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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 62, de 17/11/2020
cve: DSCD-14-PL-62
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 62
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 59
celebrada el martes,
17 de noviembre de 2020
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
Modificación del orden del día ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular:
- Proposición de ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios
de las personas beneficiarias (corresponde a los números de expediente 120/000031 de la X Legislatura, 120/000001 de la XI Legislatura, 120/000001 de la XII Legislatura y 120/000001 de la XIII Legislatura). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
B, número 3-1, de 20 de diciembre de 2019. (Número de expediente 120/000001) ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 106-1, de 7 de septiembre de 2020. (Número de expediente
122/000077) ... (Página17)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la aplicación y desarrollo del artículo 3 de la Constitución española mediante la adopción de las medidas necesarias para asegurar el deber de conocer el castellano, del derecho a usarlo y de su
aplicación a las personas físicas, jurídicas y a todas las administraciones e instituciones públicas del Reino de España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 33, de 14 de febrero de 2020. (Número de expediente 162/000098) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre creación de una Autoridad Independiente para la Recuperación Económica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 161, de 16 de octubre de 2020. (Número de expediente
162/000405) ... (Página41)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la pandemia de COVID-19 en España y minimizar sus efectos. (Número de expediente 173/000039) ... (Página49)
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. (Votación) ... (Página59)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página59)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
La señora doña Mercedes Jara Moreno adquiere la condición plena de diputada al prestar acatamiento a la Constitución.
Modificación del orden del día ... (Página5)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara las siguientes modificaciones del orden del día:
Que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la Ministra de Trabajo y Economía Social sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el derecho a la conciliación del trabajo y la familia, especialmente
ante las dificultades excepcionales generadas por la emergencia sanitaria de la COVID-19, sea debatida antes que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en el ámbito de la libertad de
expresión en España.
Que el punto correspondiente al dictamen del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, pase a debatirse como primer punto de la sesión del jueves.
Y que en el apartado correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes, se debata en primer lugar el Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer
Sector de Acción Social de ámbito estatal y, en segundo lugar, el Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural.
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular ... (Página5)
Proposición de ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de
las personas beneficiarias (corresponde a los números de expediente 120/000031/0000 de la X Legislatura, 120/000001/0000 de la XI Legislatura, 120/000001/0000 de la XII Legislatura y 120/000001/0000 de la XIII Legislatura) ...
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; las señoras Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano; Saavedra Muñoz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia
en Común; De Meer Méndez, del Grupo Parlamentario VOX, y García Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y el señor Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página17)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales ... (Página17)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Gamarra Ruiz-Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno en contra interviene el señor Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX.
Replica la señora Gamarra Ruiz-Clavijo y duplica el señor Sánchez García.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Telechea i
Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Santiago Romero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y la señora Prieto Nieto, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página30)
Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la aplicación y desarrollo del artículo 3 de la Constitución española mediante la adopción de las medidas necesarias para asegurar el deber de conocer el castellano, del derecho a usarlo y de su
aplicación a las personas físicas, jurídicas y a todas las Administraciones e instituciones públicas del Reino de España ... (Página30)
Defiende la proposición no de ley el señor Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores García Adanero y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu,
y Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Espejo-Saavedra Conesa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Baldoví Roda, y la señora Borràs Castanyer, del Grupo Parlamentario Plural; el
señor Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y el señor Gutiérrez Prieto, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre creación de una Autoridad Independiente para la Recuperación Económica ... (Página41)
Defiende la proposición no de ley el señor Castellón Rubio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos;
los señores Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural, y Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Muñoz Dalda, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Manso
Olivar, del Grupo Parlamentario VOX, y Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página49)
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la pandemia de COVID-19 en España y minimizar sus efectos ... (Página49)
Defiende la moción el señor Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, y Steegmann Olmedillas, del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y Andrés Añón, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano, y la señora
Medel Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Díaz Gómez.
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. (Votación) ... (Página59)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de
participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias (corresponde a los números de expediente 120/000031/0000 de la X Legislatura, 120/000001/0000 de la XI Legislatura, 120/000001/0000 de la XII Legislatura y
120/000001/0000 de la XIII Legislatura), se aprueba por 105 votos a favor más 237 votos telemáticos, 342; y 6 votos telemáticos en contra.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página59)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales, se rechaza por 33 votos a favor más 65
votos telemáticos, 98; 72 en contra más 177 votos telemáticos, 249; y 1 abstención con voto telemático.
Se suspende la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.
En sustitución de don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, pregunto a doña Mercedes Jara Moreno si jura o promete acatar la Constitución.
La señora JARA MORENO: Por España, yo juro.
La señora PRESIDENTA: Doña Mercedes Jara Moreno ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena. (Aplausos.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara las siguientes modificaciones del orden del día: en la
parte correspondiente a las interpelaciones, que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que figura en el orden del día como punto 24, sea debatida antes que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, que figura como
punto 23 del orden del día. En segundo lugar, que el punto 29, correspondiente al dictamen del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, pase a debatirse como primer punto de la sesión del
jueves. Y finalmente, la permuta en el orden de debate de la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes que figuran en el orden del día, de forma que el correspondiente al punto 27 sea debatido en primer lugar.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, quedan aprobadas las modificaciones del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR:
- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN EN EL COSTE DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS
DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS (CORRESPONDE A LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE 120/000031/0000 DE LA X LEGISLATURA, 120/000001/0000 DE LA XI LEGISLATURA, 120/000001/0000 DE LA XII LEGISLATURA Y 120/000001/0000 DE LA XIII LEGISLATURA). (Número de expediente
120/000001).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el punto relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular y, en concreto, de la proposición de ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las
personas beneficiarias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus. (Pausa). No se encuentra en el hemiciclo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra señor Barandiarán Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora presidenta.
Vaya en primer lugar mi saludo y consideración hacia los proponentes de la iniciativa, porque no es fácil llevar adelante una iniciativa como esta, menos aún llevarla en la X, XI, XII, XIII y ahora XIV Legislatura, porque, a pesar de que se
tomó en consideración una vez, no llegó a concluir su debate.
Esta proposición de ley pretende modificar los artículos 14 y 33 de la Ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia en una cuestión concreta, que es la relativa a la participación de los
usuarios en el coste de las prestaciones y servicios, al copago. Y lo hace en orden, según su memoria, a señalar en sede legal unos criterios más claros y justos en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las
prestaciones de autonomía personal y atención a la dependencia por parte de las personas beneficiarias. Además, también contempla el desarrollo reglamentario de las medidas por el Gobierno y sustenta dicha posibilidad en la competencia exclusiva
para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, tal y como reza a dicho efecto el título competencial del 149.1.1.ª de la
Constitución española.
Con independencia de la opinión que nos pueda merecer su contenido -con el que, por otra parte, luego explicaré que vamos a coincidir en buena parte-, resulta preciso destacar -como ya dijimos con ocasión de la aprobación de la Ley 31/2006,
precisamente de atención a la dependencia, y como repetimos también en la toma en consideración de la misma iniciativa, de la misma proposición legal en la XII Legislatura- que dicha regulación supone, a nuestro juicio, un nuevo episodio de invasión
competencial que atenta contra la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de asistencia social y, en concreto, contra el 10.12 del Estatuto de Gernika, agravada además en este caso con la atribución al Gobierno de
capacidad reglamentaria para su pormenorización. La justificación que se repite, tanto entonces como ahora, es una incorrecta y extensiva manipulación del principio de igualdad, como si se tratara de un título atributivo de competencias a favor del
Estado y, en consecuencia, erosionando una competencia exclusiva autonómica del 148 de la Constitución y vaciándola de contenido de forma absoluta. Solo por poner como ejemplo mi propia sede, el País Vasco, en la Comunidad Autónoma de Euskadi es la
Ley 12/2008, de Servicios Sociales, junto con el Decreto 185/2015, la que, en primer lugar, define el acceso a las prestaciones y servicios del catálogo de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales como un derecho universal y
subjetivo; la que, en segundo lugar, precisa una cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, y la que, en tercer lugar, integra dicha cartera con las previstas en la ley estatal y atribuye su ejecución tanto al
Gobierno vasco como a las diputaciones forales o a los ayuntamientos, que son quienes por su parte tienen atribuida la competencia para regular los requisitos técnicos y económicos de cada prestación.
Por tanto, con esto lo que les quiero explicar es que es nuestra normativa interna la que regula esos aspectos en los que se viene a inmiscuir aquella ley y esta proposición, con lo cual entendemos que lo que se pretende es una nueva
intromisión. Ello a pesar de que, por su parte -y dicho sea también con reconocimiento a los proponentes de esta cuestión-, las medidas concretas sobre las que se pretende sustentar pudieran ser incluso no solo aceptables sino que están
reconocidas. Es más, podríamos coincidir con ellas y, de hecho, están aplicándose en parte también en Euskadi. Las medidas concretas son las del artículo 14, que incluyen diferentes factores para determinar la capacidad económica de quienes pueden
contribuir al sostenimiento de la prestación, y la del artículo 33, para introducir diferentes garantías en el esfuerzo económico de las personas beneficiarias del sistema. Repito, no son cuestiones baladíes ni nos resultan ajenas e incluso
podríamos participar de ellas, pero debemos discrepar, porque, como comenta la propia exposición de motivos, se incide en una nueva cuestión que supone también una nueva invasión competencial, que es la atribución al Gobierno del Estado de las
competencias para su desarrollo reglamentario. Lo que, a la vista de la descripción que acabo de efectuar, supone una nueva injerencia, en este caso materialmente, en las competencias de las diputaciones forales y supone un choque agravado que
limita las competencias de las entidades forales en la ejecución de las políticas sociales.
Ya entonces, en el año 2017, y también en el año 2016, dijimos y reiteramos que esta iniciativa -dicho sea con todo respeto- comete el mismo error de disfrazar como regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos
los españoles lo que no es sino injerencia en aspectos de gestión de
una materia exclusivamente autonómica, según el artículo 148 de la Constitución. Lo dijimos en su día y lo reiteramos hoy: no es lícito invocar como título competencial un valor superior del ordenamiento jurídico como es el principio de
igualdad como si fuera un título atributivo de competencias ni utilizar sus términos para justificar una atribución impropia de competencias. Se está intentando cobijar en un falso paraguas de aspectos básicos lo que no dejan de ser ámbitos
concretos de gestión del título material de servicios sociales, que perfectamente pueden ser diseñados por el legislador autonómico y que, de hecho -como les he comentado antes-, lo son en Euskadi y posiblemente en otros sitios también.
Por todo ello, y aun participando de alguna manera no solo de la filosofía, sino incluso de su contenido, no nos cabe otra solución que votar en contra de su toma en consideración. No obstante, si fuera adelante, también participaríamos con
las enmiendas correspondientes para intentar corregir esta deficiencia competencial que ya es excesivamente repetida por centralizadora en este ámbito concreto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-La señora Aizpurua Arzallus pide la palabra).
Señora Aizpurua, se le pasó el turno, pero teniendo en cuenta que no hemos dado muchos turnos de palabra, le doy la oportunidad para que, en nombre de Euskal Herria Bildu, la tome en estos momentos. Señora Aizpurua Arzallus, tiene la
palabra.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Arratsalde on y doblemente gracias, señora presidenta, y pido disculpas al resto de diputados.
Estamos ante una proposición diríamos que veterana. Viene promovida desde 2015 para modificar la Ley de promoción de la autonomía personal y dependencia en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas
beneficiarias. Esta iniciativa legislativa popular recabó en 2015 el apoyo de casi 740 000 personas, convirtiéndose en la primera ILP de carácter social en superar la barrera de las 500 000 firmas, el mínimo legal exigido. Solo por ello merece ser
tomada en consideración y ser tramitada, pero también merece, por responsabilidad política y social, que en su tramitación sea mejorada.
En esta larga historia recurrente en las cuestiones que afectan a las personas dependientes y también a las personas con discapacidad, esta es una muestra más de la situación de frustración que viven estos colectivos, acrecentada sobre todo
por la inacción de la Administración en todo lo que afecta -o en mucho, para ser más exactos- a la discapacidad y la dependencia, uno de los caballos de batalla que parece que no tengan solución. Baste señalar que, en lo que respecta a esta
iniciativa legislativa popular, su trámite ha arrancado y decaído en las últimas cuatro legislaturas. Esperemos que esta sea la definitiva y esperemos también que sirva no solo para solucionar la cuestión que se contempla sobre el copago, sino para
llamar la atención con respecto al olvido permanente en que está sumido este sector de la población. Está claro que el copago es un elemento negativo, un elemento injusto, puesto que quienes no pueden hacer frente a los costes se ven expulsados de
ese derecho. Esta ILP supone introducir límites al copago, cosa en la que estamos de acuerdo.
Ahora bien, hay varias cuestiones más. En la Comunidad Autónoma Vasca y también en Navarra tenemos la competencia exclusiva para regular la aportación de las personas usuarias, una competencia que el Gobierno vasco lleva más de una década
sin utilizar. Nuestro objetivo es la gratuidad de las prestaciones y servicios del Sistema de Servicios Sociales en condición análoga al sistema sanitario. En este sentido, todas las medidas encaminadas a este fin contarán con nuestro apoyo. No
son meras palabras para quedar bien, de hecho, en la Diputación Foral de Guipúzcoa ya tenemos experiencia al respecto, puesto que en la legislatura de 2011 a 2015, gobernada por Bildu, redujimos el copago, reforma que posteriormente -y
lamentablemente- quedó sin efecto al cambiar el Gobierno. Por eso, la vía escogida en esta iniciativa no es, en nuestra opinión, la más adecuada pero en el trámite de la ley presentaremos nuestras propuestas en este sentido.
La iniciativa contempla la necesidad de tomar en cuenta la variable de si la situación de dependencia ha sido adquirida o es de nacimiento, porque, en este último caso, la persona en situación de dependencia no ha podido tener ingresos
propios y afrontará los gastos durante muchos años más. Estamos de acuerdo en esto, porque la edad en la que se produce la situación de dependencia se tiene que tomar en cuenta a la hora de determinar la renta disponible de las personas. Porque
nadie negará que a una niña o a un niño con discapacidad la vida se le pone cuesta arriba desde el principio. Por ello, también porque no todo el
mundo arranca desde el mismo punto de partida, la desigualdad también se ceba en las personas con discapacidad, aunque para todas ellas la discapacidad supone un agravio económico que origina un sobrecoste en la vida. Es una línea continua
y, a la vez, es un círculo tortuoso. La situación de discapacidad lleva a disponer de menos oportunidades formativas, por lo tanto, de menor cualificación profesional y, por lo tanto, de menor acceso al empleo en relación con el resto de la
ciudadanía. Y a ello se suma, además, que las prestaciones, los servicios, cuando los hay, los productos que tienen que adquirir les cuesten más por razón de su discapacidad.
Naturalmente, daremos luz verde a la tramitación de la modificación. Esperamos que a lo largo del debate podamos recabar más información respecto al alcance de todos los sectores que deben ser tenidos en cuenta; que se diluciden en la
buena dirección las alternativas a la cuestión de copago -que, repito, a nuestro juicio, deben caminar hacia la gratuidad del sistema de salud-, más aún cuando el copago es un castigo añadido a la dependencia y a la discapacidad. Creemos que las
propuestas que se hacen deben ser estudiadas a fondo, de la misma forma que consideramos que la dependencia es una cuestión a abordar en su integridad más que en lo que se refiere únicamente a los dos artículos que se citan, el 14 y el 33.
La asistencia personal es un tema que también hay que abordar y que es susceptible de mucha mejora. Habrá que valorar, entre otras cosas, lo que incluye la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia, que se articulen los mecanismos necesarios para que, en primer lugar, sean los propios dependientes los que puedan contratar directamente a sus asistentes personales o cuidadores. Hay modelos en los que inspirarse, modelos de gestión
de otros países europeos que funcionan satisfactoriamente, modelos de gestión que además contribuyen a que sean ellos, los dependientes, quienes asuman el protagonismo de sus vidas y que algunas organizaciones del sector ya están reclamando. Esta
iniciativa legislativa popular abre el camino para abordar muchos aspectos de la dependencia que son susceptibles de mejora. Así lo haremos y empujaremos para que esta ley se mejore y se respeten los derechos que deben de asistir a estos
colectivos.
Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aizpurúa. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, en España hay 1,3 millones de personas dependientes, muchas de ellas son personas que se encuentran en esta situación de dependencia por circunstancias asociadas a una discapacidad. No obstante, no hay que caer en generalizaciones
porque, como saben, todas las personas dependientes tienen una discapacidad pero sobra decir que no todas las personas con discapacidad son personas dependientes, como nos demuestran miles y miles de personas que se esfuerzan día a día por labrar su
propia vida autónoma y contribuyen a hacer una sociedad mucho más inclusiva. En la vida de las personas con dependencia se debe reconocer el avance que supuso la Ley de Dependencia del año 2006, supuso un verdadero hito en la historia de las
políticas sociales de nuestro país, un marco común de protección y derechos para todas las personas. Ahora bien, señorías, tenemos que ser consecuentes, tenemos que evaluar la efectividad de la legislación que se ha puesto en marcha. Y, teniendo
en cuenta la situación actual, vemos cómo los avances conseguidos distan mucho de los objetivos que marcó dicha ley. Ha faltado voluntad política para corregir las carencias del actual modelo, excesivamente burocratizado; ha faltado también
voluntad para contribuir financieramente a lo que establecía la propia ley, para que hubiese una contribución equilibrada por parte de la Administración General del Estado con la de las comunidades autónomas; han sobrado excusas para recortar la
financiación del sistema, como dan buena cuenta los recortes que se produjeron durante el Gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular con Mariano Rajoy desde el año 2012. Todo ello ha contribuido a generar los problemas que actualmente se
evidencian en el sistema de atención a la dependencia en nuestro país.
Aproximémonos un poco a los datos de la actualidad. Cerca de 235 000 personas están en situación de dependencia y no reciben ninguna prestación, pese a tener ese derecho reconocido. Señorías, en 2020 han fallecido 30 000 sin haber llegado
nunca a cobrar la prestación a la que tenían derecho, 30 000 personas. Esto es sin duda la imagen más ilustrativa del fracaso para hacer realidad los derechos reconocidos en esta ley después de una década de lucha y reivindicación por parte de las
personas con dependencia, sus familias y de la sociedad civil, de la que el Cermi, que promueve esta iniciativa, es uno de los principales representantes. Porque esta iniciativa pone el acento en un aspecto esencial que, cuando hablamos de la
falta de recursos, en muchas ocasiones pasa desapercibido, un aspecto que a lo mejor no es muy visible, pero es que no solo se redujo sensiblemente la financiación, es que además aumentó muchísimo el copago de los usuarios, que en la
actualidad supone en torno al 22 % de la financiación del sistema.
El copago resulta especialmente gravoso para las personas dependientes con menos recursos, que aportan casi toda su pensión o ingresos a esta aportación. Tenemos que ser conscientes de que el copago de una residencia supone entre el 60? %
y el 95 % de la renta de muchas personas. Por lo tanto, ¿cuánto dinero les queda a estas personas para sus necesidades personales? ¿Cuánto dinero les queda a estas personas para aquellos servicios que no entran dentro de la propia prestación, como
peluquerías, gafas, dentistas, etcétera? Es que, además, el diseño, tal y como está establecido, hace que algunos tramos se vuelvan completamente regresivos. Lo que provocan al final es que aquel que menos tiene sea el que más está aportando.
Por lo tanto, son evidentes los errores que hay que corregir. Por ello tenemos en cuenta la iniciativa legislativa popular que promueve el Cermi y que hoy nos presenta, que contempla algunas reformas de mucho calado que buscan conseguir que
esta participación de los usuarios en el coste de las prestaciones del Sistema de atención a la dependencia sea más justo. Buscan, por un lado, afinar la fórmula de determinación de los copagos para que se tenga en cuenta tanto la edad como -esto
es vital- la mayor o menor prolongación de la situación de dependencia. A fin de cuentas, señorías, no es lo mismo una dependencia asociada a una discapacidad congénita, que puede obligar a una persona a ser beneficiario de prestaciones durante
toda la vida, que una dependencia derivada de una discapacidad adquirida o simplemente de una edad avanzada.
En la misma propuesta nos establecen cómo se quiere limitar el propio copago en relación con el coste del servicio, que actualmente es del 90 %, o incrementar el mínimo exento del copago. Ahora es un 19 % del Iprem, llega más o menos a 110
euros al mes, señorías. También se plantea aumentar el umbral de exención para garantizar de verdad que nadie se quede fuera del sistema por falta de recursos económicos, cuestiones todas ellas cuya finalidad ya les adelanto que compartimos. Por
eso, votaremos a favor de esta iniciativa promovida por el Cermi y otras entidades del movimiento de defensa de la discapacidad y la dependencia para que sea tramitada y debatida en esta Cámara, porque miles y miles de personas dependientes no
pueden esperar más, como demuestran lamentablemente las más de 20 000 vidas que, según las estadísticas oficiales, hemos perdido solo en estos últimos cinco meses.
La vida puede cambiar de un día para otro, señorías, y actualmente lo tenemos de una manera muy evidente, pero incluso puede acabarse en cualquier momento, en el momento más inesperado. Por tanto, creemos que no debemos olvidar estas
situaciones.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señora presidenta.
La aprobación en el año 2006 de la Ley de dependencia generó expectativas esperanzadoras en relación con la posibilidad de articular medidas de protección social eficaces para atender las necesidades de sectores vulnerables de nuestra
sociedad. Sin embargo, en su aplicación práctica, esta ley careció siempre del impulso necesario por parte de la Administración del Estado para que pudiese cumplir íntegramente sus objetivos, empezando por una financiación inadecuada, que, junto a
una burocracia excesiva que ralentizó la aprobación de las solicitudes, provocó que muchas personas tardasen demasiado en ver cubiertas sus necesidades. Tanto, que una parte de ellas no llegó a tiempo de verlas cumplidas.
El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia fue víctima, como muchos otros programas de carácter social público, de las políticas de recortes ejecutadas a lo largo de los últimos diez años, especialmente durante los Gobiernos del
Partido Popular, en que se destinaron ingentes cantidades de dinero -miles de millones- a rescatar a los bancos, mientras que de forma cicatera se negaban esos recursos para rescatar a las personas. En esa línea, la regulación del copago fue un
factor de generación de injusticias y de falta de equidad. Por eso, nos parece absolutamente necesario legislar para garantizar que la falta de recursos económicos no sea un impedimento para gozar de las medidas de protección previstas en la ley.
El BNG está de acuerdo con el contenido de esta proposición de ley, a pesar de discordar de su sesgo centralizador, que esperamos que se corrija. Al mismo tiempo, continuaremos trabajando para que se fortalezcan los mecanismos de protección
social y, especialmente, para que se refuerce la financiación
por parte del Estado para la Ley de dependencia hasta alcanzar el 50 % establecido legalmente y que marcamos como objetivo en el acuerdo de investidura para garantizar la calidad de vida y el bienestar...
La señora PRESIDENTA: Señor Rego, se le ha terminado el tiempo.
El señor REGO CANDAMIL: ... de todas las personas en situación de dependencia.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenas tardes.
En primer lugar, quiero expresar el reconocimiento de mi grupo al Cermi. Es evidente que una iniciativa legislativa popular en estos tiempos y sobre esta materia no es fácil que alcance más de 700 000 firmas. No es fácil hacer esta colecta
de firmas y quiero añadir que tampoco es justo que dicha colecta vaya pasando de legislatura en legislatura. Hoy tenemos el deber y el reto de abordar este debate, un debate que sin lugar a dudas, por el apoyo social que manifiestan todas estas
firmas, está pendiente y es del todo necesario. Por tanto, nuestro reconocimiento a esta tarea nada fácil y al bloqueo de este debate de legislatura en legislatura.
Por otra parte, afrontar el debate sobre el copago significa afrontar a la vez el debate sobre la financiación de la dependencia. En otras ocasiones nos han escuchado plantear que 2013 la Generalitat de Catalunya está aportando más del 75 %
de la financiación de la dependencia, que aproximadamente desde 2012 faltan unos 367 millones de euros cada año, que se va sumando en la casilla de la deuda, y que actualmente el Estado está aportando solo alrededor del 15 % en materia de
dependencia. Es, pues, importante afrontar el debate sobre el copago, pero también lo es afrontar el debate sobre la financiación de la dependencia, porque aquello de que el Estado aportaría un 50 % y las comunidades autónomas otro 50 % al final no
se ha producido. Al no producirse este equilibrio entre el Estado y las comunidades autónomas, lo único que ha hecho el copago es dañar todavía más las economías de aquellas personas que son beneficiarias de la dependencia. El copago, en
definitiva, genera más presión sobre aquellos habitantes de estas comunidades autónomas que están soportando los gastos y, por tanto, más riesgos para toda aquella gente que no puede asumir este gasto en materia de dependencia. Por tanto, es
importante que este debate llegue de nuevo a las Cortes y es muy importante que tenga el recorrido que se merece para afrontar cómo abordar este tema. Otros Estados de la Unión Europea plantearon vincular importes del IRPF a la dependencia,
vincular importes de las cotizaciones a la dependencia, y en España se optó por derivarlo directamente a los ingresos generales del Estado. En consecuencia, abordar el tema del copago, abordar el tema de la financiación de la dependencia, comienza
a ser importante para evaluar, como también se ha apuntado aquí, este sistema de dependencia y para replantear los ajustes que sean necesarios. Por supuesto, en este camino nos van a encontrar y con la mirada atenta a dos frentes: uno, al
contenido de la misma iniciativa, en cuya tramitación creemos que podemos aportar mejoras, y, dos, al respeto al marco competencial y a todas las competencias que corresponden a las diferentes comunidades autónomas. Por tanto, celebro enormemente
que el debate se produzca y por nuestra parte daremos trámite en este sentido.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.
La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Todo nuestro reconocimiento a todos los miles de personas que han hecho posible la ILP, los elementos de esta proposición de ley, que llega por tercera vez al Congreso de los Diputados con una extensa base social y ciudadana de casi 740 000
firmas de apoyo en todo el Estado español.
La presente proposición de ley que proviene del movimiento de la discapacidad propone y plantea reformar la Ley 39/2006, casi quince años después, en uno de sus aspectos más controvertidos, problemáticos y críticos, el copago en dependencia,
que, a juicio del Grupo Parlamentario Republicano, tiene el calificativo de confiscatorio. ¿Por qué? Porque es una reglamentación carente de equidad, de justicia material y porque más que invitar a ejercer el derecho subjetivo expulsa a las
personas mayores,
a las personas con discapacidad, destinatarias naturales del sistema, por sus gravosas y enormes exigencias en materia de aportación económica. Ha generado un gran y legítimo rechazo social y un despliegue en estos años del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, el SAAD. Personas con discapacidad, mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía individual y su participación comunitaria, mujeres y niñas con discapacidad, las madres cuidadoras o asistentes de
personas con discapacidad, muchísimas personas que, por su situación estructural de mayor exclusión por razón de género y discapacidad, sufren particularmente los efectos del copago confiscatorio, impidiéndoles los apoyos sociales imprescindibles o
restringiendo o suprimiendo los escasos y precarios que venían recibiendo, ahondando su situación de desventaja objetiva y abocándolas aún más a la pobreza y a la exclusión social. Es un agravio enorme, señorías, que hace que las personas con
discapacidad sean más pobres, las mismas que, en general, tienen un tercio menos de capacidad de renta, menos oportunidades formativas, menos oportunidad de acceso al empleo, menos cualificación profesional y, como consecuencia de todo eso, una
menor disponibilidad de renta en relación con el resto de la ciudadanía. Y para más desgracia, aparte de todo lo que acabo de decir, las prestaciones, los servicios, los productos, les cuestan más por razón de su discapacidad. Resumiendo, son más
pobres y deben pagar más.
Tenemos que recordar -y desde el Grupo Republicano lo recalcamos- que hay una infrafinanciación del Estado por doble banda: por un lado, está el déficit de financiación de servicios sociales, ya que a mitad de los años ochenta el Estado
traspasó la competencia de estos servicios a todas las comunidades autónomas y a los ayuntamientos pero sin financiación, por lo tanto, eso acaba notándose, obviamente, también incluso en las economías familiares, no solo en las administraciones.
El déficit de transferencias ya es histórico y muy muy elevado. Esto, de alguna manera, acaba afectando realmente a las economías familiares y, por lo tanto, hay una responsabilidad enorme del Estado que debe ir paralela a la aplicación de otras
medidas, como la que plantean la ILP ciudadana y esta proposición de ley. Creo -creemos- que esta iniciativa que se plantea debe ir paralela, además, a otras medidas, teniendo en cuenta que hay unos déficits históricos que se arrastran desde hace
mucho tiempo, y lo haremos en trámite parlamentario. Y con el déficit de financiación de la Ley de dependencia ocurre lo mismo, señorías, que el Estado está incumpliendo su propia ley, que es la de financiación del 50 %, y ese 50 % no se ha
cumplido desde casi el inicio -lo dice incluso el Cermi-, y tampoco se sabe en qué proporción se está realizando el copago -también lo dice el Cermi- en estos momentos, porque no hay datos; no hay datos.
El señor Pérez Bueno cuando vino en octubre a esta casa dijo lo siguiente: A veces se toman decisiones por la presión social, por la influencia ejercida por alguien y no sobre una base científica de evidencias. Nosotras también estamos de
acuerdo con esto y, es más, en el Estado español en la actualidad no existen fórmulas que permitan el análisis de cómo se desarrolla el proceso de elaboración de una ley. En un sistema donde el 80 % de la producción legislativa se produce por
iniciativa del Gobierno se hace imprescindible la existencia de un órgano que evalúe la calidad democrática del procedimiento de creación normativa, sobre todo si tenemos en cuenta que la deriva parlamentaria en la mayoría de las ocasiones sitúa
esta casa, el Congreso los Diputados, como mero espacio de refrendo ideológico de lo que proponen los partidos en el poder. Sí, señorías, hace falta un análisis de impacto regulatorio, una herramienta de eficacia contrastada a partir de sistemas
legislativos de diversos países a nuestro alrededor que proporcione elementos de juicio suficientes para evaluar la calidad democrática de los procesos de elaboración normativa y también la eficacia de las leyes vigentes en cada momento. Con la
actual regulación, los pagos compartidos entre la Administración y los usuarios se determinan a partir de la capacidad económica de estos últimos. Así, este efecto negativo sobre las rentas más bajas se amplifica en aquellos territorios en los que
esta capacidad se calcula -y acabo, señora presidenta- incluyendo el patrimonio de la persona. Corresponde a esta casa tomar en consideración esta proposición de ley, según nos pide la ciudadanía, para compensar el tiempo perdido en estos últimos
cinco años para las personas que precisan de apoyos intensos para su autonomía, las personas con discapacidad, las personas mayores y sus familias, que desgraciadamente han estado históricamente silenciadas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Carvalho. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Saavedra Muñoz.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, presidenta. Bona vesprada.
La promulgación de la Ley de promoción de autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia supuso en el 2006 un gran avance de país en la extensión de derechos sociales para las personas que precisan de apoyo para
su autonomía personal y la participación comunitaria en condiciones de igualdad. Este nuevo dispositivo de protección social venía a reparar un déficit histórico en las estructuras de bienestar en España. Generó enormes expectativas en los
profesionales del sector, en las familias, que consideraron, como toda la sociedad civil, que esta norma realmente mejoraría las condiciones de vida y los derechos de ciudadanía de un sector de la población en situación de vulnerabilidad en muchos
casos. Pero su desarrollo se frustró con las políticas de recortes del Partido Popular y su proceso de demolición sistemático de la Ley de dependencia. El señor Rajoy dijo públicamente que era insostenible y en sus primeros Presupuestos Generales
del Estado en 2012 consignó cero euros a la atención a la dependencia. Fueron años muy duros. El Partido Popular, que hoy se muestra tan partidario de apoyar a las familias y a las personas en situación de dependencia, eliminó las cotizaciones a
las cuidadoras no profesionales -mayoritariamente mujeres del entorno familiar-, impuso copagos farmacéuticos, incrementó otros copagos, redujo las ayudas e hizo incompatibles diferentes recursos y servicios. Estos recortes tuvieron graves
consecuencias para las personas afectadas y sus familias en plena crisis y provocaron mucho dolor. Yo he visto a personas que se quedaron con unas ayudas para la protección, ayudas a la dependencia, de 31 euros al mes; o a personas que tenían que
decidir entre pagar una medicación carísima para su hijo con discapacidad o comprar alimentos; o a personas que sacaron a sus hijos de centros ocupacionales porque perdían el derecho a una prestación económica.
Queremos desde aquí agradecer y valorar, además de la tarea del Cermi como entidad promotora de esta ILP, la lucha durante años de las plataformas en defensa de la Ley de dependencia, de los profesionales de los servicios sociales, de
directoras y gerentes, de los colegios oficiales de trabajo social y de otras entidades de la discapacidad. Fueron años duros de movilizaciones y protestas defendiendo la dignidad de las personas en situación de dependencia, en las que yo pude
participar en el País Valencià. Es necesario valorar también y especialmente el trabajo ingente de tantas mujeres -madres, hermanas, hijas, cuidadoras- que se han echado a sus espaldas la atención a las personas dependientes sin apenas apoyo de las
instituciones en estos años, renunciando a su trabajo o a su vida personal. Es de justicia también reconocer que ha habido comunidades autónomas, como la mía, la valenciana, con Gobiernos progresistas, como el del Botànic, que han hecho un gran
esfuerzo para revertir estos recortes y reconocer derechos supliendo la dejadez del Estado.
Esta ILP que hoy nos ocupa en relación con la participación en el coste de prestaciones y servicios de las personas en situación de dependencia lleva cinco años de idas y vueltas en esta Cámara sin pasar a tramitación. Ha sido respaldada
por más de 740 000 firmas y supone una gran movilización ciudadana en defensa de los derechos de las personas que necesitan estos recursos. Es una valiosa iniciativa de participación democrática y de propuesta que no podemos desoír. Votaremos
favorablemente su toma en consideración, más allá de cuestiones técnicas a considerar en el procedimiento posterior, sobre todo en relación con las competencias autonómicas, como aquí se ha mencionado. La del copago además es una materia sobre la
que ya se está trabajando desde el Gobierno en diálogo con las comunidades autónomas. La propuesta planteada en esta ILP está absolutamente en sintonía con una de las prioridades defendidas siempre desde Unidas Podemos y contempladas en el acuerdo
de Gobierno: mejorar el sistema de autonomía personal y de atención a la dependencia, avanzar en la cultura y la economía de los cuidados, facilitando la conciliación, la autonomía de las personas y la autogestión de sus vidas, generando además
puestos de trabajo en condiciones dignas. Estas prioridades de nuestro grupo parlamentario y del Gobierno de coalición se han visto reforzadas hoy con los aprendizajes de la pandemia y con el nuevo contexto europeo que acaba con las políticas
crueles de austeridad neoliberal. En este nuevo paradigma se pone el acento en la reconstrucción social y viene expresado en los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de coalición con la mayor inversión en políticas sociales en treinta
años. Figura un plan de choque de atención a la dependencia con más de 600 millones para la mejora del sistema y recoge de manera expresa analizar y revisar el actual sistema de copago, además del aumento de cuantías mínimas y reducción de listas
de espera. Asimismo, prevé un replanteamiento del modelo de cuidados de larga duración, que pasa por potenciar recursos como la ayuda a domicilio, la asistencia personal y los centros de día para alargar al máximo la vida independiente de las
personas y para avanzar hacia un nuevo modelo residencial centrado en las necesidades de las personas y no en el negocio, como hasta ahora ha sucedido a menudo.
Desde Unidas Podemos trabajamos para que los nuevos presupuestos sean pronto una realidad con la mayoría de progreso de esta Cámara para la consolidación del Estado de bienestar de nuestro país. Apoyaremos la toma en consideración de esta
ILP, como también lo harán seguramente partidos que aumentaron y endurecieron los copagos, pero una cosa está clara: si la prioridad de una fuerza política es bajar los impuestos de manera generalizada, impondrá más y mayores copagos; si la
prioridad es el cuidado de las personas, la atención no puede depender de los copagos, se impondrá una fiscalidad justa, dando pie al mandato constitucional de que pague más quien más tiene, acabando con la elusión y la evasión fiscal. Esa es
nuestra opción.
Moltes gràcies. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Saavedra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De Meer Méndez. (Aplausos).
La señora DE MEER MÉNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Inés tiene un pequeño que se llama Juan Pablo, un niño dependiente con problemas de corazón que hicieron que nos dejara a los 15 meses de vida. (Muestra una fotografía). El día que el pequeño Juan Pablo murió, Inés llego a su casa y,
¿saben qué encontró en el buzón? Una carta de la consejería concediéndole la prestación por dependencia que le correspondía a su hijo desde el principio. Señorías, Inés trabaja en esta casa y nos ve todos los días entrar y salir, entrar y salir,
entrar y salir, un día y otro día y otro día, y nos ve hablar y votar, hablar y votar, un día y otro día y otro día, y estoy convencida de que no entiende qué hacemos que no solucionamos de una vez por todas el problema de la dependencia en España.
(Aplausos). Juan Pablo es uno de esos rostros (muestra una fotografía), una de esas personas dependientes que murieron sin tener el apoyo de las instituciones, pero no es el único, porque en el año 2019, 85 personas al día murieron sin el apoyo del
Estado y en lo que va de 2020, 176 personas mueren al día sin recibir la prestación que les corresponde. No sé a qué estamos jugando. Ya está bien de fingir que esta ley ha solucionado algo, porque la Ley de dependencia ha dejado claro que o se
reforma o no ha venido a solucionar nada. Únicamente puede considerarse un pequeño apoyo, pero es un apoyo que no llega a cubrir las necesidades reales de tantos y tantos beneficiarios de este país. Las prestaciones económicas no son suficientes.
En función del servicio varían, pero está claro que no cubren tales servicios. En el caso de las prestaciones residenciales, por las plazas, los costes reales pueden llegar a triplicar la ayuda de la prestación. Esto es algo que no podemos
permitir. En ayuda a domicilio, para el grado máximo de dependencia, para el grado 3, lo máximo que se nos otorga es una atención a domicilio de dos horas y media al día de lunes a viernes; una situación de extrema dependencia y lo máximo que le
otorga el Estado es una ayuda de dos horas y media de lunes a viernes. Señorías, esta no es la realidad a la que se enfrentan las familias de personas dependientes. Una persona dependiente exige tal sacrificio que al final supone que un familiar o
cuidador tenga que renunciar a todo, a todo, por cuidar a esa persona dependiente. Lejos de ser dos horas y media de lunes a viernes, son 24 horas 365 días al año sin tregua. Hermanos, madres, padres o tíos no solamente sacrifican su tiempo, sino
que renuncian a un trabajo por la imposibilidad de compatibilizar algo así con la intensidad de los cuidados, y aun así el Estado ha venido a no solucionar nada.
Hasta que las prestaciones no coincidan con los costes reales de los servicios, señorías, tenemos un problema que no hemos venido a solucionar. Además, en otros países europeos se hace una inversión muy generosa en dependencia. Nosotros
estamos en una media del 0,5 % del PIB y en otros países europeos hay una media del 2 % del producto interior bruto destinado a servicios de dependencia. Señorías, ya está bien de fingir que las comunidades autónomas sirven para algo, ¡ya está
bien! Fuera los complejos y atrévanse a decir sin complejos que han fracasado, porque han creado de facto españoles de primera y españoles de segunda. Señorías, en Andalucía una persona dependiente puede recibir una prestación económica por
dependencia de 5000 euros al año. Sin embargo, la misma prestación en Cantabria es de 8700 euros. Si tienes la mala suerte de haber nacido en Murcia, tu prestación es de 5700 euros al año y si eres un dependiente en tierra vasca, 3000 euros más
por cambiar de comunidad autónoma, ascendiendo a una cantidad de 8500 euros. Esto es una auténtica vergüenza, señorías. (Aplausos). Ustedes no hablan aquí de privilegios que se tienen en función de cada comunidad autónoma. ¿Van a aumentar las
partidas de dependencia en las negociaciones de los presupuestos en función de qué territorios? ¿Van a aumentarlas para los dependientes catalanes, los dependientes vascos o los dependientes canarios? ¿Van a aumentarlas, aunque sea en perjuicio
del resto de los ciudadanos del
Estado? Esto mismo lo hacen ustedes con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en comparación con las policías autonómicas; lo hacen ustedes con los sanitarios, con los que se llenan la boca de hablar y sin embargo ni les suben el
sueldo ni denuncian que cobran distinto en función de en qué comunidad autónoma estén, y tampoco denuncian que cobran distinto los profesores y tantos y tantos profesionales públicos por el capricho autonómico que ha venido a hacernos a todos más
desiguales.
Señorías, ya está bien de laberintos burocráticos, y sobre todo ya está bien de laberintos burocráticos en los que jugamos con los más vulnerables. No estamos cuidando a nuestros dependientes, pero es que tampoco estamos cuidando a nuestros
cuidadores. En Ceuta y en Melilla se tarda de media 120 días (muestra un gráfico) en resolver una prestación por dependencia. Sin embargo, en Canarias, una media de 785 días, dos años para resolver una prestación de un derecho que ya se tiene. Yo
me alegro de que esto haya sido una ILP, porque si hubiera sido una iniciativa de VOX, como ya ha sucedido con las iniciativas legislativas que hemos presentado para reducir el copago de los mutualistas y pensionistas de Isfas, de Muface o de
Mugeju, ustedes la habrían echado atrás porque ustedes nos vetan ilegalmente la tramitación, porque ustedes están más entretenidos en hacer un cordón sanitario a VOX que en resolver los problemas reales de los españoles.
Señorías, cada ocho minutos está muriendo una persona por dependencia a la que ustedes le niegan la prestación que ya le pertenece...
La señora PRESIDENTA: Señora De Meer, ha terminado su tiempo.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Ya acabo, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: No, es que tiene que terminar ya.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Maldito buenismo con el que ustedes quieren salvar el mundo abandonando a los españoles, porque nos han dejado vendidos. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en
pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora De Meer. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora García Rodríguez.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
Lo primero que quiero hacer es agradecer al Cermi y a la discapacidad organizada liderar esta iniciativa, que viene avalada por 740 000 firmas, porque es una iniciativa que piensa en las más de 1 100 000 personas dependientes que ahora mismo
están siendo atendidas, pero lo que es más importante, piensa en las 376 000 personas que están en lista de espera pendientes de algún procedimiento. Hay que retrotraerse precisamente al año 2006, cuando se aprobó esta ley, la Ley de dependencia
-año 2006-, que iba a consolidar el Estado del bienestar -se hablaba del cuarto pilar del bienestar-, pero lo que realmente hoy no se ha dicho es que esta ley no traía una memoria económica. Por eso, hoy estamos aquí abordando las vías de
financiación que tiene la Ley de dependencia, que son tres: el copago, la financiación de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. El copago lo recoge la propia Ley 39/2006 y además también recoge, en su artículo 32, que
las comunidades autónomas y la Administración General del Estado aportarán al 50 % cada año, es decir, igualdad en las aportaciones. La realidad es que a día de hoy la financiación aceptada de la Administración General del Estado es única y
exclusivamente a través del nivel mínimo, que es un 17 %. Como la señora de Podemos ha hecho alusión únicamente al Partido Popular cuando gobernó, tengo que decir que los mayores recortes en dependencia se hicieron en un real decreto para reducir
el déficit público en el año 2010, y que además incluso votó a favor el propio presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez. (Aplausos). Recortaron casi 700 millones, porque eliminaron la retroactividad de la Ley de dependencia y porque además,
en ese mismo real decreto, recortaron el sueldo a los funcionarios, congelaron las pensiones y eliminaron el cheque bebé. Pero no sólo hicieron eso, dejaron 1034 millones de deuda de la cotización de los cuidadores no profesionales en la Seguridad
Social; 1034 millones que dejaron, y tuvo que llegar el Partido Popular a poner orden. (Rumores). Sí, orden, porque lo que hizo el Partido Popular, aparte de poner orden, fue incorporar a 234 000 dependientes más al sistema de atención a la
dependencia, incrementó 13 puntos los servicios profesionales, además se afiliaron 72 000 personas al sistema de atención a la dependencia y se reunió a la Conferencia de Presidentes, a través de la cual se llegó a un acuerdo -gracias al trabajo de
Mario Garcés y de la ministra Dolors Montserrat- entre
las comunidades gobernadas por el PSOE y el Partido Popular y se hizo un informe de análisis y atención a la dependencia. Con ese informe, que decía que había que recuperar el nivel mínimo de financiación, lo que hizo el Gobierno
socialista, cuando llegó en 2018, fue guardarlo en un cajón. ¿Y saben cuánto han dedicado durante estos años de más a la financiación de la dependencia? Cero euros, porque ese real decreto se quedó en el cajón y durmió el sueño de los justos. Y
esto no lo digo yo, lo dice el dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia con los datos a 31 de diciembre. En el año 2019 el Gobierno socialista lo que consiguió es tener 50 000 personas más en lista de espera y 38 000 servicios y
prestaciones menos, y además consiguió el gran hito de que la financiación del Estado cayera por primera vez en toda la historia de la dependencia al 16 %; lo nunca visto.
Y llegó el año 2020, llegó el vicepresidente Iglesias al Gobierno, el vicepresidente social con todos los galones, y llegó la pandemia, y llegó marzo, y llegaron las residencias, y llegaron los fallecidos en las residencias y las personas
que no estaban siendo atendidas en sus domicilios, y llegó también, cómo no, la falta de atención por parte de un Gobierno, por parte de un vicepresidente que se mostró escapista, que desapareció, que hizo la política del avestruz: esconder la
cabeza y salir corriendo, en lugar de atender a las personas dependientes de España, que lo estaban pasando francamente mal. (Aplausos). Eso es lo que hicieron ustedes y lo que están haciendo ahora. Es más, no dedicaron ni un solo euro del Fondo
COVID, aprobado el 16 de junio en Consejo de Ministros y dotado con 16 000 millones -y eso que el presidente Pedro Sánchez anunció 1000 millones para la dependencia y los servicios sociales-, a dependencia y a servicios sociales. Ese es el legado
del Gobierno progresista de coalición.
Ahora llegamos a los Presupuestos Generales del Estado, a los presupuestos en los que ustedes pintan 600 millones de euros y lo llaman plan de choque, cuando lo que tenían que haber presupuestado eran 1000 millones de euros en el año 2020.
No conformes con eso, pintan un plan de choque con el que no está conforme absolutamente nadie. En primer lugar, no está conforme el sector, porque no está participando. Son los propios sectores los que les están enmendando, porque consideran
insuficientes estos 600 millones de euros, que llegarán tarde, porque vendrán en el año 2021. Además, más de 47 000 personas en lista de espera de la dependencia han fallecido durante este año, 40 000 de ellas, según el informe MoMo, en exceso de
mortalidad. Ese es el legado de Podemos. Es un plan de choque que no satisface absolutamente a nadie. No está habiendo diálogo con el sector. Es más, es un plan de choque que no cumple su propio programa electoral, el programa electoral de
Podemos, que decía que crearían 400 000 empleos y que incorporarían a 500 000 personas al sistema de atención a la dependencia. Y es más grave aun, porque este plan de choque de 600 millones de euros no cumple ni siquiera con la iniciativa
legislativa popular que hoy debatimos, porque no se hace ninguna referencia al copago.
Por tanto, el Grupo Popular presenta una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para incrementar la financiación en 600 millones de euros y, además, quiere que se cree una subcomisión en este Congreso que dé participación...
La señora PRESIDENTA: Señora García, ha terminado su tiempo.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: ... a expertos y profesionales del sector a los que el Gobierno les quita la voz.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sahuquillo García.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Gracias, presidenta. Buenas tardes.
Me gustaría comenzar recordando a los proponentes de esta ley. Los movimientos sociales como el de la discapacidad -en este caso Cermi- cumplen una importante función social en su trabajo incansable por lograr la igualdad de oportunidades.
Prueba de ello también es esta proposición de ley, la primera debatida en esta casa relativa a cuestiones sociales. Hay que reconocer este logro a sus impulsores y agradecérselo a los casi 740 000 firmantes.
Somos conscientes de la frustración que ha generado la tramitación parlamentaria de esta propuesta legislativa y hoy tenemos una nueva oportunidad para dar respuesta a las expectativas generadas. El objetivo perseguido en esta ley es
modificar la Ley de promoción y autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, principalmente su artículo 33, relativo a la participación de los
beneficiarios en el coste de las prestaciones, además del artículo 14, relativo a las prestaciones de atención a la dependencia.
Como bien conoce todo el mundo, la Ley de dependencia, impulsada por el Gobierno de Zapatero, es un hito histórico y social de nuestro país. Es una ley de la que nos sentimos muy orgullosos, porque supone el reconocimiento del derecho de
las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, un derecho universal para toda la población. Esta ley vino a dar respuesta a una necesidad de la sociedad, haciendo cuestión pública el trabajo de cuidados
que, fundamentalmente, las mujeres vienen y han venido realizando. Esta ley supuso, además, la puesta en marcha del sistema para la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, que en su momento comenzó a implantarse según lo
previsto, con resultado satisfactorio para sus beneficiarios, generando empleo, retornos económicos y con un calendario de implantación que se desplegaría de forma gradual hasta el año 2015. Pero a partir de noviembre de 2011, con la llegada del
Partido Popular al Gobierno, se produjeron importantes recortes en su financiación: reducción del nivel mínimo, supresión total del nivel acordado, eliminación radical del pago de cuotas de la Seguridad Social de las personas cuidadoras no
profesionales, casi todas mujeres; años de Gobierno del Partido Popular que resultaron devastadores para las personas en situación de dependencia por estos importantes recortes en la fuente de financiación de dicho sistema. Sí, esos recortes son
los que nos traen aquí.
El 10 de julio de 2012 fue aprobado el Acuerdo para la mejora del sistema para la autonomía y atención de dependencia en el consejo territorial. Para la mejora, decían. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, ese acuerdo les sirvió de
excusa para el Decreto 20/2012, enmarcando su configuración en los objetivos de reducción de gasto y fijando una subida de la participación de los beneficiarios en el coste de dicha atención de hasta un máximo del 90 % del coste del servicio.
Anteriormente este límite solo estaba previsto para las personas que estaban en situación residencial y siempre con una previsión de liquidez. Además, la citada resolución de mejora -como la denominaron ustedes- establece que las comunidades
autónomas o la administración competente podrá a su vez establecer una mayor participación de los beneficiarios en el coste de los servicios y de las prestaciones económicas. De esta manera, se contraviene lo previsto en la Ley de dependencia, que
establece un modelo de financiación en el que participan tanto las diferentes administraciones públicas como las personas beneficiarias; un modelo que pretende la sostenibilidad, la estabilidad y la suficiencia del sistema de manera continuada en
el tiempo y que, en relación con las aportaciones que deben realizar las personas beneficiarias, establece que estas contribuirán de forma progresiva en función de su capacidad económica, teniendo en cuenta para ello el tipo de servicio que se les
presta y el coste del mismo. Además, asegura que nadie quedará excluido del sistema por no poder afrontarlo. Aun así, a día de hoy se estima que alrededor de un 80 % de la financiación proviene de las administraciones públicas y entre un 18 y un
20 % proviene de la aportación que llevan a cabo las propias personas beneficiarias, si bien con evidentes diferencias entre las comunidades autónomas.
Como bien saben, para mi grupo y para este Gobierno revertir los recortes y devolver a la Ley de dependencia su espíritu original es una prioridad máxima, y en ello estamos. Por eso, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2021, en el marco del plan de choque sobre dependencia, se destinan 2354 millones de euros, un 34,4 % más que en 2020 (aplausos), aumentando un 20 % el nivel mínimo, recuperando la financiación del nivel convenido, dotándose de 283 millones de
euros. Señores del Partido Popular, sus decisiones como Gobierno han supuesto birlarle -sí, sí, birlarle- 1982 millones de euros del nivel convenido más otra cantidad similar que tenían que aportar las comunidades autónomas, 4000 millones de euros
solo en este nivel, y la financiación de 218 millones de euros de las cuotas sociales de las cuidadoras no profesionales, sí, las que el Gobierno de Rajoy eliminó de un plumazo.
Pero siguiendo con el espíritu de esta iniciativa, el Gobierno, consciente de la situación actual, plantea, entre otras muchas cuestiones, la necesidad de asegurar que la aportación privada de las personas usuarias se ajuste al coste
efectivo del servicio y a su capacidad de pago, sin obviar la búsqueda de la necesidad de igualdad de trato a las personas en situación de dependencia en el ejercicio del derecho al margen del territorio en el que se resida. Hay planteamientos que
luego acordaremos o no, esa es otra cuestión, pero les recuerdo que la gestión de la Ley de dependencia se encuentra transferida a las comunidades autónomas y la determinación del copago o participación del beneficiario de la prestación y servicio
incide sobre el gasto que soportan las comunidades autónomas, dado que son las gestoras de estas prestaciones y servicios del sistema. Les recuerdo también que durante siete años y medio de Gobierno del señor Rajoy han sufragado el 80 % del coste
de las administraciones públicas, cuando la ley
no decía eso. Por ello, mi grupo, durante el trámite parlamentario, planteará mejoras y modificaciones que tengan también en cuenta el criterio de las comunidades autónomas, administraciones públicas que llevan a cabo ese reconocimiento y
gestión de las prestaciones y servicios. Asimismo, también estaremos atentos a lo que se discuta en la conferencia sectorial. Esto es lealtad institucional, señorías.
Concluyo ya, señora presidenta. Sería ingenuo no plantear de manera abierta el impacto presupuestario que las modificaciones normativas propuestas van a suponer, fundamentalmente para las comunidades autónomas, en un contexto económico
difícil como el actual. Por consiguiente, votaremos a favor de la consideración de esta proposición de ley y nos sentaremos con los grupos parlamentarios, escucharemos a las comunidades autónomas en el consejo territorial y haremos la mejor
modificación en pro de los intereses de las personas en situación de dependencia en este país. No lo duden.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sahuquillo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES. (Número de expediente 122/000077).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de protección de la salud y de los derechos y libertades
fundamentales. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz-Clavijo. (Aplausos).
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Gracias, presidenta.
Señorías, nuestras primeras palabras en esta iniciativa queremos que sean de recuerdo y reconocimiento a los más de 70 000 fallecidos por coronavirus en España durante esta pandemia y, sobre todo, de ánimo a todos aquellos que en estos
momentos están luchando contra la enfermedad y a los profesionales sanitarios que se están dejando la piel en ello. (Aplausos).
Señorías, resulta inconcebible que ocho meses después de la declaración del estado de alarma nuestro país no cuente con un instrumento jurídico estable, alternativo a la legislación excepcional, que dé seguridad jurídica al conjunto de la
ciudadanía y a las administraciones públicas que están implicadas en la emergencia de carácter global. Es sorprendente que en este momento en España tengamos la misma legislación que cuando no había pandemia. Hablamos de un suceso que ha impactado
en nuestras vidas, nuestra salud, nuestra economía, pero también en nuestro Estado de derecho: una pandemia que afecta al presente, pero que afectará al futuro. No legislar ante una situación de esta gravedad sería una absoluta dejación de
funciones. De hecho, lo ha sido, porque a la emergencia sanitaria, la desidia del Gobierno la nación y de una mayoría parlamentaria que le apoya ha añadido una emergencia de carácter jurídico que tiene difícil explicación para los españoles.
España carece en estos momentos de un instrumento legal adecuado para enfrentarse con plenas garantías constitucionales, con los procedimientos más adecuados y con las medidas más proporcionadas a la pandemia del COVID-19 y, por extensión, a todas
las pandemias y emergencias sanitarias que se produzcan en el futuro. Para rellenar ese inmenso vacío legal, hemos tenido que ser nosotros, el principal partido de la oposición, quienes traigamos a esta Cámara la legislación básica de carácter
ordinario, aunque con categoría de ley orgánica, que necesita nuestra nación. Es una legislación con la que cuentan otros países de nuestro entorno, bien porque ya la tenían, bien porque durante estos meses la han aprobado. Si en España no
contamos con una legislación de esta naturaleza es porque al Gobierno, en compañía de otros, le ha parecido más fácil aprobar estados de alarma sucesivos, reales decretos urgentes u órdenes ministeriales ejecutivas y, así, poder dedicar sus
capacidades legislativas a cuestiones menos urgentes, aunque más ideológicas, como regular el aprobado general, eliminar la vehicularidad del castellano en la enseñanza, legislar sobre la eutanasia o pactar con Bildu los peores presupuestos de la
historia de la democracia.
Señorías de la bancada de la izquierda, se lo vamos a decir alto y claro: el Gobierno al que apoyan y ustedes mismos no han hecho los deberes, les ha podido la pereza legislativa. Han cogido el truco de los estados de alarma y se han
olvidado de sus obligaciones y responsabilidades como legisladores. A través de la declaración del estado de alarma en todo el territorio de la nación, prorrogado en seis ocasiones, el
Gobierno confinó a los españoles y afectó a sus derechos básicos, como los de libre circulación, reunión, libertad de establecimiento, libertad de culto u otros; al principio, de quince en quince días, luego señalando a una comunidad
autónoma de forma indiscriminada y ahora con un macroestado de alarma de seis meses nada menos. Al final, han convertido la excepcionalidad máxima en una rutina. Aprobar el estado de alarma es para ustedes un día en la oficina. Su única solución:
la alarma; su única aportación: la alarma. Está claro que no es lo ideal, aunque a lo mejor convenga a sus ideales.
Señorías, necesitamos una ley orgánica de carácter estatal que facilite la gestión de esta pandemia y de cualquier otra que pueda surgir en el futuro. A cualquier ciudadano español le da la impresión de que entre el estado de alarma que se
declaró en el mes de marzo y este que tenemos ahora en vigor, con diecisiete velocidades y diecisiete mandos únicos, lo que ya en sí mismo es una contradicción, tiene que existir un término medio, y ese término medio es justamente esta proposición
de ley. Con ella planteamos al Parlamento un auténtico plan B que acabe con la excepcionalidad normativa y establezca una legislación ordinaria para situaciones de emergencia sanitaria, con lo que ocho meses después seguimos sin contar. Señorías,
en España necesitamos dotarnos de las mejores herramientas y hacerlo sin el recurso fácil de restringir derechos individuales consagrados por la Constitución, porque esta es una situación que nuestra carta magna y la legislación de aplicación solo
prevé para periodos de tiempo reducidos, aunque a ustedes les parezca que se pueden convertir en sí mismos en situaciones estables y duraderas. Traemos a esta Cámara una legislación básica de ámbito nacional que en parte ya existe, pero que ha de
ser reformada y adaptada a las situaciones que se están viviendo.
Señorías, cuando en marzo se produjo la primera ola de la pandemia apoyamos la declaración del estado de alarma, porque, entre otras cuestiones, había una situación de grave carencia de material básico para hacer frente al virus. Sin
embargo, entre los meses de mayo y junio, cuando las medidas que había que tomar eran las propias de una desescalada progresiva, ya se pudo comprobar que la declaración del estado de alarma era una medida excesiva y que hacía falta un plan B de
carácter legislativo que reforzara la legislación ordinaria en vigor con una ley de pandemias. Partimos de una modificación de la legislación ordinaria correspondiente a la Ley General de Salud Pública, pero esta propuesta recoge y puede recoger
muchas más cosas fruto de la experiencia que todos estamos viviendo. Una de ellas es la importante distinción que hay que hacer entre derechos fundamentales y actividades económicas y sociales, porque no es lo mismo restringir derechos básicos como
la movilidad o la reunión que limitar las actividades, por ejemplo, a través de horarios, aforos o cierres sectoriales; no es lo mismo. Al ciudadano no hace falta prohibirle salir de casa mientras podamos limitar actividades económicas o sociales
que no supongan el ejercicio de derechos fundamentales; no es lo mismo. Ha quedado meridianamente claro que las comunidades autónomas no hubieran necesitado un nuevo estado de alarma si España hubiera contado con las medidas y procedimientos
contenidos en esta norma de rango legal que hoy les traemos a su consideración. Es además un modelo real de cogobernanza, como el que expresó en su día el presidente Sánchez, pero que él nunca ha llegado ni siquiera de cerca a practicar, más que
nada porque él y su Gobierno solo han sabido moverse entre los extremistas del intervencionismo y la pasividad, pero nunca en el terreno de la colaboración y coordinación leal con las autonomías. Les pedimos que apoyen un modelo legal, ordinario
regulado y seguro, pero también un modelo de colaboración entre las administraciones en el que la autoridad sanitaria, que es la de cada comunidad autónoma, tenga el respaldo pleno del Estado. El estado de alarma no puede ser la primera medida y la
única, debe ser la última.
Señorías, traemos a esta Cámara una respuesta jurídica que no solo protege los derechos y libertades de los ciudadanos, sino que fortalece el Estado en sus capacidades para velar por la salud y la vida de los españoles, tal y como se
comprometió nuestro presidente Pablo Casado. Ese es el objetivo número uno, la salud y la vida. Convendrán conmigo que ni hemos vencido al virus ni hemos salido más fuertes, como proclamó exultante el presidente Sánchez, primero, porque la
pandemia sigue ahí y, segundo, porque legislativa y jurídicamente hemos salido mucho más débiles, sin entrar en la situación económica de nuestro país, que daría para un capítulo aparte.
Esta proposición de ley es una necesidad jurídica para nuestro país. Se trata de una propuesta muy sencilla en su estructura, porque se limita a introducir una modificación a la Ley de medidas especiales en materia de salud pública del año
1986 y cuatro a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998. La única finalidad que tienen estas cinco mejoras de nuestra legislación es unificar el ámbito de ratificación de las medidas que se adoptan por los poderes
públicos en la jurisdicción contencioso-administrativa cuando afecten a derechos fundamentales. La
modificación de la Ley de medidas especiales es necesaria porque en la redacción actual no establece las medidas necesarias ni prevé específicamente el cierre de zonas, la prohibición de entradas y salidas de las mismas o la restricción de
movimientos dentro de ellas, así como el sometimiento a cuarentenas, aislamientos y tratamientos cuando proceda. En consecuencia, lo que introducimos ahora son cuestiones como la realización de acciones preventivas generales, las medidas para el
control de las personas enfermas y quienes hayan entrado en contacto con ellas, así como los controles de entradas y salidas en zonas afectadas o amenazadas, todo ello conforme a los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. ¿Y por qué
también la reforma de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa? Porque con esa modificación lo que buscamos es atender a la necesidad de que las medidas que supongan restricciones a derechos tengan una vía rápida para su control y
ratificación por los tribunales y que su entrada en vigor sea lo más efectiva posible. Hablamos de la modificación del artículo 8, en su apartado 6, o del artículo 10 de esa misma ley.
Señorías, es un cambio legal que permite que las autonomías puedan adaptar aquellas medidas que consideren necesarias para salvaguardar la salud pública, aunque impliquen la señalada restricción de derechos, pero sin necesidad de recurrir al
Estado de alarma y con las máximas garantías al someter las disposiciones al control efectivo de los tribunales. Como pueden comprobar, son precisamente las medidas que se han demostrado imprescindibles frente a una emergencia causada por una
enfermedad altamente contagiosa. No somos nada originales, señorías, preferimos ser eficaces. Estas son las normas que están hoy vigentes en muchos países de Europa. En un país como Alemania, también fuertemente descentralizado, reformaron su ley
en el mes de marzo precisamente para adaptarse a lo que a todos se nos estaba viniendo encima, y nosotros todavía no hemos hecho nada. No me cansaré de insistir en la necesidad de dotarnos de una verdadera seguridad jurídica en esta cuestión. Por
eso, apostamos por una norma que precise las potestades administrativas concretas que quepa ejercer de acuerdo siempre con el principio de proporcionalidad. Es evidente que traemos una propuesta que, además de necesaria, es muy prudente. Señorías,
esta ley no es una panacea, desde luego, pero es el mejor instrumento del que podemos dotarnos para afrontar el que ojalá sea el tramo final de esta pandemia trágica.
Señorías, apelamos a la responsabilidad individual de todos y cada uno de ustedes. Contar o no contar con una ley como la que hoy traemos para su toma en consideración no es ni de derechas ni de izquierdas, es simple y llanamente una
necesidad. Convertir este debate en un rifirrafe ideológico sería un error. Estamos hablando de un instrumento que salvará vidas, que mejorará el bienestar de toda la sociedad y que dará seguridad jurídica donde ahora mismo no la hay. Un
instrumento sensato, proporcionado y garantista...
La señora PRESIDENTA: Señora Gamarra, ha terminado su tiempo.
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: ..., un paraguas legal que proteja a los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gamarra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario VOX.
Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Sánchez García. (Aplausos).
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, señora presidente.
Doña Cuca, me gustaba más doña Cayetana. (Aplausos). No sé quién le ha escrito su discurso, pero quien lo ha escrito no sabe lo que ha escrito y usted no sabe lo que ha dicho. No ha entendido nada, absolutamente nada. El PP se
caracteriza... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... por sus actuaciones cosméticas, como es el caso de esta iniciativa legislativa, pero el tiempo de actuar de ese modo ha pasado y el PP persevera en no querer rendirse a esta evidencia. Ni con millones de kilos
de maquillaje en la cara pueden ustedes ocultar ya su verdadera cara al pueblo español. Son ustedes corresponsables de todos los problemas de España junto con el Partido Socialista Obrero Español. (Aplausos). Y en la situación dramática de la
epidemia del coronavirus vienen ustedes de nuevo con una proposición engañosa... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... que carece por completo de sentido jurídico y político, que no va a la raíz de los problemas y que aspira simplemente a lo que ustedes quieren de un modo perseverante y tenaz, pero que no lograrán porque se ha
extinguido por voluntad de la nación, que es restaurar el bipartidismo corrupto. (Aplausos).
El estado de alarma declarado en el mes de marzo se prorrogó por seis veces. Dudosa práctica por su disconformidad con la Constitución y con la ley orgánica que regula ese estado, al igual que el de sitio y el de excepción. La sexta
prórroga incluía una somera regulación del llamado plan para la desescalada, con introducción de la insólita cogobernanza -lea usted el artículo 4, que sospecho que no conoce- a la que usted ahora, sin criterio jurídico ni político -lo repito-, se
adhiere; cogobernanza que no existe en nuestras leyes, que es un invento artificioso del aventurero Sánchez, que lo único que pretende es hacer un uso alternativo del derecho a su conveniencia, según la ocasión, nada más. No existe en el
ordenamiento constitucional ni hay ninguna ley que lo desarrolle -se lo digo para su información-, de modo que pídale a su asesor que le informe mejor y no suba a esta tribuna, por favor, para decir disparates como los que hemos tenido que oír esta
tarde. (Rumores.-Aplausos).
Con la desescalada, que fue desastrosa desde el punto de vista sanitario, como los resultados indican de forma inequívoca -el resultado ha sido letal, porque estamos hablando de decenas de miles de muertos-, algunas comunidades autónomas...
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señor Sánchez.
Pido silencio, por favor. Pido silencio para escuchar al orador. (Un señor diputado: Aprenda derecho constitucional).
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Lo que tienen que hacer muchos de ustedes es volver a la facultad, probablemente todos; doña Cuca, desde luego. (Rumores.-Protestas).
Ustedes sufrieron reveses judiciales... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... severos ante los tribunales... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señor Lorite, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... porque las medidas adoptadas por comunidades autónomas fueron suspendidas cautelarmente por tales tribunales o no fueron autorizadas o ratificadas judicialmente. Le recuerdo a usted, cosa que tampoco sabe, que
esa previsión de ratificación o autorización judicial para actos de alcance singular ya existía en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa desde 2015.
En agosto de 2020, siendo portavoz de su grupo doña Cayetana, de grata memoria, al menos para mí (risas y aplausos), su partido registró esta proposición de ley, que es una proposición de ley orgánica que pretende reformar la Ley 3/1986, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y hacer ciertas reformas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Estas últimas reformas han decaído, cosa que tampoco debe saber -no sé si se lo están soplando ahora por teléfono
porque habla usted mientras yo hablo desde la tribuna (rumores)-, y carece de objeto la proposición porque ya ha sido introducida en dicha ley jurisdiccional por la reforma legal que trae causa del Decreto-ley 16/2020. Luego, sobra y es ociosa.
Tampoco se lo han explicado a usted bien. Por tanto, solamente queda la reforma en lo atinente a la Ley 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Esa ley prevé la posibilidad de adopción de medidas con el mismo alcance de
contenido material que pueda serlo la adopción en un estado de alarma. Permite la adopción de medidas por todas las administraciones públicas, no solamente la central sino también las autonómicas y las locales. De modo tal que si usted ahora, en
un alarde explanatorio, que no contiene ninguna innovación legislativa, que no aporta nada, lo que pretende es -como nos ha dicho aquí por lo demás, por si quedase alguna duda-, para remediar el actual estado de cosas, calamitoso y, como he dicho,
dramático, que las comunidades autónomas adopten medidas ante este caos absoluto, ustedes o no saben de lo que hablan, o verdaderamente han perdido el juicio. (Aplausos). Que la descentralización en materia de salud pública ha dado lugar a esta
crisis sin precedentes por el número de muertos en España y también por comparación en el resto de los Estados
europeos y, por decirlo todo, en el resto del mundo, no lo digo yo ni lo dice Vox, lo ha dicho Le Monde, que es algo así como el gurú mediático del progresismo continental en Europa. El 14 de octubre de 2020, la corresponsal de ese diario
en Madrid, que les aseguro que no es persona de ideas conservadoras precisamente, dijo lo siguiente: 'COVID-19: En España el modelo descentralizado de sanidad pública es un fracaso'. Le Monde. Me parece que tampoco lee usted prensa extranjera.
(Risas.-Rumores). Después de esto, hubo un deplorable choque entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, todo a cuenta de la famosa orden del ministro de Sanidad de 30 de septiembre de 2020 por la que se aprobaron lo que se
llaman actuaciones coordinadas en salud pública, orden que fue comunicada al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad Madrid, en ejecución de dicha orden, dictó otra orden de la Consejería de Salud para darle cumplimiento. El caos
legislativo e institucional que representa el actual ordenamiento es tal que la Comunidad de Madrid, gobernada por su partido, hubo de hacer dos cosas, que son contradictorias y excluyentes entre sí pero que son el resultado de este caos absoluto y
de un ordenamiento carente de la más elemental coherencia que le es exigible a un sistema legal. Primero, ejecutó la orden del ministro. Segundo, impugnó la orden del ministro ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. ¿Usted me
puede explicar cómo esto es reductible a un entendimiento racional? (Aplausos.-Protestas). Esto solamente es el resultado de un sistema legal disparatado y usted, en lugar de proponer una corrección de ese disparate, viene a decirnos aquí que hay
que dar más competencias a las comunidades en función de una inventada cogobernanza, reformando una ley cuya reforma no aporta nada. Es decir, su intervención sobra y su proposición también, y además de sobrar me parece malintencionada y engañosa.
Ustedes, lo que han debido hacer y no han hecho es enfrentarse a la distorsión, a la prostitución que del estado de alarma ha hecho el Gobierno que ejerce en este momento el Poder Ejecutivo central en España. ¡Eso es lo que han debido hacer
y no lo han hecho! Porque en la última declaración del estado de alarma, que incluye una prórroga por seis meses de manifiesta inconstitucionalidad, ustedes ni siquiera se han alzado ante el Tribunal Constitucional para denunciar ese atropello
mediante la oportuna presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra ese decreto. (Aplausos). El estado de alarma, tal y como está desarrollado en la ley orgánica que lo regula, es una apelación a la centralización del poder en cabeza
del Gobierno nacional; lea usted, señora portavoz del grupo proponente, el artículo 9.1 de esa ley y comprenderá lo que digo. Es una apelación a tal cosa, luego, el recto cumplimiento, el uso de esa institución, sería suficiente para remediar este
estado de cosas, pero, claro, nos damos de bruces porque resulta que, teniendo el instrumento legal, lo que tenemos es un Gobierno que lo que hace es prostituirlo y abusar de él, y ante ese abuso y esa prostitución legal ustedes se aquietan y nos
proponen este conjunto de tonterías -se lo tengo que decir porque es así-, que además tienen una voluntad engañosa. Votaremos en contra de tan disparatada y ociosa proposición. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz-Clavijo. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Bravo!).
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Gracias, presidenta.
Señoría, para lo que usted nos ha dicho, con que nos hubiera mandado un vídeo hubiera sido suficiente (aplausos), del mismo modo que han hecho con las enmiendas al presupuesto general del Estado. (Risas.-Rumores). Señoría, prepotencia,
machismo y falta de rigor jurídico, esa es toda su exposición, toda (aplausos), que le diré para qué le ha servido: para desacreditarse a usted mismo y para tapar su falta de mesura, de sentido común y de rigor jurídico, si es que tiene alguno.
(Aplausos).
Dicho esto, señor Sánchez, yo creo que los españoles se merecen un poquito de seriedad, un poquito de respeto y que sepamos estar a la altura de las circunstancias. Hablamos de que más de 70 000 españoles han fallecido, hablamos de gente
que hoy está en una UCI de un hospital, hablamos de sanitarios que hoy están agotados y lo mínimo que se merecen es que hoy aquí, en esta Cámara, haya un poquito de respeto entre todos nosotros; lo mínimo. (Aplausos). A partir de ahí, vista su
exposición, solo le diré una cuestión en relación con la posición en contra que hoy ha planteado VOX: Entonces, ¿ustedes qué proponen? ¿Nada? (Protestas). Miren, ustedes se mueven entre la anarquía y simplemente situarse fuera de todo. Si el
Gobierno nos ha dirigido a un caos jurídico, la parálisis en la que ustedes están instalados nos sumiría en una anarquía sanitaria, y este partido tiene una labor que llevar a cabo:
impulsar iniciativas legislativas que vengan a dotar de instrumentos a aquellos que hoy están al frente de esta pandemia en las comunidades autónomas. Esos lo que necesitan es que hoy aquí el tercer poder, el Poder Legislativo, esté a la
altura de las circunstancias y dote al Estado de derecho de los instrumentos que ellos necesitan. Para eso nos levantamos nosotros todos los días; ustedes todavía no sé para qué. (Aplausos). Desde luego, después del espectáculo que usted ha dado
hoy aquí nos ha quedado aclarado que no es precisamente para trabajar en la lucha contra la pandemia.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gamarra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Sánchez García. (Aplausos).
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias. Con la venia.
Doña Cuca, corrobora usted con su intervención que sigue sin entender absolutamente nada. Su intervención está huérfana de cualquier argumento. A lo único que se dedica usted es a decirme simplemente que soy machista. Me parece que la
machista es usted. (Protestas). En fin, me da exactamente igual lo que usted piense de mí y lo que usted sea. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Yo no vengo a hablar de eso a esta tribuna, vengo a hablar de cosas serias, cosa que usted no hace ni propone.
Se lo voy a explicar. En el derecho español coexisten dos normas, las dos leyes orgánicas: la Ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio y la Ley Orgánica 3/1986, que ya he mencionado en mi anterior intervención. Estas dos
leyes se solapan en cuanto a la posibilidad de adopción de medidas con contenido material que puede ser igual. En el derecho no es posible que las normas sean ociosas o sobren, es preciso interpretarlas en conjunto, de modo sistemático, para darles
a cada una de ellas un sentido. Si el legislador orgánico en 1981 promulgó la Ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio y en 1986 promulgó la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública fue -hay que presumir y
hay que hacer una interpretación que salve esa voluntad legislativa- porque quería disponer cosas distintas. De lo contrario, habría que concluir que el legislador se equivocó, y ese es un criterio hermenéutico en la interpretación que ninguna
metodología jurídica aceptada conviene en consentir. En consecuencia, la Ley orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, le repito a usted una vez más, es una apelación a que en esas situaciones críticas calificadas como
alarma, excepción y sitio haya unos poderes centralizados para combatir la situación crítica.
Le voy a leer el artículo noveno, punto uno, que antes no he leído a pesar de que he dicho que usted no lo sabía; me da la impresión de que sigue sin saberlo, de modo que la voy a obsequiar con su lectura: 'Por la declaración del estado de
alarma todas las Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y
trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente -¿lo entiende usted ahora o no?- en cuanto sea necesaria para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios
extraordinarios por su duración o por su naturaleza'. Lo que nosotros proponemos es que se aplique este artículo y esta ley en su conjunto en la parte que regula el estado de alarma debidamente y de conformidad con la Constitución, que para eso
existe esta ley orgánica que desarrolla una institución constitucional, porque los estados de alarma, excepción y sitio están regulados por la Constitución, como no puede ser de otro modo porque son instituciones que causan excepción a la aplicación
de las leyes y que son excepcionales por los hechos. De modo que eso es lo que proponemos, y ante eso, que es en síntesis la postura de mayor fidelidad a la Constitución, señora Gamarra, señores diputados del Partido Socialista y aliados
gubernamentales, el Gobierno lo que ha hecho ha sido abusar de ese estado de alarma, y lo hecho ya por tres veces, en la última ocasión, como he dicho antes, introduciendo una prórroga de seis meses inadmisible de todo punto y haciendo una
delegación universal de competencias en todos los presidentes de las comunidades autónomas, que es un fraude a la propia ley reguladora del estado de alarma, entre otros vicios de inconstitucionalidad. De modo que si ese instrumento legal, que es
ley orgánica y que es una ley en desarrollo de la Constitución, fuera debidamente utilizado, estaríamos en
presencia de un instrumento útil para combatir una epidemia como la que asola España y no esto que ustedes proponen que, repito, es un conjunto de tonterías que lo único que hacen es pretender dar más competencias a las comunidades
autónomas.
Nada más. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Debatimos la toma en consideración de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular para hacer frente a crisis sanitarias como las provocadas por el COVID-19 sin tener que acudir a declaraciones de alarma en todo caso y supuesto, y poder
hacerlo con los instrumentos legales previstos especialmente en materia sanitaria, proponiendo para ello la modificación de la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y procesalmente la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa. De este modo, la iniciativa se presenta como la respuesta a la indefinición de las medidas legales vigentes a disposición de las autoridades sanitarias cuando pretendan limitar o restringir derechos fundamentales y sus
destinatarios no estén identificados individualmente, defecto que se atribuye al último inciso del artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986. La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular también se presenta como alternativa a declaraciones de estados
de alarma que, a su juicio, han supuesto o suponen recortes indiscriminados de derechos fundamentales al no guardar la debida proporción y equilibrio con la protección de la salud de la ciudadanía; estados de alarma que, también a su criterio, han
supuesto espurias negociaciones, mediadas o no por grupos parlamentarios, con y entre las autoridades autonómicas para la gestión de la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas en sus respectivos territorios. Y con el fin de
superar estas, a juicio del Partido Popular, máculas propias del Estado de alarma, se nos propone modificar el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia.
Señorías, respecto de esta primera cuestión podemos estar de acuerdo en que sería conveniente mejorar la redacción de ese artículo para dar seguridad jurídica al abordaje de crisis sanitarias como la del COVID-19 desde ámbitos normativos e
institucionales de la sanidad y la salud y diversos a los del estado de alarma y así poder evitar pronunciamientos judiciales contradictorios como los que hemos vivido, basados en la supuesta suficiencia o insuficiencia, según el caso y órgano
judicial, de la cobertura legal para limitar o restringir derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estuvieran identificados individualmente, situación esta que es precisamente la que ha llevado a la declaración del vigente estado de alarma
ante la incertidumbre provocada por la diversa interpretación judicial del referido artículo 3 para decretar medidas preventivas generales contra la transmisión comunitaria del COVID. Sin embargo, señorías del Grupo Parlamentario Popular, sostener
que el cambio que propugnan, como se dice en la exposición de motivos, lo es para evitar limitaciones y restricciones de derechos fundamentales de las personas creemos que es incorrecto. Lo mismo que creemos que es incorrecto calificar, como
también se hace en la exposición de motivos, despectivamente, de negociaciones políticas las negociaciones entre distintas autoridades sanitarias, incluido el Ministerio de Sanidad, y entre grupos parlamentarios con el Poder Ejecutivo sobre el
alcance de las medidas a tomar, dada la trascendencia de las mismas en la ciudadanía desde un punto de vista sanitario, económico y social. Ya sé que para algunos la tecnocracia es el estado natural de las cosas, pero para el Grupo Parlamentario
Vasco es una ideología que no compartimos.
Señorías, la modificación de la Ley Orgánica 386 -hay que decirlo claramente- no significaría per se un mejor equilibrio entre los derechos fundamentales de la persona y el derecho a la salud colectiva que el que pueda lograrse con el estado
de alarma ni tampoco supondrá la limitación de eso que ustedes despectivamente llaman, al menos en la exposición de motivos, negociaciones políticas y que no es otra cosa, como ya he dicho, que el diálogo en el seno de un sistema democrático sobre
medidas de toda índole e intensidad con afección directa a la ciudadanía y diálogo también, cómo no, entre las distintas autoridades sanitarias competentes para una mejor coordinación, colaboración, información y transmisión de información a fin de
hacer frente a eventos sanitarios en los que la salud y la vida de las personas están en peligro. En fin, señorías del Grupo Parlamentario Popular, a veces, leyendo ciertas exposiciones de
motivos, podría parecer que ustedes mismos quieren malograr una propuesta que objetivamente podría considerarse por algunos de sus fundamentos jurídica y políticamente sesgada.
Por lo que hace a la segunda parte de la iniciativa, la que se refiere a la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, nos presentan un texto que no tiene en cuenta, como ya se ha indicado, las modificaciones que hace
un mes introdujimos a través de la disposición final segunda de la Ley 3/2020, en la jurisdicción contenciosa, modificaciones que abordaban la materia de la autorización y ratificación judicial de las medidas de las autoridades sanitarias cuando
impliquen limitaciones o restricciones de derechos fundamentales y estén destinadas a colectividad plúrima o individuos identificados singularmente, así como a un procedimiento judicial a seguir a tal fin. Ahora nos presentan modificaciones sobre
la misma materia, aunque más centradas en la diferenciación de las competencias judiciales en cuanto que las medidas adoptadas limiten o restrinjan derechos fundamentales, una propuesta que inicialmente resulta incasable con la reforma que llevamos
a cabo hace ahora un mes, además -también tengo que añadir- de no compartir por parte de nuestro grupo parlamentario la legitimación de la acción popular que se propugna.
También es preciso señalar que el control judicial preventivo de las medidas de las autoridades sanitarias cuando limiten derechos fundamentales destinados a individuos no identificados se encuentra sub iudice en sede del Tribunal
Constitucional a través del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la posible vulneración de los artículos 106.1 y 117.3 de la Constitución,
al considerar que la jurisdicción contenciosa invade el ámbito de la autotutela de la Administración a través de un veto devolutivo que solo debe articularse en el seno de un procedimiento contradictorio.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Legarda, ha terminado su tiempo.
El señor LEGARDA URIGARTE: Voy finalizando. Un segundo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe terminar ya.
El señor LEGARDA URIARTE: Por lo señalado, consideramos que esta parte de la reforma debiera dejarse aparcada a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidente. Buenas tardes.
Señora Gamarra, en primer lugar quiero mostrarle mi solidaridad ante las faltas de respeto que ha recibido usted desde esta tribuna. (Aplausos). Sabe que le tengo un gran respeto como persona y que nunca voy a decir que usted dice
tonterías ni nada parecido. Le voy a explicar por qué vamos a votar que no, se lo voy a explicar desde la discrepancia legítima que tiene cualquier debate parlamentario y, desde luego, le aseguro que lo voy a hacer sin prepotencia alguna y sin
gritar.
Mire, el señor Casado se subió aquí a la tribuna y le dijo al presidente del Gobierno que el Gobierno no aprobaba su plan B, y que con su plan B -decía el señor Casado- ya no habría que declarar el estado de alarma nunca más. Yo, que como
sabe soy jurista, me preguntaba: ¿cómo es esto posible? Porque yo leo el artículo 116 de la Constitución y me encuentro con que la suspensión de los derechos fundamentales solamente es posible mediante la declaración de los estados de alarma, de
excepción y de sitio. Pensé: Bueno, en el Partido Popular hay grandes juristas -muchos son amigos míos-, así que me presentarán una virguería jurídica. Sinceramente, estaba expectante por ver su plan B y, claro, cuando me lo he encontrado,
sinceramente le tengo que decir -también se lo digo con todo respeto- que me ha decepcionado muchísimo. Me ha decepcionado porque cosas como el confinamiento domiciliario, como el confinamiento por horas -lo que llamamos el toque de queda- solo son
posibles en nuestra Constitución mediante el estado de alarma. Por explicarme claramente, el estado de alarma es el plan A. Cuando hace falta confinar, en nuestra Constitución no es posible si no es con el estado de alarma. Sin embargo, ustedes en
su ley -en mi opinión, técnicamente imperfecta- mezclan todas las privaciones de libertad ambulatoria diciendo que esto se puede resumir en una ley administrativa. En mi opinión, no se pueden restringir los derechos fundamentales y las libertades
públicas en una ley administrativa; solo se
puede mediante el estado de alarma, porque si no a lo mejor lo que tratan ustedes de hacer es un estado de alarma con otro nombre, es decir, que nos encontraremos con una sencilla, simple ley administrativa, con los ciudadanos confinados en
sus casas, muy tranquilos porque dicen: Bueno, pero por lo menos no es el estado de alarma. Pero si seguirán igual, con el toque de queda, sin poder salir a la calle, llámelo usted como lo llame. Pues mejor que sea con el estado de alarma, que
tiene unas garantías. Y ahí es donde vamos. Como es imposible resolver el problema que le planteo, es imposible hablar de suspensión de derechos fundamentales sin declarar el estado de alarma, utilizan ustedes una trampa gramatical, una trampa
semántica que ya el legislador ha utilizado antes y que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que es inconstitucional. No se puede distinguir entre privación y restricción de derechos. No hay nada más que el ejercicio pleno de los derechos o la
suspensión de los derechos, no hay terceros géneros. No hay ningún camino intermedio entre el ejercicio pleno de los derechos, aunque esté condicionado por la legislación administrativa, y la suspensión o privación de los derechos. Este es el
error, la trampa de la que parte su proposición de ley, que distinguen entre privación y restricción. ¿Se acuerda de cuando alguien quiso distinguir entre detención y retención? El Tribunal Constitucional dijo que eso no se podía hacer, que entre
la libertad y la detención no había estado intermedio. Pero lo peor de todo es que ustedes bajan un escalón en el nivel de garantías del ciudadano, permiten que el Poder Ejecutivo se meta en los derechos fundamentales, que es el núcleo duro de la
democracia española y del Estado de derecho, sin garantías, sin el control suficiente. Acaban con el estado de alarma y por tanto el señor Sánchez ya no tendrá nunca más que venir aquí a dar explicaciones; impiden, como ha ocurrido con ciertos
grupos de esta Cámara, que se acuda al Tribunal Constitucional con recurso de inconstitucionalidad por parte de ciertos grupos parlamentarios, ni siquiera el Defensor del Pueblo podría analizar esta circunstancia porque ya no hay estados de alarma.
Ustedes utilizan un doble nivel de garantía que es menor que el que tenemos ahora. Cuando se prive de la libertad ambulatoria, iremos al control judicial previo del juez de lo Contencioso. Es decir, cincuenta respuestas diferentes para todo el
territorio nacional; una medida inviable que, como ya se le ha recordado, además es contraria a los acuerdos a los que llegamos en la Ley 3/2020, en la que acordamos que fueran los tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional los que
adoptaran esta decisión porque, de esa forma, íbamos a tener una jurisprudencia uniforme en todo el territorio nacional, y que no fuera en el juzgado de lo Contencioso-administrativo en el que cada uno dice lo que le parece. Pero lo peor de todo no
es esto; lo peor de todo es que cuando se meten en el derecho de reunión, en las distancias, en el cierre de establecimientos, en el resto de derechos que no son libertad ambulatoria, ¿qué control judicial reclaman ustedes? Ninguno; posterior.
Es decir, el Poder Ejecutivo declara el cierre de los establecimientos, que no se puedan reunir más de seis personas, que a los tanatorios o a las celebraciones no pueda acudir tanta gente, que la distancia social sea una determinada, que no se
pueda fumar al aire libre si no se respeta la distancia social, y resulta que el que se encuentre molesto tiene que ir al recurso contencioso-administrativo, a un procedimiento de protección de los derechos fundamentales. ¿Sabe lo que tarda? Se lo
digo yo: entre seis meses y un año y después los recursos. El Poder Ejecutivo se lava las manos y dice: ¡fenomenal! Han bajado un escalón en las garantías.
Señoría, estos señores de aquí le van a votar que no porque viene de ustedes, porque el señor Sánchez con su proposición de ley estaría encantado; estaría encantado, ya que no tendría que venir aquí, podría meterse en los derechos
fundamentales de los ciudadanos sin tener una respuesta de estos ciudadanos y fíjese algunas comunidades autónomas. Dice usted que no han cambiado la legislación; sí la han cambiado, a iniciativa de Ciudadanos, cuando negociamos la sexta prórroga
del estado de alarma. (Aplausos). Establecimos la declaración de actuaciones coordinadas, se han tomado ya cinco declaraciones de actuaciones coordinadas. Modificamos la competencia de los TSJ. ¿Y qué hemos hecho esta mañana? Presentar una
nueva proposición de ley en la que pedimos que la declaración de actuaciones coordinadas se fiscalice judicialmente por la Audiencia Nacional y, de esta manera, no habrá ninguna comunidad autónoma que pueda desobedecer la declaración de actuaciones
coordinadas del ministro. Pedimos, asimismo, que se fortalezca la Alta Inspección del Estado y, finalmente, que se limite la duración de las prórrogas del estado de alarma a 30 días, que es el plazo que establece la Ley 4/1981 para los estados de
excepción.
Como ven, esto es el plan B. Hay un plan A, que es el estado de alarma cuando hay que confinar; hay un plan B, cuando nos vale simplemente con estas medidas que ya están adoptando las comunidades autónomas, siempre con control judicial. Y
-termino, señor presidente- me perdonará que, con todo el respeto, le diga que su proposición de ley no vale ni como plan Z.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Bal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenas tardes de nuevo. Señorías, les tenemos que confesar que, desde el punto de vista de la salud, la iniciativa podría ser interesante. Esto que hacen ustedes en el artículo de la Ley de salud pública de
detallar, de acuerdo con la normativa europea, respuestas rápidas y efectivas, como el confinamiento o las cuarentenas, es cierto que tiene el interesante atractivo de abordar la materia y renovarla. Vale la pena recordar que la Ley orgánica de
salud pública es del año 1986 y que la única modificación reciente que existe es el Real Decreto de 2020. Por tanto, como les diré finalmente, vale la pena empezar a plantearse si hace falta modificar esta ley que lleva más de treinta y cuatro años
de vigencia. Efectivamente, algunos instrumentos pueden ser interesantes, pero en su discurso usted planteaba alguna cuestión como que el estado de alarma afecta a los derechos fundamentales, y estas medidas también los afectan. Creo que no
podemos ser inocentes y pensar que en estas medidas no hay una afectación a los derechos fundamentales y que no es un debate entre la Ley de salud pública y el estado de alarma porque, en ambos casos, se produce una afectación de los derechos de los
ciudadanos. Por tanto, yo les invito a que en este ámbito de la salud esto pueda tener algún tipo de recorrido en el futuro.
Pero sí es cierto que el segundo punto de su proposición, el relativo a la parte más jurídica, obvia una cuestión que les han dicho anteriormente y que supongo que obedece a la razón de haber presentado esto hace tiempo. La Comisión de
Justicia ya avaló y sacó adelante esta reforma que ha derivado la competencia en los tribunales superiores de Justicia en vez de en los juzgados de lo Contencioso-administrativo. Por tanto, pierde sentido la enmienda o la nueva redacción que
ustedes plantean en esta legislación; una legislación que, por otra parte, continúa abundando en aquello de judicializar las decisiones políticas, administrativas, institucionales. Tampoco creemos que este sea el camino. Entenderá que no sea yo
quien defienda este camino; y ya los pocos pelos que me quedan se me ponen de punta cuando oigo al señor Bal decir que esto incluso lo tendría que hacer la Audiencia Nacional. Es evidente que la Audiencia Nacional quizá lo que necesita es
replantearse su existencia y no dotarla de más competencias. En todo caso, entendemos que sí que es cierto que hay un debate pendiente de la Ley orgánica de salud pública, pero quizá sería mejor hacerlo después de la pandemia, evaluando exactamente
cómo ha evolucionado y cuáles son los retos que necesita un Estado para garantizar la supervivencia en esta pandemia. Por tanto, no acabamos de ver tampoco el encaje jurídico que ustedes plantean, que encontramos desfasado ya con las últimas normas
aprobadas.
No obstante, antes de finalizar mi intervención, señora Gamarra, no voy a ser yo quien salga en defensa de usted en sus tesis ideológicas pero sí en sus postulados y en su derecho a plantear aquí lo que haga falta. Por tanto, señor Sánchez,
yo le tengo que decir que el respeto parlamentario pasa por no considerar tontería ninguna de las intervenciones y las propuestas que plantea un grupo político. La discrepancia ideológica brutal que yo puedo tener con el PP no me hará nunca decir
que lo que plantea el PP es una tontería. Por tanto, creo que esta es una lección que deberíamos asumir todos en esta Cámara para hacer una política un poco más útil a los ciudadanos. El señor Sánchez, en las lecciones de derecho que nos ha dado
aquí -seguramente tiene la capacidad y el conocimiento suficiente, superior al mío- se ha dejado un apunte final, y es que el derecho es interpretable y para muestra les puedo poner un botón: los mismos hechos en la Audiencia Nacional o en el
Tribunal Supremo han tenido sentencias totalmente dispares. Por tanto, el derecho es interpretable; la versión que hace el señor Sánchez es la suya y quizá la de muchos juristas, pero seguro, seguro, que ni la del señor Sánchez ni la de la señora
Gamarra son ninguna tontería
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, president. Bona tarda, diputades y diputats.
Desde que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declarara la epidemia de la COVID como pandemia y se aprobara la declaración del estado de alarma como consecuencia de ello, hemos venido discutiendo por activa y por pasiva,
aunque por motivos diferentes cada uno de los grupos, sobre la necesidad de articular instrumentos igualmente garantistas, más rápidos, flexibles y resolutivos para la
contención de la epidemia, sin necesidad de declarar el estado de alarma y sin que tengamos que estar bajo el control de los jueces constantemente. Nos encontramos hoy inmersas en la llamada segunda ola de esta pandemia, y el Gobierno
quiere seguir sin modificar la legislación para dotarnos de esos otros instrumentos. Hemos tenido que ver cómo se hacía un uso excesivo y arbitrario de la ley que regula el estado de alarma, limitando y coartando derechos y libertades
fundamentales. A pesar de ello, al no disponer de otros instrumentos jurídicos, aprobamos por responsabilidad el último estado de alarma, que se alargará seis meses en el tiempo, aunque esta vez con capacidad de gestión en la pandemia de las
comunidades autónomas como autoridades delegadas, a diferencia de la primera etapa de la pandemia en la que se nos impuso el mando único del Estado y la militarización de la gestión sanitaria, absolutamente innecesaria e ineficiente. Pero saben
ustedes perfectamente que nuestro modelo no pasa por la pertenencia a este Estado; es más, nuestra convicción y nuestra obligación es trabajar y luchar por la república catalana, pero, lamentablemente, hasta que sea una realidad, estamos limitadas
por su legislación, que se ha demostrado reiteradamente dañina para la gestión de la realidad en Cataluña.
En este mismo orden de cosas, ustedes, señorías del Gobierno, no han sido capaces de pactar unas reformas legislativas que protegieran y dieran más garantías al ejercicio de los derechos fundamentales; incluso la ejecución de las medidas
adoptadas ha sido torpe e ineficiente: caos en el SEPE para poder recibir las ayudas; prestaciones que no se están pagando desde el 12 de agosto; cobro de tasas e impuestos a los autónomos que, a pesar de tener los negocios cerrados y no tener
ingresos, siguen pagando; no paralizan los desahucios... ¿Saben qué pasa? Que nuestra gente tiene derecho a comer y tiene derecho a una vivienda digna en condiciones de habitabilidad y con los suministros básicos garantizados, y es ahí donde no
daremos apoyo a ninguna reforma que no otorgue a nuestra Administración sanitaria, la Generalitat de Catalunya, todas las competencias en salud pública. A pesar de todo ello, el Govern de la Generalitat de Catalunya tuvo que solicitar, junto con
otros territorios del Estado como Euskadi, la declaración del estado de alarma para poder garantizar la salud y la vida de las personas que viven en Cataluña, puesto que, como ya hemos dicho, no teníamos ningún otro instrumento jurídico para ello.
El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos no ha modificado la Ley de Sanidad, que nos hubiera permitido gestionar la pandemia sin la necesidad de declarar un estado de alarma que limite y restrinja los derechos y libertades fundamentales. Aun
así lo solicitamos, pero también la buena gestión se demuestra con los datos. El PP, que gobierna en Madrid y que tanto dice defender el derecho a la vida, está dejando morir a su gente con esta pandemia, mientras que el PSOE mira hacia otro lado.
Y si no, miren los datos publicados este domingo, 15 de noviembre: el número de fallecidos en Madrid desde el 4 de julio al 12 de noviembre es 346, mientras que en Cataluña es 85 por cada millón de habitantes. Hemos tenido conocimiento de estos
datos el domingo pasado porque, hasta ahora, Madrid había ocultado las cifras reales, mientras que en Cataluña siempre, siempre, hemos sido transparentes y fuimos las primeras en dar los datos reales en residencias y hospitales, porque eso es lo que
espera y se merece la ciudadanía; transparencia y buena gestión de sus Gobiernos. Diferencia que se pone de manifiesto con las políticas que aplica cada Gobierno. Los datos así lo avalan; Cataluña, con las consejerías dirigidas por Esquerra
Republicana con responsabilidad y gestión en esta pandemia, está aplicando políticas de izquierdas con resultados que demuestran una gestión sanitaria mucho más eficiente, poniendo a las personas en el centro de la política; mientras que en Madrid,
con políticas de derechas están haciendo una gestión pésima de la pandemia, demostrando que la salud de su gente les importa bien poco. Además de todo ello, en Cataluña estamos haciendo un sobreesfuerzo económico con más ayudas para reducir el
impacto económico que la pandemia está provocando, haciendo todo lo que está en nuestras manos, pero, lamentablemente, es insuficiente.
Por eso exigimos al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos un plan de rescate, es el Estado quien tiene los recursos y no está haciendo absolutamente nada en esta segunda ola de la pandemia. La Generalitat de Catalunya, a pesar de todas las
limitaciones y la falta de recursos, está tapando todos los agujeros de un Estado que no está haciendo su trabajo. Esto no puede seguir así. El Estado está dejando tirada a la gente de este país y exigimos ese plan de rescate, como ya están
haciendo todos los países europeos. Nuestro vicepresident, Pere Aragonès, envió una carta al Gobierno exigiendo responsabilidades y no le han respondido. Todo ello nos sirve para reafirmarnos en nuestras convicciones; queremos un Estado propio
para ayudar y servir a nuestra ciudadanía. No podemos mirar hacia otro lado, mientras no consigamos la república catalana que deseamos, es necesario que el Estado se ponga las pilas ya.
Por todo ello votaremos negativamente a esta toma en consideración y advertimos al Gobierno: trabajen, asuman sus responsabilidades, no se laven las manos y tomen las medidas necesarias para proteger a los sectores más afectados de esta
pandemia porque las oportunidades se acaban.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero.
El señor SANTIAGO ROMERO: El Grupo Popular nos presenta una proposición de ley con la que de alguna forma se intenta justificar que el Gobierno utilizó el estado de alarma -según entiende el Grupo Popular- de forma abusiva, fraudulenta -se
ha dicho aquí hoy, se dijo durante el propio estado de alarma-, para recortar derechos fundamentales de los españoles e impedir su libre ejercicio. Esta proposición de ley pone de manifiesto las contradicciones e incongruencias del Grupo Popular,
es una especie de sostenerla y no enmendarla. A posteriori, pretenden crear un marco legal que nos dijeron en mayo que ya existía. La derecha se ha pasado la pandemia criticando la falta de garantías jurídicas en las medidas sanitarias adoptadas
y, por supuesto, la afectación de los derechos fundamentales; sin embargo, nos trae una proposición que, entre otras medidas, elimina buena parte del control judicial y político que hoy existe sobre las medidas sanitarias cuando afectan a los
derechos fundamentales.
Este debate requiere, en primer lugar, reivindicar que ojalá el derecho a la salud fuera un derecho fundamental en nuestra Constitución, en lugar de configurarse hoy día en el artículo 43 como un mero principio rector de la política social,
porque es protegiendo la salud como se protege la economía, el empleo y el bienestar social y no al revés. Para Unidas Podemos, para este Gobierno de coalición, la salud sí es un derecho fundamental y por eso hemos priorizado el derecho a la salud
frente a cualquier otro derecho. Por eso, este Gobierno ha hecho permanentemente un ejercicio de ponderación entre derechos esenciales, acercando las medidas jurídicas y políticas adoptadas en cada momento a la realidad social de la pandemia. Por
eso, las medidas jurídicas adoptadas mediante el estado de alarma nunca lesionaron derechos fundamentales, sino que los protegieron conforme establece la Constitución y con los instrumentos establecidos en la Constitución. Sin embargo, el Grupo
Popular nos trae una reforma que expresamente propone anular las garantías que para los derechos fundamentales existen ahora mismo en la ley. Elimina la intervención de los juzgados para autorizar previamente o ratificar judicialmente las medidas
adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria, cuando estas medidas se consideren urgentes y necesarias para la salud pública y cuando impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales; y, efectivamente, no nos definen qué son esas
restricciones o limitaciones de los derechos fundamentales. El Grupo Popular propone que solo sea necesaria una autorización judicial cuando estemos ante una privación absoluta de esos derechos, pero no cuando se apliquen limitaciones o
restricciones; y los derechos fundamentales no pueden dividirse, son derechos fundamentales que tienen que protegerse en todo momento de forma íntegra. ¿Qué nos está proponiendo el Grupo Popular? Que la autoridad sanitaria, por ejemplo, de la
señora Ayuso pueda limitar o restringir derechos fundamentales constitucionales de las personas sin someterse a un control judicial previo ni pasar por el Parlamento de la Comunidad de Madrid. Es decir, el confinamiento de clase que la señora Ayuso
estableció en los barrios populares ahora se podría adoptar por un mero acuerdo de un funcionario de la Consejería de Sanidad sin necesidad de autorización judicial ni parlamentaria previa.
Durante meses el Grupo Popular nos dijo que el estado de alarma no era necesario porque la Ley orgánica de salud pública permitía adoptar las medidas de control de la pandemia que se pretendían con el estado de alarma; estado de alarma que,
según el Grupo Popular, respondía a la maldad intrínseca del Gobierno que quería acabar con el Estado de derecho. Sin embargo, nos traen una reforma de la Ley de salud pública ampliando dicha ley para introducir en ella las previsiones contenidas
en las normas dictadas gracias a la declaración del estado de alarma. Es decir, obsesivo rechazo al estado de alarma contemplado en la Constitución. (Aplausos). El PP se ha dedicado durante el primer estado alarma a desoír a los expertos
constitucionalistas. Estos insistían en que era el único instrumento que permitía al Gobierno mantener el mando único frente a la pandemia, pero ustedes indicaban que no, que había alternativa al estado alarma. Mintió el secretario general del
Partido Popular, el señor García Egea, y el vicesecretario de Comunicación, el señor Montesinos, cuando citaban en mayo tres leyes que, tal y como explicaban en ese momento, actualmente estaban en vigor y con ellas se podría solucionar lo que no
solucionaba el
estado alarma: la Ley de salud pública, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de protección ciudadana. Sobre las dos últimas me abstengo, porque no sabemos todavía qué tiene que ver la actual regulación de la protección ciudadana con una
pandemia, pero sobre la Ley de salud pública explíquennos cómo es que proponían sustituir el estado de alarma con la Ley de salud pública y ahora nos traen una reforma diciéndonos que dicha ley no servía. Lo que nos presentan pone de manifiesto
que, desde luego, ni la Ley de salud pública ni las otras dos leyes, como he dicho, hacen mención a ninguna limitación de la libertad de movimientos. Por eso, hoy el PP se ve obligado a proponer una modificación del artículo 3 para incorporar esa
posible limitación de movimientos y, además, lo incluye eliminando controles judiciales y de las asambleas legislativas. Es decir, el único instrumento que permitía al Gobierno de España luchar contra el COVID, salvar vidas y defender la salud
pública del conjunto de los ciudadanos era el estado de alarma, y el PP ha mantenido su negativa a respaldar las prórrogas del estado de alarma desde el mes de mayo en el Congreso.
Nos oponemos radicalmente a que un funcionario gubernativo pueda acordar restricción de libertades y derechos fundamentales de forma generalizada en el caso de una pandemia, que es lo que ustedes están proponiendo, porque eso no respeta la
división de poderes de un Estado de derecho y porque, de verdad, sinceramente a estas alturas la excusa que están proponiendo no es más que una excusa, un intento de modificar el pasado, es una evidente autoacusación de su responsabilidad. Ojalá la
democracia española algún día les perdone por haber mentido a los españoles. Ahora se está acreditando, pero no intenten justificar sus mentiras a posteriori, retiren esta proposición. Vamos a votar en contra y, por favor, hagan por primera vez
una oposición que sea leal con el Gobierno de España.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Santiago. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Prieto Nieto.
La señora PRIETO NIETO: Gracias, presidente.
Antes de comenzar mi intervención, quisiera aprovechar esta ocasión en el Pleno para recordar a todas las víctimas de la COVID en nuestro país, así como a las personas que en estos momentos están luchando contra la enfermedad. Quiero,
además, mandar todo mi apoyo y el del Grupo Socialista a sus familiares y amigos. Sabemos y somos conscientes de los duros momentos que atraviesan y queremos enviarles un mensaje de ánimo y fuerza. (Aplausos).
Señora Gamarra, no se da cuenta de que, cuando se alimenta a quienes están en su extremo, los pueden acabar devorando. Usted dice que España carece de instrumentos legales. Su afirmación es errónea, señora Gamarra, pero es que, además,
supone una enmienda a la totalidad no solo a las ministras y ministros del Gobierno, sino también a los suyos, entre otros a la señora doña Ana Pastor; no es cierto lo que dice, señora Gamarra. Usted ha exagerado porque tiene que atacar al
Gobierno, pero hay que señalar que hay una legislación elaborada a lo largo de muchos años. Es justo reconocerlo porque no todo vale. No todo justifica la visión apocalíptica que ustedes hacen cada vez que pueden.
Señorías, vivimos un momento excepcional y sin precedentes. La pandemia ocasionada por la COVID supone la crisis sanitaria más grave que ha tenido nuestro país en el último siglo. Nos estamos enfrentando a un rival invisible pero
devastador, un virus que se está cobrando vidas por todo el mundo. El pasado 14 de marzo, el Gobierno se vio obligado a tomar las medidas más restrictivas que se recuerdan en nuestro país en tiempos de paz con el objetivo único de salvar vidas.
Para ello se recurrió a un instrumento constitucional, el estado de alarma, desarrollado en la Ley de 1981. Se trataba de confinar en sus viviendas a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país; se trataba de parar completamente la actividad no
esencial de nuestra economía; se trataba de hacer todo lo que estuviera en nuestra mano para evitar la muerte de muchos de nuestros compatriotas y proteger la salud y la vida, medidas encaminadas a parar el golpe de los contagios que, de forma
repentina, empezaron a multiplicarse. En marzo fuimos el país cuyas medidas fueron más drásticas, pero a día de hoy muchos otros Estados están llevando a cabo estas medidas que entonces no les parecieron adecuadas. Así, el Gobierno decretó el
primer estado de alarma y solicitó a este Congreso la aprobación de las prórrogas estrictamente necesarias, garantizando en todo momento el control parlamentario además del control judicial. Es decir, poniendo luz y taquígrafos y argumentos a una
medida pocas veces tomada con anterioridad. Fue una aprobación que costó -bien lo saben ustedes- mucho sudor y esfuerzo del Gobierno y que, como bien recuerdan, ustedes no apoyaron las
últimas veces ni en junio ni en octubre. (Aplausos). Por cierto, quiero destacar el ejercicio de responsabilidad durante el confinamiento y el estado de alarma realizado por las españolas y por los españoles.
Quiero recordar de forma rápida lo que hace pocos meses decían sus señorías del Partido Popular. Su líder, el señor Casado, conminó al presidente del Gobierno a acabar con lo que él llamó confinamientos medievales. Más recientemente -hace
poco más de un mes-, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, llamaba autoritario al Gobierno por decretar el estado de alarma en dicha comunidad. Y hoy, casualmente, traen para su toma en consideración por parte de esta Cámara una
ley orgánica que pretende extender la posibilidad de los confinamientos domiciliarios a criterio de las comunidades autónomas. Se lo resumo, señorías, tratan de hacer permanente lo que es y debería seguir siendo excepcional. Se rectifican ustedes
mismos en el camino y eliminan con ello gran parte del control parlamentario. Para el Grupo Socialista este camino es equivocado. Nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico cuentan con los instrumentos legales suficientes para estas
situaciones de excepcionalidad, regulados y garantistas. Por eso, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de la toma en consideración de la proposición de ley que trae el Grupo Popular.
Señorías del Grupo Popular, este no es el momento de distraer la atención de lo que realmente es importante. Tenemos un Ministerio de Sanidad y un Gobierno dando todo lo que tienen para atajar con prontitud esta situación. Hace poco
recibimos la gran noticia de la proximidad de la vacuna y los datos epidemiológicos en nuestro país empiezan a estabilizarse poco a poco. A la vez, los datos económicos empiezan a dibujar una recuperación que las ciudadanas y ciudadanos necesitamos
tanto como dicha vacuna. Este tiempo tan difícil para España requiere altura de miras de sus representantes públicos, también de ustedes, señorías del Grupo Popular. Requiere que haya quien mire más allá de la confrontación y del cortoplacismo
para desgastar al Gobierno. Su gran error -su gran error- es querer sacar provecho electoral de esta pandemia. Sean leales y patriotas de verdad, señorías del Grupo Popular; apoyen al Gobierno en este momento tan complicado, apoyen las medidas
orientadas a vencer al virus, desatasquen la renovación de los órganos constitucionales y, señorías del Grupo Popular, voten favorablemente los Presupuestos Generales del Estado más necesarios, más expansivos y más sociales de nuestra historia
reciente. (Aplausos).
Finalizo ya, señorías. Si me permiten el consejo, en el futuro esto será mejor a ojos de españoles y españolas que ser vistos como el partido que se opuso a la recuperación. Con el paso del tiempo, la historia pasará factura a quien no
comprenda lo que es necesario: el consenso.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señora Prieto.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, RELATIVA A LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR EL DEBER DE CONOCER EL CASTELLANO, DEL DERECHO A USARLO Y DE SU
APLICACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS, JURÍDICAS Y A TODAS LAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL REINO DE ESPAÑA. (Número de expediente 162/000098).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX relativa a la aplicación y desarrollo del
artículo 3 de la Constitución española mediante la adopción de las medidas necesarias para asegurar el deber de conocer el castellano, del derecho a usarlo y de su aplicación a las personas físicas, jurídicas y a todas las administraciones e
instituciones públicas del Reino de España. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias.
Señor presidente, vengo a defender esta proposición no de ley del mes de enero, presentada por el Grupo Parlamentario VOX, como ciudadano que habla, piensa, reza y cuenta en catalán. Mi lengua materna es la catalana, hermana de la española,
ambas propias de Cataluña, como tesoro compartido y elemento vertebrador de una realidad histórica que es nuestra nación, España. Ninguna Administración ni ningún particular pueden menospreciar la lengua común de todos, el español, y menos
discriminarla. De ahí la necesidad del cumplimiento estricto del mandato constitucional de que todos los españoles
tienen derecho a utilizar el castellano o el español y el deber de conocerlo, cuestión por la que hoy debatimos aquí. No va de diferencias, sino de unidad. No va de uniformidad, sino de riqueza. No va de imposición, sino de libertad. No
va de discriminación, sino de derechos. En definitiva, va de cumplimiento constitucional y normativo, y diría más, de una tarea superior que nos trasciende.
Nadie puede negar el ataque político que está sufriendo desde hace décadas el uso de la lengua común en demasiadas comunidades autónomas gobernadas por uno u otro signo, con la mirada complaciente de los Gobiernos centrales, como un virus
que ataca uno de los pilares básicos de la ciudadanía española, de aquellos hombres y mujeres más sencillos, más humildes, que tienen la lengua española como un patrimonio intangible pero irrenunciable y que, en algunas regiones, tienen la fortuna
de compartir con la otra propia. Es un caudal a preservar, una lengua común que, si bien es un elemento configurador de la nación como hecho histórico, no lo es desde el hecho diferencial, sino desde la grandeza integradora, desde el inmenso
mestizaje que trasciende a la cuestión natural de la comunidad política nacional, y en nuestro caso va más allá, siendo a su vez elemento vertebrador de un concepto magno que es la hispanidad. Más de quinientos millones de hispanoparlantes en todo
el mundo tienen dicha lengua como propia, con los que, a su vez, nos unen lazos de hermandad imperecederos. Pese a ello, a la gran realidad histórica de la lengua española, incluso con categoría de lengua franca, con la que desde hace siglos nos
hemos entendido en todo el territorio nacional y más allá de ultramar, los grandes gurús nacionalistas de derecha e izquierda han optado por menospreciar el español y utilizar alguna de las lenguas vernáculas más íntimas, elevándolas a categoría de
hecho diferencial que justifique estérilmente en ocasiones una hipotética nación, que en modo alguno puede ser, porque ninguna nación ha sido fruto de una voluntad contractual, pues atentaría contra la propia esencia de la misma. (Aplausos).
Asimismo, es un ataque flagrante al ciudadano como objeto y destino del ejercicio del derecho a elegir en libertad, pues lo que estamos padeciendo en muchas regiones es la inmersión lingüística, que es la base de la obediencia a los credos
nacionalistas disgregadores, negando e incluso, prohibiendo el español como lengua vehicular. Sirva como ejemplo no tan solo Cataluña sino la propia Galicia. De ahí que no podamos aceptar la enmienda malintencionada y tibia del Partido Popular,
que parece estar redactada en la Plaza del Obradoiro.
Y también -cómo no- me ciño a los últimos acontecimientos vividos en esta Cámara, por ejemplo, la reforma de la Ley de Educación de la señora Celaá y los pactos del Gobierno con grupos segregacionistas y nacionalistas. Pero ya tenemos la
experiencia histórica y la lejanía temporal suficientes para discernir el recorrido y desarrollo constitucional y, con ello, afinar, acomodar e instruirnos sobre lo sucedido desde el nacimiento de la Constitución española y sacar conclusiones; voy
a sacar dos. Una primera es que somos conscientes del enclave del artículo 3 en el título preliminar del texto constitucional, que lo aleja circunstancialmente de instar el derecho reconocido por la vía del artículo 53 de la Carta Magna, pero ello
precisamente -estar en dicho título donde figuran los principios generales o estructurales de nuestro ordenamiento constitucional- le confiere una protección especial a través de la reforma constitucional agravada que establece para dicho título
preliminar el artículo 168 de la Constitución española. Y una segunda es que por un diputado de los populares con conocimiento jurídico se nos recordaba hace breves fechas que, concretamente, la sentencia del Tribunal Constitucional 48/2003 excluye
a España como una democracia militante. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Esto es que, a diferencia de la mayoría del resto de las democracias occidentales, los fundamentos básicos de la Constitución, como la pervivencia de la nación o
incluso de la lengua común, el derecho a la educación -un derecho natural que tienen los padres a educar a sus hijos- o -es más- la desaparición del propio sistema de libertades -no lo digo yo, lo dicen ellos-, son algo que puede estar a merced de
una mayoría circunstancial, pasajera y efímera, como sucede en el actual Parlamento, sin perjuicio de la protección reforzada ya citada, y no duden de que así lo harán las fuerzas progresistas de un lado con el quietismo cómplice del otro,
posiblemente. Interpretación, insisto, del Tribunal Constitucional, aunque dudo que fuera voluntad del constituyente. De ahí la importancia de que reforcemos esos mecanismos que garanticen derechos, el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera
de las dos lenguas ante cualquier Administración en la comunidad respectiva con plena eficacia jurídica.
Termino acudiendo a una distinción que gustará a los diputados marxistas de la coalición gubernamental por razón de su autor: una cosa es la libertad abstracta y otra cosa es la libertad real; una cosa son las libertades formales y otra
cosa son las libertades reales y concretas que interesan a los españoles. Y si no fuera así, iríamos directos al suicidio, envilecimiento, destrucción y aniquilamiento de España como nación y como sujeto histórico, y VOX no está dispuesto a ello.
De ahí nuestra propuesta en defensa de la lengua común en todo el territorio nacional.
Muchas gracias, señora presidente. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aizcorbe.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ni España es una realidad uniforme ni tampoco una suma de realidades enfrentadas e incompatibles entre sí en el ámbito territorial, cultural o lingüístico, como quieren hacer ver las fuerzas independentistas. España no es eso,
señorías. España es diversa y plural, una nación unida en la diversidad, que no es lo que nos diferencia, sino precisamente lo que nos define y enriquece como nación. Una manifestación de esa riqueza cultural es la pluralidad de lenguas españolas,
desde el castellano, que es la lengua oficial en todo el territorio y que hablan más de seiscientos millones de personas en el mundo, hasta el gallego, el euskera, el catalán o el resto de lenguas cooficiales, que también son españolas y que tienen
su marco jurídico en el artículo 3 de nuestra Constitución, en los diferentes estatutos de autonomía, pero también en la doctrina del Tribunal Constitucional y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que han definido en sus sentencias el alcance
y los límites del uso de las diferentes modalidades lingüísticas que existen en nuestra nación. ¿Y qué es lo que nos han dicho? Nos han dicho, entre otras cosas, que el castellano es la lengua oficial de todos los poderes públicos y en todo el
territorio nacional, y que todos los españoles tenemos el deber de conocerla; que las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas si así lo establecen sus estatutos de autonomía. Es decir, el criterio
delimitador de las distintas lenguas es el criterio territorial y también el de la llamada conjunción lingüística, es decir, el de coexistencia entre ambas lenguas cooficiales. Pero también nos han dicho que la cooficialidad ha de sujetarse siempre
a un patrón de equilibrio e igualdad entre ambas lenguas oficiales para que ninguna de ellas tenga un trato privilegiado sobre la otra, precisamente para preservar el bilingüismo; que los derechos lingüísticos son de los ciudadanos, no de las
administraciones, y que si bien el legislador puede adoptar medidas tendentes a corregir situaciones de desequilibrio histórico de la lengua cooficial, estas medidas deberán ser siempre proporcionadas, y el hecho de que una lengua cooficial pueda
ser utilizada como lengua vehicular en la enseñanza no puede significar nunca que el castellano deje de serlo. Por eso, el Tribunal Supremo estableció el 25 % de proporción mínima de horas lectivas impartidas en castellano. Otra cosa es que eso no
se cumpla, pero eso le corresponde garantizarlo al Gobierno.
Pues bien, señores de VOX, aunque compartimos su preocupación, en el texto de su iniciativa no se refleja con precisión esa cooficialidad de lenguas y esa doctrina del Tribunal Constitucional, cosa que sí hacen, por cierto, en su enmienda
número 501 a la nueva Ley de educación, donde dicen cosas distintas de lo que recoge esta proposición. Deberían aclararse. Esa es la razón por la que hemos presentado una enmienda que pretende instar al Gobierno sencillamente a que vele por la
aplicación de la Constitución, de los estatutos de autonomía y que garantice la aplicación efectiva de la doctrina del Tribunal Constitucional y de las sentencias tanto del Tribunal Supremo como de los tribunales de Justicia, garantizando con ello
que el castellano sigue siendo lengua vehicular en el sistema educativo en todo el territorio nacional, en Cataluña y en todo el territorio, señorías. Eso contempla todo lo que tiene que contemplar. Lo que no se puede hacer es una interpretación
parcial y sesgada de la doctrina del Tribunal Constitucional que, como saben, tiene el valor de cosa juzgada. No les den bazas a los independentistas y a este Gobierno. Si se defiende la Constitución, hay que cumplirla entera y asumir toda la
doctrina del Tribunal Constitucional, la que gusta más y la que gusta menos, no solo la que conviene. Por eso, señores de VOX, si ustedes asumen toda esa doctrina del Tribunal Constitucional, no deberían haber tenido ningún reparo en aceptar
nuestra enmienda. Ahora bien, si no la quieren asumir -no la aceptarán, ya nos lo han dicho-, entonces les va a costar mucho explicarlo. Si VOX hubiera aceptado nuestra enmienda, el que no debería haber tenido ningún problema y tampoco ningún
inconveniente en aceptarla hubiera sido el Grupo Socialista. Miren qué favor les hacen porque, si no hubiera aceptado esa enmienda el Grupo Socialista, significaría que este Gobierno no quiere aplicar ni la Constitución ni las sentencias de los
tribunales.
Señorías, se ha dicho que los mayores enemigos de las lenguas son quienes las imponen, pero también quienes las prohíben, y eso es lo que algunos están pretendiendo hacer estos días. Ustedes, señores socialistas, lo están consintiendo,
porque no solo están cambiando presupuestos por acercamiento
de presos, sino que también están cambiando presupuestos por desterrar el castellano del sistema educativo catalán, tratándolo como si fuera una lengua extranjera, y eso es lo que pretenden los independentistas. Y ya les digo que no lo
vamos a permitir y vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional y ante las instancias que sean necesarias para que el castellano siga siendo una lengua vehicular en todo el territorio nacional. Ténganlo claro.
Voy terminando. Señores socialistas, no sé adónde quieren ir ustedes. Ya ven con que dureza les están criticando muchos de sus compañeros, como Alfonso Guerra, e incluso están recogiendo firmas en su contra, pero les aseguro que nosotros
no vamos a permitir que se quieran construir nuevos muros entre españoles haciendo incompatibles el uso de las lenguas que conviven en la sociedad con toda normalidad.
La señora PRESIDENTA: Señor Bermúdez de Castro, tiene que terminar, por favor.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Termino, señora presidenta.
Esa no es la España constitucional. La España constitucional es un espacio de soluciones, un espacio de libertad y coexistencia entre lenguas, un lugar de encuentro y convivencia entre españoles, un lugar que merece la pena seguir
defendiendo y seguir construyendo, y ahí nos encontrarán siempre al Grupo Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bermúdez de Castro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes.
La verdad es que a cualquiera que nos viera desde fuera le llamaría la atención que en el Parlamento de España, en el Congreso los Diputados, haya que salir a defender, en este caso, el idioma español, el castellano, porque haya grupos que
quieran eliminarlo de una parte de España. Si a eso le añadimos que uno de los partidos que quiere eliminarlo es el que forma parte o está en el Gobierno, ya, desde luego, es el colmo.
La enmienda que firmó el Partido Socialista con Esquerra, el acuerdo al que han llegado -supongo que ese acuerdo sí existe, aunque no sé si van a renunciar a esa firma porque parece que los acuerdos a los que llegan ahora, como en el caso de
Bildu, no existen aunque exista un papel firmado en la Comunidad Foral de Navarra entre Bildu y el Partido Socialista, pero, bueno, deben ser ensoñaciones nuestras- tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de los partidos nacionalistas secesionistas
con el idioma? Está muy claro, forma parte de las tres cuestiones que necesitan para crear el Estado propio: el idioma, los símbolos y el territorio. Es evidente, y por eso Esquerra tiene tanto interés en, a cambio de un presupuesto, eliminar
toda mención al castellano en lo que ellos consideran no solo Cataluña sino el conjunto de los països catalans -que dicen ellos-, junto con su bandera, la estelada, y junto con el territorio, que es Cataluña más aquellos que entienden que por
derechos históricos les corresponden, y en lo que no voy a entrar, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Eso mismo ocurre en la Comunidad autónoma vasca, donde tanto el Partido Nacionalista Vasco como Euskal Herria Bildu, dentro de sus
principios, cuando hablan dicen: tenemos una patria, que es esa entelequia, esa quimera que llaman Euskal Herria; un territorio donde se habla su idioma, que es el euskera, y donde tienen una bandera, que es la ikurriña. Esos son los objetivos
políticos legítimos, siempre que se utilicen por vías democráticas. El objetivo es legítimo, pero, evidentemente, no puede ser que los partidos que se dicen o no se dicen nacionalistas ni secesionistas, les permitan esos objetivos políticos y que
por un solo presupuesto de un ejercicio económico sean capaces de renunciar a principios fundamentales que hacen una nación. ¿Pero cómo se puede cambiar el presupuesto de un ejercicio económico teniendo votos para hacerlo con partidos que no ponen
en cuestión nada de España y, en cambio, hacerlo con aquellos partidos cuyo objetivo político es debilitar España, quitar el castellano y el español y, además, por parte de algunos, blanquearlos y acercar presos? Eso es lo que no puede ser.
La señora PRESIDENTA: Señor García Adanero, ha terminado su tiempo.
El señor GARCÍA ADANERO: Hagan caso a aquellos que les han ofrecido los votos a cambio de tener un presupuesto bueno para España y bueno para el conjunto de los españoles, no bueno para el Partido Socialista ni bueno para secesionistas y
nacionalistas, cuyo objetivo es acabar con este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Botran Pahissa. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor BOTRAN PAHISSA: Moltes gràcies, presidenta. (Continúa su intervención en catalán).
La señora PRESIDENTA: Señor Botran, tengo que pedirle, por favor, que pase a utilizar la lengua común de esta Cámara, que es el castellano, y a la que nos debemos reglamentariamente usted y yo. (Aplausos).
Muchas gracias.
El señor BOTRAN PAHISSA: (Continúa su intervención en catalán.-Protestas).
La señora PRESIDENTA: Señor Botran, discúlpenme. Le pido, por favor, de nuevo, que atienda a la cuestión que le estoy planteando y, por tanto, que utilice la lengua que reglamentariamente nos obliga.
Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Se le llama al orden!).
El señor BOTRAN PAHISSA: (Continúa su intervención en catalán.-Protestas.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Botran, por tercera vez, le pido que se atenga a la cuestión. Si no, le tendré que llamar al orden.
El señor BOTRAN I PAHISSA: (Continúa su intervención en catalán).
La señora PRESIDENTA: Por supuesto, puede usted terminar, pero le pido, por favor, que lo haga en la lengua compartida por toda la Cámara, que es el castellano. Si usted no atiende esta petición, le quito el uso de la palabra.
Muchas gracias. (Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Señores de VOX, se podían haber ahorrado toda la literatura y resumir lo que proponen en una única frase, la de 'háblame en cristiano', que durante tantos años tuvimos que soportar en las escuelas franquistas.
Flaco favor hacen ustedes al castellano pervirtiéndolo como elemento para conflictivizar las lenguas, utilizándolo como instrumento de imposición, tal y como hizo el franquismo, ese tiempo que ustedes, señores de VOX, tanto y tanto añoran. Pero no
pudieron entonces y no podrán ahora. (Termina su intervención en euskera).
Eskerrik asko. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Aizpurua.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias.
Desde aquí no se les ve muy bien. Estoy intentando localizar al orador de VOX, pero me va a ser imposible. (El señor Aizcorbe Torra hace gestos indicando su ubicación). Le localizo ahora. Nos presenta una proposición no de ley que
nuestro grupo parlamentario considera ya desde la lectura del texto, y más aún después de su exposición, que es una proposición no de ley que, empezando por una falacia sociolingüística, termina y deriva en una manipulación jurídica. Hoy en su
defensa también ha hecho el mismo ejercicio porque usted está hablando de ataques que sufre el castellano, de un virus que ataca al castellano, y de esa forma lo que usted y VOX pretenden es posicionar al castellano en una situación de debilidad que
es falsa. Esa es la falacia sociolingüística de la que esta iniciativa parte, porque lo que en realidad está en situación de debilidad, como usted bien sabe, son el resto de lenguas oficiales propias, y es la Constitución la que protege -tanto que
usted apela a ella- precisamente la defensa que se tiene que hacer desde los poderes públicos de la lengua, garantizando por parte de todos los poderes
públicos -y es una obligación de base territorial, es decir, de todas las administraciones- que la ciudadanía tenga el derecho de hablar en esas lenguas. Y tiene una obligación especial, porque en el artículo 3, en el tercer apartado, se
reconoce expresamente que debe hacerse -lo que ustedes también en la exposición de motivos critican- una discriminación positiva por aquello que se considera que es un valor patrimonial, un valor cultural que está en situación de debilidad y, por
tanto, debe protegerse.
Además, en su proposición no de ley todas las afirmaciones que usted está haciendo son manipulaciones de lo que el Tribunal Constitucional está dictando, porque la Constitución habla del deber de saber castellano, pero no dice nada del
derecho a vivir exclusivamente en castellano. No tenemos derecho -en absoluto- a estudiar exclusivamente en castellano; son las administraciones competentes las que tienen que determinar cuál es el currículo de educación y pueden dar un
tratamiento positivo precisamente para reforzar aquellas lenguas oficiales propias que están en situación de debilidad. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. También dice que hay que ir a los estatutos de autonomía para ver cuáles son las
lenguas oficiales y el reconocimiento del derecho a hablar en ellas. Si usted hace ese ejercicio, convendrá en que en el estatuto se reconoce el derecho a hablar -insisto- en las lenguas oficiales propias de todas las comunidades autónomas. Y le
guste a usted o no le guste, los estatutos de autonomía son bloque constitucional. Por tanto, tiene que reconocer que la Administración tiene ese doble rol: por una parte, tiene que garantizar el derecho de la ciudadanía a hablar y a desarrollar
su vida con normalidad en la lengua oficial propia de las comunidades autónomas y, por otra, tiene el deber de tomar medidas para, con medidas de discriminación positiva, garantizar que esas van a tener más capacidad de desarrollo. Eso no es ningún
ataque, no es ningún virus, es un planteamiento, una política de normalización lingüística que busca el respeto de todas las lenguas y que podamos coexistir desde el respeto. Nunca estamos hablando de un monolingüismo impuesto, que es lo que
ustedes, en nombre de esa Hispania que desean y a la que aspiran, pretenden imponernos. Es un error. En Euskadi hemos conseguido durante décadas articular consensos entre diferentes formaciones políticas que han dado buenos resultados. Hemos ido
obteniendo avances en una situación que era muy compleja para nosotros y entendemos que en el resto de comunidades autónomas también debemos avanzar de esta forma. Esa es nuestra intención, y por mucho que nos busquen, no nos encontrarán en el
camino de la confrontación y la discordia en este tema, porque para nosotros es una cuestión de vital importancia.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorospe.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra Conesa. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, señora presidenta.
Señor Botran, una previa. Yo le he entendido. Yo sí hablo catalán; de hecho, nos conocemos del Parlamento de Cataluña. Yo no le quiero prohibir a usted que pueda escolarizar a sus hijos, si es que quiere, en su lengua materna, que yo
conozco, hablo, respeto y admiro. Es usted el que quiere prohibir que mi hija pueda estar escolarizada hoy en la lengua materna. Así que si hay alguna víctima aquí no es usted (aplausos), son cientos de miles de niños catalanes que hoy no pueden
escolarizarse en su lengua materna.
Señoría, avanzo antes que nada que, por supuesto, votaremos a favor de esta iniciativa porque Ciudadanos, como ustedes saben, siempre va a poner sus votos a favor de la defensa de la libertad de los españoles y de su derecho constitucional a
vivir en español en cualquier rincón del país. Estamos en el año 2020. Ya en el año 2006 mi partido se presentó por primera vez a unas elecciones, las elecciones autonómicas en Cataluña, donde era y sigue siendo difícil defender el uso normal de
nuestra lengua común porque hay gente como el señor Botran -que hoy ha venido aquí de víctima- que no quiere que se utilice normalmente el castellano en la sociedad catalana. Pues bien, nada de lo que votamos hoy falta en el programa que defendió
mi partido en el año 2006 y, por lo tanto, votaremos a favor, pero es importante reseñar una cosa.
¿Saben qué hubiera pasado si esto mismo se hubiera sometido a votación antes de ese año en el Parlament de Catalunya? Que hubiera obtenido cero votos, porque los separatistas llevan años apuntalando la exclusión del castellano en Cataluña,
pero lo realmente triste es que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular -donde, por cierto, estuvo militando muchos años el señor Garriga, hoy candidato de VOX en Cataluña, y se fue no precisamente por la lengua, sino por el aborto o el
matrimonio homosexual, según ha declarado él mismo- nunca apoyaron los planteamientos de Ciudadanos. Celebramos -y, de hecho, nos enorgullecemos de ello- que hoy, gracias a nuestro trabajo, no nos encontremos solos. De hecho, el
español es lengua de uso normal en el Parlament de Catalunya desde hace quince años porque estaba Ciudadanos, no por el PP, que lleva muchos más años allí, ni mucho menos por VOX.
Señorías, lo que no se puede hacer es intentar engañar a los españoles; no pueden echarse ahora las manos a la cabeza como si no hubiera centenares de miles de familias que no pueden escolarizar a sus hijos junto a la lengua cooficial de
las comunidades autónomas donde viven. Este problema es muy antiguo, y si fuera por el Partido Popular o por VOX, desde luego, no sería un motivo de oposición política nacional, porque, señores del Partido Popular, no solo no hicieron nada para
solucionarlo a pesar de sus mayorías absolutas, sino que fueron quienes, merced a un pacto con los separatistas, ni siquiera recurrieron, pudiendo hacerlo, la ley de política lingüística de la Generalitat, que consolidó el modelo de exclusión del
castellano de la vida pública. Muchos de los diputados de VOX militaban entonces en el Partido Popular y no levantaron su voz para protestar por ello. Por no hablar del Partido Socialista, que asume nuevamente -y esto no es sorpresa- las tesis del
nacionalismo lingüístico que lleva cuarenta años gobernando en Cataluña.
Vamos a votar a favor de esta proposición, pero, además, hasta que termine la tramitación de la sectaria contrarreforma educativa -otra más en el pernicioso turnismo en esta materia entre el Partido Popular y el Partido Socialista-, vamos a
mantener nuestra mano tendida para que el Gobierno elimine la salvajada de blindar por ley el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional que hoy se están produciendo por parte de la Generalitat y que el Partido Popular tampoco
frenó cuando estaba en el Gobierno. Porque si hoy debatimos esto es porque el Gobierno o, mejor dicho, una parte del Gobierno, es quien ha puesto sobre la mesa este asunto para contentar a quienes nunca van a estar contentos. ¿De verdad creen que
alguna concesión a Esquerra Republicana o a un partido separatista va a hacer que de repente se conviertan en constitucionalistas? ¿En serio tienen un mínimo indicio de eso? ¿Quién les ha convencido de esta tontería política? Podría entender el
buenismo con los separatistas si no fuera porque no tienen experiencia previa, pero ustedes, señores del Partido Socialista, y todos los españoles tenemos cuarenta años de experiencia acumulada, y no hay ni un solo indicio ni un solo gesto que haga
presagiar que Esquerra -y ahora lo confirmarán, estoy convencido- deje de defender la independencia por todas las vías, incluidas las que no son acordes con la Constitución.
Señores del Partido Socialista, es Esquerra y no Ciudadanos quien mete el veneno de la división entre españoles en estos presupuestos, y la división la consiguen intentando arrinconar aquello que las personas tienen íntimamente como un
elemento definitorio de su identidad: la lengua, y ya vivimos eso en épocas pasadas. Defendemos la convivencia en igualdad de las diferentes lenguas oficiales de España en la sociedad y en todas sus manifestaciones, principalmente en la educación.
Acabo ya, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Sí, señor Espejo-Saavedra, tiene que terminar, por favor.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Acabo ya.
El Partido Socialista puede rectificar todavía y, solo si lo hace, podemos ponernos de acuerdo para que lo que se blinde por ley no sea la exclusión del español, sino lo que realmente es lógico y tiene sentido en cualquier país, que la
lengua común sea vehicular en la educación de nuestros hijos junto con las demás lenguas cooficiales.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Espejo-Saavedra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta. (Continúa su intervención en gallego.-Protestas).
La señora PRESIDENTA: Señor Rego, le pido, por favor, que continúe con la lengua común compartida con el resto de diputados y diputadas de esta Cámara.
El señor REGO CANDAMIL: (Continúa su intervención en gallego).
La señora PRESIDENTA: Señor Rego, se lo pido por segunda vez. Si no, tendré que quitarle la palabra. (Rumores).
El señor REGO CANDAMIL: (Continúa su intervención en gallego.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
¿Hay un solo niño o niña en España que no sepa hablar el castellano? (Varios señores diputados: ¡No!). Ninguno. (Aplausos). ¿Hay niños valencianos, vascos y gallegos que no saben hablar el valenciano, el vasco o el gallego? Muchísimos,
muchísimos. (Rumores). Mi madre nació en Sueca, Valencia...
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor BALDOVÍ RODA: ... vivió toda su vida allí. ¿Era española mi madre? Sí, ¿verdad? Mi madre me regaló dos cosas, como a todos ustedes: su amor y su lengua, el valenciano. Por eso escribo, pienso, amo en valenciano. ¿Es superior
su lengua, la lengua que les enseñó su madre, a la que me enseñó la mía? (Varios señores diputados: ¡No!). ¿Es más española su lengua que la mía? (Varios señores diputados: ¡No!). ¿Merece más respeto su lengua que la mía? (Varios señores
diputados: ¡No!). Entonces, ¿por qué quieren que desaparezca todo lo que no sea castellano? (Protestas). ¿Por qué no nos respetan? (Protestas.-Aplausos). ¿Por qué siguen empeñados desde hace trescientos años en imponernos su lengua por justo
derecho de conquista? (Aplausos). ¿Saben por qué? Porque no les importa nuestra lengua, solo les importa la suya. Porque no entienden los versos de Miguel León Portilla: 'Cuando muere una lengua / [...] entonces se cierra / a todos los pueblos
del mundo / una ventana, / una puerta, / un asomarse / de modo distinto / [...] a cuanto es ser y vida en la tierra'.
Voy acabando.
Porque nunca entenderán que cuando duermo a mi nieto y le canto El meu xiquet es l'amo / del carrer i del corral / de la pomera i la llimera / i la flor del taronger, le estoy transmitiendo sentimientos de amor ancestrales, tan válidos como
los suyos, de muchas generaciones que nos precedieron; una manera nuestra de entender el mundo en peligro de extinción, sí, señoras y señores, en peligro de extinción. ¿Saben qué? No lo consiguió Franco y no lo van a conseguir ustedes, personas
estrechas de miras, colonialistas desfasados como ustedes. Seguim i seguirem. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Baldoví, tiene que terminar.
Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
También por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra la señora Borràs Castanyer.
La señora BORRÀS CASTANYER: Gracias, señora presidenta.
Nunca fue la nuestra lengua de imposición, nunca -lo hemos acabado de ver ahora mismo-, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano y fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suya por voluntad libérrima la
lengua de Cervantes. Por desgracia, la historia y este Congreso desmienten tan cínica o desinformada y emérita aseveración, que fue perpetrada en 2001 y sigue vigente hoy. Acabo de mentar a Cervantes y quiero aprovechar para felicitar al poeta de
Oliva, Francisco Brines, flamante premio Cervantes. Pero, fíjense que en 1716 ya se redactó una instrucción secreta del fiscal del Consejo de Castilla que pretendía imponer el castellano en Cataluña indicando la necesidad, eso sí, de que se consiga
el efecto sin que se note el cuidado.
La proposición no de ley que hoy nos plantean es un ejemplo más de esta voluntad, aunque a ustedes les importa tanto el efecto que ya no les importa que se note el cuidado. De hecho, les tiene sin cuidado. En su texto exponen cinco motivos
y proponen dos puntos, pero todos se resumen en uno: el idioma castellano es uno, grande y libre. Aseguran que ya es hora de que el Estado ponga orden y garantice el derecho y deber de todo español de conocer el castellano. A ver si nos lo
aclaran, porque derecho y deber son dos términos antónimos y nosotros lo tenemos muy claro, conocer y hablar lenguas no es un deber, es un privilegio que tiene que ver con la manera de concebir el mundo. Por eso, les recomendamos que lo practiquen,
es muy saludable.
Si alguna obligación incumple el Estado español es, precisamente, la de proteger las lenguas cooficiales que son propias en sus respectivos territorios. Sí, lenguas propias, reflexionen lo que significa este concepto y quizás se darán
cuenta de que esta España uniforme con la que ustedes sueñan no existe porque nunca ha existido, o solo ha existido por la fuerza y eso es un poco primitivo, bárbaro y, desde
luego, nada políglota. Dudo que reflexionen porque su obsesión les lleva incluso a anteponer los derechos de los funcionarios a los derechos de los ciudadanos a los que deberían servir, pero el Reglamento de esta Cámara ya demuestra lo
absurdo de sus temores: las únicas lenguas prohibidas son las lenguas propias del País Vasco, de Galicia y de los països catalans. En 1716 la consigna era dar instrucciones y providencias templadas y disimuladas, en 2021 ya no les hace falta
disimular. Abran sus mentes, aunque sea con cuidado, a lo mejor les sorprende el efecto. El único virus que les afecta, aparte del COVID, déjenme decirles que es el de la intolerancia.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Borràs. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Bueno, todo vuelve: las hombreras, las chaquetas, la campana en los pantalones, Gibraltar, la Pantoja, el debate sobre el castellano perseguido en Cataluña... Ni me acuerdo las veces que en cinco años hemos debatido esta falacia. Vamos a
hacer una prueba, vamos a hacer una prueba. (Continúa su intervención en catalán).
La señora PRESIDENTA: Señor Rufián, moltes gràcies per la seva intervenció. Saben, señoras y señores diputados, que ha sido uso tradicional en esta Cámara el poder utilizar otras lenguas oficiales españolas además del castellano pero de
manera acotada, con una pequeña introducción, con una pequeña cita, con alguna expresión o una pequeña referencia y ello se ha permitido, pero la lengua común compartida entre todos los diputados y diputadas es el castellano, y por eso, señor
Rufián, a usted también le voy a pedir, por favor, que continúe en esa lengua común que es el castellano y que nos permite entendernos a todos en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor RUFIÁN ROMERO: A usted, señora presidenta. (Continúa su intervención en catalán).
La señora PRESIDENTA: Señor Rufián, le tengo que pedir, por favor, de nuevo que utilice el castellano. Seguro que tiene mucho contenido su intervención como para que nos la perdamos el resto de diputados y diputadas. (Aplausos).
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias. Muy bien.
¿Ven? Y luego dicen que es el castellano el que está perseguido y amenazado. (Aplausos).
Yo, según sus teorías, que soy orgulloso hijo de la inmersión lingüística, ¿se dan cuenta de que no debería estar hablando el idioma que estoy hablando hoy aquí? La inmersión lingüística fue gracias al ¡enorme esfuerzo de trabajadores
murcianos, gallegos, castellanos, madrileños, extremeños, andaluces, aragoneses, que se dejaron literalmente la piel por que sus hijos y sus nietos quisieran, amaran, hablaran la lengua y cultura de la tierra que pisaban! Y ya tuvieron -ya tuvieron-
al fascismo enfrente y le ganaron. Les puedo asegurar que nosotros también lo haremos.
Un país, dos idiomas, ¡uno hablado por 577 millones de personas!, 577 millones, el segundo o tercer idioma más hablado del planeta, y el otro, hablado por apenas 10 millones. Hombre, es que ¡hasta un extraterrestre no nacionalista español
entendería que la lengua a proteger y preservar es la segunda!, pero por pura eficiencia, por sentido común. ¡Dejen de hacer apología de la ignorancia! (Rumores). Ustedes, señorías de la derecha -porque hoy hemos visto una competición de a ver
quién era más de derechas y más anticatalán-, dejen de hacer apología de la ignorancia.
A ustedes no les fastidia el catalán; no, ya saben que es mentira que el castellano esté perseguido en Cataluña, ya lo saben. Lo que les fastidia, lo que realmente les fastidia es lo que se ha conseguido gracias al esfuerzo de grupos como
el de Esquerra Republicana, que es reforzar la escuela pública y ¡que gente como yo esté aquí! Eso es lo que les fastidia. Y la segunda cosa que más les fastidia es el hecho de poner freno a la segregación en los colegios concertados. Así que, por
favor, sigan siendo de derechas, pero sean un poco más sinceros.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rufián. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Buenas tardes.
'¿Cómo se diz en uolof la palabra frontera, la palabra / patria? ¿Y en soniké? ¿Cómo-y llamáis al desamparu? / [...] Si tenéis que marchar, ¿ye la palabra adiós un sustantivu? / [...] ¿Cómo se diz na vuestra, na nuestra llingua / la
palabra futuru?'
Estos versos son de Berta Piñán, se titula Lección de gramática y están escritos en la lengua que hablo con mi hijo, en la lengua que hablaba mi abuelo y en la lengua que cientos de miles de asturianos y asturianas hablan, hablamos, todos
los días. Este poema habla de la posibilidad que ofrecen las lenguas para entendernos, para entendernos.
Les quiero dar las gracias a las señorías de VOX porque son tan torpes con su odio que nos invitan a reafirmarnos en lo que somos como sociedad, como país y como países. Traen ustedes una iniciativa para proteger el castellano, pero hacen
un uso flojo del mismo. Citan la Constitución en su artículo 3, pero solo el primer punto. Olvidan el punto número 2, que habla de la existencia de las lenguas cooficiales y, sobre todo, olvidan el punto 3, pero, no se preocupen, se lo cito yo:
'3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de respeto y protección'. Está muy feo, señorías de VOX, citar sesgadamente la Constitución. (Aplausos).
Oyéndoles parece que el castellano está en peligro, pero es falso. De hecho, la comunidad de lingüistas se ha pronunciado en repetidas ocasiones para decir justo lo contrario. Resulta que el castellano goza de una salud excelente. La
potenciación de las lenguas minorizadas, que es indispensable, de ninguna manera va a ocupar o retirar el castellano de otros espacios. De hecho, el comité de expertos de la Carta europea de las lenguas minoritarias lo que nos dicen en sus estudios
es que el castellano estadísticamente gana hablantes, no los pierde. ¿Cómo cuadra que todas las personas que hablan una lengua, que según la Constitución ha de estar protegida y respetada, no puedan dirigirse a la Administración pública más que en
castellano? ¿Qué hace una persona de Aiguafreda o de Fisterra que tiene que llamar, con todo el nerviosismo que ello implica, a emergencias? No digan que en los colegios no se enseña castellano. No mientan. Mi compañero Antón Gómez-Reino lo
explica bien. No existe ningún castellanohablante que salga del colegio siendo gallegohablante, pero sí muchos gallegohablantes que salen hablando solo castellano.
También mi compañero Joan Mena lo ha dicho en esta tribuna en muchas ocasiones. Las familias que dicen que quieren estudiar en castellano y no les dejan lo que quieren decir es que no quieren estudiar en catalán, porque en las escuelas
catalanas se enseña castellano. Y traigo aquí las palabras del catedrático Juan Carlos Moreno Cabrera de la Universidad Autónoma de Madrid. Tengo sesenta y tres años y me eduqué en la escuela franquista. Cuando acabó la Dictadura, los otros
idiomas empezaron a surgir. En vez de quejarnos de aquella educación recibida, que no tenía nada que ver con la sociedad que éramos, ahora nos quejamos de tener que aprender otra lengua del Estado. La pregunta no es por qué aprender otras lenguas,
la pregunta que tendríamos que hacernos es por qué negaron a generaciones y generaciones conocer esas lenguas. Su propuesta es una negación a quienes somos, una negación de la realidad.
¿Saben por qué es importante la toponimia tradicional? Por eso que decía Adrienne Rich, porque son los restos del naufragio, porque son los nombres que han sobrevivido al despropósito de renombrar cada pueblo desde una Administración que lo
único que quería era uniformar realidades. No se puede con los montes y no se puede con las lenguas. Cuando exigen que aparezcan en los letreros esos nombres como mínimo en castellano, cuando además se decían de otra manera, lo que están exigiendo
es que como mínimo aparezca el nombre inventado. Con su propuesta niegan, pero yo les agradezco que nos den esta opción para reafirmarnos. Que nuestra realidad es plurilingüe se ve cada vez que Rodrigo Cuevas agota las entradas dos meses antes
cuando canta en asturiano en Alicante. Que somos plurilingües se siente cuando escuchamos a Maria Arnal i Marcel Bagés, a Boyanka Kostova, a Uxía o a Muguruza. Se ve con O que arde y el éxito que ha tenido esta película, rodada en gallego. Se ve
con él éxito que tiene Charrín Charrán en Aragón TV. Se ve con los poemas de Chus Pato, de Miren Agur Meabe. Se ve cuando Rosalía canta en catalán y todas nos sabemos la letra. Que somos plurilingües y orgullosas de serlo no es algo que con su
rodillo puedan cambiar. Rodillos más pesados, llenos de represión, de censura y de muertes, han pasado por todo el territorio. ¿Y saben qué? Que aquí seguimos, hablando, leyendo y cantando en
las lenguas de los pueblos y pidiendo cada generación con más ahínco los derechos que nos corresponden como hablantes, así que no les queda a ustedes odio propio que tragarse. ¡No ni na!
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fernández. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Gutiérrez Prieto.
El señor GUTIÉRREZ PRIETO: Gracias, presidenta.
Señorías, uno tiene ya la suficiente experiencia como para saber cuándo un diputado presenta una iniciativa para resolver un problema o para agrandarlo. Puede, señores de VOX, que en sus ensoñaciones en blanco y negro aspiren a una España
determinada, en la que predomine una sola fe, una sola lengua o incluso una sola ideología. Es legítimo soñar con el pasado, pero no lo es que lo intenten edulcorar con un baño de legalidad, parcheando los textos de la Constitución y la sentencia
del Tribunal Constitucional, porque yo, que comparto con la mayoría de ustedes el castellano como lengua materna, me quiero diferenciar de ustedes no solo en la ideología, que no es lo principal en la cuestión que nos ocupa, sino en los principios
de convivencia y de cultura democrática.
Empezaré por lo esencial, señores de VOX. El catalán, el valenciano, el euskera y el gallego junto con el castellano, todos ellos son España porque todos ellos conforman y cimentan el puzle poliédrico de nuestra historia, de nuestra
cultura, de nuestra seña de identidad como país. Se puede amar más a una de las lenguas, pero no se puede negar que todas ellas integran España desde lo más profundo que tiene el ser humano, que es la forma en la que expresa sus miedos, en la que
proyecta sus sueños, en la que reza a su Dios o en la que ama a sus hijos. Por eso, señores de VOX, la Constitución española protege e integra a todas ellas por igual, porque el derecho y el deber del que ustedes hablan con respecto al castellano
en su proposición no de ley también es el derecho y el deber del resto de las lenguas en sus respectivos territorios. Por eso las distintas sentencias del Tribunal Constitucional han ido acomodando un modelo lingüístico que es complejo, sí, por lo
diverso y que también es difícil porque hemos ido transitando en democracia desde la hegemonía vertical a la coexistencia cultural. Pero es complejo porque siempre ha habido en este país quienes han querido confundir la diversidad cultural con la
unidad política y así expresan, como lo han hecho hoy, sin ningún tipo de complejos que la protección de nuestras lenguas cooficiales o la libre elección por parte de la ciudadanía significa un riesgo para la integridad de nuestro país como Estado o
como nación. Solo con mentes estrechas podríamos afirmar que más gallego es menos castellano, que más euskera es menos España o que, cuanto más catalán, menos Constitución. Nuestra historia nos ha demostrado precisamente todo lo contrario, que
cuanto más abrazamos, más integramos y más respetamos nuestra diversidad más grande es el proyecto colectivo de nuestro país porque más cabida da a personas diferentes. (Aplausos).
Flaco favor hacen, señores de VOX, a los que amamos y defendemos España tal y como es cuando confunden lenguas con nacionalismo -lo han vuelto a hacer hoy-, porque, al igual que hablando castellano se puede ser de izquierdas o de derechas,
se puede hablar vasco, catalán o gallego y escoger cualquier opción de nuestro abanico democrático. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Sarreaus, Galicia, el 97 % de su población utiliza el gallego como lengua vehicular y, sin embargo, en las pasadas
autonómicas siete de cada diez electores optaron por la papeleta del Partido Popular. Otro ejemplo es el del PNV, que tiene hasta un 40 % de votos en municipios donde apenas el 5 o el 10 % de los habitantes usa el euskera como lengua habitual. Esa
es la fortaleza de nuestro país, la grandeza de nuestra democracia. Las lenguas solo nos enriquecen y, como factor cultural, ni predeterminan nuestra ubicación ideológica ni la partidaria. Sí lo hacen los discursos incendiarios, los suyos, los que
sirven precisamente para alertar de una España que da la espalda a millones de españoles, precisamente porque no respetan ni sus tradiciones ni su cultura. Ni un extremo ni el otro.
Dice la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 que no puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de su comunidad autónoma. El propio Constitucional
también ha establecido los porcentajes mínimos de uso en las escuelas de las distintas lenguas oficiales del Estado y también ha sido el Alto Tribunal, en sentencia 46/91, con Tomás y Valiente como presidente, hace ya treinta años, la que ha
definido la constitucionalidad de exigir las lenguas oficiales dentro de los principios de mérito y capacidad para garantizar también el derecho constitucional de los ciudadanos a poder dirigirse en su lengua materna en las distintas
administraciones públicas.
Señores de VOX, puede que no les guste todo el texto constitucional, porque, efectivamente, en la España de todos que dibujamos en el lienzo de la Transición nadie tuvo todos los pinceles. No les pido que cambien ni de gusto ni de opinión,
simplemente que respeten toda la Constitución y acaten todas las sentencias del Tribunal Constitucional. Siéntanse orgullosos, al menos por una vez, de toda España, de toda, como lo que es: una de las mejores democracias del mundo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gutiérrez.
Señor Aizcorbe, ¿acepta su grupo parlamentario la enmienda que se ha presentado? (Denegación). Muchísimas gracias. Se votará, por tanto, la proposición no de ley en sus términos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CREACIÓN DE UNA AUTORIDAD INDEPENDIENTE PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. (Número de expediente 162/000405).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre creación de una autoridad independiente para la recuperación económica. Para la presentación de la iniciativa, tiene la
palabra el señor Castellón Rubio.
El señor CASTELLÓN RUBIO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, España se está enfrentando a los retos de mayor envergadura que como sociedad hemos tenido que afrontar en los últimos cincuenta años. Toca superar la pandemia y toca reconstruir nuestra economía, un reto que, sin duda, requiere
que la toma de decisiones esté a la altura de semejante tarea. Miles de autónomos, miles de pymes están en la cuerda floja y dependen, en gran medida, de las decisiones que vayamos a tomar en los próximos meses para que esta crisis no suponga su
muerte definitiva. Si descartamos ya los presupuestos de Bildu como un instrumento útil para reactivar nuestra economía por irresponsables, por irrealizables, al margen de por vergonzantes, solo nos quedan los fondos europeos como tabla de
salvación a la que agarrarnos para sortear la crisis. Van a venir de Europa 140 000 millones de euros y, como país, tenemos el deber de emplearlos de la manera más eficaz posible para conseguir movilizar cuatro veces esa inversión en capital
privado y propiciar así una auténtica revolución en nuestra economía, capaz de aflorar nuevos negocios, de maximizar nuestro crecimiento potencial y de crear los miles de empleos que necesitamos. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la
Presidencia).
Señorías, la ayuda sin precedentes que nos presta Europa hoy representa una gran esperanza para miles de empresas, pero puede convertirse también en una gran frustración si no conseguimos que esos fondos lleguen a quien de verdad los
necesita. Recuerden que mientras muchos de ustedes aplauden con euforia o se recrean en pomposas presentaciones cargadas de terminología esnobista y grandilocuente, hay miles de españoles ahí fuera -hay miles de hosteleros, de comerciantes, de
limpiadores, de taxistas, de peluqueros- que están mano sobre mano y que son quienes de verdad tienen que recibir y necesitan estas ayudas para subsistir.
Porque, al margen de los indicadores que nos imponga la Unión Europea y que en toda lógica tendremos que cumplir, la verdadera eficacia de estos fondos se va a medir por el número de españoles que vean mejoradas sus condiciones de vida
actuales como consecuencia de una buena y una correcta aplicación de los fondos europeos. Recuerden, señorías, que estos fondos llegan a España para salvar a los españoles de la ruina y no para salvar al PSOE de la suya. Sería, por tanto, un
inmenso error que el Gobierno pretenda convertir la distribución de los fondos en un mercadeo de compra de voluntades mientras que los ciudadanos están percibiendo cómo los fondos que los pueden salvar de la ruina llegan solamente para beneficiar a
unos pocos. Por eso, estamos observando con asombro cómo la gestión de los proyectos se ha encomendado por el presidente del Gobierno a esa unidad presidencial con sede en el palacio presidencial, formada por asesores presidenciales a las órdenes
del jefe de gabinete del presidente, el señor Redondo, y cómo se ha apartado, por ejemplo, de la gestión al Ministerio de Economía, que es quien cuenta con los mejores funcionarios de la Administración del Estado habilitados para gestionarlos. Como
también creemos un inmenso error que parte de la liquidez vaya a sufragar partidas ordinarias de gasto que deberían afrontarse con otras fuentes financieras, porque hay que recordar que el fin último de estos fondos no es el de financiar la agenda
del Gobierno, sino el de cambiar nuestro
modelo productivo, para que, acompañado de las oportunas reformas estructurales, nuestra economía emprenda una transformación ecológica y digital que nos haga un país más competitivo y más sostenible.
El uso eficiente de esta financiación europea va a suponer, sin duda, un colosal reto administrativo y, claro, después de la gestión que ha realizado España en el marco financiero del programa operativo 2014-2020, donde solo hemos sido
capaces de certificar un 34 % de los 56 000 millones que teníamos disponibles, es lógico que las dudas vayan creciendo sobre la capacidad de gestionar 140 000 millones para los próximos seis años, e incluso que estas dudas ya salten nuestras
fronteras. Y es que con un Gobierno socialista que no ha destacado precisamente por su diligencia en la gestión de los fondos comunitarios en los dos últimos años, entendemos el nerviosismo de todos los agentes económicos. Nos jugamos, señorías,
la salida de la crisis, nos jugamos reconstruir una economía a la altura de nuestros socios europeos. No podemos fallar a los españoles y no podemos tampoco fallar a Europa.
Ante ese colosal reto, hoy, aquí, desde el Partido Popular, traemos a esta Cámara una voluntad ya expresada por nuestro presidente, por Pablo Casado, de que entre todos formulemos una estrategia compartida que esté a la altura del momento.
Les proponemos, pues, lanzar un mensaje de unidad política que se materialice, además, en una verdadera alianza público-privada que genere la certidumbre, las certezas tan necesarias en nuestra economía. Les proponemos poner la reconstrucción de
nuestra economía, de nuestro país, de nuestro modelo económico, en las manos de los mejores. Les proponemos, por tanto, que el Gobierno articule de manera urgente una autoridad independiente para la recuperación económica que gestione y articule
estos fondos europeos, dirigida por algunos de los mayores expertos de prestigio internacional con que cuenta nuestro país, y que esta además sea elegida por una amplia mayoría del Congreso como expresión de la unidad política que quiere vencer la
crisis. Una autoridad que cuente con la presencia, lógicamente, de las comunidades autónomas y de los entes locales, tan decisivos en la gobernanza y en la propia gestión de los fondos europeos, y donde contemos también con la presencia de los
funcionarios de las instituciones europeas. Una autoridad compuesta por los mejores funcionarios del Estado, por profesionales con altas capacidades gerenciales, y que juntos sumen su visión para diseñar las estrategias y los proyectos
verdaderamente transformadores y generadores de alto impacto estructural y económico. Un órgano riguroso, un órgano garantista, un órgano que sea transparente pero que a la vez dote de suficiente agilidad los procedimientos de concesión de los
fondos, su ejecución y su posterior justificación para que por el camino no se pierda ni un solo euro. Una autoridad, además, que ejerza su labor durante los próximos seis años y, así, quede al margen de vaivenes políticos o de futuras citas
electorales y que, por tanto, se garantice la estabilidad de la estrategia de inversión. Por tanto, desde el Grupo Popular venimos hoy al Congreso a proponerles a todas las fuerzas políticas que juntos hagamos un ejercicio de responsabilidad con
mayúsculas que sirva para aglutinar esfuerzos y para salvar la economía de nuestras familias.
El Banco de España ha alertado de la fuerte incertidumbre por la incapacidad de gestionar los fondos, ha alertado de los cuellos de botella de la Administración, ha ligado el impacto y el éxito de los mismos a una gestión eficaz. La AiReF
ha discrepado sobre el impacto previsto por el Gobierno en nuestra economía el próximo año 2021 y ha mostrado su escepticismo sobre que se consiga un deseado efecto multiplicador de la inversión. La Comisión Europea, la CEOE, Esade y todos los
consultores especializados...
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Tiene que terminar su intervención.
El señor CASTELLÓN RUBIO: Termino, presidenta.
... han mostrado su preocupación de la misma manera, y de estas dudas, nuestra propuesta. Por tanto, señores del PSOE -termino-, esta es la responsabilidad que desde el Grupo Popular pedimos y ofrecemos, para de esta manera intentar sortear
la crisis. Quizás no es la que más le guste al señor Ábalos, quizás no es la que más le guste al señor Simancas, pero sí...
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Tiene que terminar. Lo siento.
Muchas gracias.
El señor CASTELLÓN RUBIO: Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): A esta iniciativa no se han presentado enmiendas, por lo que pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta proposición no de ley sobre la creación de una autoridad independiente para la recuperación económica, que ha defendido el señor Castellón Rubio, está muy bien planteada porque responde a una de las grandes prioridades para acometer las
enormes dificultades que están arreciando como secuelas de la emergencia sanitaria que nos viene asolando a lo largo de 2020 y que desgraciadamente continúa. Esta iniciativa, además, tiene un marcado corte comunitario, ya que da continuidad al
decidido apoyo del Consejo Europeo ante esta crisis histórica que se trata de combatir con la creación del denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para el que España y los demás Estados miembros tienen que elaborar planes nacionales y
establecer programas de reformas e inversiones hasta 2026. Asimismo, la idea de dotar a España de una autoridad independiente tiene también una derivada en términos de transparencia y apoyo a la gestión para que nuestras administraciones puedan
acomodarse a las excepcionales exigencias regulatorias y normativas que vendrán impuestas por la Unión Europea y que marcan un tiempo nuevo ante los graves condicionantes económicos y sociales derivados de la pandemia del coronavirus (COVID-19).
Supone igualmente un refuerzo en el complejísimo trayecto para acometer las reformas estructurales y supervisar las obligaciones con las que afrontar las líneas de apoyo a las que los españoles tenemos que acceder, adaptándonos a las exigencias para
optar a los proyectos de recuperación y desarrollarlos.
Señoras y señores diputados, la creación de una autoridad independiente cobra un doble valor, preventivo y terapéutico, que quiero recalcar porque resulta imprescindible, a la vista de cómo se las gasta y cómo discrimina el Gobierno de
coalición PSOE-Unidas Podemos, tal y como refleja actualmente la agenda del Congreso con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021; un proyecto que continúa su tramitación en la Cámara tras rechazarse -¡lástima!- las
enmiendas de totalidad -entre ellas, la de Foro- y la advertencia de que son unas cuentas públicas irreales e insolventes, que no sirven para recuperar el empleo destruido y que abocan al rescate de nuestra economía por la Unión Europea.
Las preasignaciones estimativas que a finales de octubre, hace poco más de dos semanas, realizó el Gobierno para las comunidades autónomas en 2021 de los fondos de recuperación son una desfachatez. Baste decir que el Gobierno ha preasignado
sus 4253 millones de euros a las comunidades autónomas y se ha reservado más del triple; concretamente, 14 540 millones de euros pendientes de regionalizar. Señorías, los socialistas que gobiernan en Asturias, acreditados sanchistas, como es el
caso de la señora portavoz del Grupo Socialista, la señora Lastra, se han felicitado. Aunque la mayoría del dinero queda pendiente de repartir, la propaganda afirma que para 2021 se han preasignado 152 millones del plan de recuperación, de ellos,
117 serán tutelados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que en Asturias ya acumula varios miles de empleos damnificados a cuenta del ecologismo radical de la ministra Ribera, y los 35 millones restantes tutelados a
cuenta de la política del ministerio que dirige el señor Ábalos, otro gran especialista y coleccionista de retrasos, paralizaciones y compromisos incumplidos.
Sin embargo, la propaganda oficial soslaya que, a la par, en el proyecto de cuentas del Estado para 2021, Asturias continúa saliendo muy mal parada por la aplicación del sistema de financiación autonómica, que sufrirá en Asturias una merma
del menos 2,6 %, la segunda comunidad autónoma española a la que más se recorta. No solamente se prorroga el perverso sistema de financiación autonómica vigente desde hace once años, y que ya tenía que haberse reformado en 2014, sino que el
Gobierno le mete un tijeretazo de 2865 millones de euros a los servicios públicos esenciales. Ajuste lo llaman quienes han cometido tal atropello, tal resta y sigue. ¿Cómo no va a ser necesaria para Asturias y para España una autoridad
independiente que se reclama en esta iniciativa parlamentaria para el mejor y más equitativo reparto de los fondos europeos? Además, resulta oportuno urgir al Gobierno a aprobarla y que se someta la designación de la presidencia de esta autoridad a
su refrendo por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados.
Por último, y por si esto fuera poco, se nos convoca para que los recursos se hagan con criterios homogéneos contemplados en la Constitución española, pero con este Gobierno semejante criterio no se aplicará con equidad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Fíjense, qué casualidad, porque ayer también se debatió una moción en el Senado instando al Gobierno a crear una agencia nacional para la recuperación económica como organismo independiente para seleccionar y coordinar la distribución de los
fondos. La propuesta, desde luego, parece que parte de la desconfianza que genera el modo en el que se puedan repartir esos fondos, que a lo mejor se podría compartir en parte, pero es que la propuesta ni tan siquiera entra en el fondo de la
cuestión, tan solo insta a la creación de un organismo independiente asumiendo su eficacia y eficiencia per se por ser independiente. Nos hablan de crear una agencia sin más y cuyo presidente sea sometido a la consideración de Parlamento, pero yo
también me pregunto: ¿cómo se elige al presidente? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo se garantiza la independencia? ¿Acaso los posibles designados no tienen ideologías? ¿Cómo va a funcionar? ¿Creen que es posible llegar a un acuerdo con la
fragmentación parlamentaria que existe en estos momentos? Yo creo que tenemos administraciones realmente capacitadas para gestionar y controlar los proyectos y lo importante es que además se haga en cogobernanza, porque tan importante es tener una
planificación como disponer de un buen mecanismo de gestión, y aquí es donde esa cogobernanza deberá establecer normas claras y sencillas, debiéndose habilitar los mecanismos y medidas suficientes para la agilización de los fondos.
Como he dicho, poco dicen ustedes en el planteamiento de esta agencia, y además creo que ya vamos tarde, no es el momento de una agencia. Es cierto, y lo dijimos en el debate de Presupuestos Generales del Estado, que los fondos son una
palanca de recuperación. También es cierto que se desconocen los proyectos concretos a los que están vinculados los fondos y que se supone que son los que van a marcar el cambio de rumbo del modelo económico. Es verdad que a lo mejor hemos perdido
una oportunidad para ser más claros en esos criterios y las condiciones de reparto porque, como he dicho, ahí se habla de proyectos tractores en los que simplemente se marcan líneas muy muy generales con una serie de cifras y con un mecanismo de
reparto a lo mejor incierto. Lo que nosotros vamos a solicitar no es tanto una agencia, sino que existan criterios claros, que exista un buen plan pensado y con capacidad para combinar los diferentes instrumentos y los fondos europeos. Tendría que
ser un plan argumentado, estableciendo unos criterios claros y transparentes. Debería haber además capacidad de absorción de esos fondos y que no pasara como con los fondos estructurales, que no se aprovechó toda su financiación ni mucho menos su
finalidad fue estructural, y que los fondos se dirijan además directa o indirectamente a las empresas, en especial a la industria, para que sean tractores de la economía, proyectos que, como digo, contribuyan a la trasformación del modelo
productivo. Para todo ello es necesario que el Gobierno central cuente con un sistema institucional, empresarial y tecnológico.
Un conocido columnista escribió en agosto que tras la cumbre de presidentes en San Millán, si se empezaba a hablar del reparto antes de definir las principales prioridades, se puede acabar generando el fenómeno tómbola que en los años
ochenta y noventa acompañó a la gestión de los fondos de cohesión, que básicamente fueron destinados a más infraestructuras y desde luego nos sirvieron para cambios estructurales en la economía.
Lo mismo que se dice hoy que el Gobierno lo fía todo a los fondos europeos, ustedes también parece que lo fían todo a una agencia estatal, pensando que va a ser sinónimo de eficacia y eficiencia y parece que dando también por supuesta una
cierta ineficiencia por parte de la Administración. Yo creo que hay que ser realistas. Una agencia no va a resolver en estos momentos los problemas ni podrá estar operativa para enero, y desde luego lo que hace falta no es tanto agencias como
seriedad y rigor. Y es que el éxito de la recuperación económica de estos fondos -decía- estará sujeto a su buena utilización y a la exigencia de cambios estructurales en el sistema actual, porque los fondos van a estar condicionados a reformas que
formarán parte del semestre europeo. Sobre estas reformas también habrá que hablar en algún momento, y no alegar y justificar que estas reformas hay que hacerlas porque vienen de Europa, sino porque serán reformas necesarias si lo que queremos es
un Estado cohesionado y avanzado socialmente.
Ustedes nos han dicho también que no se va a recuperar la economía. Ya me pregunto: ¿y con una agencia solamente se va a recuperar? Yo creo que Europa lo que va a pedir es seriedad y nosotros pedimos seriedad, y desde luego no vamos a
apoyar esta PNL.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.
Permítanme, señorías del Gobierno, que comience haciéndoles una pregunta: ¿va España a aprovechar la oportunidad histórica que nos ofrecen los 140 000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo? Les hago esta pregunta porque
nosotros estamos preocupados, mucha gente está preocupada con este tema. En Ciudadanos nos preocupamos y esa preocupación tiene una base en la experiencia previa, y nos tememos que, si no cambian ustedes la forma de actuar, no seamos capaces de
aprovechar esta ayuda europea.
Hecha la pregunta al Gobierno, hago una reflexión a sus señorías del grupo proponente, los señores del PP. Lamentaría profundamente que por presentar hoy aquí esta iniciativa ustedes hayan renunciado a plantear esta misma cuestión en la
tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, solo por haber presentado una enmienda a la totalidad hace una semana que no les sirve más que para competir con sus señorías de VOX, aunque es difícil competir con un grupo parlamentario que se
niega a trabajar por la ley más importante del año y que va a afectar a todos los españoles, también a sus votantes. O no tienen ustedes ganas de trabajar, o no tienen ustedes nada que aportar los españoles.
En Ciudadanos, desde el primer momento, hemos tenido claro que no nos podemos permitir desaprovechar los 140 000 millones de euros para la recuperación y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, sí, aunque estos presupuestos y este
Gobierno no nos gusten, porque vamos a intentar mejorar, vamos a intentar que este dinero venga, que podamos utilizarlo y que podamos utilizarlo bien. Por eso es tan importante esa tramitación presupuestaria, porque en teoría -en teoría- va a
incluir las reformas que mandemos a Europa y las que hagamos en España para trasformar nuestro país. Y digo en teoría porque -me vuelvo a dirigir a ustedes, señorías del PSOE- no sabemos dónde están esas reformas, no hemos visto las reformas para
transformar España con el dinero de los fondos europeos. Miren, no podemos repetir la gestión chapucera de la crisis sanitaria, no podemos seguir con las luces cortas y mirando solo el futuro inmediato, necesitamos tener altura de miras y utilizar
el dinero que vamos a recibir para sentar las bases de la España del futuro. Repito que estamos en una situación crítica, pero esta crisis es una oportunidad histórica con la que cuenta España y es una oportunidad de oro para hacer las cosas de
forma diferente.
Por tanto, señorías, parece lógico y es fundamental contar con una oficina independiente y supraministerial que garantice la correcta utilización de los fondos europeos, pero una oficina con su actividad y con sus circunstancias de actuación
marcadas y claras. Por eso, Ciudadanos ha presentado una enmienda a los presupuestos con todas estas medidas. Tiene que ser una oficina que tenga una visión de conjunto, una oficina que sea capaz de establecer criterios objetivos al margen de
ideologías y partidismos para emplear de la forma más eficiente los fondos comunitarios, una oficina que cumpla los más estrictos estándares de independencia, capacitación y rendición de cuentas. Y es importante insistir en esta idea, porque por lo
que se ha ido filtrando desde Moncloa, por lo que se ha podido intuir, interpretaríamos que no existe ningún plan específico para la administración y la gestión de los fondos europeos. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la
Presidencia). Espero que me corrijan ustedes, señores del PSOE, señorías que ocupan el Gobierno, y que me digan que estoy equivocada. Y les explico por qué sospechamos que no tienen ningún plan. Porque de lo que Moncloa ha filtrado, leemos que
los fondos europeos se incluirán en el presupuesto y se gestionarán a partir de ahí en convocatorias, subvenciones convenios y líneas específicas de los ministerios competentes, es decir, inyectar el dinero en los mismos ministerios para seguir
haciendo lo mismo. Pues no. Moncloa también filtra eso de diez palancas de gasto, para que cada una de esas palancas cree un consejo específico que estará abierto a la participación y debatirá propuestas y proyectos, es decir, un modelo de gestión
de gastos parecido a los consejos de expertos de esta pandemia, que son desconocidos y tan secretos que no constan en ningún sitio, pero reformas, ninguna. Señorías, hace falta un plan negociado por las mismas fuerzas que han acordado en Europa el
Plan de recuperación, y hace falta una oficina de recuperación económica con capacidad de gestión, una oficina independiente con expertos de primer nivel.
Se me acaba el tiempo. No podemos seguir haciendo lo mismo cuando la situación es extraordinaria. Y nosotros sí creemos que estamos ante una oportunidad histórica. Lograrlo debe llevar de la mano una mirada estratégica.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, se le ha acabado su tiempo.
La señora MUÑOZ VIDAL: ¿Puedo terminar? (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Ya ha terminado. Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Hoy que veo a algunas de sus señorías con lacitos de color naranja, reivindicando una causa que yo mismo puedo compartir, debo recordarles que hay algunos de nosotros que hace prácticamente tres años que llevamos estos lazos amarillos
(tocándose la solapa) para reivindicar la libertad de los presos políticos y de los exiliados. Quiero recordarles también lo que nos dijeron cuando subíamos a esta tribuna con un lazo amarillo algunos de ustedes, también sus compañeros y compañeras
de Ciudadanos. En todo caso, hoy nos ocupa una propuesta un tanto peculiar porque, si realmente fuese sincera y el Partido Popular lo considerase imprescindible, no me entra en la cabeza que esto lo pensasen sustanciar a través de una PNL. Si es
tan fundamental para el futuro de la gestión de los fondos europeos, lo que se espera del segundo grupo de la Cámara es que se dirija al Gobierno y que intente pactar realmente esta autoridad independiente para la recuperación económica para
gestionar los fondos, y si el Gobierno, después de hacer la gestión sincera, les dice que no, ya entran en el juego parlamentario. Yo intuyo que este contacto no se ha ofrecido, pero, aunque así fuera y les hubiesen dicho que sí, nosotros no
estamos de acuerdo. Porque, fíjese, es una reivindicación de la antipolítica: como hay un Gobierno, hay una Cámara que no sabe nada de qué va, que son un desastre y lo van a gestionar mal, vamos a buscar a alguien de fuera que venga a gestionar
los fondos europeos y que venga a decidir qué cantidad de estos fondos europeos gestionan las comunidades autónomas, las corporaciones locales o la Administración General del Estado. Pero ¿con qué criterio y, sobre todo, con qué legitimidad? ¿Está
más legitimada esta persona que ustedes piensan nombrar que cualquiera de nosotros, de los 350 diputados? Creo que es un error conceptual. Claro que tenemos dudas sobre que estos fondos sean gestionados de la forma más eficiente, pero la solución
no es crear una autoridad independiente. Uno puede pensar: ¿y si hubiese estado gobernando el Partido Popular habría hecho esta propuesta o no? Porque, claro, entonces ya sería un Gobierno de fiar, ¿no? Por tanto, su propuesta no la entendemos y
no la compartimos.
Este tipo de discurso, que puede quedar bien, que puede llegar a algún ámbito, e incluso le diría que puede ser un poco populista, de como los políticos no saben hacer su trabajo, vamos a buscar a alguien de fuera de la política que va a
hacer su trabajo de forma espléndida, eso tampoco es una garantía, se lo digo sinceramente. Lo que se tiene que hacer es llegar a un acuerdo. A nosotros también nos inquieta este planteamiento inicial de que, desde una oficina económica de la
Moncloa, de momento, no con la suficiente transparencia, se quiera gestionar, pero, en todo caso, tendremos que llegar a acuerdos, se tendrá que llegar a acuerdos en esta Cámara, se tendrá que llegar a acuerdos con las comunidades autónomas y se
tendrá que llegar a acuerdos con los ayuntamientos y las entidades que los representen. Pero establecer este mecanismo, que venga alguien de fuera, que va a ser una persona magnífica y que va a tener mucho más criterio que cualquiera de los 350
diputados que hemos pasado por las urnas, no me parece del todo acertado. Por tanto, vamos a votar en contra de esta iniciativa.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Castellón, don Miguel Ángel, pareciera razonable una autoridad independiente para la recuperación, si no fuera porque el reconocimiento de que sobre la gobernanza de los fondos Next Generation deben intervenir los diferentes niveles
administrativos desaparece, como por encanto, entre la parte propositiva y la dispositiva de su proposición no de ley. Pareciera razonable una autoridad independiente para la recuperación, si no fuera porque conocemos sus hábitos de intentar
controlar por detrás las salas de las instituciones reguladoras. Pareciera razonable una autoridad independiente para la recuperación, si no fuera por su costumbre de bloquear cuanto nombramiento requiere mayoría cualificada; ejemplos hay varios:
RTVE, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo. ¿Y ahora instan ustedes, de verdad, al Gobierno a que lo resuelva en dos meses? Con todo respeto, señor Castellón, ponen ustedes el listón a la altura justa para darle el manotazo.
Pareciera razonable una autoridad independiente para la recuperación, si no fuera por ese mal hábito que tienen ustedes de invocar parcialmente la autoridad de los reguladores; si no
fuera porque si los papeles de Gobierno y oposición estuviesen cambiados no les vemos a ustedes votándole semejante PNL al Partido Socialista. Si no fuese porque ya nos tenemos conocidos, señores del PP, pareciera razonable una autoridad
independiente para la recuperación, pero es que resulta que tenemos abierto el mecanismo constitucional reglamentario para garantizar equidad, transparencia, efectividad, distribución subsidiaria de los fondos europeos. Y ese mecanismo es
arremangarse, enmendar, transaccionar y no cejar en el empeño de encontrar equidad, transparencia, efectividad, distribución subsidiaria en los Presupuestos Generales del Estado que tenemos aquí, en el horno, sobre los que deberíamos estar todos
trabajando en lugar de dedicarnos a bizantinismos -usted me perdonará- gratuitos y miopes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz Dalda.
La señora MUÑOZ DALDA: Moltes gràcies, presidenta.
El Partido Popular nos trae hoy a esta Cámara una proposición no de ley para proponer la creación de una autoridad independiente que gestione los fondos de reconstrucción. Yo he leído con atención el texto de su PNL y, ¿saben qué creo?,
que es muy buena idea y desde Unidas Podemos les vamos a proponer también una serie de ideas. Se nos ocurre que esta autoridad independiente podría tener un mando central, una especie de presidencia y dividirse por áreas temáticas dependiendo de
dónde se vayan a invertir los fondos; nombres fáciles para que lo pueda entender todo el mundo: empleo, industria. También creo que esta autoridad independiente podría negociar directamente con el resto de países miembros y con la Comisión
Europea, ¿verdad? Y para garantizar su independencia y su transparencia podría hacer pública su organización interna y desarrollar un presupuesto. ¿Qué les parece? Y, ¿qué decir del nombre? Mejor que las siglas de autoridad independiente, AI, o
mejor que unas siglas difíciles de pronunciar, ¿por qué no un nombre que conoce todo el mundo? Gobierno de España. (Aplausos).
Señorías del Partido Popular, lo que ustedes nos proponen aquí es vaciar al Estado de sus competencias y de una agenda de trabajo en la que se lleva trabajando a destajo desde marzo. El Estado es una autoridad independiente, el Gobierno es
una autoridad independiente y ustedes plantean el modelo Marcos de Quinto para gestionar los fondos de reconstrucción europeos. ¿De verdad? Piénsenlo dos veces. Y no se equivoquen, nuestro país va tener presupuestos, por mucho que se empeñen en
torpedearlos cada día. Ustedes están en la oposición, Unidas Podemos está en el Gobierno y, la verdad, es que en una situación tan complicada para nuestro país, no alcanzo a entender cómo su mejor propuesta para gestionar estos fondos es
externalizarlos. Entiendo que les escueza no estar en el Gobierno, creo que no es fácil ver que, ante una crisis económica mundial, hay en España un Gobierno que está demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera. Aquí estamos
trabajando para que en nuestro país no se quede nadie atrás y, por eso, no les quepa duda de que va ser este Gobierno quien lidere la reconstrucción del país.
Señorías, nosotras no podemos apoyar una PNL que plantea un tipo de Estado tecnocrático, sin Gobierno, como si se tratara de una troika que decide, porque un Gobierno que no puede gobernar es como una democracia sin demócratas, y nuestro
grupo no va a seguir por ese camino, aunque sospecho que ustedes ya lo sabían. Señorías del Partido Popular, les reconozco que como chiste la PNL es una muestra de sarcasmo bien construida, pero como propuesta para ayudar al país es bastante débil,
y el país no está para bromas. No obstante, desde Unidas Podemos les agradecemos que realicen propuestas en vez de abonarse a la agenda del insulto fácil desde la bancada. Estamos seguras de que en el Partido Popular hay más ideas que austeridad,
recortes y vaciar nuestra democracia.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Manso Olivar. (Aplausos).
El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Estamos aquí -ya lo han explicado suficientemente los oradores que me han precedido en el uso la palabra- para hablar de una PNL que nos propone el Partido Popular para crear una
autoridad independiente para la recuperación económica española. Quiere que la presida una personalidad económica de reconocido prestigio, que imprima las prioridades de las inversiones de los fondos NGEU, donde haya una colaboración
público-privada y, por supuesto -dice-, que estén orientadas al crecimiento y la modernización. Esto último casi no hay que decirlo, no vamos a crear una autoridad independiente para que se gaste el dinero donde quiera, como tampoco vamos a suponer
que los presupuestos, así de por sí, son para tirarlos, tenemos que suponer el buen fin o el buen uso de los fondos públicos. No lo ponemos, ¿que luego no se hace? Eso es distinto, para eso está el control. Además, nos propone que todo esto lo
hagamos a través de un real decreto-ley, será porque a los señores del Partido Popular no les da tiempo a hacer una propuesta, que es lo que deberían hacer. Oigan, tomen ustedes la iniciativa legislativa. A mí me ha sorprendido y me ha puesto los
pelos de punta -aunque sé que se hace mucho en esta Cámara- que instemos al Gobierno a que gobierne por real decreto-ley, eso es haber tirado totalmente nuestra vergüenza como legisladores. (El señor Castellón Rubio hace signos negativos).
Miren ustedes, estamos en una situación muy especial, estamos en una situación de dictadura -no se enfaden (dirigiéndose hacia los escaños del Grupo Parlamentario Socialista)-, de dictadura romana; es decir, la Cámara le ha dado poderes
especiales al presidente del Gobierno. Con más razón para no pedir que encima haga nuestro trabajo. ¿Ustedes quieren esta autoridad? Tomen la iniciativa parlamentaria, pero, por favor, no le pidan al Gobierno que gobierne por decreto-ley, me
parece vergonzoso. Quieren ustedes que esa autoridad, esa personalidad jurídica de reconocido prestigio en principio se nombre por mayoría cualificada. Miren ustedes, todo el texto que ustedes presentan es un texto acomplejado. Primero le piden
al Gobierno que regule él; no, regulen ustedes, son legisladores. Segundo, le piden que ¡por favor, les deje participar en el nombramiento! Regulen ustedes y asegúrense su nombramiento. A nosotros nos parece que no hay que crear más autoridades,
no queremos más organismos. Creemos que los ministerios económicos tienen capacidad suficiente, ¿de acuerdo? Tal vez lo que no tengan los funcionarios, por muy cualificados que estén, es la capacidad de ver qué genera riqueza. En ese sentido, sí
les recuerdo una propuesta que hicimos nosotros mucho antes de que se montase la Comisión para la Reconstrucción: algún tipo de comisionado a la manera italiana que imbrique esa colaboración público-privada que ustedes están pidiendo y que dé las
ideas de negocio. Eso sí, eso sí, pero no lo que ustedes están pidiendo.
Control. Hay mecanismos de control, pero no se están utilizando. Yo soy de la opinión de que hay mecanismos de control pero no los estamos utilizando. Deberíamos pedir más medios para nuestro Tribunal de Cuentas; el Tribunal de Cuentas
no puede tardar el tiempo que tarda en revisar las cuentas. Deberíamos pedir más colaboración de esta Cámara con la Intervención General del Estado. Deberíamos dotar de más medios realmente a la Oficina Presupuestaria de este Congreso, que no lo
estamos haciendo.
Realmente, señores del Grupo Popular, tienen ustedes que vencer sus complejos, se lo digo a ustedes y se lo digo hoy a Ciudadanos, porque de verdad, no crean ustedes que por atacar a VOX les van a admitir en el club de los progres ni por
ponerse un lacito naranja. (Aplausos). Se lo dijo Sánchez a la señora Arrimadas hace muy poco. Aquí la gente se retrató la tarde del 5 de enero de 2020, y el que no votó a Sánchez no puede esperar ni agua ni sal ni pan ni nada. Vénganse a la
oposición (aplausos) y dejen de verdad de colaborar con el Gobierno. A pesar de todo y por darles una oportunidad de venirse a la oposición, si estuvieran ustedes dispuestos a retomar nuestra propuesta de algún tipo de comisionado gratuito formado
por personas de reconocido prestigio que orientasen las inversiones al modo de lo que era, por ejemplo, el comisionado para la Marca España antiguamente, cuando no se cobraba por él, nosotros nos vamos a abstener en esta ocasión, pero ya ven ustedes
que nos vamos a abstener casi casi por lástima.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado Zurera.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente. Buenas tardes.
En primer lugar, como diputado andaluz, me gustaría manifestar mi indignación por la burla que ha habido en relación con el acento de mi tierra y quiero decir dos cosas. En primer lugar, que el español que hablamos los andaluces es el que
hablamos, le guste a quien le guste, ese es el que hay y no le vamos a pedir perdón a nadie. (Aplausos). En segundo lugar, aquellos que se burlan del acento andaluz lo siguen
asociando a incultura y a chiste. No hay mayor incultura y vileza que en aquellos que siguen utilizando los tópicos y prejuicios sobre Andalucía que tanto daño nos han hecho durante siglos. Por tanto, ¡basta ya! Pedimos respeto y, desde
luego, no vamos a admitir ningún tipo de burla.
Entrando en la cuestión de hoy, señor Castellón, lo primero que me gustaría es que ustedes reconociesen el éxito de la cumbre europea del pasado mes de julio. No han sido capaces. No han sido capaces de reconocer que fue una cumbre donde
se cambió radicalmente la política europea, se acabó con la austeridad, se flexibilizaron las reglas fiscales, se admitieron transferencias sin ningún tipo de reintegro para los países y se mutualizó la deuda de la Unión Europea. Eso era impensable
hace escasos meses y ustedes no han sido capaces de reconocer ese éxito, en gran parte de todos los presidentes y presidentas de los países miembros, pero también del nuestro, de Pedro Sánchez, que ha sido uno de los grandes adalides en la defensa
de ese cambio de la política europea. Ustedes lo que han hecho es poner obstáculos, ir a Bruselas a decir que no, que, evidentemente, el Gobierno progresista de España no merecía tanto. Ese es el Partido Popular, eso es lo que ha demostrado el
Partido Popular después de esa cumbre europea. (Aplausos).
En segundo lugar, señor Castellón, me gustaría que aclarasen ustedes si apoyan o no apoyan el plan de reconstrucción, de recuperación, de transformación y de resiliencia y si apoyan los ejes estratégicos, no voy a repetir las palancas
establecidas donde se incluye una modernización de la Administración pública. Me gustaría conocer si ustedes realmente lo apoyan. ¿O cuál es su alternativa? ¿Qué alternativa ofrecen ustedes? ¿La ocurrencia de señor Casado de una autoridad
independiente? ¿Esa es la ocurrencia que solamente tienen ustedes? ¡Que lo suelta en una cita con el presidente del Gobierno de forma improvisada y que hoy lo traen aquí a través de una PNL! Ese es el convencimiento que tenía el señor Casado.
A ustedes les preocupa la gobernanza y a nosotros también nos preocupa la gobernanza de esos fondos. Primero, haberlos conseguido, que es un éxito, y después gobernarlos bien. Y les quiero decir que no mientan ustedes, lo que ha dicho el
Tribunal de Cuentas de la Unión Europea es que ustedes que gestionaron el marco financiero 2014-2019 solamente justificaron un 33 %. Ese es su fracaso, no el fracaso del Gobierno progresista. ¡Vuestro fracaso! Y, desde luego, nosotros vemos
necesario cambiar la dinámica, modernizar. Se va a aprobar un real decreto importante para evitar los cuellos de botella, participar las comunidades autónomas y los entes locales, cogobernanza. Por otra parte, la colaboración público-privada es
importantísima. Más recursos humanos, digitalización de las administraciones públicas, criterios de elegibilidad y de valoración, formas de pago y de anticipo y un nuevo sistema de control. En definitiva, modernizar la Administración para
garantizar la gobernanza de esos fondos públicos conseguidos. Quiero concluir diciendo que el fracaso del Partido Popular va a ser histórico, y va a consistir en dar la espalda a una situación de emergencia social como la que estamos viendo, en dar
la espalda al diálogo...,
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Hurtado, se le ha acabado su tiempo.
El señor HURTADO ZURERA: Concluyo.
... en traicionar...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe concluir.
El señor HURTADO ZURERA: ... en este caso a la ciudadanía.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA FRENAR LA PANDEMIA DE COVID-19 EN ESPAÑA Y MINIMIZAR SUS EFECTOS. (Número de expediente 173/000039).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas adoptadas por el
Gobierno para frenar la pandemia de COVID-19 en España y minimizar sus efectos. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.
Esta es la enésima propuesta en materia sanitaria que presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos en este periodo de sesiones, la enésima propuesta constructiva que trata de ayudar en la gestión de la crisis de la COVID-19 por parte del
Gobierno de España, la enésima propuesta que piensa en el bienestar de todos los españoles y que no está al servicio de los intereses de partido. Sabemos que hay concepciones de la política distintas que buscan aprovechar la desgracia nacional para
encontrar beneficios entre los restos del naufragio. Aquí hay partidos que han votado en contra de los estados de alarma sabiendo que eran necesarios en el peor momento de la pandemia porque pensaron que era lo que convenía para el trazo grueso,
para la explicación rápida. También los hay que han presentado una moción de censura cosmética, que no suma y que paralizó esta Cámara durante una semana, porque pregunto: ¿Qué cambió en la vida de los españoles que enferman o que se arruinan tras
la moción de censura de VOX? Yo se lo digo: nada. Lo mismo que han hecho con los Presupuestos Generales del Estado: nada. Trabajan ustedes menos que el sastre de Tarzán. La semana en la que presentaron la moción de censura murieron cientos y
se arruinaban igual que la anterior y la siguiente. Eso sí, estaban más desamparados y más confundidos por el juego de la comunicación confusa a la que los someten los partidos. Señores del PSOE, es Ciudadanos quien trae hoy aquí otra propuesta en
materia sanitaria para intentar hacer las cosas mejor. Hoy, que se debaten ustedes internamente entre una vía u otra para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, miren lo que propone Ciudadanos durante toda esta pandemia y miren lo que han
propuesto sus pretendidos socios de Esquerra o de Bildu. Miren los diarios de sesiones recientes o los órdenes del día de esta Cámara y verán a qué hemos venido cada uno. Miren también lo que votamos cada uno en los estados de alarma cuando eran
necesarios. Miren lo que les exige Ciudadanos y miren lo que les exigen Rufián y Otegi. Estas vías son las que tienen sobre la mesa para los Presupuestos Generales del Estado y no son unos Presupuestos Generales del Estado cualquiera.
¿Qué les proponemos hoy? ¿Qué traemos hoy una vez más al Pleno del Congreso? Primero, aprovechar de forma óptima todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados, en especial las camas de uci. Las trabas burocráticas en España
son una lacra ancestral, de las que ya escribía Larra, pero las trabas burocráticas en pandemia son una verdadera desgracia. Segundo, tenemos que dotarnos de mecanismos de traslado de pacientes de COVID entre centros e incluso entre comunidades
autónomas. Hace falta también el refuerzo de efectivos de personal sanitario asistencial, con la puesta en marcha de un programa con financiación estatal que dé cobertura a la contratación de personal sanitario y de refuerzo por los servicios
públicos de salud de las comunidades autónomas. Ya saben, además, lo que está pasando con los enfermos de otras patologías, especialmente los cardiovasculares o de cáncer, que están quedando desatendidos y los diagnósticos se están retrasando.
Otra propuesta que hacemos es una garantía de transparencia. Hemos dicho muchas veces que es importante alejar la sombra de la politización de las decisiones que se van tomando. Muchos grupos de esta Cámara no han ayudado sembrando la conspiración
y la paranoia y otros machacando a Gobiernos autonómicos por ser de signo distinto al de su Gobierno. Aquí Ciudadanos también ha marcado la diferencia. No nos van a encontrar ahí. También les proponemos crear una agencia española de salud
pública. Se lo hemos planteado en los presupuestos mediante la enmienda correspondiente, que para eso sirven también las enmiendas. Creemos que han confundido durante décadas la descentralización con el desmantelamiento del Ministerio de Sanidad.
Esta agencia se haría cargo de la sanidad exterior y de la salud pública. El ministerio estaba desprovisto de medios, y este es uno de los motivos que han hecho que se reaccionase de forma torpe a la pandemia. Pero hay otros, como el de tratar el
coronavirus como una crisis comunicativa; también metieron la pata, porque querían salir con las menores manchas posibles en la camisa. Es más, todavía hoy, a la hora de tomar decisiones, están midiendo el coste de imagen de cada uno para asumir
tal o cual medida, y esto sigue siendo un lastre en la gestión de la pandemia.
Hace falta potenciar el cribado y el rastreo, culminar la implantación de la aplicación del radar COVID en todo el territorio y asegurar que está interconectada. Debemos alcanzar el objetivo de tener contratado un rastreador -que es como lo
ha venido a conocer la opinión pública- por cada 5500 habitantes; serán esenciales para todo el periodo que nos queda hasta que tengamos una vacuna. También les hemos presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, porque la
oficina de farmacia puede ayudar mucho más de lo que lo está haciendo. Ténganlo en cuenta, ya que los profesionales que allí trabajan ofrecen sus servicios. Hace falta una dotación adecuada para una reserva estratégica de
medicamentos, de material sanitario y de EPI que permita garantizar la seguridad en todo momento, y no solo para esta pandemia, sino para lo que pueda venir en el futuro. Hace falta un plan de vacunación que garantice la provisión de la
vacuna.
Por último, es necesario combatir a quienes siembran basurilla propagandística de toda índole y de todo extremo ideológico, desde los que llaman al virus 'chino' y los que creen que se combate quemando ejemplares de la obra de Karl Marx o
enviando a James Bond, hasta los que creen que el virus es un castigo de la naturaleza o que es machista, que también lo hemos escuchado. Siempre es importante combatir al populismo chamánico -esto es casi un pleonasmo-, pero en pandemia mucho más.
Señores del PSOE, un día más, más propuestas. Esta es nuestra actitud. Pasen lista a la actitud de otros grupos. Bildu organizó caceroladas contra los militares que se jugaban el tipo limpiando las calles del País Vasco. Tampoco fue al
funeral de Estado. Esquerra tampoco. VOX tampoco. Tengan cuidado, señores de VOX, con la propiedad transitiva que aplican ustedes tanto. Esquerra les pide indultos para los presos condenados por sedición y la erradicación sobre el papel del
español de la escuela catalana; indultos y más herramientas para volver a intentar la sedición. Señores del PSOE, no hace falta que arrastren su memoria más tiempo. Ustedes se rasgan las vestiduras porque se retiran placas de socialistas, pero se
quedan tan panchos cuando hablan con quien perteneció a una banda que segó la vida de muchos socialistas. Me tendrán que explicar por qué les preocupa tanto lo que se hace con las placas y no les preocupan las voces de los hijos vivos de los
asesinados por ETA de su partido. La Guerra Civil terminó hace ochenta años y el último atentado mortal de ETA fue hace diez. No hace falta este calvario, no tienen que poner a los españoles en manos de quienes quieren romper su patria; pueden
evitarlo. No tienen que traicionar todo lo que han sido. Hay una alternativa a Otegi y a Rufián, y se llama Ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta moción resulta pertinente porque plantea cuestiones que son absolutamente prioritarias y están relacionadas con el mayor problema que hemos tenido los españoles en muchísimas décadas, como es la maldita pandemia, que a lo largo del año
2020 ya se ha llevado por delante a más de 60 000 compatriotas, que ha mermado la salud de muchísimas personas, que ha dificultado e impedido el tratamiento de las enfermedades convencionales, que ha puesto en jaque a nuestro sistema sanitario y
que, como efecto colateral, ha vapuleado, dañado y destruido nuestro tejido productivo.
La segunda oleada del contagio nos convoca a debatir sobre la imprescindible mejora de las medidas adoptadas por el Gobierno. El interés de España exige la elaboración de un plan nacional de coordinación sanitaria que ponga coto y solucione
el descomunal desbarajuste de gestión anárquica de esta pandemia del COVID-19, que ha llevado a España a las estadísticas más desgarradoras. Es inaceptable observar a nuestras autoridades sanitarias afirmando una cosa y la contraria el mismo día,
camuflando datos y utilizando la crisis, mediante la propaganda, con finalidades políticas sectarias y propagandísticas. Incluso frivolizan hasta el extremo de utilizar comentarios inadecuados sobre enfermeras y médicos, colectivos que se juegan el
tipo en primera línea y que encabezan la lista negra mundial de profesionales contagiados.
Señoras y señores diputados, estos días el mundo asiste esperanzado a los anuncios de compañías biomédicas sobre ensayos avanzados para disponer de vacunas, pero incluso sobre este asunto de tantísima trascendencia el Gobierno viene actuando
con ligereza. Desde el mes de agosto hemos escuchado al ministro de Sanidad vaticinando fechas dispares sobre la disponibilidad de una vacuna con variopintas y contradictorias informaciones, incluyendo la compra del producto. El señor Illa llegó a
declarar que esperaba empezar a distribuir la vacuna tras la Navidad, para posteriormente retrasarla al próximo verano; en definitiva, una táctica inadmisible de falsas expectativas a las que no fueron ajenas otras desinformaciones gubernamentales.
Con las mascarillas sucedió algo parecido, y aún esperamos una explicación de por qué no eran necesarias en las primeras semanas de la pandemia, tal y como aseguraban entonces. La campaña de publicidad 'Salimos más fuertes', con el
presidente haciendo de Superman en la Mareta y las Marismillas a la orilla del mar, explica una trágica segunda ola imparable de contagios de quienes no aprovecharon la experiencia de la primera.
Señorías, por supuesto que urge un plan nacional de coordinación sanitaria como el que ha explicado y reclamado el señor Díaz Gómez. He presentado una enmienda para que se contemplen medidas de refuerzo de personal sanitario que van más
allá de las que recogen en la moción, porque todo apunta a que esta segunda ola de la pandemia se va a prolongar e incluso hay especialistas que pronostican altas probabilidades de una tercera ola de contagios. De ahí que me parezca imprescindible
que se incida en la formación de personal, muy especialmente encaminada a aquellos servicios que requieren de una preparación muy específica, como son las unidades de cuidados intensivos. Las UCI no solamente corren riesgo de colapso por limitación
de plazas para atender pacientes, son peores aún, si cabe, las carencias para proporcionar relevo al personal sanitario que las atiende y que tiene acreditados unos conocimientos que no se adquieren con facilidad. Ya los consejos generales de
médicos y de enfermería venían alertando sobre la falta de profesionales y advertían que la situación no se resolvía con mejoras retributivas o con incentivos salariales. De hecho, Asturias, una comunidad cuyos gestores sanitarios cacarearon y
presumieron de buena gestión durante la primera oleada, tiene hoy saturación de las UCI y al personal agotado, con creciente desánimo y protestando. Y no solo precisamos personal intensivista para nuestros hospitales, porque asimismo hará falta
formar a trabajadores que atiendan la medicalización de residencias geriátricas si se llega a la saturación de los centros sanitarios, como, por otra parte, ya está sucediendo en varios lugares de España.
En todo caso -y con ello concluyo-, esta iniciativa parlamentaria merece mi apoyo, porque contribuye constructivamente al combate contra el COVID-19 en unos momentos en los que necesitamos sumar esfuerzos y también, desde las Cortes
Generales, estimular al Gobierno para que aplique las medidas que aquí se reflejan y a que lo haga, además, sin demora.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Steegmann Olmedillas. (Aplausos.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Con la venia, señor presidente. Señorías, buenas tardes.
Esta moción presentada por el Grupo Ciudadanos, en una primera lectura, para este modesto diputado está constituida por propuestas que en conjunto podríamos apoyar. ¡Cómo oponerse a unas propuestas que podrían terminar con: y la paz en el
mundo! (Risas). Pero si nos basamos en la evidencia acumulada en las comisiones y plenos -en los que hemos trabajado muchísimo, usted lo sabe- y en la no tan reciente historia de amor entre Ciudadanos y el ministro de Sanidad, podría concitar una
sonrisa irónica y hacerme concluir que la moción está exclusivamente diseñada para que el ministro, hoy ausente, agradeciese a don Guillermo Díaz su apoyo -sin duda, después, usted se sonrojaría-, pero, oiga, ni desnudándose va a ser amigo de estos
señores. (Risas y aplausos).
Señorías, la moción empieza fuerte, ya que comienza dudando de las cifras oficiales de fallecidos con la epidemia del coronavirus de Wuhan -Wuhan, China; no Buján, provincia de La Coruña-. Dice textualmente -se abren comillas-: La
pandemia de COVID-19 ha causado estragos en España, con un millón de contagios y 35 000 fallecidos oficiales confirmados que, no obstante, podrían ascender hasta los 45 000 o 50 000. Esto se presentó el 28 de octubre. Según las estimaciones del
INE, 65 763 de exceso de mortalidad en estos momentos. Nuestro grupo ya preguntó en el Pleno hace siete meses -siete meses, señorías- y el ministro se enfadó un poquito y, naturalmente, contestó lo de siempre, así que la exposición permitiría
albergar esperanzas de que hubiese alguna propuesta para saber de una vez por todas el número real de fallecidos.
Por otra parte, la exposición también habla de la constitución de una comisión de expertos independientes y de la realización de un estudio independiente sobre la gestión de la pandemia. Pero, ¡oh, sorpresa!, a dichas preocupaciones les
pasa como a los ríos del desierto del Kalahari, que desembocan y desaparecen en la arena y resulta que no hay ninguna propuesta que las atienda. ¡Qué frustración! Del comité de expertos solo indicaré por nuestra parte que muchas sociedades
científicas tendrían que hacer autocrítica, señorías, por haberse dejado influir por la ideología y no habernos advertido de la gravedad de la epidemia, pero ahí no vamos a entrar.
En este Pleno presentamos dos enmiendas que pueden ayudar a mejorar esta moción. La primera insta al Gobierno a seguir a la parte buena de la OMS para que los certificados médicos de defunción se codifiquen en una línea parecida a lo que
presentaba y proponía la Organización Médica Colegial, esa organización de 52 colegios de médicos que acaba de exigir la destitución del señor Simón. Y es que la
OMS hace cuatro meses -cuatro meses, señorías- que propone que se certifiquen y se cuantifiquen también los fallecidos por un cuadro clínico por COVID-19 aunque no tengan prueba virológica; no solo eso, sino que insta a recoger los
probables y los sospechosos, y ustedes sin hacer caso. Señorías, saber el número real de fallecidos es fundamental para conocer las dimensiones reales de la tragedia, y no solamente por ciencia, sino por un deber de justicia para los fallecidos y
sus familiares. (Aplausos).
La segunda enmienda es sencillísima. Se propone que el Sistema Nacional de Salud adopte un conjunto de estrategias que hasta ahora han dado los mejores resultados para luchar contra la epidemia. No tienen que viajar mucho para aprender,
señores del Gobierno; a lo mejor tienen que ir en metro. Y miren las mascarillas que llevan los españoles, por cierto. Esta estrategia se compone de varias medidas. Las dos primeras, ya abordadas por nuestro grupo -lo sabe usted muy bien-, son
la detección de la enfermedad mediante el uso de cribado con pruebas antigénicas masivas en las zonas más afectadas y la detección del virus en aguas residuales fecales, y la tercera, el uso de aislamientos selectivos de las zonas con más incidencia
y prevalencia del virus.
Creemos que con estas enmiendas su moción se parecerá al río Okavango, que desemboca en la árida estepa y la transforma en una fertilísima llanura. El Gobierno es una árida estepa en estos momentos y posiblemente la propuesta mejorada por
la nuestra fertilice ese yermo que es la habilidad científica y sanitaria del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Velasco Morillo.
La señora VELASCO MORILLO: Gracias, presidente.
Señorías, empezaré recordando que han pasado diez meses desde que la OMS decretó la emergencia internacional ante la imparable expansión del virus, ocho meses desde que el 14 de marzo el Gobierno decretara el estado de alarma y cuatro meses
desde que Sánchez dijo: hemos derrotado al virus, controlado la pandemia y doblegado la curva. El resultado que tenemos en España es el siguiente: más de millón y medio de casos de contagios, más de 41 000 personas fallecidas, según el Centro de
Coordinación de Alertas -que según otros organismos son más- y casi 80 000 profesionales sanitarios contagiados. Un trágico balance.
Esto demuestra que el responsable al frente de la pandemia, el ministro Illa, ha fracasado ante la nueva normalidad del Real Decreto-ley 21/2020 como instrumento jurídico y con un plan de respuesta temprana que ha tardado en definir unos
instrumentos homogéneos para todas las comunidades autónomas sobre seguimiento de la pandemia. Son muchos los expertos -esos que el Gobierno no ha tenido en cuenta- que han dicho que han faltado medios, que han sido múltiples los errores en la
planificación y que ha existido un déficit de confianza. Ello nos ha llevado a esta segunda ola, donde lamentablemente el Gobierno se ha quitado del medio y ha pasado la responsabilidad a los presidentes de las comunidades autónomas al decretar el
25 de octubre el estado de alarma en todo el territorio nacional por seis meses, sin control parlamentario y sin ni siquiera dignarse el presidente a presentarlo en el Congreso, utilizando al ministro Illa. Ir al estado de alarma es la constatación
de un fracaso y alargarlo seis meses es la prueba de su falta de respeto a la Constitución y al marco legal europeo. Desde el Grupo Parlamentario Popular le propusimos un estado de alarma con prórroga de dos meses, con control parlamentario, como
marca la Ley orgánica del estado de alarma, y bajo el mando del Gobierno de España, como marca la Ley de Salud Pública. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Esta segunda ola también está teniendo comportamientos distintos en cuanto al número de contagios, al igual que la primera, y las medidas entonces fueron homogéneas para todo el territorio español durante el estado de alarma: todos en casa
con confinamiento domiciliario. Sin embargo, nos enfrentamos a un Gobierno que no ha establecido ninguna medida clara aprendida en la primera ola como consecuencia de la mayor crisis de la salud pública y con los efectos más demoledores para la
salud y la situación económica que ha vivido nuestro país en los últimos años. Hoy, ocho meses después de que se decretara el primer estado de alarma, esta Cámara le pide al Gobierno que elabore con carácter urgente un plan de coordinación
sanitaria y vigilancia epidemiológica que ayude a frenar los efectos de la pandemia, iniciativa que mi grupo parlamentario decidió mejorar con la presentación de una enmienda.
Señorías, lamentablemente hay cuestiones que están enquistadas en la atención sanitaria desde que comenzó esta pandemia, una de ellas y muy importante es el valioso capital humano que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud, con más de 80
000 sanitarios contagiados, por los que el Gobierno todavía no ha hecho nada salvo faltarles al respeto, como hemos visto hacer al portavoz de la pandemia. Nada sobre retribuciones de los profesionales, nada sobre la enfermedad profesional COVID,
ni diálogo social, ni incremento de plazas en formación que palíen el grave desajuste territorial que existe. Un 3,2 % no es la solución. Por el contrario, a golpe de real decreto, como el 29/2020, se va en contra del sistema de formación MIR,
reconocido a nivel mundial, apoyando la contratación de médicos sin la especialidad, hecho que ha generado la primera huelga nacional médica en veinticinco años. La próxima semana veremos cómo vuelven a manifestarse. No todo vale, señorías. No
puede ejercer una especialidad el que no la tiene. Es preciso dar estabilidad a los jóvenes especialistas con contratos dignos y estables que eviten que se sigan marchando a otros países, con un plan de retorno, con un pool nacional de
especialidades.
Hablamos de profesionales, pero podemos hablar también de la Agencia pública de calidad asistencial o de las compras, de la famosa macrocompra. A día de hoy las comunidades autónomas siguen sin tener material y el contrato no está
adjudicado. En fin, este Gobierno pasará a la historia por hacer lo que no se debe hacer para luchar contra la pandemia, porque se ha demostrado incapaz ante las dos oleadas de la pandemia...
La señora PRESIDENTA: Señora Velasco, se le ha terminado el tiempo.
La señora VELASCO MORILLO: Se ha mostrado incapaz para resolver los problemas estructurales del sistema sanitario e incapaz en consecuencia para dar respuesta a las necesidades de salud pública. Sería bueno que el partido del Gobierno se
comprometiera con las medidas que hemos apoyado en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velasco. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Andrés Añón.
La señora ANDRÉS AÑÓN: Gracias, presidenta. Buenas tardes, casi noches ya, señorías.
Quiero agradecer, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a Ciudadanos la presentación de esta proposición, porque nos permite recordar a las personas enfermas por COVID, a las personas fallecidas por COVID y también nos permite
reiterar nuestro reconocimiento a toda la sociedad española por el enorme esfuerzo que está haciendo para aislar el virus y hacer frente a los efectos de esta pandemia. (Aplausos).
Aislar el virus y paliar su impacto, en especial entre los sectores económicos y sociales más vulnerables, es desde el inicio de la pandemia la prioridad y la ocupación del Gobierno de España, y prueba de ello son los reales decretos que
hemos convalidado en este Congreso. Son políticas reales, acompañadas de medidas reales y con partidas económicas que responden a ese esfuerzo colectivo que hace toda la sociedad, un esfuerzo que también nos interpela a nosotros, diputados y
diputadas, para que lleguemos a acuerdos sobre medidas efectivas y útiles para ellos y para ellas.
Nuestro grupo está en esta línea, la del diálogo, la del acuerdo, y así lo hemos intentado también en esta proposición que presenta hoy Ciudadanos. Hemos presentado unas enmiendas para ajustarla a la realidad y para que sea útil y efectiva,
que es lo que necesita de nosotros y de la política toda la ciudadanía. Este acuerdo no ha sido posible hasta el momento. Las enmiendas las presentábamos porque, bajo esa apariencia de redactado buenista, el Grupo Parlamentario Ciudadanos
cuestiona la cogobernanza, el trabajo hecho durante ocho meses y también el valor de los técnicos expertos del Sistema Nacional de Salud. Ustedes con esta propuesta ponen en entredicho el marco competencial que en materia sanitaria establece la
Constitución española en su artículo 149.1, un marco de cogobernanza que recoge el dictamen de la Comisión -aprobado aquí, en esta Cámara- para la reconstrucción social y económica. El dictamen no solamente recoge el marco de cogobernanza, sino que
además quiere reforzarlo estableciendo que es el consejo terterritorial el órgano colegiado del nuevo cogobierno de la sanidad en España. En lugar de esto, ustedes proponen un orden jerárquico en este marco competencial. Pretenden que el
Ministerio de Sanidad sea el superior jerárquico de los Gobiernos autonómicos. ¿Ustedes proponen
que la señora Ayuso esté bajo el mando del señor Illa? ¿Eso es lo que ustedes están proponiendo aquí? Pues esto nos choca en un grupo que se dice constitucionalista y que además forma parte de Gobiernos autonómicos. (Aplausos).
Con esta proposición parece que ustedes plantean borrar todo el trabajo que se ha hecho durante ocho meses por el Gobierno de España, por las cámaras y por todos los gobiernos y cámaras autonómicas. Usted, señor Díaz, en nombre de su grupo,
ha participado en todas las comisiones de Sanidad, innumerables desde que apareció la pandemia; su grupo participa de los Gobiernos y ha participado en los trabajos de la Comisión de reconstrucción. Saben perfectamente que el plan nacional que
ustedes proponen está elaborado hace bastantes días y las bases están en el decreto 21/2020, que ahora estamos tramitando como ley; el plan es el Plan de respuesta temprana, adoptado en el mes de julio por el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud. Ustedes saben que las acciones coordinadas que proponen son las actuaciones de respuesta temprana que se elaboraron y adoptaron por el consejo interterritorial el 22 de octubre de este año. Ustedes saben que existe la estrategia
de detección precoz y control del COVID, que es un documento vivo para ajustarlo a la realidad cambiante de la pandemia, porque lo que observamos en las fuerzas de derechas es que tienen muchísima inseguridad y mucha incapacidad para gestionar un
contexto tan cambiante. Ustedes saben que existe la partida y la voluntad de hacer una agencia estatal de salud pública y ustedes cuestionan a los técnicos expertos del Sistema Nacional de Salud, de los servicios de epidemiología y también del
Instituto Carlos III, y proponen siempre expertos ajenos. Además de los criterios técnicos, aconsejados por estos expertos del Sistema Nacional de Salud, que amparan todas estas medidas, también existe...
La señora PRESIDENTA: Señora Andrés, se le ha acabado el tiempo.
La señora ANDRÉS AÑÓN: ... la voluntad política, con valores y convicciones que también hacen falta en política, no solamente los criterios técnicos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Andrés. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta. Con su permiso, intervendré desde el escaño.
Señor Díaz, permítame una pequeña broma, pero me ha dado la sensación de que usted estaba actuando como un mozo lozano en días bajos, pero con actitud de merecer; que estaba saliendo al cortejo del Grupo Parlamentario Socialista y
ofreciéndose para la negociación de los presupuestos e intentando dar unos zascas a los que están en liza con ustedes. Me ha dado la sensación de que esa era casi la intención de la iniciativa.
Usted ha dicho que era la enésima iniciativa que ha presentado su grupo y que es una iniciativa constructiva. A mí me parece que puede ser bienintencionada -además de intencionada, en este caso-, pero todas no son constructivas después de
la proposición no de ley que esta mañana ha presentado en la Comisión de Sanidad y Consumo y que ha sido rechazada. Permítame que se lo diga, pero aquella no era una moción constructiva, como usted dice, porque en realidad en el fondo había una
moción de censura para todos nosotros -para usted, para mí y para todos nosotros- y estaba enfocada desde una perspectiva de falta de respeto a quienes estamos intentando hacer lo que podemos, cada uno desde su lugar.
En relación con la moción que usted ha presentado, nuestro grupo parlamentario votará en contra porque creemos que, valiéndose de esas funciones o competencias de coordinación y liderazgo, lo que hace es plantear una serie de propuestas que
son injerencias, invasiones del ámbito competencial de las comunidades autónomas, donde nosotros tenemos responsabilidades de Gobierno, pero también ustedes tienen responsabilidades de Gobierno. Esta moción es consecuencia de una interpelación en
la que el ministro, en su respuesta, ya le dijo qué medidas de coordinación se estaban adoptando desde el ámbito del ministerio. Se lo han recordado, el Decreto-ley 21/2020, el Plan de respuesta temprana, pero también desde las comunidades
autónomas se está actuando, se están diseñando planes y se están poniendo en marcha. La situación es tan cambiante, tan compleja, tan incierta, tan desordenada en la aparición; es tan incierta en su evolución, con unas consecuencias tan temibles,
que efectivamente tiene que estar sujeta a continua revisión. Pero ustedes gobiernan y sería tanto como decir que gobiernan sin planificación. Nosotros gobernamos y tenemos responsabilidades sanitarias. Sería tanto como decir que gobernamos
sin planificación, y eso no es cierto. Lo que podemos hacer es dejar que la labor de control de los Gobiernos, de los Ejecutivos, se haga por aquellas Cámaras que corresponden a los Ejecutivos, cada una en su ámbito competencial: a las
comunidades autónomas, en los Parlamentos de las asambleas territoriales; nosotros, la labor del Gobierno y también la labor de impulso. Lo peor que podríamos hacer en una situación como esta es transmitir a la sociedad que cualquiera puede estar
continuamente -y lo hacemos con buena intención- planteando propuestas allí donde no corresponde, propuestas que muchas veces vienen en sentidos contrarios y que solo contribuyen a confundir y a alimentar más esa sensación de caos que la sociedad
tiene. Por eso, porque nos parece que es invasión competencial, porque consideramos que hay que dejar a la gente y a las autoridades competentes que están trabajando que sigan con su tarea y hacer la función de control y de impulso en las Cámaras
que corresponda y no en cualquiera, nuestro grupo votará en contra.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorospe.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidenta.
La moción que hoy ha sometido a debate el Grupo Parlamentario Ciudadanos la podemos compartir en parte, pero no en su totalidad. En cuanto a elaborar y aprobar un plan nacional de coordinación sanitaria que contribuya a frenar la
transmisión y mitigar los efectos de la pandemia, mostramos nuestro apoyo a todas las iniciativas que incidan en una mayor coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, siempre teniendo muy en cuenta el beneficio de los
ciudadanos.
En la exposición de motivos ustedes hacen referencia a distintos proyectos propuestos por grupos de científicos. Somos unos grandes defensores de la gestión de la pandemia basada en la evidencia científica disponible y la experiencia de los
profesionales sanitarios. Dicho esto, algunos de los puntos en los que se fundamenta el plan nacional presentado muestran una clara tendencia a la recentralización de competencias: creación de una agencia española de salud pública, implantación de
la aplicación Radar COVID. Son las comunidades autónomas las que gestionan la sanidad y usted lo sabe. Cataluña lleva más de cuarenta años con las competencias transferidas y desde este grupo rechazamos cualquier intento de recentralización e
invasión de las mismas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cañadell. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, presidenta.
Ciudadanos nos pide en su moción ómnibus que ante una nueva ola se apliquen criterios y mecanismos de respuesta homogéneos a todo el territorio del Estado en un enésimo llamamiento, entendemos, a los planteamientos recentralizadores de la
derecha española. Básicamente ese sería el resumen de lo que para nosotros es esta moción. Tal y como ya le avanzó el propio ministro en la interpelación el otro día, es cierto que hay que tener unos criterios de respuesta homogéneos; tenemos que
tener unos criterios comunes homogéneos para evaluar sobre todo el riesgo y para determinar cuáles son las acciones de respuesta adecuadas a esa evaluación de riesgo, pero la respuesta no puede ser la misma en Canarias, con una incidencia acumulada
de alrededor de 80 casos por 100 000 habitantes, que en Navarra o en Aragón, o en Madrid, o en Cataluña, o en el Principado de Asturias, o en Andalucía, o en Valencia, con incidencias acumuladas muy distintas y características sociales de densidad
poblacional y de movilidad muy distintas en cada uno de esos territorios. Estas son palabras del propio ministro. Pero es que incluso en el marco de cada uno de estos territorios las variaciones son enormes, son muy grandes; los planteamientos
difieren mucho sí son aplicados en áreas metropolitanas que si son aplicados en zonas rurales. De hecho, para nuestro grupo la garantía para una mayor eficiencia y efectividad es aplicar el principio de subsidiariedad y actuar desde la cirugía
territorial y en su justa medida, evitando así medidas generalistas que acaban siendo muchas veces desproporcionadas. Es aquello de matar moscas a cañonazos, que es lo que suele pasar muchas veces con medidas generalistas. Así es como están
actuando incluso en la Comunidad de Madrid, donde ustedes gobiernan, donde las unidades de acción son las áreas de salud, así que esto de la descentralización parece que no lo predican pero sí son capaces
de practicarlo cuando les conviene. Este es el modelo sobre el que trabajan actualmente las comunidades autónomas, un modelo descentralizado de consenso precisamente con el Gobierno, con el ministerio.
En un Estado autonómico donde las competencias en sanidad son de las comunidades autónomas lo que hacen falta son mecanismos de coordinación, no de homogeneización. No en vano los sistemas sanitarios de las diferentes comunidades autónomas
mantienen diferencias estructurales sustanciales, fruto de los casi cuarenta años de gestión. Y para la gestión de esa crisis sanitaria, del COVID-19, el espacio de coordinación tiene un nombre y ha salido aquí, es el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud. Este es el espacio de consenso, el espacio de coordinación. Entendemos que cualquier propuesta se ha de consensuar en ese marco que hoy por hoy, y fruto de la emergencia de la crisis sanitaria, se ha convertido en el
mecanismo de coordinación competencial por excelencia entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos; coordinación en acuerdos bilaterales, no con criterios unilaterales. Si alguna cosa hemos aprendido durante esta pandemia es precisamente
que el ordeno y mando no sirve para gestionar una crisis como esta. Y en última instancia, la decisión final y la competencia para la gestión, para aplicar las medidas acordadas en el consejo interterritorial, es de las mismas comunidades
autónomas. Que una comunidad autónoma no aplique correctamente lo que se ha acordado en la interterritorial no indica que la coordinación no funcione, indica quizá la mala gestión en esa comunidad autónoma y un problema de responsabilidad política
del Gobierno de la comunidad autónoma misma. Por tanto, no desviemos la atención. Nuestro grupo siempre ha repetido que las competencias son para ejercerlas cuando las cosas van bien, pero también cuando vienen mal dadas. Se llama responsabilidad
política.
El consejo interterritorial demuestra que con voluntad política, generosidad y buena coordinación el Estado autonómico funciona en estados de emergencia como el que estamos viviendo estos meses. Evidentemente, para nuestro grupo
parlamentario el marco autonómico resulta claramente insuficiente para atender las necesidades de nuestra sociedad, pero esto es otro debate que no quiero abrir aquí. El modelo centralizado con fuertes mecanismos de coordinación está funcionando
precisamente en otros Estados de nuestro entorno, como son Alemania o Suiza, y evidentemente estamos de acuerdo con muchos de los nueve puntos propuestos en dicha moción, por ejemplo, el plan de vacunación, la propuesta de farmacias comunitarias,
oficinas farmacéuticas o la previsión de una reserva estratégica de medicamentos, material sanitario y equipos de protección, pero nosotros creemos que esas propuestas deben ser debatidas y consensuadas precisamente en el marco del consejo
interterritorial, que para eso existe y para eso se ha creado.
Ya para terminar, una pregunta. ¿No creen ustedes que quizá lo más urgente ahora es dotar a los sistemas sanitarios de una mejor financiación para poder llevar a cabo las medidas acordadas? Quizá es este el debate que deberíamos
plantearnos ahora. Por todo ello, vamos a votar en contra de su moción.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Eritja. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medel Pérez.
La señora MEDEL PÉREZ: Buenas tardes.
El señor Díaz, de Ciudadanos, ha cambiado un poquito su discurso, ya no dice lo que dijo esta mañana, cuando declaró que la moción arrancaba de una iniciativa de cincuenta y cinco sociedades científicas españolas. La iniciativa se llamaba
-dirigido a nosotros- En salud ustedes mandan pero no saben. Ustedes, señorías de Ciudadanos, forman parte del Legislativo y de los Gobiernos de varias comunidades autónomas, ¿mandan pero no saben? Y este eslogan sirve de punto de arranque para
todo lo demás.
Miren, de las sociedades científicas firmantes la más representativa es Facme, Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, que aglutina cincuenta sociedades. ¿Sabe usted quién firmó ese documento, que era el que presidía esa
federación hasta hace un mes? El doctor don Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid. Este señor afirma que los políticos no saben y debe creer que este cargo que ostenta en la actualidad no es
político porque él ahí está. Le confieso que los médicos clínicos echábamos mucho de menos este tipo de eslóganes cuando estábamos asistiendo a nuestros pacientes durante esa presión asistencial producida por los recortes del Partido Popular. Los
echábamos de menos al comprobar cómo se
infrafinanciaba nuestro hospital público, en el que trabajábamos, para desviar el dinero a los de gestión privada para que mantuvieran sus beneficios. Esa gestión privada que usted tanto alaba y defiende. Lo que sí parece es que esos
responsables de estas sociedades científicas se atreven a dar opiniones políticas sin consultar a sus miembros. Yo soy miembro de tres de ellas y nadie me ha preguntado nada. La iniciativa Ustedes mandan pero no saben es una sentencia política,
nada científica, y no estamos rechazando la crítica, que la crítica es absolutamente necesaria y, si es constructiva, un poco mejor.
Hablan ustedes siempre de transparencia; no solo nosotros, ustedes también, y lo dicen en el documento. Miren, le tienen pánico a la transparencia; pánico. Les recuerdo una cosa, ustedes presentaron en septiembre en la Comisión de
Exteriores una PNL sobre la cooperación global para una vacuna COVID-19 accesible y su contenido era muy humanitario: defender la necesidad en Europa de una vacuna para la COVID-19 de forma que sea accesible para todos y que el Gobierno de España
participara y apoyara financieramente, incluso exigían -me acuerdo perfectamente- conocer la cuantía de la inversión del Estado. Nuestro grupo le propuso una enmienda: Garantizar, en el marco de la colaboración público-privada, que el estudio de
viabilidad de los distintos proyectos se hiciera de manera transparente y que el apoyo financiero otorgado a distintos proyectos quedara reflejado en el precio final de vacunas y tratamientos. Y ustedes rechazaron la enmienda. No quieren oír
hablar de transparencia cuando esa transparencia pone en evidencia los altísimos beneficios de la industria farmacéutica, que financiamos en gran medida con el dinero de todos, de todos. A ustedes les gusta que los beneficios empresariales queden
ocultos; ahí no debe haber transparencia. Nosotros no tenemos nada en contra de la industria farmacéutica, solo queremos que si se financia con dinero público, que es de todos, la inversión quede reflejada en el precio final del medicamento.
Parece de sentido común; ustedes le exigen al Gobierno mucha transparencia, pero ustedes, cero.
Ya que hablan de estas sociedades, arrancan ustedes con el punto número 1: Aprovechamiento óptimo de recursos sanitarios disponibles tanto públicos como privados, en especial las camas de UCI. ¿Saben qué ha pasado en Madrid con el Hospital
Infanta Sofía? Pues que hay dieciséis camas de UCI dotadas y cerradas, en un hospital de gestión PFI, es decir, de iniciativa de financiación privada. Se ha presentado ayer 16 de noviembre una denuncia por parte de doña Carmen Esbrí, portavoz de
la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, contra la Consejería de Sanidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por incumplimiento y perjuicio a terceros respecto al Hospital Universitario Infanta Sofía. Por qué no
miran lo que tienen dentro de las comunidades donde ustedes están gobernando, porque esto es muy fuerte. Claro que hay que ponerlo todo a disposición y sobre todo en la situación de la pandemia, pero miren lo que les está pasando.
La señora PRESIDENTA: Señora Medel, tiene usted que terminar, por favor.
La señora MEDEL PÉREZ: Pues concluyo.
Los Presupuestos Generales del Estado prevén 5 millones de euros para la creación del centro estatal de salud pública y ha tenido que ser el Gobierno de coalición el que ponga en marcha realmente el proyecto.
Gracias a todos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Medel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señor Díaz Gómez, ¿acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?
El señor DÍAZ GÓMEZ: Señora presidenta, aceptamos la enmienda del Grupo Popular, la del señor Martínez Oblanca y la de VOX, que la aceptaré pero vestido, señor Steegmann. (Risas).
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz Gómez. La moción será votada en los términos resultantes de la incorporación de esas tres enmiendas. Votamos en cuatro minutos.
Señorías, les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que ya han emitido el voto mediante procedimiento telemático no
pueden volver a hacerlo desde su escaño. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN EN EL COSTE DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS
DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS. (Número de expediente 120/000001).
La señora PRESIDENTA: Señorías, votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 243 votos telemáticos, 348; a favor, 105 más 237 votos telemáticos, 342; en contra, 6 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES. (Número de expediente 122/000077).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 243 votos telemáticos, 348; a favor, 33 más 65 votos telemáticos, 98; en contra, 72 más 177 votos telemáticos, 249; abstenciones, 1 voto telemático.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve. Buenas noches.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.