CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 393

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª PILAR GARRIDO GUTIÉRREZ, VICEPRESIDENTA PRIMERA

Sesión núm. 13

celebrada el miércoles,

12 de mayo de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (Calvo Poyato):


- A petición propia, para informar sobre la propuesta del Gobierno para la reforma del artículo 49 de la Constitución española. (Número de expediente 214/000103) ... (Página3)


- Para informar, en su calidad de coordinadora de la acción del Gobierno, sobre los cuestionamientos de la libertad de expresión y manifestación que se han producido, desde el Gobierno, entre ellos, de la propia Vicepresidenta Primera en su
comparecencia ante la Comisión Constitucional el día 18/05/2020, en la que afirmó que los manifestantes contra el Gobierno 'apropiándose de la bandera común de todos, han puesto en peligro la salud de los españoles', y desde las delegaciones del
Gobierno en varias comunidades autónomas, con prohibiciones de manifestaciones que han sido anuladas por los tribunales superiores de Justicia. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000407) ... href='#(Página3)'>(Página3)


- Para rendir cuentas en torno al cumplimiento de los artículos 10 y 14 de la Constitución española para todas las personas trans que viven en España. A petición del Grupo Parlamentario Plural. (Número de expediente 213/000456) ... href='#(Página3)'>(Página3)


- Para informar sobre la cancelación de la asistencia de S.M. el Rey al acto de entrega de despachos a los jueces de la promoción 69.ª, el 25/09/2020, en la Escuela Judicial, Barcelona. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de
expediente 213/000649) ... (Página3)

Página 2

- Para informar sobre el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros el día 29/09/2020 relativo al cambio de denominación oficial de la estación de ferrocarril de Madrid-Chamartín, para que pase a llamarse 'Estación Madrid Chamartín-Clara
Campoamor', así como para explicar las razones que justifican el cambio de denominación y exponer el informe adoptado sobre el mismo. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/000688) ... (Página3)


- Para explicar el contenido de la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. A petición del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso. (Número de expediente 213/000699) ... (Página3)


- Para que dé explicaciones sobre la actual situación de crisis migratoria en Canarias, así como las medidas en materia de control de inmigración irregular que piensa adoptar el Gobierno. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
(Número de expediente 213/000716) ... (Página3)


- Para rendir cuentas en torno al pago por parte de Patrimonio del Estado de los gastos de desplazamiento y estancia del personal que asiste a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, así como otros gastos derivados de su estancia en Abu Dabi. A
petición del Grupo Parlamentario Plural. (Número de expediente 213/000799) ... (Página3)


- Para informar sobre el procedimiento de elaboración del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y sobre los motivos por los que el Gobierno se apartó de lo dictaminado al respecto por el Consejo de Estado, así como para dar cuenta de los motivos por los que no remitió el citado dictamen al Congreso junto con el
Real Decreto-ley para su convalidación, hurtando de ese modo a la Cámara de uno de los elementos de juicio necesarios para conformar su voluntad, vulnerando con ello los derechos fundamentales de los parlamentarios de contar con toda la información
necesaria para su tramitación legislativa. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000868) ... (Página3)


- Para dar cuenta de las consecuencias que para la calidad de nuestra democracia, el prestigio de nuestras instituciones, la garantía para atraer inversiones extranjeras y nuestra reputación internacional, tendrán las declaraciones del
vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias, afirmando que no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000891) ... href='#(Página3)'>(Página3)


- Para dar cuenta de su implicación en los hechos y las acusaciones efectuadas por el excomisario Villarejo en el marco de la 'Operación Tándem', según el cual, obstaculizó una investigación que le encargó en 2011 el ex Vicepresidente del
Gobierno y ex Ministro del Interior del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre la empresa Persán, empresa que 'ayudaba económicamente al PSOE de Andalucía'. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000895)
... (Página3)


- Para explicar la valoración y la opinión de todos los miembros del Gobierno sobre los graves incidentes protagonizados por radicales que han provocado graves disturbios en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España en los últimos días.
A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000913) ... (Página3)

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- Para informar sobre el dictamen del Consejo de Estado relativo al Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000925) ... (Página3)


- Para informar sobre el IV Plan de Gobierno abierto de España 2020-2024, a los efectos de conocer los trabajos y acciones llevados a cabo para aumentar la calidad democrática, la transparencia y la participación ciudadana. A petición del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000957) ... (Página3)


Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.


La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): Vamos a dar comienzo a la sesión. Buenas tardes a todos y a todas.


Vamos a sustanciar las solicitudes de comparecencia de la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática a petición propia y también a petición de diferentes grupos
parlamentarios que figuran en el orden del día. Voy a dar una serie de orientaciones, que ya conocen, pero para que las tengan en cuenta. Por acuerdo de la Mesa de la Comisión todas las iniciativas se tramitarán de forma conjunta. Intervendrá,
como suele ser lo habitual, la compareciente y a continuación, por un tiempo de diez minutos, los y las portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Posteriormente, contestará la compareciente a las cuestiones suscitadas y realizará
aquellas precisiones que entienda oportunas. Acto seguido, se concederá un segundo turno a las y los portavoces de los grupos parlamentarios por el mismo orden que he comentado y en este caso por un tiempo de cinco minutos, finalizando el debate la
compareciente con una última intervención.


Antes de empezar, cómo no, quiero dar la bienvenida a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Sin más le concedo la palabra.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo Poyato): Buenas tardes. Muchas gracias, presidenta.


Miembros de la Mesa, señorías, en nombre del Gobierno he pedido comparecer en la Comisión Constitucional no solamente para afrontar las propuestas pendientes, sino para dar cuenta del anteproyecto que ayer aprobamos en Consejo de Ministros y
que, como sus señorías sabrán por la opinión pública, por los medios de comunicación, pretende abordar la reforma de nuestro artículo 49 de la Constitución. Creo que estamos ante una meta de respuesta en este caso de vida a un grupo muy importante
de hombres y mujeres de nuestro país que con discapacidades, en torno a casi 4 millones de personas más sus familiares, amigos, constituyen, como pueden imaginar sus señorías, un núcleo de respuesta de nuestro trabajo como legisladores y en el caso
del Gobierno como proponente muy significativo.


Este asunto tiene una historia que muchas de sus señorías conocen bien pero que yo quiero refrescar. Hace ya mucho tiempo, desde el año 2006, que nuestro país tiene algunos compromisos con el Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad que de alguna manera hemos ido cumpliendo, no solamente con el desarrollo de la legislación estatal, de la legislación básica del Estado, sino también con los desarrollos normativos que las comunidades autónomas han
venido haciendo en la materia. Pero de manera más corta en el tiempo en la anterior legislatura, en otoño del año 2018, yo misma como vicepresidenta del Gobierno me reuní con los portavoces de la Comisión que en este Congreso de los Diputados
llevan ya muchos años trabajando en favor de las personas con discapacidad en nuestro país. Algunos de esos portavoces ya no están. Yo querría agradecerles también el trabajo que hicieron en su momento y que han ido haciendo a lo largo de los
años. Todos los grupos parlamentarios por unanimidad en aquél no muy lejano otoño del 2018 estuvimos de acuerdo en trabajar de manera conjunta para sacar adelante una reforma del artículo 49 de nuestra Constitución. Creo que somos muchos quienes
pensamos que las constituciones no pueden estar sacralizadas de manera

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inmóvil, de forma intocable, ni tampoco lo contrario, sometidas a los vaivenes constantes de la política cotidiana, por cuanto es el texto normativo que ordena a todas las demás leyes, ordena también todo nuestro sistema político y, en
definitiva, toda nuestra fórmula de convivencia. Digamos de una manera equilibrada que la mejor forma de respetarla, además de cumplirla, es actualizarla en aquellos elementos en los que seguramente estemos en un consenso y en un acuerdo
importante, en la capacidad continua que debemos tener todos, desde luego las Cámaras, obviamente también en el Gobierno, de saber interpretar y leer la realidad a cada momento. En aquel momento, otoño del año 2018, se empezó a generar a partir de
la unanimidad inicial de aquellas reuniones un trabajo que yo también agradezco, porque es un trabajo que en esta legislatura nos hemos encontrado ya hecho y que en la legislatura pasada -que fue una legislatura evidentemente corta- no pudimos
alcanzar en su objetivo final, que era la modificación definitiva del artículo de la Constitución.


Se procedió, como es habitual en términos parlamentarios, a recibir a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad de nuestros país, a los expertos y expertas, a quienes de alguna manera por razones teóricas o
prácticas conocen muy bien cuál es el mundo de las dificultades y también la evolución histórica de nuestro país en esta materia con más de cuarenta y dos años -asunto que ahora abordaremos-, donde hemos dado como sociedad un enorme paso al frente
de concepción de lo que representan los derechos, las oportunidades de las personas que nacen con discapacidad o que les sobreviene como parte integrante y definitiva de la ciudadanía de nuestro país y del principio más elemental de la igualdad de
todos. En sus inicios abordábamos aquel extraordinario trabajo de manera más tímida, intentando que desapareciera el término disminuido del texto constitucional. Yo creo que todos somos conscientes de que ese es un término que hace cuarenta y dos
años no pretendía en absoluto ser ofensivo por parte de los constituyentes, sino un término más o menos aceptado desde el punto de vista del uso cotidiano y del lenguaje, pero que cuarenta y dos años después resulta francamente inaceptable por el
componente peyorativo que pudiera tener. Y otros que se les asimila también a disminuidos o minusválidos implican concepciones que hoy en día no podemos sostener en el desarrollo del principio fundamental de igualdad de todos los españoles, y en
aquella fórmula inicial de trabajo para la modificación del término se fue desarrollando también algo que ahora ha devenido en ser más amplio y desde luego más riguroso, también más necesario, y es la reforma completa del texto del artículo 49, con
la que luego seguimos trabajando y finalmente forma parte del anteproyecto que ayer el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros para iniciar su camino de debate, de tramitación de los contenidos que nos planteamos alcanzar.


Creo que es importante que entendamos que afrontamos y que le damos respuesta a una petición clamorosa de las personas que tienen discapacidades, de personas que sienten que forman parte en pie de igualdad de la mejor fórmula de ciudadanía
que la democracia española ha desarrollado, por fin, en la historia de nuestro país de manera plena y estable. Quienes conocen de manera técnica y asistencial constantemente la vida de estas personas, además de su familia y allegados, saben
perfectamente que se ha desarrollado una conciencia diferente. Queremos pasar de la idea de integrar a las personas discapacitadas como si estuvieran fuera del común de lo que representa el conjunto de la ciudadanía, a un concepto más plenamente
democrático e igualitario que es de inclusión. Sin alejar el esfuerzo que para ellas supone desarrollar sus vidas, ejercer sus derechos y sus libertades, hemos de considerar que es la sociedad la que tiene que hacer en su conjunto el esfuerzo para
que puedan tener garantías plenas del ejercicio de sus derechos y de sus libertades con el esfuerzo que de entrada supone para estas personas estar en las condiciones en las que se desarrollan sus vidas. Hemos de salir de la idea de la integración
para abundar en la idea de la inclusión. Es una idea que nos convoca a todos, a los poderes públicos, a las instituciones, a las políticas que desarrollamos con los recursos públicos para que estas vidas sean mucho más plenas. En este sentido,
señorías, las personas con discapacidad han ido desarrollando esa propia percepción empoderada de sí mismas y la exigencia es un mayor sentido de la pertenencia en términos de normalidad en las condiciones en las que cada una de esas vidas se
desarrolla para poder hablar de verdadera independencia. Independencia de sus vidas en el conjunto de las circunstancias que cada cual tenga y una comunidad mucho más plena de participación en todos los órdenes de la vida. De hecho, la legislación
que de manera encadenada ha ido modificando algunas cuestiones sobre las personas con discapacidad en nuestro país ha ido haciendo, de alguna manera, el camino que allana de manera plena que ahora nos planteemos en el Congreso de los Diputados, en
las Cortes Generales, nada más y nada menos que la reforma completa de este artículo 49.

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El anteproyecto y el texto definitivo que sometemos hoy a consideración de sus señorías para que inicie este camino se fundamenta, como no puede ser de otra manera, en el concepto de la dignidad de la persona, el concepto sobre el que se
asientan el conjunto de todos los derechos en nuestro modelo constitucional. Lo que tratamos de hacer es también algunos giros, repito, que están sustentados ya por la propia práctica de la vida de las personas con discapacidad en nuestro modelo
social, en nuestro modelo cotidiano, y hacerlo ahora valer en términos formales en el propio texto de la Constitución. Se trata de reconocer expresamente la plenitud de los derechos previstos en el título I de la Constitución y establecer un
mandato de protección específico de los mismos para estas personas. Se trata de salir de la idea de que son un colectivo a considerarlos portadores individuales en plenitud de derechos y en igualdad con todos los demás en todos y cada uno de los
derechos y libertades que tienen reconocidas plenamente y que puedan desarrollar en sus circunstancias.


Como todos somos conscientes de que hablamos de personas con discapacidades -y es un término que ellos mismos con sus organizaciones proponen como válido- creo que algunas de sus señorías saben que en térmicos teóricos, académicos, en
términos reflexivos en general, se han ido abriendo paso también otras fórmulas de nominación diferentes a discapacidad -me refiero a capacidades diferentes, capacidades diversas-, pero escuchando naturalmente su propia voz y su propia opinión, la
propuesta que nos hacen -la que se ha abierto paso también en otros países que han dado este mismo giro, este vuelco de evolución en la concepción- traslada la idea correcta de poder hablar de personas con discapacidad. Salimos del colectivo,
reconocemos en plenitud de derechos sus capacidades evidentemente reconocidas y protegidas, pero inmediatamente entendemos que, tal y como establece el apartado 2 del artículo 9 de nuestra Constitución, el conjunto de la sociedad, a través de todos
sus instrumentos, empezando por la propia producción normativa -además de todas las instituciones y de los poderes del Estado-, tiene que dirigirse a remover los obstáculos que les impida justamente el ejercicio pleno de esos derechos y libertades
reconocidas. Eso significa -lo trataré más adelante porque remarca de manera muy importante el Tribunal Constitucional qué concepción estamos trabajando- una autoobligación de trabajo continuo para remover esos obstáculos y, por tanto, una
particular fórmula de trabajo que les permita el desarrollo de todas las capacidades que tienen.


Dado que entendemos también que las organizaciones en las que se asocian las personas con discapacidad a lo largo de este periodo de más de cuarenta y dos años de desarrollo del artículo 49 tal cual está en estos momentos, han sido un
instrumento eficacísimo para la defensa de sus derechos, de sus intereses, para la planificación coaligada con las instituciones que han desarrollado legislación y políticas activas de protección, consideramos también en esta modificación que es
importante entender que esas fórmulas organizativas de representación son también interlocutores imprescindibles y reconocidos para seguir trabajando con las personas con discapacidad individualmente consideradas. Tengo que decir, señorías, que en
el informe del Consejo de Estado sobre estas cuestiones el propio Consejo de Estado entiende que, a diferencia de otros colectivos de personas en las que la representación no puede estar ubicada en el propio texto de la Constitución y así reconocida
-la representación en términos generales está reconocida en los artículos 6 y 7, en términos políticos a los partidos y en términos de derechos laborales a los sindicatos-, para este colectivo grande de compatriotas es extraordinariamente útil el
reconocimiento de la fórmula organizativa, incluso para incluirse en el propio texto de la Constitución.


Como decía al principio, toda la modificación que pretendemos, que traemos y que parte del acuerdo unánime y del trabajo de la anterior legislatura se fundamenta en la Convención de Naciones Unidas del año 2006, que nuestro país ratificó en
2007 y entró en vigor en 2008. Es decir, estamos bajo el paraguas del obligado cumplimiento de concepto y de novedades del que trae causa la obligación en la entrada en nuestro derecho interno de los acuerdos que ratificamos en este caso de un
tratado internacional. El objetivo es paliar las desventajas sociales que tienen estas personas y paliarlas en la igualdad de oportunidades más radical posible en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural. Sus señorías son
conscientes de que seguramente volverá a esta Cámara de la Cámara Alta, del Senado, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que va a trabajar también y a insistir sobre las capacidades jurídicas de las personas con discapacidad, además de
otras reformas ya alcanzadas y otras pendientes que las propias organizaciones en nombre de estas personas reclaman de todos nosotros como legisladores.


España tiene que cumplir con sus compromisos jurídicos en los tratados internacionales, pero también hemos de reconocer que el Derecho Comunitario, el derecho de la Unión Europea, ha avanzado mucho desde esta Convención de Naciones Unidas
del año 2006 en la misma dirección en la que ahora nosotros pretendemos hacerlo. Lo hemos hecho de manera continua, como decía al principio; lo han hecho las

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comunidades autónomas con su legislación diversa, pero todas bajo el paraguas de la obligación que a partir del año 2008 teníamos después de la ratificación de la Convención de Naciones Unidas. Por tanto, pensamos, señorías, que estamos
delante de una actualización del artículo 49 obligada; obligada en parte por los compromisos y los acuerdos internacionales; obligada en parte por nuestra realidad, ya mucho más avanzada que los términos de este artículo 49, y francamente
desbordada por la propia producción normativa del Estado tanto en el derecho autonómico como en el derecho de legislación básica. Son importantes las palabras, señorías, muy importantes, para que desaparezca este término de nuestra Constitución por
cuanto las palabras fraguan realidades, y las fraguan a veces de manera casi más fuerte y más perdurable que la propia realidad objetiva. Se fraguan mundos que nada tienen que ver con los compromisos y las obligaciones de una democracia como la
nuestra.


Sus señorías saben que para alcanzar esta reforma necesitamos, y sería deseable, la unanimidad de la que partimos desde el año 2018. Necesitamos que en este artículo se incorpore expresamente el compromiso del desarrollo de este acuerdo y
de estos compromisos internacionales. Algunas de sus señorías, que son juristas, incluso alguno de ustedes especialista en materia constitucional, saben que no es lo habitual que un artículo reconozca los compromisos de los tratados, por cuanto ya
están de manera específica, clara y general establecidos en la Constitución. Sin embargo, de acuerdo con el propio Consejo de Estado, consideramos que en esta materia refuerzan la idea del compromiso específico que tenemos con estas personas para
incluirlo en esta reforma que proponemos. Se trata de afianzar el principio de igualdad sin discriminación, el principio del artículo 14, en este caso, por circunstancia. Se trata de hacer valer una sociedad que ha puesto muchos recursos en
políticas asistenciales, en políticas educativas, en políticas de protección económica, para hacer mucho más viables las vidas de este colectivo de compatriotas que alcanza casi los cuatro millones de personas y para que nuestro texto constitucional
reconozca ahora esta realidad.


La reforma cuenta con la modificación del artículo entero, como decía, en cuatro apartados. En el primero de estos ítems se modifica la terminología empleada, como les decía a sus señorías. Desaparecerá el término 'disminuido', que a todas
luces, cuarenta y dos años después, es claramente ofensivo, y aparecerá el término de 'discapacidad'. Queremos una estructura coherente del propio artículo con arreglo a estos principios que antes desgranaba a sus señorías. Queremos que aparezca
el reconocimiento de las organizaciones que ayudan en la defensa de sus intereses y en el avance de la calidad de sus vidas y del ejercicio de sus derechos. Queremos expresamente que aparezcan los compromisos que España tiene contraídos como Estado
en el ámbito del derecho internacional. Fijamos todos los parámetros en el ámbito estricto de los derechos humanos también de estos compatriotas. Queremos que aparezca expresamente previsto un umbral mínimo de compromiso, con referencia al
apartado 2 del artículo 9, en cuanto que tratamos también de hablar de una protección especial, como decía nuestro Alto Tribunal, una mirada reforzada de cómo tienen que ser las condiciones en las que transcurran sus derechos.


Señorías, proponemos que el artículo contenga lo siguiente:


1. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en el título I en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.


2. Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias y serán
adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.


3. Se regulará la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes. Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España
que velan por sus derechos.


Esta es la redacción modificada íntegra que proponemos para el debate.


Por ir terminando, señorías, observarán que hablamos de una capacidad reforzada de protección, que es la que establece el propio Tribunal Constitucional cuando se pronuncia en una sentencia ad hoc para decir que se trata justamente de ese
esfuerzo común de toda la sociedad a través de las instituciones el que hay que hacer para estas personas. Y se establece también, por la propia petición intensa de las organizaciones representativas de estas personas, una particular mirada a las
circunstancias específicas de las mujeres y de las niñas. Señorías, yo sé que todos ustedes tienen los datos estadísticos a mano y evidentemente trabajados. Este es un colectivo donde hay más mujeres que hombres, en general, y donde

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de manera particularmente difícil se protegen algunos derechos y algunas libertades, particularmente las referidas a la libertad sexual de las mujeres con discapacidad, de las niñas, de los menores en general. Hay una altísima estadística
de delitos contra estas personas en el ámbito de su libertad sexual que tiene que ser para nosotros también objeto de reflexión en el momento de legislar en esta reforma.


En resumen, estas son las peticiones y las propuestas que forman parte de los propios deseos y de las propias garantías de vida que estas personas nos exigen. Nos mandamos a nosotros mismos como sociedad, como país, un mandato importante
con esta reforma para establecer intensidad en el mandato positivo de inclusión de todas ellas. Estamos absolutamente convencidos del anteproyecto que el Gobierno trae, del trabajo conjunto que tenemos que seguir haciendo, del buen trabajo que la
Comisión ha hecho a lo largo ya de muchos años. Querría mencionar, sin nombrar absolutamente a nadie, el esfuerzo que me consta de algunos hombres y mujeres, diputados y diputadas, portavoces de los grupos parlamentarios que a lo largo de los años
se han fajado, literalmente, su propia convicción personal y política para que podamos llegar a estas conclusiones trasladadas a un artículo de nuestra Constitución. Algunos de ustedes saben que son compañeros que ya no están, que han estado en sus
grupos parlamentarios, otros están todavía. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que con el anteproyecto culminamos un trabajo común, un trabajo coral, de muchos años, de modificaciones puntuales que todos ustedes tienen en el registro de
su memoria, del trabajo político que hacemos en esta Cámara, del esfuerzo y de la escucha de muchas de estas personas, de sus organizaciones, de especialistas de todo tipo que han venido a esta Cámara durante muchos años y, particularmente de manera
intensa desde el año 2008, a decirnos que definitivamente abordáramos una reforma de esta naturaleza. Tenemos la oportunidad en nuestras manos. Pensamos que, independientemente de cualquier otra cuestión, este es un tema que ya no resiste ninguna
demora. El Gobierno querría haberlo traído en una de sus primeras propuestas a esta Cámara, tal como quedamos comprometidos al final de la pasada legislatura, pero ha ocurrido lo que todos sabemos con la llegada de la pandemia, el duro y largo año
que estamos viviendo atravesándola. Sus señorías saben que la ley que desarrolla el artículo 116, la ley de 1981, impide ninguna modificación de reforma constitucional bajo cualquiera de los tres estados previstos en ese artículo de nuestra
Constitución, pero el Gobierno quería en este trabajo, que considero coral, no perder ni un solo día después de la salida del estado de alarma para llevarlo al Consejo de Ministros e inmediatamente después comparecer ante ustedes para empezar a
abrir este debate. Lo hemos hecho tal cual muchos de nosotros -imagino que también muchas de sus señorías- le hemos prometido en tantas ocasiones a estas personas individualmente consideradas, organizadas a través de sus representantes, que esta no
era una reforma que se fuera a demorar. Por eso ha sido objeto de debate en el primer Consejo de Ministros una vez que nuestra legalidad constitucional, la referida al propio texto constitucional en su artículo 116, nos ha permitido traerla y por
esa razón comparezco ante ustedes para abrir este debate necesario.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, vicepresidenta.


Ahora pasamos a dar la palabra a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto compartirán su turno don Carlos García Adanero y doña Ana Oramas González-Moro. Tiene la palabra el señor García
Adanero.


El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta.


Me ha surgido una duda. Pensaba que iba a intervenir la vicepresidenta en relación con todos los temas que figuran en el orden del día. No sé si da por comentados todos los temas del orden del día. Lo digo por saber a qué atenernos.
Entiendo que sí, que en esta intervención se ha referido a los nueve puntos del orden del día.


La señora VICEPRESIDENTA: Vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo Poyato): Gracias, presidenta. Con tu permiso.


He dicho al inicio, señor Adanero, que estaba aquí para comparecer a petición propia por esta cuestión y para responder a todos los temas pendientes que se habían acumulado, naturalmente, contestando a lo que su señoría pregunta.

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El señor GARCÍA ADANERO: Aclarado. Como no tengo ninguna iniciativa, los que la tienen ya dirán lo que corresponda al respecto.


Lo primero que llama la atención es que un año después comparezca en esta Comisión. Es verdad que ayer, después de escuchar a otra de las vicepresidentas del Gobierno, concluimos a qué se debía eso, y es que la legislatura acaba de empezar.
Por tanto, eso debe ser por lo que usted durante un año no ha aparecido por esta Comisión a comparecer las veces que lo han solicitado, como digo, otros grupos, que no nosotros.


En cuanto a la modificación de la Constitución, independientemente del artículo 49, llama la atención que una modificación de la Constitución es una cosa muy importante. Se necesitan consensos muy importantes; siempre se dice que se abre
el melón constitucional. En ese sentido, hay que decir que ustedes traen esta iniciativa referida al artículo 49, pero también el Grupo Socialista y Podemos tienen como objetivo político modificar el artículo 135; nosotros tenemos como objetivo
político modificar la disposición transitoria cuarta, y supongo que habrá aquí otros partidos que tendrán otros objetivos políticos con otros artículos de la propia Constitución, por lo que entramos en un terreno que, evidentemente, al final tienen
que garantizar. Nosotros somos dos diputados y no somos necesarios para esos consensos, sino que serán otros partidos muchos más amplios en esta Cámara los absolutamente necesarios, pero esto suena más a querer desviar la atención de otras
cuestiones que a una verdadera modificación constitucional, porque, evidentemente, también se podía haber presentado antes de que llegara la pandemia en marzo del año pasado. Además, no sé si es el mejor ambiente cuando tras un proceso electoral
usted misma acusaba de nazis a un montón de miles de personas por haber votado unas siglas políticas. Por tanto, creo que no se busca los apoyos necesarios para cualquier modificación.


Entiendo, después de no haber contestado al resto de cuestiones que había planteadas, que el objetivo político, como digo, es desviar la atención y hablar del artículo 49, que es muy importante, y de las personas a las que representa, que
también son muy importantes, pero desde luego desviar la atención de todas aquellas cuestiones que está llevando a cabo el Gobierno, que, evidentemente, también son muy importantes y que ustedes prefieren obviar en este momento.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias.


Tiene la palabra la señora Ana Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


Gracias, señora vicepresidenta. A mí sí me hubiera gustado, como tenía costumbre en este Congreso, que hubiera esbozado algunas de las solicitudes de comparecencia. Por ejemplo, la que pidió Ciudadanos en materia de inmigración me hubiera
dado pie a hacer otra serie de aclaraciones, pero usted lo ha decidido así.


Señora vicepresidenta, en el año 2020 llegaron a Canarias 23 023 inmigrantes ilegales. No venían a Canarias, sino a España. Esto es, el Gobierno nos hizo sentir a los canarios que Canarias está aparte de España. Si hubieran venido a la
Península, nadie les hubiera impedido moverse por la misma, pero en Canarias se decidió convertir Canarias en una jaula. Del 1 de enero al 30 de abril de este año 2021 han llegado 4400, un 133 % más. Actualmente, en Canarias hay prácticamente 3000
menores inmigrantes no acompañados -para que ustedes se hagan una idea, en Madrid hay 200- y el Gobierno de España, después de corregir, de estar durante muchos meses diciendo otra serie de cosas, ha activado las derivaciones. Por primera vez el
Ministerio del Interior ha manifestado hace unos días que se han derivado 6000 personas a la Península y que todavía tienen 3900 alojados en recursos alojativos. Ayer precisamente, la secretaria de Políticas Públicas de Podemos, Gemma Martínez,
aseguró -gente que no es sospechosa-, como hemos dicho todos los canarios, que no le cuadra el paradero de alrededor de 8000 personas. Los canarios sabemos que están en la calle, pero no cuentan para el ministerio. Lo que le quiero decir es que en
este momento hay 8000 personas que no están en recursos alojativos y que no se han desplazado a la Península.


Mi intervención es positiva -además usted y yo nos respetamos mucho mutuamente-, pero para hacer bien las cosas lo primero que hay que hacer es reconocer las que se han hecho mal y hay cinco ministerios implicados: Fomento, Exteriores,
Inmigración, Interior y Defensa. Por eso, su papel es muy importante. No estuvo en la primera parte de la crisis, pero ahora sí está. La gestión ha sido un desastre y no lo dice Ana Oramas ni Coalición Canaria. El Defensor del Pueblo, una
persona muy querida en esta casa -por mí especialmente- y poco sospechosa, el señor Fernández Marugán, hace una semana dijo

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en el Senado: El Defensor del Pueblo pide que se deje a los migrantes viajar a la Península y que los menores se distribuyan por todo el territorio. Y califica los protocolos aplicados a las personas en situación irregular de poco
humanitarios e ilegales. No le quiero decir el resto de las cosas. El informe específico que hizo el Defensor del Pueblo fue calificado por el ministro como cosas poco importantes: la vulneración de derechos, los problemas humanitarios de
atención y todo eso. Lo dejo ahí. El PSOE, el Partido Socialista de Fuerteventura, pidió la dimisión de Escrivá. Podemos ha pedido reiteradamente en Canarias la dimisión del señor Marlaska. El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, decía
que no estaba dispuesto a que Canarias se convirtiera en una Lampedusa ni en una jaula y que se había revirado con el Gobierno. El alcalde de La Laguna, socialista, que tiene dos centros con cerca de 3000 personas, ha salido esta semana a hablar
porque además todos los días en esos campamentos, Las Canteras y Las Raíces, hay detenidos e incidentes. Acnur, CEAR, Cruz Roja, Amnistía Internacional, Save the Children, el Defensor del Pueblo y todas las fuerzas políticas canarias no podemos
estar equivocados.


Ustedes alegaron dos cosas. Primero, que no los podían desplazar porque la Comisión Europea les exigía determinadas políticas. Han sido desmentidos por la comisaria europea de Interior, la señora Ylva Johansson, en marzo, que dijo que es
competencia exclusiva del Gobierno de España las derivaciones de inmigrantes de las islas a la Península. Y esta semana el portavoz de Migración de la Comisión Europea, Adalbert Jahnz, ha dicho que bloquear inmigrantes en Canarias no es política de
la Unión Europea, sino competencia de las autoridades españolas exclusivamente.


Segundo, ustedes alegan que no se hacen los retornos por el COVID. Curioso. A 800 mujeres marroquíes que estaban en Andalucía se les hizo la PCR y regresaron a Marruecos. Lo único es que es un desastre de acción diplomática la situación
con Marruecos. Si a los inmigrantes se les hace PCR, si a los inmigrantes, si es necesario, se les vacuna y se tiene una acción diplomática como se tiene que tener, no hubiera pasado esto.


Tercero, Frontex. Europa ha dicho que cuando el Gobierno de España pida los patrullajes de Frontex está dispuesta a hacerlos. Lo ha dicho hace dos semanas, y que hasta ahora no tiene la solicitud, como se hizo en el año 2006. El SIVE, que
es el radar, sigue estropeado. El delegado del Gobierno ha dicho que nadie advirtió de la dimensión del problema y de que podía llegar esa gente. Y dice que este año no sabe nada. En los años 2006 y 2008 -yo viví aquello-, con un Gobierno
socialista que lo hizo muy bien, muy bien-, los servicios de información de la Guardia Civil y del CNI estaban allí y se sabía lo que venía.


Y cuarto, en ese año, que vinieron también 3000 menores, se hicieron convenios con ONG y se repartió la gestión de los menores -porque es imposible integrar en Canarias 3000 menores- entre las comunidades autónomas y, como un tema
obligatorio, con ONG. Arcadio Díaz Tejera, que ha sido senador socialista, el juez encargado de este tema, ha dictado una sentencia que dice que no se puede retener a los inmigrantes; a inmigrantes con billete y con pasaporte se les sigue
reteniendo en Canarias.


Necesitamos su acción, señora vicepresidenta. No puede ser que Marlaska esté peleado con Escrivá, que para la ministra de Asuntos Exteriores no sea su prioridad, que no haya transparencia y, sobre todo, que no se haga caso a ONG, a todo el
mundo, a sus propios compañeros socialistas y a las organizaciones políticas de Canarias, de izquierdas, de derechas y de todo. Los canarios somos acogedores, los canarios se han comportado siempre ejemplarmente. Todo está practicado en los años
2006 y 2008, que lo gestionó un Gobierno y se hizo perfectamente.


La señora VICEPRESIDENTA: Señora Oramas, se le ha acabado el tiempo.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Termino.


Señora vicepresidente, yo tengo confianza en usted. Sé que está en otras cosas en este país, pero Canarias tiene que ser tema de Estado y la inmigración sobre todo.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA: Gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, el señor Jon Iñarritu.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Arratsalde on. Buenas tardes y muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes y bienvenida, señora vicepresidenta, señora Calvo. A colación de la modificación constitucional que ha relatado, usted ya sabe bien cuál es nuestro posicionamiento como grupo sobre la norma fundamental del Estado español.
Ahora bien, todo cambio, toda modificación que vaya acorde con los tiempos y sea de sentido común, pues bienvenida sea, sea donde sea.

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Dicho esto, y de los numerosos asuntos que le han solicitado para la comparecencia, yo me centraré especialmente en uno, que estoy seguro de que posteriormente va a profundizar en él porque algún otro grupo parlamentario así se lo ha
solicitado, y es el relativo a todo lo que tiene que ver con la Casa Real, pero especialmente con las reformas que se prevén en ese plan, en esa hoja de ruta, como ha dicho el señor presidente, relativa a las mejoras o las modificaciones sobre el
funcionamiento de la Casa Real. ¿Y esto por qué? Porque recientemente, el 15 de marzo de este mismo año, el diario El País tenía un titular cuando menos curioso: Zarzuela, Moncloa y el PP negocian en secreto el futuro de la Monarquía. Entonces,
¿ustedes están negociando en secreto algo que, en principio, está destinado a dar más transparencia? Curioso, ¿no? Yo creo que se ha privado a las Cámaras, tanto al Congreso de los Diputados como al Senado, de un debate que puede ser de interés,
tanto para la ciudadanía como para los diputados y las diputadas, los grupos aquí presentes. Yo creo que nos debería explicar por qué están trabajando en secreto y también -ya sé que es motivo de debate también entre constitucionalistas- por qué no
una ley sobre la Corona. Ya sé que hay debate sobre ello, pero ¿por qué se saca de esta Cámara un asunto de interés, que está en boca de gran parte de la ciudadanía por mucho que pueda haber campañas, incluso de Estado, para edulcorar o mejorar la
imagen de la Monarquía en su conjunto?


De igual forma, yo creo que ha llegado el momento de que nos aclare un poco qué está pasando con todos aquellos fondos. Porque, claro, hay un mito con esto de la Monarquía: es la Jefatura de Estado más barata de Europa. Casi un chollo es
tener un rey. Pero, claro, cuando se ve que gran parte de los gastos destinados a la Casa Real, que van apareciendo en prensa de vez en cuando, son sufragados por Patrimonio Nacional, pues hay un poco, cuando menos, de trampa. Yo creo que a estas
alturas de la película, en el siglo XXI, cuando menos se podría ser transparente. Porque estos últimos meses hemos leído que Patrimonio Nacional se gasta cientos de miles de euros todos los años en el mantenimiento y el acondicionamiento de las
piscinas de la Zarzuela. Hemos visto también que 122 empleados -al menos esto es lo que apareció en prensa- de Zarzuela están sufragados por Patrimonio Nacional y no por la partida de personal del presupuesto de la Casa Real. Hemos sabido -no era
nuevo- que la indemnización a los empleados del Bribón o del Fortuna fue sufragada también por Patrimonio Nacional; incluso la casa donde residía la amiga íntima del rey emérito. Yo creo que a estas alturas podían tener un poco de transparencia
por parte del Gobierno en todo aquello que tiene que ver con la Casa Real, porque hay un poco de hermetismo, no solamente en lo que tiene que ver con la Casa Real, sino en todo lo que va desde otros ministerios, desde el propio Gobierno, a la misma.
Creo que es momento de tener transparencia para saber qué están haciendo, y ya le digo que debería ser aquí. Me parece muy bien que hablen con el PP, pero estaría bien que se escuche a todas las fuerzas políticas. Den transparencia. No sé si
usted ha leído en la prensa que en Luxemburgo -además, usted que es constitucionalista, que conoce del asunto, habrá visto como la norma fundamental de Luxemburgo, en todo lo que tiene que ver sobre Casa Real, es bastante similar a la Constitución
española. Es prácticamente un calco. Copia y pega- no han tenido ningún problema para hacer el llamado informe Waringo para auditar de alguna manera los gastos y el tratamiento incluso que se había dado por parte de la Casa Real al personal.
Claro, dices algo o propones algo similar aquí y enseguida la Mesa del Congreso te lo vetaría, porque las fuerzas monárquicas han decidido que no, que esto es tabú y no se puede hablar de ello. Pero en Luxemburgo, un Estado miembro de la Unión
Europea, y ya digo que con unas normas bastante similares a las que tiene España, por no decir calcadas en tema de Casa Real, no han tenido ningún problema, por ejemplaridad y por transparencia. Si nos puede adelantar algo sobre este asunto, se lo
agradecería, señora Calvo. Y ya, si puede, nos dice también si van de nuevo a preguntar en el CIS la opinión de la ciudadanía sobre el jefe del Estado, incluso sobre la Monarquía. No pasa nada; estamos en el siglo XXI, son ustedes un Gobierno muy
transparente, en el cual es cierto que hay una fuerza republicana y otra monárquica, y digo que esto daría pie a que, al menos, se pueda adivinar qué opina la ciudadanía. El señor Elorza me mira. Bueno, usted estará en el bando republicando, señor
Elorza; hay de todo. Nos podrían, ya digo, dar la oportunidad de saber qué opina la mayoría de la ciudadanía sobre este asunto.


No sé cuánto tiempo me queda, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA: Le quedan casi cuatro minutos.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Vamos bien.


Otro asunto, señora Calvo. Ustedes han propuesto una ley de memoria democrática, que yo creo que es un paso positivo, un paso hacia delante; ahora bien, mientras esta ley llega a estas Cortes Generales estamos viendo asuntos que yo creo
que no se deberían ver. Por ejemplo, hemos visto recientemente una

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manifestación de apología de los voluntarios nazis españoles de la División Azul en las calles de Madrid, con alegatos antisemitas y discursos de odio, y, claro, es que esta manifestación no es que se haya producido este año así por así, es
que todos los años cuenta con la debida autorización de la Delegación del Gobierno, y este año incluso la Policía Nacional, tras acabar la misma, dijo que no había habido nada extraño, que se había celebrado con total normalidad, cuando vimos a una
señorita o una chica haciendo todo tipo de proclamas antisemitas, de apología del nazismo y discursos del odio. Yo creo que esto no se debería ver ni en las calles de Madrid ni en ningún lugar del Estado.


De igual forma, vemos con asiduidad -ya sé que no es solamente en España- discursos, comentarios, vídeos de apología del nazismo y del franquismo y, lo más preocupante, por miembros de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Claro, usted me dirá: son una minoría. Pues menos mal, ¿no? Menos mal, porque si no fuera así en un Estado de la Unión Europea en el siglo XXI tendríamos que preocuparnos ¿Pero qué van a hacer con esa minoría? Ya hemos
visto que Alemania ha hecho investigaciones y ha eliminado unidades por este mismo problema, porque ya digo que no solamente ocurre en España. Vemos cómo Francia, ante un problema similar, está actuando con bastante más contundencia. Cuando le
exponemos este asunto a la ministra de Defensa nos dice que es algo residual y que se activan los mecanismos cuando esto ocurre. Pues ya le digo que es obvio que sea residual porque, si no, dónde estaríamos. ¿Pero no van a poner ustedes más
músculo en este asunto?, ¿no van a investigar?, ¿no van a cesar a todas aquellas personas que tengan algún tipo de relación? Hemos hecho una propuesta en la Comisión de Defensa a colación de una conversación con la ministra, que decía que todos
aquellos miembros de las Fuerzas Armadas, incluso aquellos que están retirados, tienen algún privilegio, como este de vestir el uniforme o acudir a ciertos centros, ya sean vacacionales o deportivos. Creo que habría, cuando menos, que tomar
medidas, aunque en algunos casos pudieran ser simbólicas, que dejaran claro que no se pueden permitir hechos similares.


Para acabar, recientemente fallecía un antiguo general de la Guardia Civil que fue condenado por hechos de tortura y de terrorismo -terrorismo de Estado en este caso-, y se da la casualidad de que es la persona más condecorada de ese cuerpo
policial en las últimas décadas. Claro, cuando falleció el torturador Billy el Niño a ustedes les escuchamos decir rápidamente que se le retirarían las medallas, las condecoraciones, aunque fuera a título póstumo. Cuando falleció el señor Galindo
ustedes no dijeron nada. Le preguntamos al Gobierno y nos ha contestado que es cosa de esta Cámara aplicar la normativa. Ustedes no nos han dicho nada -ya acabo, señora presidenta- y no sabemos si en la ley de memoria democrática única y
exclusivamente se van a referir a aquellos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tuvieron relación con el régimen franquista o si también a aquellos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas
Armadas que han sido condenados por delitos muy graves se les van a retirar todas esas condecoraciones, títulos y honores que han podido recibir.


Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Calvo.


La señora VICEPRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Mikel Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta, y también muchas gracias a la vicepresidenta del Gobierno por su comparecencia y las explicaciones que nos ha dado.


De todas las cuestiones que forman el orden del día de esta sesión de la Comisión Constitucional me voy a centrar básicamente en la primera de ellas, en la que considero más crujiente o más novedosa, que es la reforma del artículo 49 de la
Constitución. Las otras cuestiones son un ramillete de asuntos sobre los que ya nos hemos ido pronunciando a lo largo de esta legislatura, bien en Diputación Permanente, bien en Pleno en sus distintas sesiones o incluso en distintas Comisiones.
Por lo menos este grupo conoce la opinión de los distintos grupos sobre estos temas, también la opinión del Gobierno con carácter general y, por supuesto -es una redundancia-, conocemos la nuestra y no voy a incidir en ellas, aunque sí en el primer
punto, relativo a la modificación del artículo 49.


Usted decía con una expresión bonita que las palabras fraguan realidades. Yo creo que mejor que con las palabras es con los hechos como se fraguan las realidades. Desde luego, creo que puede ser una última guinda -aunque el camino es muy
largo- para la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Todavía nos quedan pasos por dar, pero creo que hay que decir sin ningún temor a sonrojarse que desde la ratificación de la Convención de Nueva York de 2006 la
producción jurídica de esta Cámara, de los parlamentos autonómicos y de las administraciones vía reglamentaria ha sido un sin cesar de producción

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normativa. En concreto, mientras usted intervenía estaba releyendo la exposición de motivos de un proyecto de ley -que volverá a la Cámara la semana que viene porque se ha aprobado en el Senado esta misma semana; hoy mismo era el debate de
totalidad-, el proyecto de reforma de legislación civil y procesal para el ejercicio de la capacidad jurídica. Este es el último hito, en el que se van a modificar, como vulgarmente se dice, de una tacada -lo he apuntado de memoria-, siete leyes:
Código Civil, Enjuiciamiento Civil, Jurisdicción Voluntaria, Notariado, Hipotecaria, Registro y Patrimonios Protegidos. Pero es que desde 2011 -he estado repasando la exposición de motivos- está la adaptación de la normativa a la Convención por la
que se modificaron bastantes textos legales; luego en 2013 un texto refundido sobre la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad; en 2015 la reforma del Código Penal, reforma parcial pero que afectó a muchos artículos y se
introdujeron también artículos relativos a las personas con discapacidad; se ha modificado también la Ley de Jurisdicción Voluntaria para permitir a las personas con discapacidad que contraigan matrimonio en igualdad de condiciones; la Ley del
Tribunal de Jurado para garantizar su participación sin exclusiones; la Loreg para garantizar el derecho de sufragio; en esta misma legislatura el Código Penal para prohibir las esterilizaciones no consentidas y la última -la que he citado en
primer lugar-, el proyecto de reforma de legislación civil y procesal para la capacidad jurídica. No es que necesitemos una palabra para fraguar una realidad, yo creo que vamos fraguando la realidad con los hechos, lo cual no quiere decir que si
hay que establecer otro hito no haya que hacerlo. Ahora bien, la fundamentación que usted daba no la puedo compartir ni jurídica ni políticamente en cuanto a lo que decía de que en otoño de 2018 la Comisión de Políticas Integrales... Una Cámara no
vincula a otra Cámara cuando se suceden en el tiempo, salvo que sus productos o sus decisiones se incorporen al ordenamiento jurídico. En aquella Comisión de la XII Legislatura se estuvo a punto de llegar a un acuerdo, pero no se llegó. Desde
luego, fue una decisión y unos trabajos -no un acuerdo- en esta Cámara con unos grupos políticos y una configuración que ya no existe. Esa Cámara no vincula ni jurídica ni políticamente a esta, ni por supuesto al Gobierno. Otra cosa es que el
Gobierno o cualquiera de nosotros demos por válidos esos trabajos, pero no existe una vinculación política ni procesal. Por tanto, hacer esa referencia a una Comisión que no ha llegado a un acuerdo... Cierto que usted ha dicho -he tomado nota-:
me reuní con los portavoces. Bueno, quería apuntarlo.


Respecto al fondo del asunto, efectivamente leí ayer la nota del Consejo de Ministros, que recoge un poco aquel texto que no llegó finalmente a fraguar en nada: el principio de igualdad real y efectiva, las políticas públicas orientadas a
garantizar la autonomía plena y la inclusión social, el pleno ejercicio de derechos y deberes y garantizar la protección prevista en los tratados. Esto está muy bien, lo que pasa es que, como nos ya ha comentado el señor Adanero, nuestro compañero
de UPN, inevitablemente va a abrir un melón de debate. Creo que en la situación política que vivimos en este momento va a ser inevitable, y creo no equivocarme. No quiero hacer de augur, pero pronostico que posiblemente el debate de los artículos
1 y 2 de la Constitución, el debate sobre la convocatoria de referéndum, el del famoso artículo que desfila, el artículo 8; sobre la monarquía, que ya se apuntó en otro contexto; el del mismo Título VIII, distintas manifestaciones; el del mismo
concepto que algún grupo de la Cámara sostiene, que la Constitución debiera ser militante, con lo que eso supone, puesto que conlleva consecuencias; sobre la misma reforma de la reforma constitucional, o el debate que ya hemos tenido, sobre todo en
los momentos de crisis, acerca de la transformación de los principios rectores en derechos fundamentales, con la consecuencia inmediata de su exigibilidad ante los tribunales, sin mediación de ley, al menos en su núcleo esencial; todos ellos son
debates que va a ser inevitable que estén sobre la mesa. Entiendo que cada grupo planteará aquellas cuestiones que considera que son no solo irrenunciables, sino reclamantes, pero me parece, usando otra expresión habitual, que eso puede suponer un
disparo en la oscuridad. Se inicia una cosa con la mejor de las intenciones, pero, al final, por los recodos, los giros de guion y una situación de inestabilidad política, institucional y de partidos, va a resultar inevitable que, al poner una
cuestión encima de la mesa, al sacar una cereza del cesto, van a salir otras, de modo que va a ser difícil apelar a que en tal tema tiene que haber consenso, aislando a todos los demás, porque supongo que las necesidades de cada cual son las de cada
cual. Por eso, desde nuestro punto de vista, y no en cuanto al fondo del asunto de modificar el 49, porque, en fin, creo que el ordenamiento jurídico español está adaptado a esa realidad, y no solo ya lo he dicho respecto a la actividad
parlamentaria de esta Cámara, sino de las Cámaras legislativas autonómicas y, en conjunto, de todos los Gobiernos e incluso poderes locales, es una cuestión que creemos que quizá requiere una reflexión con vista más panorámica, en gran angular, y no
con teleobjetivos.


Muchas gracias.

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La señora VICEPRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor José María Espejo.


El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Muchas gracias, presidenta.


Señora Calvo, gracias por comparecer, aunque se ha hecho esperar.


Como primera reflexión, le diré que está bien que nos exponga este anteproyecto de reforma constitucional, que además parece que tiene un enfoque que, a priori y sin perjuicio de lo que resulte del trámite parlamentario, mi grupo puede
compartir, pero, ciertamente, nos sorprende que no se haya referido ni un solo instante al resto de motivos por los que usted está aquí. Dice que ahora responderá, pero no ha contestado todavía a unos enunciados que son claros. Además este
anteproyecto de reforma constitucional tiene su trámite, es decir, ya tendrá oportunidad el Gobierno de venir -no solo oportunidad, sino obligación- para exponerlo. En todo caso, señora vicepresidenta, nosotros creemos que su Gobierno no ha estado
a la altura del país, mucho menos a lo largo del último año, en las circunstancias en que nos encontramos. Creemos que ha mentido, ha ocultado, ha sido irresponsable en la gestión y ha utilizado la pandemia para hacer propaganda de partido. Han
hecho oposición a la oposición, para aprobar además reformas por la puerta de atrás, para atar en corto a la justicia y politizar a la sociedad con el único objetivo de conseguir votos. En fin, lo que me asombra no son las pruebas de esa gestión,
sino que no reconozcan nunca nada de esos errores. Se limitan a echar la culpa de todo a los demás porque son fascistas, tabernarios, porque los votantes votan mal o lo que sea. Necesitamos un Gobierno que sepa liderar los retos de nuestro país, y
creo que el suyo no lo está sabiendo hacer.


Este grupo solicitó su comparecencia para que informase usted a esta Comisión sobre dos cuestiones concretas que son ejemplo de todo esto que le he expresado hasta ahora. La primera de ellas trata sobre el dictamen del Consejo de Estado que
ustedes ocultaron a los ciudadanos y a esta Cámara, donde están representados los ciudadanos, porque su publicidad les perjudicaba; estoy convencido de que usted lo recordará. Durante la elaboración y posterior aprobación por parte de su Gobierno
del Real Decreto-ley 36/2020, por el que se aprobaban medidas para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ustedes solicitaron al Consejo de Estado que emitiera un
dictamen expresando su parecer sobre el reparto y la ejecución de los fondos europeos que se han liberado por parte de la Unión Europea para la superación de esta crisis. El Consejo de Estado emitió ese dictamen, y, aunque su opinión no es
vinculante, como les perjudicaba, ustedes decidieron ocultarlo a esta Cámara y, por lo tanto, a los ciudadanos, en una muestra más de su gestión opaca y tramposa y de su nulo cumplimiento o compromiso con las más básicas obligaciones de
transparencia que puede tener un Gobierno con la rendición de cuentas y, en definitiva, con una democracia de calidad, y, si supimos de ese engaño, porque es lo que fue, se debió a una filtración. Y esto es algo que a mi grupo parlamentario le
gustaría que nos explicara, señora Calvo, porque no ha quedado suficientemente explicado; le gustaría que nos explicara los motivos por los cuales su Gobierno no remitió ese dictamen al Congreso junto con el real decreto-ley cuando esta Cámara
debatió y voto su convalidación. Solo con este asunto de los reales decretos ustedes ya nos demuestran el poco respeto que tienen por la democracia, la oposición y el Estado de derecho. Creemos que es un desprecio al Parlamento, a las
instituciones democráticas y al principio de separación de poderes. Y ya sabíamos que les gusta sustraer al Parlamento su función legislativa legislando muy frecuentemente mediante la figura de los decretos leyes, pero que lo hicieran con engaños y
ocultaciones ya era lo último.


La segunda cuestión por la que le solicitamos su comparecencia tiene que ver, como ha dicho una portavoz de esta Comisión, con la crisis migratoria de Canarias. Esta crisis está convirtiendo o lleva el riesgo de convertir a esta comunidad
en un territorio al borde del colapso humanitario, económico e institucional. Cada año, y esto lo saben muy bien los canarios, llegan decenas de miles de inmigrantes a las islas, y la presión migratoria va en aumento, a veces con picos de hasta dos
mil personas en un fin de semana, lo que supone un incremento del 300 % en relación con años anteriores, convirtiendo a España en la primera vía de entrada de la inmigración irregular a Europa desde África. Las autoridades autonómicas, los alcaldes
de los municipios afectados y las organizaciones humanitarias están lanzado peticiones desesperadas de ayuda a su Gobierno, al Gobierno de España. Sin embargo, sus responsables, el ministro Marlaska, se muestran incapaces de encontrar soluciones al
problema y tomar medidas eficaces de control ante un nivel de inmigración absolutamente disparado, con los problemas humanitarios, sociales y económicos que ello conlleva para las islas. Hace tiempo que se tomó aquella inexplicable decisión de

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dejar salir a más de 220 inmigrantes del campamento de Arguineguín sin haberles realizado una prueba PCR, sin haberles tomado huellas u otro tipo de identificación y sin la asignación de una plaza de acogida que les indicara donde pernoctar
o adónde dirigirse; hubo de ser el ayuntamiento de la localidad el que fletara autobuses de emergencia para trasladar a esas personas hasta la capital de la isla. Allí, anduvieron deambulando por la capital sin comida ni agua ni un lugar al que
dirigirse; finalmente, se les dio ubicación en un complejo turístico vacío desde hacía semanas como consecuencia de la crisis. Es dramática la situación derivada de esta crisis humanitaria para unas personas que han arriesgado su vida por venir a
un país que ya está desbordado por problemas económicos y sociales para ser acogidos y en el que además estarán fuera del sistema, o serán devueltos, y en el que no pueden recibir ayudas ni trabajar. Y dramática es también, por desgracia, la
situación para una población canaria arruinada por la crisis económica y al borde del colapso. Y dramática también, señora Calvo, lo es para unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están ya exhaustos de trabajar sin descanso para
contener las avalanchas.


Ante todo esto, el Gobierno, en su conjunto, y, en particular, el Ministerio del Interior callan, incapaces de ofrecer soluciones. Y nosotros le queremos preguntar varias cuestiones con relación a ello. ¿Quién dio la orden de dejar que
esos 220 inmigrantes salieran de Arguineguín sin haberles realizado una prueba, sin identificación y sin asignación de un lugar de acogida al que dirigirse y por qué se tomó esta decisión, si estuvo el Gobierno enterado de ella? Durante el año
2020, ¿a cuántos inmigrantes llegados a las islas Canarias se han derivado a la península y cuál es la política de derivaciones de estas personas desde las islas a la península por parte del Gobierno? A lo largo de 2021, ¿cuántas han sido las
personas que han sufrido esta situación y han sido derivadas a la península? ¿Cuántos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan actualmente para hacer frente a esta situación de llegada de personas? Por último, ¿qué
gestiones diplomáticas se están llevando a cabo por parte del Gobierno con los países de procedencia de estas personas para tratar de paliar este problema, para devolver a estas personas a sus países de origen, si están en situación irregular, y
frenar también en origen la salida de esas pateras?


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Pagès.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, deseo informar de que en el Grupo Parlamentario Plural nos vamos a repartir el tiempo entre mi compañero, el diputado Boadella, y yo mismo, porque no está presente el portavoz, señor Errejón.


En segundo lugar, voy a trasladar la petición directa del portavoz del Grupo Plural en esta Comisión, señor Errejón, de Más País, de que me interese por los puntos que constan en el orden del día a petición suya, que son la petición de
rendir cuentas en torno al cumplimiento de los artículos 10 y 14 de la Constitución española para todas las personas trans que viven en España -esta es una petición que ha hecho el señor Errejón que traslado a la señora vicepresidenta del Gobierno
para que exprese lo que crea conveniente- y, en segundo lugar, el punto 8º del orden del día, que también es una petición de cuentas del señor Errejón. Se trata de una solicitud de comparecencia para que la señora vicepresidenta se manifieste en
relación con la situación creada por la fuga del rey emérito, acorralado por escándalos, corrupción, el descubrimiento por parte de los medios de comunicación internacionales de cuentas en Suiza e investigaciones de todo tipo en el Estado español.
Este interés del señor Errejón, de Más País, coincide con una serie de preguntas que el Grupo Parlamentario Plural, concretamente la señora Nogueras, planteó en relación con la misma cuestión. En concreto, preguntamos, en la línea que ha expresado
el compañero y diputado, señor Iñarritu, sobre si Patrimonio Nacional se está haciendo cargo ahora mismo de algún tipo de gasto en relación con la comitiva, supuestamente, de tres personas que acompaña al rey emérito, fugado a Abu Dabi. Esta
comitiva de tres personas, supuestamente ayudantes de cámara, están recibiendo dietas, están cobrando sueldos y, supuestamente, ello proviene del erario. Queremos saber si estas personas, efectivamente, están cobrando este dinero e, igualmente, que
se nos exponga si la estancia del rey Juan Carlos la está pagado Patrimonio Nacional, así como al personal de seguridad. Estas preguntas del señor Errejón han encontrado una respuesta que, en realidad, consideramos que es una tomadura de pelo por
parte del Gobierno, que nos respondió el 24 de febrero que estas personas están cobrando de acuerdo con la relación de puestos de trabajo de la familia real, que están cobrando por su condición de miembros de personal eventual al servicio de los
miembros de la familia real. Creemos que la retribución de este personal y el pago de la estancia del rey en Abu Dabi es

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absolutamente chocante, teniendo en cuenta que ahora mismo hay millones de euros que se están pidiendo a las personas represaliadas sencillamente por ser servidores públicos que actuaron en defensa de la democracia en Cataluña promoviendo el
referéndum de autodeterminación. Consideramos que es chocante que, mientras a unos por promover la democracia se les pide millones de euros, a otro después de haber actuado de forma corrupta se le esté pagando aún su estancia en el país adonde se
ha fugado. En definitiva, queremos poner sobre la mesa la cuestión de por qué este Gobierno actúa con opacidad en relación con todo lo que tiene que ver con el monarca y, en concreto, con los gastos de Patrimonio Nacional.


La segunda cuestión más de fondo que queríamos plantear es en relación con la propuesta de modificación de la reforma de la Constitución española. Queremos expresar nuestro aplauso a la reforma que se ha propuesto, que se está tramitando
como anteproyecto por el Gobierno, queremos expresar nuestro reconocimiento de la voluntad política que subyace a esta propuesta. Efectivamente, han pasado más de cuarenta y dos años desde la aprobación de la Constitución, la terminología utilizada
respecto a las personas discapacitadas es absolutamente obsoleta y entendemos que se ha de cambiar tanto esta como la regulación para la protección de estas personas discapacitadas. Por tanto, es una reforma constitucional necesaria, inaplazable y,
además, en concordancia con la Convención de 2006 y las tendencias internacionales respecto al trato de estos colectivos.


La señora VICEPRESIDENTA: Gracias.


Tiene la palabra señor Boadella.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señora vicepresidenta, por esta comparecencia. Voy a intentar no convertir esto en una segunda sesión de control del día y centrarme en el objeto de su comparecencia a petición propia. No voy a dejar de manifestarle que me
resulta curioso que el resto de temas queden fuera de la comparecencia, si bien me interesa especialmente todo lo relativo a la cuestión de la reforma constitucional que se plantea sobre la discapacidad. Como ya se ha comentado, creo que de
reformas constitucionales podríamos hablar mucho, y, seguramente, no tendríamos el mismo criterio desde el PDeCAT que desde el Gobierno en relación a ellas, pero, si entramos en el ámbito de esta en materia de discapacidad, por supuesto que la
consideramos necesaria y que debe tener el apoyo correspondiente.


Me gustaría aprovechar este tiempo para decir, y que así conste en el Diario de Sesiones, que al final este es un tema de voluntad. La Convención de Naciones Unidas se aprueba en 2006, España la ratifica en diciembre de 2007, entra en vigor
en mayo de 2008 y ahora estamos haciendo este tipo de reformas. Dice usted que con el estado de alarma no se podía hacer; cierto, con el estado de alarma no se podía hacer, pero el presidente Sánchez lo es desde junio de 2018 y, como apuntaba el
compañero diputado del PNV, se han hecho otras reformas, como la modificación en materia de capacidad en la legislación civil, que trabajamos desde julio de 2020, o la modificación para que las personas con discapacidad pudieran votar, que se aprobó
en diciembre de 2018. Reformar la Constitución es algo muy complicado, no le revelo ningún secreto. En cambio, sorprendentemente, este Gobierno, que dice que esto lo tiene entre ceja y ceja y que lo quiere llevar adelante, en la regulación que
hace del ingreso mínimo vital en junio de 2020 nos indica que las personas con la capacidad modificada no pueden ser titulares del ingreso mínimo vital. Esto va en contra directamente de los mandatos y las previsiones de la Convención de Naciones
Unidas. Por tanto, está bien hacer esta reforma de la Constitución y reconocer que hay que poner, como ha dicho usted, palabras para mejorar la realidad, pero este Gobierno cuando ha legislado por la vía del real decreto-ley ha obviado directamente
a todas aquellas personas que tenían la capacidad jurídica modificada, que la ponencia de este ingreso mínimo vital ni está ni se la espera de momento y que, aunque se ha hecho hincapié en esta cuestión en su tramitación, tampoco ha aparecido ningún
real decreto-ley corrigiendo este error, que vulnera directamente los derechos de las personas con discapacidad.


Creo que va a encontrar siempre al PDeCAT en esta cuestión relativa a la discapacidad. Lo digo siempre, me siento orgulloso del legado político que represento y de coger el relevo a Carles Campuzano, quien hizo un trabajo increíble en todo
este ámbito. Por tanto, en este terreno nos van a encontrar siempre, con una mirada positiva y propositiva. Pero, aparte de los grandes y complejos temas relativos a modificar la Constitución, el Gobierno también puede tomar nota para dar ejemplo
en su día a día sobre estas cuestiones. Esto es lo que le pediríamos a corto plazo.


Muchas gracias.

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La señora VICEPRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carolina Telechea.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.


Señora vicepresidenta, gracias por estar esta tarde aquí. Viene hoy a esta Comisión para presentar una propuesta de reforma del artículo 49 de la Constitución. Sin entrar en el fondo de la conveniencia de este cambio - evidentemente,
nosotros siempre estamos de acuerdo en dar mucho más apoyo y muchos más derechos y libertades a las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, siempre lo hemos trabajado y siempre lo hemos manifestado-, no deja de sorprendernos la
facilidad con que se puede cambiar la denominada carta magna a conveniencia, a menudo con nocturnidad y alevosía cuando los cambios pueden ser impopulares -no hago referencia al artículo 49-, como sucedió en el caso de la indecencia que se hizo con
el artículo 135 y la prioridad en el pago de la deuda pública, por encima de las necesidades ciudadanas, con una Constitución que quiero recordar que se aprobó hace cuarenta y seis años, en medio de un ensordecedor ruido de sables, y, como bien se
vende, las lentejas las tomas o la dejas.


Además del desfase generacional y la anomalía democrática que ello supone, cabe decir que es precisamente el autodenominado constitucionalmismo el primero en faltar a su sagrado texto, especial y contumazmente en aquellos artículos que
otorgan derechos; en cambio, suelen ser escrupulosos en el cumplimiento de aquellos que los restringen. Choca especialmente esta capacidad tan mágica de moldear el texto cuando conviene y lo imposible y rubiquiano que parece a nivel técnico cuando
los cambios tocan aquello de lo atado y bien atado, como es la convocatoria de referéndum para el ejercicio del derecho de autodeterminación o la inviolabilidad del jefe del Estado. Por cierto -ya lo dijo usted públicamente-, el rey Juan Carlos no
tiene actividad pública ni vive con recursos públicos, y hace unos meses se desveló que Patrimonio Nacional sufraga gastos del personal que asiste al emérito en su estancia en los Emiratos Árabes Unidos. Se supo que, como mínimo, tres personas, que
perciben salario, gastos de viaje y manutención a cargo del erario, están destinadas a asistir las necesidades del Borbón en su día a día, algo que, evidentemente, le pone a usted en contracción con lo que dijo. Además, por lo que se publicó,
parece ser que la Casa Real destina parte de su presupuesto a pluses para más de 139 personas que forman parte de la plantilla pero reciben sus nóminas de diferentes ministerios y también trabajan en tareas relacionadas con la actividad de la Corona
o, más directamente, de la familia real; entre otros, personal contratado por Presidencia, Patrimonio Nacional y Hacienda, y ello sin contar con todos los agentes, ya sean de la Guardia Real, que dependen de Defensa, o de Interior, destinados a la
seguridad de los miembros de la familia real. En total, se destinan 2,5 millones de euros de la partida consignada en los presupuestos generales del Estado a la Casa Real para sufragar estos complementos retributivos.


En este punto le quiero preguntar: ¿Quién toma la decisión de facilitar este personal de libre designación para servir al rey emérito, señora vicepresidenta? ¿Le parece normal que, en medio de una crisis económica y social de tal magnitud,
el que se autodenomina el Gobierno más progresista de la historia deba dedicar dinero a sufragar gastos a una persona fugada y evasora fiscal? ¿Por qué se niega el Gobierno a dar explicaciones sobre las actividades de la Casa Real, la familia real
y el rey emérito? ¿Considera que es propio de una democracia plena el escudo de opacidad que les protege? ¿Considera que las Cortes Generales deberían poder ejercer su función de control político sobre la Corona? Tiene que considerar, como yo,
que esto es un atropello y una indecencia. El único hilo que ahora mismo une una institución presuntamente corrompida hasta los cimientos con la realidad y la ciudadanía son ustedes, en concreto el Partido Socialista, y llevan cuarenta y seis años
blanqueando su falta de principios democráticos y sus fechorías en nombre de esta patria. Cuando la izquierda no hace de izquierda pierde, y lo hace frente a una derecha, que, como ya está viendo, se envalentona. Ustedes llevan décadas haciendo
perder a la izquierda, a la vez que hacen ver lo contrario. El presidente Sánchez dijo que tomaba nota de los resultados 4-M. Si quieres tener resultados diferentes, debes hacer cosas diferentes, así que sí les pido que dejen de blanquear este big
state que aplica el 155, encarcela a disidentes y ayuda a eméritos inviolables. Por cierto, es de un cinismo ilimitado que el Partido Popular venga hoy a recriminar las cloacas del Estado al Gobierno del Partido Socialista, cuando en su mandato se
enviaba a policías a pegar a votantes, presuntamente a extorsionar a políticos independentistas con mentiras y a robar pruebas de su extesorero que incriminaban a su partido. Dicho esto, tanto el PSOE como el PP son corresponsables de este sistema,
que han alimentado desde el principio.

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No quiero terminar sin poner de relieve la otra gran vergüenza de este país, que es el Tribunal de Cuentas, un tribunal absolutamente politizado y parcial en sus decisiones, con la única función de ser un instrumento más de represión del
Estado para acallar la disidencia política, que no tiene suficiente con condenar injustamente a nuestros presos i preses politics, sino que los vuelve a castigar con sanciones, como usted sabrá, de millones de euros. Justamente una consejera del
Tribunal de Cuentas ha manifestado, en relación con un informe del Departament d'exteriors de la Generalitat, que el Tribunal Cuentas ha incumplido los principios de imparcialidad, claridad, concisión, equilibrio y ponderación y que no había pruebas
concluyentes. Por tanto, este tribunal no tiene suficiente con privarlos de su libertad y del tiempo con sus familias, sino que además quiere arruinarlos. Ya sé que usted no me va responder a estas preguntas porque hacen referencia al Tribunal de
Cuentas y tal vez quedan fuera del objeto de esta comparecencia, pero sí espero que le hagan reflexionar. ¿Cuántos casos políticos han llegado a este Tribunal de Cuentas? ¿Cuántos de estos casos se han archivado? ¿Cuántos han abonado las
sanciones y qué cantidades?


Pero aquí no acaba esto, señora ministra, no puedo terminar sin hacer referencia a nuestro conseller Raül Romeva, que, como sabe, ha sido condenado injustamente a doce años de prisión. Está cumpliendo esta condena, y, curiosamente, ahora se
enfrenta a un nuevo procedimiento del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, un nuevo procedimiento penal que se han sacado de la manga contra él y diez personas más. Y, como ve, es una ofensiva que ya se inició en el 2016 cuando se creó el
Departament de Exteriors, y con ello se demuestra no solo la inquina y el odio hacia el movimiento independentista, sino que esta justicia politizada no tiene freno y se va a llevar por delante a todo el que pretenda luchar por la libertad, la
democracia y, en definitiva, a cualquiera que pueda poner el peligro la estructura del Estado.


Señora ministra, solo le pido que lo piense, que piense si esta es la manera de avanzar, pero no olvide que las cloacas del Estado no tienen amigos ni tampoco son leales y, además, en ellas viven unos animales que a veces acaban siendo
plagas que se comen todo a su paso. Así que de ustedes depende ser valientes y evitarlo.


Termino, señora presidenta. Más allá de todo lo expuesto, usted ya sabe que nuestro grupo no trabaja para mejorar un Estado endémicamente corrupto, sino que lo que quiere es trabajar para emanciparse de él y sentar las bases de un Estado
catalán libre, republicano y, sobre todo, libre de corrupción, porque, como usted ya sabe, nuestro objetivo es la independencia de Cataluña.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor don Gerardo Pisarello.


El señor PISARELLO PRADOS: Muchas gracias, presidenta.


Gracias, vicepresidenta. Efectivamente, es enormemente significativo que, en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo, se traiga aquí la propuesta de dignificar y de blindar constitucionalmente los derechos de las personas con
discapacidad, al menos por tres razones. La primera, porque las personas con discapacidad son seguramente las que de manera más devastadora han padecido los efectos sociales y económicos de esta pandemia y necesitan una reparación urgente. En
segundo lugar, porque me parece que la pandemia también nos ha enseñado que nadie está a salvo de sufrir una pérdida y que todos somos temporalmente capacitados. Lo hemos visto con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con los problemas de salud
mental sobrevenidos. Por lo tanto, somos vulnerables física y mentalmente y dependemos los unos de los otros. Me parece que es importante también porque reforzar y blindar estos derechos también es blindar la libertad real y efectiva de las
personas con discapacidad y de aquellas personas que las cuidan. Esto me parece importante porque la libertad real y efectiva que está reconocida en el artículo 9.2 es una libertad republicana; es decir, es una libertad que se construye haciendo
frente a cualquier poder privado o público que quiera interferir arbitraria o despóticamente sobre la ciudadanía, pero que también se construye a partir del reconocimiento de la interdependencia y, por lo tanto, de la empatía y la fraternidad cívica
-por decirlo de alguna manera- con quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad que también podría ser la nuestra.


Por eso, me parece que dignificar constitucionalmente la situación de las personas con discapacidad debería ayudar también, en estos tiempos que corren, a distinguir la libertad republicana de la libertad como simple despiporre, como hacer
lo que viene en gana desentendiéndose e incluso perjudicando a los demás. Eso es otra cosa; eso, más que libertad, se parece a la actitud que los antiguos griegos calificaban

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como la del 'idiotés', el idiota que se desentiende de la cosa pública o, machadianamente, la de los viejos y nuevos señoritos que confunden su libertad con los privilegios de los que siempre han gozado.


Precisamente por eso, señora vicepresidenta, me parece que la reforma que estamos planteando aquí se queda corta, porque, en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo, seguramente lo que deberíamos estar discutiendo aquí y en toda
Europa es cómo blindar y cómo constitucionalizar todos los derechos sociales y ambientales necesarios para reducir la vulnerabilidad y aumentar la libertad real de las personas: el acceso a los cuidados, a vivienda digna, a sanidad pública de
calidad, a vacunas y a fármacos esenciales, al agua potable, a la energía, a un medioambiente sano, incluso a una renta básica universal. A mi juicio, todos estos derechos y bienes deberían estar constitucionalizados y garantizados como
fundamentales y todos deberían estar blindados jurídicamente frente a la especulación, frente a la mercantilización obscena y frente a los recortes arbitrarios.


Se recordaba aquí que la Constitución española tiene aún hoy un artículo, el 135, que establece que es prioritario pagar la deuda a los grandes acreedores por encima de otros objetivos sociales. Hoy ese precepto está suspendido por el
COVID, de la misma manera que está suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en Europa, pero me parece que no basta la suspensión, porque lo que la pandemia nos ha enseñado es que lo prioritario no son los grandes acreedores, sino que es la
ciudadanía. Lo primero debe ser la inversión pública en ciencia, en educación, en apoyo a las pymes, en infraestructuras ecológicamente sostenibles; y para que esa inversión no se financie exclusivamente con deuda hacen falta políticas fiscales
progresivas, aquí y en toda Europa, que obliguen a pagar a las grandes fortunas, a las grandes tecnológicas. Eso es algo que, salvo nuestros negacionistas vernáculos, han entendido bien personas que van desde Thomas Piketty y Mariana Mazzucato al
propio Joe Biden o Kristalina Georgieva, que es la directora general del Fondo Monetario Internacional.


Pero blindar constitucionalmente todos estos derechos, obviamente, no puede hacerse con simples retoques constitucionales. Efectivamente, aquí hacen falta cambios constitucionales profundos que permitan blindar esos derechos sociales y
ambientales, que permitan blindar la supervivencia de la vida en el planeta y poner límites y colocar bozales a los poderes salvajes del Estado y a los poderes salvajes del mercado. A mí me parece que eso, aunque es lo más racional, es lo más
difícil, entre otras cosas por los privilegios que exige remover. Por eso, no quiero dejar de mostrar aquí mi admiración por esos jóvenes y por esas mujeres chilenas que en condiciones durísimas, incluso de mucha represión, se han movilizado masiva
y pacíficamente para lograr algo que parecía imposible, que es hacer saltar los cerrojos de la constitución pinochetista de 1980 y ganarse a pulso un proceso constituyente y una asamblea constituyente de composición paritaria -por lo tanto,
claramente feminista- que les permitirá tener un nuevo pacto social y ambientalmente más justo, plurinacional y decididamente igualitario en cuestiones de género.


Obviamente, las dificultades para introducir cambios profundos en una Constitución como la de 1978 -que no son casuales- tampoco pueden ser una excusa para el inmovilismo. Por el contrario, hay que decir de manera muy clara que aquí se han
producido grandes y notables avances sin necesidad de tocar ni una coma de la Constitución realizando, simplemente, una interpretación actualizada, como decía usted, o garantista del propio texto constitucional. Efectivamente, aquí se ha podido
aumentar el salario mínimo a 950 euros, se aprobó en su momento el matrimonio homosexual y recientemente la eutanasia y se acaba de aprobar una ley que permitirá proteger a los riders frente a la voracidad de Globo, Deliveroo, Uber y otras grandes
plataformas digitales. Y a través de esa misma interpretación garantista y respetuosa con el derecho internacional y los derechos humanos también creo que podemos realizar, como se plantea aquí, políticas feministas; garantizar los derechos de las
personas trans y de las personas LGTBI en general; poner límites a los alquileres abusivos; regular la situación de muchísimas personas migrantes que llevan tiempo trabajando y viviendo entre nosotros y que han ayudado a levantar la economía
durante la pandemia; y desde luego evitar, por ejemplo, que un Consejo General del Poder Judicial en funciones continúe nombrando magistrados o presidentes en determinados órganos judiciales. Me parece que es importante recordar, vicepresidenta,
que esto no puede quedar al albur del Poder Judicial simplemente, porque depende sobre todo de lo que hagamos las mayorías parlamentarias en coordinación con el Gobierno, ya que son las mayorías parlamentarias -en tanto que representantes directos
de la voluntad popular- las primeras y las principales encargadas de realizar esa tarea de actualización y de interpretación garantista del texto constitucional. Mientras no se produzcan esos cambios constitucionales más profundos -que,
efectivamente, plantean muchas dificultades-, creo que esa necesidad de realizar una interpretación garantista y actualizada de la Constitución debe valer tanto para las cuestiones sociales

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y económicas como para las grandes reformas institucionales y, en nuestra opinión, eso también incluye el caso de la monarquía.


A día de hoy, vicepresidenta, como se ha dicho aquí, tenemos un rey emérito que todavía es constitucionalmente tercero en la línea hereditaria de la Corona todavía en términos formales y que lleva 284 días viviendo en condiciones lujosas, en
parte con fondos públicos, en una monarquía que no exagero si la calificamos de despótica. Ese rey emérito, que es miembro de la familia real, podría haber cometido actos ilícitos graves -obviamente, no refrendados por ningún representante
político- incluso después de haber dejado de ser jefe de Estado. Y esto no es algo que decimos los diputados y las diputadas republicanos, sino que es algo que sugirió la propia Casa Real en un comunicado de 15 de marzo de 2020 que para mí ha
producido una auténtica mutación constitucional, porque nos obliga a interpretar la Constitución de una manera muy diferente a como se quería interpretar en los años ochenta o en los años noventa. Hoy la inviolabilidad real no puede seguir siendo
una coartada para que actos privados de un jefe de Estado que puedan constituir actos ilícitos no refrendables no puedan ser objeto de investigación ni objeto de control. La verdad, le digo sinceramente que creo que es inaudito que una monarquía
que se dice parlamentaria en pleno siglo XXI no haya permitido que esta Cámara pueda ser debidamente informada de estos hechos en una comisión de investigación. Es bastante increíble. Es increíble realmente que en pleno siglo XXI se pretenda
convertir la inviolabilidad real, como decía, en un privilegio contrario al principio de transparencia e incluso en una vía para asegurar a miembros de la familia real situaciones de impunidad que no se admitirían a ningún otro cargo público ni al
ciudadano de a pie. Estas palabras, vicepresidenta, no son simplemente mías; son exactamente los mismos argumentos que utilizaba Clara Campoamor cuando se refería a Alfonso XIII ya a comienzos del siglo XX y son las mismas palabras y los mismos
argumentos que esgrimían Indalecio Prieto y Julián Besteiro, dos grandes socialistas, cuando exigían que Alfonso XIII se sentara en una comisión de investigación ante el Parlamento, porque incluso en una monarquía constitucional un rey, igual que
otro tribuno cualquiera, no puede pretender estar nunca por encima de la ley. Si su memoria, la memoria de estas mujeres y de estos hombres, es hoy atacada por quienes reivindican el franquismo, es también porque socialistas y republicanos
pensaron, como le decía ahora, que incluso en una monarquía constitucional o en una monarquía parlamentaria no hay nadie, ningún poder, que pueda pretender estar ajeno a la transparencia, vivir en la opacidad del privilegio y situarse por encima de
la ley.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA: Gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor José María Sánchez García.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, señora presidenta.


Señora vicepresidente, o vicepresidenta o como usted prefiera, porque me da igual -no vengo aquí a darle clase de gramática; tendría que saber usted un poco más y no voy a polemizar sobre esto con usted-, yo pensaba comenzar mi intervención
diciéndole que dichosos los ojos que la ven, después de más de un año esperándola por aquí y a pesar de estar pendientes de ser atendidas trece peticiones de comparecencia durante este largo año. Pero después de oír su alocución inicial me recuerda
usted, más que a un refrán, a aquello que Garrigues llamaba la paradoja del abogado. Garrigues -interpreto que sabe usted quién es- hablaba de la profesión y de la paradoja del abogado: siempre esperando al cliente y, cuando llega, ¡qué ganas de
que se marche! Pues yo le diría a usted algo parecido. Llevamos esperándola un año, pero, para lo que usted nos ha dicho aquí y el tiempo que nos va a hacer perder una vez más, pues, francamente, no digo que se marche, pero le digo simplemente que
podía no haber venido. Nos habríamos ahorrado todo esto y hubiésemos puesto en términos superiores la paradoja de Garrigues sobre la profesión.


Nos habla usted en su contraída alocución de la reforma del artículo 49 y nos dice que es muy importante. Y es muy importante porque esto cambia por completo el tratamiento constitucional de los discapacitados. Y ahora le pregunto yo a
usted: ¿usted no tiene conocimiento de que aquí se ha tramitado ya una reforma de la discapacidad que ha modificado, entre otros cuerpos legales, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, etcétera? Porque
si la alteración de la norma constitucional tiene un sentido de tanto calado como usted pondera, y como quiera que no ha tenido lugar, me da la impresión de que aquí hemos aprobado una ley inconstitucional; todos, sin saberlo, y usted parece que
tampoco lo sabe. En fin, usted viene y nos lo cuenta hoy y yo me siento en la necesidad de

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ponérselo de manifiesto. Este tipo de cosas raras, por no decir estúpidas, pasan cuando se hacen estupideces; como ustedes, que reforman la ley y luego reforman la Constitución, que tiene que ser fundamento de la ley. Dice: No, es que la
epidemia y el estado de alarma lo impedían. ¿Y yo qué quiere usted que le diga? Pues tendrá que esperar, pero hacerlo todo al revés nos puede llevar a preguntarnos metódicamente si lo que hemos hecho aquí es una tontería.


Debo recordar que este grupo en esa reforma se abstuvo, no por este motivo, sobre el que verdaderamente no reparamos; usted debería haber reparado en ello antes de haber promovido esta iniciativa de reforma constitucional, pero, en fin.
Nos abstuvimos porque nos parece que hay una reforma escasamente rigurosa de muchos cuerpos legales, como he dicho, que alteran muchas partes del ordenamiento. No tenemos la certeza de que se haya hecho con cumplimiento fiel a la Convención de
Nueva York, tampoco creemos que esté debidamente articulada y, finalmente, no creemos que sea en beneficio de las personas que sufren discapacidad. Dicho esto, no volveré a hablar de esta reforma del artículo 49, que me parece el pretexto con el
que usted hoy nos hace esta visita, no sé por qué. Yo pensaba siempre que usted vendría aquí con su tan cacareada ley de memoria democrática, pero debe estar ahí atascada en Moncloa por algo; no sé muy bien por qué, porque con esos asesores que
tienen ustedes, cuya retribución importa más que todo el presupuesto del Consejo de Estado, no alcanzo a comprender cómo sufre esos retrasos. Pero, en fin, viene usted con la reforma al artículo 49, al que, como digo, ya no me referiré más.


Entre las peticiones dirigidas a esta Comisión para que compareciese usted, una se refería a Canarias. La de Canarias es una situación verdaderamente sorprendente, desde luego no por acción de los gobernantes, sino por omisión. Señora
vicepresidente, en el último año se ha incrementado un 688 % el número de inmigrantes ilegales llegados a las costas de las islas Canarias. Esto significa, en términos aritméticos, que se ha multiplicado por casi ocho veces el número de inmigrantes
ilegales llegados a las islas Canarias en ese periodo. En junio de 2018, el Consejo Europeo adoptó unas conclusiones, algunas de ellas sobre la inmigración, y una en particular decía que debía ponerse fin a estas tramas ilegales de tráfico de
personas. Han trascurrido tres años -o prácticamente tres años- y la Unión Europea ha iniciado un proceso de reforma del procedimiento de asilo, pero no se ha resuelto este problema y España lo sufre gravemente; y se sufre también en el
Mediterráneo oriental no solamente en el occidental, en este caso, en nuestras fronteras en el Atlántico. Ante esta inacción de la Unión Europea en sus fronteras externas -sería el caso del archipiélago canario-, el Estado español puede realizar
actuaciones en alta mar, que se llaman de interdicción o policía marítima, como cualquier Estado soberano en alta mar. ¿A qué efecto? Al efecto precisamente de combatir delitos contra el derecho de gentes, como es el de tráfico de personas. Y no
lo hace. ¿Por qué? Porque el Gobierno que usted vicepreside no quiere y, entonces, consiente que llegue ese número de inmigrantes ilegales a las islas Canarias. Y cuando llegan allí dicen: ¡Ah!, aquí hay una cuestión humanitaria y hay que
acogerlos. Claro, y yo también lo pienso. Si llega una persona en condiciones de inanición y al borde de morir, pues, claro que hay que acogerlo, pero es que ustedes no han hecho lo que tenían que hacer antes. ¿Por qué no lo hacen? Ustedes
sabrán. Por incompetencia, por desconocimiento, porque no les da la gana; no lo sé, en todo caso, un desastre absoluto.


Fronteras internas. Ha habido 15 000 migrantes ilegales que han ingresado a través de la frontera francesa procedentes de España en los últimos cuatro meses. ¿Usted se da cuenta de la cifra? Usted me podrá decir: Bueno, esto no afecta a
una violación del principio de non-refoulement, porque no se trata de que España sea un Estado que pueda perseguir a tales personas por razones de religión, ideología, sexo, raza, etcétera. ¿Pero qué tiene que ver? Da igual. Hay un trasiego de
personas en condiciones de ilegalidad, al menos a juicio de las autoridades francesas, que me parece cuantitativamente muy significativo. ¿Y ustedes qué hacen? Nada. Yo no he leído ni tengo conocimiento de que se haya adoptado ni una sola medida
sobre este incremento. Por tanto, la acción del Gobierno en esta materia, objeto de una de las peticiones de comparecencia, no es que sea deficiente, sino que simplemente es inexistente. Usted todavía no nos ha dicho nada de esto y no sé si en su
turno posterior tendrá a bien agraciarnos con alguna explicación sobre esta cuestión.


Hay dos peticiones más relativas al dictamen del Consejo de Estado sobre el Real Decreto 36/2020, en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y si se ocultó o no. Yo quiero hablar en general de la regulación
jurídica en la que ha de aplicarse ese plan. Me refiero al fin del estado de alarma. Sobre esta cuestión hay un debate...


Señora presidente, ¿me puede indicar qué tiempo me queda, por favor, si es tan amable?

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La señora VICEPRESIDENTA: Nueve segundos.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Hay un debate severo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Popular insiste en una cosa que llama el plan B, que consiste en reformar un artículo de la Ley Orgánica 3/1986. Es algo que ya
presentó en agosto del año pasado y que ha vuelto a presentar en abril y el Gobierno, según dice, aunque ha habido contradicciones entre lo que usted ha manifestado y lo que ha dicho el ministro de Justicia, dice que ese plan B no hace falta para
nada y que, una vez expirado el estado de alarma, la epidemia se podrá combatir sin necesidad de ningún plan B como el que el Partido Popular propone. Nosotros tenemos sobre esto una opinión.


La señora VICEPRESIDENTA: Señor García, se le ha acabado el tiempo.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Voy a concluir.


La señora VICEPRESIDENTA: Sí, tiene que concluir.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Continuaré en mi turno posterior. ¿Luego tenemos un turno?


La señora VICEPRESIDENTA: Luego hay un turno, sí.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Muy bien. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Edurne Uriarte.


La señora URIARTE BENGOECHEA: Gracias, presidenta.


Señora Calvo, usted lleva doce meses boicoteando esta Comisión Constitucional. A partir de ese boicot, le sugiero que podría cambiar el nombre y, en lugar de ministra de Relaciones con la Cortes, podría llamarse ministra de boicot a las
Cortes. ¡Casi doce meses, señora Calvo! En concreto, desde el 9 de junio de 2020, en que Mesa y portavoces de esta Comisión Constitucional acordaron por unanimidad su comparecencia. Pues bien, desde entonces no ha parado de poner todo tipo de
excusas para no comparecer. Y lo que es igualmente grave, cuando usted decide comparecer, ¿qué hace? Pedir comparecencia para hablar de la reforma del artículo 49 de la Constitución y con eso no hablar de todo lo demás. Es decir, señora Calvo, es
grave que usted utilice la estratagema y la coartada del artículo 49 para no hablar de todo lo demás. ¿Le parece que eso es respeto a los casi cuatro millones de españoles con discapacidad?


Señora Calvo, usted bien sabe que nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, estamos de acuerdo con el fondo de esa reforma. Estamos de acuerdo con que debemos cambiar la expresión 'disminuidos físicos y psíquicos' por la expresión 'personas
con discapacidad' de acuerdo con la Convención de Nueva York. Ahora bien, señora Calvo, estamos hablando de una reforma constitucional. ¿A usted le parece correcto, le parece talante democrático, que el presidente del Gobierno no haya llamado al
líder de la oposición, el señor Pablo Casado, para hablar de esta reforma constitucional? ¿Esa es su metodología para reformar la Constitución? ¿Qué vendrá después? Ustedes son inquietantes, señora Calvo, porque deciden en el Consejo de Ministros
la aprobación de este anteproyecto, pero no se comunican antes ni con el líder de la oposición ni con el resto de partidos. Y fíjese que nos sorprende que sea el señor Legarda, portavoz del PNV, quien le llame a usted la atención sobre lo obvio.
Ustedes abren un melón con esta reforma constitucional y, usando el término del señor Legarda, cuando dice que ustedes han empezado a sacar cerezas de la cesta, ¿qué más cerezas van a sacar? ¿Y qué otras cerezas les van a sacar sus socios, por
ejemplo, Podemos? El señor Pisarello ya ha indicado algunas cerezas, ya las ha sugerido. ¿Y qué decir de Esquerra Republicana, que les apoya? Se ha ido la portavoz, pero también le ha sugerido algunas cerezas. Bueno, le ha sugerido una cereza,
que es destruir el Estado. Señora Calvo, estamos hablando de una reforma constitucional. Más respeto al método democrático en la reforma constitucional -se lo exigimos- y desde luego respeto a la oposición cuando se trata de algo tan importante
como una reforma de la Constitución. Y, desde luego, respeto a esos millones de españoles con discapacidad, porque lo que no se puede hacer es usar esta reforma de la Constitución para no hablar de todo lo demás, que es lo que ha hecho usted hoy.
Usted tenía catorce comparecencias acumuladas y viene aquí y no habla de nada, absolutamente de nada. Dudo hasta de que nos conteste. Y no ha hablado de nada porque usted no quiere abordar los grandes

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problemas acumulados en este país, empezando por el problema del caos jurídico y de gestión frente a la pandemia que tenemos en estos momentos.


Señora Calvo, usted que coordina el Gobierno, ¿qué nos dice de que con datos todavía graves del COVID -le recuerdo los del Ministerio de Sanidad de ayer martes: 4941 nuevos casos y 205 españoles fallecidos- el plan del Gobierno para los
próximos tres meses en la lucha contra el COVID sea esperar? Cito literalmente: esperar. Lo ha repetido hoy el presidente del Gobierno. O sea, que ustedes en los próximos meses lo que van a hacer es no hacer nada porque van a esperar el futuro.
En concreto -lo ha dicho Pedro Sánchez esta mañana-, noventa y ocho días en los que no van a hacer absolutamente nada. Bueno, sí, lo que van a hacer es decir que son las comunidades autónomas las responsables. Con eso -lo ha repetido en varios
medios de comunicación, señora Calvo- lo que ustedes hacen es negar el artículo 14 de la Ley General de Salud Pública de 2011, que usted debería conocer. Según esa ley, ustedes, el Gobierno de la nación, son los responsables máximos de la gestión
en casos de pandemia como la que vivimos. Usando una expresión suya, señora Calvo, le pregunto: ¿es que se han declarado en rebeldía con los problemas de los españoles? ¿Huelga de brazos caídos según esto de que no van a hacer nada en los
próximos tres meses?


Señora Calvo, en este último año han pasado otras muchas cosas muy graves en el Gobierno de las que usted tampoco quiere hablar. Un año de mentiras, de manipulación y de falta de transparencia, empezando por la gravísima mentira que ustedes
mantienen hoy en día, la del número de fallecidos. Señora Calvo, ustedes siguen diciendo que el número de fallecidos en estos momentos está en torno a 80 000. ¿Saben cuál es el número real de fallecidos, según el Instituto Nacional de Estadística?
Son 130 000. Ustedes siguen negando miles y miles de españoles fallecidos. ¿Y qué decir de otras muchas mentiras? Le voy a recordar una que afecta a otro asunto grave; una mentira del señor Sánchez del año pasado, cuando incluso se inventó una
clasificación de una universidad, la Johns Hopkins University. Y tuvo que salir incluso el Consejo de Transparencia en diciembre de 2020 a decir que, en efecto, el presidente del Gobierno de España había mentido porque no existía tal clasificación.
¿Y qué hicieron en enero de 2021? Cesar a Esperanza Zambrano, que estaba en los puestos directivos del Consejo de Transparencia. ¿Y qué le voy a contar del CIS, señora Calvo? Han convertido al CIS en una institución totalmente desprestigiada,
cuando era una institución admirada y respetada por todos los analistas académicos de España. ¿En qué la han convertido ustedes? Le recuerdo ese empate entre izquierda y derecha que daba para las elecciones de Madrid, pero no solo eso. Además, el
señor Tezanos acabó sus predicciones llamando tabernarios a los ciudadanos de Madrid. Bueno, hace un año ya nos había llamado bárbaros a todos los que no votamos a su partido; hay que recordarlo. Y, por cierto, a usted se le ha mezclado un poco
la desviación de cálculos del señor Tezanos, porque esta mañana ha dicho que hace años que el Partido Popular no gana elecciones. ¡Ay, señora Calvo, repase usted, repase usted lo que está pasando en estos últimos años!


Señora Calvo, hay una serie de comparecencias que nosotros hemos pedido y que usted se ha negado a responder, relativas a un tema que nos preocupa enormemente, que es el de las libertades en España. Mire, hace ya un año, la última vez que
vino usted, el 18 de mayo, ¿recuerda que dijo aquello de que apropiándose de la bandera común de todos han puesto en peligro la salud de todos los españoles? Cuando los españoles protestan contra este Gobierno ustedes dicen cosas semejantes. ¿Pero
qué respeto tienen ustedes al derecho a la protesta de los españoles? Y mientras decían ustedes eso -por cierto, que también lo dijo Pedro Sánchez-, ustedes alababan y elogiaban a los manifestantes que protestaban contra el Gobierno en Estados
Unidos.


Pero hay mucho más, señora Calvo. Ustedes confunden enaltecimiento del terrorismo con libertad de expresión, y le digo esto para recordarle lo que pasó en este país con los gravísimos disturbios que protagonizó la ultraizquierda en las
calles de España cuando fue condenado Pablo Hasél por enaltecimiento del terrorismo. ¿Y qué hicieron ustedes? Pues decir que van a reformar el Código Penal en los delitos relacionados con la libertad de expresión. ¿Y qué ha hecho usted solo hace
unos días -y sigo hablando de la libertad-, señora Calvo? Pues usted ha llamado nazis a los madrileños que han votado reivindicando la libertad. ¿Es esta su concepción de la libertad, señora Calvo, llamar nazis a los madrileños que han votado
libertad?


Por último, entre los muchos temas pendientes, señora Calvo, y a los que no quiere responder, usted dijo en septiembre de 2020 -y le cito textualmente- que la ley de memoria democrática va a prohibir todos los espacios donde se produzca
enaltecimiento de las dictaduras. Entonces, señora Calvo, ¿qué va a hacer usted con ustedes mismos y con Unidas Podemos, que acaban de votar dos veces 'no' a la

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condena al comunismo? Lo han hecho en esta Comisión Constitucional y en el Pleno. ¿Ustedes diferencian dictaduras? Ustedes condenan únicamente el nazismo y el fascismo, pero se niegan a condenar el comunismo. Quiero volver a preguntarle,
y espero que nos responda, señora Calvo, si su partido y Unidas Podemos van a seguir haciendo legitimación de las dictaduras comunistas en España.


Gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Odón Elorza.


El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Damos la bienvenida, como Grupo Parlamentario Socialista, a la vicepresidenta primera del Gobierno, a Carmen Calvo, y le expresamos todo nuestro apoyo a la labor que están desarrollando ella, el presidente del Gobierno y el conjunto del
Gobierno de coalición; una tarea en un tiempo muy difícil, porque no podemos olvidar en absoluto que es un tiempo marcado, desde prácticamente el inicio de la etapa de Gobierno, por la pandemia, que ha generado -tampoco lo olvidemos- una crisis
múltiple, sanitaria, económica, social e incluso también política, a la vista de que algunos grupos están desarrollando la política de manera crispada, de una manera en la que prima fundamentalmente la confrontación, cuando, precisamente en estas
circunstancias históricas, debiera hacerse por parte de todos un esfuerzo de diálogo, de búsqueda de consensos, de generosidad, en la búsqueda de la defensa del bien colectivo, del bien común, por el interés de España.


Apoyamos esta medida, cómo no, y agradecemos que venga al día siguiente de aprobarse en el Consejo de Ministros este anteproyecto para la reforma constitucional, pues somos conscientes de las dificultades que implica el proceso, abrir el
melón para actualizar, para adaptar este artículo 49 de la Constitución a una realidad social en la que ya viene trabajando, es cierto, el Parlamento. La apoyaremos, lo mismo que otras medidas y otras iniciativas que se vayan planteando aquí, en
esta Comisión en concreto, la Comisión Constitucional, y ahí están los siete padres de la Constitución. 1


Han cambiado mucho los tiempos. Seguramente, nos gustaría ver ahí no a siete hombres sino a siete hombres y siete mujeres, o un reparto en reconocimiento al papel igualitario que debe tener la mujer en la política -hombre y mujer-, pero
eran otros tiempos y vamos avanzando. En lo que no vamos avanzando, recordando esa etapa, y creemos que es buen día y un buen espacio este de la Comisión Constitucional -que nos merece tanto respeto por su papel en el Poder Legislativo, por lo que
ha representado siempre esta Comisión-, que es momento no tanto de responder a nadie, ni de entrar en batallas, ni de hacer reproches, ni del 'y tú más', sino de recordar o de hacer algunas consideraciones que nos parecen fundamentales para abordar
algunas de las cuestiones que se han planteado aquí por parte de los diversos intervinientes. Y es que en esta crisis, como decía antes, se impone que cada uno de los grupos políticos dé lo mejor de sí. La primera consideración es que seamos
capaces de profundizar en la gobernanza; una gobernanza en un Estado plural, diverso; una gobernanza que significa, básicamente, compartir decisiones en estos momentos en los que hay que afrontar la buena gestión de los fondos europeos, el Plan de
recuperación económico y social, las políticas en relación con los migrantes, con la inmigración, y seguir trabajando para conseguir que el ritmo de la vacunación logre sus objetivos, situación que ha cambiado sustancialmente de hoy a hace ocho
meses atrás o, simplemente, si miramos cinco meses hacia atrás. Y todo eso requiere que esa gobernanza que viene desarrollando este Gobierno de coalición, y su presidente en particular, tenga continuidad en muchas decisiones que están pendientes.
En esa gobernanza es fundamental que pongamos sobre la mesa la lealtad, el diálogo, la búsqueda del consenso, la responsabilidad y la generosidad, especialmente en esta Comisión, por parte de todos los grupos políticos, de todos los grupos
democráticos de esta Cámara, sin ningún género de dudas.


La segunda consideración nos lleva a plantear que, precisamente en estos momentos, se puede decir que la política está casi presa de la crispación, de una polarización excesiva, y eso no es bueno para afrontar las cuestiones que tenemos
todos en mente. De modo que hagamos un esfuerzo, pensando en el país y pensando en el interés de la ciudadanía, por reconstruir los vínculos básicos entre fuerzas políticas, entre grupos parlamentarios democráticos, para sacar adelante los retos
que tenemos, que, además de los ya citados, están los referidos a la transición ecológica y a la transición digital; retos


1 Nota del Diario de Sesiones: El señor Elorza González hace referencia a los retratos de don Gabriel Cisneros Laborda, don Manuel Fraga Iribarne, don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, don Gregorio Peces-Barba Martínez, don José Pedro
Pérez-Llorca Rodrigo, don Miguel Roca i Junyent y don Jordi Solé Tura, que están colgados en la sala.

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fundamentales para la transformación de nuestro modelo económico y para que este país, para que España, salga adelante. No es ninguna tontería.


Y la tercera consideración, sin duda, es que para todo ello necesitamos continuar reforzando este Parlamento, el papel y la función de nuestro Parlamento; que ese reforzamiento, que ese prestigio del Parlamento, que es necesario, va a
contribuir, fundamentalmente, a consolidar, a avanzar, como se establece en el preámbulo de la Constitución, en la democracia. El reforzamiento del Parlamento, su papel, se traduce en un reforzamiento de nuestra democracia que tiene hoy en día,
evidentemente aquí y a nivel global en el planeta, claras amenazas que no hace falta desarrollar. De modo que el Grupo Parlamentario Socialista va a trabajar en esas tres consideraciones como desde el primer día. Esperemos que en breve, con una
situación de mucha mayor normalidad, el Gobierno siga con impulso su labor de gestión, siga adelante con el calendario legislativo, con el programa legislativo, que realmente ha avanzado mucho durante estos quince meses, a pesar de la pandemia, con
leyes que han sido aquí señaladas por su importancia.


Por cierto, entre otras que todavía no han llegado pero que llegarán, tengo que decir, en nombre de mi grupo, que, en primer lugar, esperamos con ilusión que el anteproyecto de ley de memoria democrática transite con la mayor rapidez y que
pase por los trámites consultivos para que aquí podamos abordarlo, debatirlo y consensuarlo lo máximo posible. En segundo lugar, lo mismo diríamos, por hacer alguna otra referencia, con la ley de protección de denunciantes y alertadores de casos de
corrupción. Y en tercer lugar -hablando de democracia-, nos parece trabajada y participativa, muy participativa la iniciativa del IV Plan de Gobierno Abierto, aprobado hace cuatro meses, que va directamente, con sus compromisos perfectamente
definidos y calendarizados, a profundizar en esa democracia. De modo que con estos objetivos, con estas consideraciones, le expresamos todo nuestro apoyo. Eso sí, quiero hacer una consideración final. Nos molesta un poco, un poco bastante, que se
hable repetidamente -porque es de actualidad y es importante- de caos. No hay, por mucho que algunos y algunas quieran repetirlo, un caos en este país en relación con la pandemia, porque se están aplicando las medidas y la legislación está ahí.


Debo recordar especialmente -yo que soy vasco y tenemos una tasa de incidencia muy elevada todavía, aunque se está bajando justo ahora de los 500 casos por 100 000- que, como establece la propia Ley de 1981 sobre el estado de alarma, sitio y
excepción, el presidente de la comunidad autónoma correspondiente puede solicitar al Gobierno formalmente la aprobación y aplicación del estado de alarma para que, en su caso, se pueda dar continuidad al toque de queda, dirigiendo por tanto la
petición formal al Gobierno, el cual con toda seguridad tramitará y aprobará en el Consejo de Ministros, y, si es el caso, también lo defenderá y tramitará en el Congreso de los Diputados. Si realmente hay necesidad, si la hubiere y se justifica,
está contemplado en esa ley la aplicación constitucional de una restricción de derechos y libertades fundamentales, que es lo que está haciendo el Gobierno, velando por una aplicación realmente acomodada a la Constitución, a la ley, y que además
tenga, en su caso, el control ante la autorización judicial y el control parlamentario. Ninguna de esas dos condiciones elementales y básicas tenía la famosa ley del Plan B que en su momento presentó y ha vuelto a revalidar o a registrar el Partido
Popular.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA: Gracias.


Intervendrá nuevamente la compareciente, así que tiene la palabra la señora vicepresidenta primera.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo Poyato): Muchas gracias, presidenta.


Señorías, he ordenado algunas cuestiones que han sido transversales y otras más puntuales para dar respuesta a todo. Por despejar esta idea acerca de la frecuencia de las comparecencias del Gobierno en general y de la mía en particular, me
podría comparar con otro momento anterior, no de este Gobierno ni del anterior presidido por el presidente Sánchez -donde yo también estaba-, sino con el momento inmediatamente anterior, por compararme con otra legislatura en la que gobernaba otro
partido. Mi antecesora vino una vez en la legislatura entera. Yo en año y medio -todavía no se cumple-, atravesando una situación de pandemia, he comparecido tres veces, dos en esta Comisión y otra en la de Reconstrucción. Creo que con ese dato
queda suficientemente claro cuáles son los compromisos lógicos de control, de debate y añadiría que también siempre de enriquecimiento, porque se escucha, evidentemente, lo que opina todo el arco parlamentario, que es la diversidad ideológica de
nuestro país.

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Dicho esto, si alguien piensa que atender después de las obligaciones que tenemos desde 2008 a las personas con discapacidad en nuestro país, que llevan desde el final de la segunda legislatura del presidente Zapatero esperando una reforma
del artículo 49, que también lo hicieron bajo las dos legislaturas del presidente Rajoy y que no se produjo esta modificación, que la anterior legislatura con el presidente Sánchez yo ya inicié estos momentos... Como decía el señor Legarda, nada
más lejos de mi intención ni de mi desconocimiento que saber que una legislatura no vincula a la otra, pero quiero recordar el histórico de esta situación: dos presidentes, el presidente Zapatero y el presidente Rajoy, que desde el año 2008 podían
haber atendido esta modificación constitucional, y la intención en la anterior legislatura, breve, del presidente Sánchez -en una parte muy importante de la legislatura anterior estuvimos en funciones, como su señoría sabe- fue no perder ni un
minuto para que esta modificación se pudiera producir.


¡Claro que se pueden hacer leyes inconstitucionales! De vez en cuando así lo declara el Tribunal Constitucional cuando así lo son. No se trata de eso, refiriéndome a la intervención de algunas de sus señorías. Naturalmente que las leyes
que hemos desarrollado, como decía el señor Legarda, han sido muchas y muy importantes. Una de ellas volverá del Senado la semana que viene y culminará una parte muy importante de esta trayectoria con un artículo 49 que refleje todo eso. Se trata
de una situación de armonía entre el artículo que específicamente se dirige a estas personas en nuestro país y la realidad de nuestro país, con la correspondiente legislación desarrollada con el esfuerzo de todos, las comunidades autónomas y el
Estado. Además, señorías, con estas personas y con sus representaciones he hablado mucho y habitualmente, y les resulta intolerable que se les siga denominando así en el texto constitucional. Aunque solamente fuera para eso, que es mucho más, para
armonizar la realidad de los hechos con el texto constitucional, ya merecería la pena.


No se abre ningún melón. Dar vueltas sobre que se abre el melón de la reforma constitucional es un asunto recurrente, legítimo para quien lo quiera utilizar, para la parte que quiera utilizarlo en función de sus intereses políticos, como es
lógico, pero esto es así de siempre, prácticamente salvando los primeros diez o doce años de la Constitución, donde ya se producían grandes debates sobre de los posicionamientos políticos de los diferentes partidos y grupos parlamentarios acerca de
cuestiones que en la Constitución se podrían plantear como modificaciones para ello. Si esto es así no hacemos nada, ni haríamos nunca nada, porque tendríamos que planteárnoslo todo y sus señorías saben perfectamente que abrir un proceso
constituyente no es en lo que estamos, desde luego no es, ni de lejos, en lo que está el Gobierno. El Gobierno quiere hablar con todos los grupos parlamentarios para que podamos modificar el artículo 49 para dejar de llamar a nuestros compatriotas
'disminuidos' y para que el artículo correspondiente de la Constitución refleje una realidad absolutamente avanzada de las políticas de igualdad de los derechos de estas personas y de la calidad de los mismos. Nada más y nada menos. Quien quiera
no asumir la parte proporcional de compromiso que le corresponde está en su derecho, pero, desde mi punto de vista, el argumento de que se abren otros melones no sirve; sirve estar en este artículo de modificación o no.


Señor Legarda, yo lo que trato de decir es que esto viene de muy atrás; esto no es de ayer para hoy, de anteayer para mañana, esto viene de muy atrás. Y lo más importante que quiero decir sobre este asunto: son las personas discapacitadas
las que lo demandan. No es una posición política concreta del Gobierno, de los partidos que sustentan al Gobierno, del Partido Socialista, como es mi caso, del resto de los partidos que estamos aquí. Quien quiera mantener una posición contraria al
abordaje, ya no digo al contenido definitivo del artículo que tuviera que salir de esa reforma, lo mejor que puede hacer es hablar con sus organizaciones para decirles que ahora tampoco lo vemos, que ahora tampoco es el momento y que ahora ni
siquiera vamos a tener la capacidad de ponernos de acuerdo en esto. Nada más.


Hay quienes han planteado que esta es una manera poco respetuosa. Señorías, ayer se aprobó este anteproyecto y yo pedí comparecer al día siguiente para poder hablarlo con todo el mundo, con todos los grupos parlamentarios. Porque una
reforma de la Constitución hay que hablarla con todos los grupos parlamentarios, a poder ser, en esta materia, para que concluya con la unanimidad deseable, porque estas personas esperan también que seamos capaces de hacerlo. No estamos hablando de
una ley, no estamos hablando de la convalidación de un real decreto, estamos hablando de tocar un artículo de la Constitución. Repito para quienes tengan dudas y que no sea una mera estrategia en el debate de esta tarde, que se dirijan a sus
organizaciones y les digan que tampoco ahora, que no podemos.


Este Gobierno entró en los primeros días del año pasado, del año 2020, y afrontó la pandemia en el mes de marzo, decretando la alarma el día 14. Imposible cumplir los tiempos con los que nos comprometimos con estas organizaciones y con
estas personas. Nos lo han demandado en muchas

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ocasiones y les hemos dado la única explicación posible, y es que bajo el estado de alarma no se pueden hacer modificaciones constitucionales, pero que inmediatamente después de que saliéramos del estado de alarma, así lo haríamos. Es así y
nada más que así.


Ahora tocaría, con la propuesta de anteproyecto que traemos, trabajar para hacerlo con el mayor acuerdo posible para no frustrar sus expectativas y, naturalmente, con la mayor calidad posible, porque se trata de tocar el texto de la
Constitución. Con esto, señorías, creo que por parte del Gobierno se ha señalado cuál es la situación y luego, cuando corresponda, ya entraremos en el debate que haya que entrar sobre el contenido del artículo. Desde luego, nada más lejos de la
realidad. Estas organizaciones estaban esperando este día, y yo he venido el primero que he podido, justamente porque se trata de respetar a la Cámara, de respetar a esta Comisión, que es la Comisión Constitucional, cuando se trata de iniciar una
modificación de Constitución, y hacerlo con todos, absolutamente con todos. Dicho esto, me parece que hay algunas cuestiones sobre las que de alguna manera sus señorías habrán entendido mis primeras palabras. Estoy aquí, obviamente, para
comparecer sobre todas las cuestiones que se hubieran acumulado, además de aprovechar para poder trasladar esta modificación que se pretende.


Señora Oramas, usted y yo lo hemos hablado en muchas ocasiones. Vivimos un momento en el que este país -el país, los ciudadanos, no el Gobierno- sí que necesita pensar, por lo menos en este momento tan difícil que estamos atravesando, en
momentos como los que estamos viviendo, en otra fórmula de la política, porque se ha convertido en una especie de mantra mecánico decir que estamos en pandemia pero, a renglón seguido, actuar como si no lo estuviéramos. Como decimos, vivimos
momentos muy complicados, hemos tomado decisiones que nunca habíamos tenido que tomar, el Gobierno se ha enfrentado a una crisis a la que no se ha tenido que enfrentar ningún Gobierno y no pedimos nada diferente para el Gobierno, que ha tenido una
oposición que yo calificaría de severísima e innecesaria para todo lo que había que afrontar en todos los terrenos. Con esto, señora Oramas, no descargo ninguna responsabilidad.


Decía el señor Legarda, que esta Comisión, por ser la Comisión Constitucional, es propicia a que se pueda preguntar de todo y, obviamente, al titular que comparece en ella, que soy yo misma. Hay una parte muy importante de la situación que
se ha planteado con la inmigración en Canarias que tiene que ver con la pandemia. Se ha abierto esa ruta cuando esa ruta no tiene que abrirse; no tiene que abrirse ninguna, pero esta no se tiene que abrir. No se tiene que abrir la denominada ruta
atlántica porque, como usted bien sabe, señora Oramas, está taponada por la COVID la ruta por la que habitualmente transita la inmigración irregular. Se abre esa, que es muy peligrosa por el coste de vidas humanas, evidentemente, y se abre por la
COVID, no se abre por otra razón. No se abre por ningún gran fallo de este Gobierno en concreto, ni porque este Gobierno no esté obligado a cumplir, incluida su Armada, como ya contestó en su momento, el derecho internacional del mar, al que
estamos absolutamente obligados. Este Gobierno ha tratado, atravesando la pandemia, de desplegar acciones diplomáticas en todos los países que sabemos perfectamente que son los países origen de esta situación que se abre en la vía del atlántico que
llega a Canarias. Claro, estamos hablando de una región ultraperiférica, estamos hablando de un archipiélago que tiene que vivir todas estas cuestiones de una manera muy diferente, porque estamos hablando de unas islas, y estamos haciendo una serie
de sinergias muy complicadas como es mandar un mensaje clarísimo a las mafias que trafican con seres humanos de que no se puede entrar en Europa por un archipiélago y por una islas que, obviamente, no están preparadas para recibir esto.


La crisis de los cayucos, señora Oramas, yo la viví en el Gobierno también. No estábamos en una pandemia y se podía reaccionar de otra manera. Unas islas no están preparadas para esto, y el primer mensaje que hay que mandar es que no hay
abierta una ruta ilegal donde trafican las mafias con seres humanos, y a Europa no se puede llegar de esta manera -claro que Canarias es Europa, ¡faltaría más!-, en la que, evidentemente, España es país frontera y tiene particulares problemas que no
tienen otros países que no tienen frontera y frontera sur como la nuestra, siendo además una frontera muy complicada, porque está en Canarias, porque está en el Estrecho, porque está por mar, donde, evidentemente, ponen en riesgo sus vidas, como,
desgraciadamente, vemos de vez en cuando. Este Gobierno, desde el primer momento trató de acondicionar para atender, en términos de protección y de ayuda humanitaria, a quienes llegan de la mejor manera posible. Su señoría lo sabe y, además, su
señoría sabe la cantidad de comparecencias que han tenido los ministros afectados desde el punto de vista de sus competencias, que nos hemos encontrado -sin citar a nadie porque trato de entender que esta es una situación en la que tendremos que ir
paulatinamente mejorando, como es lógico, como en todo y eso lo han dicho los ministros aquí- con que no hay una comisión delegada de migración. Se trata de las políticas de los ministerios

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con las sinergias del trabajo correspondientes. Hemos visto desde ayuntamientos que no daban licencias para que entrara el ministerio correspondiente a habilitar espacios para poder atender a quienes llegaban, hemos visto de todo, señor a
Oramas y usted lo sabe. Hemos dispuesto de recursos especiales para acudir a habilitar espacios del Ministerio de Defensa; hemos tenido que pedir edificios incluso a una entidad que ni siquiera era una institución pública para que nos pudiera
prestar espacios en los que atenderlos. Hemos conveniado con ONG y con organizaciones internacionales para que pudiéramos abarcar cada día toda la situación en las mejores condiciones posibles. Y tiene, evidentemente, imperfecciones; lo han dicho
los propios ministros responsables, no han tenido ningún problema en decirlo, porque no hemos podido hacer tan bien el trabajo que, con la legalidad internacional en mano, corresponde para las devoluciones legales; con muchas dificultades y usted
lo sabe. Han visitado el ministro del Interior, el propio presidente del Gobierno y la ministra de Exteriores el Senegal, Mauritania, Marruecos, Argelia, Níger y en más de una ocasión, haciendo cooperación y coordinación, las dos cosas, en los
países de origen, que fundamentalmente entran por esta vía. Y mire, señora Oramas, yo esto lo viví en la anterior legislatura, los menores no acompañados, con la legalidad de nuestro país, son competencia de las comunidades autónomas. La acogida
de menores no acompañados por parte de otras comunidades autónomas es objeto de una acción solidaria, corresponsable, de las comunidades autónomas que quieran ayudar. Yo he hecho dos conferencias sectoriales para hablar de un asunto parecido a este
que tenía otra comunidad autónoma, que era Andalucía, como es lógico, con la entrada por el Estrecho. Cuando hablábamos con las comunidades autónomas era para decirles dos cosas: en la financiación para la protección de estos menores, los recursos
los pone el Gobierno de España y pide a las comunidades autónomas que hagan un reparto corresponsable y solidario. La comunidad autónoma que tenía más presión antes antes de que se produjera el cierre del Estrecho y antes de que se abriera la vía
en el Atlántico hacia Canarias era Andalucía. Y nos hemos puesto a eso, en la medida en que esa situación se tiene que resolver también por la vía de que las comunidades acepten una parte importante en términos de solidaridad. Esto es así;
podemos cambiar la normativa cuando nos resulte necesario, pero es así, los menores están bajo el paraguas de las políticas transferidas a las comunidades autónomas. Hemos dispuesto recursos y hemos pedido a todas las comunidades en general que
ayuden, y algunas lo han hecho y están dispuestas a avanzar en esa dirección y el Gobierno está dispuesto también avanzar en esa dirección para proteger a los menores que entran por estas vías.


Hemos ampliado recursos: 310 efectivos de la Guardia Civil, dos helicópteros, dos buques especiales para ayudar en todas las tareas que teníamos de salvamento marítimo, que han sido desplazadas a esta ruta por cuanto el Estrecho está, como
sus señorías conocen, cerrado. Hemos reforzado nuestra cooperación con la Unión Europea, que ciertamente tiene mucho que hacer todavía en materia de fronteras y de inmigración, en las fronteras españolas que son fronteras europeas, porque la Unión,
en su política migratoria, ha sabido responder en algunos momentos a otras fronteras y tiene que saber que en estos momentos una parte importante de las fronteras que son presionadas es la frontera que tenemos en el archipiélago como región
ultraperiférica. Hemos acompañado a la comisaria incluso a Marruecos, país importante en todo este asunto que comentamos por cuanto una parte muy importante de la inmigración que entra ha sido también marroquí, como sabe todo el mundo y como sabe
la señora Oramas. Hemos tenido que salir a resolver una situación muy complicada en condiciones muy complejas porque una parte muy importante de lo que salía de esos países salía por razón de la COVID. Creo que algunas de sus señorías habrán
tenido el interés, la curiosidad y la responsabilidad de ver qué tipo de propaganda han hecho estas mafias en sus correspondientes países acerca de qué ocurrirá en Europa con la COVID, lo digo para que se hagan una idea de lo que ha ocurrido ahí en
esa situación. No haré yo aquí comentario de eso, pero explica bastante bien la situación que se ha producido. Hemos conseguido sacar a los inmigrantes en una primera respuesta humanitaria y razonable de que disponíamos, que era la utilización de
instalaciones hoteleras para estar en instalaciones de las que pudiéramos responder en exclusiva las administraciones públicas, pero hemos vivido algunas situaciones verdaderamente complicadas, nada deseables y mucho menos en una situación como
esta.


Señor Iñarritu, voy a aclararle algo porque, de los temas que usted ha puesto en el debate de la Comisión de esta tarde, yo deduzco que hay dos grandes cuestiones. El rey emérito es ex jefe del Estado y en su condición de ex jefe del Estado
en los Presupuestos Generales del Estado cuenta de manera absolutamente clara -no de ahora, sino desde que abdicó- con una ayuda de existencia del cargo del que sale, exactamente igual que ocurre con los expresidentes, incluidos algunos
expresidentes de comunidades autónomas, que siguen contando con seguridad, con pensión -el rey emérito no-, con

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staff de ayuda, de coche, de secretaría, etcétera. Esa es la ayuda que tiene el rey emérito como ex jefe del Estado, entre los cuales están los tres asistentes de los que usted habla. Otra cosa diferente, y no hay contradicción alguna
-alguno de ustedes la ha apuntado-, es que el rey emérito no tiene ninguna actividad pública, no recibe ninguna retribución por ninguna actividad pública, los recursos públicos que están afectos a su persona son los propios de un ex jefe de Estado.
En nuestro país solo hay casos que se le puedan parangonar, de lejos, evidentemente, que son los ex presidentes del Gobierno; desde que se produjo la abdicación. Lo digo para dejar ese asunto absolutamente diferenciado de algo que algunos de
ustedes han repetido y que yo, evidentemente, tengo que negar. El rey emérito no está fugado, no está huido. Yo comprendo que en la batalla política se pueden admitir muchas cosas; en realidad, no lo comprendo, quiero ya no comprenderlo porque
creo que flaco favor hacemos a los ciudadanos, que pueden entender perfectamente las discrepancias de posición ideológica que tenemos, las discrepancias que se pueden tener por parte de quienes tienen una posición en la forma de Estado republicana y
quienes la tienen en la forma de Estado monárquica y la obligación que tenemos luego todos, sea cual sea la opción, de aceptar la monarquía parlamentaria en el cumplimiento estricto de nuestro orden constitucional, que son tres cosas distintas. Son
cosas distinguibles, distintas, y en ese orden de cuestiones entiendo que las frases se pueden construir, pero, como decía antes, las palabras construyen realidades, y el rey emérito no está fugado de este país ni huido de la justicia. Seamos en
este caso rigurosos y no faltemos a la verdad, el rey emérito sale de este país y deja absolutamente claro en una carta que le envía al rey Felipe VI, al jefe del Estado, por qué se va. Y el rey Felipe VI decide hacer pública esa carta para que
todos sepamos -nos parezca lo que nos parezca- por qué ha decidido el rey Juan Carlos no estar aquí. Su estancia en el lugar en el que está, desde luego, no se financia con recursos públicos más que lo relativo a lo que tendría si estuviera aquí,
los tres asistentes de los que dispone. Lo digo para aclarar esta situación. Y no está encausado en ningún momento ante la justicia de nuestro país. Seamos justos con la verdad, particularmente porque en esto tenemos la obligación de no confundir
a la opinión pública, además de poder sostener la forma de Estado que nos parezca oportuna. Esta no es la cuestión; la cuestión es no faltar a la verdad.


La segunda parte de lo que usted y algún otro interviniente me plantean es lo relativo a qué ocurre con la monarquía parlamentaria; el señor Pisarello ponía algunos ejemplos. No es lo mismo la monarquía constitucional que la monarquía
parlamentaria, claramente. La monarquía parlamentaria no tiene actividad de contenido político alguno y, por tanto, no podemos hablar de controlar políticamente a quien es irresponsable políticamente, puesto que no tiene actividad política más allá
de las atribuciones que la Constitución establece en términos de símbolo de la unidad del Estado. Claro, no podemos parangonar un momento con otro; me refiero en este caso a la figura del jefe del Estado, al rey Felipe VI.


¿Qué se está haciendo 'no en secreto'? Cualquier reforma que se produzca en cualquier momento evidentemente estará en el debate público, en el correspondiente debate parlamentario, en las diferentes posiciones que sostengamos y lo que
requiera mediante una votación. Repito, yo puedo entender que a veces se construyan frases rápidas, cortas y adecuadas para hacer política, pero desde luego no son las que yo voy a utilizar en una comparecencia.


La Monarquía parlamentaria actual, la del rey Felipe VI en sus propias palabras y las del presidente del Gobierno, en fórmulas diferentes pero coincidentes, habla de adecuarse a los niveles de exigencia éticos actuales, de la sociedad
española de ahora en relación con todas las instituciones, incluida también la propia monarquía. La Monarquía parlamentaria del rey Felipe VI, evidentemente cuando el rey lo dice y el presidente lo propone... Por ciento, el presidente nunca
propuesto una ley de la Corona, ¡nunca ha propuesto el presidente del Gobierno una ley de la Corona! El presidente sí ha dicho que la institución de la monarquía parlamentaria tiene que ir evolucionando con las exigencias del momento presente, cosa
que dijo el propio rey Felipe en el discurso de Navidad. Es evidente que el Gobierno tiene la responsabilidad de reflexionar sobre todo esto y lo está haciendo, como es lógico, pero sin ningún secretismo, sin ninguna opacidad. Cuando toda esta
situación esté madura será objeto, como es lógico, de un debate. Pero el presidente del Gobierno no ha hablado nunca de una ley de la Corona, sí de una reflexión que tiene que ir encaminada, como decían el señor Iñarritu y algún otro interviniente,
a la transparencia evidentemente, al rendimiento de cuentas y a la puesta al día de estándares éticos, que el propio jefe del Estado plantea. En ello estamos trabajando, pero no hay ningún tipo de secreto sobre esto, lo que hay es un trabajo como
el que hemos hecho, por ejemplo, con el artículo 49 de la Constitución, que traemos para su reforma, o con tantas cuestiones del día a día, que tienen una fase en la que se trabaja y otra fase de apertura al contraste y de avanzar para alcanzar su
objetivo. Por cierto, es un Gobierno que, a pesar de la situación

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que hemos atravesado y que atravesamos, no ha parado, en su calendario legislativo, de hacer legislación ordinaria muy importante, ¡muy importante!: cambio climático, que se terminará esta semana; educación, que no es poca cosa; por
hablar de las grandes leyes, independientemente de modificaciones puntuales y otra legislación de urgencia.


Este Gobierno no ha traído la ley de memoria democrática, señor García, porque todavía está pendiente el informe del Consejo General del Poder Judicial, al que hemos tenido que dar una prórroga. Han pedido al Gobierno que se la dé porque no
lo tenían ultimado y nosotros, con mucho gusto y deferencia, les hemos dicho que tenían una prórroga para entregar el informe del Consejo General Poder Judicial, sin el cual esa ley evidentemente no puede continuar su trámite. Por esa razón no está
aquí la ley de memoria democrática; nada más que por eso, porque tenemos que cumplir con rigor, como corresponde, con los trabajos del Ejecutivo para sacar adelante el calendario laboral. Calculo que le queda poco y que pronto estaremos en ese
debate. Aprovecho para decir que cuando la ley de memoria democrática exista -espero que sea pronto- me gustaría que seamos capaces de compartir al menos lo básico, que la memoria democrática nos pertenece a todos y que no está focalizada en ningún
momento concreto de la historia sino en el origen del constitucionalismo de nuestro país, cuando se alza como soberano de sí mismo y recorre el camino de más de doscientos años de constituciones, de libertades y de situaciones de la historia de
nuestro país que todos conocemos y que no está focalizada de manera particular. En ese sentido, cuando exista, habrá muchas situaciones por las que sus señorías han preguntado que estarán mucho mejor resueltas de lo que lo están en este momento
porque no tendrán una horquilla de interpretación tan dúctil como para no saber -esto en el derecho comparado está bastante bien resuelto- qué es admisible y qué no es admisible en una convivencia democrática. Y sí, esa ley se pronuncia contra
todos los totalitarismos -todos los totalitarismos-, todos los sistemas en los que desaparecen los derechos, las libertades, el depósito de la soberanía en el pueblo y el haz de todos los derechos fundamentales, que constituyen la verdadera
existencia de las democracias y de la ciudadanía. En ese sentido, como alguno de ustedes ha preguntado, calculo que pronto estará en la Cámara porque -repito- solo queda un último informe, que no está porque nos ha pedido una prórroga el propio
órgano de gobierno del Poder Judicial.


Señor Legarda, igual no he interpretado bien sus palabras; eran algo así: si toda esa legislación ya está hecha -el señor García decía algo así-, pareciera que no hace falta modificar el artículo 49. Yo no opino eso, pero sobre todo esas
personas no opinan eso. Esas personas opinan que no se quieren llamar disminuidos; que no son un colectivo, que son personas individuales portando los mismos derechos que los demás; que quieren que se les aplique el principio estricto de igualdad
y reconocimiento, y que quieren tener particularmente una petición reforzada, como dice el Tribunal Constitucional, en algunas cuestiones frente a las cuales sus vidas son evidentemente mucho más complicadas. Como se puede imaginar, señor Legarda
-me parece que antes el señor Boadella ha nombrado al señor Campuzano-, hay miembros de esta Cámara que han estado mucho tiempo, algunos presentes y otros ausentes, en un abordaje de esta naturaleza, que -repito e insisto- no abre nada ni cierra
nada; abre y cierra esto para un colectivo muy grande de personas que lo espera. Y todo lo demás que tengamos que hacer o pensar sobre la Constitución seguirá su curso en el debate teórico, en las estrategias políticas y en las diferencias
ideológicas que podamos tener sobre muchas cuestiones, pero sólo faltaría, como he tratado de decir al principio, que pudiéramos considerar irrespetuosamente intocable la Constitución por la vía de no tocarla; o por la vía de, como hay que tocar
tantas cosas, tampoco la tocamos; o por la de como cada cual sacará... No, afortunadamente. Usted mismo ha llegado a decir: ¿y si tocamos la reforma de la reforma? Tocar la reforma de la reforma es una constitución entera nueva, como el señor
Legarda sabe muy bien, no hace falta que se lo diga yo. No, esto es una reforma del artículo 49. Esta Cámara y todos nosotros somos suficientemente capaces, en fondo y en forma, de saber que nos dirigimos a una reforma puntual de esta naturaleza.


Decía el señor Legarda: en esta situación de inestabilidad. Yo la única situación de inestabilidad que veo es la que nos ha traído la pandemia, de enorme dolor y trascendencia por todo lo que ha ocurrido y todo lo que tenemos que resolver.
Por lo demás, lo que ocurre en este país es lo normal de un país con la estructura territorial que tiene, con elecciones parciales en los territorios -como se llaman en algunos países- y, naturalmente, una legislatura que todavía no ha llegado ni
siquiera a su ecuador, que tiene unos presupuestos generales por fin después de muchos años y que lo más importante que necesitamos ahora todos, calculo yo, es seguir trabajando para hacer una remontada importante de la crisis social y económica que
el país tiene como consecuencia de la pandemia. Es lo que entiendo, al menos lo que

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imagino que también muchos esperan de nosotros, con el respeto debido, evidentemente, a todo el debate político y a la posición que cada cual quiera mantener, como no puede ser de otra manera.


Señor Espejo, le he dicho la cantidad de efectivos nuevos que hay, pero usted ha hecho una serie de descalificaciones, en fin, subjetivas y gratuitas. ¿En qué hemos mentido? ¿Qué hemos ocultado? Ahora trataré el dictamen del Consejo de
Estado. Dice, como una cosa genérica, que el Gobierno no ha estado a la altura. ¿Dónde se mide aquí la altura, en una pandemia como esta? Hemos tenido que trabajar en situaciones excepcionales todos, comunidades autónomas, ayuntamientos, cuerpos
de seguridad, todo el tejido empresarial, metiendo a 3,5 millones de trabajadores por primera vez en la historia en ERTE -ya hemos devuelto 3 millones, nos quedan seiscientos y pico mil-; histórico. Hemos movilizado 140 000 millones en ayudas en
avales, 450 000 autónomos percibiendo ayudas por primera vez en la historia, 38.8 parón de ejecución de hipotecas para evitar, entre otras cosas, desahucios... ¿Sigo? Porque ha sido histórico; ha sido histórico porque nos obligaba la realidad,
ojalá no hubiera ocurrido, no lo hubiéramos que hacer. Treinta y siete reales decretos-leyes, que todos tienen que ver con la pandemia, muchos con la ayuda de los grupos de esta Cámara, en un caso o en otro, para poder sacar adelante la legislación
de urgencia. Señorías, la legislación de urgencia es plenamente democrática, está contemplada en todas las estructuras jurídico-democráticas de cualquier país que se parezca al nuestro -o nosotros a ellos- y, desde luego, ojalá no hubiésemos tenido
que vivir la pandemia. En lo que llevamos de año, si no fuera por la COVID, a estas horas seríamos el Gobierno con menos reales decretos-leyes, si no fuera, repito, por los relativos a la COVID, en donde, evidentemente, hay que legislar rápido y
hay que tomar decisiones rápidas, incluso decisiones que se toman y que después, evidentemente, a veces tienen incluso una segunda vuelta cuando se movilizan fondos tan importantes como hemos movido. El primer verano 16 000 millones de deuda a
pulmón del Gobierno de España para poder trasladar a las comunidades autónomas recursos para la sanidad sobre todo, también para la educación. Todo eso ha ocurrido y ha tenido que ocurrir con legislación de esta naturaleza, repito. Si se expurga
bien lo que no es COVID, hoy, mes de mayo, seríamos el Gobierno de los últimos tiempos con menos reales decretos-leyes por la vía, digamos, de los temas ordinarios. Mire, a lo mejor estamos siempre todos saturados de trabajo, lo puedo entender,
pero en la memoria del Real Decreto-ley 36/2020 el Gobierno decía claramente que había un informe del Consejo de Estado; incluso poníamos el número del informe del Consejo de Estado, un informe que no era preceptivo. El Gobierno no tenía por qué
pedirlo y lo pedimos. Y además, como no era preceptivo, no era vinculante. ¿Y se abre un debate sobre este asunto? Señor Espejo, es increíble que el debate de este país ese día no fuera si necesitábamos hacer modificaciones para la gestión y
ejecución de los fondos, que es evidente que la oposición tiene que decirle al Gobierno que no lo ha hecho bien o que debería hacer más o que esto le falta o que aquello le sobra, eso es completamente normal y a nadie le extraña, al Gobierno
tampoco, como es lógico. Que el gran debate para este país es que vamos a recibir en dos fórmulas distintas 140 000 millones y hay que hacer un esfuerzo de gestión monumental y rápido por parte de todas las Administraciones públicas, que tenemos
que hacer modificaciones sin perder rigor ni control porque están activados todos los controles de un Estado como el nuestro, empezando por la Intervención General del Estado, por supuesto todos los controles del Tribunal de Cuentas, más todos los
que activa Europa, y que el debate fuera un informe que no era ni preceptivo ni vinculante fue muy lamentable; fue muy lamentable. Fue la prueba evidente de que para no apoyar eso, que era apoyar al país, había que ir a otra cosa, cuando además
asumimos el informe del Consejo de Estado en todo lo que era sustantivo e importante directamente en el real decreto-ley. Si utilizáramos terminología procesal, no había caso, pero se trataba de explicar cómo votas que no a eso. ¿Cómo votas que no
a eso? Pues tengo que inventarme algo y, de repente, se pone el foco en un órgano consultivo del Gobierno, de relevancia constitucional, al que este Gobierno acude cuando tiene la obligación -y cuando no, muy frecuentemente-, que además seguimos
sus indicaciones de los dictámenes prácticamente en su totalidad, y plantean, en plena pandemia, teniendo los problemas que tenemos, un debate sobre el Consejo de Estado y poco más o menos alguien viene a decir que el Gobierno, si acaso, no es el
Gobierno, que aunque haya salido de las urnas, que aunque cuente con la confianza de la Cámara, del Congreso de los Diputados, democracia pura y dura, lo que tiene que hacer es lo que diga un órgano consultivo. Inentendible; inentendible, señor
Espejo, inentendible. Claro, si el debate tenía que ser ese, sin ninguna obligación de tramitar ese informe en ese real decreto-ley... Usted tiene que saber, cómo diputado, cuándo hay obligación de aparejar en la tramitación los informes cuando
son vinculantes, y preceptivos previamente. Es que el problema es que si la política la derivamos a no cumplir las normas según te cuadran o no te cuadran en tu estrategia, a difuminar una idea en la opinión pública que va calando en una especia de
desasosiego enorme, estamos

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fallando, francamente. Usted tendría todo el derecho del mundo, en el caso de un informe preceptivo y vinculante que el Gobierno no hubiera tramitado como memoria, a decir lo que dijo, pero ninguno en esta especie de situación estrambótica
donde el propio Consejo de Estado no se lo explicaba bien, porque el propio Consejo de Estado decía que si todo lo importante que había observado se ha admitido, no entendía bien tampoco este debate. Porque no es bueno arrastrar al combate; por
mucho que esté todo evidentemente radicalizado, todo no vale porque con eso no le hacemos un favor al sistema político, ni a las posiciones de cada uno de nosotros ni al juego que las urnas nos hayan repartido, con escaños o con gobernar o con estar
en la oposición. Así que este fue un fue un asunto bastante curioso, un debate extraño. No ocultamos nada, cualquiera que se leyera la memoria sabía que había un dictamen y sabía el número perfectamente; no teníamos ninguna obligación de
tramitarlo y aquí hubo una paradoja curiosa para no hablar del contenido del decreto. Por cierto, reformas parecidas a las que han hecho otros países y que nuestro país además tenía que hacer, porque yo imagino, señor Espejo, que usted sabe de un
asunto del que vive la política española desde hace muchos años, desde que este país empezó a recibir y gestionar fondos europeos. Nuestro país no hizo ninguna modificación nunca, nunca, con lo cual tenemos todos los controles propios de nuestro
modelo interno más todos los que añadían la tramitación, la gestión y el rendimiento de cuentas de los recursos europeos. Añadir los dos modelos, sin ningún tipo de modificación, como hicieron otros países en su momento, hace que en nuestro país
gestionar fondos europeos sea muy complicado, tan complicado que es habitual en la política que muchos alcaldes, alcaldesas e incluso autonomías renuncien muchas veces a unos fondos que son muy difíciles de gestionar, y se pierden recursos por eso.
Sin embargo, el debate fue una especie de sospecha generalizada, sobre corrupción generalizada de todo el Gobierno, de toda España para unos recursos que, evidentemente, son necesarios para este país. No lo entendí mucho, pero, finalmente, así
transcurrió la situación.


Hemos desplegado -se lo decía antes a la señora Oramas-, incluso en países con dificultades para visitarlos por la pandemia, una diplomacia importante en relación con los países de los que salen los migrantes que llegan a Canarias. Usted lo
conoce, porque, por agenda, usted debe conocer todas las visitas que han hecho los ministros y las ministras, y todas eran con este objetivo. Y como decía antes el señor Legarda, han comparecido con abundancia los ministros con las competencias
directas en inmigración, particularmente Interior e Inclusión y también la ministra de Asuntos Exteriores. ¿Y que es evidente que se trata de una situación sobrevenida que hemos tenido que remontar en un escenario particularmente complicado por la
COVID en unas islas? Sin duda, señor Espejo; muy complicado, porque no es lo mismo en el territorio que en unas islas, adonde en muchas ocasiones tienes que desplazar cuerpos de funcionarios, que, evidentemente, tampoco desplazas sin saber a lo
que nos estamos enfrentando, y hemos pasado algunos picos de crisis importante que, afortunadamente, en este momento tenemos ya bastante bien encauzados, aunque el ministro Escrivá decía que, evidentemente, como todo, es mejorable.


Señor Pagès, le voy a contestar a usted porque el señor Errejón no está. El Gobierno está trabajando, como es sabido, en el compromiso de una legislación para los colectivos LGTBI y creo que la tendremos ya relativamente pronto, en el marco
de nuestro ordenamiento constitucional evidentemente, en un país como el nuestro particularmente evolucionado en estas materias. Siempre lo hemos sido, y siempre lo hemos sido de la mano de Gobiernos -en otros momentos anteriores Gobiernos
socialistas y ahora de un Gobierno de coalición- reformistas como el nuestro, y estaremos a la altura en el marco de nuestra Constitución. Créame que, acerca de cuando desde el Gobierno se habla -yo misma lo he hecho- de seguridad jurídica y
calidad normativa, es que en esta materia es obligado, no podemos patinar en el avance de derechos que en ningún momento luego puedan ser cuestionados, de ninguna de las maneras. Esa es nuestra única preocupación; usted, señor Pagès, lo sabe.
Toda la legislación que mi partido antes y ahora en el Gobierno de coalición ha hecho en esta materia y, en general, en las políticas de igualdad, todas han sido llevadas por el Partido Popular al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el Tribunal
Constitucional ha entrado a revisar esa legislación y todas han sido constitucionalizadas por el tribunal, entendiendo que los Gobiernos socialistas hacían una interpretación correcta de la Constitución. Esto es lo que también pretendemos que
ocurra y creo que, avanzando bastante, hay una proposición de otros grupos relativa a la materia en la Cámara. Y creo que está bien, porque, si hay un movimiento en la Cámara y desde el Gobierno también, podremos acabar haciendo una ley que permite
a los colectivos LGTBI de nuestro país avanzar y protegerse. Y es verdad que tenemos que reforzar los esfuerzos contra los delitos de odio contra estos colectivos, que se han visto repuntados últimamente.

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Creo que ahí la ley de igualdad de trato también va a hacer una parte de su trabajo. Lo que es previsible que alcancemos es que con ambas leyes demos un tirón importante al derecho antidiscriminatorio de la Unión Europea, que está por hacer
la trasposición al derecho interno de nuestro país lamentablemente también desde hace mucho tiempo. Creo que en esa combinatoria alcanzaremos expectativas más que razonables de lo que se espera que hagamos.


Creo que le he podido contestar sobre algunas cuestiones por las que usted me preguntaba y que eran convergentes con las que me preguntaba el señor Iñarritu. Usted habla de fuga del rey emérito. El rey emérito no se ha fugado. Se ha ido y
volverá cuando lo necesite o quiera volver, porque en este momento no tiene ninguna situación de la que responder ante la justicia. Ha hecho una regularización fiscal, que en este momento está en una investigación de la propia Agencia Tributaria, y
también está en la plenitud de la presunción de inocencia, como el resto de los españoles, nos gusten o no nos gusten otras cuestiones, que, evidentemente, han sido reprobadas por una parte importante de la opinión pública con razón. No hay en esto
ninguna posición que no sea clara. Somos un Estado de derecho y somos un Gobierno que, como tal, está obligado al cumplimiento estricto de todos y cada uno de los rigores de lo que eso significa. El reproche cívico o político puede ser el que sea,
y es entendible, lo dijo un día hasta el presidente de Gobierno, como es lógico, pero nosotros confiamos siempre en la independencia de nuestra justicia y en la calidad de nuestra justicia.


Desde luego, hay comparaciones que no resisten. Sé que la señora Telechea no está aquí, pero hay situaciones que no resisten. No resiste quien, independientemente del comentario político que se pueda hacer sobre cualquier cuestión, como es
lógico, tiene delitos sentenciados por nuestros tribunales. Y no es comparable alguna de las pasarelas de contraste que ha hecho la señora Telechea. Ya no está aquí, pero se lo puedo dejar dicho.


El señor Pisarello ha introducido un elemento. Señor Pisarello, nosotros pensamos que el G20 en julio igual acuerda algún impuesto de sociedades global. Como usted bien decía, la OCDE ha hecho un pronunciamiento importante acerca del
impuesto sobre patrimonio. La administración Biden ha dicho que hay que pensar. El Gobierno de España ha nombrado un comité de expertos que nos puede asesorar. Usted decía, con buen criterio, que, si hablamos de proteger y mejorar las
oportunidades de 3 800 000 personas con discapacidades, eso se hace con políticas sociales, y eso se tiene que hacer con recursos. Ya sabe usted que hay quienes dicen en la misma frase: Bajamos impuestos y mejoramos servicios. Claro, si no eres
Houdini, eso es imposible. Si eres normal y tienes un cargo normal en una democracia normal como la nuestra es muy difícil decirlo en la misma frase. En ese sentido, es evidente que estamos inmersos en una reflexión, como dijo el presidente Biden
el otro día. Es el momento en el que la economía -y cuando hablamos de economía no solamente hablamos de modelo productivo, tejido empresarial, trabajadores y trabajo de regulación del trabajo- tiene que sostener la democracia. Es evidente que
cuando el presidente Biden habla economía está hablando del conjunto de todo lo que mueve un concepto tan amplio como ese. Cuando el presidente Biden dice eso, está apuntado a que vivimos momentos muy complicados con la pandemia, en los que
sostener la democracia es muy importante y hay que poner al servicio de ese sostenimiento algunas decisiones sobre lo que llamamos economía, en términos globales.


En fin, somos un Gobierno que ya se refirió en su momento, incluso en la anterior legislatura, a qué pasaba con algún tipo de impuestos en cuanto a los nuevos yacimientos de negocio, que no tributan y hacen incluso competencia desleal a las
tradicionales fórmulas de negocio, que tributan bajo los impuestos tradicionales. Ese es otro de esos debates que surgen de una manera bastante artificiosa, porque lo que es verdad es que, en el patrimonio de esta materia, del Partido Popular lo
que nos encontramos, que usted conoce muy bien, son cinco revisiones al alza del IRPF, cuatro del impuesto de sociedades, dos del IVA, dos del IBI y una renovación del impuesto de patrimonio, cuando habían dicho que el impuesto del patrimonio
desaparecería. Ese es el activo en materia fiscal del Partido Popular, que se rasga las vestiduras con cualquier tipo de debate o con cualquier tipo de situación, sabiendo perfectamente, parafraseando el discurso del presidente Biden, que nos
encontramos en un momento en el que de manera inclusiva hay que sostener desde la economía la crisis a la que nos hemos tenido que enfrentar y a la que, evidentemente, nos seguimos enfrentando.


Cuando la señora Uriarte habla del plan de reforma B del Partido Popular en cuanto al levantamiento del estado de alarma, el Partido Popular tiene aquí un asunto que resolver consigo mismo, porque la última vez que escuchamos al señor Casado
en esta casa hablar del estado de alarma dijo: Jamás apoyaremos un real decreto del estado de alarma. Hemos visto a algunos de sus compañeros de partido pedir el estado de alarma; a otros, no; a otros decir que tenemos secuestrada a una
comunidad; a otros

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decir por la mañana estado de alarma y a las seis de la tarde que las discotecas abren hasta las dos de la madrugada, y al día siguiente cerrarlas. En fin, no utilizaré la palabra caos, pero algo así se lo parece.


El Gobierno de España decreta la alarma el 14 de marzo, cuando la pandemia irrumpe, y tiene que someter a todo el país a un confinamiento tremendo. Esto para cualquier gobernante es como un mal sueño, y piensas que nunca te va a tocar tener
que hacer una cosa como esta. Eso no era un perimetraje ni una reducción de aforo ni una prohibición de botellones ni un toque de queda de unas horas. No, eso era el artículo 116 de la Constitución, y no era estado de excepción, como bien ha dicho
el Consejo de Estado, era estado de alarma. Lo que empleó el Gobierno fue estado de alarma, y lo hizo bien. Según el Consejo de Estado, ha utilizado bien la figura. De la noche a la mañana había que decir a todo el país, a cuarenta y siete
millones de personas: Mañana no puedes salir de tu casa más que en estos casos, si eres médica, si tienes servicios esenciales... Muy duro, señora Uriarte -por profesión, usted está en los aledaños de esto-, tener que hacer eso como decisión
política; y muy duro en horas, que no se te escape nada, intentar tenerlo todo y que salga de la manera más completa posible, que no se escape ningún fleco, y aun así estas cosas nunca son perfectas.


Eso tenía que ser estado de alarma. Claro que llevábamos razón cuando decíamos que no había otra manera de confinar el país más que con el estado de alarma, en ese modelo de confinamiento que nos llevó hasta el mes de junio; no había otra
fórmula, evidentemente. En Madrid hubo que levantar la alarma porque la presidenta de la Comunidad de Madrid quiso que se levantara en algún momento, con datos mucho peores que los que tenemos ahora, muchísimo peores, por cifras de contagio, ucis,
en todos los datos pandemiológicos. Y cuando vimos que se iba a producir lo que se produjo, una segunda y una tercera ola -de la cuarta nos hemos librado porque se ha mantenido ahí, luego ha empezado a descender, afortunadamente para todos, señora
Uriarte-, entendimos que había que ir a un modelo de alarma más relajado, que nos tenía que permitir atravesar casi hasta la primavera. Fue tremendo el debate, tan tremendo como que decían que nos queríamos zafar del Parlamento, habíamos cerrado el
Parlamento, prácticamente habíamos disuelto el Estado español. ¿Y ahora se queda corto, cuando dijimos seis meses y el mantra era que el presidente Sánchez no comparece, no va? El presidente Sánchez ha sido el presidente de toda Europa que ha
rendido más cuentas por asuntos relativos a la pandemia, cada quince días -todos lo podemos recordar-, con unas dificultades extremas, cuando el Partido Popular una vez dijo que sí, otra vez se puso de perfil y otra vez dijo que no y que alarma
nunca más.


Evidentemente, con los datos epidemiológicos disruptivos que teníamos al principio de marzo, para encerrar a todo el país, confinado en sus casas, había que ir a la alarma; luego a otro tipo de alarma, que nos permitiera no ahogar del todo
la actividad económica de nuestro país, y entiendo que eso lo tendrían que haber compartido con nosotros, y no lo compartieron; y cuando, salvo en cuatro lugares, Ceuta y Melilla, Madrid y el País Vasco, las cifras son duras, hemos dicho, en primer
lugar, que la pandemia no ha borrado el Título VIII de la Constitución, que ni siquiera en el primer estado de alarma se pueden invadir ni quitar competencias descentralizadas en las comunidades autónomas, porque está prohibido por la Constitución.
El estado de alarma lo que hace es centralizar en un mando único la coordinación de algunas materias, que las asume el Gobierno de España. ¿Dónde está el Gobierno de España quitado de en medio? El Gobierno de España ha tenido en los tres
diferentes estados de alarma, pero particularmente en el primero y en el último, en peso, toda la responsabilidad de la situación jurídica de este país. Es de una hipocresía tremenda decir eso. Ha sido el Gobierno de España, ha sido el presidente
Sánchez el que ha venido infinidad de veces a esta Cámara a debates, que además nada tenían que ver con la pandemia, para rendir cuentas de un estado del que respondía el Gobierno de España.


Y, claro -está la frase por ahí-, la presión se traslada a las comunidades autónomas. Evidentemente, entendemos que haya presión por este problema, que la pandemia nos ocasiona mucha presión a todos los gobernantes; claro, pero a todos,
también a las comunidades autónomas; repito, también a las comunidades autónomas, que, evidentemente, tienen el haz de competencias intacto para tomar sus decisiones. En segundo lugar, igual que la pandemia no ha circulado igual por todos los
países ni por todos los tramos de tiempo, pues ha habido países que al principio iban mejor y luego han ido muy mal y ahora están peor, y nosotros lo sufrimos mucho más al principio y luego menos -las pandemias son así, por lo que parece que dice la
historia-, en nuestros territorios ha sucedido lo mismo. Un territorio como Valencia, que sufrió muchísimo, es ahora el que tiene menor índice de pandemia de toda Europa. No se puede imponer a todas las comunidades autónomas por igual, según sus
datos, un criterio de esa naturaleza en estos momentos, evidentemente. Esto no solamente forma parte del comportamiento diverso de la situación, sino también de la diversidad territorial de nuestro país. Hay comunidades

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autónomas que tienen una reacción de la sanidad pública inmejorable y hay otras que no, porque es parte de la política que han llevado a cabo.


Si no, lo contrario habría sido que el Gobierno de España invade las comunidades autónomas, las ningunea, prácticamente las hace desaparecer porque queremos algo. No es razonable este debate, señora Uriarte, no es razonable cuando lo que
hay es una pandemia. Además -usted lo sabe, pero se lo voy a decir-, ¿sabe qué partido en el año 2000 inicia esta primera reforma de que sean los tribunales de lo contencioso-administrativo los que controlen la autorización que en materia sanitaria
permita recortar derechos a un individuo? Ustedes inician esta reforma en el año 2000. Son los primeros que dicen que va a haber autorizaciones y que las dan los tribunales, por la vía que estos autorizan, revisando y sentenciando mediante auto o
la fórmula jurídica que corresponda. Y cuando nosotros vemos que esos tribunales tienen, evidentemente, pronunciamientos diferentes, como ocurre en todos los temas en un país como el nuestro, como ocurre en todas las justicias del mundo, porque la
independencia de los tribunales consiste también en que cada tribunal interpreta en su nivel la ley, decidimos que vayan a la Audiencia Nacional y a los tribunales superiores de Justicia para unificar en los territorios decisiones que pueden ser
igual para todo el territorio. Y esa reforma es aplaudida, entre otras razones porque otorga al Poder Judicial el papel que debe tener. El Poder Judicial no está legislando ni está en el lugar de los Ejecutivos en este momento; está haciendo lo
que hace todos los días con nuestros derechos y con nuestras libertades, tener el control último de la garantía. Y era obvio que cuando levantáramos la alarma lo que había ocurrido en un territorio con los diferentes juzgados iba a ocurrir a nivel
nacional. A la vista está, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de considerar constitucionales los toques de queda. Hemos visto todos los modelos. Y no es un caos, es el comportamiento normal de los tribunales de cualquier país, que
en cada tribunal soberanamente se interpreta, con la mejor intención. Y con la mejor intención colocamos al Tribunal Supremo, en su función de unidad jurisdiccional, a que unifique criterios, en el ánimo, por parte del Gobierno, de ayudar por igual
a todas las comunidades, a todos los territorios en situaciones parecidas.


No hemos pretendido otra cosa que esa. Pero de repente el debate es que los tribunales se colocaban en la posición de los Ejecutivos, eso lo ha dicho mucha gente. Los tribunales no se colocan en la posición de los Ejecutivos. Dicen de
repente que si los tribunales legislan. No, legisla el legislador. Hemos legislado en esta Cámara, a impulso del Gobierno, en este caso por urgencia. Pero lo más importante es que el real decreto-ley vuelve a significar la responsabilidad y el
amparo continuo del Gobierno de la nación con nuestros recursos, como no puede ser de otra manera, para ampliar en tres meses todas las medidas de protección social. En términos muy sencillos: no te pueden cortar la luz, no te pueden echar de tu
casa... Seguimos protegiendo durante tres meses más, hasta el 9 de agosto, porque sabemos perfectamente que la pandemia no ha terminado, aunque el estado de alarma se levantaba. Hay tribunales que han interpretado que en materia de derechos
fundamentales se podía llegar hasta este extremo. La Fiscalía General del Estado, salvo el toque de queda, hoy ha dado instrucciones diciendo que hasta ahí. Es lo normal de una justicia que está funcionando con normalidad, que está funcionando
bien y cumpliendo su papel. Y los Ejecutivos el suyo, proponiendo las medidas que creen que necesitan, y el Gobierno de España alargando las medidas de protección social y modificando en términos de jurisdicción la centralización en el Supremo,
como el Supremo hace con todo cada día, porque ese es su papel, entre otros, en el orden de lo que representa la independencia del Poder Judicial.


Es difícil entender todo esto, a menos que la pandemia no nos convoque, como decía el señor Elorza, a lo mejor de nosotros, a ayudar todos donde podamos, a intentar salir de esta situación con el menor coste posible. Estas cuestiones son
por las que algunas veces entiendo que los debates se desbordan, pero en muchos casos con ello no hacemos un favor a quienes se lo tenemos que hacer, porque es nuestra obligación; y no es un favor, sino el trabajo que tenemos que desplegar cada
día. Creo que, básicamente, he contestado sobre todo lo que se me ha preguntado, al menos he estado atenta recogiéndolo todo. Si se me ha quedado alguna cuestión, sus señorías lo podrán rescatar y volveré a ello para dar cuenta de todo, como dije
al principio. Creía que era importante comunicar a sus señorías, en primer lugar, el anteproyecto de reforma y, naturalmente, responder de todo lo demás.


La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, vicepresidenta.


Comienza ahora el turno de réplica. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Jon Iñarritu.

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El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.


Señora Calvo, realmente no le había preguntado por el rey emérito, y me da igual si está huido, si está fugado -usted ha entrado en ese debate -, si está ausente o desaparecido. No sé quién es el que le recomendó que se fuera al Golfo; si
se trataba de una campaña de imagen, no sé si era lo más acertado, pero también me da igual. Me da igual que esté en el Golfo, en Botsuana o en Suiza, me es indiferente. Ahora bien, usted sabe perfectamente, como saben los miembros de esta Cámara
y la ciudadanía, cuál fue el motivo por el que se fue. Si se califica con el eufemismo de reprobación ética, de acuerdo, por reprobación ética. Pero diga usted a esta Cámara qué papel tuvo el Gobierno en esa salida. ¿Usted tuvo alguna reunión o
algo que ver con ese desplazamiento al extranjero del rey emérito? Nos podría aclarar en qué términos, por qué consideraban que era lo correcto, más allá de que pueda venir o no, que, ya digo, que me da igual. Todos sabemos que hay unas
investigaciones, ahora hay una investigación abierta por la Agencia Tributaria. La pregunta que se me ocurre es si no se han planteado en algún momento que esta persona deje de tener el título de rey, aunque fuera únicamente por reprobación ética,
aunque pudiera haber otras razones de peso.


Le he preguntado también qué opina acerca de que un Estado miembro de la Unión Europea pueda hacer una auditoría, me refiero al informe Waringo, y por qué en esta Cámara se prohíbe constantemente que haya comisiones de investigación. ¿Por
qué no se puede analizar? Si tan ejemplar era o es la monarquía, ¿por qué no se puede investigar? Le preguntaba exactamente por eso, por el asunto de la transparencia. Ustedes están tratando en este momento sobre qué mejoras se pueden hacer
respecto a la transparencia en la Casa Real, y yo decía que por qué no traen aquí ese debate y colaboramos entre todos, entre todas, y aportamos ideas, más allá de que pueda ser en una ley o no, pero sí en esta Cámara, porque uno de los misterios a
que me refería es que, más allá del presupuesto de la Casa Real y cómo se gaste, a día de hoy resulta imposible saber cuál es el coste de la monarquía en España. Creo que tendrían dificultades hasta ustedes si lo quisieran saber, porque no está
desglosado por ministerios. A cada pregunta parlamentaria que hacemos, cuando no nos veta la Mesa la pregunta, la respuesta es a cada cual más cómica. Es imposible desglosarlo. Por eso se sostiene el mito de la monarquía barata.


Hablaba usted también de las palabras del presidente, sobre la evolución de la sociedad. Creo que es obvio que, en la evolución natural de toda sociedad, la Jefatura de Estado, obviamente, debe ser elegida democráticamente, aquí y en
cualquier lugar del mundo. Ya sabemos que en España se metió la monarquía en el pack constitucional. En otros Estados, como en Italia, se hizo un referéndum ex ante. Creo que aquí también se podía haber hecho, pero, como dijo el señor Suárez en
aquella entrevista, se hubiera perdido. Se podría hacer dopo. Creo que la sociedad es adulta y podría opinar sobre qué modelo de estado o incluso qué jefe o jefa de Estado quiere. Ese debate es interesante, aunque no creo que hoy sea el día en el
que usted nos lo vaya a dilucidar.


Por último, señora Calvo, hablando de transparencia -se lo digo como diputado, aunque supongo que a otros diputados y diputadas les ocurre igual- y respecto a cuando utilizamos ese instrumento parlamentario que son las preguntas escritas o
las solicitudes de información -no sé si usted alguna vez, debido a su complicada agenda, tiene tiempo para verlas-, en muchos casos son cuando menos ridículas, creo que no guardan el respeto mínimo a cualquier parlamentario; no digo siempre, pero
es muy habitual. ¿Y qué ocurre? Cuando presentamos algún tipo de queja ante la Mesa o la Presidencia, no nos lleva a nada. Es más, cualquier ciudadano que haga uso del portal de transparencia tiene más oportunidades, porque puede recurrir al
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. De hecho, algún parlamentario de esta Cámara ya me ha dicho que ha utilizado a algún familiar para hacer las preguntas que haría de manera escrita en el Parlamento, para que lo hiciera vía portal de
transparencia. También hemos visto cómo algún grupo ha tenido que acudir a los tribunales. Señora Calvo, en primer lugar, creo que deberían hacer un esfuerzo de transparencia y, reconociendo el derecho de todo parlamentario y toda parlamentaria a
tener acceso a la información que se solicita, que se contestase a la pregunta concreta que se realice, y no tener que llegar a los tribunales, que me parece cuando menos un poco kafkiano.


Sin más, le agradezco su comparecencia hoy aquí.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA: Señor Mikel Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias Presidenta. Seré breve.


Parece que me he convertido en el portavoz de las advertencias sobre la prudencia, etcétera. Simplemente, he querido manifestar que en política, en general, debemos valorar y sopesar las

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consecuencias de nuestras palabras, nuestras acciones y también nuestras ideas o nuestros ideales en cada tiempo y lugar concretos. Y he añadido algo más de manera indirecta: máxime en una sociedad ideológicamente plural, y, como ya se ha
escrito hace muchos años, en una sociedad con politeísmo de valores, porque ni siquiera todos son sustentados por las distintas partes de esa misma sociedad.


Entonces, respecto a los valores, no es que digamos que vamos a gestionar hoy este y todos los demás esperan, no. En una sociedad politeísta en valores -bueno, repito una expresión muy antigua- estos no funcionan como una especie de
pirámide keynesiana, funciona como un móvil de Calder, relacionándose los valores entre ellos -hoy en día también se ha escrito sobre los ordenamientos jurídicos-, se relacionan como el móvil de Calder, pues van interrelacionando un grupo con el
otro, se van moviendo y cambiando de posición. Entonces, la promoción o la acción para poner en práctica uno de esos valores necesariamente puede necesitar a otros que no los tienen, otros que igual los comparten también pero que no lo consideran
supraordenado. Es el famoso debate -no quiero volver a insistir en esta parte de la intervención- de la diferencia entre la ética de las convicciones o la ética de las responsabilidades en política. Cada uno que saque sus consecuencias y que asuma
sus responsabilidades en función de sus actos si llega el momento. Simplemente lo he puesto encima de la mesa.


Hay una segunda cuestión que quería haberle planteado pero se me ha ido el tiempo. Usted en la contestación ahora se ha extendido. Le quería preguntar si realmente el Gobierno piensa mantener la actitud o la posición que manifiesta en este
momento diciendo que mientras dure la pandemia no es necesario hacer ninguna corrección en la arquitectura jurídica porque ya es suficiente. Si el Tribunal Supremo finalmente decide que con la actual redacción de la Ley 3/1986, artículo 3 -el
último inciso, la última letra-, no es suficiente para hacer limitaciones de derechos fundamentales y de sujetos indeterminados, e incluso puede llegar a decir que mientras no se modifique la Ley Orgánica del estado de alarma -porque ahí están
contempladas las pandemias- no hay ningún otro instrumento, mi pregunta es: mientras sigue el estado de alarma -porque ustedes lo confían todo a la vacunación, pero el doctor Simón ya dijo el otro día que, hombre, no se sentía capaz de hacer
pronósticos halagüeños, tampoco negativos, en base a lo que estaba viendo-, ante ese escenario -que supongo que en breve ya lo vamos a tener aclarado de alguna manera-, le pregunto por la actitud del Gobierno, ya que afirmaba el presidente -me
parece que desde Oporto- el otro día que no se iba a cambiar nada. Mi pregunta realmente es si esta postura es sostenible si con el ritmo de vacunación no llegamos a una inmunidad de grupo, o si llegando sigue habiendo índices por encima de 400 por
cada 100 000 habitantes.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor José María Espejo.


El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Muchas gracias, presidenta.


Señora vicepresidenta, señora Calvo, respecto al decreto de fondos usted ha dicho que mis apreciaciones son subjetivas y gratuitas. Bueno, gratuitas a su parecer, evidentemente al mío no. Y claro que son subjetivas, claro que pienso que el
Gobierno no ha estado a la altura, aunque usted dice que sí lo ha estado. Pues también será una apreciación subjetiva que entiendo yo que podemos hacer en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, ¿o solo se puede estar de acuerdo
con el Gobierno? Además, creo que esto lo piensan muchos españoles votantes de muchos partidos de esta Cámara.


Decía usted sobre la legislación de urgencia que es plenamente democrático. ¿Quién lo duda? En la Constitución está recogida la figura del real decreto-ley, pero también hay doctrina del Tribunal Constitucional acerca de su abuso. Lo que
no es democrático, o tiene poca calidad democrática, es el abuso del que, por cierto, ustedes también han acusado a otros Gobiernos durante la democracia.


Pero vamos al tema del informe del Consejo de Estado que ustedes ocultaron, y lo afirmo, lo ocultaron, porque la memoria explicativa, el dictamen del Consejo de Estado no estaba publicado cuando ustedes remitieron esa memoria. Y, además, es
que usted dice: Es lamentable que el debate se centrase en el informe del Consejo de Estado, porque no es lo importante. Entonces, si no es preceptivo y no es importante ¿por qué ustedes lo pidieron? Porque no tiene mucho sentido; no tiene mucho
sentido que no sea importante, que no haya que centrarse en él, y ustedes lo piden. Sinceramente, me parece que es un poco contradictorio. Y dice que no es importante porque 'tampoco dice tantas cosas ese informe que vayan en contra del texto de
ese real decreto-ley'.

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Pues le voy a leer solo algunas que dice ese informe que 'no es tan importante y que es lamentable que nos hayamos centrado en ese informe del Consejo de Estado'. Sobre la falta de entrega al propio Consejo de Estado del informe de la
Intervención General, dice el consejo: Se desconoce cuáles han sido las razones de esa falta de remisión, que debe ser objeto de severa crítica, pues priva a este Consejo de Estado de conocer en detalle los fundamentos de la regulación y la
justificación particular de algunas medidas que pueden suscitar dudas, en cuanto a su oportunidad, carácter proporcionado y eficacia. En este punto, hubiera sido de inestimable valor conocer el parecer no solo de la Intervención delegada, sino
sobre todo de la Intervención General de la Administración del Estado sobre las distintas medidas consistentes en la supresión o modulación de diversos mecanismos de control, incluidos los correspondientes a la función interventora. Bueno, 'esto es
una tontería, no pasa nada, no es importante esto que dice el Consejo de Estado'.


Sobre la falta de controles, también vuelve a decir cosas parecidas. Dice: Antes bien, no puede olvidarse que estas modulaciones se proyectan sobre ámbitos sensibles y especialmente necesitados de mecanismos de control, como pueden ser los
de la contratación administrativa y las subvenciones y los convenios. Debido a la falta de motivación suficiente y razonada, no puede emitiese una opinión favorable sobre las excepciones que el proyecto contiene respecto a los diferentes regímenes
en materia de autorización previa a la exigencia de informes preceptivos o, incluso, al ejercicio de la función interventora. ¿Esto no es importante? ¿Esto es peccata minuta para que esto sea objeto de un debate de un real decreto-ley sobre las
ayudas europeas? ¿De verdad me está usted diciendo eso y que es lamentable que el Congreso de los Diputados esté valorando esto? Por favor, señora Calvo, esto no me lo puede usted decir.


Yo creo que es evidente que, en este aspecto, el Gobierno, desde luego, no ha actuado de una manera correcta. Y lo que me parece lamentable es que, encima, culpen a los diputados de poner encima de la mesa la importancia de este informe del
Consejo de Estado, que dice lo que le he leído de manera literal; y no es una cosa de poca monta, no preceptiva; sí, es no preceptiva, pero si no es preceptiva y no es tan importante ¿para qué la piden? Esto es lo que no entiendo, señora Calvo.


Por otro lado, respecto al tema de la inmigración, usted no ha explicado y no ha contestado alguna de las preguntas que le he hecho al respecto de las personas inmigrantes trasladadas a la península, o de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. En fin, usted ya ha respondido y hemos tenido tiempo de tratar esta cuestión, pero yo lo que le pido al Gobierno es que creo que respecto al problema migratorio en Canarias, en particular, y en España, en general, no tienen
ustedes una estrategia política; y esto creo que es muy malo, muy malo, primero, para las personas inmigrantes; segundo, para los ciudadanos españoles, y, tercero, para las condiciones sociales y económicas de España, pues la falta de gestión de
este problema afecta...


La señora VICEPRESIDENTA: Señor Espejo, se le ha acabado el tiempo.


El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Pues, discúlpeme, si me da diez segundos, acabo.


La señora VICEPRESIDENTA: Diez segundos.


El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Muy bien.


Como decía, afecta gravemente a la economía, fomenta la economía sumergida e irregular, favorece el aprovechamiento de la situación por delincuentes y da alas a discursos de criminalización de todas estas personas en una generalización
inaceptable.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Josep Pagès.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Hemos manifestado antes nuestro apoyo a la iniciativa de reforma de la Constitución. Decíamos que ya no es aceptable en el año 2021, después de la Convención de 2006, ni la terminología ni la regulación de la
protección de las personas discapacitadas. Señorías y vicepresidenta, tampoco es aceptable que en pleno siglo XXI una determinada interpretación restrictiva del derecho y también del orden constitucional de la propia Constitución que se remonta a
lo más oscuro de los años de la dictadura franquista impida, sin represalias, abrir una vía para que el pueblo de Cataluña pueda ejercer el derecho de autodeterminación mediante el ejercicio de un referéndum,

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debatir sobre una propuesta de ley de amnistía en esta misma Cámara o bien reprobar al rey corrupto, también en esta misma Cámara.


Esta interpretación restrictiva del derecho conlleva que lo que es legal en Escocia, a una hora escasa de avión, lo que legal en Quebec, un poco más lejos, lo que debería poder ser normal en una democracia que es votar, ejercer la libertad
de expresión, debatir libremente en un Parlamento del tema que se quiera: la monarquía, la independencia, lo que se quiera, no es normal que esto en España conlleve prisión, inhabilitación, represión. No voy a cansarles con el listado de la
represión que sufrimos los catalanes y las catalanas. Hay nueve personas que están en prisión por haber ejercido derechos fundamentales. Ya no lo dice solo Amnistía Internacional, ya no solo lo dice el Grupo de detenciones arbitrarias de las
Naciones Unidas, lo dicen dos votos particulares del Tribunal Constitucional, que están afirmando que el delito de sedición se aplicó con unas consecuencias excesivas que conlleva una desproporción que se considera absolutamente contraria a los
derechos fundamentales.


Hay más de tres mil represaliados en Cataluña, entre los cuales yo mismo me incluyo. El Tribunal de Cuentas, lo ha comentado la diputada señora Telechea, en lugar de actuar como un órgano constitucional, ¿cómo actúa? Actúa como lo haría el
Tribunal de Responsabilidades Civiles franquista. Ha cobrado ya 15 millones de euros a los representantes y servidores públicos catalanes y pretende levantar 20 millones más, de momento. No tiene límite la voracidad represora del Tribunal de
Cuentas. La apelación a la unidad del Estado, que parece ser, según Lesmes, la base del Estado de derecho español, en realidad está embruteciendo el Estado de derecho y poniendo en cuestión los derechos fundamentales recogidos en la propia
Constitución.


La cuestión, señora vicepresidenta, es que ustedes se llenan la boca con la Constitución, los derechos, la democracia, la división de poderes, pero no demuestran ninguna voluntad política de aplicar estos principios para solucionar el
conflicto político en Cataluña y permitir que la sociedad catalana pueda expresarse libremente sin represalias.


Para el caso de que ustedes quieran dar una vuelta a esta situación, demostrar una voluntad política de dar una solución a esta situación de conflicto, les puedo dar una idea que ya creo que ha salido aquí por parte de varios de los
presentes: promuevan una reforma de la Constitución, una reforma del artículo 92 para incluir el referéndum de autodeterminación; una supresión del artículo 149.1.32, que es el artículo que establece la competencia exclusiva del Estado en materia
de plebiscitos. Incorporen una disposición adicional de amnistía en la Constitución, regulen la inviolabilidad de las Cámaras para que los representantes puedan hablar de lo que quieran sin inhabilitaciones a los miembros de las Mesas. Es lo
normal, es factible, es la vía que les queda a los demócratas españoles para salir de esta sumisión, de esta estrecha, antidemocrática concepción del derecho y del orden constitucional. Reformar la Constitución no es pecado, reformar la
Constitución, lo estamos viendo ahora, es una posibilidad que tenemos encima de la mesa, reformar la Constitución es una vía que ustedes pueden promover.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Garrido Gutiérrez): Gracias.


Del Grupo Parlamentario Republicano no hay nadie, por lo que pasamos al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Tiene la palabra el señor Gerardo Pisarello.


El señor PISARELLO PRADOS: Gracias, presidenta.


Vicepresidenta, quiero agradecerle que haya traído aquí la propuesta de reforma del artículo 49. No es una propuesta cualquiera la del anteproyecto, no se limita simplemente a sustituir la expresión 'disminuidos' por la de 'personas con
discapacidad', sino que tiene una configuración garantista que seguramente la convertiría en uno de los preceptos más avanzados, si no el más avanzado en la materia en toda Europa. Eso genera un impulso reformista, que es lo que hemos intentado
plantear de diferentes maneras muchos de los que estamos aquí, yo, particularmente, porque creo que tendría que extenderse al conjunto del sistema de derechos recogidos en la Constitución de 1978, pero sobre todo a nivel europeo obligaría a hacer
una reflexión que quedó trunca en el momento que se debatió la llamada Constitución europea, pero que después de esta pandemia me parece que no puede demorarse más. Soy consciente, ya lo he dicho, de las dificultades que eso tiene. Usted se ha
referido a las políticas del presidente Biden en Estados Unidos, a la reacción que están teniendo muchas instituciones, que son muy diferentes a las que tuvieron lugar en la crisis de 2008. Evidentemente, eso debería tener una traducción jurídica,
porque es cierto que se está actuando en los márgenes, dentro de la legalidad, pero dentro de medidas

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excepcionales en sistemas jurídicos cuya normalidad es otra. Por tanto, ahí me parece que se plantea un debate interesante y, desde ese punto de vista, agradezco que haya traído en parte ese debate a esta Cámara.


Sin intentar polemizar respecto al debate sobre las formas que puede adoptar una monarquía, honestamente, creo que lo que ocurrió en el año 1921 es que lo que se estaba cuestionando, lo que gente como Indalecio Prieto cuestionaba, era que
una monarquía que, constitucionalmente, se reconocía como constitucional, en virtud de la Constitución de 1876, no estaba actuando como tal, estaba extralimitándose, estaba yendo más allá de lo que se esperaba de una monarquía constitucional. De
hecho, no es casual que antes de que el expediente Picasso, donde se dirimían las responsabilidades de Alfonso XIII, llegara a las Cámaras, y con implicación del propio rey, se dio un golpe de Estado y se liquidó ese régimen constitucional, que
tenía muchas limitaciones, pero que era constitucional, al fin y al cabo.


Me parece que lo que estamos debatiendo ahora es que, efectivamente, la Constitución española consagra una monarquía parlamentaria, pero sobre todo, repito, después del comunicado de la Casa Real de 15 de marzo de 2020, la propia Casa Real
está reconociendo que, probablemente, ese monarca parlamentario no se había comportado como monarca parlamentario durante mucho tiempo y, posiblemente, no lo había hecho con posterioridad a su abdicación. Y eso es lo que me parece que marca una
diferencia, sobre todo la posición jurídica del rey emérito una vez que deja de ser Jefe del Estado. Seguramente, usted recuerda aquel artículo de Pedro Cruz Villalón, con responsabilidades importantísimas en el Tribunal Constitucional, un artículo
que se llamaba 'La posición constitucional del padre del rey', donde recordaba lo que muy poca gente sabe, que en términos formales el rey emérito continúa formando parte de la línea sucesoria a la Corona. Formalmente, eso no ha cambiado, y eso
quiere decir que el tipo de responsabilidad que se le puede exigir no es la de una persona que simplemente se ha jubilado de su cargo y actúa como si fuera un particular, no lo es, no lo es tampoco con el derecho a la autodeterminación informativa.
Un rey emérito que sigue estando en el orden sucesorio, que forma parte de la familia real no puede decidir libremente si informa, si no informa a la ciudadanía, qué hace, cuándo hace y en qué condiciones. Es verdad, desde el punto de vista
jurídico, existe la presunción de inocencia, pero alguien que sigue ocupando esa posición constitucional tiene responsabilidades políticas, y eso es lo que está exigiendo la ciudadanía con ese reproche ético, con ese reproche político que hizo que
el presidente Pedro Sánchez dijera que se sentía perturbado por esas revelaciones.


Nosotros lo que decimos es que eso debería poder discutirse en este Congreso. Y que incluso el artículo 57.5 de la Constitución prevé que haya una ley orgánica que pueda resolver dudas sobre esa cuestión. Si no llegamos ahí, al menos lo
importante es que esta Cámara pueda discutir. Curiosamente, hoy lo hemos hecho, y yo se lo agradezco mucho porque creo que este debate no se ha tenido en ninguna instancia de este Congreso. Este ha sido el debate más profundo que hemos tenido
sobre esta cuestión y me parece que eso es lo propio de una monarquía parlamentaria y es sano para nuestra democracia; eso hace más robusta nuestra democracia y, desde ese punto de vista, no puedo más que agradecerle los términos en que se ha
planteado y los términos en que se ha planteado el debate aquí.


La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.


Se ha hablado de derechos hace unos instantes. Yo tengo serias dudas acerca de que se haya respetado un derecho fundamental a la integridad de los diputados presentes porque la señora vicepresidente, en su segunda intervención, nos ha
sometido a una tortura; una intervención logorreica, sin pies ni cabeza, sin principio ni fin, inorgánica, y ha habido un momento ya en que estábamos aquí todos al borde de la extenuación.


En fin, dicho esto, y por lo tanto no pudiendo agradecerle sus palabras, quiero referirme a algo que dejé interrumpido en mi anterior turno: esta cuestión de cuál va a ser la realidad u orden jurídico en el que se va a aplicar el Plan de
Transformación, Recuperación y Resiliencia, etcétera. Sobre esto hay un debate que yo llamaría duelo de titanes, en términos irónicos, entre el Gobierno y los partidos que lo constituyen y el Partido Popular. El Partido Popular dice que es
preciso, en todo caso, una vez expirado el estado de alarma, una reforma del ordenamiento, esto que llaman el plan B; es el mismo plan que han presentado en abril, por medio de una proposición de ley, que el que presentaron en agosto del año pasado
y consiste en una reforma meramente explanatoria de la Ley Orgánica 3/1986. No es precisa esa reforma; no lo digo yo, lo dice un dictamen del Consejo de Estado, que es el que este órgano consultivo ha emitido, a

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instancias del Gobierno, sobre la reforma de la ley gallega de salud, que es una ley aprobada en el Parlamento de Galicia, en el que hay mayoría del Partido Popular, a iniciativa del Gobierno de Feijóo. El dictamen tiene fecha 22 de marzo
de 2021 y en este dictamen se dice expresamente que solamente, de la ley, la medida de vacunación obligatoria es la única que no estaría cubierta por la Ley Orgánica 3/1986 y que, por lo tanto, afectaría a la reserva de ley orgánica del artículo 81.
El resto no. Y del resto puedo mencionar con carácter general, aunque hay mucha precisión: limitación o restricción de circulación o de la entrada y salida de zonas afectadas, medidas de aislamiento, de cuarentena, etcétera. Para lo que VOX
considera que debe ser el combate de la epidemia, que en sus medidas más drásticas serían confinamientos llamados quirúrgicos y delimitados en el tiempo y el espacio, esta ley es suficiente; la campaña de vacunación, sin imponerla, también; el
rastreo; el uso de mascarilla, etcétera.


Y ante esta genialidad jurídica, que tiene poco de genialidad y probablemente poco de jurídica, del Partido Popular -es más bien una perra que ha cogido el señor Casado porque no sabe lo que decir en esta situación-, llega el Gobierno y dice
que no hace falta nada, que todo está muy bien. Bueno, pues si no hace falta nada, señora vicepresidente, ¿me puede usted explicar por qué se prorrogó por seis meses el estado de alarma? ¿Para justificar el confinamiento general y el toque de
queda? ¿Y cómo justifica usted, entonces, el sentido científico de tales medidas? Porque no hay ninguna evidencia que acredite que esas medidas han resultado en un combate eficiente de la epidemia. De modo que no hacía falta nada y ustedes han
sometido a la nación a un estado de alarma que ha durado en conjunto más de un año. Explíquenoslo usted, si puede, que creo que no podrá. Y si puede, volverá a ese tono de la verborrea que le caracteriza y que es francamente agotadora, porque no
explica usted nada con fundamento, señora vicepresidente.


Se le ha preguntado por Canarias, ha hecho usted unas menciones descriptivas de lo que pasa y, si lo he entendido bien, le ha echado la culpa a la Unión Europea. ¡Pero si ya se lo he dicho yo, que la Unión Europea no ha hecho nada en tres
años! Pero, y el Gobierno español, ¿qué pasa?, ¿qué no puede hacer nada? Entonces, ¿no tenemos Gobierno? Pues, evidentemente, esta es la percepción de muchos españoles, tantos como un tercio de su electorado, que son los votos que ha perdido el
Partido Socialista en las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid el 4 de mayo; más de un tercio de los votos. ¿Y viene usted a decirnos aquí que el Gobierno está rozagante? ¿Pero rozagante de qué, con un tercio de los votos perdidos en menos
de año y medio de mandato de este señor que habita la Moncloa, después de su investidura con el apoyo comunista, nacionalista y de Bildu? ¿Rozagante de qué? Si está tan rozagante, que tome la decisión de disolver las Cortes, convoque elecciones y
vamos a ver lo rozagante que resulta después de celebrados esos comicios. De modo que déjese usted de pamplinas y de historias y, por favor, dé explicaciones cumplidas, y le repito lo que dije al inicio de mi turno anterior: para esto, mejor que
no hubiera venido usted.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Edurne Uriarte.


La señora URIARTE BENGOECHEA: Gracias, presidenta.


Señora Calvo, no se empeñe usted. Por mucho que se empeñe, la realidad es que lleva casi doce meses boicoteando esta Comisión Constitucional, y no se escude usted en vicepresidentas anteriores y no se compare, porque, ¿sabe cuál es la
diferencia? Que en su caso, no en el de vicepresidentas anteriores, había un acuerdo de Mesa y portavoces de esta Comisión Constitucional que le obligaba a usted a acudir aquí y se ha pasado doce meses sin acudir.


Usted decía antes que las palabras fraguan realidades. Eso es verdad, pero, por mucho que se empeñe, en este caso no va a fraguar otra realidad. Usted repite últimamente -lo ha dicho en un medio de comunicación- que este es el Gobierno que
más se ha sometido al control parlamentario en cuarenta y dos años de democracia. Eso es mentira, usted lo sabe y, por mucho que lo repita, no se va a convertir en verdad.


Sobre el melón constitucional que dice usted que no se va a abrir. ¿Con los socios parlamentarios que tiene usted dice que no se va a abrir? Ya ha escuchado usted algunas de las peticiones que ya le han hecho, sobre todo por parte de su
socio de Gobierno, Unidas Podemos, y usted dice que ustedes no van a responder a ninguna de esas exigencias. Pero, señora Calvo, si ustedes van a reformar el delito de sedición y rebelión para contentar a sus socios independentistas y para hacer
que salgan de la cárcel

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condenados por gravísimos delitos de golpe de Estado en España, ¿y usted luego nos dice que no va a abrir el melón con sus socios?


Y sobre el caos, palabra que no le gusta, señora Calvo, empecemos por el calvo... (Risas). Perdón, caos. Caos y Calvo empiezan igual. Empecemos por el caos que tienen ustedes en su propio Gobierno con sus medidas sobre la pandemia. Les
recuerdo lo que pasó este mismo lunes con su ministro de Justicia, el señor Campo, que por la mañana escribió y anunció en el diario El País para todo el país que ustedes se abrían a una posible reforma legal, es decir, que se abrían -entendimos
todos- a las sugerencias del plan B jurídico que le había hecho el Partido Popular. ¿Y qué pasó? No sé quién llamo inmediatamente al señor Campo -quizá usted- y le dijo que tenía que rectificar, y salió a los medios de comunicación a decir que no,
que lo que habían dicho por la mañana no era cierto, que ustedes no iban a hacer ninguna rectificación legal y que lo que van a hacer es lo que han dicho hoy de nuevo, es decir, absolutamente nada. ¿Dice usted que no hay caos? Pero si son los
jueces los que les han acusado a ustedes de dejar decisiones que les corresponden a ustedes, al Gobierno, en sus manos; si son sus propias comunidades autónomas las que le están pidiendo a usted, le están pidiendo al Gobierno, que convoque de una
vez la Conferencia de Presidentes. Y luego dice que no hay caos.


Y, señora Calvo, quizá lo más significativo de esta su última respuesta es lo que usted ha callado, porque no ha dedicado ni un solo minuto a las libertades en su respuesta a todas las preguntas que yo le he hecho sobre libertades. Estamos
en la Comisión Constitucional y usted no tiene ni un solo minuto para hablar de libertades, lo que da una idea del concepto que tienen ustedes desde el Gobierno sobre las libertades. No ha dedicado ni un minuto a responder o incluso a pedir
disculpas por la frase que usted dedicó a los ciudadanos madrileños cuando les acusó de nazis por reivindicar la libertad.


Usted todavía no ha dicho absolutamente nada sobre eso. Tampoco ha dicho nada en su respuesta sobre varias preguntas que le he hecho sobre la legitimación del comunismo que están haciendo desde los partidos del Gobierno. Ha dicho usted en
otra respuesta a otro portavoz que la ley de memoria democrática condena todos los totalitarismos, y le vuelvo a preguntar: ¿también condena los totalitarismos comunistas? ¿Sí? Si eso así, que ojalá sea así, es decir, que condene los
totalitarismos fascistas, nazis y comunistas, ¿cómo es que su grupo, el Socialista, y sus socios de Unidas Podemos han votado por dos veces, en esta Comisión y en el Pleno, no a condenar los totalitarismos comunistas?


Acabo, señora Calvo, recordándole algo que dijo su vicepresidenta tercera, a la que usted admira mucho, la señora Díaz. La señora Díaz dijo hace unos días: El comunismo es igual a democracia e igualdad. ¿Está usted de acuerdo? Ustedes
tienen, señora Calvo, el comunismo en el propio Gobierno y un gravísimo problema de apología del comunismo dentro de su Gobierno. ¿Qué va a hacer usted con la ley de memoria democrática respecto a esa cuestión?


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA: Gracias.


¿No va a intervenir, señor Olorza? (Denegación).


Para finalizar el debate, por lo tanto, tiene la palabra la señora vicepresidenta primera.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo Poyato): Muchas gracias, presidenta.


Señor Iñarritu, en la Constitución se expresa con total claridad que el rey, como jefe de la Casa Real, de su casa civil y de su casa militar, evidentemente no sin el control de la partida que aparece en los Presupuestos Generales del
Estado, que, como usted sabe, es una ley orgánica de factura importantísima por su requisito de votación, decide de manera libre cómo adjudica esos fondos para las tareas y los fines de la administración que sostiene la Jefatura del Estado. Usted
sabe que eso está en la Constitución. Hay que distinguir claramente el control de la distribución de fondos que la Constitución establece expresamente al jefe de la Casa Real, que es el jefe del Estado.


Como he dicho, el Gobierno fue informado de que el rey emérito se iba. Es más, el rey Felipe VI, el actual jefe del Estado, traslada a los medios de comunicación la carta y la razones -a las que usted ha hecho comentarios, y son lo que
queramos calificar cada cual desde todo punto de vista- de por qué el rey emérito decide que se va; en ella hace una serie de reconocimientos y da explicaciones al rey Felipe VI de por qué se va. Esa así, no hay más. ¡No hay más! El Gobierno es
informado de que se va a ir y naturalmente el rey decide con transparencia que esa carta sea pública, y la distribución interna de los fondos es algo que hace en cumplimiento estricto con lo que la propia Constitución establece.

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Me pregunta por la calidad de las preguntas. Tengo algunas cifras, pero no tengo ahora mismo el dato exacto -se lo suministraré inmediatamente, hoy mismo- de cómo se ha doblado, como mínimo, la presión de las preguntas a este Gobierno;
simplemente lo quiero colocar aquí. Quiero decir que, con los mismos efectivos de respuesta, de personal para responder, creo que la presión de las preguntas sobre este Gobierno, aunque no tengo el dato exacto desde el punto de vista de la
proporción, es un volumen ingente. Aun así -lo digo porque he formado parte de otros gobiernos-, hemos respondido 45 000 preguntas del Congreso, lo que supone haber contestado en este momento el 95 % del total de las preguntas escritas. Yo he sido
diputada en la oposición y sé qué es un gobierno con un nivel de contestación del 38 %, que ya no es que las respuestas sean de calidad o no, es que no hay respuestas. Lo digo porque, como ve, somos un Gobierno que también nos esforzamos en esta
materia, pero siempre se puede mejorar. Hemos respondido 35 000 preguntas escritas en el Senado -por lo que estamos al 93 % en contestación- y 460 preguntas orales. En ese sentido, he de decirle que, a pesar de la presión de preguntas y con los
mismos efectivos, y mejorando todo lo que podemos, hacemos un gran esfuerzo en una tarea tan importante como es contestar puntualmente a la oposición. Mejoraremos todo lo que podamos porque, como bien decía su señoría, se trata del derecho de
obtener información legítima para realizar su trabajo desde el escaño y como oposición al Gobierno.


Señor Legarda, le compro lo del politeísmo en valores y lo de funcionando como el móvil de Calder porque me ha gustado. Usted hace intervenciones que yo valoro, que me gustan mucho porque son sosegadas y suelen tener profundidad. Es verdad
que las piezas se mueven y lo que en un momento determinado está ordenado en una dirección, se desordena, como es lógico, que es un poco lo que sucede normalmente en la vida, pero también en la política, y más en estos tiempos. En ese sentido,
entiendo lo que usted trata de apuntar. Pero yo voy a volver a insistir -con mi agradecimiento a todos los que se han manifestado dispuestos a acometer esta reforma- en que también las cosas transcurren en la política según queramos y tengamos la
firme voluntad de hacerlas y de acotarlas. El Gobierno no se plantea nada más que reformar este artículo de la Constitución por razones que usted conoce muy bien y sobre las que es lo suficientemente sensible, en otras razones, porque su
territorio, el País Vasco, tiene una muy buena legislación sobre la materia. Como usted bien decía, hay muchas cosas están hechas y simplemente se trata de armonizar el artículo en relación con los compromisos que España tiene incorporados en su
derecho interno. Nada más.


Usted me pregunta qué va a pasar. Este Gobierno no se pronuncia sobre la actuación de la justicia, y mucho menos sobre lo que el Tribunal Supremo decida hacer y en los términos que considere cuando se tenga que pronunciar sobre la
unificación, en este caso de criterios en términos de unidad jurisdiccional, que es su gran función. No vamos a hacer ningún comentario sobre esto. A lo largo de este debate, en una parte importante de las intervenciones se ha dicho que el
Gobierno espera, que el Gobierno dice... No, ni el Gobierno espera ni el Gobierno dice. El Gobierno lo que ha hecho es una modificación procesal, nada más, procesal, que, repito, viene a culminar una modificación que hizo el Partido Popular en el
año 2000 y que ya apuntaba en esa dirección. Y es una dirección correcta, porque en ella ofrecemos el máximo de garantías posibles al ejercicio de nuestros derechos y libertades al control jurisdiccional, que es un elemento transversal de la
concepción del ejercicio de los derechos y de las libertades en el ordenamiento constitucional. Nada más. El Gobierno se limita a eso y no añade ni un solo contenido, como no lo puso en la modificación que hicimos para que unificaran los
tribunales superiores de Justicia o la Audiencia Nacional. Tampoco lo hicimos. Dijimos: este es el instrumento en el que los tribunales, de manera independiente y con el rigor que caracteriza a la justicia en nuestro país, deciden, con arreglo al
juego de leyes e intereses jurídicos que entran en juego, qué es lo que se puede determinar en cada momento sobre cada petición que las comunidades autónomas hagan, que son diferentes, porque son muy diferentes las situaciones que las comunidades
autónomas están viviendo. No vamos a hacer ningún pronunciamiento hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie. Nada más.


Usted decía: habrá que modificar la Ley del 1981, pero la Ley de 1981 es muy antigua y, como usted bien sabe, es una ley que se hace en un determinado contexto y pensando en los supuestos del 116. Es muy difícil para un legislador, incluso
partiendo del constituyente, prever los escenarios, por mucha imaginación que se tenga, por mucho rigor que se ponga y por mucho que se mire el derecho comparado y se analicen situaciones. Es muy difícil; muy difícil. En ese sentido, lo que sí es
cierto es que nosotros estaremos atentos a lo que Tribunal Supremo diga, pero nuestra modificación ha sido puramente procesal y puntual para que hubiera una respuesta definitiva a la que cada territorio pudiera acogerse en relación

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con sus propias circunstancias, que son muy diversa. Y nada más, por respeto y atentos a ese pronunciamiento cuando se produzca.


Señor Espejo, me sorprende. ¿Usted no se ha leído el Real Decreto-ley 36? Porque todo eso está incluido. Es más, su grupo parlamentario tuvo este real decreto con antelación, con modificaciones para apoyarlo, así que no me extraña que
jueguen con el informe. Deberían de pensárselo poquito más, porque ustedes estuvieron en el apoyo de este real decreto y, sorpresivamente, el Gobierno se encontró lo contrario. Así que me sorprende que no lea un informe que ha sido incluido en el
real decreto, que es lo que esta Cámara aprobó, como estrategia de argumentación en su segunda intervención. Vamos a dejar ahí este asunto.


Mire, insisto, es que no ocultamos nada porque no había ninguna obligación. Usted me pregunta: ¿por qué lo preguntaron? Porque nos pareció bien. Yo, evidentemente, no le pregunto a un grupo parlamentario qué instrumento utiliza para
hacer su trabajo o de qué se vale. Porque nos pareció bien, porque a nosotros nos parece muy bien la posición extraordinaria de asesoramiento que tiene el Consejo de Estado. Nos parece tan bien que hemos sido el Gobierno que ha producido reformas
en ese órgano para ampliarlo, con secciones que nos van a ayudar mucho en el control de la trasposición de directivas. Fíjese el respeto que sentimos por ese órgano que hemos hecho un esfuerzo importante de mejora y lo vamos a seguir haciendo a
petición propia del Consejo de Estado. Lo pedimos porque nos parece bien, ese argumento es exclusivamente nuestro, faltaría más, pero no siendo ni obligatorio ni vinculante y además de haberlo hecho incluido todo lo importante, seguimos en un
debate muy extraño.


Ustedes estuvieron para apoyar ese real decreto porque no tiene justificación que no lo hicieran, ninguna, y ocurrió un asunto muy extraño ese día en esta Cámara, curioso, cuando menos. Pero era muy importante, porque se trataba de tener
los instrumentos preparados para la gestión, para la política de verdad, para la de la realidad, para la del equilibrio, para la de la moderación, para la de los hechos que le llevan a cada ciudadano alguna respuesta a los problemas que se
acumulaban. Lo voy a dejar ahí; yo lo voy a dejar ahí, pero eso que pone ese informe es justamente lo que el Gobierno asume inmediatamente para que no quede ni una sola mácula de que no pensamos hacer otra cosa que ejecutar lo mejor posible, lo
más rápidamente posible, la cantidad de fondos que este país va a poder utilizar para salir de esta situación. Ya sabe usted que nos hemos visto en muchas ocasiones y que no tengo más interés en eso porque creo que nos queda mucho por hacer y que
lo tenemos que hacer, que es lo que importa ahora, que la pandemia es una situación también muy complicada para todos, que lo ha sido incluso políticamente para todos nosotros.


Señor Sánchez García, yo le voy a ahorrar también a sus señorías la impresión que usted me provoca con su tono ofensivo. Se lo voy a ahorrar a sus señorías, no se lo merecen a esta hora por parte del Gobierno. Usted apunta el favor, pero
luego no se lo hace. Yo se lo voy a hacer. ¿Sabe cuál es la diferencia de decretar el estado de alarma a última hora? Estamos vacunando. ¿Lo sabe usted, señor Sánchez García, diputado? ¿Lo sabe usted, verdad? Veinte millones de personas con
alguna dosis. (El señor Sánchez García: No tiene nada que ver). Igual no le parece bien, pero desde luego nos coloca en una situación radicalmente distinta a la de seis meses atrás, radicalmente distinta, con una estadística media de contagio,
salvo algunas excepciones, por debajo de los doscientos -compruébela usted con la de hace seis meses y con las dos olas que sufrimos-, con una incidencia en las UCI de menos de la mitad de aquellas estadísticas. Y si a usted no le parece que el
Gobierno de la nación tiene que tomar esa decisión con aquellos datos, que hoy no existen, usted no está en este mundo, está en otro.


Y sí, el instrumento con el que vamos a ejecutar los fondos del Plan de recuperación usted se lo conoce porque ustedes votaron a favor, y es el más riguroso que podemos tener en un Estado de derecho como el nuestro, con todos los controles
intactos y con una agilidad que necesitamos en algunos plazos, en algunos controles ex post y en algunas fórmulas de cooperación de lo público y lo privado que necesitan alguna agilidad, porque necesitamos que todos estos fondos repotencien los
recursos privados hacia un volumen importantísimo del crecimiento de la economía española. Hoy mismo Bruselas ha dado una prospectiva para el crecimiento de la economía española por encima del resto de los países. Imagino que nos alegrará a todos.
Para el año siguiente, todavía más, por encima de la media del resto, lo que nos coloca en unas condiciones para remontar importantes y, en ese sentido, el Gobierno pide modestamente, como es normal, ayuda de todo tipo.


Señor Sánchez García, nuestro país es un Estado compuesto y va a haber elecciones territoriales cuando toquen y de vez en cuando. En pandemia hemos vivido cuatro: Galicia, País Vasco, Cataluña y Madrid. Y esta es la vida normal de este
país; la normal, desde luego, para un partido veterano como el

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mío. Pronto estará en 150 años. Algo habremos leído bien de España para aguantar 150 años la historia de este país, digo yo. Y, claro, al día siguiente de unas elecciones territoriales, ganes o pierdas, la vida continúa. Y si cada vez
que se producen unas elecciones territoriales todos pensamos que al día siguiente hay que disolver las Cámaras, usted está proponiendo la inviabilidad absoluta de la democracia española, que, por fin, a partir de la Constitución actual, no se ha
hecho trampas en su solitario y reconoce su diversidad territorial y le ha dado un cauce muy constructivo. Esas son fórmulas de hacer política que ya ve usted adónde conducen: a cada elección territorial, unas generales para reordenar todo el
tablero. Están en el orden un poco de la insensatez. Particularmente, porque seguimos con una pandemia, porque hay que seguir trabajando y mucho y porque hay que seguir aprovechando la oportunidad que se nos brinda con estos fondos
extraordinarios, unos fondos que nunca, evidentemente, pensábamos tener y que ojalá no hubiésemos tenido que tener porque la pandemia no hubiera ocurrido. En fin, verborrea normal de un Gobierno que no quiere que su país sufra más de lo que ya la
pandemia nos ha traído, en su tono habitual que me conozco y me resbala.


Señora Uriarte, ¿por qué tengo que hablar de libertades? ¿Es que le ha pasado algo a las libertades en este país, salvo un eslogan electoral? ¿Le ha pasado algo a la calidad de la democracia española? ¿Eso es lo que opina el Partido
Popular, que le ha pasado algo a la calidad de la democracia española? ¿Le ha pasado algo? ¿Hoy tengo yo más libertad que hace quince días, antes de las elecciones madrileñas? ¿O de dentro veinte días voy a tener más libertades? Vivo en un
territorio donde no hay presupuesto y donde todos los datos de sanidad, de educación y de dependencia colocan a Madrid en desigualdad. Esos datos están ahí. Todos los datos de Madrid en relación con el resto de las comunidades autónomas, siendo la
comunidad más rica, la colocan en el reino de la desigualdad. Literal, contrastable. Porque lo ha sacado usted, porque yo creo tan firmemente en que la democracia de mi país es una democracia consolidada y plena que evoluciona, como es normal, que
no puedo dedicarle ni un solo minuto a unas libertades que existen, que practicamos; a unos derechos que tenemos protegidos; a un sistema político que avanza. ¿O es que el Partido Popular no piensa eso? Pues, sería terrible que no lo pensara
nada más y nada menos que el Partido Popular y que se haya creído un eslogan electoral; porque, aparte de las disquisiciones que usted tenga con otras ideologías respecto a las que evidentemente se coloca en la otra punta -como es normal; yo ya lo
sabía-, le vuelvo a repetir que la ley de memoria democrática condena todos los totalitarismos. Y como usted ha hablado de otras ideologías desde la suya, le diré que yo desde la mía lo único que tengo que decir es que socialismo es libertad.


Agradezco mucho a los grupos que han manifestado su disposición a trabajar en esta reforma. Creo sinceramente que se lo debemos a estas personas, que están esperando que no tardemos más tiempo en el trabajo que podemos ofrecerles. Les
brindo, como es natural, todo el esfuerzo que tengamos que hacer para la mejora del texto que presentamos y espero que podamos aprobarlo con la unanimidad que sería deseable para un asunto como este.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Terminada la intervención de la vicepresidenta primera, quiero agradecerle su presencia en esta Comisión Constitucional.


Como no hay más asuntos a tratar, se levanta la sesión.


Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.