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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 204, de 25/08/2022
cve: DSCD-14-PL-204
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 204
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 196 (extraordinaria)
celebrada el jueves,
25 de agosto de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página6)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad. ('BOE' núm. 179, de 27 de julio de
2022). (Número de expediente 130/000085) ... (Página6)
- Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia
energética del gas natural. ('BOE' núm. 184, de 2 de agosto de 2022). (Número de expediente 130/000086) ... (Página23)
- Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales. ('BOE' núm. 184, de 2 de agosto de 2022). (Número de expediente 130/000087) ... (Página47)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 62-8, de 2 de agosto de 2022. (Número de expediente 121/000062) ... (Página66)
- Votación ... (Página74)
Enmiendas del Senado. (Continuación) ... (Página74)
- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 92-7, de 2 de agosto de 2022. (Número de expediente 121/000092) ...
(Página74)
- Proyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de
2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la
Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 84-8, de 2 de agosto de 2022.
(Número de expediente 121/000084) ... (Página85)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página92)
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página93)
Votación de conjunto ... (Página93)
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve de la mañana
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página6)
Palabras de la Presidencia ... (Página6)
La Presidencia informa de la tramitación de los distintos puntos del orden del día, y sobre cómo se va a proceder en las votaciones.
Convalidación o derogación de reales decreto leyes ... (Página6)
Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad ... (Página6)
El señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Escrivá Belmonte) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto ley de referencia.
En turno en contra de la convalidación interviene la señora Cañizares Pacheco, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; los señores Rego Candamil, Boadella Esteve y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural, y Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Franco Carmona, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común;el señor Cabezón Casas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, así como la señora Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia
energética del gas natural ... (Página23)
La señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Sánchez Jiménez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto ley de referencia.
En turno en contra de la convalidación interviene la señora Gamarra Ruiz-Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y García Adanero, la señora Oramas González-Moro y el señor Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario
Euskal Herria Bildu, Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Errejón Galván, así como la señora Nogueras i Camero, del Grupo
Parlamentario Plural; los señores Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano, López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo
Parlamentario VOX, así como Ramos Esteban, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales ... (Página47)
La señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Ribera Rodríguez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Fernández Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Matute García de Jalón, Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil, Baldoví Roda y la señora Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Plural; los señores Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario
Republicano, Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Chamorro Delmo, del Grupo Parlamentario VOX, Sánchez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Aceves Galindo, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Enmiendas del Senado ... (Página66)
Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual ... (Página66)
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, y Toscano de Balbín, del Grupo Parlamentario VOX.
La señora Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano, interviene para, en base al artículo 103 del Reglamento de la Cámara, solicitar la retirada de términos vertidos por la señora Toscano de Balbín.
Continúa el turno de fijación de posiciones con la intervención de las señoras González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Berja Vega, del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página74)
La Presidencia informa de que la enmienda del Senado número 93, que modifica el preámbulo, apartado III, párrafo cuarto, del proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual ha sido votada telemáticamente y aprobada por
347 votos emitidos; 293, a favor; 1 en contra y 53 abstenciones.
Asimismo destaca que, al tener orgánico, se someterá posteriormente a una votación final de conjunto.
Enmiendas del Senado (continuación) ... (Página74)
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ... (Página74)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Baldoví Roda, así como la señora Illamola
Dausà, del Grupo Parlamentario Plural; los señores Margall Sastre, del Grupo Parlamentario Republicano, Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Utrilla Cano, del Grupo Parlamentario VOX, y
Navarro López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; así como la señora Guaita Esteruelas, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de
2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la
Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del derecho de sociedades. (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) ... (Página85)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural, Uriarte Torrealday, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, Santamaría Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Aranda Vargas, del Grupo Parlamentario Socialista.
Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación) ... (Página92)
Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad ... (Página92)
La Presidencia señala que el citado real decreto ley ha sido convalidado telemáticamente por 260 votos a favor; 64 en contra y 25 abstenciones.
El resultado de la votación telemática de su tramitación como proyecto de ley es el siguiente: votos a favor, 348; en contra, 1, por lo que se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia
energética del gas natural ... (Página93)
La Presidencia indica que el citado real decreto ley queda convalidado telemáticamente al haber obtenido 187 votos a favor; 161 en contra y 1 abstención.
Se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia al haber obtenido 342 votos a favor; 6 en contra y 1 abstención.
Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales ... (Página93)
La Presidencia destaca que el citado real decreto ley ha sido convalidado, al haber obtenido 265 votos a favor; 6 en contra y 77 abstenciones.
Se rechaza su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia por 170 votos a favor; 177 en contra y abstenciones, 2.
Votación de conjunto ... (Página93)
Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual ... (Página93)
La Presidencia anuncia la aprobación del citado proyecto de ley orgánica al haber obenido el siguiente resultado telemático: votos a favor, 205; en contra, 141 y abstenciones, 3.
Enmiendas del Senado. (Continuación). (Votación) ... (Página93)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ... (Página93)
La Presidencia indica que la enmienda del Senado al citado proyecto de ley ha sido rechazada por 108 votos a favor; 189 en contra y 52 abstenciones.
Proyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de
2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la
Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del derecho de sociedades. (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) ... (Página93)
La Presidencia señala que sometidas a votación telemática separada las diferentes enmiendas del Senado al citado proyecto de ley, fueron todas rechazadas.
Se levanta la sesión a las cinco y veinticinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se abre la sesión. Ocupen sus escaños, por favor.
Como dije ayer en la Diputación Permanente, espero que todos hayan tenido unos días de descanso, que los hayan disfrutado, que hayan sido felices con sus familias, con sus amigos y que, por tanto, estén con fuerzas y energía para hacer el
mejor de los parlamentos en el nuevo periodo de sesiones.
Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. (Rumores). Les pido un poco de silencio, por favor.
En sustitución de doña Carolina España Reina, pregunto a doña Isabel Gema Pérez Recuerda si jura o promete acatar la Constitución.
La señora PÉREZ RECUERDA: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: En sustitución de doña María José García-Pelayo Jurado, pregunto a don José Ignacio Romaní Cantera si jura o promete acatar la Constitución.
El señor ROMANÍ CANTERA: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Doña Isabel Gema Pérez Recuerda y don José Ignacio Romaní Cantera han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena. (Aplausos).
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, como saben, la presente sesión plenaria incluye el debate y votación de la enmienda del Senado al proyecto de ley orgánica de garantía integral de libertad sexual. En el caso de que fuese aprobada, dicho
proyecto de ley orgánica tiene que ser sometido a una votación final sobre el conjunto, la cual, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta
disposición y teniendo en cuenta que, de conformidad con lo acordado por la Mesa de la Cámara, todos los asuntos incluidos en el orden del día de la presente sesión plenaria se votarán íntegramente de manera telemática, les anuncio que el plazo de
votación de los asuntos que quedan pendientes de votar, incluida la votación final de esta iniciativa, comenzará tras el debate correspondiente a la enmienda aprobada por el Senado al proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad
sexual. Asimismo, les informo de que desde las 9:15 horas, es decir, en diez minutos aproximadamente, y hasta las 13:00 horas de hoy se podrá votar telemáticamente la enmienda relativa a dicho proyecto de ley orgánica.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 13/2022, DE 26 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECE UN NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN PARA LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS Y SE MEJORA LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD. (Número de expediente 130/000085)
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos leyes. En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley
13/2002, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad. Para presentar el real decreto ley tiene la palabra, en nombre del
Gobierno, en señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Buenos días, presidenta.
Señorías, comparezco hoy ante ustedes para defender el Real Decreto-ley 13/2022, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Se trata de una reforma estructural que hace más
justo, flexible y equitativo el sistema de cotización de los
trabajadores por cuenta propia y que moderniza y mejora la acción protectora de la Seguridad Social hacia este colectivo. El cambio de este modelo hace que las prestaciones se alineen con el esfuerzo contributivo y hace más equiparable el
modelo de protección de los trabajadores por cuenta ajena a los del régimen general.
El real decreto ley que se vota hoy es, como todas las reformas legislativas en este ámbito que estamos llevando a cabo, la respuesta al mandato de las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas por sus señorías en este Pleno por una
decisión casi unánime de la Cámara en otoño del año 2020, tras un serio y profundo trabajo parlamentario. Estas recomendaciones incluyen dos relativas a los trabajadores autónomos, a las que da respuesta esta reforma. Se trata en concreto de la
recomendación número 4, que señala la necesidad -y cito literalmente- 'de que se promuevan, en el marco del diálogo social, medidas para aproximar las bases de cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales, de forma que no se vean
perjudicados los elementos de contributividad y solidaridad en los que se fundamenta el sistema'. Y después tenemos la recomendación número 5 -y de nuevo leo literalmente-, por la que 'se insta a los poderes públicos a adecuar, en el marco del
diálogo social, la cotización del régimen especial de trabajadores autónomos, vinculando la cuantía de las cuotas a sus ingresos reales'. Estas dos recomendaciones proporcionan una directriz clara y rotunda por la convergencia del régimen de
autónomos con el régimen general, y explícitamente -y creo oportuno remarcarlo- las reformas deben desarrollarse a través del diálogo social. Este es el mandato que ustedes, señorías, nos dieron textualmente... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señor ministro. Espere un momento, por favor, perdone que le interrumpa. Entiendo las ganas de hablar, de compartir, de explicar las múltiples experiencias veraniegas, pero, por favor, pido
silencio porque es imposible mantener la concentración por parte del orador y mantener la atención por parte de aquellos que queremos escuchar al orador. Les pido silencio, por favor. Gracias.
El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Decía que estas recomendaciones señalan explícitamente -y creo oportuno remarcarlo- que las reformas deben desarrollarse a través del diálogo social. Este
es el mandato que ustedes, señorías, nos dieron textualmente, y así lo hemos hecho.
El real decreto ley que traigo hoy a esta Cámara es una reforma muy compleja y muy trabajada, negociada no solo con los interlocutores sociales, los representantes de los trabajadores y de los empresarios, sino también con las asociaciones
de autónomos, representantes de un colectivo muy heterogéneo, con preocupaciones diversas y con las que hemos trabajado codo con codo durante unos cuantos meses.
Creo poder decir en nombre de todos los que han participado que es un éxito colectivo que hayamos encontrado la forma de corregir una situación que afecta a más de tres millones de trabajadores; esto es, uno de cada seis trabajadores de
nuestro país. Estos trabajadores han recibido hasta ahora un tratamiento distinto en nuestro sistema de Seguridad Social que se ha traducido en un problema de infracotización e inadecuación de la acción protectora de la Seguridad Social hacia
ellos. Corregimos, por tanto, estos problemas con una reforma que nace doblemente legitimada, por el Pacto de Toledo y por el diálogo social.
Siempre he insistido en esta Cámara en la importancia de que las grandes reformas estructurales -y esta lo es, sin duda- nazcan del mayor acuerdo parlamentario y social posible, aunque lograr este acuerdo no sea una tarea fácil. Este amplio
consenso da credibilidad a esta reforma de cara a la ciudadanía y le permite desplegar todos sus efectos a medio y largo plazo. A todos tengo que agradecer el esfuerzo realizado. Han sido meses de intenso trabajo, en los que todos han demostrado,
desde la legítima defensa de sus intereses, su determinación para llegar a este acuerdo. Cada uno ha tenido la altura de miras para ver lo importante que era que llegáramos a un acuerdo con el que todos nos sintiéramos cómodos. Gracias a este
esfuerzo colectivo y a este sentido de la responsabilidad hoy tenemos un real decreto ley apoyado por todos los interlocutores sociales y por todas las asociaciones de autónomos más representativas.
Quiero remarcar también que, además, este acuerdo cumple con uno de los compromisos con las autoridades europeas en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con este decreto ley cumplimos uno de los principales
hitos del componente 30 del plan, corrigiendo la anomalía que suponía tener en el contexto europeo un sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos
desligado de sus ingresos reales. La necesidad de cumplir con este compromiso y de asegurarnos que el sistema esté listo para entrar en funcionamiento el próximo enero avala la situación de extraordinaria y urgente necesidad que nos ha
impulsado a tramitarlo como real decreto ley, aunque seguimos abiertos al diálogo con todas las fuerzas parlamentarias para mejorar esta reforma y asegurarnos que se cumplan de la mejor manera posible sus objetivos.
Este decreto ley constituye un punto de inflexión en una situación de partida anómala para el colectivo de trabajadores autónomos; una situación cuyo diagnóstico era compartido por todos, durante la cual los sucesivos intentos de
modificarla hasta ahora no habían llegado realmente a buen puerto. A diferencia de lo que ocurre con los países de nuestro entorno, en los que las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos dependen de los ingresos que genera su actividad,
en España este vínculo no existía. Por eso, el 84 % de los afiliados al régimen de autónomos cotiza por la base mínima. La generalización de esta base mínima entre casi todos los trabajadores autónomos y la permanencia en ella a lo largo de toda
la carrera profesional, con independencia de la evolución de sus ingresos, no solo es difícilmente comprensible en un sistema contributivo de reparto como el nuestro, sino que, además -y esto es muy importante-, acaba originando un grado de
desprotección estructural de este colectivo.
La falta de adecuación de la acción protectora se hace evidente, en primer lugar, en las pensiones que reciben los trabajadores autónomos cuando se jubilan. La pensión media de jubilación por el régimen especial de autónomos es un 43 %
inferior a la pensión media del régimen general, lo que supone una diferencia de más de 600 euros al mes. En concreto, los nuevos pensionistas del régimen general cobran en promedio una pensión de 1494 euros y, en cambio, la pensión media de los
nuevos jubilados en el régimen de autónomos es tan solo de 850 euros al mes. Este bajo nivel de cotizaciones requiere que una de cada tres pensiones de los trabajadores autónomos tenga garantías de mínimos, un porcentaje muy superior al de las
pensiones en el régimen general, en las que esto ocurre en uno de cada cinco casos. Esto supone un esfuerzo al conjunto de nuestro sistema público de pensiones que, si bien tiene carácter solidario, resulta poco respetuoso con el principio de
equidad y refleja la escasa contributividad del régimen de los autónomos. En un sistema de pensiones de reparto resulta particularmente inadecuado e injusto que se permita elegir la cuantía de cotización a un subconjunto de trabajadores que
participan en el sistema. Con ello, se admite que un grupo infracotice y se beneficie de la solidaridad del conjunto del sistema y, sobre todo, resulta totalmente ineficiente en lo que se refiere a la acción protectora, pues no permite proporcionar
un nivel adecuado de protección a este grupo de trabajadores que eligen su contribución.
En segundo lugar, la desvinculación entre ingresos y cotizaciones en el régimen especial de trabajadores autónomos genera serios problemas de equidad, ya que favorece la opción por una cuota mínima universal que es muy alta para estos
trabajadores, que han de enfrentar periodos de bajos ingresos. Por ello, es preciso movernos hacia un sistema más equitativo, que vincule las cotizaciones con los ingresos y que permita así hacer más livianas las cotizaciones en periodos en los que
los trabajadores autónomos atraviesan dificultades o en los que, por diferentes motivos, tienen rendimientos más bajos.
Finalmente, los autónomos han enfrentado más obstáculos que otros trabajadores a la hora de acceder a prestaciones al enfrentar determinadas contingencias durante su actividad laboral. En concreto, el enfoque excesivamente restrictivo que
regía la prestación por cese, que exigía el cese total y definitivo de la actividad por parte del autónomo para acceder a ella, limitaba la acción protectora de la Seguridad Social hacia este colectivo. Además, esto impedía que esta prestación
sirviera para proteger de manera efectiva al tejido productivo en aquellos momentos de crisis, como vimos durante la crisis financiera. Por eso, el decreto ley cuya convalidación votan ahora incorpora también una importante reforma en la prestación
del cese de actividad para que, a semejanza de los nuevos modelos de protección y flexibilidad interna puestos en marcha para el trabajo por cuenta ajena en la reforma laboral, el empleo autónomo también se beneficie de una cobertura más efectiva y
flexible de las diferentes contingencias a las que está expuesto en el desempeño de su actividad.
Aunque buena parte del debate en torno a la reforma gira alrededor del despliegue de un nuevo sistema de tramos de cotización, quiero enfatizar que esta reforma es mucho más que eso; es mucho más que eso. Es, como señalaba al principio,
una reforma estructural de la relación entre la Seguridad Social y el colectivo de trabajadores autónomos. Con ello, nos movemos a un nuevo modelo más ágil, más flexible, más justo y más sostenible de la acción protectora para los trabajadores por
cuenta propia, que impulsa de manera decidida la convergencia de regímenes de la Seguridad Social y que, simultáneamente, trata de manera diferenciada las especificidades que tienen los trabajadores autónomos.
Desde mi punto de vista, hay tres elementos que han hecho posible que hayamos logrado un acuerdo sobre este diseño. En primer lugar, quiero destacar los avances en la interoperabilidad entre las bases de datos de las diferentes
administraciones públicas y las nuevas herramientas digitales de comunicación directa con los autónomos desarrolladas por la Tesorería General de la Seguridad Social. Estos avances son claves para la incorporación del concepto de rendimientos
netos, una cuestión esencial para la puesta en marcha del sistema de cotización por ingresos reales. Los rendimientos netos se calculan deduciendo de los ingresos todos los gastos producidos en el ejercicio de la actividad y que sean necesarios
para la obtención de estos ingresos. Sobre ello se aplica adicionalmente una deducción por gastos genéricos del 7 % para los autónomos no societarios y del 3 % en el caso de los autónomos societarios. Pues bien, como no puede ser de otra forma,
poner en funcionamiento y hacer operativo este concepto de rendimientos netos exige un esfuerzo técnico por parte de la Administración pública en su gestión de la información y en su interacción con los ciudadanos. Hoy en día este esfuerzo es
factible gracias al avance en la digitalización de la Administración pública española y gracias también a la disponibilidad de aplicaciones y herramientas que facilitan la interactividad electrónica entre los usuarios de la Seguridad Social y con la
Agencia Tributaria. La colaboración entre distintas unidades administrativas del Estado está siendo clave para establecer mecanismos de trasparencia entre datos y protocolos de seguridad que facilitan la interoperabilidad de bases de datos de la
Seguridad Social y de la Agencia Tributaria.
En segundo lugar, hemos sido capaces de llegar a este acuerdo también gracias al aprendizaje colectivo que ha supuesto para todos nosotros la experiencia proporcionada por la crisis del COVID y, en menor medida también, la del volcán de
Cumbre Vieja, en La Palma, y de la necesidad de desplegar nuevas políticas ágiles de protección a los autónomos ante la situación económica que han tenido que afrontar en este periodo. Durante la pandemia, casi 1,5 millones de trabajadores
autónomos -y quiero remarcar esta cifra, 1,5 millones de trabajadores autónomos- llegaron a beneficiarse de estas prestaciones extraordinarias. Como resultado, y a diferencia de crisis pasadas, no solo no se ha destruido empleo autónomo, sino que
la recuperación está siendo muy notable. En menos de un año se ha recuperado el nivel previo a la pandemia de empleo de los autónomos y, a día de hoy, hay 50 000 autónomos más en el régimen propio de la Seguridad Social que antes de la pandemia.
Para ponerlo en perspectiva, en la crisis financiera se destruyó uno de cada ocho empleos de autónomos y, más de una década después, aún no se había recuperado uno de cada tres empleos destruidos durante la crisis.
En definitiva, el despliegue de prestaciones extraordinarias hacia el colectivo de autónomos en estos años excepcionales nos ha permitido a todos ver cómo una concepción diferente de esta política puede servir para mejorar la protección de
los autónomos de forma paralela a como se ha hecho con los trabajadores del régimen general en la reforma laboral y facilitar la reactivación económica tras episodios de crisis. Pues bien, señorías, ese es otro de los logros de este real decreto:
se amplían las modalidades del cese de actividad para adaptarse a un amplio número de tipologías y se hace compatible además con el cese parcial de la actividad, esto es, no es preciso ya el cierre total del negocio para acceder a esta prestación.
También se incorporan para los trabajadores autónomos los mecanismos RED cíclicos y sectoriales, como se han incorporado en la reforma laboral para los trabajadores del régimen general, lo que permite que los autónomos estén también
protegidos ante una desfavorable coyuntura económica o ante cambios estructurales que requieran al autónomo una recualificación para transformar o modernizar su negocio.
En tercer lugar, este acuerdo ha sido posible gracias al trabajo y voluntad de acuerdo de todos los interlocutores y la constatación por parte de todos los interlocutores de que la implicación y participación de todos ellos en el acuerdo era
fundamental para su éxito. Gracias a esta voluntad de acuerdo, todos han hecho sacrificios, pero las demandas y legítimos intereses de todos han podido ser interiorizadas. Este nuevo sistema incluye cuotas notablemente reducidas para aquellos
trabajadores autónomos con rendimientos netos por debajo del salario mínimo interprofesional. Para otro conjunto de trabajadores, aquellos con rendimientos netos entre el salario mínimo interprofesional y los 1700 euros, las cuotas serán similares
o incluso menores de las actuales. Esto supone que uno de cada dos trabajadores autónomos tendrá acceso a una cuota menor que la que paga actualmente. Esta reducción puede llegar a ser de hasta el 30 % respecto a las cuotas actuales, lo que supone
unos 1000 euros al año. En conjunto, tres de cada cuatro trabajadores autónomos van a cotizar menos o igual que ahora. Pero es que, además, esta reforma favorece fundamentalmente a algunos colectivos, como las mujeres o los jóvenes: siete de cada
diez mujeres que trabajan como autónomas tienen rendimientos netos inferiores al salario mínimo, y lo mismo ocurre con los trabajadores autónomos menores de 30 años: tres de cada cuatro tienen rendimientos
inferiores al salario mínimo y, por tanto, van a tener acceso a cuotas más bajas. Este es un elemento central, reflejo de la flexibilidad del nuevo sistema, que se adapta a la situación de ingresos de las personas en las distintas fases de
su actividad o en las diferentes circunstancias de su negocio. De esta forma se ayuda, por ejemplo, a las personas jóvenes cuando precisamente más lo necesitan, en las primeras fases del desarrollo de su actividad, y les permite una mejora del
acceso a las prestaciones a medida que crezcan sus rendimientos.
Con estos objetivos se actualiza también el diseño de la cuota reducida para aquellos autónomos que inician su actividad, corrigiendo algunas debilidades ya detectadas en el modelo anterior y focalizando las ayudas en el segundo año en
aquellos nuevos emprendedores que todavía necesiten ayuda por sus bajos ingresos. Son cambios que van a afectar a más de tres millones de trabajadores de nuestro país, lo que supondrá un reto para la Seguridad Social, pero también supondrá un
proceso de adaptación y aprendizaje para todo el colectivo de trabajadores autónomos. Por ello, y aunque en algunos casos el impacto económico sea mínimo, esta modernización del régimen de cotización para autónomos se va a implementar de forma
gradual, para dar tiempo a este colectivo a adaptarse al nuevo sistema en el que las cotizaciones dependerán de sus rendimientos netos.
En conjunto, se trata de una reforma profunda, muy sustantiva, que implicará mejoras visibles e inmediatas a los trabajadores autónomos, pero sobre todo supondrá un antes y un después en su relación con la Seguridad Social. Es un punto de
inflexión que permitirá no solo mejorar la acción protectora sobre este colectivo de trabajadores, sino que también lo hará -y me parece fundamental- porque aumentará la equidad del sistema, su flexibilidad y su sostenibilidad. Y sobre todo es una
reforma que da estabilidad, que está asentada en el consenso y en el diálogo, en las recomendaciones que emergieron de esta Cámara y en el acuerdo con los interlocutores sociales y los representantes de los trabajadores autónomos.
Creo, señorías, que debemos felicitarnos por el trabajo realizado, y me ratifico en agradecer las contribuciones de todos los que lo han hecho posible; contribuciones que pueden continuar en el trámite de este decreto ley como ley en esta
Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, la señora Cañizares Pacheco. (Aplausos).
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias presidenta, señor ministro, señorías.
Lo que ha contado usted aquí, señor ministro, lo cuenta porque lo trae escrito, porque se lo dicta el guion del sanchismo. Lo que yo le voy a decir no me ha dicho nadie que lo cuente; me lo dice el sentido común y mi experiencia
profesional como autónoma. (Aplausos).
La esencia del real decreto que hoy trae a convalidación reside en tres pilares que son los principios de las políticas de este Gobierno: la mentira, el aumento de la recaudación y el ataque a la libertad. Muchos de los que pasen después
de mí por esta tribuna mostrarán su complacencia con el nuevo sistema de cotización para los autónomos y hablarán de sus bondades, como si se tratase de ese bálsamo de Fierabrás al que aludía siempre el ingenioso hidalgo de La Mancha, y casi todos
ellos van a tener algo en común: que ni han sido ni son ni serán nunca autónomos, un dato muy revelador. (Aplausos). Como decía, este real decreto gira en torno a tres ejes. Uno, la mentira. El Gobierno dice que el régimen de autónomos es
deficitario porque, en uso de su libertad, casi todos los autónomos han elegido la base mínima de cotización. ¿Ustedes no han pensado que la elección de esa base mínima de cotización se puede deber a que, efectivamente, se trata de un sistema que
tiene muchas debilidades, que ustedes no son capaces de ofrecerles a los autónomos los derechos consolidados hasta el momento de cuánto van a cobrar, pero sí lo que tienen que pagar? Es decir, la certeza se da a día de hoy, lo que yo voy pagar,
pero no cuánto voy a cobrar de pensión. Y entre otras cuestiones, los distintos gobiernos hasta ahora lo que han hecho es vetar la posibilidad de que muchos autónomos puedan cotizar por bases superiores cuando lo solicitaban porque se encontraban
cerca de la edad de jubilación, y poco menos que les han dicho que tenían comportamientos fraudulentos. Si una persona tiene cerca de cincuenta años, está planteándose su jubilación y en esos momentos tiene más recursos, más disponibilidad, menos
cargas familiares, lo lógico es que piense en su jubilación en ese momento y no cuando tiene veinte años, pero ustedes eso lo achacan a que son comportamientos fraudulentos. Por tanto, es mentira que el régimen de la Seguridad Social para los
autónomos sea deficitario como consecuencia de la elección de una base mínima, porque
además estamos ante un sistema contributivo: en función de lo que yo aporto, así cobraré. Por tanto, ¿dónde está el déficit?
En cuanto al aumento de la recaudación, le diré que ustedes caen en su propia trampa. Si dicen que el sistema es deficitario porque los autónomos en su mayoría -el 84 %- cotiza por la base mínima, resulta que ahora va a dejar de ser
deficitario. ¿Por qué? Porque van a recaudar más. Y le voy a poner dos ejemplos. Hasta ahora todas las personas que tenían ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, en principio, no tenían obligación de causar alta en el régimen de
autónomos de la Seguridad Social, y así lo ha venido avalando la justicia de manera reiterada en su jurisprudencia. A partir de ahora, un autónomo que tenga unos rendimientos inferiores al salario mínimo interprofesional tendrá que cotizar por
aproximadamente el 30 % de su renta disponible. En segundo lugar, lo que también han hecho ha sido aumentar la cotización para los autónomos emprendedores, pasando de 60 a 80 euros. Y le doy otro dato más. En estos momentos y con este régimen que
acaban de implantar, las personas jubiladas que tengan compatibilidad entre su pensión y el desarrollo de una actividad económica también tendrán que causar alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social con una serie de pagos, cuestión que
hasta ahora no era así, porque ustedes están obviando si se trata de una actividad habitual, de una actividad que sea solamente residual y si los ingresos superan o no el salario mínimo interprofesional.
En cuanto a la libertad, le digo que, efectivamente, es un ataque a la libertad, por mucho marketing buenista con el que el Gobierno pretende engañar y convencer a los autónomos bajo ese eslogan de 'Lo hacemos por tu bien'. La realidad es
que esta es una de las cuestiones nucleares de este decreto, ese ataque a la libertad del autónomo suprimiendo su derecho a elegir, porque ustedes los progresistas, -istas, -istas (aplausos), son muy de derechos para elegir en cuestiones éticas y
morales, pero cuando se trata del derecho a elegir en cuestiones económicas son más del derecho borreguil, es decir, todos tenemos que obedecer al Gobierno, son más de la imposición. (Aplausos). Y con el pretexto de proteger a los autónomos
encontramos un Gobierno socialcomunista que ha vivido siempre de lo público, que da lecciones a los autónomos sobre cómo planificar su futuro. Porque, claro, los autónomos, pese a haber montado un negocio y ganarse la vida con su esfuerzo, resulta
que no tienen ni idea de cómo planificar su jubilación. Por tanto, atacan uno de los pocos espacios donde aún se podía ejercer la responsabilidad y la libertad individual para el autónomo, que era elegir dónde y cómo ahorrar o invertir y diseñar su
jubilación. Porque ustedes siempre muestran hostilidad hacia cualquier comportamiento dentro de la sociedad que suponga ejercer la libertad personal e individual. Su objetivo es inculcar a los ciudadanos que, o van en el redil, o que solos van a
ser incapaces de vivir por sus propios medios. Desde VOX sabemos que los autónomos, en lugar de imposición, necesitan información transparente y fiable, certidumbre y seguridad jurídica. Señor ministro, si, como le he dicho antes, ustedes no son
capaces de ofrecer a los ciudadanos el importe de los derechos consolidados de las aportaciones a la Seguridad Social, ¿cree usted que van a ser capaces de organizarle el futuro y las pensiones a los autónomos? (Aplausos).
En fin, en cuanto a la acción protectora de la que usted ha hablado por parte de la Seguridad Social, estamos de acuerdo en que hay que proteger a los autónomos, sí, pero hay que protegerles de ustedes, de este Gobierno que ha arruinado a
miles de ellos. Le recuerdo que obligaron a cerrar sus negocios a miles de ellos mediante un estado de alarma inconstitucional, declarado inconstitucional gracias a los recursos de VOX. Les negaron ilegalmente su derecho a trabajar y aún no les
han indemnizado como merecen y como defendemos desde VOX. Se comportaron con ellos como un empresario que manda a casa a un trabajador sin indemnización. ¿Se imagina usted, señor ministro, que pensando en el interés general de los españoles les
mandamos a usted y a todo su Gobierno a casa sin derecho a indemnización? Al ser la finalidad perseguida el interés general y para salvar vidas, estaría justificado que nos saltásemos la Constitución y los pusiéramos a ustedes de patitas en la
calle. (Aplausos). Esa es la protección que han dado ustedes a los autónomos.
En cuanto al sistema de protección, hay una posibilidad de que el autónomo perciba la prestación por cese de actividad, que es cuando tenga deudas que superen el 150 % de sus ingresos. ¿Saben lo que han hecho ustedes? Excluir de esas
deudas las que tengan contraídas con Hacienda y con la Seguridad Social, cuando muchos autónomos a día de hoy todavía arrastran deudas con la Seguridad Social y con Hacienda procedentes de la pandemia, que no pudieron pagar porque no generaron
ingresos porque ustedes les obligaron a cerrar. (Aplausos).
Para ir completando el menú de despropósitos que plantea el Gobierno y los que le bailan el agua, han modificado ustedes el artículo 117 de la Ley General Tributaria -lo digo para que me oiga la ministra de Hacienda, que está aquí-, y han
modificado ese artículo con el pretexto de que la Seguridad Social
pueda obtener mejor información de la Agencia Tributaria en cuanto a la determinación de las bases, pero eso es mentira, no es cierto. En la exposición de motivos del real decreto usted dice que lo hacen con relación al régimen tributario
especial de atribución de rentas, y en la redacción definitiva del artículo han obviado lo de atribución de rentas y han dejado regímenes tributarios especiales, de manera que ahora los órganos de gestión tributaria, que hasta ahora no podían, van a
poder comprobar regímenes tributarios especiales, cuando ese espacio quedaba reservado a la Inspección, que siempre otorga mayores y mejores garantías al contribuyente. Y es que el 29 de marzo de 2021 el Tribunal Supremo dictó una sentencia donde
hablaba de los abusos cometidos por parte de los órganos de gestión tributaria que iniciaban procedimientos sobre regímenes tributarios especiales para los cuales no estaban habilitados. Así que ya por la puerta de atrás modificamos la Ley General
Tributaria y todo arreglado. Muy bien. (Aplausos).
Cómo no, vamos a subrayar la ausencia de la ley de transparencia respecto a cuáles serán concretamente los ingresos o rendimientos computables a efectos de determinar la base de cotización, porque lo que se intuye tras una detenida lectura
del texto es que el autónomo deberá cotizar no por los rendimientos de su actividad económica, sino por todos. Y le pregunto, señor ministro: ¿incluso por los rendimientos presuntos? Porque, claro, ustedes hablan de los derivados de ostentar la
participación en una entidad con o sin personalidad jurídica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si un autónomo tiene un taller mecánico con su cuñado por el valor de la participación social que tenga en esa entidad le van a imputar ustedes una renta
presunta? Porque no queda claro en el real decreto ley. ¿Es que de manera encubierta están introduciendo un impuesto sobre el patrimonio disfrazado de mayor cotización a la Seguridad Social? (Aplausos). Cuidado.
Otra pildorita. Cuando la Agencia Tributaria inicie un procedimiento de comprobación y determine que los rendimientos que ha declarado un autónomo son inferiores a los que ella considera, lógicamente esta liquidación la remitirá a la
Seguridad Social para que la Seguridad Social también conforme una nueva base de cotización, y todo ello lo hacen obviando el derecho que asiste al contribuyente a recurrir esa liquidación. Por tanto, el autónomo ahora tendrá que pagar la cuota
tributaria resultante de la liquidación de Hacienda y la cuota resultante de la liquidación de la Seguridad Social, a pesar de que recurra y luego los tribunales le den la razón, es decir, más pagos. Y aquí entramos en terreno peligroso en el tema
de la Agencia Tributaria, porque sabe usted -y si no lo sabe se lo digo yo, por mi experiencia- que la legislación tributaria tiene muchísimas ambigüedades y esto de 'serán deducibles aquellos gastos necesarios para el desarrollo de la actividad'...
Usted, por ejemplo, cuando va a jugar al golf -porque usted juega al golf-, ¿viste la indumentaria que trae hoy? No, ¿verdad? Otra diferente. Es decir, que el traje que usted lleva puesto podría considerarse como que es un gasto necesario para el
desarrollo de su actividad, como le puede ocurrir a un autónomo, a un albañil, a un comercial (aplausos) cuando compran su uniforme de trabajo. Pues eso se lo dice usted a gestión tributaria y le suena a chino. Yo he visto fulminar facturas de
telefonía móvil a un autónomo porque recogían llamadas telefónicas en domingo. ¡Fíjese el nivel!
Nada tiene que ver el rendimiento computable a efectos fiscales de una actividad con el rendimiento económico y, por tanto, el problema para los autónomos son ustedes. Hay vida más allá de la pensión pública y de papá Estado. Le digo que
cada artículo, cada disposición, cada apartado de esta norma es una trampa mortal para el emprendedor; ha empezado la cacería del autónomo, del ciudadano libre y del divergente. ¡Vayan con cuidado autónomos, pero resistan! Y como decía una
cantaora: Compitieron en el tiempo la mentira y la verdad, compitieron en el tiempo y la mentira corrió más, pero alcanzado el momento la verdad llegó al final. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos
en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cañizares.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta. Egun on guztioi.
Desde nuestro grupo parlamentario creemos que la pregunta que cabe responderse para decantar o fijar posición de voto en este real decreto es si mejora y/o resuelve la situación actual. La situación actual ya se ha definido con profusión,
pero en cualquier caso creo que de manera muy esquemática podría definirse con dos parámetros. Primero, la dificultad de cada vez más personas de ese colectivo autónomo, de esos 3,4 millones de personas autónomas, para pagar las cuotas, fruto de la
situación actual. Y parece que la venidera tampoco va ayudar mucho más. Y el segundo rasgo característico tendría que ver con una
realidad que ha venido marcada por el aumento de los pagos de cuotas en los últimos años para así alcanzar una pensión algo más elevada que la que le permitirían todas las cotizaciones realizadas durante la primera parte de su actividad
laboral como autónomo. Yo no voy a entrar a definir esto como actividad fraudulenta o no, pero en cualquier caso es una constatación de la evidencia que durante décadas en el Estado español muchos autónomos elevaban en los últimos años su
cotización para así obtener una pensión mayor, cuando podían haberlo hecho también desde el principio.
En cualquier caso, esos dos rasgos son los que definen la situación actual y ante esto el real decreto -como decía respondiendo a la pregunta que señalaba- sí creemos que mejora algunas de las circunstancias que concurren en la actualidad.
Creemos que dota de mayor nivel de protección, equivalente al de pandemia, a este sector; un sector que cada vez muestra más vetas o trazos de riesgo. Creemos que ampliar el mecanismo RED o bajar el cese parcial del 75 a 60 % son buenas medidas.
También lo creemos en relación con la cotización ininterrumpida, que antes se cifraba en los doce meses anteriores a la solicitud de esta ayuda y que ahora establece doce meses en los dos últimos años. Por tanto, ahí sí podemos señalar que se
mejora la situación actual, pero en cualquier caso y para ser claros creemos que no resuelve algunos de los problemas de fondo. Por tanto, es una respuesta a medias. ¿Mejora? Sí. ¿Pero resuelve? No, porque hay elementos que quedan postergados
para el futuro. Por ejemplo, se habla de la necesidad de mejorar la protección social para las trabajadoras y trabajadores autónomos y, sin embargo, se fijan horizontes temporales, como 2025, para abordar en serio alguno de esos elementos. No hace
falta ser Nostradamus para prever que, si todo lo que vienen diciendo durante meses en los diferentes medios de comunicación se cumple, no parece indicar que en 2025 la situación vaya a ser mucho mejor para ellos que para el resto de los ciudadanos
y ciudadanas del actual Estado español. Todo el mundo vaticina un otoño duro, un otoño difícil y una entrada a una crisis de consecuencias y duración todavía imprevisibles. Por tanto, postergar esas mejoras a un debate que tendrá que realizarse o
materializarse en 2025 nos parece que es un error.
Creemos que se sigue sin abordar todo lo que tiene que ver con los subsidios. Creemos que todo lo que tiene que ver en materia de conciliación para las trabajadoras y trabajadores autónomos sigue quedando en el tintero y, como siempre,
porque la política para eso es recurrente, tiramos de palabras y de expresiones que ayudan a relajar esa voluntad de postergar. Hablamos de crear un observatorio para el seguimiento, control y evolución de la prestación o cese de actividad por
cuotas económicas. Hablamos de empezar a trabajar para que quienes tengan deudas inferiores a dos veces el SMI puedan fraccionarlo. No está mal, pero no resuelve a día de hoy. Queda fuera, y eso es lo que más nos preocupa, una revisión al alza de
las cuotas más altas, porque si usted nos ha hablado de la justicia, nos ha hablado de la solidaridad, yo le hablaría de la igualdad y de la equidistribución. Lo que vemos es que las cuotas más bajas tienen porcentualmente que soportar un gasto
mayor, un pago mayor que las rentas más altas y a esto no le encontramos demasiado sentido, porque creemos que si tenemos que hablar de progresividad -como hablamos en el régimen general de la Seguridad Social, como lo hablamos en la reforma fiscal
que algún día tendrá que llegar- también tendría que verse aquí y no tiene sentido que los tramos más bajos tengan que dedicar en torno a un 30 o 35 % de su rendimiento neto a cubrir esa cuota mientras que los tramos más altos -por ejemplo, el tramo
12- tengan que dedicar en torno a un 9 o 15 % de su rendimiento neto. No tiene demasiado sentido construir esta pirámide invertida, donde los que menos tienen porcentualmente más tienen que dedicar a esa cuota, mientras que los que más obtienen
dedican porcentualmente menos. Creemos que es necesario invertir esa carga y que esto no es un acto de venganza sino un acto de justicia; en definitiva, trabajar por la igualdad y por la solidaridad.
Por eso vamos a abstenernos, porque esa es la demanda que habíamos realizado a este Gobierno cuando plantearon esta iniciativa. Les dijimos que invirtieran esa realidad de tramos haciendo que los rendimientos de trabajo netos más altos
dediquen un porcentaje mayor para que los rendimientos de trabajo netos más bajos no tengan que dedicar tanto porcentaje. Creemos que eso sí hace sostenible el régimen de la Seguridad Social, que sí hace sostenible cualquier sistema de financiación
y que, en definitiva, es mucho más equidistributivo y justo que lo que se nos plantea en la actualidad. Por eso nos vamos a abstener. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito. (Rumores).
Señorías, les pido silencio, por favor.
El señor BARANDIARAN BENITO: Egun on. Buenos días. Bienvenidos a la vuelta al curso parlamentario, señoras y señores diputados, señor ministro, señora presidenta del Congreso.
No sé si conoce usted, señor ministro, una canción de Fito & Fitipaldis que dice: no tengo nada que decir; la letra de toda la canción es: no tengo nada que decir. Parece, en principio, que una ley que responde a un buen acuerdo, a un
acuerdo entre aquellos que se erigen como representantes sociales, tanto en el ámbito sindical como también en el ámbito de la representación de los autónomos como por parte del Gobierno, es positiva. Es positivo también que un acuerdo responda, en
principio, al desarrollo de las recomendaciones del Pacto de Toledo, de las recomendaciones 4 y 5 como ha venido usted a recordar en su exposición; un acuerdo que pretende en esa dirección aproximar las bases de cotización de los autónomos a sus
ingresos reales; un acuerdo que, además, traslada a la ley determinada mecánica de poder relativizar de alguna manera esas aportaciones en diferentes tramos o hacerlo de forma progresiva en diferentes años, como lo hace para los años 23, 24 y 25,
con el horizonte del año 2030, para obtener este acto de equiparación entre diferentes sistemas, es positivo. Por eso nuestra valoración de la ley, en principio, es positiva; es decir, esta ley responde a unos acuerdos y a un contenido que deben
ser amparados por esta Cámara y nuestro grupo, por tanto, va a apoyarla y va a prestarle su voto favorable.
Pero tampoco es cierto eso de que no tengamos nada que decir, no es cierto. Se lo dije en la comparecencia que tuvo usted ante la Comisión de Pacto de Toledo del pasado día 22 de julio, si no me equivoco, en la que decía que ojo con la
propuesta, que debe ser aplicada de forma correcta, porque puede aportar incongruencias que pudieran dar al traste con ella, porque esta o cualquier otra medida incurrirá en contradicciones que puedan ser insalvables tanto del punto de vista interno
como externo.
En el plano interno, porque de no ser eficaces en la condición de que la cotización responda efectivamente a ingresos reales se producirá un distanciamiento insalvable, no ya entre prestaciones y cotización que son contributivas, sino a un
esfuerzo añadido de solidaridad que podría hacer resentir el sistema, siendo determinante para evitar dicha consecuencia su tratamiento fiscal, la información fiscal y la posibilidad de que dichas cotizaciones se deban poder adaptar al ejercicio
fiscal pasado. Ojo, porque este es un elemento determinante del futuro de esta medida y, por lo tanto, también de la voluntad de integración. En el plano externo, porque no cabe exigir a quienes vayan a participar del sistema diferente nivel de
sacrificio, eso también en el ámbito de la solidaridad. Conviene, por ello, no solo equiparar cotizaciones y prestaciones, sino también su tratamiento fiscal. Es importante que la determinación de los elementos que inciden en la base de cotización
no sean diferentes entre los actuales regímenes ni a futuro entre las diferentes situaciones, porque urge determinar los elementos que vayan a poder señalar el gasto salarial, es decir, cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta como
gasto salarial a efectos de deducciones en los diferentes impuestos que les van a resultar ser de aplicación. (El señor Capdevilla hace gestos afirmativos). Señala el señor Capdevilla que sí, que efectivamente.
Vuelvo al comienzo. Esta es una buena ley porque responde a las recomendaciones 4 y 5. Es una buena ley porque es producto del acuerdo social y del acuerdo con autónomos. Pero ojo con su desarrollo futuro, que debe ser equitativo.
Recuerde que el futuro del sistema reside en sus ingresos, pero también en la garantía de los principios de solidaridad y contributividad y, por lo tanto, en el nexo que ello debe tener con su tratamiento fiscal; es muy importante. También, por
desgracia, es un muy buen acuerdo que se trae el Congreso sin posibilidad de incidir en su contenido. Porque, señor ministro -Gobierno, en general-, los interlocutores, al menos en lo que hace a la legitimación democrática de esta o de cualquier
otra medida, seguimos siendo los representantes elegidos por esta Cámara. Anóteselo usted, por favor, pero también el conjunto del Gobierno. No es la primera, pero espero que sea la última vez que sucede eso.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Señorías, presidenta, ministro, buenos días.
Estoy sorprendida porque deben de ser ustedes los únicos que deben conocer a los pocos autónomos felices con este real decreto, porque yo no me he encontrado con ninguno. El decreto que trae el Gobierno para convalidar hoy no puede ser
asumible por nadie que se diga liberal, que diga que defiende a los autónomos y que crea en la democracia parlamentaria -y me explico-, porque vamos hablar de la forma y del fondo respecto al nuevo sistema de cotización de los autónomos que traen
ustedes en este real decreto.
Estrenamos hoy un nuevo curso parlamentario, nuevo curso, pero con las viejas prácticas del Gobierno, que es hacer las cosas por real decreto, y con estos que convalidaremos hoy ya van ciento veinticinco en esta legislatura, siempre a golpe
de BOE, sin debate y sin diálogo. Vamos a oír, y hemos oído ya en repetidas ocasiones, argumentos como que el acuerdo nace del diálogo social y que es un mandato del Pacto de Toledo al Parlamento. Vuelven ustedes al trágala del diálogo social.
Una ley que modifica el sistema de cotización de los autónomos de nuestro país, uno de los sectores más importantes para nuestra economía, no puede hacerse de espaldas a esta Cámara y sin conceder a la oposición el mínimo margen para debatir y
mejorar el texto con propuestas como la que nosotros, por ejemplo, llevamos poniendo encima de la mesa y llevamos en nuestro programa electoral.
Ha hablado usted de la importancia histórica de esta reforma estructural y, por tanto, esta reforma debería haber sido un proyecto de ley, tal y como se comprometió usted conmigo, con Ciudadanos, en una comisión hace unos meses. No vale
decir ahora que van a aceptar su tramitación como proyecto de ley porque, lamentablemente, ya tenemos una experiencia en esta legislatura y sabemos qué pasa con los proyectos de ley, que van llenando los cajones y que nunca llegan a tramitarse. Por
otro lado, no paran ustedes de repetir que es un mandato del Pacto de Toledo y que hay acuerdo con los agentes sociales. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone, señora Muñoz. Señorías, por favor, les pido silencio.
Puede usted continuar.
La señora MUÑOZ VIDAL: Decía que no paran de justificarse en el argumento de que este real decreto nace del acuerdo social y una recomendación del Pacto de Toledo. Esta trampa argumental quizás pueda convencer a los señores del Partido
Popular, que van a apoyarles, pero a nosotros no nos vale. El Pacto de Toledo en su recomendación 5 establece -y leo textualmente- que se insta los poderes públicos a adecuar en el marco del diálogo social la cotización del régimen especial de los
trabajadores autónomos. Se insta a los poderes públicos, señorías. Según la Constitución, el único poder público que puede legislar es el Poder Legislativo, es decir, nosotros. Por lo tanto, el Pacto de Toledo no dio mandato a ninguna asociación
o a tres asociaciones de autónomos que solo representan a un tercio de los autónomos de nuestro país para que cerrara con el Gobierno una ley de esta importancia, dio poder al Poder Legislativo para que se negociara. El Parlamento somos nosotros;
los únicos que representamos los autónomos -a todos, no solo a un tercio- somos los diputados, nos voten o nos voten. El Parlamento es soberano y no tiene que pedir permiso a nadie más que a los españoles para hacer su trabajo. Tampoco nos vale
que el Pacto de Toledo hable de vincular la cuantía de las cuotas a los ingresos reales, porque adecuar y vincular, que yo sepa, no quiere decir esquilmar. Cotizar por ingresos no quiere decir esquilmar por ingresos, que es lo que están aprobando
ustedes hoy.
Voy al fondo del real decreto, al contenido. Empecé diciendo que no hay ni un solo liberal que pueda aceptar eso y lo repito. Este real decreto es un buen termómetro del liberalismo, porque esta reforma que van a convalidar ustedes aquí
-PSOE, Podemos y PP- ataca directamente a la libertad de los autónomos por los cuatro costados, y sobre la base de decir que es por su bien, ahora será el Estado quien dictará la base de cotización de la Seguridad Social y no el propio autónomo
quien decida libremente organizarse financieramente. Se cargan ustedes de un plumazo el principio de libertad de elección que precisamente el trabajo autónomo otorga para decidir cómo ahorrar o cómo reinvertir en su negocio. Además, dicen ustedes
que este real decreto beneficia a dos tercios de los autónomos. Entiendo que se alegran ustedes de que dos tercios de los autónomos de este país tengan ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional y que tengan que pagar cuotas fijas
aunque tengan cero ingresos.
Vamos a ver ¿a quién protege o a quién beneficia este real decreto?. ¿Beneficia a los más vulnerables, a aquellos que cobran menos del salario mínimo interprofesional? No, porque con este decreto los autónomos con ganancias menores al
salario mínimo interprofesional, que hasta ahora podían no estar dados de alta en el sistema, van a tener que estarlo y van a tener que pagar una cuota fija entre 200 y 300 euros, es decir, autónomos que, en el mejor de los casos, ganen el salario
mínimo interprofesional tendrán que pagar cuotas de hasta el 30 % de lo que ganan. Nos vamos a encontrar incluso con autónomos que tengan que pagar más a la Seguridad Social de lo que ganan por su actividad, todo un sinsentido salvo que quieran
ustedes generar más economía sumergida, más desigualdad y más pobreza. Miren, nosotros defendemos, y así viene en nuestro programa, que aquellos autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional no deberían pagar cuotas fijas
cada mes. Somos claros, quien ingrese cero euros paga cero cuota.
Y vamos a ver si esto beneficia a los emprendedores. Pero tampoco, los penalizan, porque usted ha dicho que se va a corregir una tendencia y una deficiencia del sistema, cuando quiere decir que corregir es subir la tarifa plana, una tarifa
cuesta arriba que va a pasar de 60 euros al mes a 80 euros al mes.
Veamos si benefician a los autónomos con salario medio. Y tampoco. Un autónomo con ingresos equiparables a un salario medio, que en 2020 se cerró en 2038 euros, pagará, gracias al PSOE y al PP, 100 euros más al mes de cuotas. Hablamos del
salario medio anual de entre 20 000 y 22 000 euros al año, el de aquellos que para ustedes deben ser los ricos.
La señora PRESIDENTA: Señora Muñoz, tiene que terminar, por favor.
La señora MUÑOZ VIDAL: Termino ya, presidenta.
Pero no, son los superpagadores, aquellos que generan empleo y riqueza y vuelven a ser expoliados. Ustedes vuelven a lanzarse a la yugular de los profesionales. Ven al autónomo y salivan, se frotan las manos y los ven como cajeros
automáticos. Les digo que bastante tienen ya los trabajadores españoles autónomos con una inflación disparada y unas restricciones energéticas sin precedentes como para dispararles la cuota con un decreto como este. Con nosotros no pueden contar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta. Bo día.
Este real decreto, aunque supone algún avance en las cotizaciones de los autónomos, a juicio del BNG no resuelve el problema de fondo de la inequidad tributaria. El ministerio ha incluido quince tramos de ingresos reales, rendimientos
netos, con cuotas que oscilan entre los 230 y los 500 euros al mes. Entendemos que la reducción de la cuota mínima y el incremento de las máximas van en la dirección adecuada, pero están aún muy lejos de la lógica progresividad y proporcionalidad,
e incluso lo estarán dentro de tres años. Quien menos ingresa parte del 35 % y puede llegar a pagar mucho más de 50 % y quien más ingresa parte del 8 % y puede llegar a pagar mucho menos, es decir, paga más quien menos ingresa.
Asimismo, debe tenerse en cuenta la heterogénea situación de los autónomos y el diferente trato de los gastos deducibles, pues se pueden generar agravios comparativos importantes. Debe atenderse, a nuestro juicio, de forma específica a los
distintos sectores, como el agrario, que se considera agraviado, lógicamente, o a administradores de sociedades con o sin actividad, con o sin trabajadores a su cargo, etcétera.
Es necesario también atender la situación real de los miles de trabajadores autónomos que no llegan a final de mes o que directamente no tienen ingresos en determinados meses, para los que mantener la cuota mínima se hace inviable debiendo
pagar más de lo que ganan, por lo que se debería mantener, como mínimo, la tarifa plana para ingresos reducidos más allá de los primeros años. Deben simplificarse al máximo también los trámites, evitando la burocratización innecesaria.
Por todo ello, el BNG se abstendrá en la convalidación, pero pide la tramitación como proyecto de ley para poder presentar enmiendas en forma.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Señor ministro, nos encontramos en el trámite de convalidación de este real decreto ley, cuando tuvo usted a bien venir a explicar en la Comisión del Pacto de Toledo del pasado mes de julio el contenido de la reforma que ello supone. Lo
cierto es que es obligatorio hacer una previa a los antecedentes de esta cuestión. Este no es un debate nuevo ni de esta legislatura, sino recurrente e histórico, el de cómo articular un sistema de cotización para los autónomos que sea justo
socialmente y que también sea válido económicamente, una demanda del Pacto de Toledo, de las últimas recomendaciones y de las anteriores recomendaciones del Pacto de Toledo, que hoy se recoge en estas bases del diálogo social y este real decreto
ley, sin perjuicio de que, como ya se ha anunciado, se vaya a tramitar como proyecto de ley, lo que puede ayudar en cierta medida en estas bases de mínimo consenso a hacer algún ajuste en el contenido.
No obstante, lo cierto es que este contenido, el cambio del sistema de cotización, lo entendemos como necesario para cambiar la realidad de hoy en previsión de la realidad del futuro. Usted, señor ministro, apuntaba anteriormente la
realidad de unas pensiones bajas, pensiones que muchas veces van acompañadas de complementos, y, por tanto, es evidente que para cambiar la realidad de las jubilaciones y pensiones del futuro de los autónomos tenemos que hacer algún tipo de
actuación en la realidad del día de hoy. Pero esta apuesta por la cotización por los ingresos reales tenemos que convenir empezó con mal pie, con mala información en la medida en que se confundió cotizar por todos los ingresos que se tenía, y no
por lo que realmente, después de los trabajos que hemos podido hacer y de la interacción que hemos podido tener, podemos cotizar por los rendimientos netos. De aquí la importancia de que se hayan establecido esos criterios para determinar qué son
rendimientos netos de este autónomo a la hora de cotizar, y no todos sus ingresos, no todo el importe de una factura.
Entendemos que en este margen y estas correcciones que se han producido a lo largo de esta tramitación se han aportado mejoras que pueden dar luz a esta confusión inicial y, en este sentido, en cuanto a la defensa de los autónomos, que tanto
se pone en cuestión, como ya lo he dicho muchas veces, nosotros también nos abanderamos como defensores de los autónomos. Y la defensa de los autónomos es una cuestión poliédrica, prácticamente: afecta al apoyo, afecta al prestigio social, afecta
a generar oportunidades, y hoy nos encontramos -y esto hay que explicarlo también para situar el debate en los términos que corresponden- en una de las diferentes ramas de esta defensa de los autónomos, su cotización, su sistema de cotización.
Por lo tanto, por nuestra parte, damos el visto bueno y vamos a votar favorablemente a la convalidación del nuevo sistema de cotización de los autónomos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenos días, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, una vez más nos encontramos ante una muestra del uso abusivo por parte de este Gobierno de la técnica del decreto ley. Se trata ya de una cuestión que genera cierto sonrojo, incluso una patronal como CECOT lo ha
puesto de manifiesto. Es un problema sistémico que creemos que se debe solucionar.
Nos encontramos, por tanto, ante una iniciativa que tiene que ser considerada un punto de partida, en ningún caso el cierre de una cuestión tan importante como es la cotización por el trabajo autónomo, y por eso insistimos en que se tramite
como proyecto de ley. Lo central para nosotros no es la solución técnica, el tan alardeado cambio en la fórmula. Aunque para usted, señor ministro, y para el ministerio sea muy importante, esta es una cuestión formal, porque está en el aire la
total concreción de sistema después del periodo transitorio. Le pedimos que abandonen por un momento la atalaya del ministerio, que salgan del despacho y se focalicen los problemas reales en el día a día de las trabajadoras y los trabajadores
autónomos, que están ante una situación de crisis inaudita. Y, si bajan ahí, lo que van a encontrar es que, de los casi 600 000 autónomos catalanes, de los 3 300 000 en el conjunto del Estado, ninguno de ellos va a estar de acuerdo con que la
reforma que hoy se va a aprobar sea un cambio de sistema, porque lo que ustedes proponen no soluciona la vida de los autónomos hoy ni va a protegerles ante la crisis que se anuncia para los próximos meses.
Más allá de la recaudación, más allá de la sostenibilidad del sistema, más allá de la nueva fórmula de las cotizaciones, más allá de la burbuja administrativa no hay un cambio de sistema. El cambio de sistema sería no cotizar cuando no hay
ingresos, como hace apenas unos meses, en los meses de la pandemia, o como ahora, en plena crisis energética, con los precios disparados. El cambio de sistema sería que un autónomo pudiera pedir la baja sin tener que continuar cotizando. El cambio
de sistema sería facilitar y fomentar que los autónomos -especialmente hablamos de los societarios- pudieran reinvertir en sus empresas para consolidarlas, mejorarlas, hacerlas más grandes y competitivas para crear riqueza y trabajo. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, silencio.
El señor PAGÈS I MASSÓ: El cambio de sistema sería que, en definitiva, se considerase a los autónomos no agentes económicos secundarios sino empresas en potencia para generar riqueza y
trabajo. En materia de prestaciones, el cambio de sistema sería no solo centrarnos en la situación de cese de actividad sino que se previeran unas pensiones dignas para los trabajadores autónomos, y, no solo eso, sino también que se
fomentara su formación y profesionalización. Asimismo, en lugar de que el Gobierno destine una lluvia de millones, como veremos después en el real decreto ley de medidas energéticas, para las autopistas radiales de Madrid y 1360 millones para las
empresas hidroeléctricas, el cambio de sistema sería que el Estado destinara esas cantidades a solucionar los problemas de la economía productiva, por ejemplo, previendo transferencias directas, como propone la PIMEC, a las más de 50 000 empresas
catalanas, muchas de ellas de autónomos y microempresas en riesgo de quiebra por no poder hacer frente a los vencimientos de los créditos ICO.
La señora PRESIDENTA: Señor Pagès, tiene usted que terminar, por favor.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Sí, voy terminando, señora presidenta.
Mientras ustedes se preocupan por la fórmula, insistimos, lo que tiene que haber es un cambio de sistema, un cambio de sistema que Junts per Catalunya ya propuso en la PR que presentamos en el debate del estado de la nación, un proyecto de
ley que enfoque el problema de los autónomos de forma global y sistemática y no se centre en una simple cuestión formal de cambio en la fórmula de las cotizaciones.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pagès.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenos días.
Señor ministro, para contextualizar, intentó usted un yolandazo. Creo que le ha salido un poco el tiro por la culata y no puedo más que celebrarlo. Déjeme decirle por eso que, como usted bien ha comentado, es bueno que haya acuerdo social
y acuerdo parlamentario, pero -permítame- priorizar el segundo sobre el primero es un menosprecio al parlamentarismo y, al final -ya me disculpará-, es miedo a la democracia.
Entrando en el real decreto ley -que usted nos trae en forma de plato de esos que son lentejas, y veremos si nos las comemos o las dejamos-, cuando se tramite, si se tramita, como proyecto de ley -sobre lo que le exigiríamos, si nos permite,
alguna garantía-, no nos duele admitir a nosotros, hijos parlamentarios de Joan Tardà, que hace catorce años que ya lo pedía desde esta tribuna, que se implemente el sistema de progresividad en las cuotas. En este sentido, supongo que los grupos
del Gobierno harán su discurso de botella medio llena, y otros haremos quizás el de la medio vacía. Se sonríe usted, y yo también. ¿Sabe usted?, siempre me ha parecido que quien hace el discurso de la botella medio llena es porque se ha bebido la
mitad que falta. Y, si no, suele ser al revés. (Aplausos).
Constatamos y aplaudimos que hay un cambio de cotizaciones. Veremos si ocurre en el sistema. Pero el cuadro nos parece insuficiente. No en vano, la CEOE se lo bendice a usted. Pero, cuando la CEOE, señores de la izquierda, les dicen que
no toquen ni una coma, ¡puñetas!, señores de la izquierda, eso significa que hay que coger la lupa y mirar todas y cada una de las comas. (Aplausos).
Por eso creemos que es necesario que se tramite como proyecto de ley y de forma abierta, porque hay casos muy lesivos, y le voy a citar tres si tengo tiempo. Uno es el caso de los autónomos del campo. Le habrá llegado ya carta de Unión de
Uniones, aunque nuestro interlocutor es Unió de Pagesos. Y en esa carta, que usted ya conoce, se señala cómo de perjudicados quedan con el sistema que ustedes proponen. Quiero agradecer por eso la sensibilidad de su secretario de Estado, don Borja
Suárez, porque me consta que ya está hablando con Unió de Pagesos e intentarán buscar una solución a la acuciante situación tras veinte años engañando a los autónomos agrarios, que perciben las pensiones más bajas; insisto, las más bajas, y luego
hay quien se llena la boca hablando de la España vaciada.
Creemos también que la cotización de los beneficios de las sociedades mercantiles por parte de los socios trabajadores genera desigualdad respecto a los socios capitalistas. Creemos que la regularización de las bases se debe producir a n+2,
cuando somos capaces de hacer unas apps... Usted ha presidido la AIReF, pero incluso yo, que soy un pobre veterinario de pueblo, lo he intentado y creo que funciona la app. Pues, si somos capaces de hacer eso, por qué, si en las restituciones de
2023 has pagado de más, no te regresarán los dineros hasta 2025. Eso es un disparate.
Y, por último, ¿sabe usted?, los autónomos son los parias del sistema de pensiones y del sistema laboral, en general. Pero resulta que hay unos parias de los parias, que son los autónomos discapacitados. Creemos que hay que promover las
reformas normativas necesarias para extender a las personas trabajadoras autónomas con discapacidad con igual intensidad y alcance las condiciones de protección reforzada vigentes ya en la regulación de jubilación anticipada de los trabajadores con
discapacidad a efectos de régimen general. La protección general de las personas con discapacidad no debe depender de si trabajan por cuenta propia o por cuenta ajena. Esperamos que pronto nos pongamos a la labor y corrijamos cuanta deficiencia la
precipitación le ha obligado a usted a traer a este Parlamento.
Moltes gràcies y visquin els autònoms lliures. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Franco Carmona.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidenta.
Señorías, me alegra verles en este nuevo periodo de sesiones. En el Grupo Confederal de Unidas Podemos no podemos hacer otra cosa que alegrarnos de que por fin un Gobierno se haya tomado en serio y haya tenido el valor de modificar un
régimen como es el de autónomos, que es absolutamente obsoleto, del año 1970, cuando el dictador aún estaba vivo, llegando a un acuerdo además con las organizaciones de autónomos, con la patronal y los sindicatos.
Hoy el Gobierno nos trae una ley que contiene grandes avances, como la reducción de los gastos inherentes al ejercicio de la actividad, con una reducción adicional del 7 %; la expansión del Mecanismo RED, que ya está en el régimen general;
la incorporación de las modificaciones que se hicieron del cese de actividad durante la pandemia, y además un nuevo derecho, que es el cese de actividad parcial, que va a durar entre cuatro meses y dos años, con una prestación que va a ser el 50 %
de la base reguladora y que se puede compatibilizar con el trabajo, que no va a obligar a los autónomos a tener que cerrar su empresa y ver su proyecto como terminado, sino que van a poder seguir adelante. Y esto es importantísimo porque no
olvidemos, señorías, que los autónomos no tienen derecho a desempleo y que el cese de actividad les obligaba, como decía, a cerrar totalmente su negocio, y además era un cese al que muy pocos autónomos estaban pudiendo acceder. Asimismo, también se
establece una tarifa plana de 80 euros para los inicios de la actividad, y, lo que creo que es lo más importante y que todo el mundo estaba esperando, que por fin se vaya a cotizar con base en los ingresos reales. Esto es importante porque va a
suponer una reducción de la brecha de cotización entre quienes más ingresan y quienes menos ingresan, con 64 euros menos durante este y el próximo año y 94 euros menos en 2025 y un aumento de los que más ingresan con hasta 122 para el próximo año y
296 euros para 2025.
Esta es además una reforma gradual, que se debe completar en nueve años, y esta ley, señorías, solo concreta los cambios a tres años, es decir, hasta 2025. Y esto, aunque es el buen camino -porque hay que decirlo, es el buen camino-,
significa que tenemos que seguir avanzando, porque no es suficiente. Imaginemos que, por desgracias de la vida, en 2025 no está gobernando un gobierno progresista, sino un gobierno de derechas liberal. ¿Qué significaría eso? Podría significar que
ese gobierno pudiera condenar a los autónomos del primer tramo, es decir, a la mitad de los autónomos, a cobrar entre 400 y 420 euros a partir de 2025, y eso, señorías, sigue siendo enormemente injusto. Es peligroso porque esta ley no ha puesto un
objetivo final y, como decía, imaginen que gobierna el Partido Popular o un gobierno de derechas; imagínense al señor Feijóo gobernando con esta ley en la mano, un señor Feijóo, el señor de los yates y el amigo de los narcotraficantes, que basa sus
únicas propuestas en derogar las leyes de este Gobierno y de esta mayoría parlamentaria de izquierdas, que están consiguiendo enormes avances sobre derechos en España. Por ello, insistimos en que, como bien establece esta ley y es la intención de
este Gobierno, hay que seguir implantándola, para homogeneizar en lo máximo posible este régimen, el régimen de autónomos, con el régimen general en los siguientes seis años a partir de 2026. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, pido silencio, por favor.
La señora FRANCO CARMONA: Y por eso les traigo algunas ideas para los siguientes años: seguir la línea de la modificación de los tramos y las bases de cotización para reducir más las cotizaciones más bajas y aumentar, sobre todo, las más
altas; establecer criterios objetivos y claros con los que no quepa discusión sobre el motivo en el cese de actividad; aumentar ciertos derechos, como la reducción de la
duración del periodo de los sesenta primeros días para la incapacidad temporal o la aprobación del subsidio equivalente al subsidio para mayores de cincuenta y dos años del régimen general. Además, también es importante incorporar en esta
ley una perspectiva feminista orientada a la conciliación, como, por ejemplo, facilitar la reincorporación de las madres autónomas tras la baja de maternidad estableciendo una cuota reducida o figuras similares a las de los permisos retribuidos
disponibles para los trabajadores asalariados.
Y ojo, señorías, porque, aunque la derecha quiera decir que las cotizaciones son impuestos, eso no es más que una absoluta mentira. De las cotizaciones dependen las prestaciones de los trabajadores y las trabajadoras, y los autónomos son
trabajadores y trabajadoras. Y ojo, porque una cotización cero significa cero prestación por incapacidad temporal, cero pensión por jubilación contributiva, es decir, cero derechos. Pero es que, además, era absolutamente importante esta reforma y
son absolutamente importantes las cotizaciones porque de la situación actual hay que aprender, y la situación actual es tremendamente injusta. Aproximadamente, como bien ha dicho el ministro Escrivá, el 60 % de los trabajadores autónomos tienen
ingresos inferiores al SMI, más del 75 % tienen ingresos inferiores a 1700 euros y la cuota mínima actual es de casi 300 euros -294, concretamente-, a lo que hay que sumar los gastos fijos y los variables. Y esto tiene una consecuencia directa, y
es que el 84 % de los trabajadores autónomos cotizan por la base mínima para poder sobrevivir. Y esto es una cadena, porque implica la reducción de sus prestaciones a la Seguridad Social, una dificultad enorme para poder mantener su empresa y
menores ingresos de la propia Seguridad Social. El ejemplo más nefasto es el de la pensión. La pensión de jubilación media es de 854 euros, mientras que en el régimen general es de 1494, es decir, 600 euros menos, y esto, señorías, es
discriminación.
Por todo ello y para terminar, me alegra enormemente esta modificación de la ley de autónomos, del régimen especial de autónomos. Creo que es un gran paso el que da este Gobierno al modificarlo, al hacer un régimen más justo y con más
garantías, y hay que seguir avanzando, porque hoy hemos demostrado que este Gobierno cree en los autónomos, se lo toma en serio y ha venido a garantizar sus derechos.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Franco.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Cabezón Casas.
El señor CABEZÓN CASAS: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, el Partido Popular exigió en el Pacto de Toledo que la modificación de las cotizaciones de los autónomos respecto a sus ingresos reales se hiciera en el diálogo social, que no lo hiciera de forma unilateral el Gobierno y, por lo
tanto, que se negociara en ese marco. Fue una de las condiciones que pusimos para aprobar el pacto, y, sí, se introdujo finalmente en las recomendaciones cuarta y quinta, después de mucho pelearlo. Incluso, por esta exigencia, se nos acusó de
intentar dinamitar el acuerdo. Antepusimos nuestro compromiso con los más de tres millones de autónomos a una foto a cualquier precio.
Esta no es la propuesta que hubiera hecho el Partido Popular, pero es el acuerdo logrado en el marco del diálogo social por los autónomos que vamos a respetar, tal y como nos comprometimos; acuerdo entre representantes de empresarios,
trabajadores y organizaciones de autónomos. Este acuerdo tiene que ser el punto de partida para seguir mejorando y por eso hemos solicitado su tramitación como proyecto de ley. Hay muchos aspectos que quedan en el aire, mejoras que consideramos
oportunas incluir en su tramitación parlamentaria. Por tanto, hoy el Partido Popular vota sí, porque fue una exigencia nuestra en la negociación del Pacto de Toledo; vota sí, porque lo ha acordado el diálogo social; vota sí, porque hemos
conseguido que se tramite como proyecto de ley para seguir mejorando este proyecto, y vota sí, porque entre todos hemos conseguido una vez más que el Gobierno rectifique. Este real decreto ley que somete a convalidación es el mejor ejemplo de ello,
de su rectificación, señor ministro. Si hoy se trae un texto a esta Cámara no es gracias al presidente Sánchez ni a usted mismo, señor Escrivá. Usted venía como el gran técnico y ha acabado siendo una marioneta más del presidente Sánchez. Un
ministro que pedía consensos políticos cuando era presidente de la AIReF y que no ha dedicado ni un solo minuto a hablar con las demás fuerzas parlamentarias. Un ministro, al que sus formas de gestionar, le ha costado la dimisión de sus dos
secretarios de Estado y de medio gabinete. Ha sido el diálogo social el que ha hecho el trabajo del Ejecutivo. Fueron ellos quienes se sentaron para dialogar sobre qué era lo mejor para los autónomos. Los interlocutores hicieron su trabajo y
ustedes, una vez más, a verlas venir. (Aplausos).
Entre todos, hemos conseguido que el Gobierno rectifique porque en las primeras propuestas que hizo el ministro Escrivá, los autónomos llegaban a tener que pagar bases de cotización de 1267 euros mensuales. Señor ministro, esta es su
propuesta del 28 de febrero (muestra una tabla estadística), un verdadero hachazo al colectivo que no era lo lógico, que no podíamos permitir y que, finalmente, entre todos hemos conseguido corregir. Hoy tres de cada cuatro autónomos se verán
beneficiados y pagarán menos y tendrán mayores coberturas sociales. Por lo tanto, una vez más, solo aciertan cuando rectifican.
Señorías, el texto que hoy traen también nos plantea numerosas preguntas. La primera: ¿realmente habría que utilizar una fórmula extraordinaria y urgente como es el real decreto ley? Esta reforma está prevista en Pacto de Toledo, se
incluyó en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, cuya agenda conocen -según dice la vicepresidenta primera- desde hace más de dos años. ¿Consideran entonces que es realmente extraordinaria y urgente esta tramitación? ¿Creen que el
principal partido de la oposición no merecía al menos una reunión para hablar de estas medidas? Está claro que entendemos de manera muy diferente la forma de hacer política. Nosotros pensamos en lo mejor para los autónomos y los ciudadanos, y
ustedes, los del Gobierno, piensan única y exclusivamente en su supervivencia. Pero es que además lo poco que han hecho lo han hecho mal. A pesar de aprobarlo mediante real decreto ley, lo hicieron fuera de plazo, sin cumplir con la agenda marcada
con Europa, y solo una semana después de hacerlo ya lo estaban corrigiendo. Ese es el sanchismo, el mejor ejemplo del sanchismo, error tras error.
La segunda cuestión es qué va a hacer usted con el desarrollo reglamentario de esta norma, porque las reformas por fascículos, a las que usted y el Gobierno de Sánchez nos tiene acostumbrados, son preocupantes. Sabemos lo que aprueba hoy,
pero no lo que va a hacer en las siguientes entregas. Normalmente hacen lo fácil en los primeros fascículos, y lo de después, Dios dirá. Y así es imposible hablar de la sostenibilidad del sistema en su conjunto. Su reforma es a largo plazo, pero
no recoge más que las medidas de la primera fase. ¿Qué tiene pensado para la segunda fase, señor ministro? ¿Qué va a pasar si a partir de 2026 no hay acuerdo? Esto es algo de lo que tendremos que hablar.
Aparte de lo que hoy aprobamos, díganlo señores del Gobierno: ¿van a rebajar los impuestos a los autónomos? ¿Van a eliminar las trabas burocráticas? ¿Van a mejorar su nefasta gestión de los fondos europeos para que lleguen a las pymes y a
los autónomos? Eso sí que sería pensar en los autónomos. El presidente Feijóo ha hecho varias propuestas, pero ustedes están a sus cosas, que no son los problemas ni de España ni de los españoles. Y me van a permitir que le digamos algunas de las
medidas que ayudarían de verdad a los autónomos: rebajen el IRPF empleando la recaudación extraordinaria que están obteniendo; bajen la tarifa plana a 50 euros, como hizo el Partido Popular, en vez de subirla a 80 euros; equiparen los subsidios
de los autónomos más mayores; perfilen los gastos de difícil justificación de los autónomos; legislen fomentando la competitividad de las empresas y la seguridad jurídica. Con sus chapuzas y su incompetencia nos dirigimos al segundo año
consecutivo perdiendo competitividad. ¿Y usted cree que eso es bueno para los autónomos? Ya se lo digo yo: no, señor ministro. Y reduzcan, aunque solo sea por empatía, este macrogobierno, esa macrolegión de asesores y el gasto improductivo
totalmente administrativo que es mucho, créame, señor ministro. (Aplausos).
Por último, la tercera pregunta que le quiero hacer: ¿esta reforma mejora la sostenibilidad del sistema público de pensiones, señor ministro? El éxito de la Seguridad Social es su suficiencia y su sostenibilidad, que las generaciones del
futuro, es decir, los jóvenes, también puedan disfrutar de nuestro modelo social. Señor ministro, contésteme: ¿su reforma va a incrementar el gasto a largo plazo? ¿Se ha olvidado de que el objetivo de nuestro sistema de la Seguridad Social es
vertebrar nuestro sistema del bienestar? Nosotros defendemos un sistema suficiente, pero también sostenible, que es lo que manda la Constitución. Ustedes están llevando a la Seguridad Social a un endeudamiento histórico, rozando los 100 000
millones de euros. ¿Creen que eso es suficiente y sostenible, señor ministro? Señorías, el Gobierno de Sánchez es el peor enemigo de los autónomos, ya lo sabemos. Este mes hemos conocido que se destruyen 350 empleos autónomos al día y que 2022 va
a ser el primer año, después de diez años, que se pierdan autónomos y, mientras tanto, el Gobierno de vacaciones. En el Partido Popular sabemos muy bien que ni las familias ni los negocios cierran por vacaciones, aunque el presidente del Gobierno
piense que sí.
Concluyo, señorías. Creemos en el emprendimiento, en el crecimiento y en la competitividad, y las medidas adoptadas por los agentes sociales, que no por el Gobierno, pueden ayudar en esta dirección. Por eso apoyaremos este real decreto y
exigiremos su tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cabezón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Perea i Conillas.
La señora PEREA I CONILLAS: Buenos días y gracias, presidenta.
En primer lugar, un saludo al representante de la asociación de autónomos de UPTA, presente hoy en este debate. Gracias y bienvenido. Bienvenidos, ministros. Buenos días.
El Grupo Socialista votará a favor del Real Decreto-ley 13/2022, del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por múltiples razones: porque es una reivindicación histórica, porque es una necesidad para un sector clave y estratégico del
tejido productivo de nuestro país, porque fortalece y protege en mayor medida a más de tres millones de personas trabajadoras autónomas, porque esta reforma acaba con un sistema ineficaz y discriminatorio; ineficaz porque hoy el 84 % -lo decía el
ministro- de los trabajadores autónomos cotizan por la base mínima y, por tanto, sus pensiones tienen una brecha del 43 % respecto a los asalariados, con 600 euros de media al mes. Estas pensiones menores, además, nos llevan a que tengamos que
complementarlas, cuando tenemos un coste nada despreciable de 7025 millones de euros en los presupuestos para 2022. ¿Es discriminatorio? Yo no sé si los señores de Ciudadanos se han leído la ley -desde luego VOX no se ha leído nada-, porque hoy un
autónomo puede cotizar por la misma cuota teniendo rendimientos de 3000 o de 30 000 euros. Por tanto, es discriminatorio e ineficaz. A partir de 2023, se cotizará por rendimientos netos cumpliendo con el principio de contributividad, porque la
contributividad por rendimientos netos implica pensiones dignas, y esta reforma contiene palancas suficientes para que esas cotizaciones sean efectivas. Lo ha dicho el ministro: un sistema más justo, más ágil, más flexible. Con esta reforma, por
tanto, acabamos con el bulo de que las cotizaciones son impuestos; cotizar es inversión de presente y de futuro, y pensiones dignas y suficientes. Esta reforma garantiza que no solo nadie se quede atrás, sino que nadie se quede fuera del sistema.
Señorías, hay muchas razones para votar a favor -señora Arrimadas, antes de hacer un tuit, se podría leer antes la ley. Por cierto, no está, y tampoco la señora Muñoz. ¡Qué feo!-. Primero, porque nos acerca a Europa, y después, porque es
un sistema más equitativo y justo, porque es una reforma pactada en el diálogo social, porque cumple con las recomendaciones del Pacto de Toledo, porque cumple con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y porque cumple con Europa.
Este Gobierno cumple, cumple y cumple.
Señorías, esta reforma busca que todas y cada una de las más de tres millones de personas autónomas, con nombre y apellidos, se sientan reconocidas en la norma. Muchas de ellas son mujeres, y también jóvenes, y es lógico porque una de cada
tres mujeres tiene rendimientos inferiores al salario mínimo interprofesional. El 10 % de los autónomos sabemos que son menores de 30 años; el 77 % de ellos también están por debajo del salario mínimo interprofesional.
Y déjenme que hable de mi ciudad. Pongamos tres nombres -el señor Capdevila, que tampoco está, ponía tres nombres-: Julia, esteticista del barrio de Sant Josep de mi ciudad, de L'Hospitalet; Silvia, del barrio de Centro, que tiene una
agencia de viajes, o David Torres, joven recién licenciado que podrá compaginar sus oposiciones con el inicio de una nueva actividad de consultoría. Con esta norma ellos tres y el resto saben que, en caso de una dificultad, tendrán máximas
facilidades para cotizar y, sobre todo, no tendrán que cerrar la actividad, o con el Mecanismo RED sectorial Silvia verá protegida su agencia de viajes. Con esta reforma, señorías, todos ellos, los más de tres millones de autónomos y también los
140 000 ucranianos que están en España tendrán mayores oportunidades para tener un proyecto vital. Un recuerdo para Ucrania en un día muy duro desde esta tribuna.
¿Quieren más razones? Porque esta reforma es creíble y solvente. ¿Y por qué? Pues porque recoge la experiencia vivida durante la pandemia y consolida de una forma definitiva el escudo social. Señores del PP, he leído -y lo acaban de
decir- que van a votar a favor, y miren que me alegro. Nos alegramos desde el Grupo Socialista porque así podrán, por fin, limpiar su cargo de conciencia con este colectivo tan importante. (Aplausos). Porque, seamos sinceros, señores del PP,
ustedes nunca jamás hicieron nada por ello ni por ellas en la anterior crisis financiera. No tomaron ni una sola medida para los autónomos, al contrario. Seguro que todos recuerdan cómo subieron impuestos. Me decía la portavoz, Montse Mínguez,
que cómo tienen el cuajo de venir aquí y decir que bajen impuestos, si es que los subieron ustedes: el IRPF pasó del 15 al 21 %, el IVA de las peluquería -¿dónde está Patricia Blanquer?-, de la cultura, de la luz. Sí, cargo de conciencia, porque
desde 2021 a 2018 solo pusieron 11 millones de euros con el panorama económico que tenían los autónomos. Esto es como para tener cargo de conciencia y algo más. ¡Qué poca decencia! Porque venir aquí a decir lo que han dicho... no tengo palabras.
(Aplausos).
Miren, en esta crisis el Gobierno de Pedro Sánchez con el escudo social aportó 7000 millones de euros en ayudas directas y 11 000 en prestaciones y exoneraciones de cuotas, y gracias a ello estos no bajaron la persiana. El resultado de todo
ello es que esto ha permitido que hoy tengamos más afiliados y cotizantes en el RETA que antes de la pandemia. ¿Pueden ustedes, señores del PP, decir lo mismo? ¿Pueden decir ustedes que se acabó la crisis financiera con más autónomos en el RETA
que antes? No, no pueden decirlo porque ustedes, con sus no políticas públicas, dejaron en la cuneta a más de 500 000 autónomos. Sí, señores del Partido Popular, mucho cargo de conciencia.
Hoy escucho a su portavoz y la verdad es que es para rasgarse las vestiduras. Resulta que piden algo que ellos quitaron cuando gobernaron. Hoy continúan negando por todas partes el escudo social; un escudo social que fue una apuesta
decidida por Pedro Sánchez en Europa, que está avalado con datos, que los tenemos justificados, y ustedes reniegan hoy, señores del PP, de los logros de este país no solo aquí, sino en Europa. Miren, antes de insultar -recojo estas palabras de mi
compañera- y antes de mentir, recuerden; antes de insultar, piensen; antes de criticar, esperen, y antes de bloquear, pacten. Ustedes no son de confianza, ustedes pactan y luego no cumplen, y ese es un grave problema para España.
Acabo. Les recordaré unas palabras de Manuel Azaña en 1911, que decía que un país se construye, no se destruye. El escudo social, esta forma de hacer política para todos, es el resultado de una manera especial de entender y amar la vida,
de una corriente de ideas más profunda, y los socialistas decimos que, además, es la manera de fijar como objetivo común el bien común de todos y cada uno de nosotros.
Acabo felicitando a las asociaciones de autónomos y, desde luego, al ministerio, por el gran esfuerzo. Creo que hemos dado...
La señora PRESIDENTA: Señora Perea, tiene que terminar, por favor.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta, y disculpe.
Hemos dado razones suficientes para que voten todos a favor, así que espero su voto afirmativo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Perea.
- REAL DECRETO-LEY 14/2022, DE 1 DE AGOSTO, DE MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE, EN MATERIA DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO, ASÍ COMO DE MEDIDAS DE AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA
ENERGÉTICA DEL GAS NATURAL. (Número de expediente 130/000086).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas
de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.
Para presentar el real decreto ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La señora MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Sánchez Jiménez): Muchas gracias. Muy buenos días, señora presidenta.
Señorías, hoy, como bien señalaba la presidenta, presentamos ante esta Cámara y para someterlo a su convalidación en este Pleno extraordinario el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito
del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto. Este
real decreto ley se aprueba en el marco del Plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Las consecuencias de esta agresión intolerable, que pisotea el derecho internacional, han alterado gravemente
el orden mundial y pretende acabar con nuestro modelo de convivencia en sociedad. Por tanto, esto exigía la adopción de nuevas iniciativas capaces de hacerlas frente, que cumplen un triple objetivo: combaten la subida de precios, reducen nuestra
dependencia energética y contribuyen a paliar los efectos de la emergencia climática que padecemos. Desde luego, se ajustan a la orientación que el Gobierno había dado ya al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, uno de cuyos pilares
fundamentales es la transformación de nuestro modelo económico y de nuestra sociedad bajo el signo de la sostenibilidad.
La tragedia de Ucrania ha reafirmado esta estrategia. Es vital que reduzcamos nuestra dependencia de los combustibles fósiles y el consumo energético, porque solo así podremos resistir las coacciones con las que Rusia, el señor Putin,
amenaza a toda Europa. Ahorrar energía beneficia a todos, nos ayuda a responder al chantaje energético de Putin, es un ahorro tanto para las economías domésticas como para el tejido industrial, y es una acción estratégica frente al desafío que
supone el cambio climático. Además, lo queremos hacer ayudando a la mayoría de los ciudadanos, principales rehenes de la escalada de precios. Aliviar el coste que les supone desplazarse a sus lugares de trabajo o estudio es una manera de ayudar a
las economías familiares, como lo es incrementar también el importe de las becas para que muchos de nuestros jóvenes puedan proseguir sus estudios. De igual manera, también tratamos de proteger a un sector, como el del transporte, vital para
nuestra recuperación económica y a sus trabajadores, especialmente damnificados por el alza en el precio de los combustibles. Trabajar por todos ellos, por los más expuestos a la crisis, es la forma en la que este Gobierno entiende la política.
Sinceramente, creo que es la única manera digna de conducirse en la vida pública y de superar las adversidades.
En estos momentos la principal amenaza para nuestra economía es una inflación desbocada que afecta al conjunto de Europa y al resto del mundo. Desde que los precios iniciaron su escalada en septiembre del pasado año no hemos dejado de
impulsar iniciativas para aliviar la situación de los más expuestos a sus efectos. A partir de esa fecha, a partir de septiembre, hemos destinado una cantidad cercana a los 30 000 millones de euros para atenuar su impacto en las familias y también
en las empresas. Estamos hablando de 1,3 % de nuestro producto interior bruto, la movilización más importante de recursos de los principales países de la Unión Europea. Las medidas que hemos ido adoptando, y que este real decreto ley complementa,
son de gran calado, ya que protegen a los agentes económicos más afectados por la inflación, como son el sector del transporte, el agrario, el pesquero y el conjunto de industrias más intensivas en el uso del gas y, sobre todo, protegen a las
personas, a quienes cobran pensiones no contributivas, a aquellos con ingresos inferiores a 14 000 euros al año para los que se ha articulado una ayuda de 200 euros al mes, o a los que perciben el ingreso mínimo vital, en definitiva, a los
colectivos más vulnerables.
Asimismo, hemos conseguido limitar el precio de la luz gracias a la excepción ibérica pactada en Bruselas para todos los hogares acogidos a la tarifa regulada. Hemos establecido limitaciones al precio del alquiler. Hemos bajado los
impuestos asociados a la electricidad al 5 %. Hemos bonificado con 20 céntimos por litro el precio de los carburantes y vamos a fomentar el transporte público con acciones sin precedentes. Esa guerra injusta y cruel debe impulsar aún más nuestra
independencia energética, un camino que ya emprendimos mucho antes de la invasión de Ucrania ejerciendo como país un papel de liderazgo en Europa, con el presidente del Gobierno al frente, mediante una apuesta por las energías renovables y por la
diversificación de nuestros suministros de gas. Esto es hacer política y la mejor respuesta a quienes atacan a este Gobierno.
Seguidamente les voy a exponer los tres bloques en los que se estructura este real decreto ley y las medidas que son más relevantes. En primer lugar, y en lo que se refiere a las medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del
transporte, el camino que nos ha llevado hasta el texto que hoy debatimos ha sido largo y es fruto de un intenso trabajo y, como veremos a continuación, fruto también especialmente de un diálogo intenso con el sector del transporte de mercancías por
carretera. La norma cumple dos objetivos clave. En primer lugar, atiende de forma decidida a las urgencias de un sector económico esencial como es el del transporte, duramente golpeado por el incremento de los costes que la invasión rusa de
Ucrania ha provocado en partidas nucleares para su actividad. Y, en segundo lugar, establece también medidas excepcionales para la protección de la clase media y trabajadora de este país que es la que más está sufriendo los efectos de la espiral
inflacionista que estamos viviendo. Subvencionar la movilidad obligada y cotidiana constituye una ayuda directa que llegará de inmediato a los bolsillos de los ciudadanos. Fomenta el transporte público, llegando incluso a la gratuidad en el caso
de las cercanías, de rodalies en Cataluña y media distancia de Renfe, lo que reducirá el uso del vehículo privado y contribuirá desde luego a disminuir, como decía anteriormente, nuestra dependencia energética y nuestra huella de carbono.
En el caso de las medidas en materia de transporte por carretera este real decreto ley está encaminado a avanzar en la sostenibilidad económica del transporte de mercancías por carretera asegurando una rentabilidad mínima del trabajo y una
utilización justa de la subcontratación, siguiendo de esta manera el espíritu de los acuerdos alcanzados con el propio sector, muy especialmente durante el presente año. El objetivo que nos hemos marcado con este texto, entre otros, es implantar
las medidas acordadas con
el sector para mejorar las relaciones en la cadena del transporte, un gran avance ya que el transporte de mercancías se regirá a partir de ahora por los mismos principios que la Ley de la cadena alimentaria. Así, con este real decreto ley
reforzamos la posición del transportista efectivo con el objeto de evitar que se trabaje de manera estructural por debajo de los costes individuales. Asimismo, se habilita también una nueva convocatoria de ayudas directas al sector del transporte
terrestre por carretera dotada con 450 millones de euros, replicando las ya establecidas el pasado mes de marzo en el Real Decreto-ley 6/2022, incluyendo en esta ocasión a los autobuses urbanos.
Además, como les decía anteriormente, en este real decreto ley pusimos en marcha medidas de fomento para el transporte público, articulando la gratuidad de los servicios de cercanías, de rodalies y de media distancia convencional para
usuarios recurrentes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. El objetivo de estas medidas es fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado, lo que va a contribuir a disminuir nuestra dependencia energética y, como
decía anteriormente, nuestra huella de carbono. También este real decreto ley recoge otras medidas de índole técnico y de seguridad en el ámbito aéreo y marítimo que garanticen una mayor calidad del servicio a los usuarios del transporte y que
permitan también mejorar la seguridad de tripulaciones y de pasajeros.
Centrándome ahora ya en las medidas concretas, y en el caso de las medidas de transporte por carretera, quiero decirles que ha sido necesario modificar nueve leyes y cuatro reales decretos leyes, lo que evidencia también la profunda revisión
estructural de este sector que abordamos con este texto. En primer lugar, en el ámbito del transporte terrestre, con este nuevo texto legal hemos recogido disposiciones para que el precio del transporte cubra los costes individuales incurridos por
el transportista efectivo en aquellos supuestos en los que se producen los mayores desequilibrios en la negociación. También hemos recogido obligaciones para que se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos, es decir, los
costes individuales efectivos que asume el transportista. Y para asegurar el cumplimiento de esas medidas, que son esenciales, también se ha incluido un nuevo régimen sancionador con sanciones de hasta 4000 euros para quien incumpla estas medidas.
Añadidas a estas medidas nucleares, que constituían la principal reivindicación y el compromiso que asumimos con los transportistas, se han acogido también y se han incorporado otras medidas complementarias como la relativa a que el código
de buenas prácticas mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías recoja también compromisos para el establecimiento de niveles máximos de subcontratación. Debe establecerse los compromisos aplicables a la contratación de
transportes a través de intermediarios que presten servicios a través de la sociedad de la información. Hemos recogido también de forma expresa la obligación de que el Gobierno, tras evaluar la efectividad de todas estas medidas implantadas,
presente en seis meses a las Cortes Generales un proyecto de ley revisando el régimen de la subcontratación en el transporte de mercancías por carretera. Acompañado también a estas medidas estructurales se ha establecido un nuevo paquete de ayudas
directas a las empresas de transporte terrestre de mercancías y pasajeros debido a la alta dependencia del precio del combustible. Esa línea, dotada con 450 millones de euros, se distribuirá por número y por tipo de vehículo, siguiendo el espíritu
del primer paquete de ayudas. Es decir, para vehículos pesados de mercancías una ayuda por importe de 1250 euros; para vehículos ligeros de mercancías, 500 euros; para autobuses, 950 euros; para ambulancias, 500 euros; para autobuses urbanos,
950 euros; para taxis y VTC, 300 euros, y para locomotoras diésel, 15 000 euros. Hay que decir que las ayudas a autobuses urbanos es una de las novedades de este real decreto ley respecto al paquete de medidas aprobados en marzo y se dirige a las
empresas que prestan servicios públicos colectivos urbanos o suburbanos sometidos también al incremento de los costes.
En cuanto al transporte ferroviario, también se establece un nuevo paquete de ayudas que destinará un máximo de 1,9 millones de euros a empresas del sector. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio. Perdone, señora ministra.
La señora MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Sánchez Jiménez): Por lo tanto, la aprobación de este real decreto ley, señorías, confirma el compromiso del Gobierno con un sector esencial, adoptando medidas estructurales que
se suman a las ya aprobadas para garantizar su sostenibilidad y corregir las asimetrías existentes en el mismo, mejorando la posición y la competitividad de este sector y garantizando también las condiciones laborales adecuadas, dignas y la
protección social que merecen los conductores. La implantación de estas medidas se planteaba -hay que decirlo- a través de la tramitación de un proyecto de ley, pero alcanzamos un acuerdo con el sector y, dada su
importancia, su urgencia y necesidad y la situación derivada por la guerra en Ucrania y su afectación al sector del transporte, el Gobierno decidió tramitarla de forma urgente en forma del real decreto ley que hoy presentamos para su
convalidación, cumpliendo con el compromiso adoptado por el sector.
En segundo lugar, refiriéndome ahora a otro tipo de medidas, al segundo bloque de medidas de este real decreto ley, amplía la apuesta de este Gobierno por abaratar y, por tanto, por incentivar el uso del transporte público, y lo hace de una
manera histórica y sin precedentes. Porque momentos excepcionales como los que vivimos exigen medidas excepcionales que combatan la subida de precios, que reduzcan nuestra dependencia energética y que faciliten también la transición ecológica. El
transporte público es la alternativa de movilidad más eficiente, más respetuosa con el medioambiente y la más utilizada por la clase media y trabajadora de este país. Subvencionar esta movilidad obligada y cotidiana, imprescindible para acudir al
trabajo o a los estudios, supone un alivio para los más afectados por la espiral inflacionista y nos beneficia también a la sociedad en su conjunto; supone un alivio real del que podrán beneficiarse de forma directa a partir del 1 de septiembre,
fecha en que la inmensa mayoría de los españoles y españolas vuelven a su rutina y a necesitar esa movilidad obligada y habitual en su día a día. ¿Son realmente conscientes de lo que supone para una familia con dos hijos, por ejemplo, que utilice
el tren desde las afueras de Madrid ahorrar 600 euros en transporte en estos cuatro meses, o 750 euros en el caso de una familia en Barcelona, o incluso 1000 euros en el caso de una familia en Valencia o en Sevilla? Esto es precisamente lo que
conseguimos con este real decreto ley y con las medidas que planteamos, y lo conseguimos gracias a que, para cada núcleo de cercanías o rodalies, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, los viajeros habituales podrán utilizar estos servicios
gratis (aplausos), porque los usuarios y usuarias habituales de la media distancia convencional podrán también realizar sus trayectos gratis. Y para aquellos que utilizan también las tarjetas de los consorcios de transporte metropolitano, además de
la subvención del 30 % que ya establecimos en el anterior real decreto ley, el Estado asume la cantidad que estos consorcios abonan a Renfe por los viajes en cercanías y rodalies siempre que se comprometan a bajar el precio de sus títulos
multiviaje. Además, también introducimos otras medidas para los viajeros recurrentes de los servicios de alta velocidad no declarados obligaciones de servicio público en los que el tiempo de viaje sea menor a cien minutos y en los que no exista
acuerdo de marco de reserva de capacidad en vigor, donde incluimos un descuento del 50 %, una medida que afecta y beneficia principalmente a rutas internas de Castilla y León, a las conexiones con Madrid desde Palencia, Zamora y Burgos, al
LeónValladolid, al OurenseZamora y al HuescaZaragoza. Añadido a todo lo anterior, también les recuerdo que siguen vigentes las medidas ya adoptadas acerca de que los servicios Avant, las OSP, ofrezcan un descuento del 50 % para los usuarios
recurrentes. Como saben, estamos trabajando para que el día 1 de septiembre los usuarios puedan beneficiarse de todas estas bonificaciones sin incidencias, sin colas y sin sufrir colapsos en la web. El pasado lunes, 8 de agosto, Renfe abrió en su
página web un registro para obtener los abonos gratuitos de cercanías, rodalies y media distancia y del 50 % de los servicios Avant, y se registraron cifras récord. Desde ayer, que comenzó la venta de billetes, ya no solo hablamos de personas
registradas, hablamos de ciudadanos y ciudadanas que están adquiriendo sus bonos para beneficiarse de estos descuentos el día 1 de septiembre. Hablamos de que en menos de veinticuatro horas más de sesenta mil usuarios y usuarias ya han adquirido
online su bono, con picos de más de cien bonos emitidos por minuto.
Además, no quiero dejar de mencionar las medidas adelantadas para fomentar el uso del transporte público colectivo y su uso por parte de los viajeros habituales, aquellos que hacen uso de las concesiones de las líneas de autobús estatales,
que también se van a beneficiar de un descuento del 50 %, o de las destinadas a aquellos servicios urbanos e interurbanos, competencia de las entidades locales y las comunidades autónomas, a las que destinamos la financiación para que los reduzcan
en un 30 %. Es una medida que también ha tenido una gran acogida y a la que se han adherido más de ciento ochenta entidades locales y la totalidad de las comunidades autónomas independientemente de su signo político, porque han entendido que es una
oportunidad para beneficiar a sus ciudadanos y a sus ciudadanas.
En definitiva, como decía, son medidas sin precedentes y excepcionales para reducir el gasto de los ciudadanos, para apostar más que nunca por el transporte público, para luchar contra el cambio climático y para garantizar la movilidad
cotidiana de nuestros ciudadanos en una situación extraordinaria derivada de la invasión rusa en Ucrania y sus consecuencias en el coste de vida de las personas.
Como avancé, el otro conjunto de medidas de este real decreto ley que afectan a este ministerio se refiere a los ámbitos del transporte aéreo y marítimo. En el caso del transporte aéreo, en primer lugar, y ante la evolución de la emergencia
sanitaria provocada por la COVID-19, el real decreto ley elimina la
obligatoriedad de la aplicación de las directrices de operación vinculadas con la pandemia en los aeropuertos y se establece que sean recomendaciones. Nos estamos refiriendo al uso de mascarilla, a la toma de temperatura o a la distancia en
cola en los controles. Con esta modificación seguimos los pasos de los países de nuestro entorno, eliminando trabas y, por lo tanto, potenciando la competitividad del sector del transporte y también del turismo. Las medidas a las que hacía
referencia fueron adoptadas por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de la Aviación y por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Asimismo, dentro de estas medidas que afectan al transporte aéreo se
establece la posibilidad de que AENA pueda realizar una revisión extraordinaria de los precios en sus contratos de obras a fin de evitar retrasos en las inversiones que está realizando. El texto también prevé la participación de AENA en la
instalación de puestos de control fronterizos automatizados y la contratación de servicio de apoyo para responder con el mejor servicio a la aplicación del reglamento, que fortalecerá el control de nuestras fronteras y que permitirá prevenir,
detectar e investigar los delitos de terrorismo y otros delitos graves.
En el ámbito del transporte marítimo, entre otras cuestiones, este real decreto ley permite exceptuar a los marinos ucranios de las limitaciones en materia de nacionalidad de las tripulaciones de los buques. Esta medida les proporciona el
mismo tratamiento que a los nacionales españoles o de otro país del Espacio Económico Europeo.
También hay otras medidas dentro del real decreto ley que afectan al ámbito de competencias de este departamento. En el ámbito ferroviario, se articula el marco para posibilitar el uso compartido de instalaciones ferroviarias entre
administradores de infraestructuras de diferentes administraciones, como pueden ser el Estado y las comunidades autónomas. También se agiliza el procedimiento que posibilita el pago por la Administración de las cantidades en materia de
expropiaciones acordadas en justiprecio o por los jurados provinciales correspondientes a los expedientes pendientes de las autopistas en procesos de liquidación.
Por último, en lo que se refiere a este ministerio, se clarifica la aplicación del mecanismo de revisión excepcional de precios, pues el impacto de la escalada inflacionista de los precios se ha producido para todo tipo de contratos,
incluidos los contratos de obras de duración inferior a un año, que habían quedado excluidas en materia de revisión de precios.
Hay un segundo bloque de medidas de este real decreto ley que se corresponde a las ya conocidas, las medidas en materia de ayudas de becas y de ayudas al estudio. Somos conscientes también de que esta situación económica ha producido un
fuerte impacto en las familias, lo que ha dado lugar a una evidente necesidad de reforzamiento de las cuantías de estas becas. Nuestro objetivo es que se asegure el menor impacto posible en la garantía de la igualdad de oportunidades que impida que
las personas más vulnerables y ya en edad laboral deban abandonar sus estudios. Por ello, se establece una cuantía complementaria de 100 euros al mes para el periodo de cuatro meses comprendido entre septiembre y diciembre de 2022; es decir, 400
euros en total para todas las personas beneficiarias de las becas, ayudas y subsidios de la convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 2022-2023 para estudiantes que cursen estudios posobligatorios y de la convocatoria de
ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 2022-2023. El Gobierno destinará 400 millones de euros a financiar esta ayuda. El importe de la ayuda se ha calculado con la previsión de llegar a un millón de
estudiantes beneficiarios el próximo curso. De hecho, esta convocatoria ha batido el récord de solicitudes con más de 1,36 millones, 130 000 más que en la anterior. Para cubrir estas necesidades el Gobierno ha destinado este año 2134 millones de
euros a las becas, también cifra récord, a los que hay que sumar -insisto- estos 400 millones que contempla esta medida.
Y, por último, un tercer bloque tiene por objeto las medidas de ahorro y eficiencia energética como respuesta solidaria con el resto de la Unión Europea para disminuir la dependencia del gas ruso. Estas medidas forman parte de la respuesta
unánime, solidaria y flexible de la Unión Europea frente al chantaje energético de Putin tras la agresión a Ucrania. Porque Europa necesita nuestra ayuda, necesita que se refuercen los mecanismos para hacer llegar esa energía a todos nuestros
vecinos europeos, y España también debe ser solidaria. En este sentido, a finales de julio se aprobó en Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea un reglamento europeo que, bajo el principio de solidaridad, establece un objetivo de ahorro
del consumo de gas natural de los Estados miembros, con cuyo cumplimiento todos los países europeos nos hemos comprometido. Este objetivo podrá llegar a ser de obligado cumplimiento si la situación a nivel europeo se agrava. Por ello, debemos
estar preparados. La manera de conseguir estos objetivos es mediante el refuerzo del ahorro y siendo más eficientes en nuestro consumo. Es decir,
debemos tener una mayor responsabilidad en lo que consumimos y facilitar el acceso a la energía que producimos, especialmente con la puesta a disposición de nuestras infraestructuras gasistas. Con este objeto estamos elaborando -ya lo
conocen- un plan de contingencia, un plan para el que se han pedido propuestas a los operadores energéticos, a los consumidores domésticos e industriales, a las administraciones y a los grupos parlamentarios. Ese plan de contingencia estará
completado a final de septiembre como un compromiso europeo. No obstante, se debe actuar ya, integrando medidas de ahorro y de eficiencia de transición energética hacia energías renovables y como solidaridad -insisto- con Europa.
De esta forma, este real decreto ley es un primer paso para el ahorro y la eficiencia energética en climatización. Es el primer paso del marco que quedará reflejado en el plan de contingencia. La disposición afecta -ya lo conocen- a los
edificios administrativos, a los espacios comerciales y culturales; hablamos de los grandes almacenes, de los hoteles, de los cines y de las infraestructuras destinadas al transporte de viajeros, como estaciones de tren, autobús o aeropuertos; no
están incluidos ni los monumentos ni la iluminación pública. En estos inmuebles, en primer lugar, con carácter general y salvo las excepciones previstas, por ejemplo, en materia de seguridad y salud, se deberá mantener la calefacción en invierno,
como máximo, a 19 grados, y la refrigeración en verano, como mínimo, a 27. En segundo lugar, apagar las luces de los escaparates a partir de las 10 de la noche. Ambas medidas, termostatos y escaparates, entraron en vigor a los siete días naturales
desde el siguiente el día de la publicación de este real decreto ley y tendrán vigencia hasta el próximo día 1 de noviembre de 2023. En tercer lugar, mantener cerradas las puertas de los locales cuando está funcionando el aire acondicionado o la
calefacción. Esta medida deberá cumplirse antes del 30 de septiembre. Y, en cuarto lugar, hacer una revisión extraordinaria de instalaciones de climatización y agua caliente, calderas e instalaciones térmicas si la última fue antes de enero de
2021. En tal caso, deberá hacerse antes del 1 de diciembre de 2022. Se deberá también colocar señalización informativa que dé cuenta de las mejoras adoptadas, cuestión que entrará en vigor tras un mes desde el día de la publicación de este real
decreto ley, que tendrá vigencia hasta el día 1 de noviembre de 2023.
Señorías, estas medidas ya se están aplicando y, gracias al esfuerzo colectivo, hemos conseguido ya reducir el consumo energético un 9,5 % en la última semana y un 8,5 % con respecto al año 2021. Es una muestra del compromiso de la
ciudadanía con estas medidas de ahorro que, lejos de tener un carácter sancionador, señorías, lo que buscan... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdón, señora ministra.
Señorías, les tengo que pedir de nuevo silencio.
La señora MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Sánchez Jiménez): Decía que es una muestra del compromiso de la ciudadanía con estas medidas de ahorro, que, lejos de tener un carácter sancionador, lo que buscan es mentalizar a
los ciudadanos sobre la importancia de hacer un uso prudente de la energía. Debemos seguir apostando por el ahorro, en definitiva, por la solidaridad europea. Por otro lado, la adopción de estas medidas debe hacerse respondiendo a las
flexibilidades adecuadas para velar por la normativa sobre condiciones laborales o requisitos específicos en aquellos centros para los que resulte necesario. Asimismo, el plan de ahorro de energía de la Administración General del Estado, aprobado
en mayo, incluye el fomento del teletrabajo y se recomendó fehacientemente al resto de administraciones y a las empresas que vuelvan a aplicarlo. Como bien es conocido, durante la pandemia se redujo el consumo energético en transporte y en la
climatización de los espacios laborales.
Con todas estas medidas, por tanto, se contribuye al esfuerzo común. Es necesario agradecer el esfuerzo y el compromiso en un momento de dificultad para Europa, y es de destacar que, además, estas medidas de eficiencia aportan un beneficio
a la economía. En concreto, limitar la calefacción en invierno a un máximo de 19 grados y la refrigeración en verano a 27 supone que cada grado que cambia la temperatura puede representar un ahorro del 7 % del consumo. Esto significa, por ejemplo,
que con estas medidas una cadena de hoteles y restaurantes, como Paradores, con noventa y siete hoteles y más de cien restaurantes, se ahorraría más de un un millón de euros al año en la factura energética.
Otra medida de impacto aprobada persigue que las administraciones agilicen sus inversiones en eficiencia energética de forma inmediata. Para ello, hemos acordado agilizar los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público. El
objetivo es que los edificios públicos sean adaptados lo antes posible para ser más eficientes. Se trataría de obras de rehabilitación energética, de instalación de sistemas de
alumbrado que consuman menos, de fomentar el autoconsumo o de la sustitución de viejos sistemas de climatización por otros que usen fuentes renovables. Asimismo, en el paquete de ayudas de medidas energéticas introduce también medidas
técnicas destinadas a seguir reforzando y facilitando el autoconsumo, acelerando plazos de instalación y facilitando que la energía que no se ha consumido pueda volver a la red. Y, por último, se incluyen propuestas para facilitar la evacuación de
gases renovables en el sistema gasista y también se incluyen medidas que permitan, de forma urgente e inmediata, incorporar el almacenamiento a las instalaciones de generación de tecnología eólica y fotovoltaica para dotar de la necesaria
flexibilidad a estas fuentes de generación y facilitar su integración en el sistema.
Finalizo ya mi intervención, señorías, y desde el Gobierno queda claro que tenemos un firme compromiso con la recuperación, tenemos un firme compromiso con el futuro y tenemos un compromiso con la ciudadanía, y lo estamos cumpliendo. Las
iniciativas que contempla este real decreto ley abordan problemas de enorme trascendencia para este país. Hablo de las emergencias sociales y económicas de una crisis energética que está golpeando a familias y empresas, de la urgencia de reducir
nuestra dependencia de combustibles fósiles para hacer frente al chantaje de Putin, de mostrar nuestra solidaridad con el conjunto de la Unión Europea y de combatir al mismo tiempo la gran amenaza del cambio climático. Asuntos tan significativos,
tan importantes deben concitar consenso y no actitudes obstruccionistas y desleales. Exigen no supeditar el interés general a conveniencias partidistas. Puede que algunos grupos tengan la tentación de tumbar este decreto ley creyendo que así
debilitan al Gobierno. En realidad, a quienes estarían golpeando sería a millones de ciudadanos que usan a diario el transporte público y se verían privados de una ayuda directa con la que sufragar su movilidad cotidiana. (Aplausos). A quienes
estarían dañando también es a las empresas de transporte de viajeros y mercancías, a los transportistas autónomos, que verían esfumarse su justa aspiración de no verse obligados a trabajar por debajo de costes, y a miles y miles de nuestros jóvenes
que necesitan complementar sus becas para continuar sus estudios. Piensen en ellos cuando voten, piensen también en los efectos que estas medidas ya han producido. No son deseos, son evidencias, el consumo energético se ha reducido ya en torno al
10 %; el tope al gas -que el presidente del Gobierno obtuvo de la Unión Europea- ha permitido que los españoles ahorren desde su aplicación en junio cerca de 1400 millones de euros, en torno a 22 millones al día; España paga hoy la electricidad a
precios entre dos y tres veces inferiores a lo que pagan los principales países de Europa. Lo que demuestra el ahorro en el consumo que estamos registrando es que los ciudadanos y las ciudadanas son responsables y solidarios, justo lo contrario que
las formaciones de derecha de esta Cámara. Esa es otra evidencia. Existen dos tipos de conservadurismo, el retrógrado y negacionista... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor! Espere un momento, señora ministra. ¡Les pido silencio, por favor!
La señora MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Sánchez Jiménez): Existen dos tipos de conservadurismo, el retrógrado y negacionista, que se sienta entre nosotros, y la derecha moderna europea, que allí donde gobierna está
adoptando medidas similares a las nuestras. (Aplausos). Porque este real decreto ley es Europa, es compromiso y es solidaridad europea, es eficiencia y es sentido común, el mismo que se aplica en el resto de países de nuestro entorno y que este
Gobierno y nuestro presidente tantas veces está liderando. Piensen bien el sentido de su voto. ¿No es extraño, por tanto, que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, felicite estas acciones y la derecha más rancia de Europa las
critique? Así que me voy a dirigir al partido mayoritario de la oposición, al Partido Popular, y les voy a pedir que recapaciten, que expliquen bien a quién defienden, porque este Gobierno defiende a nuestro país del cada vez más acuciante cambio
climático y sus consecuencias, protege a sus ciudadanos del chantaje de Putin, defiende a los ciudadanos y a las ciudadanas de la escalada de precios provocada por la guerra en Europa, y hoy estoy aquí también defendiéndolos de los partidos que les
intentan dejar sin estas ayudas con tal de intentar tumbar a este Gobierno. (Aplausos). Piénsenlo bien, piénsenlo bien, porque aún están a tiempo de cambiar el sentido del voto que han anunciado, aún están a tiempo de no defraudar a los españoles
y de estar a la altura de lo que este país necesita. Hoy aquí tienen que decidir y demostrar si apoyan a los españoles y a las españolas, si apoyan esas medidas, esos 400 euros para nuestros jóvenes, para que tengan una ayuda al estudio; tienen
que decidir y demostrar si apoyan la gratuidad de los abonos de cercanías y de media distancia para los trabajadores; tienen que decidir si apoyan esa ayuda de los 400 millones de euros de ayudas directas para los transportistas. Señorías del
Partido Popular, ¿con qué cara les van a decir a los ciudadanos que no apoyan estas
medidas? ¿El día 1 de septiembre -lo decía el otro día la ministra portavoz- se van a atrever a ir a Sants o a Atocha a decirles a los jóvenes que, aparte de renunciar a ese complemento de la beca, van a tener que renunciar a disfrutar de
la gratuidad de sus viajes porque les parece una medida frívola? ¿Se van a atrever a decirles a sus socios europeos que no apoyan las medidas de solidaridad energética? Incluso le diré algo más -y me remito al señor Feijóo-, ¿se atreverá a decirle
a la presidenta de la Comunidad de Madrid que no puede aplicar el descuento extraordinario, que criticó pero que también se apresuró a anunciar este mes de agosto como una gran medida?
Sinceramente, aunque solo sea por esto y porque los ciudadanos la verdad es que demuestran que les importan más bien poco, voten a favor de la convalidación de este real ley. Y, además -lo saben-, estamos abiertos a mejorar el texto. Tanto
es así que, una vez convalidado, vamos a votar también a favor de su tramitación como proyecto de ley, porque somos un gobierno que dialoga. Sí, somos un gobierno que busca consensos y, gracias a ello, conseguimos acuerdos que en esta legislatura
están permitiendo avanzar hacia una sociedad más comprometida, más justa, más igualitaria, a pesar de los esfuerzos por impedirlo de la bancada de la derecha. Por tanto, ¿qué excusa tienen ahora?
Señorías, diputados y diputadas, concluyo. Como dijo el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación, nadie puede predecir con seguridad el futuro, pero eso no significa que tengamos que limitarnos a esperar a que
llegue ese futuro. Este Gobierno no lo ha tenido fácil. Hemos actuado con contundencia ante la mayor crisis sanitaria a la que nos hemos enfrentado, y lo estamos haciendo ahora ante la inflación. Hay que hacer muchas cosas y este Gobierno va a
por todas, vamos a ir a por todas para proteger a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas, a nuestra industria, y por eso solicito una vez más a la Cámara el voto favorable para la convalidación de este real decreto ley.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, la señora Gamarra Ruiz-Clavijo. (Aplausos).
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Gracias, presidenta.
Señora ministra, la verdad es que es tan indefendible su errática política energética y lo que recoge este real decreto que parece lógico que usted haya huido de dar la cara ante los españoles para la defensa de un real decreto que a quien
incumbe fundamentalmente es a usted. (Aplausos). Nos llama poderosamente la atención, pero, sin duda alguna, es el mejor síntoma de cómo se está gestando el fracaso de una política energética que lleva a la ruina a los españoles.
Por otro lado, señora ministra de Transportes, permítame que comience recordando y trasladando la solidaridad a todos los heridos que viajaban en ese tren, que no sabemos por qué razón, pero usted no ha dado ninguna explicación, circulaba
por medio de un incendio. Creo que habría sido bueno que hoy usted hubiera dado la cara aquí y hubiera dado las explicaciones a una pregunta clara, y es: ¿qué hacía un tren circulando en medio de un incendio? ¿Por qué salió y por qué estaba allí?
(Aplausos). Y permítame también que traslade el máximo reconocimiento a la maquinista que, sin duda alguna, evitó una desgracia de más consecuencias.
Este real decreto debe contextualizarse en la situación económica en la que se encuentra en estos momentos nuestro país. Hoy, los españoles sufrimos la mayor subida de precios de los últimos cuarenta años. Hoy el IPC se encuentra en el
10,8 %, en una escalada sin precedentes que está asfixiando a todas las familias españolas; en esto somos líderes en Europa. Además, ha sido el peor mes de julio en cuanto a destrucción de empleo y pérdida de afiliaciones a la Seguridad Social en
años, y lo que se anuncia para agosto, incluso por parte del propio Gobierno, es igualmente negativo. En paro también somos líderes en Europa. La deuda pública se ha disparado en 300 000 millones desde que ustedes gobiernan, y sigue en una
escalada imparable. En el incremento de deuda duplicamos la media de Europa. Las familias, los autónomos y las empresas tienen que soportar a sus espaldas el Gobierno más caro, más ineficiente y más insolidario de la democracia española, porque
nos obliga a hacer ajustes a todos, mientras el Gobierno, desde Sánchez hasta el último de sus ministros, no hace absolutamente ninguno. (Aplausos). Estas son las cuentas; el resto son cuentos y propaganda. (Aplausos). Estos son los datos que
demuestran que su política económica es un fracaso y un lastre para los españoles, porque, si otros países están mejor que España, tienen menos inflación, tienen menos deuda y pagan menos impuestos siendo además más dependientes de Rusia desde el
punto de vista energético, España no tiene por qué resignarse.
No somos de peor condición que el resto de los europeos, lo que nos pasa es que tenemos al peor Gobierno de Europa. (Aplausos).
Señores del Gobierno, efectivamente, ante la invasión de Ucrania por parte de Putin es necesario tomar medidas. Somos perfectamente conscientes de ello y estamos enormemente preocupados porque lo peor puede estar todavía por llegar y Putin
puede incrementar su extorsión sobre los europeos, especialmente sobre aquellos que están incrementando inexplicablemente su dependencia del gas. Por eso, son necesarias las políticas acertadas, y los datos lo que demuestran es que las suyas no lo
son, y no respaldaremos aquello que sabemos que no son soluciones, que son parches y que, además, tienen unas consecuencias a medio y a largo plazo negativas para la sociedad española.
Por esta razón, desde que conocimos las medidas en materia de energía mi partido tuvo claro que no las podíamos aprobar, pero que estábamos dispuestos a negociar con el Gobierno medidas de ahorro serias ante el desafío que afrontábamos.
Para hacer cosas serias tienen la mano del Partido Popular; para improvisaciones mal orientadas, para el ordeno y mando, ya le adelanto que no. Ahora bien, para poder llevar a cabo negociaciones hay que llamar también al Partido Popular y hay que
sentarse con él, cosa para la cual no hemos recibido ni una sola llamada.
Efectivamente, en el marco europeo se ha aprobado una política de ahorro energético, un reglamento, que tiene como objetivo ahorrar gas para salvar el invierno y que el Gobierno debe adaptar, ¿a qué? A la realidad española, hablando con la
sociedad española. Para ello son necesarios los planes de ahorro energético, pero los buenos planes de ahorro energético, no cualquier plan de ahorro energético. Por eso, desde el minuto uno les hemos planteado alternativas y nos hemos mostrado
dispuestos a dialogar sobre ello. Y reitero, ni una sola llamada; muchos insultos, sí, pero ni una sola llamada.
Señora ministra, parte usted de un error inicial a la hora de abordar todo lo que tiene que ver con el ahorro energético, porque todo plan debe buscar un equilibrio entre el ahorro energético y el mantenimiento de la actividad económica y la
creación de empleo, máxime en un escenario de recesión como el que se intuye y que España aún está a tiempo de evitar. Y eso es algo que usted ha obviado absolutamente en este real decreto ley, porque para ello lo primero que hay que hacer es
hablar con todos los sectores implicados y no ha hablado absolutamente con nadie. Con eso, ustedes lo que unen a la improvisación es la imposición. Hay algo que tienen que responder a la sociedad española, y es que si Europa establece medidas que
deben de ser recomendaciones y hasta marzo del 2023, ¿por qué usted nos trae imposiciones y hasta noviembre del 2023? ¡Ocho meses más! ¿Nos lo puede explicar? Porque todavía esto los españoles lo desconocen.
Asimismo, para el resto de Europa las medidas de ahorro energético son fundamentalmente recomendaciones. En cambio, como le reitero, aquí lo que nos traen son imposiciones y prohibiciones. Todo ello acompañado de un régimen sancionador que
se puede llevar por delante a muchos autónomos, a muchas pymes y a algunas empresas que incumplan estas imposiciones. Si salieran un poquito más a la calle -entiendo que no la pueden pisar-, esto lo tendrían muy claro, porque cualquier comerciante
de cualquier rincón de España lo explica con todo el sentido común y se entiende rápidamente.
En definitiva, este real decreto es un compendio perfecto de todos los abusos y muestras de desprecio de este Gobierno hacia la sociedad española y hacia esta Cámara. Lo voy a explicar. Estamos hablando del real decreto ley 129, es decir,
ustedes van a una velocidad de cada once días, un real decreto ley. ¿Y saben por qué lo hacen en este caso? Porque si fuera un proyecto de ley tendría que incluir una memoria económica y, por tanto, quedaría claro y en evidencia el deterioro
económico que muchas de estas medidas van a ocasionar a cientos de miles de comerciantes. (Aplausos). Y, evidentemente, ahí nosotros no vamos a estar haciendo daño cuando se puede evitar. Y no se confundan, el ahorro que los españoles están
llevando a cabo por no poder pagar la energía a estos precios no es el resultado de las medidas de este real decreto ley. ¡Un respeto a la situación que están pasando los españoles!
En segundo lugar, ustedes repiten el modus operandi al que ya nos tienen acostumbrados, es decir, agudizando los problemas que tienen los españoles y, luego, a través del siguiente real decreto ley, intentando subsanarlo. Porque, por
ejemplo, cuando ustedes recibieron el gobierno de este país la dependencia con relación al gas ruso era el 0 %; sin embargo, su política lo que ha hecho es incrementar la dependencia. Algo que no teníamos, ahora lo tenemos y, por tanto, agravan
ustedes la situación, porque un plan de ahorro energético tiene que tener como objetivo ahorrar para reducir nuestra dependencia con relación a Rusia. ¿Y de qué vale todo ese esfuerzo y sacrificio que piden ustedes a los españoles si
simultáneamente incrementan la dependencia que tenemos con relación a Rusia? Ahí está la clave y ahí está una de las cuestiones de este fracaso. (Aplausos). Ahora somos más dependientes del gas ruso y,
por tanto, somos más vulnerables. ¿Y saben por qué? Por la situación que ustedes mismos han creado con relación a Argelia. Y ahí tienen una de nuestras propuestas, reconduzcan la posición y la situación con un país del que dependemos en
todo lo que tiene que ver con la energía.
Con la coartada del problema que ustedes mismos han agravado ustedes se sienten autorizados para imponer sus criterios de manera unilateral, y esto es lo que hay en este real decreto ley. Pasan por encima de los sectores afectados, con
quienes no hablan; pasan por encima de las comunidades autónomas, quienes tienen competencia en regulación de comercio; pasan por encima de la alternativa del Gobierno, a la que ni siquiera escuchan ni llaman, eso sí, le insultan, y pasan por
encima de otras leyes que ustedes tienen la obligación de aplicar.
Señora ministra, aunque usted no hable, ya no valen más excusas. ¿Van a asumir ustedes el fracaso de la excepción ibérica, que no ha evitado que hoy paguemos cuatro veces más cara la luz que lo que lo hacíamos hace un año? Son 312 euros
megavatio hora hoy, mientras que el año pasado en esta semana estábamos en 92, al tiempo que estamos subvencionando a los consumidores franceses con más de 330 millones de euros desde que entró en vigor esta medida, 10 millones en el día de ayer.
Por cierto, esa subvención que estamos dando a los franceses hace que se esté consumiendo más gas, pero a cargo del propio esfuerzo que están haciendo las empresas y los españoles. (Aplausos). Yo invito a los españoles a que miren su última
factura y vean un nuevo coste. Se llama mecanismo de ajuste del Real Decreto-ley 10/2022, donde encontrarán incrementos que pueden estar entre el 25 y el 33 o 44 % en relación a las facturas de antes de la entrada en vigor de la excepción ibérica,
y ahí están.
Recordarán que en su momento le hicimos al presidente del Gobierno una serie de preguntas a las que nunca contestó, pero hoy los españoles pueden encontrar perfectamente las respuestas en sus facturas. Una de las preguntas era: ¿Vamos a
financiar el gas a los franceses, a los portugueses y a los marroquíes? La respuesta es sí, a los franceses y a más de 330 millones desde hace dos meses. (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!-Aplausos). ¿Quién va a pagar la excepción ibérica?
Pues vayamos a las facturas, y le traigo dos ejemplos (muestra dos facturas del recibo de la luz): una factura que se ha incrementado de 2300 euros a 3597. ¿En qué concepto está la diferencia? En el coste de la excepción ibérica, aquí, en las
facturas de los españoles; y otra factura que ha pasado de 60 000 a 96 951, de una pyme que está pagando también la excepción ibérica. Evidentemente, esto es la gran mentira que ustedes han ocultado a los españoles (aplausos), pero que hoy se
puede ver, se puede leer, y que hay que pagar en el día a día de los españoles.
Usted se vanagloria de que las recomendaciones de reducción del consumo de gas para España sean del 7 % frente al 15 % para el resto de Europa. ¿Es mérito de ustedes, de verdad? Esa reducción inferior se debe a que estamos mejor
preparados, porque un Gobierno de España, el Gobierno de España del año 1996 al 2004, planificó -y esta es la palabra, planificó- las infraestructuras que diversifican el suministro de gas hacia España, impidiendo que dependamos de un solo
proveedor. Como las seis regasificadoras y los dos gasoductos que usted encontró disponibles, usted las demonizó, yo entiendo perfectamente que no pueda salir aquí, después de todo lo que ha dicho, a defender hoy gasoductos y regasificadoras,
porque usted las ha demonizado.
La señora PRESIDENTA: Señora Gamarra, tiene usted que terminar.
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Voy terminando.
Corrijo. Uno de los gasoductos, porque el otro se cerró por la brillante diplomacia económica del Gobierno de Sánchez en relación a Argelia. (Aplausos). Planificación, señora Ribera, frente a su intransigencia. Ahí tiene nuestra
propuesta y estamos dispuestos a contribuir. ¿Cuál es? Necesitamos la máxima capacidad, y esto lo entiende todo el mundo, es de sentido común. Para ello, pongamos todas las tecnologías disponibles en nuestro país a que trabajen al máximo de su
capacidad para garantizar un suministro de energía adecuada y a un precio asumible. Esta es la propuesta, y para ello usted lo que tiene que hacer es dejar al margen la ideología, el sectarismo y empezar a pensar en lo que los españoles necesitan.
La señora PRESIDENTA: Señora Gamarra, tiene que terminar.
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Termino ya.
Y por último, en relación con las medidas de carácter social, nos presentan un real decreto que es un mix de diferentes propuestas. Son dos partes bien diferenciadas que debieran de ser dos textos, no uno.
¿Qué es lo que ustedes buscan conseguir? Ante su minoría parlamentaria, chantajear al resto de los grupos parlamentarios con algunas medidas de corte social que garanticen el apoyo por adhesión a medidas que son malas para la economía
española, y ahí es donde nosotros no podemos estar. Pero llevamos meses, semanas, pidiéndoles que separen los dos reales decretos que contarían con nuestro apoyo, y que si los votos que tenían eran insuficientes e hicieran que decayera, retiraran
la votación y, por tanto, trajeran mañana esas medidas de las que usted nos ha hablado: del transporte terrestre, tanto privado como público, de las bonificaciones, de las ayudas, de los complementos, y le garantizo que el Grupo Parlamentario
Popular votaría a favor.
La señora PRESIDENTA: Señora Gamarra, tiene que terminar ya.
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Pero le diré también que está lleno de deficiencias y discriminaciones. Están muy bien las ayudas al transporte ferroviario, pero, señora ministra, ¿y la España que se mueve día a día en transporte colectivo
de viajeros por carretera? ¿Esa España no existe? ¿La España de los pueblos y de las medianas ciudades, a las que usted olvida, no existe? (Aplausos). Deben también tener el apoyo de su Gobierno. El 53 % de los viajeros nacionales interurbanos
utilizan el autobús, ¿sabe usted por qué? Porque la mayoría de los núcleos poblacionales no cuentan con servicios ferroviarios, y esto es lo que falla y esto es lo que falta.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gamarra.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Rechazo las medidas planteadas por un Gobierno cuya gestión, como tantas veces he denunciado en esta Cámara, cercenó la soberanía energética de España; eliminó el carbón, nuestro único combustible fósil autóctono, lo que contrasta con la
multiplicación en todo el mundo de su precio y su consumo; desertizó las cuencas mineras, caso de Asturias, escamoteando las alternativas socioeconómicas, y provocó el enfado de Argelia, nuestro principal proveedor de gas, tras la pirueta de Pedro
Sánchez con el Sáhara, que aprovecharán por años otros países europeos.
Con este real decreto, producto de un fundamentalismo ecologista que empobrece y arruina a la sociedad, a los consumidores y a la industria, el Gobierno que prometió bajar el recibo de la luz agudiza el caos energético en uno de los momentos
de mayor incertidumbre y precariedad económica de las últimas décadas. De ahí mi voto en contra.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días.
Decía la ministra en su intervención que estas medidas son las que están aprobando los gobiernos de derechas en el resto de Europa, por lo cual habrá que preguntar si es que el Gobierno del Partido Socialista y Podemos está haciendo
políticas de derechas (aplausos) o igual es el resto de Europa el que está haciendo políticas de izquierdas, lo que, evidentemente, como argumento no es el mejor.
A todos nos ha llamado la atención -no piensen que ha sido una excepción la señora Gamarra- que haya defendido este decreto la ministra de Transportes y no la de Transición Ecológica. Y eso, ¿por qué se ha hecho? Pues muy sencillo. Cuando
hace un mes el presidente del Gobierno anunció este decreto, todo el mundo recordamos que dijo que si uno se quitaba la corbata en España se les solucionaban los problemas a los ciudadanos. Es que dijo esa frivolidad, y, claro, si fuera tan
sencillo como que si nos quitamos la corbata aquí ya solucionamos los problemas, evidentemente todos lo haríamos. Eso no soluciona nada, pero montándose a continuación en helicóptero, todavía menos, porque encima no se da ni ejemplo. Esas medidas,
evidentemente, no solucionan los problemas, y ha salido usted hoy aquí porque creen que la medida socialmente más vendible es la del transporte. Es muy fácil decir -y lo han dicho ya setecientas veces-: Vaya usted a la estación de Sants o a
Madrid, etcétera, y diga a la gente... ¿Y por
qué no va uno a la estación de Cuenca, a la de, me da igual, Soria o Pamplona, a decir eso mismo? Porque son lugares donde no existen esos trenes de cercanías y porque no se puede hacer esa demagogia.
Ustedes saben que sin hablar con la gente no se puede obligar a los comercios, a los que tanto les cuesta poner la temperatura 27 grados o el ponerla en invierno a 19, y encima tener que hacer obras en su negocio, como en su momento hubo que
hacer ya con el tema del tabaco, y al final acabaron pagando los comerciantes. La mayoría de estas medidas son demagógicas, y tan sencillo como decir que no se quiere ayudar con 100 euros, por ejemplo, a las becas, sería presentar una enmienda y en
lugar de que sean 100 euros, que sean 200. ¿Usted va a votar a favor o en contra, si en lugar de 100 decimos que sean 200? Si vota en contra, diremos que usted no quiere ayudar a los estudiantes. Por tanto, este es un Gobierno que tendría que
tener más seriedad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Les voy a decir por qué este decreto, este multidecreto, no sirve para Canarias, que es lo que piensan todos los canarios y lo que piensan todos los partidos, incluido Podemos, que ha tomado el acuerdo, y es lo que piensan muchos alcaldes
del PSOE que se han manifestado, no el Gobierno porque el Gobierno se baja los pantalones con Pedro Sánchez. No sirve para Canarias -y voy a empezar primero por el tema del transporte- porque en Canarias no hay trenes de cercanías; en Canarias hay
guaguas y hay un tranvía Santa Cruz-La Laguna, que es como el cercanías en Madrid, y los canarios vamos a pagar el cien por cien -el cien por cien- de lo que van a hacer los de Madrid en cercanías. Y como no hay trenes en Canarias, han pedido todas
las instituciones canarias que paguen el cien por cien del tranvía y de las guaguas interurbanas.
Segunda cuestión, en Canarias no hay gas -no hay gas-, no hay calefacción en invierno, porque la media en invierno es de 23 o 24 grados. En Canarias no se pone el aire acondicionado. En las casas no hay aire acondicionado, hay en los
comercios chiquititos y en las grandes superficies, sobre lo que no voy a entrar. Se pone nada más que los días de calima, que antes eran cuatro días al año y ahora tenemos ocho, porque los días de calima hay 29 o 30 grados. ¿Y saben lo que se
hace? Se pone el aire unas horitas. Pero ahora ustedes, antes del 30 de diciembre, obligan a los comerciantes canarios y a las empresas chiquititas de Canarias a hacer una obra que cuesta 3000 euros para cerrar todo, porque como es invierno para
la calefacción... Aunque el Gobierno de España no lo sepa, lo saben los alemanes y lo saben todos. Otra de las ventajas, la bajada del IVA. En Canarias no hay IVA. Dígaselo al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que siempre se
olvida. Ustedes han hecho una trampa, han traído todas estas medidas juntas para chantajear. Si hubieran traído quince decretos, a lo mejor hubiéramos votado diez a favor, pero en esto estamos en contra, y están en contra Podemos, los
nacionalistas, el PP, VOX y la ciudadanía. Aprendan lo que es Canarias. Y si querían cambiar el decreto, porque lo tramitan como proyecto de ley, tenemos quince decretos paralizados aquí hace dos años sin tramitar como proyectos de ley.
Por último, si hubieran querido mejorar el tema de Canarias, como dicen algunos de los interlocutores que nos llaman veinticuatro horas antes de las votaciones, en el Consejo de Ministros de hace cuarenta y ocho horas hubieran cambiado la
subvención al transporte y hubieran cambiado el tema eléctrico. Por cierto, en El Hierro...
La señora PRESIDENTA: Señora Oramas, tiene usted que terminar ya.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Termino.
En El Hierro están que se mondan de risa, porque la mayoría del verano han estado el cien por cien con renovables, y a los de El Hierro también les obligan a hacer la obra, por ejemplo, al chiringuito que está en La Restinga, porque tiene
aire acondicionado y lo pone los días de calufa. Menos Falcon, menos fotos y a trabajar por mi tierra.
Muchas gracias, señor presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.
Antes de nada, hay que decir que este estilo suyo de decretos ómnibus es muy tramposo, porque el titular de hoy es el decreto del ahorro energético y, sin embargo, dentro meten 1300 millones para las eléctricas o el rescate de las autopistas
radiales de Madrid, cosa que nos lleva a votar que no, aunque con el ahorro energético, por supuesto, estamos de acuerdo. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Ahora bien, sobre el texto del decreto, hay que
señalar que sigue con un error de diagnóstico muy grave. Por ejemplo, uno muy concreto. La palabra Rusia aparece treinta y tres veces y, sin embargo, no hay ninguna referencia al pico del petróleo, al agotamiento de los combustibles fósiles o a la
crisis y la emergencia climática, cero referencias a estos aspectos profundos, de fondo y de gran calado. Esto nos llevaría a pensar, según el texto del decreto, que el problema energético es solo con el gas y que es solo relativo a la guerra y
que, por tanto, si mañana se firmase la paz, cosa que sería una enorme y buena noticia, esto se terminaría. Y no, la crisis energética seguiría abierta, porque es anterior a la guerra con Ucrania y porque es más profunda. La volatilidad, la subida
y la crisis de suministros de diésel o de fertilizantes agrícolas es anterior a la guerra de Rusia contra Ucrania. Estamos ante una crisis estructural, ante un gran descenso energético, porque se ha alcanzado el pico del petróleo, y esto el
Gobierno parece ignorarlo.
Termino con un detalle significativo. Me he referido hace un momento a que el decreto no mencionaba la crisis climática. Sí que se menciona el clima en una sola ocasión, en el apartado 8, pero en un sentido totalmente opuesto, cuando se
dice que las buenas condiciones climáticas del Estado español permitirán atraer el turismo de aviones recreativos, de avionetas, de ultraligeros. Entonces, por un lado, es el decreto del ahorro energético, es decir, que hay que bajar el aire
condicionado, con lo que estamos de acuerdo, pero, por otro lado, se fomenta el turismo y se fomenta el consumo de combustibles fósiles, en este caso, con las avionetas. Esto es un absoluto sinsentido y más valdría tener un plan integral y profundo
de descarbonización.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias. Egun on. Buenos días.
Señorías, ministras, ministros, hoy votaremos a favor de este real decreto, primero, por responsabilidad con la ciudadanía y con el planeta, y también por responsabilidad con las consecuencias de no hacerlo. Y, en segundo lugar, porque
compartimos los dos pilares que lo sustentan: la necesidad de reducir el consumo desorbitado de energía y potenciar el transporte público haciéndolo accesible y asumible para toda la ciudadanía. Hay dos cuestiones que queremos recordar. Los
movimientos ecologistas y las fuerzas sociales, junto con las fuerzas políticas de izquierda, llevamos muchos años advirtiendo de lo que podría ocurrir de continuar con el sistema actual, años advirtiendo que de seguir por este camino, de seguir
intentando crecer y crecer, y producir y producir, y consumir y consumir sin límite, los límites los pondría el propio planeta de forma abrupta. Pues bien, aquí estamos. Ya ha llegado el momento que muchas queríamos evitar mientras la gran mayoría
de ustedes miraba para otro lado o, aún peor, lo negaba, porque los episodios climáticos extremos, el agotamiento de materias primas, el caos energético, el desabastecimiento, las pandemias, las sequías, la calidad del aire, la destrucción de
ecosistemas y especies, la acumulación de riqueza mediante las materias primas, todo esto, el colapso climático, social y económico no es consecuencia de una guerra, señorías, es consecuencia del propio sistema, del sistema neoliberal que llevan
décadas alimentando. Y ahora lo que tenemos es la realidad, aquí la tenemos: fin de la abundancia y colapso.
Esta es la realidad a la que nos enfrentamos, realidad que ha llegado y nos ha pillado con los deberes sin hacer, porque la guerra de Ucrania, sí, ha acelerado ciertos aspectos de esta brutal crisis ecológica y energética, pero el problema,
la emergencia, ya existía antes de la guerra, y frente a esa emergencia no valen parches. Por eso, pedimos que, además de medidas puntuales y temporales, comiencen ya a tomar medidas estructurales y permanentes mucho más audaces. Sí, somos
conscientes de que deberemos hacer mucha pedagogía para que la sociedad en su conjunto sea consciente de la magnitud de lo que debemos enfrentar, pero habrá que hacerlo, porque ya no estamos en un escenario deseable para la transición ecológica,
energética y económica, estamos ante una necesidad urgente de desarrollarla porque de ello dependerá la vida y el bienestar social de la población. Las cumbres climáticas de París o Glasgow, vendidas como grandes hitos climáticos, definieron
ciertos objetivos que ni siquiera se están
cumpliendo; prácticamente ningún Estado del mundo está tomando las medidas para ello. Pero es que hoy la realidad es que aquellos objetivos incumplidos por todos los países del mundo ya ni siquiera son suficientes. La emergencia climática
se está acelerando tanto y está generando cambios a tal velocidad que o nos movemos inmediata y decididamente y transformamos ya nuestros modelos de producción, de consumo energético y climático, o nos iremos al carajo; sí, al carajo, señorías. Es
así de crudo. O empezamos ya a ser conscientes de lo que está por venir y actuamos en consecuencia, o en muy poco tiempo no habrá vuelta atrás. Y sí, corresponde a los representantes públicos, a quienes gobiernan y a quienes legislamos, estar a la
altura de lo que nos exige el momento, y esta responsabilidad debe estar por encima de cálculos electorales y políticos. Habrá que tomar medidas que no gustarán a todo el mundo y que generarán contradicciones e incluso miedo en parte de la sociedad
hasta que adquiramos la conciencia climática que necesitamos, pero habrá que hacerlo. Por eso, como repetimos incesantemente, son necesarias medidas estructurales que inicien el cambio de rumbo y paradigma necesario, un nuevo paradigma que tome en
cuenta los límites del planeta y sus recursos, que recupere la escala local frente a la globalización, que recupere métodos de producción sostenibles y cercanos, que utilice los recursos y las materias primas de manera equitativa, justa y pública
para asegurar el bienestar social de la ciudadanía.
Sabemos que son grandes retos, que no se alcanzarán de un día para otro, y por eso es necesario iniciarlo ya y por eso en el transcurso de las conversaciones sobre este real decreto hemos acordado con el Gobierno actuar con una mirada a
medio y largo plazo que permita acometer cambios y tomar medidas más profundas, más allá de las medidas temporales que recoge este decreto. En primer lugar, hemos acordado que para el año 2023 se revisarán al alza, se reformularán y acelerarán los
objetivos establecidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La revisión permitirá aumentar la ambición de los objetivos establecidos en la ley, así como acelerar la consecución de los mismos, previendo las inversiones necesarias
para ello. En segundo lugar, con el mismo objetivo de profundizar en las políticas de transición climática y energética, tenemos el compromiso de comenzar a estudiar y planificar junto a las comunidades autónomas estrategias a medio y largo plazo
que progresivamente e incluyendo a todos los sectores transformen los modelos de producción y consumo hacia actuaciones que primen la reducción, la eficiencia y la transición hacia energías renovables tanto en los métodos de producción y sectores
productivos como en los hábitos de consumo social y público. Esperamos así poder ampliar el alcance de las políticas de transición a todos los sectores, tanto públicos como privados, pudiendo desplegar políticas más eficientes de cara al nuevo
modelo energético y ecológico.
Como he dicho, vamos a votar favorablemente este decreto, que además será tramitado como proyecto de ley, con lo cual se podrán corregir ciertas cuestiones que aún pueden y deben ser mejoradas, pero también queremos advertir al Gobierno de
que la falta de diálogo con las comunidades autónomas y los grupos de esta Cámara -diálogo iniciado a última hora y una vez aprobado el decreto por el Consejo de Ministros- no es la mejor fórmula para engrasar la mayoría plurinacional y progresista
de este Congreso. Este es el primer paquete de medidas energéticas y de transición ecológica de otros muchos que deberemos tomar. Todos somos conscientes de ello, y las siguientes medidas, al igual que estas, solo podrán aprobarse con la
concurrencia de las fuerzas progresistas que estamos dispuestas a abordar este reto ecológico desde la ambición y la urgencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Enseguida termino. Gracias.
La derecha, instalada en su negacionismo climático, ni está ni se la espera. Si por ellos fuese, en poco tiempo ni habría vidas dignas que disfrutar ni planeta en el que vivir. Por eso, señora ministra, señorías del PSOE, hagan las cosas
bien, dialoguen, escuchen y acuerden. Vienen tiempos duros y todos deberemos estar a la altura, sí, pero los primeros responsables deben ser ustedes.
Eskerrik asko. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Egun on.
Es un decreto ley que coloquialmente se ha denominado como el decreto de ahorro energético, consecuencia de la decisión de Europa de reducción voluntaria de la demanda del gas en torno a un 15 %
entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 y que en el caso de España se sitúa en el 7 % porque depende en menor medida del gas ruso y porque cuenta con regasificadoras que permiten comprar GNL a otros proveedores, aunque, sin
embargo y aprovechando esta coyuntura, contiene o mezcla estas medidas con otras que poco o nada tienen que ver con las medidas de ahorro energético, como son las becas o los bonos del transporte, reformas varias, incluida la modificación de la
cotización de los trabajadores autónomos -que, por cierto, se acaba de debatir- para corregir errores en un tratamiento desigual para algunos colectivos, o medidas en materia de transporte aéreo eliminando la obligación de las restricciones de la
pandemia para agilizar la operativa de los aeropuertos, al tiempo que medidas en materia de transporte marítimo y un paquete de ayudas económicas que hacen que este decreto sea una continuación de medidas adoptadas por diferentes reales decretos
ley, como el 3/2022, el 6/2022, el 11/2022, para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, aunque, por cierto, algunos de estos decretos deberían haberse tramitado como proyectos de ley y, sin embargo, a día de hoy continúan en el limbo de
los sueños, sin que los grupos podamos aportar nada a los mismos; desde luego, una oportunidad perdida para corregir errores detectados, afinar en el diseño, en la materialización y en la implementación de medidas, que, sin embargo, ustedes, el
Gobierno, sí que modifican y complementan con los siguientes reales decretos que vamos aprobando. Por ejemplo, dan flexibilidad ahora a las administraciones públicas permitiendo que a determinados contratos de obras se les aplique el procedimiento
negociado sin publicidad, modifican las ayudas a las becas con un complemento de 100 euros durante cuatro meses, o también incrementan en un 50 %, hasta el cien por cien, las reducciones transitorias en determinados títulos multiviaje, que, como
dijimos, no incluyen todos esos títulos y, desde luego, benefician en distintos porcentajes y a determinadas personas, pero no en función de unos criterios de renta, necesidad u otros, sino en función de quién tiene la competencia o en función del
tipo de transporte de que dispongan. Son medidas que, desde luego, creemos que debieran estar mucho más focalizadas y ser más selectivas si se quiere ser eficiente.
Hoy nos vuelven a presentar un decreto respecto del que difícilmente se puede votar en contra, básicamente por el paquete de ayudas económicas que contiene no solo en cuanto a los consumidores sino también por aquellos sectores sumamente
agraviados por el alza de los precios, así como para cumplir los objetivos marcados por Europa en cuanto al ahorro energético y que implican una ampliación de obligaciones en cuanto a temperaturas, marcadas también por el reglamento de instalaciones
técnicas de edificios, así como medidas para el despliegue de las renovables. Y en este sentido una vez más nos colocan en la disyuntiva del todo o nada; en definitiva, una vez más nos trasladan al resto de grupos parlamentarios la responsabilidad
de que se convalide o no el decreto, de que haya o no una batería de ayudas, estrategia que ya viene siendo bastante habitual, cuando además no tiene mayoría absoluta. Se lo volvemos a repetir, no esperen al último momento y no tienten a la suerte,
porque algún día las cuentas no van a salir.
Hoy también ha dicho a los grupos que pensemos en las personas, pero ustedes también deben pensar en los grupos parlamentarios, porque las medidas del resto de grupos parlamentarios pueden ser buenas; ni todos somos negacionistas ni todos
somos alocados, como para plantear cosas estrambóticas. Podemos estar de acuerdo con el fondo del decreto, pero no con las formas y esto es lo que hemos venido criticando. El Gobierno había diseñado una hoja de ruta en este tema sin haber hablado
con las autonomías ni con los ayuntamientos ni con los sectores afectados y, por tanto, se ha evidenciado un tanto que no se ha buscado el consenso entre las administraciones, que son además las que tienen que velar por el cumplimiento de ese
objetivo marcado por Europa de reducción del 7 % del gasto energético. Además, son las comunidades autónomas las que tienen que aplicar las medidas, y, sin embargo, solamente cuando llueven las críticas, el Gobierno a posteriori las convoca para
dar cuenta del decreto, pero sin que puedan hacer ningún tipo de alegación, cuando muchas además, como, por ejemplo, Euskadi, ya tenían un plan de ahorro energético con una serie de medidas que van a entrar en vigor en septiembre e incluso van más
allá de lo planteado en este decreto.
Se trata de una definición y diseño de las medidas, como he dicho, al margen de las comunidades autónomas, porque en muchos casos no tiene en cuenta su ámbito competencial. Pero es que además son las autonomías las que no solamente tienen
que aplicar y materializar las medidas propuestas, sino que deben vigilar y sancionar, y en esto último también discrepamos, porque, aunque entendemos que el control del gasto energético es imprescindible, desconocemos o no sabemos cómo prevé el
Ejecutivo hacer cumplir la normativa, y además creemos que la sociedad es lo suficientemente madura y responsable para actuar con responsabilidad. Mi grupo, desde luego, es más partidario de medidas incentivadoras
para su cumplimiento que de medidas coercitivas o sancionadoras, y es que en Euskadi, por ejemplo, ya se ha demostrado que se puede reducir el consumo de energía y el consumo de agua sin ningún tipo de sanción.
Tampoco hay que olvidar que este decreto recoge una batería de medidas para reducir el consumo energético pero han de formar parte de un plan de contingencia mucho más ambicioso, que se ha de remitir a Europa, y que se debe trabajar de forma
conjunta con las administraciones y la industria, que es la gran consumidora de gas. Es un plan de contingencia que se debe de acordar, dialogar y basar en el concepto de cogobernanza, que lo que significa es compartir y trabajar conjuntamente. Y
ahora sí, nos alegramos de que el ministerio se haya abierto, se haya comprometido a consensuarlo con las comunidades autónomas. De hecho, ya ha solicitado que se remitan determinadas propuestas de las comunidades autónomas a ese plan de
contingencia, porque lo cierto es que hay que avanzar y trabajar también en otras actuaciones para reducir el consumo que van más allá de la climatización, como puede ser el consumo de agua, el reciclaje de materiales, la movilidad y concienciación
de la ciudadanía para mejorar los hábitos de consumo o la eficiencia energética del hogar, así como elaborar guías para la transición energética para las empresas, porque reducir el consumo, además de ahorrar energía, conlleva un ahorro en la
factura eléctrica. En definitiva, se trata de medidas en tres ámbitos: Administración, empresas y ciudadanía, como el acompañamiento a los municipios y entidades locales para la elaboración de auditorías energéticas, fomentar la realización de
planes de clima y energía municipales, agilización en la gestión y la inversión en eficiencia y rehabilitación, así como en renovables, o impulsar el incremento masivo del autoconsumo renovable tanto en empresas como en hogares, o el asesoramiento
también en comunidades energéticas e incluso fomentar propuestas como la interrumpibilidad como mecanismo de gestión en una eventual situación de riesgo de suministro, al igual que hablar de cogeneración, una tecnología que creemos que hay que
considerar dentro del esquema de actuación en una situación de alerta, al tiempo que corregir ciertos elementos que en la actualidad hacen económicamente inviable el funcionamiento de estas plantas.
Hoy toca ser responsable y constructivo y por eso vamos a apoyar este decreto, porque entendemos que las medidas hay que aplicarlas con inmediatez para poder cumplir con los objetivos marcados por Europa, porque en ese plan de contingencia
se verán reflejadas las aportaciones de las comunidades autónomas y porque no podemos dejar sin ayudas económicas a determinados colectivos y sectores en un contexto económico complicado. Nos dicen que el Gobierno se abre a tramitar este decreto
como proyecto de ley para que se puedan introducir mejoras, pero lo cierto es que dudamos un poco de este trámite porque ya son muchos los decretos que se tienen que tramitar por este procedimiento y, sin embargo, se encuentran estancados.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Por otro lado, a nuestro juicio, quizá es mejor aplicar lo contenido en este decreto de forma inmediata y con seguridad y tener, eso sí, un plan de contingencia pactado con comunidades autónomas y
sectores, con medidas acordadas para reducir el consumo y aminorar el impacto de precios en un contexto en que la crisis energética no parece dar señales de cesión.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Señorías, ministros, vicepresidenta, debatimos hoy el real decreto ley de medidas para el ahorro energético teóricamente para reducir el consumo de energía, tal y como están haciendo también algunos países de la Unión Europea; una votación
que será, parece ser, de máxima relevancia. Y este debería ser un debate en el que realmente hubiera una opción de debatir, contraponer ideas y sumar para un problema tan importante que está azotando a todos los países de nuestro entorno. Pero no,
en España el Gobierno lo hace como siempre, por decretazo, sin contar con la oposición ni con las comunidades autónomas ni con los municipios ni con los autónomos y las empresas afectados por sus medidas. Señorías, claro que somos conscientes de la
situación de crisis que atraviesa toda Europa, del duro invierno que se avecina, pero también lo somos del duro verano en muchos territorios de nuestro país, ese duro verano que hace
que las elevadas temperaturas hagan muy difícil no poder evitar consumir más energía por parte de muchísimos ciudadanos.
Tenemos que estar preparados por si Putin corta el suministro de gas, pero es que también tenemos que recordar hoy que no solamente tenemos ese problema, sino que la situación se ha visto agravada por la nefasta política exterior que este
Gobierno ha llevado a cabo con Argelia; una jugada maestra con Putin, previendo que pueda cortar gas, y después con Argelia, reduciendo las relaciones diplomáticas. Sí, esta es una crisis global, que afecta también a todos los países de nuestro
entorno, pero digan la verdad, señorías: España está sufriendo más que otros países las consecuencias de la crisis, y eso es culpa de la deficiente gestión de este Gobierno. La inflación, que ya se mantiene en dos dígitos pese a que a la señora
Calviño decía y predecía que eso nunca pasaría, se sitúa por encima de la de la Unión Europea. De las grandes economías del continente, España es la tercera más afectada por la inflación, seguimos liderando la tasa de paro en Europa y solo Grecia
nos supera en paro juvenil. Se están revisando todas las previsiones de crecimiento y la deuda pública está en récord, en cifras históricas. En definitiva, más paro, malas perspectivas económicas, mayor inflación a pesar de que nuestra dependencia
del gas ruso es menor que la de otros países y, como digo, solamente el desastre. Y esto es fruto de la negligente gestión de este Gobierno, de su inacción, de su falta de ambición y de la lentitud a la hora de tomar decisiones.
Pero, antes de entrar en el fondo del decreto, permítame que me centre en algo que, por mucho que se repita, no deja de ser igualmente indignante. Dejen de gobernar a espaldas de este Parlamento y los grupos parlamentarios de la oposición.
El señor Simancas y la señora Ribera se comprometieron a mantener una línea de diálogo con los grupos parlamentarios de este Congreso, pero, tal y como terminaron de decir esa frase, se dieron la vuelta y en el Consejo de Ministros aprobaron un real
decreto ley que lo único que hace es señalar a un sector. Le preguntamos en varias ocasiones si sabían cómo lo van a hacer o cómo afectará a los sectores. Vamos a verlo y lo compartiremos con ustedes, dijeron, pero lo primero que hacen es darse la
vuelta y aprobar un real decreto que señala directamente al comercio, sin mirar dónde está, sin mirar en qué territorio, porque ya les digo que las temperaturas en verano no han sido las mismas en el norte de España que en el sur. El Gobierno sigue
con el modus operandi del decretazo, por el que ya se acostumbra a gobernar por imposición, y así no puede ser. Traen de nuevo a esta Cámara un decreto ley sin consensuar y además exigiendo el apoyo incondicional a toda la oposición. No vamos a
tolerar que ustedes acusen a quienes no caemos en su juego de votar en contra de los intereses de los españoles. ¿De verdad se creen que sigue colando esto de mezclar unas medidas con otras, medidas que no tienen absolutamente nada que ver, medidas
de transporte con medidas de energía, y además un decreto donde vienen restricciones -porque esa es la palabra, restricciones- para un sector económico tan importante como es el comercio? No pueden utilizar un real decreto como un batiburrillo de
medidas y no vamos a tolerar más chantaje en esta Cámara ni más menosprecio a la oposición.
Señorías del Gobierno, están tan alejados de la realidad que terminan imponiendo medidas que no son realmente necesarias porque no se ajustan a las necesidades reales ni a los problemas de este país, que son injustas porque no tienen en
cuenta las distintas necesidades de los territorios en este país, o hacen que solo sean las familias y los comercios quienes paguen los platos rotos de esta crisis, agravada por su gestión. Su sectarismo es malo para nuestro país. Expliquen otra
vez por qué se niegan a revisar el calendario de cierre de las centrales nucleares, que actualmente generan el 25 % de nuestro mix energético y suponen mejor complemento a las renovables que el gas, por supuesto, aunque ya se lo digo yo: es por
puro sectarismo, no quieren hacerlo por puro sectarismo. Están haciendo que España vaya en la dirección opuesta al resto de Europa y les da igual, aunque al final tendrán que rectificar, que es lo único que saben hacer, rectificar.
Pero no solo en esto ponen palos en las ruedas para una mejor recuperación en nuestro país. El Partido Socialista y Podemos siguen negándose a bajar impuestos a las familias. Es más, las castigan con imposiciones y exigencias de ahorro sin
consensuar, sin mirar otras opciones. El 16 de marzo, Ciudadanos ya puso en sus manos un documento con distintas medidas que podrían adoptarse para mejorar estas circunstancias y que podrían haberse adoptado también para el ahorro energético, como
dar aún más facilidades para la instalación de placas solares o para mejoras en los sistemas de calefacción y refrigeración, para deflactar el IRPF, prolongar la bajada del IVA del 5 % hasta marzo del año que viene o reformar la tarifa regulada, el
PVPC, que es una de las exigencias que Europa ha puesto encima de la mesa a este país para permitir ciertos cambios en materia de energía; en definitiva, un plan con medidas para avanzar hacia una mayor seguridad energética para nuestro país, y no
un plan de medidas que
suponga un coste que supera ya a muchísimas familias y comercios. Y una cosa le digo: tanto los pequeños comercios como las familias ya estaban tomando medidas de ahorro. ¿Sabe por qué? Porque no pueden pagar, porque ni los pequeños
comercios ni muchas familias pueden permitirse poner el aire acondicionado en verano, como no podrán poner la calefacción en invierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias.
Háganselo mirar, y, si lo que pretenden es seguir utilizando el decreto ley sin consensuar, con Ciudadanos no van a poder contar.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Señora ministra, la política de este Gobierno sobre la energía y la escalada descontrolada de precios solo se puede calificar de errática y caótica con diferentes decretos que pronto se manifiestan ineficaces e insuficientes y son
sustituidos por otros que pecan exactamente de lo mismo. Si hay una constante en la política del Gobierno en el ámbito energético es que se niegan a adoptar medidas estructurales, como la reforma radical del sistema eléctrico, porque no quieren
tocar el negocio del poderoso oligopolio eléctrico.
Una vez más, estamos delante de un decreto ómnibus, de un real decreto ley que recoge medidas en diferentes ámbitos, algunas positivas y necesarias, aunque, como decía, siempre con carácter temporal y coyuntural. Creo que es necesario
apoyar a sectores como el del transporte, o las becas de estudio y bonificar el uso del transporte público, especialmente el ferroviario. Ahora bien, incluso en este ámbito, algunas de las medidas discriminan a Galiza. La bonificación del cien por
cien a las cercanías supondrá, como usted sabrá, un ahorro de cero euros a los gallegos y gallegas por la sencilla razón de que no existen cercanías en nuestro país. Cuidado, el problema no es perder una bonificación de cuatro meses, el verdadero
problema es que durante todo el año perdemos la posibilidad de utilizar un transporte público absolutamente necesario. Pero además excluyeron la línea Avant Ourense-Santiago-A Coruña, una de las más utilizadas, y esto es absolutamente injusto e
injustificable. Asimismo, incorporan la disponibilidad de una partida de 1360 millones de euros para financiar costes del sector eléctrico que mucho tememos que vayan a acabar en el oligopolio eléctrico, o una disposición sobre el pago de rescate
de las autopistas madrileñas.
En fin, algunas son buenas medidas, pero coyunturales e insuficientes, por lo que, a falta de compromisos concretos que beneficien a Galiza, el BNG no se va a oponer a que se convalide, porque no queremos que decaigan esas medidas, pero
tampoco podemos votar a favor. Por lo tanto, nos abstendremos.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Errejón. Galván.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya casi, señorías.
Nosotros vamos a votar a favor de este decreto porque consideramos que es un paquete diverso pero necesario, aunque es temporal y van a hacer falta más medidas, y medidas estructurales, no solo por la guerra y por Putin -y ustedes lo saben-,
sino fundamentalmente porque se nos está quemando el planeta. Este verano ha sido durísimo y, sin embargo, si no reaccionamos, lo más probable es que sea el verano más fresco de los que están por venir. Por eso hace falta un plan de largo alcance
trabajado y acordado con los grupos, no ir saltando de decreto en decreto, para el transporte público, el ahorro energético y la eficiencia energética, que distribuya los esfuerzos de forma justa.
Se acaba de ir, y es una pena, pero me ha preocupado mucho escuchar las declaraciones de la ministra Robles, cuando ha pronosticado a los españoles, como si fuera meteoróloga, que vamos a tener un invierno durísimo. La tarea del Gobierno no
es pronosticar a los españoles un invierno duro, sino garantizarles un invierno seguro, haciendo para ello todo lo que haga falta. Tienen el dinero, tienen los
votos en la Cámara, tienen la razón y tienen la comprensión europea. Lo único que no podría permitirse este Gobierno es un invierno del descontento. Y para eso solo hay un camino, la mayoría de siempre.
Llevan los portavoces del Gobierno más o menos una semana especulando o diciendo que el Partido Popular tenía un comportamiento como de veleta, que si Feijóo hace un mes decía que estaba de acuerdo con el ahorro energético, que si luego no,
que si los Gobiernos autonómicos del PP decían que iban a incumplir la ley, que si luego parece que no. Algo de eso hay, pero en el fondo todos hemos sabido siempre lo que iba a votar el Partido Popular. ¿Y por qué lo hemos sabido? Porque los
diputados de la derecha, aunque ellos también han sufrido este verano el calor asfixiante, aunque también han visto cómo los incendios devoran nuestro país, aunque también saben que la crisis climática ya está aquí, es grave y es urgente, sin
embargo, saben también que para solucionarla no basta con los gestos individuales. Hace falta un gran esfuerzo colectivo, conducido por un Estado emprendedor capaz de conducir una transición ecológica justa y la democratización de la energía, y por
ahí sí que no pasan. Cada vez que ustedes están obligados a elegir entre el fundamentalismo de mercado y el planeta, eligen siempre lo primero, y lo vamos a ver este año muchas veces. La única duda es si nosotros vamos a avanzar lo suficiente y si
vamos a llegar a tiempo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, president.
Hoy en el Estado español la luz está el doble de cara de lo que estaba la semana pasada. Sube el precio de la gasolina, sube el precio de la energía, sube el precio de las hipotecas y también sube el paro. Todos los datos económicos
indican que vamos a tener que encarar unos meses muy complicados. Y, frente a este escenario, son las patronales catalanas, por ejemplo, las que están haciendo el trabajo que deberían hacer ustedes. Son las patronales catalanas las que están
avisando a pequeñas y medianas empresas y autónomos acerca de que preparen la contingencia necesaria para poder hacer frente a estos meses que vienen, y son las patronales catalanas también las que están denunciando esta manera suya tan poco
democrática y tan poco transparente de legislar vía real decreto. Porque, señora ministra, incluir el rescate de las autopistas radiales de Madrid en un real decreto de medidas de ahorro energético y que ustedes nos pidan que votemos a favor porque
incluye alguna medida de ahorro energético se llama chantaje. Y tan malo es el que chantajea como aquel que justifica, facilita y se rinde a este chantaje. Así que nosotros vamos a votar que no a compensar al sector eléctrico con 1360 millones de
euros de dinero público, porque, señora ministra, no es ni el momento ni la manera de compensar el impuesto. Vamos a votar que no a este real decreto porque incluye, como ya hemos repetido muchas veces, una modificación legal para facilitar el pago
del rescate de las autopistas radiales de Madrid, i els ciutadans de Catalunya no han de pagar ni un duro del rescat de les autopistes deficitàries de Madrid. Nos distraen con los escaparates, con las temperaturas y con las corbatas, mientras hacen
lo que siempre han hecho todos los Gobiernos del Reino de España, que es facilitar que los de siempre caigan de pie y que la factura la pague el ciudadano.
Si hoy se aprueba este real decreto y el real decreto de incendios, Cataluña va a perder aún más competencias y va a perder aún más recursos, y esto no debería pasar, señora ministra, pero pasa cada semana y pasa con cada una de las leyes
que ustedes presentan aquí. Dicen también que se va a poder hacer algún cambio porque el Gobierno va a facilitar que se tramite como proyecto de ley, pero le recuerdo que son muchos los reales decretos que tenían que tramitarse como proyecto de ley
y no se han tramitado, por ejemplo, el real decreto de los fondos europeos Next Generation, cuyo trámite como proyecto de ley hace año y medio que está en el cajón. Facilitar la aprobación de este real decreto es votar que... (Continúa el discurso
en catalán).
No se trata, señora ministra, de tener durante cuatro meses una parte del transporte público gratuito. Se trata de que el transporte público funcione y de que los trenes de Cataluña, Renfe Cataluña, Rodalies de Catalunya, que ustedes
gestionan, no funcionan desde hace muchísimos años. Utilizan una subvención de cuatro meses para esconder una eficacia de muchos años.
¡Visca Catalunya lliure!
Moltes gràcies.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Republicano, el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Quiero decirlo: hola, soy el de antes. La señora Perea ha afeado mi ausencia en el hemiciclo durante su discurso. No voy a afearle a ella su ausencia en este momento, quizás esté como yo, preparando sus
intervenciones en este punto del orden del día y reciba mis excusas por el circuito cerrado de vídeo.
Lo han vuelto a hacer, ministras, vicepresidenta. Con una sola votación, de un plumazo, en un solo texto vuelven a mezclar churras con merinas, en este caso, medidas en el ámbito del transporte, becas y eficiencia energética, aparte de un
sinfín de modificaciones de otras normas que nada tienen que ver como la seguridad aérea. Y una vez más algunas de estas medidas nos parecen correctas, otras no, y muchas otras nos parecen insuficientes. Se entiende, sin embargo, que las populares
son las de transporte y por eso quizás hayan asignado a la señora Sánchez, y no a la señora Ribera, la defensa de este real decreto ley, aunque tampoco le arriendo la ganancia. No obstante, por su trascendencia y también por mi desviación
parlamentaria, me permitirán incidir en las medidas de eficiencia energética. Compartimos las motivaciones de esta parte del real decreto ley y la necesidad de tomar medidas urgentes en el ámbito de la eficiencia energética. Racionalizar el
consumo nos hace menos dependientes de fuentes de energías exteriores caras, contaminantes y climáticamente letales. Y eso, dado el contexto actual, es más importante que nunca, pero en su real decreto ley ustedes establecen medidas sin consenso,
sin precisión, que no van acompañadas de las medidas necesarias para facilitar su cumplimiento. Para que nos entendamos, parece que son medidas más efectistas que efectivas, y se quedan ustedes muy cortos.
Por ello, pública y repetidamente hemos reclamado más ambición y más responsabilidad. Y debo decir que, celebrando el compromiso por escrito del Grupo Socialista para un trámite de este real decreto ley como proyecto de ley y reclamando,
por tanto, por la vía de la enmienda, más responsabilidad y más ambición, pediremos una moratoria en la aplicación de las medidas para trabajadores autónomos y pymes hasta el 30 de noviembre. Asimismo, pediremos un fondo estatal de apoyo gestionado
por las comunidades autónomas destinado a financiar los costes de aplicación de estas medidas, sobre todo para pymes. Igualmente pediremos un mecanismo de financiación adicional para garantizar las inspecciones adicionales fruto de estas medidas,
que en este caso también recaen sobre las comunidades autónomas. Por último, reclamaremos la incorporación de nuevas medidas que realmente comporten una mayor eficiencia energética. Todas ellas seguramente le sonarán, porque ya las hemos
enunciado. Regulen ya las comunidades energéticas y modifiquen el real decreto de autoconsumo para permitir el autoconsumo a 5 kilómetros, a 5 megas. (Aplausos). ¿Cómo puede ser que en Portugal o Francia se permita el autoconsumo a una distancia
mayor de los 500 ridículos metros del Estado español? En segundo lugar, aceleren la aprobación del reglamento de redes cerradas, que tanto bien haría a industrias como las de la petroquímica de Tarragona. En tercer lugar, no penalicen más la
cogeneración industrial. Nuestra propuesta es favorecer la cogeneración para, primero, reducir la demanda de energía primaria, y segundo, facilitar la entrada del biogás. Mención especial merece la Central Tarragona Power de 400 megas del polígono
industrial BASF que ha quedado fuera del mecanismo de compensación.
Vicepresidenta, aún nos queda mucho por hacer, porque parece que ustedes ignoran con gracioso olimpismo lo que dice el documento Save Gas for a Safe winter y su anexo A European Gas Demand Reduction Plan. Específicamente dice que para
liberar el potencial de la respuesta de la demanda ya para el próximo invierno los Estados miembros deberían abrir todos los mercados a los recursos flexibles de la demanda para permitir su participación. Creemos en una transición hacia un modelo
más eficiente, democrático y dependientes de energías de origen renovable. Como somos tremendamente conscientes de la importancia de este recorrido, nos hemos arremangado y participado en todas las leyes de transición energética que han pasado por
aquí. Hemos sido proactivos, hemos presentado cientos de enmiendas e iniciativas parlamentarias con nuestras propuestas, porque sabemos que el futuro es verde o no será. Huyendo de los discursos más negacionistas, sabemos poner el foco en cómo se
realiza la transición. Será una clave para el éxito.
También hay otras medidas que se incluyen en este texto, que tampoco nos gustan, como la compensación con 1360 millones de euros al sector energético, a la élite del sector energético, a los que nunca pierden, al oligopolio. Los precios
elevados de la electricidad y los beneficios extraordinarios de los operadores, provocados por injustas y persistentes deficiencias de la formación de precios, no justifican en ningún caso una compensación a las eléctricas, sino es a cambio de
mantener unos precios razonables.
Por la parte del transporte, quiero señalar que esta medida es discriminatoria con los usuarios del autobús, como ya se le ha indicado, respecto a los de Renfe. Hay usuarios que no van a disponer de estas bonificaciones, bien por una causa
territorial al no disponer de servicios de este operador o bien por una
causa personal, por haber optado libremente, por otros motivos, para el transporte en autobús. En cualquier caso, lo que...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando, por favor.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Enseguida, solo una frase, señor vicepresidente.
En cualquier caso, lo que sí está claro es que atenta al reequilibrio territorial entre comarcas y personas, creando un agravio comparativo innecesario. Por poner un ejemplo, Menorca, Formentera e Eivissa. ¿Cómo les favorecerá esta medida?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Gracias, presidente.
Señorías, estamos viviendo un verano en el que el cambio climático nos está golpeando de forma inusitada. Temperaturas sin precedentes, incendios forestales devastadores, crisis hídrica en algunas cuencas son solo síntomas de los cambios
que estamos produciendo en el clima, y solo por ello se justifican las medidas que van encaminadas a reducir nuestro consumo de combustibles fósiles, permitiendo reducir con ello también las emisiones. A esto se suma la amenaza de Putin que resumía
Ursula von der Leyen -por cierto, del Partido Popular- sobre este plan de ahorro, diciendo que el plan de ahorro es un paso decisivo y sin precedentes para hacer frente a la amenaza de Putin de interrumpir por completo el suministro de gas. El
compromiso colectivo de reducir el consumo de gas en un 15 % es significativo y nos ayudará a cubrir nuestras necesidades de almacenamiento de cara al invierno, una amenaza que nos obliga a contener el consumo de gas para llegar con seguridad al
invierno.
En realidad, el debate abierto tras la aprobación de este real decreto por el Consejo de Ministros, y que hoy discutimos, pone de manifiesto que hay dos formas opuestas de combatir la amenaza climática y la amenaza de Vladímir Putin de dejar
a media Europa sin gas a partir del otoño. La primera es la del Gobierno que se apoya en la estrategia pactada por los Veintisiete en una reunión de ministros de Energía de Bruselas, de 26 de julio, y pasa por completar la transición hacia energías
renovables no dependientes del exterior, con medidas de ahorro en el consumo que estiren las reservas de gas lo suficiente como para soportar las consecuencias de un embargo ruso; con ello se conseguirá, además de una reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero, profundizar en la lucha contra el cambio climático. La segunda es la que reclama el Partido Popular con el respaldo de la ultraderecha de VOX y lo que queda de Ciudadanos, una especie de foto de Colón de la energía que
busca prolongar la vida de las centrales nucleares, recuperar el fracking y volver a quemar carbón en centrales térmicas.
Sobre las medidas que propone el decreto no hay mucho que añadir porque ya están mostrando su eficacia. La tercera semana desde la entrada en vigor se ha reducido un 9 % el consumo energético en nuestro país y la propia presidenta de la
Comisión Europea, la popular Von der Leyen, las ha alabado públicamente. De hecho, para Unidas Podemos estas medidas son necesarias, aunque también creemos que se puede ir más allá. Por eso hemos hecho algunas propuestas que luego le daré a la
vicepresidenta, porque le he escuchado decir en los medios de comunicación que los grupos parlamentarios no habían hecho propuesta alguna.
Frente al rechazo del Partido Popular de las medidas pidiendo la retirada del plan de ahorro, consideramos que estamos ante una oportunidad para ser más valientes y profundizar en un conjunto de reformas que son imprescindibles para hacer
frente a la crisis derivada de la guerra de Putin en Ucrania, pero también para afrontar una crisis que se agrava de manera acelerada, que es la crisis climática. La extrema derecha negacionista y la derecha retardista están demostrando una vez más
su nulo compromiso con el país con una actitud oportunista, ya que desde nuestro punto de vista es evidente que el real decreto aprobado por el Gobierno no solo se queda corto, en comparación con las medidas aprobadas en otros países de nuestro
entorno, sino que fue el propio presidente del Partido Popular quien hace semanas solicitó públicamente planes de ahorro y eficiencia que están recogidos en el plan aprobado.
En Unidas Podemos consideramos que estas medidas propuestas por el Gobierno son un paso adelante para, de manera solidaria, afrontar la crisis energética, pero también planteamos que es necesario que los pasos no sean solo más grandes, sino
que los esfuerzos sean repartidos de manera justa.
Es conveniente, en primer lugar, que se establezca un objetivo global de reducción del consumo energético y se distribuya por sectores, siendo el sector del transporte y el sector industrial los que deben hacer un esfuerzo mayor.
Señorías, me da un poco de rubor recordar las ventajas del ahorro energético porque es algo que en aquellas comunidades autónomas donde se mantiene la educación ambiental se estudia en los colegios, pero lo voy a hacer porque realmente hemos
escuchado algunas intervenciones con las cuales uno ha sentido vergüenza ajena. Ahorrar energía es bueno porque reduce la dependencia de fuentes de energía extranjeras, reduce el daño ambiental y la contaminación, representa un compromiso con la
seguridad futura, mejora la sostenibilidad de nuestro mundo, reduce la degradación ambiental, reduce la pérdida de diversidad y reduce también el impacto del cambio climático. Repasen un poquito porque poner en cuestión medidas sobre el ahorro de
energía nos lleva realmente al absurdo.
Nosotros hemos hecho, como he dicho, una serie de propuestas para ir más allá -que ahora le entregaré a la vicepresidenta- que abogan por que las medidas sean estructurales, por cuestiones como, por ejemplo, acabar con las subvenciones a
todos los combustibles fósiles, por la creación de una empresa pública de energía y, en definitiva, por profundizar en medidas que ya están dando resultados. Hoy mismo nos hemos despertado con la noticia de que ya las instalaciones de autoconsumo
en España superan la potencia de dos centrales nucleares. Autoconsumo, ¿les suena? ¿Les suena el impuesto al sol? ¿Les suena el bloqueo que ustedes hicieron, señorías del Partido Popular? Creo que sí les suena. También abogamos por medidas de
ahorro en el consumo energético, medidas en el transporte, por ejemplo, en el transporte ferroviario fundamentalmente, así como por el impulso al transporte de mercancías por ferrocarril para acercarnos a ese 18 % de la Unión Europea con respecto al
4 % en el que estamos ahora, o por la reducción de obras en la moratoria de ampliación de puertos y aeropuertos. Son todo ello medidas que van en la línea que pretende esa reducción del consumo energético.
Con respecto a las políticas energéticas de ese bloque de Colón, hay que señalar que no hay nada nuevo, que llevan en la misma rueda desde hace más de veinte años: nuclear, carbón y fracking. ¿Qué puede salir mal con esa receta? Pero se
olvidan ustedes sistemáticamente de recordar que esa situación de Francia, a la que hacen referencia, se debe precisamente al fracaso del programa nuclear francés, que en este momento tiene treinta centrales nucleares paradas. Por ello, Francia
vivirá el peor invierno de su historia, con una electricidad a 1300 euros el megavatio/hora por culpa de ese gran parón nuclear. Pero ustedes de esto se olvidan, incluso algún periódico de derechas ha titulado recientemente nada menos que así: 'El
gas ruso deja de ser el mayor peligro para Europa, ahora la amenaza es el gran parón nuclear de Francia'.
Señorías, realmente es el momento de que despierten ustedes de estas propuestas energéticas que tienen un mínimo de veinte o treinta años y se unan a la transición energética, porque realmente, si no, están ustedes quedando fuera de juego de
hacia dónde va el mundo y hacia dónde va la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe finalizar, por favor.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Lo único que me queda es decirles que si van ustedes a la Unión Europea y les dicen que contra las altas temperaturas lo que hay que hacer es ir a un centro comercial o ir a misa, realmente creo que no
les van a hacer mucho caso.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. (Aplausos).
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Gracias, señor presidente.
Señorías, comienza el curso político y lo hace en medio de unas circunstancias extremadamente preocupantes. Tras casi dos años y medio desde la llegada del coronavirus a España, nuestra economía sigue siendo la única de la Unión Europea que
no ha recuperado todavía los niveles de producto interior bruto previos a la pandemia. Como advertimos, las previsiones de crecimiento del Gobierno vuelven a ser papel mojado, pero algunas prestigiosas instituciones van más allá. La AIReF anticipa
un retroceso a la economía en este tercer trimestre, que sería la primera contracción en ese trimestre en nueve años. El tejido productivo, muy debilitado, ha tenido que hacer auténticas heroicidades para sobrevivir, y se está resintiendo. Los
últimos datos de paro y afiliación registraron la primera destrucción de empleo en un mes
de julio en toda la serie histórica y, cuando todavía hay 38 000 empresas menos que antes de la crisis, el Gobierno nos trae un real decreto ley que no solo no encara con valentía los problemas que padecemos, sino que vuelve a cargar sobre
los hombros de las pymes, de los autónomos, de los comerciantes y de las familias españolas aquello que ellos son incapaces de solucionar. (Aplausos).
Señorías, en estas circunstancias, una vez más, el Gobierno nos trae un ordeno y mando, un nuevo real decreto ley tramposo, con disposiciones muy dispares que afectan a una pluralidad de asuntos, con medidas improvisadas, algunas incluso que
van a aumentar más la inflación, y que, por supuesto, no han negociado con nadie y que no solucionan lo que sigue siendo uno de los principales problemas estructurales que afectan a nuestro país. De los productores del mayor confinamiento de
Occidente -inconstitucional, por cierto, según declaró el Tribunal Constitucional, a instancias de VOX-, de los guionistas de la idea de levantarnos de madrugada para poner la lavadora y ahorrar en la factura luz, viene ahora un nuevo capítulo: el
corte del aire acondicionado en verano y las restricciones a la calefacción en invierno, el apagón de los escaparates y el rejonazo a los comerciantes a los que pretenden -escuchen esto- obligar a instalar puertas de cierre automáticos en todos los
comercios de España antes del 30 de septiembre, una auténtica locura. Y los españoles ya están hartos de tantas locuras, porque ahora son los hogares españoles, nuestras empresas y la productividad de todo el país quienes pagan las consecuencias de
una política energética desnortada, impulsada durante décadas por gobiernos del PSOE, del PP y de sus socios europeos. Esas élites políticas instaladas en sus dogmas climáticos que nos piden ahora estos esfuerzos son las mismas que han provocado el
problema precisamente con esos dogmas, acentuados encima con la situación que han creado ellos de dependencia de la energía rusa. (Aplausos).
Los españoles se merecen un Gobierno que impulse un plan de soberanía energética que incremente la diversificación de las fuentes de suministro energético, que garantice una energía barata, sostenible, eficiente y limpia, y que ponga en el
centro de los intereses a España y a los españoles. En cambio, ustedes demuestran que no han aprendido nada de la situación que han creado y, lo que es peor, reinciden en el error con las medidas de siempre. En lugar de abogar por una adecuación
realista de los objetivos climáticos, en lugar de apostar como se está comenzando a hacer en otros países por la energía nuclear -decía el otro día el presidente de Sociedad Nuclear Española que España es el único país de la Unión Europea que no
está revisando ni planteándose siquiera revisar su programa para ampliar la vida de sus reactores-, y en lugar de abrir vías para la explotación de recursos propios, ustedes optan por la única vía que conocen: imponer cortes de consumo cuyo impacto
sobre Rusia será nulo. Es más, ahora que se cumplen seis meses la invasión de Ucrania, Rusia está ingresando un 89 % más que antes por la exportación de hidrocarburos a países europeos, y eso que nos están vendiendo un 15 % menos de volumen, o sea,
Europa paga más y recibe menos gas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Mientras, todos ustedes aprueban una ley de cambio climático que nos prohíbe a nosotros mismos explotar los recursos naturales que tenemos. La pena, para quienes
defendimos en su momento y en soledad el sentido común, fue llamarnos antieuropeos o negacionistas climáticos. Pero ya sabe que a nosotros eso no nos importa, no nos importa lo que nos llamen ustedes. Lo que ya se ha demostrado, y más rápido de lo
que creíamos nosotros mismos, es que, como siempre, VOX tenía razón. (Aplausos). No es que vaya a crecer el número de personas de esas que ustedes llaman negacionistas, sino que cada vez más españoles van a renegar de haberles votado a ustedes y a
ustedes, que les han creado esta situación.
Por si esto fuera poco, el Gobierno, señora ministra, ha sido capaz de empeorar aún más la situación en medio de una guerra energética, generando un conflicto diplomático con uno de nuestros principales proveedores de gas: Argelia, que
precisamente nos hacía menos dependientes de Rusia. Señorías, no es serio disparar las compras de gas ruso hasta lograr convertir a Rusia ya en el segundo suministrador de gas de España, mientras ustedes dicen defender lo contrario. Y, sabiendo
eso, no es serio afirmar, como hace la exposición de motivos de este real decreto ley, que España cuenta con una baja dependencia del gas ruso. No es serio decir que somos menos dependientes de ese gas y, a la vez, sufrir los mayores apagones de
Europa. No es serio aprobar ayudas a los transportistas, que las necesitan, mientras se prepara un impuestazo vía peajes. No es serio exigir esfuerzos a los españoles, mientras el presidente del Gobierno de los veintidós ministerios sigue quemando
combustible en su Falcon para viajes absurdos.
Señorías, se avecina un invierno muy complicado, muy complicado: la confianza económica se desmorona, el crecimiento se frena y los precios de la cesta de la compra están ya por las nubes. Los españoles ya dedican un mes y medio al año
solo para pagar esa alza de precios, haciendo imposible el ahorro. Vuelve la destrucción de empleo y llegan los temidos ERTE tras caducar la prohibición de despedir
activada por la pandemia. El alza en los tipos de interés, que anunciamos que llegaría, ya está aquí y el tiempo se acaba. Señorías, no es como dicen ustedes siempre: Putin, el virus y Franco. Se trata de la incompetencia de un Gobierno
que hace mucho tiempo debió tomar la iniciativa, pero solo ofrece subidas de impuestos, parches, ocurrencias e improvisaciones como las que hoy nos traen a convalidar.
No cuenten con nosotros, no vamos a ser colaboracionistas de la mayor destrucción de la economía española de los últimos cuarenta años. Este desastre que han traído ustedes será el que acabe precisamente con este Gobierno. España no puede
esperar, y la primera estación es que ustedes convoquen elecciones y salgan del Gobierno cuanto antes por el bien de España.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Esteban.
El señor RAMOS ESTEBAN: Gracias, presidenta.
Con toda la expectación que tiene este debate, en el que la mayoría de ciudadanos creen que vamos a votar si van a tener que apagar la luz o si no van a tener que apagarla, o si van a tener que bajar la calefacción, reconozco que me siento
incómodo porque este tipo de debates que se da muchas veces en este Parlamento, y cada día más, porque es un debate basado en la mentira permanente. Me muevo muy mal en esa dinámica, reconozco que me muevo mal en la dinámica de no dialogar. Llevo
una semana llamando al Partido Popular, una semana, y no había nadie al otro lado del teléfono. Me recuerda a cuando Gila se ponía a llamar por teléfono y preguntaba si había alguien al otro lado, y aquí no había nadie dispuesto a dialogar.
(Aplausos). Reconozco que ante eso siento frustración, pero también he encontrado a grupos parlamentarios que estaban dispuestos a apoyar, a hacer política, a renunciar al ruido y que han decidido a apoyar este decreto. Y nosotros decimos: vamos
a convalidarlo, vamos a tramitarlo como proyecto de ley -lo vamos a hacer en el plazo de cuatro semanas para cerrar el plazo de enmiendas-, y además introduciremos modificaciones para mejorarlo, como que las comunidades energéticas puedan ser
también abastecidas por plantas que estén a más de 500 metros. Eso es hacer política.
En este Parlamento tenemos a día de hoy partidos que hacen política y partidos que han renunciado a ello, y creo que eso nos perjudica a todos. Yo he vivido y hemos vivido en este Parlamento cómo el Partido Popular nos pedía a todos que
apoyáramos a los transportistas. Y yo pregunto: ¿qué les dijo ayer el Partido Popular a los camioneros cuando les llamaron para decir que apoyaran este decreto? ¿Cuál fue la respuesta que les dieron? (Aplausos). Porque tanto yo como esta Cámara
vimos cómo constantemente se subían aquí a pedirnos que escucháramos a los camioneros, y este Gobierno lo ha hecho. Quiero dar las gracias a la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte, que en marzo convocó un paro y tenía la posibilidad de
decidir volver a convocarlo y hacer ruido, como hace mucha gente, que es lo fácil, o sentarse a dialogar, y se sentaron a dialogar. Hoy el decreto que viene aquí, y que vamos a convalidar, es un acuerdo entre todo el sector del transporte: entre
el comité, entre la plataforma, entre todos lo que querían dialogar. Por eso quiero agradecerles su actitud, porque en esta época en la que estamos viviendo, había una actitud fácil, que era hacer ruido. El Partido Popular ha decidido hacer ruido
y ha renunciado a la política, pero los medios de comunicación hacen lo mismo. Cuando hoy salgamos en los medios de comunicación hablarán de si se convalida o no este real decreto ley que tiene que ver con la energía, pero yo voy a decir a qué van
a votar en contra el Partido Popular, Ciudadanos y VOX. Van a votar en contra de los bonos que las 400 000 personas han pedido para poder viajar gratis, para ir a trabajar lo puedan hacer; van a votar en contra de eso. Van a votar en contra de
las becas, que se amplían en 100 euros; a esto va a votar en contra el Partido Popular y sus socios de la derecha. Van a votar en contra de los camioneros y de que los camioneros puedan trabajar por encima de sus costes, que nos parece lo
razonable. Eso es lo que va a hacer el Partido Popular hoy aquí. Además, nos mienten. Yo también, al igual que la mayoría de diputados, nos reunimos con la gente y escuchamos nuestros vecinos, que nos dicen: Oye, César, que la factura de la luz
me ha subido. Es cierto, la factura de la luz ha subido en toda Europa. Pero también es cierto que en España y en Portugal, gracias a la excepción ibérica, la factura es mucho menor y que si no existiera la excepción ibérica la estarían pagando el
triple de lo que están pagando. (Aplausos).
Sinceramente, entiendo a la gente que sufre las consecuencias de esta crisis. Pero ¿se imaginan qué hubiera pasado si estuviera gobernando el Partido Popular? Ni ERTE ni ayudas al transporte, salarios más bajos, despidos más baratos,
porque fue lo que hicieron en la anterior crisis. (Aplausos). Cuando uno se pregunta de qué parte está el Partido Popular, no hay más que ver lo que defienden y votan aquí:
se oponen a que les pongamos impuestos a las eléctricas y a la banca, y se oponen a que demos ayudas a las familias, autónomos, transportistas, a jóvenes, a estudiantes, a toda esa gente que lo necesitan en una situación complicada.
(Aplausos). ¿A favor de quién está el Partido Popular? De los bancos, a los que rescataron en la anterior crisis. ¿En contra de quién está? De las familias, que abandonaron durante la peor crisis, y dejaron que se hundieran sin pensar en ellos.
Por eso a mí me asombra que, cuando hubo un cambio de liderazgo con el Partido Popular, nos dijesen que venía Feijóo, el moderado. En mi tierra se dice mucho eso de líbreme del toro manso que del bravo me libro yo. Lo que le va a pasar a Feijóo en
este tiempo, que además se cree que está subido en la ola de las encuestas y no le va a perjudicar nada, es que el foco mediático y sus declaraciones, que muchas veces son muy incoherentes, que no tiene que ver lo que dice un día con lo que dice el
contrario, le va a desgastar. Que tengan muy claro los españoles que, por suerte, cuando vuelva a haber elecciones generales, seguirá habiendo un Gobierno progresista que legisle en favor de la mayoría de los ciudadanos (aplausos) porque vamos a
combatir contra esa mentira que nos quieren instalar. Creo que ante la mentira en la que está instalada la política, tenemos que combatirla todos. En estos meses muchos habréis leído el titular sobre que los diputados se van dos meses de
vacaciones. En julio estuvimos aquí trabajando, tuvimos una sesión de una semana entera a mediados de julio, y estamos trabajando en agosto. El problema de alimentar la mentira, el problema de alimentar ese tipo de política es que perjudica a la
política, pero cuando perjudica a la política, está perjudicando también a los ciudadanos. Ha habido y hay partidos, como el Partido Popular, que se han instalado en la estrategia de la mentira para intentar sacar rédito político. Creo que no nos
lo podemos permitir en un periodo de incertidumbre, en el que los ciudadanos quieren políticos que los representen, que los ayuden, que los defiendan, que dialoguen, y por eso nosotros pedimos a todos que lo hagan.
Termino. Hoy la mayoría de partidos de esta Cámara van a convalidar este decreto con un apoyo muy amplio, porque han decidido hacer política, porque nos hemos comprometido a mejorar este real decreto ley con la tramitación como proyecto de
ley. Otros partidos han decidido seguir de vacaciones. Que sigan de vacaciones, pero que por lo menos no molesten al resto de españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos.
- REAL DECRETO-LEY 15/2022, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES. (Número de expediente 130/000087).
La señora PRESIDENTA: Empezamos el debate del Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales. Para presentar el real decreto ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno,
la señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMODRÁGICO (Ribera Rodríguez): Muy buenas tardes ya, señorías. Muchas gracias, presidenta, muchas gracias, señorías.
En efecto, subo a esta tribuna para solicitar de sus señorías la convalidación del Real Decreto-ley 15/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de lucha contra incendios forestales, y quiero que las primeras palabras de mi
intervención sean recordando con pesar a las tres víctimas mortales y a los heridos, algunos de ellos todavía hospitalizados, que han causado los incendios de este verano que han asolado nuestro país. (Aplausos). Quiero trasladar a sus familiares
mi afecto y el acompañamiento de este Gobierno en momentos duros, y también el afecto y el interés que sentimos por los vecinos de aquellos municipios que han sido desalojados, que se han visto afectados en algún momento por las condiciones extremas
que han tenido que sufrir como consecuencia de estos incendios, confiando en que puedan recuperar lo antes posible la normalidad. Esa es la intención del Gobierno, una intención del Gobierno que se ha plasmado ya en el acuerdo sobre zonas afectadas
gravemente por una emergencia de protección civil por los incendios de nuestro país durante los meses de junio, julio y agosto, adoptado precisamente este martes por el Consejo de Ministros. Pero me gustaría también agradecer el ingente trabajo de
los equipos de Protección Civil, de los agentes y bomberos forestales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han participado en la extinción de los incendios forestales que han tenido lugar este verano en muy buena parte del
territorio nacional, porque reconozco en todos estos trabajadores la mejor imagen y el mayor compromiso de los servicios públicos de nuestro país. (Aplausos).
Señorías, vivimos en un país rico en biodiversidad, el segundo con más superficie forestal de Europa, un territorio, un país que se ubica en zona de transición climática, un clima mediterráneo que tradicionalmente nos ha obligado a extremar
las precauciones ante los incendios forestales y combatirlos con importantes dotaciones de recursos humanos, materiales y medidas normativas de distinto alcance, con una implicación, evidentemente, por parte de las administraciones competentes,
comunidades autónomas y diputaciones forales. Es un clima mediterráneo que, sin embargo, está cambiando. Las zonas de transición climática nos enfrentamos a una realidad cada vez más dura y compleja. Lo hacemos en el Mediterráneo y en aquellos
otros países, en aquellos otros lugares con clima equivalente, como California o Australia. Los impactos del cambio climático se hacen evidentes ante nuestros ojos, mostrando claramente lo que la ciencia nos viene advirtiendo desde hace tiempo.
Porque permítanme que les recuerde una obviedad a la que algunos todavía no quieren mirar de frente y pretenden engañar a los ciudadanos: cambio climático es ciencia, son datos observados, son datos, desgraciadamente, con enormes impactos
económicos y sociales, no solamente con inmensos impactos ambientales. Así que, señorías de la extrema derecha, dejen de hablar del cambio climático como una religión, porque no es ni religión ni cuestión de fe, no es brujería, no es magia, es un
drama y una responsabilidad de nuestra generación. (Aplausos).
Este año es un buen ejemplo no solamente en España, sino en el resto de Europa y en una muy buena parte del mundo, donde vemos cómo los cambios se están acelerando de forma dramática: olas de calor, sequías extremas, ríos que se quedan sin
agua, incendios forestales que nos han dejado una muy buena parte del territorio con enormes problemas. A estos factores naturales se le suman otros de índole socioeconómico a los que hay que prestar gran atención y respecto de los cuales debemos
ser responsables. Debemos trabajar desde todas las administraciones con la mayor seriedad, con la mayor coherencia. Limitaciones derivadas del fenómeno acumulado durante décadas asociado a la despoblación, disminución de actividades tradicionales
de gestión de bosques y montes, actividades relacionadas con la bioeconomía que han ido perdiendo valor precisamente porque no se ha puesto en valor la importancia que tiene esa gestión del territorio, un valor que no puede ser solamente simbólico,
que ha de serlo también económico. Lo cierto es que ya no basta con identificar posiciones del territorio o semanas de mayor riesgo, necesitamos reforzar y consolidar un tratamiento precautorio y una respuesta transversal a la altura del desafío
que enfrentamos. Esta cara de los incendios forestales es precisamente una de las más dramáticas, una de las más visibles en nuestro país. El cambio climático explica que las olas de calor sean entre tres y cuatro veces más frecuentes que en las
cuatro décadas anteriores. El cambio climático explica por qué los días de riesgo alto o extremo en la región mediterránea en relación con los incendios se han venido incrementando entre diez y cuarenta días al año. El informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, de junio del año pasado, alertaba ya de que la superficie forestal quemada en el área del Mediterráneo podría duplicar o triplicar su extensión en función del incremento de las emisiones de CO2
y el aumento de temperaturas. Dicho de manera muy gráfica por la Organización Mundial de Meteorología, por su secretario general, Petteri Taalas, las olas de calor se están haciendo más comunes a causa del cambio climático. Hemos dopado a la
atmósfera inyectando más gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono, por lo que el calentamiento y las otras tendencias continuarán al menos hasta 2060, independientemente del éxito o no a la hora de mitigar el cambio climático. Yo
tengo claro que debemos tener éxito, debemos luchar contra el cambio climático. Y no basta adherirse al titular y luego, sin embargo, andar racaneando las medidas, cuestionando o haciendo broma en relación con las medidas, señores del Partido
Popular, porque transición energética no es llamar con frivolidad a las cosas, transición energética es tomarse en serio el cambio de modelo energético. (Aplausos).
En España, en la Unión Europea, los datos de incendios de 2022 corroboran las afirmaciones que vienen poniendo de manifiesto los estudios de la comunidad científica. El avance climático nacional de la primavera de 2022, aportado por la
Agencia Estatal de Meteorología, marcaba que este mes de mayo ha sido el más cálido de los últimos cincuenta y ocho años, unos datos que permitían anticipar ya lo que iba a ser el verano de 2022, un verano mucho más caluroso de lo habitual. Ha sido
así. El pasado mes de julio fue extremadamente cálido; su temperatura media fue la más alta registrada en España, no solo en julio, sino en cualquier mes desde al menos 1961. Sufrimos temperaturas medias sobre la España peninsular de 25,6 grados,
valor que queda 2,7 grados por encima de la media de este mes en los registros históricos. Olas de calor que suman más de treinta días, muchos de ellos consecutivos, con temperaturas nocturnas calificadas como noches tropicales más de seis noches
seguidas. Así que permítanme que les recuerde de nuevo la obviedad: no solo ha hecho calor porque es verano. Basta de bromas. Ha hecho calor como
nunca desde que tenemos datos y tal vez, como advierten algunos expertos, este pueda ser uno de los veranos más frescos de los que nos quede de vida.
Extremadamente preocupantes son también los datos sobre precipitaciones. Los datos de precipitación acumulada durante el año hidrológico que empieza el 1 de octubre, es decir, del 1 de octubre al 16 de agosto, ponen de manifiesto una
reducción acumulada del 26 %. Sufrimos un año extremadamente seco, que explica por qué los embalses se han situado por debajo del 37 % de su capacidad, el peor dato desde 1995, motivo por el cual convocamos el pasado 4 de marzo la mesa de sequía.
Gracias a las medidas que adoptamos en el Decreto Ley 4/2022, de 15 de marzo, hemos podido gestionar razonablemente, sin cortes, más allá de lo que pudiera ser previsible en este momento, aquellas decisiones que han garantizado el acceso al agua.
Una mesa que se ha combinado con el diálogo con los operadores del ciclo urbano del agua. En la escala europea, según el informe del centro de investigación conjunta de la Comisión Europea, tras analizar los datos aportados por el Observatorio
Europeo de la Sequía, se pone de manifiesto que Europa podría estar atravesando la peor sequía en quinientos años. El Loira, el Rin, el Danubio, nuestros embalses, los embalses en Portugal son una buena muestra de ello, con consecuencias
económicas, sociales, energéticas y, por supuesto, con consecuencias en materia de incendios. Las proyecciones a futuro muestran una tendencia al alza de las temperaturas y de reducción de las precipitaciones, tal como destacan la Organización
Meteorológica Mundial, la Convención de Naciones Unidas sobre Clima o la Convención de Naciones Unidas sobre Desertificación; es decir, nos dirigimos a veranos aún más cálidos y con mayor riesgo de incendios. Por tanto, esa legislación básica que
venimos aplicando desde hace décadas necesita ser actualizada. Necesitamos actualizar, profundizar, mejorar los medios de los que disponemos y la capacidad de reacción, la mejor coordinación, la mejor formación.
Permítanme resumir los datos sobre incendios forestales en 2022. A 19 de agosto, se han producido 7613 siniestros, con un total de superficie quemada de más de 229 000 hectáreas. El número de grandes incendios, con superficie superior a
500 hectáreas quemadas, ha sido cincuenta en lo que llevamos de año. El dato de esas hectáreas calcinadas está muy por encima de la media histórica; el dato sobre los grandes incendios es el peor de la última década: cada vez más incendios con
mayor dificultad para ser extinguidos, más complejos, incluso en algunos casos con dificultades para garantizar los medios físicos, el descanso, las condiciones para poder operar de una forma temprana y con tranquilidad. Así que permítanme de nuevo
expresar el reconocimiento y agradecimiento a todas las personas involucradas en estas tareas. (Aplausos).
Si miramos a Europa, el dato es escalofriante. Una de cada tres de las 700 000 hectáreas que han ardido este año lo ha hecho en España, y esto nos obliga a reaccionar juntos. A los daños personales, materiales, ambientales, se añade un
impacto que es de difícil recuperación, el impacto emocional para los vecinos, el impacto en términos de biodiversidad, cuya total recuperación muchas veces lleva décadas, si es que esta llega a ser conseguida.
Todo lo dicho hasta ahora lo hago sin reducir un ápice la otra gran preocupación, la otra gran variable a la que aludía al principio, factores socioeconómicos a los que debemos prestar particular atención y dar la respuesta adecuada. Hay
que aplicar medidas de lucha contra la despoblación que permitan revertir el abandono creciente en la gestión de los montes; fomentar actividades relacionadas con la bioeconomía, porque es imprescindible anticipar y minorar los riesgos que el
cambio climático representa en materia de incendios; facilitar una recuperación equilibrada de la población en nuestro territorio, con un reconocimiento de la importante tarea económica y ambiental que desempeñan los gestores en el territorio, que
son nuestros convecinos de la España rural. Pero también es imprescindible reforzar nuestro sistema de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales a partir de todo lo que hemos aprendido y acumulado durante estos años, a partir de
las mejoras en materia de coordinación entre instituciones públicas, a partir de un trabajo serio que se ha de llevar a cabo todo el año, no seis semanas ni dos meses ni tres meses, todo el año. Tanto en prevención como en extinción y restauración
se requiere un trabajo común y bien coordinado por parte de todos los actores. Cuanto más logremos esa estrategia integral y compartida, más eficaces seremos en la prevención y en la rápida actuación cuando se llegue a materializar el riesgo.
Por ello, con carácter previo a la aprobación en Consejo de Ministros de este decreto ley, el pasado 28 de julio se publicaron las orientaciones estratégicas para la gestión de incendios forestales en España, donde se establecen las líneas
de acción para la prevención y extinción de incendios forestales, en las que han estado trabajando los equipos de todas las administraciones competentes para poder contar con un reforzamiento y con una profundización, una tarea que cada vez nos
exige mayor profesionalidad,
mayores medios, mayor esfuerzo. Son orientaciones elaboradas por el Comité de Lucha contra Incendios Forestales, aprobadas por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en su reunión de 28 de julio. La actualización de la
Ley de Montes que opera este decreto ley es reflejo de estas orientaciones. En materia de prevención se propone la modificación del artículo 48 de la Ley de Montes, un precepto básico que entendemos que se debe modernizar, hacer más eficaz,
facilitando el uso de instrumentos de planificación clave en la prevención, vigilancia y extinción de incendios. Por ello, el decreto ley incorpora que antes del 31 de octubre del año precedente a su aplicación todos -comunidades autónomas,
diputaciones, Estado- debemos aprobar y publicar aquellos planes anuales que nos permitan prevención, vigilancia y extinción de incendios en modo continuo. Ya no vale pensar solamente, decía antes, en unas semanas o en algunas zonas geográficas
concretas. Estos planes son concebidos como instrumentos de ordenación preferente para políticas territoriales, pero también son instrumentos fundamentales de cara a la divulgación, a la transparencia, al aprendizaje compartido. El decreto ley
incorpora con carácter básico los principios orientadores y los contenidos mínimos de los planes actualizados después de años de aplicación de la Ley de Montes. Por primera vez son concebidos como herramientas para todo el año y en todo el
territorio y, evidentemente, dejan de ser semanas o zonas concretas y requieren el mejor conocimiento de los ciudadanos, requieren la mejor implicación de todas las administraciones.
Los planes deben incluir, desde un punto de vista integral, aquellas cuestiones relacionadas con la prevención y extinción de incendios; identificación de zonas en función de su riesgo: diseño de los dispositivos a lo largo del año;
previsión de las dotaciones de medios y personal; regulación de usos de riesgo y, en general, aquellos aspectos que puedan tener incidencia en la defensa del medio natural frente a los incendios, en la protección de las personas frente a los
incendios, siempre con la capacidad de mejorar, reforzar desde esa perspectiva de la Administración competente mucho más próxima y conocedora del territorio. Son planes que tienen un mayor alcance que los previstos hasta ahora por su ámbito
territorial -abarcan todo el territorio-, por su aplicación permanente, por la inclusión de medidas reforzadas de prevención, como son un mínimo común de aplicación en todo el territorio nacional, una dotación permanente todo el año. Porque, en
ausencia de una buena preparación, ponemos en peligro la vida de las personas, de los vecinos y de los trabajadores en el momento de la extinción. Los nuevos planes mejoran la transparencia en la ejecución de las competencias en prevención,
vigilancia y extinción de incendios, que recaen obviamente sobre las comunidades autónomas y posibilitan el conocimiento sobre las medidas adoptadas en cada territorio. Sobre la base de la solidaridad, las distintas administraciones salimos bien a
aportar medios adicionales de una comunidad autónoma a otra, bien a reforzar allí donde se necesita por parte del Estado. Pero -que no se nos olvide- un país que conoce sus riesgos y está preparado para afrontarlos es un país más seguro, es un país
mejor para sus ciudadanos. (Aplausos).
Por tanto, la pregunta es: ¿no piensan ustedes que es fundamental que estos planes, conocidos de antemano, cuenten con la información, la precisión y el compromiso adecuado para que pueda llevarse a la práctica una prevención de riesgos y
una capacidad de reacción mucho más eficaz? Nosotros, el Gobierno de la nación, también nos sentimos obligados a hacerlo. Hemos aportado este año medios para la extinción de incendios en muchas comunidades autónomas: Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Murcia, Andalucía y Euskadi. Hemos intervenido facilitando apoyo a nuestro vecino ibérico, Portugal, que también ha sufrido grandes
incendios forestales este verano. Hemos dispuesto de una capacidad de medios aéreos y terrestres muy importante que ha estado al límite en el esfuerzo, tanto por parte de las personas como por parte de los medios aéreos de apoyo. Hemos contado con
diez aviones anfibios de alta capacidad, seis de media capacidad, ocho helicópteros bombarderos y diecinueve de transporte y extinción, más otros diez aviones de carga en tierra y cuatro aviones de coordinación y observación. Se han efectuado un
total de siete mil horas de vuelo hasta el 14 de agosto; siete mil horas de vuelo, cuando la media de los últimos cinco años ha sido 1788, para darles un dato gráfico de hasta qué punto este ha sido un año particularmente duro. Debemos estar
preparados para que, si se vuelven a repetir en el futuro, contemos con los medios adecuados para responder.
En cuanto a medios terrestres, se ha dispuesto de siete unidades de análisis y planificación, diez Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales, cuatro equipos de prevención integral frente a incendios, más el apoyo de Protección Civil y de
la UME, junto con los servicios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En definitiva, hemos hecho un gran esfuerzo en el apoyo a las comunidades autónomas que pensamos merece que todos demos un paso adelante en el marco de la gestión de
nuestras propias
competencias y en el marco de la mayor solidaridad y coordinación entre todos para afianzar los medios de los que disponemos. Se mejora y clarifica, asimismo, la coordinación instrumental en medidas tales como la adopción de un protocolo
común para medios aéreos, la cuantificación y la cualificación de los equipos de extinción en función de sus características y sus condiciones de formación mínima en materia de seguridad, para que no haya ningún trabajador que corra riesgo por no
contar ni con los equipos de protección individual ni con la formación adecuada para la tarea que se le pide, todo ello, obviamente, en coordinación con las administraciones públicas competentes y sin perjuicio de la capacidad de mejora de la que
muchas de ellas han venido haciendo gala, aunque quiero recordar también que no todas han hecho gala de ese esfuerzo y de ese compromiso.
Otra de las medidas que recoge el real decreto ley para la mejora de la prevención y control del riesgo es que en los casos en los que la Agencia Estatal de Meteorología -y, junto a ella, las agencias de las comunidades autónomas en las que
existe un servicio meteorológico equivalente- prevea un riesgo muy alto o extremo, se puedan aplicar las limitaciones y prohibiciones de actividad de riesgo... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): ... algo que al hacerlo de forma automática facilita la lucha contra la generalización o la aparición de nuevos incendios,
una declaración que, obviamente, debe tener en consideración la valoración de las agencias meteorológicas autonómicas allí donde existan y que puede ser reforzada, ampliada o desarrollada por las comunidades autónomas en los términos que consideren
adecuados.
Se prevé el apoyo estatal a los servicios de prevención, defensa y extinción competencia de las comunidades autónomas a través de medidas adicionales. Por ejemplo, para favorecer la toma de decisiones, el ministerio elaborará y publicará
una herramienta de zonificación de riesgo de incendios, información básica susceptible de ser mejorada o precisada por las administraciones competentes, pero al menos tendremos un mapa elemental permanentemente actualizado sobre todo el territorio
nacional, del mismo modo que lo hacemos con la Agencia Estatal de Meteorología, manteniendo de forma permanentemente actualizada la información sobre los niveles de riesgo meteorológico y facilitando, por tanto, con anticipación suficiente la
preparación adecuada con información georreferenciada, enormemente útil cuando se acerca un momento de riesgo y, de nuevo, sin perjuicio de la capacidad de mejora o mayor precisión que se pueda dar en aquellos territorios con competencias en este
ámbito. Se mantiene activo a lo largo de todo el año el dispositivo de medios aéreos, que ya no son medios aéreos para el verano, y se mantienen activas durante todo el año las unidades de refuerzo helitransportadas y los restantes medios de apoyo,
de acuerdo con la programación que se revisará y publicará anualmente.
En el ámbito de la extinción, el decreto ley que hoy se trae a convalidación pretende reforzar la cooperación, hacerla más sencilla, automática y previsible, asegurando que en el momento crítico la actuación es eficaz y que la coordinación
entre los distintos equipos, independientemente de la Administración a la que pertenecen, sea excelente y sin dudas. Se busca que la coordinación de los equipos en los casos de incendios en zonas limítrofes de dos o más comunidades autónomas cuente
con claridad suficiente sobre los supuestos y la manera de actuar protocolizada, de manera que la dirección unificada de los trabajos la haga más sencilla. También incorporamos algunas medidas en torno a la restauración de las zonas que sufren los
incendios desde el minuto cero. Sirva de ejemplo, decía antes, la adjudicación de los trabajos de restauración forestal de emergencia en el área afectada por el incendio de la sierra de la Culebra a principios de verano por un importe total de 2
millones de euros, con una duración estimada de siete meses, pero así hemos actuado en los años precedentes.
Sin embargo, creemos que hay margen de mejora. Pensamos que es bueno, como hemos hecho en este decreto ley, introducir un mecanismo de colaboración de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas en la restauración
forestal y medioambiental. Un territorio que ha ardido y no es restaurado adecuadamente tiene mayor riesgo de erosión, de pérdida de calidad de suelo y dificultad para su recuperación. Ahora bien, es imprescindible la corresponsabilidad en este
campo; es imprescindible que las comunidades autónomas hayan aprobado y ejecutado los planes de prevención, vigilancia y extinción; es imprescindible que la participación financiera sea compartida, no de manera discrecional, como lo ha sido hasta
ahora, sino buscando que aquí cuando se pide el respaldo de la Administración General del Estado haya una participación en la financiación de esas actividades de restauración también por parte de las comunidades autónomas, salvo, obviamente, que se
trate de terrenos de titularidad estatal.
En definitiva, las medidas que se articulan en este decreto ley obedecen a la necesidad de reforzar, adaptar y actualizar de forma urgente algunos de los instrumentos previstos por la normativa básica en materia de lucha contra incendios
forestales para poder asegurar una buena planificación, para poder consolidar el refuerzo por parte del Estado, para poder facilitar la mejor y mayormente coordinada actuación de todos los medios desde el minuto cero, todo ello para asegurar que
España esté preparada durante todo el año, que estemos preparados si se produce un incendio en algún momento distinto a los que han sido tradicionales, sabiendo que contamos con las mejores capacidades operativas para enfrentar la situación.
Pero en este decreto ley se incluyen también otras medidas que son especialmente importantes y que están siendo esperadas desde hace años por parte de los mariscadores de la ría de O Burgo, unos mariscadores que contaban con el respaldo de
la Xunta y que a lo largo de los años hemos tenido que reconstruir, buscando que el dragado ambiental de los sedimentos de la ría de O Burgo, que es una actuación de gran relevancia social reclamada en repetidas ocasiones por el sector marisquero,
no genere problemas ni dificultades para los ciudadanos o para los mariscadores. Esta actuación va a permitir la recuperación ambiental de un espacio de dominio público marítimoterrestre afectado por décadas de vertido incontrolado, un proyecto que
fue recogido en el Plan general de explotación marisquera para el trienio 202123, pactado en las órdenes de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia del pasado septiembre de 2020 y diciembre de 2021. Su ejecución requiere suspender de forma
temporal la actividad marisquera. Por ello, se prevén compensaciones a los titulares de los permisos de explotación habilitantes para el ejercicio del marisqueo. Se prevé la concesión de ayudas de forma directa a la cofradía de pescadores de A
Coruña según la Ley General de Subvenciones, unas ayudas que tendrán efecto desde el 1 febrero de 2022 y hasta que finalice el dragado de la ría, y que cuentan con una dotación en el propio presupuesto del Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico por valor de 1,7 millones de euros en 2022, 1,9 en 2023 y 130 000 para el año 2024.
Queremos dar sentido a estas necesidades de intervención sin dejar de tomar en cuenta la afección social que en un determinado momento puedan representar.
Termino, presidenta, agradeciendo el ingente trabajo de los organismos participantes en las tareas de prevención, vigilancia y extinción de incendios (aplausos), de los brigadistas, de los agentes ambientales, de los servicios de protección
civil, coordinados desde el Ministerio del Interior, de la UME, del Seprona, de la Guardia Civil, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los efectivos de las comunidades autónomas, de los voluntarios, de los alcaldes, de todos aquellos
que, desde su pequeña parcela o su gran responsabilidad, contribuyen con responsabilidad a algo que afortunadamente cada vez cuenta con mayor coherencia, con mayor respuesta y con mayor responsabilidad por parte de la sociedad española.
Solicito su apoyo para la convalidación de este decreto ley, teniendo en cuenta la preocupante realidad que he podido expresar en mi intervención y la situación global a la que nos lleva el cambio climático.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Sin que sirva de demérito de la señora ministra de Transportes, me permitirá que le diga que se le ha echado mucho de menos en el
asunto anterior relativo a la política energética, asunto de crucial importancia e inquietud para la sociedad y la economía española.
En relación con este real decreto ley, por el que se adoptan medidas en materia de incendios forestales, cabe señalar que es insuficiente, desatiende el criterio de comunidades autónomas, de los municipios y habitantes del medio rural y
tampoco se ha tenido en cuenta al sector forestal. La norma contempla la prevención de incendios como un todo, sin diferenciar territorios, regiones y sus distintos aspectos y competencias medioambientales. Al hablar del medio rural, no puedo
dejar de señalar la crónica insuficiencia de inversiones, pese a que es el gran afectado de la grave destrucción de nuestro patrimonio natural, que agudiza la ya de por sí precaria situación económica de agricultores y ganaderos, que están abocados
a desistir de su modus vivendi. Ayer se conoció que en Asturias ha crecido un 20 % el sacrificio de vacas de leche por los elevados costes. Y si no hay actividad económica, los pueblos desaparecen porque se descuelgan.
Señorías, frente al ecologismo de despacho oficial, una vez más hay que resaltar que la desprotección de las actividades tradicionales, la penalización burocrática, administrativa y fiscal de los trabajos y actividades agroganaderas, así
como la presión del medioambientalismo urbanita, provoca el abandono del territorio, la despoblación y la desaparición del paisaje. España está fracasando estrepitosamente en su política demográfica, cuestión que también corresponde a su
ministerio, señora Ribera, y una de sus principales secuelas se pone en evidencia con los incendios forestales y con la desertificación del territorio. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, les pido silencio, por favor.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Es un severo problema que compartimos con la Unión Europea, por lo que cabe exigir y actualizar una respuesta comunitaria.
Señora vicepresidenta tercera, llevamos un año 2022 donde se están repitiendo incendios pavorosos. Cuando media España se calcina y nuestras brigadas, bomberos, agentes y voluntarios están exhaustos por la sacrificada y a veces letal tarea
de extinción, cobra sentido la aplicación de medidas excepcionales y urgentes, pero las que ha explicado usted llegan tarde y se quedan cortas.
Finalmente, reclamo del Gobierno que las ayudas a los afectados por las catástrofes no se dilaten en el tiempo, algo que sucedió, lamentablemente, en Asturias en la gravísima oleada de incendios de finales de 2015, que afectó a cincuenta y
ocho de los setenta y ocho municipios asturianos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Fernández Pérez.
La señora FERNÁNDEZ PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nos encontramos ante un decreto que ha sido dialogado y llevado a la mesa sectorial. Bien, maravilloso; ojalá la mayoría de los trámites parlamentarios que se hacen en esta Cámara se hablen con las comunidades autónomas y se
escuchen las peculiaridades de cada una.
Estamos ante un documento de mínimos donde se establecen planes de actuación en prevención, previsión y extinción de incendios. Bien, los planes están bien, pero los planes sin medios y sin financiación se quedan en una mera declaración de
intenciones. Y en esto, señorías, en mi comunidad queda mucho por hacer; y es que a Canarias siempre le pasa lo mismo: llega la época de incendios y nos echamos a temblar, porque no tenemos recursos para atajarlos por nosotros mismos.
Señorías, en Canarias tenemos que esperar eternas horas para que lleguen recursos de la península. Somos ocho islas en medio del Atlántico, y todos lo que estamos aquí sabemos que las horas son primordiales a la hora de atajar un incendio
forestal. Señorías, ¿no es más fácil, en lugar de ver cómo se quema la tierra durante eternas horas, tener una sede permanente de helicópteros Kamov para poder atajar de forma rápida y eficaz estas tragedias? Yo creo que sí y el Senado también,
porque en 2020 se aprobaron unas medidas. Se aprobó ampliar la 6.ª Unidad Militar de Emergencias de la UME para que Canarias deje de depender del Batallón de Sevilla; no tiene sentido. También se aprobó la base permanente de helicópteros Kamov.
Se aprobó también temporalmente el hidroavión del Ejército del Aire. Por favor, cumplan con lo que se aprueba en el Senado.
Señorías, precisamente nuestra lejanía hace más necesario que nunca que tengamos herramientas para luchar contra estas tragedias. La orografía de mi tierra hace muy complicado atajar este tipo de incendios, y, en ocasiones, se juegan vidas
humanas por la tardanza hasta que lleguen esos medios. Señorías, la orografía, la situación geográfica, el cambio climático -ustedes lo ha dicho- son cuestiones básicas para que Canarias tenga la atención del Gobierno que realmente se merece.
Y, señorías, para terminar les voy a hablar brevemente de lo que pasa cuando la extinción y la prevención no funciona o no llega a tiempo. Pasan cosas como la que pasaron en 2019. El peor incendio de España en 2019 tuvo lugar en Gran
Canaria; la isla quedó arrasada. Y ¿saben qué? Hay familias que lo perdieron todo, y que, a día de hoy, todavía no han recibido las ayudas, enterrados en papeles burocráticos. Las llamas se llevaron sus vidas y ustedes no les tendieron la mano.
La pregunta es: ¿Todas las víctimas de una catástrofe o zona catastrófica reciben ayudas? La respuesta es que no; la respuesta es que solo en ocasiones. No ahoguen de burocracia a las personas que lo han perdido todo.
Señorías, reitero lo dicho, vamos a apoyar este decreto, pero este decreto sin medios humanos, materiales y financiación no va a ser útil, va a ser un papel mojado. Por favor, cumplan las promesas con
los ciudadanos, cumplan lo aprobado en el Senado y atiendan a los canarios, porque está en juego mucho más que simplemente la aprobación de un decreto a última hora y deprisa y corriendo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta. Egun on guztioi.
Hay dos parámetros en los que nos hemos fijado para tomar posición como Euskal Herria Bildu en este tema. El primero, y es evidente, es el respeto a los marcos competenciales, el respeto a nuestras competencias propias y exclusivas, el
respeto a nuestra soberanía y también a nuestras capacidades, con atención a nuestra realidad y a una situación diferente. Usted ha hablado del clima mediterráneo como clima único y dominante en la península, pero sabrá que existe el clima
atlántico, el clima de montaña y el clima subtropical; dos de ellos vertebran o dan lógica a nuestra realidad cotidiana, el atlántico y el de montaña, y no tanto el mediterráneo ni el tropical, aun cuando estos sean mayoritarios en la península
ibérica. Por tanto, para nosotros ese es uno de los elementos, el respeto competencial. El otro tiene que ver con que desde la certeza de que nos enfrentamos a un problema mayúsculo, a un problema enorme, se tomen medidas estructurales, se tomen
medidas que vayan más allá del aumento de dotaciones en tiempos concretos, generalmente en la estacionalidad o en las políticas estacionales y en verano, y que vayamos a medidas de mucho más calado que no solo afecten al número de contingentes
destinados a evitar los incendios -que seguramente nunca serán suficientes-, sino también a intentar prevenirlos. Y, analizando estos dos parámetros o atendiendo a lo que usted ha dicho y a lo que viene en el real decreto, votaremos a favor de los
mismos.
Usted ha señalado hoy algunos datos -que tampoco voy a reiterar-, pero yo creo que hablar de 229 000 hectáreas sería suficiente para entender que hay que hacer algo que vaya más allá de lo paliativo, y sería bueno también que algunos
abandonen discursos, como el que ayer se oía en la Diputación Permanente, sobre la necesidad de aprovechar el real decreto de incendios o la lógica que se esconde detrás del peligro de los incendios para cohesionar España. Lo que España está
haciendo es descalcinar, no cohesionarse por la lógica de los incendios. También es necesario remarcar que más del 80 % los incendios forestales son causados por el ser humano, no vienen de la nada, y que de ese 80 % se articula más del 87 % de la
superficie forestal quemada. Por tanto, la responsabilidad del ser humano es directa y determinante en la propagación de los incendios, en la propia generación de los incendios y en la extensión de los mismos, porque, dicho de otra manera, es el
ser humano quien determina la frecuencia y modifica los tipos o la tipología de los incendios. Modificamos, por tanto, el régimen de los incendios, alteramos su frecuencia, alteramos su tamaño, alteramos su intensidad y también alteramos su
estacionalidad.
Pero aparte de eso, también hay alteraciones que no van directamente con la causa de ignición de cualquier incendio, que pueden y deben tenerse en cuenta para evitar más incendios; tienen que ver con los cambios de uso del suelo que se han
dado en el Estado español durante décadas, arrebatando terreno al monte para dárselo a las manos de cuatro constructores para hacer aberraciones arquitectónicas -casi siempre en clave turística- a lo largo y ancho del territorio del Estado español.
Tiene que ver también con la deforestación con fines agrícolas o la propia explotación forestal, que se ha venido practicando durante décadas en el Estado español para incrementar los beneficios de unos pocos, aun plantando especies tan
favorecedoras del fuego como los eucaliptos o el pino radiata. Tiene que ver con el desarrollo urbano de las propias ciudades y tiene que ver también con el abandono de las acciones o de las actuaciones silvícolas, es decir, con limpiar los montes
y evitar que se llenen de material combustible, como pasa en la actualidad. Y tiene que ver también con otro de los grandes debates que se ha tenido en el Estado español hace no mucho, como es el de la ganadería, el del uso ganadero, el de la
apuesta por la ganadería intensiva en lugar de por la ganadería extensiva. Todos esos elementos favorecen o dificultan que haya más o menos incendios.
Y también en la mano del ser humano está el cambio climático, porque ¿quién sino el ser humano acelera el cambio climático? Lo hace con la estacionalidad -usted lo señalaba también en su intervención cuando decía que este es probablemente
el verano más frío de los que nos quedan de vida- y lo hace en todas las ocasiones, y lo hace también con la frecuencia. Nos enfrentamos cada vez más a sequías más prolongadas; nos ha hablado de la sequía más grave que se vive en Europa en los
últimos quinientos años, pero sí sabemos que las sequías cada vez van a ser mayores y que favorecen que el fuego se inicie
y se propague con más facilidad, y nos vemos sometidos también a más olas de calor, todas consecuencia del cambio climático, y esas aumentan las frecuencias y la intensidad de los mismos. Ya no se trata de que lo digamos nosotros o
nosotras, sino que lo dicen quienes más saben de esto, lo dicen los investigadores. Son ellos quienes dicen que en el futuro, con un clima más cálido, se espera que el régimen de incendios sea cada vez más grave, más áreas quemadas y una temporada
de incendios más larga. Esto y no otra cosa es uno de los factores que van a ayudar a que eso que venimos oyendo también desde hace muchos años, la progresiva desertización del Estado español, se acelere. Por tanto, si no viramos, si no cambiamos
de rumbo, probablemente nos quememos y nos abrasemos todos y todas. Y esto no es ecoansiedad, como alguien decía, desde una exhibición de estulticia propia, esto se trata de sentido común, de que si no actuamos ahora probablemente después sea
tarde. Y si no damos ahora la garantía de vidas dignas para todos y para todas -no solo para aquellos que puedan huir de las zonas en riesgo para irse a otras con menos riesgo-, acabaremos abrasados todos y todas. Esta es la mejor manera, como en
todo, para acabar con los bulos negacionistas de la extrema derecha; es decir, dar datos para desmontar su relato.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
En este debate de convalidación del Decreto Ley 15/2022, me centraré en sus medidas urgentes sobre incendios forestales, que se adoptan ante la mayor complejidad de estos y que a tal fin reclaman la defensa frente a estos durante todo el año
y extendido también al ámbito territorial de cada comunidad autónoma y territorios históricos, para lo cual ciertamente ha de reforzarse la planificación, mejorarse la coordinación y la colaboración entre los servicios de prevención y extinción y la
protección de sus componentes, y establecerse medidas de colaboración económica para su restauración. Estas medidas consideramos que se articulan a través de la modificación parcial de la Ley de Montes y si bien con carácter general son adoptadas
en ejercicio de la competencia del Estado respecto a la legislación básica sobre la protección de montes contra los incendios forestales contenidos en el artículo 149.1.23 de la Constitución y sin menoscabo de la salvaguarda de las actuaciones de
protección civil en caso de emergencias de esta naturaleza por incendios forestales, sin embargo, tenemos que decir que el decreto ley, a nuestro juicio, llega en algunos aspectos más lejos de lo que debiera ser una legislación básica, situación que
quizá pudiera haberse evitado si en la conferencia sectorial celebrada cuatro días antes de la aprobación del decreto ley se hubiera informado a las comunidades autónomas sobre la norma de urgencia que se pretendía aprobar inmediatamente, su
contenido pormenorizado, si se les hubiera distribuido el borrador y dado al menos un mínimo plazo para sus observaciones. Quizá si las cosas se hubieran hecho de este modo y no de una manera brumosa, este grupo parlamentario no estaría en la
situación de señalar las incertidumbres y deficiencias que en él observamos.
Así, entrando en consideraciones concretas sobre el decreto ley, quiero señalar que debiera aclararse qué es lo que se pretende con la previsión de una dirección unificada en incendios forestales que afecte a más de una comunidad autónoma
cuando la Administración General del Estado intervenga con la puesta a disposición de sus medios, ya que si con ello se pretende de manera camuflada la constitución de un mando único de extinción en manos de la Administración general, no estaríamos
en absoluto de acuerdo, pues esto solo sucede en el ámbito de la protección civil en la situación 3, es decir, cuando la emergencia es declarada de interés general. En las demás situaciones, la emergencia corresponde a quien la tenga asignada, sin
perjuicio, lógicamente, de los mecanismos de coordinación que den cabida, en su caso, a la Administración general en la estructura de organización y coordinación de la emergencia cuando aporte medios.
En cuanto a los planes anuales de prevención y extinción de incendios forestales que sustituyan a los actuales planes especiales ampliándolos y teniendo en cuenta las intersecciones que se producen de estos planes anuales con los especiales
de protección civil para incendios forestales, quisiera señalar que de aquellos planes anuales, a nuestro juicio, no puede predicarse, como se hace en el decreto ley, que son instrumentos de ordenación preferente para el conjunto de las políticas
territoriales, como si los montes fueran bienes de dominio público por naturaleza, que ciertamente no lo son, pues es de la competencia de las comunidades autónomas -al menos del País Vasco- la planificación territorial en virtud de sus competencias
de ordenación del territorio, en este caso montes, y, por tanto, a ellas corresponde la jerarquización y la regulación de las fuentes del ordenamiento territorial.
Por lo que hace a las funciones que en el decreto se asigna a AEMET para la determinación -ya se ha dicho- de riesgos meteorológicos, de incendios forestales muy alto y extremo, y para que tenga actualizado los distintos datos de predicción
sobre niveles de riesgo georreferenciados, quiero manifestar que no lo compartimos en cuanto desplaza a los servicios y agencias meteorológicas autonómicas previstas en sus estatutos de autonomía para dar vigilancia climática y meteorológica a otras
competencias autonómicas como las de medio ambiente, protección civil o en este caso las de montes.
El decreto ley no tiene en cuenta esta realidad autonómica a la hora de predecir para su ámbito territorial los niveles de riesgo meteorológico respecto a un evento dañoso que no lo supere territorialmente, como pueden ser los incendios
forestales, a efectos de la aplicación de las limitaciones y prohibiciones preestablecidas. Y la misma crítica debemos realizar de la atribución al MITECO de la zonificación del riesgo de incendios forestales de cada comunidad autónoma como un
elemento director de la planificación o para la toma de decisiones operativas; zonificación que, por cierto, ya está realizada en el País Vasco, lo mismo que la predicción meteorológica diaria de riesgo de incendios forestales por zonas climáticas
y municipios. No son estas cuestiones solo competenciales, sino principalmente de afección a las actividades susceptibles de desarrollar la ciudadanía y de sectores económicos, principalmente agrícolas y forestales.
En definitiva, señorías, el modelo establecido en el decreto ley para estas cuestiones entendemos que menoscaba el sistema de funcionamiento en el País Vasco al amparo de sus competencias, que se basa en índices de riesgo contrastados,
conocimientos sobre el terreno en función de la distinta distribución del territorio en zonas climáticas y del conocimiento muy importante del material vegetal existente susceptible de combustión, y de manera transparente, pues cada zona conoce su
índice de riesgo diario y cada municipio también el que tiene asignado.
Por lo que se refiere a la llamada en el artículo 2 a un futuro reglamento en los referidos a las letras a) y e), quiero señalar que parece más una remisión en blanco con visos de afectar a las competencias de autoorganización de las
administraciones responsables de los servicios de prevención y extinción si los reglamentos se encuadran en un exceso de regulación, que entendemos que se compadece mal con el papel que han de jugar los reglamentos como complemento de la ley en la
determinación de la legislación básica.
Por último, y finalizo, tampoco compartimos los plazos que se establecen ni para elaborar la nueva planificación anual -en tres meses desde la aprobación de este decreto ley, ministra, será prácticamente imposible- ni para que el 1 de enero
de 2023 estén adaptados al decreto ley los servicios de prevención y extinción, cuando el mismo Gobierno se da un mes más para hacer el desarrollo del decreto ley al que llama el artículo 2, que habrá que tenerse también en cuenta para la regulación
de los servicios de prevención y extinción.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.
Señorías, ministra, todos hemos visto el drama que ha supuesto los incendios este verano, una catástrofe que seguimos sufriendo hoy y que ya ha arrasado más de 270 000 hectáreas en nuestro país. Hablamos del peor año en lo relativo a
incendios de los últimos cien años. Por eso, somos conscientes de la necesidad de aplicar medidas de calado para paliar los efectos de los incendios en nuestro país y poner todo lo necesario para evitar que se repita. Aunque entendemos que muchas
de las medidas incluidas en este real decreto van en la dirección acertada, también debemos decir que llegan tarde y que desde su aplicación se han demostrado insuficientes para poner coto a la provocación de nuevos incendios, como estamos viviendo
en las últimas semanas.
En Ciudadanos siempre hemos defendido la necesidad de actuar de manera preventiva para abordar la problemática de los incendios. De hecho, tras el primer gran incendio declarado este año en la sierra de Culebra planteamos en esta misma
Cámara el llamado Plan Zamora; un plan diseñado en colaboración también con nuestros representantes de la Diputación de la misma región, con una serie de medidas para incidir en la prevención, reforestación y recuperación tras los incendios.
Cuando hablamos de incendios -y este verano, lamentablemente, hemos tenido que hacerlo mucho-, algunos grupos de esta Cámara tienden a extender su sectarismo y su cerrazón ideológica en un tema que debería ser la prioridad nacional y en el
que todas las medidas solamente deberían estar diseñadas con el sentido común, porque lo que está en juego aquí es nuestro patrimonio natural, el medio
de vida de miles de familias españolas y un drama que tiene consecuencias a nivel económico, social y medioambiental incalculable.
Me produce un profundo desánimo ver cómo desde la tribuna de VOX se cargan las tintas contra el cambio climático, cuando la ciencia ha demostrado su relación directa con este drama. Precisamente España es por sus condiciones geográficas y
climáticas un país con una alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, y así se ha demostrado con las condiciones de sequía, la ola de calor, las altas temperaturas y también las rachas de viento tan importantes que hemos sufrido. Pero
si peligrosa es la anticientífica posición de VOX, la insistencia de los señores de Podemos en achacar todo al impacto climático en el planeta también es reduccionista y, por tanto, equivocada.
La situación de abandono que sufren nuestros montes y campos es un factor que importa mucho en la existencia de incendios en nuestro país. Las administraciones han renunciado a invertir en esta gestión. Tradicionalmente lo realizaban los
pastores, los ganaderos e incluso los agricultores, que ahora ya no tienen posibilidad de hacerlo como antes, y eso ha sido un error. Lo peor es que este real decreto ley no evita que esto siga ocurriendo. No sigamos repitiendo los mismos errores
y abordemos el problema de los incendios desde su origen, unos y otros, porque aquí tengo que recordarles a los señores del Partido Popular que su responsabilidad en lugares donde gobiernan es imprescindible. Por ejemplo, es cierto que la inacción
del Gobierno -de este y de todos los que le han precedido- y la falta de coordinación con el resto de niveles de la Administración han sembrado ese caldo de cultivo para el drama que ha vivido nuestro país. Pero recuerden, señores del Partido
Popular, que el 50 % de la superficie quemada en España este verano ha sido en Castilla y León, donde la gestión del señor Mañueco con VOX ha dejado muchísimo que desear. Y no vale con echar solamente las culpas al Gobierno central, que las tiene,
sino que también hay que tomar medidas y hay que ser responsables.
Otro de los problemas que hemos visto de cara a la prevención y detección de incendios ha sido la falta de efectivos. Creo que todos debemos tener palabras de reconocimiento y gratitud a los profesionales que se han dejado la piel, poniendo
en riesgo su propia vida y sufriendo jornadas maratonianas para controlar los incendios que han asolado España casi de punta a punta. La mejor forma de reconocerles su impagable labor es poniendo el foco en dedicar más recursos humanos y económicos
a estas labores de prevención, detección y extinción. Hemos visto imágenes que no olvidaremos fácilmente y que, desgraciadamente, se repiten cada verano: bomberos luchando contra el fuego, al lado del fuego, que iba cambiando por el viento,
incluso algunos dejándose la vida; vecinos haciendo cadenas humanas para ayudar con cubos y azadas a frenar las llamas, o familias teniendo que dejar todo atrás sin saber si pueden volver. Esa es la realidad de los incendios que azotan nuestro
país. Como país, no podemos dejar que esto vuelva a suceder. No podemos volver a afrontar un episodio de incendios como el de este verano con el 30 % del dispositivo necesario. Lo peor, otra vez, es que en este real decreto no encontramos ninguna
medida destinada a mejorar las condiciones laborales de los agentes forestales. Tampoco vemos cambios importantes en medidas que los liberales hemos puesto encima de la mesa en estos meses, como puede ser que la UME pueda intervenir en labores de
respuesta a los incendios o que se aumenten las penas, especialmente las sanciones económicas, para quienes provocan estos incendios.
En definitiva, aunque el real decreto se queda corto y llega tarde, todo lo que sea trabajar por evitar que un drama como este se vuelva a repetir contará con nuestro apoyo. No podemos perder ni un minuto, porque todo el esfuerzo será
insuficiente si no establecemos medidas de prevención para intentar que el verano que viene nuestro país no sufra esa devastadora ola de incendios.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, nos parece bien que el Estado se implique en la recuperación y la regeneración y que incluso se comprometa en la financiación de esas labores de espacios afectados por incendios forestales, pero tengo que empezar por
confesar que al BNG le preocupa que quiera hacerlo directamente en cuanto a la financiación, en vez de optar por la transferencia a las comunidades autónomas, dado que estamos hablando en nuestro caso de competencias galegas. Y hay una
preocupación, que está en relación con la constante tendencia a la recentralización en cada norma, en cada real decreto ley o en cada proyecto de ley de este Gobierno.
En todo caso, en relación con el texto, nos parece que los criterios establecidos son en casos muy restrictivos, y, en lo que respecta a Galiza por lo menos, no se ajusta mucho a nuestra realidad. Hablo, por ejemplo, de la exigencia de una
superficie mínima de 10 000 hectáreas quemadas. Fíjense, este verano los incendios devastaron Galicia, pero solo dos, el de O Courel y el de Valdeorras, superaron esa superficie. Estamos hablando de muchos incendios, normalmente de menor
dimensión, pero algunos con consecuencias devastadoras, sobre todo en conjunto, con una superficie afectada realmente importante.
También en este real decreto ley se incluyen las ayudas a las mariscadoras y los mariscadores de la ría de O Burgo, que tendrán que ser cesar su actividad por los trabajos de dragado y regeneración, los cuales durarán unos dos años. Es una
medida que el sector y el BNG pasamos meses reclamando, ante la sorprendente e injustificable política de lanzarse mutuamente la responsabilidad el Gobierno español y el Gobierno galego. Finalmente, la racionalidad se impuso para sacar adelante una
medida que nos parece absolutamente necesaria.
En todo caso, el BNG va a apoyar la convalidación de este real decreto ley.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.
Más de la mitad del territorio valenciano es superficie forestal, una superficie que no para de incrementarse debido al inexorable abandono de tierras. Los valencianos tenemos el triste récord de liderar el abandono de tierras, 160 000
hectáreas, a una media en los últimos años de seis hectáreas al día, lo que por una parte también explica la dificultad para apagar los incendios.
Ayer o anteayer el antiguo presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, salía en una foto, en un fotomontaje, detrás de los bomberos, con camisita blanca, hecho un 'cayetano' -impoluta la camisita blanca-, diciendo, en fin, que
esto era una prioridad. Para el Partido Popular nunca ha sido una prioridad. (Protestas). De hecho, el Gobierno valenciano actual de Compromís, PSOE y Unidas Podemos ha duplicado en los últimos años la dotación para prevención y extinción de
incendios. Para restauración de zonas quemadas el Partido Popular dedicaba cero euros durante años. Eso sí, para todos los pufos de la Gürtel tenían dinero. Nosotros, la conselleria de Mireia Mollà, hemos dedicado 54 millones en 28 proyectos en
los últimos años, y el actual presidente a la Diputación de Alicante ha dejado muchísimos pueblos sin ninguna dotación para prevención de incendios. Y todo eso lo hemos hecho con una financiación absolutamente ridícula. Para prevenir, para apagar
incendios hace falta una buena financiación. Los valencianos decimos amb diners, torrons. Con medios podremos controlar, prevenir y apagar muchos más incendios.
Moltes gràcies, senyora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví.
Finalmente, también por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Moltes gràcies, presidenta, vicepresidenta.
Podríem dir que l'harmonització espanyola ataca de nou porque este real decreto nos lleva de un modelo de prevención y lucha antiincendios y autogobierno extremadamente eficiente en Cataluña a un modelo de tutela e intervencionismo casi
total del Estado. En lugar de respetar lo que funciona y trabajar coordinadamente, laminan nuestras competencias. Por ejemplo, propone modificar el artículo 48 de la Ley de Montes, imponiendo una planificación unificada desde un Ministerio de
Transición Ecológica que no tiene los recursos materiales ni económicos para actuar contra los incendios forestales porque son responsabilidad de las administraciones autonómicas o locales. ¿Cómo va a decidir entonces qué hacer? ¿Cómo va a ser que
planifique, actúe o intervenga? Además, se impone un calendario de implantación imposible: planificación cerrada a 31 de octubre y aplicación prevista a 1 de enero.
Madrid, Navarra, Asturias y Cataluña disponen de un modelo integral de bomberos, pero Cataluña es la única con grupo de apoyo de actuaciones forestales y con equipo de prevención activa forestal. Solo Cataluña trabaja la prevención de
incendios con cremas prescritas y la extinción con cremas controladas. El resto de las comunidades o bien afrontan los incendios forestales contratando operarios de agencias de gestión privada con financiación pública o bien solicitan la ayuda de
la UME. ¿Pretendemos sacar pecho por la eficacia del modelo catalán? No, aunque nos enorgullece el trabajo bien hecho. Lo que
pretendemos es que se respeten nuestras competencias desde las que seguir colaborando con otras administraciones de territorios limítrofes tanto españoles como franceses.
El real decreto ley toma como referencia AEMET, y desestima la agencia catalana para la información meteorológica, que determina si existe un riesgo de incendio alto o extremo, al tiempo que se activan por parte de las comunidades autónomas
las prohibiciones y limitaciones de circulación y acceso. A última hora, tras el voto contador, nos han ofrecido corregir este punto en algún real decreto posterior. ¿No era más fácil sentarse a negociar con nosotros con tiempo y acabar no
pisándonos la manguera? ¿Cómo pretenden que puedan votar a favor de este real decreto los partidos que se toman en serio la defensa de las competencias de Cataluña? En lugar de invadir competencias, ocúpense de lo suyo. Por ejemplo, revisen la
política de reservas de agua para evitar que las grandes hidráulicas abran compuertas para aprovechar los altos precios de la electricidad. Estamos en los niveles más bajos de los últimos años, casi secos y sin apenas capacidad de maniobra.
Otro punto. Hace catorce años, el Gobierno socialista hizo un real decreto para obligar a las eléctricas a poner protecciones en las torres y cableado de alta tensión para evitar las electrocuciones de las aves y el gran riesgo de incendio
que estos accidentes conllevan. Debía dotarse una partida para subvencionar a las eléctricas, pero jamás se activó, con lo cual estas siguen sin poner remedio a muchas de las trampas mortales para las aves y se llenan la boca de prevención.
Termino con el tema de los acuerdos firmados para la cooperación transfronteriza con Francia. Cuando un incendio arrasó 420 hectáreas del Parque Natural de Cap de Creus, en Girona, en julio del 2021, desestimaron usar hidroaviones de
Francia porque el protocolo observa que primero se utilicen los medios propios autonómicos o estatales. Pues bien, fue una acción de grave irresponsabilidad del Gobierno, que no aplicó el convenio firmado en 2017, para el uso de medios aéreos de
extinción en caso de asistencia mutua por incendios forestales, contra el principio básico de cooperación transfronteriza de la Unión Europea, que pretende eliminar fronteras. Lo dicho, no nos pisen la manguera.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Calvo.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor. Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidenta. Buenos días, ministra.
Quería sumarme a las palabras de apoyo a las familias de las víctimas de esos incendios, porque han sido realmente incendios de mucho sufrimiento y que han implicado a muchísima gente, a muchísimas familias y poblaciones enteras. En ese
sentido, creo que es importante reiterar las palabras que ha pronunciado usted al principio de su intervención. (Aplausos).
Este es un nuevo real decreto de medidas urgentes para dar respuesta a fenómenos climáticos extremos. Recordemos que recientemente también ha sido aprobado un real decreto ley sobre medidas urgentes en apoyo al sector agrario por causa de
la sequía. Siempre estamos con reales decretos intentando taponar lo que son fenómenos climáticos extremos con consecuencias catastróficas. Lo que en principio serían fenómenos climáticos extremos puntuales resulta que cada vez es más frecuente, y
en casos, como precisamente la sequía, son problemas estructurales que venimos arrastrando desde hace décadas y los reales decretos no dejan de ser medidas coyunturales. Creo que es importante tener presente esto. Pero, en un escenario de cambio
climático, que tiene una incidencia especial precisamente en la península ibérica, la prevención debería ser la premisa en las políticas de cualquier Administración, más que incluso las acciones urgentes.
Por un lado, los efectos adversos del cambio climático son cada vez más evidentes. Recordemos que ya desde el mes de junio estamos teniendo periodos largos y sostenidos de temperaturas por encima de la media climática para esas fechas, y,
por lo tanto, los días de riesgo muy alto y extremo de posibilidad de incendios han aumentado, como ha dicho usted antes. Pero no es menos grave la despoblación del entorno rural y el abandono del espacio agrario, en favor del aumento de la masa
forestal. También este es un tema fundamental y sobre el que se ha de insistir. A mayor vegetación, mayor carga de combustible y energía acumulada, y, por tanto, tenemos paisajes con una gran carga de combustible, que con factores climáticos
extremos vienen a ser verdaderas bombas cuando se activa todo ello. Aunque no es habitual que la virulencia haga imposible apagar algunos fuegos, sabemos que hay incendios que son imposibles de apagar. El límite para poder apagar un fuego más o
menos está establecido alrededor de unas 10 o 15 toneladas/hectárea. Es viable apagar un fuego, pero sabemos que hay bosques donde son muchas más las toneladas de combustible forestal por hectárea, de modo que cuando ese bosque explota resulta
imposible intervenir desde dentro, y creo que es importante tener esto en cuenta, porque es un elemento clave de la propia gestión forestal.
La única solución a todo ello son las políticas de prevención y gestión forestal sostenible, y una parte de la solución pasa precisamente por extraer de forma sostenible parte de esta energía y reactivar y potenciar los aprovechamientos de
la biomasa vegetal. ¿Cómo hacerlo? Hay varios métodos, y voy a poner dos ejemplos. Está el tema de la revalorización de la biomasa vegetal; en otras palabras, hacer viable el aprovechamiento de la madera desde el modelo sostenible de gestión de
los bosques. Nuestro grupo, Esquerra, ya presentó en su momento, en la ley de cambio, una enmienda, que finalmente fue recogida en una disposición final séptima, donde se establece que el Gobierno aprobará en el plazo máximo de un año las normas
necesarias para el desarrollo de la Ley 43/2003, de 21 noviembre, de Montes, entre ellas el mandato del artículo 65, incentivos por las externalidades ambientales, para regular los mecanismos y las condiciones para incentivar las externalidades
positivas de los montes ordenados, que todavía hoy no se ha cumplido y estamos pendientes de que se cumpla. Por lo tanto, sí hay maneras de empezar a trabajar en temas de prevención, pero se ha de empezar a trabajar. O incluso, por qué no,
incluyendo entre las ayudas de la PAC en un futuro la explotación forestal, por ejemplo. Es decir, si se quieren buscar recursos, maneras de evitar y de gestionar las masas forestales, creo que hay mecanismos. Otra solución, que se ha comentado
aquí también, sería recuperar la conexión entre producción de biomasa vegetal y consumidores primarios que generan biomasa animal. Por ejemplo, la fórmula de la ganadería extensiva se aplica en según qué sitios, en según qué países, e incluso hay
experiencias concretas en el propio Estado español. La Diputación de Girona sé que está trabajando en ese sentido y que da resultados concretos que no dejan de reforzar una actividad del sector primario. En todo caso, estas son algunas de las
medidas que permitirían una estrategia de saneamiento del ecosistema forestal con un beneficio para la sociedad y para el medio natural. La inversión en el sector forestal en 2018 a escala estatal era de 35,38 euros de media, 21 euros por
habitante, pero de esta cantidad solamente 3,25 euros van a la prevención. Creo que debemos revertir esto, y probablemente con la prevención tendríamos menos riesgo, o, como mínimo, tendríamos más controlados los riesgos de posibles efectos
devastadores, como los que hemos tenido este verano. Esta gestión forestal depende en gran medida de las políticas de planificación territorial, que son una clara competencia de las comunidades autónomas.
Entiendo que el real decreto propone una ley de mínimos para homogeneizar, y compartimos incluso la necesidad de coordinación entre las administraciones y de los dispositivos disponibles para la extinción de incendios, siempre y cuando se
respete el marco competencial, pero hay elementos que distorsionan esto. Nuestro voto va a estar condicionado al reconocimiento de la autoridad territorial en dos puntos: en la definición de los planes anuales para la prevención, vigilancia y
extinción de incendios forestales y en la elaboración para el establecimiento del mapa de riesgo de incendio forestal y datos meteorológicos. En ese sentido, algunos puntos del real decreto -que no voy a comentar, porque ya lo han hecho mis
compañeros del Partido Nacionalista Vasco- no garantizan estas premisas y suponen incluso una injerencia competencial. De hecho, nuestro voto sobre este real decreto está sujeto al compromiso público del Grupo Socialista y del actual Gobierno de
España en modificar cuatro cuestiones imprescindibles para nuestra formación política para mantener la potestad de nuestro país en materia de incendios, y estos son: primero, asegurar la legitimidad del Servei de Prevenció d'Incendis Forestais y
del Servei Meteorològic de Catalunya frente a la AEMET, blindar el predominio de la autoridad territorial competente, rectificar toda la dirección unificada que suponga un perjuicio de las competencias de los estatutos de autonomía de los
territorios y, finalmente, un cuarto punto es clarificar el alcance de los requisitos mínimos de cualificación y de EPI al objeto de respetar las competencias de las comunidades autónomas. Estos son cuatro elementos que para nosotros resultan
evidentes respecto a la vulneración de las competencias que tenemos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Eritja.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mayoral Perales.
El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, creo que los debates del lenguaje son importantes. Últimamente, como siempre oigo hablar de cambio climático, pero poco de emergencia climática, cuando tenemos una situación como la que tenemos, creo que estaría bien que
nos centrásemos, porque tenemos una crisis hídrica de tamaño
descomunal y un problema de emergencia climática que, además, afecta concretamente a nuestro país en un proceso de desertización brutal; un Godzilla, entendido popularmente. Y eso lo que requiere es del concurso de todos nuestros
esfuerzos, los de la Administración General del Estado, los de las comunidades autónomas, las diputaciones y todas las entidades locales. Hace falta una coordinación, una planificación compartida, partiendo y respetando el conjunto de las
competencias que nos permitan poder afrontar estos fenómenos.
Es cierto que hay un elemento clave, que lo hemos visto durante este verano, y que el proceso de desertización tiene un efecto enorme en incendios forestales de nueva generación -no solo en incendios forestales-, porque es cierto que los
incendios de nueva generación van difuminando cada vez más la línea que separa el incendio forestal de los incendios urbanos, afectando a los núcleos urbanos y haciendo, además, que siendo fenómenos tan enormes, los servicios de extinción se tengan
que centrar en primer lugar en proteger los núcleos urbanos como un elemento central. Y eso debería hacer que pensásemos en cambiar el concepto de la seguridad. La seguridad no es simplemente el orden público. Esta es la seguridad humana, la
protección del conjunto de la población, la protección de los bienes y la protección ambiental como un elemento central de políticas de Estado, que además debería ser un acuerdo compartido por el conjunto de las administraciones públicas.
Este decreto es interesante, este decreto da un paso, este decreto pone encima de la mesa lo que ya se ha tenido que hacer. Y lo hemos visto con mucha claridad este verano. Hay que cooperar entre todas las administraciones públicas,
poniendo los recursos de todos para garantizar que protegemos la madre tierra como un elemento central necesario e imprescindible para la vida humana. Nosotros y nosotras creemos que con este decreto sobre la situación que se coloca encima de la
mesa se pone de actualidad fundamentalmente el acuerdo de Gobierno que tenemos y debemos cumplir en esta materia. Porque hablamos mucho desde la tribuna de la necesidad y el reconocimiento del trabajo de los profesionales que están jugándose el
tipo por todos nosotros y nosotras, pero eso hay que concretarlo y subir aquí y cuestionar si estamos de acuerdo en que alguien que se tira desde un helicóptero a un incendio forestal se tiene que jubilar con 67 o con 60 años. A esa pregunta hay
que responder. (Aplausos). Hay que hablar de las enfermedades profesionales, hay que hablar de las condiciones de trabajo, hay que hablar de la precariedad salvaje que se está viviendo en este servicio público, que es un servicio público esencial,
que afecta a las emergencias, y ahí tenemos que poner entre todos y tenemos que empujar entre todos. No nos podemos seguir permitiendo el lujo de tener a la gente en las condiciones en las que se la tiene, mandándolos para casa durante dos, tres,
cuatro meses en función de cómo vaya la campaña, cuando lo que necesitamos en este momento son contingentes de emergencia anuales y de prestación pública directa. Si algo está demostrando lo que ha ocurrido hasta ahora es precisamente que los
recortes, las privatizaciones y las externalizaciones de los servicios públicos ponen en peligro el medio ambiente y la vida de las personas en este país. (Aplausos).Y el tener que revertir eso es responsabilidad de todos.
Nosotros y nosotras aquí tenemos que cumplir con nuestra parte alícuota, y ahí están esos dos elementos que son claves: el estatuto de bomberos forestales y la ley de coordinación, porque, claro, no hay emergencia y además la culpa de todo
esto, ya saben, la tienen los ecologista. Y luego tenemos parlamentos autonómicos queriendo legalizar pozos ilegales en un momento de crisis hídrica brutal. ¿De qué estamos hablando? ¿Vamos a seguir diciendo que la gente no mire para arriba, que
no hay proceso de desertización, que esto es todo un camelo, cuando las temperaturas suben y los fenómenos meteorológicos adversos que vamos a vivir, que además son extremos, habrá que enfrentarlos de alguna forma? ¿Qué respuesta vamos a dar al
conjunto de la ciudadanía para poder afrontar estos procesos? Hay una, que es fundamental: reforzar los servicios públicos, y en esto está bien que hayamos subido las tasas de reposición, está bien que empecemos a revertir los recortes que impulsó
el señor Montoro. Pero ahí está la Ley Montoro, siendo un dogal para impedir que los servicios públicos se desarrollen de forma adecuada en nuestro país. Necesitamos entender que en la vertebración del territorio los servicios públicos son un
elemento esencial, en el que nosotros y nosotras tenemos que aportar todo lo que sea posible.
Y cuando hablamos de fenómenos climatológicos extremos, eso significa que cuando hablemos de la gestión de emergencias... Claro, los incendios vienen en el verano, pero ¿qué va a pasar ahora con las danas y con los otros fenómenos
climatológicos extremos que hemos visto? Necesitamos adecuar los sistemas de emergencia y coordinar todas las emergencias. Necesitamos la ley de coordinación de servicios de extinción, prevención de incendios y salvamento para garantizar los
derechos del conjunto de la ciudadanía, para garantizar la vida y la integridad de las personas como un elemento central, y eso tiene que ser un compromiso de todos y todas. No puede ser que haya bomberos a tiempo parcial cobrando
diez pavos la hora y sin tener cobertura a la Seguridad Social; no es justo y no es decente. (Aplausos). Sinceramente, creo que el compromiso que tenemos que sacar de aquí en concreto, obviamente, es aprobar este real decreto, pero el
compromiso también es lo que hemos visto y que lo que funciona es la coordinación, que lo que funciona es el apoyo mutuo entre todas las administraciones. Eso es lo que funciona y en eso es en lo que nos tenemos que poner las pilas todos y todas,
en la defensa de los servicios públicos, en la defensa de la gente que se juega el tipo por nosotros y nosotras. Hay que corresponderles, y se corresponde mejorando sus condiciones de trabajo, garantizando su coordinación y haciendo que las
administraciones públicas sean una herramienta útil, y no un obstáculo para que hagan su labor.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Chamorro Delmo.
El señor CHAMORRO DELMO: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, el reconocimiento de este grupo parlamentario a las personas que trabajan en los servicios de prevención, vigilancia y protección; nuestro pesar a todos esos españoles del mundo rural que lo han perdido todo en estos
devastadores incendios y nuestro pésame a los fallecidos. (Aplausos).
Son cerca de 300 000 hectáreas calcinadas, entre las que se encuentran varias zonas protegidas de gran importancia ecológica. Los que venían a luchar por la biodiversidad y la sostenibilidad con sus agendas 2030 y su demagogia ecologista
están devastando, por dejación y demagogia, nuestros pueblos y nuestros campos por falta de prevención. (Aplausos). En solo siete años, desde que en 2015 el Partido Popular nos metió en la agenda 2030, los incendios se multiplican, la
biodiversidad disminuye, la despoblación rural se acelera y la rentabilidad del sector primario se desploma. El invierno demográfico asola nuestras zonas rurales y el fuego arrasa cientos de miles de hectáreas. Ustedes son el cambio climático
desde que gobiernan con su agenda 2030 y su legislación ambiental destructiva.
Si toda esta situación climática apocalíptica que ha planteado la señora ministra era tan previsible, ¿por qué ustedes no han hecho absolutamente nada? Usted nos plantea prácticamente el fin del mundo y que no hay nada que hacer. Ese es el
panorama que nos plantean, es como la canción de Siniestro Total, que nos plantea la extinción de la raza humana. La realidad es que los incendios se apagan en invierno; lo sabe todo el mundo con cierto interés por evitar incendios. La
legislación ambiental que han desarrollado desde hace años ustedes y los anteriores es la que impide ejercer labores de prevención por un exceso de proteccionismo y burocracia, la cual impide muchas veces no solo agilizar estas labores, sino
ejecutarlas. (Rumores). Parece que no les interesa mucho mi intervención.
Los planes de gestión de los espacios naturales protegidos con el nuevo paradigma ecologista llevados a cabo por este Gobierno y el Partido Popular, siguiendo esas agendas globalistas medioambientalistas de Bruselas, son un infierno para la
prevención y la gestión de los montes públicos y privados. Tenemos como ejemplos la legislación ecorradical en parques nacionales, parques naturales, reservas, Red Natura 2000. Las administraciones competentes han reducido -y este es un hecho
constatable- de forma drástica y exponencialmente las inversiones en reforestaciones y gestión forestal. Hay fincas públicas que han ardido, por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real, cuyos cortafuegos no se habían limpiado por problemas
burocráticos en la contratación de las empresas de gestión. Por ejemplo, el objetivo de desarrollo sostenible número 15 de la Agenda 2030, vida de ecosistemas terrestres, cuestiona prácticas tradicionales asociadas con sectores esenciales y de
extraordinario arraigo económico, como las dehesas, la caza o la gestión forestal, que se han probado como métodos eficaces para el medio rural y la prevención de incendios. El principio de no intervención humana en el medio natural, ya sea en la
gestión, conservación o aprovechamiento, se ha convertido en un principio cuasi religioso de los políticos progres que está siendo devastador en los ecosistemas antrópicos europeos. La Administración está prohibiendo la intervención en el medio
natural de las personas que viven en el mundo rural, obligándoles a abandonar el campo, un campo que ha sido gestionado y transformado por el hombre desde hace miles de años.
Este real decreto ley incide mucho más en la extinción de incendios forestales que en la prevención, a la que dan un papel secundario. La prevención es fundamental. Las solicitudes, declaraciones y manifestaciones de toda la comunidad
técnica de nuestro país involucrada en la extinción y prevención de los incendios forestales señalan desde hace décadas como causas principales de los grandes incendios
forestales la gran cantidad de combustible forestal acumulado en nuestros montes y unas políticas medioambientales impuestas que en nada favorecen a la gestión forestal. (Aplausos).
De las catorce páginas que comprende este real decreto ley, solo tres y media son las que hacen alusión al articulado referente a la adopción de medidas urgentes en materia de incendios forestales. El articulado está lleno de reiteraciones
y cuestiones que ya se llevan a cabo actualmente y que no aportan novedad alguna y, por lo tanto, son un auténtico brindis al sol.
Respecto al apartado 3 del artículo 1, nos parece adecuada la modificación que hace referencia a la intercesión del Estado, hecho que pone en evidencia importantes carencias de coordinación entre algunos planes de extinción autonómicos, más
bien por rivalidades políticas que por factores estrictamente técnicos, como debiera ser. Recordemos que la Ley de Montes que se modifica fue desarrollada por el Partido Popular en 2003, comprobándose desde hace décadas la descoordinación por la
cesión de todas las competencias en incendios a comunidades autónomas al margen del Estado español. Otro fracaso de ese fundamentalismo autonómico del que todos hacen gala. (Aplausos). El artículo, si bien lo vemos muy necesario y ampliamente
reclamado por los diferentes dispositivos de extinción regionales, lo calificamos de poco ambicioso e instamos al Gobierno a desarrollarlo en un reglamento a nivel nacional que definitivamente homogeneice a nivel nacional lo que llevan décadas
reclamando los servicios de emergencia de incendios forestales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
En definitiva, el real decreto ley en nada viene a solventar problemas, sino más bien a complicarlos por su indefinición, redundancia y sobrecarga administrativa sobre legislación ya existente. También es una oportunidad perdida para
abordar temas realmente importantes como una regulación específica, en lo que se refiere al grave problema de la prevención de incendios forestales en la interfaz urbanoforestal. En VOX tenemos claro que para que nuestros montes, nuestro mundo
rural y nuestra biodiversidad sigan existiendo es necesario que ustedes salgan del Gobierno urgentemente y que VOX desarrolle su agenda, que es España.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Chamorro.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Sánchez Pérez.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero que mis primeras palabras en representación del Grupo Parlamentario Popular sean de pésame y cariño a las familias de los fallecidos en los incendios de este verano y de reconocimiento al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado durante todos estos meses que han estado protegiendo la seguridad de los españoles y trabajando sin descanso para restablecer la normalidad en aquellos territorios afectados por los incendios. (Aplausos).
Señorías, nos encontramos ante el peor año en materia de incendios del siglo XXI. España es líder en Europa en hectáreas quemadas; lamentablemente, lideramos en Europa la destrucción de nuestros paisajes, de nuestros bosques y nuestros
ecosistemas. Su intervención, señora vicepresidenta, hoy aquí es la expresión de un fracaso, el suyo, en la lucha contra incendios. Hoy venimos a este Pleno a convalidar un real decreto de lucha contra incendios que no va a dar respuesta a los
problemas que tiene nuestro país. Un real decreto que no se ha negociado ni se ha consensuado con las comunidades autónomas. Señora vicepresidenta, escuchándola me ha parecido que más que una ministra era usted una conferenciante, y aquí no se
viene a dar conferencias ni a comentar la jugada ni la actualidad. Aquí se viene a dar respuesta a los problemas que tienen los españoles, señora vicepresidenta. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!). Sorprende que venga usted hoy a decir
aquí que hay que tomar medidas. A nosotros nos gustaría saber, entonces, qué medidas ha tomado usted durante estos casi cuatro años en los que tiene la responsabilidad al frente del ministerio. Usted llega tarde y llega mal. Y llega tarde porque
las orientaciones estratégicas de lucha contra incendios en nuestro país llevan más de tres años en un cajón, desde el 2019.
Siguiendo lo que usted decía, creo que usted esto no se lo ha tomado muy en serio. Este real decreto, insisto, es insuficiente, es precario y no da respuesta al verdadero problema que tienen los incendios en nuestro país, que es la
prevención. Al ausente señor Baldoví me gustaría referirme: lecciones al PP en lucha contra incendios, ni una. (Una señora diputada: ¡Muy bien!). La Diputación de Alicante ya se ha reunido con alcaldes y ha anunciado un paquete de medidas para
los ayuntamientos afectados por el incendio de Vall d'Ebo, y yo le recomiendo que hable con el señor Puig y con la señora Mollà para que
paguen los más de 20 millones de euros que el Consell le adeuda a los consorcios de bomberos, porque eso es lo que tiene que hacer y no encargarle a usted venir aquí a criticar al Partido Popular. (Aplausos).
Señora vicepresidenta, su ministerio no funciona; es la tónica de estos últimos tres años. En materia de agua ha roto todo el consenso; en materia de costas, dogmatismo y ataque a la economía de nuestro litoral; en reto demográfico y
lucha contra la despoblación no sabría ni qué decirle, señora vicepresidenta, no puedo ni criticar sus políticas porque son inexistentes. Si hablamos de energía, mucho se ha dicho ya hoy aquí y solo hay que ver las facturas que nuestra portavoz ha
mostrado, estamos pagando la electricidad más cara de nuestra historia. Por último, parece que el propósito del Gobierno es quitarles a los españoles la posibilidad de conocer cuántos recursos naturales tenemos en nuestro país, como puede ser el
litio para las baterías de nuestros coches. Parece que a usted le importa más que el litio venga de países donde los derechos humanos son una incógnita en vez de venir, por ejemplo, de Extremadura.
Señora vicepresidenta, este real decreto está sin consensuar. No se ha hablado con la oposición, no se ha hablado con las comunidades autónomas, ni se anunció tampoco en el consejo sectorial con las comunidades autónomas, tampoco con los
colegios oficiales ni con los ayuntamientos, y ahí está la denuncia del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes que alerta de que eliminar los planes de incendios en zonas de alto riesgo es de una extrema gravedad. Este real decreto pone de
manifiesto, señora vicepresidenta, dos cosas: la primera, que ustedes no han entendido nada, que no se trata solo de extinguir, que hay que prevenir, y la segunda, que ustedes solo se acuerdan de los incendios cuando ven humo en el monte.
Hay un tema que me gustaría destacar, señora vicepresidenta. ¿Nos puede explicar qué tienen que ver los incendios con las ayudas a los marisqueros en La Coruña? Podría dar esa explicación, porque llevan más de tres años esperando que su
Gobierno mueva ficha. Su incompetencia y su dejación de responsabilidades les han tenido durante muchos meses sin ayudas, señora vicepresidenta. Tiene que dar muchas explicaciones y asumir responsabilidades. Por ejemplo, ¿por qué vacía una
partida presupuestaria de fondos europeos que se podía destinar perfectamente a la prevención de incendios forestales en nuestro país?
Señora vicepresidenta, en materia de incendios no diré yo que toda la culpa sea suya, pero que la España rural esté abandonada es culpa de usted; que no haya políticas contra la despoblación, que se ataque desde su ministerio a los
agricultores y regantes y que se estén abandonando los cultivos, aumentando el riesgo de incendios, es culpa de usted; que cada año haya menos medios para combatir el fuego es culpa de usted, y ahí está el caso Monfragüe y pediremos
responsabilidades. Que no hayan destinado los fondos europeos necesarios para luchar contra los incendios en nuestro país es culpa de usted; que sigamos sin planes especiales de sequía, porque no se han actualizado los planes de cuenca, es culpa
de usted; que España no tenga una estrategia de lucha contra incendios es culpa de usted, y que hoy estemos aquí debatiendo un real decreto en el que delega todo a las comunidades autónomas sin hablar de financiación es culpa de usted. Por último,
señora vicepresidenta, que vayamos camino, si no lo evitamos, de convertirnos en el primer desierto de Europa con sus políticas es culpa de usted. (Aplausos).
Hay mucho por hacer y lo primero que tenemos que hacer es un enfoque inteligente sobre la base de una sencilla reflexión: ¿cuánto cuesta extinguir un incendio y recuperar los territorios afectados por un incendio y cuánto costaría evitar
ese incendio? Tenemos que trabajar en la prevención; tenemos que trabajar en apoyar a la ganadería extensiva, a los agricultores, a la silvicultura. Tenemos que apoyar también al estímulo de la biomasa como una fuente limpia y renovable que está
en nuestros montes y que podemos utilizar.
Señora vicepresidenta, la idea de que el ecologismo ilógico es acertado ha fracasado. No tocar los bosques no es la solución, no aprovechar los recursos naturales no es la solución, y no poder participar los seres humanos del medio ambiente
y la naturaleza no es la solución. Su intervención aquí hoy pone de manifiesto...
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene que terminar.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ: ... que tres años después usted ha fracasado en la lucha contra los incendios en nuestro país. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aceves Galindo.
El señor ACEVES GALINDO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, señoras vicepresidentas, en este caso, y ministra de la Transición Ecológica y Reto Demográfico, debatimos la convalidación del Real Decreto-ley 15/2022 referido a dos asuntos que son importantes. El primero, la temática es
referida a cambios en la Ley de Montes para ser más eficaces en la problemática de los incendios forestales, y señorías, con ello, proteger, en primer lugar, al conjunto de la ciudadanía, y también, a los profesionales que se dejan la piel día a día
para salvarnos de esta catástrofe, pero también para proteger nuestros montes, porque no olvidemos nunca el valiosísimo servicio ambiental que presta a nuestra superficie forestal, casi el 30 % del territorio, y que benefician al conjunto de la
sociedad.
Señorías, es necesario tomar medidas de prevención en materia de incendios forestales por los efectos del cambio climático. Y el Gobierno de España ha sido valiente y ha tomado medidas en nuestro marco constitucional, señorías. Voy a
repetirlo dos veces en esta intervención -porque algunos están todavía en primero de constitucionalismo-: las competencias son de las comunidades autónomas, señorías. (Aplausos). Pero ¿cómo se puede subir aquí y no reconocer que en el marco
competencial de nuestro Estado esto es competencia de las comunidades autónomas, que el Gobierno de España solo tiene unas poquitas competencias? Quizás ya no se pueda llegar a más que con este real decreto, señorías; se ha ido hasta donde se
puede llegar. Por cierto, con respecto al marco competencial de nuestro país -luego me referiré con más detalle a ello-, si no hubiéramos visto este verano, señorías, la necesaria colaboración entre administraciones y la colaboración entre la
ciudadanía para poder poner freno a la gran ola de incendios forestales, seguramente hubiéramos estado en otra situación distinta.
Los vaticinios de los informes de expertos y de científicos que nos decían que los efectos del cambio climático, por el aumento de la temperatura, traerían incendios forestales de alarmantes consecuencias, aquí los tenemos. Así que,
señorías de VOX, en este caso, negacionismo es igual que activismo de la ignorancia, porque eso es lo que ustedes, con sus afirmaciones en este hemiciclo y fuera, están haciendo, activismo de la ignorancia. (Aplausos).
El segundo parámetro de este real decreto también es importante, señorías, y viendo al Partido Popular, señor Sánchez, le digo: le han mandado decir estas cuestiones y seguramente no se ha informado. ¡Pero si fue el señor Feijóo quien
pactó con la señora Tejerina el 50 % de ayudas a los mariscadores, que luego no hicieron nada en el dragado y ha estado parado durante mucho tiempo debido a estas políticas! (Aplausos). ¿Por qué vienen ahora a sacar lecciones, si es el Gobierno el
que lo ha puesto en marcha? Al menos, infórmense.
Señorías, quiero indicar algo importante en este tema también para nosotros: coherencia y responsabilidad. El Gobierno aprobó en la sectorial del 28 de julio, por coherencia y responsabilidad, exactamente la estrategia marcada por el CLIF,
que es el organismo científico, el organismo de expertos que en nuestro país desarrolla, desde hace muchos años, las políticas de colaboración entre administraciones con los incendios forestales. Y aprobó con consenso en esta sectorial, estas
orientaciones estratégicas que es de donde viene este real decreto ley, señorías. Además, este grupo parlamentario -y lo digo claramente a todos los grupos que han puesto algún tipo de manifestación de duda-, por supuesto, tiene un respeto máximo
al marco competencial.
Respeto también a lo que el señor Eritja ha comentado sobre que hay que mejorar. Por supuesto, hay compromiso de hacerlo. No hay ningún problema porque estamos en esa línea, en colaboración con la Agencia catalana y la vasca de
Meteorología y con todas las que pudiera haber, porque no hay más remedio que la colaboración y la coherencia. Así que, señorías, en este aspecto -también lo ha dicho algún otro grupo parlamentario-, el Gobierno de España no tiene ningún interés
nada más que el de la colaboración, no de invadir competencias y, desde luego, estamos dispuestos a aclararlo las veces que sea necesario y donde sea necesario.
También quiero, señorías, en este caso, decirle al Partido Popular algo que me ha llamado la atención. El señor Sánchez ha utilizado al menos en dos ocasiones, creo, la palabra coherencia y se ha referido a la necesidad de colaboración. Y
yo les digo: ¿saben ustedes que esta mañana en las Cortes de Castilla y León se ha votado en contra, por parte del Partido Popular y de VOX, de la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco, en Pleno, para dar
respuesta, al igual que ha hecho el señor Puig en Valencia, ante la mayor ola de incendios que recordamos en el territorio? Soy diputado segoviano y, por lo tanto, de Castilla y León. Se ha quemado el 60 % entre Galicia y Castilla y León en
nuestro país, ¿y ni siquiera reconocen esa colaboración entre administraciones? No dan la cara en Castilla y León, pero vienen aquí a decir que dónde está el Gobierno que no da la cara. Ustedes tienen esta incoherencia. Además, fíjense lo que
dicen sus compañeros en Castilla y León (muestra un recorte de
prensa), que no es necesario el operativo todo el año. Pero ¿cómo se puede venir a hablar de incendios forestales de forma tan incoherente? Señorías, esto es inaudito. (Aplausos).
Las comunidades autónomas desde hace mucho tiempo se dieron cuenta de que tenían que aportar medios, financiación, mejoras en el operativo. Y lo han hecho, salvo la mía, salvo Castilla y León, que desde el año 1999 no ha movido una coma y,
además, con una negligencia evidente, porque los incendios de la Sierra de la Culebra tuvieron el cuajo de declararlo peligro medio con 40 º de temperatura, con 50 kilómetros de velocidad del viento y con una humedad relativa por debajo del 20 %.
Eso es tener cuajo, por no llamarlo de otra manera, señorías.
Así que, con las situaciones de emergencia creo que todos deberíamos tener altura de miras, mirar la eficacia de nuestro territorio. Reitero, son competencias autonómicas. Señorías, no me cansaré de decirlo porque a algunos se les olvida
de forma, por supuesto, interesada. Después de tener 50 grandes incendios en nuestro país este verano, con 229 000 hectáreas afectadas, si el Gobierno no hubiese hecho nada, hubiesen venido aquí a quejarse. El Gobierno actúa dentro de su marco
competencial para coordinar y para colaborar. ¿Están ustedes en contra de que el Gobierno en una ley como esta, la Ley de Montes, tenga clara la financiación del 50 % para los incendios en los territorios? ¿Tienen algún problema en que todos los
medios de extinción del país trabajen los 365 días del año? Eso es hacer política: mirar los problemas proponiendo soluciones. Ahora la pelota está en el tejado de ustedes.
La señora PRESIDENTA: Señor Aceves, tiene usted que terminar, por favor.
El señor ACEVES GALINDO: Termino, señora presidenta, disculpe.
Para terminar, señorías de VOX, simplemente he de decirles que para tener el primer Gobierno que tienen en Castilla y León y defender el medio rural, se les está quemando por los cuatro costados. Así que con las ocurrencias de sus
consejeros, que es hacer conciertos y firmar maillots, no van a apagar ningún incendio. Al contrario, seguramente se está riendo toda la ciudadanía de ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aceves.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL. (Número de expediente 121/000062).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la enmienda aprobada por el Senado al proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.
Ministra, publica esta semana Clara Serra un artículo en la prestigiosa revista Jacobin en el que empieza diciendo: 'Muchas más mujeres, desde nuestras abuelas hasta las adolescentes de la generación del trap, saben que el feminismo tiene
que ver con ellas'. Y esta es la mejor noticia para empezar el curso, el feminismo, los feminismos, movimiento popular y revolucionario, son masivos, y esto explica que hoy haya ministras feministas y que haya leyes feministas. Pero hoy esta ley
ha perdido la oportunidad de mejorar aquellos aspectos que ya señalábamos en el debate anterior y que no han llegado mejorados, digamos. Hay una sola enmienda en el preámbulo de la ley, pero no en el articulado. El primer problema que nosotros
tenemos con la ley es que lo deja todo en manos del Código Penal, y esto tiene dos problemas. El primero... (Rumores). Señorías, es un poco incómodo que hablen todo el rato.
La señora PRESIDENTA: Sí, señora Vehí.
Les pido silencio, por favor.
La señora VEHÍ CANTENYS: No sé si en todos los temas hay el mismo bullicio, parece que cuando se habla de feminismo y de violencia sexual importa menos.
Decía que el primer problema que nosotros tenemos con la ley es que lo deja todo en manos del Código Penal. En primer lugar, formula el consentimiento, tal como lo haría el Código Penal, es decir, como un binomio -sí o no-, como si fuera un
interruptor, pero es obvio que el consentimiento es mucho
más complejo y las relaciones sexuales así lo son. Y la segunda cuestión relativa a esto es que, como delega la mayoría de las intervenciones de la ley en el Código Penal, mantiene dos ficciones: la primera es que faltan leyes más duras,
pero nosotras pensamos que no, el Código Penal español es duro; y la segunda es que solo con más castigo se acabará con la violencia, y nosotros pensamos que no es cierto porque hay más de cincuenta y nueve mujeres asesinadas.
Además este verano ha pasado un fenómeno que nos parece de mucho interés y que explica esto que queremos manifestar, que es el tema de los pinchazos. Todo el mundo sabe de lo que hablo, este verano se han popularizado en las fiestas que a
las mujeres se las pincha para ejercer sumisión química, y al final del verano resulta que la mayoría de pinchazos no tenían droga, que eran para aterrorizar a las mujeres. ¿El hecho de que la ley incorpore la sumisión química es positivo?
Obviamente, es de hecho un paso necesario porque era algo que no estaba incorporado en materia de violencia. ¿Que solo el Código Penal aborde este tema resuelve el problema? Es obvio que no. De hecho, es una reacción, es un gesto, es un mensaje
de decir: si vosotras hacéis leyes, nosotros responderemos. Esta respuesta autoritaria y masculina explica precisamente que el Código Penal solo no sirve. De hecho, es una respuesta a la que Rita Laura Segato llamaría el señorío, que sepáis que
tenéis dueño, que sepáis que sois nuestras; es decir, una reacción violenta de la masculinidad a los avances del movimiento feminista.
¿Cómo se para esto? Pues entendiendo el patriarcado como un sistema total, que tiene que ver con la desigualdad económica, social y política entre hombres y mujeres y que requiere más actuaciones, aparte del Código Penal. Es necesario,
obviamente, que las leyes penalicen el patriarcado pero el Código Penal solo no puede hacerlo, porque que te castiguen como hombre, en un mundo en el que todo te empuja a ser hombre y a demostrar tu poder, tiene las patas muy cortas. Si los
chavales en verano quieren atemorizar a las chicas, es porque están marcando poder, y es obvio que urge tratar la masculinidad desde una perspectiva feminista. En esta ley no hay una sola medida para los hombres, hemos pasado del eduquen a sus
hijos a protejan a sus niñas. Esta nos parece que no es una perspectiva feminista transformadora. De hecho, pone en las mujeres la responsabilidad de volver a denunciar. Podemos denunciar por todo, incluso los piropos, pero, claro, en un sistema
judicial exclusivamente patriarcal los jueces españoles no se caracterizarían por ser el estandarte del feminismo. De hecho, hay más casos sonados de señoras en la cárcel por huir con sus hijos para que sus maltratadores no les maten. Pero esta
ley solo nos pone más responsabilidad porque ahora podemos denunciar por todo, pero a ellos no se les pone el foco. Y si no tratamos la masculinidad, se la regalamos a la extrema derecha, se la regalamos a esta gente con conceptos como la ideología
de género, que reclutan hombres enfadados con el feminismo que acaban pinchando a las niñas para que tengan miedo cuando salen, para que sepan que ellas son propiedad de alguien. (Risas.-Rumores). ¿Les molesta? Si ustedes militan en contra del
feminismo, justifican la violencia; sus discursos no son vacíos.
Continúo con el segundo problema que desde nuestra perspectiva tiene esta ley: la publicidad ilícita de la prostitución. Este tema, obviamente, versa sobre cuál es la concepción del trabajo sexual desde una perspectiva feminista. Nosotras
no pretendemos abrir un debate sobre el sexo de los ángeles, esto es hablar de prostitución en abstracto y es un debate irresoluble. Nosotras pretendemos hablar de materialidad. Hay mujeres que ejercen la prostitución y, por lo tanto, el feminismo
debe luchar por sus derechos, porque si estas señoras no tienen derechos, la violencia que pueden sufrir es mucho más alta. Si se persigue la publicidad en las trabajadoras sexuales, se las obliga a captar clientes de formas alternativas, hecho que
aumenta su vulnerabilidad, y que sean más vulnerables no acaba con la prostitución, acaba con sus derechos. Si se habla de abolir la prostitución, porque se piensa que es violencia patriarcal -es un argumento legítimo-, pero no se señala ni se
aborda la ley de extranjería, o bien se está mintiendo o bien no se entiende la violencia en toda su complejidad, porque la mayoría de trabajadoras sexuales no tienen papeles, son migrantes y, por lo tanto, las estamos condenando a dobles y triples
violencias institucionales. Es aquello que escribía Hill Collins sobre las otras inapropiables, les decía ella. O se legisla para proteger a los más débiles, o lo que se está haciendo es excluirlas del marco de derecho. Estas son nuestras dos
grandes cuestiones con esta ley, ya nos referimos a ellas en el debate anterior y las volvemos a repetir porque la ley aprobada ha pasado por el Senado y ha vuelto de la misma forma.
Acabamos con un alegato. Para nosotras los feminismos deben ser el movimiento de las mujeres y de todas aquellas personas disidentes de género, disidentes sexuales e incluso hombres cis que quieran un futuro en libertad. La capacidad
política de que el feminismo no sea una agrupación de víctimas depende de nuestra capacidad de ser cada vez más, de armar un dispositivo político invencible, masivo y diverso, firmemente comprometido con el patriarcado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vehí.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, comienzo mi intervención haciendo referencia a la necesidad de mantener el mayor rigor jurídico en los procesos legislativos, porque realmente la ley que hoy traemos aquí nuevamente con la enmienda del Senado lo que merecería es
estar en vigor, lo que merecería es haber tenido rapidez jurídica para evitar situaciones, como la de que únicamente por un cambio de una palabra -de 'forzosas' a 'forzosos'- hoy no esté en vigor. Ese es el problema, que no está en vigor porque los
trámites parlamentarios no han sido adecuados. Por lo tanto, lo primero que quiero es apelar al propio rigor profesional y a la mayor flexibilidad posible, porque lo que queremos todos y todas es que esta ley entre en vigor y se proteja las
necesidades de aquellas personas que son víctimas de violencias y agresiones sexuales.
Al final -y esto es importante- tenemos 400 000 agresiones de carácter sexual, 100 000 de ellas son contra menores de edad y en el 85 % de los casos las víctimas son mujeres. Estos son los datos que tenemos en la actualidad, estos son los
datos que debemos abordar en esta Cámara. Debemos hacerlo sin populismos, sin etiquetas políticas, sin necesidad de apropiaciones de cuál es la defensa de la igualdad, porque la defensa de la igualdad debería ser una defensa de toda la Cámara,
incluso en aquellos asuntos como este, que a todos nos deberían preocupar, como son las agresiones y las agresiones grupales que lamentablemente se siguen produciendo en nuestro país.
Esta norma ha mejorado el ámbito del consentimiento, ha incorporado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha incorporado las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado en esta misma materia. Por eso, en
Ciudadanos desde el principio hemos dicho que estamos de acuerdo con la regulación que se hace del propio consentimiento. Ya en su momento igualmente explicamos que lo que hace esta reforma es incorporar el trabajo que hizo el señor Catalá, el
ministro de Justicia del Partido Popular, que pidió a la comisión de codificación, formada por expertos juristas, que lo que queríamos era que no se volviesen a producir en nuestro país casos como el de La Manada. Para quienes se oponen a esto,
¿alguien estará conforme con que cuando a una mujer la agreden varias personas, varios hombres, puedan ser condenados con menor sanción que cuando se trata de un caso individual? ¿Es justo que una violación grupal en nuestro país tenga la
posibilidad jurídica de una menor penalidad que cuando es individual? Es una anomalía jurídica que tenemos la obligación de resolver, y además tenemos la obligación de resolverla porque tenemos que apoyar a nuestra judicatura para que pueda
desarrollar adecuadamente su trabajo. Debemos modificar la ley para que haya herramientas suficientes para que nuestros jueces puedan dar una respuesta proporcionada y justa, y por eso estamos aquí y por eso Ciudadanos apoya esta propuesta, una
propuesta que, además, incorpora las recomendaciones que hace el Convenio de Estambul de no distinguir entre abuso y agresión sexual.
Creo que es importante que en un tema tan serio, en el que estamos viendo lamentablemente que todavía se mantienen las violaciones grupales, trabajemos con seriedad. Por eso, pido que sea apoyada la propuesta, que sea apoyada al máximo
posible, que no se tergiversen los mensajes. Cuando hablamos de temas de igualdad, cuando hablamos de temas que afectan a las mujeres, que afectan a grupos vulnerables, en muchas ocasiones se tergiversan mensajes y llegan a nuestra sociedad de una
manera poco rigurosa. Apelo a la rigurosidad de cada uno de nosotros cuando lanzamos determinados mensajes.
También hay mejoras, y me refiero ahora a la sumisión química. Como yo en verano -y esto pasa mucho porque los jóvenes salen más a las discotecas, salen más de fiestas-, ¿cuántos de ustedes -y lanzo el mensaje para aquellos que se oponen a
este tipo de legislación- no han sentido incertidumbre y miedo a que cuando principalmente sus hijas, sobrinas, hermanas, van a una discoteca, salen de marcha, les metan en la bebida burundanga? ¿No lo han sentido? Porque yo soy madre y tengo una
hija adolescente y yo lo siento cuando dice que va a salir. Por lo tanto, la modificación que hace el artículo 179 de esta ley, que aumenta la penalidad, me parece totalmente acertada.
Igualmente, ¿no consideran que se debe penalizar más cuando se aprovecha que una persona es vulnerable, en este caso, que una persona tiene una discapacidad, para que sea víctima de una agresión sexual? ¿No es coherente que se tenga en
cuenta una mayor penalidad en este caso? ¿No se preocupan por las agresiones y el acoso que muchas mujeres están recibiendo en Internet? Es que aquellos que no se preocupan, aquellos que tergiversan mensajes en esta línea, creo que tienen una
venda en los ojos que se tienen que quitar, pero pensando en el interés de nuestra sociedad, en el interés en el trabajo de hacia dónde queremos avanzar con nuestros jóvenes, con la defensa real de la igualdad.
Nosotros hemos contribuido a que esta norma tenga algunas mejoras técnicas con las enmiendas que propusimos aquí en el Congreso, que se incluya la necesidad de que se eviten conductas en instituciones residenciales y centros penitenciarios,
que se incluyese la petición del control de localización a través de medios telemáticos, que hubiese mejoras en lo referente a la reparación del daño, que hubiese también una importante mejora como era sacar la tercería locativa de esta legislación,
que lo único que hacía era interrumpir y generar situaciones de vulnerabilidad a las mujeres que ejercen de una manera libre la prostitución. Lo que lamento es que no se haya incluido la esterilización forzosa como una de las formas de violencia
dentro de la enumeración que se establecía, porque no se establece como forma de violencia la esterilización forzosa, tal como reclama el CERMI, tal como reclaman determinadas organizaciones internacionales en el ámbito de la igualdad.
Celebro que acabemos el trámite, que podamos avanzar en la lucha contra las violencias sexuales, porque creo que al final estamos en este reto para mejorar la defensa de la igualdad real en nuestro país.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta.
Buenas tardes. La dinámica parlamentaria hace que hoy volvamos a debatir, por razón de una enmienda técnica ya incorporada y que votaremos a favor, una ley que es crucial para la vida, para la libertad de las mujeres. Comentaba estos días
con otras portavoces que ya tendría que estar ejecutándose y que lo de hoy estaba más que debatido -debatido aquí y conquistado en la calle por el movimiento feminista y por todas las personas que levantaron la voz para decir que solo sí es sí-,
pero leyendo esta mañana un artículo de la periodista Isabel Valdés he pensado en todo el camino que hemos tenido para llegar hoy a esta ley, y la verdad es que no quiero que la maquinaria parlamentaria, a veces tan incomprensible y a veces están
tediosa, nos quite la alegría de consolidar hoy este avance; un avance que lleva mucha pelea detrás y también -creo que se ha escuchado en intervenciones anteriores- mucho daño detrás, que rompió con el silencio porque hubo mujeres valientes que
alzaron la voz y pusieron el cuerpo. Me emociona leer a la superviviente de la agresión de Sanfermines del 7 de julio de 2016 diciendo: esta no es mi ley, es la ley de todas las mujeres; 'pa'lante'. (Aplausos). Porque sí, yo creo que es un poco
su ley, porque cuando abrimos una lucha de la justicia y de los derechos el camino lo hacemos para todas. Es suya y es de cada mujer que acabó con el muro de silencio que ha existido sobre las violencias sexuales. Cuéntalo, propuso la escritora
Cristina Fallarás, y lo contaron. Lo contamos. El Ministerio de Igualdad de este Gobierno de coalición, que se acordó sobre la base de unas medidas que pasaban a ser de obligado cumplimiento, entre las que destacaba el compromiso de tener esta
norma que hoy definitivamente se aprueba, escuchó; escuchó haciendo una macroencuesta para que entendiésemos en números, que es entender en vidas, la magnitud de estas violencias. Tan solo un 8 % de las mujeres que han sufrido violencia sexual han
denunciado, un 25,9 % no lo denunciaron por vergüenza, un 20,8 % por temor a no ser creídas. No tendremos democracia plena mientras no se combatan estas violencias.
Esta ley es de cada mujer que dijo: no es abuso, es violación; es de cada joven que salió a decir: hermana, yo sí te creo, y esta ley es también de aquella mujer mayor junto a la que coreamos muchas aquel 8 de marzo de 2018: sola,
borracha, quiero llegar a casa. Es la ley de cada una de las mujeres que ha reclamado derechos rompiendo una inercia que los ha negado desde el silencio, un 'eso no lo digas', que significa 'eso no lo hagas', porque el silencio aumenta la culpa, y
eso lo único que hace es alimentar las violencias. Esta es la ley de todas, es para todas, para todas las mujeres, y como es un avance de derechos, es también para todas las personas, para que vivamos en una sociedad mejor, para que nuestras normas
estén a la altura de nuestro pueblo.
Esta ley es también para sus detractoras, no les va a quitar nada a esas mujeres que dicen, con un profundo maximalismo, que no somos víctimas, dejando que existan víctimas, impidiendo su reparación y que dejen de serlo, porque cuando niegan
que esto existe niegan reconocer que hay supervivientes, que lo son por fuerza y porque hay redes de apoyo. Esta ley no le quita nada a ninguna de esas personas detractoras y les da mucho, porque esta ley convierte en garantía que exista un
acompañamiento para todas y sin excepción. Esta ley persigue que la mentalidad cambie en la educación, en la sanidad, en los medios de comunicación, en la cultura. Por eso estamos hablando de que esta es una ley integral que no se reduce
únicamente al Código Penal, y quien lo trabajó lo sabe. Las leyes van por detrás de la ciudadanía,
sí, pero poner negro sobre blanco lo peleado en las luchas cambia nuestra construcción cultural y social, deja por escrito que este avance es ya una realidad.
Tras años de trabajo de expertas en este Parlamento, en el Ministerio de Igualdad, en el Gobierno de coalición, hoy, como diputada, solo quiero dar las gracias, porque por complicado que se pusiera, el feminismo ha sido la brújula en esta
reclamación de justicia social. Gracias a todas las feministas que desde su ámbito de trabajo, de actuación, han defendido el derecho a la garantía de una libertad sexual, porque ha habido ataques verbales, en la prensa, en las redes y también no
verbales, también ha habido ataques físicos. Esto es así y esto también hay que decirlo, porque la respuesta de las feministas ha sido no cejar en el empeño porque en ello nos va la vida y la libertad, pero la libertad con mayúsculas vitales, no la
libertad de tomarse cañas de los señoritos. Nos va la vida y la libertad, porque la violencia política machista existe. Así que, permítanme en ese sentido agradecer a todo el equipo del Ministerio de Igualdad, y especialmente a la ministra Irene
Montero, que haya encarnado, que hayáis encarnado, pese a todo, esa máxima indispensable de Angela Davis, la de no aceptar las cosas que no se pueden cambiar, sino cambiar las cosas que no estamos dispuestas a aceptar.
Así que, hoy, definitivamente, somos un país un poco mejor. Compañeras feministas, 'pa'lante', que seguimos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Toscano de Balbín. (Aplausos).
La señora TOSCANO DE BALBÍN: Con la venia.
Hoy tratamos una enmienda más o menos razonable de una infame ley, que es la ley de libertad sexual, y digo que esta enmienda es medio razonable porque en VOX por supuesto que estamos en contra de la mutilación genital femenina, y también
estamos contra la mutilación genital masculina, porque existe, aunque ustedes crean que el hombre nace con una armadura invisible y que no puede sufrir agresiones. Asimismo, estamos contra la esterilización forzosa, contra los abortos forzosos,
porque consideramos que el aborto forzoso es una forma de violencia contra la mujer y contra el niño, pero quiero dejar claro que el aborto que no es forzoso es la peor forma de violencia porque acaba con la vida de un niño inocente. (Aplausos).
Su propio chiringuito contra la violencia de género estimaba hace dos años que en España hay unas 15 562 niñas susceptibles de sufrir mutilación genital. Sus mutiladores proceden, adivinen de dónde, exacto, de países donde se practica la mutilación
genital. (Risas). Ante esto, ustedes proponen desarrollar protocolos. ¿Esto es realmente una cuestión de protocolos? ¿No será mejor admitir de una vez que su rollito 'multiculti' no funciona? ¿No es hora de rendirse a la evidencia de que la
inmigración indiscriminada les vendrá muy bien a ustedes para parecer solidarios pero causa gravísimos problemas a los españoles de a pie? Por eso la enmienda deja al desnudo sus incongruencias. ¿No son todas las culturas iguales? ¿No son sus
costumbres y hay que respetarlas? A ver si va a ser que VOX tenía razón y hay culturas que no respetan a la mujer, a ver si lo feminista hoy va a ser darse cuenta de esta verdad incómoda: que hay que cerrar la puerta en la cara a las personas que
vengan a España a agredir a las mujeres. (Aplausos).
Con todo, lo grave no es la enmienda, es un mal menor dentro del gran festival de infamias que es esta ley, que, con la excusa de proteger a la mujer, quiere inocular ideología cargándose derechos. Ya quebraron con la ley de violencia de
género la igualdad ante la ley, quebraron la presunción de inocencia, ya cruzaron esa línea de no retorno, porque cuando los gobernantes socavan un derecho fundamental, no hay vuelta atrás. Por eso hay primeras veces que no podemos permitirnos,
porque nada es igual después de ellas: la primera vez que se engaña; la primera vez que se roba; la primera vez que se indulta a quien roba, señores del PSOE; la primera vez que se engaña diciendo que no se va a indultar al que roba, pero se le
indulta.
El presidente Sánchez es un mentiroso en serie y los españoles le hemos pillado muchas infidelidades; por suerte, no queda nada para que la sociedad española firme la demanda de divorcio y le pongan las maletas en la puerta. (Aplausos).
Pero antes pretende dejarnos esta ley, que es otro ladrillo en el muro del apartheid sexual que sufren los hombres en España. Ahora les pido a los hombres que están en el hemiciclo que imaginen por un minuto que tuvieran una relación sexual
consentida con una mujer, o que ni siquiera tuvieran una relación con una mujer, y la mujer les denuncie. Se enteran sus amigos, sus conocidos, su familia, sus compañeros de trabajo, sus hijos y, según pasa el proceso, la gente que le conoce dice:
será culpable, porque si la mujer le acusa y como la mujer nunca miente... A todo esto hay que añadir que la ministra Irene Montero pone un tuit donde dice que él es culpable, sin pruebas. Añádanle
a esto que en todo proceso no podrán ver a sus hijos por obra y gracia del infame artículo 94 del Código Civil. Imaginen por un segundo que les ocurre esto. ¿Esto no es violencia? ¿No es violencia política, no es violencia institucional
contra los hombres, no es una violación flagrante de la presunción de inocencia? (Aplausos). Les contesto yo que sí, que por supuesto que lo es, porque el objetivo no es proteger a la mujer, es destruir al hombre; eso sí, al hombre blanco
heterosexual, porque después de la ley de violencia de género, esta es la ley más racista, homófoba y sexista que hay. (Aplausos). Esta ley criminaliza a una raza, la blanca; protege a un sexo, la mujer, y protege solo a una orientación sexual,
la 'hetero'. Todo este despropósito en torno a una medida de consentimiento indemostrable, cuyo único fin es que el hombre blanco caiga. (Aplausos).
Señorías, el fin nunca justificará los medios. La palabra de una mujer no vale más que la de un hombre por el hecho de que ella sea mujer, y los derechos de una mujer no valen más que los derechos de un hombre por el hecho de que sea mujer.
Existen dramas personales, situaciones de violencia sexual que debemos combatir, pero ni la violencia se combate con injusticias, ni a la mujer se la defiende atacando al hombre, ni se la defiende con propaganda de que el hombre es agresivo per se,
ni ustedes son nadie para meterse en la cama de nadie, ni nos tienen que decir cómo tenemos que copular, ni nos lo tiene que decir la señora Montero. (Aplausos). El hombre y la mujer son iguales en dignidad, y cualquier ley o ideología que
conculque este principio son una ley y una ideología podridas. VOX siempre estará con cualquier persona que sea víctima de violencia sexual, no nos importa si es mujer u hombre, niño o niña, y trabajaremos por unas leyes justas que no criminalicen
a la mitad del país.
Queremos leyes que aboguen por el endurecimiento de las penas para que los agresores sexuales estén en la cárcel y no en la calle (aplausos), unas leyes que mantengan lejos de nuestras fronteras, de nuestros barrios y de nuestras calles a
los que vienen aquí a agredir a mujeres no respetando nuestra libertad sexual. Como decía Émile Zola, la verdad está en camino y nada la detendrá. Cada vez hay más españoles hartos de las consecuencias de sus leyes de género, cada vez hay más
mujeres hartas de ir inseguras por la calle por las violaciones en manada de las que no se puede hablar; cada vez hay más mujeres hartas de su feminismo que nos oprime y habla en nuestro nombre; cada vez hay más mujeres hartas del infierno que
pasan sus hombres, y cada vez hay más hombres hartos de la inseguridad que sufren las mujeres y hartos de ser sospechosos siempre por el mero hecho de ser hombres. Cada vez más españoles abren los ojos a la verdad y les sacarán del poder con la
alegría pletórica de un animal liberado.
Señorías, quien denuncie, que demuestre. El violador, a la cárcel; las madres protectoras que denuncian en falso y que secuestran a los hijos, a la cárcel; los inmigrantes que agreden sexualmente, a su país; las leyes discriminatorias, a
la basura, y ustedes, totalitarios que no protegen a las mujeres y que hacen un infierno de la vida de inocentes, a la calle. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario
VOX, puestos en pie. -La señora Carvalho Dantas pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: ¿Conforme a qué artículo me está pidiendo la palabra, por favor?
La señora CARVALHO DANTAS: Gracias, presidenta.
Conforme al artículo 103, párrafo 1, porque se han vertido mensajes ofensivos al decoro de esta Cámara y contra las personas migrantes.
La señora PRESIDENTA: Haga referencia exactamente a esas expresiones. Tiene usted un minuto.
La señora CARVALHO DANTAS: Se ha mencionado dos veces. La primera vez se ha dicho que las personas vienen para violar a las mujeres. (Rumores.-La señora Toscano de Balbín: ¡Yo no he dicho eso!). Y la segunda vez, casi al final, se ha
referido casi a lo mismo. Por tanto, conforme al artículo 103, párrafo 1 del Reglamento, por la dignidad de todas las personas migrantes, a nuestro grupo parlamentario le gustaría que se retirara lo que se ha dicho.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Carvalho Dantas. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora González Vázquez.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, hoy debatimos por enésima vez este proyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual, pero creo que nadie se atreverá a vaticinar que sea la última votación de este texto, ni siquiera cuál
va a ser el resultado de su tramitación parlamentaria, puesto que todo lo que podría haber pasado en torno a este texto ya ha ocurrido, incluso que el ministerio haya visto deslucida el pasado 19 de julio su proyectada campaña Fiesta del
verano, publicitada en torno al eslogan Sí es sí fest; este será el verano del consentimiento y del 'solo sí es sí', el temazo que vamos a cantar tiene dos letras, ese e i. Este verano celebramos la fiesta del consentimiento, ¿te unes?
Señora ministra, señorías de Unidas Podemos, durante este mes hemos podido escuchar cómo han lanzado a los cuatro vientos la consigna de que el Grupo Parlamentario Popular impidió la aprobación de la norma a través de una enmienda en el
Senado que fue inesperadamente incluida en el texto. Querría recordarles que la enmienda la presentó Junts per Cat y que el Grupo Parlamentario Popular está en su derecho de votar que sí o que no a lo que le parezca más conveniente. ¡Faltaría más!
(Aplausos). Pero también querría recordarles que esta enmienda fue votada en el Senado por Esquerra Republicana de Catalunya, Ciudadanos, Adelante Andalucía, Más Madrid o Coalición Canaria, entre otros grupos. Quiero recordarles también que, a
pesar de que repitieron en numerosas ocasiones que la enmienda solo cambiaba una letra -lo acabamos de escuchar hace un momento-, lo cierto es que no es así, como bien saben. La enmienda modifica un artículo calificativo, que pasa a calificar dos
sustantivos distintos y no uno solo, como en el texto remitido al Senado. A juzgar por las propuestas y actuaciones del Ministerio de Igualdad, la precisión no es la palabra que mejor define su tarea, así que tampoco nos extraña nada que en este
caso les diese un poco igual que se tratase de la detección de casos de aborto forzoso y esterilización forzosa o de aborto y esterilización forzosa, que era lo que ponía el texto del Senado. Por lo tanto, dejen de achacar al Grupo Parlamentario
Popular lo que es el resultado de la combinación de su propia falta de previsión, de su imprudencia y de la debilidad de sus apoyos parlamentarios.
Nuestra posición sobre el texto de la ley que hoy se debate ya la conocen ustedes bien. Reconociendo que en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se consideraba necesaria la elaboración de una ley específica sobre la violencia
sexual que afecta de manera mayoritaria a las mujeres, esta, señora ministra, no es la ley que nos habría gustado apoyar. Es una ley que no va a servir para impedir que recaiga en la víctima la investigación sobre si hubo o no consentimiento y que,
sin embargo, puede traer consigo inseguridad, tal como han puesto de manifiesto los informes preceptivos. En cuanto al sistema de prevención, intervención, protección y recuperación que se pone en marcha, no tenemos nada que objetar, dado que
básicamente se reproduce el sistema que se estableció en la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
La devolución de la ley al Congreso no fue, sin embargo, la única tormenta que deslució el radiante verano festivo que imaginaba el Ministerio de Igualdad. Es irrebatible que ahora que llevan ustedes tres años descubriendo discriminaciones
y desigualdades sin fin que afectan a las mujeres españolas, en muchos casos sin que la mayoría de estas se haya dado cuenta de haber sido tratada desigualmente, ahora que su equipo, señora Montero, no solo descubre esos problemas y desigualdades y
los revela cual profeta a una ciudadanía que, como mínimo, está un poco despistada porque no se había dado cuenta, y además ese equipo proporciona solución a esa desigualdad, el sol debería brillar esplendoroso en la vida de las mujeres españolas,
sin una sola nube en el horizonte. No tienen cabida en ese cielo espectacularmente azul ni el desempleo ni la inflación ni las facturas de la luz, del gas, del agua, de la electricidad, ni la próxima vuelta al cole, solo esa Sí es sí fest
interminable en la que tendríamos que haber vivido -porque desgraciadamente no ha podido ser así- nuestra sexualidad y nuestro cuerpo como, con quien y cuando hubiésemos elegido, sin juicios y sin miedo. Tendríamos que habernos maquillado como
monas o no hacerlo en absoluto, haber elegido el largo de nuestra falda o la altura de nuestro escote, haber salido sin miedo y haber brillado, porque el escenario era nuestro. Como pueden imaginar, estas frases no son mías, son de la campaña que
acabo de mencionar. Todo esto se nos prometía y no pudo ser, porque la ley del 'solo sí es sí' no se aprobó a tiempo para darnos entrada en ese paraíso que Igualdad diseñó resplandeciente y seguro.
Por si no se han dado cuenta, señorías, el ministerio diseña para nosotras un mundo de diversión no exactamente como Disneylandia, pero igualmente centelleante. Una nueva calamidad se cernía sobre el ministerio, y de nuevo tenía que ver con
el verano. El Sí es sí fest era una fiesta que tenía que incluir a todas las mujeres, de todo tipo y color, y por eso se imaginó un pasado en el que las mujeres gordas, las mujeres con alguna discapacidad o las que han sufrido un cáncer de mama con
mastectomía eran sujeto de discriminación en las playas, de las que a partir de ahora no podrían ser expulsadas, ya que, tal y como señalaba la campaña ideada por el Ministerio de Igualdad para dar solución a este imaginario problema, el verano
también es de ellas. Y para que cupiésemos todas en esa playa inclusiva, el 27 de julio lanzaron
una nueva campaña utilizando de manera ilegal las imágenes de tres mujeres distintas, modificándolas a su gusto, quitándole a una una prótesis de una pierna, a otra una mama y usando a las demás sin el consentimiento de las protagonistas.
(Muestra una fotografía). Ni siquiera, señora ministra, se han disculpado públicamente con las mujeres a las que han molestado con la manipulación de sus fotos. No vale decir que la culpa la tiene la diseñadora y que ustedes son víctimas de esa
misma manipulación, que desconocían que la tipografía se había utilizado sin permiso, que las imágenes de las diferentes mujeres también se habían usado sin esa autorización. La responsabilidad la tienen ustedes por su manera de elegir no solo a
los profesionales y empresas con los que trabajan, sino también por esa obsesión por entrometerse en la vida de las mujeres, instándolas a actuar como a ustedes les parece que tienen que actuar. (Aplausos). Además, le recuerdo que aún no sabemos
cuánto costó la campaña y que circulan en redes y medios de comunicación noticias contradictorias sobre lo que ustedes pagaron por esta chapuza.
Una cuestión importante, y termino. Olvidan ustedes que gobiernan, señora ministra, para mujeres adultas, mujeres que tienen opinión propia, que rigen sus propios destinos y sus vidas, y que en muchos casos estaban trabajando ya para que
nadie les impusiese nada antes de que usted y su equipo hubiesen ni siquiera nacido. (Aplausos.-La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Berja Vega.
La señora BERJA VEGA: Gracias, presidenta.
Señorías, quiero comenzar mi intervención lamentando los últimos asesinatos por violencia de género que se han producido en nuestro país. (Aplausos). Son 28 las mujeres asesinadas en lo que va de año; 1158 mujeres asesinadas desde el año
2003. Nos asesinan por ser mujeres y estamos hartas, estamos hartas. (Aplausos).
Con relación al tema que nos trae a este Pleno, quiero agradecer la presencia de la ministra aquí. Bienvenida, señora ministra. Voy a ser breve, porque las socialistas y los socialistas hemos repetido en numerosas ocasiones cuál es nuestro
posicionamiento sobre esta ley, pero quiero resaltar y compartir aquí con ustedes tres cuestiones. La primera es que esta era una ley necesaria, completamente necesaria; esta ley también es el logro de la reivindicación del movimiento feminista,
al que yo quiero agradecérselo especialmente desde aquí. España necesitaba una ley específica contra la violencia sexual para cumplir así también con los compromisos internacionales en relación con la persecución de las agresiones sexuales que
sufren mujeres y niñas. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres fue ratificado por España en el año 2014, es el conocido como Convenio de Estambul. Este convenio tiene sus propios
mecanismos de evaluación, los informes GREVIO, y en el informe GREVIO para España del año 2020 se señaló que España era un país referente en materia de lucha contra la violencia de género, en materia legislativa y de política pública, pero también
nos hacía una serie de recomendaciones. Y una de las recomendaciones principales que nos hizo el Consejo de Europa era que España necesitaba una ley específica contra la violencia sexual que sufren mujeres y niñas. Por lo tanto, lo que hoy está
pasando aquí es que estamos dando respuesta a esta recomendación del Consejo de Europa.
La segunda cuestión que quería compartir aquí es que esta ley supone un cambio completo de paradigma. Si no hay consentimiento explícito por parte de las mujeres, lo que se está produciendo es una agresión. Así de claro, señorías.
Estrechamos así el margen para las interpretaciones machistas que se hacen sobre el comportamiento de las mujeres; se acabó aquello de que llevábamos la falda muy corta o si cerrábamos o no las piernas. Se acabó. Señorías, esta ley responde a un
grave problema de inseguridad pública. El 44 % de las mujeres hemos sufrido alguna vez en nuestra vida al menos un episodio de violencia sexual, y no lo digo yo, lo dicen los estudios, lo dicen los informes de organismos tan reconocidos como puede
ser, por ejemplo, la Escuela Andaluza de Salud Pública, en un reciente estudio. El 44 %, señorías. Sabemos que el hogar es el lugar más inseguro del mundo para una mujer, pero también sabemos que cuando estamos en la calle tenemos un riesgo muy
alto de sufrir agresiones sexuales. Por lo tanto, el problema no es dónde, el problema no es la hora, el problema no es si vamos solas o no vamos solas; el problema es que un machista nos viola en nuestra casa y nos viola en la calle. (Aplausos).
La tercera idea que quiero compartir con ustedes, señorías, es que esta ley hace a nuestro país un país mejor, porque los países que tienen legislación avanzada en materia de defensa de los derechos humanos son países mejores, sin ninguna
duda. En un momento tan importante para el Estado de derecho como este, en un momento tan importante para la seguridad y la vida de las mujeres como este, el Partido
Popular vuelve a votar en contra; otra ley de igualdad que el Partido Popular vuelve a votar en contra. Y no hay motivos; puede haber discrepancias pero no hay motivos para votar en contra, señorías del Partido Popular. Y como siempre, y
en el mejor de los casos, llegarán tarde. Justo antes de subir a esta tribuna, como la compañera Sofía, leía las declaraciones de la víctima de la violación grupal de San Fermín del año 2016. Yo creo que nos ha emocionado a todas leer lo que decía
la víctima de La Manada. Ella decía, como ha dicho mi compañera Sofía, que esta ley no es su ley, que esta ley es de absolutamente todas las mujeres. ¡Cuánta verdad tienes, compañera! ¡Cuánta verdad!
Termino. Los derechos de las mujeres no son un anexo en un informe. Los derechos de las mujeres no son una moda del siglo XXI. Los derechos de las mujeres son los derechos civiles de la mayoría de la población mundial.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Berja.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN).
La señora PRESIDENTA: Señorías, habiendo finalizado el plazo para la emisión del voto por el procedimiento telemático, procedo a enunciar el resultado de la votación de la enmienda aprobada por el Senado al Proyecto de Ley Orgánica de
Garantía Integral de la Libertad Sexual.
Votos emitidos, 347; sí, 293; no, 1; abstenciones, 53.
En consecuencia, al haberse aprobado la enmienda, este proyecto de ley orgánica tiene que ser sometido a una votación final sobre su conjunto. En este sentido, les informo de que desde ahora y hasta las 16:45 se podrá votar telemáticamente
este punto, así como el resto de asuntos incluidos en el orden del día. Por tanto, se podrá votar, aproximadamente, durante una hora.
Muchísimas gracias.
ENMIENDAS DEL SENADO. (CONTINUACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN. (Número de expediente 121/000092).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el debate correspondiente a la enmienda aprobada por el Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Pérez.
La señora FERNÁNDEZ PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la verdad es que la política no está viviendo su mejor momento y el poco tiempo que llevo en esta Cámara me estoy dando cuenta de que hay veces que hacemos grandes méritos para ello. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa
la Presidencia). La razón por la que estoy aquí es porque me han contactado varias asociaciones de jóvenes investigadores de Canarias, de investigadores estatales que, alertados por una conquista de derechos de hace escasos meses, se veían abocados
a perderlos antes ni siquiera de que pudieran ser aplicados. Señorías, se está votando aquí una enmienda a una ley que salió hace escasos meses de este Congreso y una única enmienda que intenta derogar la disposición adicional décima, uno de los
hitos más celebrados por la comunidad de la investigación porque les daba, nada más y nada menos, que los mismos derechos laborales que al resto de los trabajadores de España. Nada más y nada menos que eso. Sin embargo, voy a hablar de lo que
conozco, Canarias. En el Parlamento de Canarias hace escaso medio año se votaba por unanimidad de todos los partidos políticos el pacto por la ciencia. ¿Y qué tenía el pacto por la ciencia? Mejora de derechos, mejora de inversión... Sin embargo,
partidos que votan a favor del pacto por la ciencia, ¿votan luego en el Senado en contra? Señores del PP, esto no es lógico, esto no ayuda en nada a que la gente confíe en nosotros y en el trabajo que hacemos aquí.
Señorías, incendios, el volcán, la pandemia... Cada vez que hay algo grave agitamos la bandera de la investigación, la tecnología y la ciencia. Sin embargo, ¿qué hacemos el resto del tiempo? ¿Cuál es nuestro trabajo para propiciar que los
hombres y mujeres que trabajan en el sector tengan las condiciones adecuadas para que seamos los mejores? ¿En qué estamos trabajando? Señorías, no es normal que se
consiga conquistar derechos estructurales y que dos meses después la gente que los consigue conquistar vea que los pierde. No es serio, no es sensato y se da la situación paradójica de que en un mismo estudio o laboratorio puede haber dos
científicos con diferentes derechos laborales, porque quien paga a uno es Europa y quien paga al otro es España. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio, por favor.
La señora FERNÁNDEZ PÉREZ: Esto no tiene ningún sentido.
A veces, señorías, entendemos que con este tipo de mecanismos la gente pierda la confianza. Esto no debería ser una guerra de las universidades y los centros contra los derechos de los trabajadores, porque todo empieza y acaba en el mismo
sitio, en quien gobierna, y quien gobierna tiene la obligación de poner los medios y recursos para que las universidades, centros de excelencia y administraciones tengan los suficientes fondos para garantizar estos derechos de los trabajadores.
Señora ministra, vamos a votar que no a esta enmienda del PP, obviamente, pero esto no es un cheque en blanco. Tenemos que propiciar que esos centros de excelencia tengan los recursos adecuados para no tener que elegir entre pagar un
derecho de un trabajador o invertir más en investigación. Tenemos que garantizar la excelencia de nuestra investigación, y eso solo se hace cuando se lucha en todos los sentidos. No podemos luchar con una mano por los derechos de los trabajadores
y con la otra no poner el dinero adecuado para que esto esté garantizado, porque al final lo que conseguimos es dividir al sector, que debería estar unido haciendo lo que mejor sabe hacer, que es investigar, avanzar y llevar adelante a un país como
España, que si quiere realmente ser algo y tener un desarrollo no lo va a poder hacer sin sus científicos, sin investigación y sin la tecnología.
Por eso, señorías, en suma, votaremos que no a esta enmienda, pero estaremos vigilantes de que se propicien los medios financieros y económicos para que todo esto se pueda garantizar o para que por lo menos les dejen utilizar los remanentes
de tesorería para garantizar estos derechos por los que tanto ustedes como nosotros estamos de acuerdo en que no se puede retroceder. Por lo tanto, señorías, esperemos que todo esto se cumpla y que el ecosistema, en lugar de pelear, esté centrado
en lo positivo, que es avanzar y crecer y hacernos sentir orgullosos y no agitar la bandera cada vez que viene una pandemia o solo cuando les necesitamos y luego olvidarnos de ellos.
Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor LópezBas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, hace dos meses salía de este Congreso una ley aprobada sin votos en contra y, por tanto, una ley con un alto nivel de consenso. Es cierto que ha tenido cosas curiosas, como un voto particular anunciado y luego
retirado por el Grupo Socialista, también una sorpresiva enmienda en el Senado del Grupo Popular, sorpresiva no tanto por el Grupo Popular, sino por el cambio de opinión de Esquerra Republicana al respecto. Nosotros, Ciudadanos, ya dijimos que se
trataba de un proyecto aún poco ambicioso y que eran necesarios más esfuerzos, sobre todo del Gobierno, para revertir los bajos números en inversión en investigación e innovación en España. Parece que nos contentamos con un 1,25 % del PIB cuando
deberíamos estar tendiendo al 3 %. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio, por favor, silencio.
Continúe, señoría.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señora presidenta.
Por eso pensábamos, y pensamos, que aún hay margen para mejorar un texto que dice venir a resolver los grandes y eternos problemas de nuestro sistema de ciencia, tanto la carga administrativa de los investigadores como la falta de
estabilidad y seguridad en su carrera científica.
En esa ley, incluso antes, se abordó el problema laboral de los contratos de los investigadores en España. De hecho, nosotros ya estuvimos de acuerdo con la reforma laboral de diciembre del 2021 y lo hicimos criticando que no se apostara
una vez más por una reforma integral y en profundidad de nuestro mercado de trabajo y que no se atacara el mal de la precariedad en España. Por eso mantuvimos una postura positiva a los cambios posteriores sobre esta reforma para asumir ese modelo
de contrato indefinido también para el sistema de ciencia. Pocos pueden decir alto y claro que están por un empleo
indefinido, sostenible y de calidad para todos los españoles, y entre ellos para quienes han vivido también esa falta de seguridad en el ámbito de la investigación científica. Nosotros, los liberales, sí podemos decirlo porque hemos
apostado siempre por el empleo de calidad y lo hemos demostrado, además, cuando se ha votado en este Congreso y sobre todo, como vamos a hacer hoy, manteniendo nuestra postura en la defensa de unas relaciones laborales entre empleadores y empleados
sostenibles y beneficiosas para ambas partes.
Lo hicimos con empresarios y trabajadores en la reforma laboral, lo hicimos después de manera particular con el sector de la ciencia con las reformas que les afectaban y lo vamos a hacer exactamente igual en este momento con la enmienda que
viene del Senado. Para luchar contra la precariedad laboral de los investigadores españoles hay que apostar por el carácter indefinido de sus contratos. No vale decir que el hecho de que aún puedan mantenerse contratos temporales sea causa de la
fuente de financiación de los proyectos que requieren de ese personal de investigación. Nada tiene que ver realmente que la fuente de financiación sean fondos europeos o sean fondos nacionales para que haya dos tipos de contratos para ejecutar esos
proyectos. No puede ser un problema que los proyectos de mayor excelencia que puedan ponerse en marcha con determinadas convocatorias de fondos europeos competitivos, con un mayor coste laboral para las universidades o centros de investigación,
recaiga sobre los hombros de los investigadores, porque de aceptar esa opción no solo no habremos solucionado nada en cuanto a la inestabilidad de nuestros investigadores científicos, sino que habremos incluso empeorado las circunstancias de quienes
sean contratados temporalmente frente a los indefinidos solo por la procedencia de esos fondos que financian los proyectos en los que van a trabajar. Las razones que hemos escuchado, todas de carácter económico, ni son realistas en cuanto a los
cálculos que se nos han dado ni de verdad parece que reflejen el problema de fondo, que es la falta de una financiación bien planificada y suficiente de la actividad investigadora científica. Esto es necesario tanto en las universidades como en el
resto de centros públicos de investigación estatales y autonómicos. Es más, resulta inimaginable que no exijamos al sector público una actitud con su personal de investigación contratado laboralmente que sí se exija al sector privado. No podemos
llenarnos la boca para celebrar los éxitos de nuestros investigadores, pero no remover las dificultades eternas en la situación laboral de quienes deben lograr esos éxitos, precisamente.
En Ciudadanos creemos en nuestros investigadores y por ello siempre los hemos apoyado en sus reivindicaciones de una carrera profesional y laboral segura y estable, pero igualmente apoyamos a nuestros centros de investigación, privados y
públicos, universitarios o no, institutos, parques, fundaciones, etcétera, que requieren urgentemente de una financiación suficiente y permanente. Por eso no podemos olvidar, y así lo hemos dicho siempre, que la ciencia, y sobre todo el sector
público de la investigación científica, necesita apoyo financiero en forma suficiente y estable, como digo, y por eso ayer mismo registramos una iniciativa para que las administraciones, con el ministerio coordinado con las comunidades autónomas,
mejoren y amplíen la financiación de los presupuestos de los centros de investigación, precisamente para dar cobertura a esas indemnizaciones por fin de contrato indefinido. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Nuestro apoyo a los investigadores implica fórmulas como el contrato indefinido con indemnización creciente, que ya hemos hecho público, que hicieran de esa contratación el modelo por defecto en nuestro modelo laboral o apostar por otros modelos,
como el de la mochila austriaca, para que el trabajador siempre pueda llevar consigo una serie de derechos al cambiar de trabajo.
Pero igual que esto que hemos propuesto tantos años, exigimos una financiación estable y suficiente para quienes son los empleadores públicos, los centros de investigación, las universidades, para afrontar estas partidas en sus presupuestos
en materia de personal. Por eso nos resulta sorprendente que grupos como el Popular, VOX, Junts y Esquerra asuman, en su caso, la alternativa de cargar sobre los hombros de los investigadores, una vez más, la precariedad laboral por supuesta falta
de recursos, en lugar de pelear por que esos recursos lleguen a las universidades y a los centros de investigación de manera estable y suficiente. Es más, no nos sorprende realmente de Junts y Esquerra, que trasladan aquí un problema para lograr un
acuerdo presupuestario en Cataluña y financiar debidamente a sus investigadores en esa comunidad y la lucha por su posición política en los claustros y en las universidades catalanas. Nos sorprende esta enmienda de un grupo como el Popular, cuando
su portavoz hace dos meses decía aquí mismo que a nuestro personal de investigación había que devolverle el esfuerzo tan duro que había hecho en estos últimos dos años, refiriéndose a la pandemia, y que nadie comprendería que no nos entendiéramos
los políticos hoy para garantizar la inversión en I+D y para asegurar una carrera profesional digna y estable a todo el personal de investigación.
Esas palabras del portavoz del grupo que hoy presenta esta enmienda las hacemos nuestras, las hago mías ante su enmienda, porque sí vamos a seguir apoyando al sector de la ciencia, tanto a los centros de investigación como a los
investigadores con seguridad laboral, más recursos presupuestarios y más estabilidad laboral y profesional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego. Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Como dijimos en el debate previo de esta ley, en el BNG partimos de la convicción de que debería ser una oportunidad para avanzar en impulsar una ciencia para toda la sociedad, pero también una ciencia con derechos. Ese fue el motivo por el
que presentamos numerosas enmiendas, algunas de las cuales mejoraban aspectos diversos, pero muy especialmente para garantizar derechos y acabar con la precariedad de los colectivos de investigadores y de todo el personal de investigación, incluido
el técnico y de gestión. Lamentablemente, alguna, como la que propugnaba hacer retroactiva la indemnización también para los contratos predoctorales o las que tenían que ver con reducir la brecha de género, no fueron aceptadas; es decir, que se
pudo y se debió avanzar más.
Pero lo que resulta sorprendente e inaceptable, a nuestro juicio, es que se pretenda retroceder con una enmienda, como la 76 -parece que hay fuerzas políticas que se especializan en que retrocedamos en derechos-, que resta precisamente
derechos y propiciará la precarización del personal de proyectos asociados a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde luego, no va a ser con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego. Por eso, votaremos en contra de
esta enmienda.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, president.
En Compromís tenemos muy claro lo que tenemos que votar hoy a esta enmienda 76 que se incorporó en el Senado, y nuestro voto será un no rotundo, en consonancia con lo que nos piden las trabajadoras y los trabajadores de la ciencia.
Nos hemos llenado la boca estos años con lo importante que es la ciencia para el futuro, y lo hemos visto especialmente en esta pandemia. Sin embargo, manteníamos un sector precarizado -el sector de la investigación era, en muchos casos, un
sector precarizado-, lo que ha provocado durante mucho tiempo que esta inteligencia que hemos formado con recursos públicos acabara yéndose al extranjero y, en definitiva, dando sus frutos fuera.
Por eso, es imprescindible mantener el principio de que a igual trabajo, iguales condiciones de trabajo. Y si se ratifica esta enmienda, tendremos trabajadores en un mismo centro con condiciones de trabajo diferentes, tendremos contratos
estables e indefinidos y contratos precarios y temporales. La única diferencia será de dónde provengan los fondos para investigar y nos parece profundamente injusto. Creemos que, si se aprueba definitivamente, iría en contra de la consolidación de
grupos de investigación fuertes y que seguiría manteniendo un modelo laboral precario que priva de derechos y de oportunidades a gran parte de trabajadores de la ciencia.
Por tanto, nuestro voto será, inequívocamente, no.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Bon dia.
En relación con este proyecto de ley, Junts per Catalunya ha presentado distintas enmiendas en tres bloques: competenciales, derechos de animales y sobre la financiación. La enmienda 76, que suprime la disposición adicional décima, fue
aprobada en el Senado y es una mejora a la financiación. Por ello, los diputados de Junts nos mantenemos coherentes con la postura que mantuvo Junts en el Senado, donde apoyó dicha enmienda, porque no queremos ser veletas y porque la mejora que
supone la enmienda elimina la discriminación entre fondos europeos.
Cataluña representa un 1,5 % de la población de la Unión Europea y recibe un 2,5 % de los fondos competitivos europeos. Ello nos posiciona como el quinto país en conseguir unos fondos basados exclusivamente en la relevancia científica, que
permiten llevar a cabo acciones de investigación, desarrollo tecnológico y que alcanzan la excelencia. Un ejemplo son los 1500 millones de euros que consiguió Cataluña en el marco del Programa Horizonte 2020.
Si esta enmienda no progresa, Cataluña perderá esta posibilidad de investigación de excelencia. Muchos centros de investigación deberán cerrar; sus investigadores, en el mejor de los casos, emigrar a países donde realmente se apueste por
una investigación de calidad, dotándola de recursos y capacidades necesarias para ello. Se trata de fondos que permiten la financiación de personal científico y técnico, así como su formación vinculada a la duración de programas; una formación
esencial que no afecta a la reducción de la precariedad laboral -en Junts per Catalunya estamos en contra de la precariedad laboral-, puesto que esta financiación se trata de vinculaciones a proyectos altamente competitivos, de duración limitada y
que promueven la movilidad. Esta postura la defendemos no solamente nosotros, sino también las universidades catalanas, más de cuarenta centros de excelencia y la Conselleria d'Universitats.
Nos informan de que han llegado a un acuerdo in extremis el Gobierno de España y Esquerra Republicana, demostrando, desde nuestro punto de vista, que el ministerio no tiene voluntad de negociar con el Gobierno y sí que tiene voluntad de
negociar con un partido político. Es legítimo, evidentemente, pero nos resulta un poco curioso. Por lo que sabemos, el acuerdo tiene dos puntos. Aumentan los costes indirectos del 21 % al 25 % de los proyectos estatales de investigación para
costes de funcionamiento, lo cual implica también indemnizaciones de contratos indefinidos. Aquí nos surgen dudas y las dudas son: ¿Un proyecto se utilizará para pagar gastos de otro proyecto, en concreto, un proyecto estatal para pagar gastos de
un proyecto de la Unión Europea? Los costes indirectos aumentan, sí, pero ¿a cargo de los costes directos que bajan o el total del montante del proyecto se mantiene o aumenta? Tal como lo vemos desde Junts, disminuyen los fondos estatales para
investigar, que pasan a destinarse a indemnizar gastos de un proyecto europeo. No le vemos, sinceramente, la coherencia.
También nos han informado de que el acuerdo habla de comprometerse a estudiar un nuevo sistema de financiación para los proyectos de investigación de excelencia. No es nada concreto comprometerse a estudiar. Esto no garantiza nada, porque
el fin del estudio puede ser que se concluya que el sistema de financiación de los actuales proyectos de investigación ya es correcto y, por tanto, no se mejora la financiación de los centros de excelencia. Desde nuestro punto de vista, se trata de
un acuerdo que no supone una solución al problema, sino -como decimos en mi lengua- qui dia passa, any empeny.
Por ello, consideramos que los partidos catalanes representados en esta Cámara...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Voy terminando, señor presidente.
... si realmente defendemos los intereses de Cataluña, deberíamos evitar que estos recursos se nos escapasen de las manos.
Y, como dije al inicio de mi intervención, no podemos variar nuestro voto en función de soluciones que no van al fondo del problema y que tampoco tienen un impacto real positivo ni sobre el sistema de recerca de Catalunya ni sobre Centres de
Recerca de Catalunya.
Moltes gràcies.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Margall Sastre.
El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta. Bona tarda, diputades y diputats.
Debatimos sobre los cambios de la reforma de la Ley de la Ciencia tras su paso por el Senado, concretamente en lo que se refiere a la supresión de la disposición adicional décima, a propuesta de una enmienda del Partido Popular. El Partido
Popular nos puso en una falsa dicotomía con la enmienda 76 en el Senado: o futuro de los centros de investigación o derechos laborales de los investigadores que trabajan en ellos, como si fueran dos hechos que pudieran ir por separado, es decir,
que una realidad excluye a la otra y que, por tanto, debemos que decidir en un sentido u otro.
Esquerra Republicana rechaza completamente esta dicotomía y tenemos claro que las dos realidades son complementarias y debemos tomar decisiones políticas y legislar para hacerlas plenamente compatibles. Sin garantizar la viabilidad del
sector difícilmente se pueden defender derechos laborales,
porque simplemente no hay sector. Llevamos tiempo diciendo que hace falta seguir trabajando en la línea de conseguir un sistema de financiación basal y estructural más estable del sistema de la ciencia y la investigación. Esto también
permitirá garantizar una mejora en los derechos laborales de los investigadores, en especial de los más jóvenes, que tienen graves problemas para estabilizar sus puestos de trabajo y, en consecuencia, poder consolidar las carreras de excelencia,
algo que conlleva que muchos deban buscarse la vida en el extranjero, lo que acaba provocando la famosa fuga de cerebros.
Nuestra obligación como legisladores que creemos en el capital y el retorno social que implica un sector de I+D+i consolidado era intentar llegar a un acuerdo con el Gobierno durante el trámite de la ley en el Senado que hiciera posible esta
realidad, lo cual no fue posible, nos faltó tiempo y seguramente un poco de cintura. Pero somos tercos, creemos en el diálogo, en la negociación y en los grandes acuerdos que ayuden a transformar la vida de la gente, sobre todo de aquellos que
sufren más, que es la clase trabajadora y media del país.
Es por eso que en estos últimos días y horas hemos estado negociando con el ministerio, y les quiero anunciar que hemos llegado a un acuerdo, que se sustenta en dos puntos, que ahora voy a explicar, porque, aunque no lo parezca, soy yo el
portavoz de Esquerra Republicana, no la señora Illamola, que más o menos ha explicado el acuerdo, y por el cual el Grupo Parlamentario Republicano va a votar en contra de la inclusión de la enmienda proveniente del Senado.
Punto número uno del acuerdo, aumentar los costes indirectos desde el 21 % actual al 25 % en las convocatorias de proyectos de investigación dependientes del ministerio, en consonancia con el nivel de costes indirectos que permiten las
convocatorias competitivas del programa marco de investigación de la Unión Europea. Este aumento permitirá a los centros y universidades hacer frente al aumento de costes de funcionamiento, entre ellos el derivado de las provisiones para las
indemnizaciones por contratación indefinida, que supone un gasto laboral adicional del 2,1 % anual. Por tanto, los cuatro puntos porcentuales de aumento de los costes indirectos sufragan de sobra este sobrecoste.
Punto número dos, hemos acordado con el Gobierno estudiar y elaborar una propuesta de mejora del sistema de financiación basal para los grupos de investigación de excelencia. Nos comprometemos a acordar un nuevo modelo duradero en el tiempo
que sirva para afianzar y aumentar la financiación estructural del sistema de investigación y también para estabilizar las plantillas investigadoras. Nos damos de tiempo hasta la finalización del nuevo periodo de sesiones, es decir, hasta final de
año. Es evidente que este modelo debe ser consensuado también ampliamente con el sector, pero es una buena noticia que nos comprometamos a hacerlo, el sector se lo merece. Con este acuerdo conseguimos aquello que decíamos que era necesario y
desmontamos la dicotomía que nos presentaba el Partido Popular. (Aplausos).
Debemos buscar la fórmula para retener un capital que es nada más y nada menos que nuestro futuro como sociedad. Los retos a los que nos enfrentamos son colosales y sin un sistema de I+D+i consolidado será imposible hacerlos frente. En
Cataluña tenemos centros punteros que son referentes en todo el mundo. En este sentido, por tanto, cabe señalar el tesón de centenares de profesionales que hacen grandes esfuerzos, a menudo no reconocidos y de manera precaria, para consolidar el
sector de la ciencia y la innovación en Cataluña y convertirlo en un pueblo de atracción de inversiones y de excelencia reconocida.
Solo dialogando y negociando se conquistan mejoras en todos los ámbitos, no existe solución mágica. Ya entiendo que a la señora Illamola y a los señores de Junts no les guste este acuerdo; ya lo sé, ustedes son de derechas, y, por tanto,
siempre van en contra de los intereses de la clase trabajadora, pero no pasa nada, nadie es perfecto. Seguramente era mucho más cómodo no negociar y subir aquí, quejarnos de todo y tuitear muy enfadados. Entiendo que algunos lo hacen porque la
aritmética parlamentaria no les permite hacer otra cosa. Nosotros preferimos poner la fuerza negociadora de Esquerra Republicana al servicio de la gente. (Aplausos).
Quería agradecer, por último, a la ministra y a todo su equipo la voluntad de llegar a un acuerdo, que no ha sido fácil pero que, sin ninguna duda, es positivo para todos.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras diputadas y los señores diputados del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem Galicia en Común, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.
El pasado 23 de junio la mayoría de esta Cámara aprobábamos la reforma de la Ley de ciencia de 2011 para, entre otras cuestiones, dignificar la carrera científica y mejorar las condiciones laborales de nuestros investigadores e
investigadoras. Durante aquella votación, la mayoría de la Cámara también aprobó la enmienda 59, de Unidas Podemos, que permitía precisamente la aplicación de la reforma laboral a todos aquellos investigadores de fondos europeos competitivos. ¿Por
qué resultaba tan importante la incorporación, la aprobación de esa enmienda? Porque los investigadores que trabajan con fondos europeos suponen prácticamente la mitad de las plantillas y porque con esa enmienda garantizábamos que la mayoría del
personal de investigación de nuestro país tuviera contratos indefinidos, más estabilidad y unas mayores indemnizaciones por despido.
Quedaba, sin embargo, la ratificación de la nueva ley en el Senado, y allí es donde el Partido Popular presentó una enmienda, la enmienda 76, para dejar sin efecto la medida de Unidas Podemos y básicamente para que los investigadores
siguieran con contratos temporales. La enmienda, como es sabido, fue apoyada en el Senado por las derechas españolas y catalanas. Realmente, que el Partido Popular, VOX o la antigua Convergència apuesten por un modelo basado en la precariedad no
es que sorprenda a estas alturas. Se suelen llenar la boca muchas veces con que las vacunas y la ciencia nos salvan la vida, pero se dedican sistemáticamente a maltratar a nuestros científicos y a nuestros investigadores. Pero lo que sí nos llamó
la atención en aquella ocasión es que también contara con el apoyo de Esquerra Republicana, una formación que hasta ahora se ha caracterizado por defender los derechos de la clase trabajadora.
A estas alturas todo el mundo reconoce que la reforma laboral del Gobierno de coalición está consolidando un cambio en el modelo de contratación de nuestro país, favoreciendo indudablemente el incremento de la contratación indefinida, y
desde Unidas Podemos veíamos como algo muy necesario que esta tendencia también llegara al personal de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación. Entendíamos, en efecto, que la ciencia no puede ser una isla de precariedad, inseguridad o
inestabilidad, algo que entraría en contradicción con el objetivo declarado de la propia modificación de la Ley de ciencia. Ahora bien, cabría preguntarse por cuáles son los argumentos que han desplegado estos grupos parlamentarios para oponerse a
una clara mejora laboral de nuestro personal de investigación. Como siempre, las derechas acuden a discursos catastrofistas para oponerse a lo que sea consolidar derechos laborales. Ya lo vimos con la subida del SMI o con la eliminación de los
contratos por obra y servicio, y en esta ocasión el Partido Popular ha alegado una supuesta discriminación entre contratados por fondos europeos competitivos y no competitivos y, desde luego, también señala el supuesto gran coste económico que los
contratos indefinidos supondrían para los centros de investigación.
Pues bien, el argumento de la supuesta discriminación entre investigadores no solo es insostenible, sino manifiestamente engañoso, porque justamente la enmienda 59 de Unidas Podemos fue redactada para acabar con la discriminación de que los
investigadores contratados con fondos del Estado tuvieran un contrato indefinido, mientras que los investigadores contratados con fondos europeos competitivos tuvieran un contrato temporal, de modo que es justamente al revés. Si la enmienda 76 del
Partido Popular se ratificara es cuando tendríamos haciendo el mismo trabajo en un laboratorio a iguales investigadores pero con un contrato que cambiaría en función de si la fuente de financiación es estatal o es europea.
Por otra parte, se nos dice que la contratación indefinida para los investigadores contratados con fondos europeos generaría un coste económico inasumible y que pondría en riesgo a los organismos científicos. De nuevo, estamos ante un
argumento cínico y falaz. Vamos un poco con datos. Los costes asociados a la contratación indefinida suponen aumentar la indemnización por fin de contrato de 12 a 20 días por año trabajado. Ello supone un aumento del 2,1 % del coste salarial que
no se abonaría en caso de que el contrato se mantuviera o de que el investigador fuera quien decidiera irse del centro. Al mismo tiempo, el centro ahorraría de ese 2,1 que hemos señalado un 1,2 % en la cotización empresarial, ahorro que se produce
en todos los contratos indefinidos. Por tanto, estamos hablando de que se estaría aumentando únicamente el 0,8 % del coste del contrato. Por tanto, decir que este pequeñísimo coste va a suponer un apocalipsis financiero para el sistema de
investigación, ¿qué quieren que les diga?, me parece incluso demasiado cínico para el Partido Popular.
Y por lo mismo no podíamos entender cómo Esquerra Republicana, que votó contra la reforma laboral porque supuestamente no aumentaba las indemnizaciones por despido, ahora se situaba con la derecha catalana y defendía todo lo contrario para
el personal investigador. Por tanto, me alegro de que los compañeros y compañeras de Esquerra Republicana hayan rectificado, porque no es coherente que muchas veces subáis a esta tribuna dando lecciones sobre lo que significa ser de izquierdas, que
está
también, y ahora fuerais a votar con el Partido Popular y VOX para precarizar las condiciones del personal de investigación. El problema no son las indemnizaciones ni los costes, aunque esa es siempre la excusa que se buscan los partidos de
derechas y la patronal para mantener un modelo laboral precario, basado en la concatenación de falsos contratos por obra y servicio. Así, bajo el pretexto de que el personal de investigación tiene suficiente con su vocación y sus descubrimientos
científicos, se pretende utilizar a un personal casi de usar y tirar, no sujeto a la misma normativa que el resto de trabajadores y trabajadoras.
En definitiva, señorías, creo que nos encontramos ante dos formas de afrontar el futuro de nuestro sistema de ciencia: por una parte, la de cierta patronal que piensa que solo puede ser competitiva a costa de sacrificar derechos laborales,
una patronal que se siente amenazada cuando las plantillas ganan derechos, oportunidades y autonomía, y, por otra, tenemos a la inmensa mayoría de los investigadores de nuestro país, que demandan una carrera científica estable, con derechos y que
acabe de una vez con la precariedad. Desde Unidas Podemos, desde este grupo parlamentario, tenemos muy claro de qué lado hemos estado y vamos a estar, y por ello vamos a rechazar la enmienda 76, del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Utrilla Cano. (Aplausos).
El señor UTRILLA CANO: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Asistimos hoy a la última sesión de debate sobre la ley de ciencia, que este Gobierno cocinó al estilo de yo me lo guiso y yo me lo como, es decir, sin contar con nadie. Y cuando el pastel salió calentito del Consejo de Ministros, señorías,
tenía más agujeros que un colador. (Aplausos). Para tapar esos agujeros, en cuanto a uno de ellos precisamente, Podemos presentó una enmienda, que posteriormente fue rechazada en el Senado, retirando la disposición adicional décima que se había
incorporado en el Congreso y que hoy volvemos a debatir aquí; un rocambolesco juego de pimpón entre las Cámaras legislativas y un culebrón que resulta incomprensible para la ciudadanía y que se hubiese evitado de haber hecho las cosas bien desde el
principio. Por eso, es importante recapitular y explicar a los españoles cuál es la verdadera realidad.
Lo primero, y para poner en contexto, hay que decir alto y claro que la ciencia en España está hecha unos zorros. A pesar del enorme talento que atesoran nuestros investigadores, están maltratados, con salarios paupérrimos. Ya VOX denunció
desde esta tribuna las nóminas mileuristas de profesionales con más de veinte años de experiencia. Hay que decir que trabajan asfixiados por una espesa burocracia y que tenemos un éxodo masivo de talento joven al extranjero. Y lo peor de todo y la
clave: tenemos una infrafinanciación de un 1,4 % de nuestro PIB, lejos, lejísimos, señorías, del 2,3, que es la media europea, y a años luz de los países que encabezan Europa, como Suiza o Suecia, por encima del 3 %. Esta es la triste realidad,
señorías, y no es fruto ni de Putin ni del virus ni siquiera de Franco, créanme. (Aplausos). Los responsables de este mayúsculo despropósito son los gobiernos de alternancia del Partido Socialista y el Partido Popular. Ustedes han gestionado la
ciencia de España en los últimos cuarenta años y son los artífices de esta dramática situación.
Pero centrémonos en lo que ha sido la trayectoria de esta ley. A pesar de que el mundo científico por unanimidad les pidió a gritos un pacto por la ciencia de todas las fuerzas políticas, este Gobierno desde el minuto uno aplicó un cordón
antidemocrático a VOX y nos excluyó de conocer el texto inicial y, por supuesto, invitarnos a firmarlo. Es de justicia decir que solo una diputada de Ciudadanos, Marta Martín, tuvo la valentía de levantar la voz y denunciar esta injusticia. Hoy ya
no está aquí, por decisión propia, pero quiero darle las gracias, de todo corazón, desde esta tribuna. (Aplausos).
Señores del Gobierno, con estas añagazas ustedes no silencian a los diputados de VOX, lo que hacen es amordazar a los cuatro millones de votantes de la tercera fuerza política de España; no puede haber un acto más mezquino ni más
antidemocrático. Hay que contar a los españoles que este Gobierno entiende a la ciencia como una herramienta para su propaganda. Se les llena la boca con la importancia de la ciencia, para luego acabar, como siempre, dejándola en la cuneta. Ya lo
hicieron con los científicos durante la pandemia, cuando les declararon no esenciales, confinándoles en sus casas, sin permitirles trabajar. En España durante ese periodo uno podía reformar su cocina porque los profesionales que trabajaban allí
habían sido considerados esenciales, pero ustedes, de forma ilegal e inconstitucional, dejaron a los científicos encerrados en sus casas. Los españoles tienen que saber que en este Congreso se creó una subcomisión con veintiséis expertos de primer
nivel para escuchar sus propuestas e incorporarlas a la ley de ciencia, algunos de ellos eminencias internacionales, y que este Gobierno no esperó a que acabaran
sus comparecencias; el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el texto de la ley sin que interviniesen todos ellos aquí. Una vez más pisotearon la ciencia. ¡Qué falta de respeto y qué desfachatez, señores! (Aplausos).
Pero es que hoy mismo vuelven a despreciar la ciencia con el decreto en el que marcan que los centros de trabajo no deben superar los 27º, y excluyen, por ejemplo, a las peluquerías, que nos parece fenomenal, señorías, pero se olvidan de los
laboratorios científicos. ¿Les parece saludable, de verdad, que nuestros científicos trabajen a 27º con bata, guantes de propileno, gafas de laboratorio y manejando sustancias como el éter o la acetona, que a esas temperaturas generan gases
inflamables? No hace falta que nos respondan, porque sabemos que les da absolutamente igual.
Hay que contar también a los españoles que durante el período de su tramitación este Gobierno impulsó la reforma laboral, que puso en peligro el futuro de más de 25 000 investigadores. No solo demostraron una ausencia total de coordinación
entre las carteras, sino una enorme prepotencia, al desoír a los rectores de las universidades españolas, que les alertaron a principios de año. Hay que explicar que este Gobierno, que dice que nunca deja a nadie atrás, se olvidó en su ley de los
profesionales técnicos, de los profesionales de gestión, incluso de los investigadores sanitarios, y que solo con enmiendas del resto de los grupos de partido se consiguió corregir este inaceptable olvido. Hay que contar que su ley no garantizaba
la inversión, a pesar de que su maquinaria mediática vendió a bombo y platillo el blindaje de la financiación de la ciencia. Ustedes lo condicionaron a disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, un blindaje de pacotilla que tuvo que ser
enmendado una vez más para garantizar la inversión en la ciencia.
Esta ley incluye mejoras, pero no es la solución definitiva a la inestabilidad laboral del mundo científico. Detrás subyace un problema endémico de falta de financiación, una falla estructural que ustedes podían haber abordado si hubiesen
tenido amplitud de miras y la valentía necesaria. ¿Nos quieren explicar cómo van a financiar la ciencia cuando no cuenten con los fondos europeos? Señores del Gobierno, esto ha sido una crónica de la oportunidad perdida. Tenían ustedes en sus
manos, tocándola con los dedos, la posibilidad de dejar a un lado el sectarismo y los intereses partidistas y haber apostado de verdad por la ciencia. Pero pedir a este Gobierno que no sea sectario, incluso que abrace el sentido común, es como
pedir peras al olmo o uvas al espino, un auténtico desatino.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Navarro López.
El señor NAVARRO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, siempre es importante decir la verdad, aunque algunos se molesten, entre otras muchas cosas porque la verdad no debería molestar a nadie, y lo que llevamos escuchando de su boca durante estos dos últimos meses es todo menos
verdades, y hoy hemos oído algo de ello.
Sorprende decir que el representante de Podemos es casi el que más se ha ajustado a la verdad, porque la realidad es que si estamos hoy aquí es porque usted faltó a su palabra, ya que usted pactó con Podemos a última hora una enmienda y, al
final, sorpresas de la vida, porque ha pactado sin transparencia en un despacho con Esquerra Republicana. ¡Menuda a sorpresa! Otra vez Esquerra Republicana de Catalunya salva al Gobierno. Esa es la realidad y este es el resumen de la ley de
ciencia, porque la ley que trajo usted aquí es exactamente la misma que quedaría en este punto con la enmienda del Partido Popular. Primera falsedad que han repetido.
La enmienda del Partido Popular en el Senado -y aprovecho para dar las gracias a mis compañeros del Senado, especialmente al senador Sanz Vitorio, que nos acompaña hoy, por el trabajo realizado-, la enmienda del Grupo Popular dejaba el texto
como lo escribió usted. Lleva dos meses diciendo -y el portavoz de Podemos, evidentemente, asiente- que la ley es peor gracias al Partido Popular, y la enmienda que hoy se vota deja el texto como lo redactó usted. Por tanto, ¿qué está mal de la
enmienda del Partido Popular, si la dejamos exactamente igual que como la trajo usted al Congreso? Porque ni en las negociaciones con el Grupo Popular ni en las negociaciones de las enmiendas ni en las negociaciones posteriores ni en el texto, en
ninguna conversación usted dijo que iba a aplicar a los proyectos con financiación temporal la contrarreforma laboral, en ningún caso lo dijo. Por tanto, señora ministra, ¿quién ha cambiado de posición? ¿Quién ha faltado a la palabra? ¿Quién ha
cambiado de punto de vista? Tuvo usted a bien hace poco decir que el presidente de mi partido mentía. Le insultó usted, le llamó mentiroso.
¿Quién miente, señora ministra? ¿Quién miente? La realidad es que quien miente aquí es el Partido Socialista, esa es la única realidad, esa es la única realidad. (Aplausos). Y ahora saldrá el Partido Socialista a decir que el PSOE se
rompe el pecho por los derechos de los trabajadores y que la pérfida derecha va en contra de esos derechos, pero la realidad es que su texto decía lo que hoy quiere que diga el Partido Popular. Por tanto, ¿quién es el malo aquí, señora ministra?
No es cierto absolutamente nada de lo que han dicho a lo largo de estos dos meses.
Dicen que esto es exclusivamente responsabilidad del Partido Popular. La ideología que hay detrás de la enmienda es la de las setenta y seis universidades españolas, cincuenta universidades públicas. (La señora ministra de Ciencia e
Innovación, Morant Ripoll, hace gestos negativos). No diga que no; cincuenta universidades públicas, entre otras la Complutense, la Carlos III, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Zaragoza, la Politécnica de Valencia. Todas esas nos han
dicho que presentemos esta enmienda. (Aplausos). Las setenta y seis universidades españolas han pedido a todos los partidos políticos que evitáramos el desastre que se cernía sobre la ciencia por la enmienda que ustedes colaron en el último
momento. Hay que decir la verdad, es muy importante decir la verdad. Aquí trajimos un texto acordado con el ministerio y el Grupo Socialista, y en el último minuto ustedes, sin decirnos nada a los demás, llegaron a un acuerdo con Podemos y
aceptaron una enmienda de Podemos. Ustedes sabrán por qué. Por eso no la enmendamos.
Nosotros habíamos presentado una enmienda que equiparaba los derechos de todos los investigadores, con independencia de donde viniera la financiación del proyecto europeo, y ustedes votaron en contra. Al final, aceptaron la enmienda de
Podemos, sin decirnos nada a nosotros. Por eso las setenta y seis universidades españolas y los cincuenta y siete centros de investigación más importantes del país nos pidieron a todos los grupos que la enmendaremos en el Senado. Y el Grupo
Popular lo hizo, mis compañeros en el Senado lo hicieron, y por eso tuvo el apoyo de muchos partidos. No ha sido el Partido Popular, han sido las setenta y seis universidades españolas las que nos han pedido que lo hiciéramos, han sido los
cincuenta y siete centros punteros de investigación del país los que nos han pedido que lo hiciéramos, y por eso partidos tan dispares como Esquerra Republicana, el PNV o el Partido Popular se pusieron de acuerdo en el Senado.
La mayoría del Senado rectificó la ley, no el Partido Popular, y hoy -por eso lo escrito no sirve absolutamente para nada-, después de haber llegado a un acuerdo en el minuto noventa con Podemos en un despacho, sin transparencia, llegan a un
acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya, al margen de la tramitación parlamentaria. ¿Dónde está ese acuerdo? ¿Qué papel lo sustenta? ¿Quién lo ha afirmado? ¿Va a afectar solo a los centros de investigación y universidades de Cataluña o a
los de todo el país? ¿Va a afectar a las universidades? Conteste. Lleva toda mi intervención diciendo que no; diga ahora que sí. (La señora ministra de Ciencia e Innovación, Morant Ripoll, hace gestos afirmativos). ¿Van a poderse acoger las
universidades a este acuerdo? ¿Dónde lo pone? Convendrá conmigo que para la mayoría de ciudadanos esto de ver un acuerdo entre Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Socialista en un papel, sin transparencia, ya nos suena y suele acabar
regular; haya mesa al medio o no haya mesa al medio, suele acabar regular. (Aplausos). Esa es la realidad, señora ministra: que usted ha decidido llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya sin luz ni taquígrafos. Esa es la única
realidad, cuando podía haber llegado a un acuerdo perfectamente con la mayoría parlamentaria.
Y la realidad es que no les dicen a los investigadores la verdad, porque hasta ahora eran contratados de manera indefinida mientras duraba la financiación de su proyecto por dos, tres o cuatro años. Ahora les contratan de manera indefinida,
no temporal como antes, por el mismo plazo. ¿Qué ocurre si se acaba la financiación del proyecto? Lo han dicho representantes de Podemos y de Esquerra. ¿De qué depende la investigación de nuestro país? De la financiación externa. Por cierto,
¿el acuerdo al que han llegado con Esquerra afecta a las convocatorias internacionales? Otra vez no dice nada, y usted sabe que son la mayoría. ¿Qué va a pasar con los proyectos de investigación -por poner una universidad al azar- de la
Universidad Politécnica de Valencia, que están ya en tramitación con financiación europea? ¿Se van a poder acoger a esta medida? No, y usted lo sabe, pero, evidentemente, calla.
La realidad, señora ministra, es que su acuerdo va a servir solo para una cosa, y los españoles merecen que les digan la verdad: para pagar los despidos de los investigadores. Ese incremento del coste que han dicho va a servir -al portavoz
de Podemos se le ha deslizado- para pagar los despidos de los investigadores, esa es la realidad. Van a tener un contrato indefinido. Y no lo dice el Partido Popular, se lo han dicho los rectores y los centros de investigación de España, que lo
único que van a hacer es incrementar una burbuja de falsos contratados indefinidos. No lo digo yo, lo dice el rector de la Politécnica de Valencia,
que supongo que le merecerá más respeto que el que le merece el Partido Popular. Han mentido a los investigadores, les siguen mintiendo, han faltado a la palabra dada, y con este resultado, desde luego, señora ministra, se queda usted en
manos de Esquerra. Ustedes sabrán.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guaita Esteruelas.
La señora GUAITA ESTERUELAS: Gracias, presidente. Buenas tardes, ministra.
Antes de empezar, señor Navarro, no me extraña que usted desvíe un poco la atención, porque entiendo que hoy tiene un papelón que no sé cómo lo está gestionando, la verdad, porque esta enmienda se aprobó en el Congreso porque mejoraba el
texto. Ustedes la empeoraron en el Senado. (Aplausos). Pero ya le advierto una cosa: hoy el Congreso se la va a volver a tumbar.
Señorías, son más de 5000 los científicos y científicas de nuestro país, según el portal del Euraxess, los que fueron contratados con fondos europeos en 2019 y 2020. Son más de 5000 a los que el PP quiere arrebatar la estabilidad laboral
que aprobamos hace tan solo unos meses con la ley. Son más de 5000 a los que ustedes quieren dejar sin los mismos derechos laborales que el resto de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Además, el 87 % de estos contratos eran temporales en
España mientras que, por ejemplo, en Alemania era el 45 %, y en el Reino Unido, el 52 %. Teníamos casi el doble de temporalidad y ustedes no quieren hacer nada, quieren dejar el tema tal cual estamos.
Señorías, hoy no hablamos de la ley de la ciencia, y no hablamos de ella porque ya se aprobó en este Congreso sin ningún voto en contra, ni tan siquiera el de VOX. Si tan mala era la ley, ¿por qué no votaron en contra? Toda la Cámara la
aprobó porque, al igual que la mayoría de científicos y científicas, afirmaron que era una buena ley. Pero ahora el PP y el resto de las derechas la quieren empeorar, como hemos visto, quieren arrebatar la dignidad y la carrera científica a buena
parte del personal científico de este país. Ustedes instauraron la cultura de la precariedad ya con la reforma laboral del 2012 y nos intentaron hacer creer que no había un modelo alternativo, pero este Gobierno les ha demostrado que esto no es
así. En el fondo, señor Navarro, ¿cuál es su propuesta? ¿Que en un mismo grupo tengamos investigadoras contratadas con contratos indefinidos y otras que no lo estén? ¿Cuál es su propuesta? La eliminación de esta disposición adicional genera
desigualdades entre los contratos en función del origen de los fondos, y ustedes lo saben. Si los fondos son nacionales o privados, contrato indefinido; si los fondos son europeos, contrato temporal y menos derechos. Esto sí que genera
conflictividad laboral y no los contratos indefinidos, aunque ya sabemos que su modelo de contratación es la precariedad, con lo cual tampoco cambia el tema.
Por lo tanto, señorías del Partido Popular, nos gustaría saber para quién trabajan ustedes, porque está claro que para los científicos y las científicas no. Le recuerdo, porque ha hecho una enumeración de centros, que la amplia mayoría de
científicos y científicas de este país rechazaron esta enmienda: Comisiones Obreras, UGT, Marea Roja por la Investigación, CSIF, Precarios, Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, todos ellos están en contra. ¿A quién representan
ustedes? Nos gustaría que nos lo explicase. Ustedes han utilizado el miedo y la incertidumbre para perpetuar la precariedad. Generan miedo, distorsiona, crean confusión para mantener la temporalidad. No podemos permitir que este miedo relegue a
la ciencia a una isla de precariedad cuando en el resto de sectores ya no existe. Este Gobierno va a romper la cultura de precariedad del Partido Popular.
Los centros de investigación reclaman financiación, y en eso estamos totalmente de acuerdo: más presupuesto para ciencia, más para el personal y más para los centros. Entonces, ¿por qué las derechas, por qué PP, por qué VOX, obviamente
también Junts, no ponen el foco en este problema? ¿Por qué no dicen abiertamente que no quieren incrementar el presupuesto en ciencia? ¿Por qué intentan manipular? Nosotros lo tenemos claro. Ustedes lo único que saben incrementar son las tasas
universitarias para recortar después el presupuesto en ciencia, junto con la dignidad y la estabilidad personal de los trabajadores. El Gobierno de Pedro Sánchez y el Grupo Parlamentario Socialista, tenemos el compromiso con la estabilidad personal
y con el incremento de la financiación, y lo hemos demostrado, lo hemos demostrado en los dos últimos presupuestos, donde hemos hecho incrementos históricos en inversión que, por cierto, toda la derecha los votó en contra. Además, la propia ley de
la ciencia introduce el compromiso de inversión del 1,25 % del PIB. ¿Se comprometen también los Gobiernos autonómicos del PP a incrementar el presupuesto en ciencia, tan preocupados como están, garantizando la estabilidad de los centros y del
personal científico? ¿Se compromete el Gobierno de la Generalitat? Porque supongo que
van a incrementar el presupuesto, señora Illamola, porque son la segunda comunidad autónoma con un presupuesto más bajo en ciencia y universidades, casualmente por detrás de Madrid.
No existe una dicotomía entre aportar dignidad y estabilidad laboral y mantener el equilibrio económico de los centros de investigación. Quienes utilicen este argumento están engañando, y esto lo han visto claro la mayoría de grupos
parlamentarios, a los que queríamos agradecer su trabajo, porque han hecho política y han hecho diálogo, y hemos conseguido una mejor ley, un plan de atracción de talento, una financiación estable y creciente para los centros y también para el
personal científico. En cambio, las derechas vuelven con su discurso catastrofista: que si la modificación de la ley implica despidos, que si la modificación de la ley implica cerrar líneas de investigación. Señora Illamola, si lo que ha dicho
usted no fuera tan grave y falso, sería para reírse, al menos innoven en las fake news, porque ya han utilizado este recurso varias veces. Lo utilizaron con el SMI, lo utilizaron con la reforma laboral, lo utilizaron con el real decreto de
estabilización del personal científico.
Pero tengo malas noticias para ustedes, para el PP, para VOX, para Junts, y buenas para la ciudadanía, sus predicciones apocalípticas no se han cumplido. El pasado mes de julio tuvimos la cifra de personas paradas más baja registrada en un
mes de julio desde 2008; contratos indefinidos, 41,4 % del total; desempleo de menores de 25 años, cifra más baja de la serie histórica. Y no solo creamos empleo, sino que los sectores que más crecen son las actividades científico-técnicas, y
esto es gracias a la inversión sin precedentes del Gobierno de Pedro Sánchez. (Aplausos). ¿Cuál fue la auténtica catástrofe? ¿Qué destruyó proyectos y carreras científicas? La pérdida de 12 000 científicos en España de 2010 a 2017, el 9 % de sus
investigadores, y esto fue gracias al Gobierno del Partido Popular.
Por lo tanto, nosotros incrementamos presupuesto en ciencia, ustedes intentan recortarlo; nosotros aprobamos nuevos derechos, ustedes intentan recortarlos; nosotros dignificamos la carrera científica, ustedes intentan recortarla. Son
omnipresentes en recortes, no les importan dónde estén, lo que hagan, si gobiernan o no, porque hasta han intentado recortar estando en la oposición. No hay quien les entienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
La señora GUAITA ESTERUELAS: Acabo ya.
Por lo tanto, sigan limitando o intentando limitar los derechos, que nosotros seguiremos apostando por que la ciencia y el avance científico sigan adelante, trabajando por dignificar la vida del personal científico.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, DE 5 DE MAYO, PARA LA TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20 DE JUNIO DE
2019, SOBRE MARCOS DE REESTRUCTURACIÓN PREVENTIVA, EXONERACIÓN DE DEUDAS E INHABILITACIONES, Y SOBRE MEDIDAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACIÓN, INSOLVENCIA Y EXONERACIÓN DE DEUDAS, Y POR LA QUE SE MODIFICA LA
DIRECTIVA (UE) 2017/1132 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DEL DERECHO DE SOCIEDADES (DIRECTIVA SOBRE REESTRUCTURACIÓN E INSOLVENCIA). (Número de expediente 121/000084).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por último, procede el debate de las enmiendas aprobadas por el Senado al Proyecto de Ley de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, para la trasposición de la Directiva 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar
la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva 2017/1132, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del derecho de sociedades, Directiva
sobre reestructuración e insolvencia.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias, presidente.
Volvemos otra vez a la tribuna a hablar de la Ley Concursal con la ministra de Justicia aquí presente. Gracias por venir, porque hay otros ministros que ni siquiera vienen a escuchar lo que tenemos que decir sobre las leyes y sobre las
enmiendas que planteamos los grupos parlamentarios. Lo más importante de las enmiendas que hoy están aquí en estudio, de las enmiendas que se van a votar aquí hoy, no es el grupo que las propone, que es Junts per Catalunya, sino sobre todo que son
enmiendas que molestan mucho al Gobierno de España. El Gobierno no quiere que salgan adelante, se han metido en el Senado, y sobre todo la parte socialista del Gobierno está muy incómoda con estas enmiendas, que espero y pido al resto de grupos
parlamentarios que voten a favor para que salgan adelante. Primero, son enmiendas técnicas pero, sobre todo, son enmiendas liberales respecto a las cuales grupos que no son nada liberales van a votar también a favor. ¿Y por qué son enmiendas
liberales? Porque alguna de ellas trata de establecer que exista una mayor igualdad entre los acreedores en la ejecución de sus créditos dentro del procedimiento universal de concurso y trata de limar los privilegios que tiene el crédito público,
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. Es decir, son enmiendas que persiguen una finalidad muy loable, una finalidad de justicia, de igualdad en la ejecución de los créditos entre los
acreedores.
Pero lo que sucede, y lo hemos visto a lo largo de este Pleno, es que el Gobierno últimamente -se lo digo a usted, señora ministra- comete diversos fraudes legislativos en contra de la competencia legislativa de esta Cámara. Se ha puesto de
manifiesto a lo largo del día cómo se abusa del real decreto ley mezclando cosas buenas con cosas malas, y privándonos además del procedimiento legislativo ordinario. Se podría añadir, por ejemplo, la utilización de las proposiciones de ley de los
grupos parlamentarios en lugar de los proyectos de ley para evitar las memorias de impacto económico, para evitar el procedimiento legislativo también con los informes consultivos de los órganos expertos. Finalmente, nos encontramos con esta
tercera técnica que consiste en alargar el plazo de transposición de las directivas para que estemos ya justo, justo, justo a punto de vencer el plazo y de esa manera, atropelladamente, de una forma celérica, tener que tramitar la ley. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia). Y esta es la última razón que molesta al Gobierno. Claro, porque estas enmiendas al Senado han ralentizado, han diferido la publicación en el Boletín Oficial del Estado de una directiva cuyo plazo ya está vencido.
Bien, ya dije en la intervención que tuvimos en su día que el Gobierno presentó un proyecto de ley que consiguió enfadar a todo el mundo, a todos los protagonistas del procedimiento concursal y que, gracias a la conjura de todos los grupos
parlamentarios contra el Grupo Parlamentario Socialista en relación con la reforma de este texto, y en alguna pequeña medida incluso también de Unidas Podemos, conseguimos sacar adelante un texto mejor. Estas enmiendas todavía mejoran más el texto;
unas enmiendas que son muy del agrado del partido liberal de esta Cámara porque tratan, por una parte, de potenciar el estatuto de los profesionales que participan en el procedimiento concursal, pero sobre todo porque es una revolución. No dará
titulares, a nadie le importará, a los medios de comunicación no les interesará, pero consigue algo que nunca se había conseguido en España, y es la suspensión de la ejecución de los procedimientos administrativos que sigue adelante la Agencia
Tributaria o la Tesorería de la Seguridad Social respecto a los créditos públicos en el procedimiento simplificado de las microempresas. ¿Para qué? Es ininteligible lo que acabo de decir, pero prácticamente esto sirve para conseguir una mejor
ejecución, una mayor justicia entre los distintos créditos que están en el concurso y, sobre todo, facilita la negociación para dar viabilidad a las empresas, que es una de las finalidades del concurso. Entre todas estas enmiendas, como digo, esta
es la más importante, la que permite suspender la ejecución administrativa del crédito público. Les pido, por lo tanto, que voten a favor de esta enmienda, a pesar de no ser de mi grupo parlamentario.
Pero hay otra enmienda, que también vamos a votar a favor, en la que es muy chocante cuál es la postura de Podemos y del Partido Socialista. Es una enmienda que introduce la figura del mediador concursal. La señora ministra me escuchó a mí
aquí defenderla frente a los ataques de VOX cuando tramitábamos la Ley de eficiencia procesal y VOX se oponía a los medios alternativos de solución de controversias. Yo decía: señora ministra, sea usted más valiente, utilice también la mediación
en el ámbito concursal. Ha tenido que ser una enmienda de Junts per Catalunya la que la va a introducir -espero- en el texto definitivo de la Ley Concursal. Es absolutamente coherente que VOX vote en contra de que esta enmienda prospere. Claro,
si es que ellos no quieren los sistemas de mediación alternativa de solución de controversias; ellos son coherentes con su votación, aunque discrepemos en el criterio. Lo que no puedo entender es que el Partido Socialista vaya a votar en contra de
esta enmienda. ¿Pero no son ustedes los
defensores de la mediación, los defensores de la solución extrajudicial de los conflictos? ¿No es el concurso, precisamente, donde hay que poner de acuerdo a un montón de acreedores con un deudor insolvente, el escenario más proclive para
esta mediación, como lo sería, por ejemplo, un juicio de testamentaría? No entiendo de verdad por qué ustedes no son ambiciosos, no son valientes y aceptan esta mediación en el ámbito del procedimiento concursal.
Nosotros votamos abstención en cuanto a la ley, y una de las razones de votar abstención era precisamente el privilegio que se concedía al crédito público. Otra de las razones era que ustedes criminalizan de alguna manera a esos
profesionales privados, expertos en reestructuraciones, administradores concursales, que son unos malvados que ganan dinero en el seno de los procedimientos concursales. Claro, pero hacen que los procedimientos concursales cumplan con su finalidad.
No son unos malvados, y precisamente lo que hacen es ayudar al letrado de Administración de Justicia a que el proceso concursal consiga su finalidad: la viabilidad de la empresa o, si la empresa no es viable, el reparto del dinero que haya entre
los acreedores, creando riqueza, creando progreso en beneficio del interés general. Estas enmiendas dignifican el estatuto de esos profesionales privados, y por eso votaremos a favor de estas enmiendas y les pido el voto a favor de estas enmiendas.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, voy a ser muy breve en la intervención, en la medida que en el debate relativo a la reforma de la Ley Concursal, como saben, el PDeCAT tuvo un papel -me gustaría decir y creo que es así- relevante, como mínimo cuantitativamente muy
relevante, con más de cien enmiendas, de las cuales al final siete fueron aceptadas directamente y treinta y tres transaccionadas a lo largo de los trabajos parlamentarios. Unos trabajos parlamentarios en este Congreso de los Diputados, con
comparecencias, con trabajos de ponencia, con transacciones, en Comisión y en Pleno, porque esta era una materia que estaba avocada al Pleno como ustedes recordarán. En definitiva, se hacía toda una serie de avances que creemos muy necesarios y
que, por supuesto, no eran el todo del contenido de nuestras enmiendas, pero sí que suponían un avance muy sustancial en lo que inicialmente venía en el proyecto de ley como una simple transposición de la directiva europea y que se convirtió, creo,
con el consenso de muchos grupos, en una oportunidad para dotar de más contenidos y de mucha más profundidad la reforma que finalmente se hizo.
Hoy nos toca el punto relativo a la vuelta del Senado de este proyecto de ley. Yo creo que es de justicia también poner de relieve el tiempo y el trabajo que hubo aquí en el Congreso y cómo ahora cuatro enmiendas aparecen para ver si se
deben integrar o no en el texto que se cerró en el Congreso. En este texto, incluso en la exposición motivada que llega desde el Senado, se apuntan algunas contradicciones que la aprobación de estas enmiendas puede suponer en la totalidad del
texto. Es por este motivo que, sin agotar mucho más tiempo, sí que queríamos hacer hincapié en aquellos logros conseguidos, como la intervención de los profesionales, abogados y procuradores, en la tramitación de los concursos; el acceso a un
procedimiento especial para pymes, como salió del Congreso; la reducción en el crédito público tanto para Hacienda como para la Seguridad Social y que esta exoneración de crédito público pudiera subir, de acuerdo con las transacciones a las que
llegamos, de 1000 euros solo para Hacienda y 1000 euros solo para Seguridad Social a 10 000 euros para Hacienda y 10 000 euros para la Seguridad Social.
Por tanto, la visión de conjunto nos hace que hoy votemos en contra de la incorporación de estas enmiendas, valorando el conjunto del texto, las contradicciones que suponen la incorporación de estas enmiendas en el proyecto de ley y, en
definitiva, la contradicción que supone el debate y trabajo a fondo que se produjo aquí en el Congreso de los Diputados durante mucho tiempo, con comparecencias y participación también de aquellos actores más relevantes en esta cuestión y las cuatro
enmiendas que ahora llegan del Senado. Por este motivo nosotros votaremos en contra de las enmiendas presentadas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Uriarte Torrealday.
El señor URIARTE TORREALDAY: Querida presidenta, queridas y queridos colegas, volvemos a tratar de nuevo la reforma de la Ley Concursal y volvemos a tratar de nuevo una serie de enmiendas que nos mandan desde el Senado, enmiendas que tienen
un contenido pequeño, que no hacen gran daño, que no son muy negativas. Alguna de ella sí plantea algunas dificultades porque atrasa los procedimientos, en concreto, la enmienda 31, y la enmienda 60, relativa a la supresión de la disposición
transitoria, no es problemática si se consigue sacar el reglamento antes del 31 de diciembre. No es especialmente problemático, pero sí es muy relevante y muy indicativo de lo que está pasando en este país.
Lamentablemente, es muy indicativo. Como decía ahora mismo Edmundo Bal, qué raro que aquí se pongan de acuerdo tan fácilmente liberales y antiliberales. Y diría yo, qué raro que se pongan tan fácilmente de acuerdo nacionalistas catalanes
con nacionalistas españoles radicales que se insultan, se agreden y se niegan mutuamente legitimidad. Qué extraño, ¿qué está pasando aquí? Excusatio non petita, accusatio manifesta. Algunos de los portavoces del Partido Popular decían antes que
es lícito que lleguen a acuerdos con Junt per Catalunya. Claro, yo llevo toda mi vida, cuarenta años, viendo llegar a acuerdos al partido de Puigdemont y al partido de Feijóo. Sigan ustedes, negocien, claro que sí, bájense de su batalla y de sus
guerras, reconozcan su legitimidad y lleguen a acuerdos. Pero lleguen a acuerdos, por favor, en las comisiones de esta Cámara; lleguen a acuerdos en el Pleno de esta Cámara; lleguen a acuerdos con luz y taquígrafos, no estén agazapados en el
Senado esperando esa estrategia que han encontrado de presentar una pequeña enmienda técnica y que la presente Junts per Catalunya, que le viene muy bien para que el Partido Popular la apoye, y con ello consiga atrasar un mes o dos la entrada en
vigor de leyes necesarias, que además son leyes que suponen trasposición de directivas comunitarias, y así perjudican la imagen exterior del Reino de España como buen cumplidor de las obligaciones comunitarias.
Esa estrategia -decían- es lícita. Lo que es lícito o lo que no es lícito depende de donde cada uno ponga el listón del respeto que le tenemos a las instituciones y a la ciudadanía. Será lícito, a lo mejor, si lo ponemos en el mínimo del
listón, si lo ponemos en el de no hacer ilegalidades expresas. Será lícito desde su perspectiva lo que ustedes hacen y la forma en la que ustedes utilizan al Consejo General del Poder Judicial, será lícita la que ustedes han encontrado de utilizar
el Senado para paralizar las leyes, para atrasar su cumplimiento y el cumplimiento de las obligaciones o compromisos comunitarios de España. Será lícito desde su perspectiva, pero, desde luego, elegante, muy poco. (Aplausos).
Sinceramente les aconsejo con todo el cariño que hablen ustedes todo lo que quieran, que lleguen a todos los acuerdos que quieran con Junts per Catalunya. Que el partido de Feijóo y el partido de Puigdemont lleguen a algún tipo de acuerdo
me parece perfecto, que desmilitaricen sus relaciones y que se relacionen de otra forma, que estamos en un país civilizado y estamos en el siglo XXI. Me parece correctísimo. Ahora, este tipo de estrategias perversas de utilización de las
instituciones, por mucho que disimulen, y por mucho que digan ¡oh, sorpresa! liberales y antiliberales coincidimos, ultranacionalistas de un sentido y de otro coincidimos, raro suena, y la gente no es tonta. La gente se da cuenta de lo que hay
detrás y en qué consiste la estrategia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Uriarte.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, como ya dijimos en el anterior debate, esta norma es un fracaso del legislador y ni siquiera el triunfo de la partitocracia. Es el flagrante abuso de un Gobierno, y concretamente del Ministerio de Hacienda, que ordena a los
partidos que lo sustentan ser siervos de sus intereses para expoliar si cabe más a las clases medias, autónomos y emprendedores en un Estado derrochador que impide cualquier nueva oportunidad a aquellos que, actuando correctamente y de buena fe, han
fracasado en su empeño profesional o empresarial, especialmente a los autónomos. (Aplausos). También dijimos que todo ello ha impedido un análisis y debate pausado, concienzudo y responsable de una legislación concursal clave en materia de
competitividad en nuestra economía. La tramitación de esta norma, con 607 enmiendas en el Congreso y 252 en el Senado se ha realizado en un tiempo récord, cuyos trabajos en Ponencia se limitaron a un solo día y unas semanas más tarde viene ya
debatida por el Senado con cuatro enmiendas que hoy nos ocupan.
En relación con las enmiendas -que ya se han votado antes de hablar, señor Bal, con lo cual el convencimiento es relativo-, una de ellas es contradictoria según el propio mensaje motivado que acompaña al dictamen, la referida al artículo 37
quater de la ley en relación con los concursos, y más concretamente el nombramiento del administrador concursal, que se convierte en mediador concursal, que
no es el sentido de la ley, pero que en el propio dictamen se invoca la posible contradicción; otra queda a medias, pero tiene su sentido para acotar levemente los privilegios nefastos y abusivos del crédito público en el artículo 690 de la
ley; una tercera únicamente formal que afecta al artículo 704 del texto refundido, y la cuarta, lógica, la transitoria tercera, en la elaboración del reglamento en la administración concursal.
Dicho esto, nos encontramos ante una de las normas que más cambios ha sufrido a lo largo de la historia, y con el texto que saldrá hoy de esta Cámara seguirá modificándose, porque está abocada a su pronta interpretación al amparo del
artículo 1.6 del Código Civil, atendiendo al carácter complementario de la jurisprudencia y que nos tememos será en breve tiempo. Es una norma que se modificó mediante el Real Decreto 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprobó el texto refundido,
un texto refundido que no era tal y negaba la exoneración del crédito público, y al tratarse de un decreto legislativo se produjo una laguna legal por la extralimitación en su armonización, que obligó a la aplicación del principio ultra vires,
principio jurídico que considera nulos los actos que rebasan el límite de la ley, y ese decreto legislativo así lo hacía. Como es norma en este Gobierno, ignoraba como norma de tal rango la doctrina del Tribunal Supremo, y muy especialmente el
tratamiento de la exoneración del crédito público en el procedimiento de la segunda oportunidad, sobre el que me voy a centrar. Intentaré explicarlo como para legos en la materia, pero estoy seguro de que me entenderán.
Cuando una empresa va mal una sociedad mercantil acude al procedimiento concursal; se tramita, se intentan acuerdos o convenios y si ello no es posible, se liquida, y con la liquidación muere la empresa, se acaba y fenece en el Registro
Mercantil, y si no se ha derivado responsabilidad a los administradores, habida cuenta de que su actuación ha sido diligente, el entierro de la persona jurídica con todas las deudas, incluido el crédito público, se formaliza mediante el cierre de la
correspondiente hoja, folio, tomo y libro en el registro mercantil y deja de existir sin más la persona jurídica. Pues bien, a los empresarios individuales, autónomos y personas físicas que en las mismas condiciones acuden a la legislación
mercantil y concursal, la liquidación obviamente no acaba con la muerte real de la persona física -bueno, pero al tiempo veremos-; en realidad, es la muerte civil, con deudas impagables que persisten, y se les obliga a actuar fuera del sistema a
través de testaferros y en la economía sumergida.
La única posibilidad es dar una segunda oportunidad a dichas personas, y con ello la exoneración mediante convenio o en liquidación si concurren los requisitos de todo crédito, incluido el crédito público. Aquí no, en España no, señora
ministra, en clara contradicción a lo que sugiere y propone la Directiva 2017/1132, del Parlamento Europeo y del Consejo. Que sepan los españoles, todos aquellos a los que pueda afectar lo que hoy debatimos, que con el nuevo texto que se apruebe se
podrá exonerar menos crédito público que con la norma que en la actualidad rige en el tratamiento del conocido procedimiento de segunda oportunidad. Juzgados y audiencias, concretamente quiero resaltar la de Barcelona, tras el texto refundido, y
aplicando el principio ultra vires, siguieron exonerando en aplicación del criterio del Tribunal Supremo el 50 % del crédito público y el otro 50 se iba a un plan de pagos que, si no llegaba a cumplirse, pero se demostraba que el deudor había
empleado los recursos humanamente posibles, se acababa exonerando. Si alguien tenía una deuda, por ejemplo, 80 000 euros, se exoneran 40 000 euros directamente y el resto, mediante convenio con la salvedad dicha. Pues ahora solo es posible la
exoneración de 10 000 euros como máximo, así que se seguirán debiendo 70 000 euros que no se podrán pagar, pues el deudor inmediatamente pasará a la economía sumergida o a actuar mediante testaferros. Esto es lo que hay, ni más ni menos, es la
práctica jurídica, y aquellos que nos hemos dedicado a esto así lo sabemos. Es más, por mor de la transitoria primera, en aquellos procedimientos ya iniciados e informados a nuestros clientes, a los clientes en general de todos los asesores legales
de dicha práctica, a partir de ahora se cambian las reglas de juego, no podrán exonerar y también se les está impidiendo una posibilidad de empezar de nuevo en esa segunda oportunidad, y esto es un ataque, señora ministra, al principio de
irretroactividad de las leyes.
En definitiva, entendemos que este Gobierno solo piensa en recaudar -si no, no tendría tanto miedo a la exoneración del crédito público- y en expoliar, no en proteger y apoyar a los emprendedores y autónomos en una segunda oportunidad, a
aquellos que lo hicieron todo bien, que lo intentaron todo y les salió mal. Ha sido una oportunidad perdida. Esta ley, desgraciadamente, no está escrita sobre piedra que perdure. Es una creación efímera que no alcanza ni siquiera la eterna
fugacidad de una estrella en verano.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Santamaría Ruiz.
El señor SANTAMARÍA RUIZ: Señora presidenta, señora ministra, señorías, señor Uriarte, ha estado usted muy pero que muy desafortunado, y es usted profesor de Derecho Constitucional. Le ha faltado a usted respeto al Senado, que es una
Cámara de representación de todos los españoles. Y, además, ha faltado a la verdad acusando al Partido Popular de retrasar la aprobación de esta ley. ¿Se acuerda usted cuando finalizó el plazo de presentación de enmiendas a la norma? El 16 de
marzo. ¿Sabe cuánto tardó el Gobierno y la Mesa de la Comisión, de la que usted es parte, en convocar la ponencia? Tres meses; tres meses, señor Uriarte. Téngase usted más respeto que es usted profesor de Derecho Constitucional y un buen
parlamentario. (Aplausos).
Señorías, como hoy ha explicado el señor Bal, vuelve al Congreso la Ley Concursal y lo hace con unas enmiendas que apuntan en la línea de lo que apoyó nuestro partido, el Grupo Parlamentario Popular, durante la tramitación de la norma y, por
tanto, los populares seguimos pensando lo mismo que pensábamos hace apenas unas semanas cuando se aprobó esta ley y que tantas veces hemos reiterado, y es que la aprobación de esta ley es una oportunidad perdida, que no servirá como debiera para
ayudar a las empresas en dificultades y que tampoco salvará ni ayudará a salvaguardar el empleo que estas generan.
Los hechos, desgraciadamente, nos están dando la razón, y no solo porque el fin de la moratoria haya supuesto un incremento notable de los procesos concursales que llegan a los tribunales, sino porque, como denuncian los jueces de lo
Mercantil, este incremento de cargas de trabajo no ha discurrido en paralelo a la aprobación de un plan de choque que incluyera los medios materiales y humanos necesarios para hacer frente a esta carga de trabajo in crescendo, tal y como defendía mi
grupo. El Gobierno, en su desidia, olvidó que el 25 de julio los juzgados de lo Mercantil asumían las competencias para resolver los concursos de las personas físicas y, a pesar de que nosotros lo advertimos, derivar a los juzgados de Primera
Instancia los litigios derivados del transporte de viajeros no es suficiente para compensar el incremento de trabajo de los juzgados de lo Mercantil. Los juzgados de lo Mercantil precisan lo que el Gobierno les niega, más juzgados, más recursos,
más dinero, más medios materiales y más recursos humanos, y eso es lo que el Gobierno les niega, es así de sencillo. (Aplausos).
Señorías, el balance que sobre la nueva Ley Concursal hacen los profesionales y los jueces de lo mercantil no es bueno, y no es bueno porque la ley sobreprotege el crédito público; no es bueno porque los límites en la exoneración del
crédito público dificultan el acceso a la segunda oportunidad, lo que va a hacer que muchas personas se vayan a quedar atrás en contra de los eslóganes que ustedes proclaman constantemente, y van a estar abocados a vivir dramas personales o, si no,
a la economía sumergida. No es bueno porque esta visión cicatera sobre el crédito público que contiene la Ley Concursal es contraria a las disposiciones que obliga a trasponer la directiva europea, y ello derivará en la presentación de multitud de
cuestiones prejudiciales que enturbiarán, dificultarán y pondrán en duda la eficacia de la aplicación de la norma.
Los profesionales son críticos porque son conscientes de lo que implica no aligerar la carga de trabajo de los juzgados de lo Mercantil y también porque no existe un sistema eficaz de alerta temprana; porque el régimen de entrada en vigor y
el régimen transitorio son confusos, y porque todo ello se agrava con la crisis económica que padecemos. Por eso, la mayoría de los expertos están de acuerdo en manifestar que la ley necesitará una pronta reforma y que, por tanto, estamos ante un
evidente fracaso legislativo achacable exclusivamente al señor Sánchez, que nunca quiso escuchar a los agentes implicados que, además, coincidieron, en extraña coincidencia, anunciando el desastre de la propuesta inicial del Gobierno y también lo
que ahora está sucediendo.
Señorías, el Grupo Popular ya advirtió sobre todas estas cuestiones durante el proceso de elaboración de la norma que los socios del Gobierno impidieron al Ejecutivo negociar con el Partido Popular. A título de ejemplo les diré que todavía
estamos esperando el texto de cinco enmiendas transaccionales para poderlas negociar con el Partido Socialista y, sin embargo, aquí estamos.
Señorías, cuando esta Cámara aprobó la norma manifesté, siguiendo el lenguaje del aforismo de Baltasar Gracián que decía que antes loco con todos que acuerdo a solas, que mi grupo prefería entonces ser cuerdo a solas, porque así lo exigía la
razón y el interés general, y hoy los hechos nos dan la razón. Lo que lamentamos es que el Gobierno nunca quisiera ser cuerdo con todos; siempre pretendió una imposición unilateral del contenido de una norma y solo el acuerdo de los grupos
parlamentarios en sentido contrario, recogiendo el sentir del sector, fue capaz de modificar el texto original de la ley. Señorías, el tiempo dará y quitará razones, pero estamos ante una ley abocada al fracaso legislativo, una ley que significa
tiempo perdido.
Y no puedo concluir mi intervención sin aprovechar que ocupo esta tribuna para contestar a algunas de las descalificaciones e insultos que se han vertido contra mi grupo, contra mi partido y contra el presidente también de mi partido, en la
línea de lo que viene sucediendo en las últimas semanas. Verán, señorías, quizá hemos aprobado una ley concursal, antigua Ley de Quiebras, pero quizá nos hubiera venido mucho mejor a los españoles aprobar una ley que mejorara o que impidiera el
estado de quiebra política, moral e intelectual del Gobierno del señor Sánchez (aplausos), un gobierno en estado vegetativo. Y que conste que lo digo con respeto a las hortalizas, que no merecen en ningún caso ser comparadas con el señor Sánchez,
de quien hace tiempo que no sale ni una sola idea de provecho.
La última ocurrencia que ha surgido de ese páramo intelectual en el que se ha convertido el sanchismo consiste en descalificar al presidente de mi partido con el objeto de que los españoles recuperen la confianza en el señor Sánchez. Es una
curiosa trasmutación metafísica la que nos propone el Partido Socialista, en la que tienen tanta fe que hasta once ministros han ocupado su verano en descalificar al señor Feijóo, cuya trayectoria está avalada nada más y nada menos que por cuatro
victorias electorales, que muchos de aquellos que critican al señor Feijóo -incluida la ministra de Justicia, que no debería hacerlo- desearan para su currículum. Todo comenzó con el señor Antonio -recordarán ustedes- llamándonos mangantes, un tono
inaceptable que este verano ha ido in crescendo en paralelo a la fragua del indulto al justo Griñán, por ser el más honrado de todos los corruptos. Y lo cierto es que entre indultos e insultos anda el señor Antonio a medida que las encuestas van
tiñendo de un azul intenso el panorama electoral que se prevé para este país.
Señorías, al señor Feijóo le han llamado de todo, y no diré que a los populares esto no resbale, porque no es así, pero sí afirmaré que no es nuestra prioridad no darles contestación. Nuestra prioridad es buscar soluciones para esta
terrible vuelta al colegio en el mes de septiembre que afrontan los padres españoles, dar respuesta a las dificultades, al incremento de la cesta de la compra, al precio de la energía, al precio de los carburantes y también a la mala gestión...
La señora PRESIDENTA: Señor Santamaría, tiene usted que terminar, por favor.
El señor SANTAMARÍA RUIZ: ... de cuestiones como la del tren del infierno de mi comunidad, donde la incompetencia del Partido Socialista podría haberse llevado por delante la vida de muchas personas.
Termino ya. En relación con las declaraciones de los ministros, quiero recordarles lo que decía el señor Ríos Rosas y es que cuando un puesto ministerial está ocupado por un tonto, el puesto parece que está vacante, y esto es en buena
medida -dicho sea con todos los respetos- algo que le está sucediendo a este Gobierno (Aplausos), que muchos puestos ministeriales, señorías...
La señora PRESIDENTA: Señor Santamaría, tiene usted que terminar. (Rumores). Silencio, por favor.
El señor SANTAMARÍA RUIZ:... a la luz de las declaraciones de sus titulares, parecen estar vacantes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santamaría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aranda Vargas.
El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora ministra, por su presencia hoy aquí y por escuchar esta sarta de insultos del portavoz del Partido Popular, que pensábamos que iba a hablar de la Ley Concursal. Es verdad que la cabra tira al monte, señor Santamaría, a usted
le gustan los aforismos y no puede dejar de intentar ganar galones en su partido insultando a este Gobierno. (Aplausos).
Señorías, vuelve a esta Cámara la Ley Concursal, una ley que salió -recuerdo- con la friolera de cero votos en contra, y lo hace provocando un retraso de un mes en su aplicación, por la obstinación del Partido Popular en zancadillear e
insultar al Gobierno. El Partido Popular, una vez más, con su antipolítica, provoca más incertidumbre y más inseguridad jurídica. Y, no nos engañemos, el PP tiene cero interés en las empresas, tiene cero interés en los autónomos; le importa bien
poco el sistema de segunda oportunidad europea o la ciencia, como hemos visto antes. Para el PP, para su grupo en el Senado, para su dirección política, en definitiva -la que sea, la anterior, la actual- su único interés pasa por torpedear todo
cuanto puedan y en bloquear, aun a riesgo de crear barullos legales. Señor Santamaría, que llevamos aquí ya unos trienios, nos conocemos todos, ya sabemos de qué van ustedes, esto no es nuevo. Y cuando no les es suficiente con bloquear, intentan
dilatar, intentan retardar cualquier medida que proponga el Gobierno. Solo miran su propio
interés egoísta por su propia supervivencia política. Como dijo uno de los suyos, y abro comillas: Dejemos que España caiga que ya la levantaremos nosotros. Y eso es lo que hacen con su inacción o con su acción boicoteadora. Sí, aquí en
el Congreso, pero también en el Poder Judicial -les fastidia que se lo recuerde-, donde ya acumulan 1350 días más o menos de insumisión constitucional. A ustedes, señorías -y les seré muy claro- no les importa hoy la Ley Concursal, se lo ha dicho
mi compañero de Unidas Podemos. Como demostraron también en el Senado, no les importa apoyar nuestras cuatro enmiendas de Junts per Cat e ir en contra de una ley que salió en esta Cámara, repito, sin ningún voto en contra. Ustedes, con su ansia
desmedida por perjudicar al Gobierno de España, no hacen sino perjudicar a España y a los españoles, pero no a esa España de la que ustedes se llenan la boca, la de las banderas, las pulseras y las soflamas, sino la España real, la España que
trabaja -hoy en mayor medida y cantidad en muchos años-, la España que emprende, que investiga, que produce, la España que estudia y que coge el transporte público, que, si por ustedes fuera, pagaría la red de cercanías, algo que ahora no se hace
por la medida del Gobierno (aplausos); la España que da la cara por un futuro que el PP quisiera más negro.
El PP, sí, este PP, se ha convertido en un obstáculo real para el progreso de la España real, y este debate de hoy es un ejemplo claro de la desidia y la deslealtad con la que afrontan ustedes de manera sistemática los problemas a los que ha
de hacer frente este Gobierno. Si ya les cuesta pasarse papeles de una dirección saliente a otra entrante porque no se fían de ustedes mismos, ¿cómo se van a fiar los españoles de ustedes? ¿Cómo se van a fiar? Miren, es que no estuvieron en la
lucha contra la COVID en los momentos más duros más que para proponer lo contrario de lo que en cada momento se solicitaba. No están ni se les espera -recuerdo- en el mandato constitucional de renovar el consejo, asumiendo con su papel el uso más
partidista de la justicia que se haya visto en nuestro país, que, viniendo de ustedes, ya es complicado. No han estado y no están en los decretos que necesitamos para que el impacto de una guerra en nuestras fronteras europeas sea menor; insisto,
no están. Y no están cuando las empresas necesitan de nuestra legislación porque este debate, señorías, no se trata de si las enmiendas que han apoyado en el Senado son mejores o peores. Léanse el informe de los letrados del Senado, léanselo, que
alerta sobre la contradicción que suponen estas enmiendas con la ley aprobada. Ustedes votaron que sí por pura venganza contra el Gobierno. ¿A quién quieren engañar?
Este debate va sobre dónde se sitúa cada uno en cada momento, y el PP ha elegido situarse de espaldas a los españoles. Señorías, en estos casi tres años que llevamos de legislatura en numerosas ocasiones el Gobierno no ha podido elegir. El
Gobierno y España se han visto dentro de una serie de situaciones impensables hasta hace poco y ha tratado de sortear cada una de las problemáticas que iban surgiendo, y no eran pocas ni eran menores. Pero ustedes, el principal partido de la
oposición, sí que han podido elegir y han elegido conscientemente -lo hizo Casado y lo ha hecho Feijóo-, han elegido en cada momento, en cada bifurcación, en cada dilema, en cada problema, en cada crisis, un camino, su camino, el camino egoísta de
dar la espalda al diálogo, al consenso y a la política de Estado. Mientras los españoles elegían cara, ustedes han elegido cruz. Esta decisión les marcará y será recordada mucho tiempo.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aranda.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 13/2022, DE 26 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECE UN NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN PARA LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS Y SE MEJORA LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD. (Número de expediente 130/000085).
La señora PRESIDENTA: Señorías, habiendo finalizado el plazo para la emisión del voto por el procedimiento telemático, procedo a enunciar el resultado de las votaciones. Resultado de las votaciones de la convalidación o derogación de
reales decretos leyes.
Real 13/20022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad.
Votos emitidos, 349; sí, 260; no, 64; abstenciones, 25. En consecuencia, queda convalidado el real decreto ley.
Solicitud de tramitación del real decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Votos emitidos, 349; sí, 348; no, 1; ninguna abstención. En consecuencia, el real decreto ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 14/2022, DE 1 DE AGOSTO, DE MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE, EN MATERIA DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO, ASÍ COMO DE MEDIDAS DE AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA
ENERGÉTICA DEL GAS NATURAL. (Número de expediente 130/000086).
La señora PRESIDENTA: Real 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro y eficiencia energética y de reducción de la
dependencia energética del gas natural.
Votos emitidos, 349; sí, 187; no, 161, abstenciones, 1. En consecuencia, queda convalidado el real decreto ley.
Solicitud de tramitación del real como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Votos emitidos, 349; sí, 342; no, 6, abstenciones, 1. En consecuencia, el real decreto ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 15/2022, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES. (Número de expediente 130/000087).
La señora PRESIDENTA: Real 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales.
Votos emitidos, 348; sí, 265; no, 6; abstenciones, 77. En consecuencia, queda convalidado el real decreto ley.
Solicitud de tramitación del real decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Votos emitidos, 349; sí, 170; no, 177; abstenciones, 2. En consecuencia el real decreto ley no se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL. (Número de expediente 121/000062).
La señora PRESIDENTA: Votación de conjunto del texto del proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, por tener la misma carácter orgánico.
Votos emitidos, 349; sí, 205; no, 141, abstenciones, 3. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos. (Aplausos).
ENMIENDAS DEL SENADO. (CONTINUACIÓN). (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN. (Número de expediente 121/000092).
La señora PRESIDENTA: Procedo a enunciar el resultado de la votación de la enmienda aprobada por el Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Votos emitidos, 349; sí, 108; no, 189; abstenciones, 52. En consecuencia, queda rechazada la enmienda.
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, DE 5 DE MAYO, PARA LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20 DE JUNIO DE
2019, SOBRE MARCOS DE REESTRUCTURACIÓN PREVENTIVA, EXONERACIÓN DE DEUDAS E INHABILITACIONES, Y SOBRE MEDIDAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACIÓN, INSOLVENCIA Y EXONERACIÓN DE DEUDAS, Y POR LA QUE SE MODIFICA LA
DIRECTIVA (UE) 2017/1132 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DEL DERECHO DE SOCIEDADES (DIRECTIVA SOBRE REESTRUCTURACIÓN E INSOLVENCIA). (Número de expediente 121/000084).
La señora PRESIDENTA: Procedo ahora a enunciar el resultado de las votaciones de las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de reforma del texto refundido de la ley concursal, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e
inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
determinados aspectos del derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).
Enmienda al artículo único, apartado quince.
Votos emitidos, 348; sí, 122; no, 226; ninguna abstención. En consecuencia, queda rechazada la enmienda.
Enmienda al artículo único, apartado ciento cincuenta y tres, en lo relativo al artículo 690.
Votos emitidos, 348; sí, 171; no, 175; abstenciones, 2. En consecuencia, queda rechazada la enmienda.
Enmienda al artículo único, apartado ciento cincuenta y tres, en lo relativo a la rúbrica y al artículo 704.7.
Votos emitidos, 348; sí, 119; no, 175; abstenciones, 54. En consecuencia, queda rechazada la enmienda.
Enmienda a la disposición transitoria tercera.
Votos emitidos, 348; sí, 149; no 175; abstenciones, 24. En consecuencia, queda rechazada la enmienda.
Enmienda al preámbulo en lo relativo al párrafo 57.
Votos emitidos, 348; sí, 119; no, 175; abstenciones, 54. En consecuencia, queda rechazada la enmienda.
Resto de las enmiendas al preámbulo.
Votos emitidos, 346; sí, 171; no, 173; abstenciones, 2. En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas.
Muchísimas gracias a todos. (Aplausos).
Se levanta la sesión.
Eran las cinco y veinticinco minutos de la tarde.