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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 252, de 14/03/2023
cve: DSCD-14-PL-252
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2023 XIV LEGISLATURA Núm. 252
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 243
celebrada el martes,
14 de marzo de 2023
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión del orden del día:
- Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Mazón Ramos), sobre los criterios del Gobierno en relación con los inmuebles de su titularidad abandonados, situados en la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, y en particular los edificios
conocidos como el REMA en la Playa del Sardinero y La Horadada en la Playa de la Magdalena (Los Peligros), del municipio de Santander. (Número de expediente 172/000278) ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas de reforma de la Evaluación para el Acceso a la Universidad para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las enseñanzas universitarias. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 102-1, de 7 de septiembre de 2020. (Número de expediente 122/000071) ... (Página5)
- De los Grupos Parlamentarios Republicano y Euskal Herria Bildu, para la recuperación y ampliación de los derechos laborales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 247-1, de 27 de mayo de 2022. (Número de expediente
122/000221) ... (Página17)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que se corrijan inmediatamente las deficiencias de los servicios de atención a la ciudadanía por diferentes ámbitos de la Administración General del Estado y, especialmente, la
Administración de la Seguridad Social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 569, de 10 de febrero de 2023. (Número de expediente 162/001142) ... (Página32)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el bono social eléctrico y el bono social térmico. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 521, de 28 de octubre de 2022. (Número de expediente 162/001111) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la falta de ejecución de fondos europeos de recuperación y su impacto en el tejido productivo español. (Número de expediente 173/000200) ... (Página54)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página64)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Exclusión del orden del día ... (Página4)
De conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la moción consecuencia de interpelaciones urgentes del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Mazón Ramos, sobre los criterios del Gobierno en relación con los inmuebles de su titularidad abandonados, situados en la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, y en particular los edificios conocidos como el REMA en
la Playa del Sardinero y La Horadada en la Playa de la Magdalena (Los Peligros), del municipio de Santander, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas de reforma de la Evaluación para el Acceso a la Universidad para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las enseñanzas universitarias ...
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Botran Pahissa, el Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Gorospe Elezcano, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Rego Candamil y la señora Illamola Dausà, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Rosique i Saltor, del Grupo Parlamentario Republicano; los señores Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Fernández Hernández, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Zapata Simón, del Grupo Parlamentario Socialista.
De los Grupos Parlamentarios Republicano y Euskal Herria Bildu, para la recuperación y ampliación de los derechos laborales ... (Página17)
Defienden la toma en consideración de la proposición de ley los señores Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor
Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; los señores Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, y Movellán Lombilla, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Narváez Bandera, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página32)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que se corrijan inmediatamente las deficiencias de los servicios de atención a la ciudadanía por diferentes ámbitos de la Administración General del Estado y, especialmente, la
Administración de la Seguridad Social ... (Página32)
Defiende la proposición no de ley la señora Rodríguez Herrer, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Pérez Merino, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y
González Laso, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor
Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Pujol i Farré, del Grupo Parlamentario Republicano, y el señor Ruiz Navarro, del Grupo Parlamentario VOX.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Rodríguez Herrer.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el bono social eléctrico y el bono social térmico ... (Página43)
Defiende la proposición no de ley el señor Renau Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el señor Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Rego Candamil y
Errejón Galván, y la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Jover Díaz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, y el señor Requena Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Renau Martínez.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página54)
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la falta de ejecución de fondos europeos de recuperación y su impacto en el tejido productivo español ... (Página54)
Defiende la moción la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Guitarte Gimeno, del Grupo Parlamentario Mixto, así como el señor Mazón Ramos, en turno de fijación de posiciones, del mismo grupo; y los señores Guijarro García, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Jiménez Revuelta, del Grupo Parlamentario VOX; y la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), e Illamola Dausà, del Grupo Parlamentario Plural; y los señores Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario
Republicano, y Pedreño Molina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Muñoz Vidal.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página64)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas de reforma de la Evaluación para el Acceso a la Universidad para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el
acceso a las enseñanzas universitarias, se rechaza por 154 votos a favor, 185 en contra y 1 abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Republicano y Euskal Herria Bildu, para la recuperación y ampliación de los derechos laborales, se rechaza por 30 votos a favor, 275 en contra
y 35 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MAZÓN RAMOS), SOBRE LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS INMUEBLES DE SU TITULARIDAD ABANDONADOS, SITUADOS EN LA ZONA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE, Y EN PARTICULAR LOS EDIFICIOS
CONOCIDOS COMO EL REMA EN LA PLAYA DEL SARDINERO Y LA HORADADA EN LA PLAYA DE LA MAGDALENA (LOS PELIGROS), DEL MUNICIPIO DE SANTANDER. (Número de expediente 172/000278).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el punto 23,
correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Mazón Ramos. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la exclusión del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE MEDIDAS DE REFORMA DE LA EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS. (Número de expediente
122/000071).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos de medidas de reforma de la Evaluación para el Acceso a la Universidad para
garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las enseñanzas universitarias.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidente.
Buenas tardes a todos. Yo no soy muy dado a subirme a la tribuna y contar historias, pero hoy sí tengo que comenzar contando una historia, la historia de un estudiante, de un joven brillante que se llama Rodrigo y que es el hijo de unos
buenos amigos míos, de mi amigo Miguel Ángel Prieto, que se ha quedado a unas décimas de poder cumplir su sueño y su vocación de ser médico. Este chaval, este joven brillante que ha pasado todo el bachillerato tratando de conseguir la nota que le
permitiera el acceso a la carrera de Medicina, no va a ser médico. A lo mejor el día de mañana descubriría un remedio contra algún tipo de cáncer o el remedio contra la esclerosis lateral amiotrófica, esa horrible enfermedad respecto de la que
ustedes no quieren ayudar a las familias que la padecen. Le han faltado de unas décimas. Toda su vida ha quedado pendiente de unas décimas de punto por el azar, no por su esfuerzo, no por su capacidad, no, por ser de Madrid, por examinarse de la
EvAU en Madrid.
Los señores nacionalistas estarán pensando: Bueno, ya nos va a derivar a un discurso de enfrentamiento entre los territorios, que si en Madrid es más difícil, que si en Cataluña es más fácil... No, no; si Rodrigo hubiera hecho la
selectividad en Cataluña también le faltarían esas décimas. ¿Por qué? Porque, si cogemos la hemeroteca en relación con la EvAU de junio del año 2022, resulta que las pruebas más difíciles en cuanto al contenido -no respecto al número de aprobados,
no, respecto al contenido- fueron en Madrid, Cataluña y Castilla y León. Díganles a los estudiantes de Castilla y León que sus universidades van a ser ocupadas por ciudadanos de otras comunidades autónomas y que ellos mismos no van a poder ir a las
universidades que están más cerca de su casa. Porque dice la hemeroteca y dicen los análisis que la última EvAU ha sido más fácil en Andalucía y en Canarias, con preguntas cortas de diez minutos que dicen los expertos que no discriminaban entre los
alumnos. En Madrid, al parecer, el año pasado las pruebas de Física y Matemáticas fueron endiabladas. Uno se mete en las redes sociales y ve lo mismo que, por ejemplo, en La Rioja, con Química; cosas como: Así es imposible; no voy a poder
estudiar lo que quiero; he salido llorando del examen... O sea, frustración individual basada en la injusticia y en la desigualdad entre territorios. Toda tu vida pendiente de unas décimas, pero, sobre todo, toda tu vida pendiente del lugar donde
vives, del código postal, del azar, de que las comunidades autónomas compitan entre sí a ver quién pone una EvAU más fácil o una EvAU más difícil. Por ejemplo, un caso que también se comentó mucho y que podría dar lugar a un fácil discurso en
relación con los señores separatistas, es que fue muy fácil Historia de España en Cataluña y en el País Vasco, pero fue muy fácil Historia de España también el año pasado en Andalucía. No es, por lo tanto, una cuestión de ideología, no es una
cuestión de centralismo; es una cuestión de igualdad de oportunidades, es una cuestión de justicia.
No puede ser que a nuestros jóvenes, no puede ser que a nuestros hijos, porque vivan en una comunidad autónoma u otra o porque se examinen un año u otro, les estemos dando el mensaje de que su profesión en el futuro va a depender del azar.
No de su esfuerzo, no de lo que trabajen, no; su vida va a depender del azar, su vida va a depender de un mal entendimiento de las competencias de las comunidades autónomas que no creen en la igualdad de oportunidades en todo el territorio
nacional. En eso se basa esta proposición de ley, en la igualdad de oportunidades, en reconocer la excelencia de los jóvenes, en reconocer el mérito y la capacidad. Y ese es el futuro de nuestro país, porque la educación es el arma más poderosa de
cambio en un país. Seguro que van a salir ustedes haciendo gala de sus propias competencias, alegando la diferencia, llamándonos jacobinos, diciendo que queremos recentralizar. No,
no está en tela de juicio eso en esta proposición de ley; no está en tela de juicio, no. Está en tela de juicio lo que dice el artículo 149.1.1 de la Constitución, que el Estado tiene la competencia exclusiva para que las condiciones del
ejercicio de los derechos fundamentales en todo el territorio nacional sean iguales. Está en tela de juicio el artículo 14 de la Constitución, que impide cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social, como es el lugar donde vives.
¿Cómo puede ser que hagamos un bachillerato internacional en el que participan 5500 colegios, de los cuales solamente 100 están en España y el resto repartidos por 160 países que tienen una diferencia de usos horarios de doce horas y que
celebran una selectividad única a la misma hora? ¿Cómo es posible que en las comunidades autónomas donde se sacan mejores notas los informes PISA digan, sin embargo, que son las que peor calidad educativa tienen en España? ¿Cómo es posible? ¿Es
que se está utilizando la EvAU entre comunidades autónomas para competir a la baja o con finalidades diferentes a la de la selección de la excelencia, del mérito y de la capacidad? ¿Y cómo va la tendencia? Pues se lo voy a decir. Ha habido un
94,6 % de aprobados en el año 2021, pero se acrecienta la diferencia de aprobados entre comunidades autónomas hasta llegar prácticamente a los 8 puntos y, en las notas, prácticamente a un punto de distancia. Por eso son tan importantes unas
décimas, cuando nos encontramos con que al final cualquiera puede acceder a cualquier universidad en todas partes del territorio nacional. ¿De verdad que la competencia autonómica, de verdad que ese privilegio, está por encima de este disparate y
está por encima de esta situación de desigualdad? Les insisto en que no estamos hablando de una cuestión de competencias autonómicas; estamos hablando de que el Estado garantice la igualdad de derechos en todo el territorio nacional, la igualdad
de oportunidades, la selección de los mejores. ¿Es un problema pequeño? Pues 200 000 jóvenes hacen la selectividad cada año, 200 000 jóvenes. Todo esto sin contar, como les decía, con que igual el día de mañana no tenemos los mejores médicos, los
mejores cirujanos o los mejores ingenieros.
¿Quién se preocupa de nuestros jóvenes? De unos jóvenes que tienen el récord de paro en Europa, el 32 %, por detrás de Grecia que tiene el 31 %; de unos jóvenes cuyo salario de los 20 a los 34 años solo ha subido un 2,16 % en los últimos
tiempos. ¿Quién se preocupa de nuestros jóvenes? Pues preocúpense de nuestros jóvenes y voten a favor de esta selectividad única, independientemente de que sean vascos, catalanes, gallegos, valencianos, andaluces o castellanos. ¿Y qué se hace
desde la política? Una vez que el bipartidismo ha cedido la competencia de educación, como siempre, bajar los brazos, rendirse. ¡Uy, qué lío es meterse a regular esto! Cuando estamos en la oposición, se lo echamos en cara al Gobierno; cuando el
Gobierno pasa a la oposición, se lo echa en cara al otro partido; y los nacionalistas, por supuesto, siempre con el chantaje, siempre queriendo tener más competencias, siempre con el pretexto de su propia identidad como pueblo para cultivar la
diferencia, para cultivar el privilegio, para hacer chantaje a la nación.
La ministra de Educación dice que hay que homogeneizar las pruebas de la EvAU, pero ya, si eso, en 2024. ¡Si a lo mejor no están ustedes ni siquiera sentados en el banco azul en 2024! ¿Y qué pasa con los 200 000 estudiantes que se van a
examinar en junio del año 2023? El propio defensor del pueblo, el señor Gabilondo, quien no creo que sea un fascista jacobino, ha expresado precisamente su preocupación por las diferencias en la prueba de selectividad. La Ley orgánica para la
mejora de la calidad educativa, la LOMCE, quedó en suspenso por el Real Decreto Ley 5/2016 respecto a la obtención del título de bachiller. ¿Saben por qué quedó en suspenso esta ley? Decía su exposición de motivos que quedaba en suspenso hasta que
hubiera un pacto de Estado social y político por la educación. ¡Ja, un pacto de Estado! Permítanme que me ría. Ustedes y ustedes (señala a los escaños de los grupos parlamentarios Socialista y Popular en el Congreso, respectivamente) no llegan
nunca a un pacto de Estado en lo que de verdad nos importa para el futuro del país, que es precisamente la educación.
Nosotros proponemos una solución en la que no sea posible superar el bachillerato más que con una asignatura pendiente y siempre que se den circunstancias excepcionales. En el año 2021 el colmo de la desigualdad fue que había nueve
comunidades autónomas que permitían presentarse a la selectividad teniendo dos suspensos, mientras que el resto -ocho- no permitían presentarse teniendo dos suspensos, el colmo de la diferencia. Además, estas pruebas de acceso, los criterios de
evaluación e incluso la resolución de las reclamaciones tienen que ser competencia del Estado; competencia del Estado junto con las comunidades autónomas consultadas a través de la Conferencia Sectorial de Educación, consultada la Conferencia
General de Política Universitaria -esa que han destrozado ustedes con la LOSU-, consultados e informando el Consejo de Universidades y el Consejo Escolar del Estado.
También hay que unificar las tasas. ¿Cómo se come que en La Rioja valga hacer la selectividad menos de 50 euros, mientras que en Castilla y León vale más de 150? Tiene que haber un calendario único y no diferentes pruebas. Y, sobre todo,
en la inscripción en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales se tiene que indicar -y la Administración tiene que respetarlo- el idioma en el que se quiere realizar esta prueba. Hace dos años hubo un problema porque la Generalitat de
Catalunya obligaba a significarse a los alumnos que querían la prueba en castellano. Tuvieron que ir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ganar. Por supuesto, ustedes (señala a los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) inhibidos de
reconocer los derechos de los catalanes que querían hacer la selectividad en castellano. Tuvieron que ganar en el Tribunal Superior de Justicia y ya el último año ha habido un cuestionario anónimo. Por lo tanto, no parece que para ustedes esto sea
o deba ser un problema.
Ante esta situación, con este disparate, con estas desigualdades, con estas injusticias, no les pueden decir a los padres y a los jóvenes que se aguanten y que no hay nada que cambiar. No les pueden decir que no hay nada que cambiar sobre
la base de un entendimiento abusivo y expansivo de la competencia de educación. Ellos pagan impuestos como todos los españoles y tienen derecho a una gestión diligente de lo público, pero, sobre todo, los jóvenes tienen derecho a realizar su
vocación. Su vida y su futuro no pueden depender de unas décimas y, sobre todo, no puede depender el futuro de nuestro país para que podamos tener los mejores médicos, los mejores ingenieros, los mejores cirujanos. Esto es lo que de verdad importa
a los españoles y no esas guerritas que se traen entre ustedes y ustedes (señala a los escaños de los grupos parlamentarios Socialista y Popular en el Congreso, respectivamente), trayendo aquí cada quince días el guerracivilismo y la confrontación.
Les pido que voten a favor de nuestra proposición de ley. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes. La relevante cuestión de fondo que se plantea en esta iniciativa parlamentaria es la urgencia para corregir la inadmisible desigualdad que, como consecuencia de su lugar de residencia, sufren los españoles a la hora de
presentarse a la prueba que les permite el acceso a los estudios universitarios. Por diferir, hoy esta prueba difiere incluso hasta en su denominación dependiendo de la comunidad autónoma en la que se realiza. Señorías, el señor Bal, portavoz de
Ciudadanos, ha referido algunos flagrantes episodios -como el caso de Rodrigo- en los que se echó por tierra el cumplimiento de principios constitucionales, lo que justifica la necesidad de aplicación de medidas de reforma de la Evaluación para el
Acceso a la Universidad, aunque es sabido y consabido que los apoyos y mimbres separatistas que sostienen en esta Cámara al Gobierno no van a ceder ni un ápice en una situación de la que obtienen ventaja territorial.
El jueves de la pasada semana se aprobó aquí en el Congreso el sectario Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, con el que se refrendó una deriva perversa producto de las cesiones y concesiones de Pedro Sánchez al independentismo
también en una materia que es crucial para el futuro de España. Señoras y señores diputados, es imposible que con semejante precedente se avance en una prioridad nacional que debería ser fruto de un amplísimo consenso político y social. Nada que
ver con las ansias para tratar de adaptar el modelo a lo que propone la LOMLOE, otro disparate legislativo con muchos visos de inconstitucionalidad y que, en lugar de ser un garante de igualdad, se ha convertido en un ariete para favorecer el
adoctrinamiento ideológico que se remata con algunas de las pruebas de evaluación previas a la entrada en la universidad que ni siquiera son homogéneas. De hecho, las discrepancias y las advertencias de instituciones como la Real Academia Española
o de organizaciones profesionales de profesores han motivado el retraso del nuevo modelo competencial que, de momento, se implantará un curso más tarde de lo previsto, en el 20272028.
Apoyaré con mi voto favorable la toma en consideración de esta proposición de ley porque las conversaciones lideradas por el Ministerio de Educación para cambiar el modelo, reduciendo a la mitad el número de exámenes y primando con un 75 %
de la nota lo que se denomina prueba de madurez académica de alumnado, se han ido alejando de un diseño razonable. ¿A quién le puede extrañar con los interlocutores separatistas que se ha agenciado el señor Sánchez? En definitiva, me parece
pertinente que las Cortes Generales intervengan mediante un procedimiento legislativo en un asunto que el Gobierno quiere resolver una vez más por la vía del sectarismo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Muchas gracias, presidente.
Hoy Ciudadanos nos trae una nueva versión del 'España una y no cincuenta y una', en este caso, señalando las pruebas de selectividad; y lo poco que hacen administraciones como la Generalitat para mantener el catalán como lengua vehicular
-cada vez más en retroceso- ustedes en esta proposición de ley lo llaman discriminación lingüística, lo llaman nacionalismo excluyente.
Una vez más tengo la necesidad de recordar... (Continúa su intervención en catalán).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un segundo, por favor. Usted conoce bien el Reglamento ya, porque hemos tenido esta conversación en alguna que otra ocasión. No sé si está buscando usted, de nuevo, el final
desgraciado de tener que abandonar el atril. Yo le pediría, por favor, que, para que todos le podamos entender, continuase en la lengua común de todos nosotros, que es, como bien sabe, el castellano. Se lo ruego, por favor.
Gracias.
El señor BOTRAN PAHISSA: Les veo poco bilingües, hoy que se ha defendido tanto el bilingüismo. (Continúa su intervención en catalán.-Rumores y protestas).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Botran, le aviso por segunda vez y le tengo que advertir que, si hay una tercera, tendrá que abandonar el atril. Yo no me estoy enterando. Yo siento no ser bilingüe, se lo digo
sinceramente. Siento no ser bilingüe en catalán ni en el resto de las lenguas españolas. Desgraciadamente, ni yo ni la inmensa mayoría de los que estamos aquí lo somos, así que le rogaría que continuara, por favor, en castellano, si usted tiene a
bien hacerlo. Si no, tendrá que abandonar el atril.
Gracias.
El señor BOTRAN PAHISSA: (Continúa su intervención en catalán.-Rumores y protestas).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, muchas gracias, ha finalizado su intervención. Abandone el atril. (Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Arratsalde on guztioi. Señorías, como ha quedado patente durante estas últimas semanas, nos encontramos en un periodo preelectoral y algunas formaciones -unas más que otras- utilizan este hemiciclo como altavoz de sus proclamas electorales.
Esto es lo que Ciudadanos hace hoy. Nos trae un mantra que siguen repitiendo después de años y que, al parecer, pocos réditos les da: centralización, defensa del español en detrimento de las otras lenguas oficiales de las naciones del Estado y
Cataluña. Esta vez la excusa es la prueba de acceso a la universidad, la EvAU. Curiosamente, a Ciudadanos se le olvida que el Estado español es un Estado plurinacional y, por encima de los derechos de la ciudadanía de estas naciones, Ciudadanos
intenta aplicar la tabla rasa en nombre de la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades. Ciudadanos trata de trasladar a la opinión pública, en relación con la EvAU, la prueba para acceder a la universidad, que existe entre las
comunidades autónomas una tremenda injusticia, falta de equidad y de transparencia. Eso dicen. Como solución nos plantean café para todos: una selectividad única y que el Gobierno de España adquiera la competencia para el diseño del currículo
básico educativo en relación con los objetivos, competencias y criterios de evaluación.
Como bien es sabido, nuestra formación, Euskal Herria Bildu, es una formación soberanista y, por ello, de ninguna manera podemos compartir lo que Ciudadanos nos plantea. Es más, ya somos muy críticos con la ordenación del sistema educativo
actual. A pesar de que tanto en Nafarroa como en la Comunidad Autónoma del País Vasco se nos diga que tenemos competencias exclusivas en materia de educación, una parte importante del currículum viene impuesta por el Gobierno español, currículum
que incluso niega la existencia del pueblo vasco. Nuestra propia cultura no está garantizada y no responden a las necesidades que tenemos como pueblo para construir nuestro presente y nuestro futuro. ¿Y qué decir sobre las competencias
lingüísticas? Ni siquiera lo definido por la ley se garantiza en la Comunidad Autónoma del País Vasco y mucho menos en Nafarroa. En la comunidad a la que pertenezco y a la que represento,
Nafarroa, la mayoría del alumnado no tiene relación con el euskera. La ceguera política llega a repudiar nuestra lengua, nuestra propia lengua, la lengua navarrorum. Para culminar todo este desagravio, vemos que los criterios de evaluación
están definidos principalmente por Madrid, por mucho que Ciudadanos ponga el grito en el cielo por la diversidad de pruebas con contenidos diferentes y criterios de corrección diferentes.
Por todo ello, diré que, a pesar de las dificultades que genera ser un país dividido administrativamente y con sistemas educativos diferentes, seguiremos trabajando para poner los carriles que nos lleven a la construcción de un sistema
educativo vasco, público y soberano.
Mila esker.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias. Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on, lankideok. Arratsalde on guztioi.
Señor Bal, como usted ha empezado contando una historia del hijo de su amigo, permítame que siga con la historia. Dígale al hijo de su amigo que ustedes traen hoy a debate aquí, a mediados de marzo de 2023, una proposición de ley que
Ciudadanos registró hace ya casi tres años y que ha tenido en un cajón, pero ahora es tan importante que la sacan y la empiezan a agitar como bandera de campaña electoral. Eso es lo que han hecho ustedes. Dígale eso también sobre la historia y la
manipulación de las iniciativas y sobre cuál es el verdadero interés que esta proposición de ley tiene para ustedes, como han hecho hace poco con otras iniciativas en el ámbito de la sanidad. ¡Casi tres años aquí! ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Se
lo voy a decir. Usted ha ido directamente al artículo 38, donde está la madre del cordero para ustedes, pero en realidad su proposición de ley en otras disposiciones también afectaba al artículo 37. Como los malos alumnos, dígale al hijo de su
amigo que tal vez no tenían buena nota para poder presentarla y para poder haber traído a debate iniciativas más actualizadas. Fíjese, la disposición adicional segunda que incluyen en su proposición de ley resulta absolutamente vacía, porque su
contenido ya se encuentra integrado en el nuevo texto vigente, exactamente en la disposición adicional trigésimo tercera de la ley. Las disposiciones transitorias primera y segunda regulan sistemas alternativos al ordinario de acceso a los estudios
universitarios que ya están derogados y superados, así que no parece nada apropiado que las plantee en un contexto como el actual. En el artículo 37, el texto que proponen es plenamente coincidente con el que ya está incluido con la modificación de
la Ley Orgánica de Educación, salvo en lo que respecta al vigente requerimiento de que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada en la materia no superada para la obtención del título, siempre que se considere que ha
alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título.
Señor Bal, prácticamente la totalidad del texto está desfasado, pero usted lo ha traído porque lo que le preocupa es el artículo 38 de cara a la campaña electoral. Esa es la bandera que van a agitar: la de la centralización, la de la
uniformización, la de esos desalmados independentistas nacionalistas que tienen más ventajas para salir adelante, la de tú no puedes estudiar porque te faltan décimas...
Eso es deshonesto, no es el ejercicio de la realidad. Dígale al hijo de su amigo que las competencias en materia educativa están transferidas, que lo están según lo recogido en el bloque constitucional, que no existe un bachillerato único y
que, por tanto, es inviable y un desatino pretender que exista una evaluación única. Dígale que, si realmente quisieran algo, lo que plantearían sería cambiar todo ese recorrido del bloque constitucional en lugar de traer una proposición de ley
cada cierto tiempo, siempre en vísperas de elecciones para mover esto.
Ustedes plantean en el artículo 38 -en el que efectivamente está la madre del cordero- una modificación que consiste en introducir nuevas cuestiones dedicadas de manera insistente a imponer un enfoque uniformizador territorial en el
contenido de la prueba de acceso a la universidad y en la resolución de eventuales reclamaciones. Además, propone limitar la capacidad de las comunidades autónomas para establecer las cuantías de las tasas de inscripción en la prueba de acceso,
atribuyendo al Gobierno la capacidad tanto del establecimiento de una horquilla de precios -que aquellas deben respetar- como de la fijación de las correspondientes exenciones y reducciones de tales tasas. Es decir, en lo que respecta al eje
central y vertebral de su proposición de ley -básicamente dirigida a la modificación, como usted lo ha dejado claro, de ese artículo 38-, no se puede calificar esta iniciativa más que de una forma clarísima: es una propuesta uniformizadora
notoriamente contraria al espíritu de pluralidad y diversidad que debe reflejarse en el sistema educativo y frontalmente contraria al marco de distribución competencial
contemplado en el bloque constitucional, pretendiendo con una enfermiza obsesión la imposición de un modelo uniforme y unitario que ignora cualquier tipo de diferencia y legitima una actuación recentralizadora que vacía de contenido la
capacidad de las distintas administraciones educativas autonómicas.
Dígale al hijo de su amigo que la realidad es diversa y que hay que respetar, según lo establecido en la ley que usted defiende, el marco competencial vigente para que se puedan hacer pruebas también acordes al sistema vigente.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Creo que es difícil asistir a un ejercicio de demagogia mayor que el que acaba de hacer el señor Bal, que no oculta que el objetivo de su propuesta es la uniformización del Estado sobre la base de la lengua y la cultura española en esa
indisimulada pretensión de arrasar las lenguas y las culturas de las naciones diferentes a la española. Además, es una demagogia muy burda porque, si existiese una prueba única de selectividad, eso eliminaría el margen de azar al que usted hacía
referencia. ¿O qué sucede? ¿Que siempre es la Comunidad de Madrid la gran víctima que tiene la prueba más difícil? Creo que eso no se sostiene.
Y ya que hablan ustedes tanto de igualdad, me gustaría poner sobre la mesa algunos casos en los que a los gallegos y a las gallegas nos gustaría que hubiese un poquito más de igualdad. Por ejemplo, nosotros soportamos -creo que de forma
desmesurada- la carga de la energía eólica para abastecer de energía a otras partes del Estado español, entre ellas la Comunidad de Madrid. Madrid no tiene ni un solo aerogenerador y estaría bien repartirse los aerogeneradores, teniendo en cuenta
el impacto ambiental, patrimonial y socioeconómico que tienen. Pongo otro ejemplo: 4000 empresas que trabajan en Galiza pagan sus impuestos de sociedades en Madrid, beneficiando particularmente a esta comunidad. Nos gustaría que lo pagasen en
Galiza, pero nunca le escuché a usted una reclamación de ese tipo. (El señor Bal Francés pronuncia palabras que no se perciben). Podría seguir poniendo ejemplos, pero, en todo caso, es evidente que su prueba única dificultaría algo que creo que es
elemental y es que la enseñanza se ajuste a la realidad social y económica de cada nación, de cada país y de cada comunidad autónoma, especialmente de las naciones que tenemos lengua y cultura propias. Su defensa de una España única se parece mucho
a un elogio de la ignorancia, en concreto de la ignorancia de las lenguas que también son oficiales. Su propuesta de que pueda pasarse el bachillerato con una materia, sin ningún tipo de condición, da la impresión de que es una vía a la insumisión
lingüística. Usan la falsa premisa de la libertad de lengua para defender la libertad de que el español sea la única lengua que quede en este Estado, una lengua que tiene -además de la condición constitucional del deber de conocerla- los recursos y
el poder del Estado detrás, frente a lenguas minorizadas que, en el caso del galego, además sufren la política lingüicida del Partido Popular y de Feijóo a lo largo de los últimos años.
En fin, quiero hacer una referencia a esto de la lengua común porque ¡ya está bien de la lengua común!
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor REGO CANDAMIL: Acabo -si me permite, señor presidente- diciendo que... (continúa su intervención en gallego).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ya ha finalizado con creces.
El señor REGO CANDAMIL: Finalizo. (Termina su intervención en gallego).
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Gràcies, senyor president.
Bona tarda a tothom. Tot el nostre suport al company Albert Botran, que ha demostrado que no hay igualdad de oportunidades en este hemiciclo.
Señores de Ciudadanos, se lo ha dicho ya la portavoz del PNV, está bien reciclar, pero tengan en cuenta que la legislación ha cambiado desde hace más de dos años en que ustedes registraron este proyecto de ley, pero vemos que las cosas no
cambian y que ustedes no cambian.
En el título de su propuesta ustedes dicen que hay que garantizar la igualdad de trato y de oportunidades, pero este título debe ser una broma, porque lo que ustedes proponen es una discriminación por razón de lengua, aunque lo visten -es
cierto- con añadidos como las tasas, el diseño y contenido de criterios de corrección de pruebas, la ausencia de transparencia en la publicación de resultados y otros aspectos. En realidad esto no es más que un nuevo ataque a la lengua propia de
diversas comunidades autónomas, como ya le han dicho, y, como siempre, centrando su objetivo en Cataluña y en el catalán, un objetivo que es la razón de ser de su partido, ya que, sin este discurso de odio hacia el catalán, su partido político no
existiría ni tendría razón de ser. Vemos que hacen suyo aquello de morir matando.
Analizaré algunos aspectos de su proyecto de ley. El principio de igualdad de oportunidades, señorías, no es café para todos, sino tratar distinto al que es distinto. Además, el Gobierno no tiene la competencia exclusiva en diseñar el
currículum básico. Esta es una competencia del 60 o del 50 % cuando existe lengua cooficial.
Tampoco entiendo la relación que ustedes hacen entre los resultados de las EvAU y los resultados académicos de los alumnos de grado. ¿Qué tiene que ver hacer la prueba de acceso en un idioma con el resultado que después sacará un alumno en
una asignatura de grado? En Cataluña, a los alumnos que solicitan el examen en castellano se les entrega, y esta práctica supuso en las pruebas de 2022 un 5 % del total de los alumnos que realizaron la prueba, unos alumnos que no fueron
discriminados en la corrección, pues los exámenes son anónimos y un profesor no evalúa en función de la lengua, del enunciado o de la respuesta, sino del contenido de la misma. Y, por favor, no pongan en duda la objetividad y la profesionalidad de
los correctores que tenemos.
¿Saben ustedes que su Constitución dice que España es un Estado de las autonomías y que existe cierta descentralización? Parece que lo olvidan. Y es cierto que todos los Gobiernos -de izquierdas, de derechas y los autoproclamados
progresistas, da igual- van renacionalizando de forma directa o indirecta. Es lo mismo que ustedes proponen hacer ahora con esta falsa propuesta bajo el título de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el sistema de acceso a la
universidad.
Leyendo su propuesta este fin de semana, con expresiones como prueba única o el Gobierno establecerá, me vino a la cabeza la frase de una, grande y libre. Supongo que no tiene ninguna duda de que votaremos en contra. ¿Y sabe por qué, señor
Bal? Lo hacemos porque nos preocupamos por los jóvenes -usted insistía mucho en ello- y también por defender nuestro país y nuestra lengua.
Moltes gràcies.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique i Saltor.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Bon dia.
Señor Bal, me alegro de que usted tenga un amigo y me alegro de que su amigo tenga un hijo, pero quizás debería decirles a su amigo y a su hijo que, bajo esta excusa de promover una igualdad territorial, ustedes están presentando, otra vez,
en esta Cámara una propuesta que promueve la centralización, la españolización, la segregación y la elitización, el combo perfecto de todo aquello que nosotros queremos combatir: por una parte, neoliberalismo para enriquecer a unos pocos y, por
otra parte, nacionalismo español para acabar con aquellos que somos de naciones sin Estado. (Aplausos). Honestamente, nos esperábamos una propuesta más original, teniendo en cuenta que el tiempo cada vez es menor para ustedes. La verdad es que
reconocemos que esta iniciativa ya la 'trayeron' en la última campaña electoral española, en 2019, y que la presentaron en esa legislatura breve. Me acuerdo de ello porque yo misma pude intervenir -fue mi primera intervención- en esta tribuna con
este tema. Lo que nos presentaron venía a ser un poco lo mismo, ya que nos traen una proposición de ley para homogeneizar la selectividad, lo que denominamos en catalán la PAU. Es una proposición de ley que, la verdad, está poco trabajada. De
hecho, nos sorprende, viniendo de usted, que no la hayan corregido y que la hayan vuelto a presentar. Es una proposición de ley que, como ya se ha comentado, está basada en dos leyes obsoletas: la LOMCE -ahora ya tenemos la LOMLOE, como bien
saben- y la LOU -tenemos la LOSU desde la semana pasada-, con una disposición adicional trigésimo octava que ya no está ni siquiera vigente. Pero es que nos presentan una proposición de ley que incumple la legislación. Ustedes, tanto que dicen
defender la ley, la legislación española y el Estado de derecho español, resulta que, con lo que nos presentan hoy
aquí, se incumple la Constitución y els estatuts. Dígame, señor Bal, ¿dónde se defiende la ley en esta proposición de ley que ustedes nos presentan? ¿Qué es lo siguiente? ¿Eliminar las comunidades autónomas, como pretenden los de la
extrema derecha? Porque en el tema nacional ustedes están bastante cerca. Es una ley que, además, se basa en afirmaciones falsas. Nos proponen que haya una comparativa de los resultados de las comunidades autónomas, cuando saben perfectamente que
esto ya se hace cada año. También afirman que se necesita armonizar contenidos y saben, pero quizás no lo quieren decir, que, muy a pesar nuestro, el Estado ya puede fijar el 50 % o el 60 % de los contenidos en aquellos territorios con lengua
oficial propia. De ser por nosotros, lo bajaríamos al cero por ciento. Como saben, nosotros lo que pretendemos es marcharnos de este país y dejar de molestarles a ustedes, pero, mientras no lo consigamos, igual también deberíamos recordarles las
mentiras que nos dicen.
Nos proponen una homogeneización de contenidos de la selectividad, de la PAU. Con ello nos podrían proponer que en Madrid se estudie catalán, euskera o galego, nos podrían proponer que en Extremadura se estudie la historia de Jaume I, nos
podrían proponer que en Albacete, por ejemplo, se estudie a La plaça del Diamant, pero no nos proponen nada de eso. Evidentemente, se refieren a eso. No se refieren a nada de eso, porque la única historia que les importa a ustedes es la
castellana. De hecho, desprecian la historia de las otras naciones e incluso llegan al extremo de odiarlas. Además, la única lengua que a ustedes les importa es la castellana. De hecho, desprecian el resto de lenguas que no sean la castellana,
hasta el punto de que llegan a odiarlas. Lo único que les importa y que se esconde detrás de esta idea de armonización de contenidos es imponernos contenidos a nosotros, a aquellos que formamos parte de las naciones sin estado. De hecho, ni
siquiera les preocupan los contenidos de Matemáticas o Química, lo único que les importa son aquellos contenidos que generan diferencias entre territorios, no vaya a ser que, al conocer la historia de Cataluña, seamos más todavía los
independentistas. ¡Como si no tuviésemos razones para serlo! (Aplausos).
También hablando de lengua, cómo no, un grupo como Ciudadanos no puede obviar Cataluña en ninguna de sus iniciativas y mucho menos la lengua catalana. En su iniciativa se quejan de que la Conselleria d'universitats anterior repartiese los
exámenes de la selectividad en catalán y no ofreciese la posibilidad de hacer el examen de selectividad en castellano, pero lo que ustedes no explican, cuando dicen que esto genera discriminación, es que los exámenes son anónimos. Por tanto, no hay
discriminación alguna. Incluso van un paso más allá, deciden que el bachillerato podría ser en castellano si así lo solicita el estudiante. Lo que ustedes no recuerdan es que la competencia en bachillerato depende exclusivamente de las comunidades
autónomas. Por tanto, no tienen nada que hacer respecto a esta cuestión. Y, si quieren discutirlo, les invitamos a presentarlo en el Parlament de Catalunya, pues es ahí donde sí se puede discutir.
Por último, por si no tuviésemos suficiente con el resto, nos proponen publicar las notas por centros, es decir, promover una elitización pura del sistema. Pretenden promover las concertadas y las privadas en detrimento de la pública y
pretenden promover aquellos centros de zonas con una mayor riqueza económica en detrimento de aquellos centros de zonas con una menor riqueza económica. Es decir, nos dejan muy claro que su objetivo es la segregación y lo hacen, además, con la
excusa de la transparencia. Dígannos, diputados y diputadas de Ciudadanos, por qué no solicitan que sean públicas las notas de bachiller. ¿Es que les asusta ver cómo se inflan notas en algunos centros?
La verdad es que podrían habernos planteado debates interesantes sobre la selectividad -si debe ser más o menos memorística y si las universidades deben contar con la selectividad y no con algunas pruebas propias-, pero, obviamente, como
siempre, nos demuestran que su nacionalismo español siempre les puede. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Hoy Ciudadanos nos presenta una proposición de ley para la reforma de la EvAU con el objetivo, según dicen, de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las enseñanzas universitarias. Sin
embargo, cuando uno va al texto de esta proposición de ley, se da cuenta de que poco o nada tiene que ver con este objetivo. Para entender esta proposición de ley, yo creo que uno se tiene que poner las gafas de Ciudadanos, esas gafas rojigualdas
que permiten ver solo una dimensión de la desigualdad: la territorial. A las señorías de Ciudadanos siempre les preocupan mucho las
diferencias entre comunidades autónomas y, de hecho, lo repiten hasta la saciedad, y un poco menos las demás desigualdades, por no decir que nada. Señor Bal, creo que a veces esas gafas rojigualdas les distorsionan un poco la realidad y les
hacen ver espejismos, cosas que solo existen en su imaginación.
En la exposición de motivos aseguran, por ejemplo, que el Gobierno catalán discrimina a los alumnos que quieren hacer la EvAU en castellano, y la prueba que ofrecen es que así lo han leído ustedes en algunos medios de comunicación. Supongo
que se refieren a medios como Telemadrid, que en junio de 2022 titulaba así una noticia que cito: 'Comienza la EvAU en Cataluña con polémica: 'invitan' a los alumnos a contestar en catalán. Si desean contestar en español, deben marcar un gran
número de casillas.' Esto nos decía la tele de Ayuso. He hecho la prueba y he visto en qué consistía y ese gran número de casillas al que hacen referencia son en realidad cinco cruces por el número de asignaturas de la fase general y tres más si se
presentan a la fase específica. En total, estamos hablando de ocho asignaturas, ocho cruces y ocho segundos para hacer esto. En fin, parece que dedicar ocho segundos a esto no supone una gran discriminación, aunque también es verdad que en poco
más de ocho segundos el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Ayuso, fue capaz de levantarse 280 000 euros en comisiones por mascarillas. (Aplausos). En cualquier caso, ocho segundos. Les pediría que dejen de tomar a
Telemadrid como una referencia de la información, ya que lo mínimo que deben hacer cuando traen aquí una proposición de ley es dejar los bulos en la puerta de este hemiciclo. El derecho a examinarse en castellano en Cataluña está garantizado, señor
Bal, incluso en aranés, así que yo le pediría que no mientan más y que no dividan más.
Les preocupa también que las tasas sean diferentes en cada comunidad y que en algunas comunidades estas tasas hayan subido de una manera importante, y ahí podemos darles la razón, pero solo hay un problema en su argumentación: después de
Aragón, las comunidades con el precio de inscripción en la EvAU más alto en 2021 fueron Madrid y Castilla y León, donde gobernaban ustedes con el Partido Popular. (Aplausos). ¿Qué hicieron, entonces, para rebajar esas tasas de la EvAU? Nada.
Para estar tan preocupados, no movieron ni un dedo, y hasta aquí llega a su credibilidad.
Además, esta proposición de ley está mal porque descansa en tres patas muy endebles. En primer lugar, en un bulo, el de la discriminación lingüística; en segundo lugar, en una incongruencia, la de las tasas de la EvAU, que ustedes no
hicieron nada por rebajar, y, en tercer lugar, en un sesgo, porque ustedes solo ven la desigualdad territorial.
¿Quiere hablar usted de desigualdad? Pues hablemos también de esas desigualdades que ustedes no se atreven ni a mencionar. Hablemos de la desigualdad social, hablemos de la universidad pública, de la universidad privada y de la brutal
discriminación que sufren las familias que no pueden pagar por la educación superior. Ponía usted el ejemplo del hijo de un amigo que quería estudiar medicina, pues hablemos del grado de Medicina. En este curso 2022-2023, la nota de corte más baja
para estudiar medicina en la universidad pública fue de 12,7 puntos sobre 14; en la Universidad de Sevilla llegó a 13,4 puntos y en las universidades públicas de Madrid a 13,2 puntos. Cientos de estudiantes se quedaron fuera, pero otros no
tuvieron ningún problema porque, si su madre o su padre podían pagar entre 12 000 y 20 000 euros por curso, podían entrar con un 5 en la CEU San Pablo, en la CEU Cardenal Herrera o en la UCAM. (Aplausos). Señor Bal, ¿a ustedes no les preocupan
esas desigualdades? ¿No les preocupan? ¿Van a hablar de esto algún día? Parece que no.
No se trata solo de las notas de corte de acceso a la universidad, es que la desigualdad también afecta a las notas de bachillerato, que representan un 60 % de la nota final. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.-El señor Hispán
Iglesias de Ussel pronuncia palabras que no se perciben). En 2020... Perdón, presidenta, es que... (El señor Hispán Iglesias de Ussel: ¿Me puedo sentar?).
La señora PRESIDENTA: Señor Hispan, por favor, le pido silencio. (El señor Hispan Iglesias de Ussel pronuncia palabras que no se perciben.-Un señor diputado: ¡Siempre igual!). ¡Silencio, por favor!
Señor Sánchez Serna, continúe.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.
Decía que en 2020 el porcentaje de alumnos de la educación pública que llegaron a la EvAU con una media de sobresaliente fue del 22,9 %. Sin embargo, en los centros concertados esa media de sobresaliente fue del 29,5 %, una cuarta parte
más. Además, el porcentaje de graduados en bachillerato en la universidad pública fue en 2020 de un 90,6 %, y en la privada concertada superó el 97 %. No es una casualidad, como
diría aquel, es el mercado amigo, y aquí todos sabemos que en la privada-concertada se inflan las notas porque se responde a la lógica de la oferta y la demanda.
Ustedes se hartan de repetir como papagayos el artículo 14 de la Constitución española: Todos los españoles son iguales ante la ley, pero cuando el hijo del banquero o el hijo del gran empresario puede estudiar medicina con un 5, mientras
que el hijo de una familia trabajadora necesita un 13, se acaba la igualdad, y ahí tienen ustedes mucho trabajo que hacer, señor Bal, y nunca lo hacen.
Señorías, otro dato más: en 1993 solo había en España cuatro universidades privadas; hoy son cuarenta, diez menos que las universidades públicas, y concentran casi el 20 % del alumnado, un porcentaje que llega al 45 % en el caso de los
estudiantes de posgrado o de máster. Este negocio mueve ya en España 2700 millones de euros al año. Por tanto, las élites han encontrado una manera segura de reproducir sus privilegios sociales y el mantenimiento de su estatus. El conocimiento es
lo de menos, bien lo sabemos en la Región de Murcia, donde el rector de la universidad privada ha sido hasta su fallecimiento un convencido antivacunas que aseguraba que las vacunas contra la COVID iban a servir para introducirnos un chip al
servicio de lo que él llamaba las fuerzas del mal.
Si quieren hablar de desigualdad, hablemos entonces de la tremenda discriminación que los hijos de las familias trabajadoras sufren y de cómo solucionarla: reforzando la universidad pública y poniendo límites a esta proliferación infinita
de chiringuitos privados. Pero si lo que quiere, señor Bal,... (El señor Espinosa de los Monteros de Simón hace gestos). El señor Espinosa de los Monteros no deja de hacer gestos. Si usted quiere decirme algo, lo puede hacer, pero en su turno.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene que terminar, por favor.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Termino.
En definitiva, si ustedes quieren hablar de desigualdad social, podemos hacerlo, pero, si lo que quieren es otra proposición para volver a azuzar el conflicto entre comunidades, con nosotros, lo siento, no cuenten.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Fernández Hernández. (Aplausos).
El señor FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Cuando una señoría sube a esta tribuna y dice 'trayeron' en vez de trajeron, ahí está el problema, ahí está el problema. (Aplausos).
Debatimos una proposición de ley del Grupo Ciudadanos para la reforma de la ley de educación, que busca, supuestamente, lograr la igualdad en la prueba de acceso a la universidad. A esta proposición la definiría como una especie de
queremos, pero no nos atrevemos. Es queremos cuando en el redactado de su proposición -artículo 38.3- dicen que la prueba debe garantizar la igualdad en el acceso de todo el alumnado, con independencia de su lugar de residencia y es un no nos
atrevemos cuando en el punto 8 se dice que el alumnado escogerá la lengua en la que realizará la prueba durante el proceso de inscripción a la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad. ¿Esta es la clase de igualdad que ustedes
promueven? ¿Esta es la clase de igualdad, teniendo un artículo 3 de la Constitución española que establece que los españoles tienen el deber de conocer el castellano? (Aplausos).
Si se aplicara la ley como ustedes la han redactado, ocurriría lo siguiente: habría una parte del territorio donde los estudiantes harían la prueba de acceso a la universidad en castellano, demostrarían su conocimiento del castellano y
cumplirían con su deber de conocer el castellano, pero habría otra parte del territorio donde habría estudiantes que elegirían otra lengua distinta al castellano, no demostrarían que conocen el castellano y no cumplirían con su deber de conocer el
castellano. Esto se puede calificar con dos palabras: desigualdad y contradicción. Hace unos meses, la señora Arrimadas se comparó con el señor Macron. Yo no me voy a meter en con quién se compara cada uno, pero, ya que se van a comparar con el
señor Macron, a lo mejor tendrían que haber redactado esta proposición conforme al modelo francés. ¿Sabe qué ocurre en el modelo francés? Que hay una prueba con los mismos contenidos, con los mismos criterios para todo el territorio francés y en
francés, no en lenguas distintas al francés. (Aplausos).
En todo caso, esto es una toma en consideración, y ya le anticipo que vamos a votar a favor porque si supuestamente -dudo que sea así- fuera adelante, nos permitiría plantear enmiendas para corregir
esta contradicción que he señalado y ayudarles a ustedes, liberales despistados, a reencontrar el camino que nunca debieron perder.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Moneo Díez.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme que les diga, señorías del grupo proponente, señor Bal -en eso tengo que coincidir con algunos intervinientes anteriores-, que he sentido cierta perplejidad al leer su iniciativa, y no porque el tema sea nuevo en esta
Cámara y sea ajeno a sus postulados en materia educativa, sino porque lo primero que uno se pregunta es cómo es posible que hoy debatamos la posible reforma de dos leyes, la LOE y la LOU, que como tal ya no existen. La LOE, como sus señorías saben,
fue sustituida a iniciativa del actual Gobierno socialista por la LOMLOE en diciembre del año 2020. En cuanto a la LOU, la Ley Orgánica de Universidades, saben perfectamente que esta Cámara aprobaba el pasado jueves de forma definitiva la llamada
LOSU, Ley Orgánica del Sistema Universitario, cuyo articulado, en referencia al acceso a la universidad, en modo alguno puede relacionarse con los artículos que ustedes pretenden modificar. La verdad, señorías de Ciudadanos, es que un tema de tanta
importancia y especial trascendencia por sus derivadas en el conjunto del sistema educativo hubiese necesitado de sus señorías un mayor esfuerzo o al menos una actualización. Es evidente que ustedes hace años que dejaron de hacer los deberes, al
menos en lo que a educación se refiere, para quedarse en el oportunismo de un titular, y eso -permítanme que les diga-, si en otras cuestiones no funciona, en educación menos. Aun así, señor Bal, debo decirles que contarán con el voto favorable de
mi grupo a la toma en consideración de esta proposición de ley, y le voy a decir por qué, porque la imperiosa necesidad de garantizar la misma igualdad de oportunidades a todos los alumnos españoles, residan donde residan y hayan optado por el
colegio o instituto que lo hayan hecho, es de tal magnitud que cualquier otro tipo de consideración merece ser apartada en aras del bien común que representa este objetivo. Por ello, jamás mi grupo se cansará, no nos cansaremos de defenderlo dentro
y fuera de esta Cámara. (Aplausos).
Señorías, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza como principios constitucionales forman parte de la esencia de lo que ha sido y sigue siendo el proyecto educativo de este grupo parlamentario; el derecho a una educación de
calidad con equidad desde el acceso hasta el final, donde los alumnos puedan desarrollar todo su potencial bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, algo que continúa formando parte de nuestras señas de identidad. No es nuevo este
debate, señorías, desde la Ley Orgánica de Calidad de la Educación del año 2002, cuya plena entrada en vigor impidió al Gobierno socialista del entonces presidente Zapatero, hasta la LOMCE del año 2013, también cercenada en su aplicación por los
socialistas con el señuelo de que su paralización era necesaria para lograr el llamado pacto social y político por la educación. Por cierto, señorías de Ciudadanos, ¿saben quiénes aplaudieron de todas las formas posibles la paralización de una
prueba única al finalizar el bachillerato, tal y como planteaba la LOMCE del PP? Pues, señorías, fueron ustedes, en aquel momento abrazados a los socialistas y llenos de euforia cuando pensaban que podían ocupar el lugar del Partido Popular.
(Aplausos).
Es evidente, señorías, que después de escuchar a los anteriores intervinientes esta iniciativa no va a prosperar. No es de extrañar, buena parte del arco parlamentario se ha constituido en colaborador necesario para situar a nuestro sistema
educativo en el penúltimo lugar de la Europa de los veintisiete en relación con las terribles tasas de abandono educativo temprano. Es más, este Gobierno tiene el dudoso honor de haber revertido la tendencia a la baja de las tasas de abandono. Por
primera vez desde el año 2008 estas tasas se han incrementado en vez de descender. Pero creo que ninguna de sus señorías ha reflexionado sobre el hecho de que las diferencias de formación entre los estudiantes pueden tener su traslación en un
futuro a los ingresos económicos y, si no se corrigen, perdurar a lo largo de toda la vida. A la izquierda de la izquierda solo le importa ese falso igualitarismo que confunde intencionadamente igualdad de oportunidades con igualdad de resultados
y, como siempre, golpea al más débil. ¿Se han parado, señorías, a pensar que las diferencias que existen entre las comunidades autónomas en relación con las calificaciones de los alumnos también tienen sus consecuencias a nivel de la obtención de
becas? ¿Que con esa España de diferentes velocidades no sólo se está impidiendo a los alumnos el acceso a la universidad en condiciones de igualdad, sino que se está rompiendo el principio de equidad y de solidaridad interterritorial? Bonito
discurso el de la izquierda de este hemiciclo, que desprotege no sólo a quien más
se esfuerza, sino a quien más lo necesita; y los nacionalistas y separatistas, tan solo preocupados por borrar de la Constitución el título VIII.
Hablemos con claridad, señorías. Ustedes no tienen la competencia exclusiva en materia educativa, no la tienen, porque el Estado no solo tiene competencia exclusiva en la regulación para la obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales, sino en la normativa básica que garantiza en el artículo 27 el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Les invito, señorías, a leer el fundamento jurídico número 4 de la sentencia del 14 de noviembre de 2012
del Tribunal Constitucional, donde dice que, establecida ya en nuestra doctrina la competencia estatal para regular la prueba de acceso en sus aspectos básicos, es inherente a este sistema universitario nacional la existencia de un régimen uniforme
sobre determinados aspectos de la estructura de la prueba. Entiendo, señorías, que después de las cesiones que en estas y otras materias les ha hecho este Gobierno -porque aquí está el verdadero problema, en que este Gobierno ha agravado todos los
problemas que podía tener la política española-, ustedes hayan dibujado una realidad paralela.
Señorías, el conjunto de nuestro sistema educativo tiene importantes retos que afrontar y muchos problemas que resolver, problemas que no se solucionan ni con una rebaja de la calidad del sistema -en el mundo ideal de la señora Alegría es
más importante aprobar o no que saber- ni con un denso maquillaje de los resultados -de hecho, la OCDE ya ha advertido que el incremento de titulados en España no indica jóvenes más cualificados-; tampoco elaborando currículums faltos de
conocimientos, de rigor científico y plagados de sectarismo. No se solucionan ignorando las evidencias empíricas que han hecho de los países de nuestro entorno -miren ustedes a Portugal- referentes en políticas de calidad, de equidad, de cohesión y
excelencia; tampoco ignorando a los docentes. Los docentes son la piedra angular sobre la que se asienta la mejora de cualquier sistema, y ustedes no solo han sido incapaces de elaborar el tan demandado estatuto del docente, sino que han tenido
que retirar la orden que regulaba la formación de los maestros, donde las matemáticas quedaban reducidas a la mínima expresión. Mucho menos, señoría, se solucionan dando bandazos, que ni siquiera compran las propias comunidades socialistas; ni
Aragón, la comunidad de donde proviene la señora ministra, ha querido participar en ese simulacro de EvAU que denota la falta de conocimientos y profesionalidad de un ministerio cuya hoja de ruta se asienta en la ocurrencia. Tampoco se solucionan
aprobando una nueva ley de universidades calificada ya por algunos rectores como bodrio. Acabo, señora presidenta. Señorías, no podemos permitir que, asentados en el inmovilismo y en el dogmatismo logsiano del siglo pasado, condenen a los alumnos
presentes y futuros al más absoluto de los fracasos. La voluntad de los españoles tendrá la última palabra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moneo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Zapata Simón.
El señor ZAPATA SIMÓN: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Señor Bal, como diría Rodrigo, lo estoy flipando. Usted, que es el adalid del rigor jurídico en esta Cámara, que cuando se dirige a esta Cámara la mayoría de las veces pontifica y sienta cátedra, viene hoy con una propuesta para reformar
dos leyes que actualmente están obsoletas y derogadas. Actualmente, la Ley 3/2020 es la que está vigente, y ustedes vienen a cambiar el artículo 38 de la 2/2006 y el artículo 42 de la antigua Ley Orgánica de Universidades, cuando el jueves
aprobamos aquí la LOSU. Yo, que le tengo mucho respeto a usted, no tengo mucha explicación para este sinsentido y solo hay dos opciones: o con tanto compadreo con la España que madruga ha copiado sus hábitos de trabajo parlamentario y trabajan
ustedes menos que el sastre de Tarzán -que no lo creo, por el respeto que le tengo- (aplausos) o bien quieren aprovechar este hueco para tener sus minutos de gloria otra vez y volver a hacer campaña electoral y ruido. En cualquier caso, señor Bal,
sea cual sea el motivo, creo que es una falta de respeto a esta Cámara traer una propuesta fuera de plazo para los mortales y extemporánea para usted y, sinceramente, creo que debemos afeárselo.
Ya que estamos aquí y sacamos el tema, sí que me gustaría confrontar modelos. El modelo de Ciudadanos, y el modelo de las derechas, se resume en una prueba única nacional; en una recentralización de contenidos, de los cómputos, de las
correcciones; en una atracción de competencias para el Estado y, por supuesto, el mantra habitual de negación de la diversidad autonómica de este país, que está representada -y muy bien- en estas Cámaras. Por cierto, creo que ha cometido antes un
error o un desliz, las competencias autonómicas son un derecho, señor Bal, no un privilegio. Esto es lo que yo llamo el constitucionalismo de doña Inés: manejo la Constitución según mi interés. (Aplausos). ¿Y por qué digo
esto? Fundamentan su ley, por ejemplo, en el artículo 40, en el artículo 27 del derecho a la educación, en el 149 de la Constitución, pero nunca nos cuentan la cara B; hay un 149.1.30.ª que habla de la autonomía universitaria, hay unas
competencias autonómicas del 148 y 149, hay una desconcentración administrativa y, por supuesto, el artículo amnesia estrella de Ciudadanos, el artículo 3 de la Constitución, que dice que hay que proteger también las lenguas cooficiales, además de
-como se ha dicho aquí- el deber de conocer el castellano. Las dos cosas dice el artículo 3 de la Constitución. Y ante este modelo, ¿qué propone el PSOE? Para empezar, un modelo legal y constitucional, cosa que no es el suyo. Y el mayor ejemplo,
¿cuál es? El decreto que se está negociando. ¿Y cómo se está negociando, señoría? Donde debe, con la Conferencia Sectorial de Educación, en el Consejo de Universidades, con todo el sector educativo, incluidos los docentes, a los que ustedes
desprecian; los desprecian, porque basan el 40 % de la EvAU, que es el porcentaje, y desprecian el 60 % del trámite continuo que están realizando los profesores en sus centros. Por supuesto, también se negocia con las comunidades que están
dispuestas a aportar y a participar. Y, como dicen en mi territorio y en mi terreno, ustedes y las comunidades del Partido Popular se han dado mus. Se trata de consensuar, de armonizar y de equiparar el acceso a la universidad para que exista
igualdad de oportunidades, viva uno donde viva, y actuar con equidad. Consensuar, armonizar y equiparar, ahí nos van a encontrar; imponer, centralizar y prueba única, ahí no nos van a encontrar.
Como estamos hablando de la EvAU y estamos en un itinerario educativo, les voy a proponer yo a las derechas un examen con una materia: la de la coherencia. ¿Saben qué fue lo primero que pidió el ínclito señor Marín al señor Bonilla cuando
llegaron a un pacto de Gobierno? Se lo digo yo: La Consejería de Educación. ¿Creen ustedes que Ciudadanos y el PP cuando gobierna -porque ha gobernado Rajoy y tampoco lo han hecho- piden recentralizar las competencias, modificar el bachillerato o
modificar la EvAU? Ya le digo yo que no. Lo que ustedes hacen es utilizar las competencias autonómicas para hacer su política allí donde pueden. ¿Y qué política? Política de la mala, de la suya: la de recortes, la de despidos de docentes y la
de trabajar siempre para los mismos, para los suyos.
Señorías, yo soy de Guadalajara. Vivo a una hora de esta Cámara en coche y a una hora de esta comunidad superpoblada, pero también a una hora del Señorío de Molina, donde tenemos una densidad de población inferior a Siberia, una de las
peores de Europa. Conozco estas realidades. ¿Ustedes creen que tienen los mismos problemas los chavales de Molina, los de Ceuta, los de Madrid, los de Galicia, por decir tres territorios donde ustedes desgobiernan? ¿Son los mismos problemas? Ya
les digo yo que no. En esa bancada popular están sentados ejecutores y cómplices de las políticas más crueles e infames que hizo la señora Cospedal en mi tierra, en Castilla-La Mancha. (Aplausos). ¡Infames!, despidió a 5500 docentes y cerró 69
escuelas rurales con menos de 11 alumnos. Hoy, gobernando el PSOE en Castilla-La Mancha, se han recuperado todos esos docentes; además trabajan doce meses, no nueve como antes, y se abren escuelas rurales con menos de cuatro niños. Esa es la
política de verdad, la política del territorio, la política de las competencias autonómicas y la que mejora la vida de la gente, no las suyas. (Aplausos). Miedo me da, señorías, después de estas experiencias, para qué quieren ustedes centralizar y
acabar con las competencias autonómicas. No sé por qué será, aunque creo que sí, por ejemplo para subvencionar a quien segrega todavía por razones de sexo.
Acabo, presidenta. Seguimos con el itinerario educativo y les voy a poner unos deberes a los señores de la derecha, y especialmente a los diputados de Galicia del PP. Tráiganme un compromiso escrito del señor Feijóo en el que propongan que
el galego no esté en su bachillerato y no compute para su EvAU, y entonces serán ustedes creíbles. Mientras tanto, pónganse a colaborar, pónganse a trabajar en beneficio de la comunidad educativa, en el futuro de nuestros alumnos españoles y dejen
de poner palos en las ruedas.
Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Zapata.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS REPUBLICANO Y EUSKAL HERRIA BILDU, PARA LA RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES. (Número de expediente 122/000221).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Republicano y Euskal Herria Bildu, para la recuperación y ampliación de los derechos
laborales.
Para la presentación de la iniciativa, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta, señorías, arratsalde on guztioi.
Euskal Herria Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya y Bloque Nacionalista Galego presentamos hoy aquí una proposición de ley para, como su propio nombre indica, ni más ni menos que recuperar y ampliar derechos laborales para los y las
trabajadoras. Para los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria, sí; de Galiza, también; de Cataluña, también, pero también del Estado español, porque no es otra cosa sino la misma jurisdicción laboral la que soportamos unos y otros. ¡Ya
ven, cosas terribles de la ambición desmedida del separatismo! Pero no soy ingenuo y sé que habrá quien se escude en la proximidad de una cita electoral, la de las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo en muchas comunidades autónomas,
para tildar esta propuesta de electoralista. Permítanme a quienes se vean tentados de sucumbir a esa argumentación, que les recuerde otra fecha: 3 de febrero de 2022, debate en esta Cámara de la propuesta del actual Gobierno de modificación de la
reforma laboral del 2012 de Mariano Rajoy, del Partido Popular. Estoy seguro de que todos y todas las presentes en esta Cámara recordarán esa votación; todos y todas las presentes, incluso alguno que ya no está presente y la recordará con mayor
intensidad, como el señor Casero. Allí, en ese momento, ya manifestamos nuestra determinación para seguir peleando, para seguir insistiendo en cumplir con nuestro compromiso, con nuestra palabra de hacer caer o derogar todos los aspectos lesivos
para los y las trabajadoras de la reforma laboral del 2012 del Partido Popular. Es la palabra dada a la mayoría social, sindical y política vasca que salió a las calles en años posteriores al 2012 y que clamaba por una derogación íntegra de la
misma o, al menos, de todos sus aspectos lesivos. Una palabra dada que estamos seguros de que nos conecta con un mismo deseo de derogación y recuperación de derechos laborales con millones de ciudadanos y ciudadanas del Estado español. Y es cierto
que dudar a estas alturas del debate y de la película de que Euskal Herria Bildu vaya a llegar hasta el final en el compromiso con la palabra dada, como se dice en las redes sociales, ya ni cotiza. Y bien han podido verlo algunos y algunas en otro
debate de gran actualidad en esta misma Cámara en relación con otra cuestión. En definitiva, señorías, esa es nuestra forma de hacer política, estar unidos sin fisuras frente a presiones o defensores circunstanciales del algo es algo o mejor esto
que nada. Pero, en todo caso, para quienes duden entre decantarse por una u otra intencionalidad en la presentación de esta proposición de ley, la del electoralismo o la de cumplir con la palabra dada, les recomiendo, como una aproximación o como
un elemento de consenso, que nos acerquemos a la metodología del intelectual crítico. Quizás así entiendan por qué presentamos esta iniciativa. No dice otra cosa la metodología del intelectual crítico sino que se analicen las acciones según sus
causas y sus motivos y, por qué no, según sus ocultas intenciones.
Hoy, con la presentación de esta proposición de ley, proponemos recuperar y ampliar los derechos laborales a través de modificaciones legales que plantean aspectos muy concretos. Hoy no está la ministra, si no, podría decirle aquello de,
además, con todo el respeto y empatía: permítame que esta vez le diera yo un dato. Son las indemnizaciones por despido uno de los elementos que más se han devaluado en las últimas décadas en el Estado español y fundamentalmente desde 2012, bien lo
saben los trabajadores que tuvieron la mala suerte de ser despedidos después o antes de la reforma de Rajoy. Ellos sí saben que de los 45 días por año se pasa a los 23 días por año. Ellos sí saben que la prestación alcanzaba un tope de meses que
fue reducida también con la reforma laboral de Mariano Rajoy. Y sé que hay mucha gente a la que esto no le importará. Incluso sé que hay gente que dirá que lo importante no es cuánto te pagan cuando te despiden, sino que lo verdaderamente
importante es que no te despidan. Pero la realidad nuevamente nos golpea en la cara, y la realidad nos dice que a los trabajadores de Laudio, de Autoglas-Glavista o de cualquier otra empresa que esté amenazada por un ERE de extinción, le importará
bastante saber que lo que va a contar cuando le cesen, cuando le despidan, va a ser con una cantidad económica mayor que la que pudiera tener según la actual legislación. Y estoy convencido de que prefieren tener más dinero en sus bolsillos, ellos,
como estoy seguro de que lo querrán tener cientos y miles de trabajadores en el Estado español que se ven sometidos a la misma circunstancia. Pero no nos quedamos solo en la indemnización por despido. También planteamos en esta proposición de ley
recuperar los salarios de tramitación en los despidos improcedentes para que ninguna persona trabajadora se vea chantajeada ni tenga que aceptar de forma claudicante cualquier propuesta de la empresa para no verse sometido a un largo y extenuante
periplo judicial y, a veces, también humillante. Planteamos también la modificación de la causalidad y los procedimientos del despido, sobre todo para que, bajo el paraguas de las razones de causa económica, técnica u organizativa, los empresarios
puedan seguir teniendo la carta mágica para seguir despidiendo a quien le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana. Porque esa es la realidad que nos introdujo la reforma laboral, esa carta mágica que esgrimen los empresarios para
seguir
alimentando beneficios empresariales a costa de aligerar las plantillas, a costa de arruinar los sueños y las vidas de decenas, de centenares, de miles de trabajadores y trabajadoras, a costa de arruinar el futuro de la clase trabajadora.
Planteamos también en esta proposición de ley que se recupere la prevalencia y la prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos. Esto no es otra cosa que defender que los trabajadores y trabajadoras estén
más protegidos y puedan acogerse a aquel convenio que mejores garantías y mejores condiciones le ofrece en el ejercicio y en el desempeño de su puesto de trabajo. También planteamos la autorización administrativa ante los despidos colectivos, y es
cierto que este Gobierno ha dado un paso. Es cierto que con la Ley de Empleo se dio un paso para dotar de un mayor rango, de un mayor papel protagonista a la Inspección de Trabajo en esta realidad, pero no es menos cierto que todavía se puede hacer
más, que todavía debemos hacer más porque las irregularidades en los puestos de trabajo siguen contándose no por cientos, sino por miles.
Estas son las acciones y las causas que proponemos con esta proposición de ley siguiendo la metodología del intelectual crítico. Estas y no otras son las causas y las acciones. ¿Cuáles son los motivos? Los motivos los encontrarán en la
necesidad de proteger a los y las trabajadoras de políticas que durante muchos años, si no décadas, con excepción, y lo digo con sinceridad, de los últimos tres años, no han hecho sino devaluar sus salarios. Trabajar más por menos, acelerar la
precarización en el empleo: acepta esto porque si no lo hará otro. Y esto lo han hecho con cada vez más sectores poblacionales: con las mujeres, que siguen soportando la brecha de género; con los jóvenes, que siguen teniendo que buscarse fuera
lo que aquí no somos capaces de ofrecerles; con los trabajadores mayores de 45 años, que se ven expulsados del mercado laboral y no encuentran más vida de reenganche que la de contratos precarios, la de contratos se podría decir indignos. Y esto
también se ha hecho mientras se reforzaba el peso empresarial en la negociación colectiva.
La intención, que es lo que queda y no es nada oculta, es una intención bastante clara, bastante declarada por parte de los grupos proponentes, es devolver dignidad a la vida de los y las trabajadoras; ni más ni menos. Se trata de que el
Estado y la sociedad en la que viven se parezcan a la mayoría de la gente, no a unas élites minoritarias. Buscamos que los poderes públicos sean garantes de los derechos de las mayorías sociales y no el bufete de abogados de grandes empresarios.
En definitiva, se trata de que llenemos de contenido esa proclama que seguramente a muchos y a muchas de la izquierda en esta Cámara nos ha hecho salir muchas veces a la calle para reclamar eso de: para todos y todas, todo. Y nos atrevemos a
plantear esto porque hay tiempo, porque la legislatura aún no ha concluido, porque aún quedan meses para poder llevar a efecto -si hay voluntad- esto que aquí planteamos, y porque estamos convencidos de que existe una mayoría sindical, social y
política concurrente con una mayoría parlamentaria. Un Gobierno es de progreso cuando hace políticas de progreso. Un bloque de investidura es sólido, es fuerte, tiene perspectiva de futuro, cuando es capaz de conectar con las mayorías sociales y
populares que permitieron que se dieran los números para tener ese Gobierno de progreso, para tener ese bloque de investidura. Por tanto, tenemos nueve meses para poder dar satisfacción y respuesta a uno de los mandatos más claros que probablemente
pesó en las cabezas de la gente cuando depositó en las urnas votos en favor de las opciones de izquierda y en detrimento de las opciones de derecha o de extrema derecha. Perder esta oportunidad, perder este tren ahora es perder opciones. No
hacerlo ahora y posponerlo para un futuro incierto e hipotético, no es sumar. Es, probablemente, decrecer en apoyos y en confianza. Sumar derechos debe ser el objetivo, no obligar a nadie a elegir entre unos u otros, a elegir entre algunos de los
derechos en detrimento de otros derechos que quedarán postergados para un hipotético futuro que cada vez se antoja más lejano. Y debemos hacerlo opine lo que opine la CEOE. La misma CEOE que rompió relaciones con el Gobierno, o eso dijo, porque el
Gobierno decidió alcanzar un acuerdo en la Ley de Empleo con Euskal Herria Bildu para reforzar el papel de los inspectores de trabajo. Y, desde entonces, no paro de hacerme la misma pregunta con respecto al cabreo de la CEOE por este acuerdo que
daba más poder a los inspectores de trabajo para garantizar que los expedientes de regulación de empleo se ajustaban a derecho, que perseguían o que tenían una lógica justa. Como digo, no paro de preguntarme una cuestión: por qué se opuso la CEOE,
a qué temía la CEOE, qué le asusta a la CEOE del poder de los inspectores de trabajo. Pero es que es la misma CEOE que hace poco más de un año, en el marco del debate que se dio el 3 de febrero de 2022, relativo a la reforma laboral, limitó hasta
dónde podía llegar esa modificación de la ley. La misma CEOE que no quiere ni oír hablar de las subidas de pensiones. La misma CEOE que no quiere oír hablar del incremento de la cuota de aportación en los tramos salariales o de rentas más altas.
En definitiva, la misma CEOE de siempre. La misma CEOE que ayer mismo mostraba su
preocupación por dónde se invertía el dinero público. Mejor en la mayoría trabajadora que en ayudas a empresarios que se llevan el dinero a paraísos fiscales o mudan sus sedes a terceros países.
Señorías, vean en esta proposición de ley una oportunidad para, tras arrancarla hoy en el Congreso, poder iniciar un trámite o camino que, junto a los agentes sociales que componen la Mesa del Diálogo Social y de la mano del Gobierno,
podamos culminar antes de que la legislatura acabe con un escenario donde, esta vez sí, sin ningún género de dudas, podamos decir que los y las trabajadoras han recuperado y afianzado todos los derechos laborales que les han sido arrebatados durante
décadas.
Finalizo del mismo modo que inicié mi intervención, el 3 de febrero de 2022, en el marco del debate de la reforma laboral. Allí empecé diciendo que venía a este debate con una mano tendida y un puño cerrado, y es la misma actitud con la que
quiero terminar este debate: con la mano tendida, con la predisposición al diálogo y al acuerdo con las fuerzas de Gobierno, pero, con el puño cerrado, en defensa de la dignidad de la clase trabajadora, que engarza con la historia del movimiento
obrero. (Continúa su intervención en euskera). Porque fueron, somos; porque somos, serán. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidenta.
Bona tarda a tothom. Hoy, los grupos parlamentarios de Esquerra, Euskal Herria Bildu y el Bloque Nacionalista Galego presentamos una proposición de ley de reforma laboral, a algunos les interesa poco. Nuestra iniciativa consiste,
básicamente, en poner de nuevo a debate los derechos laborales que fueron recortados entre 2010 y 2012, y que la reciente reforma laboral de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, y el presidente, Pedro Sánchez, no quisieron o no pudieron abordar en su
totalidad. Queremos legislar sobre los aspectos relativos a las indemnizaciones por despido, a los salarios de tramitación, a los despidos colectivos, etcétera. En resumen, queremos recuperar derechos anteriores a los recortes del señor Rajoy y
del señor Zapatero. Alguien nos dirá que el futuro no se construye mirando atrás, que son recetas antiguas, pero lo que tenemos claro es que los trabajadores y las trabajadoras nunca van a ganar derechos, si no nos atrevemos a romper el pensamiento
único de la CEOE y de esta anacrónica derecha que tenemos aquí al lado.
Nuestra proposición de ley no arreglará todos los problemas del mundo del trabajo, pero sí nos atrevemos a decir que es mejor empezar cualquier negociación social -a mí me gusta mucho más decir negociación social que diálogo- o ley partiendo
de indemnizaciones de cuarenta y cinco días que de treinta y tres; que es mejor tener salarios de tramitación que no tenerlos, y que es claramente preferible contar con la autorización administrativa previa a los ERE que no tenerlos. (Aplausos).
A partir de aquí que empiece la negociación social, política y parlamentaria -acentúo también la expresión tramitación parlamentaria, porque no se hizo-.
En la presentación de esta ley, me dirijo principalmente a los trabajadores y a las trabajadoras de todos los pueblos del Estado, a sus organizaciones, a los partidos políticos que se autoproclaman defensores de los intereses de la clase
trabajadora. Creemos que más de una década después de la nefasta reforma laboral del PSOE de 2010 y, sobre todo, de la del Partido Popular de 2012, que se hicieron contra tres huelgas generales y sin diálogo social, toca una nueva ley que se debata
en el Congreso de los Diputados y en el Senado -que se debata-. La reforma laboral de hace poco más de un año se presentó como un real decreto ley sin posibilidad de debate, de constituir una ponencia, de defender enmiendas, de votarlas en este
hemiciclo, una auténtica vergüenza. Este es uno de los motivos por los que presentamos esta proposición de ley, para que todos los grupos -todos los grupos- podamos discutir sobre los grandes debates del derecho del trabajo, y no solamente sobre
aquello que el Gobierno pacta con la patronal. Tenemos el derecho y la obligación de debatir y de votar sobre indemnizaciones, deslocalizaciones o equiparación salarial real de las personas subcontratadas. No aceptamos, en su momento, ni
aceptaremos nunca que no se pueda tocar ni una coma. Nosotros propusimos y proponemos una negociación abierta y valiente, que no se ciña exclusivamente al marco de la CEOE. (Aplausos).
Por todo ello, desde esta tribuna, interpelo hoy a los 350 diputados y diputadas para que voten sí a esta proposición de ley y permitan que su debate salga a trámite. Que voten sí a algo que creemos que tiene que ver con los problemas
fundamentales de nuestra gente y de nuestros pueblos. Si quieren, se puede hacer desde una valoración positiva. ¿Hoy hay más contratos indefinidos? De acuerdo, estamos bien, evidentemente. No proponemos quitar ese aspecto, nunca lo hemos pedido,
pero tampoco tragamos con un relato que se ha impuesto y que es falso: que en España no hay precariedad laboral. Decir esto es
vivir en Disneylandia. No es verdad, no es verdad. (Aplausos). Se puede tener un contrato ordinario indefinido o un contrato parcial indefinido o un contrato fijo discontinuo y vivir en precariedad, como lo demuestran las cifras de
pobreza de este país, etcétera. No quiero desviarme. Que no se autoengañe nadie, porque la precariedad existe y solo se puede cambiar con un nuevo modelo productivo, que no llega, y con una legislación que evite la explotación. La legislación
actual no es suficiente y ustedes lo saben, aunque muchos y muchas lo van a negar cuando salgan de aquí, pero van a negar una realidad. Por cierto, sin tocar el despido, tal como lo tenemos, hablar de fijos o hablar de indefinidos no es un
vocabulario adecuado a la realidad. Aquí fijo no hay nadie y aquí indefinido no hay nadie. ¿Que es mucho mejor que tener temporales? Evidentemente que es mejor, pero fijo no hay nadie e indefinido tampoco.
Señorías, a pesar de la reforma laboral, hay cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que podemos continuar definiendo como precarios y sujetos y víctimas de los derechos robados en la reforma de 2010 y en la reforma de 2012. No nos
autoengañemos, la cara de la precariedad son las personas, son mujeres que son contratadas por una ETT -por cierto, ETT que ahora ya puede, encima, gestionar fijos discontinuos, cada vez peor-; son las mujeres, muchas migrantes, del servicio de
atención domiciliaria, quienes atienden a nuestros mayores, subcontratadas por las administraciones a empresas de multiservicio, como Valoriza, como Clece, como Sacyr, como DomusVi. (Aplausos). Por cierto, DomusVi es una empresa que explota el
servicio de atención domiciliaria en Barcelona y que tiene su sede en un paraíso fiscal. Pregúntenles a esas trabajadoras si son precarias o no lo son, pregúntenles a ver qué les dicen. O pregunten a los trabajadores de Amazon, que también nos
vinieron a ver hace unos días y nos reclamaban justamente todo lo que hoy les traemos aquí. O pregunten a las trabajadoras y los trabajadores de Almussafes, que se van a ir a la calle. O pregunten a los y las profesionales del periodismo, que son
obligados a ser autónomos -bueno, utilizan una palabra mucho más bonita que autónomo, dicen que son freelancer; esto queda muy guay, pero siguen siendo igualmente explotados-. (Aplausos). O pregunten a 'las kellys' de Alacant, con las que también
hemos hablado, que están mal pagadas y sin el reconocimiento de sus enfermedades profesionales.
No basta con la última reforma laboral que se aprobó. No, no es suficiente, es mucho menos de lo que se esperaba y de lo que se espera de nosotros. Quizá nosotros podemos esperar, pero mucha gente no puede esperar. Y ya sé lo que nos van
a responder los reaccionarios: que esto lo tiene que definir el diálogo social. Pero ¿qué diálogo social? Si en el Reino de España lo que ha habido en las últimas décadas es un auténtico monólogo neoliberal, que impone y dispone sobre la vida de
los trabajadores y las trabajadoras, y solo hemos hecho que perder derechos y no recuperarlos. Eso es lo que hemos hecho. (Aplausos). Vamos a ser valientes de una vez. Lo bueno de todo esto es que hoy ustedes lo pueden enmendar. La negociación
social es importante, sí, pero no menos importante que aquello que se discute en un Parlamento democrático, que lo quisieron hurtar en la última reforma laboral.
Por todo ello, traemos esta proposición de ley para combatir la precariedad. Esto no es un freno a la economía, es debatir sobre una legislación que evite los abusos y permita unas relaciones y unas condiciones laborales más justas.
Queremos, necesitamos debatir y legislar sobre la regulación del contrato a tiempo parcial indeseado y la precariedad. El abuso no solo estaba, señorías, en la temporalidad, sino que también estaba y está en la parcialidad indeseada, en los
contratos parciales con salarios lógicamente también muy bajos. No puede ser que una empresa tenga toda su plantilla con contratos parciales, por ejemplo. Hay que atacar esa lacra, lo proponíamos y lo proponemos ahora, y seguiremos combatiendo.
No puede ser que un tercio de los nuevos contratos indefinidos sean a tiempo parcial indeseado. Hoy proponemos legislar sobre ello, legislar sobre las cláusulas de descuelgue de los convenios o sobre el despido que sigue siendo libre y barato,
porque tengas el contrato que tengas, por más indefinido que tú seas, te puedes ir a la calle simplemente porque miras mal al patrón; es así. La reforma laboral de 2010 y 2012 flexibilizó los supuestos de despido objetivo, hasta el punto de que
las empresas no han ni de tener pérdidas, y eso ustedes lo saben. Tampoco es necesario ninguna autorización administrativa para los despidos colectivos o, lo que es lo mismo, el empresario puede despedir a tantas personas como quiera de forma
unilateral. Basta que una empresa vea cómo sus beneficios -beneficios- se han reducido durante nueve meses para poder despedir libremente pagando una indemnización muy baja. Y no solo esto, sino que si un juzgado determina que un despido es
improcedente e injusto, la empresa ya no está obligada, como antes, a pagar los salarios de tramitación; es decir, todos los salarios que hubieran tenido que pagar al trabajador hasta el momento en que el despido ha sido sentenciado como injusto.
Se debe regular el abuso del contrato fijo discontinuo, porque en muchos casos ya no está teniendo el objetivo por el que se creó por parte del legislador. Hay contratos que eran indefinidos anuales, que
empiezan a sustituir por contratos fijos discontinuos. Esto está pasando, hay que estar alerta. Asimismo, planteamos regular los abusos en la subcontratación abusiva, que es donde se realiza la precarización en volumen y en masa.
(Aplausos). Tampoco se ha priorizado, más allá del salario, la prevalencia del convenio sectorial. El salario es muy importante que se priorice, evidentemente, pero también es muy importante, por ejemplo, la jornada anual, y eso no se ha igualado
con la empresa madre.
No sean orgullosos, no sean obstinados, señores de Podemos, señores del Partido Socialista. No queremos que este debate se plantee en términos de quién hizo bien o quién no hizo bien en la pasada reforma laboral. Nosotros estamos
convencidos de nuestra posición y seguro que vosotros estáis convencidos de vuestra posición. Pero a lo que aspiramos, porque se puede y hay un número suficiente de la Cámara para cambiarlo, es que hoy esta ley sea una plataforma de salida común.
Y se puede hacer, solo hay que apretar un botón, el botón verde, nada más. Tramitar y hacerlo. (Aplausos).
Señorías, la semana pasada conmemorábamos el centenario del asesinado de Salvador Seguí, el Noi del sucre, probablemente, el mayor líder sindical de la historia de Cataluña y un referente de movimiento obrero internacional sin parangón. Él
lideró un movimiento obrero que consiguió algunos hitos de los que hoy todavía nos beneficiamos algunos; el más conocido, la jornada de ocho horas. Hoy, quien más y quien menos, conocerán lo que significó la huelga de La Canadiense. Traemos a
cuenta la conmemoración de este centenario porque es justa y bonita -me gusta y aprovecho para traerla- y para ver si nos contagiamos un poco de su espíritu y conseguimos ver un poco más allá de los marcos en los que la patronal entonces, en la
época de Salvador Seguí, y hoy no estaban ni estarán nunca dispuestos a discutir nada. Hay que arrancárselo, no hay más. Hay que ser mucho más ambiciosos.
Finalizo porque veo que se me acaba el tiempo. Sí a la ambición en justicia social, sí a la recuperación y ampliación de derechos laborales. Si no ahora, ¿cuándo? Aprieten el botón verde y sigamos discutiendo. Entonces, igual nos votan y
no ganan esos (señalando la parte derecha del hemiciclo).
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Republicano, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Salvador.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta es una iniciativa impulsada por diputados de tres grupos parlamentarios y de partidos políticos diferentes que tienen una característica común: son separatistas, quieren desgajarse de España. Y en ese afán -que yo creo imposible-
promueven una proposición de ley que, con el pretexto de recuperar y ampliar los derechos laborales, en la práctica tendría efectos contrarios y pondría patas arriba el Estatuto de los Trabajadores, un conjunto normativo que la carta magna consagra
en su artículo 35.2, dentro del capítulo dedicado a derechos y libertades. Señorías, es sabido que los promotores de esta proposición de ley, que ha sido presentada para proteger a las personas trabajadoras ofreciendo estabilidad y seguridad en el
empleo y sus condiciones de vidas y recuperando el equilibrio en las relaciones laborales, tampoco creen mucho en la Constitución, aunque hoy la invoquen, doy por supuesto que a regañadientes, en la parte dispositiva del articulado que someten a la
toma en consideración.
La exposición de motivos nos revela desde su primera línea que, sobre todo, de lo que se trata es de atacar la reforma laboral, que se impulsó en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, y que Foro Asturias respaldo en esta Cámara y también en
el Senado, muchas de cuyas medidas no debían de ser tan malas, dado que se mantuvieron vigentes hasta hace poco más de un año, es decir, vigentes durante una década. Al respecto cabe recordar que en 2012 la situación socioeconómica de nuestro país
era calamitosa, producto de dos mandatos con gobiernos presididos por el señor Rodríguez Zapatero, que incluso llevó como principal compromiso electoral en las elecciones del año 2008 el pleno empleo, pero que acabó dejando el mercado laboral hecho
un patatal. (Aplausos). Basta recordar que in extremis, y ya anunciada la disolución de la IX Legislatura, se reformó el artículo 135 de la Constitución -con mi voto en contra, por cierto, porque lo que había fracasado eran las medidas económicas
impulsadas por el Partido Socialista del señor Rodríguez Zapatero-. Una vez más recalco que lo que hizo la reforma laboral del señor Rajoy fue detener la terrible catarata de destrucción de empleos, al objeto de revertir una situación que había
arrastrado a la ruina a la sociedad española, algo que se había conseguido pero que se truncó con la
llegada del señor Sánchez a la Presidencia del Gobierno tras la censura alentada, precisamente, por los firmantes de esta proposición de ley.
Señorías, resultaría temerario atender los términos de una iniciativa con visos de suplantar el diálogo social y que plantea derogaciones que van en la línea contraria de las aprobadas, muy a duras penas en la pésima reforma laboral del
pasado año 2022 y que, como era previsible no están dando resultado, hasta el punto de que las estadísticas oficiales son maquilladas continuamente por el Gobierno para camuflar la realidad dramática del mercado de trabajo hoy en España.
En definitiva, nuestro país no podría permitirse un mandato legislativo en la línea que aquí quiere trazarse. Me parece legítimo que en democracia los partidos políticos que proponen este texto legislativo quieran remarcar su posición de
discrepancia con el Gobierno en materia laboral, al igual que lo extienden a cambios radicales el modelo productivo, pero el profundo programa de reformas que necesita España en pos de la calidad del empleo, la ampliación de los derechos de los
trabajadores y el apoyo a la creación de más y mejores empresas, no coincide ni de lejos con lo que aquí se plantea.
Señores diputados de EH Bildu, de Esquerra Republicana de Catalunya y del Bloque Nacionalista Galego, al respecto de la mejora de los derechos laborales de los trabajadores del País Vasco, de Cataluña, de Galicia y del resto de España,
tienen ustedes en un horizonte muy próximo la posibilidad de rechazar con sus votos la reforma del sistema público de pensiones que plantea el ministro Escrivá y que con la anuencia de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras suponen otro ataque a
los trabajadores y un recorte a los derechos adquiridos a lo largo de toda una vida laboral, pero también un mazazo a los autónomos, y una merma de la competitividad empresarial que se va a traducir, se está traduciendo ya, en menos salarios, en
salarios más ajustados y destrucción de puestos de trabajo. A tenor de sus intervenciones, parece que esta tarde no van a tener ustedes los apoyos suficientes para la toma en consideración, pero no se desanimen. Les invito a demostrar ese
compromiso con los trabajadores votando en contra de las medidas trágala que, una vez más, traerá a esta Cámara el ministro de la Seguridad Social. Menos proposiciones evanescentes y aplíquense a que no haya un retroceso más en los derechos
laborales, que vendrán de la mano del Gobierno al que ustedes apoyan desde el minuto uno en esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Arratsalde on. Buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores diputados.
No sé qué me ha preocupado más si el texto de la proposición de ley o la presentación que de ella han hecho los portavoces de los dos grupos proponentes. Hay una cosa evidente, sin duda, no son pocos los problemas que afectan a los
trabajadores y que están recogidos en la necesidad de una reforma de la legislación laboral, pero hay algo que me ha preocupado sobremanera. Me refiero a una frase que venía a decir, más o menos, algo así como que vamos a hacer coincidir, señor
Matute, una situación de una mayoría parlamentaria determinada con una mayoría social trabajadora para proyectarla hacia un resultado concreto en materia de modificación de la legislación laboral. Más o menos era así, redondeando la frase. Bien,
ese es el problema de esta proposición legislativa y de esa actitud: la confrontación. Ustedes lo que pretenden es que, al igual que ocurrió en el año 2012 con la reforma laboral del señor Rajoy, sea sustituida por otra que tenga hipotéticas
mayorías suficientes numéricamente, pero no socialmente -abro paréntesis, socialmente, en tanto en cuanto la representación de los y las trabajadoras de todo el país, de Euskadi, de Galicia, de Cataluña y de todo el Estado, la tenemos todos-. No
por enarbolar más o menos la reivindicación de la concreción de unos derechos de una forma determinada, vamos a entender que la solución a esos problemas viene por esos puntos de vista dogmáticos. Ese el problema de esta proposición legislativa,
que proviene de un punto de vista concreto y legítimo -a mi parecer, también bastante dogmático, pero es una opinión-, pero que pretende trasladar, simplemente, una situación de mera confrontación, de mera imposición, y no de acuerdo, y no solo en
la Mesa de diálogo social sino en el ámbito político. Para que unas medidas sean la solución a problemas concretos deben perdurar en el ordenamiento, porque sin la garantía de la perdurabilidad de unas medidas, no existe seguridad jurídica en ese
entorno que sirva para proyectar a futuro la propia seguridad de los derechos reconocidos y de las obligaciones establecidas. Es un poco también como escuché el día pasado en otro sitio, sobre el debate entre el presente y el pasado. No acudamos a
la nostalgia, porque el debate entre el presente y el pasado
es eso: nostalgia. Eso nos impide muchas veces proyectar a futuro, construir el futuro real y construir soluciones que son las que van a poder perdurar.
Evidentemente, además de esta reflexión, que no era la que pensaba hacer en principio en esta proposición, pero creo que ha sido a la que me ha llevado su intervención, hay otras cuestiones que aborda la iniciativa. Desde luego, el artículo
56, las indemnizaciones y otras cuestiones, creo que ya fueron debatidas el día pasado en una moción. Curiosamente, hoy lo vuelven a repetir, incluso, sin esperar -como le comenté la vez pasada- la primacía o la aclaración de quien, a ese respecto,
nos puede dar de la interpretación de la Carta Social Europea y que estamos pendientes de conocer, como consecuencia de diferentes sentencias. En los artículos 41 y 42, junto con los artículos 51 y 55, pretenden establecer determinados aspectos de
la regulación laboral dirigidas tanto a la determinación de las garantías de los trabajadores en materia de condiciones de trabajo como a la subcontratación, despido colectivo o disciplinario, etcétera. Al margen de dichas garantías, que han sido
ya debatidas en otras ocasiones y en otras contrarreformas laborales o debates concretos en materia del Estatuto de los Trabajadores, resulta que esas medidas lo que están es proponiendo una limitación del poder de dirección del empresario, están
proponiendo una mayor intervención de la autoridad administrativa y están proponiendo, al fin y al cabo, una multiplicación de fases procedimentales -no quería decir nada de esto, pero esta modificación proviene curiosamente de fuentes sindicales-
en las que se justifica un compendio de intervenciones, al margen de la propia negociación colectiva, de los sindicatos que puedan ser representativos.
Vayamos a los dos puntos centrales, para mí, de la iniciativa. El primero, se refiere a la modificación del Mecanismo RED, artículo 47 bis. Me ha parecido insólito que sean, precisamente, dos grupos nacionalistas o soberanistas quienes
hagan una propuesta relativa a la gestión de un instrumento de flexibilidad y estabilización del empleo, con ocasión de una crisis cíclica o sectorial, cuyas medidas siempre hemos reclamado como propias de las políticas activas de empleo y como
constitutivas de actividades de promoción y desarrollo y planificación de la actividad económica; esto es, de todo aquello que hemos entendido que debiera haber sido asumido por las comunidades autónomas con competencias en desarrollo legislativo y
ejecución de la legislación laboral. Sin embargo, ustedes lo que hacen es mantenerlo en el texto como si fuera legítimo, es decir, mantienen la recentralización que de esos aspectos hizo el artículo 47 bis, creando este mecanismo, cuando lo hizo
hace poco tiempo. Eso es algo absurdo, no lo hemos entendido, como tampoco hemos entendido alguna que otra cuestión.
En cambio, sí hemos apreciado como punto positivo de esta propuesta de reforma en cuanto a la modificación de los artículos 82, 83 y 84 y la eficacia de los convenios -y vamos a hacerlo si se da lugar a ese debate-, ya que debe haber una
determinada perspectiva de eficacia, de primacía de los convenios, que evidentemente nosotros reclamamos. Nosotros entendemos que la inmediación de la solución de los problemas al ámbito autonómico supone también la posibilidad de acercamiento de
esas soluciones a los problemas reales, mejor conocidos desde las comunidades autónomas. Por tanto, hay una diferente panoplia de materias que, evidentemente, no hoy, antes y mañana también, van a tener que seguir siendo discutidos, pero que no
deben de ser enfocados de esta manera. No obstante, esperaremos al resultado de esta votación, porque sí que estamos dispuestos a iniciar ese debate. Esa es la cuestión. Pero, ojo, me van a permitir que se lo repita, no con esa actitud, tampoco
la que estoy viendo en determinada bancada, en la que no pueden arrogarse asimismo ese protagonismo, que no lo tienen, en la defensa de los trabajadores ni en la defensa de ningún colectivo, ni el otorgamiento de la solución a ningún conflicto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.
Señorías, buenas tardes. Señor Matute, sin acritud, esta iniciativa no la voy a tachar yo de electoralista; la tacho directamente de lesiva para los trabajadores. Eso sí que no cotiza.
Y, señor Salvador, también sin acritud: anacrónica no es la mitad de esta Cámara, sino su propuesta de querer volver al mercado laboral de 2010. Esquerra y Bildu nos presentan una proposición de ley para la reforma del Estatuto de los
Trabajadores que, simplemente, es delirante y supongo que con la única excusa de salvar su conciencia para con los trabajadores; una reforma que no es para seguir avanzando en un modelo laboral más flexible, sino para volver a los años 2008, 2009,
2010, a finales de la primera década de los años 2000.
Señorías, ustedes no paran de llenarse la boca con la defensa de los trabajadores, pero, si nos atenemos al historial de votaciones, resulta que hizo más por los trabajadores el señor Alberto Casero cuando se equivocó votando a favor de la
reforma laboral que ustedes en toda la legislatura. Para una vez que ha llegado a esta Cámara una iniciativa en materia laboral medianamente positiva, que reduce la precariedad y la temporalidad en el trabajo, ustedes votan en contra. Señorías
proponentes, si se está con los trabajadores, se está a todas. Y, aunque la reforma laboral que trajo el Gobierno no fue lo suficientemente ambiciosa, iba por el buen camino y así lo consideramos nosotros. Nos bastó con que esa reforma laboral
presentada avanzara y copiara algunas cosas buenas de nuestro modelo para votar a favor, y ahí están los resultados, con independencia de quién lo propusiera, con independencia de un Gobierno que no nos gusta. Solo por consideración a los
trabajadores españoles, nosotros la apoyamos.
Así que, como siempre hacemos, he mirado su propuesta, de verdad, con cariño, pero en los términos en que está redactada resulta imposible que la apoyemos. Y lo he considerado sin ningún tipo de sectarismo, no como tan gráficamente ha
escenificado desde la tribuna el señor Matute; sin puño. He estudiado la proposición que presentan y, simplemente, las medidas recogidas son nefastas. Podría entrar a dar datos o detalle de las medidas que proponen, pero creo que no hacen falta,
porque solo les pido un ejercicio, el de que hagan memoria y recuerden cómo estaba el mercado de trabajo a finales de la primera década de los años 2000, es decir, un desastre en precariedad, la litigiosidad era desorbitada y solo el mercado laboral
estaba medianamente disimulado para bien por el boom del crecimiento que experimentamos en la burbuja inmobiliaria. Nadie hoy en su sano juicio puede pensar que esa legislación de los años previos a 2010 era mejor que la de ahora.
Si de verdad ustedes son progresistas, deben progresar, no retroceder a 2008, ese momento terrible para el empleo al que ustedes quieren arrastrarnos ahora. Si de verdad son ustedes progresistas, dejen de intentar hacer encajar la realidad
a martillazos, en lugar de adaptar el modelo laboral a la realidad económica y social de nuestro país en el siglo XXI. Tenemos un mercado de trabajo injustamente binario: temporal o indefinido, laboral o autónomo, protegido o vulnerable, insider o
outsider. Traigan aquí, si de verdad ustedes son progresistas, una reforma ambiciosa del mercado laboral que supere estas divisiones, este sistema binario, pero no medidas artificiales y arbitrarias. Si de verdad ustedes son progresistas y no
quieren ser llamados progresistas de boquilla, propongan un marco regulatorio único que pueda acoger la totalidad de las relaciones laborales y que adecue los derechos y las obligaciones al grado de dependencia del trabajador frente a la empresa.
Pero, si su idea de progresismo es seguir protegiendo los puestos de trabajo y no a los trabajadores, ya les digo yo que no tiene nada de revolucionario esto que proponen.
Yo les voy a dar una idea, o les voy a mostrar lo que nosotros proponemos, o lo que nos gustaría, que no solo es que los trabajadores españoles recuperen sus derechos, sino que también recuperen su tiempo. A lo mejor, si me escuchan con
atención, les gusta, porque el líder de la UGT, el señor Pepe Álvarez, como decía ayer en una entrevista en la radio, ansía que el mercado laboral español se parezca algo al alemán, y ya les anticipo que la propuesta que les hago es la semana
laboral flexible, de cuatro, cinco, seis días, en los que el trabajador se pueda organizar sus cuarenta horas de trabajo semanales como quiera; una idea -la semana laboral flexible de cuarenta horas- que está en vigor en Alemania desde hace décadas
y funciona muy bien. Si le gusta al señor Pepe Álvarez, igual a usted también le gusta: que el trabajador recupere su tiempo para estar con su familia, que pueda acumular las horas y pueda encargarse de sus hijos en los días laborables o en las
semanas no lectivas. La semana laboral flexible es una propuesta viable, que ya le he dicho que funciona en Alemania desde hace décadas. Es una propuesta fácil, que podría hacerse con una pequeña modificación normativa; es una propuesta liberal
-eso a lo mejor no les gusta tanto, porque es hacer a los trabajadores españoles dueños de su tiempo- y es una propuesta ambiciosa para la conciliación de las familias del siglo XXI.
Señorías, a nuevas demandas, nuevas soluciones; a nuevos tiempos, más tiempos de calidad para nosotros, para los trabajadores y las familias, porque el tiempo es el mayor tesoro, el tesoro más valioso que tenemos. Si de verdad les
interesan tanto los trabajadores, apoyen esta propuesta. Ayudémoslos. Podemos hacerlo juntos.
La señora PRESIDENTA: Señora Muñoz, tiene que terminar, por favor.
La señora MUÑOZ VIDAL: Ayudemos a los trabajadores a conciliar, que falta nos va a hacer para equilibrar el disparate que se está llevando a cabo con las pensiones.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Boas tardes, señora presidenta.
Decía la portavoz que acaba de intervenir que esta propuesta no permite avanzar en flexibilidad, sino que quiere volver a la normativa anterior al año 2010, y, efectivamente, así es; una normativa que, sin ser óptima, protegía más los
derechos de los trabajadores y trabajadoras, porque ya sabemos que la flexibilidad que reclaman algunos no es para los trabajadores, es para los empresarios: es la flexibilidad para despedir, para modificar las condiciones de trabajo, para
precarizar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.
Esquerra Republicana, EH Bildu y BNG votamos en contra de la modificación de la reforma laboral en la convalidación del decreto de finales del año 2021 precisamente porque no derogaba la reforma laboral del Partido Popular, y, en coherencia,
presentamos una proposición de ley para recuperar derechos, para derogar de verdad esa reforma laboral. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, hace apenas tres semanas en esta Cámara reconocía que es fácil y barato despedir y añadía que esto es
injusto y que, por tanto, habría que corregirlo. Es una pena que precisamente no aprovechase ese decreto de diciembre de 2021 para hacerlo. En todo caso, era un reconocimiento implícito de que su reforma no estaba derogando las reformas
anteriores, la del año 2010, de Zapatero, y, especialmente, la del año 2012, del Partido Popular; una reforma muy regresiva, que durante diez años mantuvo sin tocar aspectos muy lesivos para los trabajadores y trabajadoras, como esta modificación
también los mantiene: la facilidad para despedir; el abaratamiento del despido, con esa rebaja de cuarenta y cinco a treinta y tres días por año trabajado en el caso de despidos improcedentes; la eliminación de la autorización previa en los ERE,
en los despidos colectivos; la eliminación de los salarios de tramitación; la posibilidad por parte de los empresarios de modificar las condiciones de trabajo, la jornada o la movilidad geográfica; la prevalencia de los convenios de empresa sobre
los del sector, lo que solo fue modificado en el caso de los salarios, pero no en el resto de condiciones laborales, o la prevalencia de los convenios estatales sobre los autonómicos -en nuestro caso, de los galegos- o los provinciales.
De todas estas cuestiones, solo una fue realmente derogada por este decreto del año 2021, que fue la ultraactividad de los convenios, y otra parcialmente, como acabo de referir, que es la relacionada con la prevalencia de los convenios de
empresa con respecto a los salarios. Se modificaron los tipos de contratación, pero sabemos que esa modificación no acabó con la precariedad ni con la temporalidad en el empleo; solo desde el punto de vista estadístico. Efectivamente, los
contratos fijos discontinuos aumentaron de forma exponencial. Desde el punto de vista estadístico, computan como contratos indefinidos, pero eso no significa que los trabajadores y trabajadoras con contrato fijo discontinuo vayan a tener más tiempo
de trabajo o mejores condiciones de trabajo. Por eso nuestra propuesta de ley empieza por regular estos contratos, para impedir los abusos. También regula de forma más garantista para los trabajadores y trabajadoras las posibilidades de
modificación de las condiciones laborales, de la jornada o la movilidad, pero, sobre todo, para recuperar derechos, para recuperar esa indemnización de cuarenta y cinco días, los salarios de tramitación, la autorización de los ERE que pueda evitar
el cierre de empresas. Y también defendemos reforzar la negociación colectiva, entre otras cosas con el respeto a la legalidad en materia de representatividad sindical, lo que quiere decir que también se tome en consideración el proceso de
negociación con todos los sindicatos más representativos en el marco de lo que podemos llamar diálogo institucional, con instituciones como el Consejo Económico y Social, en el que están representados no solo esos dos sindicatos que habitualmente
aparecen en lo que llaman diálogo social, sino también otros, como la Confederación Intersindical Galega, que, por cierto, es el sindicato mayoritario en Galiza y tiene la consideración legal de sindicato más representativo.
En definitiva, de lo que se trata es de recuperar derechos para los trabajadores y trabajadoras, de derogar de verdad esa reforma tóxica y antisocial del Partido Popular que sufrimos durante diez años y que en buena medida continuamos
sufriendo. Esta es una oportunidad también para los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que en el año 2021 incumplieron su compromiso de derogar su reforma laboral, para que ahora cumplan. Tenemos dudas de que esto pueda ser así, hoy
mismo -lo sabemos- incumplieron otro de sus grandes compromisos, la derogación de la ley mordaza. Todos recordamos esas palabras de Pedro Sánchez antes de ser presidente del Gobierno, cuando decía que la ley mordaza iba a durar exactamente lo mismo
que el Gobierno de Mariano Rajoy porque al día siguiente de que el PSOE estuviese en el Gobierno sería derogada. Cinco años después aún no ha sido
derogada, continuamos con esa ley mordaza. En materia laboral -repito-, hoy tienen otra oportunidad de cumplir el compromiso de derogar de verdad la reforma del Partido Popular y recuperar derechos para todos los trabajadores y
trabajadoras. Aprovéchenlo, voten a favor de esta proposición de ley.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Vidal Sáez.
La señora VIDAL SÁEZ: Han pasado diez años desde la aprobación de la reforma laboral del Partido Popular y doce desde la de Zapatero, y, un año después de la aprobación de la primera reforma laboral que recuperaba derechos para la clase
trabajadora en este país, Bildu y Esquerra Republicana nos traen una proposición de ley que habla más del pasado, que no del presente, y además pretende que olvidemos su voto a la reforma laboral, efectivamente.
España se ha convertido en un tiempo récord en un ejemplo y referente internacional en materia de trabajo. Mucha gente no entiende que Esquerra y Bildu votaron con la derecha para tumbar una reforma que solo contenía avances. Yo sí me
acuerdo, señor Matute, de esa tarde del 3 de febrero de 2022, sí que me acuerdo de esos segundos en que parecía que no se aprobaba y de esa tarde en la que el señor Abascal se levantó para aplaudir al señor Rufián. Esta mañana hemos vivido un caso
parecido, de hecho. Creyeron que su voto en ese momento era irrelevante. Pensaron que se podían permitir la irresponsabilidad de jugar con el pan de la gente. Votaron con sus intereses electorales en la cabeza, porque creían que esa reforma
estaba ganada, que no peligraba.
Yo creo que a ustedes les da miedo que haya quien piense que entre sus electores prefieren a Yolanda Díaz que a ustedes porque, básicamente, creen que tiene más credibilidad para mejorar y avanzar en este país. Y, miren, tan solo en un año
hemos cambiado el paradigma del mercado de trabajo. No les voy a torturar con datos, aunque traía muchísimos, pero lo cierto es que me parece triste que ustedes tengan que recurrir a deformar una vez más los datos que salen, que, al fin y al cabo,
son oficiales. Yo les quería hacer una reflexión. Creo que el hecho de que ustedes quieren avanzar -todas lo queremos- no es incompatible con reconocer los avances. No hace falta que destrocen los datos. De hecho, para poder avanzar es
importante hacer un análisis honesto acerca de cuál es la realidad de nuestro país. Y la reforma laboral está cambiando el mercado laboral español mucho más rápidamente de lo que habíamos esperado y lo cierto es que ustedes se equivocaron y se
vuelven a equivocar con esta proposición. Nos presentan una contrarreforma laboral a las puertas de las elecciones, y las prisas y los nervios no suelen ser buenas compañías. Esta propuesta no es buena ni política ni técnicamente y ustedes lo
saben. No responde a una preocupación por la mejora de las condiciones de las trabajadoras, y además les falta ambición -sí, ambición- y mucha solvencia.
Si no fuera por algún detalle, leyendo su proposición parece que volviéramos a 2012 de un plumazo. Les reconozco el esfuerzo, porque no era fácil pasar de puntillas sobre todos los avances que se han producido en este país. Saben que esa
propuesta no va a reunir los apoyos necesarios, aunque tampoco los buscan, no esperan que esta propuesta sea tramitada. Básicamente, la traen para esconder su voto en contra de la reforma laboral y para hacer campaña. Pero ¿saben qué no contiene
su propuesta? Una cosa que es muy llamativa: ninguna modificación de la reforma del año 2022, ¡qué cosas!; esa reforma que era tan mala que motivó su voto en contra, pero que hoy, cuando nos presentan una contrarreforma, no modifican, y no tocan
ni una sola coma. Mejor, sí que hacen una modificación, a la que también aludía el portavoz anterior, y es sobre el mecanismo RED; una apuesta sin precedentes, y en eso estamos de acuerdo por lo que parece, porque busca que las empresas
salvaguarden el empleo a través de las suspensiones temporales, en vez de las extinciones. Ustedes han pasado de votar en contra de ese mecanismo a pedir que cualquier organización con implantación provincial pueda pedir su aplicación a todo un
sector de actividad: un poco incoherente, a mi modo de ver.
Sinceramente, yo sí esperaba un texto más ambicioso por su parte, porque han tenido tiempo y porque la reforma de 2022 no es el final absolutamente de nada. Es una buena reforma para la clase trabajadora y también para la economía, pero hay
muchísimo en lo que avanzar. Ustedes saben tan bien como yo que el mundo, también el laboral efectivamente, ha cambiado muchísimo desde 2010, pero, sobre todo, ha cambiado mucho la manera de abordar, el modo de entender y afrontar la protección de
los derechos sociales y también de los derechos laborales, e igualmente en nuestra casa. ¿Alguien se imaginaba en 2010, por ejemplo, que se pudiera introducir una prohibición de despedir cuando se accede
a ayudas públicas? ¿Alguien imaginaba en 2010 que se pudiera derogar el contrato de obra y servicio en nuestro país? Creo que nadie, y ha sucedido en esta legislatura.
Siempre es pertinente el debate para ampliar derechos y garantías, pero en este caso el debate no va sobre derogar o no derogar. Creo que ustedes tienen que mirar mucho más allá y deben tener mucha más ambición de la que presentan en esta
propuesta. El debate va sobre qué normas son las más adecuadas para proteger a las trabajadoras de este país, el debate va sobre cómo consolidamos juntas -sería deseable- una nueva cultura de trabajo y unas relaciones laborales más democráticas, y
eso no está en su propuesta. No escuchan, pero, si algo hemos aprendido después de diecisiete acuerdos sociales, es que los consensos llegan mucho más lejos que la unilateralidad, muchísimo más; sirven, por ejemplo, para que haya propuestas que
duren más de ocho segundos, ¿verdad que sí?
El diálogo social ha llegado para quedarse, eso está claro, y dejarlo u obviarlo nos deja fuera de la realidad. No escuchan ni entienden y además no están leyendo bien la Carta Social Europea, como tampoco las recientes sentencias. En su
propuesta sobre el despido se quedan cortos, señorías. Respecto del despido colectivo, hacen una nueva propuesta que simplemente supone volver a lo que ya existió -y sin mucho éxito, debo decir-, porque, además, no evitó la sangría de despidos
durante la crisis anterior. Apenas se refieren a la necesidad de que existan verdaderas medidas sociales de acompañamiento, y eso es muy importante, como eliminar la posibilidad, por ejemplo, de incoación individual frente a un procedimiento de ese
tipo, y reducen ustedes de 50 a 55 la obligación de las empresas a pactar un convenio especial con la Tesorería General. ¿Me están diciendo que les quieren quitar ese derecho, cuando la prestación de desempleo especial es precisamente a partir de
los 52 años? No han entendido las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y me refiero concretamente, como ustedes bien saben, a la propuesta para las indemnizaciones de despido improcedente ¿Por qué 45, y no 66 o 100?
Porque esto no va de que paguen más, va de que no nos puedan despedir porque les dé la gana. Claro que las indemnizaciones deben mejorar, porque deben servir básicamente para reparar el daño. Por supuesto, tienen que subir, pero el objetivo no
puede ser solo que nos paguen más, porque eso es perdedor. El objetivo debe ser que no nos despidan y que nuestras normas sean disuasorias contra el uso del despido improcedente. Además, nos traen a debate propuestas que son del 2012, y podría
continuar con las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, pero tengo un tiempo muy escaso.
Nos vamos a abstener, señorías, porque no seremos nosotras quienes impidamos ningún debate sobre la mejora del mercado de trabajo y de las condiciones de las trabajadoras en este país, aunque el punto de partida reconózcanlo ustedes que es
poco solvente, sobre todo en términos técnicos. Decía usted que tenemos nueve meses. Yo le cojo la mano, señor Matute, sobre todo si salimos del marco de cuanto peor, mejor, teniendo en cuenta que cuanto peor para la clase trabajadora siempre
siempre es peor.
La señora PRESIDENTA: Señora Vidal, tiene que terminar, por favor.
La señora VIDAL SÁEZ: Sí, termino.
Yo también acabaré igual que hice hace un año. Entonces acabé pidiendo que no nos quitaran la alegría, y hoy añadiría que no nos impidan celebrar las victorias, porque en este país hemos tenido victorias muy importantes y es una lástima que
ustedes no las puedan celebrar. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vidal.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).
El señor AIZCORBE TORRA: Señora presidenta, señorías, hoy tres de los grupos de la gran coalición del Gobierno de la izquierda, concretamente Esquerra Republicana, Bildu y el Bloque Nacionalista Galego, nos traen aquí una proposición de ley
que nos anuncia cuáles van a ser las notas melódicas de los boleros que nos tocará bailar en estos tiempos, ya de cuitas electorales efectivamente. Esquerra Republicana, Bildu y el Bloque son a imagen y semejanza de una comedia muy popular alemana,
allá por el año 1930, llamada El trío de la bencina -cuyo nombre, sin duda, aquí les viene que ni pintado-, que trataba de tres compañeros desahogados e inmaduros que llevaban una vida improductiva hasta que el crac del 29 y la bancarrota les dejó
en la cuneta de la vida. Esos tres compañeros de desdichas, como los tres proponentes, tal y como se describe en la exposición de motivos de la proposición de ley a debate de las autodenominadas las izquierdas soberanistas -siguiendo con la
metáfora de dicha popular comedia teutona-, nunca
habían dado un palo al agua y su vida había sido absolutamente inútil, estéril, ociosa, y en nuestro caso desgraciadamente cruel y dañina. (Aplausos). Finalmente, el referido trío encuentra la solución en su vacua existencia -en nuestro
caso, inclinada siempre al mal- abriendo una gasolinera, que atienden por turnos, hasta que se les complica su inútil existencia por enamorarse los tres de la misma chica. Como siempre, cherchez la femme. ¿Y quién es la chica aquí ? Como pueden
imaginar, la bancada del Gobierno del PSOE y su necesaria muleta, Unidas Podemos, que se asemeja a aquella turbia mujer perfumadita de brea, que se añora y se quiere, incluso que engaña -pero se desea, a pesar de sus mentiras-, porque ¿dónde está
ahora el Gobierno, señores proponentes?
Hace unos días, también en un debate similar felicité al señor Salvador por una interesante moción que trajo a la Cámara a destiempo, marcando pecho, ahora sí, los proponentes para vender en estos duelos electorales a los que nos aproximamos
y nos esperan en el futuro quién es el más dadivoso con los trabajadores despedidos sin causa. Claro que existe precariedad laboral, desgraciadamente, pero esta propuesta la traen confundiendo los términos empresa, empresario y organizaciones
empresariales con el fin de volver a su nunca abandonado dogma de la lucha de clases, ignorando que, sin empresas -esto es, la convergencia entre empresarios y trabajadores- y sin que las mismas sean viables, ni hay trabajo ni hay empleo ni hay
riqueza ni hay prosperidad. (Aplausos).
Traen a colación una propuesta de posible reforma del Estatuto de los Trabajadores peligrosa para la estabilidad de las empresas con una mayor intervención de la Administración, un proyecto de ley que, como cualquier mala obra, tiene algún
trazo fino interesante, por ejemplo en la modificación del artículo 16 del estatuto, pero no olvidemos que las ETT tienen hoy por hoy, por su propia estructura y naturaleza, capacidad para facilitar el mayor tiempo de ocupación posible con contrato
fijo discontinuo y que en este momento concentran el 40 % del total de trabajos de esta modalidad. También la modificación del artículo 41 del estatuto, donde eliminan la cuantía salarial, caballo de Troya de muchas modificaciones sustanciales,
como se ha dicho, de empresas en crisis. Pero ¿qué se pretende con ello? ¿Definitivamente se elimina de la negociación, cuando los salarios están, por ejemplo, muy por encima del convenio? También la modificación del artículo 42.6, que podría
tener su lógica primigenia, pero que se olvida de que las empresas afectadas son en su mayoría pymes y pueden desvirtuar la externalización productiva, la autonomía organizativa y la especialización, incrementando los costes para las empresas
contratistas e introduciendo una mayor complejidad, pérdida de adaptabilidad y competitividad del tejido productivo español. O también el artículo 51 del estatuto, en el que se vuelve a la carga con la intervención de la Administración en los ERE y
puede suponer la muerte definitiva de pequeñas empresas. Y ya puestos, ¿por qué no se introduce que el Fogasa se haga cargo del 40 % de la indemnización en empresas de menos de cincuenta trabajadores, como antes de la reforma? O el artículo 56,
sobre los salarios de tramitación inasumibles por las pequeñas empresas.
Con esta proposición de ley ni se garantiza el principio de subsidiariedad ni el principio de solidaridad. Ustedes son el trágico trío de la bencina que, a diferencia de la comedia, han utilizado la gasolina para quemar vidas, quebrar
proyectos y matar ilusiones. Nada aportan a los españoles. El trabajo es la gran prioridad que tienen muchos ciudadanos y la única propiedad que tienen, y ustedes quieren acabar con ello. Son tiempos sin duda de cielo oscuro, sin ningún atisbo de
certeza con este Gobierno; tiempos en que la angustia es tan densa que se impone alzarnos contra la opresión de este Gobierno con el que ustedes se restriegan con lascivia. Entre todos intentan silenciarnos, incluso la crítica a esta proposición,
pero el susurro enamoradizo de VOX en los oídos del pueblo español ya es imparable, es el susurro de los ganadores, y a ustedes, perdedores, junto a otros, solo les preocupa destruir a los ganadores. No lo conseguirán. (Aplausos). Ni siquiera les
preocupan los pobres o los humildes, y ellos sí que lo tienen difícil, ¿verdad? A ustedes ellos no les importan. Por eso, este Gobierno de Sánchez y sus comparsas se merecen no una moción de censura, sino todas las necesarias para que caiga.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Movellán Lombilla.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, llámennos raros, pero cuando toca hablar de crear empleo en el Partido Popular damos mucha más credibilidad a la opinión de las empresas de este país que a Esquerra Republicana o a Bildu. Por eso ya les adelanto que vamos a votar
en contra de esta proposición de ley, porque lo que ustedes
defienden es justo lo contrario de lo que persiguen los trabajadores de este país, porque ustedes lo que proponen es secuestrar la libertad de acción del empresariado de este país mientras sus socios de Gobierno someten a quienes crean
empleo a una auténtica extorsión mediática y fiscal, que ya solo les falta que les pidan ustedes el impuesto revolucionario. Están ustedes perdiendo el tiempo, a ustedes las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de este país les
importan lo mismo que les importa este país, es decir, nada. Esta proposición de ley no es más que el intento de utilizar la reforma del Partido Popular como fantasma para asustar a los españoles, cuando la verdadera pesadilla de los españoles es
el paro, la inflación, la hipoteca desatada, los impuestos cada vez más altos, el reto de pagar la cuota creciente de los autónomos o la subida histórica del precio de los alimentos, la mayor en toda la serie histórica desde el año 1994. (El señor
vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Ese es el terror que siembran hoy ustedes.
Los españoles ya se han dado cuenta de que su política de empleo se basa en la exportación: exportamos empresas que salen pitando de España, exportamos jóvenes talentos a los que pagamos la formación, pero que se van a enriquecer la
economía de otros países, y exportamos y espantamos a aquellos inversores que se plantean invertir en nuestro país pero que se van porque necesitan saber a qué reglas van a tener que someterse, no solo hoy, sino mañana o dentro de un año. Y eso con
una política económica entre rencorosa y bobalicona, como la que ustedes practican, no es posible, y la prueba es que desde que gobierna Pedro Sánchez ya han desaparecido 94 000 empresas cotizantes y hay 111 200 autónomos menos en el último año, y
están ustedes incrementando los costes del trabajo, haciendo no solo que crearlo sea difícil, sino que mantenerlo sea incluso una misión imposible.
En mi comunidad autónoma, en Cantabria, en la que gobiernan sus amigos los socialistas y regionalistas, en esa comunidad en la que no caben los trenes que ustedes diseñan por nuestros túneles, la Consejería de Obras Públicas se ha convertido
en la cueva de Alí Babá, se hacen incluso homenajes a consejeros cesados por corrupción, y el Gobierno regional contrata a empresas de ex altos cargos. Señorías, en ese clima que ustedes y sus socios crean, solo en enero cerraron en Cantabria casi
tantos autónomos como en todo el año 2022. Así que déjense de historias. Lo que ustedes ponen sobre la mesa no son medidas en favor de los trabajadores, es un intento chapucero de engañar para no reconocer los éxitos de la reforma laboral del año
2012, que frenó la masiva destrucción de empleo de los gobiernos de Rodríguez Zapatero; una reforma que hizo posible que millones de españoles consiguieran puestos de trabajo que, años después, con ustedes se están destruyendo a tal velocidad que
la máquina de sumar parados de la señora Díaz no da abasto a contarlos.
Vamos a hablar de memoria histórica, pero de la buena: diciembre de 2011, Gobierno del Partido Popular, la rigidez del mercado laboral destruía empleos masivamente, el número de parados se incrementó en más de 3,5 millones desde el segundo
semestre de 2007 hasta el cuarto trimestre de 2011, y España generaba el 65 % del incremento del paro europeo. Gracias a esa reforma del Gobierno del Partido Popular creamos 500 000 empleos durante los últimos cinco años de mandato, 1400 empleos
cada día. La reforma del Partido Popular permitió crear tres millones de puestos de trabajo basándose en la flexiseguridad, flexibilidad para la empresa y seguridad para el trabajador. Y de ahí nacieron figuras como los ERTE tal y como los
conocemos hoy, que consiguieron salvar millones de puestos de empleo durante la pandemia; esos ERTE de los que tanto ha presumido el Gobierno. En definitiva, lo que hizo la reforma del Partido Popular fue aprobar medidas orientadas a dar una mayor
flexibilidad en el mercado laboral que daban alternativas para que la última opción fuera el despido.
Hablaba la portavoz de Podemos de victorias que hay que celebrar. Hoy, que somos el país con la mayor tasa de paro de Europa, que somos el país con la mayor tasa de paro femenino y juvenil de la Unión Europea, los proponentes nos proponen,
valga la redundancia, regresar a una regulación basada en la rigidez, porque a ustedes, señorías de Bildu y de Esquerra, no les conviene que España prospere. Están ustedes vampirizando la economía y las empresas de este país y no van a parar hasta
arruinarlo o hasta que los españoles les manden a la calle, que será pronto, porque para crear empleo hacen falta empresas y un Gobierno que cree las condiciones óptimas, no una secta. (Aplausos). Los trampantojos de la ministra de Trabajo ya no
cuelan. Acabamos de conocer la semana pasada cómo ocultaba a conciencia los datos, esos 440 000 trabajadores fijos discontinuos que son parados pero que no figuran en las estadísticas. Otro éxito de esa reforma laboral, señores de Podemos y del
PSOE, porque sin maquillajes lo que nos dicen es que estamos en niveles de desempleo de febrero de 2019: el 35 % de los parados, más de un millón de personas, no cobran ningún tipo de prestación, y los que sí cobran, apenas reciben una pensión
media de 965 euros. A pesar del incremento de la afiliación, de la que tanto presume este
Gobierno, hay más ocupados, pero hay menos horas trabajadas. Nos lo ha dicho la EPA, el trabajo se divide. La EPA nos ha mostrado que con medio millón de ocupados más hay casi diez mil horas semanales trabajadas menos que en 2019. Y
mientras ustedes vienen a esta Cámara a dar lecciones, menos de la mitad de los asalariados tienen contrato indefinido a jornada completa. Su gestión ha convertido en una yincana la vida de las personas que tienen que buscarse no uno, sino tres o
más trabajos para completar las horas que les permitan juntar un salario mínimo.
Ya sabemos que pedir a Bildu o a Esquerra sentido de la responsabilidad es pedir un imposible, pero ojalá fueran ustedes capaces de traer a esta Cámara propuestas a la altura del país y de sus ciudadanos. Saben ustedes tan bien como
nosotros lo que funciona. Apuesten por el empleo de verdad, como hizo y hará pronto de nuevo el Partido Popular, cogiendo el toro por los cuernos, confiando en los españoles y velando por ellos, poniendo en marcha medidas de crecimiento para el
país y para los ciudadanos, creando empleo de verdad y no de atrezzo y de cartón piedra. España necesita un Gobierno realista y responsable, con experiencia y con las cosas claras para estar a la altura de lo que este país se merece. España
necesita un Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Narváez Bandera.
La señora NARVÁEZ BANDERA: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Hace unos cuantos años, cuando me interesé por la política, las primeras cosas que me dijeron que aprendiera fueron dos: la primera, que la política es el arte de lo posible y, la segunda, que se está en política para mejorar la vida de la
gente; esos dos principios no los olvido nunca. Hoy presentan ustedes, señores de Esquerra y de Bildu, una proposición de ley para la recuperación y ampliación de los derechos laborales, pero eso es algo que ya fue posible, señorías, en 2022.
Hace poco más de un año aprobamos una reforma laboral que hizo posible la recuperación de derechos laborales y la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del año 2012, a la que hacen referencia ustedes en su exposición de
motivos. Hace poco más de un año, en una votación de infarto que pasará a la historia de nuestro parlamentarismo, con sus tránsfugas mediante, sus errores de guardar, sus 175 votos a favor y 174 en contra, fue posible avanzar en un nuevo modelo de
relaciones laborales en España. Hace poco más de un año mejoramos la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, consolidamos el crecimiento y la creación de empleo de calidad. Lo hizo el Gobierno de Pedro Sánchez, de la mano de los
sindicatos y de la patronal, haciendo gala de que en este país avanzamos con los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo Social. Y van diecisiete. (Aplausos). Hace un año dejamos atrás el modelo de precariedad laboral, de bajos salarios, de
contratos basura, de desprecio a los sindicatos, a la negociación colectiva y pasamos a transformar nuestro mercado laboral: veinte millones y medio de afiliados a la Seguridad Social.
En política la gente tiende a olvidar las cosas pronto, y por eso es bueno que de vez en cuando hagamos un ejercicio de memoria. Supongo, señor Movellán, que usted que era alcalde hace diez años, como yo, recordará el escenario que teníamos
en nuestros pueblos y ciudades en el año 2013. Supongo que usted recordará las cientos de historias que cada día las personas llevaban a su ayuntamiento, a su alcalde, buscando que se le hiciera un contrato de un mes o de quince días porque los
habían despedido de sus trabajos. Trabajadores del sector de la construcción en su mayoría -albañiles, electricistas, fontaneros-, trabajadores de la hostelería, que llevaban toda su vida laboral concatenando contratos temporales, que tras veinte
años en una empresa como albañil seguían siendo temporales y que recibieron una indemnización de ocho días de salario por año de servicio. También muchas mujeres, con contratos mucho más precarios. No contentos con esto, ustedes decidieron
recortarles las prestaciones por desempleo a partir del día 181, bajando al 50 % de la base reguladora, no fuera a pasar que se hicieran ricos. Yo recuerdo muchas de esas historias, les pongo cara y les pongo nombre, porque en El Burgo, en mi
pueblo, se dieron; me imagino que en el suyo, también. Llegamos a tener un 27 % de paro en 2013; en jóvenes superaba el 50 %; solo uno de cada diez contratos era indefinido; tardamos 129 meses en llegar a la creación de empleo de antes de la
crisis. Ese fue el apocalipsis del año 2013, no el que ustedes auguraron cuando aprobamos el año pasado la reforma laboral sino el que pasó de verdad, el que vivimos los alcaldes y alcaldesas que estábamos a pie de calle. (Aplausos).
Vienen ustedes hoy, señores de Esquerra y de Bildu, un año después, a plantear un proyecto de ley para un escenario que ha cambiado radicalmente. No me cabe pensar que lo hagan para otra cosa que
para exculpar sus errores, sacarse la espinita de ese no -esa espinita que no es una espinita sino toda una viga la que tienen clavada-, porque la responsabilidad que no tuvieron hace un año apoyando la reforma laboral que tan buenos
resultados está dando y que cada semana la ministra de Trabajo pone de manifiesto aquí con los datos, pretenden ustedes tenerla hoy a destiempo. (Aplausos). Entonces pusieron ustedes en riesgo el futuro de millones de trabajadores, como si la
política fuese discurso y no acción.
Me van a perdonar, señorías de Unidas Podemos, pero no entiendo su abstención, porque lo que nos traen hoy aquí Esquerra y Bildu es una reforma a la totalidad de una norma que está funcionando, señorías, y de la que al menos el Grupo
Socialista estamos muy orgullosos y orgullosas. (Aplausos). Porque no se trata de nosotros, se trata de la gente, de ser útil a las personas, de solucionar sus problemas y de hacer normas que sirvan para ese fin. Y cuando esas leyes son fruto del
consenso y del diálogo social -y esta norma lo es- son leyes tendentes a durar en el tiempo. Y ustedes, señores de Esquerra y de Bildu, traen hoy una proposición de ley por imposición, sin consenso, sin diálogo, sin acuerdos. Recordaba hace un par
de semanas mi compañera Mercè Perea los datos. Incidiré de nuevo en ellos: más de veinte millones y medio de afiliados a la Seguridad Social; uno de cada dos contratos indefinido; se ha puesto fin a las devaluaciones salariales; se ha subido el
salario mínimo a 1080 euros; tenemos una tasa de crecimiento del 5,5 %; se ha recuperado la base reguladora de las prestaciones por desempleo al 60 %, y el mecanismo de los ERTE ha funcionado. A todo esto, señorías de Esquerra y de Bildu, hace un
año votaron ustedes que no y hoy vienen aquí a enmendar la mayor.
Llevamos un año de reforma laboral. Los datos están siendo muy positivos, merece que le demos tiempo para asentarse, para que las empresas y los trabajadores se muevan en un marco de seguridad jurídica y, por tanto, votaremos no a esta
proposición de ley, porque el camino es el diálogo y el acuerdo: la Mesa de Diálogo Social. Los y las socialistas tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo como partido, lo llevamos en nuestro nombre y en nuestro ADN; para eso surgió hace 143
años el Partido Socialista, para la defensa de los derechos de los y las trabajadoras de este país. Y en eso estamos, en el diálogo, en el acuerdo, en la justicia social y en la igualdad, señorías de Esquerra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A QUE SE CORRIJAN INMEDIATAMENTE LAS DEFICIENCIAS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA POR DIFERENTES ÁMBITOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y, ESPECIALMENTE, LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 162/001142).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a que se
corrijan inmediatamente las deficiencias de los servicios de atención a la ciudadanía por diferentes ámbitos de la Administración General del Estado y, especialmente, la Administración de la Seguridad Social.
Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Rodríguez Herrer.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Gracias, presidente.
Señorías, el pasado 8 de febrero subí a esta tribuna, en nombre de mi grupo, para llevar a cabo una interpelación al ministro Escrivá con el objeto de que rindiera cuentas a esta Cámara por la situación en la que se encuentra la atención a
los ciudadanos en las áreas de su competencia y que ha generado alarma social en toda España por el mal funcionamiento de sus oficinas, como podíamos conocer a través de múltiples noticias aparecidas en diferentes medios de comunicación y como,
estoy segura, será comentario frecuente en sus entornos más cercanos. La respuesta del ministro fue sorprendente. Primero tachó los ejemplos que le pusimos de anécdotas; después nos vendió las bondades del ingreso mínimo vital -nadie las niega-,
aunque su gestión es francamente mejorable y, como conocimos ayer, es la mayor causa de reclamaciones ante el Defensor del Pueblo. Más adelante dijo que estaba reduciendo los tiempos de ejecución de las oposiciones. No lo hemos visto. Y, para
terminar, añadiendo que la gente no acudía a sus convocatorias, porque en Hacienda se ganaba más. ¡Ah!, e incorporando dos de sus mantras
preferidos, señorías socialistas y de Unidas Podemos: la culpa es del Partido Popular, aunque lleven ya cinco años en el poder, y en Madrid las cosas van peor, dando para demostrarlo datos falsos. A ustedes parece que las cosas les dan
igual, porque cuando hablan de los ciudadanos van de boquilla o con esa peculiar forma de ver a la sociedad española de la que un buen exponente es su manera de entender algo tan importante para la democracia como la igualdad de la que hemos tenido
ejemplos deplorables estos últimos días.
Con el permiso de mi grupo y la comprensión de la Presidencia, voy a hablar en primera persona del singular. ¡Qué indignidad de campaña, señorías! ¡Qué vergüenza! (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos). Ya está bien de
que se dediquen a cosificar a la mujer en nombre de no se sabe qué ni de quién. Llevamos juntos casi cuatro años y, si no me conocían, ahora pueden recordarme y les aseguro dos cosas. La primera es que a mí se me ha visto siempre, antes de
adelgazar casi la mitad de mi peso por motivos de salud y ahora mismo. Y cuando tenía la mitad de años que los que tengo ahora, y ya ostentaba cargos de mucha responsabilidad en el servicio público. He hablado siempre y he disfrutado siempre de
todos los aspectos de mi vida, más gorda o más delgada, sin que hayan venido a salvarme. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos). Y si quieren ayudar a las que lo necesitan, háganlo en positivo, porque ejemplos, y no solo el
mío, tienen muchos. Esta misma Cámara está llena de mujeres importantes, hasta de responsables de ese ministerio que muy alto y muy pronto han llegado, pero que deben aplicar el dinero que les pagamos todos los españoles, incluyendo el de su
sueldo, en resolver los problemas reales de la sociedad, porque están muy lejos de lo que les preocupa a los españoles. Y entre las cuestiones que nos ocupan y nos preocupan, están precisamente las que se derivan del objeto de la interpelación y su
posterior moción y de esta proposición no de ley que sometemos a su consideración, quizá víctimas de lo que alguien podría denominar optimismo irreductible pero que, en realidad, lo que demuestra es que no decaemos en procurar la solución de un
problema real para muchos españoles.
Señorías, encontrarse con viñetas como esta (la muestra) es de vergüenza ajena. Una cita previa con la Seguridad Social del siglo XXI como un incunable. Y ustedes saben que las viñetas de los medios de comunicación de tirada nacional son
una llamada de atención a lo que pasa en la calle. En la interpelación, le dije al ministro que cogiera su móvil y buscara las noticias relativas al mal funcionamiento de la Seguridad Social, y le daba algunos ejemplos, esos a los que llamó
anécdotas. Vuelvan a hacerlo, por favor. ¿Y qué se encuentran? Día 8 de marzo, Diario de Ferrol: La Seguridad Social es un caos. Ahora la Seguridad Social es un desastre; ni siquiera se puede entrar para pedir cita, que tampoco se consigue en
los teléfonos que indican, en los que nadie contesta, ni a través de Internet por caídas o saturación de la red. Según la misma Seguridad Social, en noviembre de 2022, de 383 215 llamadas quedaron sin atender 332 443, el 86 %. En Vozpópuli, 13 de
marzo: Tráfico de citas en la Seguridad Social; 20 euros por guardar la vez, en el marketplace de Milanuncios. (Muestra un papel). Álava, Las Palmas, Castellón, Salamanca o Zaragoza: quejas en las oficinas abiertas y protestas por las que se
cierran sin solución alternativa. Hablé de la oficina de Betanzos y ahora hablo de la de Burgos de Osma, que unas veces se cierra, otras no se cierra, y crea alarma en su comarca.
El pasado día 9, una cadena nacional, en horario de máxima audiencia, dedicó un programa especial a los problemas de los españoles en relación con las administraciones públicas, haciendo especial hincapié en la Seguridad Social. Reproduzco
tres ejemplos. Laura, una madre de treinta y seis años a la que le ha costado tres semanas que le dieran algo tan sencillo como el certificado necesario para poder sacar la tarjeta sanitaria de su segundo hijo, y se lo resolvió el guardia jurado de
la puerta. Así lo declaró. Oficina de Las Palmas, ochenta personas en cola compitiendo desde las cuatro y media de la madrugada para recoger uno de los dieciséis números que reparten cada día; personas en sillas de playa, algunos entrevistados
llevan varias semanas acudiendo y mucha gente mayor como Carla, con setenta y siete años. Y esta noticia que ha salido hoy (muestra un papel): Mi hija ha muerto y no hay manera de que me atiendan para arreglar la orfandad de mis nietos. Y
entrevista con Amadeo, aquel que quería jubilarse en Zaragoza, que llamó a la policía y que, a día de hoy, dos meses después, sigue sin cita y sin jubilación. Y ejemplos similares podemos encontrar en las oficinas del SEPE -que son un desastre-, en
las de Extranjería, en las de Tráfico, o qué decir de las mil personas que perdieron sus vuelos este fin de semana en Barajas, por no hablar de la pésima gestión del conflicto colectivo con los letrados de Justicia.
Esto es muy serio, señoría. Todos los españoles, tarde o temprano, tenemos que relacionarnos con la Seguridad Social e interactuar con la Administración. ¿Es tan difícil, desde esta sede de la soberanía nacional, una llamada de atención al
Ejecutivo para que cumpla su obligación con los españoles?
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: No pedimos tanto. Sería importante. Apóyenlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Arratsalde on. Buenas tardes nuevamente, señor presidente, señoras y señores diputados. (Al señor diputado se le caen las gafas y baja de la tribuna para recogerlas.-Aplausos.-Risas). Aparte de algunas
deficiencias en materia de agilidad que hace que se me caigan las gafas, vamos a atender la proposición no de ley del Partido Popular sobre las deficiencias en servicios de atención a la ciudadanía. Como indica la proposición no de ley, hace pocas
fechas, en concreto el 4 de enero de 2023, el Defensor del Pueblo ha insistido ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la necesidad de resolver las demoras en la concesión de citas en las diferentes oficinas de la
Seguridad Social. Y lo hace entendiendo que esta situación se aleja mucho de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad que, además, es incompatible con el derecho a una buena administración.
Es cierto, además, que esta recomendación es continuación de otra, dirigida el 19 de agosto de 2022 al secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, advirtiéndole sobre las dificultades de los ciudadanos para obtener cita previa en
cualquier provincia del territorio y también de las dificultades para recibir atención directa en los servicios de atención e información al público, por lo que concluye que las medidas adoptadas no resultan suficientes en orden a recibir una
atención eficaz y eficiente que permita gestionar de forma directa las necesidades ciudadanas, en especial las del colectivo afectado por la brecha digital y en situaciones de vulnerabilidad para los que la atención presencial constituye una
necesidad preferente. Vaya por ello y por delante que coincidimos con el propósito del requerimiento del Alto Comisionado para la defensa de los derechos ciudadanos, si bien no tenemos por qué quedarnos en ese concreto hecho, sino en el fundamento
de dicho informe que, como de forma explícita señala, se dirige a impedir el incumplimiento objetivo y directo de la obligación recogida en el artículo 103.1 de la Constitución, según el cual la Administración debe servir con objetividad a los
intereses generales y actuar de acuerdo con el principio de eficacia en el desempeño de su labor. En dicho sentido, es larga ya la tradición de la Administración General del Estado y del Gobierno de impedir tanto la posibilidad de comunicación de
los ciudadanos ante sus organismos en lenguas diferentes al castellano como su inaceptable resistencia al cumplimiento de otros aspectos de la Constitución, en concreto, aquel relativo al ejercicio, previa transferencia, por parte de las comunidades
autónomas cuyos estatutos así lo recojan en sus competencias, de los servicios de gestión del régimen económico de la Seguridad Social, sobre los que consisten la mayor parte de las consultas dirigidas por los ciudadanos ante la Administración de la
Seguridad Social.
Entendemos, por ello, que ninguna reforma de la Administración, ninguna evaluación de su eficiencia y efectividad puedan resultar ajenas a dos hechos. Uno, que los administrados se puedan dirigir y ser escuchados sin traba alguna en
cualquiera de las lenguas oficiales en sus territorios, es decir, el derecho a ser escuchados y atendidos en su lengua natural. Es difícil que la eficacia de cualquier servicio no se vea afectada si los ciudadanos ni siquiera pueden ser escuchados.
Y, dos, que la eficacia no solo no esté reñida con la aproximación de la gestión de los problemas de los ciudadanos a la administración más cercana a sus intereses, sino que cualquier reforma será mero maquillaje si no se actúa en dicho sentido.
Además, entendemos que se debe hacer de acuerdo con lo previsto en la Constitución y los estatutos de autonomía, que en esta materia exigen la transferencia de dichos servicios a las comunidades autónomas que pueden y quieren asumir dicha
competencia, como es el caso de Euskadi.
Por eso, nos parece que esta PNL se queda en la mera cáscara, en lo exterior, en la mera mención del problema, sin abordar ni sus causas ni sus soluciones ni su análisis. Por eso, hemos formulado dos enmiendas dirigidas a este propósito y
es evidente que su aceptación no solo va a condicionar nuestra postura, sino la posible solución en el futuro de este grave problema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Pérez Merino.
La señora PÉREZ MERINO: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Somos conscientes de la situación de crisis de personal que se ha venido produciendo en la Seguridad Social, así como de las quejas de los ciudadanos ante las dificultades que tienen para acceder de forma presencial
al Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería de la Seguridad Social. Dicho esto, y tratando de contextualizar el tema, vemos que en la última década se ha producido alrededor de un 20 % de pérdida de plantilla en la Seguridad Social.
Este deterioro de la plantilla de los últimos años tiene su punto crítico en el año 2012, en el que el Gobierno del Partido Popular congeló la reposición de los trabajadores que se jubilaban y suspendió las convocatorias de oposiciones para reforzar
estas plantillas. Todo lo anterior, además, se mantuvo durante los gobiernos del Partido Popular. A ello hay que añadir que en el año 2020 la crisis sanitaria, la pandemia, supuso una mayor actividad del INNS y un mayor uso de las solicitudes y
consultas telemáticas, con una plantilla mermada y sin formación digital.
A tenor de la anterior, sabemos que se están tomando medidas tendentes a paliar la reducción de personal y que desde el mes de diciembre de 2022 se está produciendo una incorporación de personal interino que va a suponer un importante
refuerzo de personal, tanto a nivel de direcciones provinciales como en la red local a través de los centros de atención e información de la Seguridad Social. Estas incorporaciones comenzarán a notarse -esperemos- en la atención al ciudadano a
partir del primer semestre de 2023. En todo caso, la contratación de funcionarios interinos es solo una medida de choque ante la crisis de personal.
Asimismo, se está realizando un cambio en la organización y reorganización del trabajo y la atención a los ciudadanos, estableciendo nuevos procedimientos de relación con la Administración por medios digitales y telefónicos. Sin embargo,
estos cambios, unidos a la falta de personal y a la brecha digital, están suponiendo serias dificultades para que la ciudadanía pueda acceder a la Administración, por lo que es necesario agilizar los procesos de reposición de plantilla y mantener en
paralelo un sistema de atención presencial hasta que se perfeccione la nueva organización digital de relación con la Administración. Para ello, nos dicen que se van a crear las unidades provinciales telemáticas y se están realizando planes de
formación para que el personal pueda actuar en distintas unidades, por lo que este programa facilitará la adaptación al puesto de trabajo a más de 2500 empleados públicos en 2023. Aunque durante los últimos dos años ha aumentado el uso de la sede
electrónica para la relación de los ciudadanos con la Seguridad Social, no es menos cierto que hay una queja constante de los ciudadanos por los fallos y dificultades en el uso de la tramitación digital de solicitudes y reclamaciones. Es
ineludible, pues, una atención personal y presencial que ayude a los usuarios a resolver las dificultades que supone la digitalización en su relación con la Administración. Por supuesto, no estamos en contra del avance de las nuevas tecnologías,
pero es necesario reconocer la brecha digital existente y los problemas que está provocando a las personas en sus relaciones con la Administración.
Sabemos también que la crisis sanitaria ha supuesto que la Seguridad Social afronte nuevos procedimientos, como los derivados de los ERTE o del ingreso mínimo vital. Sin embargo, tenemos el convencimiento de que, para resolver el problema
de falta de personal y formación, unido a la brecha digital y a la dificultad de los ciudadanos para acceder a la Seguridad Social, es imprescindible la cobertura de las vacantes y la convocatoria de oposiciones que cubran las futuras jubilaciones,
así como una contratación urgente de personal para paliar la situación de crisis actual. Es evidente, por tanto, que se están tomando medidas, pero, a nuestro juicio, aún no son suficientes para hacer frente a la situación de desprotección que
están viviendo los ciudadanos en su relación con la Seguridad Social.
También tenemos la certeza de que los problemas actuales tienen su origen en las políticas de recortes de plantilla de la Administración que practicó el PP desde el año 2012, razón por la cual no entendemos esta proposición, cuando han sido
los recortes practicados por los populares y su negativa continua al aumento de personal de las administraciones públicas los que nos han traído hasta la situación actual. Señorías del PP, no vale recortar derechos durante sus mandatos y luego
venir a exigir a este Gobierno de coalición que arregle por arte de birlibirloque los desaguisados que ustedes generaron. Aunque lo haremos; los arreglaremos, no tengan duda, y siempre favoreciendo al conjunto de la ciudadanía. Pero si ustedes
hubieran trabajado para este país, en lugar de para sus propios intereses partidistas y para sus amigos, no estaríamos donde estamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González Laso.
La señora GONZÁLEZ LASO: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes. Ruido, trilerismo e hipocresía política. Esto es lo que nos traen hoy desde el Grupo Popular. Ustedes vuelven otra vez con las deficiencias en los servicios públicos, un debate redundante -como usted mismo acaba
de recordar- que ya se trató en dos ocasiones en este hemiciclo el mes pasado; por cierto, en una de esas ocasiones respondió ampliamente el ministro Escrivá.
La verdad es que podríamos pensar que esta pertinaz insistencia del Grupo Popular es fruto de su compromiso con los servicios públicos y el Estado de bienestar de nuestro país. Nada más lejos de la realidad. Su único objetivo es hacer
ruido, aturdir a la población y desacreditar los derechos y las prestaciones que el Gobierno de España ha puesto en marcha para que las familias y los sectores productivos puedan mantener sus rentas. Eso es lo que ha ocurrido. Ustedes son expertos
en hipocresía política. ¿Nos quieren hacer creer ahora que están preocupados por los servicios públicos? ¿Ustedes, que adelgazan los servicios públicos cada vez que tienen la oportunidad de gobernar, como hizo Rajoy, reduciendo en cien mil
personas los recursos de las administraciones públicas? (Aplausos). ¿Y ahora se rasgan las vestiduras por las dificultades en el acceso a las nuevas ayudas y a los nuevos derechos? ¡Pero si ustedes votaron en contra de todos ellos! ¡No aprobaron
ni uno solo! Si por ustedes fuera, no habría ninguno de esos derechos ni ninguna de esas ayudas; nada hubiera llegado a la población si por ustedes fuera.
Por eso, yo creo que este debate es un claro ejemplo de trilerismo político, un trilerismo que practica el Partido Popular para estafar socialmente a la ciudadanía. (Aplausos). Ustedes, señorías del Partido Popular, mienten continuamente.
(Rumores). Su verdadero programa hay que leerlo entre líneas. Nunca se atreven a escribirlo, nunca lo cuentan. Ustedes se sienten muy cómodos en los contextos de crisis, porque ahí es cuando ven la oportunidad de frenar el modelo social de
igualdad de oportunidades y se apresuran a implantar su modelo de sociedad de privilegios para unos pocos mientras meten en cintura a las clases trabajadoras y las dejan sin ninguna protección. (Aplausos). Ya lo hicieron más veces, ¿se acuerdan?
La última fue en la crisis financiera. Ahí se vinieron arriba y dijeron: Que España se hunda, que se jodan los parados. Sí, lo dijeron ustedes. (Aplausos.-Protestas). Y ustedes fueron a Europa no a conseguir recursos, como ha hecho el
presidente Sánchez, sino a garantizarles aquello que dijeron: Les vamos a crujir. ¡Y vaya si nos crujieron! (La señora De Luna Tobarra: ¡Qué vocabulario!-Rumores y protestas). La compañera que antes me precedió en el uso de la palabra lo
recordaba y traía a nuestras mentes aquello que se vivió en los ayuntamientos. Ahora ustedes quieren volver a hacerlo porque sus valores se lo permiten. Por eso viajaron a Europa para impedir que llegaran los fondos europeos a nuestras gentes.
(Aplausos). ¡Qué vergüenza, señorías del Partido Popular, qué vergüenza y qué pena!
Como han fracasado en esa intifada económica, ahora cargan contra los servicios públicos. Por cierto, señorías, ¿cómo se les ha quedado el cuerpo ahora que Europa ha respaldado el modelo socialista que garantiza el poder adquisitivo de las
pensiones? (Risas.-Aplausos). ¿Va a seguir diciendo el señor Feijóo que derogará esta ley si llega al Gobierno? ¿Se va a retractar? Señorías, queda demostrado que la izquierda aumenta los ingresos y que la derecha recorta las pensiones, esa es
la verdad. (Rumores).
Nosotros no negamos que se hayan producido desajustes en las administraciones, pero la ciudadanía debe saber que se ha duplicado la acción protectora de la Seguridad Social, que hay que atenderla con un 25 % menos de personal y que este
esfuerzo merece un reconocimiento para los recursos humanos de la Administración. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora GONZÁLEZ LASO: Por eso, este Gobierno ha puesto en marcha un plan de choque de cuatro ejes: reforzar plantillas, mejorar la atención presencial, ampliar la oferta de la atención telefónica y poner en marcha un plan de
digitalización. Son medidas desplegadas por el Gobierno, un Gobierno que ha pasado tres crisis globales consecutivas...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.
La señora GONZÁLEZ LASO: Termino ya.
... y que sigue sosteniendo y fortaleciendo el Estado del bienestar. (Rumores).
Permítame, presidente, decirles que...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, no le queda tiempo.
La señora GONZÁLEZ LASO: ... para acabar con la agonía del señor Feijóo, les vamos a dar una receta rubricada por millones de personas que en las elecciones de mayo votarán mayoritariamente socialista, porque la gente... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señoría, muchísimas gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Es indigno cómo se atiende a los ciudadanos en las oficinas de la Seguridad Social, es indigna la situación en la que están los funcionarios, y ustedes siguen en la soberbia. Hace un año, el 16 de febrero, pregunté precisamente al ministro
por la situación de las oficinas de la Seguridad Social en Canarias. Me dijo que era una indocumentada y una demagoga, y que la gente no recibía el ingreso mínimo vital porque no le correspondía, no porque no lo hubiera podido tramitar.
Les voy a contar varios casos y cómo están ahora. En Canarias en este momento hay mil sentencias de incapacidad reconocidas cuya prestación no se ha tramitado. ¿Saben lo que les pasa a esas mil personas? Que no pueden trabajar y no pueden
recibir ayudas sociales, mil personas que llevan un año con la sentencia. También hay gente que está jubilada y no pueden tramitar la pensión. Otro caso. La hija de una amiga mía, una chica que había estudiado, se le presenta una opción laboral
-su primer trabajo- y, tras un proceso selectivo durísimo, se lo dan. Pero, ¡tate!, como no había trabajado antes, no tenía el número de la Seguridad Social. ¿Saben lo que ha pasado con esa chica? Que no le han dado el trabajo y han cogido al
siguiente de la lista. El otro día me vino un matrimonio con un bebé a decirme que no podían apuntar al bebé y tener tarjeta sanitaria porque no tenían el número de la Seguridad Social. No hay citas previas, ni telemáticas ni telefónicas.
¿Saben también qué me dijo el ministro? Que era una demagoga. Nosotros presentamos una moción aquel día, hace un año, y el Grupo Socialista se quedó solo; hasta Podemos apoyó mi moción sobre lo que había que hacer en las oficinas de
Seguridad Social. Ustedes se negaron y ahora, un año después, resulta que el ministro dice que la gente desconoce el ingreso mínimo vital y que van a poner una guagua para que vaya informando por los pueblos de España. La gente lo sabe, pero no
tiene forma de tramitarlo; entre otras cosas, porque la mayoría de la gente no tiene los conocimientos ni los medios para la tramitación telemática. ¡Pero es que ni siquiera hay atención telemática! ¿Saben lo que se está generando? ¡Mafias!
Mafias para conseguir los números, los puestos y para cobrar por tener la cita.
No sean soberbios. Planteamos una moción que se aprobó con solo el voto en contra del Grupo Socialista y ninguno de los puntos de mi moción de hace un año, porque fui la primera que traje este asunto, se ha cumplido. En octubre dijeron que
iban a cubrir las plazas que nosotros habíamos solicitado, las bolsas de empleo, el tema de los interinos en determinadas situaciones... Y nada, todavía no están. ¿Saben cuántas personas hay en la oficina de Lanzarote y Fuerteventura para casi 300
000 personas? Siete, siete personas. ¿Saben lo más gracioso en Canarias? A los poquitos que les cogen el teléfono y les dan cita telemática, como la central debe estar en algún país como Marruecos o Colombia, resulta que la piden en Tenerife y se
la dan en Lanzarote. Después de haber conseguido entrar en la aplicación, de pronto te dicen que tú, que eres de Tenerife, tienes que ir a Lanzarote; es que no saben ni siquiera que Canarias son siete islas.
¿Y está todo bien para la gente más vulnerable, para esas mil personas con la sentencia pendiente de discapacidad y que no tienen ayudas sociales ni prestación ni nada de nada? Seamos más humildes, ¡seamos más humildes! Hay soluciones,
porque las soluciones estaban en mi moción el 16 de febrero de 2022, que se aprobó solo con el voto en contra del Grupo Socialista. Las propuestas habían salido de Comisiones Obreras, de UGT, del sindicato de funcionarios y de todas las fuerzas
políticas del hemiciclo, menos ustedes. Sigan no reconociendo cuál es la situación y riéndose, como hace un momento, cuando otros estábamos hablando de cuál es la situación de los ciudadanos. Es de llorar, es indigno.
¿Y saben otra cosa que sigue haciendo la Seguridad Social y que traje aquí porque me la había contado Víctor Acosta, un palmero viudo con un niño chiquitito, porque la había recurrido tres veces y había ganado? Le habían negado el ingreso
mínimo vital. El pobre hombre consiguió un abogado y ganó en primera instancia. Recurrieron a la jurisdicción de trabajo. Como volvió a ganar, recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Volvió a ganar, pero todavía no ha cobrado
la prestación que le
correspondía y le vuelven a pedir otra vez los papeles. Es indigno. Un poquito de humildad y, sobre todo, de dignidad para los ciudadanos que más lo necesitan y que son más vulnerables.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Hay soluciones si se reconoce el problema.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, presidente.
Arratsalde on. Señorías, hace tres meses escasos este Pleno aprobó una moción presentada por Euskal Herria Bildu a consecuencia de interpelación urgente que incidía en esta misma cuestión. Aquí se plantea hoy de forma más genérica en
cuanto a medidas, pero está más centrada en lo que compete a la Seguridad Social, que -es cierto- queda señalada como la institución que más número de quejas recibe de la ciudadanía. Efectivamente, el informe del Defensor del Pueblo sentencia que
el pasado año se recibieron 31 077 quejas en total y que es la Seguridad Social la que se coloca en cabeza de esas quejas ciudadanas respecto a la atención que ofrece. Todo esto pone de manifiesto las debilidades del sistema de atención de esta
institución y a estas debilidades aludíamos en nuestra moción que, como digo, fue aprobada por este Pleno. En sus dos primeros puntos instaba al Gobierno, por un lado, a acabar con las dificultades existentes en amplios sectores poblacionales en
cuanto al acceso a la Administración pública, asegurando la atención presencial suficiente y prestando especial atención a las zonas menos pobladas; y, por otro lado, entre otras cuestiones, se le instaba también a incluir la tramitación mediante
opciones no telemáticas para todas las ayudas a solicitar de la Administración pública, incluyendo y haciendo especial hincapié en las solicitudes del ingreso mínimo vital.
Según se nos ha trasladado desde el ministerio, se está trabajando para dotarla del personal necesario para llevar adelante estas medidas. En este sentido, son tres meses escasos los que han pasado y puede resultar comprensible que aún no
haya mejorado sustancialmente la situación. Digo esto con un margen amplio, un margen ancho de comprensión. Aun así, lo cierto es que la situación es tan urgente y desesperante para la ciudadanía que nos parece correcto poner el acento en esta
cuestión y que se traiga otra vez aquí, como lo hace esta PNL. Porque la realidad es que ahora mismo la cita previa obligatoria persiste en la mayor parte del Estado, salvo en muy pocas excepciones, aunque es cierto que en algunos casos ya se ha
notado en algo -en muy poco, también es verdad- el retorno a la atención presencial. No está de más recordar que la cita previa obligatoria como única vía de acceso a la Administración no es legal e incumple la obligación que tiene toda
administración de dar servicio a la ciudadanía. Además, esta situación se ceba especialmente con los colectivos más vulnerables.
Hoy por hoy hay que andar dos caminos para conseguir atención presencial y poder solicitar una pensión o cualquier tipo de prestación en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Uno de los caminos es madrugar, madrugar mucho e intentar
y conseguir ser de los primeros. El otro camino es la suerte, que debe cruzarse necesariamente en el recorrido también; una gran suerte, pero la suerte se reparte para muy pocos que consiguen la cita previa. Todo el resto se desespera para
conseguir cita y la respuesta continuada que reciben de vuelta es: No hay disponibilidad. Además, si hay un hueco libre -es decir, si se tiene mucha suerte-, las agendas solo están abiertas para las tres semanas posteriores al día que se solicita.
Es decir, si no hay un hueco libre en esas tres semanas, no hay otra opción que realizar la gestión telemáticamente. Esto no es poner la Administración al servicio de la gente.
Es cierto que las plantillas mermadas tienen su origen en los sucesivos gobiernos del PP, tal y como se ha dicho aquí, que es el que ahora pide que se tomen cartas en el asunto. En cualquier caso, la situación de colapso es tal que todo va
a ser insuficiente si no hay un plan de choque que se ponga en primera línea de las necesidades y de las prioridades. Poner a la gente en el centro -esa frase que tanto se escucha- no es nada más que tener en cuenta las necesidades de la gente y,
en ningún caso, anteponer las situaciones administrativas como justificación de lo que es injustificable. Sí es cierto que habrá que solucionar la brecha digital, pero eso necesitará un ritmo de adecuación que respete los derechos de todas las
personas, y lo que hay que recordar es que es obligación de la Administración llegar a la ciudadanía y no al revés. Lo que está ocurriendo es justo lo contrario.
Termino ya. La solución debe ser inmediata, urgente y perentoria y debe dársele prioridad. Es la petición y la exigencia que le hacemos al Gobierno, tal y como se le instó desde este Pleno, y debe hacerse por respeto a la ciudadanía, por
respeto a la labor y al deber institucional.
Eskerrik asko.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Imagina que quieres jubilarte y no puedes hacerlo porque no te permiten acudir a hacer el trámite. Imagina que estás de baja y no puedes acceder a la Seguridad Social para que te pague tu salario. Imagina que acabas de ser madre y quieres
pedir el permiso de lactancia, pero no puedes acceder al permiso porque la Seguridad Social hoy no funciona. Imagina todo eso y que encima suba a esta tribuna su señoría del Grupo Socialista, Natividad González, a echar una bronca a la oposición y
a hablarnos de hipocresía, de trilerismo y de ruido mediático. ¡Da vergüenza, señoría! ¡Un bochorno su intervención! (Aplausos).
La Seguridad Social y las prestaciones que tiene encomendadas -como las pensiones, la incapacidad temporal por nacimiento, por tener familiares a cargo o el ingreso mínimo vital, medidas estrella de nuestro Estado del bienestar- son uno de
los pilares de nuestro Estado del bienestar español, que deriva de la Constitución en un Estado social y democrático de derecho. El Estado del bienestar que tanto defiende el Gobierno, 'el Gobierno de la gente', no solo es la existencia de esas
prestaciones, señoría González, es también tener acceso a las mismas cuando el ciudadano tiene derecho a recibirlas. El ejemplo más claro lo tenemos ahora en lograr algo que parece relativamente sencillo: conseguir una cita en la Seguridad Social.
Por mucho que se empeñe este Ejecutivo, por mucho que las señorías del Gobierno y la señoría Natividad González suba aquí a decir que no pasa nada de todo esto y que ustedes son unos hipócritas (señala a los escaños del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso), la realidad es que no hay forma humana de pedir cita en la Seguridad Social. Recordarán sus señorías -espero que usted también (señala a la señora González Laso)- que hace exactamente un mes aquí, el 14 de febrero, defendimos una
moción consecuencia de interpelación. Yo, esta diputada, expliqué aquí mismo el ejemplo de haberme metido en la página de la cita previa de la Seguridad Social. No tuve respuesta; ni telefónicamente pude pedir cita a la Seguridad Social. Pues
hoy lo he vuelto a hacer. Hoy sigue todo igual o peor, porque han añadido más pantallas y más pasos en la web para acceder a la cita previa. Inténtenlo. Seleccionen ustedes el centro más próximo a este Congreso de los Diputados, código postal
28014: No hay disponibilidad en estos momentos; lo sentimos, por favor, revise el mensaje de la pantalla. Ni para el certificado digital, ni para las pensiones de jubilación, incapacidad permanente o viudedad, nacimientos o lactancia. Pero es
que tampoco me dan cita telefónica, no solo en el 28014, en el distrito centro de Madrid -esto es un aviso para las personas de la Comunidad de Madrid que quieran pedir una cita para los trámites de la pensión (muestra un papel)-, sino en otros.
Hoy la primera cita disponible en toda la Comunidad de Madrid para hacer los trámites para recibir una pensión es en Colmenar Viejo a la una de la tarde el 3 de abril de 2023. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!). Aquí tiene la hipocresía,
señora Natividad González.
¿Qué les digo? Que la pandemia ya ha pasado y que la culpa de todo no la tiene el Partido Popular; de algunas cosas sí, pero de todo no porque llevan ustedes cinco años gobernando. Estamos hablando de que cualquier consulta a la Seguridad
Social se ha convertido en un auténtico infierno para quien necesita ejercer derechos, y parece mentira que eso esté pasando en una sociedad civilizada, occidental y moderna. Pero es que no es solo eso, señora Natividad González, es que ¿sabe lo
que está pasando con la Seguridad Social? (Muestra otro papel). Que se ha convertido en un mercado negro donde la gente más espabilada ofrece la cita que consigue en una página web como Milanuncios.com, y vende sus citas a 20, 25 y 30 euros para
acudir a la Seguridad Social. Esto pasaba en la Unión Soviética y no puede pasar en España, en un país civilizado, moderno y occidental. (Aplausos).
Esta PNL no solo es pertinente, sino que es perentoria -como ya me encargué de hacer saber en la anterior moción consecuencia de interpelación con las preguntas de esta diputada, preguntas por escrito que el Gobierno y el Ministerio de la
Seguridad Social siguen sin responder- y lo próximo será preguntarle al Gobierno y al Ministerio de la Seguridad Social si viven completamente ajenos a la realidad o si simplemente quieren privatizar los servicios de la Seguridad Social...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora MUÑOZ VIDAL: Perdóneme, presidente. ¡Y qué le voy a decir para terminar, señoría Natividad González! Usted ha hablado de que Bruselas nos ha dado el visto bueno para la reforma de las pensiones y tengo que decirle que no se si
finge usted por naturaleza o adrede...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.
La señora MUÑOZ VIDAL: ... porque Bruselas no examinará la reforma de las pensiones hasta el cuarto desembolso. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. El debate vuelve otra vez a la Cámara y es el debate relativo a las citas previas, a la atención de los ciudadanos en la Seguridad Social y, en general, en las administraciones públicas, y lo cierto es que tiene un
punto también de reiterativo, de ir apretando aquello de lo que ya se ha hablado en anteriores ocasiones en la Cámara. Creo que es uno de esos temas que al PP y al PSOE les sirve para tirarse los platos a la cabeza. Al PSOE le sirve para decir -y
es cierto- que en la Seguridad Social la plantilla es mucho mayor, que no se han hecho oposiciones durante muchos años y que de aquellos lodos esos polvos, y al PP le sirve para poner en evidencia que la Administración General del Estado, con unos
funcionarios entregados y que procuran hacer lo que pueden, no funciona adecuadamente a la hora de atender a los ciudadanos. Lo cierto es que hay una realidad que se obsesionan en negar, pero que en las intervenciones anteriores ha quedado ya
bastante palmaria, y es la cuestión relativa a cuándo se obtienen las citas previas, la dificultad para obtener estas citas previas y la realidad de un mercado negro de citas previas, que es la cosa ya más inverosímil posible o el desconocimiento,
en definitiva, de esta cuestión relativa a las citas previas. Digo esto último porque yo he presentado múltiples preguntas en relación con las citas previas y la atención y no te dan ninguna respuesta cierta, básicamente porque se deriva a si se ha
presentado una queja. Entonces, cuando preguntas cuántas quejas se han presentado no las tienen discriminadas en función de si son de cita previa o si son quejas de atención al ciudadano y, por tanto, uno llega a la conclusión de que el Gobierno no
tiene una radiografía clara de la cuestión relativa a las citas previas. Quizá el Gobierno la tiene, pero el Gobierno debería escuchar al resto de los grupos parlamentarios que le comentan y le trasladan la opinión de los ciudadanos, que las citas
previas no funcionan correctamente, y debería escuchar al Defensor del Pueblo, que le apunta en su informe que las citas previas no funcionan correctamente en el Registro Civil ni en las jefaturas provinciales de tráfico ni en las oficinas de
extranjería, incluso algunos trámites de ayuda al alquiler o del mismo bono social cultural joven y debería sin duda alguna repasarse algunos artículos de la legislación vigente, como es el artículo 14 de la Ley 39/2015, aquel relativo a los
procedimientos con la Administración pública en el que se dice que el ciudadano tiene derecho a escoger el medio para relacionarse con la Administración pública, a excepción de aquellos profesionales o sectores que están obligados a hacerlo de forma
telemática. Pero el derecho del ciudadano a escoger la vía por la que se relaciona con la Administración pública se vulnera sistemáticamente y se hace especialmente grave en el ámbito de la brecha digital. Se vulneran los artículos 9.3 y 103 de la
Constitución -aquellos relativos a prohibir la arbitrariedad de los poderes públicos o a que la Administración pública tiene que trabajar con criterios de eficacia y eficiencia- o el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, que habla del derecho a la buena administración. Hasta ahora uno de los casos más flagrantes de vulneración del derecho a la buena administración era el famoso silencio administrativo. Hoy podemos sumar al silencio administrativo la
cuestión relativa a las citas previas.
En definitiva, yo creo que no podemos extraer una cuestión fundamental: esto forma parte de una batalla sistemática entre PP y PSOE sobre las citas previas y de desgaste de la oposición al Gobierno. Aunque esto obedezca a este origen, la
realidad es que esta cuestión afecta también al día a día de los ciudadanos y afecta a entender los modelos administrativos, los modelos de cómo atiende la Administración pública a los ciudadanos, a montar modelos sobre la base de las necesidades de
los ciudadanos, y no sobre la base de las funcionalidades y necesidades de la Administración pública.
Por todo ello, el debate no es fácil, porque es evidente que hay un trasfondo de desgaste gratuito del Gobierno y de la coalición de Gobierno, pero el Gobierno y la coalición de Gobierno no deberían hacer oídos sordos a una realidad
objetiva, que es el mal funcionamiento de las citas previas, el calvario por el
que pasan ciudadanos y profesionales a la hora de relacionarse con la administración y, en definitiva, la constante burocracia a la que está sometiendo la Administración pública a los ciudadanos, a cambio a veces de nada o de unas
dificultades que no consigue superar.
Nosotros no podemos apoyar completamente esta proposición y no queremos dejar de poner de manifiesto la realidad objetiva de un sistema de citas previas totalmente injusto para los ciudadanos y con un funcionamiento totalmente anormal.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Pujol i Farré.
La señora PUJOL I FARRÉ: Gràcies, president.
Bona tarda, diputats i diputades. Hoy debatimos esta PNL a instancias del PP y es que, sin que sirva de precedente, estamos muy de acuerdo en una necesidad imperiosa de corregir las deficiencias de los servicios de atención a la ciudadanía
y, sobre todo, de la administración de la Seguridad Social, básicamente porque a quien perjudica la deficiencia de estos servicios es a la gente. Ese es precisamente uno de los motivos por el que nosotros estamos aquí, para ayudar a la gente y para
hacer la vida más fácil a la gente, y la realidad es que estos servicios no funcionan. Lo que pasa es que el hecho de que sea el PP quien lo proponga es, cuando menos, hipócrita, básicamente porque ustedes gobernaron durante muchos años y, como
otros servicios públicos, los fueron abandonando, dejando que se perdieran, impactando negativamente en la población.
Antes que nada, quiero dejar claro que en el Grupo Republicano creemos que el mal funcionamiento de las oficinas de la Seguridad Social y su mal servicio y mala atención a las personas usuarias no son consecuencia de la labor de sus
funcionarios y sus trabajadores. Solo hay unos responsables y son los diferentes Gobiernos que han gobernado en el Estado español en las últimas décadas. Los responsables están en diez años de Gobiernos del Partido Popular y del Partido
Socialista, en los que la plantilla de la Seguridad Social se ha reducido en más de un 21 % en datos objetivos. Esta cifra es totalmente inaceptable.
Se ha hablado de que en estas oficinas, como bien saben, se tramitan jubilaciones, prestaciones de maternidad y paternidad, incapacidades permanentes, viudedad y el ingreso mínimo vital. Es decir, se tramitan prestaciones de extrema
sensibilidad e importancia para las personas. Son sus derechos y se están vulnerando porque no se están atendiendo. (Aplausos). Nos llegan quejas a diario del colapso de la web, de trámites telemáticos que cuando se empiezan tardan más de dos
días en terminarse, de llamadas y más llamadas de los usuarios a teléfonos que nunca se descuelgan y de citas previas que tardan semanas en atenderse, por no hablar de la brecha digital y del problema que supone para algunas personas el trámite
telemático.
Esta mañana he hecho una prueba desde Flix. He pedido una cita para la solicitud de pensión y me dicen que no hay disponibilidad. Si pongo provincia de Tarragona, puedo escoger entre Valls o Montblanc. Lo más pronto, señora Muñoz, es un
día más tarde que el de usted, el 4 de abril. Valls y Montblanc están a noventa y tres kilómetros de Flix, a una hora y cuarto en coche particular y sin conexión alguna con transporte público. La pregunta es: ¿por qué los vecinos y vecinas de
Flix, La Torre de l'Espanyol, Falset o Gandesa no tienen las mismas oportunidades que un vecino de Lleida, Girona, Reus o Madrid? Y la respuesta es sencilla: porque al Gobierno actual se le llena la boca de reto demográfico y de hacer frente al
despoblamiento, pero en 2020 cerró la oficina de la Seguridad Social de Móra d'Ebre. El Gobierno la cerró con la excusa de la pandemia, como alguna otra. Por ejemplo, la de Montblanc se reabrió hace un mes, tarde, pero está abierta. En cambio,
parece que los ciudadanos de la Ribera d'Ebre, Terra Alta y Priorat somos menos importantes, aunque haya un mandato democrático del Senado, con una moción aprobada por la mayoría de grupos parlamentarios el 26 de mayo de 2021, que instaba al
Gobierno a reabrirlas. Aun con todo esto, señora Natividad González, ¿se atreve usted a hacer este discurso? ¿De verdad? (Aplausos).
Para terminar, aprovecho estos minutos para enviar un mensaje al Gobierno. Señores del Gobierno, no vamos bien, no van nada bien. Y, señor Escrivá, los ciudadanos y las ciudadanas no se merecen esta atención ni este nefasto servicio.
Concretamente, los vecinos de la Ribera d'Ebre, Terra Alta y Priorat no se merecen ser tratados como ciudadanos de segunda, no se merecen esta discriminación. Den soluciones a un problema que es real y muy grave.
Termino, presidente. Si no se ven capaces de hacerlo y si no se ven capaces de solucionarlo, lo tienen fácil: traspásennos las competencias y los recursos económicos y lo haremos nosotros.
Por todo ello, y a pesar de que, como he dicho, nos parece hipócrita, por y con responsabilidad, votaremos a favor de esta propuesta.
Moltes gràcies. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Ruiz Navarro. (Aplausos).
El señor RUIZ NAVARRO: Con la venia.
Señorías, la PNL que nos trae el Grupo Popular pone sobre la mesa una realidad incuestionable, que el izquierdismo maltrata sistemáticamente a los trabajadores públicos, a las administraciones públicas y, por supuesto, también a la gente.
Estas son las líneas reales del programa de socialistas y comunistas; socialismo real lo llaman. Y mientras a los políticos socialistas y a los comunistas se les llena la boca hablando de lo público y toman las calles anunciando el apocalipsis
social y climático, la verdad es que bajo sus Gobiernos se deteriora todo lo público a causa de sus políticas sectarias y alejadas de lo que los españoles necesitan.
La Administración de la Seguridad Social es un ejemplo de lo poco que les importa lo público. Son muchas las denuncias alertando de que es imposible obtener cita previa para realizar cualquier trámite -ya lo hemos oído aquí- para, por
ejemplo, cobrar la prestación de jubilación. ¿Y por qué? ¿Por qué ha de ser obligatorio pedir cita previa para que a un español le atiendan en una oficina pública que paga él? ¿Por qué? ¿Por qué se maltrata especialmente a nuestros mayores de
esta forma? Señorías, ¿existe vida más allá de la cita previa? ¿Sí? Pues no porque la propia web de la Seguridad Social informa en letra destacada de que la atención al ciudadano en las oficinas requiere disponer de una cita, citas que se ha
convertido en una forma de negocio para algunos espabilados y citas que, cuando se consiguen, pueden demorar la atención más de un mes, a lo que hay que sumar el tiempo propio de tramitar un expediente en la oficina. Resultado: varios meses hasta
empezar a cobrar una prestación. ¿Es que los españoles no pagamos ya bastantes impuestos? ¿O es que los gobiernos socialistas y comunistas se gastan el dinero público en cuestiones ajenas al bien común? (Aplausos). Y, claro, luego ya no queda
nada para lo importante.
Veamos. Según denuncia el sindicato CSIF, la Seguridad Social ha perdido aproximadamente 10 000 plazas de funcionarios en los últimos diez años, lo cual aboca a una situación crítica a más de un centenar de oficinas e imposibilita una
atención presencial de calidad en muchas de ellas. Pero es que también, por ejemplo, Correos, esa empresa pública gestionada por un amigo de Sánchez, ha perdido 8000 puestos de trabajo en los últimos cuatro años y acumula, a pesar de ello, una
deuda de 800 millones de euros. El SEPE en diez años ha perdido 3800 efectivos y, recientemente, se ha echado a la calle a otros 1500 interinos que tenían experiencia.
¿Hablamos de los funcionarios de prisiones? Pues claro que hablamos. La falta de efectivos vuelve la situación todavía más dramática porque se juegan la vida cada día. Cada plaza que no se cubre convierte la jornada laboral de estos
funcionarios en una trágica aventura, la de acabar el día sanos y salvos. Pero curiosamente este año España ha batido el récord de empleados públicos, con más de 3,5 millones. Lógicamente, uno se pregunta dónde está todo ese personal. Desde luego
no está atendiendo el interés general de los españoles porque el socialismo no gobierna para la gente, sino para su gente. (Aplausos). ¿Saben dónde está? En esas agencias, observatorios y administraciones paralelas creados por los socialistas
como refugio para enchufados, como la de Andalucía, esa del WordPerfect -¿se acuerdan?- que el PP de Juanma Moreno no se atreve a cerrar. Pero, claro, ¿qué se puede esperar de los populares cuando recogen en la exposición de motivos de esta PNL
una mención lastimera de que el Gobierno se ha olvidado de cumplir las metas de esa Agenda 2030 de la Internacional Socialista? Menos mal que ustedes también se han olvidado de incluir esta Agenda 2030 en el petitum, porque, si lo hubieran
incluido, tendrían nuestro voto en contra ahora y siempre como lo tiene Sánchez, que merece ser censurado. (Aplausos). Por eso, señorías del Partido Popular, les invito a que abandonen las agendas globalistas y a que se centren en lo que importa a
los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Señora Rodríguez Herrer, ¿acepta su grupo las enmiendas presentadas?
La señora RODRÍGUEZ HERRER: No, no estamos de acuerdo con ellas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (La señora Rodríguez Herrer pide la palabra). Dígame, señoría, en base a qué artículo.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: En base al artículo 71.3 del Reglamento, que dice que cuando se emite...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Sí, pero en base a qué artículo.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Al 71.3 del Reglamento.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Sí, ha pedido la palabra en base a ese artículo, pero qué artículo cree usted que se ha...
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Porque por la portavoz del Grupo Socialista, la señora González, se han emitido opiniones que dañan gravemente la reputación de nuestro grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señoría, pero no considero que se haya pasado.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: ¿Usted entiende que no se ha...?
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Protestas).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL BONO SOCIAL ELÉCTRICO Y EL BONO SOCIAL TÉRMICO. (Número de expediente 162/001111).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el bono social eléctrico y el bono social térmico.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Renau Martínez.
El señor RENAU MARTÍNEZ: Buenas tardes, señorías.
Esta legislatura ha estado marcada por una lucha constante contra todo tipo de adversidades. Es la legislatura de la pandemia, es la legislatura de la guerra en Ucrania, es la legislatura de la crisis energética global y es la legislatura
en la que se podrían haber tambaleado los cimientos del Estado del bienestar y, sin embargo, es la legislatura en la que nos hemos hecho más profundos y más fuertes que nunca.
En este tiempo hemos demostrado que se puede afrontar una crisis desde la defensa y el fortalecimiento de los derechos y no desde los recortes, como se hizo la década pasada. Esta ha sido la legislatura del escudo social, de las vacunas, de
los ERTE que han salvado millones de empleos, de las subidas del salario mínimo interprofesional y de la creación del ingreso mínimo vital. En esta legislatura hemos visto nacer nuevos derechos y nuevas ayudas y hemos reforzado los que ya existían
como el bono social que, en esta crisis energética global sin precedentes que hemos vivido, se ha convertido en una ayuda esencial para las familias más vulnerables de nuestro país.
En un tiempo en el que el precio de la energía se ha convertido en la noticia con la que desayunábamos cada mañana; este Gobierno ha desplegado infinidad de medidas que han servido para poner freno a esta escalada. Durante estos años se
han reducido o eliminado los impuestos a la electricidad y los cargos del sistema eléctrico, se ha reducido el IVA del 21 al 5 %, ha habido bonificaciones a los carburantes y se han puesto en marcha nuevos impuestos a los beneficios extraordinarios
de las grandes empresas energéticas para repartir este peso entre todos los hombros de este país. Asimismo, se ha creado la excepción ibérica, que nos ha permitido tener a día de hoy los precios de la electricidad más bajos de toda Europa, y con
ella hemos ahorrado 5000 millones de euros, que no han pagado las familias de este país. (Aplausos). Y en todo este tiempo se ha ido fortaleciendo el bono social continuamente año tras año, ofreciendo más apoyo cada vez a más gente; se ha
ampliado el umbral de renta necesario para que pudiera llegar a más familias; se ha creado una nueva categoría para incluir a más hogares dentro de las ayudas, y se ha incrementado el importe de estas ayudas para que se haga entre un 65 un 80 % de
descuento en la factura eléctrica, a lo que hay que sumar entre 40 y 375 euros del bono social térmico, una ayuda adicional creada por este Gobierno en 2018.
En el Partido Socialista siempre defendemos las medidas que sirven para redistribuir la riqueza del país y para proteger a los más vulnerables, y creemos que el bono social está cumpliendo con estos dos objetivos,
pero también creemos que todas las políticas públicas, todas sin excepción, son siempre susceptibles de ser mejoradas. Creemos que se deben evaluar y por eso pensamos que es un buen momento para coger perspectiva y valorar cómo podemos
mejorar este bono social, porque este es nuestro objetivo y porque lo que queremos es mejorarlo día a día para reforzar nuestro Estado del bienestar.
En este momento en España hay un millón trecientos mil hogares acogidos al bono social, pero con este dato tenemos que hacernos unas cuantas preguntas, pero preguntas sinceras. ¿Todas las familias que necesitan el bono social están
accediendo a él? Y a la inversa, ¿todas las familias que están accediendo al bono social lo necesitan? Sabemos que existen hogares en España que cumplen con todos los requisitos necesarios y que no están accediendo a las ayudas. ¿Es porque no les
llega la información necesaria o porque es difícil tramitar la solicitud? ¿Es porque no disponen de ayuda? ¿Están colaborando las eléctricas? ¿El algoritmo que utilizan funciona sin fallos? Hay familias que no cumplen con los requisitos. ¿Los
umbrales de renta son los adecuados? ¿Se están quedando fuera de las ayudas familias que las necesitan?
A veces no es solo una cuestión de ingresos y se establecen también circunstancias especiales para las familias con personas con discapacidad o con personas dependientes. ¿Están bien ajustados estos casos? Pensemos en los
electrodependientes, por ejemplo. ¿Quiénes siguen tratamientos crónicos domiciliarios deberían tener derecho al bono social, independientemente de sus ingresos? Porque hay beneficiarios en este país que no están sujetos a criterio de renta.
Pensemos en las familias numerosas, por ejemplo, que tienen derecho al bono social, independientemente de su nivel de ingresos y que, de hecho, suponen un porcentaje muy elevado de los perceptores. Efectivamente, habrá familias numerosas que sin
duda necesitan el bono social eléctrico, pero hay otras que seguramente no. ¿Debe disponer del bono social alguien a quien no le hace falta? Porque con esos recursos podríamos llegar a más hogares que los necesitan de verdad.
Solemos subir a esta tribuna creyendo que tenemos todas las respuestas; venimos, exponemos nuestras ideas, defendemos nuestras propuestas e intentamos convencer a los demás. Hay dos enmiendas a esta iniciativa del señor Mazón y de
Ciudadanos, que realmente agradezco porque pretenden aportar a este debate. Hay otra de VOX que va en su línea habitual: su obsesión con las nucleares, sacar más petróleo, gas y derogar la Ley de Cambio Climático, todo relacionado con esto. Con
ello básicamente demuestran lo poquito que les importan las familias españolas porque en absoluto han hablado de lo que pretende esta proposición no de ley, que son las ayudas a quienes más las necesitan. (Aplausos). Decía que, aunque agradezco
las dos enmiendas que se han presentado porque intentan aportar al debate, hoy me parece más importante que nos hagamos preguntas como las que me he planteado porque son muchas las preguntas que nos podemos hacer y que necesitan respuesta. Pero
para poder obtener respuestas es necesario que haya un estudio profundo que nos ofrezca una fotografía real de las necesidades energéticas de las familias de nuestro país y de cómo cubrirlas.
La energía es un bien de primera necesidad, es esencial para cualquier hogar, es indispensable para cualquier familia y es básica para poder desarrollar cualquier proyecto de vida. Este Gobierno está trabajando desde el primer día para
conseguir que esto sea así y, pese a las circunstancias que hemos vivido a nivel global y pese a todos los problemas que nos hemos encontrado en el camino, estamos en el camino correcto para lograrlo, pero debemos asegurarnos de que nadie se quede
atrás porque estamos inmersos en una transición energética que debe ser justa. Con esta proposición no de ley le pedimos al Gobierno que lleve a cabo un estudio que permita reformar los actuales bono social eléctrico y bono social térmico y que se
conviertan en un bono social energético que llegue a todas las familias que realmente lo necesitan para cubrir todos los requerimientos energéticos de todos los hogares de este país, todos y cada uno de ellos, en función de sus necesidades y que, de
una manera objetiva, sirva para ofrecer oportunidades para proteger a los hogares y a las familias. En definitiva, para hacer que el bono social sea más completo, más efectivo y más justo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes. Señorías, en varias ocasiones he insistido desde esta tribuna en la necesidad de establecer un sistema de carácter universal que establezca un precio fijo y aceptable para un consumo básico, tanto eléctrico como térmico, para
todos los ciudadanos.
Hoy casi todos compartimos que hay unos mínimos vitales que el Estado debe garantizar para que los ciudadanos no caigan en situaciones de vulnerabilidad incompatibles con estos tiempos y, al margen de medidas económicas de carácter
monetario, como el salario mínimo vital y otros tipos de ayudas dirigidos a colectivos concretos, y al igual que el Estado garantiza unos servicios públicos gratuitos y universales como la educación, la sanidad o la ayuda a la dependencia, el
consumo de agua, de luz y energía para la calefacción y agua caliente, que son también servicios públicos, aunque sean gestionados en gran medida por el sector privado, deberían estar sometidos también a un régimen de carácter social que evitara los
sobresaltos que padecen la mayoría de los hogares españoles cuando a fin de mes llega la factura de la luz o del gas. Este planteamiento no es novedoso, pues ya está establecido en muchos lugares en servicios como el abastecimiento de agua, el
saneamiento, la recogida de basuras, etcétera, y funciona sin mayores complicaciones. Claro que sabemos que puede tener más o menos dificultades, pero es totalmente posible, especialmente en un sector como la energía, que siempre ha estado
intervenido por el Estado.
Además de la conveniencia de establecer medidas de progresividad en el aspecto económico, que, por otra parte, es un imperativo constitucional, tendría como efecto colateral un incentivo poderoso para el ahorro energético, pues, una vez
superados unos determinados mínimos de consumo, el mercado operaría y no tendría que someterse a esos precios fijos, y esto llevaría al consumidor a cuidar de su salud y de su economía particular. Se puede jugar con los valores de la potencia o del
precio del kilovatio hora de consumo. Un ejemplo muy sencillo sin ánimo de visualizarlo: si se establece un precio fijo para la potencia, pongamos, de 3,5 kilovatios de 10 euros al mes y un precio entre 5 y 10 céntimos para un consumo de hasta 100
kilovatios hora al mes, todos tendríamos un precio todos los meses de 15 o 20 euros, pero a partir de ahí ya operaría la progresividad. Por supuesto que en la factura de la luz influyen otros costes, como los peajes, el impuesto especial sobre la
electricidad, el impuesto sobre la producción, etcétera, y hasta el coste del bono social, que, por cierto, asumimos todos en la factura por una negligencia de este Gobierno corregida por la Unión Europea. Además, existen variaciones en las franjas
horarias, etcétera. Todo esto hace que la factura de la luz sea muy complicada, en realidad mucha gente no la entiende y necesita una simplificación. Es una obligación y es uno de los objetivos de nuestra enmienda, otro argumento a favor de su
toma en consideración. Pero para contemplar todo esto que digo estaría el análisis que propone la proposición no de ley del Grupo Socialista, porque se supone que el ministerio dispone de medios y herramientas, o al menos podría contratarlas, para
realizar un estudio en profundidad acorde con nuestros tiempos. Este sistema, al ser universal, sería compatible con el bono social eléctrico, con el térmico y con otro tipo de ayudas monetarias que contemplen las distintas situaciones personales y
familiares o incluso profesionales.
Finalmente, esta enmienda pretende además evitar que este tipo de iniciativas parlamentarias se conviertan en un brindis al sol, llenas, sí, de palabras, de buenas intenciones, pero sin medidas concretas. En resumen, defensa de los
consumidores, ahorro energético, simplificación de facturas e iniciativas parlamentarias que sirvan para algo. Esta PNL que presenta el Grupo Socialista es hoy una buena oportunidad para que los distintos grupos políticos de esta Cámara puedan
posicionarse sobre esta propuesta. Hasta hoy hemos podido expresarlo en distintos debates sin ocasión de someterla a la consideración de sus señorías. Yo espero que el Grupo Socialista la admita y se pueda someter a votación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Señorías, señor Renau, no sé qué decirle. Tengo que reconocer que, cuando estaba leyendo esta proposición no de ley, mi compañero Juan Ignacio López-Bas, me escribe y me dice: ¿esto no te suena a ti de algo? Y yo le decía: me quiere
sonar, pero ahora mismo no caigo. Me refiero al texto, a lo que piden exactamente en esta proposición no de ley, a esto que dice de que el Gobierno realice un análisis sobre el bono social térmico y eléctrico para ver si los descuentos son
suficientes para proteger a los hogares más vulnerables y que, cuando tengamos los resultados, se adopten las medidas que procedan. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Realmente nos sorprende mucho por muchísimas cosas. De hecho,
estábamos con el runrún de decir: esto me suena a mí de algo, esto yo ya lo he leído en otro sitio, y hace poco relativamente. Nos llama la atención que con la línea directa que deben tener con los ministerios nos pidan ayuda en una proposición no
de ley para pedirle algo al Gobierno. Pero tengo que decir una cosa:
nosotros nos fiamos bastante poco de que el Gobierno cumpla con ciertas cosas. Parece que el Grupo Parlamentario Socialista también se fía poco de que cumplan ciertas cosas, y la verdad es que me parece algo ya un poco sobreactuado, porque
que el propio Grupo Socialista le pida al Gobierno, que es de su partido, que haga algo, como usted comprenderá nos llama la atención, sobre todo porque creemos que no tienen comunicación con ellos o que realmente no saben por dónde meterle mano o
no saben qué traer aquí. Pero no sólo nos sorprende esto, también nos sorprende cómo lo piden, es decir, analicen lo que han implementado y ya en otro momento vemos qué hacemos. Usted habla de que estamos en un momento de contestar a una serie de
preguntas, y esto de su intervención sí que me ha sonado muchísimo a algo que he leído hace poco. Como le digo, leyendo su proposición no de ley, que comentaba con mi compañero Juan Ignacio, digo: chico, que esto va a ser lo de la evaluación de
las políticas públicas. ¡Sorpresa! Sí, hace cosa de unos meses, concretamente el 20 de diciembre, se publicó en el BOE la Ley 27/2022, de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado. Sí, el
20 de diciembre. Entiendo que les cogió con la lotería, los regalos de Navidad y no se acordaban, pero también le digo que el señor Aceves, que fue ponente de esa ley, podría haberle dicho, igual que me dijo mi compañero Juan Ignacio, que esto que
ustedes piden aquí ya está recogido en esa ley de evaluación de políticas públicas. Entonces me parece ya tremendo que vengan ustedes a decir al Gobierno que cumpla con una ley que aprobó hace relativamente poco. Sí, no me ponga esa cara, señor
Renau, es así. En esta ley los artículos 1 a 4 son los que explican qué es la evaluación de políticas públicas, para qué hay que hacerla y eso que ustedes piden, eso de hacer lo que proceda. En el artículo 4 la letra a) dice: 'Optimizar el
proceso de toma de decisiones públicas, sugiriendo recomendaciones sobre su diseño e implementación'. ¿Qué les parece? Que esto ya estaba inventado y además estaba traído por su Gobierno, la ley de evaluación de políticas públicas.
La verdad es que cuando uno ve esta proposición no de ley piensa: ¿están haciendo campaña? Pues sí, un poco de campaña sí que están haciendo, porque ha hecho usted un recorrido por todas las cosas maravillosas que ha hecho este Gobierno.
Le digo más. Usted pide que haga esa evaluación el ministerio. Hombre, claro, estando en campaña estaría bueno que ese informe no saliera diciendo que todo está maravillosamente hecho. No, mire usted, esa misma ley -en ese sentido va nuestra
enmienda- ya dice en su artículo 3 que las evaluaciones ex post de una revisión del gasto público -cosa que es, esto es gasto público- que se consideren necesarias debe realizarlas la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF. Por
eso, hemos pedido a través de una enmienda que sea la AIReF quien haga esta evaluación, pero no nos lo hemos inventado nosotros, ya está en la ley de evaluación de políticas públicas, o sea, que si no cumplen ustedes con su propia ley, apaga y
vámonos. Por eso, hemos querido presentar esta enmienda, para que se cumpla estrictamente con esta ley. Después hemos presentado otra enmienda, una enmienda de las cosas de verdad, de las que hay que hacer, que es terminar con la reforma del PVPC,
que desde octubre del año pasado la tienen pendiente. La ministra Ribera lo sabe, usted lo sabe, yo lo sé, y eso es lo que realmente necesitamos ahora. Por eso, señor Renau, si usted no acepta nuestra enmienda es que no quiere cumplir con la ley
de evaluación de políticas públicas, con una ley que ha traído este Gobierno hace cuestión de un par de meses. Así que ya les digo, repiénsese aceptarnos la enmienda porque, si no nos la acepta, irá en contra de su propia ley.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muy buenas tardes.
El Partido Socialista presenta una proposición no de ley que es simplemente inexplicable y que no tendría ningún sentido si no estuviesen calentando motores para la campaña electoral. Se lo voy a explicar claramente. Para los españoles que
nos escuchen desde casa, la palabra PNL, que se utiliza muchísimo en el Congreso, no querrá decir nada, no comprenderán muy bien qué quiere decir. PNL significa proposición no de ley, es una iniciativa parlamentaria no legislativa que sirve para
instar al Gobierno a hacer algo. Es decir, lo presenta un grupo parlamentario que pide al Gobierno: oigan, señores del Gobierno, hagan por favor esto. Bueno, pues esta PNL la presenta el Grupo Parlamentario Socialista para pedirle algo al
Gobierno socialista. Oigan, les recuerdo que están ustedes en el ministerio; que si quieren llevar a cabo un estudio, que es lo que piden, que lo lleven a cabo. ¿Tienen ustedes que traer aquí una iniciativa en la que fingen pedir al Gobierno?
No, señores, que no les engañe el Partido Socialista, lo que quieren
hacer aquí es escenificar que ellos cuidan, nosotros protegemos, todo el discurso buenista que traen ustedes siempre, cuando en realidad es completamente falso y ahora se lo voy a explicar.
El Partido Socialista quiere que se reevalúe, estudie y analice el bono social térmico que lleva cinco años en vigor; bono social térmico que ustedes crearon, y la pregunta que todos los españoles se harán es la siguiente: ¿es que ustedes
no llevaron a cabo estudios antes de aplicarlo? Oiga, que es que han modificado el bono social térmico hasta en tres ocasiones. ¿Es que no han llevado a cabo estudios antes de hacer estas modificaciones? Es absolutamente inexplicable. ¿A estas
alturas viene el PSOE a fingir que se pide a sí mismo hacer un estudio? (Aplausos). Me parece a mí que deben ver ustedes la campaña electoral muy cruda si tienen que saltar con estos fuegos de artificio para intentar colorear un poco la escena.
Pero la realidad es que su bono social térmico es un desastre y también lo voy a explicar.
El bono social térmico se guía por una cuestión, que es el índice de pobreza; el índice de pobreza a su vez se basa en muchos indicadores, es relativamente complejo el cálculo, y uno de estos indicadores es una estadística que se llama:
aquellas personas que tienen dificultades para mantener una temperatura aceptable en el hogar. ¿De acuerdo? Que los españoles nos entiendan, hay un índice que hace este cálculo, cuántas personas en España tienen dificultades para mantener su hogar
a una temperatura aceptable. Pues bien, cuando el Partido Socialista entra en el Gobierno en el año 2018 era un 9 % de los españoles; hoy en día, año 2021, es un 14,3 % de los españoles. Es decir, durante su Gobierno se ha multiplicado el número
de españoles que tienen dificultades para mantener su hogar a una temperatura aceptable (aplausos), y esto lo dice el Observatorio de la pobreza y la desigualdad, no lo digo yo. El PIB per cápita medio cuando ustedes entraron al Gobierno era de 26
000 euros, ahora es de 23 000; se han perdido 3000 euros de PIB per cápita medio en España. Estos son 250 euros menos al mes de media en cada hogar español durante su Gobierno. ¡Esto es un desastre! ¡Esto no hay bono social térmico que lo
solucione! Porque el bono es una ayuda que se presta a los españoles -como es lógico- que se encuentran en dificultades, pero es que con ustedes en el Gobierno se multiplica el número de españoles que están en dificultades. Y mientras este número
crece y crece y cada vez hay más españoles y más familias a las cuales les cuesta mantener la temperatura en su hogar y a las cuales les cuesta llegar a fin de mes, la presión fiscal ha crecido. Cuando ustedes llegaron al Gobierno en el año 2018 la
presión fiscal media en España era del 35 % y ahora en el año 2021 la presión fiscal media está en el 39 %. La situación en España se recrudece y ustedes cada vez exprimen más a los españoles, sin importarles si están o no en dificultades. ¿Y
quieren traer un estudio y un análisis del bono social térmico? Lo que tienen que hacer es mejorar la vida de los españoles, que es para lo que ustedes están en el Gobierno, o deberían. (Aplausos). Pero, además, lanza una serie de preguntas, una
de las cuales es: ¿Todos los españoles que están recibiendo el bono social térmico lo necesitan? ¿Es que quieren quitarles todavía el bono social térmico a algunos españoles? Vienen y dicen: ¿Todas las familias numerosas que reciben el bono
social térmico lo necesitan? O sea, están diciendo claramente que lo que quieren hacer...
La señora PRESIDENTA: Señor Figaredo, tendría que terminar, por favor.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: ... es quitar el bono social térmico a algunos de los españoles y quitárselo a las familias numerosas. Son ustedes un auténtico desastre y lo hacen a cara descubierta. Así que, señores, lo que ustedes
necesitan no es evaluar el bono social térmico sino ser censurados y poner los pies de una vez en la calle.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Figaredo.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, presidenta.
Yo creo que la propuesta que debatimos hoy aquí, la proposición no de ley, es una propuesta bienintencionada; no tengo ningún reparo en tildarla de esa forma. Sí que creo que con la parte propositiva tan escueta se queda en buenista,
porque al final plantear al Gobierno que se haga un estudio no parece una medida de largo alcance, y en cualquier caso lo que puede sembrar es una cierta duda entre la gente. Es decir, ¿pero es que el Gobierno, que es quien recepta todos los datos,
no tendría que conocer de antemano cuál es la situación actual? Es decir, ¿es necesario que se haga un estudio para que quien
computa y recopila todos los datos sepa cuántos bonos sociales térmicos y eléctricos se están dando, sepa cuál está siendo el alcance? ¿Necesita un estudio, cuando lo tendría que tener, ya no digo en tiempo real, pero sí al menos con una
cierta periodicidad? En cualquier caso, sin aventurarme a lo que pueda decir ese estudio, no es difícil concluir que el estudio va a decir que sí, que las ayudas son insuficientes. Luego le explico porque lo creo, no por una voluntad de zaherir al
Gobierno, ni mucho menos.
Creo que, ya que hablamos de medidas que no resultan del todo útiles, tendríamos que poner encima de la mesa siquiera como ejemplo, para ver por qué estamos teniendo dificultades para que las medidas que aquí se aprueban, que van en la buena
dirección, luego no alcancen a toda la gente a la que tendrían que alcanzar, por ejemplo, el de las calderas comunitarias y la TUR. Qué está pasando para que una medida que se tomó para dar respuesta a un colectivo relativamente amplio de la
ciudadanía esté siendo acogido o receptado por tan poco porcentaje de esa misma población que tanto lo necesitaba. ¿Qué puede estar fallando? ¿La comunicación quizás? ¿Puede estar fallando la colaboración de las empresas comercializadoras?
Probablemente por ahí tengamos alguna pista. Pero es evidente que hay que hacer algo porque el presente ya nos asfixia y el futuro no se presenta mucho mejor. Hay quien dice -y sabe bastante más de esto que muchos, probablemente, de los que
estamos aquí- que el gas no va a bajar hasta dentro de dos o tres años como pronto, es decir, que nada prevé una bajada repentina. En cualquier caso, usted ha dicho en la presentación de la proposición no de ley que era vocación de su partido la
redistribución de la riqueza del país. Ya me parece bien, yo con eso estoy de acuerdo, pero yo creo que es mucho más efectivo para la redistribución de la riqueza aumentar los impuestos a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas.
Digo más, aumentar más; 1500 millones, no; más, bastante más, porque bastante, bastante más es lo que han ganado. Yo creo que ahí no hay que ser tímidos. También creo que no hay que ser tímidos a la hora de plantear sanciones más severas para
infracciones que sabemos que de manera reiterada han venido cometiendo, por coger un lapso temporal, si quieren, durante estos últimos veinte años las grandes empresas eléctricas de este país, que han visto cómo les rentaba hacer una práctica ilegal
o alegal porque la sanción era menor que lo que ganaban haciéndola. Por tanto, yo creo que hay indicadores.
Le decía antes que seguramente el estudio va a decir que no llega a todos los hogares por una cuestión de números. Es decir, si la encuesta del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que publicó en 2021 y que hacía alusión a la
encuesta de condiciones de vida del año 2020 ya decía que en el Estado español hay 13,1 millones de personas, que son el 27,8 % de la población, en situación de pobreza, vulnerabilidad o en riesgo de exclusión, si ese mismo estudio nos decía que 10
285 517 personas están en pobreza como efecto de la COVID o que la pobreza o la exclusión azota al 54,3 % de los hogares monoparentales o monomarentales, parece evidente que, viendo los números de personas que se han acogido a estos bonos sociales,
hay muchísima gente que no está ahí, porque como la propuesta habla de un 1,27, estoy hablando de memoria, 1 270 000 hogares que se han podido acoger a esto, si hay 13 100 000 personas en situación de pobreza o exclusión y, por tanto, potenciales
beneficiados de ese bono social, salvo que sean casas colapsadas de gente en un país demográficamente cada vez más hundido, parece fácil concluir que hay mucha gente a la que esto no le está llegando.
Termino ya con un repaso a las diferentes enmiendas que se le han planteado. A mí la enmienda que plantea el Partido Regionalista de Cantabria me parece bien. Creo que habla de la necesidad de dotar de carácter de derecho básico a
elementos como la calefacción, el agua, el acceso a la electricidad y demás, pero quizás olvida una cosa, que para que todo eso se pueda llevar a efecto hay que tener una vivienda y que igual lo que habría que hacer es que el derecho a la vivienda
también fuera un derecho básico fundamental, que es lo que no está reconocido en este ordenamiento jurídico.
Con respecto a la otra propuesta de enmienda que se ha hecho, la de VOX, yo creo que es un poco más de lo mismo, pero hay dos elementos que llaman la atención. Cuando habla de la derogación de la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, pues hombre, uno ve la intención del proponente de convertirse en la némesis de Greta Thunberg. Está un poco en esa trayectoria hasta que lo consigue. Y luego está la otra, que es la nuclearización total del Estado español o la
renuclearización total del Estado español, que a uno le lleva a concluir que aquí lo que hay es una mixtura o un trasunto del señor Burns como director de la nuclear o de Homer Simpson como operador de la misma, todo un riesgo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Garantizar la igualdad de acceso a la energía y a la seguridad del suministro energético con un coste asequible, desde luego es una prioridad para la Unión Europea y sus Estados miembros. Es verdad que ante la subida de los precios de la
energía cada vez son más las ciudadanas y ciudadanos que están afectados por la pobreza energética en toda Europa. Y quienes ya se estaban enfrentando a la pobreza energética han visto cómo su situación ha empeorado en el actual contexto y, además,
ha hecho que personas que en el pasado no tenían problemas para pagar sus facturas, ahora lo tengan o corran el riesgo de llegar a la pobreza energética. En el 2020 ya el 8 % de la población de la Unión Europea decía que no podía calentar su hogar
de forma adecuada. Una cifra, desde luego, que se habrá incrementado desde el 2021 en el que los precios de la energía comenzaron a aumentar y se han recrudecido a partir de marzo de 2022 por la guerra de Ucrania que, además, ha demostrado la
dependencia energética de los Estados miembros de las importaciones de energía. Pero, además, hay que decir que la pobreza energética es consecuencia de una combinación de otra serie de factores como, por ejemplo, pueden ser los bajos ingresos,
edificios y aparatos ineficientes, falta de información, dificultad para acceder, entre otros, a todos estos incentivos para reducir el consumo de energía y las ayudas, como ya se ha dicho aquí, y no podemos caer en contemplaciones. Es cierto que
los gobiernos y las comunidades autónomas han puesto en marcha numerosas iniciativas para combatir la pobreza energética, ahí está el bono eléctrico y el bono térmico, pero es verdad que no nos podemos quedar solo con las ayudas para paliar el
aumento de los precios energéticos. Creemos que se trata de ir más allá y, en este sentido, pensamos que hay que abordar la pobreza energética desde un enfoque, desde luego, mucho más integral que hacerlo desde una perspectiva solo de una crisis
excepcional en un momento determinado. Porque la pobreza energética existe, no es algo nuevo; existe desde antes de la pandemia y desde antes de la guerra de Ucrania. Es un problema, como he dicho, en el que la Unión Europea ya había puesto el
foco, y por eso creemos interesante que se pueda realizar un estudio para que podamos analizar y comprender este fenómeno con datos estadísticos, teniendo en cuenta las particularidades de las distintas familias, de las distintas comunidades
autónomas, porque no hay que olvidar también que son los propios servicios sociales de las comunidades autónomas los que manejan estos datos y los que conocen a las familias en situación de vulnerabilidad. Pero, además, creemos que también es
necesario un análisis mucho más pormenorizado del impacto de estas ayudas, las ayudas que hasta ahora han sido diseñadas, todo ello para poder abordar y diseñar planes o políticas para erradicar, como he dicho, la pobreza energética, integrando
todos los instrumentos tanto políticos como financieros que pueden estar a nuestro alcance.
Señor Renau, tengo que afearle un poco la propuesta que trae aquí, porque obedece más a una campaña quizá de hacer algo de marketing, porque se lo ha dicho la señora Martínez Granados, de Ciudadanos, que ya hay una ley de evaluación de
políticas públicas. Digo que ha hecho un poco de marketing político en cuanto a las medidas en relación con el escudo social porque nos ha dicho todas las que se han ido implantando, y también es cierto que se han podido implantar todas estas
medidas precisamente porque la Unión Europea ha adoptado una política muy diferente a la que adoptó en el 2008, es decir, políticas expansivas y no políticas restrictivas. Pero es que, además, si yo no he leído mal, creo que ese estudio al que
usted se refiere ya ha comenzado a dar sus primeros pasos porque precisamente el IDAE acaba de iniciar en diciembre un estudio informativo o de monitorización de la pobreza energética mediante el cual se pretende mejorar el conocimiento actual sobre
la vulnerabilidad energética de los hogares del Estado. Un estudio, por cierto, que responde al requerimiento establecido en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, cuyo objetivo precisamente es que ese estudio contribuya a
un mejor conocimiento de la pobreza energética en España, posibilitando con ello el diseño de medidas efectivas orientadas a paliar esta problemática, disminuyendo su incidencia. Esto no lo digo yo, señor Renau, es que lo dice el propio IDAE en su
página web. Por cierto, además, el IDAE ya ha sacado a concurso público este estudio a través de una UTE. Por eso decimos que está bien, pero la siguiente vez tráigannos algo nuevo o mejor.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Evaluar el bono social eléctrico y térmico para saber si es suficiente. Creo que puedo decir sin miedo a equivocarme que, si está bien hecho, el resultado va a ser que sí, porque hay millones de personas que
tienen dificultades para asumir el coste de la energía eléctrica, para calentar su hogar o para hacer la comida, pero no le va mal a todo el mundo. Fíjese en estos datos: 8378 millones de euros de beneficio de las tres grandes empresas
eléctricas, 1878 millones más que el año pasado, casi un 30 % más que el año pasado. Y ustedes siguen diciendo que la culpa es de Putin y, claro, salvo que descubramos que Putin es accionista de Iberdrola, algo tendrá que ver una regulación del
sistema eléctrico que favorece de forma escandalosa al oligopolio y que ustedes se niegan a modificar. Por eso, además de modificarlo, habría que topar el precio de la electricidad y el precio del gas, como habría que topar el precio de los
alimentos. Otro dato, 7,6 % la inflación subyacente, por tercer mes consecutivo por encima de la general y, claro, sale un señor como Juan Roig a decir:...
La señora PRESIDENTA: Señor Rego, tiene usted que terminar, por favor.
El señor REGO CANDAMIL: ... subimos los precios una burrada, pero nos vende que menos mal que los subieron porque si no sería un desastre. Creo que hacer políticas de izquierdas es otra cosa.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Errejón. Galván.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Señora presidenta, señorías, en España mueren seis veces más personas al año por pobreza energética que por accidentes de tráfico. En esta proposición no de ley el Grupo Socialista insta al Gobierno, es decir, que
un poco el Gobierno insta al Gobierno, a realizar un análisis sobre el bono social eléctrico y el bono social térmico para ver cómo están funcionando. Yo les diría que no hace falta mucho análisis, en realidad nos lo podemos ahorrar. No están
funcionando bien. En España hay 2,6 millones de familias en situación de pobreza energética y solo un tercio de ellas recibe el bono. ¿Por qué ocurre esto? Porque la gente que más lo necesita es gente que está en riesgo de exclusión social, gente
que es más mayor, gente que tiene vidas más difíciles, que no tienen toda la información o que les cuesta más cumplimentar los trámites. Así que se acaban perdiendo en laberintos burocráticos para acceder a algo que no es una limosna, que es un
derecho.
Fíjense qué diferencia con las grandes empresas, que cuando quieren acceder a la lluvia de millones de dinero público, por ejemplo, a los fondos europeos, tienen a su disposición ejércitos de abogados, carísimas consultoras y todos los
contactos para enterarse y ser los primeros en cobrar y recibir las ayudas. Por eso, el Estado no se puede comportar igual con los desiguales. A los fuertes hay que supervisarlos y controlarlos para evitar abusos. Con los vulnerables hay que
hacer todo lo contrario, el Estado no puede limitarse a esperarlos detrás de murallas de burocracia, tiene que automatizar la concesión de los bonos y salir a buscar a quienes tienen derecho a ellos, con llamadas, cartas, puntos físicos de
información o ayudas para los trámites. Si es un derecho, hay que facilitarlo y no esconderlo, porque, si no, los grandes seguirán cazando todas las ayudas, mientras los pequeños no llegan ni a las pocas que tienen reconocidas.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Errejón.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, presidenta.
(Comienza su intervención en catalán). Hoy el PSOE nos presenta una iniciativa sobre el bono social eléctrico y térmico, en la que se piden a ellos mismos, es decir, el PSOE insta al PSOE, a realizar un estudio. Señor Renau, háganlo.
Hagan el estudio, si están ustedes en el Gobierno. Si hay voluntad política de hacer alguna cosa, se hace y punto. Cuando ustedes han querido compensar a las grandes eléctricas españolas, lo han hecho. No han venido aquí y se han instado ustedes
a debatir o a preguntarnos si se debe compensar y si es momento para compensar a las grandes eléctricas españolas, lo han hecho y punto final. Esto se lo digo porque en esta iniciativa que hoy presentan -iniciativa por decirlo de alguna manera-
explican que ustedes han pagado 157 millones de euros en 2022 para ayudar a los ciudadanos que más lo necesitan a hacer frente a las facturas de la energía, que han subido muchísimo. Esto estaría muy bien si no fuera porque, en tan solo seis meses,
ustedes han pagado 3360 millones de euros a las grandes eléctricas españolas. Es decir, en un año, ustedes han pagado 157 millones para ayudar a los ciudadanos y en seis meses ustedes han pagado 3360 millones de euros para compensar a las grandes
eléctricas españolas, cuando estas han obtenido beneficios récord en los últimos meses. Supongo que esta información la tienen ustedes. No toca ahora compensar a las grandes eléctricas españolas, no toca cuando el 40 % de los ciudadanos
que tienen trabajo -los que tienen trabajo- no llegan a final de mes, cuando cuatro de cada diez jóvenes europeos que pierde el trabajo son españoles, cuando el paro juvenil en España llega al 30 %. Cada vez que el Gobierno español nos presenta una
iniciativa social, nosotros tenemos muy claro que lo que va a pasar es que se va a aumentar la cuenta de explotación de las grandes empresas españolas. Siempre ha sido sí y siempre va a seguir siendo así. (Termina su intervención en
catalán.-Rumores).
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Nogueras.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Qué complicado es intervenir de los últimos, cuando ya se lo han dicho a usted casi todo, señor Renau. Perdónenme las reiteraciones.
Leía yo la parte propositiva: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un análisis sobre el bono social eléctrico y el bono social térmico, que aborde si los descuentos existentes son suficientes para mantener la adecuada
protección de los hogares más vulnerables. Según los resultados de dicho análisis, se adoptarán las medidas que procedan'. Y me quedé mirando si seguía el texto, pero no había nada más. ¿En serio, señor Renau? ¿De verdad que no se hace de oficio
el seguimiento del impacto de las políticas públicas? ¿De verdad esta PNL es para pedirle al Gobierno que haga lo que debiera hacer? Porque es que no hay que ser ingenieros, señorías. Las ayudas eléctricas y de gas natural están, pero no llegan y
quedan desiertas, porque la población que puede pedirlas no las solicita, seguramente por desconocimiento. En algunos casos como el de la TUR vecinal, que es sangrante, el 90 % de estas ayudas quedan desiertas porque no se llegan ni siquiera a
solicitar. La TUR vecinal debía cubrir a 1,7 millones de hogares, y en el primer mes se acogieron dos comunidades. A fecha de hoy, hay apenas 4053 comunidades se han acogido a ella. En porcentaje se han concedido un 0,2 % de las ayudas, dicho de
otra forma, un 99,8 % todavía están desiertas. Tampoco el bono individual térmico está especialmente boyante. De momento ha cubierto a 2 297 000 consumidores, que no está mal, pero resulta que es el 40 % de los 5,7 millones a los que se podría
alcanzar.
Y si hablamos de luz, las cifras son igualmente desoladoras. El bono social eléctrico, que lleva en vigor desde septiembre del 2021, ha cubierto a 1 350 000. ¿Cuál es el problema? Que debería cubrir a un 1 900 000. ¿Qué está fallando?
Pues seguramente falla que no hablan ustedes con administradores y gestores de fincas, o que no hablan con los trabajadores de los servicios sociales de los ayuntamientos o de las ONG. Para pedir el bono social hay que adjuntar al modelo de
solicitud: fotocopia del NIF de todos los miembros del hogar, acreditación del estado civil mediante hojas de Registro Civil y, si es familia numerosa, documento que acredite, así como la documentación que acredite su renta o IMV. Y esto hay que
enviarlo a cada eléctrica y a cada gasista con teléfonos, emails variados y con grados distintos de diligencia. ¿De verdad, señor Renau, usted cree que en serio es necesario conminar al Gobierno a realizar un análisis -y perdóneme la expresión-,
para más recochineo, y según los resultados de dicho análisis, se adaptarán las medidas que procedan? Oiga, si ya sabemos que lo manda, como le han recordado, la vigente Ley de Evaluación de Políticas Públicas, si ya sabemos que el IDAE lo
anunciaba el 27 de diciembre. Si ya sabemos todo eso, ¿es necesario un concurso para encargarle este trabajo, a vaya usted a saber qué consultora, trabajo que ya debiera estar haciendo el Gobierno y los partidos que lo conforman? Por cierto,
¿cuánto nos va a costar ese trabajo?
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Jover Díaz.
La señora JOVER DÍAZ: Buenas tardes, presidenta, señorías.
Según el último informe de indicadores de pobreza energética, más de dos millones de hogares en España han sufrido pobreza energética a lo largo de este invierno. Han tenido que decidir entre encender la calefacción o comer saludablemente,
una decisión amarga a la que se han tenido que enfrentar muchas familias. Esta situación sigue afectando en gran parte a mujeres, las cuales cobran de media un 25 %
menos que los hombres y a pensionistas, un 55 % de los cuales cobraban menos del salario medio interprofesional antes de su revalorización. La irrupción de la COVID-19 nos ha dado la razón. La obligación de un Gobierno decente es proteger
a los más vulnerables y por ello prohibimos el corte de suministros de energía eléctrica, gas natural y agua en los hogares en situación de vulnerabilidad. Además, ya desde este Gobierno se había impulsado con antelación algunas medidas, como las
que discutimos hoy aquí: el bono social eléctrico y térmico, que mostraba por primera vez el compromiso de las instituciones en la lucha contra la pobreza energética y la protección de los colectivos más desamparados. En Baleares en 2022 el bono
social benefició a más de 14 000 familias, las cuales pudieron mantener sus hogares a temperaturas adecuadas. Sin embargo, parece obvio que estos números siguen lejos de poder abarcar las necesidades energéticas de todos los hogares más
desfavorecidos y, por esto, años después de su aplicación, consideramos que es un buen momento para evaluar su impacto. Al contrario de las políticas de austeridad a las que nos tienen acostumbrados los gobiernos del Partido Popular, para este
Gobierno de coalición progresista no es admisible que nuestras ciudadanas y ciudadanos estén sometidos a las prácticas abusivas de las grandes energéticas. Por ello, desde el Gobierno de coalición hemos trabajado para conseguir la excepción
ibérica. Una vez más nuestro grupo parlamentario tuvo que escuchar que no se podía, que no se podía topar el gas, que la Unión Europea no nos lo permitiría. Con nuestras propuestas se ha conseguido colocar a España como el país que cuenta con el
precio medio de electricidad más barata de Europa. Con voluntad política, con objetivos claros, sí se puede.
Desde que Unidas Podemos está gobernando en Baleares, hemos conseguido ir aún más lejos, apostando decididamente por la transición energética, el único elemento capaz de incentivar los autoconsumos y alejarse de las dependencias de las
grandes compañías. Hemos sido la primera comunidad en crear una empresa pública de energía, que ya está abaratando la factura eléctrica con energía verde a familias vulnerables y que está permitiendo cuadriplicar su producción a través de
renovables en tan solo cuatro años.
El acceso a la energía tiene que ser un derecho que todo ciudadano debe tener asegurado, y solo una mayor presencia pública sobre el mercado energético permitirá democratizar y asegurar una generación verde y sostenible. Por ende, aun
estando a favor de esta iniciativa, nuestro modelo no puede basarse simplemente en una mayor designación de recursos públicos a pagos que terminan por acabar en los bolsillos de empresas multimillonarias. Debemos apostar de manera firme por un
proyecto con mayor altura de miras que no solo abarque la realidad actual, sino que también piense en los contextos venideros. Desde Unidas Podemos lo tenemos claro: nuestro modelo es la apuesta decidida por entidades públicas en materia
energética, que impulsen su distribución a precios justos para todas y todos. En las Islas Baleares somos valientes, estamos demostrando cómo hacerlo, solo falta que el resto de fuerzas progresistas también tengan la voluntad política de poner por
delante el bienestar de las familias, el futuro de nuestras pequeñas y medianas empresas, en definitiva, de apostar por un país más justo socialmente.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Jover.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Requena Ruiz.
El señor REQUENA RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. ¿Quién no puede estar a favor de la protección de los consumidores vulnerables? El Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular han sido los primeros que han legislado protegiendo a los consumidores
vulnerables: en noviembre de 1997, se estableció el primer nivel de protección; en marzo del 2012, se estableció la equivalencia entre consumidor vulnerable y bono social eléctrico, y en octubre de 2017, regulamos la figura del consumidor
vulnerable y el bono social. Lo que quiere decir es que siempre hemos puesto al servicio de la política social de este país la protección de los colectivos vulnerables, dotando a la regulación energética de los escudos de protección que las
circunstancias han requerido.
Hoy debatimos una proposición no de ley del Partido Socialista que dice literalmente: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un análisis sobre el bono social eléctrico y el bono social térmico, que aborde si los
descuentos existentes son suficientes para mantener la adecuada protección de los hogares más vulnerables'. Señorías, aquí se evidencian dos cosas: la primera es que sorprende y avergüenza a partes iguales que después de dos años de una crisis
energética brutal, la situación
energética de este país no sea conocida por el Gobierno y sea el PSOE el que se lo pida, y la segunda, es que el Gobierno no escucha a nadie, no está pegado a la realidad energética de este país ni a la realidad económica de las familias y
de las empresas. (Aplausos).
Ya les digo yo cuál va a ser el resultado de este análisis, porque solo leyendo un poco y preocupándose de verdad por la situación de los consumidores vulnerable, se sabe cuál va ser resultado. Lean los informes que publican instituciones y
organismos independientes. Por ejemplo, el de Save the Children (muestra un documento) -no hace falta irse muy lejos, a la página 3-: 6,7 millones de españoles no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada; 4,5 millones de españoles pagan
sus facturas con retraso; el 17 % de las familias tiene un gasto desproporcionado en energía; más del 10 % no enciende radiadores o el aire acondicionado por evitar facturas altas, y solo el 16 % de los hogares que no pueden calentar su casa
tienen acceso al bono social. Léanse (muestra un documento) la página 22 del informe del Análisis de la pobreza energética en España de la Universidad Pontificia Comillas ICADE que dice que el indicador de temperatura inadecuada se ha duplicado
desde 2019; más de un 14 % de los ciudadanos declaró no disponer de unas condiciones adecuadas de confort térmico en invierno; hay un incremento drástico de la pobreza energética y de la pobreza energética severa oculta y se ha duplicado alcanzado
casi a dos millones de hogares. O léanse (muestra un documento) el informe del ministerio que evalúa la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética: los indicadores del retraso en el pago de la factura y de temperatura inadecuada en viviendas
han aumentado respecto a 2017 -vamos a peor-; el indicador de gastos desproporcionados se desvía más de un 30 %; el indicador de temperatura inadecuado en una vivienda es un 140 % superior al que debíamos tener en 2023; o el retraso en el pago de
las facturas se desvía un 70 %. Y si no, léanse el último Boletín de indicadores eléctricos de la CNMC, en su página 67, aquí hay que leer un poquito más, para comprobar las cifras de personas acogidas al bono social, porque no solamente estamos
muy lejos de los objetivos de la vicepresidenta tercera de 1,9 millones de usuarios, sino que la incorporación que se va produciendo es lenta, burocrática e inaccesible.
Señorías del Partido Socialista, ¿por qué, una vez más, se empeñan en tomarle el pelo a esta Cámara? ¿Por qué se empeñan en engañar a quienes no se debería de engañar: a los consumidores vulnerables y a la mayoría social? (Aplausos). ¿A
usted no le han dicho, señor Renau, que PSOE y Podemos, con el apoyo de mi grupo, aprobamos la creación de una Comisión para el estudio del precio de la luz? ¿Que uno de los objetivos que tenía era analizar las propuestas orientadas al diseño de un
precio de la energía que tuviese una conciliación de justicia social? Señorías, hace un año deberían estar finalizadas las conclusiones de esta Comisión y no han hecho nada. ¿A usted no le han contado el señor López, el señor Hernández o la señora
Lastra, cualquiera de sus portavoces, que había un mandato del Congreso para proteger a los vulnerables y no han hecho nada?
Señorías del Partido Socialista, ¿ustedes se han leído algunos de los informes a los que yo he hecho referencia? Pero si no les gusta leer y no es suficiente con estos informes, yo les recomiendo que en su comunidad, la Comunidad
Valenciana, pregunten qué ha pasado, porque han dejado a 160 000 valencianos que viven en pobreza energética extrema sin poder cobrar el bono social térmico porque el Gobierno de Ximo Puig no sabía a qué conselleria encargarle esto y tampoco sabía
cómo gestionar el bono social térmico. (Aplausos). ¿Creen que esa es la forma de atajar un problema real en la economía de las familias?
Termino, señora presidenta. Familias que en 2018 pagaban 1,2 euros el litro del gasoil y hoy pagan 1,7; en 2018 un consumidor vulnerable pagaba la factura de la luz a 35 euros y hoy está a 45; familias que en 2018 pagaban a 15 euros la
bombona de butano, hoy pagan 17,67. Mire, no pierdan más el tiempo y pónganse a trabajar. (Aplausos.-Varios señores y señoras diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Requena.
Señor Renau, ¿acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?
El señor RENAU MARTÍNEZ: No. Se votará en sus términos.
La señora PRESIDENTA: Muy bien.
Muchísimas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA FALTA DE EJECUCIÓN DE FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN Y SU IMPACTO EN EL TEJIDO PRODUCTIVO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000200).
La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos a debatir el último punto que veremos hoy: la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la falta de ejecución de fondos europeos de recuperación y
su impacto en el tejido productivo español.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.
Señorías, les prometo que ya no salgo más veces hoy a la tribuna. Salgo ahora a defender nuestra moción consecuencia de la interpelación de la semana pasada a la vicepresidenta primera del Gobierno. La principal motivación de esta moción
es destacar, una vez más, la gran oportunidad que supone para nuestra economía y para el futuro de nuestra sociedad el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los Fondos Europeos, pero también poner el foco sobre la mala gestión de estos recursos
por parte del Gobierno de España y de los diferentes gobiernos autonómicos.
¿Cómo empieza esta historia? Lo recordarán porque, además, yo no hago más que recordarlo. Empezó hace tres años con el Real Decreto 36/2020, que debía permitir a nuestro país gestionar de forma ágil y eficaz, los fondos europeos de
recuperación, cosa que, hasta entonces, no habíamos conseguido con los fondos europeos tradicionales de desarrollo regional. Este decreto, el 36/2020, sin embargo, fue un error: dio más poder al Gobierno para repartir, discrecionalmente y a su
antojo, los fondos europeos, en lugar de asegurar la independencia y la objetividad de las decisiones. Fuimos los únicos que nos plantamos ante esta maniobra del Gobierno y defendimos la enmienda a la totalidad con un modelo alternativo,
profesionalizado, con menos burocracia y más garantías de que los fondos europeos se utilizaban de forma adecuada. Yo sé que no les gusta a sus señorías de VOX que yo les recuerde esto, pero su grupo parlamentario salvó al Gobierno de manera
incomprensible y entregó a Pedro Sánchez y, en aquel momento, al vicepresidente Pablo Iglesias las llaves de la caja del dinero de todos los españoles. Hoy, señorías de VOX, tienen ustedes la oportunidad de resarcirse.
¿Cuáles son las consecuencias de esta falta de ejecución o incompleta ejecución? Pues que esta oportunidad histórica para pymes, autónomos, emprendedores, jóvenes, mujeres y otros tantos españoles está rota. Esa es la principal
consecuencia. Y está rota, además, por una dejadez de funciones del Gobierno de España, que ha preferido utilizar este Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para hacer campaña o propaganda de cara a las próximas elecciones. Tampoco los gobiernos
autonómicos -y aquí no distingo color político- están haciendo su trabajo. Lamentablemente, no tenemos datos fiables sobre cuántos de esos fondos europeos están llegando realmente al tejido productivo. De hecho, la Comisión de Control
Presupuestario del Parlamento Europeo, que visitó nuestro país hace unas semanas, lo ha denunciado claramente: no hay información fiable sobre la ejecución de fondos de recuperación en nuestro país. De hecho, esa incapacidad para dar datos reales
dificulta mucho hacer predicciones reales sobre el impacto de los fondos europeos en la economía. El Banco de España, por ejemplo, ha realizado unas predicciones de impacto que van del 1,15 % al 1,75 % del PIB, muy por debajo de las estimaciones
del Gobierno, que ascendían al 2,4 %. Hoy, tres años después del Real Decreto 36/2020, no es posible saber a ciencia cierta cuál es, realmente, el impacto que estos fondos están teniendo para la realidad de nuestras empresas en su día a día.
Otra de las consecuencias de la aprobación de este real decreto y, un poco, la denuncia que se hace es que estas empresas españolas se están enfrentando a una carrera de obstáculos que no tiene fin. No tienen información adecuada sobre cómo
participar en los proyectos que se proponen, no tienen asistencia técnica para realizar todo el papeleo e incluso cuando consiguen superar los obstáculos, los fondos no llegan o cuando los fondos llegan la financiación es puramente cosmética y no
responde a sus necesidades reales por no contar con un estudio previo. No lo digo yo, no lo dice mi grupo parlamentario; lo dice el propio Tribunal de Cuentas Europeo, que nos ha llamado la atención por este problema.
Señorías, no tiene ningún sentido -lo he dicho en una intervención anterior- que el Gobierno presuma de que la Comisión Europea aprueba el uso que se está haciendo de los fondos europeos en España, porque lo cierto es que ni está aprobando
cómo se están desembolsado esos fondos, ni tampoco
está aprobando que esos fondos estén llegando a las empresas españolas porque, sencillamente, la Comisión Europea no tiene competencias para ello.
Yo -se lo dije el otro día a la vicepresidenta- no voy a desistir. Lo dije en la interpelación. Ante todo esto, ¿qué proponemos? Tenemos claro que es posible un futuro mejor; un futuro con una economía competitiva, moderna y que sea
capaz de generar empleo. Para eso necesitamos saber cuánto dinero hay, para qué se da ese dinero, a quién se da ese dinero, cómo se gasta ese dinero y qué impacto o efecto positivo o negativo tiene para la economía. Por eso, hemos hecho nuestras
-y están reflejadas en esta moción- las demandas que empresas y entidades independientes, así como las principales preocupaciones de la Fiscalía Europea o del Tribunal de Cuentas Europeo han hecho. Están incluidas aquí en cinco medidas que, de
salir adelante, tendrían un gran impacto de capacidad transformadora en nuestra economía. La primera medida es ajustar los fondos europeos a las necesidades reales de municipios y empresas; la segunda, facilitar la información real sobre la
ejecución de fondos europeos; acabar también con la asignación de fondos europeos a dedo, hacer partícipes a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos de las convocatorias de los fondos europeos, y, por último, asegurar que los Gobiernos
autonómicos cumplen con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas. Esa es la mejor manera ya no solo de cumplir con el deber de las administraciones, sino también de reconocer a España como socio fiable, que no tiene nada que esconder a
la Comisión Europea, a las instituciones, como a la Fiscalía Europea...
La señora PRESIDENTA: Señora Muñoz, tiene que terminar, por favor.
La señor MUÑOZ VIDAL: ... o al Tribunal de Cuentas Europeo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por distintos grupos, en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Señora presidenta, señorías, hemos reiterado en varias ocasiones desde esta tribuna que los fondos Next Generation de la Unión Europea debían ser una oportunidad para cerrar la enorme brecha urbanorural que
sufrimos, para llevar una parte del dinamismo de las nuevas tendencias de la economía social, de la economía verde y circular, de digitalización o la economía de los cuidados a las áreas rurales de las provincias despobladas. A través de la página
web del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia sabemos que a 31 de diciembre de 2022 Aragón, por ejemplo, había recibido 708 millones de euros; pero solo hasta ahí, sin más desglose. No estamos cuestionando con esto si existe una
diferencia entre las comunidades autónomas en relación con los fondos, no es el problema, sino que señalamos una brecha más transversal e interautonómica, que es el contraste entre las provincias despobladas, con escaso dinamismo económico y
reducido poder político, y aquellas con pujanza económica y poblacional. Los enunciados de los PERTE están bien, incluso muy bien, pero su conexión a través de las comunidades autónomas con la economía real ya es otra cosa. Allá donde el capital
humano está envejecido, donde la capacidad de formular proyectos es débil, donde no se puede llegar a las grandes consultoras que redactan proyectos, se hace muy difícil poder presentar una idea que se sume a estos proyectos si la comunidad autónoma
correspondiente no se lo toma en serio. ¿Qué porcentaje de estos fondos han contribuido de verdad, por ejemplo, a la cohesión territorial? ¿Con qué indicadores podríamos conocer esta aportación? ¿Podríamos conocer los proyectos que han rechazado
las comunidades autónomas y se hayan quedado fuera? No es un juicio de valor ni una enmienda a la totalidad, pero esta información podría hacer más eficaz el proceso. ¿Se puede concentrar, por ejemplo, el 80 % de los fondos de una comunidad
autónoma en una sola comarca? ¿No sería mejor identificar acciones más transversales?
Por ello pedimos dos cosas; la primera, que todavía es posible, es que el Gobierno, a través del desarrollo gradual de los PERTE, aplique directrices que permitan llevar su fortaleza y capacidad de arrastre al medio rural y a las provincias
despobladas, y la segunda es que el ministerio obligue a que algunas comunidades autónomas, como es el caso de Aragón, sean más transparentes y dispongan de criterios más asentados para seleccionar proyectos con capacidad de arrastre y de trabajar
por la cohesión territorial. Por ello hemos presentado enmiendas a esta moción, que esperamos que sean aceptadas y que el Gobierno tome en serio, para que los fondos europeos no se conviertan en la enésima inversión
que desvertebra, más que cohesiona, a nuestro país. Es necesario apostar por los territorios más despoblados, a la par que por las empresas que deciden invertir y localizarse en ellos, y creemos que los dos objetivos se pueden conseguir
simultáneamente: la reindustrialización y el reequilibrio territorial. Desde aquí, pues, demandamos que los fondos se corrijan para que puedan llegar más a las zonas rurales y al tejido de pymes de nuestro país.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guitarte.
Por el mismo grupo parlamentario y para fijar posición, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.
Esta moción sobre la ejecución de los fondos europeos es una repetición de otras muchas iniciativas que hemos venido teniendo a lo largo de estos años. Yo recuerdo varias intervenciones desde esta tribuna en 2021 y 2022 y en varias
comisiones. Y leyendo los términos de la parte dispositiva, no podemos decir nada en contra, porque todavía está muy reciente la moción del Partido Nacionalista Vasco del pasado mes de diciembre en la misma línea, hace menos de tres meses, y no
queda más remedio que volver a insistir en la falta de coordinación y en que determinados componentes, como, por ejemplo, el componente 11, la modernización de las administraciones públicas y su empleo en la digitalización, siguen muy atrasados. Y
hay que recordar que el Gobierno central, ante su falta de capacidad de gestión, lo que ha hecho es pasar la pelota a las comunidades autónomas, que tienen falta de medios, con procedimientos complicados, con muchas dificultades burocráticas que no
se arreglan, para sacar adelante los fondos a los que se pueden acoger distintos proyectos.
A pesar de todo ello, no todo es negativo. Según el informe de seguimiento y ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Cantabria logró desplegar en 2022, siendo el primer año de gestión real,
un total de 164 millones de euros. Al cierre se habían ejecutado 74 millones y en estos momentos están en ejecución otros 90 más para el desarrollo de setenta proyectos en nueve de los diez ejes en los que se articula el plan y en veintiséis de los
treinta componentes. Se está empezando a cumplir el objetivo de estimular la economía tras la crisis provocada por el coronavirus y avanzar en retos como la sostenibilidad, la digitalización, la transición ecológica o la mejora de la competitividad
en Cantabria, con una inversión ya movilizada de más de la mitad de los 307 millones de euros que tenía asignados la comunidad autónoma.
En otro aspecto, el Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha la web Next Generation-Cantabria.es, donde cualquier interesado puede consultar desde los aspectos más básicos del plan de recuperación hasta la relación completa y pormenorizada
de los proyectos e inversiones que se llevan a cabo en Cantabria, sobre el órgano responsable de cada actuación, la dotación asignada a ese programa, el periodo de ejecución, los objetivos y otras cuestiones. También están colgadas las distintas
convocatorias, licitaciones, contratos públicos, guías, planes antifraude y, por último, una sección de noticias y actualidad.
Votaremos a favor.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos.
Hemos podido escuchar ya por parte de Ciudadanos, que es el proponente de esta moción, un sutil diagnóstico acerca de en qué estado se encuentra el reparto de fondos europeos y su efecto sobre el tejido productivo español. En este sentido,
hablan de un impacto macroeconómico decepcionante y de que los mismos no están llegando a destino con suficiente agilidad. La señora Muñoz se ha explayado en este argumento. Bien, todo es susceptible de ser mejorado y, sin duda, este capítulo, el
referido al proyecto europeo, uno de los más relevantes de toda la legislatura, merece todos los esfuerzos adicionales que puedan realizarse para ganar en eficacia. Yo mismo desgranaré al final de mi intervención algunos de los elementos que mi
grupo observa con mayor preocupación, si bien no quiero dejar de referirme al contenido de su moción, señora Muñoz, por respeto al debate en esta Cámara y, evidentemente, también por respeto a su propio grupo.
En primer lugar, déjeme decirle que leo algunos de sus planteamientos y se me antojan contradictorios, por decirlo así. Por ejemplo, instan ustedes a eliminar trámites burocráticos, una frase que así dicha invita
a una adhesión inmediata, pero, claro, no dicen ustedes qué trámites. Y, a la vez, un poco más adelante, piden que se realicen estudios prospectivos para detectar proyectos con un mayor valor añadido, lo cual supongo que es usted consciente
de que incrementa los tiempos de resolución de subvenciones, señora Muñoz. En el fondo se quejan ustedes por la falta de capacidad de absorción de estos fondos por parte del Estado, pero, claro, esa falta no es más que el resultado de las políticas
sostenidas de adelgazamiento, hasta el raquitismo, contra la Administración pública seguidas durante la etapa del señor Rajoy y, ya sabe, esas cosas que les gusta hacer a ustedes, en la derecha, por puro prejuicio ideológico.
Por otro lado, entran ustedes en cierta polémica sobre la manera de informar acerca de la gestión de los fondos europeos, proponiendo que solo se consideren ejecutados los fondos que reflejen de forma fidedigna el impacto real en el tejido
productivo. También es una buena idea a priori, no se lo niego, pero, claro, eso implica crear un nuevo sistema de tramitación presupuestaria. En fin, podemos coincidir en que se podría hacer más por transparentar la información, por ejemplo...
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, les pido silencio, por favor.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidenta.
Decía que, por ejemplo, a pesar de que existe una página web para acceder a la información relativa al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y otra página web para acceder a la relación de empresas interesadas en los PERTE, la
información publicada padece deficiencias que dificultan llevar a cabo un seguimiento actualizado de los avances que se dan en la gestión y ejecución de los fondos y de las empresas que acceden a ellos. La verdad es que esto no se lo niego, no le
niego la crítica.
Igualmente, nuestro grupo ha mostrado preocupación por el grado en que están llegando los recursos a los autónomos, a las pequeñas empresas, a los sectores de la economía social. Pero cabe señalar que el Estado no es la única Administración
que gestiona y ejecuta fondos europeos. Comunidades autónomas y corporaciones locales también tienen responsabilidad en que los fondos lleguen a la economía real. Por eso mismo se han celebrado ya 139 conferencias sectoriales para la cogobernanza
con las comunidades autónomas, a las que se han asignado más de 20 600 millones de euros para financiar proyectos en el ámbito de sus competencias. Y súmese a esto la cantidad de 5000 millones adicionales destinados a corporaciones locales.
Respecto al grado de ejecución de estas partidas, lanzan ustedes varias críticas. Sin embargo, esta secuencia de datos es reveladora. Se han recibido dos pagos de Europa, que suman un total de 31 000 millones de euros, y está pendiente de
recibirse el tercero, de 6000, durante el primer semestre de este año. Pues bien, al cierre del año 2022, desde el Estado se han suscrito compromisos presupuestarios por más de 42 000 millones de euros, de los que 23 300 corresponden a
convocatorias y licitaciones resueltas, que han permitido financiar hasta 190 000 proyectos. Los compromisos de gasto en segunda fase presupuestaria de los años 2021 y 2022 superaron los 20 000 millones para cada año, es decir, más del 80 % de lo
planificado, y en 2023 ya se han autorizado en la primera fase presupuestaria más de 9000, esto es, un tercio de lo presupuestado para este año. Además, en los últimos meses se ha desarrollado un sistema integral para el seguimiento y gestión, el
llamado CoFFEE, que monitoriza cumplimiento de hitos y objetivos, así como la ejecución contable del plan de recuperación.
Para terminar, no querría dejar de mencionar algunas cuestiones que son de especial relevancia para mi grupo y que afectan de lleno a la gobernanza económica de la Unión. En primer lugar, el endurecimiento de las condiciones de financiación
de las pymes y autónomos derivado de los efectos de la política monetaria restrictiva del Banco Central, lo cual podría conllevar una ralentización del crecimiento económico y un estancamiento de la inversión en nuestro país. En segundo lugar, nos
preocupa que las distintas administraciones públicas no tengan suficiente personal para llevar a cabo la gestión de la ingente cantidad de recursos públicos que hay que manejar, como ya decía antes. En tercer lugar, consideramos que la urgente
necesidad de transitar hacia una economía más sostenible y respetuosa con el medio ambiente no debe suponer una reducción de los derechos y garantías de este y de las zonas rurales, y por ello creemos que las instalaciones de energías renovables
deben presentar previamente una declaración de impacto ambiental y someterse a un proceso de participación pública con alegaciones. En cuarto y último lugar, nos preocupa la reforma del marco de gobernanza económica de la Unión Europea. Se trata
de una cuestión que en los próximos días y meses va a ser la protagonista de los debates y trabajos del Ecofin y del Consejo. Tenemos claro que el corsé al que estuvieron sometidas las administraciones públicas durante la pasada crisis financiera
limitó su capacidad para garantizar los servicios públicos.
La señora PRESIDENTA: Señor Guijarro, tiene que terminar, por favor.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Sí, presidenta.
Para terminar, una última frase para decir que por eso nuestro país debe liderar una reforma que tenga en cuenta las peculiaridades de cada Estado, priorice aquellos sectores más atrasados y, sobre todo, señorías, busque un equilibrio entre
el norte y el sur de Europa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Jiménez Revuelta. (Aplausos).
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Con la venia, señora presidente. Señorías, buenas tardes.
La verdad es que mociones como esta permiten a uno poder desenmascarar las mentiras de un Gobierno plegado a Sánchez y que se mimetiza perfectamente con el inquilino de Moncloa. Sánchez es al PSOE lo que el PSOE es a Sánchez y todos juntos
forman una maquinaria perfecta de hacer lo contrario a lo que dicen que van a hacer. Vamos, que mienten un día sí y otro también.
La semana pasada la vicepresidenta primera del Gobierno en su intervención desde esta tribuna faltó a la verdad una vez más -de casta le viene al galgo-, ya que manifestó que el destino de los fondos europeos a gasto corriente era también
inversión. Permítame que discrepe: o es gasto o es inversión. La diferencia está en que el gasto no genera beneficios, mientras que la inversión sí. De España, a pesar de los intentos de la ministra de alabar la gestión de este Gobierno diciendo
que somos los que más crecimos en 2021 y 2022, lo que no dice nunca es que fuimos los que más caímos, que somos el único país de la eurozona que todavía no ha recuperado los niveles de PIB previos a la pandemia y que la renta real per cápita
disponible de las familias ha caído un 7,8 % en el tercer trimestre en comparación con finales de 2019. El crecimiento económico de España al que hacía alusión la ministra se explica por el aumento artificial de la actividad, que propicia un gasto
público rampante, sostenido a su vez mediante el aumento continuado de la deuda del Estado. Señorías, desde que Sánchez llegara al Gobierno en junio de 2018 la deuda se ha disparado en 328 000 millones de euros, es decir, todo el PIB de Finlandia y
Lituania juntos.
Más datos. Mientras baten el record de empleados públicos, se produce un claro retroceso del empleo privado y una clara destrucción del tejido productivo español, con la pérdida de más de cien mil autónomos en 2022. (Aplausos). No se
atisba por ningún lado la influencia de los fondos europeos en la economía diaria de los españoles; al contrario, más ruina y más miseria. Un ejemplo son los últimos datos ofrecidos por un informe de Eurostat que muestra cómo, a pesar del aumento
en gasto social, España sigue ocupando el primer puesto del ranking europeo en riesgo de pobreza, y eso que la ministra manifestó desde esta misma tribuna que las inversiones que estaban realizando con cargo a los fondos europeos tenían como fin la
lucha contra la pobreza y las familias más desfavorecidas. ¡Pues menos mal!
Ustedes, señorías del Partido Socialista, desde un punto de vista económico, son incapaces de comprender las necesidades sociales y, por tanto, de satisfacerlas. Pero es que, desde un punto de vista moral, la envidia igualitaria que
enmascaran con el lema de justicia social, ante la imposibilidad de igualar en abundancia, la traducen en miseria. Este es su legado y la herencia que nos van a dejar a todos los españoles.
Pero es que además la ministra manifestó la creación de 150 000 nuevas plazas de formación profesional y 2500 investigadores para las universidades, y todo a cargo del Estado. Oiga, eso está muy bien, son ustedes una máquina de generar
empleo público, aunque, sin embargo, son incapaces de crear políticas económicas que dinamicen la economía y de generar empleo privado. ¡Y mira que con los fondos europeos tienen ustedes una gran oportunidad! (Aplausos).
Ahora que Bruselas les va a obligar a publicar una lista con los cien mayores beneficiarios de los fondos europeos, veremos realmente dónde se destina a ese dinero. Desde luego, ya les digo yo que no está llegado ni a los autónomos ni a los
comercios ni a las pymes ni tampoco a las familias. Un ejemplo es ver el declive del pequeño comercio en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Panaderías, fruterías, carnicerías, peluquerías y un largo etcétera están viendo cómo la presión de
los costes y las menores ventas están generando el goteo del cierre de negocios, mientras Hacienda sigue expoliando, con récord de recaudación. Señorías, de verdad, ¿dónde está el impacto de los fondos europeos en nuestra economía? Díganme dónde
está.
Con todo ello, hemos presentado unas enmiendas a la parte dispositiva de la moción, que esperamos que sean aceptadas por el Grupo Ciudadanos y su portavoz, aunque mucho me temo que no serán valientes y firmarán una transaccional con el PSOE:
veremos qué sucede.
Señorías, una pena que la gestión y tramitación de los fondos europeos vaya a ser una nueva oportunidad perdida, pero no para el Gobierno sino para España. La semana que viene todos ustedes tienen una oportunidad única para no alargar más
esta agonía con la moción de censura contra Sánchez, porque es una moción de censura contra Sánchez. Imaginen un Gobierno sin Sánchez; de verdad, imagínenlo. Pues la semana que viene tienen la oportunidad de dar voz a los españoles y de que su
sueño se haga realidad.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Jiménez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidenta.
Señorías, los fondos europeos de recuperación Next Generation son una gran oportunidad histórica para nuestro país y una forma de afrontar la crisis totalmente opuesta a la de 2012. Nos han sido asignados más de 160 000 millones de euros,
una movilización de recursos sin precedentes en nuestra historia reciente, y se debe a que ahora España es escuchada y respetada en Europa. Y si esto es así es porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado poder de convicción,
credibilidad y tener capacidad de negociación en Bruselas, todo un orgullo de país. Ha sabido poner en valor la capacidad de superación, innovación, talento y profesionalidad que nuestro país atesora, importantes atribuciones que nos permiten
desarrollar conjuntamente como sociedad española, sector público y privado, un proyecto de país: el plan de recuperación, un plan con el que paliar los efectos de la pandemia, avanzar en la transformación verde y digital y en una mayor cohesión
económica, social y territorial; un plan que es constantemente revisado, actualizado y complementado a través del diálogo permanente del Gobierno con los principales agentes políticos, económicos y sociales, que están canalizando sus propuestas,
por lo que en este sentido, señorías, podemos compartir que se pidan mejoras, pero no que se ponga en cuestión el enorme trabajo colectivo que se está desarrollando, y del que ustedes, señorías, también son partícipes.
Por ello no podemos compartir la moción en los términos que nos plantean, porque, señorías, se está trabajando mucho y bien. (Aplausos). Primero, con un modelo de cogobernanza participativo, que está permitiendo que los fondos lleguen a la
economía real. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos ya están participando de las decisiones para facilitar la adaptación de la ejecución de los fondos a las necesidades territoriales, y lo están haciendo a través de las conferencias
sectoriales, comisiones técnicas, reuniones bilaterales con presidentes, e incluso con el impulso de redes territoriales de especialización tecnológica para articular la mejor coordinación de proyectos regionales. Los sindicatos y las
organizaciones empresariales participan a través de la mesa de diálogo social del plan. Los consejos consultivos y foros de alto nivel son un magnífico canal de diálogo con la sociedad civil. Y, señorías, ustedes, los grupos parlamentarios, todos
estamos siendo constantemente informados y consultados en la elaboración, incluso de la adenda del plan.
Y las cifras, señorías, hablan por sí solas. Se están financiando más de 190 000 proyectos, al tiempo que 180 000 bonos de digitalización están llegando a las pymes y autónomos de nuestro país, inversiones que también van a garantizar la
plena conectividad en todo el territorio español, así como programas en el ámbito de la educación, de la ciencia, de la salud, transporte sostenible, etcétera, que, en definitiva, suponen invertir en futuro. En segundo lugar, se está trabajando con
transparencia, con una página web que centraliza y distribuye toda la información de convocatorias y de ejecución del plan, donde también se publican los informes de seguimiento y vemos cómo la ejecución del fondo se está dando en todo el territorio
español. Y, tercero, se está trabajando con una Administración que avanza en eficacia y eficiencia, con nuevas herramientas de digitalización, gestión y control. Con distintas modificaciones legislativas, estamos permitiendo agilizar al máximo los
procedimientos, pero, eso sí, señorías, sin poner en riesgo el control y la buena gestión de los fondos europeos. Además, al incorporar la plurianualidad a la ejecución, se va a poder ejecutar el cien por cien de los créditos presupuestarios
incluidos en cada presupuesto.
Señorías, los fondos europeos ya son un éxito de nuestro Gobierno y de nuestro país. (Aplausos). Primero, porque lideramos la ejecución del plan, habiendo recibido ya 31 000 millones de euros en pago.
Hemos sido el primero de los países europeos en aprobar el plan, en recibir el primer desembolso de los fondos y ya contamos con la valoración positiva de la Comisión para un tercer pago en este primer semestre del 2023. Segundo, es un
éxito porque hemos convertido a nuestro país en polo de atracción de importantes empresas internacionales, como Mess, Cisco, Inter Google y Volkswagen. Por tanto, supone una inversión pública que moviliza inversión privada, así como la considerable
creación de empleos directos e indirectos. Por cierto, Volkswagen arranca ya las obras de la gigafactoría esta semana en Sagunto, lo que, sin duda, es una buena noticia para España. Son importantes inversiones, que, desde luego, están mejorando
las expectativas económicas. En definitiva y para terminar, señorías, simplemente quiero decirles que los fondos son un éxito, porque, a pesar de las dificultades, a pesar de los efectos de la guerra y del marco de incertidumbre internacional, se
ejecutan, llegan a la economía real y este país avanza. Es una realidad, mal que les pese, y no lo pueden negar.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Blanquer.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
La Unión Europea, a raíz de la pandemia acordó prestar apoyo financiero a gran escala para aplicar reformas e inversiones en los Estados miembros con un doble fin: mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia y hacer que las
economías de la Unión Europea sean más sostenibles, más resilientes y estén mucho mejor preparadas para los retos que plantean la transición ecológica y digital. Y es verdad que el plan de recuperación se ha erigido como la principal política
económica del Gobierno para funcionar como palanca contracíclica, para impulsar la economía del corto plazo, abordar en el medio plazo las grandes transformaciones estructurales y transformar el modelo de crecimiento hacia un modelo mucho más
sostenible y resiliente.
Tras más de año y medio desde la aprobación del plan de recuperación, mi grupo ya dijo en diciembre, a través de una interpelación sobre los fondos, que teníamos dudas sobre el avance del plan, la confianza en la planificación y el proceso,
su impacto en la economía y su capacidad para abordar esas reformas estructurales y de modelo económico, y lo mismo dijimos del diseño de la adenda. Es una moción que se aprobó en este este Parlamento en diciembre de 2022 y que ha propiciado
avances sobre las cuestiones que en ella planteábamos.
Hoy, señorías, Ciudadanos nos plantea una parte justificativa, que para nosotros es un puro enfoque político, que creemos que ahora no toca y no aporta nada. Me refiero a la parte relativa a alinear los fondos con el delito de malversación,
ya que las deficiencias que haya podido tener el plan nada tienen que ver con el diseño y la ejecución de los fondos, puesto que estos se diseñaron con anterioridad. Ustedes ponen la venda antes de la herida y, lo que es peor, están afirmando o
dejando entrever que las penas por malversación son un incentivo para delinquir, lo que me parece una irresponsabilidad política, al igual que utilizar palabras o expresiones como esconder y no transparencia, o, incluso, cuestionar los proyectos de
algunos gobiernos autonómicos.
El Partido Nacionalista Vasco ya evidenció determinadas necesidades y problemas que se venían suscitando, como problemas de diseño, de cogobernanza y de plazos, derivados exclusivamente de la práctica y puesta en marcha de un plan que es
complejo, y por eso planteamos una moción, como he dicho, pero con ánimo constructivo, porque creemos necesario transformar la economía a través de la inversión pública y la colaboración público-privada como motor de desarrollo, que es la
oportunidad que nos ha brindado Europa a través de estos fondos. Son cuestiones y problemas que mi grupo planteó, con medidas para su corrección, que fueron aprobadas en aquella moción a finales de diciembre; correcciones que tengo que decir que
ya se están abordando en parte, como el diseño para financiar proyectos mediante el fondo de sostenibilidad, los comisionados para abordar y mejorar los PERTE y el dar flexibilidad para la adopción de algunas subvenciones.
Ciñéndome a los puntos de su moción, en cuanto al primer de ellos, relativo a la flexibilización para adaptar los fondos a las distintas realidades, nos consta que se están realizando, al menos en Euskadi, y, si eso es así, dudo de que no se
esté haciendo en otras comunidades autónomas. En cuanto al segundo punto, acerca de la manera de informar sobre la ejecución de los fondos, y el quinto, acerca de la interoperabilidad de los sistemas de información, podríamos estar de acuerdo; de
hecho, la Comisión Mixta de la Unión Europea, a iniciativa nuestra, ya aprobó una iniciativa en la que
se establecían una serie de compromisos sobre control e información detallada a remitir a dicha comisión. En cuanto al tercer punto, relativo a integrar en el proceso de toma de decisiones sobre los fondos la realización de estudios para
aceptar proyectos de mayor valor añadido, creemos que materialmente ya es imposible, y además las comunidades autónomas ya lo han hecho. El Gobierno alegará, además, que ya ha realizado una serie de manifestaciones de interés al respecto. Pero es
que en este punto parece más que abocan a aquel organismo independiente que plantearon para realizar esos estudios y con el que nosotros diferimos porque apostábamos por que los proyectos de mayor valor añadido fuesen los recogidos y planteados por
las comunidades autónomas, que son las que conocen realmente su realidad económica, social y productiva, y que ustedes en este punto 3 ya descartan porque supeditan la selección de esos proyectos a determinados estudios y no a lo que digan las
comunidades autónomas.
En cuanto al punto 4, sería necesaria más flexibilidad, pero también es cierto que en algunas convocatorias de las subvenciones ya se está permitiendo esa flexibilidad. También hay que decir que en cuanto a los trámites burocráticos son
aspectos exigidos por el reglamento comunitario del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en aras precisamente de evitar esos fraudes y hacer compatibles los fondos con las reglas de las ayudas de Estado. Lo cierto es que el Gobierno -hay que
decirlo- ha enviado a Bruselas un documento donde pide modificar o flexibilizar también estos aspectos.
Voy acabando. Con respecto a la asistencia técnica, lo cierto es que bastante tienen, yo creo, con haber aumentado el número de funcionarios dedicados a la gestión práctica de los fondos como para que ahora tengan que realizar, además, ese
asesoramiento detallado a pymes y demás. Lo están haciendo los bancos y consultoras, y creemos que plantearlo en estos momentos no es realista. No sabemos si van a llegar a alguna transacción y, por tanto, votaremos según lo que avancen.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Bona tarda de nou.
Alguien podrá pensar que me ha tocado la lotería en este Pleno, porque llevo dos temas. Son dos temas del Grupo Ciudadanos; igual que la señora Muñoz, nos vamos repitiendo, y los dos tienen la marca de la señora Arrimadas. El título de la
moción, falta de ejecución de fondos europeos de recuperación e impacto en el tejido productivo, lo compartimos. Son dos aspectos que hemos denunciado desde el inicio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (El señor
vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Estamos de acuerdo en que el sistema diseñado por el Gobierno es defectuoso y en que el trámite parlamentario del Real Decreto Ley 36/2020, con prórrogas de enmiendas, es realmente
vergonzoso, pero no coincidimos en la afirmación genérica de que las administraciones no están preparadas para una absorción adecuada de los fondos. Hay administraciones que sí están preparadas. Por tanto, por favor, no generalicen. Por ejemplo,
en Cataluña se demostró la capacidad presentando proyectos como resultado de estudios elaborados con el tejido productivo del territorio. Otra cosa es que, después, el Gobierno los obviara y presentara un plan centralista; un plan que veremos si
realmente es capaz de transformar la economía y el sector productivo. Yo personalmente, viendo el diseño, la ejecución y cómo funciona, tengo grandes dudas, y lamento mucho que no vaya a funcionar.
Mencionan ustedes la falta de absorción, y esto es un clásico en el Reino de España. Según datos de la Comisión Europea, de los veintisiete Estados, España es el país que menos absorbió en el periodo pasado de los fondos estructurales;
veremos en el próximo periodo. Mientras iba leyendo su moción, de repente me paré y pensé que se me había traspapelado, que me había perdido alguna cosa o que se les había ido la mano y habían hecho un corta y pega con otros documentos porque,
sinceramente, no entiendo qué relación tiene todo esto con la reforma del Código Penal, y ahora también se lo acaba de decir la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. Pero no, no me había confundido de papeles, y ahora, como usted en su exposición
tampoco ha hablado de esto, he vuelto a revisar el texto por si realmente me había confundido, y he visto que no, que lo leí bien. Lo que pasa es que el odio que tienen ustedes hacia los independentistas por todas partes debe aparecer y siempre
aparece, hablen de lo que hablen. Yo no sé si siguen ustedes la actualidad, porque si la siguen, habrán visto que la reforma del Código Penal no beneficia a los perseguidos políticamente por haber preparado y organizado el referéndum legal del 1 de
octubre, un aspecto que Junts ya advertimos en su momento. Al contrario, se cumple lo que los dirigentes socialistas dijeron, y de desjudicialización nada de nada.
Si realmente les preocupa la reputación y la imagen de España -que a mí sinceramente me preocupa bastante poco-, eviten utilizar su posición en determinados cargos para, por ejemplo, mal ejecutar el procedimiento de un suplicatorio en el
Parlamento Europeo, o critiquen que la presidenta de una Comisión del Parlamento Europeo muestre su parcialidad respecto a la inmersión lingüística en las escuelas catalanas -estas prácticas que ustedes avalan podrían ser consideradas malversación
de fondos públicos, pues se utilizan con fines partidistas-, o insten al respeto y cumplimiento de los compromisos internacionales, por ejemplo, los informes del grupo de trabajo de Naciones Unidas o las recomendaciones del Consejo de Europa.
Por mucho que ustedes y otros grupos parlamentarios vayan repitiendo que Polonia y Hungría tienen problemas con el respeto del Estado de derecho, no olviden ni obvien que España también los tiene, aunque intenten ocultarlo, y ello daña la
imagen y la reputación de su querida España. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Por favor, señorías de Ciudadanos, o cambian el título de la moción o cambian parte de su contenido, porque juntan churras con merinas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Illamola.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Gràcies, senyora presidenta. Bona tarda de nou. Buenas tardes.
Señora Muñoz, no es no a todo, pero tampoco sí a casi nada. Se les va a ustedes la mano, tienen querencia a ciertas tablas, y donde no tiene mucha relación nos ofrecen una vez más, como ya se les ha señalado, una lectura muy sesgada
políticamente que quiere mezclar reforma y malversación de fondos europeos, la verdad es que con poco éxito y denotando que hay autorías diversas en su moción. De hecho y en el fondo, lo que se está viendo es cómo se están haciendo más rígidos los
procedimientos para evitar los casos de corrupción, y el ejemplo más claro es la incorporación de Minerva.
Solo cuatro comentarios a los distintos puntos de su parte dispositiva. Sostienen que hay que flexibilizar la forma en que los fondos europeos pueden adaptarse a las diferentes realidades y necesidades territoriales -se nos vuelven ustedes
incluso un poco autonomistas-, por lo cual son distintas las comunidades autónomas que han reclamado la creación de un PERTE regional administrado por distintas comunidades autónomas. Desgraciadamente, la política del Gobierno ha sido la contraria,
determinar con detalle y de forma homogénea los criterios de asignación de la totalidad de los recursos, lo cual está comportando no pocas disfunciones. El caso del PERTE automovilístico ha sido en este sentido paradigmático y desmiente la euforia
de la portavoz socialista. Tiene la señora Vidal razón en el punto 2. El Gobierno central computa como ejecutados los fondos transferidos a las comunidades autónomas, con independencia de si estos ya se han adjudicado a través de licitaciones o
convocatorias, y esto distorsiona gravemente la realidad.
Estaríamos de acuerdo con el espíritu de la propuesta del punto 4, pero, desgraciadamente, es impracticable por dos motivos. En primer lugar, porque la legislación española, la que emana de estas Cortes, obliga y no tendría sentido que
ahora las mismas Cortes dijesen que no hay que aplicarlo. En segundo lugar, porque los fondos Next Generation incorporan una reglamentación de la Unión Europea que es muy exigente. En fin, permaneceremos muy atentos porque no nos ha quedado claro
y estamos en el suspense de saber si aceptará usted o enmiendas que la desvirtúen a usted todavía más o que le agüen el vino de esta moción hasta hacerlo absolutamente incoloro, inodoro e insípido, lo que nos desplazaría en cualquiera de los dos
casos de la abstención al no.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Pedreño Molina.
El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes.
Cuando se presentó el Real Decreto 36/2020, de ejecución de los fondos, ya advertimos de los riesgos que suponía un mal diseño de la definición y del uso de los fondos europeos del mecanismo de reconstrucción. Lamentablemente, nuestras
advertencias se han ido materializando, que es exactamente lo mismo que comentaba la diputada de Ciudadanos, la señora Muñoz. El tejido empresarial está frustrado y desincentivado para solicitar los fondos del plan de recuperación, y esta es la
realidad que tenemos ahora mismo en España. Las empresas, que deberían ser los principales actores para lograr
multiplicar estos fondos, aportando además dinero adicional privado, se siguen quejando de la falta de información y accesibilidad a las convocatorias, a pesar de la intervención que ha hecho la diputada del Grupo Socialista. Convocatorias
con plazos muy reducidos; requisitos complejos, que dificultan la participación, fundamentalmente de las pymes, que son aquellas que tienen los recursos más reducidos y las menores capacidades para acceder a las ayudas; fórmulas de financiación de
los PERTE que no son nada atractivas. Lo que está ocurriendo es que muchas empresas directamente están abandonando las ayudas porque no les compensa el esfuerzo por las exigencias que se les piden y para el retorno que necesitan.
Tampoco se adaptan los plazos y las inversiones de los PERTE a la realidad del contexto económico actual, como, por ejemplo, el cambio de los precios de la energía o de las materias primas. Esto es una autoimposición que hacemos que no
tiene, desde luego, ninguna justificación. Esta moción hablaba del impacto del tejido productivo, y hablando de él, la mayor responsabilidad la tiene el Ministerio del Interior. Resulta que el Ministerio del Interior presenta los peores datos de
ejecución global hasta el 30 de noviembre, con un 29,1 % de obligaciones reconocidas, lo que es normal con una ministra que, como todos sabemos, está ahora mismo a tiempo parcial para liderar estos temas. Y aún hay más, fondos públicos
comprometidos de los PERTE: PERTE VEC, vehículo eléctrico conectado, 33 %; PERTE Agroalimentario, 19 %; PERTE Naval, 11 %; PERTE Descarbonización, 0 %. Esto no debe ser muy importante.
El otro día estuvo aquí, en respuesta a esta interpelación, la ministra Calviño y decía varias cosas. Una es que había una intensa colaboración con las comunidades autónomas. Miren, que se haya reunido muchas veces no quiere decir que haya
habido un trabajo de colaboración; de hecho, las comunidades autónomas dicen justo lo contrario, que es un monólogo de los ministerios y que no hay transparencia ni diálogo. Eso no es participación. Pero lo peor es que no se les da a las
comunidades autónomas la flexibilidad necesaria para adaptar las inversiones a sus necesidades, lo que les dificulta encontrar beneficiarios finales. No estamos hablando de cualquier cantidad, estamos hablando de más de 20 000 millones de euros que
se transfieren a las comunidades autónomas en España.
Repasaba también la ministra los fondos para la digitalización y lo bien que nos iba con el Kit Digital y con la extensión de la banda ancha. Pues miren, este Gobierno ha dedicado la mayoría de los fondos europeos a proyectos que ellos han
decidido, bajo su propio criterio; proyectos que en su mayoría no tienen ni demanda ni tiene interés ni, por supuesto, utilidad. Tenemos muchos ejemplos de este fracaso, como el famoso Kit Digital. Solo se ha convocado la mitad de los 3000
millones de euros, se han atendido menos de 300 000 solicitudes de un millón y medio que esperaba el Gobierno. Por ejemplo, el proyecto UNICO-Edificios, para cofinanciar redes de Internet en edificios de cierta antigüedad, anteriores al año 2000,
no está teniendo prácticamente solicitudes porque ya están conectados; las comunidades de propietarios no lo quieren. UNICO-5G Redes, para cobertura móvil de zonas sin servicio mínimo, resuelto sin ninguna solicitud por parte de las empresas. Y
ya veremos en qué quedan los 3500 millones de euros para competencias digitales, que debería hacer que España liderara estos perfiles tecnológicos en Europa; ya veremos qué es lo que ocurre.
Termino. Nosotros, el Grupo Popular, se va a encontrar con que el próximo presidente del Gobierno, el señor Feijóo, tendrá un dinero que no ha sido capaz de ejecutar este Gobierno, pero además nos va a dejar sin tiempo para hacerlo y con la
mayoría de las convocatorias que nunca llegarán a convocarse. Estamos de acuerdo -y ya termino- con el Grupo Parlamentario Ciudadanos en que los fondos no llegan al tejido productivo, y por eso votaremos a favor de esta moción. Y no les quepa duda
de que, a partir del año que viene, ya lo arreglaremos nosotros con el nuevo Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pedreño.
Señora Muñoz, ¿acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.
No. Se votará en sus términos. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muy bien, muchas gracias.
Señorías, votamos en tres minutos. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE MEDIDAS DE REFORMA DE LA EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS. (Número de expediente
122/000071).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones. (El señor Garcés Sanagustín solicita que se revisen los ordenadores de algunos de los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso). Perdón, pediría a los
servicios de la Cámara si pueden revisar los escaños de la segunda fila del Grupo Parlamentario Popular. (Así lo hacen dos ujieres). Entiendo que es el ordenador el que está apagado. (Asentimiento). En principio, ¿el voto debería funcionar?
(Asentimiento).
Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas de reforma de la Evaluación para el Acceso a la Universidad para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el
acceso a las enseñanzas universitarias.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 154; en contra, 185; abstención, 1.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS REPUBLICANO Y EUSKAL HERRIA BILDU, PARA LA RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES. (Número de expediente 122/000221).
La señora PRESIDENTA: Proposición de ley de los grupos parlamentarios Republicano y Euskal Herria Bildu, para la recuperación y ampliación de los derechos laborales.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 30; en contra, 275; abstenciones, 35.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
Muchas gracias a todos.
Se suspende la sesión hasta mañana las nueve.
Buenas noches.
Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.