CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 31

JUSTICIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISAURA LEAL FERNÁNDEZ

Sesión núm. 2

celebrada el lunes,

17 de febrero de 2020

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación del acuerdo de la Mesa, oídos los portavoces, sobre las siguientes solicitudes de comparecencia del señor ministro de Justicia (Campo Moreno), a efectos del artículo 44 del Reglamento:


- Para que explique las líneas generales de actuación de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000047) ... (Página2)


- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000061) ... (Página2)


- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 213/000087) ... (Página2)


- Para informar sobre la posición del Gobierno ante las recientes manifestaciones en los medios de comunicación del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y del ministro de Consumo sobre los jueces
y fiscales españoles y que ponen en cuestión la independencia del Poder Judicial. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000107) ... (Página2)


- Para informar de las líneas generales de actuación de su departamento en la XIV Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/000113) ... (Página2)

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Celebración de la comparecencia del señor ministro de Justicia (Campo Moreno), para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000006) ... href='#(Página2)'>(Página2)


Celebración de las comparecencias votadas favorablemente por la Comisión ... (Página2)


Se abre la sesión a las doce del mediodía.


RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA MESA, OÍDOS LOS PORTAVOCES, SOBRE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA (CAMPO MORENO), A EFECTOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO:


- PARA QUE EXPLIQUE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 213/000047).


- PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000061).


- PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 213/000087).


- PARA INFORMAR SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LAS RECIENTES MANIFESTACIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 Y DEL MINISTRO DE CONSUMO SOBRE LOS JUECES
Y FISCALES ESPAÑOLES Y QUE PONEN EN CUESTIÓN LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000107).


- PARA INFORMAR DE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DE SU DEPARTAMENTO EN LA XIV LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 213/000113).


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.


Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Justicia correspondiente a hoy lunes, 17 de febrero. Como primer punto del orden del día, solicito de sus señorías la aprobación por asentimiento del orden del día
aprobado en la reunión de Mesa y portavoces. (Asentimiento).


CELEBRACIÓN DE LA COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA (CAMPO MORENO), PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 214/000006).


CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS VOTADAS FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN.


La señora PRESIDENTA: Aprobado, por tanto, el orden del día, doy la bienvenida al ministro de Justicia a esta casa, que es la suya, y en la que ha realizado en los últimos años una fructífera e intensa labor parlamentaria. También doy la
bienvenida al equipo de colaboradores del señor ministro que hoy nos acompañan. Le deseamos suerte en la tarea que asume y en la gestión que le corresponde desempeñar en la presente legislatura.


Señorías, como saben, esta sesión se desarrolla con la comparecencia del ministro de Justicia a petición del Gobierno, a petición propia, para que explique las líneas generales de la política de su departamento. Esta comparecencia también
ha sido solicitada por los grupos parlamentarios Ciudadanos, Popular y Republicano. Por acuerdo de la Mesa de la Comisión, se acumula en esta comparecencia la solicitud presentada por el Grupo Popular para informar sobre la posición del Gobierno
ante las manifestaciones del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y del ministro de Consumo en relación a jueces y fiscales y la independencia del Poder Judicial.

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Conforme a los acuerdos adoptados en la reunión de Mesa y portavoces, el formato de esta sesión será el siguiente: intervención del señor ministro; intervención de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo máximo de quince
minutos, que será aplicado por esta Presidencia con rigor, para lo que solicito a los señores portavoces y a la señora portavoz que se atengan al mismo; a continuación, tendrá de nuevo la palabra el señor ministro para responderles; tras esta
intervención del señor ministro se abrirá excepcionalmente un muy breve turno de intervención para aquellos portavoces que deseen hacer uso del mismo por un tiempo máximo de cinco minutos; cerrará la sesión el señor ministro de Justicia.


Sin más dilaciones, doy la palabra a don Juan Carlos Campo, ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, quiero decirles que para mí es un honor comparecer ante esta Comisión de Justicia. Lo hago para exponer las líneas generales del proyecto que llevaremos a cabo en el departamento durante esta legislatura. Además de un saludo a
sus señorías, quiero saludar también a los profesionales de los medios de comunicación que se encuentran presentes y a los miembros de mi equipo del ministerio.


Antes de comenzar con la exposición detallada, me gustaría decirles algo. He sido portavoz del Grupo Socialista en esta Comisión durante varios años, pues bien, sepan que el interés por dialogar, por ser escuchado y escuchar, que desarrollé
como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, sigue estando igual de presente en mi nueva responsabilidad como ministro. La posición es diferente, pero precisamente porque lo conozco sigo valorando muchísimo el importantísimo trabajo que hacen
los grupos parlamentarios; sé perfectamente que es una cuestión clave para el desarrollo de nuestra democracia.


Señorías, todos ustedes saben que hemos debatido mucho, quizá demasiado, sobre la manera de reformar nuestro sistema de Justicia. El sistema de Justicia de nuestro país lleva décadas de empantanamiento, de insuficiencias estructurales, de
las cuales algunas, desde luego, no tienen justificación. Son más de cuarenta años de democracia. Algo pasa con la justicia. Miren ustedes otros servicios públicos consolidados, como la Sanidad o la Educación, y sé que compartirán mi reflexión.


Me gustaría comenzar con una petición, que será, además, un eje de mi acción de Gobierno: no dejemos que la cortedad de miras y un mal entendido partidismo impidan que lleguemos a un acuerdo en esta legislatura para convertir la justicia en
un verdadero servicio público. Hoy, 17 de febrero de 2020, aquí, como ministro de Justicia, reafirmo una certeza que ya tenía cuando eran otros los que gobernaban: sin el esfuerzo conjunto, nunca seremos capaces de colocar a la Administración de
Justicia -esa, con mayúsculas, que todos queremos- en el lugar que merece en una sociedad avanzada.


Pues bien, ese gran acuerdo que hoy vengo a reclamar a esta Cámara lo quiero articular en torno al referente Justicia 2030, un plan cuyas líneas generales les detallaré en esta comparecencia, pero que, sobre todo, es un método de trabajo de
carácter incluyente, orientado claramente a identificar y planificar medidas esenciales encaminadas a transformar nuestro sistema de Justicia en un auténtico servicio público. Si queremos transformar la justicia en ese servicio público de calidad,
cercano a los ciudadanos, accesible, ágil, entendible, tenemos que saber primero todo lo que hay que mejorar, todo lo que hay que cambiar y todo lo que hay que fortalecer. A estas alturas nadie debería cuestionarse el diagnóstico, pero en un buen
diagnóstico muchas veces están las claves del éxito. En el ámbito que nos ocupa hay muchas ideas preconcebidas y demasiados equívocos. Un análisis serio de qué falla en nuestro sistema no puede partir solo de datos, como el número de profesionales
o los datos de carga de trabajo de nuestros órganos judiciales, para poder hacer un verdadero diagnóstico del funcionamiento de la justicia es necesario hacer un análisis profundo de la situación en unos términos comparativos con países de nuestro
entorno, que son nuestra referencia. Pues bien, si acudimos a la más autorizada fuente oficial, los informes bienales de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, el Cepej, del Consejo de Europa, podemos comprobar que tanto la
inversión como los recursos humanos en España son homologables a los de los países de nuestro entorno. Sin duda que en algunos puntos del sistema hay déficits de recursos que tendremos que corregir, pero no es la causa principal de nuestros
problemas crónicos en el sector justicia. Entonces, hago una pregunta: ¿cuál es el problema? Evidentemente, nos encontramos ante un claro ejemplo de ineficiencia en la gestión de los recursos disponibles, a lo que se añade la necesidad de asignar
algunos nuevos recursos de forma quirúrgica y estratégica, y ello en la línea de las nuevas tendencias de innovación regulatoria de los países más avanzados, lo que se denomina regulación inteligente.


No quiero confundir a este respecto ni trasladar ideas contradictorias, nuestro sistema judicial necesita más recursos, más inversiones y más profesionales, sin duda, pero hay que asignar los nuevos recursos de una forma más eficiente. Por
este motivo, vamos a proponer un incremento de plazas de jueces y fiscales para los próximos presupuestos. Ello refleja no solo el esfuerzo de este Gobierno, sino la seriedad

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del compromiso que hoy traigo a este Congreso. Con esta medida esperamos lograr varios objetivos: estabilizar numéricamente la oferta de empleo público para jueces y fiscales y terminar con la escasa oferta de los últimos años, reducir la
interinidad; atender a la programación de desarrollo de la planta judicial, consensuada con el Consejo General del Poder Judicial, reduciendo la sobrecarga y los tiempos de espera; dar respuesta a las nuevas necesidades organizativas, procesales y
estructurales de la justicia a medio y largo plazo. Este plan, cuyo nombre espero que pronto les resulte familiar, es Justicia 2030. Son medidas necesarias, pero tengo la convicción de que aisladas, desconectadas de otras más estructurales, no
darían el fruto deseado. Solo estamos reparando las grietas, pero debemos atender también a los cimientos, muy debilitados y claramente insuficientes para sostener el edificio de la justicia.


Justicia 2030 aspira a desterrar la lógica del incrementalismo como único eje de las políticas de justicia. Tenemos que ser más eficientes. Lo mismo puede decirse de todo lo relacionado con la fragmentación competencial en la gestión, que
no quiere revertir la descentralización, sino crear nuevas estructuras de cooperación y coordinación efectiva, eliminando solapamientos y ángulos ciegos entre las múltiples instituciones implicadas en el ámbito, tanto territorial como competencial,
de la Administración de Justicia.


Señorías, la ciudadanía de hoy es, si me permiten decirlo, más ciudadana, conoce mejor sus derechos, los ejercita, no pide permiso para reclamar lo que es suyo, es creativa y crítica, y cuando nosotros andamos a la gresca, en lugar de
acordando un pacto de Estado para la Justicia, esta ciudadanía simplemente se siente defraudada. Por suerte, la ciudadanía del siglo XXI tiene esa sensibilidad, y apelo a los bancos de la oposición. Hay algo que no me resisto a contarles: no
duden de que más justicia equivale a más ciudadanía, a un modelo económico diferente del actual, a una sociedad más satisfecha con sus instituciones; en definitiva, a una sociedad más democrática. Anhelamos una justicia capaz de convertirse en una
de las piedras angulares sobre las que construir un modelo económico y social más cohesionado, ético y responsable. Quizá deberías repasar todos a Lévinas cuando expresaba que es la hora de la justicia, la hora de ciudadanas y ciudadanos iguales
ante la ley.


El Partido Socialista gobierna en coalición, y es cierto que con un Gobierno de coalición la sensibilidad del diálogo y del consenso está y flota en el ambiente. Aprovechémoslo, sobre todo, porque estamos de acuerdo en que hace falta actuar
ya en una materia tan sensible como es la justicia. Decir otra cosa es inventarse una discrepancia que, además, no beneficia a nadie.


Ya que hablo de conflictos ficticios o impostados, permítanme que abra un paréntesis para aludir a las declaraciones del vicepresidente segundo y del ministro de Consumo, que también son objeto de esta comparecencia. En primer lugar, quiero
dar las gracias al Grupo Popular por aceptar la acumulación de ambas comparecencias, puesto que nos ahorra tiempo a todos y a la ciudadanía dinero. Sobre esta cuestión, en segundo y último lugar, les diré algunas obviedades. Somos un Gobierno de
coalición, como decía antes, el primero en nuestra historia democrática. Es todo un logro y un reto, pero, como es normal, hay y habrá discrepancias, dificultades, malos entendidos y hasta equivocaciones; es parte del juego democrático. No sé si
las declaraciones por las que me preguntan entrarían en alguno de los supuestos, pero sí quiero aprovechar para dejar esta reflexión. Si van a pedir ustedes una comparecencia ministerial cada vez que intuyan opiniones discordantes entre los
componentes del Gobierno, vamos a perder todos mucho tiempo y, desde luego, la ciudadanía mucho dinero. Quiero recordar que a todos ustedes y a mí nos paga el sueldo esa ciudadanía a la que tanto apelo y a la que debemos un respeto. Con ello no
pretendo deslegitimar su sana crítica -nunca me van a encontrar ahí- y mucho menos negar el control parlamentario al Gobierno -tampoco me van a encontrar ahí-, pero seamos serios, seamos proporcionados, respetemos a nuestras electoras y electores y
a los impuestos que pagan.


Es cierto que somos políticos, que todos hablamos mucho, que estamos todo el día opinando sobre lo que sucede y sobre lo que opinan los demás, pero quizá deberíamos centrarnos un poco más en pensar y en hacer, porque, además -parafraseando a
Azaña-, se produciría un gran silencio que podríamos aprovechar para trabajar. Asumo que habrá algún comentario en sus intervenciones sobre esta cuestión, así que permítanme, como el célebre Umbral, que vuelva a mi libro. Las dolencias que afectan
a nuestro sistema de Justicia son muchas y, sobre todo, son variadas, algunas de ellas incluso se han cronificado y, sin duda, será difícil sanarlas, pero creo que he presentado un diagnóstico que apunta a soluciones orientadas a la eficiencia y a
la calidad.


Paso a desarrollar los principios básicos del tratamiento que podemos empezar a dar a nuestra maltrecha Administración de Justicia. Señorías, quiero comenzar con una primera idea fuerza: la Administración de Justicia como servicio público.
Como representante del Ministerio de Justicia, como

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socialista, como ciudadano, como demócrata, creo que no podemos esperar más. La gente quiere contar ya con un auténtico servicio público de justicia, y eso solo será así cuando se empiece a percibir de esta manera, cuando la justicia se
perciba como algo propio y como algo cercano, cuando sea, como expresaba la Constitución de 1812, pronta y eficaz. Para ello hay que acabar con las largas esperas, las trabas al acceso, con la utilización del servicio, la incomprensibilidad de sus
actuaciones, el desconocimiento de los servicios que ofrecen y la falta de eficacia de algunas decisiones. Como digo, un servicio público de calidad debe ser eficaz, debe ser cercano, debe ser entendible y debe ser relativamente rápido. Con
palabras más asentadas del constitucionalismo moderno, debemos referirnos a que este servicio público precisa de legitimidad social, tanto como de eficiencia. Legitimidad como grado de confianza y credibilidad que el sistema de justicia debe tener
para nuestra ciudadanía y la eficiencia, como la capacidad del sistema para producir respuestas eficaces y efectivas. Debemos afianzar un auténtico servicio público de justicia. Lo repetiré todas las veces que sea necesario en esta intervención.
Porque es además el primer objetivo de este ministerio. No crean que para llevarlo a cabo nos guiaremos por ocurrencias. No hay que mirar tan lejos para encontrar referencias. En España contamos con un enorme instrumento: la Carta de los
Derechos de la Ciudadanía ante la Justicia.


Si me lo permiten, me gustaría contarles algo que seguramente está más en el plano emocional, pero quiero compartirlo. Cada vez que pienso en todo lo que no cumplimos de la carta, todo aquello que hasta hoy sigue siendo meramente
aspiracional, me llevan los demonios, permítanme la expresión. Cómo es posible que hayamos dejado pasar tanto tiempo. Me consta, porque conozco a muchos de ustedes con los que he compartido horas y horas de trabajo, que este es un sentimiento
común, pongámoslo hoy en valor. Por esta razón voy -y espero que lo hagamos todos juntos- a trabajar con toda la entrega y la pasión de que somos capaces para cumplir la carta. Porque, señorías, es hoy, es ahora, cuando debemos concretar esas
aspiraciones para desarrollar mecanismos eficaces que garanticen el cumplimiento de los derechos. Para ello, la primera noción era transformar el Ministerio de Justicia en una administración pública, moderna y avanzada. Una cosa son las políticas
y otra las instituciones que la hacen realidad. El Ministerio de Justicia, de la mano de otras administraciones públicas, es el vehículo que hace realidad las políticas de justicia. Si solo quisiéramos transformar las políticas, nos quedaríamos
cojos. Solo mejorando las capacidades de las instituciones podemos caminar en la dirección correcta y avanzar mucho y más rápido. Queremos mirarnos en el espejo de servicios públicos consolidados, valorados por nuestra ciudadanía y eficientes. Ya
lo he dicho: Sanidad, Educación. Debemos de ser una administración pública moderna y avanzada. Ser y ejercer como tal. Soy consciente de que para desarrollar nuestro proyecto debemos apostar con determinación y serenidad por la transformación
institucional.


Vamos a tratar de hacer un Ministerio de Justicia más dinámico, pero también más eficiente, que a una organización con un planificación responsable y acertada se una la transparencia y la rendición de cuentas. Quiero contarles cómo es la
nueva estructura del Ministerio de Justicia, por ello ya hemos reestructurado los departamentos de la manera siguiente. Hemos creado la Secretaría General para la Innovación y el Servicio Público de Justicia, que sustituirá a la Secretaría General
de la Administración de Justicia. Se pueden preguntar: ¿Por qué? Pues se lo diré, porque sin innovación y calidad no hay servicio a la ciudadanía, por muy buenas que sean las sentencias de nuestros tribunales. Frente a los sistemas anticuados,
innovación; ante la insatisfacción de los usuarios de la justicia, altos estándares de calidad en la prestación del servicio y cuando hablamos de calidad, también hablamos de deontología profesional y de promover, de forma coordinada, con todas las
autoridades competentes, una mejor y más efectiva regulación y supervisión del servicio.


Esta nueva secretaría general va a emplear todos sus recursos en aumentar la calidad de los servicios y lo hará promoviendo y desarrollando organismos, criterios y procedimientos que coloquen al ciudadano en el centro, como usuario de la
justicia, y por extensión, implantando las buenas prácticas de las mejores administraciones públicas. Para mí este es un proyecto y un reto fundamental. La secretaría general tendrá tres direcciones generales. Se ha puesto en marcha también la
nueva Dirección General para el Servicio Público de Justicia, en sustitución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Se ajusta mucho mejor a las funciones que realmente corresponden a esta dirección, que liderará
las estrategias para superar las ineficiencias organizativas y el establecimiento de nuevos mecanismos de coordinación, capaces de proporcionar una mayor calidad en el servicio y satisfacer las demandas de los y las usuarias.


La Dirección General de Transformación Digital será una pieza clave en esta nueva arquitectura. Verán, señorías, lo digital o lo tecnológico no es un apartado al margen del resto de la organización. Los

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desafíos modernizadores son en una parte significativa desafíos tecnológicos. Por eso vamos a potenciar una dirección con estas características, con competencias transversales en todas y cada una de las políticas tradicionales y no
tradicionales de la justicia. Esta dirección será la encargada de crear economías de escala y evitar el despilfarro de recursos públicos que produce la duplicidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones digitales para la justicia. Tendré
la misión de mejorar la cooperación autonómica en el desarrollo y reutilización de herramientas de trabajo electrónicas, garantizando la interconexión de las unidades judiciales de todo el territorio del Estado y para garantizar la fluidez del
trabajo de los profesionales de la justicia. Por eso será una prioridad que estas nuevas herramientas de trabajo electrónicas estén interconectadas, que den acceso inmediato a los datos de todos los servicios judiciales, simplificando su trabajo y
recortando los tiempos de la tramitación de los expedientes. Otro aspecto importante tiene relación con dotar a la ciudadanía de mecanismos de acceso digital a los servicios de justicia, sencillos y transparentes, incluyendo herramientas de ayuda y
de consulta, en línea y evitando desplazamientos innecesarios a las dependencias judiciales. En definitiva, es nuestro objetivo llevar el sistema judicial español a un nivel de desarrollo tecnológico como el alcanzado ya hace años en otros
servicios públicos, como son la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. De este modo será posible que los ciudadanos accedan a los mismos, siempre que legalmente se pueda, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Se trata de acercar la
Administración de Justicia a la ciudadanía y hacerlo mediante las posibilidades que hoy nos ofrece la tecnología, que no son pocas. No puedo más que estar ilusionado con este proyecto y ojalá sepa contagiarles de mi entusiasmo y lo hagamos posible
entre todos, porque sin todos no será posible. No me cansaré de invocar el diálogo y el consenso como los mejores, si no únicos, métodos de trabajo.


También se ha creado la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, con una nueva concepción netamente estratégica orientada a potenciar su valor añadido, en sustitución de la Dirección General de los Registros y el Notariado.
Creo que el nombre ya en sí mismo lanza un mensaje de una política centrada en las personas. La dirección general de seguridad jurídica va a ampliar sus funciones respecto a la seguridad jurídica preventiva, que es esencial para la sostenibilidad
social, el crecimiento económico y la promoción de las inversiones y también respecto al efecto social, estructural de la fe pública, la que da confianza sobre hechos legales, ciertos, que afectan a los derechos y las libertades de las personas.
Por último, creo muy importante que esta dirección desarrollará una función nueva: asumirá el potencial de la ORGA, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos provenientes de delitos y la ejecución de la sentencia. Luego les diré algo más
sobre este mecanismo, cuyo impulso sin duda nos permitirá en el futuro la obtención de nuevos recursos económicos para financiar políticas públicas de justicia.


Señorías, me gustaría insistirles en una cosa: la arquitectura institucional resulta clave para poder ejecutar con éxito nuestras políticas. Por tanto, esto va mucho más allá de lo meramente nominal. Cada una de las redefiniciones del
departamento responde a un proyecto claro y a un proyecto concreto o, dicho de otro modo, lo nominal debe ser reflejo de lo funcional, es decir, de lo que realmente va a hacer cada dirección. No puedo dejar de mencionar a la Abogacía General del
Estado, que no cambia de denominación ni de función, pero que continúa siendo una pieza clave del edificio de la justicia, que queremos construir y con la que aspiro a impulsar nuevas iniciativas. Tenemos un objetivo: la justicia como mejor
servicio público. Tenemos un instrumento: que es un ministerio fortalecido y reorganizado.


Paso ahora a definir los ejes del proyecto que quiero ofertarles para que construyamos entre todos. Plan Justicia 2030. Les decía antes que aún no tenemos el kit de iniciativas estratégicas completo, porque parte de nuestro proyecto es
metodológico. Como dije al principio, nuestra idea, la de este equipo, es consultar de forma extensiva, con todos los operadores y partes interesadas, para poder desplegar un mapa de ruta y lo haremos temáticamente. Áreas temáticas como el acceso
a la justicia, la eficiencia en la justicia o la transformación digital. Estas áreas temáticas y algunas más serán consultadas con todo el sector, incluyendo la sociedad civil. Utilizaremos metodologías ágiles, que incluirán planes anuales
medibles y adaptables, sumando a un uso más eficiente de los recursos y con políticas basadas en análisis coste-beneficio. Articularemos metodologías de análisis-diagnósticos que faciliten la toma de decisiones racionales y contrastadas. Las
únicas sostenibles en un mundo de recursos públicos escasos. Lo tengo muy claro a ese respecto.


Permítanme un inciso en este punto. Las políticas de justicia no solo consumen recursos económicos, también los generan y en ello vamos a insistir seriamente desde mi departamento. Pienso, por ejemplo, en los salarios de tramitación. Unos
22 millones de euros actualmente, un coste que soportamos todos los ciudadanos debido a la lentitud de nuestros tribunales. Solo un ejemplo de las externalidades de un sistema

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con deficiencias y en las que vamos a poner toda nuestra atención. Pues bien, para llevar a cabo el éxito del Plan Justicia 2030 debemos tener muy en cuenta los tres ejes temáticos descritos, sobre los que estoy convencido que podemos y
debemos alcanzar un amplio consenso. Primer eje: acceso a la justicia, consolidación de garantías y derechos. Segundo eje: promover la eficiencia operativa del servicio público de justicia. Para un tercer eje: la transformación digital,
incrementando la cohesión y coordinación territorial.


Me centro seguidamente en el primer eje, al que he denominado consolidación de garantías y derechos. Señorías, estoy seguro de que coincidimos en una apreciación básica: en un estado de derecho podemos decir que existe una verdadera
justicia si todos y cada uno de los ciudadanos pueden acceder a ella. Cuando decimos eso nos referimos, por supuesto, a acceder a la jurisdicción y a los demás servicios públicos de la justicia. Pero también nos referimos a recibir ese servicio en
tiempo y en forma o, en palabras constitucionales, sin dilaciones. Pero hay una cosa más, y muchos me han oído expresarla con anterioridad, para acceder de verdad a la justicia hay que comprenderla. En mi etapa anterior como secretario de Estado
de Justicia impulsé una comisión para la modernización del lenguaje jurídico y créanme fue una de las satisfacciones más grandes que tuve en aquella responsabilidad. Creo que hoy es oportuno en este momento aterrizar aquellas conclusiones y otras
que podamos sumar en recomendaciones concretas para todo el sector justicia. Por eso trabajamos con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el resto de operadores jurídicos para elaborar directrices y mecanismos de
supervisión que hagan las resoluciones accesibles y comprensibles para el ciudadano y no solo las resoluciones, sino también la tramitación de los procedimientos, las actuaciones judiciales y, en esencia, el funcionamiento cotidiano de nuestra
justicia.


Señorías, saben, como yo, que el lenguaje no es neutral. No lo digo yo, lo dice la Unesco. Eso significa, por ejemplo, que un lenguaje excesivamente técnico, ajeno al lenguaje habitual de los ciudadanos, está mandando un mensaje peligroso,
que no nos importa en absoluto ese ciudadano. Pondremos en marcha de manera inmediata la comisión creada al efecto y que ha estado inoperativa una serie de años. No me cabe duda de que haciendo comprensible la justicia, avanzaremos en el
importante objetivo de generar confianza en la ciudadanía, lo que resulta imprescindible para su transformación en el servicio público de calidad que queremos. Dentro de ese mismo eje tendremos que desarrollar, de un modo efectivo, la garantía
constitucional de defensa. Sé que comparten conmigo que no podemos hablar de derechos y garantías si no hablamos del derecho de defensa, los profesionales de la abogacía llevan tiempo reclamando una ley orgánica del derecho de defensa, pero sobre
todo la ciudadanía demanda el desarrollo de un derecho constitucional básico: sin defensa efectiva no puede haber justicia para nadie. Hemos empezado ya a trabajar para lograr un texto legal y esperamos poder presentarlo pronto a la consideración.
En él se recogerán de una manera clara cuáles son los principios y las reglas básicas para el ejercicio del derecho de defensa en el proceso, desde la perspectiva del ciudadano y su defensor. Tenemos que promover servicios efectivos y solución
adecuada de diferencias. Igualmente, y ya me lo han oído en muchas ocasiones, tenemos que hacer un esfuerzo por desjudicializar conflictos en los que se ven inmersos los ciudadanos y que tienen, potencialmente, formas alternativas y adecuadas de
resolución. Un compromiso que asumo como ministro es tratar de diversificar y acercar las ofertas de servicios a los ciudadanos para resolver sus diferencias, disminuyendo así la litigiosidad ante nuestros tribunales. Tenemos que trasladar un
mensaje claro respecto a que a la justicia no solo se accede a través del órgano judicial, ya que una sociedad avanzada y moderna, que quiera ser más efectiva solucionando de forma adecuada sus diferencias, debe disponer también de recursos para
complementar, que no a sustituir, a la jurisdicción. Con ello no solo se busca descongestionar las salas de justicia, sino adaptar los mecanismos resolutivos en cada caso a los diferentes tipos de controversias que pueden vivir los ciudadanos.
Acercar el servicio a quienes lo usan es, en parte, adaptarlo a sus necesidades y situaciones. Por experiencia sé que para dar la mejor respuesta posible a cada diferencia hay que contemplar todos los métodos de resolución existentes y elegir,
escoger, el más adecuado. Con este fin se creará un sistema de solución de diferencias paralelo y complementario a la jurisdicción, que evite la hiperjudicialización de la vida en sociedad y la recarga innecesaria de los tribunales. Se emplearán,
de forma estructural e intensiva, las técnicas de triage multipuertas, propias de la sanidad, para facilitar una pronta y eficaz solución a los problemas de la ciudadanía. Actualizaremos las formas de investigación y el enjuiciamiento penal.


Señorías, suena manido, pero por ello no es menos cierto, hay que actualizar nuestro sistema de enjuiciamiento criminal, es absolutamente perentorio que demos el paso de superar una legislación decimonónica, estructural y sustantivamente
desbordada por la realidad procesal. No podemos decir que tenemos un Alecrím de 1882 y quedarnos tan anchos. No podemos justificarnos diciendo que la hemos

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ido reformando, parcheando, tenemos que acabar con los desfases e incoherencias acumulados a lo largo del tiempo y con la pérdida de coherencia interna. Decía el ministro Camaño que en el derecho procesal penal es derecho constitucional
concretizado, y así es. Nos jugamos mucho. Debemos abordar los cambios necesarios escuchando a todos. La crucial experiencia de nuestros juzgados y tribunales y la doctrina jurisprudencial, emanada del Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional, sin olvidar los tribunales europeos.


En definitiva, debemos trabajar por una regulación moderna y justa que garantice un proceso penal moderno, democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales, atribuyendo la dirección de la investigación al ministerio fiscal
y fortaleciendo las garantías constitucionales. Un proceso penal que deslinde las funciones instructoras de las juzgadoras. En resumidas cuentas, necesitamos dotarnos de una nueva regulación procesal penal propia del tiempo y la sociedad que
vivimos. En la IX Legislatura nos quedamos a las puertas de que el anteproyecto fuese sometido a las Cámaras legislativas. Esta vez no será así. Tengo la esperanza de que esta vez podamos concluir este proyecto, que yo me atrevería a calificar de
reto nacional. Por eso, quiero anunciarles que antes de que termine este año presentaré al Consejo de Ministros un anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tenemos que situar también a las víctimas de los delitos en el centro de nuestras
preocupaciones. De todos modos, no necesitamos esperar a contar con una ley procesal para mejorar y fortalecer la atención a las víctimas de los delitos. Hay ya en marcha mecanismos importantes y útiles, como las oficinas de asistencia a las
víctimas de los delitos, que queremos potenciar y reforzar.


Especial atención merecen en este capítulo las víctimas de violencia de género y contar, en el sentido más amplio, con todas las mujeres víctimas de violencia machista. El ministerio que dirijo está profundamente comprometido con la
ejecución de las medidas contempladas en el pacto de Estado y con la consecución de los estándares impuestos por el Convenio de Estambul. Somos una sociedad que se debería sonrojar cada vez que una mujer es asesinada. Les doy un ejemplo quizás
discreto pero representativo: vamos a poner en marcha un plan de guardia veinticuatro horas para los médicos forenses dependientes del Ministerio de Justicia y vamos a revisar también con carácter urgente los protocolos de intervención en los casos
de violencia sexual. Las mujeres que han sido agredidas sexualmente no pueden esperar y tenemos que ponerlas en el centro del diseño del sistema. La sociedad ha demostrado claramente su sensibilidad al respecto y desde el Ministerio de Justicia no
vamos a hacer oídos sordos a estas demandas. No quiero dejar pasar este eje programático sin hacer referencia al proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Se trata de una iniciativa
conjunta de los Ministerios de Justicia y Sanidad, muy trabajada por el anterior Gobierno y que esperamos concluir muy pronto. En la ley se establecen medidas frente a la violencia contra menores y adolescentes. Espero no cansarles pero quiero
avanzarles algo más de lo que les dije hace un momento, los fondos de la ORGA, que, desde ahora, revertirán de una manera más nítida en la sociedad civil. No quiero concluir este eje sin hacer un anuncio que me produce enorme satisfacción. Ya les
expresé mi confianza en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos procedentes del delito y en su capacidad para generar recursos. Pues bien, vamos a adoptar las medidas necesarias para que puedan beneficiarse de los fondos recuperados por la
ORGA también las organizaciones no gubernamentales cuya labor se desarrolle en materia de asistencia a víctimas del delito. Para ello, pondremos en marcha un programa de subvenciones que nos permitirá devolver a la sociedad civil parte de lo que ha
sido sustraído por actividades criminales. Utilizaremos los réditos de la actividad criminal para combatir sus efectos nocivos, incidiendo en la sociedad y en las personas.


Con ello, señorías, paso al segundo eje, promover la eficiencia operativa del servicio público de la justicia. Al segundo eje lo hemos denominado promoción de la eficiencia operativa del servicio público de la justicia. Trabajo en la
justicia desde hace más de treinta años. Me he asomado a la misma desde muchos ángulos y esa visión poliédrica del sector me ha permitido formar una mirada propia, respetuosa con todos los puntos de vista de los operadores jurídicos, de los dos
poderes del Estado y de las diversas administraciones. También he aprendido y sigo aprendiendo, señorías, que las posiciones maximalistas llevan a la melancolía. Para que vean que no es una ocurrencia mía, decía Demóstenes que las promesas dichas
y luego incumplidas solo llevan a la desilusión a quienes las escucharon. Traducido a la actualidad, solo llevan a la desconfianza de la ciudadanía. Así que, señorías, de mi boca no van a escuchar palabras vanas. Estoy convencido de que hay que
tener horizontes ideales; es bueno aspirar al ideal de la justicia, pero hay objetivos realizables y, sobre todo, tangibles. Por eso, con la mirada puesta en la transformación profunda y global de la Administración de Justicia, queremos empezar ya
a priorizar proyectos con fechas

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de ejecución cerradas. Vamos a poder empezar por terminar, aunque suene paradójico, el tema. Vamos a concluir aquellos proyectos que empezamos en 2011, que quedaron interrumpidos con la salida del equipo del ministro Caamaño, ya que el
Gobierno posterior no les dio continuidad. No quiero hablar de culpas, simplemente las circunstancias no llevaron a esa continuidad. Por eso, tenemos que implantar de forma completa y definitiva el proyecto de Oficina Judicial, consolidar un
proyecto de expediente judicial digital que sea seguro y accesible y, por último, integrar las plataformas de gestión procesal para preservar la eficiencia del sistema y la integración territorial. Quizás sepa a poco este esbozo de medidas, que no
son nuevas, pero créanme si les digo que si logramos completar con éxito estos tres proyectos nuestra Administración de Justicia dará un giro copernicano y un salto de gigante. La transformación en esta legislatura aspiramos a culminarla con el
desarrollo y puesta en marcha de los tribunales de instancia, el corolario lógico y necesario de la Oficina Judicial. Con este proyecto creo que revertiremos una gran parte de las ineficacias de nuestro sistema y podremos presentar ante la
ciudadanía una organización de la Administración de Justicia adaptada a sus necesidades, capaz de prestar el servicio de la calidad que demanda. Créanme, los tribunales de instancia serán revolucionarios.


Permítanme que explique la filosofía de este eje programático en términos de derechos subjetivos. Queremos desarrollar el derecho a una justicia de calidad, eficaz y sin dilaciones indebidas, tan sencillo pero tan ambicioso como esto.
Señorías, en este eje no solo debemos atender a las necesidades estructurales. El desarrollo de la sociedad moderna ha provocado también nuevas conflictividades y, por tanto, nuevas formas de litigio, especialmente en el derecho de los consumidores
y usuarios. Un conjunto de derechos que constituyen, en las sociedades de mercado como la nuestra, un mecanismo de protección básico y fundamental contra posibles abusos. Fenómenos como las cláusulas suelo o las reclamaciones por retrasos a las
aerolíneas colapsan nuestros tribunales, saturan a nuestros jueces, deterioran la imagen pública de la justicia y generan importantes costes a las empresas del sector en forma de intereses. Debemos potenciar las soluciones extrajudiciales para la
resolución de conflictos e introducir reformas procesales para afrontar los pleitos en masa. En este sentido, trabajaremos para incorporar el mecanismo conocido como sentencia testigo en los ámbitos civil y mercantil; un mecanismo que permitirá
extender los efectos de las sentencias dictadas por los tribunales más allá de las personas concretas reclamantes.


Tras esto paso al tercer eje, transformación digital. Tenemos que incrementar, señorías, la cohesión y la coordinación territorial. Por eso, ese nombre. Debemos ser capaces de garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones
en cualquier parte del territorio. En este aspecto me gustaría recordar una frase que leí hace tiempo: La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Creo que todos somos conscientes de que ahora mismo la justicia
es asimétrica en su organización competencial y eso, señorías, exige un plus de coordinación. Por esa razón creo oportuno anunciarles que convocaré de manera inmediata, en el plazo de un mes, la Conferencia Sectorial de Justicia. La última -es
triste recordarlo- fue en septiembre de 2018; circunstancias varias han impedido que se pudiera celebrar y ya toca. De hecho, ya he iniciado contactos informales con algunas de las consejerías y espero terminar esta ronda pronto para poder
convocar una primera reunión formal y técnica de trabajo. Tenemos grandes retos en la implementación territorial del servicio. Desde hace unos años el concepto de servicios de proximidad ha pasado a nuestro vocabulario habitual cuando hablamos de
multitud de servicios públicos, y es algo positivo, desde luego, lo que ya lo es menos es que se generalice a todo tipo de situaciones. No siempre la proximidad es sinónimo de un mejor servicio público. A veces proximidad no implica calidad ni
cercanía. Nuestro reto es cambiar a accesibilidad con un servicio público de calidad y con los estándares adecuados de funcionamiento. Afrontar la agrupación territorial con responsabilidad, entendiendo que la agrupación de partidos puede ser, en
algunos casos, un ejemplo claro de ese equilibrio, siempre, por supuesto, garantizando los mecanismos de accesibilidad, con métodos tecnológicos o de cualquier otro modo. En muchos casos partidos judiciales más grandes son más eficientes y, de
contar con los medios adecuados, permiten ofrecer un servicio más cercano y de mayor calidad al que lo reclama. Siento cierto sonrojo al traer a esta Cámara una vez más el término de interoperabilidad. Han pasado demasiados años y no hemos logrado
algo básico, que los distintos sistemas informáticos del sector justicia se comuniquen entre sí. Por ello, desafortunadamente, sigue siendo una prioridad, nuestra prioridad; pero soy optimista, creo que en este punto el tiempo transcurrido nos ha
permitido limar dificultades políticas y vencer las limitaciones tecnológicas. Señorías, estamos preparados para convertir la dispersión tecnológica resultante de nuestra distribución competencial en un activo del sistema, con mecanismos para la
transmisión de aplicativos y la posibilidad de poner en marcha proyectos conjuntos.

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Estas son las líneas maestras del Plan Justicia 2030, al menos aquellas que queremos desarrollar y agendar para esta legislatura. El plan es más ambicioso y tiene un horizonte temporal de diez años, con el objetivo de definir una hoja de
ruta coherente para una transformación que, sin duda, deberá prolongarse más allá de este mandato. Señorías, no solo vamos a elaborar colectivamente y a poner en marcha este ambicioso Justicia 2030, también vamos a explicar todo lo que hacemos.
Por ello, aspiro a dejar en el futuro una herramienta de diseño y de ejecución de políticas más activas, con el fin de que entonces tendremos más fácil explicar e impulsar dichas políticas, sea cual sea el signo de los tiempos o de los futuros
equipos, es pura cuestión de responsabilidad; como les he dicho, se lo debemos a la ciudadanía. Para asegurarles que estamos determinados a conseguir estos objetivos y esforzarnos al máximo para hacer realidad este gran proyecto, les adelanto el
programa concreto de trabajo del ministerio para el próximo medio año. En primer lugar, hoy mismo -a poco más de un mes de la toma de posesión-, comenzamos la ronda de consultas sociales para la elaboración de este instrumento de planeamiento
estratégico. En un plazo máximo de tres meses haremos la presentación pública del Plan Justicia 2030, que será presentado al Consejo de Ministros para su aprobación y espero que también sea refrendado por todos los actores implicados, desde los
partidos políticos hasta los operadores jurídicos. Y cuando se cumplan seis meses del inicio de mi responsabilidad como ministro, haremos la primera rendición de cuentas.


Ahora quiero pedirles algo muy importante, algo que me han oído en no pocas ocasiones, les pido diálogo y les pido consenso. Voy terminando, señorías, y lo hago reiterando ese crucial objetivo con el que, sin duda, se sienten identificados
la mayoría de los ciudadanos, hacer de la justicia un auténtico servicio público de calidad. Los servicios públicos, señorías, son la seña de identidad de una democracia, más y mejores servicios públicos son buenos indicadores de la calidad de esa
democracia. Pero recuerden, tenemos que atacar la raíces del problema, pensar y establecer un modelo de justicia moderno y eficaz -que no existe ahora mismo-; acabar con las inercias y acabar acuerdos estables para construirlo basados en el
consenso, el consenso de justicia. Porque si no, volvemos a lo de siempre y aquí nos seguiremos encontrando año tras año rasgándonos las vestiduras y lamentándonos por lo que no hicimos o, lo que es peor, por la percepción que tienen los ciudadanos
sobre la justicia. Les decía hace un rato que los políticos hablamos mucho, unas veces con más aciertos que otras, pero las palabras, señorías, no son solo palabras, importan porque el modo en que hablamos nos predispone a realizar nuestras
acciones y a ignorar la posibilidad de hacer otras. Por eso, dialoguemos, señorías, y tengamos un poco de paciencia; dialoguemos hasta la extenuación, si quieren, una ardiente paciencia -como decía el poeta Neruda- que nos permita iniciar un
diálogo apasionado pero abierto a escuchar. Señorías, les pido sencillamente que iniciemos una conversación fructífera, que busquen, que busquemos la avenencia y el consenso en todo aquello en donde seguro podemos encontrarlo. Por lo pronto, me
parece posible conseguir un consenso estratégico para la reforma estructural en el servicio público de justicia. El consenso en justicia es lo que reclamo, a ello dedicaremos todos los esfuerzos y cuentan con la colaboración plena de todo mi equipo
y, por supuesto, con la mía.


Señorías, concluyo con las palabras que pronuncié en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados del 15 de marzo de 2016: 'Señorías, no nos deseo suerte, pero no me entiendan mal, creo que la suerte tiene un componente de azar que
ahora ya no nos podemos permitir. Estamos obligados a liderar esa demanda de cambio, creérnosla y buscar consensos, pues solamente así la política recuperará el terreno perdido y nuestro sistema político recuperará su fortaleza' y -añado- nuestra
ciudadanía, la justicia que legítimamente nos reclama y le corresponde.


Señorías, muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


A continuación, en el orden indicado al comienzo de la sesión, comenzarán su turno de intervención las y los portavoces de menor a mayor. Tiene, en primer lugar, la palabra la señora Vehí Cantenys, por el Grupo Mixto.


La señora VEHÍ CANTENYS: Muchas gracias, presidenta.


Buenos días a todos y a todas; buenos días, señor ministro. Con el tiempo que tengo, voy a lanzarle dos líneas de análisis y también de preguntas breves y, si eso, luego continuamos conversando.


Mire, Boaventura de Sousa -analizando el marco jurídico de Mozambique- habla de la metáfora del pergamino. Es una metáfora que dice que en la Edad Media, como no había mucho papel, lo que se hacía era escribir, borrar y volver a escribir
encima, de tal manera que siempre quedaba lo que estaba escrito debajo. Esto es una metáfora que desde nuestra perspectiva aplicamos al marco jurídico y a la cultura

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jurídica del Estado español. Una cultura que ahora trataré de desgranar pero que nosotros entendemos que plantea que la excepción es la norma, y así lo utiliza, y la aplicación del artículo 155 para nosotros es la metáfora clara de eso, y
también una determinada cultura jurídica autoritaria y una forma determinada de entender el derecho entre jueces, fiscales y profesionales de la justicia a pesar de la normativización que supone la Constitución y que trata de hacerla democrática.
Esto se junta con un determinado esquema piramidal y gerontocrático de jueces y fiscales, mayormente conservadores, que generan y que alimentan este marco que desde nuestra perspectiva, como le decía, utiliza la excepción como norma y, por lo tanto,
funciona con la lógica de la excepcionalidad permanente y además con una cultura autoritaria. En este marco, hablaba usted de la necesidad de democratizar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el Código Penal, el independentismo
entra como delito ya desde el siglo XIX cuando aparece el primer catalanismo político; y entra defendiendo dos elementos fundamentales: la unidad de la patria y la integridad de la nación. La II República deroga este marco, pero el franquismo lo
recupera y la Constitución de 1978 lo recoge en su artículo 2. Ante el proceso de autodeterminación que ha habido en Cataluña, la respuesta de la justicia del Estado español ha sido prisión, ha sido exilio y ha sido persecución judicial; el último
recuento en términos antirrepresivos habla de más de 2500 personas represaliadas. Y usted hablaba también de la necesidad de desjudicializar los conflictos. Nosotros compartimos muchísimo esta perspectiva, pero los números no dicen lo mismo.
También analizamos que hay una pugna o batalla de marcos de legitimidades entre el Gobierno al que usted representa y que ha explicado su plan -déjeme decirle muy metodológico, como ha dicho usted, y poco político- y el Estado y los altos tribunales
del Estado, a eso me referiré más adelante. En todo caso, en este marco, asumiendo que el Gobierno no es el Estado y asumiendo que muchas veces las altas magistraturas hacen política más allá de lo que puede hacer el Gobierno y en relación con la
reforma del Código Penal que usted anuncia y esta idea de democratizarlo, le preguntamos cuál es su propuesta. ¿Qué piensa hacer, bajar el tipo, piensa mantener los delitos de rebelión y sedición? En resumen, ¿piensa volver a reescribir este
pergamino? Para nosotros, la perspectiva debería ser la de la amnistía, esa que plantea que el derecho a la autodeterminación no es un delito, derecho que ya recogía la Carta de las Naciones Unidas en los años cincuenta. Y es que nosotros
entendemos el derecho a la justicia como herramienta contrahegemónica, herramienta de defensa de los derechos y de las vulneraciones de derechos, pero nunca como brazo ejecutor de la política que hace de apisonadora de los derechos colectivos. Nos
preocupa que su Gobierno pueda tener una política muy progresista en ámbitos como la igualdad y la educación, pero una mano de hierro en los ámbitos de la persecución política, de la política penal y en relación con todo ello que tenga que ver con
la seguridad.


Voy al segundo tema, la naturaleza política de las altas magistraturas del Estado. Para nosotros esto también es un problema y entendemos que desde el Gobierno tienen margen para trabajar en ello. Es un problema porque las altas
magistraturas del Estado fijan doctrina, es un problema la falta de independencia en relación con los dos grandes partidos del Estado español, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Lo dice el Informe del Foro Judicial
Independiente que sacaron en 2016; lo dice también el informe Greco del Grupo de trabajo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Nos preocupan las puertas giratorias entre fiscalía, judicatura y Poder Ejecutivo, el señor Marchena o
el señor Maza como ejemplos claros de todo eso que estoy tratando de contar, o el nuevo nombramiento de la fiscal general del Estado. Desde el Partido Popular se han echado las manos a la cabeza porque alegan que eso es falta de independencia
judicial, cuando ellos han hecho muchísimas veces lo mismo. En todo caso, nosotros sí ponemos una y otra vez encima de la mesa la falta de independencia judicial también de la fiscalía. Y además la figura de la señora Dolores Delgado, que fue jefa
de Política Antiterrorista de la Audiencia Nacional y que además se la vincula -ella misma lo tuvo que justificar- con el señor Villarejo. Cloacas del Estado otra vez en las altas magistraturas. ¿Qué va a hacer su ministerio en relación con esta
situación? Usted ha apuntado los conceptos de modernidad, de eficacia, de arquitectura institucional, de metodología, de derecho a la defensa, de desjudicializar conflictos, y ¿qué va a hacer con la politización de las altas magistraturas del
Estado? ¿Qué va a hacer con el hecho de que las altas magistraturas del Estado persigan políticamente a personas que defienden derechos colectivos?


Acabo. Usted ha hablado de la melancolía cuando no se persiguen objetivos tangibles. Ha citado a Lévinas y ha hablado de la hora de la justicia. Desde nuestra perspectiva, el foco que hay ahora mismo es el de la legalidad de un marco,
como usted ha dicho, retrógrado, de un marco penal de persecución de la disidencia enfrente de la legitimidad de los derechos colectivos. Ha hablado usted de consenso, ¿cómo va a haber consenso sin derechos, señor ministro? ¿Cómo se articula el
consenso? ¿Es el mismo consenso que hubo en la Transición, que fue el consenso a costa del silencio de algunas? ¿Es el mismo consenso que mantiene todavía las cunetas llenas de gente que nunca ha podido ser reparada? Miren,

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para nosotras la garantía de los derechos colectivos y democráticos de las catalanas es también la lucha por la garantía de los derechos colectivos en el resto del Estado español y en todo el sur de Europa. ¿Qué va a hacer su ministerio con
el margen que tiene en relación con esto?


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vehí Cantenys.


A continuación, por el Grupo GEH Bildu, la señora Pozueta tiene la palabra.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Buenos días, señor ministro. Buenos días a todos y a todas.


Señor ministro, ha estado hablando sobre las dolencias de la Administración de Justicia y ha hablado de tratamientos. Yo le diría que la Administración de Justicia española está en la UVI, esperemos que tengamos ilusión y también energía
para darle un buen tratamiento. España, según varios mediadores europeos, tiene un problema de independencia judicial, siendo el cuarto país en la Unión Europea cuyos ciudadanos desconfían más de su justicia. Usted ha hecho una comparativa y yo le
diría que es el peor valorado entre sus ciudadanos al igual que Hungría o Polonia, dos de los países a los que Bruselas ha expedientado por poner en riesgo el Estado de derecho.


Comienzo mi intervención presentándome, ya que mi presencia está muy relacionada con el tema anteriormente mencionado. Soy madre de uno de los jóvenes de Alsasua. Mi hijo lleva tres años y tres meses encarcelado y otros siete jóvenes
tienen sentencia firme con condenas entre un año y medio y nueve años y medio, y cinco de ellos encarcelados. El caso Alsasua es el ejemplo de la utilización de la justicia de una manera injusta y excepcional. Se ha vulnerado el derecho al juez
natural, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad. Soy una testigo directa de una realidad muy muy injusta, y usted ha hablado de injusticia y de dolor; soy testigo de ello, y ello me
anima a trabajar más si cabe para que lo que en Alsasua hemos vivido no lo viva ningún ciudadano del Estado español. Estoy aquí para que se haga justicia en mayúsculas y eso esperamos de su mandato. Ha dicho que es la hora de la justicia y en eso
estamos.


Estoy aquí como portavoz de Euskal Herria Bildu y nuestro grupo desea plantearle a este ministro las siguientes cuestiones. En primer lugar, quiero apuntar que precisamente fue la reforma del Código Penal de 2015 la que, durante estos años,
ha puesto en peligro el derecho a la libertad de expresión, información y reunión pacífica, y la que se olvidó de los crímenes de derecho internacional, como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la tortura, y la que posibilitó, con
la modificación del artículo 573.1, la ampliación de manera desproporcionada de los delitos de terrorismo, cajón de sastre para criminalizar claramente la disidencia política. Podemos hablar del caso Alsasua y podemos hablar de la realidad que se
está viviendo en Cataluña: denuncia continuada por parte de Amnistía Internacional y de relatores de la ONU, hasta cinco, que comentaron que las definiciones vagas y amplias de terrorismo podrían ser instrumentalizadas por los Estados para reprimir
actos pacíficos o limitar derechos humanos. Y en concreto con respecto a España, el relator denunciaba que España se precipitaba por una pendiente resbaladiza y se aplicaba la ampliación gradual del concepto de terrorismo a conductas que no
suponían ni tenían suficiente relación con la comisión de actos de violencia grave contra los ciudadanos. ¿Señor ministro, derogará o modificará el artículo 573.1? ¿Y derogará o modificará el 315.3? Digo el 315.3 porque aparece en su programa y,
sin embargo, hace unas semanas hemos vivido también detenciones en la realidad de la huelga general en Euskal Herria, y todavía esta última semana ha acudido la Guardia Civil o la Policía Nacional a casas de algunos de los piquetes. Leyes como
estas están generando demasiado sufrimiento, todavía lo están generando.


En segundo lugar, he de destacar que en el área de justicia se constata una situación de involución que en estos últimos años estamos viviendo en distintos ámbitos, tanto en lo político como en lo social. Podemos afirmar que según qué
aspectos de nuestra realidad social, las libertades están más constreñidas que incluso en el franquismo: el derecho de reunión y manifestación limitados, muestras de activismo político pacífico criminalizadas, por no hablar de la represión
silenciosa y cruel que suponen las multas aplicadas a toda persona o grupo que no se casa con la idea de orden que nos quieren imponer desde hace años; conductas amparadas por el derecho de reunión, expresión e información. En Euskal Herria se ha
aplicado esta ley hasta en más de 40 000 ocasiones. Para llevar adelante este ideario de orden son necesarias diferentes herramientas, y con respecto a lo que nos toca, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, la Ley mordaza, es un
ejemplo de ello. Esta ley es un claro ataque a los derechos y las libertades fundamentales. Efectivamente, es una ley que pretende desmovilizar a la ciudadanía y que deja un gran margen a la arbitrariedad policial. Hace unos días hemos conocido
una sentencia del Tribunal de

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Estrasburgo con respecto a la expulsión en caliente, práctica que fue sancionada en la disposición primera de la Ley mordaza con el eufemismo de rechazo en frontera, que vulnera las garantías recogidas en el Convenio Europeo de Derechos
Humanos. Abogamos por que se ponga fin a estas prácticas contrarias a los más elementales derechos humanos y atentatorias contra la dignidad de las personas. Una justicia punitiva no es preventiva, una justicia punitiva no tiene en cuenta las
personas ni sus realidades; una justicia punitiva tiende a ser injusta, señor ministro. ¿Derogará la Ley de la Seguridad Ciudadana?


En tercer lugar, defenderemos que la aplicación que se hace de la ley a las presas y presos vascos desde la excepcionalidad finalice, aplicación que en estos momentos incluso incumple su propia ley.


En cuarto lugar, me voy a referir a la Ley de la memoria histórica. Durante cuarenta años de dictadura franquista se cometieron violaciones masivas sistemáticas de derechos humanos como consecuencia de la represión político-social y laboral
llevada a cabo por los propios aparatos del régimen dictatorial franquista. En Euskal Herria no se olvidan los trágicos acontecimientos ocurridos en los Sanfermines de 1978, en los sucesos de marzo en Gasteiz ni los vividos en la semana
proamnistía. Hasta ahora ni una de las personas ha sido reparada por la justicia, ni uno solo de los responsables de tanto horror y dolor ha comparecido ante un juzgado o tribunal. Y ahora, cuando existía la posibilidad de tomar declaración a una
de esas personas con más responsabilidad en sucesos como los anteriormente mencionados, me refiero a la toma de declaración por parte de la jueza Servini a Martín Villa, este Ministerio de Justicia una vez más ampara a los criminales franquistas,
garantizándoles una situación de impunidad que contraviene frontalmente el derecho internacional sobre derechos humanos y el derecho penal internacional. Ante esta gravísima situación, nuestro grupo vuelve a reiterar la necesidad de modificar o
derogar la Ley de Amnistía, ya que vemos necesario revertir la situación de impunidad introduciendo el principio de legalidad internacional del Código Penal. Señor ministro, ¿modificará o derogará la Ley de Amnistía? Propondremos al Gobierno que
declare nulo de pleno derecho el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros del día 13 de marzo de 2015, por el cual se denegó la extradición de los imputados en la querella que se está tramitando en Argentina en virtud del principio de justicia
universal. La legislación española incorporó en 2004 delitos de lesa humanidad al ordenamiento jurídico español, y ello da pie a una interpretación interesada de la ley, por lo que declara prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad,
pero olvidan para ello el principio de legalidad internacional suscrito por el Estado español. Impulsaremos la modificación o derogación de la Ley de Amnistía; a pesar de que llegue tarde, será la única vía para comenzar a saldar la deuda con la
verdad y la justicia con las víctimas del franquismo, pues la verdad y la justicia son las únicas garantes para la no repetición.


Siguiendo con la memoria, quisiera recordar a José Arregui. Han pasado treinta y nueve años desde que José Arregui murió de una manera brutal a consecuencia de las torturas causadas por la Guardia Civil. Quiero realizar una referencia
importante al informe elaborado a petición del Gobierno vasco de Gasteiz por el forense Paco Echevarría sobre la realidad de la tortura en Euskal Herria. Se han documentado 4113 casos de tortura, sacando así parte del iceberg de una realidad vivida
que se trata de ocultar y de obviar, incluso existiendo denuncias admitidas por la ONU o la Corte Europea de Derechos Humanos que no han hecho cambiar a los sucesivos Gobiernos españoles. ¿Lo tendrá en cuenta, señor ministro? Dichos informes
sitúan la mayoría de los casos en la época de los ochenta. La tortura no solo no desapareció sino que su uso se acrecentó después de que se cambiara al régimen llamado democrático, declara recientemente Serge Portelli, jurista y expresidente de la
Corte de Apelación de Versalles. No quiero olvidar que, en el caso de Navarra, el propio Gobierno español presentó un recurso contra la orden del Gobierno de Navarra de destinar 30 000 euros a documentar hechos violentos provocados por grupos de
extrema derecha y funcionarios públicos donde figuraba el informe sobre la tortura. Ante esta realidad, señor ministro, defenderemos que se investigue y se conozca la verdad.


En quinto lugar, quiero traer a esta Comisión la realidad de las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia, hombres y mujeres que están buscando la verdad, con una escucha atenta, respetuosa y proactiva, en clave de reparación.
Para ello, es indispensable la no prescripción. Planteamos la modificación del Código Penal para que los delitos de abusos sexuales a menores no prescriban. Se ha demostrado que la prescripción actual es excesivamente temprana para estos delitos.
En la misma línea, pedimos la derogación del Concordato ratificado entre España y la Santa Sede, ya que confiere a la Iglesia un estatus privilegiado que, mucho nos tememos, nada ayuda al esclarecimiento de la verdad y la justicia respecto al tema
que abordo. Para finalizar con este tema, y reconociendo que no corresponde a esta Comisión, las y los profesionales que trabajan en la atención de los abusos sexuales y los temas relacionados con la violencia sexista nos dicen una y otra vez que
la educación afectivo-sexual en el ámbito de la escuela a

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niños y niñas profesionales de la educación, a la familia, a los servicios de atención psicosocial, policías y profesionales de la judicatura, son las mejores medidas de prevención, identificación y denuncia.


Por último, no quisiera finalizar esta intervención sin dejar de tratar el tema del Registro Civil. Usted se ha referido continuamente a la cercanía, a la gratuidad, a facilitar la justicia a las y los ciudadanos y, sin embargo, con la
aplicación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, lo situamos dentro de un proceso de privatización de la justicia en beneficio de los registradores privados. Nuestro grupo, teniendo en cuenta las consecuencias que conlleva el alejamiento del servicio
público en detrimento especialmente de quienes viven en el medio rural y reconociendo que no todo el mundo puede y sabe acceder a los servicios de Internet, abogamos por garantizar condiciones de igualdad en los servicios públicos de toda la
ciudadanía -tal y como ha repetido continuamente usted-. Por ello, es indiscutible que hay que garantizar que el Registro Civil sea un servicio público cercano a la ciudadanía y gratuito. Consideramos que estos servicios mejorarían siendo
competencia del Gobierno vasco y del Gobierno navarro.


Abogamos por la no judicialización de la vida política. Usted ha estado repitiendo continuamente la necesidad del diálogo como herramienta. El diálogo político es una buena herramienta para conseguir la justicia. Una sociedad con justicia
real es una sociedad en paz y necesitamos vivir con justicia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pozueta.


A continuación, por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.


Señor ministro, quiero felicitarle por su nombramiento y agradecerle sus explicaciones a esta Comisión, que en parte me he perdido por culpa del avión porque se nos ha retrasado.


No obstante, formando parte de los miembros de esta Comisión que hemos estado en otras legislaturas, hay que decir que llevamos tiempo debatiendo sobre la crisis de la justicia, que entiendo que ha sido parte de su exposición, y las medidas
a adoptar para paliarla. ¿Que el modelo de justicia está en crisis? Quizás habría que decir, como en alguna ocasión ha manifestado usted en esta Cámara, que es un modelo agotado, que las medidas incrementalistas no son suficientes -me refiero a
esas medidas de aumento de presupuesto o de aumento de plazas- y que quizá deberíamos abordar unos cambios organizativos, normativos y tecnológicos. Comentábamos en alguna otra sesión de anteriores legislaturas en esta misma Comisión que quizá,
aparte de cuestiones de lenguaje o de hermetismo de la propia justicia y de los operadores, uno de los déficit que solo el tiempo va a acabar paliando o depurando de la justicia es que -como nos decía aquí un antiguo compañero nuestro, Enric
Bataller, repasando alguna intervención suya- esta tiene un problema de legitimación social. En la medida en que se ha visualizado de cara a la sociedad que el Poder Legislativo tuvo una regeneración en las Cortes democráticas y que lo mismo
sucedió con el Poder Ejecutivo, con los cambios de distintos partidos en el Gobierno, no ha ocurrido lo mismo con el Poder Judicial, que ha tenido una imagen de continuidad, de falta de cambio, y eso le ha impedido de cara a la sociedad la
visualización de que es un Poder Judicial nuevo; en realidad, se le visualiza como el Poder Judicial que existió y que es el mismo que sigue existiendo y quizás ese sea uno de sus problemas o de sus realidades que solo el paso del tiempo -veremos-
ayudará a coadyuvar.


Dentro de esos cambios organizativos, normativos y tecnológicos que comentaba que quizá sean los necesarios para esta crisis de la justicia, en la Legislatura XIII se creó en esta misma Comisión una subcomisión para analizar todas las
circunstancias que rodeaban a la justicia y qué cambios podrían acometerse en las distintas áreas. Ahí nos quedamos a medio camino. Esta legislatura es nueva, nace ex novo, no tiene ninguna vinculación con las anteriores, por supuesto, pero sí me
gustaría preguntarle qué pasará con aquellos trabajos que quedaron a medio hacer, por decirlo así. Hubo bastantes preacuerdos, del orden de un centenar -todos preliminares, es cierto, ninguno cerrado- y quisiera saber qué voluntad tienen su
ministerio y usted respecto a, si no retomar esos trabajos, sí usar esa documentación para, con el resto de esta Comisión, poder ir abordándolos -porque creo que fue un abordaje bastante intenso y honesto, con mayor o menos éxito, eso ya se vería si
se aplicaran- y ver qué medidas se podrían ir adoptando.


Hablaba de cambios organizativos. Ahí abordamos la demarcación y la planta, los juzgados de Primera Instancia, el ingreso y la carrera, la Nueva Oficina Judicial, la NOJ, la formación y una serie de aspectos que estaban más o menos tratados
y que son los problemas permanentes. En las reformas normativas, a pesar de que me he incorporado tarde, he entendido que la Ley de Enjuiciamiento Criminal era una de ellas. Ha habido dos modelos, dos proyectos, bastante acabados los dos, bastante
viables, y que entiendo que habrá que hacer una labor de casarlos si queremos reformar ya la Ley del siglo XIX -de 1886, creo

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que era-. Directamente vinculado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal está la Ley Orgánica del Ministerio Fiscal. Es una ley preconstitucional y creo que las soluciones que puedan adoptarse en la Ley de Enjuiciamiento Criminal van
directamente enhebradas con un nuevo estatuto fiscal. No voy a decir por la independencia, pero sí para reforzar la autonomía, autonomía no solo del fiscal general con el Gobierno, sin perjuicio de la política criminal, sino también del fiscal del
caso y una cuestión de la que hemos hablado mucho: la colegiabilidad de la institución.


Del Código Penal ya se ha hablado aquí. A mi grupo le preocupa especialmente, además de lo que han señalado otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra -seguramente, también estaré conforme con lo que vayan a decir los
siguientes portavoces-, los llamados delitos de opinión, incluidos en esos delitos los mal llamados delitos de odio. Los delitos de odio tienen que reconducirse a la naturaleza de la institución. Son manifestaciones contra grupos que están en una
posición débil en la sociedad. No puede haber un delito de odio contra el Gobierno ni contra un ministro, obviamente, porque son delitos que se crearon para proteger a las minorías o a los grupos minoritarios.


La Ley de mediación. Es un proyecto que empezó con fuerza y que finalmente se ha quedado un poco lánguido. En el orden civil y en el contencioso-administrativo son dos ámbitos que necesitan desarrollarse, sin perjuicio de que en el
contencioso-administrativo las competencias son irrenunciables e imprescriptibles. En fin, la negociación es un poco más complicada, pero se debiera hacer un esfuerzo.


La justicia universal. Es otro de los temas recurrentes en esta Cámara y en esta Comisión. La reforma de 2009 ya introdujo puntos de conexión y fragilizó el concepto de justicia universal y definitivamente la reforma de 2014 estableció un
punto de conexión que va contra la naturaleza de la justicia universal. España tiene que tener una conexión directa con el asunto porque la justicia universal, como todos conocemos, protege valores universales y no estatales y consideramos que, en
esa medida, ha quedado totalmente desvirtuada.


La Ley de la memoria histórica. No voy a decir más de lo que ya se ha dicho y se dirá. En 2007 hubo un gran avance, pero nos quedan varios temas importantes, aparte de lo que dijo la vicepresidenta en esta misma sala en la Comisión
Constitucional. Yo apunto que la reparación del expolio de personas físicas y jurídicas está pendiente, la nulidad de las sentencias -un tema que usted conoce y que hemos traído aquí en innumerables ocasiones- y la retirada de condecoraciones y
pensiones anexas.


La Ley reguladora del Derecho de Defensa y la discapacidad para el pleno cumplimiento de la Convención de Nueva York de 2006. Habría que modificar la legislación civil para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales suscritos por el
Estado. El Registro Civil es una cuestión recurrente desde la reforma que fue aprobada pero cuya entrada en vigor quedó suspendida. Todos los veranos, hacia el mes de julio, nos encontramos con un decreto-ley que prórroga un año o dos años más la
entrada en vigor por la dificultad de un modelo que, desde mi punto de vista, es ingestionable.


La protección de testigos. Es una ley que hay que actualizar. Nació cubriendo unas necesidades, pero hoy en día ya no tiene potencialidad, máxime cuando tenemos que trasponer una directiva -que supongo que corresponderá a su ministerio-
recientemente publicada, a finales del año pasado, y que vence en 2021, de protección de testigos denunciantes de infracciones contra el derecho comunitario. Aquí hemos tenido unos proyectos de infracciones de protección de denunciantes de
corrupción, pero creemos que se pueden hilar los dos asuntos, la directiva y la cuestión que está pendiente en la Cámara.


Finalmente, una cuestión que también se debe abordar es una reconsideración de aquella normativa, no muy lejana, que permitió la inmatriculación de bienes a la Iglesia. Por lo menos hay que revisar el uso -que parece que no siempre ha sido
muy razonable- en la inmatriculación de estos bienes.


Sin ningún otra cosa que comentar, y disculpándome por haber llegado tarde, muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señor ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.


Tiene la palabra a continuación, por el Grupo Ciudadanos, el señor Bal Francés.


El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenos días, señor ministro, y enhorabuena por su nombramiento. Sabe que le tengo un gran respeto; nos conocemos desde hace muchos años, pero le tengo que hablar de esa melancolía que compartimos usted y yo por la falta de medidas en
materia de justicia durante estos últimos cuarenta años. Ustedes y el Partido Popular han estado gobernando este país, a veces incluso con mayorías absolutas; sin embargo, se han despreocupado de una forma absolutamente irresponsable del estado de
ese servicio público de la justicia. No le voy hablar, como es evidente, de la presunta injusticia de sentencias que se han dictado por

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los tribunales de este país con plenitud de respeto de garantías constitucionales. No le voy a hablar, como es evidente, de que con Franco vivíamos mejor, como dice su socio de Gobierno, Bildu, por el cual y con cuya investidura está usted
ahí sentado como ministro de Justicia. No le voy a hablar -claro- de presos políticos, como hace el vicepresidente segundo de ese Gobierno de coalición del que usted se muestra tan ufano. Le voy a hablar, en primer lugar, del problema de la
independencia de la justicia, de cómo el grupo Greco coloca a España en una situación complicada porque la totalidad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por el poder político en lugar de por los propios jueces y
magistrados. La sociedad civil muestra unos grados de credibilidad en la politización de la justicia que nos sitúan como segundo país a la cola de Europa y las asociaciones judiciales también lo ponen de manifiesto. El propio Tribunal
Constitucional, en su sentencia de 1986, que validó el sistema de selección de estos veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, se decantaba claramente por que doce vocales fueran elegidos no solo de entre jueces y magistrados, sino
también por jueces y magistrados.


Desde la XII Legislatura mi grupo parlamentario ha presentado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder hacer operativo este deseo que yo le pregunto si a usted le parece bueno; si le parece bueno que la mayor parte del
órgano de gobierno de los jueces, esos doce vocales, sean elegidos por jueces y magistrados en un sistema que garantice que las asociaciones judiciales no monopolicen a los candidatos, como el que propone mi grupo parlamentario. Se puede presentar
cualquier magistrado solo con veinticinco avales y cada magistrado emite un voto con seis nombres. De esta forma es imposible que unas u otras asociaciones monopolicen o tengan la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, garantizando esa
pluralidad. Pero no solamente es eso. En ese proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial también hemos invocado siempre la necesidad de la cobertura de los puestos de dirección, sobre todo de los órganos colegiados, por mérito y
capacidad y no a través de sistemas de nombramiento discrecional por parte del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, hemos invocado la evitación de las puertas giratorias, y le voy a pedir disculpas de antemano por referirme a su caso,
precisamente a su caso. Acabamos de ver en el 'Boletín Oficial del Estado' -me congratulo por ello- que le acaban de dar la plaza de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, cuando usted no dicta una sentencia desde el año 2000. Resulta
que la carrera judicial o la promoción judicial se realiza en el Congreso de los Diputados en lugar de en esos juzgados con pocos medios, llenos de papeles, con jueces que denodadamente dictan sentencia y gracias a su voluntad se mantiene el
servicio público de la justicia; sin embargo, no tienen ninguna posibilidad de ascender, ni una remotísima posibilidad de llegar al Tribunal Supremo, anclados en los lugares donde se encuentran, mientras que tres ministros de este Gobierno, usted,
Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, magistrados, han sido los tres vocales del Consejo General del Poder Judicial. ¿Está es la carrera judicial que nosotros queremos? ¿La que se realiza en esta sala, la que se realiza en este edificio?
¿O la que se realiza en los juzgados y tribunales de España?


No le va a sorprender que le diga que también nos tiene muy preocupados la independencia que se debería exigir a la fiscal general del Estado. Es una anomalía democrática intolerable que se presente como candidata quien ayer era ministra de
Justicia, quien fue diputada del Partido Socialista y quien se presentó como número cinco de la lista por Madrid. ¿A usted esto le parece bien? Me imagino que sí cuando fue su jefe, Pedro Sánchez, el que anunció a bombo y platillo este
nombramiento. Nosotros también desde la XII Legislatura propusimos una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que nombramientos como este fueran imposibles, exigiendo una desvinculación política clara del candidato a fiscal
general del Estado y su nombramiento por consenso del Congreso de los Diputados y no por el Gobierno. ¿Va a garantizar usted la independencia de la fiscal general del Estado cuando ayer era la ministra de Justicia? ¿No cree usted que cuando el
artículo 59 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal habla de la despolitización de los fiscales no solo se refiere a los fiscales, sino sobre todo a quien manda en los fiscales, el fiscal general del Estado? ¿Comparte usted aquello que dijo
Pedro Sánchez: '¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno'? Pues, eso. ¿Cree usted que la fiscal general del Estado debería abstenerse en supuestos como, por ejemplo, la denuncia que mi grupo político ha presentado por los hechos que tuvieron
lugar en la manifestación del Orgullo o por las presuntas filtraciones que pudo haber del informe de la Abogacía del Estado pidiendo la excarcelación temporal del señor Junqueras a consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea? ¿O cree usted que se debe abstener en el caso Villarejo la señora Delgado? Nunca se reveló más inidónea la elección de una persona para el cargo de fiscal general del Estado.


En materia de regeneración política, ¿está usted de acuerdo con acabar con los aforamientos? No se sabe muy bien cuál va a ser su opinión en este tema y es algo que también preocupa mucho a mi grupo

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político. ¿Entra dentro del pacto con Esquerra Republicana de Catalunya la modificación del Código Penal que usted está avanzando? ¿De verdad cree usted que nos vamos a creer que trata de equiparar el delito de sedición a los países de
nuestro entorno, cuando en el caso que nos ocupa en concreto -es decir, el de la sedición con hechos violentos- nos encontramos que en Alemania se establecen penas muy graves y que en Francia se establecen penas también muy graves? ¿No es una
modificación de caso concreto? ¿Existe una intencionalidad política en esa modificación? ¿Trata usted de rebajar las penas? Si es verdad lo que dice esta mañana el diario El Mundo, ¿va usted a establecer un tipo de sedición con malversación?
¡Pero qué disparate es ese! Si la malversación agravada, además de 250 000 euros, lleva aparejada una pena de doce a veinte años, ¿la sedición con malversación llevará aparejada una pena más baja que la malversación sola? ¿O va a modificar usted
también el delito de malversación? Sería muy poco progresista, por cierto. ¿Ha pactado o va a gestionar su ministerio los indultos a los presos de esa sentencia que conocemos como el caso del procés? ¿O no vale con los indultos y hace falta la
amnistía? ¿Cree usted que es constitucional la amnistía, cuando nuestra Constitución prohíbe los indultos generales en su articulado? ¿Tiene usted en mente la amnistía? Si se lleva a cabo esa tropelía de reformar el Código Penal para un caso
concreto -que no de otra forma se puede calificar-, se estará quebrando fuertemente el principio de igualdad ante la ley sobre la idea de una aplicación retroactiva de ley más beneficiosa y con el objeto de que les aprueben unas leyes de
presupuestos, con el objeto de que no les retiren un apoyo político. Sería una vergüenza para este país, ya se lo digo.


¿Qué opina usted sobre los consejos territoriales de justicia que reclaman el País Vasco y Cataluña? ¿Va a romper usted la unidad del Poder Judicial en contra del criterio que ya ha expresado el Consejo General del Poder Judicial y como
expresa algún real decreto que se ha emitido mientras gobernaban ustedes, aunque no era usted el ministro? Me congratula escuchar que pretende usted que los sistemas informáticos de las comunidades autónomas que tienen transferidos los medios
personales y materiales sean compatibles con los del Estado, pero ¿va a crear de una vez una alta inspección en la Administración de Justicia? ¿Va a equiparar usted las retribuciones de oficiales, auxiliares y agentes -y perdóneme que siga hablando
con la denominación tradicional; soy un poco mayor- en los territorios de las comunidades autónomas que cobran un complemento autonómico, mientras que los peor pagados son los del territorio Estado y todos los sindicatos de la Administración de
Justicia se quejan de esto? ¿Va a haber dinero? ¿Va a unificar usted los salarios iguales por trabajos iguales?


Sobre la organización de la Administración de Justicia ya se ha dicho que el 30 de junio termina el plazo de prórroga de la Ley del Registro Civil y lo quieren ustedes concentrar en las capitales de las provincias. Van a dejar 8000 pueblos
de España sin Registro Civil. ¿No ha pensado usted también en los riesgos de la despoblación? ¿Cómo va a sacar usted de los pueblos a un montón de funcionarios para situarlos en las capitales de provincia? ¿Van a hacer ustedes algo? ¿Van a
volver a prorrogarla? ¿Van a pensarse esta organización?


¿Quiere usted reformar de verdad el acceso a la carrera judicial? ¿Qué problema hay en el acceso a la carrera judicial? ¿Han diagnosticado algún problema o, por el contrario, se refiere usted a las opiniones que muestra, por ejemplo, el
vicepresidente segundo del Gobierno cuando habla del brazo judicial armado de la derecha o cuando el presidente del Gobierno en su discurso de investidura le dijo a Pablo Casado que utiliza artimañas o argucias judiciales para referirse a sentencias
judiciales? ¿Es que late una desconfianza del Gobierno sobre el sistema de acceso y selección de jueces y magistrados en nuestro país? ¿Existe este problema solo en la judicatura o también existe en los cuerpos de la Administración? ¿O quizá en
estos no existe tanto problema porque esos cuerpos son mucho más dóciles que los jueces y los magistrados, que son la última garantía del Estado de derecho en España?


Me alegra que diga usted que va a ocuparse de tratar de reformar la planta judicial, pero no se escude en ello solamente. No me diga, como le he escuchado alguna otra vez, que tampoco tenemos tanto problema de medios, sino que hay que
racionalizar mejor la organización, porque no es cierto. Tenemos 12 jueces por cada 100 000 habitantes y hay que llegar a 20. Somos de los peores países de Europa. Me alegra que diga que va a fomentar la oferta de empleo público de jueces y
magistrados, pero a ver si lo hace de verdad, porque se lo escuché también a la anterior ministra que va a ser fiscal general del Estado y no lo hizo. Hágalo de una vez. Pida el dinerito para cubrir esas plazas, que nos hacen mucha falta. ¿Tiene
algún calendario para la reforma de la planta judicial? ¿Ha pensado usted en una nueva evaluación de cargas de trabajo y de necesidades de los jueces para que su productividad sea mejor? ¿Quiere usted preocuparse de la carrera de jueces y
magistrados, como le he dicho yo antes, dado que están ellos muy preocupados precisamente porque se encuentran bloqueados en sus destinos y no pueden ascender?

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¿Se ha preocupado usted de los interinos de la Administración de Justicia? Los esclavos de la Administración de Justicia, deberíamos decir. ¿Ha cuantificado o piensa cuantificar el número de interinos que existen en la Administración de
Justicia? ¿Cuántos prestan servicio durante más de tres años? ¿Cuándo ha habido una sucesión de nombramientos, ingente en determinadas personas?


La señora PRESIDENTA: Debe terminar, señor Bal. Le queda un minuto.


El señor BAL FRANCÉS: Muy bien.


¿Cuál es el promedio de estas relaciones? ¿Cómo afectan a las mujeres que tienen cierta edad y no van a poder reinsertarse en el mundo laboral? ¿Cuáles van a ser los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
precisamente sobre estos aspectos? ¿Se va a convertir en indefinida esta relación? ¿Va a existir una indemnización en caso contrario? Llevo tantos años escuchando lo de la de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que le daré todo mi apoyo
si pone esta reforma en marcha. Pero hay otras cosas. ¿Qué pasa con la multirreincidencia en los hurtos? ¿Qué pasa con la ocupación ilegal de viviendas?


Como se me agota el tiempo, no se preocupe que en mis cinco minutos de réplica seguiré ahondando en los problemas de verdad de la justicia fuera del vocabulario grandilocuente que usted utiliza, señor ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal. Su tiempo ha terminado.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Alonso-Cuevillas.


El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenos días, señor ministro. En primer lugar, permítame felicitarle de nuevo, como ya he hecho en privado, por su nombramiento. Le conozco desde hace muchos años, desde que usted era vocal del Consejo General del Poder Judicial, uno de los
consejos más politizados que hemos padecido hasta la fecha. Yo era en aquel entonces vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia. Por lo tanto, son muchos
años ya de conocimiento recíproco y no dudo de su sobrada capacidad jurídica, así como es importante también destacar su dilatada experiencia política. Le doy la enhorabuena y le deseo grandes éxitos. Creo no equivocarme, señor ministro, si afirmo
que nunca en la historia la cartera de Justicia ha tenido tanta relevancia política como está llamada a tener en esta legislatura. Esta legislatura afronta grandes retos de todo tipo, pero centrándonos en la materia que ocupa a esta Comisión y a su
departamento, algunos de los más relevantes retos de la legislatura deberán abordarse en esta Comisión y en su departamento.


En el tiempo que tenemos, voy a centrarme en tres aspectos concretos. En primer lugar, padecemos un grave conflicto territorial; conflicto político que jamás debió salir de la política y que jamás debió ser judicializado. Por otro lado,
padecemos -alguno de los intervinientes anteriores ya ha hecho referencia a ello- una grave politización de la justicia, de cuya cúpula una parte significativa ha decidido ponerse el uniforme de batalla en la sempiterna lucha entre la España que
muere y la España que bosteza. Por último, demasiado tiempo ha tenemos pendiente -usted se ha referido a ello- la reforma de nuestro sistema judicial para hacerlo verdaderamente eficiente y transparente, para que, como servicio público que es, como
usted ha destacado, pueda dar adecuada respuesta a la tutela judicial efectiva que piden nuestros ciudadanos. Para afrontar todos estos retos hará falta, señor ministro, mucha valentía; mucha valentía política y también mucha valentía jurídica.


Empecemos, brevemente, con el conflicto territorial en Cataluña, al que usted no ha hecho referencia, y lo he echado en falta. Como sabe, en 2002, cuando a España le preocupaba el Plan Ibarretxe, se tipificaron en el Código Penal una serie
de delitos, convocatoria ilegal de referéndum, organización de referéndum, financiación de referéndum ilegal, castigados con una pena de tres a cinco años. Aparcado el Plan Ibarretxe, en 2005, con el Parlamento que teníamos en el primer Gobierno de
Zapatero, esos delitos fueron destipificados. Es interesante mirar el Diario de Sesiones de la época, porque algunas voces de la derecha ya decían: ¡Cuidado, que nos quedamos sin instrumentos penales si algún día un parlamento, de forma pacífica,
pretende declarar la independencia de una parte del territorio! Y con buen criterio, los representantes del Grupo Parlamentario Socialista dijeron: Eso no es necesario, porque el derecho penal es la última ratio, tenemos otros instrumentos
jurídicos y será suficiente con una declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional.

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Llegó el 9 de noviembre de 2014, que se saldó, como es sabido, con una desobediencia; desobediencia, por cierto, que se produjo con un flagrante overruling jurídico, porque hasta 2014 desobedecer al Tribunal Constitucional jamás había sido
delito, ya que lo habían desobedecido el Gobierno central, la Sala segunda del Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado, Gobiernos y parlamentos autonómicos, yo creo que había una federación española de desobediencia al Tribunal
Constitucional. Como digo, se produce ese overruling y las condenas por desobediencia. Pero como eso no consiguió doblegar a esa fuerza independentista que hay en Cataluña, se activó el Tribunal de Cuentas, pensando que a los catalanes se nos toca
casi más por el bolsillo que por la libertad, y por el camino, en el nefasto último año de la mayoría absoluta de Rajoy, con el ministro Catalá, se activaron una serie de reformas legislativas que usted conoce sobradamente: la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, con unas facultades de autotutela sin parangón en el derecho comparado; la Ley mordaza, a la que se ha hecho referencia también; la modificación del Código Penal, entre otras cosas, para establecer una nueva modalidad
comisiva de la malversación, sin parangón tampoco en el derecho comparado, que era la malversación sin ningún tipo de apropiación; los siete parcheos de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, etcétera.


Así llegamos a octubre de 2017. Ya tenemos creado el escenario: el Tribunal Constitucional prohíbe, apercibe, se pone en marcha una primera ola penal con malversación y desobediencia y el fiscal general de la época va diciendo: ¡Cuidado,
que si declaráis a finales de octubre esa independencia que estáis diciendo en lugar de convocar elecciones procederemos por rebelión! Y efectivamente así se produce. Ante la falta de aquellos tipos derogados en 2005, se echa mano del Código Penal,
la desobediencia parece poco castigo, incluso la malversación, y piensan: vamos a ver qué tenemos por aquí. Entonces, se acusa por rebelión y para que no se escapen, para que no pueda haber un problema de cambio de tipo penal, la Abogacía del
Estado contempla todo el abanico y procede a acusar también por sedición. Así llegamos hasta la conocida sentencia de octubre de 2019. Sentencia, a mi juicio, injusta. Yo no soy imparcial, soy abogado de parte. Como es sabido, soy abogado del
presidente Puigdemont y de otros miembros de su Gobierno; por tanto, yo soy parcial. Quiero decir que eso que digo yo -que lógicamente puede usted tildarme de ser poco imparcial, de ser absolutamente parcial- es una opinión coincidente con un
manifiesto suscrito por la mayoría de catedráticos de Derecho Penal de universidades españolas, por diversos magistrados y fiscales, curiosamente todos ellos jubilados o en excedencia, por el grupo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, por
algún relator de Naciones Unidas, por Amnistía Internacional y por diversos grupos internacionales de juristas. Todo ello lo he desarrollado -voy a hablar de alguno de mis libros- en un libro que no es imparcial, pero que intenta ser riguroso.
Como imagino que usted no tendrá demasiado tiempo para leer un panfleto separatista, se lo dejaré a su excelente equipo. Espero que ellos sí puedan leerlo y, como mínimo, contrastar opiniones.


En todo caso, comparta o no mis argumentos, que probablemente no los compartirá, tanto usted como la propia Sala segunda son muy conscientes del elevadísimo riesgo de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabe anulando la sentencia
del procés. No lo digo yo, lo ha digo alguien mucho más cercano a usted que yo, que es el magistrado, el catedrático, el profesor don Luis López Guerra en el último monográfico de Teoría y Derecho, de diciembre de 2019. Me temo que el riesgo de
que la justicia europea acabe revocando esa sentencia, con grave descrédito para la justicia española, como dice López Guerra, es muy elevado. Convendrá conmigo en que la sentencia es, como mínimo, discutible y en que hay un elevado riesgo de que
la justicia europea acabe dando un revolcón a la justicia española.


Por eso le exhorto a que se anticipen y sean valientes, a que deroguen completamente tanto el tipo de sedición como el de malversación sin apropiación. En Alemania se derogó en el año 1970, en Francia e Italia exigen violencia instrumental
y está castigado con un año de arresto. Por tanto, no nos vengan con argumentos de derecho comparado. Deroguen, no suavicen, porque eso no va a solucionar el conflicto, no lo va a desatascar y seguirá manteniendo abierta la puerta a que se acuda
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Háganlo, además, para demostrar que son una izquierda homologable a la europea. La derecha seguirá protestando igual. Hasta ahora, hemos oído a la parte -se supone- más moderada de la derecha, pero nos
quedan dos intervenciones. Usted tiene la ventaja de que haga lo que haga, tanto si hace como si no hace, la derecha va a protestar igual; no espere ningún consenso, como ya hemos visto, ni ningún acompañamiento. Por tanto, sean valientes.


Entro ya, muy rápidamente, en el segundo bloque: la politización de la justicia. Los datos son demoledores. Los datos del Eurobarómetro de la Unión Europea, el específico de justicia, señalan que en cuanto a la percepción ciudadana
respecto a la lucha contra la corrupción, España era el segundo país

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por la cola en la Unión Europea, justo solo detrás de la República Checa. Y cuando se preguntaba a los ciudadanos de todos los países europeos sobre aplicación igualitaria y no discriminatoria de la ley, España era la campeona europea por
la cola: un 64 % de españoles manifiestan tener poca o ninguna confianza en la justicia. Percepción, además, injusta para los más de 5500 jueces y magistrados que hacen una labor encomiable con una gran carestía de medios. Como usted ha señalado,
en euros per cápita estamos por encima de la media europea. Por tanto, el problema no es ese -habrá que mejorar, por descontado-, sino de transparencia -usted ha hablado de calidad, yo lo defino como transparencia- y de organización.


La politización de la cúpula -ya se ha advertido por algún otro interviniente- del Consejo General del Poder Judicial, los informes Greco, pero lo podríamos trasladar también al Tribunal Constitucional, al ministerio fiscal, a la Abogacía
del Estado, al Tribunal de Cuentas y a la Junta Electoral Central. Todas esas cúpulas judiciales y parajudiciales, están muy escoradas, como es sabido, a la derecha, con un doble efecto: una ineficaz lucha contra la corrupción, como se ha podido
comprobar en casos notorios y recientes, y una excesiva utilización represiva de la Justicia. Todos esos órganos se han erigido hoy en guardianes, entre otras cosas, de la unidad de España, porque esa carta blanca se la dio el propio presidente del
consejo al decir que la unidad de España era un mandato directo a todos los jueces y magistrados, como estamos viendo actualmente con los fiscales oponiéndose a unos tratamientos penitenciarios que no serían objeto de discusión si se tratara de otro
tipo de causas. No lo permitan, porque eso no solo alimenta y acrecienta el conflicto político, sino que, además -téngalo claro, señor ministro-, los adversarios ahí no somos solo los independentistas catalanes, sino también ustedes, la izquierda,
porque la lucha es contra todo el que se atreve a desafiar el statu quo de algunos poderes dominantes. Una respuesta represiva amenaza libertades y derechos de todos los ciudadanos. La sentencia del procés permite que hoy se criminalice por
sedición cualquier protesta en cualquier lugar de España, sea en Cataluña, sea en Alsasua, sea en el País Vasco o sea en Murcia o en León.


Entro ya, muy brevemente, en el tercer bloque, sobre la eficiencia de la justicia. Pese al elevado presupuesto, tenemos una de las peores tasas de pendencia de la Unión Europea, una duración promedio de los procesos superior a la media
europea, y además tenemos el triste récord de ser los subcampeones en duración en algunas materias, siendo especialmente grave en materia civil y en materia laboral, siendo los segundos en Europa, solo por detrás de Italia, en materia de
insolvencia. Hay mucho trabajo por hacer. Es cierto que se empezaron entre 2009 y 2011 una serie de reformas positivas, pero quedaron truncadas por el cambio de mayorías parlamentarias.


Sobre esta materia está casi todo dicho. Usted ha citado la ACP, la Commisión Européenne pour l'efficacité de la Justice, que efectivamente lo tiene muy trabajado. Me permitiré dejarle a su equipo otro libro en el que analizo todo esto,
que, además, no es partidista; es un libro que escribí en 2015 cuando solo era un catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona y ni siquiera conocía a Puigdemont. No vea ahí ningún tipo de partidismo. De otros temas como el de
Alecrim ya hablaremos en su momento.


Acabo, señor ministro, deseándole suerte y reiterando la exhortación a la valentía en los tres ámbitos que le he dicho. En esa dirección les acompañaremos para desatascar el conflicto político, para poner coto a la derecha judicial y
parajudicial y para avanzar hacia una justicia más eficiente y transparente. Como le decía, la derecha vociferará...


La señora PRESIDENTA: Debe terminar, señor Alonso-Cuevillas.


El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Según mi cronómetro, me queda un minuto y treinta y dos segundos.


Acabo ya, señora presidenta, diciendo que sean valientes porque la derecha vociferará en cualquier caso. Cabalguen ustedes con independencia del ruido que oigan. Les deseo valentía y mucha suerte.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alonso-Cuevillas.


A continuación, por el Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, gracias por su comparecencia. Es evidente que nos toca darle la vuelta como a un calcetín a toda la justicia. Tenemos un Poder Judicial que no representa a la sociedad a la que debe dar respuesta. En mi intervención de hoy
voy a ir repasando varios temas, hay muchísimos, pero hemos tenido que priorizar por el tiempo que tenemos. En primer lugar, tema de justicia universal. El Estado español no se puede permitir volver a tener una noticia como la que tuvimos hace
unos días en la que se

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manifestaba que el Gobierno de Pedro Sánchez se había negado a que la juez María Servini tomase declaración a Rodolfo Martín Villa, ministro de interior en el primer Gobierno posterior a la muerte del dictador Francisco Franco, en el marco
de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Pues bien, el principio de justicia universal es una conquista irrenunciable de toda la humanidad y en particular de las sociedades democráticas y un avance decisivo en la defensa de los
derechos humanos universalmente reconocidos en una sociedad global. El derecho internacional vigente obliga a los Estados a perseguir, por su especial gravedad, ciertos crímenes internacionales, se produzcan donde se produzcan y con independencia
de la nacionalidad o residencia de las personas agresoras y de sus víctimas. Porque conductas tan odiosas, que además permanecen en la impunidad, transcienden a las víctimas, ofenden a toda la humanidad y ponen en peligro los principios generales
de la civilización consagrados por las normas protectoras de los derechos humanos fundamentales. El Estado español ha asumido distintas obligaciones internacionales en materia de justicia universal y tiene el deber de hacer comparecer ante la
justicia a los autores de delitos de derecho internacional. Lo que supone la obligación de promulgar y hacer aplicar la legislación estatal que disponga que estos delitos de derecho internacional son también delitos de derecho interno, donde quiera
que se hayan cometido, independientemente de quién los haya cometido o quién sea la víctima. La existencia de una legislación sobre la aplicación efectiva del principio de justicia universal supone garantizar que se rindan cuentas por todos los
crímenes de derecho internacional. En noviembre del año 2019 la jurisdicción universal fue objeto de una importante reforma que limitó considerablemente su ámbito de actuación, supuso restringir la competencia de la jurisdicción española al
introducir la exigencia de un necesario vínculo de conexión relevante con España y además en contra del principio de concurrencia que rige la jurisdicción universal, que no se hubiera iniciado un procedimiento sobre aquellos hechos. En marzo de
2014 la reforma que se aprobó fue mucho más allá, hasta llegar a liquidar el principio de jurisdicción universal tras haberse limitado su alcance en 2009. En el Estado español no se puede desconocer la realidad de la jurisdicción universal,
ratificada además por el Tribunal Constitucional, por lo que la justicia universal no tiene condicionamientos ni limitaciones por razón del país o sujetos activos y pasivos del delito.


Segundo punto, el turno de oficio. Hace poco más de un año y medio era abogada del turno de oficio en materia de derecho penal. Soy perfectamente conocedora de las carencias que padece el turno de oficio y los profesionales que damos
servicio, un servicio totalmente vocacional y un servicio público que damos a la ciudadanía. Es necesario reformar y, sobre todo, es necesario mejorar los módulos de financiación y de pago de los abogados y abogadas que prestamos el turno de
oficio. Se nos infravalora cuando se hace un trabajo ingente, un trabajo que totalmente va más allá de la propia obligación como abogado y para garantizar el derecho de defensa. Es necesario darle ese valor que debe tener el turno de oficio.


En cuanto al Consejo General del Poder Judicial, es evidente que debe replantearse una reforma íntegra del sistema de nombramientos. Hace dos legislaturas tuvimos la oportunidad de cambiarlo, pero los intereses de algunos partidos vencieron
y la oportunidad se perdió. Todo eso a pesar de las advertencias y recomendaciones, como ya han comentado también mis compañeros, del Consejo de Europa en su famoso informe Greco, que han reprochado el mecanismo actual en distintas ocasiones, ya
que no se percibe como imparcial ni independiente. Qué decir de la cúpula del Consejo General del Poder Judicial que hace más de un año que se mantiene en funciones, aun así su presidente, don Carlos Lesmes, que ocupa este cargo desde el año 2013,
ha ido un paso más allá, extralimitándose de sus competencias y ha nombrado a decenas de nuevos magistrados de la cúpula judicial condicionando la justicia para los próximos 20 años y ya ha anunciado que en marzo volverá a nombrar más magistrados.
Don Carlos Lesmes, un seleccionador incondicional de jueces conservadores afines al Partido Popular. Se debe de terminar ya, pero ya, y es urgente, con la politización de la justicia.


Reforma del Código Penal, es necesaria esta reforma íntegra del Código Penal, pero no solo para actualizar la esencia y el punto de vista del mismo, sino para corregir y eliminar algunas de las recientes reformas: la introducción de la
prisión permanente revisable y otros artículos que incrementan la capacidad punitiva del Estado, la reforma de la ley en materia de delitos de terrorismo, la indeterminación de los mismos y hasta un largo etcétera que podría plantearle. Es
necesario reformar el Código Penal en el sentido de ampliación del delito de prescripción en cuanto a los menores, la protección de los menores. Es evidente, como también ha comentado ya mi compañera de Bildu, que ahora mismo no se está protegiendo
a los menores que han padecido abusos y agresiones sexuales. En este sentido, desde nuestro grupo parlamentario, desde Esquerra Republicana, ya presentamos en otras legislaturas distintas propuestas sobre este ámbito.

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En cuanto al uso de las lenguas cooficiales, los datos de la Administración de Justicia son demoledores. Europa ha tirado de las orejas al Gobierno español, porque no cumple con la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias,
solo el 7,7 % de las sentencias dictadas en Cataluña son en catalán. En diez años se ha pasado del 17 al 7,7 % y seguimos empeorando. Solo queda una solución que hemos reclamado por activa y por pasiva, desde Esquerra Republicana, y que no es otra
que se devengue como un requisito. Un requisito que será la única manera de que la lengua sea utilizada, entre otras cosas porque es un derecho del justiciable. La Administración de Justicia y la justicia son un derecho público y en consecuencia
deben de poder atender a los ciudadanos de manera y forma que puedan ser comprendidos por estos.


Ley de Demarcación y Planta Judicial, que también ha comentado usted en su intervención, en cuanto al número de jueces por habitante, España se sitúa, como ya hemos dicho, a la cola de Europa. Mientras que en países como Alemania o Portugal
tienen una media de 25 y 20 jueces por cada 100 000 habitantes, el Estado español solo tiene 11. Debe mejorarse esta ratio de jueces, que es de 11 jueces por cada 100 000 habitantes, mientras que en Cataluña es de 10 por cada 100 000. Necesitamos
nuevos órganos judiciales para garantizar un servicio público tan básico como es la justicia. Solo en Cataluña necesitamos como mínimo 70 jueces más para igualar la ratio. La sobrecarga de trabajo de jueces y magistrados, que usted también
conocerá, harta conocida por todos nosotros, colapsa los juzgados y genera impunidad para los investigados, especialmente en casos complejos como el de la corrupción, tal como ya he anunciado en numerosas ocasiones Jueces para la Democracia.


Los juzgados uniprovinciales, en ese sentido Esquerra Republicana quiere denunciar una vez más la grave situación que sufren los juzgados uniprovinciales encargados de dar respuesta a las demandas en las cláusulas suelo y próximamente en las
demandas por el IRPH, en un intento para ahuyentar a los miles de clientes afectados por el abuso de la banca. Una decisión que fue política en su momento. Una decisión pésima, que tiene como único objetivo salvaguardar los intereses de las
grandes entidades financieras privadas rescatadas además con dinero público. ¿Va a hacer algo al respecto el ministerio para evitar el colapso y el caos que ya se produjo en su momento y garantizar de manera efectiva los derechos de los ciudadanos?


Competencias, tasas judiciales y justicia gratuita, exigimos el traspaso completo de competencias, simplemente las que se derivan del Estatut, pero también aquellas que se derivan de otros traspasos pendientes y me estoy refiriendo a los
Cuerpos de la Administración de Justicia y a los letrados de la misma. Respecto a las tasas judiciales, permitirá que las califique de escándalo y tamaño sideral desde el punto de vista de lo que debe ser la Administración de Justicia. Por tanto,
un servicio público, porque además fueron creadas con una finalidad muy concreta. Creo recordar que el objetivo, según la Ley 10/2012, por la que se aprobaban las tasas judiciales, era para mejorar la Administración de Justicia y, en consecuencia,
su modernización y mejor funcionamiento. ¿Qué porcentaje de estas tasas ha ido al presupuesto de justicia? ¿A qué se ha destinado la tasa y cómo ha repercutido en beneficio de determinadas inversiones en la Administración de Justicia y en la
justicia gratuita?


Entre 2013 y 2018, cinco años, Cataluña ha recabado entorno a los 200 y 300 millones de euros, 60 de ellos en concepto de tasas judiciales. Solamente hemos recibido 3 millones por parte del Estado. Quiero recordar que la Ley de Tasas
establece que la recaudación debe vincularse a la mejora de la justicia gratuita y eso se ha incumplido sistemáticamente año tras año.


Otra cuestión que también hemos comentado y hemos denunciado en varias ocasiones y reclamado año tras año, es el Consell de Justícia de Catalunya, que está regulado en los artículos 97 a 100. Esta contemplado en nuestro Estatut de Autonomia
en consonancia con el Tribunal Constitucional. Es necesaria una desconcentración judicial que facilite la eficiencia del sistema. En estos momentos, incluso las infraestructuras administrativas de los tribunales superiores de justicia dependen del
Consejo General del Poder Judicial. Para ello es necesaria la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para incluir la existencia de estos consejos de justicia de las comunidades autónomas. ¿Qué medidas piensa adoptar el ministerio al
respecto?


Voy terminando. La reforma de la Administración de Justicia, que usted también ha comentado, pero sobre todo la presencia de la mujer en la Administración de Justicia. La paridad garantizada en la carrera judicial. Pero esta cifra, como
ustedes ya sabrán, se desploma en lo que se refiere a la cúpula judicial. En el Tribunal Supremo solo un 18,8 % está representado por mujeres; tribunales superiores de justicia, 37,4; audiencias provinciales, 38,5. Es necesario romper ese techo
de cristal. Además a más tenemos un modelo de justicia que se debe de modernizar con urgencia, empezando por la digitalización y la

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administración electrónica y un buen ejemplo de ello lo tenemos en Cataluña, con nuestro sistema de digitalización, el E-justícia, que ponemos a disposición para lo que sea necesario.


Otro tema que nos preocupa es la Audiencia Nacional, supresión de una institución impropia de una democracia del siglo XXI, heredera de los tribunales franquistas, que enmaraña la arquitectura judicial y su funcionamiento.


La señora PRESIDENTA: Debe de terminar, señora Telechea.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, señora presidenta.


Y termino. Señor ministro, el Estado tiene la justicia como asignatura pendiente y no es un dato menor, porque es la base de un sistema democrático que debe velar para garantizar nuestros derechos. Es uno de los pilares fundamentales del
Estado democrático. Quiero añadir que en Cataluña tenemos competencias. Tenemos muchas competencias transferidas y es evidente que nuestro modelo no es de la transferencia de competencias, sino que es la independencia de Cataluña en forma de
república, porque así consideramos que podemos trabajar por los derechos y servir al pueblo de Cataluña. Pero mientras estemos aquí, seguiremos también trabajando por nuestro país. Señor ministro, nos tendrá al lado en todas aquellas iniciativas y
propuestas que vayan en el sentido de garantizar la libertad y los derechos de las ciudadanas y ciudadanos que garantice esta justicia imparcial, que rompa con el techo de cristal en el acceso a las mujeres a altos cargos judiciales y que trabaje
por una justicia moderna y al servicio de la ciudadanía. Pero nos tendrá en frente si vemos que la política de su ministerio va en contra de los derechos y libertades, se preocupe de tapar y ocultar la corrupción o no trabaje para que la justicia
sea un verdadero servicio público. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea.


A continuación, por el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra su portavoz el señor Asens Llodrá.


El señor ASENS LLODRÁ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, buenos días. En primer lugar, felicidades por la designación. Quiero agradecerle también su presencia hoy en la Comisión y expresar que a nuestro grupo confederal le parece una buena noticia que ostente la cartera de
justicia un magistrado en excedencia que ha estado siempre, como usted, vinculado al mundo de la justicia. Eso le da un conocimiento exhaustivo de cuáles son los problemas y los retos que tenemos por delante, como ha demostrado en su exposición.
Yo señalaré algunos otros de los que usted ha señalado y desarrollaré algunas de las cuestiones que también ha expresado usted en su intervención.


Me gustaría empezar precisamente abordando una de las ideas centrales de su intervención: la necesidad de poner en el centro a la ciudadanía en una administración históricamente alejada de sus necesidades. Se ha hablado por los otros
portavoces de esa cuestión, de los datos del CIS, que son contundentes: el 80 % de la ciudadanía que está disconforme con el funcionamiento de la justicia. Se ha hablado de las causas, son múltiples. Puede ser, como usted señalaba, una, el
lenguaje excesivamente técnico; puede ser la complejidad de los temas que se tratan; la lentitud para adaptarse a los cambios sociales o la percepción de que la justicia no opera siempre igual según quién se siente en el banquillo de los acusados.
Es decir, que exista una justicia que distinga, como decía Rosa Luxemburgo, entre los tiburones impunes y las sardinas culpables. Esa percepción existe. Esa percepción de funcionamiento que es justo el contrario, tal como señalaba Luigi Ferrajoli
y también Buenaventura de Sousa Santos, que citaba la portavoz, señora Vehi: la justicia, la ley, debe proteger al más débil frente al fuerte. Otro de los rasgos distintivos que explican esa baja popularidad quizás tiene que ver también con la
persistencia de la burocracia, el mantenimiento de anacronismos e inmunidades de otro tiempo, la tendencia a aplicar ciegamente la ley en algunos casos, el corporativismo y el acceso a la carrera judicial. El portavoz de Ciudadanos defendía que el
acceso era correcto; nosotros consideramos que es un acceso decimonónico, basado en la pura oposición memorística, y que en ese sentido merece homologarse al de otros países europeos de nuestro entorno. Otro motivo de esa falta de legitimación ha
sido señalado también por el portavoz del PNV cuando ha hablado de la imagen de continuidad que había en la Administración de Justicia, una cierta imagen que se ha instalado en determinados sectores sociales. A diferencia de Europa, aquí el
fascismo nunca fue derrotado militarmente y, por eso, con la llegada de la democracia no hubo prácticamente ninguna separación de jueces o fiscales franquistas. El búnker franquista estaba instalado en el Poder Judicial, como en el Ejército, pero a
diferencia del Ejército después de la democratización que

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llevó a cabo el ministro Serra, eso no sucedió en la cúpula del Poder Judicial donde había muchos magistrados que juraron lealtad a Franco y a los principios gloriosos del Movimiento Nacional; se mantuvieron apaciblemente en sus puestos de
trabajo sin que nadie les exigiera responsabilidad. Eso puede explicar algunas cosas, a pesar de que hayan pasado muchas décadas, quizás no todas, pero algunas sí: la falta de capacidad de saldar cuentas de la judicatura consigo misma; por
ejemplo, asesinatos judiciales como el de Puig Antich aún perduran impunes, a pesar de las acciones que hemos llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Barcelona; ahí está el hecho de que se lograra sentar en el banquillo incluso a quien intentó
poner coto a esa situación de impunidad, al señor Garzón, un proceso impulsado por la Falange; o por ejemplo, quizás detrás de eso esté también el patinazo histórico del Supremo cuando paralizó la exhumación y asumió la cronología golpista en su
auto, colocando como líder legítimo a Franco tras el golpe del 36 y obviando los tres años de guerra. Es obvio que esa asignatura sigue pendiente. Es una vergüenza que España siga siendo un país que se identifica en los foros internacionales como
uno de los mayores incumplidores de las resoluciones de esta categoría; no solo el Comité de Derechos Humanos, sino también el Comité contra la Tortura, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el propio relator de la ONU para ese derecho nos
lo han dicho en múltiples ocasiones. A la derecha o a una parte de la derecha parece que eso no le importa. A nosotros nos debe importar, no puede ser que las víctimas, como las hermanas de Puig Antich, tengan que acudir a otros países, como
Argentina, para que se haga justicia. Por eso es una buena noticia el paquete de medidas que se ha anunciado para revertir esta situación. La propia vicepresidenta, la señora Calvo, precisamente iba en esa dirección cuando hablaba del programa de
exhumaciones. Otro espacio de impunidad que se ha señalado y que debe terminar es el de los crímenes de lesa humanidad, que la derecha blindó en su momento cuando suprimió la jurisdicción universal de España. Eso significa democratizar el Código
Penal -usted lo ha señalado con anterioridad- igual que la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras normas que tienen que ponerse al día, como también han señalado otros portavoces.


La tercera cuestión que quería exponer y que también ha señalado usted, es la necesidad de la modernización de la Administración de Justicia, el Plan Justicia 2030. Estamos de acuerdo en el diagnóstico, nos parecen acertadas las líneas
generales del plan estratégico que ha dibujado en su intervención. Sin duda, la falta de medios es una de las carencias crónicas del sistema. Debemos aspirar al objetivo de papel cero. La digitalización es una oportunidad histórica para
modernizar la justicia y terminar con la burocracia procesal, que es excesiva. Ya lo decía Cicerón: La justicia tardía es injusta. La justicia debe ser rápida, en esto todos estamos de acuerdo, debe evitar dilaciones indebidas, pero no a costa de
hacerse injusta vulnerando otros derechos como el derecho a la tutela de las víctimas y el derecho a la verdad. Por eso mañana vamos a discutir sobre nuestra propuesta de derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no solo
porque atribuye el control de la duración de la instrucción a quien no la dirige, al ministerio fiscal, sino también porque crea espacios de impunidad en ámbitos sensibles como el de la corrupción.


La corrupción es precisamente otra de las cuestiones que, según el CIS, preocupa más a la ciudadanía, la segunda después del paro. En ese sentido, los informes internacionales nos dicen que España está en caída libre, tenemos los peores
registros de la Unión Europea. Nos equiparan con la percepción que hay en Botsuana o en Brunéi. Por eso hay que dotar de más medios y controles a los juzgados y mejorar el funcionamiento de tribunales como, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas.
Decía el señor Alonso-Cuevillas que había sido muy eficaz en la persecución del independentismo y muy ineficaz en la persecución de la corrupción. Y lo cierto es que este órgano, que es el encargado de vigilar a los partidos, su financiación y
contabilidad, no se enteró de la Gürtel, de la caja B del Partido Popular, de la Púnica, del caso Palau, de Fundescam, etcétera. Su eficacia en materia de corrupción brilla por su ausencia. Para mí el mejor ejemplo de ello es que uno de sus
presidentes, Ubaldo Nieto, aparecía en los papeles de Bárcenas; es decir, el presidente del organismo encargado de fiscalizar la contabilidad de los partidos presuntamente daba dinero para la caja B del Partido Popular al que supuestamente tenía
que vigilar. Y a partir de eso se entiende que año tras año el PP se haya podido presentar a las elecciones dopado con financiación ilegal. En el deporte si descubren a un deportista dopado, se le quita la medalla. En la política eso no sucede,
es un debate que tenemos que abordar; el debate de cómo disuadir a los partidos para que no hagan trampas si luego no hay consecuencias sobre el resultado. Otro debate es el de la nueva ley anticorrupción. Nosotros planteamos que tiene que haber
una nueva ley anticorrupción que sea avanzada, que esté a la altura de los países de nuestro entorno. En nuestra opinión, esa ley debería contar con la creación de una oficina antifraude de

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corte federal, es decir, que trabaje con las otras oficinas que ya existen, como las que funcionan en Cataluña, en Baleares o en Valencia, de forma coordinada.


El cuarto punto es la perspectiva de género. Es evidente que también es un motivo de desprestigio de la justicia, la percepción amplia de que desprotege nada menos que al 51 % de la población. Hay que reforzar una justicia con perspectiva
de género y LGTBI, así nos lo han señalado movimientos como el del 8 de marzo. Jueces y fiscales, abogados y el resto de operadores deben formarse en esa materia.


Y el punto más importante, el último, es el que todo el mundo está señalando en esta Comisión: la injerencia del poder político en el sistema judicial y la judicialización de la política. Es evidente que venimos de una época donde la
justicia se convertía en la continuación de la política por otros medios y ha servido para neutralizar problemas políticos. Estamos ahora ante la oportunidad de superar esa época; ante la oportunidad de reconciliar la democracia y la ley, que es
el camino que nos muestra el Tribunal de Luxemburgo. Hay que dejar de delegar o subcontratar la solución de los problemas políticos en los tribunales. La derecha intenta ganar a través de los tribunales lo que ha perdido en las urnas. Nosotros
tenemos que intentar consolidar la necesidad de que esa nueva etapa se fundamente en acuerdos, en empatía. Usted citaba a Lévinas que habla mucho de la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro, y es lo que nos hace falta en esta
legislatura que pretende ser precisamente la legislatura del diálogo. Evidentemente, mis compañeros han señalado datos alarmantes en la opinión de la ciudadanía sobre la separación de poderes, y yo quería señalar los de la propia opinión de los
jueces: el 80 % de los jueces españoles considera que los nombramientos judiciales no se basan en la capacidad o la experiencia. Ese es el peor resultado y a gran distancia de lo que piensa el resto de jueces europeos. Evidentemente, esto nos
preocupa, los jueces son la última trinchera del Estado de derecho y la separación de poderes es uno de sus baluartes más importante. Con una mirada a largo plazo, es evidente que España nunca había disfrutado en su historia de una situación tan
privilegiada en lo económico, en lo democrático, en lo político; ahora bien, esa constatación tan obvia no debería llevarnos a una autoindulgencia excesiva porque la democracia española tiene aún grandes retos, grandes insuficiencias, si se compara
con países de nuestro entorno. La crisis constitucional catalana ha puesto muchas de ellas al descubierto; en lugar de taparlas con propaganda, como hace la derecha, deberíamos reconocerlas y utilizarlas como base para un debate inaplazable sobre
cómo mejorar y robustecer nuestra democracia, que falta nos hace. De hecho, los españoles son quienes peor valoran su sistema democrático en Europa occidental detrás de los griegos y los italianos. Ese dato no se ha ofrecido, pero hay que
interrelacionarlo con los otros que sí han aparecido.


En relación con el Poder Judicial, es evidente que no ayuda en nada que el PP utilice su fuerza en el Gobierno y en el Parlamento para colonizar los puestos más sensibles de la justicia, para colonizar la cúpula. El portavoz de Ciudadanos
planteaba el debate sobre el modelo de elección y es muy legítimo, hay argumentos a favor y en contra, creo que es un debate abierto. Pero lo que no es defendible es lo que está ocurriendo hoy en el Consejo General del Poder Judicial, un poder
incontrolado que se está saltando varias líneas que no debería cruzar. La mayoría en el Consejo General del Poder Judicial es hoy conservadora y sale del Parlamento existente en el año 2013. Eso es una anomalía democrática absoluta. El Consejo
General del Poder Judicial lleva más de un año en funciones y, como decía la portavoz de Esquerra Republicana, ha aprobado 47 nombramientos. Esto es una gran ilegitimidad, no solo se sitúa fuera de la legalidad, sino que incluso se sitúa fuera de
la legitimidad democrática que está prevista...


La señora PRESIDENTA: Debe terminar, señor Asens.


El señor ASENS LLODRÁ: Sí, termino.


Eso explica el comunicado inaudito del Consejo General del Poder Judicial en relación con la intervención de Pablo Iglesias ejerciendo el derecho de expresión y de manifestación que le corresponde.


Simplemente quería terminar diciendo que son muchos los retos que tenemos por delante para poner la justicia al servicio de la gente, que sienta que es más un servicio público que un poder, y es evidente que todos tendremos que esforzarnos
en ese objetivo. Asimismo, me gustaría señalar el papel que tiene que jugar la ciudadanía, que tiene que estar dispuesta a defender lo que es de todos porque, como recuerda Melocchi, los derechos humanos corren un grave peligro cuando sus únicos
garantes son las instituciones públicas que actúan en su nombre. Esa función de vigilancia, de presión desde abajo, será la auténtica palanca de cambio para romper amarras con ciertas inercias de la justicia en el pasado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Asens.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina.

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El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias.


Antes de dirigirme al señor ministro, como cuestión previa me gustaría decirle a la señora presidenta de esta Comisión, que espero que no sea consecuencia del cordón antidemocrático que el señor Simancas formuló de una manera bastante clara
y expresa en el hemiciclo, el que usted haya comenzado esta comparecencia refiriéndose a todos los grupos que han requerido la presencia del señor ministro y haya omitido al nuestro, cuando nuestra solicitud de comparecencia está recogida con número
de expediente 113.


La señora PRESIDENTA: Señor Ortega, le pido disculpas porque tiene usted toda la razón, al hacer referencia a los grupos parlamentarios que habían solicitado la comparecencia del señor ministro de Justicia, he omitido por un error personal
el nombre de su grupo parlamentario.


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias por las disculpas. Quería utilizar esta cuestión, que en el fondo no tiene mayor relevancia porque consta así en el orden del día, para ir a otra que sí es más importante, como es la exclusión
por parte del resto de los grupos de la tercera fuerza política de ámbito nacional de la Mesa de esta Comisión. En cualquier caso, este grupo parlamentario va a mantener una posición alta y clara que todos los españoles van a entender, al margen de
este tipo de cordones antidemocráticos.


Señor ministro, muchas gracias por su intervención. Como españoles en este grupo le deseamos que tenga el mayor de los aciertos en su ministerio. Le aseguramos que, siempre que siga las líneas, los puntos y los principios a los que me voy
a referir en esta intervención, tendrá nuestro apoyo. Evidentemente, la justicia es un servicio público, usted ha empezado así su intervención y, si me lo permite, yo diría que es un servicio público muy especial: es el último mecanismo que
tenemos los ciudadanos y los españoles como garantía de los derechos fundamentales, como garantía de nuestros derechos y el cumplimiento de las obligaciones. Por tanto, es un servicio público muy especial. El texto que nos ha leído estaba cargado
de buenas intenciones. Evidentemente, hay algunas cuestiones importantes con las que no coincidimos, pero, créanme, ese texto lo podrían haber leído -de hecho, lo hemos escuchado en este mismo Congreso de los Diputados- los ministros que le han
antecedido y, probablemente, se lo escucharemos a los posteriores; declaraciones de intenciones que, sin lugar a dudas, nos alegra escuchar en cuanto a la plantilla judicial o los mecanismos para lograr una justicia más eficaz, pero la justicia
hace ya muchas décadas que está cansada de tantas declaraciones de buenas intenciones de los ministros de Justicia cada vez que llegan al cargo. La justicia necesita hechos, la justicia necesita presupuestos, la justicia necesita, sobre todo,
voluntad política que es la que, sinceramente, dudamos que exista para lograr los objetivos.


Señor ministro, como muchos de los que están aquí, he tenido relación con la justicia por mi faceta profesional. Veinticinco años de abogado en distintas jurisdicciones me han llevado a las mismas conclusiones que le voy a enunciar ahora, y
que no son otras que aquellas con las que coincide la inmensa mayoría de los profesionales de la justicia a los que usted, salvo error mío, no se ha referido en su intervención. La justicia son jueces y magistrados, pero también son miles de
abogados, miles de procuradores, también peritos, secretarios y agentes judiciales. La justicia es un mundo en el cual muchos profesionales, día a día, intentan hacer justicia y en condiciones casi diríamos de absoluto milagro por la falta de
recursos, por procedimientos verdaderamente confusos, lentitud, tardanza... Con todo, el diagnóstico al que llegan es el mismo, si me permite, se lo voy a resumir en tres puntos que considero bastante indiscutibles porque no son opinión política,
son datos: la justicia en España tiene un tiempo de resolución que la sitúa en el quinto lugar a la cola de los países de la Unión Europea. Por ejemplo, para resolver cuestiones en primera instancia la media son doscientos días; en la
jurisdicción contencioso-administrativa, primera y segunda instancia, llegan a más de quinientos días, y si nos vamos a la tercera instancia la media está en mil días. Cuando la justicia llega tarde no es justicia. Detrás de esa resolución
judicial que no llega hay empresas que necesitan cobrar de la Administración lo que no se les paga; hay personas que tienen un conflicto familiar y necesitan la resolución de un divorcio; personas que se encuentran con graves lesiones o delitos
que deben ser enjuiciados y resueltos. Detrás de una justicia lenta hay, casi siempre, una injusticia y una ineficacia. Pero hablemos del número de jueces y magistrados: en España tenemos 12 magistrados por cada 100 000 habitantes, cuando la
media europea ronda los 21,8 o 22 magistrados. Eso significa una carga de trabajo inasumible para nuestros jueces y magistrados, que hacen verdaderos esfuerzos por intentar cumplir tantísima responsabilidad que hemos puesto sobre sus hombros. Y
detrás de eso, ¿qué hay? Alguien diría que no hay dinero, no hay presupuestos, pero resulta que sí hay dinero, 88 euros por habitante frente a un promedio de 60 euros. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que hay una pésima gestión, gastamos más pero
logramos peores resultados.

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El modelo de justicia que proponemos en VOX se basa en tres puntos fundamentales y lucharemos desde esta Comisión por lograrlos: independencia, sin injerencias políticas de nadie, de ningún partido, independencia para que puedan cumplir con
su tarea; profesionalidad en la selección, en el nombramiento, en la permanente evaluación y evolución de esos jueces y magistrados a lo largo de su carrera y el constante reciclaje y actualización en los medios y en la normativa; por último,
medios suficientes, claro que sí, faltan plazas, faltan medios tecnológicos, inmuebles.


Por todo ello, señor ministro, quisiera referirme en distintos apartados a algunas cuestiones a las que me gustaría que respondiese. Con respecto a la independencia, ¿qué opina el señor ministro del extraordinario caso de propuesta de
nombramiento de la ministra de Justicia del PSOE de la pasada legislatura, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado? ¿Estima que una exministra de ese partido puede hacer frente al cargo que se plantea con la idoneidad exigida y con la
independencia deseada? ¿Cree el señor ministro que la exministra que ha sido reprobada en tres ocasiones en el Pleno del Congreso es persona idónea para ocupar ese cargo? ¿Qué imagen cree el señor ministro que se traslada a toda la ciudadanía
española con el nombramiento como fiscal general del Estado de una exministra de Justicia?


Otra cuestión que nos preocupa y a la que usted se ha referido es la siguiente; cuando habla de pasar la instrucción de los jueces instructores al ministerio fiscal, ¿se da cuenta de lo que está diciendo? ¿Un ministerio fiscal que depende
jerárquicamente en su nombramiento de instrucciones del Gobierno va a garantizar una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que haya absoluta inamovilidad de los puestos, absoluta independencia, que no exista jerarquía gubernativa
ninguna? Nos preocupa muchísimo que se politice hasta ese extremo también la instrucción de los procedimientos. En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿no se plantea el Gobierno lograr cumplir la Constitución y que al
menos doce miembros sean elegidos directamente por jueces y magistrados? ¿O vamos a seguir teniendo que soportar los españoles cómo se mete la mano por los partidos políticos en la designación de cargos de los distintos vocales del Consejo General
del Poder Judicial para ver quién controla antes y más rápido el órgano de dirección de los jueces? Con respecto a la justicia universal, que también es una pieza importante de esa independencia, me alegra escuchar a algunos que claman por la
justicia universal. Espero que apoyen todas las iniciativas judiciales que se están llevando a cabo para descubrir la financiación ilegal del partido Podemos por parte de Venezuela, Bolivia, Ecuador; espero que apoyen todas esas iniciativas. Eso
también es justicia universal.


Sobre las competencias en materia de justicia, uno de los grandes fracasos en el sistema de comunidades autónomas ha sido otorgarles algunas competencias que el Estado no debería haber delgado nunca, entre otras, además de sanidad e interior
estaría justicia. ¿Qué opinión le merece al ministro esa burla en la ejecución de la sentencia del proceso separatista dictada por el Tribunal Supremo que ha evidenciado que, a día de hoy, las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas han
permitido que los condenados, en aplicación de una manera realmente sorprendente del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, puedan estar disfrutando de jornadas fuera de prisión? ¿Considera que este es un trato igualitario y no
discriminatorio hacia otros condenados por delitos de mucha menor gravedad que los perpetrados por los independentistas golpistas? ¿Cree que esta transferencia de las competencias a la comunidad catalana no vulnera el principio de igualdad ante la
ley? ¿Va a permitir que su jefe, el señor Sánchez, fraccione el Poder Judicial para satisfacer a los golpistas? Mire, los socios del Gobierno -golpistas, separatistas y proetarras- hablan constantemente de presos políticos; de presos políticos y
no hay una inmediata respuesta del Gobierno en defensa del Estado de derecho; políticos presos por haber cometido gravísimos delitos. No es un procés de autodeterminación, ha sido un golpe de Estado en regla, una condena del Tribunal Supremo.
¿Que se está buscando? ¿Se está buscando un indulto encubierto? ¿Es lo que hay detrás de todo esto? Por eso, cuando preguntamos en sede parlamentaria si el Gobierno iba a otorgar indultos, obtuvimos la callada por respuesta del presidente del
Gobierno, del ministro del Interior, del ministro de Justicia. Algunos citan a Alemania, pero se olvidan permanentemente de la Constitución alemana y su artículo 21.2, que deja claro que todos los partidos que atenten contra la unidad federal
alemana son partidos inconstitucionales.


Hablemos de la profesionalidad. ¿No estima necesario el ministro tener un sistema de evaluación permanente de jueces y magistrados que garantice su nivel de profesionalidad, conocimiento y actualización legislativa? ¿Va a promover el
ministerio alguna reforma en el acceso a las plazas de las salas del Tribunal Supremo, con el fin de eliminar cualquier discrecionalidad en el nombramiento? ¿Va a promover el ministerio alguna reforma en el acceso a las plazas de órganos
gubernativos, no solo jurisdiccionales, por ejemplo, presidentes de tribunales y de salas, con el fin de eliminar igualmente esa

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discrecionalidad? Y en cuanto a los medios humanos y materiales, ¿qué medidas va a adoptar su ministerio para acabar con la injusta situación retributiva que sufren los funcionarios de la Administración de Justicia a los que se discrimina
según la comunidad autónoma a la que pertenecen? ¿Piensa su ministerio pagar lo que debe a los abogados del turno de oficio, que no cobran desde noviembre del año pasado? ¿Va a impulsar los cambios legislativos necesarios para que todas las
oficinas judiciales de España estén interconectadas informáticamente y trabajen con un único programa de gestión procesal en lugar de varios? Cuando decimos todas, son también las de Cataluña. ¿Va a promover el ministerio medidas legislativas para
repartir mejor la carga de trabajo, que verdaderamente es bastante injusta, entre los juzgados y los tribunales? ¿Va a conferir más facultades en las notificaciones y otras diligencias, por ejemplo a procuradores, para descargar las oficinas
judiciales?


No quisiera dejar de referirme a la memoria histórica. ¿Cuál es su memoria, señor ministro? ¿Estima el señor ministro que la memoria de unos pocos es la verdad que ha de imponerse a todos? ¿No cree el señor ministro que la imposición de
una memoria a toda una sociedad atenta contra la libertad de pensamiento del ciudadano? Mire, la desmemoria histórica, aquella que olvida una parte de la historia, manipula otra y se olvida, por ejemplo, de mencionar todos los crímenes que se han
producido en nuestra historia, lo que hace es convertirla en una gran mentira, fruto normalmente de la imposición totalitaria de unos sobre otros y, además, incide en el guerracivilismo, en seguir enfrentando a los españoles por los hechos del
pasado.


Voy concluyendo, señor ministro. No existe -y usted lo sabe bien- Estado de derecho ni democracia si no existe auténtica división de poderes. Y no existe división de poderes si no existe auténtica independencia del Poder Judicial. Por
eso, en este grupo impulsaremos a través de esta Comisión todas aquellas medidas que logren de una vez por todas que en España tengamos una justicia verdaderamente independiente de los partidos políticos, con los medios suficientes, con la
profesionalidad de sus miembros para que nunca más puedan ponerse en tela de juicio las resoluciones que se dictan por los tribunales; que pueden ser discutidas, que pueden ser valoradas, pero que por encima de todo han de ser acatadas, aunque
parece que algunos que dan golpes de Estado quisieran no tener que cumplir. Y cuando apelen al derecho comparado, cuando salgan a las instancias internacionales, empiecen por decir que les gustaría que en España no se aplicaran las sentencias de
los tribunales, que en España se aplicara una justicia diferente para unos o para otros. Así que, señor ministro, termino; le deseo el mayor acierto, pero también sepa que por parte de este grupo -creo que lo sabe- va a tener la más firme
oposición a todas las maniobras de injerencia política en la justicia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortega Smith-Molina.


A continuación, para el turno correspondiente al Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Santamaría.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, en primer lugar, quisiera darle la enhorabuena al señor Campo por su nombramiento como ministro de Justicia y agradecerle el tono de su intervención, aunque me ha extrañado enormemente que no hablara de dos cuestiones que para
nosotros son fundamentales. La primera, qué es lo que va a hacer el ministro para salvaguardar el imperio de la ley de los envites del independentismo; y la segunda, qué va a hacer el señor ministro para defender el Estado de derecho. Nos ha
puesto usted encima de la mesa una oferta de diálogo que discurre en paralelo con la propuesta de nombramiento de la señora Dolores Delgado como fiscal general del Estado, que discurre en paralelo con las declaraciones de los señores Iglesias y
Garzón no rectificadas, que discurre en paralelo con los acuerdos o hipotecas que ustedes han alcanzado con los señores de Podemos con los que hoy nos hemos levantado, y que discurre en paralelo con lo que anuncia el diario El Mundo, es decir, un
indulto encubierto o una amnistía encubierta. Permítame que le diga, señor ministro, que en caso de ser así, la reforma Junqueras es una reforma a la medida de los condenados, es un fraude, un aliciente y un premio al golpe de Estado en Cataluña.
Y así va ser difícil que dialoguemos, aunque por nuestra parte no va a faltar voluntad. Señor ministro, sobre sus hombros recae una enorme responsabilidad, la de garantizar que nada ni nadie se sitúe en España ni por encima ni al margen de la ley,
porque cuando se habla de desjudicializar la política, en realidad se está hablando de crear espacios de impunidad para los independentistas en Cataluña; hablemos claro, señor ministro. Eliminar el control judicial del poder político es
inadmisible y una línea roja que el Partido Popular no traspasará.

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En segundo lugar, quiero decirle que tiene usted la responsabilidad de salvaguardar el Estado de derecho como principal valor superior sobre el que se asienta nuestra convivencia democrática, hoy gravemente amenazada por la difícil
encrucijada en la que el independentismo y sus aliados han situado a nuestro país. Quiero recordarle, señor ministro, que su primera lealtad no está con su partido ni tan siquiera con la persona que le nombró; su primera lealtad está con los
valores constitucionales, con el ordenamiento jurídico y con los españoles, usted como jurista creo que lo sabe perfectamente. Reconozco que de los dieciocho ministros de Justicia que le han precedido en el cargo desde julio de 1977, probablemente
es usted quien más difícil lo va tener. Y ello porque el señor Sánchez le va a pedir lo que nunca jamás un presidente del Gobierno pidió a un ministro de Justicia, y es que mire hacia otro lado mientras el independentismo quiebra el Estado de
derecho. Nosotros insistimos en que si usted se aleja de esos presupuestos, estaremos ahí para dialogar, para apoyarle en su gestión y acompañar las reformas necesarias a las que usted ha hecho referencia. No es una novedad, así se lo ha reiterado
el señor Casado al presidente del Gobierno en las seis ocasiones -si contamos la de hoy- en las que han tenido oportunidad de reunirse y en las que siempre le ha tendido la mano. Es usted un reconocido jurista y sabe bien que ley es civilización y
que la alternativa a la ley es la jungla. Por eso me gustaría preguntarle: ¿qué piensa cuando escucha usted al presidente del Gobierno decir que con la ley no basta? Nos gustaría saber qué piensa un hombre de leyes como usted cuando escucha a un
responsable político decir que hay cuestiones que quedan por encima del imperio de la ley o, cuando menos, al margen de ella. Recuerdo una frase de Rousseau, cuando decía que la libertad sigue siempre el camino de las leyes, reina o perece con
ellas. Se ha mencionado antes a Cicerón, pero no se ha dicho una cosa que mantenía, y es que para no servir a amos debemos servir a las leyes. Pues bien, señor ministro, sepa usted que este grupo y este partido estarán a su lado cuando se niegue a
ser la voz de su amo. Cuando Sánchez le pida mirar hacia otro lado mientras dinamita el Estado de derecho, nosotros le ayudaremos a resistir anteponiendo la defensa de la ley a cualquier otro interés, incluso los intereses de nuestro propio
partido.


Hay una segunda pregunta que nos hacemos, señor ministro, cuando le escuchamos invitarnos a trabajar conjuntamente; tiene que ver con las hipotecas con las que usted acudirá a esa mesa de trabajo. Se la hago, señor ministro, con la mejor
de las voluntades, porque si usted no acierta en sus decisiones, la línea que hay entre hipoteca, embargo y desahucio es muy delgada.


Señor ministro, voy a reconocerle un acierto, y es que usted ha atinado cuando ha decidido prescindir de gran parte del equipo de la señora Delgado. No sé si algo olía a podrido en Dinamarca, pero puede estar bien seguro de que acierta
usted al abrir las ventanas del ministerio para que un soplo de aire fresco oree la pésima gestión de la señora Delgado al frente de un ministerio que era conocido como la casa de los líos. Pero aunque acierta, permítame que le recuerde que en su
haber queda mantener en el cargo a la abogada general del Estado a pesar de la triste hoja de servicios a España que la acompaña. Entiendo que eran muchos los favores que el señor Sánchez le debía y que usted no ha podido cambiarla, pero la
decisión de mantenerla en el puesto nos convierte en testigos del pago de las preceptivas treinta monedas de plata por traicionar el recto criterio del señor Bal, presente en esta sala y que sufrió en primera persona el sectarismo del Gobierno. Su
labor, señor ministro, comienza lastrada por quien se mostró favorable para que el señor Junqueras obtuviera el informe favorable de la Abogacía del Estado para poder prometer su cargo de eurodiputado y ejercer como tal mientras se tramitaba el
suplicatorio que levantara su inmunidad para someterse a los tribunales españoles. Su labor continúa lastrada por la Abogacía, por la decisión de impugnar ante la Audiencia Nacional la decisión del Consejo de Transparencia de facilitar al diario
ABC la información sobre los viajes en campaña del hoy presidente del Gobierno. Se da la paradoja de que la Abogacía del Estado que acusa al Consejo de Transparencia es la misma que tendría que defenderla; Abogacía contra Abogacía, Estado contra
Estado.


Le mentiría a usted, señor ministro, si no le dijera que esperaba que pusiera muchas más luces donde hoy prácticamente solo hay sombras. No obstante, hoy ha ofrecido usted diálogo y así lo ha expresado también en la toma de posesión de sus
nuevos cargos. Ha ofrecido diálogo para una nueva reforma, un pacto de la justicia, que me hace preguntarle: ¿por qué cuando el ministro Catalá tenía cerrado un acuerdo con ustedes para desarrollar ese nuevo modelo que ahora dicen perseguir lo
torpedearon descolgándose del mismo a última hora? Y me refiero, como usted sabe de sobra, a la subcomisión para el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia, cuyos trabajos abandonaron en el último momento, cuando se trataba no
de trabajar por la justicia, sino de desgastar al partido en el Gobierno. En cualquier caso, bienvenida sea su oferta, porque más vale tarde que nunca.

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Señor ministro, recogemos el guante que nos lanza, porque en la búsqueda de un pacto por la justicia le llevamos bastante delantera con las reiteradas ofertas del señor Casado al señor Sánchez. Ese pacto, a nuestro entender, debe tener tres
objetivos: primero, asegurar la independencia de la Administración de Justicia y del Poder Judicial; segundo, defender a ultranza el Estado de derecho; y tercero, mejorar la eficiencia procesal, presupuestaria y organizativa de la Administración
de Justicia y las condiciones laborales de sus profesionales, no lo olvidemos. En mi partido no estamos pensando en el hoy, estamos pensando en el mañana y, por ello ponemos énfasis en estas tres cuestiones.


La primera, como le decía, es garantizar la independencia de la Administración de Justicia, y esa cuestión es incompatible con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, más aun cuando acaba usted de anunciar que será
la Fiscalía la que se encargará de la instrucción de los procedimientos, lo cual es tanto como decir que será el Gobierno, que será la señora Delgado quien instruirá los procedimientos, en lo que nos parece un enorme atentado, el mayor, a la
independencia del Poder Judicial que podríamos imaginar. ¿Cree usted, señor ministro -volviendo a la fiscal general del Estado- que Dolores Delgado es la mejor profesional para este puesto? ¿Cree usted que una persona cazada en una vergonzosa
conversación con el tristemente célebre Villarejo puede ser esa jurista de reconocido prestigio que exige ocupar tan alta magistratura? ¿Cree usted que Dolores Delgado tiene la apariencia de imparcialidad a la que se refiere el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos? ¿Cree usted que una exministra y diputada que participó activamente en los mítines del Partido Socialista tiene la apariencia de imparcialidad que exige el Tribunal Europeo? Usted, señor Campo, ha sido miembro del Consejo General
del Poder Judicial, y estoy seguro de que no hace falta que le recuerde que en su informe preceptivo el Consejo cambió la fórmula tradicional que incluía la palabra 'idónea' para quitarla del informe. ¿Cree usted que se puede nombrar fiscal general
del Estado a una persona a la que, en el citado informe, un voto particular firmado por siete personas la consideraba no idónea? ¿Cree usted que merece la pena irradiar la falta de legitimidad de la señora Delgado a todo el ministerio público, a la
Administración de Justicia, al Poder Judicial y a su ministerio? ¿No se da usted cuenta de que las sombras de su trayectoria se van a proyectar sobre cualquiera de las actuaciones de la Fiscalía, de la que no vamos a saber si actúa conforme a
criterios políticos o lo hace conforme a criterios de estricta legalidad? Señor ministro, nosotros creemos que dicha propuesta nos lleva a una situación insostenible que está muy lejos de ser impecable. Trabajar por la independencia le obligará,
señor ministro, a defender a jueces y magistrados cuando los miembros del Gobierno del que forma parte saquen los pies del tiesto, como sucedió con los señores Iglesias y Garzón. Permítame recomendarle -dicho sea con todos los respetos- que dedique
usted un par de tardes, como hizo el defenestrado señor Sevilla, para explicarles a ambos lo que significa la difícil labor que tienen encomendada jueces y magistrados, lo que significa la separación de poderes y ciertos principios básicos que
fundamentan la organización jurisdiccional. Yo creo que será difícil que lo entiendan proviniendo del republicanismo bolivariano, ese que desembarca maletas por decenas en el aeropuerto de Barajas, pero permítame que insista en que sería
conveniente que usted les cogiera. Si no fuera porque de asaltar los cielos se trataba, cualquier responsable político, cuando menos, se hubiera retractado, hubiera pedido disculpas y reflexionado ante tremendo varapalo. Así, y dado que nada de
esto ha sucedido, permítame que le pida que se mantenga usted alerta y corrija con severa vara de avellano intelectual las salidas de tono de sus compañeros de bancada.


Señor ministro, por cuanto tiene que ver con la renovación pendiente de los miembros de los órganos constitucionales cuyo mandato ha expirado y que es necesario abordar, simplemente le repetiré las palabras de nuestro presidente nacional, el
señor Casado, que ha expresado públicamente que el Partido Popular estará siempre en los procedimientos constitucionales para llegar a acuerdos con las demás fuerzas políticas para la renovación de los titulares de los órganos e instituciones del
Estado, y ello con la Constitución española como único referente. No entraremos en un mercadeo de nombres. Y si lo que se pretende es politizar la justicia o levantar alguna de las hipotecas que firmaron ustedes con sus socios para desjudicializar
la política y crear espacios de impunidad, debo decirle que no podrá contar con nosotros.


Señor ministro, para concluir con este primer punto en defensa de la independencia judicial, no puedo dejar de referirme a una cuestión que nos preocupa. Se refiere al proceso de selección de jueces, fiscales y del resto de empleados
públicos dependientes o no del Ministerio de Justicia y, en definitiva, de todo el personal vinculado y al servicio de la Administración de Justicia. En este tema, si quiere hablar con nosotros, tendrá usted que levantar la hipoteca que tiene
firmada con los señores de Podemos. Creemos que el sistema de oposiciones -que es mejorable- es la mejor manera de garantizar los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso a la Función pública. Y de opositor a opositor, le
digo

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que no entendemos -aunque si me paro a pensarlo lo entiendo perfectamente- por qué a algunos se les eriza el vello cuando se trata de recompensar el mérito y la capacidad por encima del nepotismo, de la cooptación o simplemente del
seguidismo, el amiguismo o las relaciones afectivo-familiares. Creemos que no es el camino y esperamos que usted comparta nuestro criterio, que no refleja más que el sentir unánime de los profesionales de la Administración de Justicia.


Señor ministro, si la independencia es el primero de los principios que este grupo defenderá en esa propuesta de diálogo, la defensa a ultranza del Estado de derecho será el segundo. Es en este ámbito donde las hipotecas que ustedes
firmaron para alcanzar un pacto que permitiera la investidura del señor Sánchez traspasan todos los límites de lo razonable, como bien hoy recogen los medios de comunicación. Explíquenos usted a qué señor Sánchez debemos creer, ¿al del debate
electoral que proponía modificar las penas del Código Penal de sedición y rebelión para incrementar el castigo?, ¿a aquel que proponía modificar el Código Penal para penalizar la celebración de referéndums ilegales? ¿Debemos creer a aquel que
prometía poner al señor Puigdemont a disposición de los tribunales o al que estaba de acuerdo en Televisión Española con el señor Iglesias para indultar por la puerta de atrás a los hoy condenados, reduciendo las penas de los delitos de sedición,
como se acaba de ver hoy en la prensa? Y le preguntamos: ¿Dónde va a estar usted cuando reformas como esta se pongan encima de la mesa? Y, si me lo permite: ¿Qué espera usted de nosotros? El señor Page, que no es militante del Partido Popular,
ha manifestado reiteradamente que aguar el delito de sedición es mercadear con los derechos de los españoles.


La señora PRESIDENTA: Le quedan dos minutos, señor Santamaría, debe ir terminando.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Soy opositor, no se preocupe que no me iré del tiempo.


Me pregunto qué votarán, señor Page, los diputados manchegos cuando esta cuestión llegue y se plantee en el Congreso de los Diputados.


También conocemos el significado de sus palabras cuando dijo, señor ministro, que había que acompasar la normativa a las realidades sociales y al problema catalán o cuando dijo que estos tipos penales son propios del siglo XIX. A mí esa
actitud genuflexa, señor ministro, me preocupa, porque no es propia de un hombre de leyes. Ahí no nos encontrará; nos encontrará en la defensa de la Constitución, proponiendo una reforma del Código Penal que agrave las penas que castigan los
delitos de sedición y rebelión; nos encontrará yendo mucho más allá en este objetivo de defender nuestro marco de convivencia; nos encontrará proponiendo una reforma de cuantos tipos delictivos tienen por objeto defender a la Constitución
española, como la desobediencia, las penas de inhabilitación que se imponen en determinados delitos, el diseño de un marco legal eficaz para resolver las lealtades institucionales, actualmente pendiente, la penalización de referéndums ilegales o la
reforma de la Orden europea que supera el marco de la decisión-marco -perdonen la redundancia-; y nos encontrará proponiendo una nueva directiva impidiendo que los prófugos y las personas en rebeldía puedan presentarse a cualquier proceso
electoral. Ahí es donde nos encontrará.


Señorías, voy concluyendo. En el objeto fundamental de su intervención se ha referido a las cuestiones técnicas, de las que hablaremos y en las que, sin duda, nos encontrará y verá puntos de encuentro. Nos encontrará en la defensa de los
registros civiles, en todo lo que tiene que ver con el turno de oficio -ya los tiene usted levantados en armas en Toledo y en Baleares, por ejemplo-, en la modernización de la justicia, en la creación de nuevos juzgados, no solo para Cataluña. Pero
permítame que concluya recordándole la línea fundamental de mi argumentación: solo la ley garantiza la libertad, es en la ley donde el Estado encuentra su justificación y la justicia exige que la separación de poderes funcione. Si usted comparte
estas creencias irrefutables en cualquier democracia, nos tendrá a su lado.


La señora PRESIDENTA: Su tiempo ha terminado, señor Santamaría.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Un segundo y termino.


Si usted es capaz de levantar las hipotecas contraídas y pasar por encima de los peajes impuestos y si cree que la justicia es incompatible con la ideología, ahí nos tendrá, y le aseguro que seremos el más leal de los compañeros.


Muchas gracias, señor ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santamaría.


Para finalizar este turno de intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Arangüena Fernández, por el Grupo Parlamentario Socialista.

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El señor ARANGÜENA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señorías, señora presidenta.


Señor ministro de Justicia, permítame manifestar, en primer lugar, que, como abogado que he sido hasta hace año y medio y durante la mayor parte de mi vida profesional y como hijo de veterano abogado hoy felizmente jubilado, es para mí un
honor estrenarme interviniendo por primera vez en la sede de la soberanía nacional y de la potestad legislativa como portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista, al cual aprovecho para agradecer que me haya elegido para esta función.


El señor ministro, a quien avala poderosamente una amplia trayectoria en el ámbito de la judicatura, complementada por otra también amplia en el ámbito de la Administración stricto sensu y en el de la propia Administración de Justicia, ha
apelado al diálogo -aunque sea apasionado, ha dicho- y al consenso y ha esbozado ante nosotros una agenda y un plan estratégico y de trabajo intensamente reformista y modernizador, ambicioso pero que no pierde de vista el realismo, un realismo que
viene impuesto y determinado por la complejísima aritmética parlamentaria y por las resistencias al cambio de un mundo, el jurídico, que tiene en la tradición y en la costumbre dos categorías firmemente implantadas a nivel axiológico. El derecho,
como conjunto de normas que regulan las relaciones sociales, tiene que avanzar a un ritmo que si, lógicamente, no puede acompasarse al de la sociedad -que hoy es más vertiginoso que nunca, dicho sea de paso-, por lo menos ha de hacerlo al máximo
posible, sin perder de vista la necesaria seguridad jurídica.


La Administración de Justicia, como la principal encargada de aplicar, hacer valer y cumplir el derecho, tiene que evolucionar para seguir y responder al avance social y jurídico, consideración general que no es óbice para reconocer que, con
todos los problemas de distinto tipo que obviamente tiene, la justicia española es muy garantista, altamente garantista. Sostener lo contrario es un error y un desenfoque, como demuestra, además de la realidad y la práctica cotidiana de los
juzgados y tribunales para quien los conozca, el hecho de que presente una baja tasa de rectificación de resoluciones judiciales y condenas por vulneración de derechos por las instituciones jurídicas europeas. Y todo ello el Partido Socialista lo
ha enfocado siempre desde la consideración de la justicia como servicio público esencial, que tiene que responder, como ha enfatizado el señor ministro, a los parámetros de eficacia, eficiencia, calidad y cercanía al ciudadano, cuestión -la de la
justicia como servicio público- en la que ha incidido el señor ministro y que valoramos especialmente, como alabamos la pretensión de poner en el centro de la Administración de Justicia a una ciudadanía que durante demasiado tiempo ha considerado
-sigue considerando en buena medida- a la justicia como algo lejano e incomprensible cuando no directamente hostil.


Jules Renard, escritor francés, declaró que la justicia es la palabra más bella del vocabulario humano, pero lo que no dijo fue que también es una palabra que se hace intensamente escurridiza en su puesta en práctica y que con demasiada
frecuencia acaba desembocando en la clásica metáfora de la justicia como tela de araña que atrapa a los animales pequeños pero deja escapar a los grandes que la atraviesan rompiéndola; un modelo, el de justicia, como tela de araña selectiva, que
conviene a algunos a los que se les llena la boca con la palabra libertad, pero omiten que esa libertad es solo la de aquellos que tienen más recursos y deja fuera a quienes no los tienen, que son inmensa mayoría. En cambio, el Partido Socialista
propone y defiende desde siempre un modelo de justicia que fomente e incida en la igualdad, y para ello, por cierto, es fundamental un turno de oficio digno que garantice el derecho a la asistencia jurídica gratuita, por lo cual pido al señor
ministro que nos informe de su visión y sus propuestas ante las huelgas que están llevando a cabo los abogados de oficio en distintos lugares de España.


A mayor abundamiento, todos los aquí presentes sabemos que uno de los problemas de la justicia es que no vende políticamente, porque es mucho menos visible que otras áreas de la política y las apuestas que por ella se hacen no dan rédito a
corto plazo, lo cual determina que se vayan demorando casi sine die reformas necesarias o que falte inversión o que el ratio de jueces por población sea notablemente más bajo que la media europea, aspectos que, por cierto, no se han mejorado en
siete años de Gobiernos del PP. Y, sin embargo, la justicia no solo afecta directamente a la vida de los ciudadanos sino también, a través del marco normativo y de la seguridad o inseguridad jurídica, a la vida de las empresas, a la competitividad,
a la inversión por la que competimos duramente en un mundo globalizado y, por tanto, al corazón de nuestra sociedad y de nuestra economía, además de impregnar todo el funcionamiento y el entramado institucional de cualquier Estado, lo cual
nuevamente incide en la vida de los ciudadanos y en su economía, por no decir que la justicia en democracia es como el aire que respiramos y que sin ese aire la democracia se asfixia, cosa que a algunos probablemente les gustaría, pero a la que el
Partido Socialista no contribuirá jamás.


Es desde este punto de vista desde el cual se hace especialmente necesario el acuerdo por la justicia que plantea el señor ministro; necesario y además teóricamente y a priori factible si consideramos que el

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ámbito de la legítima discrepancia ideológica debería reducirse a cuestiones como la reforma de determinados aspectos sensibles del Código Penal o de ciertas leyes, pero no debería en cambio extenderse en ningún caso a la reforma de la
propia Administración de Justicia, que al final no es un asunto ideológico sino de operatividad y funcionalidad de un servicio público esencial. No hay motivo alguno para no llegar a un acuerdo en materia de justicia, más allá de rebozarse
permanentemente en el conflicto por el conflicto, a no ser, claro está, que consideremos a la Administración de Justicia no como servicio público esencial y como pilar del Estado de derecho, sino como correa de transmisión de determinados intereses
políticos. En este sentido, me viene a la memoria la reforma del Consejo General del Poder Judicial que, suscitando el prácticamente unánime rechazo de la totalidad de los operadores jurídicos, llevó a cabo el ministro Gallardón en aras de obtener
determinados réditos políticos, por no hablar de la nefasta y también altamente regresiva Ley de Tasas Judiciales.


El señor ministro se propone, como no podía ser de otra forma, consolidar garantías y derechos. En este sentido, valoramos la propuesta de promover servicios alternativos de resolución de controversias en aras de desatascar unos juzgados
saturados en un país que tiene, efectivamente, una de las más elevadas tasas de litigiosidad de la Unión Europea, lo cual redundaría en mitigar otro problema de la justicia española, que es la lentitud. Valoramos la propuesta de actualizar las
formas de investigación y enjuiciamiento penal para evitar la impunidad, al mismo tiempo que se refuerzan garantías y se adapta el proceso penal a una realidad notablemente diferente a la del siglo XIX, del que procede la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, es decir, pasar de una ley diseñada, a pesar de sucesivas reformas y remozamientos, originalmente para combatir aquello que se llamaba el robagallinas, a otra que esté a la altura de la sofisticación delictiva y de la complejidad de
nuestro tiempo. Asimismo, valoramos la propuesta de reforzar los mecanismos de lucha contra la violencia de género y recuperar el anteproyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.


El señor ministro se propone también recuperar con fuerza en su agenda la transformación y el impulso digital de la Administración de Justicia y retomar reformas operativas fundamentales que fueron ya iniciadas en la época de Francisco
Caamaño, cuando se dispuso de la mayor dotación presupuestaria en materias de justicia tales como la implantación definitiva del proyecto de Oficina Judicial. Se propone consolidar un proyecto de expediente judicial seguro y accesible, integrar e
interconectar las plataformas de gestión procesal para mejorar la eficacia del sistema y la integración territorial, aumentar las posibilidades de acceso digital a la justicia por parte de la ciudadanía, todo ello apoyado y alineado por la creación
de la Dirección General de Transformación Digital, y culminar el desarrollo e implantación de los tribunales de Instancia, así como avanzar en los mecanismos para agilizar los pleitos en masa, que son cada vez y cada día más frecuentes en nuestra
sociedad. En análogo sentido, el señor ministro se propone reforzar la cohesión y coordinación territorial y la racionalidad competencial, convocando la Conferencia Sectorial de Justicia, avanzando en la agrupación de partidos e impulsando
-cuestión fundamental porque estamos en el siglo XXI- la interoperabilidad. No puede ser que con el estado actual de la tecnología las distintas plataformas electrónicas no sean plenamente compatibles. Finalmente, plantea el señor ministro un
calendario de trabajo que incluye la rendición de cuentas ante esta Comisión, lo cual es, obviamente, positivo, porque en la gestión de lo público hay que rendir cuentas y fijarse objetivos y plazos.


En contraste con la vocación reformista y modernizadora del señor ministro, que es también la del Partido Socialista, ¿qué han propuesto hasta ahora las derechas en materia de justicia? Sintéticamente señalaré que la ultraderecha de VOX se
ha apuntado a la euroinsumisión, esgrimiendo el eslogan de que los tribunales europeos, señaladamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ponen en cuestión nuestra soberanía, cosa absurda, como si las instituciones jurídicas europeas, tanto las
comunitarias como las derivadas del Consejo de Europa, no formasen parte del ordenamiento jurídico nacional y como si la justicia europea no hubiera contribuido al avance y al progreso de nuestro ordenamiento jurídico de manera fundamental en
cuestiones tan importantes como los desahucios o tantas otras o como si las directivas europeas no constituyeran la mayor fuente de extensión de derechos para la ciudadanía en las últimas décadas.


Don Teodoro García Egea, secretario general del PP, criticaba a VOX hace un año diciendo que el uso y abuso de la acusación popular por parte de VOX daña a la justicia. El señor Egea tenía razón; lo que no decía es que su partido, el
Partido Popular, también daña y erosiona a la justicia cuando, por ejemplo, en unión y sintonía con VOX, ataca a la Abogacía del Estado respecto de actuaciones perfectamente ajustadas a derecho, por ejemplo, al no sostener la acusación por rebelión
en el juicio del procés, en coherencia con la opinión del noventa y tantos por ciento de los catedráticos de Derecho Penal de este país, una actuación correcta que fue calificada de traición, felonía y no sé cuántas lindezas más por las derechas.

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Finalmente, las tres derechas se empeñan en atacar el nombramiento de una jurista de reconocido prestigio, Dolores Delgado (risas), sin esperar siquiera a que comparezca en esta Comisión, comparecencia que se producirá en muy poco tiempo y
por la cual merece la pena contenerse y esperar, aunque ya sabemos que la contención no forma parte, a pesar de que la recomendaba San Agustín, de los valores de la derecha de este país. También podrían esperar las derechas, por una cuestión de
respeto, a los procesos y procedimientos institucionales que nos hemos otorgado entre todos y que determinan que el aspirante a fiscal general comparezca ante esta Cámara antes de pronunciarse sobre su idoneidad.


En todo caso, compartimos -y finalizo- la apelación del señor ministro al diálogo y al consenso y esperamos que el PP cambie de actitud, se desligue de la ultraderecha y deje de hacer seguidismo y competir en radicalidad con ella. Incluso,
puestos a adherirnos al talante conciliador del señor ministro, esperamos que la ultraderecha cambie también su actitud y se avenga a ese gran acuerdo por la justicia que propone el señor ministro, en cuya consecución le deseamos el mayor de los
éxitos, el mismo que le deseamos en la implementación del programa y la agenda de trabajo que nos ha planteado, porque su éxito será el de todo el país.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arangüena.


Tiene la palabra el señor ministro de Justicia para contestar a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Muchas gracias, señora presidenta. Hago extensivo el agradecimiento a todos y cada uno de los portavoces que han hablado. A todos, gracias. Creo que todos han entendido, pese a su legítimo
derecho de crítica -puntual, estructural e incluso con algún tinte visceral-, las opiniones de este ministro. A todos les doy las gracias, porque pienso que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.


Creo que no me equivoco, y no lo entiendan como una falta de humildad, pero tengo todas y cada una de las preguntas que se han formulado. Muchas pueden ser englobadas y otras realmente es muy difícil contestarlas en un breve espacio de
tiempo, pero tendremos tiempo para discutirlas y debatirlas. Si les parece, voy a intentar contestar puntualmente a algunos de los detalles que más me han llamado la atención de los distintos portavoces y después tengo diez categorías, que
podríamos denominar comunes, globales o que en cierta medida quizá pueden propiciar un nuevo acercamiento de las posturas. Desde luego -les puedo asegurar que son muchos años los que ya tengo, poco pelo y muchas canas-, no voy a caer en la
tentación de pensar que con el primer discurso el consenso está conseguido, pero les puedo asegurar que soy absolutamente pesado, insistente y recalcitrante y siempre me tendrán para buscar el punto de acuerdo, ese punto que nos permita construir,
porque realmente eso es lo que he entendido en cada una de las intervenciones, insisto que cada una con la intensidad que ha considerado el portavoz que ha hecho uso de la palabra. Ahora bien, hay elementos por los que merece la pena pasar, aunque
sea muy tímidamente.


Señora Vehí, la metáfora del pergamino, que la conocía este ministro, no es aplicable. Que no le guste el Poder Judicial es una discrepancia; desde luego, nunca vamos a compartir esa área. Tenemos un Poder Judicial acorde con esa visión
constitucional, siempre necesitado de formación. El Consejo hace un enorme esfuerzo no solo en la formación inicial, sino también en la continuada, incluso en su carrera profesional -no hay más que ver el articulado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial-, pero insisto en que no quiero entrar en ese elemento de confrontación. Me parece muy respetable su postura, pero no la comparto ni creo que llegue nunca compartirla. Aun así, estoy seguro de que encontraremos mecanismos para trabajar en
la mejora de ese Poder Judicial.


Señora Pozueta, lamento su posición y esa visión de desconfianza en la justicia. No creo que sea la realidad. Conozco muy bien esas encuestas, y esa misma ciudadanía que suspende a la justicia, que puede cuestionar -ahora hablaré sobre
ello también- su actuación independiente y sometida solo al imperio de la ley, es la que después, en un 78 %, opina que si tiene un problema quiere que se lo resuelvan los jueces. Luego, tenemos que reflexionar. Lo que no me sirven son las
interpretaciones sesgadas de encuestas de opinión, porque todos sabemos que somos capaces de argumentar sobre la base de aspectos muy concretos de cualquier encuesta o estudio de opinión. Por tanto, creo que debemos reflexionar, porque seguro que
tenemos mecanismos para mejorar y sin duda -créame que es una constante en mi vida desde hace muchos años- tenemos que trabajar para que la ciudadanía confíe más en la justicia. Eso no quiere decir que tenga que ser mejor la justicia, porque, como
decía en mi intervención, los políticos hablamos mucho y algunas veces nos cargamos la credibilidad que debe tener

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el ciudadano en sus instituciones; en las instituciones globales, no estoy refiriéndome ahora solo a la justicia. Hay veces que tenemos que hacer una autocrítica antes de arrojarnos y lanzar sospechas de actuación sobre algún colectivo.
Ya digo que la ciudadanía, que puede suspender a la justicia, después recurre a ella. Trabajemos por fortalecerla.


Va en el programa electoral la reforma del artículo 315 en su párrafo tercero, y trabajaremos para ello. En cuanto a leyes orgánicas, se ha referido a las modificaciones de la Ley Orgánica 1/2015 y de la Ley Orgánica 2/2015. Le puedo
asegurar que me encantaría tener ocasión de hablar de esas reformas; lo hago con sumo gusto, pero evidentemente no en este formato. Tengo muchos estudios sobre ellas. Participé y tengo monografías sobre ellas. Me encantaría hablar con usted.
Por ejemplo, la Ley Orgánica 2/2015, que tuvo consenso y también se ha criticado, sigue una pauta muy concreta: las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Europa y el mundo entero se vieron afectados por una nueva manifestación
terrorista que cambiaba los parámetros tradicionales desde un terrorismo de ámbito local a una internacionalización o globalización del terrorismo y es lógico que las sociedades nos protejamos frente a esos ataques. ¿Que no le gusta? Lo lamento,
pero creo que habría que buscar quién lleva el pie cambiado, porque el mundo entero va por ahí. Lo mismo le podría decir con la sentencia de la Gran Sala. Creo que hay que establecer y clarificar los modelos. No están valorando la necesidad o
fomentando esas realidades; lo que está diciendo en este caso concreto es si hay violación o no del artículo 4. Por tanto, lo que hace falta en las sentencias, además de acatarlas, es criticar desde una valoración constructiva qué están mostrando.
Es una doctrina de la Gran Sala que tampoco es un tribunal de instancia. Todas las sentencias son igualmente criticables, pero -insisto- desde el respeto y desde el acatamiento. Sobre el Greco y sobre el Registro Civil me pronunciaré después
también.


Muchas gracias, señor Legarda. Sin perjuicio de legítimas diferencias o matices, sé que compartimos una enorme preocupación por nuestra maltrecha justicia y sé de su esfuerzo personal y del grupo que representa en pro de llegar a grandes
acuerdos que nos permitan sentirnos más orgullosos del sistema de justicia.


Algo diré de la demarcación y planta, tal como cuestiona el señor Legarda. La Ley de Demarcación y de Planta Judicial responde a una estructura y a una vertebración que en buena medida arranca en el primer tercio del siglo XIX: la
determinación de Javier de Burgos, la municipalidad, el partido judicial. Ya lo he dicho demasiadas veces y no quiero ser pesado, pero todos sabemos cómo se fijaron en ámbitos kilométricos los partidos judiciales. Dando un salto histórico nos
vamos a la Ley de Demarcación y de Planta Judicial del año 1988, que establece como comunidad de vertebración el partido judicial con esos parámetros históricos. Pero la realidad ha impuesto una nueva forma de visualización de la Administración de
Justicia, concretamente la realidad del punto donde se le resuelve al ciudadano su litigio o su controversia. Estamos hablando de que se ha desbordado en el 99,9 % de los casos la visión del partido judicial. Estoy pensando en algo tan simple como
son los juzgados de lo Penal, de lo Social, de lo Mercantil, de lo Contencioso-Administrativo, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, etcétera. Todos desbordan la idea del partido judicial. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional nos enseña
que la tutela judicial efectiva -y a mí me lo oirán muchas veces- tiene dos herramientas básicas; por un lado, la cercanía de la resolución del conflicto al ciudadano y, por otro lado, la organización eficaz. Por tanto, en ese ejercicio de
ponderación que los juristas tenemos que hacer y al que en teoría tendríamos que estar tan habituados, habrá que conjugar que nos lleve a una nueva redefinición. Como saben, por encargo del Consejo de Ministros en el último Gobierno de Zapatero
-permítanme la expresión porque estamos algo cansados ya todos- un comité de sabios estableció por dónde se debería ir en la nueva redefinición de la planta y les propongo que lo estudiemos, que lo analicemos. Eso no supone suprimir o dejar de
suprimir, sino que supone dar al ciudadano algo mejor. Del mismo modo hablaré de temas globales, Ley de Enjuiciamiento Criminal y Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.


La justicia universal -ya me adelanto- la han puesto casi todos de manifiesto. Respecto a la jurisdicción universal, hay un tema de programa electoral y, por tanto, está ahí. El objetivo es la gran reforma que se hizo en 2009 y creo que en
la legislatura anterior tuvimos un gran consenso, en el que estuvo también el Partido Popular, sobre cuáles eran los matices y los puntos a los que deberíamos llegar. Insisto en que nunca habrá una ley que sea del gusto de todos, nunca habrá una
ley que represente todos los pareceres. La clave es que todos nos sintamos representados en lo que al final publica el 'Boletín Oficial del Estado' para que nos permita reconocernos en una mejor normativa y en un mejor ordenamiento jurídico que el
que teníamos.


Todas las leyes son mejorables y todas las leyes tienen que someterse al cambio del tiempo. Cuando hablo de esta materia siempre digo que la reforma de 1973 -ya ha llovido- que modificó el título

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preliminar del Código Civil estableció como uno de los criterios de interpretación de las normas la realidad social del tiempo en el que deben ser aplicadas. Por tanto, somos conscientes de que el derecho es algo vivo y, en la medida en que
se pueda, tenemos que renovarlo. Con esto doy un salto, pero me viene bien esta apoyatura. Cuidado, no nos enganchemos solo a la interpretación sesgada que queremos hacer de lo que dice la Constitución. ¿Por qué no la interpretamos como ha dicho
el Tribunal Constitucional, que es el alto tribunal que tiene por misión adecuar los problemas a la visión del marco constitucional y de convivencia que nos dimos en 1978? Aludiré posteriormente a este tipo de cosas, pero quería dejar alumbrado que
el Tribunal Constitucional con la interpretación sacrosanta que hace de la Constitución -cuidado, es derecho y, por tanto, puede cambiar; no es algo petrificado- nos permite un marco de convivencia. Estoy pensando en algo que ha mencionado un
sector de los portavoces, la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. La Constitución dice lo que dice, pero, sobre todo, dice lo que el Tribunal Constitucional ha dicho y establece la constitucionalidad de ese ámbito de
doble legitimación. Por tanto, no censura, sino que previene de los peligros que pueden darse por una mala gestión del modelo. No pongamos tanto el acento en la Constitución, sino en lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y corrijamos el tema
porque en nuestra mano está. Volveré sobre esta cuestión más tarde.


Señor Bal -¡ay, señor Bal!-, sabe que le hablo con mucho cariño y con mucho respeto, pero seamos coherentes. Creo que la coherencia es uno de los grandes valores que tenemos los seres humanos, porque esa es la buena fe que conocemos en el
mundo del derecho, la previsibilidad de nuestro comportamiento. Sobre la elección del fiscal o de la fiscala general del Estado, ustedes han cambiado prácticamente en cada convocatoria electoral. Le hablo sin ánimo de polémica, porque sé que vamos
a poder encontrarnos, ya que nos une mucho más que ese matiz de discrepancia que usted ha querido acentuar, aunque es lógico que lo haga. En el Diario de Sesiones de esta Cámara hay una intervención en la que pongo de relieve el cambio, el giro
copernicano o el transformismo -me ahorro el calificativo- al que sometieron ustedes el pronunciamiento. En el programa electoral con el que concurrieron dijeron que sería bueno que lo eligiera esta Cámara, pero ponían en el mismo programa
electoral que no era posible porque había que hacer una reforma constitucional. Eso se les olvida y en el siguiente vuelven a decir que tiene que hacerlo directamente esta Cámara. El derecho es algo mucho más serio que todo eso, y usted lo sabe.
Usted es un abogado del Estado. Por cierto, me figuro que también se le aplicarán estas historias de las puertas giratorias, ¿no? Bueno, no importa. Le digo lo mismo que he dicho anteriormente. Cuando quiera, lo hablamos, porque estoy convencido
de que nos encontraremos en grandes puntos de acuerdo.


Aforamientos. No voy a extenderme mucho. Saben que en el programa electoral va una limitación de los aforamientos en función de los delitos cometidos en el ejercicio del cargo. Por tanto, no tengo más que decir.


Del Registro Civil hablaremos posteriormente. De la justicia universal, igual. Pero sí voy a decir algo sobre el caso Servini, porque la verdad es la que es, no la que muchas veces ponemos en nuestras bocas, leemos en algunos medios de
comunicación u oímos en los mismos. El Ministerio de Justicia no ha puesto ningún obstáculo a la investigación de la jueza Servini. Fue una actuación del año 2018 donde se pide una comisión rogatoria y el juez competente dice que no es posible,
pero establece unas vías alternativas. Y es en eso en lo que está la jueza Servini. Pero nunca el Ministerio de Justicia ha hecho una prohibición o ha emitido ningún documento ni escrito ni no escrito sobre este particular. Les pido, por favor,
rigor en la información, que cuando quieran se la facilitamos.


Del turno de oficio hablaré después. Un tema que sí me preocupa mucho, porque viene ocupando muchos años de mi vida, es el de la ratio. Agradezco al señor Ortega que haya hecho matizaciones: no es tanto un problema y, efectivamente,
dependiendo del ángulo que cojamos podemos obtener que tenemos muchos o tenemos pocos. Claro que necesitamos jueces -soy juez hace treinta y tres años y, por tanto, no me van a encontrar ahí-, lo que también les he querido decir en mi intervención
es que no solo el número de plazas es lo que determina que la justicia resuelva los problemas. ¿Por qué? Lo podemos ver en el caso concreto, porque es más ilustrativo. Todos conocemos un partido judicial que tenemos cercano a nuestro domicilio o
en nuestro propio domicilio donde la carga de saturación es inasumible, y con los mecanismos pertinentes, comunidades autónomas si tiene las transferencias de justicia, el TSJ, los colegios profesionales, y al final llega el Consejo General del
Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en esas comisiones y se crea un nuevo órgano. Todos sabemos que a los pocos meses ese órgano tiene la misma carga -me alegro, compañero, que ratifique lo que digo-. Al final, el modelo fagocita. Por eso
he dicho que las posturas incrementalistas no son la respuesta. ¿Que hacen falta más jueces? Claro, y me comprometo a traer de manera inminente la mejor oferta pública en materia de jueces y fiscales que hemos tenido en los últimos siete años.
Pero insisto en que esa no es la solución; no es la solución más

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de todo, sino que necesitamos un nuevo modelo de organización, que es el que no tenemos, pero no porque se haya desgastado el que tenemos, sino porque nunca lo hemos tenido. Estoy seguro, señor Bal, que coincide con mi planteamiento. Por
tanto, muchos, pocos o las ratios que dan los ámbitos europeos. Pero todos sabemos que las arquitecturas sobre las que se sujeta el Poder Judicial son muy diferentes. Si incorporamos los jueces de paz, evidentemente nos saltamos. Me dirán: es
que eso es falsear el modelo. Sin duda, porque tiene un cometido absolutamente legítimo y que hacen bien, pero no estamos hablando de la misma justicia profesional. Bueno, pues esto sirve como ejemplo para decir que ese no es el determinante. Lo
mismo sucede con el índice de litigiosidad. La litigiosidad en un país lo que únicamente determina es el grado de conflictividad social. Por tanto, como poderes públicos tendremos que remover los obstáculos para que los ciudadanos alcancen la paz
y obtengan ese derecho en pie de guerra, que es la acción procesal. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Incrementando, en plan impresora de 3D, jueces y fiscales y replicando todo el modelo o viendo cuánto hay que crecer pero en una organización más eficaz?
Creo que todos estaremos ahí. Por tanto, les pido que trabajemos en eso, en el desarrollo de la oficina judicial, en el despliegue, en las aplicaciones de verdad y busquemos ese punto de interoperabilidad.


Señor Ortega, le voy a decir una cosa, usted invoca mucho la Constitución. Todos la invocamos y todos nos la creemos, porque es la que nos ha permitido a todos estar aquí, lo que pasa es que -no se lo tome mal- en la España que yo defiendo
cabemos todos, pero no estoy tan seguro de que en la suya quepa yo. Lo que le digo es que el título VIII establece un sistema autonómico y que los estatutos de autonomía, a través de sus cláusulas subrogatorias, establecen la posibilidad de asumir
unas competencias que ha bendecido el Tribunal Constitucional, pero se exigen esfuerzos de coordinación -ya le he dicho que en el término de mes estará convocada la conferencia sectorial-. Claro que tenemos que trabajar, pero, ¡cuidado!, estamos
hablando de que todas las comunidades autónomas, del signo político que sean, han hecho una apuesta por el servicio público de justicia, con mayor o menor ahínco, en recursos humanos y medios materiales, que es lo que bendijo el Tribunal
Constitucional, estableciendo que el Consejo General del Poder Judicial, lo que recoge el 149.1.5.ª, es competencia exclusiva del Estado. Por tanto, los otros mecanismos vienen a fomentar esos mecanismos de descentralización, que en la justicia
tienen unas ramificaciones bastante menos importantes que en otras áreas competenciales, pero que son absolutamente legítimas y, sobre todo, son constitucionales.


Sobre la Audiencia Nacional, creo que hay tantas materias y tantas causas que legitiman su observación que, si no la tuviéramos creada, a lo mejor tendríamos que inventarla; lo que no quiere decir que, como cualquier otro órgano, no sea
matizable y mejorable. Pero solo por entender que hay delitos que desbordan la provincia, que desbordan la comunidad autónoma y unas materias tan especiales o tan peculiares la tendremos que tener. Entiendo su posicionamiento, porque tienen una
carga especial, pero creo que esa carga especial se legitima por el buen funcionamiento de estas actuaciones.


Creo que decir que el Partido Socialista no cree en la separación de poderes no responde a criterios de sostenibilidad. No quiero entrar, porque, insisto, quiero brazos tendidos, porque creo que es mucho más lo que nos une que lo que nos
separa. El Consejo General del Poder Judicial, con todos sus matices, es un órgano constitucional, de aparición, insisto, en el 78, copiando modelos portugueses e italianos. Si no existiera, tendríamos igualmente que crearlo. Es el mecanismo no
solo de sanción, de ámbito disciplinario, de promoción de los jueces, sino que coteja una labor -ha salido aquí- que es el ámbito de la inspección. Es la inspección del consejo la que nos permite no solo sancionar la mala actuación, sino,
precisamente, prever los cambios y atender lo que son situaciones coyunturales de lo que son estructurales y, por tanto, permitir una más correcta administración de justicia. Por eso la Constitución del 78 entendió que es algo mucho más que un
gobierno para nosotros los jueces: es un gobierno de la justicia. Por tanto, es un órgano de política judicial. Por eso, creo -después insistiré en ello- que el modelo que nos hemos dado, que lo dio el pacto de Estado por la Justicia, que creo
que es uno de los hitos importantes de nuestra democracia, permitió un importante criterio de doble legitimación -sobre eso volveré más tarde-. Es el consejo el que establece, a través de su ley orgánica y los reglamentos que lo desarrollan, la
formación continuada. Creo que pocos poderes judiciales del mundo pueden decir que tienen una formación continuada con tanta inversión presupuestaria, con tanta calidad y con una carrera judicial siempre en permanente estudio y renovación. El
Congreso entendió que hay materias que deben ser potenciadas en su sensibilidad -ahí está el Pacto contra la violencia de género-, y eso supone plantas judiciales, estructuración, preparación y sensibilización. Pero no olviden una cosa, las
democracias son siempre perfectibles, siempre son un camino, y ese es el único camino que podemos buscar. Lo que les pido es la fuerza para que no nos descolguemos de otros servicios públicos.

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Señor Santamaría, le agradezco muchísimo el tono de su intervención y le pido que sean ese partido de Estado que han sido siempre. Mire, si todas sus críticas van a ser sobre declaraciones de algún miembro del Gobierno que, a su parecer,
son más o menos desafortunadas, sé que le voy a tener a mi lado de una manera absolutamente leal. Cuando hablamos -y no ha sido usted el único- del papel del ministerio fiscal o del consejo, de la falta de autonomía del ministerio fiscal o la falta
de independencia de los jueces, siempre, y quizá sea una deformación profesional, no se lo voy a ocultar, pienso en mí mismo -la caridad también empieza por uno- y en mis compañeros. En algunos de mis pasos -con mucha imprecisión, señor Bal- por la
carrera judicial y cargos de representación política -si quiere después le cuento cuál ha sido mi trayectoria; pero le diré una cosa, cuando se dice esto se demuestra el desconocimiento de los mecanismos de abstención y recusación, pero sobre todo
es el desconocimiento, que es donde quería poner el acento, de lo que es la carrera judicial-, por ejemplo, cuando yo volvía a mi sección de la Audiencia Provincial de Cádiz ¿usted cree de verdad que iba a convencer a mis compañeros para que
prevaricaran? De verdad, no ofendan, porque eso es lo que hace daño en la ciudadanía. Es demoledor lanzar esos mensajes. Igualmente, con el ministerio fiscal. Claro que quiero -y ya con esto me adelanto a uno de los puntos que abordaré- que el
ministerio fiscal sea el director de la investigación, pero no es que lo quiera yo, es que lo quieren todos los países de nuestro entorno, que ya lo tienen en práctica, así como montones de países latinoamericanos, donde he tenido oportunidad de
trabajar con muchísimos de ellos. Todos preconizamos esa situación. Porque hay algo muy simple: el mandato constitucional -y volvemos a lo mismo-. Los jueces -lo dice la Constitución de 78-, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; los fiscales o la
fiscalía, la promoción de la justicia, promover la acción de la justicia. Al juez no le dice el texto constitucional que tiene que instruir, al fiscal sí le dice que tiene que investigar. ¿Eso quiere decir que nuestro modelo es inconstitucional?
No; pero que tenemos que salir de él, sí. Hemos tenido el apoyo de todos. Se ha aludido -yo mismo lo he hecho- al anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal del ministro Caamaño. Pero es que inmediatamente, con una mayoría absoluta del PP,
el ministro Gallardón hizo una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que también le daba la instrucción al ministerio fiscal. Eso no quiere decir -y ahora espero tener muchas oportunidades para hacerlo- que se cambie el texto
normativo. Ahí hay una parte orgánica muy importante.


También hay que establecer el juego del derecho de defensa. Tenemos que realizar, sin duda, una reforma del estatuto orgánico del ministerio fiscal, claro que sí, donde todas las materias que hacen referencia a estas cuestiones puedan ser
desarrolladas, y estoy pensando en el artículo 27; en el artículo 27, sí, en esa oposición que hace un fiscal a la decisión. Cuidado, hablamos de un ministerio fiscal que se mueve por dos principios básicos: la unidad de acción -unidad de acción,
señorías- y la dependencia jerárquica. Pues bien, aun saltándose esos principios y con las salvaguardas legales, un fiscal puede oponerse a lo que le manden si no lo considera ajustado a derecho. Habrá que potenciar eso, pero no dudemos de los
tres mil y pico fiscales que cada día se baten el cobre promoviendo la acción de la justicia y llevando el mecanismo a los tribunales para proceder a la reparación del daño causado a la sociedad y provocando, con sentencias mejores y acertadas, el
equilibrio que exige el texto constitucional.


Señor Santamaría, le puedo asegurar que he hablado de política, lo que pasa es que la política, tal como yo la concibo, va adobada con cuestiones técnicas, porque para que las normas sean buenas y lleven la felicidad a los pueblos tienen que
responder a criterios de sosiego y de alta responsabilidad, que es lo que nos corresponde a todos. Por eso estoy tendiendo la mano para que todos y cada uno de los textos normativos que se traigan aquí los podamos consensuar. Estoy convencido de
que en unos va a haber grandes apoyos, en otros, posiblemente ninguno, y a lo mejor alguna propuesta del Gobierno no alcance la mayoría y decaiga, pero no importa, porque eso no desmerecerá el esfuerzo y el intento, puesto que el intento es dotarnos
de un servicio público mejor. Yo no quiero contentar al Partido Socialista, no quiero contentar al Partido Popular, quiero contentar a la ciudadanía, y esa ciudadanía solo verá que hay respuesta si le damos una pronta y eficaz justicia.


Decía que había unos temas globales, pero como sé que hay un turno excepcional, si alguien tiene alguna pregunta la podremos abordar. Empezaba por Alecrim, pero creo que ya he dicho bastante. Me he comprometido a llevar al Consejo de
Ministros antes de fin de año el primer anteproyecto. Les voy a decir una cosa con carácter general. Todas aquellas materias esenciales las va a traer siempre este ministro con el máximo debate y ojalá que con el máximo consenso. Eso quiere decir
que tendrá todos los aportes normativos e institucionales, vinculantes o no: Consejo del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Consejo de Estado, universidades, ramas afectadas, asociaciones. ¡Cómo no lo va a traer la Ley de Enjuiciamiento Criminal!
Claro que sí. Tendrá que ser una ley de desarrollo lento, y seguramente tendremos que cambiar

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muchas estructuras para llegar a ese modelo, no hay problema -y estoy pensando en modelos como el alemán que tardaron años-, pero al final lo tendremos. Pero si no empezamos, les puedo asegurar que nunca acabaremos. Esa es la idea del
Alecrim, coger los mejores textos, que hay dos, sobre los que enormes profesionales, con un reconocimiento por parte de casi toda la doctrina, han dicho que ese era el camino, es decir, establecer un texto global de lo que es el código procesal
penal, respetando todas las manifestaciones del Tribunal Constitucional y de los tribunales europeos, incorporando todas las directivas, incorporando hasta la saciedad la segunda instancia penal, que ya tiene una gran implantación; en suma, una ley
que se tendrá que adecuar. Sé que muchos de ustedes son abogados en ejercicio y sabrán cuán importante es lo que estoy diciendo.


Hay un tema puntual que es tremendamente importante para este ministerio, que es el turno de oficio. Como saben, ahora mismo se está produciendo una queja sobre el impago del mes de noviembre -este ministro la comparte-, que va a tener
resolución de manera inmediata. Tienen razón en la queja, y habrá que intentar -y lo estamos haciendo-, adoptar un mecanismo. Se lo voy a explicar, porque muchas veces se nos queda el ruido y no terminamos de ver el bosque. Tenemos unos
presupuestos prorrogados y no cabe la fórmula para pagar noviembre, hace falta un real decreto. Eso ya está a punto de solucionarse. Posiblemente en semana y media o dentro de dos consejos de ministros se pueda ver ese real decreto y el pago será
inmediato. Pero eso no me satisface, porque los problemas son de doble calado. Ha habido una serie de acontecimientos, en lo que si alguien quiere podemos entrar después, por los que hay que dar una vuelta a eso, como hay que dársela al desarrollo
del Estatuto de la Abogacía, a la Ley del Derecho de Defensa y, por supuesto, a la justicia gratuita. Pero hay que distinguir dos planos: el beneficio de la justicia gratuita y el turno de oficio. Durante mucho tiempo no fue necesario, pero hoy
lo es porque no hay otra solución. Hay que abordarlo, y ya está la propuesta normativa para que sea una realidad a muy corto plazo y podamos solventar esos problemas. A este ministro no le van a encontrar nunca diciendo que no es legítima la
reclamación de alguien que no ha cobrado por haber trabajado. Tenemos que establecer los mecanismos para superar esos obstáculos -y pido el apoyo de todos-, pero les puedo asegurar que van a tener una resolución a muy corto plazo para resolver ese
problema puntual del mes de noviembre y también la tendrán para el futuro. Ahí es donde les espero; no lo duden, les espero.


Vuelvo al capítulo que llamo de precisiones técnicas. Los que me conocen saben que soy muy pesado, pero saben que me lo leo. Claro que ha habido advertencias por parte de Greco, pero les voy a leer textualmente lo que ha dicho en los
informes de 2017 y de 2019 respecto a los jueces y fiscales. Setenta y ocho, 2017: Greco quiere subrayar, como ya hiciera en el informe de evaluación anterior, que no existe ninguna duda acerca de la gran calidad de la justicia en España, ni sobre
el ministerio fiscal ni sobre la fortaleza del espíritu de servicio público de jueces y fiscales a título individual. ¿Qué dice en 2019? Esto no quiere decir que se ponga en tela de juicio la independencia de los jueces. El Greco ha sido muy
claro a este respecto y desea volver a serlo: no cabe duda de la independencia e imparcialidad de los jueces en el desempeño de sus funciones. No sigo porque les cansaría. ¿Que tenemos que seguir trabajando en herramientas que permitan que los
jueces estemos sometidos solo al imperio de la ley? Sí. Pero les puedo asegurar que ese no es el problema. No confundamos a la ciudadanía, porque no es lo mismo la visión crítica que nosotros podamos tener sobre el Consejo General del Poder
Judicial o su forma de elección con la actuación pulcra, exquisita y de alta calidad que tienen nuestros jueces, individual y globalmente considerados. Igualmente le insisto en lo del ministerio fiscal. Quería dejar dicho esto.


Nombramiento del fiscal general del Estado. Señor Bal, por favor, míreme, que lleva mucho destino. El mandato constitucional del 124 es claro y se completa con el estatuto orgánico del ministerio fiscal en su artículo 29.2 -hablo de
memoria, pero creo que no me equivoco-. Requisito básico constitucional: español, jurista de reconocido prestigio con quince años de antigüedad. Examinando en esta sala la idoneidad de cuatro fiscales generales -tengo un recuerdo cariñoso para
los cuatro y emotivo para el compañero y amigo, José Manuel Maza, que nos dejó de modo trágico-, les dije que era una comparecencia antipática, pero también les dije que habíamos dado un enorme paso en la consolidación del Estado de Derecho.
Propone el Ejecutivo. No me van a sacar de ahí; lo he defendido muchas veces en esta tribuna. Es bueno que la propuesta del rey venga del Gobierno, porque es el que tiene por misión constitucional dirigir la política interior y exterior del
Estado, y la política criminal forma parte de la política interior. Si no les gusta, este ministro vendrá a responder políticamente por los actos de la fiscalía general, pero no olvidemos, porque sería ocultar la verdad, que el estatuto orgánico
del ministerio fiscal establece la conexión y la comunicación entre el Gobierno y el fiscal general del Estado, una comunicación escrita que, por otra parte, hay mecanismos para desatender también por los cauces protocolarios. Después nos

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habla del juego de los tres poderes: el Ejecutivo propone, el Consejo General del Poder Judicial analiza los requisitos de legalidad que establece el 124, y por la vía del estatuto orgánico del ministerio fiscal se da entrada para ver los
requisitos de idoneidad de la fiscal general del Estado. ¡Claro que es en cierta medida un desprecio! Decía el otro día en la sesión de control del Senado que me duele porque es una ofensa a la Cámara, es una ofensa a la Comisión de Justicia e
incluso a aquellos diputados que forman parte de los grupos parlamentarios que hacen esa defensa. Esperemos al día 20, o cuando lo decida la Mesa, para que al fin se proponga. Van a tener tiempo y oportunidad de criticar a quien quieran, pero
dejemos que actúen. Ponía antes el ejemplo de la película Minority Report. No nos adelantemos al delito ni a la condena; no condenemos a nadie. El Gobierno ha ejercido una competencia constitucional con plenas garantías dando entrada a otros
poderes del Estado.


Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Lo digo sin ningún tipo de pudor: participé de un consejo que estuvo dos años prorrogado en sus funciones, y es una mala experiencia. Pero voy a decir algo: ni el Tribunal
Constitucional ni el Consejo General del Poder Judicial son responsables, en lo más mínimo, de que estén en funciones -que no es la categoría jurídica que les corresponde-, prorrogados en su mandato, porque ellos son objetos de negociación no
sujetos. Es nuestra responsabilidad, la que nos corresponde, sobre todo la de aquellos que tienen el papel de partidos de Estado, que se la han atribuido con su buen hacer, en la mayoría de los casos, durante los últimos cuarenta años de
democracia. Tenemos que proceder a la renovación del Tribunal Constitucional porque es el mandato constitucional, no hay más. Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley Orgánica del Tribunal Constitucional complementando a la propia Constitución.
Tenemos la obligación de hacerlo conforme a la normativa vigente. Después entraremos en debates, que serán ricos y esperemos que fructíferos, sobre los mecanismos de selección, sobre cómo se puede hacer un modelo de gestión, pero les hago una
reflexión que me la han oído en esta casa muchas veces: ¿de verdad alguien puede defender que no es rabiosamente constitucional el modelo que nos dimos en el Pacto de Estado de 2001? Es un modelo de doble legitimación que significa que los jueces
proponen. Me acuerdo de que cuando yo salí propuesto vocal del consejo eran treinta y seis; los compañeros elegían entre treinta y seis componentes de la carrera judicial para que fueran analizados por el Congreso y el Senado. Estamos insultando
a la soberanía popular y a la carrera judicial. Miren, la elección del Parlamento es bien limitada, es bien limitada. Puede elegir entre ellos, y entre los juristas. Por otra parte, nos puede gustar o no, pero el Tribunal Constitucional bendijo
esa fórmula. Yo les invito a que en su día, después de renovados los órganos constitucionales, entremos en un debate. Un debate abierto, serio, responsable y seguro que encontremos un punto de común acuerdo, pero no les puedo dejar de decir que el
28 de diciembre del 2018 la soberanía popular, articulada a través de las mayorías del Congreso y el Senado, estableció cuál es el modelo, por el que hoy quieren que se produzca esta renovación. En el sentido de que no se introdujo esa novedad que,
por algún grupo político, se incorporó in voce en el Senado y no voy a recordar que fue hasta un desastre la votación, porque la articularon tan mal que se equivocaron en la votación, pero no quiero entrar ahí.


Voy acabando, señorías. Registro Civil, es un tema absolutamente preocupante y que, como en todos, invoco el apoyo de todos. En este sentido agradezco la propuesta ya presentada en esta Cámara por el Grupo Popular, porque nos va a
permitir, llegado el caso, abrir un serio debate. Tenemos una ley, la 20/2011, que fue aprobada por la mayoría de la Cámara, todos los grupos parlamentarios prestaron ese apoyo. Vino la crisis, no quiero entrar en culpas, no me encontrarán nunca
ahí, simplemente hemos ido acudiendo a prórrogas y es cierto que tenemos -y es lo que me preocupa- en junio de este año la entrada en vigor. Tenemos que analizarlo y estamos en ello. Hay programas muy serios, pero puntuales. Tenemos que ver esa
globalidad. Este ministerio y este ministro, les aseguro que con plena transparencia, les diremos llegamos o no llegamos y si no llegamos pediré el apoyo de todos para que no repercuta en el ciudadano. Este ministro estará dispuesto a asumir lo
que haga falta, no hay problema. No hay problema. Me siento responsable de todo y de todo lo que han hecho ministros, aunque no sean del partido que a mí me eligió para ir en sus listas y que el presidente me ha llevado al ministerio, porque me
preocupan los ciudadanos. No me importa el crédito que pueda tener. Tenemos una fecha tope y tenemos que dar una solución a los ciudadanos. Ya veremos si estamos en condiciones, si tenemos que escalonarla, si hay que modificar y, por eso,
insisto, agradezco esa proposición presentada, porque nos permitirá tener un vehículo por si hay que establecer un escalonamiento, una entrada parcial. Ya lo analizaremos y me comprometo a traerlo y permitir que todos podamos alumbrar la mejor
solución.

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Código Penal, que no se me olvida. Señorías, he traído un programa ambicioso de ámbito consenso, en el que pretendo un ámbito de consenso, que va desde los grupos políticos a todos los operadores jurídicos con carácter institucional o de
otra índole y con la sociedad civil. Los códigos penales tienen que modificarse. Ya les digo que no hay, créanselo o no, porque un medio de publicación, un medio de prensa, habla hoy, a mí me gustaría decirle: de verdad, comparta conmigo esa
información. Porque no existe eso. No hay un compromiso con un partido en orden a modificar el código. Pero sí creo que los códigos penales, no creo que haya habido ni una sola legislatura en la que no se hayan modificado. ¿Por qué? Lo he dicho
antes. Porque también el Código Penal necesita de revisión. Los ataques a la convivencia vienen de muchos sitios. Igual que en la Ley 2/2015 tuvimos que hacer una nueva reordenación de lo que era el delito antiterrorista, porque el terrorismo
cambió y las sociedades tienen la obligación, no el derecho, la obligación de defenderse.


A mí me hace mucha gracia cuando veo esto y le digo: les aseguro que este ministerio traerá al más amplio debate, ojalá haya consenso, pero al debate cualquier reforma, sea de los delitos sexuales, sea de rebelión y sedición, sea
medioambientales, sea de protección animal. Todo lo traerá. Espero que consigamos un acuerdo y, si no, no pasa nada, porque podrá salir si hay mayoría y no saldrá si no hay mayoría. Pero no quiero que eso sea una piedra nunca o un palo en las
ruedas de algo que sí pido el consenso de todos, que es por lo que nos van a juzgar los ciudadanos, por la justicia cotidiana, por ese problema que tienen, por sus salarios de tramitación, al que me he referido, porque su despido no se ve, porque al
final ese ocupa no se va rápido de la casa y no puedo recobrar esa ayuda a la pensión que tengo con el alquiler del piso, eso es lo que les estoy pidiendo que no podemos obviar porque tengamos problemas y ese fue, se acuerda el señor Legarda muy
bien, el problema que tuvimos en la anterior legislatura. Teníamos acordado efectivamente, y la señora Moro se acordará, porque sufrimos mucho, teníamos casi cien, creo recordar, pero evidentemente se nos cayó algo que era consensuado y
efectivamente ya no tenía el respaldo de la Cámara y, por tanto, desgraciadamente, y como algunos intuimos desde las primeras reuniones, aquella subcomisión no tuvo vida. Les propongo un formato diferente, créanme. Les propongo un formato más
amplio y más incluyente, y realidades y transparencias. Le he dicho en mi intervención, y quiero resaltarlo ahora, la rendición de cuentas. Vendré cada tres meses. Mi equipo y yo, vendremos a rendir cuentas a esta Cámara sobre aquellos
compromisos que asumimos, por qué se han hecho, por qué no se han hecho algunos, y cómo vamos a paliar ese compromiso que adquirimos con la ciudadanía y no hemos podido cumplir. Le aseguro que esa es la clave del pacto y ahí nos van a encontrar
siempre. El Código Penal irá por ahí. Uno tiene que repasar todo esto y les aseguro que tengo buena memoria o por lo menos lo suficiente para estudiar. Es curioso cómo en FAES ha analizado la necesidad de las reformas del delito de rebelión, y no
se cayó el mundo. Podría decir hasta el magistrado, enorme jurista, penalista, que llevó la ponencia, o los grupos de política criminal, donde hay juristas de reconocidísimo prestigio, pero alguien tiene duda de que debemos de darle una vuelta a
ese tipo de delitos, ya veremos en qué términos, para ajustar los ataques a la Constitución, al orden público, a la paz pública, que se pueden producir en situaciones nuevas. Hay una cosa, la reforma del año 2015 estableció, sin duda, la capacidad
del Tribunal Constitucional de que sus sentencias debían de ser cumplidas. Pues no tenemos una respuesta en el Código Penal que dé cabida a eso. Hay que analizarlo todo y ajustaremos y nos pelearemos y discutiremos y traeremos a expertos. No
tengo ninguna duda, pero de verdad no entremos en esto, porque al final nos desgastamos en unas peleas estériles que podrán llegar, pero que todavía no han llegado. Trabajemos y canalicemos nuestras energías en lo que nos une, que es mucho, de
verdad, que es muchísimo y, sobre todo, una cosa que nos une a todos, a todos, no excluyo a nadie, que es la ciudadanía. Si le damos ese servicio público mejor, sin duda, porque de verdad piensan que todos y cada uno de los ciudadanos que generan
miles y miles de pleitos en nuestra justicia les preocupa esto que estamos debatiendo siempre, no, les preocupa un debate general, pero les preocupa que no recuperan su casa, que no tienen la pensión, que no se ve la legalidad de su despido, que no
se ve su incapacidad, que no se resuelve su ruptura matrimonial, que no se resuelve cómo pueden ver a los hijos cualquiera de los cónyuges. Todo eso es lo que hace que tengamos 5000 millones, entre otras cosas, paralizados en las cuentas de
depósitos y consignaciones. Luchemos porque ese capital circule, nos dará riqueza. Señorías, trabajemos por ello y eso es lo que les propongo. Ese es el modelo que les propongo. No sé si me queda algo. Señora presidenta, espero no haber agotado
la paciencia.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Les recuerdo a las señoras y señores portavoces que por acuerdo de la Mesa y portavoces en la última reunión, decidimos un turno excepción de réplica de apenas entre tres y cinco minutos. Aquellos que quieran hacer uso de él, por favor, les
pido que, dada además la hora avanzada que llevamos de Comisión, se ajusten por tanto a los tiempos determinados.


Señora Vehi, tiene usted la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto.


La señora VEHI CANTENYS: Gracias, señora presidenta, disculpe.


Señor ministro, que yo le haga el planteamiento y su única respuesta directa sea que no me gusta el Poder Judicial, me parece que deja que desear por dos cosas. La primera es que he intentado hacer una diferenciación entre lo que es la
cúpula del Poder Judicial y lo que son los jueces y lo que es la Administración de Justicia. Haría un flaco favor al rigor si usted no hiciera esta diferenciación. La segunda razón es que yo le estaba planteando nuestra perspectiva en relación con
lo que entendemos que es el derecho y el paradigma de la conquista de derechos y, como ministro, de alguna forma, le pedía que expusiera su perspectiva. Esto me lleva a dos ideas. La primera, se lo dije antes, para nosotros ahora mismo el foco
entre la legalidad y la legitimidad es uno de los focos que operan en el marco también de la crisis de legitimidad que hay y esto tiene que ver, por ejemplo, con la reforma del Código Penal y con la necesidad de anular los delitos vinculados al
movimiento independentista.


El segundo elemento, la defensa de la desobediencia civil como herramienta legítima y necesaria democráticamente para la consecución de derechos. Aquí hay dos formas de entender el derecho, como la ley mordaza, que fue la respuesta al 15-M
o como la del decreto digital, aprobado hace nada, como respuesta a la web del referéndum de la Generalitat de Catalunya o al tsunami democrático o hay la vía de apoyar a los movimientos de desobediencia civil, porque garantizan derechos que
preocupan a la ciudadanía, como el derecho al aborto, que fue ganado con la desobediencia, o el derecho a no hacer el servicio militar obligatorio, que también fue ganado con la desobediencia, o el derecho a huelga, que consideramos que son
elementos fundamentales en las preocupaciones de la ciudadanía.


Acabo excusándome, porque en media hora en esta misma sala hay una comparecencia del ministro Marlaska, por lo que me ausentaré. Seguiré su respuesta y se lo agradezco a la presidenta. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vehi.


En segundo lugar, tiene su turno de palabra la señora Pozueta, por el Grupo GEH Bildu.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Señor ministro, usted plantea que gustosamente hablará con nosotros o conmigo, y cómo no. Yo también gustosamente muestro mi voluntad de hablar, porque hablando además nos podemos entender y hablando podemos
hacer muchísimas cosas, pero también además de hablar, yo lo que planteo son concreciones, y cuando hablo de concreciones estoy hablando de derogación de leyes y estoy hablando de reformas profundas. Para eso, le animó y le deseo mucha fuerza y
mucha valentía. Vamos a estar junto a usted si tiene voluntad de realizar una reforma del Código Penal integral, ya que muchas de las reformas aplicadas durante estos últimos años nos han llevado a una excepcionalidad inaudita. En relación con los
presos y presas vascas, desde nuestro grupo, solicitamos devolver la política penitenciaria a la estricta legalidad para alejarla de la excepcionalidad. Usted ha comentado que me estaba refiriendo a sospechas. Cómo me puede decir eso de que yo me
estoy refiriendo a sospechas, yo estoy hablando de realidades. Realidades que las he vivido directamente y que todavía estamos viviendo las consecuencias. Yo he comentado casos a lo largo de muchos años que hemos seguido viviendo. Hemos vivido
también las consecuencias de la utilización de la Audiencia Nacional como un tribunal excepcional para delitos que se definen como terrorismo. Pero también le digo que no hemos interpretado a nuestra conveniencia esos delitos, que Amnistía
Internacional y la ONU, dos organizaciones prestigiosas y nada sospechosas de hacer dejación de la realidad sobre el yihadismo o sobre la realidad política y social internacional, llaman la atención sobre los derroteros autoritarios del Estado
español con el artículo 573.1 entre otros.


Por último, también le voy a decir que usted ha dicho que es muy pesado. Nuestro grupo va a ser muy muy muy pesado. Vamos a ser pesados. Vamos a mostrar perseverancia para que se haga justicia. En ello vamos a poner un especial empeño y
si su intención y su voluntad es que a partir de ahora nos vayamos acercando más a los principios de justicia y a la justicia, como he dicho anteriormente, en mayúsculas, nos tendrá a su lado.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozueta.


Tiene la palabra por el Grupo Vasco, el señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervengo muy brevemente, porque efectivamente la hora ya apremia. Muchas gracias, señor ministro, por sus explicaciones y quiero alabarle por ese principio de escucha que nos dice que va a ser un poco la guía de su mandato. Por nuestra
parte, de mi parte y de parte de mi grupo parlamentario, le corresponderemos si es así con una posición constructiva y con responsabilidad política, sin enfrentamientos artificiales que generan dudas en la sociedad. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.


Por el Grupo de Ciudadanos es su turno, señor Bal.


El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias.


Muchas gracias, señor ministro, porque me ha gustado mucho su tono. Comienzo con ay señor Bal, ay señor Bal, verá es que en un campeonato de pesados no sé quién de los dos va a ganar, pero eso es que lo debo de estar haciendo razonablemente
bien como oposición, creo yo. Quiero decirle, primero, que me dice que tenemos una postura errática por parte de mi grupo en relación con el nombramiento del fiscal general del Estado. Pues mire, ya no es errática, si es que lo fue en algún
momento. Tiene registrado en el Congreso de los Diputados, en la página web, la ley que ya hemos presentado y respecto de la cual me dice usted que de acuerdo con el artículo 124.4 tenemos que reformar la Constitución. Pues mire, estos señores de
aquí, del Grupo Popular más el Grupo Socialista más Ciudadanos somos 221 diputados y nos hacen falta 210 para cambiar la Constitución. Lo que ocurre es que me quedo un poco sorprendido de que a usted parece que el sistema le gusta, es decir, que no
cree que haya que despolitizar. Cree que es bueno, que es razonable, que una persona que ha sido ministro de Justicia al día siguiente salga y pase a ser fiscal general del Estado. Este es el quid de la cuestión. Esto es lo verdaderamente
importante. Yo desde luego me ofrezco a cambiar el artículo 124.4 de la Constitución si hace falta, en este sentido, para que se consiga consenso en el Congreso de los Diputados para nombrar a una persona en la que no concurran las condiciones que
pueden concurrir en esta persona que se va a presentar al nombramiento. ¿Que lo hará bien? Ojalá que lo haga bien, eso es lo que yo quiero y deseo. No estamos anticipando ningún juicio, no estamos hablando de un prejuicio, estamos hablando de las
condiciones objetivas de hoy. Ojalá que lo haga bien, claro que sí.


Esta aventura de la política durará lo que dure, ojalá que dure mucho porque es un trabajo precioso y que, además, asumo con un honor enorme, pero, efectivamente, mis puertas giratorias son sencillas, cuando vuelva lo haré a mi Abogacía del
Estado, iré al puesto en el que me toque trabajar, serviré a los españoles, porque igual da servir a los españoles desde aquí que desde allí, pero lo que sí le aseguro es que la parte de mi vida que haya disfrutado de la política no influirá para
nada en el puesto al que vuelva. Me volveré a defender multas de tráfico a los juzgados de lo contencioso, si no pasa nada, si está muy bien, si es una actuación muy noble. Usted volverá a la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, ya no
volverá a Cádiz. Esa es la cuestión y no que usted o yo tengamos o no derecho a estar aquí o allí o nos guste esto o lo otro. Esa es la principal cuestión.


En quince minutos es difícil hablar de todo esto, simplemente quiero hablarle de algunas cosas más pedestres. Me alegra muchísimo lo que acabo de escuchar sobre que no va a haber un trabajo del turno de oficio sin cobrar. Por favor, ahí
nos va tener de su lado. Además, hace falta que a igual salario se pague igual retribución y que exista igualdad en la satisfacción del turno de oficio en las distintas partes de España, que es algo que no se plantea a menudo, pero que supone que
unos abogados de ciertas comunidades autónomas cobren más que los que están en el territorio Estado. Y como eso, muchas cosas; un mapa de necesidades judiciales, no solo en el territorio Estado. Algunas dependencias judiciales se encuentran en
situaciones lamentables como, por ejemplo, la de Marbella, que he ido allí a verlo y da hasta miedo pensar que pueda ocurrir allí un incendio o algo parecido con una salida en la que solamente cabe una persona. Ese tipo de cosas, como la
conciliación de la vida familiar y laboral de los abogados y, sobre todo, de las abogadas y que se pueda establecer como causa de suspensión en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en todas las leyes procesales atender a las necesidades básicas de la
familia, cosa que actualmente los jueces, los secretarios judiciales, los letrados de la Administración de Justicia, sin embargo, rara vez atienden. Parece que los derechos de los abogados son diferentes y menores que los derechos de otros
trabajadores.

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LexNET. Sí, ya lo sé, hace mucho tiempo que usted no está en el juzgado, pero es que yo estuve prácticamente ayer. Se cae, no tiene capacidad, no admite determinados formatos, pierdes los archivos cuando los mandas, no guarda un borrador.
Estas son las cosas que mejoran la calidad de la justicia de verdad en el día a día.


La señora PRESIDENTA: Se termina su tiempo, señor Bal.


El señor BAL FRANCÉS: Termino ya.


Solamente le pido, señor Campo, con todo el cariño, de verdad, que se olvide de legislar desde el despacho y no se olvide de su toga, yo no me olvido.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal.


A continuación, es el turno del señor Alonso-Cuevillas.


El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, son muchas las cuestiones pendientes, estamos al inicio de la legislatura. Confío en que tendremos tiempo de debatirlas tanto con usted como con su equipo, pero, dado lo avanzado de la hora, creo que tanto el señor ministro
como la presidenta como todos los asistentes me agradecerán que las posponga hasta mejor ocasión.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su cortesía parlamentaria, señor Alonso-Cuevillas.


Tiene la palabra la señora Telechea.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.


No hace falta reiterar lo que han comentado también mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, simplemente quiero apelar a ese diálogo en el que mi grupo parlamentario está insistiendo e insistiremos siempre, ese diálogo
para trabajar, para mejorar y siempre con honestidad y con sinceridad.


Mucha suerte.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea.


Tiene la palabra el señor Asens.


El señor ASENS LLODRÀ: Gracias, presidenta.


Simplemente quiero contestar al señor Santamaría. Me ha parecido un tanto obsceno oír al portavoz del Partido Popular -al portavoz del partido de la fiscalía te lo afina- clamar por la separación de poderes. Me pregunto dónde estaba el
señor Santamaría los últimos cuarenta años, dónde estaba cuando el fiscal Maza nombró como fiscal anticorrupción al fiscal preferido del corrupto Ignacio González o cuando se nombró al señor Cardenal, que todo el mundo recuerda porque fue famoso por
sus críticas a leyes que garantizaban el derecho al aborto, anticoncepción o el divorcio, para él extremos viciosos. Me ha sorprendido su ataque al Gobierno y, en concreto, a la idoneidad de la señora Delgado, teniendo en cuenta que ellos han
promocionado al señor Lesmes, ex director general del Ministerio de Justicia con el Partido Popular, ocho años en el Gobierno de Aznar. ¿Esa idoneidad no le parece a usted cuestionable?


Me parece también sorprendente, teniendo en cuenta que están bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se les llene la boca con la separación de poderes. Ya lo hicieron en la etapa de Zapatero, tanto con el
Tribunal Constitucional como con el Consejo General del Poder Judicial. Esto tiene que ver con algo de lo que todo el mundo se acuerda, con las palabras del señor Cosidó cuando decía que el señor Marchena era uno de los suyos, que controlaban por
detrás. Pero hay otras palabras de ese mensaje, cuando decía que hay centenares de nombramientos en el Poder Judicial que son vitales para el Partido Popular, eso decía el señor Cosidó. ¿Vitales para qué, señor Santamaría? ¿Vitales para hacer
política, quizás? No lo sé. ¿Vitales para defenderse de los casos de corrupción? Ahí está el maridaje con los aforamientos que ha señalado el portavoz de Ciudadanos porque el señor Casado, en el caso de su máster, si no estuviera aforado, lo
habría investigado un juez ordinario y no un juez que ha sido escogido por los jueces que ha nombrado el Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Estamos hablando quizás de eso, de que haya jueces afines o amigos del Partido
Popular para poder ocultar los casos de corrupción?


Nacho Escolar, el director de Diario.es decía que el Partido Popular cuando tenía problemas con sus casos de corrupción, con la justicia, no cambiaba de abogado, sino que cambiaba de jueces. Por tanto,

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me llama la atención que usted haya hecho esa defensa y ese ataque, teniendo en cuenta ese currículum. Por ejemplo -y así acabo con esta última cita-, la vicepresidenta Santamaría se vanagloriaba en su momento de haber conseguido que los
líderes independentistas estuvieran en prisión, haciendo gala, precisamente, de una falta de respeto a la separación de poderes.


Esa contención que ustedes piden no se la aplican a ustedes mismos cuando tienen la ocasión.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Asens.


Es su turno, señor Ortega Smith-Molina.


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias.


Señor ministro, usted ha repetido creo que hasta en tres ocasiones el programa está ahí, ya lo dice el programa. Esto me preocupa porque creo que usted viene aquí en su condición de ministro del Reino de España, no de portavoz del Partido
Socialista. ¿De qué programa me habla? Usted tendrá que venir aquí, entiendo yo, a proponer a los grupos una política de Estado, de interés general, no la política partidista del programa del Partido Socialista. ¡Que estamos hablando de la
justicia! Esta es la primera cuestión que me preocupa. La preocupación aumenta, se lo digo con todo el respeto y -ahora que está de moda esto del tono- con el mismo tono cariñoso con el que usted se dirige a nosotros, porque estamos hablando de
algo muy serio.


No me voy a referir a las quince preguntas que le he hecho ni a todas las que usted no me ha contestado, sobre la posibilidad de que se evalúen los distintos nombramientos, la discrecionalidad a la hora del acceso, repartir cargas de
trabajo, todo lo que he mencionado y que está grabado. Lo que le preocupa a este grupo es que lo que hay detrás de algunos ministerios, especialmente el de Justicia, es una pieza más en un objetivo que hemos denunciado en la Cámara, que hemos
denunciado en el Congreso y que hemos denunciado en los medios de comunicación; lo que está aquí en juego -y se lo voy a decir sin rodeos- es un cambio de régimen por parte del presidente del Gobierno. En esto entran cuestiones verdaderamente
preocupantes para la democracia, para el Estado de derecho y para los derechos de los ciudadanos: controlar la Fiscalía General del Estado sin ningún tapujo; controlar la instrucción penal sin ningún tapujo; controlar el Consejo General del Poder
Judicial sin ningún tapujo; mantener -porque no ha dicho lo contrario- que siga el control de los accesos a los puestos gubernamentales o jurisdiccionales del Tribunal Supremo y modificar el delito de rebelión, a ver si les parece bien a los
golpistas y lo suprimimos o decimos que el delito de rebelión no existe.


Además le he preguntado por el indulto encubierto, que se está produciendo de facto en una aplicación fraudulenta de las competencias penitenciarias en Cataluña, con esa aplicación del artículo 100.2. Todo esto es gravísimo porque, al
final, si estos mecanismos de control jurisdiccional, constitucional, están controlados por el Poder Ejecutivo, se termina la democracia, se termina la libertad, se termina el Estado de derecho, se terminan los controles independientes de la acción
del Gobierno.


Y con eso termino, señor ministro. Podremos hablar largo y tendido sobre las cuestiones de la planta judicial, sobre la retribución justa que deben tener los funcionarios con independencia del lugar o territorio nacional en que trabajen,
podremos hablar del turno de oficio, podremos hablar de muchas cosas, pero si lo más importante no está garantizado, y es esa independencia, esa objetividad de la Fiscalía, del Consejo General del Poder Judicial, de los magistrados del Supremo, todo
lo demás sobra. Podremos tener una organización judicial que funcione como un reloj suizo, pero le aseguro que lo que no habrá es justicia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ortega.


Tiene la palabra, señor Santamaría.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Señora presidenta, permítame que no conteste a las interpelaciones del portavoz de Esquerra, porque tendría que levantarme y sentarme en el sillón que ocupa en la actualidad el señor Campo, y yo creo que el señor
Campo ha hecho méritos suficientes como para tener un voto de confianza y, hasta que los españoles lo decidan, permanecer en ese sillón.


Sí quiero contestar al señor Campo diciéndole que me ha parecido que es un ministro hábil en el regate corto; nos queda comprobar si es usted igual de hábil en el desplazamiento largo del balón, porque creo que nos ha pintado un dibujo en
el que todos estamos de acuerdo. Es decir, claro que todos estamos dispuestos a trabajar a favor de mejorar la eficiencia procesal, la eficiencia presupuestaria, mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan al servicio de la
Administración de Justicia, etcétera.

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Claro que estamos de acuerdo en eso, de lo que usted se ha olvidado es de dos cuestiones fundamentales, de las premisas básicas, y sin ellas no tiene sentido hablar de nada más: uno, garantizar la independencia judicial y, dos, salvaguardar
el Estado de derecho. Y aquí viene el tema de la fiscal general del Estado, que usted ha defendido, pero muy inteligentemente ha preferido usted comparecer antes que ella, que lo hará el próximo jueves, según ya nos ha anunciado. Yo le he
preguntado si usted cree que es la mejor profesional para el puesto, y entiendo que no puede responderme y tampoco quiero ponerle en esa tesitura, pero no me defienda a la fiscal general del Estado como a una persona de reconocido prestigio, porque
basta con que lea las transcripciones de los audios con Villarejo para saber que no es una persona de reconocido prestigio sino de ningún prestigio.


Quiero aclarar al portavoz del Grupo Socialista una cuestión. Esta Comisión no es un grupo de augures que tenga la obligación de predecir si la actuación de la fiscal general se va a producir en tal sentido o en otro. Una Comisión que
valora la idoneidad de una persona, en cualquier ámbito del derecho comparado, valora la trayectoria de esa persona para ver si está cualificada para desempeñar ese puesto. La señora Delgado tiene una trayectoria y estamos perfectamente
cualificados para hacer esa valoración, que haremos con mayor extensión de detalle el próximo jueves si al final es el momento. Ha hecho usted una apuesta por la transparencia. Es el ministro de Justicia, qué mejor apuesta por la transparencia que
dicte usted a la abogada general del Estado que quite el recurso que ha presentado ante la Audiencia Nacional y permita que el diario ABC tenga conocimiento sobre los viajes del presidente del Gobierno en campaña, que tampoco parece un secreto
militar. Así nos creeremos esa apuesta por la transparencia que nos lanza el señor ministro.


Por último, tengo que decirle que de lo que estamos hablando fundamentalmente es de salvaguardar la independencia y que no existan espacios de impunidad. A mí me preocuparía que quien más me defendiera fuera el representante de Esquerra, me
preocuparía enormemente, porque estamos hablando de la creación de consejos generales desconcentrados. Todos conocemos la sentencia del Tribunal Constitucional al respecto. Es decir, a usted le van a poner una serie de normas que ha dicho que va a
traer a la Cámara -y faltaría más que no trajera usted a la Cámara la propuesta de reforma del Código Penal- con una clara orientación: generar espacios de impunidad y saltarse el imperio de la ley.


Y con respecto a lo que es la negociación necesaria que hay que abordar para la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, simplemente una breve reflexión. En el Poder Judicial reside el último bastión para la
defensa de la igualdad entre los españoles. Si los españoles miramos hacia atrás en nuestra historia -y no hace falta volver la vista mucho tiempo atrás-, nos daremos cuenta de que cuando no alcancemos en determinadas cuestiones los consensos
necesarios e imprescindibles, los españoles lo pagaremos en términos de convivencia. Por tanto, yo le invito, le pido, me gustaría, le ruego que esa voluntad de diálogo que pone usted encima de la mesa la lleve al máximo en la renovación de estos
miembros. Es necesario que nos pongamos de acuerdo, porque si no lo pagaremos en términos de convivencia y lo pagaremos con cosas que luego cuesta mucho reconducir.


Muchas gracias, señor ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santamaría.


Por último, su turno, señor Arangüena.


El señor ARANGÜENA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Se nos ha expuesto hoy con convicción un programa, una agenda y una estrategia reformista y de modernización de una Administración de Justicia que está fuertemente necesitada de esas reformas y de esa modernización. El señor ministro ha
hecho una oferta genuina y un llamamiento honesto a alcanzar entre todos un pacto por la justicia y hemos expresado como Grupo Parlamentario Socialista nuestra opinión de que ese acuerdo no debería ser a priori imposible de alcanzar a pesar de la
aritmética parlamentaria y a pesar de la radicalidad y polarización en la que a algunos les gustaría ver instalada de forma permanente la política española. Hemos expuesto y defendido nuestra visión coincidente con la del señor ministro de la
justicia como servicio público al alcance de todos, más cercano a la ciudadanía, un servicio para la igualdad, un servicio para la libertad, un servicio también para la competitividad económica y un servicio, en suma, para la democracia.


Se ha hablado aquí por parte de los señores de la derecha de independencia judicial reiteradamente. No creo que hoy fuese el día que tocara hablar de eso. En todo caso, tengo que decir que hablar de independencia judicial por parte del
Partido Popular parece fuera de lugar y chirriante, y ahí me voy a quedar por ahora. En esa línea, señoras y señores de la derecha, les animamos a que reconsideren su

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estrategia de utilización de la justicia española como elemento instrumental de sus intereses políticos, como elemento de confrontación y de lucha ideológica, porque esa estrategia hace daño y debilita un Estado de derecho que es la mayor
conquista de la civilización, que nos aleja del caos y nos permite vivir en democracia y en libertad, democracia y libertad que damos demasiado a menudo por descontadas pero que son relativamente frágiles, incluso excepcionales, si consideramos que
la humanidad no ha dispuesto de ellas durante la inmensa mayoría de su historia.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracia, señor Arangüena.


Señor ministro, es el momento de su intervención final en esta su primera comparecencia en esta Comisión, que sin duda a lo largo de la legislatura será frecuente, como usted nos ha anunciado, no solo para presentar su gestión y sus
proyectos sino también para compartir con esta Comisión los importantes retos que tiene en este momento su ministerio.


Es su tiempo, ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Gracias, señora presidenta.


Hago este agradecimiento extensivo a todas y cada una de sus señorías. Me van a permitir que lo polarice en aquellos que han tenido la responsabilidad de articular las posiciones: Señora Vehí, señora Pozueta, señor Lergarda, señor Bal,
señor Alonso-Cuevillas, señora Telechea, señor Asens, señor Ortega, señor Santamaría y señor Arangüena. Muchas gracias a todos por el tono. Creo que se abre un camino que no será fácil, se lo aseguro, pero tenemos la obligación de recorrer -y
creo, de verdad, que por falta de ganas y energías de este ministro y de este ministerio no van a quedar- y agotar todas las posibilidades de acuerdos. Siempre he dicho que el consenso no es un fin, pero es un buen método de trabajo. Pongámoslo en
marcha.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, ministro.


Antes de dar por cerrada y finalizada esta sesión, quiero agradecer a las señoras y a los señores portavoces el tono y la disciplina que han utilizado en sus intervenciones y convocarles ahora mismo, al finalizar esta sesión, a Mesa y
portavoces inmediatamente.


Muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las cuatro y diez minutos de la tarde.