemos manejar nos
muestran, desde luego, una fotografía muy preocupante de la situación
actual que atravesamos y que usted ya conoce. España lidera el desempleo
de la Unión Europea, con una tasa de paro del 16 %, donde los sectores de
población más afectados son los jóvenes y las mujeres, con 4 millones de
parados, 900 000 personas en ERTE, un déficit público por encima del 11 %
y una deuda cercana al 120 % del PIB. Es un panorama muy incierto en el
que, además, los retrasos de la vacunación amenazan con descarrilar,
digamos, la recuperación y las ayudas europeas.

En este ámbito, mi grupo, Ciudadanos, tiene varias
preocupaciones que le quiere transmitir. La primera está relacionada con
los trabajadores en ERTE, cuyas empresas difícilmente podrán
reincorporarles en la mayoría de los casos porque la viabilidad de la
empresa se ha visto comprometida o porque los niveles actuales de demanda
no hacen posible su reincorporación. En ambos casos esos trabajadores se
verán abocados al desempleo, principalmente en sectores en los que la
incidencia de la crisis está lejos de ser transitoria. Me gustaría saber
qué planes tiene el ministerio para esos trabajadores, que usted ha dicho
que ahora son 800 000, aunque se manejan otras cifras, como la
de 900 000. Sabemos que en la actualidad está en consulta el borrador del
anteproyecto de la normativa sobre políticas activas de empleo. ¿Llegará
a tiempo esa regularización para esos trabajadores? ¿Las asignaciones
presupuestarias que se habían destinado a la formación de los
trabajadores en ERTE se están empleando? ¿Cuáles son los principales
programas de formación? ¿Ha puesto en marcha el ministerio, junto con sus
compañeros de Trabajo, un sistema de evaluación de esas políticas ante la
escasa efectividad que han mostrado tradicionalmente las políticas
activas de empleo?

En segundo lugar, nos preocupa un hecho mucho más
estructural, que es la revolución de las nuevas formas de trabajo. El
Ministerio de Trabajo aprobó el pasado viernes, mediante real decreto, la
llamada ley rider, una ley que pretende regular una condición laboral muy
concreta y que parte de una nueva forma de entender las relaciones
laborales. ¿Cree, señor ministro, que nuestro sistema de protección
social está preparado para estos nuevos modelos de trabajo? ¿Cree que se
deberían acometer cambios en los sistemas de previsión social? Si es así,
¿cuáles serían? Me gustaría que nos informara sobre esta cuestión.

Y me voy a centrar en el ingreso mínimo vital, que,
como sabe, está teniendo incidencia sobre el conjunto de las rentas
mínimas de las comunidades autónomas, que en muchos casos están
reduciendo sus presupuestos para ese fin. En 2021 nueve comunidades
autónomas disminuyen sus partidas presupuestarias con ese fin, en cuatro
se incrementan y en el resto se mantienen. Apenas hemos tenido datos
sobre las solicitudes resueltas del ingreso mínimo vital, aunque hemos
sido testigos de la descoordinación administrativa, que ha repercutido
directamente en las familias solicitantes y que ahora se ven rindiendo
cuentas ante dos administraciones. Y la desesperación a la que se
enfrentan por la tardanza de la regulación llega a las colas del hambre,
que van cada día en aumento.

La última vez que su departamento publicó la cifra
sobre solicitudes, beneficiarios, prestaciones, medidas y gasto total,
incluido el desglose territorial de los abonos, fue el pasado 16 de
diciembre —mucho tiempo, señor ministro—, y ahora nos dice
que son 565 000 las solicitudes que han sido tramitadas. Bien, ¿cuál es
el número que tiene previsto gestionar a lo largo del año 2021,
considerando la previsión del Gobierno de dar cobertura a esas 850 000
familias, como ustedes plantearon desde el principio? Tengamos en cuenta
—tenga en cuenta, señor ministro— que las colas del hambre,
insisto, aumentan.

En cuanto a la incorporación de algunas medidas de
digitalización y los cambios normativos que nos ha comentado, espero que
tenga en cuenta que la brecha digital se ceba en las familias más
vulnerables, lo que impide que estas tengan medios para acceder a la
información sobre el seguimiento de la solicitud. Y en los casos que
hemos visto que se presentan con certificado digital y que se unan a la
falta de información, ¿qué ocurre si pasan seis meses después de la
presentación de la solicitud del ingreso mínimo vital y no se cuenta con
una respuesta? Todas estas situaciones han sido tramitadas, como
conocerá, y han sido trasladadas, como conocerá también, al Defensor del
Pueblo.

También quiero decirle que en Ciudadanos seguimos
siendo propositivos, y aunque en la última reforma se han creado
condiciones más compresivas, todavía hay cuestiones que creemos que hay
que revisar y evaluar y que le traslado, porque son las proposiciones que
la mayoría de las entidades sociales pretenden llevar a cabo. La primera
es que el cálculo de la capacidad económica se realice sobre los ingresos
del año en curso, es decir, eliminar ese 50 % de los ingresos del
ejercicio anterior. La segunda es suprimir el padrón histórico colectivo.
La pobreza ocurre en el presente, su perentoriedad no es cuestión de
caridad. Y la tercera, decretar una pasarela, digamos, autonómica, para
que de oficio se acceda al ingreso mínimo vital desde las rentas mínimas
de las comunidades autónomas, y conveniar y garantizar que todas las
comunidades autónomas mantengan los 1600 millones de sus propios sistemas
para políticas de inclusión y de los servicios sociales.

Nada más, señor ministro. Le deseo acierto en lo
que le queda de legislatura y también le deseo acierto para que pueda ir
dando soluciones y respuestas en beneficio de toda la ciudadanía.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Iniciamos el turno de los demás portavoces de los
grupos parlamentarios. Les recuerdo que las intervenciones son de siete
minutos.

La señora Ahedo Ceza, del Grupo Parlamentario
Vasco, nos ha comunicado que no podía asistir. Por lo tanto, está
excusada.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH
Bildu, tiene la palabra la señora Bideguren Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Gracias,
presidente.

Gracias, señor ministro, por sus explicaciones y
también por la documentación que nos ha aportado, que es muy útil. Nos ha
dado una fotografía de la época pre-COVID y de todas las medidas y los
impactos que han tenido las políticas que se han llevado a cabo. Creo que
ha sido muy didáctica su comparación de las dos crisis, la crisis
anterior y la crisis actual, y los impactos de las medidas que se han
tomado. Es cierto que las dos crisis son muy diferentes, pero lo que
esperamos de este Gobierno es que las medidas que se toman con un
Gobierno de derechas o con un Gobierno como el suyo sean medidas
diferentes y que los impactos también lo sean.

En general me ha parecido una presentación muy
buena, pero cuando ha empezado a explicar en qué momento estamos y qué es
lo que estamos haciendo me ha dado la sensación de que ha pasado muy
rápidamente por ello —no sé si era por el tiempo—, y tengo
varias dudas sobre todo lo que ha planteado.

Empezaré por comentar cosas sobre la reforma del
sistema de pensiones. Habrá reformas, eso está claro, pero esperamos que
estas no profundicen en las desigualdades, que es lo que hemos visto en
otras reformas anteriores. Esperamos que las reformas sirvan para paliar
algunos problemas y corrijan las condiciones de desigualdad que tenemos
en la sociedad, que sean adaptadas a la nueva realidad, a las distintas
realidades que tenemos hoy en día.

Ha dicho muy claramente que hay que intentar
asegurar el poder adquisitivo, porque la reforma de 2013 ha supuesto una
pérdida del 30 %. Bien, a veces hablamos de cómo ha cambiado el IPC, pero
hay que tener en cuenta también que los pensionistas tienen algunos
gastos de servicios básicos, como la luz, que ha subido bastante más de
lo que nos indica el IPC. Por lo tanto, es una evidencia que han perdido
poder adquisitivo, y nuestro grupo lleva tiempo diciendo que hay que
restaurar el poder adquisitivo de los y las pensionistas. Y no me queda
muy claro cuál es el mecanismo que están barajando. No sé si podría
adelantar la fórmula de revalorización de las pensiones en la que están
trabajando.

Por otra parte, nos preocupan también las pensiones
mínimas. No se puede seguir permitiendo que tengamos personas con una
pensión por debajo del umbral de la pobreza. La Unión Europea nos dice
que ese umbral de pobreza sería el equivalente al 60 % del salario medio
de los trabajadores del entorno —en el caso del País Vasco, 1080
euros—, de ahí la reivindicación del movimiento pensionista. Y la
pensión mínima en estos momentos es de 654 euros. Es imposible con esa
pensión tener una vida digna. Más del 60 % está cobrando menos de 1000
euros de pensión. Además, hay que tener en cuenta que las pensiones más
bajas las tienen las mujeres. La pensión media es de alrededor de 1000
euros: 1200 euros en el caso de los hombres y 800 euros en el caso las
mujeres. Todos conocemos este tipo de situaciones, y, como he comentado,
es imposible llevar una vida digna con esas pensiones. También nos
preocupan las pensiones de viudedad, cuyos receptores en el 92 % de los
casos son mujeres. Nos preocupa, y nos gustaría que profundizara en si
hay alguna mejora prevista para las pensiones de viudedad. Además,
existen diferentes requisitos para la pensión de viudedad en los casos de
parejas de hecho o parejas sin vínculo matrimonial, y desde nuestro punto
de vista es necesario adaptar la normativa a nuevas realidades y evitar
cualquier tipo de discriminación.

También ha comentado algo sobre la edad efectiva de
jubilación —en esa parte en la que ha ido rápidamente—, y no
sé si podría hablarnos sobre las medidas que se barajan y si se va a
retrasar la edad de jubilación y de qué manera.

Y hay algunos desajustes normativos en medidas de
anticipación de la jubilación que habría que corregir. Hay que
flexibilizar las medidas más rígidas, como el periodo mínimo de
cotización en la jubilación anticipada de las personas con discapacidad
—me estoy acordando ahora, por ejemplo, de las personas que han
sufrido la poliomielitis—. Me gustaría saber si ha habido algún
avance a ese respecto.

En cuanto a las pensiones, no sé si he entendido lo
referido al factor de sostenibilidad, si al final la Ley 23/2013 se va a
derogar definitivamente o se está pensando en un nuevo mecanismo
—he entendido algo así—. No sé si puede avanzarnos algo más
en este sentido.

Y, por último, no hablaré mucho de la política de
migraciones porque tuvimos ocasión hace bien poco, en la ponencia que
tenemos en el Senado, de hablar con la secretaria de Estado, que nos
aclaró bastantes dudas. Nos ha hablado del plan Canarias y de que se ha
redirigido a migrantes. Algunos han llegado a Irún, y no es comparable lo
que está pasando en Irún, pero nos han llegado algunas preocupaciones que
quiero transmitirle. Han llegado a Irún con la intención muchos de ellos
de pasar a Francia, y al estar las fronteras bloqueadas ha habido algún
problema. Nos comentan la preocupación que tienen porque cada vez hay más
pasantes que están cobrando 125 euros por pasar migrantes a Francia. Creo
que hay que tomar cartas en el asunto en este caso. También hay alguna
preocupación sobre los dispositivos que gestiona la Cruz Roja porque
parece ser que los criterios son demasiado rígidos en opinión de algunos,
y nos preguntan si eso está coordinado con el Gobierno vasco y si se
podrían flexibilizar de alguna forma los criterios para que el servicio
se pudiera dar a más personas.

Y otra preocupación que nos ha comentado la CEAR es
que parece ser que muchas personas a las que se está acompañando con el
programa de acogida y asilo que tiene CEAR se están quedando fuera del
programa por una directriz del ministerio. Me gustaría saber si es así y,
si lo es, cuál es el criterio.

Muchas gracias. Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, el senador Muñoz Cuenca.

El señor MUÑOZ CUENCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Muchísimas gracias, señor ministro, por comparecer
en esta comisión para dar cuenta de los avances en relación con el
sistema público de pensiones y de cómo piensa el Gobierno implementar las
medidas que se contemplan en las recomendaciones del pacto, todo ello,
previo acuerdo de la mesa de diálogo social y en mitad de una
pandemia.

Permítanme que haga algunas apreciaciones antes de
entrar en materia. Nos ha parecido muy interesante la comparación que ha
hecho usted entre el impacto de la crisis anterior y el impacto de la
crisis actual. Se ha demostrado claramente que las medidas han frenado la
destrucción de empleo y la caída de salarios. Se ha producido menor
morosidad; ha aumentado el número de autónomos; ha habido una menor caída
de la afiliación; y, como usted ha puesto de manifiesto, incluso los
mercados financieros se han comportado mejor. Y me quedo con un dato que
ha dado: que se ha protegido a 8 millones de trabajadores y a 600 000
empresas. Posiblemente ese sea el enfado de la portavoz del Partido
Popular, al exponer usted esos datos.

Quiero decirle al señor Mulet que, si no me
equivoco, cuando compareció el secretario de Estado no apareció para que
él pudiera responder a sus preguntas. Y en cuanto al señor Clavijo
—no le veo, parece ser que solo ha venido para intervenir—,
al ministro le he oído hablar de todas las materias, pero el señor
Clavijo solo se ha centrado en migraciones y en migraciones de Canarias.
Parece que no le preocupan los pensionistas canarios, que no le preocupan
los trabajadores en ERTE en Canarias o los perceptores del ingreso mínimo
vital en Canarias.

Entrando en materia, lo primero y fundamental es
conocer el estado financiero del sistema de Seguridad Social, y por eso
es importante acometer la recomendación número 1, que es dejar de pagar
esos gastos impropios que corresponden a prestaciones no contributivas. Y
valoramos positivamente la cantidad de 14 000 millones de euros que se
contemplan en los Presupuestos Generales del Estado.

Con respecto a la reducción de la brecha de género,
y en lo que tiene que ver con su ministerio, hay dos aspectos, de los que
usted ha apuntado uno, que me gustaría destacar. La igualación del
permiso por nacimiento y cuidado de hijo, que antes se denominaba
maternidad y paternidad, se iguala en dieciséis semanas y, como se ha
dicho y se sabe, nos sitúa como uno de los países más avanzados en esta
materia. Y en relación con el complemento de brecha de género en
pensiones, que viene a sustituir el complemento de maternidad, como usted
ha explicado, hacer esa modificación era necesario y fundamental.

Los que llevamos mucho tiempo estudiando y
conociendo nuestro sistema de protección hemos visto cómo, año tras año,
las contingencias protegidas de los colectivos de autónomos han ido
aumentando hasta alcanzar prácticamente la misma protección que los
trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, cuando hablamos de
equiparación también debemos hablar de equiparación en la cotización,
asunto que hasta ahora nunca se había abordado, y eso seguramente ayudará
a mejorar sus pensiones. Por tanto, entendemos que esto supone un gran
reto para el sistema, un cambio radical, pero al mismo tiempo necesario,
para adaptar las cotizaciones de este colectivo a su realidad y sus
necesidades.

Señor ministro, entendemos que no se pueden
acometer de golpe todas las recomendaciones del Pacto de Toledo. Hay que
dar tiempo a que el sistema pueda ir ajustando las variables a los
cambios realizados, pero echamos de menos una medida que en su día salió
adelante por unanimidad en el Senado, precisamente a instancias de este
grupo. Me estoy refiriendo a la discriminación que sufren las viudedades
de parejas de hecho. Nuestro grupo hizo una pregunta al Gobierno, y se
nos dijo que se habían denegado 1780 viudedades por motivo de ingresos y
que el importe se estimaba en un coste de unos 21 millones de euros al
año. Esta medida ha contado con un amplio respaldo político en esta
Cámara y con respaldo social y, como vemos, no supone un gran desembolso.
Es un colectivo que lleva sufriendo una discriminación desde 2007, por
tanto, le pedimos, como grupo parlamentario, que estudie y plantee en la
Mesa de diálogo social la eliminación de esa discriminación y que se
corrija urgentemente.

Algunos grupos hablan del retraso en la gestión del
ingreso mínimo vital, pero hay que tener en cuenta algunos datos que
usted ha apuntado y que son muy llamativos. Se han resuelto un 12 % más
de solicitudes que otros años, más de 3 millones de bajas por COVID, se
han tenido que atender con las dificultades de las medidas sanitarias, se
han recibido 1,2 millones de solicitudes del ingreso mínimo vital. Y le
puedo asegurar, como gestor del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el enorme esfuerzo que ha tenido que soportar el personal del
INSS, con el hándicap de que su plantilla se ha reducido, como usted ha
apuntado, un 20 % en los últimos diez años. Y nos decían que cómo nos
embarcábamos en esta materia con ese personal, pero es el personal que
nos dejó el Partido Popular con la ley que prohibía la tasa de
reposición. Por eso, en nuestro grupo incidimos en la necesidad de
aumentar la plantilla del INSS, lo que, por otro lado, como usted ha
apuntado, ayudará a luchar contra la despoblación, ya que el INSS cuenta
con más de 600 centros de atención desplegados por todo el territorio y
es fundamental que sigan abiertos y prestando servicio en esos
municipios.

Pero, puestos a debatir sobre la gestión, nuestro
grupo también echa en falta la misma entrega por parte de algunas
comunidades autónomas, porque algunas anunciaron una serie de medidas,
pero solo se quedaron en el anuncio. Por ejemplo, en mi tierra,
Andalucía, las ayudas a autónomos han sido escasas, y soy generoso en la
afirmación. Y con respecto a las ayudas sociales, como usted ha apuntado,
se han resuelto tres veces más solicitudes de ingreso mínimo vital que
rentas mínimas de la comunidad. Por tanto, señor ministro, al margen de
la visión catastrofista de otros grupos políticos, el nuestro le pide y
le anima a continuar con ese proceso de reconversión, modernización y
estabilización que requiere nuestro sistema público de pensiones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.

Señor ministro, tiene la palabra para réplica.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y
MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Gracias, presidente.

Señorías, empiezo por responder a la senadora Ahedo
—no está presente ahora—, que ha puesto como referencia la
crisis de los cayucos y la situación actual, pero en el año 2006 las
fronteras no estaban cerradas ni había una pandemia. Yo he intentado
explicar que, al igual que la pandemia ha generado una situación tan
complicada y tantas dificultades, no solamente en España, sino en casi
todos los países del mundo, también ha tenido incidencia en los flujos
migratorios, primero, por la enorme dificultad económica que se ha
planteado como resultado la pandemia en los países de origen, en África,
con un nivel de irregularidad de la economía tan grande, y, como
resultado, porque después se han cerrado las fronteras para los retornos
durante gran parte del tiempo. Esto es así, esto es sobrevenido; la
pandemia nos enfrenta a situaciones nuevas a todos. Este es un hecho que
yo he intentado explicar, pero, en fin, parece que no consigo que se
interiorice suficientemente.

Dicho esto, desde el momento en que se han podido
abrir las fronteras con los países con los que tenemos acuerdo de
retorno, los retornos se están produciendo, quizá no al ritmo que nos
gustaría, pero se están produciendo. De hecho —y con esto ya
contesto a varias preguntas que han surgido sobre el tema—,
nosotros sabemos el número de personas que tenemos en nuestro sistema de
acogida a día de hoy y el que teníamos hace dos o tres meses, cuando se
empezaron a abrir las fronteras. Creo que llegamos a tener —estoy
hablando de memoria— en nuestro sistema de acogida en Canarias casi
a 11 000 migrantes, y en este momento estaríamos hablando de una cifra
que rondará los 7000; entre 6000 y 7000, no más. Es decir, desde el
momento en que se ha empezado a aliviar la presión la situación está
mejorando, y mejorando significativamente desde los picos máximos de
finales del año pasado. Esto es así. Y, por supuesto, cada uno tiene sus
responsabilidades, pero cuando se habla de los retornos y de las
políticas creo que hay que hacer siempre el ejercicio contrafactual, es
decir, si España no tuviera las políticas preventivas que tiene, que son
ejemplo en toda Europa, con Mauritania, con Marruecos, con Senegal,
¿cuántos no nos llegarían? Ese es el ejercicio que hay que hacer. Son
temas en los que uno no puede ser muy explícito, pero les puedo asegurar
que, cuando discutimos las políticas que hacemos, son ejemplo en toda
Europa de cómo se trabaja con los países de origen. Lo que no podemos
evitar es la longitud de frontera que tenemos —es la más extensa
con diferencia—, pero cuando esto se analiza y se compara con otros
países nuestra gestión es siempre muy bien valorada. Y siempre hay que
hacer, insisto, el análisis contrafactual sobre cuál es la
situación.

Me han preguntado también por la situación desde el
punto de vista humanitario, que es complicada. Tengo que aprovechar para
decir, cuando hablamos de los inmigrantes —y yo he estado dando
cifras y datos sobre los inmigrantes—, que detrás de esas cifras
frías y de los flujos que llegan hay realidades durísimas. En mis
distintas visitas a Canarias he estado en los centros de acogida, he
estado con los inmigrantes, he hablado, por supuesto, con todos los que
trabajan allí, y la verdad es que se te encoge el corazón. Y hoy hay que
recordar esto particularmente, porque tenemos dos niñas en la UCI que
llegaron ayer, una bebé de dieciocho meses y una niña pequeña, y hay seis
menores hospitalizados que también llegaron en pateras ayer. Por lo
tanto, cuando llegan a España, ya sea por Canarias o por otro sitio,
encuentran la máxima acogida por nuestra parte, absolutamente.

Lo que pasa es que podemos distorsionar un poquito
la realidad. Usted hablaba de mantas, señor Clavijo, y tengo que
recordarle que se están refiriendo a asentamientos ilegales. Nuestro
sistema de acogida es voluntario —conviene que lo sepa todo el
mundo—, es decir, los inmigrantes que llegan a España, si no pueden
ser retornados inmediatamente y un juez no lo declara así, son libres.
Entonces, si algunos no quieren entrar o son inducidos a no entrar en
nuestros sistemas de acogida y se quedan fuera, nosotros no podemos hacer
nada, como no podemos hacer nada en nuestro sistema de acogida si deciden
moverse por el territorio e intentan ir a otro sitio. Y en algún momento
dado se puede producir una cierta concentración. Y sabemos que hay
mafias, sí. En todo el proceso migratorio, dramáticamente, hay mafias,
desde África hasta el último punto, que intentan aprovecharse de ellos.
Claramente, sí. Y la policía y nuestros servicios trabajan muy bien con
los países de origen. Y, cómo no, hay que hacer el análisis
contrafactual: ¿qué no sería si no se desplegara la cantidad de recursos
de inteligencia y recursos policiales españoles? Y también se trabaja en
la Península y se desmantela a los que intentan beneficiarse de esta
situación.

Y en nuestro sistema de acogida, que es un sistema
que en gran medida está gestionado por las organizaciones no
gubernamentales —en este momento, en Canarias hay hasta cuatro
organizaciones no gubernamentales trabajando con nosotros—, nuestra
obligación es asegurarnos y evaluar que la acogida tenga los mejores
estándares. En eso estamos comprometidos y eso hacemos en cada uno de los
centros. Y por primera vez estamos trabajando con la EASO, la
organización de asilo europea, que tiene funciones de evaluación y que
está en Canarias desde el primer momento y por primera vez. Nunca ha
estado trabajando en España y hemos sido el primer ministerio que la ha
traído aquí. Y son los mejores cualificados para decirnos lo que hace
falta y lo que no hace falta en cada uno de los centros. Y por supuesto
que hay tiendas de campaña, como las hay en todos los centros de
refugiados del mundo, sobre todo en los que no son permanentes
—sería un derroche de dinero público montar grandes instalaciones
para situaciones que son temporales, no tiene sentido—, pero les
puedo asegurar —yo las he visto, sé dónde las hemos adquirido y
vienen de Europa— que las carpas tienen los mejores estándares
posibles y que los cáterin están absolutamente evaluados. Y estamos
siendo evaluados por agencias europeas, por Acnur, que ha estado allí, y
también por el Defensor del Pueblo. Yo he leído su informe, que plantea
cosas a distintas instancias administrativas, pero, desde luego, no he
visto —y hemos estado con el defensor del Pueblo y lo hemos
discutido con él— en el informe del Defensor del Pueblo ninguna
referencia al Ministerio de Inclusión que me haga pensar que tenemos que
cambiar de forma sustantiva la fórmula que estamos empleando, en ningún
caso. Léanse el informe del Defensor del Pueblo y vean lo que están
diciendo las organizaciones no gubernamentales.

Cuando oigo todas esas declaraciones sobre que las
ONG dicen tal o cual, les pido que las sustancien. Nosotros estamos
trabajando diariamente con todas las ONG en Canarias y en el resto del
territorio. Estamos trabajando, porque son ellas las que gestionan parte
de nuestros centros y nosotros las apoyamos y financiamos. Por lo tanto,
cuando les oigo decir que las ONG han dicho tal o cual cosa... ¿Quién ha
dicho qué? ¿En qué sitio? Y si al final es un centro que se ha creado de
forma irregular, ad hoc, a las puertas de uno de los nuestros, pues ahí
ya no podemos actuar. Nosotros llegamos hasta donde podemos, y creo que
hasta donde llegamos estamos haciendo el trabajo con la máxima
sensibilidad hacia los inmigrantes, con la máxima implicación para que
las condiciones de acogida sean lo más humanitarias posible. Ese es un
compromiso absoluto del ministerio, y si hay algún caso concreto en el
que tengamos que cambiar algo, nos lo dicen, lo vemos y lo mejoramos, en
una situación absolutamente excepcional, insisto, como la que ha generado
la pandemia.

Y con esto yo creo que he atendido a gran parte de
las preguntas que se me han planteado en el ámbito de las migraciones.
Parte de los centros de acogida en Canarias son temporales y así hay que
considerarlos. Estamos hablando de que una parte muy importante de las
personas que en este momento están llegando a Canarias son susceptibles
de retornar a sus países de origen, y eso requiere de un tipo de enfoque
particular porque no ha sido lo habitual en otros momentos. Son personas
que deben retornar, y por tanto, su situación debe verse desde ese
prisma, además, como vivimos una pandemia, los jueces no están
permitiendo al Ministerio del Interior limitar su movilidad, como ha
ocurrido en otros momentos.

También se hacía referencia a la situación en
Melilla. El nivel de hacinamiento del CETI de Melilla que nos encontramos
nosotros, acumulado a lo largo de los últimos ocho años, era vergonzoso;
absolutamente vergonzoso. En 2018 había casi 2000 personas en el centro
de acogida que tenemos en Melilla, cuando tiene una capacidad máxima
para 800 aproximadamente. Desde que nosotros estamos gestionando la
situación, el número ha bajado en casi un 40 %, y ahora estamos
aproximadamente en 1100. Pero veníamos de niveles de 2000. Por tanto, no
se puede plantear todo esto como si esta situación no tuviera historia ni
infraestructuras previas. La Ley de extranjería es del año 2000 y no ha
habido ni una sola modificación después de la última reforma del
reglamento en el año 2012. Es decir, que no nos hemos preparado en lo
relativo al tema migratorio, no ha habido ningún trabajo de contingencia
ni normativo para la gestión del fenómeno migratorio. Lo estamos haciendo
nosotros en medio de una pandemia, sobre la marcha, con los mimbres que
nos dejaron.

Creo que en este y en otros temas de los que
estamos hablando tenemos que buscar grandes consensos. Y eso me lleva
quizás a saltar al tema del ingreso mínimo vital. En el caso del ingreso
mínimo vital yo espero sinceramente que quienes votamos a favor, cuando
comprobemos el paso tan importante que hemos dado en la modernización del
sistema de protección de última instancia en España, podamos felicitarnos
por ese voto y por el consenso que alcanzamos. Mientras tanto,
sinceramente no voy a contestar a ciertas cuestiones, porque todas estas
apelaciones a la catástrofe en la gestión del ingreso mínimo vital sin
datos, sin información y con anécdotas secundarias debilitan a quienes
las plantean, máxime cuando votaron a su favor. El ingreso mínimo vital
es un cambio estructural importante. Jamás había habido en España una
protección de esta naturaleza en medio de una crisis. ¿Qué creen que
dirán los casi 600 000 beneficiarios del ingreso mínimo vital nueve meses
después? ¿Creen que dirán que es una catástrofe? ¿Qué pueden decir en
Andalucía, donde hay tres veces más beneficiarios del ingreso mínimo
vital hoy en día que de la renta andaluza, que sigue existiendo? Las
rentas autonómicas en ningún caso estaban pensadas para ser sustituidas
por el ingreso mínimo vital. Yo comprendo que quizá no estuvo usted
presente en las discusiones, señora Fernández, pero yo sí discutí esto
personalmente con todos los consejeros e incluso con presidentes
autonómicos del Partido Popular. Y no solo esto, sino que en la
disposición adicional cuarta de la ley que se aprobó con sus votos está
reflejada la forma de convivencia del ingreso mínimo vital. El ingreso
mínimo vital es un mínimo nacional, pero las responsabilidades de última
instancia en el ámbito social en las situaciones sobrevenidas de pobreza
son, por ley, de las comunidades autónomas, con los servicios sociales de
los ayuntamientos. Nosotros damos un mínimo que no existía y damos
condiciones iguales a todos los españoles de partida, y después, por
supuesto, dado que hay tantísimo por recorrer en cuanto a protección
social en España, no hay recursos que se puedan dejar de utilizar. Hay
que seguir ampliando y extendiendo la preocupación.

Y eso me lleva también a algunas cuestiones que ha
planteado el portavoz del Grupo de Izquierda Confederal. ¿Cuál es el
modelo que tenemos en la cabeza? Yo lo he intentado explicar. Llevamos
nueve meses con el ingreso mínimo vital, y las comunidades autónomas
llevan treinta años gestionando rentas mínimas. Lo repito, señorías,
treinta años con distintas modalidades. Hemos estudiado todos los
modelos, y les pedimos un poco de tiempo para articular un modelo
integrado; tengan un poco de paciencia, que lo vamos a hacer, pero
llevamos nueve meses y lleva tiempo articular y engarzar las leyes
autonómicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la cabeza, que es la
idea original y la que estamos discutiendo?

Alguien me ha dicho que no hablamos con Valencia.
Por supuesto que sí; le puedo asegurar que hay reuniones regulares con
Valencia, que yo mismo he estado en esas reuniones y que tenemos un
compromiso. Estamos constantemente hablando con las 17 comunidades
autónomas, porque la problemática de cada una es distinta. Yo creo que
Comunidad Valenciana es de las que mejor está entendiendo cómo debe
integrarse el ingreso mínimo vital, pero les pido un poco de paciencia
para que podamos articular esto a nivel nacional. En este momento estamos
trabajando en primera instancia, porque es el orden establecido, con el
País Vasco y Navarra, para ver cómo articulamos el modelo con ellos,
según la disposición adicional quinta, e inmediatamente después
articularemos el modelo con las demás.

¿Qué es lo que tenemos en la cabeza y cuál es el
modelo al que tenemos que tender? Tenemos que intentar articular a las
comunidades autónomas que lo quieran, y la Comunidad Valenciana
claramente está en esa categoría, como lo está también Baleares. Hay
otras menos interesadas en extender la protección de forma adicional a la
que tenemos nosotros y que en lo único en que están pensando es en
sustituir lo nuestro y ahorrarse algo de presupuesto. Hay algunas que
están en esa clave, pero la mayoría no lo está; la mayoría de las
comunidades autónomas, y algunas con bastante buen enfoque, como la
Comunidad Valenciana, lo que tienen en la cabeza, como también nosotros
desde el principio, es lo que llamamos una ventanilla única. Es decir,
que las familias verdaderamente vulnerables acudan a un punto único
—que pueda gestionar eventualmente la comunidad autónoma— en
el que se les pueda ofrecer un esquema de protección integral, donde, por
un lado, esté la protección estatal del ingreso mínimo vital y, después,
las protecciones complementarias y subsidiarias a la nuestra de la
comunidad autónoma. Por ejemplo, nosotros no podemos cubrir a personas en
situación irregular en España; o una comunidad autónoma puede decidir
cubrir a personas algo más jóvenes o que tengan una situación de pobreza
sobrevenida de mucho más corto plazo y que nosotros no podemos comprobar.
Todas esas son situaciones adicionales.

Si nosotros cubrimos el mínimo nacional, cada
comunidad autónoma podrá ir después a lo que tiene que complementar, y lo
puede hacer de forma eficaz y bien anidada con nuestra prestación. Ese es
el modelo en el que tenemos que trabajar, pero esto lleva tiempo, no se
puede improvisar de un día para otro; hay que hacerlo con tranquilidad y
con rigor para no repetir los problemas del pasado.

En cuanto a la Comunidad Valenciana, si ha visto
usted los números de la tabla, verá que no nos va tan mal a nosotros en
relación con la renta valenciana.






Compruebe usted cómo estamos nosotros
en relación a la renta valenciana, porque no lo hemos hecho tan mal en el
tiempo que llevamos.

Como le digo, el objetivo es ese, trabajar
conjuntamente con todas las comunidades autónomas e ir en esta dirección.
Quizá haya algunas que tenían expectativas que no se han podido cumplir
porque sus beneficiarios no cumplen los requisitos del ingreso mínimo
vital. En algunas se da esa circunstancia y en otras no, aunque tengo que
decirle que un 30 % de los beneficiarios de rentas autonómicas de 2019 ya
reciben el ingreso mínimo vital, luego nosotros ya estamos directamente
cubriendo, a través de peticiones individuales, a una parte importante de
ellos, y probablemente llegaremos, según hemos calculado, al 50 %. Nos da
la sensación de que el otro 50 % no cumplen con los criterios. Luego no
vemos un problema serio en este momento en cuanto a expedientes
pendientes en comunidades autónomas, porque, o no podrán ser
beneficiarios del ingreso mínimo vital y las comunidades autónomas
mantendrán su esquema de protección, o bien ya son beneficiarios en este
momento. Y esa es la problemática que yo veo con el ingreso mínimo
vital.

En cualquier caso, todos ustedes verán que el
ingreso mínimo vital es un gran éxito, que es una política que nos han
pedido que expliquemos en otros países europeos porque tiene un diseño
muy moderno y muy eficaz, y todos los que votamos a favor del ingreso
mínimo vital seremos partícipes de esa política, pero los tiempos de
despliegue son los que son en cualquier prestación y con cualquier
gestión administrativa. Esto es lo que hay. El hecho de que la Seguridad
Social haya llegado hoy en día a resolver 800 000 expedientes es una
barbaridad y supone un esfuerzo enorme para cualquier Administración que
no tiene parangón; y he intentado explicarlo: 800 000 expedientes en
medio de una pandemia. Así que quizá creamos unas expectativas que no son
reales, porque cuando oigo estas reflexiones... A nosotros nos cuesta
muchísimo entender esto. La brecha entre la expectativa individual que
tiene cada uno y la realidad es muy grande. Hemos visto que hay
muchísimas personas que nos han pedido el ingreso mínimo vital que no
cumplen los requisitos y si hubiéramos ido por la vía de la declaración
responsable con rentas actuales, estaríamos ahora pidiendo el reintegro a
cientos de miles de personas, porque esto funciona así y tiene que ser
así.

Y ya en cuanto a lo que me han planteado en algún
momento sobre la intervención, es que no sé ni qué decir. Un sistema de
autorización previa hubiera llevado a una ralentización extraordinaria de
los procesos, pero el control financiero permanente de la intervención de
la Seguridad Social existe, será evaluado, y por supuesto se planteaba en
la norma como un mecanismo transitorio que se va a revertir cuando pase
el periodo de arranque. ¿Pero qué es esto de poner todo en duda? Señora
Fernández, usted tiene una habilidad de destrucción institucional
intolerable. Desliza unas ideas... ¿Que no estamos controlando bien el
ingreso mínimo vital? ¿Qué quiere decir? ¿Que la intervención de la
Seguridad Social no está funcionando bien? ¡¿Que no?! ¿Pero cómo desliza
usted esas cosas, por favor? ¿O cómo se mete usted después con el tema de
las pensiones y empieza a deslizar que la gente no entiende la fórmula,
cuando todavía no hay fórmula? Usted plantea esas preguntas para intentar
sacar réditos a costa de los pensionistas, trasladándoles inquietud, y a
mí verdaderamente me molesta mucho. Se lo digo sinceramente. Creo que no
hay derecho a que utilice usted a los pensionistas con cosas
distorsionadas de tercer orden para sacar rédito político por unas horas
a costa de generar incertidumbre aquí y allá. Eso a mí me parece que es
destrucción institucional, y esas son cosas que le oigo a usted
constantemente en esta Cámara, y se lo tengo que decir porque no me
parece que sea la forma correcta de abordar las cosas. Usted viene con
anécdotas, con información distorsionada, con chascarrillos y hace
categorías, y eso genera incertidumbres intolerables, y no puede ser; eso
no debe ser así y no es la relación que tenemos con ustedes en muchos
temas con los que estamos trabajando muy bien, algo que después se
refleja en las votaciones que hacemos con ustedes, sea sobre el ingreso
mínimo vital o, por supuesto, en el Pacto de Toledo.

El Pacto de Toledo existe y tiene que existir para
que el de las pensiones no sea un tema de controversia partidista, y
usted lo está aprovechando hasta el último día, hasta el último momento.
¿Cuántas veces me ha sacado usted temas que no van a ningún sitio, que no
tienen ningún recorrido sobre los pensionistas cuando realmente lo que
hay es un consenso de todos los partidos políticos para que el sistema de
pensiones se modernice, sea más justo y genere certidumbre a todos los
pensionistas y futuros pensionistas de España? Eso es lo que hemos hecho
entre todos. Por tanto, cuando me viene usted con estas cosas no sé ni
qué contestarle; me produce un poco de tristeza, y tengo que decírselo.
Me produce un poco de tristeza este enfoque, porque los pensionistas no
se lo merecen ni se lo merece el Pacto de Toledo, que es tan importante
en España y que nos está llevando a que de nuevo construyamos un sistema
de pensiones a partir del consenso y del acuerdo, para hacerlo más justo
y más equitativo. Por cierto, no como con la reforma del 2013; una
reforma que duró dos años. A los dos años el Partido Popular la revirtió
porque estaba mal hecha, porque no tenía consenso, porque no la habían
discutido con los agentes sociales. Eso es lo que estamos haciendo todos
ahora, incluidos ustedes, para que no vuelva a ocurrir.

Sobre el tema de pensiones me permitirán que no les
dé muchos detalles porque los estamos discutiendo en este momento con los
agentes sociales. Por más que se digan cosas no me oirán entrar en
detalles sobre el sistema de pensiones. Yo quiero ser discreto cuando
estoy en un proceso de negociación con los agentes sociales, porque algo
que puede salir puede ajustarse de otra manera. Por tanto, prefiero no
entrar en detalles en este momento —y quiero que me
entiendan— hasta que realmente cerremos el asunto y podamos ir a
las Cámaras con algo que tenga el acuerdo suficiente. Y si no llegamos a
un acuerdo, vendremos en cualquier caso, porque tenemos la obligación de
cumplir la recomendación del Pacto de Toledo y tenemos un compromiso,
además, con Europa. Pero en el momento en el que estamos ahora hay que
ser relativamente discretos en los detalles.

En cualquier caso todo lo que hagamos responderá a
las recomendaciones del Pacto de Toledo y, por tanto, irá orientado a
hacer el sistema sostenible y suficiente, es decir, que no va a haber
ningún recorte de nada; al contrario, lo que estamos revirtiendo, por
supuesto, es una situación de partida que suponía una caída del poder
adquisitivo de las personas del 30 %. Eso se va a revertir completamente.
Proyecto

Además, hay todo un conjunto de elementos en el
sistema de pensiones que hay que ir ajustando, porque en políticas
públicas, y no solamente en pensiones, no se evaluaban con mucho detalle
los efectos; se miraba el efecto medio, a brocha gorda, y lo que estamos
mirando nosotros, como hemos hecho en el ingreso mínimo vital, es mirar
de forma individual y viendo cómo conseguimos hacer un sistema más justo
a partir de la situación individual de cada uno. Por ejemplo, en el caso
de las pensiones nos estamos dando cuenta de que los últimos años de
cotización de mucha gente no son sus mejores años, y el sistema estaba
diseñado así. Muchísima gente se encuentra, desde la anterior crisis, con
que sus últimos años de cotización no son los mejores, que hay lagunas y
caídas de cotización, y estamos intentando que esas situaciones se
corrijan, pero eso requiere de un análisis fino, requiere trabajar mucho
con los datos, y por eso nos hemos dado un tiempo para abordar temas que
me estaban planteando. Vamos a corregir todas las situaciones
individuales, y también situaciones como las que me ha planteado usted.
Efectivamente debemos buscar el encaje con los acuerdos del Pacto de
Toledo.

Quizá me haya dejado algunas cuestiones por
contestar, pero si fuera así, en la segunda vuelta lo completo, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Abrimos un turno de intervenciones para los
portavoces de tres minutos.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor Gónzalez-Robatto Perote. (Denegaciones). No intervendrá.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra el señor Clavijo Batlle.

El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor ministro, no sé si miente deliberadamente o
si de verdad no es consciente de la realidad. Mire, las personas que se
han instalado en un campamento fuera de Las Raíces lo han hecho porque no
les daban de comer dentro, porque no tiene las condiciones higiénicas y
porque, al final, ustedes no los están atendiendo dignamente. Por eso
acampan fuera, a la intemperie y con frío. Y claro que se les llevan
mantas y comida, pero lo hacen los vecinos de Rodeo Alto, precisamente en
un ejercicio de solidaridad, a pesar de que, insisto, en algunas
instituciones gobernadas por ustedes y en algunos medios de comunicación
los tachan de xenófobos.

Señor ministro, no es que esté diciendo yo que se
vulneren los derechos, es que hay una ponencia sobre migraciones en el
Senado —aquí están presentes algunos de sus miembros— y lo
han dicho Amnistía Internacional, Cáritas, Acnur, Open Arms, CEAR. Todas
las ONG que han pasado por allí han dicho que se vulneran los derechos,
que se cometen ilegalidades y que las condiciones son absolutamente
indignas, señor ministro.

Y, sí, estoy de acuerdo, la imagen de hoy es
terrorífica, la de una niña de cinco años a la que están reanimando por
parada cardiaca. El mismo día en el que usted pone un tuit diciendo que
en un tiempo récord habían puesto las camas. No le he visto ningún tuit
al respecto, señor ministro. Por lo tanto, tengamos un poco de respeto,
ya que tacha de demagógicas algunas de las intervenciones de los que aquí
hemos esperado tanto tiempo para escuchar su intervención.

Mire, habla del informe del Defensor del Pueblo
que, según usted, no dice nada. Le leo las conclusiones: Carencia de una
política migratoria de Estado que contemple el fenómeno en su totalidad;
insuficiente coordinación entre los distintos organismos de las
administraciones públicas con competencias en la materia; inadecuación de
las infraestructuras para la recepción en costas, CATE; escasez de
personal capacitado para la identificación de personas vulnerables que
agilice el traslado inmediato a las instalaciones adecuadas e
insuficiencias estructurales en la gestión y aplicación de los
procedimientos aplicables a los ciudadanos extranjeros que, por distintos
motivos, se encuentran en España. Entre los llegados a las costas se dan
diferentes situaciones a las que son de aplicación procedimientos
distintos: migrantes irregulares, personas necesitadas de acogida
humanitaria y de protección internacional que son objeto de trata o
menores no acompañados. Además, hay inapropiadas instalaciones de los
centros de internamiento de extranjeros, CIE, e inadecuada gestión
interna; escasez de centros para acogida humanitaria de personas
vulnerables, etcétera. Eso es lo que le dice a usted y a su ministerio el
Defensor del Pueblo, señor ministro, y usted nos contesta aquí, en el
colmo del cinismo, que lo ha leído y que no encuentra nada que tenga que
mejorar al respecto. Esperaba otra respuesta por su parte, señor
ministro, más humilde, más humana y, desde luego, más digna de un
Gobierno que dice que le preocupan las personas, pero la sensación que da
es que lo único que le preocupa es su imagen y la publicidad y propaganda
con la que nos están inundando. Señor ministro, por favor, reconduzca
esta situación.

Y no me ha contestado, ¿van a derivar o no van a
derivar? Hay que derivar porque Canarias no puede soportar toda esa
presión; deriven a otros centros del territorio. No son libres de poder
circular, señor ministro, es mentira, van al aeropuerto y una pareja de
policías los retienen seis horas hasta que pierden el avión. Lo que está
diciendo usted es el colmo del cinismo. No son libres, si no, con los
papeles en regla, ¿por qué no los dejan salir al territorio peninsular?
Contésteme, por favor, a eso.

El señor PRESIDENTE: Señor Clavijo, vaya
terminando.

El señor CLAVIJO BATLLE: He terminado,
gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el senador Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor
presidente.

Casi ha pasado un año desde que pedimos su
comparecencia para que contestase a unas preguntas concretas, pero ha
venido aquí, ha comparecido, le he formulado otra vez las preguntas y,
obviamente, no ha contestado a lo que le hemos preguntado. Esa es la
tónica general de lo que hace su departamento cuando le hacemos preguntas
muy concretas: no las contesta o contesta lo primero que le parece, y
creo que merecemos un respeto como miembros de una Cámara, y más en el
caso de partidos que han hecho posible que usted sea ministro, porque si
no hubiéramos votado a favor de la investidura de Pedro Sánchez
seguramente ni existiría este Gobierno ni usted sería ministro. Por
tanto, le pedimos un poquito de consideración y que conteste a aquello
que le preguntamos. Si no tiene los datos no los dé, pero, por lo menos,
conteste algo que se acerque a lo que le estamos preguntando.

Obviamente, votamos a favor del ingreso mínimo
vital —lo llevábamos en el programa electoral— y lo haríamos
cien veces, y eso también nos da autoridad para pedir que se haga bien
desde el principio y le decimos cómo se tiene que hacer bien. Ustedes han
reconocido que no tienen la infraestructura porque ha habido una
emergencia, y que han tenido que trabajar y que improvisar porque no
estaba en los planes ponerlo ya en marcha, que ha sido la crisis
sanitaria la que ha sobrepasado todos los planes y que a todos nos ha
desbordado, pero en ese caso lo que tienen que hacer, obviamente, es
acogerse a lo que hay y las comunidades sí que tenían la infraestructura
creada. Era tan básico como eso, porque algunas sí que la teníamos o la
teníamos al mismo nivel que otras comunidades autónomas. Lo que no puede
hacer es, como siempre, despreciar a unas y ensalzar a otras, que es lo
que ha hecho desde el principio, y por eso le preguntábamos por qué unas
comunidades sí y otras comunidades no, porque desde el principio ha
habido un trato diferencial entre unas comunidades y otras.

Y no mienta, usted no se ha reunido ni ha atendido
las llamadas de ciertas comunidades autónomas; ha ido hacerse fotos, eso
sí, pero con quien no tiene las competencias. Ese es el problema. Con las
fotos a la gente no se la rescata, se la rescata con políticas. Es obvio
que hace falta tiempo, que hace falta coordinación y que esto nos ha
sobrepasado a todos, pero empecemos a ser un poquito más humildes,
empecemos a coordinarnos bien y a intentar que esto salga adelante, y no
únicamente con fotos.

La renta valenciana de inclusión está en marcha
desde 2008, tampoco es una eternidad y también se ha creado de nuevo. Por
tanto, todos estamos intentando hacer algo, así que atienda a la gente
que le tiende la mano y no dé portazos y tratos discriminatorios a
algunas comunidades. Estamos en una emergencia, obviamente, pues actuemos
con emergencia y no poniendo parches. En nueve meses se ha podido avanzar
muchísimo y, además, debería contrastar los datos que da porque no
cuadran de ninguna manera con los que aportan las comunidades autónomas.
De cada siete personas que han recibido en el País Valencià la renta
valenciana de inclusión, en este período de tiempo de nueve meses, una
solamente ha recibido el ingreso mínimo vital; y son datos suyos. Luego
aquí presenta un powerpoint, porque usted ve esa realidad, que tiene muy
poco que ver con la realidad que la gente percibe. El problema no es la
gente a la que se le ha reconocido, el problema es la gente que lo ha
cobrado, porque desgraciadamente ahí sí que existe un abismo. De la gente
que ha pedido en el País Valenciano el ingreso mínimo vital el 59 % ha
sido rechazado. Son datos públicos, que usted podrá contrastar o no y,
frente a eso, al 89 % de la gente que ha pedido la renta valenciana de
inclusión se la ha atendido.

Me gustaría preguntarle también, ya fuera de
tiempo, las previsiones sobre las personas que han estado cotizando
durante más de cuarenta años a la Seguridad Social y que, por jubilarse
anticipadamente, ven penalizada de por vida su jubilación.

El señor PRESIDENTE: Señor Mulet, le ruego que vaya
terminando.

El señor MULET GARCÍA: Termino ya.

Es un tema también recurrente y no ha hecho ni la
más mínima mención a este amplio colectivo de personas penalizadas de por
vida. Me gustaría saber las previsiones que tiene su departamento
respecto a este drama.

Como no tengo más tiempo volveré a pedir la
comparecencia, esperando que venga antes de nueve meses y no como
ahora.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la senadora
Santiago Camacho tiene la palabra.

La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias,
presidente.

Voy a ser muy breve. A mi grupo parlamentario
también le preocupa muchísimo la situación de Canarias.

Por otro lado, señor ministro, no se ha pronunciado
sobre el pacto de la Comisión Europea sobre migración y asilo. No nos ha
dicho absolutamente nada, pero el Gobierno lo calificó como inaceptable
y, sin embargo, a la hora de la verdad, estamos viendo que la política
que se está llevando a cabo en Canarias lo aplica. Entonces, ¿qué nos
puede decir al respecto y qué plazos tiene?

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana,
tiene la palabra la señora Bideguren Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Intervendré
brevemente.

Como le he comentado, quizá hubiera hecho falta en
su primera intervención que profundizara un poco más en qué está
trabajando el Gobierno. En la segunda intervención pensaba que nos iba a
contar algo más, pero tampoco ha sido así, de modo que me voy con las
ganas.

Tenemos inquietudes porque somos representantes de
otros, así que no se enfade usted porque le transmitamos nuestras
preocupaciones, que son las preocupaciones de la ciudadanía. Por cierto,
el CIS me parece que dijo que entre las diez cosas que más preocupan a la
ciudadanía figuran las pensiones, y es normal que nosotros queramos saber
sobre esto.

Algunos participarán en el Pacto de Toledo y ahí
hay algunos representantes de nuestro grupo parlamentario, pero los que
no estamos, cuando nos toca preguntarle, queremos saber un poco más: las
preocupaciones y los miedos. Llevamos muchos años escuchando que el
sistema de pensiones requiere de reformas y, ahora que estamos en ello,
tocará hablar en algún momento y que lo aprobemos también en esta
Cámara.

Sinceramente, tuve la oportunidad de ver su
intervención en el Congreso en enero y me parece que fue mucho más
específico en cuanto a medidas concretas. Sinceramente, esperaba que nos
contase algo más.

Muchas gracias de todas formas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, la señora Fernández González.

La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Disculpe a mi compañera que está ahora mismo
asistiendo a otra comparecencia en la sala Clara Campoamor. En cualquier
caso, yo le comentaré las escasísimas respuestas, señor ministro, que
usted dio a las preguntas por ella formuladas.

Como cuestión inicial, señor ministro, quiero
decirle que usted viene aquí a contestar a las preguntas en una
comparecencia y, desde luego, a hacerlo con respeto; a hacerlo con
respeto personal. Yo no tengo ningún afán, señor ministro, de hacer
ninguna destrucción institucional; no, lo único que quiero es que usted
responda a lo seguramente no quiere contestar. Esa es una cuestión
diferente. Aquí venimos a hablar de pensiones, solo faltaría, que es la
preocupación fundamental de los españoles, de los actuales pensionistas,
que quieren saber cómo se van a actualizar, y de los futuros
pensionistas, que quieren saber cómo se van a calcular, y esos dos ejes
son indubitados, y a esos dos ejes usted, en sede parlamentaria, debe
respuesta.

Sabe que ha tenido el apoyo del Partido Popular en
el Pacto de Toledo, pero eso no es un cheque en blanco para hacer usted
lo que quiera, como ha hecho, por cierto, con el complemento antaño
llamado de maternidad. Se ha equivocado, señor ministro, y ha provocado
agravios comparativos entre mujeres, que es lo último que yo me podía
imaginar de usted; lo último. Fue un programa pionero que se estableció
en el año 2016 y usted empezó a hacer discriminaciones y, por cierto,
sangrientas, en el caso de las madres de familias numerosas. Se lo tengo
que decir con claridad.

Señor ministro, que se le pregunte por los
autónomos, que esta situación de pandemia en la que nos encontramos la
han sufrido de forma directísima, y que usted responda que es el mejor
momento para establecer la escala —que parece que quiere
establecer— de trece escalones relativa a sus cotizaciones nuevas,
quizá no sea el momento más feliz, se lo tengo que decir.

Con respecto al ingreso mínimo vital, usted sabe
que nosotros habíamos valorado muchísimo la compatibilidad con el empleo,
que fuese una pasarela al empleo y, desde luego, que hubiese que estar
inscrito como demandante de empleo. Claro, en aras de no se sabe qué
agilidad, usted dice que han tenido que quitar ese requisito de
inscripción porque obstaculizaba.

Desde luego, señor ministro, las explicaciones son
escasísimas.

Respecto al fondo público de pensiones,
efectivamente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado existe la
previsión de un proyecto de ley, pero yo creo que va usted tarde ya por
los mecanismos y los tiempos que conlleva la aprobación del Consejo de
Ministros y la remisión a las Cortes Generales, y es un elemento
importante que convendría desarrollar y convendría dar certidumbre a los
trabajadores y a los empresarios, indicando si va a haber no sé si un
consejo de sabios, si una comisión de control o si ambas cosas. Pero
usted elude los debates y los detalles, señor ministro, y créame si le
digo que los que aquí venimos, por lo menos los del Grupo Parlamentario
Popular, venimos con los deberes hechos, con los temas estudiados, y con
escasísimo tiempo, lo que nos dificulta tremendamente realizar nuestra
labor parlamentaria como principal partido de la oposición.

Ahora bien, no le voy a tolerar que usted me impute
ningún tipo de destrucción institucional, no se lo voy a tolerar por
incierto y desde luego por injurioso, y espero, señoría, que nos dé
respuestas a los temas que planteamos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, la senadora Roldán Martínez.

La señora ROLDÁN MARTÍNEZ: Muchísimas gracias.

En mi primera intervención en esta mañana, y mi
última como portavoz de Migraciones de mi grupo parlamentario, en un tema
que me apasiona, lo primero que quería hacer era darle las gracias, señor
ministro, por todas las explicaciones que nos ha dado y gracias, también,
por todas las medidas que, a pesar de la pandemia, se han puesto en
marcha. Sí que me voy a atrever, por ser mi última intervención, a
plantear lo que para el Grupo Socialista sería el futuro de las
migraciones.

Para el Grupo Socialista las migraciones son una
oportunidad que España necesita; necesitamos a la inmigración y la
necesitamos en condiciones. Eso no quita que veamos como nadie y pongamos
rostro a cada una de las personas que hay detrás de cada uno de los
números de esta inmigración, que para unos pocos es solamente la llegada
a costa, pero que para los que llevamos muchos años trabajando en esta
materia es mucho más. Necesitamos una verdadera política migratoria
diseñada y la secretaria de Estado que ha comparecido —porque
parece que no comparece aquí nadie, pero aquí comparece mucha
gente— nos ha explicado cuál va a ser la estrategia de inmigración,
una verdadera política de migración transversal —porque la
inmigración no es solamente del Ministerio de Migraciones— y sobre
todo laboral, porque los inmigrantes son trabajadores y vienen a
trabajar.

Una vez dicho esto, como retos de futuro creo,
ministro, que no debe cejar en su empeño del consenso. Creo que en esta
materia podría haber consenso para lo que, desde luego, es una necesidad,
que es el cambio en la política migratoria, el cambio tanto de la ley
como del reglamento —si no fuera posible de la ley, pues entonces
del reglamento— y, sobre todo, lograr que los inmigrantes dejen de
sufrir desde que llegan hasta que renuevan la primera vez, hasta que
renuevan la segunda vez, hasta que consiguen la nacionalidad, y hacerles
la vida más fácil.

Hay que modernizar las administraciones, que
tampoco depende de migraciones, modernizar las oficinas de extranjeros,
poner personal en todos los ámbitos, incluida la integración, al servicio
de esta población que tanto nos aporta.

Y, por último, y me voy a permitir dirigirme a mis
compañeros: creo que flaco favor le hacemos a la inmigración si
convertimos en una política personal de cada uno y de cada territorio,
para hacernos fotos y para dar ruedas de prensa, en criminalizar a la
inmigración y mezclar temas como puedan ser migración con salud o
migración con trabajo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Para el cierre del debate tiene la palabra el señor
ministro.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y
MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Gracias, presidente.

Señor Clavijo, ha planteado básicamente tres cosas,
empezando por derivaciones. No me gusta el término derivaciones y creo
que a usted tampoco le debería gustar. Lo que realmente nosotros hacemos
en el ministerio es una gestión integral de todo nuestro sistema de
acogida en aquellos casos que realmente no son susceptibles de ser
retornados y están en una situación distinta. Y el neto de esa gestión
integral es que han pasado de Canarias a la Península en los últimos
meses más de 3000 inmigrantes. Pero esa es una gestión integral que
hacemos nosotros y así es como hay que planteárselo a toda Europa.
¿Verdad, señor Clavijo, que hay que decirlo así? (Denegaciones del señor
Clavijo Batlle). Sí, sí.

También usted, como expresidente de la comunidad
autónoma, debería conocer mejor las distintas responsabilidades que
existen sobre el tema de migraciones. De todos y cada uno de los puntos
que ha leído usted del Defensor del Pueblo ninguna de esas
responsabilidades recae en este ministerio, ninguna. ¿Sabe usted que la
gestión de las migraciones está distribuida horizontalmente entre
distintas administraciones y en la Administración General del Estado?
Repase la lista del Defensor del Pueblo y verá cómo ninguna. Usted sabe
perfectamente que los CIE son responsabilidad de otro ministerio y son
centros de una naturaleza muy distinta a los CETI, son cosas
básicas.

En fin, señor Clavijo, esto de las políticas
migratorias lo ha tenido que haber gestionado usted suficientemente.

En cuanto a que no se da de comer bien en nuestros
centros, simplemente es falso. Las personas que están ahí delante, donde
se ha creado todo este espectáculo, delante de las raíces, son personas
que han sido inducidas desde determinadas instancias u organizaciones
para crear allí un espectáculo, con una reivindicación que no tiene nada
que ver con las condiciones humanitarias, sino para crearles una
expectativa que no se les puede crear, la de que son personas
susceptibles a ser retornadas a la península. Así es. Esa es la realidad
en la que estamos gestionando en este momento.

El señor Mulet me preguntaba sobre el colectivo de
pensionistas que tienen largas cotizaciones. Eso, por supuesto, lo vamos
a estudiar. En la segunda parte del paquete de reformas del Pacto de
Toledo tenemos un análisis completo de todas esas realidades en las que
se puedan plantear situaciones injustas como resultado de exceso de
cotizaciones o de cotizaciones insuficientes. Dentro de ese análisis y de
esa problemática vamos a abordar lo que usted me plantea. Y yo insisto,
señor Mulet, ya verá cómo nos ponemos de acuerdo con ustedes y
encontramos un buen modelo para trabajar conjuntamente entre la Comunidad
Valenciana y nosotros en el ingreso mínimo vital y la renta autonómica y
encajamos las dos. Pero esto, insisto, no es fácil. Si fuera fácil, ya lo
habríamos desplegado.

Señora Fernández, que los autónomos coticen por
ingresos reales es una petición de todos los autónomos y del Pacto de
Toledo. El cómo lo vayamos a desplegar en el tiempo y el gradualismo con
el que lo vayamos a poner en marcha, es algo que estamos discutiendo. Por
tanto, no diga usted algo que nosotros no hemos dicho. No estamos
hablando de implantación inmediata, sino que estamos discutiendo con
todas las representaciones de los autónomos y con todos los agentes
sociales sobre cómo desplegar esto. Ahora bien, le voy a dar una cifra.
Si ahora hiciéramos el cambio a esos tramos que estamos todavía
discutiendo, el 70 % de los autónomos cotizaría menos a la Seguridad
Social de lo que cotiza hoy, el 70 %.

Me ha preguntado también por el complemento de
maternidad. Siento decirle que a lo mejor no entendemos bien cómo se
diseñan las políticas. Mire usted, el complemento de maternidad existente
es un complemento que está en el paquete de cosas que se hicieron en el
año 2015, poco antes de las elecciones, pensando —como la bajada de
impuestos— a ver a quién podemos darle unos cuantos millones. Pues
venga, a familias numerosas de rentas altas, 600 millones. Está mal
diseñado. Se olvidaron de los que realmente son el punto de origen de la
salida del mercado de trabajo. Se olvidaron ustedes de las mujeres que
tenían un solo hijo, empezaron por el segundo hijo, y al final pusieron
unas cantidades enormes en las personas que tenían rentas altas, mientras
que a las rentas bajas les dieron una cantidad mucho más baja. El modelo
era completamente regresivo y se hacía con los Presupuestos Generales del
Estado. Está hecho con dinero público, no contributivo de las pensiones.
Se diseñó una política para beneficiar a las rentas altas. Y se hizo poco
antes de las elecciones. Eso es el complemento de maternidad. Todo eso
que usted me cuenta es básicamente eso. Igual que la bajada de impuestos
que se hizo simultáneamente, en la misma época, y que casi lleva a España
a una multa por las autoridades europeas por el desborde de objetivos
fiscales. En ese paquete de irresponsabilidad está ese complemento, algo
que tengo yo bastante bien estudiado y analizado por motivo de
responsabilidades previas que tuve.

En cuanto al SEPE, perdone, señora Fernández, que
no, que no, que tienen que buscar trabajo. Lo que les estamos diciendo es
que tienen seis meses para acreditarlo, no que tengan que haber traído la
justificación en el momento de pedir el ingreso mínimo vital. Eso es lo
que hemos cambiado, pero hay que estar buscando trabajo, hay que estar
apuntado al SEPE. Eso no ha cambiado. Estamos hablando de la forma en la
cual vamos a comprobar y a certificar para no generar problemas a las
personas, porque en ese momento el SEPE estaba en una situación muy
complicada de gestión como resultado de la pandemia.

En cuanto al Fondo Público de Empleo, estamos
trabajando en ello. Si fuera tan fácil no tendríamos este infradesarrollo
de los planes de empleo en España, que es una anomalía en Europa. Esto
hay que hacerlo bien. Estamos trabajando en ello varios ministerios.
Vamos a presentar a la Cámara un proyecto de ley que queremos discutir
antes con los agentes sociales y queremos, por supuesto, discutirlo con
ustedes en el contexto de las distintas líneas de intercambio que
tenemos, incluida la del Pacto de Toledo. Y yo estoy seguro de que en
esta cuestión, como en muchos otros temas, como en los temas de
pensiones, nos pondremos de acuerdo, porque los pensionistas de este país
nos están pidiendo que nos pongamos de acuerdo en los temas de
pensiones.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor
ministro, por su comparecencia. Ya sabe que, cuando quiera, aquí les
esperamos, en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.

El señor PRESIDENTE: Sin solución de continuidad,
pasamos a los dictámenes de los proyectos de ley. En primer lugar,
corresponde dictaminar el Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados
de la COVID-19, procedente del Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de
marzo.

En la medida en que está ausente en estos momentos
de la sala el portavoz del Grupo Mixto, empezaremos por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, senadora
Bideguren Gabantxo, con las enmiendas números 4 a 8.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Gracias, señor
presidente.

Es un proyecto de ley de medidas complementarias en
el ámbito laboral para paliar los efectos derivados de la COVID-19, que
proviene del Real Decreto 9/2020. Nuestro grupo ha registrado cinco
enmiendas. No voy a hacer mención de cada una de ellas, pero,
principalmente, van orientadas en dos sentidos. El primero de ellos
pretendía dar cumplimiento a una promesa que hemos escuchado al Gobierno
una y otra vez, y es que el despido durante la COVID estaría prohibido.
Se ha repetido en muchas ocasiones que las empresas acogidas a un ERTE no
podían despedir. Y si bien es cierto que ha provocado un ligero
encarecimiento de los despidos, no se ha conseguido una efectiva
prohibición. Si realmente se quiere evitar que se extingan contratos de
trabajo sobre la base de situaciones de tipo únicamente temporal, nuestro
grupo considera que hay que establecer por ley la nulidad.

Por otro lado, el segundo sentido de nuestras
enmiendas es la protección de los trabajadores ya habitualmente más
vulnerables, que son los trabajadores con contratos temporales. En mi
grupo vemos necesario dar cobertura a estos colectivos, ya que
históricamente son quienes más sufren fraudes de ley en su contratación
por parte de los empresarios y empresarias. No deberían quedar sin
derechos con el pretexto de la COVID-19.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus
enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la
senadora Heredia.

La señora HEREDIA DE MIGUEL: El Grupo Parlamentario
Popular ha presentado tres enmiendas a los artículos 2, 5 y disposición
adicional segunda. Las enmiendas presentadas a los artículos 2 y 5 tienen
el mismo fundamento, que es la duda jurídica sobre las limitaciones que
se establecen a la libertad de empresa, recogida en el artículo 38 de la
Constitución española, y las dudas sobre que sea posible dejar sin efecto
ciertos artículos del Estatuto de los Trabajadores, en concreto el 51 y
el 52.

En cuanto al artículo 2, medidas extraordinarias
para la protección del empleo, consisten, básicamente, en prohibir la
facultad de despedir y de extinguir contratos de trabajo. Aparte de la
duda jurídica mencionada, hay cuestiones de carácter práctico que nos
trasladan los empresarios, y es que el impacto de la crisis en
determinadas empresas hace que no se pueda mantener el nivel de empleo.
Por eso, nosotros planteábamos simplemente una excepción para cuando se
pudiera demostrar objetivamente la inviabilidad de una empresa o que la
empresa se encontrara en riesgo.

Respecto al artículo 5, de interrupción del cómputo
de la duración máxima de los contratos temporales, también el fundamento
jurídico es que la base de los contratos temporales está en la causa y no
en el tiempo. Una empresa no puede garantizar que subsista la causa de
los contratos. El ejemplo más clásico sería el del socorrista: una vez
que termina la temporada y la piscina ha estado cerrada por causa de la
COVID, ¿cómo se va a ampliar el contrato de este socorrista sin causa y
sin objeto una vez que ha terminado la temporada estival? Por eso,
nosotros proponemos que cuando se demuestre que la causa o el objeto han
desaparecido, se pueda extinguir el contrato. Ha desaparecido el contrato
y, por lo tanto, no se puede ofrecer una actividad.

Y respecto a la enmienda a la disposición adicional
segunda, no estamos de acuerdo con que el régimen sancionador equipare
falsedades a incorrecciones. Es algo que hemos repetido muchas veces. En
el trámite de este tipo de expedientes ha habido muchísimas
incorrecciones involuntarias por el gran volumen de datos que se maneja.
Este gran volumen de datos y esta cantidad de errores que aparecen es un
argumento que, incluso, ha manifestado la Administración para justificar
un poco la lentitud en alguna tramitación o la lentitud, por ejemplo, en
el cobro o en el pago de los ERTE, pues no se penaliza a nadie por las
incorrecciones. Y, además, incluimos un apartado cuarto para que, en el
caso de que las empresas tengan que regularizar sus aportaciones porque
la autoridad laboral no constata la existencia de fuerza mayor, no se les
aplique recargos o penalizaciones en estas devoluciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Las enmiendas 1 a 3,
presentadas por el Grupo Mixto, se dan por defendidas. Por lo tanto,
pasamos al turno en contra. Tiene la palabra la senadora del Grupo
Parlamentario Socialista, Roldán Martínez.

La señora ROLDÁN MARTÍNEZ: Intervendré muy
brevemente.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los
grupos las enmiendas presentadas. Con carácter general, he de decir que
lo que para una norma de larga duración hubiese sido unas enmiendas de
posible contemplación, dada su temporalidad y el alcance limitado no se
van a poder tener en cuenta ninguna de ellas. Ya lo he hablado con todos
los grupos que han presentado las enmiendas.

Por otro lado, hay una gran parte de enmiendas que
proponen la modificación de los artículos 2 y 5. Al respecto, tengo que
decir que dichos artículos han sido mantenidos en el segundo, en el
tercer y en el cuarto acuerdo social de defensa del empleo, suscrito por
los interlocutores sociales y el Gobierno. En ese sentido, el Grupo
Socialista considera que poco podemos decir a lo que no se ha visto como
modificable en esa mesa de diálogo social. Por dicho motivo, no las vamos
a aceptar.

Por último, en referencia a las enmiendas que
afectan a materia que está siendo objeto de interpretación diferente por
parte de los tribunales, también lo he hablado con los diferentes grupos.
Creemos que no es aconsejable una intervención legal que pueda interferir
a la judicial.

Contestando concretamente a cada uno de los
diferentes grupos, me voy a saltar al Grupo Mixto y paso a las enmiendas
de Esquerra. La primera, relativa al cambio de referencia, no se puede
admitir por considerar que, al ser temporal, como dice el artículo 2.1,
será hasta que se levanten las medidas de prevención por parte de las
organizaciones sanitarias. Creemos que está cubierto con esa
fórmula.

En cuanto a la segunda enmienda, la del artículo 2,
que ya hemos comentado, alegamos otra vez el mantenimiento de los
diferentes acuerdos sociales y la imposibilidad de incluir la nulidad,
siendo importante destacar que el artículo 2 establece una regulación de
carácter excepcional, vinculada a la pandemia. No se ve, por tanto,
afectado el régimen jurídico general de la extinción del contrato, y,
desde nuestro punto de vista, esa concreta interpretación correspondería
a los tribunales.

Igual ocurre con la tercera enmienda, de nulidad,
cuando se reemprende la actividad que lo justificó, al no haber sido
modificada tampoco de forma reiterada en todos los acuerdos del diálogo
social.

Debo aclarar que, respecto a una medida de calado
como es el despido en esta modalidad de contratación temporal,
consideramos que se requiere un marco normativo específico, como podría
ser la reforma de la contratación temporal, en los términos previstos por
el Gobierno y otras iniciativas que ya se han puesto en marcha al
efecto.

Respecto a la cuarta enmienda, no considera el
Grupo Socialista que sea una mejora técnica, porque se trata del
establecimiento de una responsabilidad por daños y perjuicios y, desde
nuestro punto de vista, tiene dos carencias que hacen que no se pueda
tener en cuenta, como son, primero, que no se establece quién sería el
sujeto responsable de dicha indemnización. No queda claro si sería la
empresa o el SEPE. Y en segundo lugar, se establece una compensación
entre prestaciones dejadas de cobrar, que serían cantidades que no tienen
ni siquiera la misma cantidad. Con lo cual, en el Grupo Socialista
entendemos que tampoco podríamos introducir dicha enmienda.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, también lo hablé con su portavoz. Respecto a la modificación del
artículo 2, insistimos en lo mismo. En los acuerdos 2, 3 y 4 se ha
reiterado y nunca se ha modificado esto, con lo cual, nosotros creemos
que no somos los adecuados para modificar lo que se acuerda en la Mesa de
diálogo social.

Respecto a la enmienda que modifica el artículo 5,
la exclusión de la obligación de la suspensión de los contratos
temporales, he de decir lo mismo. El artículo 5 es otro de los que ha
permanecido inamovible y sin ninguna rectificación por la Mesa de diálogo
social, por lo que consideramos que no se debe modificar. Pero, aun así,
hay que decir que la suspensión de la contratación temporal que se prevé
en el artículo 5 no compete a nadie más que a los tribunales, que son los
que tienen competencia en este ámbito de obligación de suspensión.

En cuanto a la enmienda a la disposición adicional
segunda, como comenté con su portavoz, ha habido una modificación
posterior en la disposición final 9 del Real Decreto Ley 15/2020, en el
que el texto ha quedado de la siguiente manera, que creemos que lo aclara
un poco más: Será sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha
norma, la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas en
relación con el empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran
conexión suficiente con la causa que las origina, cuando dicha
circunstancia se deduzca de las falsedades o inconcreciones en los datos
facilitados por aquellas y siempre que den lugar a la generación o
percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones
indebidas en las cuotas de Seguridad Social. Creemos que así queda mucho
más clara la inicial redacción a la que se refería en su momento.

Por nuestra parte, nada más. Les reitero el
agradecimiento por todas las enmiendas presentadas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo
Parlamentario Mixto, el senador González-Robatto Perote tiene la
palabra.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidente.

Las enmiendas que hemos traído nosotros venían a
paliar un poco los efectos ocurrentes que iba a tener esta ley. Hemos
puesto enmiendas al preámbulo, que básicamente vienen a justificar que la
recuperación económica no se ha producido tras levantarse el estado de
alarma. Por ello es necesario incluir la previsión de una recuperación
económica gradual a lo largo del tiempo y no de forma automática. Otra
enmienda que hemos añadido es al artículo 2, que es una enmienda de
modificación en el sentido de la interpretación efectuada por la
Dirección General de Trabajo en respuesta a la consulta formulada por la
CEOE sobre la aclaración de cuestiones de aplicación del artículo 5 del
Real Decreto 9/2020 y la disposición adicional sexta del real decreto,
con el fin de dotar de concreción y seguridad a los textos
normativos.

También hemos presentado otra enmienda de
modificación, la enmienda número 3. La propuesta establece con carácter
aclaratorio la suspensión de los contratos temporales, incluidos los
formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los
artículos 22 y 23 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, que supondrá
la interrupción del cómputo tanto en la duración de estos contratos como
de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido en cada
una de estas modalidades contractuales respecto a las personas
trabajadoras afectadas por estas, así como otras mejoras, de modo que,
salvo en periodos de suspensión o, en su caso, tras la reanudación de la
actividad, y por ello durante el periodo ampliado por la interrupción del
cómputo, desaparezca el objeto o la causa que motivó su celebración y se
proceda en estos casos a la extinción del mismo de manera válida,
objetiva y plenamente eficaz, de acuerdo con los requisitos del régimen
jurídico previsto por el artículo 49.1 del Estatuto de los
Trabajadores.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, está
ausente el señor Clavijo.

Continuamos con el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal.

Tiene la palabra la senadora Vilà Galán.

La señora VILÀ GALÁN: Muchas gracias,
presidente.

Quería hacer una reflexión previa. Hoy los grupos
pequeños lo estamos pasando realmente mal, porque hay muchísimas
comisiones a la vez y estamos corriendo de un lado para otro. Es una
reflexión para la Cámara en general, porque muchos de nosotros acumulamos
tres y cuatro portavocías y es imposible. Eso significa sillas vacías en
muchos espacios y creo que todos los debates se merecen que todos estemos
presentes.

En cuanto a estos proyectos de ley, me gustaría
recordar que se ha tenido que legislar en unas circunstancias muy
difíciles y no nos cansaremos de repetir que han sido circunstancias
inéditas y, por tanto, claro que se ha tenido que improvisar. ¿O es que
el resto de partidos tenían claro lo que se tenía que hacer en una
pandemia como la que hemos vivido? Eso no es así, nadie tenía en sus
programas electorales cómo afrontar una pandemia y qué medidas tomar.
Entendería que el Partido Popular se preocupara de la cuestión de fondo
político que hay en ambos proyectos de ley, porque cuando ellos
estuvieron gobernando hicieron exactamente lo contrario.

Hablemos, pues, de medidas políticas y de por qué
al Partido Popular le pueden molestar tanto ambos proyectos de ley. Aquí
lo que preocupa a la derecha es que, durante unos días, se tuviera que
interrumpir la movilidad y la actividad económica para llevar a cabo la
lucha contra la pandemia para poder salvar vidas. Ustedes saben que
interrumpir esa movilidad fue decisivo. Aquí lo que molesta es que, de
forma puntual, pusiéramos por delante a las personas y la vida antes que
la economía. Díganlo claramente. Es lo mismo que le molestaba al señor
Trump y a Bolsonaro, y así les va en sus países respectivos. Entendemos
que la dificultad que supone adaptar esa realidad sobrevenida a los
tiempos del Congreso y del Senado es grande, y eso también lo tienen que
entender ustedes. Por ello, mi grupo y el Grupo Socialista plantearon en
el Congreso unas enmiendas para actualizar los textos, por lo que lo que
nos llega al Senado es correcto.

Estos proyectos de ley no están pensados para
mantener el capital de unos pocos accionistas, como sí lo fueron las
medidas que tomó el Partido Popular en la anterior crisis, como el
rescate a bancos y a grandes empresarios. El problema estructural que
arrastra nuestro mercado laboral es la temporalidad y, evidentemente, hay
que hacer frente a ello porque son las personas trabajadoras temporales
las que han sufrido primero el desempleo. Esa temporalidad fue gravemente
agravada gracias a la reforma laboral de 2012. No podemos seguir
manteniendo ese nivel de precariedad en el trabajo y, por ello, se aprobó
el real decreto ley que prohíbe despedir con indemnizaciones de miseria.
Es bueno que podamos mantener esas medidas también después de la
pandemia, y vamos a seguir trabajando por ello.

El decreto también ha permitido que se garantice el
mantenimiento de la actividad de los centros sanitarios y de servicios
sociales y que se adopten medidas para perseguir el fraude en los ERTE.
Asimismo, permite que las cooperativas agilicen los procesos para
acogerse a las medidas de apoyo social y que se agilice la tramitación
por desempleo de los trabajadores afectados por los ERTE o por las
reducciones de contratos. El permiso retribuido y recuperable no lo pagan
las empresas, sino el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras. Este
es un país aburrido de hacer horas extras sin retribuir, y este proyecto
permite recuperarlas.

Por último, y no menos importante, todas estas
medidas son fruto de la mesa del diálogo social. Hay un consenso
político, social, económico y mayoritario para todas ellas. Votando en
contra de estas medidas, ustedes se ponen de espaldas a lo que están
pidiendo los trabajadores, las trabajadoras, los sindicatos y las
empresas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Esta Mesa trasladará a la Mesa de la Cámara las
circunstancias que concurren en el día de hoy, en la medida en que
impiden a senadores y senadoras ejercer en condiciones sus
funciones.

Tiene la palabra, por el Grupo Nacionalista, el
senador Clavijo. (Denegaciones). No hace uso de la palabra.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, la senadora Santiago Camacho.

La señora SANTIAGO CAMACHO: Muchas gracias,
presidente.

Nos apena profundamente que este real decreto se
esté tramitando ahora mismo, como nos apena que el PSOE se haya negado a
eliminar las medidas ideológicas contenidas en este real decreto. Toda la
vida ha habido una lucha de la izquierda por acabar con el despido por
causas objetivas y remitirnos, únicamente, al despido causal con la
indemnización que sea. Parece que están aprovechándose de una epidemia
para poner su ideología encima de la mesa. Si leen la doctrina, se darán
cuenta de que justifica la existencia del despido por causas objetivas en
las situaciones de crisis. Con un real decreto ley han intentado
difuminar y decirles a los trabajadores que ustedes siguen diciendo que
han prohibido a los empresarios que despidan y, sin embargo, no es así.
No han prohibido a los empresarios que despidan con una indemnización
de 20 días, pueden despedir con 33 días con el reconocimiento de la
improcedencia del despido, optando por la indemnización y pagando esta
indemnización, cosa que, por otra parte, a la gran empresa, a la que
ustedes tanto combaten, le va a dar igual. Le va a suponer muy poco, con
lo cual, ¿a quién va a afectar? A la pequeña empresa y al autónomo de
nuevo. Van a tener que cerrar su negocio, los trabajadores no van a tener
dónde volver y llegamos hoy aquí con 4 millones de parados, prueba más
que irrefutable de que ustedes no han prohibido nada.

Votaremos a favor de este dictamen porque hay otras
medidas en este real decreto ley que son positivas, como la suspensión de
los contratos temporales, porque no queremos que un año después se ponga
en peligro por la mala praxis de los partidos del Gobierno. Pero no se
confundan, podríamos votar en contra si fuese por el resto de las medidas
incluidas en este real decreto ley y si no fuera porque su rechazo podría
suponer un aumento de la inseguridad jurídica sin precedentes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco,
la senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Intervengo para decir que
voy a sustituir a la portavoz de nuestro grupo, a Nerea Ahedo, y que
nuestro voto será favorable al proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Bideguren Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Gracias,
presidente.

Nuestro objetivo con las enmiendas era blindar la
nulidad de los despidos y proteger a los trabajadores que están con
contratos temporales. Le quería comentar a la señora representante de
Ciudadanos que, efectivamente, todas las medidas tienen ideas políticas
detrás, y las nuestras son estas, son las que son, son las que protegen a
la clase trabajadora y a los colectivos más vulnerables.

Por lo tanto, considerábamos que esto mejoraba el
proyecto de ley, pero aunque no vayan a ser aprobadas, son medidas
necesarias, medidas que han intentado paliar las consecuencias de la
COVID y, por lo tanto, vamos a votar a favor.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la senadora Heredia.

La señora HEREDIA DE MIGUEL: Respecto a las
alusiones de la compañera senadora de Izquierda Confederal, constato que
no nos afectan. Nosotros gobernamos en comunidades autónomas donde, en
este momento, nos están acusando de todo lo contrario, donde nos están
acusando de estar sacrificando la actividad empresarial por dar un voto a
la sanidad y por priorizar la vida y la salud de las personas. Como
gobernamos en muchas comunidades autónomas, tenemos para todos los
gustos.

La COVID ha influido en la vida de las empresas,
pero lo cierto es que la reanudación de la actividad no está implicando
la vuelta a la normalidad, y hay vicisitudes en la vida de la empresa que
deberían regularse por el derecho general, que no está derogado. Nosotros
no planteamos una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley, ni
mucho menos; simplemente intentamos establecer excepciones para cuando
esas vicisitudes de la empresa no obedezcan a la COVID. Como entendemos
que no está derogada la legislación general, como son los artículos 51
y 52 del Estatuto de los Trabajadores, se puede permitir su
utilización.

A las grandes empresas, como ya se ha dicho aquí,
no les afecta; de hecho, en la prensa estamos viendo que todos los días
se aprueban ERE y ERTE de todas las grandes compañías, que se cuentan
de 300 en 300 y de 500 en 500. Por cierto, en los bancos continúan las
jubilaciones anticipadas y se les está permitiendo que recurran al
contrato de agencia para que agencien todas sus sucursales, sobre todo en
localidades pequeñas y en pueblos. Ahora ya las oficinas bancarias de los
pueblos están llevadas por personas con nombre y apellidos, afiliadas al
régimen de autónomos. A lo mejor por eso sale la cuenta que le sale al
ministro de por qué van subiendo los autónomos cuando la actividad está
cerrada. Todo eso se está permitiendo y nos hacen ver que, con este
artículo, están defendiendo a los trabajadores. Pues nada de eso. Esa era
la línea de nuestras enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, la senadora Mar Arnáiz.

La señora ARNÁIZ GARCÍA: Gracias, señor
presidente.

Quiero, en este primer año de pandemia, recordar a
todas las víctimas, expresar mi solidaridad con sus familiares y
reconocer la labor de tantos trabajadores autónomos, empresarios y
empleados públicos que han dado lo mejor de sí mismos para afrontar este
hecho inédito en nuestro país, que implosionó de forma tan trágica en
nuestras vidas, provocando, además de sufrimiento, una crisis económica y
social. Afortunadamente, tenemos ya vacunas y quiero pensar que pronto
vamos a estar mucho mejor.

Durante este largo año transcurrido, es una
realidad que se desplegó un escudo social sin precedentes, y menos mal,
para garantizar rentas, salvar empleos y empresas. Ha sido un año en el
que se ha demostrado cómo los expedientes de regulación temporal de
empleo, los ERTE, han sido un elemento muy eficaz para mantener el empleo
y las empresas vivas. Los ERTE han supuesto grandes dosis de recursos
públicos tanto para el pago de prestaciones por desempleo como para la
exoneración de cuotas a la Seguridad Social, para sobrellevar esta
situación coyuntural y pasajera. Si el Real Decreto Ley 8/2020 fue
importante por la respuesta laboral a la crisis, este proyecto de ley,
que procede del Real Decreto Ley 9/2020, es un complemento del primero y,
por tanto, mantiene su carácter temporal. Así, en este proyecto de ley se
ha tratado de impedir que la fuerza mayor y el resto de las causas
objetivas que daban lugar a los ERTE pudieran justificar despidos, y
menos tras recibir ayudas públicas.

Otra cuestión importante que recoge este proyecto
de ley es la interrupción del cómputo de la duración de los contratos
temporales. Y otra fundamental fue instaurar medidas para que los
trabajadores y las trabajadoras pudieran cobrar pronto, agilizando la
tramitación, el reconocimiento y el abono de las prestaciones por
desempleo. Poco a poco estamos consiguiendo revertir los estragos
provocados por la COVID, pero, sin duda, es necesario reconocer el papel
desarrollado por los agentes sociales, empresarios y sindicatos, que han
hecho posible firmar cuatro grandes acuerdos sociales de defensa del
empleo con el Gobierno. Los acuerdos en el diálogo social han tenido una
gran relevancia política y social, pues han supuesto el compromiso de los
interlocutores sociales y del Gobierno de hacer frente conjuntamente,
mediante el diálogo y la concertación social, a la crisis del coronavirus
y sus tremendos efectos sociales y económicos. Han sido fundamentales
para proteger a la clase trabajadora y al tejido productivo, dándoles
estabilidad en clave de mantenimiento del empleo y evitando despidos a
través de los ERTE. Por eso, nuestro grupo no entiende que las enmiendas
presentadas quieran romper esos consensos, ni tampoco, de verdad,
entiendo la intervención de la portavoz del Grupo de Ciudadanos.

Señorías, hace poco que en esta Cámara conocimos,
por boca del secretario de Estado de Empleo, una comparativa que no
dejaba lugar a dudas de los beneficios que han aportado los ERTE. Este
año pasado, el producto interior bruto bajó un 11 %, pero la afiliación
se redujo tan solo un 1,9 %; se perdieron 360 000 afiliados y la tasa de
paro ascendió hasta el 16,1 %. En 2020, 3 572 000 trabajadores fueron
protegidos con 14 100 millones de euros en prestaciones por desempleo. En
la crisis anterior, el producto interior bruto cayó en seis años una
cantidad inferior, el 8,8 %, pero la afiliación se redujo mucho más,
un 15,7 %; se perdieron 3 342 000 afiliados, y la tasa media de paro
alcanzó el 21,3 %. Con Gobiernos populares, con una caída del producto
interior bruto menor, llegamos a alcanzar el triste récord de 6 250 000
parados; más parados y, además, menos protegidos. Por ello, cuando oímos
a gente decir que qué más da quién gobierne, pues no, porque queda
patente que es muy diferente la forma de afrontar las crisis. El Gobierno
de Pedro Sánchez blindó los empleos a través de los ERTE y agilizó el
pago de las prestaciones por desempleo. Asimismo, también ayudó a las
empresas con la exoneración de cuotas. En definitiva, son unas medidas
progresistas y modernas, en línea con el modelo alemán. En cambio, a
partir del año 2012 se abarató el despido y se rebajaron las cuantías de
las ayudas por desempleo.

El proyecto de ley que hoy nos ocupa ha cumplido y
cumple ahora mismo, porque sigue vigente, un papel trascendental en el
mantenimiento del empleo y de la economía de nuestro país. Por ello, les
pido a sus señorías que actúen con idéntica responsabilidad a como han
venido trabajando empresarios y sindicatos en el diálogo social, que han
sostenido en este tiempo, sin ningún cambio, lo establecido en este
proyecto de ley y les invito a que voten a su favor sin más
dilación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Vamos a pasar a votar las enmiendas en el mismo
orden por las que se han debatido, si les parece adecuado. En la medida
en que no ha habido ninguna propuesta de enmienda de acuerdo, las votamos
tal cual.

Votamos el primer bloque de enmiendas, las
números 1 a 3, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 18; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar el segundo bloque de enmiendas, las
números 4 a 8, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH
Bildu.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 2; en contra, 16; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, también quedan
rechazadas.

Pasamos al último bloque de enmiendas, las
números 9 a 11, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar el texto remitido por el Congreso
de Diputados, en lo no modificado por las enmiendas. Como no hay ninguna
medida aprobada, votamos el texto tal cual.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 17; en contra, 1; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el borrador del
proyecto de ley.

Falta designar un miembro de la Comisión para
exponer el dictamen en el Pleno. (Varios señores senadores: El señor
presidente).

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al Proyecto de Ley por
la que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el
fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha
contra la COVID-19, procedente del Real Decreto Ley 10/2020, de 19 de
marzo.

Se han presentado las enmiendas 1 a 5 por parte del
Grupo Mixto. Por lo tanto, tiene la palabra el señor González-Robatto
Perote.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias, señor
presidente.

En línea con nuestras acciones, lo que buscamos es
mejorar la ley o paliar sus efectos. La enmienda número 1 al punto
tercero del preámbulo es una enmienda de modificación, como pueden ver
ustedes. Al margen del nomen iuris elegido, esta figura se encuadra en la
distribución irregular de la jornada del artículo 34 del Estatuto de los
Trabajadores, aunque impuesta por el Gobierno por razones sobrevenidas a
la condición sanitaria

Al artículo 2, presentamos la enmienda número 2, de
modificación.

Al artículo 3, la recuperación de las horas de
trabajo no prestadas durante el permiso retribuido, presentamos la
enmienda número 3, de modificación, que busca mejorarla. El objetivo es
flexibilizar la forma en la que deben recuperarse las jornadas de trabajo
—tiempo de trabajo— correspondientes al denominado permiso
retribuido recuperable, establecido en el Real Decreto Ley 10/2020, de
cara a permitir a las empresas y a las personas trabajadoras dicha
recuperación de jornadas en términos proporcionados, razonables y
equilibrados.

Respecto al título del artículo, esta figura se
encuadra en la distribución irregular de la jornada del artículo 34 del
Estatuto de los Trabajadores, aunque impuesta por el Gobierno por razones
sobrevenidas de contención sanitaria.

En relación con el apartado 1, la recuperación de
la total actividad de las empresas es incierta y con total seguridad se
producirá de una forma gradual, alcanzando al año 2021. Por este motivo,
entendemos que el plazo previsto en el artículo 3 es excesivamente corto
y en la práctica impediría la recuperación de las horas, motivo por el
cual se propone su extensión hasta el 30 de junio de 2021.

Dado que hay que respetar, como no puede ser de
otra manera, los tiempos de descanso diario y semanal previstos en la
legislación vigente, resulta importante establecer una ampliación de
dicho plazo o periodo para la recuperación de horas, en aras de evitar
que, debido al escaso límite temporal establecido en la norma, muchas de
esas jornadas no puedan recuperarse, en detrimento de la productividad de
las empresas.

En este sentido, cabe señalar que el artículo 34,
apartado 2 in fine del Estatuto de los Trabajadores, establece, respecto
a la recuperación de excesos de jornada por distribución irregular de la
misma, que, en defecto de pacto, las diferencias derivadas de la
distribución irregular de la jornada deberán quedar compensadas en el
plazo de doce meses desde que se produzcan.

En relación con el apartado 2, se adapta el texto
de la norma para salvaguardar el principio que debe inspirarla, en cuanto
han de recuperarse todas las jornadas de trabajo correspondientes a esta
distribución irregular de jornada. De este modo, el periodo de consultas
no debe tener como eje o condición previa la negociación de la
recuperación parcial de las mismas. La norma ha de partir objetivamente
de la recuperación total de las jornadas correspondientes al permiso
retribuido recuperable.

Igualmente, no existe ninguna justificación para la
modificación excepcional de las partes negociadoras con la incorporación
prevista en la norma de los sindicatos representativos y más
representativos para negociar la recuperación de las horas no
trabajadas.

Con el fin de facilitar la recuperación de las
horas correspondientes al denominado permiso retribuido, se incluye la
posibilidad de que solo por vía acuerdo se pueda prever la recuperación
de las horas con cargo a vacaciones anuales devengadas por otra persona
trabajadora y/o con una reducción salarial proporcional a la reducción de
jornada anual equivalente al periodo compensable.

También proponemos la modificación del plazo de
siete a cinco días de preaviso de la empresa a las personas trabajadoras
sobre la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante la
aplicación del presente permiso, en línea con lo establecido en el
artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, para aquellos supuestos
en los que no haya sido posible alcanzar un acuerdo durante el periodo de
consultas.

Y para el artículo 4, la actividad mínima
indispensable, proponemos una enmienda de modificación que, como ustedes
pueden ver, viene a justificar que esta figura se encuadra en la
distribución irregular de la jornada del artículo 34 del Estatuto de los
Trabajadores, aunque impuesta por el Gobierno, por las razones que
decíamos antes de contención sanitaria.

En consonancia con la nota interpretativa para el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para el sector industrial
sobre la aplicación del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el
que se regula un permiso retribuido y recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, se
añade la previsión de que estos casos de actividad industrial no tengan
esta referencia relativa a la actividad en fin de semana o en festivos.
Se tendrá en cuenta el periodo de más baja producción.

Y a la disposición adicional quinta, personal de
empresas adjudicatarias de contratos del sector público, tenemos una
enmienda de modificación —es la última— para la adecuación de
la terminología a la situación jurídica que se pretende regular. La
naturaleza jurídica de esta figura es la de una obligatoria distribución
irregular de la jornada como consecuencia de la situación excepcional en
la que nos encontramos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Para el turno en contra, tiene la palabra la
senadora, del Grupo Parlamentario Socialista, Aldea Gómez.

La señora ALDEA GÓMEZ: Gracias, presidente.

Señor González-Robatto, le agradecemos la
presentación de sus enmiendas, pero le anuncio que no vamos a apoyar
ninguna, entre otras cosas porque pensamos que hoy es algo totalmente
extemporáneo. Estamos hablando de una norma que tiene origen en una
disposición extraordinaria para un período determinado y con un alcance
también limitado.

Hablamos de un proyecto de ley que no ha supuesto
conflicto alguno en el ámbito laboral, donde todos los acuerdos se han
llevado a cabo conforme a la negociación colectiva y los correspondientes
convenios laborales. Así es como alcanzaron los acuerdos, y si allí no ha
supuesto ningún problema, creo que aquí no tiene lugar que lo
creemos.

En varias enmiendas piden ustedes la modificación
del nombre de la norma. Creo que esto, a día de hoy, no es de interés. Lo
presentan en la enmienda 1, 2, 4 y 5.

En cuanto a la inclusión de una referencia
específica a la actividad industrial, tampoco se considera necesario.
Aparte, nos hablan de una ampliación de plazo, algo que no procede,
porque excede el límite previsto en la ley. La recuperación de las horas,
como bien sabe, ya se debe haber realizado a 31 de diciembre. Sería
también un agravio comparativo con todos aquellos que han sido buenos
cumplidores, que se han esforzado en cumplir en tiempo y forma.

Solicitan, además, añadir un párrafo que ya va
implícito en el primero. Tampoco procede recuperar las comisiones ad hoc,
porque en el artículo 23 del Real Decreto 8/2020 se contempla retomar el
papel de las organizaciones sindicales legitimadas.

Las modificaciones del apartado 3, tampoco aportan
nada nuevo al texto. Y creo que hoy tampoco procede hablar de acortar el
plazo de preaviso. Todo esto —ya lo decía anteriormente— ya
está fuera de tiempo. Por eso, a día de hoy, no entendemos que sigan
manteniendo estas enmiendas.

En el apartado cuarto pretenden coartar la libertad
y la flexibilidad de las partes para acordar lo que mejor les convenga.
Yo creo que se ha trabajado y se ha peleado durante mucho tiempo para que
ustedes pretendan venir ahora a coartar y recortar los derechos y
libertades de los trabajadores.

Por nuestra parte, nada más. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

Pasamos al turno de portavoces, por tiempo de cinco
minutos.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor González-Robatto Perote.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Señora senadora
socialista, los únicos que aquí han recortado libertades y libertad de
trabajo han sido ustedes, y a los números me remito. Son más de 100 000
las empresas que han quebrado, más de 100 000 las empresas que han
desaparecido. Evidentemente, es la pandemia, pero ustedes estaban a la
cabeza y son los peores de Europa. Tienen ese premio.

Estas medidas vienen a paliar los efectos por lo
que no están haciendo ustedes, que no dan un solo euro a la hostelería
mientras rescatan aerolíneas, que ni siquiera vuelan en España, con los
recursos de todos los ciudadanos. Están dejando a todos los trabajadores
completamente desatendidos y desprotegidos, y son quienes sostienen su
sueldo, el mío y el de todos los políticos. Ustedes les están
abandonando.

Eso que dice de que ustedes están protegiendo a los
trabajadores, hágaselo mirar y, sobre todo, compárese con sus vecinos,
porque lo tenemos muy fácil. Podemos ver que los vecinos lo están
haciendo bien, están dando ayudas a la hostelería, están dando ayudas a
los autónomos y están dando ayudas a los trabajadores. Los ERTE a los
únicos que salvan es a ustedes. No salvan a las empresas; les salvan a
ustedes porque es mucho más barato un ERTE que un ERE. De verdad,
háganselo mirar cuando dicen que ayudan a los trabajadores.

Y las que críticas que hacen a Andalucía
extiéndanlas a toda España, que su Gobierno está haciendo las cosas
muchísimo peor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El Grupo Parlamentario Nacionalista está ausente.
Pasamos al Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.

Tiene la palabra la senadora Vilà Galán.

La señora VILÀ GALÁN: Muchísimas gracias,
presidente.

Yo había entendido que el debate de ambos proyectos
de ley se hacía de forma conjunta. Por eso, en mi intervención en el
debate del anterior proyecto de ley junté ambos temas, así que dejo estos
minutos para otros compañeros.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Pasamos al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la
palabra la senadora Santiago Camacho.

La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias,
presidente.

El permiso retribuido se aprobó cuando ya no estaba
en efecto. Y hoy nos vemos aquí debatiendo un proyecto de ley que deriva
de ese real decreto ley que ya ni siquiera está en vigor, puesto que
tenía efecto solo hasta el 31 de diciembre de 2020.

Desde nuestro punto de vista, las mejoras al texto
propuestas por los grupos dejan de tener sentido, porque el plazo para
recuperar las horas de trabajo finalizó el día 31 de diciembre, y el
decreto ha dejado de tener vigencia por extemporáneo.

En Ciudadanos, desde luego, vamos a mantener la
misma postura que cuando fue tramitado el proyecto de ley en el Congreso.
Votaremos a favor porque no queremos introducir ninguna inseguridad
jurídica en el momento tan delicado que atravesamos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la señora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.

Intervengo brevemente para decir que votaremos
favorablemente a este proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH
Bildu, tiene la palabra la senadora Bideguren Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Gracias,
presidente.

Este es un proyecto de ley de permiso retribuido
recuperable, que proviene del Real Decreto Ley 10/2020, que reconocemos
que fue una medida necesaria, pero estamos regulando en este momento un
aspecto caduco. Resulta totalmente extemporáneo el debate, como bien se
ha dicho en esta Cámara, por corresponder a una situación que se dio hace
literalmente un año, entre marzo y abril de 2020.

Cuando esto se convalidó en el Congreso, se
solicitó tramitarlo como proyecto de ley porque, pese a comprender la
situación de necesidad que requería la adopción de medidas
extraordinarias, se consideró que se podía mejorar el texto. Teníamos
propuestas para garantizar los derechos de los trabajadores frente a una
obligación que podía resultar arbitraria. Pero se ha dejado pasar el
tiempo, ha finalizado el tiempo de aplicación de la iniciativa y se ha
impedido el debate en el Senado, una vez más. Además de ser una falta de
respeto al parlamentarismo, no tiene ningún sentido en este momento este
debate y, por tanto, nos vamos a abstener.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Sanz Jerónimo.

La señora SANZ JERÓNIMO: Muchas gracias, señor
presidente.

Visto lo visto y teniendo en cuenta todo lo
expresado ya en esta comisión, está claro que es un real decreto que ha
caducado, que ha sido finiquitado en su totalidad. Y ya que un real
decreto tiene fuerza de ley, no entendemos en el Grupo Parlamentario
Popular por qué hay que aprobar ahora una ley. No tiene ningún sentido,
puede llevar incluso a crear dudas e inseguridad jurídica para
cualquiera. Es algo totalmente extemporáneo, como se ha dicho aquí ahora
mismo, ya que el decreto tiene cumplidos todos los plazos, tiene
cumplidos todos los trámites y, teniendo en cuenta que tiene la misma
fuerza que una ley, crear una ley ex novo puede traer más problemas, más
incertidumbres y no tiene sentido legal ni legislativo. Esta es la
realidad. No tiene ningún sentido, salvo distraernos de cometidos más
importantes en esta Cámara.

Ya retiramos todas nuestras enmiendas en el
Congreso de los Diputados porque, desde que se planteó esta ley, que fue
en el mes de septiembre del pasado año, hasta que llegó allí a la
ponencia, que fue en febrero, había caducado absolutamente todo el vigor.
Por lo tanto, por los argumentos que he expuesto con anterioridad, eran
totalmente extemporáneos y lo serían aquí mucho más, por lo que aquí no
hemos llegado ni siquiera a presentar esas enmiendas que en su momento
mejoraban notablemente el texto.

Quiero insistir en que, por lo expuesto, no tiene
ningún sentido traer esto aquí. Además, estamos creando una ley ex novo
cuando ya se han cumplido todos los requisitos de una ley en vigor. En
todo caso, yo creo que la ministra Yolanda Díaz tendría que haber
comparecido en esta comisión. No ha venido a ningún tema trascendental.
Se ve que no le interesa. Entendemos que ahora mismo está más ocupada y
preocupada de su proyección política que de su ministerio y de los
grandes problemas que suscitan su ministerio y sus políticas a toda
nuestra sociedad.

Por lo tanto, lo vemos totalmente absurdo, y más
teniendo en cuenta lo que todos sabemos, que nos encontramos en un
momento de especial vulnerabilidad, ya que a la crisis sanitaria hay que
sumarle también la crisis económica que estamos viviendo, precisamente
por estas políticas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador González Márquez.

El señor GONZÁLEZ MÁRQUEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Intentaré no ser reiterativo, pero sí me gustaría
trasladar algunas ideas, incluso reflexiones sobre el presente proyecto
de ley que regula el permiso retribuido para las personas trabajadoras
por la paralización de toda actividad no esencial.

En primer lugar, no podemos olvidar que es una
norma laboral, sí, pero que está muy conectada con la situación
sanitaria. Y, lógicamente, la realidad de esta norma es que se estableció
con un alcance limitado y de tipo extraordinario en la lucha por reducir
al máximo el contacto para evitar la propagación del virus. Con lo cual,
este es un elemento que incardina todas las realidades de esta
norma.

Déjenme decirles que entendemos que fue una buena
medida desde el punto de vista sanitario, porque yo creo que todos
coincidiremos en que la paralización de la actividad no esencial ayudó a
parar la propagación del virus, pero incluso desde el punto de vista
laboral, que incumbe más a esta comisión, entendemos que ha sido una
buena norma y también lo queremos destacar. Y decimos que ha sido una
buena norma porque una actuación tan excepcional como parar la actividad
para ayudar a la actuación sanitaria se ha cumplido razonablemente. Y se
ha cumplido razonablemente tanto ese hecho de parar la actividad como la
recuperación de las horas posteriores que había que hacer derivadas de
ese permiso retribuido.

Y me gustaría hacer una reflexión en este punto
acerca del hecho de que se haya cumplido razonablemente, y es qué
importante es el diálogo social y qué importante es la negociación entre
la representación de los trabajadores y la representación de la empresa.
Y lo digo porque si algo destaca en este decreto —y además
entendemos que es un acierto— es que la presente norma
instrumentalizó como medio para la recuperación de las horas retribuidas
el diálogo social. Y si lo analizamos, en la norma no había más allá de
una fecha final para recuperar las horas. No había imposiciones de cómo
hacerlo ni de cuándo hacerlo ni medidas coercitivas de cómo hacer esa
recuperación de las horas. Por el contrario, se mandata que sean las
propias partes implicadas, las personas trabajadoras y las empresas, las
conocedoras de la realidad de la empresa, las que pacten cuándo, cómo y
de qué manera se recuperan las horas.

He dicho antes que, efectivamente, ha sido una
buena norma, que no ha dado grandes problemas, y entendemos que gran
parte de ese éxito de que las medidas del decreto se hayan cumplido
razonablemente bien está en utilizar el diálogo social como recurso para
la recuperación de las horas. Y por eso digo que me permitan reivindicar
incluso el importante papel que tiene el diálogo social en el marco de la
empresa, que, además —y con esto quiero terminar la
reflexión—, creo que incluso nos marcan el camino. Me atrevo
incluso a sugerir que debemos promover más si cabe este instrumento de la
negociación colectiva. Debemos primarlo, incorporarlo en el marco de los
convenios colectivos, sectoriales y provinciales, como forma de
resolución de las cuestiones fundamentales de la empresa.

Es cierto que ya en muchas cuestiones, como la
seguridad y salud laboral, se utiliza este diálogo social, pero
entendemos que debemos profundizar en este recurso del diálogo social,
porque las decisiones compartidas, las decisiones consensuadas siempre
serán mejores que las decisiones unilaterales en la empresa. Sé que a
muchas de las señorías de la derecha esto del diálogo social, del
acuerdo, del pacto les chirría, pero es verdad que en una sociedad
igualitaria, en unas relaciones laborales modernas, esta premisa de la
negociación, del diálogo social debe ser el instrumento principal y la
base principal de las decisiones de la empresa.

Y finalmente, tras esta reflexión y estas tres
ideas que quería manifestar, permítanme que reclame y reivindique el
importante papel del Gobierno en otras formas de abordar la crisis. Al
final hay dos maneras de abordar las crisis: estar al lado de la empresa,
estar al lado de los trabajadores, estar al lado de eso que llamamos el
diálogo social, o abandonarles a su suerte, como han hecho otros partidos
en crisis anteriores. Este Gobierno siempre va a estar al lado de los
trabajadores, al lado de la negociación colectiva y poniendo como pilar
fundamental la negociación colectiva, porque al final evidenciamos que es
el instrumento y el pilar que siempre va a conseguir llegar al consenso y
a un mejor resultado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.

Pasamos a votar las enmiendas presentadas, 1
a 5.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 27.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Como no ha habido ninguna propuesta de acuerdo ni
enmiendas presentadas por escrito, pasamos a votación el texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo no modificado por las enmiendas, y
en este caso no hay ninguna enmienda aprobada.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 15; en contra, 11; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Corresponde ahora nombrar a un miembro de la
comisión para presentar el dictamen ante el Pleno del Senado. (Varios
señores senadores: El señor presidente).

Muchas gracias.

Se levanta la sesión. Agradezco la colaboración
prestada durante toda la jornada de hoy.

Eran las catorce horas y veinticinco minutos.