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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 172, de 07/10/2020
cve: DSCD-14-CO-172 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 172

DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN RUIZ I CARBONELL

Sesión núm. 5

celebrada el miércoles,

7 de octubre de 2020



ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre medidas para asegurar la protección y apoyo necesarios a colectivos vulnerables durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000602) ... href='#(Página4)'>(Página4)


- Relativa a reforzar el sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000924) ... (Página8)


- Relativa a la extensión del concepto de 'familia numerosa de categoría especial'. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/000931) ... (Página13)


- Relativa a la lucha contra el sinhogarismo. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente 161/000989) ... (Página17)


- Relativa a impulsar medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión como consecuencia de la crisis del coronavirus. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/001029) ... (Página21)


- Sobre apoyo a las entidades catalanas del tercer sector social y para la transferencia a la Generalitat de Cataluña de la recaudación de la asignación tributaria del porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
destinado a



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fines sociales. Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 161/001095) ... (Página25)


- Relativa a la mejora de la atención de los sistemas sociales y sanitarios a las mujeres con enfermedades crónicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001254) ... href='#(Página29)'>(Página29)


- Sobre implantación de tecnología adaptada a la comunicación y accesibilidad de personas con discapacidad auditiva, como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19, y la homologación de las mascarillas comunicativas. Presentada por
el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001413) ... (Página33)


- Sobre la accesibilidad universal para personas autistas mediante pictogramas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001417) ... (Página37)


Votaciones ... (Página42)


Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Buenos días. Les quiero recordar una cosa. La última vez que celebramos una sesión de esta Comisión, al terminar hicimos una reunión de Mesa y portavoces, en la que acordamos que miraríamos si era posible hacer una reunión para debatir
proposiciones no de ley, teniendo en cuenta que ya teníamos registradas más de 40; que esa reunión la intentaríamos hacer, puesto que, si no, no teníamos días para hacerlo, esta semana en la que no hay Pleno; también, que haríamos una distribución
de proposiciones no de ley, como han hecho, bueno, creo que todas las comisiones, durante el periodo de sesiones, teniendo en cuenta el número de parlamentarios que tiene cada grupo, y que empezaríamos ya en esta primera sesión y. Finalmente,
acordamos el tiempo de las intervenciones. Voy a ser sincero, hice una distribución de tiempo un poco, ¿cómo lo diría?, estricto: cinco minutos para los grupos parlamentarios que han presentado la iniciativa; tres minutos para defender las
enmiendas; y dos minutos para fijar posiciones, pensando que podía ser un poco generoso en el tiempo. Ahora bien, visto el número de enmiendas presentadas, estarán conmigo en que tendré que ser un poco estricto, porque si no, no es que hoy no
comamos, es que no merendamos. Por tanto, les agradecería que se atuvieran al tiempo. Dicho esto, le recuerdo lo que les dije telefónicamente, una vez que me dijeron que sí, que efectivamente teníamos sala y que era hoy y que era a esta hora: que
tendrían cinco minutos, tres y dos. Por cierto, los cinco minutos sirven para defender el texto de la proposición, pero también las autoenmiendas que se han presentado. Forma parte de lo mismo. Si no fuera así, el resto de grupos estaría en una
inferioridad de condiciones manifiesta. Finalmente, al terminar cada uno de los debates, el portavoz que ha intervenido tendrá la palabra para decir si acepta las enmiendas o si están trabajando o han llegado a una transacción. ¿De acuerdo?
Naturalmente, creeré en la buena fe de todo el mundo. Si me dicen que se ha llegado a una transacción y que la conocen los portavoces, lo creeré, naturalmente, faltaría más.


No sé si me dejo alguna cosa. Sí, hay otro tema. Ha llegado una enmienda del Grupo VOX que está fuera de plazo. Según me asesora el letrado, la Mesa lo tiene que aprobar o rechazar por unanimidad. La Mesa, después de hablarlo un momento,
ha llegado al acuerdo de no aceptarla, no por el contenido -sinceramente, casi no hemos tenido tiempo ni de verla- sino por el precedente que crearía y por la -no sé si es la palabra más adecuada- cierta relajación que podría crear en todos
nosotros, por aquello de decir: Bueno, no es hasta tal hora, sino que hasta el último momento siempre puedes presentarla. Por tanto, hemos creído prudente no aceptarla, por lo que no entraría dentro del orden del día.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Señor presidente, ¿puedo?


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Perdón, la palabra la doy yo.



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El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Sí, por eso se la estoy pidiendo.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo, espere un momento.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Es lo que estoy haciendo. ¿Qué cree usted?


El señor PRESIDENTE: No sé si queda alguna cosa más.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Perdón, señor presidente, pido la palabra.


El señor PRESIDENTE: Gracias por recordármelo.


Si alguien tiene alguna matización que hacer sobre lo que he dicho, que lo diga, si no empezaríamos con la primera proposición no de ley. (El señor Sánchez García pide de nuevo la palabra).


Entiendo que quiere hacer uso de la palabra. Por favor, ¿me puede decir su nombre?


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: José María Sánchez García, en sustitución de Juan Luis Paul Steegmann Olmedillas.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Gracias.


Tiene usted la palabra por un momento. Dígame.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ¿Cómo dice?


No le he entendido qué ha dicho. Tiene usted la palabra y luego ha añadido algo.


El señor PRESIDENTE: Que sea breve.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Que sea breve. De acuerdo, seré breve. No sabe usted si voy a ser breve o me voy a extender.


Lo que me gustaría saber es -creo que a todos los diputados- porque ha dicho usted que esa enmienda del Grupo VOX se ha inadmitido por extemporánea, si podría explicar en qué consiste la extemporaneidad


El señor PRESIDENTE: Que se ha presentado fuera de plazo, sencillamente.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ¿Cuál es el plazo que se ha aplicado para inadmitir esta por fuera de plazo? (Rumores).


No lo sabe bien.


El señor PRESIDENTE: Se lo leeré: Publicada la proposición no de ley, podrán presentarse enmiendas por los grupos parlamentarios hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que haya que debatirse.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Pero, señor presidente, creo que el resto de los diputados sabe que ese plazo se interpreta en sentido impropio, siempre, porque la presentación se hace por Registro, salvo que fuera enmienda transaccional, y el
Registro no está abierto las veinticuatro horas del día, como saben. Por eso pregunto, porque es una pregunta, en este caso, ¿cuál es la circunstancia precisa que ha motivado la inadmisión? ¿Cuándo se presentó la enmienda y cuándo se consideró
vencido el plazo? Por tanto, ¿cuándo se consideró que esta era inadmisible?


El señor PRESIDENTE: Está registrada el 7 de octubre.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ¿Cuándo venció?


El señor PRESIDENTE: A las diez de la mañana.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ¿A las?


El señor PRESIDENTE: Diez de la mañana.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ¿Cuándo venció el plazo?



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El señor PRESIDENTE: Pues ayer, tres horas antes.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Vamos a ver, si no sabemos cuándo venció el plazo, no podemos decir cuál es el fundamento de inadmisión.


El señor PRESIDENTE: A las diez.


Lo están consultando. Me confirma que a las diez.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Dice que a las diez. No sabe contestar.


El señor PRESIDENTE: Seguimos adelante. Vamos a empezar con el primer punto del orden del día.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE MEDIDAS PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN Y APOYO NECESARIOS A COLECTIVOS VULNERABLES DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000602).


El señor PRESIDENTE: Bueno, iniciamos el debate de las proposiciones no de ley que constan en el orden del día. En primer lugar, proposición no de ley sobre medidas para asegurar la protección y apoyo necesarios a colectivos vulnerables
durante la emergencia sanitaria del COVID-19.


Tiene la palabra la portavoz del Grupo Ciudadanos, doña Sara Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.


Buenos días, señorías. Nuestra proposición no de ley claramente incide en el impacto social y económico que ha tenido en los más vulnerables en esta pandemia del COVID. Somos conscientes de que las familias más vulnerables están expuestas
a mayor riesgo de contagio, a padecer con mayor intensidad sus efectos, a tener un estado de salud peor, porque suelen tener condiciones de salud más precarias, tienen carencias de recursos, de alimentación saludable, de higiene, de medicamentos, de
suministros básicos, como el agua y la energía, etcétera. Además, la pandemia incide muchísimo económicamente en este grupo de población, ya que sufren perjuicios económicos debido a las medidas de confinamiento, a la restricción de la propia
movilidad, lo que conlleva que muchas de estas personas o no puedan desarrollar sus empleos, porque no permiten un teletrabajo, o incluso que no puedan acceder a un empleo, porque muchas de ellas se encontraban en situaciones de desempleo.


Por ello, creemos que tenemos que hacer el máximo esfuerzo para establecer medios de apoyo y protección que son necesarios, tanto en el inicio de la pandemia como en este momento de una segunda ola. Creemos que es importante esforzarnos en
establecer una acción más coordinada de las propias Administraciones públicas; las comunidades autónomas, las Diputaciones provinciales y los ayuntamientos deben reforzar los recursos y los medios que permitan garantizar a estas personas los
alimentos, que les permitan acceder a sus necesidades básicas. Sobre todo, nuestra PNL incide también en la necesidad de evitar un entramado de burocracia que lo único que provoca son barreras para el acceso y el ejercicio de sus derechos. De nada
nos sirve poner los recursos necesarios si lo único que tenemos son entramados burocráticos que impiden que lleguen a quienes más lo necesitan.


Con esta finalidad, creemos también importante resaltar, y lo hacemos, la labor desarrollada por las entidades del tercer sector de acción social, que resulta fundamental en esta pandemia, la labor de sus profesionales, y es necesario
reconocer como servicios esenciales a estos profesionales. Somos conscientes que en el Real Decreto 7/2020 se hace referencia al reconocimiento como servicio esencial de los centros sociales, pero pedimos que ningún tipo de entidad social se quede
fuera, porque ese concepto de centro social, puede dejar fuera algún tipo de actividad. No hay que dejarles fuera en ese reconocimiento, así como tampoco en la provisión de las medidas y recursos de seguridad que necesitan sus profesionales.


Como podrán ver, señorías, a lo largo de la proposición citamos a distintos grupos de población, personas que viven en infraviviendas o en chabolismo -que nos preocupan muchísimo, porque son las que disponen de menor acceso a suministros
básicos-; las personas sin hogar, que igualmente tienen dificultades y que deben tener disponibilidad de una alternativa habitacional garantizada; las personas mayores, que han sido nuestro gran foco, y siguen siéndolo, de protección en estos
momentos, y las



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personas con discapacidad, para las que hemos intentado resaltar la necesidad de la accesibilidad a todo tipo de recursos.


Por ello insistimos en que podemos estar de acuerdo -es una proposición que creo nos puede unir a todos- en esa prioridad de garantizar y coordinar los servicios. Somos conscientes de que actualmente hay un Ingreso Mínimo Vital, pero
también lo somos de que no hay la suficiente coordinación para la garantía alimentaria, para garantizar las ayudas para la pobreza severa que existen en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, incluso a nivel estatal. No vaya a ser que
haya algún desliz y dejemos a alguna persona atrás. Queremos que nadie se quede atrás y que se garanticen los alimentos y las prestaciones que garantizan los derechos esenciales.


Resalto, igualmente, la importancia de las medidas de apoyo -hemos insistido en ello- a sectores que están especialmente perjudicados, sectores comerciales que son vulnerables: la venta ambulante, los feriantes, las personas del circo, que
es algo que hemos incluidos en nuestra propia autoenmienda, son sectores que lo están pasando francamente mal desde el inicio de la pandemia, que lo han puesto de manifiesto y que siguen sin soluciones. Creemos que tiene que haber un apoyo a este
tipo de sector, que se deben adoptar medidas y que se debe reconocer la prestación extraordinaria por cese de actividad a estos grupos de profesionales. Igualmente, creemos que es importante que quede garantizada de forma clara la protección social
a las empleadas de hogar ante la reducción o cese de su actividad, siendo necesario que se recupere el subsidio extraordinario por falta de actividad. Esta es otra de las enmiendas que hemos añadido, porque creemos que es uno de los sectores que
todavía está muy descubierto.


Otro de los aspectos que incluimos en nuestra propuesta habla de la importancia de los propios protocolos sanitarios, de la necesidad de ese refuerzo trabajado desde el Consejo Interterritorial de Salud y del Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, porque creemos que actualmente, con la segunda ola que tenemos ahora en marcha -por decirlo de alguna manera-, dichos protocolos son insuficientes. Por tanto, otro de los
aspectos en los que incide esta propuesta es en mejorar nuestra coordinación y nuestros protocolos.


El señor PRESIDENTE: Ya ha consumido los cinco minutos.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: En definitiva, señorías, las autoenmiendas que hemos presentado son para actualizar la proposición a la situación que tenemos en este momento. No hemos recibido enmiendas a nuestra proposición por parte de ningún
grupo parlamentario, por lo que esperamos que pueda ser apoyada. Incluso estamos a su disposición para mejorar en alguno de los aspectos que se nos pueda plantear.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Bien, como solo hay autoenmiendas, pasaremos a la fijación de posiciones por parte del resto de los grupos. Lo haremos de menor a mayor, comenzando por el Grupo Mixto, que no está. ¿Grupo Euskal Herria Bildu?
(Pausa). ¿Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario Plural? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario Republicano? (Pausa).


A continuación, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Cortés.


El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, señor presidente.


Quiero empezar subrayando que el Ministerio de Derechos Sociales gestiona un crédito de 100 millones de euros para programas sociales con comunidades autónomas, precisamente para la protección de la familia y la situación a la pobreza
infantil y prestaciones básicas de servicios sociales. También quiero recordar -y esto se ha mencionado- que, en el acuerdo del Consejo de Ministros del 14 de julio, se indicó que debe prestarse especial atención a las familias que han resultado
más afectadas por el impacto de la pandemia de la COVID-19. Las comunidades autónomas han recibido ya el 75 % del importe de la dotación que les corresponde, y actualmente están presentando sus proyectos para ser valorados por el ministerio, a
efectos de poder abonarles el 25 % restante. Asimismo, una vez decretado el estado de alarma, el Gobierno puso en marcha mecanismos de financiación y de reforzamiento de las prestaciones de los servicios sociales, regulados en el Real Decreto Ley
del 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, que aprobó un fondo social extraordinario de 300 millones de euros para financiar las prestaciones básicas de los servicios
sociales.



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En cuanto al impulso y el apoyo al tercer sector, quiero decir que desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha facilitado que las entidades del tercer sector puedan reorientar sus proyectos para acomodarlos a las necesidades de la actual
coyuntura, priorizando en todo momento la salud de los trabajadores, voluntarios y usuarios de los mismos.


Por último -puesto que se ha hecho mención a algunos sectores de población vulnerable-, con respecto a la población gitana, tan pronto que se declaró el estado de alarma, el Ministerio de Derechos Sociales reconoció la particular situación
de vulnerabilidad que afecta a un segmento significativo de dicha población, inscrita en el contexto de las desigualdades estructurales preexistentes a la pandemia y, de hecho, mapeó casi mil barrios, en su mayoría habitados por personas gitanas,
que presentan altos índices de pobreza y extrema pobreza. En consecuencia, trazó un plan para garantizar ingresos básicos en estos hogares, así como el suministro de alimentos, agua, gas y electricidad a las familias necesitadas. Esta es la marca
de un ministerio progresista.


Mientras tanto, quiero destacar también que, en sentido contrario, en Andalucía, donde gobierna Ciudadanos y Partido Popular, con el apoyo de la ultraderecha, se ha llamado a aplicar medidas represivas contra los barrios gitanos. Pongo un
ejemplo. El comisionado para el Polígono Sur, un cargo consensuado entre Ciudadanos y PP, pidió la actuación del Ejército en el barrio sevillano de Las Tres Mil Viviendas, y dijo -cito textualmente-: No podemos permitir que una minoría haga lo que
le dé la gana. Se refería a un episodio puntual, en el que unas diez personas salieron a rezar a la calle. Se refería a la población gitana del siguiente modo -cito textualmente-: Son clanes familiares desestructurados, que no están acostumbrados
al orden público ni a la disciplina, por lo que la Administración pública se tiene que imponer. Este ejemplo muestra la diferencia entre el modo de actuar de un Gobierno progresista y un Gobierno reaccionario.


Nuestra orientación de voto quedará condicionada al texto final, cuando se acabe de negociar las enmiendas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


La señora ESTEBAN CALONJE: Gracias, señor presidente.


La nefasta gestión de la pandemia en España nos ha dejado los peores datos socioeconómicos de todos los países de nuestro entorno, a pesar de haber sufrido el confinamiento más duro de toda Europa: mayor mortandad, mayor caída del PIB,
mayor número de sanitarios contagiados, una enorme falta de material, y familias enteras que se han quedado en el más desolador de los desamparos. La extrema necesidad de ayuda a estas familias es incuestionable.


La propuesta que nos trae hoy Ciudadanos nos parece muy voluntariosa, poco fundamentada y enormemente general. Delimita una serie de colectivos a los que se les asigna de forma arbitraria su condición de vulnerabilidad, sin tener en cuenta
sus condiciones socioeconómicas, o dotar a las ONG de manera general de EPI, test y PCR, independientemente de la función realizada. No es posible tener confianza ciega en todas las organizaciones, que son muy variadas y no todas merecen confianza.
Debe ser una prioridad para este Ministerio de Derechos Sociales mitigar el impacto de la COVID en la vida de las familias españolas, detectando a las familias que han quedado en situación de vulnerabilidad, aligerando cualquier traba burocrática y
poniendo lo antes posible las ayudas en marcha.


El territorio en el que habiten las familias no debe ni puede condicionar las ayudas ante un caso de igual vulnerabilidad. En esto, el Gobierno debe hacer un esfuerzo y alejarse del color político que tenga la Administración de turno.


Proponemos votar separadamente los puntos de esta proposición no de ley. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.


A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.


El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Popular va a apoyar esta proposición no de ley. Además, también va a apoyar las autoenmiendas que han presentado, precisamente, para actualizar y completar la
proposición no de ley.


El COVID-19 no solo afecta a la salud, que le afecta, y no sabemos todavía las consecuencias que sufrirá quien lo ha padecido. El COVID-19 ha afectado fundamentalmente a aquellas familias que han tenido nada más y nada menos que un
fallecido, y han sido más de 56000 fallecidos en toda



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España; 56000 fallecidos que tienen nombre, apellido y familia. También ha tenido otras consecuencias, y va a tener todavía más, económicas y sociales, para colectivos vulnerables, para las personas que más lo están necesitando, que son,
además, personas que están en una situación precaria. A ellas es a las que el Estado debe tener muy en cuenta y darles una especial protección, y, sin embargo, no lo hace. Desgraciadamente, el Gobierno de los socialistas y los comunistas no ha
protegido a los colectivos y personas más débiles, socialmente hablando. El Gobierno social-comunista es el responsable de la situación que se está viviendo en este país. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué razón no se hizo caso de las advertencias que
venían de Europa, antes de toda esta pandemia tan grave aquí en España? ¿Por qué no se hizo caso a esas autoridades sanitarias de Europa o a la propia Unión Europea? ¿Para qué? ¿Para conseguir hacer el 8 de marzo, el día que la ministra, Irene
Montero, estaba interesada en que se hiciera, porque ella quería ir sola y borracha a su casa? ¿Por qué razón? (Rumores). Señor presidente, descuénteme usted el tiempo, que me están interrumpiendo.


El señor PRESIDENTE: Sí, se lo descuento.


El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Me están interrumpiendo. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Continúe.


El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Déjenme expresarme con libertad. La libertad. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio.


El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Déjenme expresarme con libertad.


El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio.


El señor ROMERO HERNÁNDEZ: ¿Por qué se autorizaba y no se ponía ninguna cortapisa a los viajes que se hacían a Italia, concretamente a Milán, que era el centro y el foco de la pandemia en aquel momento en Europa? ¿Por qué España es el país
de Europa que más contagiados ha tenido? ¿Acaso le gusta más al virus España o los españoles? ¿Por qué los sanitarios españoles son los que más se han contagiado? Porque les faltaba material. Habría que decir que les faltaba mucho material.
¿Por qué no se había previsto con anterioridad tener ese material, cuando ya la pandemia estaba en China? ¿Por qué no había esa previsión? ¿Por qué se compraron test falsos? Ni siquiera había mascarillas. En definitiva, y a los señores de
Podemos, porque tienen su vicepresidente, ¿por qué las residencias españolas de la tercera edad son las que más muertes han tenido de toda Europa? ¿Por qué?


Bueno, y para colmo de todos los colmos, para colmo de todos los colmos, en vez de dedicarse a arrimar el hombro, a trabajar por ello, se dedican a hacer política, el Gobierno se dedica a hacer oposición, se dedica incluso a hablar de una
posible moción de censura. Han creado un problema, un problema gordo y, permitidme decirlo, se echa el culo fuera y se dedican a hacer oposición.


Termino, señor presidente. Es una pena que este Gobierno social-comunista no haya traído hasta ahora una solución para esta situación de la salud, y que lo único que nos haya traído haya sido una situación social mala, una situación
económica peor, porque la otra pandemia que nos viene es precisamente la social y la económica, y ellos son los responsables. Han dañado gravemente la imagen y la confianza de España en el exterior. Difícil veo que se vaya a recuperar. Nos han
metido a todos los españoles, a España, en un atolladero, y veremos a ver cómo salimos de esta.


Muchas gracias, señor presidente. (La señora Garrido Gutiérrez pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: ¿Por alusiones?


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Pido que el señor representante de VOX, perdón, del Grupo Popular, retire los calificativos a la ministra de Igualdad, es que a veces los confundo con mascarilla. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio.


No le he dado la palabra.


Tiene la palabra, a continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



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El señor MARÍ KLOSS: Gracias, señor presidente.


Voy a tratar de ceñirme a la cuestión y sacar partido a lo que puede haber de bueno en la PNL. Nosotros compartimos, obviamente, el espíritu que tiene la PNL, de protección hacia los más vulnerables, y siempre acogemos con gran interés y
expectación los discursos y propuestas de la diputada Giménez. Creo que esta proposición no de ley tiene cosas aprovechables. Eso sí, tiene telarañas. Es una proposición no de ley presentada hace mucho tiempo. Si no me equivoco, en abril, y
algunas cosas han cambiado de forma sustancial. La proposición ignora el escudo social que ha erigido el Gobierno. Un escudo social que ha detallado ya el diputado de Podemos y que viene jalonado de otras medidas de enorme calado, que permiten a
las comunidades autónomas y a las entidades locales acometer medidas de protección que facilita el Gobierno central, a través de la dotación, por ejemplo, de recursos, el levantamiento de las reglas fiscales, etcétera. Es decir, que por un lado
ignora completamente el escudo social y la movilización de recursos y programas que se ha producido en los últimos meses.


Por otra parte, entendemos que algunos de los puntos no son muy respetuosos con la distribución de competencias, y, en ese sentido, no los apoyaremos. Hay que recordar que buena parte de las competencias en la asistencia social son de las
comunidades autónomas y, en ese sentido, entendemos que no debemos traspasar esos umbrales. Se nos pide que promovamos comisiones y consejos interterritoriales, que ya se han reunido varias veces. En ese sentido, tenemos problemas con esos puntos.


Por lo tanto, en representación del Grupo Socialista hago una propuesta in voce a la representante de Ciudadanos para que acepte votar su PNL por puntos, y nosotros anunciamos que, si aceptan votar por puntos, apoyaremos el apartado número
2, referido a facilitar el acceso a programas, la tramitación del acceso a programas y servicios; el apartado 5, que se modifica en la enmienda 1, es decir, votaremos favorablemente esa enmienda, para apoyar a empresarios y trabajadores del sector
de venta ambulante, feria, circo, y el apartado 11, modificado en la enmienda 3, es decir, apoyamos la enmienda 3, para garantizar protección a las empleadas de hogar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


Hemos terminado el debate del punto 1. Por tanto, pasaríamos a la proposición número de ley que figura en el número 2. Pero antes me permitirán que les diga un par de cosas. Primero, que naturalmente, no voy a coartar a nadie por lo que
va a decir, pero les agradecería que se ciñesen al tema del que se está hablando, de lo que se está proponiendo, que se pone encima de la mesa.


A continuación, otro tema más doméstico. Por favor, les agradecería que nos pasaran una hoja en la que digan quién es el portavoz o la portavoz de cada uno de los puntos que todavía vamos a debatir en el orden del día. Porque esto de decir
el o la portavoz o quién es, no queda muy bien. ¿De acuerdo? Gracias.


- RELATIVA A REFORZAR EL SISTEMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000924).


El señor PRESIDENTE: Iniciaríamos el punto número 2, proposición no de ley relativa a reforzar el sistema de atención a las personas en situación de dependencia, que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el o la portavoz, no sé, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sonia Guerra.


La señora GUERRA LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Antes de empezar con la exposición de la proposición no de ley, me gustaría dar cuatro datos que creo que son importantes. En España, la esperanza de vida al nacimiento es una de las más altas de Europa y del mundo, situándose en los 83
años. La población de más de 65 años, en nuestro país, se ha multiplicado por tres en los últimos cuarenta años y en la actualidad es de más de 9 millones de personas mayores de 65 años. Si hablamos de la población mayor de 80 años, se ha
quintuplicado en los últimos cuarenta años, y en la actualidad tenemos una población de más de 80 años que roza los 3 millones de personas.


Está claro que la esperanza de vida es sinónimo, en muchas ocasiones de una mayor fragilidad, sobre todo, en las edades más avanzadas, que coinciden con las edades que conviven en los centros



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residenciales para gente mayor. De hecho, el 75 % de las personas que viven en una residencia para gente mayor son mayores de 80 años: el 75 %, señorías.


La primera vez que nuestra legislación recogió la atención a la dependencia como un derecho subjetivo, como ustedes recordarán, fue en 2006, con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Es obvio que no todas
las personas mayores son personas dependientes, de la misma forma que también es obvio que no todas las personas dependientes tienen las mismas necesidades. Por eso, la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia diferenciaba
entre las políticas de envejecimiento activo, la promoción de la autonomía personal y, por otro lado, la atención a la dependencia, diferenciando entre grados y niveles y ofreciendo una cartera de servicios pública para atención a la dependencia, en
función del grado y el nivel de la persona que debía tener el servicio. Así, más allá de los centros residenciales, se pasaban a ofrecer servicios como el de asistente personal, el cuidador o la cuidadora no profesional, la atención domiciliaria,
la teleasistencia, etcétera.


Pero también es cierto que desde 2006 la situación de atención a la dependencia en nuestro país ha sufrido modificaciones importantes, y más en los últimos meses, debido a la crisis del COVID. Por eso entendemos que debemos situar el acento
en algunas de las facilidades que ha mostrado el sistema.


Me gustaría destacar cuatro aspectos. En primer lugar, necesitamos mejorar la financiación del sistema de atención a la dependencia para reducir la lista de espera. En segundo lugar, debemos mejorar las cuantías en el nivel mínimo y en el
acordado. En tercer lugar, es importantísima la aprobación de una estrategia contra la soledad no deseada. Finalmente, pensamos que es muy importante elaborar un programa de acreditación de calidad de las residencias de mayores, en coordinación
con las comunidades autónomas, que garantice una atención digna a nuestros y a nuestras mayores.


Por eso nos urgen -lo saben ustedes, señorías- unos presupuestos que prioricen la financiación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y también nos urge revisar el actual modelo de atención a las personas que precisan
cuidados para disfrutar de una vida plena. No se trata de readaptar las residencias tal y como las tenemos concebidas, sino de crear itinerarios personalizados en función de las necesidades de cada ciudadano y de cada ciudadana. Debemos humanizar
los cuidados y generar un continuo asistencial en el que las personas mayores estén en el centro de las políticas asistenciales, sanitarias y de cuidados, y en el que seamos capaces de hacer una atención integral, coordinando la labor de los
diferentes agentes que atienden a una persona en situación de dependencia; desde la familia, a los servicios sociales, a los servicios de atención a domicilio, a todo el tema sanitario, tanto a nivel de primaria como a nivel de especializada, el
empleo del hogar y cuidados, los asistentes personales, las personas voluntarias, etcétera. En combinación, también, con nuevos instrumentos y tecnologías que han llegado a nuestra sociedad y que nos permiten intervenir tanto a nivel preventivo
como a nivel asistencial; tales como la robótica domiciliaria, la teleasistencia avanzada, la comunicación telemática o la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, debemos defender el empoderamiento de esas personas mayores, que ellas y ellos
tengan un rol activo en su autocuidado, para adaptar mejor los servicios públicos que les podemos ofrecer a sus necesidades, a sus circunstancias de vida y también a su estado de salud.


Para ello, presentamos esta proposición no de ley desde el Grupo Parlamentario Socialista, porque creemos que debemos garantizar la financiación del sistema de atención a la dependencia, con una cartera de servicios universal, que evite las
diferencias territoriales y tenga en cuenta evitar las desigualdades de los ciudadanos y las ciudadanas, independientemente de la comunidad autónoma en la que hayan nacido y estén viviendo.


Quiero informar que diferentes grupos parlamentarios nos han presentado enmiendas a esta proposición no de ley y que estamos trabajando una transaccional para poder llegar a un acuerdo.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para defender la enmienda presentada.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.


La iniciativa que hoy se presenta por parte del Grupo Socialista ahonda en una cuestión que nos preocupa sobradamente a Ciudadanos, que es la atención a personas en situación de dependencia. Ya se ha expuesto en el propio contenido la
realidad de la dependencia, los déficits con los que se encuentra el envejecimiento, y, claramente, todos hemos visto el cómo ha sido uno de los sectores más afectados, y sigue siéndolo, en esta crisis del COVID. Queremos destacar también, y
tenemos que ser conscientes



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de cómo ha habido un fracaso en el ámbito de la dependencia. Hay más de 300000 personas en situación de dependencia que están pendientes de recibir una prestación. Muchas, por desgracia, fallecen sin llegar nunca a percibirla. Es
totalmente injusto. Una situación dramática que, además, adquiere tintes de terror. Durante esta crisis sanitaria, causada por la pandemia, solo en lo que va de 2020 han fallecido 30000 personas dependientes. Unas 20000 con derecho a prestación
reconocida y unas 10000 pendientes de valoración en listas de espera, sin haber podido recibir ningún tipo de prestación.


Además de las listas de espera, tenemos que ser conscientes de que nuestro sistema arrastra otras limitaciones que deberían ser evaluadas y corregidas, muchas, aunque no todas, desde la aprobación del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio.
Falta entre ellas el desarrollo de diferentes prestaciones, los prejuicios que acarrea su estricta incompatibilidad, un exceso de burocracia para el reconocimiento y, aún más, la modificación de determinadas prestaciones con o sin cambio de grado
para las personas que ya tienen dependencia reconocida, por citar solo alguna.


Estamos de acuerdo con el planteamiento que se hace de esta proposición sobre la necesidad de revisar el sistema de atención a la dependencia. Ahora tendría un punto cómico, si no fuera un tema tan serio, el que sean ustedes, señores del
Grupo Socialista, quienes planteen a esta Cámara la necesidad de que el Gobierno lleve a cabo esta revisión. Son ustedes los que están en el Gobierno. Si están tan convencidos como nosotros de esta necesidad, no sé por qué no esperan y llevan ya
directamente esta revisión, como hoy nos proponen. Háganlo ya. Ya les adelanto que tendrán todo el apoyo de Ciudadanos. Por lo tanto, los animamos a que realmente ejerzan la función para resolver algo, dado que pueden, porque están en el
Gobierno.


Ciudadanos viene desde hace mucho tiempo clamando por un pacto de Estado de dependencia, con el que estamos de acuerdo. Un pacto que ustedes, señores del PSOE y de Unidas Podemos, también reclamaron cuando eran oposición, y ahora reclama el
PP. Con lo cual, creo que realmente, si estamos todos de acuerdo en algo, por qué no mostrar esa posición de consenso y elevarlo, en lugar de estar echándonos trastos de unos a otros.


Hemos presentado una enmienda, y se nos ha propuesto una transaccional por parte del Grupo Socialista, con la que Ciudadanos está de acuerdo. Por lo tanto, ya les puedo adelantar que transaccionaremos estando de acuerdo y que votaremos a
favor de esta propuesta.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García, para defender la enmienda que han presentado a este punto del orden del día.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.


Estamos de acuerdo en el fondo de la PNL, pero no en la forma, y no precisamente de la portavoz socialista, pero sí de las formas del vicepresidente segundo, en el consejo territorial con las comunidades autónomas, que se celebró el viernes,
que anunció un plan de choque de 600 millones de euros, pero para los presupuestos generales del 2021. Estamos en el año 2020, con una pandemia con más de 56000 o 53000 personas fallecidas, y muchas de ellas en residencias. Yo creo que llega tarde
y son poco ambiciosos estos 600 millones que se plantean en ese ámbito. Porque, entre otras cosas, en mayo, el Gobierno anunció la aprobación del fondo especial de 16000 millones de euros, y dijo que, de esos 16000 millones de euros, 1000 millones
de euros irían, precisamente, a gasto social, pero en este año 2020. Al final, el 16 de junio, cuando se aprobó en el Consejo de Ministros el fondo COVID de 16000 millones de euros, habían desaparecido los 1000 millones de euros que iban a ser
destinados a temas sociales.


Por tanto, el Partido Popular lo que exige es que esos 1000 millones de euros se recuperen, pero ya en este año 2020, que es cuando realmente el sistema de atención a la dependencia está quebrando. Por tanto, consideramos que es muy
importante apostar, precisamente, en este momento, por las residencias, ¿o no es importante reforzar las plantillas de las residencias? ¿O no son suficientemente importantes las 400000 personas mayores? ¿O no merecen los profesionales de las
residencias, que el 91 % son mujeres, la atención del Gobierno con estos 1000 millones de euros, al igual que se han hecho en el ámbito sanitario o en el ámbito educativo? Al final, hemos visto que los servicios sociales y la dependencia quedan
relegados al último lugar, y se fía al año 2021 los Presupuestos Generales del Estado, y menos millones que los que previamente se habían anunciado.


Por otro lado, el sistema de dependencia, como decía, según datos del propio censo, durante el año 2019, generó 50000 personas más en lista de espera. Hubo 38000 servicios menos. El escudo social no está protegiendo a los dependientes,
porque hemos visto durante estos meses las dificultades del



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propio sistema, con menos solicitudes, con menos valoraciones y con menos beneficiarios. Por tanto, consideramos que en el ámbito del consejo territorial se tiene, precisamente, que abordar el sistema de atención a la dependencia, pero sin
duda me parece un poco las formas. Porque el pasado viernes anunciaron esto sin un trabajo previo en grupos de trabajo, sin trabajos en la comisión delegada, porque al final quien lo tiene que aprobar es el consejo territorial. Al final, el
viernes lo que hubo fue una foto del vicepresidente Iglesias anunciando algo que no tiene ninguna validez, porque no resuelve los problemas de la dependencia actuales.


Sí que es verdad que nosotros proponemos una subcomisión para elaborar un informe de diagnóstico y evaluación del sistema, porque consideramos que hay que mejorarlo, en coincidencia con lo que dice el Grupo Socialista en su proposición no de
ley. Además, considero que es muy importante también revisar la financiación, porque es asimétrica entre las comunidades autónomas y el Estado. Creo que es muy importante abordar la situación de las residencias en esa revisión del sistema.


Consideramos también que hay que reducir las listas de espera. Hay 392000 personas en lista de espera de un procedimiento. Eso no solamente se resuelve con dinero, sino se resuelve también con una revisión, actualización y refuerzo del
propio sistema y mejorando la gestión, haciéndola más eficaz, más sostenible y, sobre todo, garantizando la equidad en el acceso a las prestaciones en todo el territorio español. Consideramos también que hay que avanzar en una integración
sociosanitaria. En definitiva, que todo ello se haga en el marco de un diagnóstico y evaluación del propio sistema.


Estamos trabajando en una transaccional con el Grupo Socialista y durante la Comisión les daremos los resultados.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra, a continuación, el o la portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


La señora TRÍAS GIL: Georgina Trías, vengo en sustitución de Rocío de Meer.


Desde nuestro grupo parlamentario consideramos muy necesaria la enmienda que aportamos, según la cual el Gobierno tomará cuantas medidas sean necesarias para garantizar la equidad en la distribución de las prestaciones en todo el territorio
español y evitar las diferencias entre autonomías en la aplicación de la Ley de Dependencia de 2006. El gran problema de la Ley de Dependencia es precisamente el caos que supone el sistema autonómico y que hace que se estén vulnerando los artículos
14 y 9.2 de la Constitución española, pues no se está garantizando la igualdad real y efectiva entre todos los españoles. Lo que ocurre es lo contrario. Las diferencias entre autonomías en la aplicación de esta ley se van agravando.


Según el informe, el caos de la dependencia, presentado el 21 de marzo de 2019, las divergencias en el gasto del PIB en este sector van desde el 1 % en Cantabria hasta un 0,33 en Baleares, con una media española del 0,54 %, muy lejos del 2 %
europeo. Además, tenemos largas listas de espera, incluso para ser valorado. La Junta de Andalucía denunció que hay más de 34000 andaluces ocultos en las listas de espera de la dependencia. Ocultos significa personas que han solicitado entrar al
sistema pero que ni siquiera han sido valorados y que ni figuran en las estadísticas oficiales. Los porcentajes de dependientes que se encuentran en este limbo sin prestación varían según la comunidad autónoma, pero en prácticamente todas supera el
10 %, llegando al 32 % en Cataluña. En el caso de Andalucía, estos se suman a las 75097 personas recogidas en las cifras oficiales, que sí están valoradas, pero a la espera de que se elabore el programa individual de atención; paso previo a la
concesión de alguna de las prestaciones que contempla el sistema. Así, la lista de espera real de la dependencia en Andalucía supone un 45,8 % más de lo que reflejan las cifras oficiales. Esto es solo un botón de muestra del caos, es decir, de la
confusión, del desorden y del abandono de la dependencia. ¿Quién sale perjudicado? Los más vulnerables, los dependientes, esos que el Gobierno dice defender, pero que en realidad no le importan. Por otro lado, la tardanza en la recepción de la
prestación es tan llamativa que hay personas que no llegan a recibirla en vida. En concreto, cada día mueren 80 personas sin haber recibido la prestación, según el último informe del Observatorio de la Dependencia. Señorías, esto es muy grave.


Finalmente, es obligada la mención al lamentable y desolador espectáculo del pimponeo de responsabilidades entre comunidades autónomas y Gobierno que hemos vivido a lo largo de los meses del estado de alarma, respecto de todos los ancianos
dependientes en residencias. Mientras nuestros mayores morían desatendidos, afinados y solos, el Gobierno ha permitido que se vulnerasen



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sistemáticamente en las residencias los derechos básicos de las personas dependientes. Aunque el Grupo Socialista se llene de buenismo, aludiendo en la exposición de motivos a la preferencia de los mayores de pasar sus últimos años rodeados
de los suyos en el hogar, la tristísima realidad que vivimos es que cada día hay más soledad y menos hogar. Realidad de la que el Gobierno es responsable por su política de desprecio y de destrucción de la familia, que avanza imparable a través de
su agenda globalista.


El señor PRESIDENTE: Ha superado ya su tiempo.


La señora TRÍAS GIL: Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.


A continuación, para fijar posición y, por tanto, por dos minutos, de menor a mayor, intervendrán los grupos que no han presentado ninguna enmienda. En primer lugar, el Grupo Mixto. No ha aparecido.


Euskal Herria Bildu. No ha vuelto.


¿Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV? No.


¿Grupo Plural? No.


¿Grupo Parlamentario Republicano? No.


Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra su portavoz, Marisa Saavedra.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Buen día. Gracias, presidente.


Nuestro Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común está, por supuesto, a favor de esta PNL de mejora del sistema de atención a la dependencia.


La Ley de la Dependencia de Promoción de la Autonomía Personal suponía un gran paso en el imprescindible fortalecimiento de nuestro estado de bienestar. En estos años hubiera mejorado la vida de muchas familias, de muchas personas mayores o
personas con alguna discapacidad, si el Partido Popular, ahora tan preocupado por este tema, no hubiera boicoteado su aplicación, desmantelando un incipiente sistema de protección, porque Rajoy consideró que era insostenible, mientras destinaba
millones de dinero público a rescatar bancos o autopistas.


Han sido años sin apenas financiación estatal, años perdidos que han generado mucho sufrimiento. Se recortaron las ayudas a las cuidadoras no profesionales, en su mayoría mujeres. Se retiró la cotización de estas a la Seguridad Social. Se
implantaron copagos farmacéuticos infames. Se eliminaron y se hicieron incompatibles recursos necesarios para estas personas, como el servicio de ayuda a domicilio, centros ocupacionales o centros de día. Una cuestión muy grave: se promovió por
parte del Grupo Popular un modelo de residencias de mayores privadas, a menudo en manos de corporaciones y fondos buitres radicados en paraísos fiscales, que han hecho negocio con las vidas de nuestros mayores, precarizando la atención y el empleo
de quienes allí trabajaban. En esta terrible pandemia hemos podido ver estremecidos el resultado de esta gestión irresponsable o interesada en algunas comunidades autónomas, las que tienen las competencias al respecto.


Efectivamente, es urgente mejorar el sistema de atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal, mejorando la financiación estatal, que ha exigido un sobreesfuerzo a comunidades autónomas, como la mía, la valenciana. También
es urgente impulsar, y en ello estamos, otro modelo residencial y de cuidados centrado en las necesidades de las personas. Potenciar su autonomía y la gestión de sus vidas, con la posibilidad de vivir en su casa, siempre que sea posible, con los
apoyos necesarios. Impulsar el recurso de la asistencia personal, pisos tutelados y, en todo caso, cuando sea necesario, las residencias más reducidas, más parecidas al hogar, insertas en el entorno y recursos abiertos. El vicepresidente del
Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y hace unos días, en esta misma Comisión, el secretario de Estado anunciaron un plan de choque para mejorar el sistema de ayuda a la dependencia y a la autonomía personal. Es urgente y es un
compromiso que tenemos con la ciudadanía que ya se recogía en el acuerdo de Gobierno de coalición y que, sin duda, también se recogerá y apoyaremos en los próximos presupuestos generales, acercando de esta manera nuestro país al Estado del bienestar
de los países de nuestro entorno, generando empleo digno y mejorando la vida de mucha gente.


Moltes graciès.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.



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Finalmente, solo a efectos de aceptar o rechazar las enmiendas. Creo que ya ha dicho que llegarán a una transacción. Cada vez que termine el debate de un punto en el que hayan intervenido todos, lo pediré. De todos modos, ya ha explicado
antes que están llegando a una transacción.


- RELATIVA A LA EXTENSIÓN DEL CONCEPTO DE 'FAMILIA NUMEROSA DE CATEGORÍA ESPECIAL'. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/000931).


El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto 3.º del orden del día, proposición no de ley relativa a la extensión del concepto de familia numerosa de categoría especial, que ha presentado el Grupo Parlamentario VOX.


Para la defensa de la iniciativa y de las enmiendas presentadas, tiene la palabra el portavoz o la portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Cuando quiera.


La señora TRÍAS GIL: Señorías, en un contexto en el que el problema demográfico, la despoblación y la baja natalidad son verdaderamente un reto para España, proponemos reconocimiento y apoyo a las familias numerosas por el valor que aportan
a la sociedad y por su labor en beneficio de la natalidad. En concreto, extender la consideración de familia numerosa de categoría especial a todas las familias de cuatro hijos, así como a las de tres hijos habidos en parto o adopción múltiple, y
ampliar con la debida reforma legislativa hasta los veintiséis años la edad límite para ser considerada familia numerosa. Elevar el mínimo por descendiente deducible en un 30 % en el IRPF a partir del tercer hijo y elevar ese porcentaje de forma
progresiva para los siguientes, así como garantizar a las familias numerosas con tres o más hijos y a las familias numerosas de categoría especial el reconocimiento ampliado de las prestaciones por desempleo, por ERTE y las relativas al ingreso
mínimo vital. También establecer la evaluación estratégica del impacto de la familia en todas las disposiciones y normas reguladoras, y así poder medir ese impacto.


Los problemas urgentes que tiene planteados la sociedad española nos impiden dedicar las energías necesarias para atender a otros asuntos, incluso más graves, que pasan desapercibidos en la opinión pública y, en consecuencia, jamás se aborda
su posible solución. Efectivamente, España está atravesando una crisis sanitaria que es mundial, pero que en nuestro país se ha agravado exponencialmente debido a la incompetencia de las autoridades políticas y a las absurdas rivalidades
propiciadas por el sistema de las autonomías. Tenemos, por otro lado, una crisis económica que igualmente es global, pero que en España está agravada por la mala gestión de la pandemia. Y tenemos, finalmente, una crisis institucional, que esta sí
es exclusivamente propia, provocada conscientemente por ciertos políticos irresponsables que, aliados con los enemigos de la nación, pretenden destruir, incluso desde los ministerios, el orden constitucional vigente desde 1978.


En esta situación de continua inestabilidad no se habla lo suficiente de un problema estructural que tiene planteado la sociedad española, como es el problema demográfico. Un problema que, como no se aborde con realismo, puede conducir a
nuestro país a una situación de insostenibilidad a medio plazo, provocando una crisis de dimensiones incalculables. El problema, de todos conocido, consiste en que la pirámide de población está invertida. Tasas de nacimientos raquíticas que en
ningún caso garantizan el relevo generacional. A eso se añade una población envejecida, acompañada de un aumento casi geométrico de gastos sanitarios, pronto insostenibles por el descenso paulatino de la población activa, tras muchos años de
disminución de la natalidad. No sabemos si las prisas por activar la eutanasia en nuestro país es la respuesta que se les ocurre para solucionar este problema.


Ya cosechamos los frutos de varios decenios de lo que Juan Pablo II llamaba cultura de la muerte: aborto a la carta, anticoncepción masiva, destrucción de la familia y ahora la eutanasia. En esta situación, un mínimo sentido común de
supervivencia como sociedad nos debería llevar a valorar la necesidad de fomentar la natalidad. Sin duda, tener hijos es una tarea ardua que exige responsabilidad y compromiso durante el resto de nuestras vidas. Pero no se trata de un asunto
privado que solo interese a la intimidad de los individuos, sino que se trata de un asunto social que afecta al bien común. Ustedes, que se llaman progresistas por defender lo público, el interés general y el derecho de los más desfavorecidos, no
quieren darse cuenta de a dónde conduce una sociedad de individuos solitarios, insolidarios con las generaciones futuras y que no quieren contribuir al sostenimiento del Estado del bienestar. Una sociedad sin niños ni jóvenes no es sociedad y está
condenada a morir.


En este sombrío panorama destaca cómo todavía hoy hay familias numerosas, unas 70000 en la actualidad, que tienen cuatro hijos o más. Los padres que eligen esta generosa y hermosa opción vital



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asumen también un coste económico y personal muy grande. Eso sí, siempre a cambio de un gran beneficio humano y social que aportan a la sociedad y del que se enriquecen ellos mismos como padres y familia. En este contexto, las mujeres
destacan por el valor singular que aportan al núcleo familiar, a través de su entrega generosa de la que se beneficia toda la sociedad, pues junto con su pareja, contribuyen a la generación y formación de ciudadanos de cara al futuro. La sociedad
en su conjunto sale beneficiada de que se proteja y promocione la existencia de estas familias, que aportan con su esfuerzo y entrega ese impulso que como comunidad necesitamos para garantizar nuestra supervivencia. Evidentemente, no es que las
familias numerosas sean las únicas que puedan solucionar este problema, pero reconocer su función social y dotarla de recursos, además de ser una cuestión de justicia, es lo mínimo que se puede pedir al Gobierno de cualquier nación.


Hoy, lamentablemente, la familia numerosa es un sector desprotegido de la sociedad, la gran ausente en las políticas sociales. Sencillamente, no interesa, porque dota de gran autonomía y libertad a sus miembros, que no suelen entrar en el
rodillo ideológico que el Estado quiere imponer a los más desfavorecidos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A usted.


A continuación, tiene la palabra para defender las enmiendas que han presentado, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, su portavoz, Sara Giménez. Cuando usted quiera, tiene la palabra.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.


En relación a la proposición que nos trae el Grupo Parlamentario VOX, es un aspecto que Ciudadanos también llevamos por bandera en estos últimos años, como bien se dice, que es extender la protección y el apoyo a las familias, en este caso,
a las familias numerosas. No nos cabe ninguna duda de que es por el trabajo que desde nuestra formación venimos realizando desde hace varios años para que las familias puedan recuperar el espacio que merecen en el debate público, destacando todas
las familias, por cierto, porque es imposible hablar de un modelo único de familia, igual que es improcedente hablar de un único modelo que sea legítimo, como, por desgracia, parece dar a entender en muchas ocasiones el grupo proponente.


Ha quedado claro que en España hay más de 600000 familias numerosas. Desde Ciudadanos creemos que es muy necesario hablar de todas ellas en su diversidad, desde sus necesidades específicas y desde las dificultades que muchas atraviesan para
garantizar una atención a sus hijos en igualdad de condiciones que el resto de familias. Es igualmente necesario hablar de la contribución de estas familias a la sostenibilidad de un sistema que lleva décadas en una crisis demográfica. Tenemos muy
claro que la natalidad española ha tocado mínimos históricos -los tocó el año pasado-, lo que, unido al aumento de la esperanza de vida y el consiguiente aumento de la mortalidad, ha llevado a que en los últimos años se consolide un crecimiento
negativo de la población que actualmente el saldo migratorio no es capaz de compensar.


Teniendo esto presente, desde Ciudadanos hemos defendido, entre otras medidas, la extensión de la consideración de familias numerosas de categoría especial a todas las familias con cuatro hijos, o con tres hijos en caso de que uno de ellos o
uno de los padres esté afectado por una discapacidad, o en el caso de que al menos dos de los hijos procedan de adopción o acogimiento múltiple. Una medida que beneficiaría hoy a miles de familias y que, además, podría dar un empujón para que las
familias con tres hijos den el paso para tener el cuarto hijo.


Creemos importante, igualmente, seguir profundizando en medidas de apoyo a las familias, medidas fiscales, laborales y sociales. Una medida por la que estamos luchando desde esta formación, que es de plena actualidad, es que se mantenga -y
así figura en una de las enmiendas que nosotros hemos presentado a esta proposición- la asignación económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 %, como prestación familiar singular dentro del sistema de la
Seguridad Social, rectificando la integración que de esta prestación se realiza en el nuevo ingreso mínimo vital, aprobado en el Real Decreto 20/2020. Desde Ciudadanos creemos que estas dos prestaciones responden a necesidades distintas y
benefician a públicos objetivos distintos, por lo que deberían mantenerse, igualmente, como prestaciones diferenciadas. En esta última idea hemos insistido en la enmienda presentada. En el caso del ingreso mínimo vital tiene la finalidad de
abordar la situación de los hogares con pobreza severa y en el caso de la otra prestación, asegurar una adecuada atención de los hijos o menores a cargo por parte de las familias.


El señor PRESIDENTE: Ha terminado su tiempo.



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La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Estamos en negociaciones para la transaccional. Esperamos llegar a un acuerdo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Diego Movellán.


Señor Diego Movellán.


El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.


Nos alegra debatir hoy sobre familia y, en especial, sobre las 735000 familias numerosas con las que contamos en nuestro país. Dentro del Grupo Parlamentario Popular tenemos claro que reconocer y respaldar a las familias es la mejor
inversión social que podemos hacer como país. Por ello no es de extrañar que los mayores avances en políticas públicas de familia, en políticas de mejora del respaldo económico y de incentivos fiscales dirigidos a la familia y a la natalidad
siempre hayan llegado de la mano de los Gobiernos municipales, autonómicos y nacionales del Partido Popular. Grandes hitos, como la aprobación por el Gobierno de Mariano Rajoy del Plan Integral de Apoyo a la Familia, que contó con 228 medidas y
16335 millones de euros de dotación económica, y que supuso un gran avance para la protección económica, jurídica y social de las familias, especialmente para aquellas que tenían más dificultades o con necesidades singulares, como son las familias
numerosas. Medidas como el apoyo a la maternidad y a la natalidad, como ese complemento a las pensiones, que ha supuesto una gran reducción de la brecha de las pensiones. Aunque hoy se solicita por el grupo proponente que se establezca la
evaluación estratégica del impacto sobre la familia en todas las disposiciones y normas reguladoras que puedan afectar al ámbito familiar, ya el Plan de Apoyo a la Familia del Gobierno del Partido Popular recogía que todos los proyectos de impacto
normativo o reglamentario debían incluir un informe de impacto familiar, y prueba fehaciente de ello es el Real Decreto de 27 de octubre del 2017, que ya recogía expresamente ese impacto.


Nos complace gratamente que la PNL que hoy debatimos contenga varios compromisos electorales del Partido Popular con las familias numerosas, como es la ampliación del reconocimiento, de la consideración de categoría especial a aquellas
familias con cuatro hijos, o con tres, siempre que fueran en parto o adopción múltiple. Así como otras peticiones, como garantizar no solo que se mantenga el título de familia numerosa hasta que el hijo menor cumpla la edad establecida -hito que se
consiguió con la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia-, sino también el mantenimiento de la consideración de categoría especial.


Confío en que los demás grupos se sumen a este compromiso que va a beneficiar a cerca de 70000 familias numerosas, que se sumarán a las 82000 que ya cuentan con la categoría especial. Si bien comenzaba diciendo que nos alegrábamos de
debatir hoy sobre políticas de apoyo a la familia, tengo que finalizar expresando y trasladando la gran preocupación de las más de 735000 familias españolas que han asistido con gran estupor a otro capítulo más del sectarismo ideológico y de la
imprudente verborrea del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, cuando hace apenas unos días, en el Senado, comparecía y expresaba sus planes de poner patas arriba el tradicional modelo de familias numerosas en nuestro país,
anunciando que para la obtención del título de familia numerosa se podía tener en cuenta no solo los hijos, sino la renta. Hay que decir que ya no le basta al señor vicepresidente Iglesias con atacar a las instituciones oficiales del Estado, sino
que ahora quiere atacar a una institución y a un pilar fundamental del Estado de bienestar como es la familia y, en este caso, las familias numerosas.


Queremos recordarle desde aquí al vicepresidente que aquellas familias que tienen más hijos que la media obtienen ciertos beneficios como compensación a esa gran aportación social, ya que aportan capital humano básico para compensar la baja
natalidad y el envejecimiento de la población que amenaza a nuestro modelo de Estado del bienestar. Estos hogares, además, tienen un alto nivel de consumo, que va a ser fundamental para salir de esta crisis. Constituyen un gran motor de
crecimiento y desarrollo económico a corto y medio plazo, y plantear el tema de la renta como requisito supone ir en contra del principio de justicia social y equidad, que es básico para cualquier sociedad.


La protección de las familias numerosas es una medida social y nada tiene que ver con la política asistencial. Por eso, hemos presentado una enmienda para instar al Gobierno a que garantice que la condición de familia numerosa -y voy
finalizando- dependerá solo del número de hijos como requisito para la obtención del título de familia numerosa y los beneficios a los que da derecho, tal y como están



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reivindicando los colectivos representantes de las 735000 familias numerosas en nuestro país. Nosotros, el Grupo Popular, el Partido Popular, lo tiene claro. Las familias numerosas han contado y contarán siempre con nuestro apoyo y
reconocimiento. Pero me dirijo a las señorías del PSOE y de Podemos para ver si ellos lo tienen claro, porque creo que es el momento de dar tranquilidad a esas 735000 familias que están viendo con estupor cómo ese ataque emprendido por el actual
Gobierno contra todas las instituciones y nuestro actual modelo, también pudiera acabar...


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.


El señor MOVELLÁN LOMBILLA: ... con la institución de la familia y, en este caso, con el modelo tradicional de las familias numerosas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.


A continuación, para fijar posición, y de menor a mayor, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, su portavoz, Marisa Saavedra, tiene la palabra.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Moltes graciès, president.


El señor PRESIDENTE: Recuerde que ahora son dos minutos.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Sí.


Señorías de VOX, ustedes, que en el Congreso y en las comunidades autónomas, como la valenciana, se oponen a promover la vivienda pública, a medidas contra los desahucios o contra la precariedad laboral y no apoyan el ingreso mínimo vital o
la mejora en la sanidad pública, presentan ahora una PNL para -dicen- incentivar a las parejas españolas a embarcarse en la noble aventura de tener cuatro o más hijos, cuando el grave problema de la mayoría de las parejas que residen en España es
que no pueden permitirse ni tener el primer hijo.


La baja natalidad en España tiene que ver con factores ya muy estudiados. En la franja de veinticinco a treinta y nueve años las razones mayoritarias para no ser madres son de tipo económico y laboral. Por eso son necesarias políticas
públicas que prioricen la actuación en esa franja de edad y en el terreno laboral y económico, para favorecer la decisión de tener hijos. Las políticas de la derecha, que ustedes aplauden y apoyan, han profundizado en una fiscalidad absolutamente
injusta. Nos han precarizado y han generado pobreza laboral. Esto hace imposible para muchos jóvenes y familias un proyecto de futuro y tener hijos. Pero de nada de esto trata su PNL.


Sin embargo, este Gobierno de coalición trabaja -ya aparecía en el acuerdo de Gobierno - en una ley de apoyo a las familias y a la diversidad familiar que proteja las distintas estructuras familiares que coexisten en nuestra sociedad,
especialmente a las más vulnerables. Se protegerá, especialmente, a las familias monomarentales, monoparentales, a las familias numerosas, a las de partos múltiples o a las familias acogedoras, adecuando las ayudas y prestaciones según las
características y rentas familiares. No es lo mismo tener tres hijos para una familia rica que para una familia que depende de trabajos precarios o estacionales. En este marco, se revisará la Ley de Protección de Familias Numerosas, adecuándola a
las nuevas realidades familiares.


Unidas Podemos no apoyamos su iniciativa porque es parcial y no recoge el conjunto de cuestiones implicadas en las que ya se está legislando. Este Gobierno de coalición está comprometido con la recuperación de derechos sociales que nos han
arrebatado en los años anteriores. El ingreso mínimo vital, el aumento del salario mínimo, las políticas de conciliación o la derogación de las reformas laborales hacen frente a la precariedad, fruto de años de políticas erradas que han asfixiado a
muchas familias. Este Gobierno está trabajando con muchas dificultades, con su oposición sistemática y en una situación de pandemia sin precedentes, para que todas las familias de España, hayan nacido donde hayan nacido, que quieran tener hijos,
puedan hacerlo.


Moltes graciès.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.


A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Yolanda Seva.


Cuando quiera.



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La señora SEVA RUIZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, presenta VOX una PNL para la extensión del concepto de familia numerosa de categoría especial a las familias con tres y cuatro hijos, planteando el argumento de grave situación demográfica para la supervivencia biológica, aludiendo
a la compensación, por su sacrificada contribución a la sociedad, de las familias numerosas e incentivando a las parejas jóvenes a embarcarse en la noble aventura de tener cuatro hijos o más. Señorías de VOX, crear una familia no es un sacrificio,
es una opción, y ser padres, además de ser una aventura para algunos, es sobre todo una responsabilidad. Volver a datos de hace cuarenta u ochenta años, donde ustedes se sienten tan cómodos, es retroceder en la evolución como seres humanos y como
modelo de familia. ¿A qué tipo de familias se están refiriendo? ¿A su modelo de familia normal?


El Gobierno tiene previsto promover la elaboración de una ley de apoyo a las familias y a la diversidad familiar, a esas familias numerosas, nucleares, monomarentales, adoptivas, sin hijos, compuestas, homoparentales, extensas, esas familias
diferentes y tan normales que coexisten en nuestra sociedad, atendiendo sus necesidades y singularidades, y adecuando las ayudas y prestaciones a la situación de necesidad, según tamaño, características y renta familiar. Avanzar en reformas
puntuales no es procedente cuando necesitamos una reforma global.


Las familias numerosas gozan en estos momentos de beneficios, como pueden ser bonificaciones, deducciones en el IRPF, exención de tasas, bonos sociales para suministros, así como reducciones fiscales. Del mismo modo, más allá de los
requisitos básicos, el acceso al ingreso mínimo vital dependerá del nivel de ingresos y patrimonio del solicitante. Cualquier persona con ingresos inferiores a la renta garantizada y un patrimonio menor al máximo establecido podrá ser beneficiaria,
por lo que no se entienden las enmiendas presentadas al respecto.


El problema de la natalidad en nuestro país no se soluciona mejorando el apoyo a las familias numerosas exclusivamente. Pasa por mejorar la conciliación, que no sean siempre las mujeres las perjudicadas por querer ser madres y,
evidentemente, incidiendo en las familias que más lo necesitan. Porque la urgencia que tienen hoy todas las familias de nuestro país es otra, el Grupo Parlamentario Socialista, en principio, votará en contra de esta PNL, esperando el texto de la
transaccional para decidir el sentido de nuestro voto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.


Finalmente, y solo a efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, el grupo que la ha presentado, que es el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra.


La señora TRÍAS GIL: Vamos a aceptar la enmienda del Partido Popular y en la de Ciudadanos estamos reformulando el texto.


El señor PRESIDENTE: Bien, de acuerdo.


- RELATIVA A LA LUCHA CONTRA EL SINHOGARISMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente 161/000989).


El señor PRESIDENTE: A continuación, iniciamos el debate del siguiente punto del orden del día, que es la proposición número 4.º, proposición no de ley relativa a la lucha contra el sinhogarismo, presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra la portavoz del grupo, Pilar Garrido.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.


Mientras para la mayoría de nosotras volver a la calle después del confinamiento era una gran alegría, para otra parte de la población la adaptación a esta nueva normalidad ha sido sinónimo también de retorno a la exclusión. Parece
paradójico, pero ha sido así. Me refiero a las personas que sufren la situación del sinhogarismo, a las personas que carecen de casa, que carecen de hogar. Desde el inicio de la crisis sanitaria se puso de manifiesto la necesidad de abordar, en
este caso con mucha urgencia, el fenómeno del sinhogarismo, debido a la gran vulnerabilidad que presentaban las personas sin hogar, porque no se podían proteger de la pandemia al no disponer de un lugar donde refugiarse y, claro está, tampoco podían
cumplir las recomendaciones ni de higiene ni de distanciamiento social. Esta situación



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obligó al Gobierno a actuar de manera rápida y a elaborar protocolos y recomendaciones para el resto de las administraciones competentes, para que pusieran en marcha estrategias de atención a las personas, estrategias básicas. Me refiero a
espacios de alojamiento adecuado con servicios de atención básica. A pesar de todos los esfuerzos, la emergencia de la crisis sanitaria ha revelado las limitaciones de nuestras estrategias de atención al sinhogarismo. Si el derecho a la vivienda
en el Estado español es un derecho muy débil, como sabemos, un derecho con muy pocas garantías, el sinhogarismo, siendo la situación más extrema, más dura, la verdad es que no ha sido atendida; no se ha reflexionado ni se ha hablado ni se ha
discutido mucho sobre este tema. Son escasos, vamos a decir, los esfuerzos de los poderes públicos y las políticas públicas son también muy débiles.


En este sentido, esta crisis nos brinda la ocasión de repensar el modelo de intervención de lucha contra el sinhogarismo. Soy consciente de que la Vicepresidencia de Derechos Sociales ya está en ello, y así es importante avanzar en la
protección de los derechos de las personas que se encuentran en esta situación. Es necesario articular un modelo de atención al sinhogarismo, basado en el derecho a la vivienda como principio rector que dé respuesta al problema de la exclusión
residencial y que se aleje de las lógicas asistencialistas.


Esta proposición de ley creemos que toca, por lo menos, algunos de los elementos claves que consideramos imprescindibles para articular una nueva estrategia de lucha contra el sinhogarismo. Por un lado, habría que diseñar y aprobar una
nueva estrategia estatal que complete y mejore el contenido de la actual Estrategia Nacional Integral de Personas Sin Hogar 2015-2020. La tipología de situaciones a abordar sería la que se denomina Ethos. En ese sentido, existen -y hay que hacer
hincapié en ello- formas de exclusión residencial que suelen estar invisibilizadas y ocultas al producirse en el ámbito privado. No siempre se vive en la calle, sino que en muchas ocasiones se vive en condiciones de habitabilidad inadecuadas o en
una situación de inseguridad, de clara vulnerabilidad. Esto también es sinhogarismo, también tiene que ser atendido. Además, en este caso, las protagonistas suelen ser, normalmente, las mujeres.


Esta estrategia debe articularse en torno al fortalecimiento de actuaciones en la línea del housing first, un programa que garantice el acceso a prestaciones y ayudas. Hay cuestiones que son muy sencillas y que tenemos asumidas cada una de
nosotras, como tener un DNI, estar empadronadas o tener una cuenta bancaria. Pues bien, todas estas cosas, que son muy fáciles para nosotras, para la gente que sufre el sinhogarismo son muy complicadas, son obstáculos que impiden a veces acceder a
las prestaciones y a las ayudas, y hay que tenerlo en cuenta.


Por otro lado, hay que incluir el sinhogarismo en todas las políticas y desarrollos legislativos alrededor del acceso a la vivienda. Hay que garantizar el acceso y la continuidad al sistema sanitario de las personas sin hogar y
especialmente al ámbito de la salud mental, y asegurar la coordinación entre todas las aministraciones públicas, contando con las comunidades autónomas, por supuesto, con los entes locales, también con el tercer sector, para hacer hincapié en que la
mirada tiene que ser una mirada amplia y una mirada integral, para que el siguiente plan de actuación sea un plan mucho más eficaz.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.


A continuación, para defender las enmiendas presentadas, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Ciudadanos, su portavoz, Sara Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.


Desde el Grupo de Ciudadanos al hablar de sinhogarismo nos parece importante resaltar que nos enfrentamos a la cara más cruda de la exclusión social, que ha sido muchísimo más evidente en estos momentos de pandemia. Hablar de exclusión
social, propiamente dicha, es hablar de la situación de las personas que no tienen un hogar, que no tienen un techo bajo el que cobijarse. Tener un hogar es la premisa básica para poder contribuir a un proyecto de vida. Sin hogar, una persona no
tiene dónde refugiarse, no tiene dónde guardar sus pertenencias o sus recuerdos, no tiene dónde volver al final del día. Por eso, cuando una persona vive privada de su hogar, a la vez se ve impedida para sostener todo el armazón que desde ese hogar
sostiene: rutinas, horarios, costumbres e intimidad. Por todo ello, nos resulta totalmente injustificable que todavía hoy miles de personas sigan viviendo en la calle. Una lacra que, por desgracia, se ha visto agravada desde la última crisis
iniciada en el año 2008 y que ahora la crisis sanitaria provocada por el COVID ha vuelto a reflotar.



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Como señala la iniciativa, algunas estimaciones apuntan a 40000 personas viviendo en la calle, la mitad de las cuales llevan ya más de tres años, porque el sinhogarismo se cronifica quizás más rápido y de forma más contundente que cualquier
otra circunstancia. Por ello, es vital que haya iniciativas para entender a las personas sin hogar, para intentar favorecer su salida del sinhogarismo y su inclusión social, promovidas desde programas comunitarios, desde los ayuntamientos y desde
entidades del tercer sector.


Me parece relevante hablar de programas como el desarrollado por el Ayuntamiento de Madrid, entre otros, a través del Samur Social, que es modelo para otros servicios similares en España. Igualmente, las entidades que desarrollan este
trabajo de una manera muy especializada, como Hogar Sí, que trabajan sin descanso para ofrecer esta oportunidad a personas para las que es vital, que lo necesitan. Por todo ello, creemos que hay que seguir avanzando en ese sentido y desde nuestra
formación hemos presentado una enmienda, que estamos transaccionando, para dar una salida a las personas sin hogar. Esperamos llegar a un acuerdo y votar a favor de una iniciativa tan importante como la expuesta.


El señor PRESIDENTE: Muy bien.


A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario VOX. Es que no tengo sus nombres.


La señora ESTEBAN CALONJE: Cristina Esteban.


El señor PRESIDENTE: Cristina, tiene usted la palabra.


La señora ESTEBAN CALONJE: Señores de Podemos, en España han cerrado 90000 empresas, dos de cada tres. Han muerto 53000 personas, que es el equivalente a la población de la provincia de Cuenca. Esta es su gestión. Señor diputado
socialista, es indecente que nos mencione un escudo social con estos datos. Han aumentado las personas sin hogar. La destrucción de empresas conlleva pobreza, hambre, carencia de techo, enfermedades y una peor salud para el país. Los datos del
INE se quedan desfasados, hay millares de familias sin ingresos. Insisto en el término familias, no individuos. En enero se sumarán los mantenidos artificialmente por los ERTE. Más paro, más gente sin hogar, más enfermedad. Se nos avecina un
tsunami de pobreza y en VOX les exigimos que se adelanten a esta situación.


VOX ha insistido en la urgencia de construir vivienda social desde el inicio de su Gobierno. Hemos presentado unas enmiendas que mejorarán su iniciativa. Es cruel que, sabiendo que el 80 % de la gente sin hogar son hombres, propongan una
especial atención a la situación de las mujeres sin hogar. Unidas Podemos no es un símbolo de unión e igualdad entre hombres y mujeres, es más bien el título de una política de exclusión masculina. Cuando se habla de derechos sociales y de
personas sin hogar hay que quitarse las orejeras ideológicas. Tratar de introducir cualquier tipo de cuota es algo despiadado. En VOX creemos que es necesaria la actuación inmediata del ministerio para la identificación y amparo de todas las
personas sin hogar, con especial atención a la gestión y administración de recursos públicos. Hay que vigilar que esas ayudas no caigan en manos de organizaciones, aparentemente bien intencionadas, que mermarán las ayudas para dar un techo a todo
español que lo necesite.


No lo olviden nunca, la sociedad civil española es solidaria; así nos lo han demostrado cientos de miles de compatriotas que se movilizaron para coser mascarillas y EPI, donar comida, recolectar productos de bebé y un largo etcétera. Desde
aquí todo nuestro agradecimiento. Cuenten con ellos para salir de esta crisis y después agradézcanselo. Estamos aquí para mejorar la vida de los españoles, para volver a tener un país próspero y fuerte. En una España unida y solidaria nadie se
puede quedar atrás por una cuestión de sexo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.


A continuación, para fijar posición, tienen la palabra los grupos por orden de menor a mayor.


La señora NAVARRO LACOBA: Perdone, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado enmienda.


El señor PRESIDENTE: Es verdad, disculpe. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, Cristina Navarro. Tiene usted tres minutos.


La señora NAVARRO LACOBA: Carmen Navarro.


El señor PRESIDENTE: ¿Carmen?



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La señora NAVARRO LACOBA: Queda disculpado, presidente. Muchas gracias.


Señorías de Podemos y proponentes de esta iniciativa, les anuncio desde el principio, para que quede clara, que la posición del Grupo Parlamentario Popular es votar a favor porque un sí es un sí rotundo a los más vulnerables, a quien
necesita el apoyo de las instituciones, en este caso, las personas sin hogar. Por mucho que se empeñen, no podemos borrar una hoja de servicios que avala la gestión de los Gobiernos del Partido Popular con el sinhogarismo y nuestro compromiso con
los que lo sufren. Los primeros en aprobar una estrategia nacional para las personas sin hogar fue un Gobierno del Partido Popular. Como ustedes saben, esta es una lacra en la que confluyen, además de esta problemática, otros muchos casos de
exclusión que desencadenan en este problema como, por ejemplo -el más cruel de todos ellos-, la pérdida del empleo. Conviene recordarlo porque fue el Gobierno de Zapatero el que dejó 3,5 millones de parados, porque ustedes llevan el mismo camino
que sus antecesores, y porque la firma de la derogación de la reforma laboral supondría destruir una herramienta que ha permitido a este país crear empleo a un ritmo de medio millón de puestos de trabajo, y eso, señorías, es la mejor política
social. Además, ha permitido crecer económicamente y, gracias a ello, siete de cada diez euros presupuestados se destinaban a políticas sociales. Ustedes siguen gobernando con los presupuestos del Partido Popular.


Volviendo a la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar, ha permitido incrementar el número de plazas para atención en más del 20 % y la ocupación media llegó a alcanzar el 89 %, que son casi cinco puntos más que lo que
consiguieron los Gobiernos del Partido Socialista. Pero también nuestra estrategia permitía un acceso a rentas mínimas, tenía un itinerario de formación y acceso laboral. Y ya que ustedes padecen tanto por el empadronamiento, por los problemas del
DNI, etcétera, todo eso se habría solucionado con una tarjeta social única, que era lo que proponía el Partido Popular. Háganselo mirar, señorías, porque en más de una docena de comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista y en no
menos ayuntamientos del cambio -señorías de Podemos, que ustedes protagonizaron- han obtenido un fracaso en los resultados de la implementación de la estrategia. En las comunidades autónomas no llega al 25 % y en las entidades locales no llega al
32 %. Como buen ejemplo quiero citar a la Comunidad de Madrid y al centro de plazas concertadas con la Fundación RAIS, en Las Tablas, como modelo de housing first, así como del acompañamiento de otras intervenciones que necesitan las personas sin
hogar como la inclusión laboral, pero sobre todo la atención en salud mental. Aquí quiero incidir porque es una de las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular. Lo cierto, señorías, es que ustedes hoy no tienen ni presupuestos ni estrategia de
salud mental. Apremien, señorías de Podemos, a sus socios socialistas a que la saquen del cajón del ministerio. El Partido Popular se la dejó redactada y consensuada, y hoy es más necesaria que nunca tras los estragos que el COVID está provocando
en los más vulnerables.


El Partido Popular seguirá trabajando para acabar con esta lacra apostando también por la medición real y objetiva de las personas sin hogar, que ya se debatió en la anterior legislatura en esta Comisión. Necesitamos saber cuántas personas
se encuentran sin hogar; 23000 según el INE, 30000 según las entidades del tercer sector. Lo que pasa es que no tenemos esperanza, a sabiendas de que no han sabido ni siquiera contar las víctimas del COVID. Por último, quiero recordarles que en
esta pandemia han sido las entidades del tercer sector, Cruz Roja, Cáritas, la Fundación RAIS, Personas sin Hogar, las que han dado de nuevo respuesta y han cumplido con su imprescindible papel en la atención a las personas sin hogar, así que
apuesten por ellas y no les recorten el presupuesto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.


A continuación, y ahora sí, para fijar posición, por tiempo de dos minutos, iré citando los nombres de los grupos. En primer lugar, Grupo Mixto; a continuación, Euskal Herria Bildu; Grupo Parlamentario Vasco; Grupo Parlamentario Plural;
Grupo Parlamentario Republicano. Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, Cristina López, tiene la palabra.


La señora LÓPEZ ZAMORA: Muchas gracias, presidente.


Señorías, no sé con qué comparar la situación vivida hoy nuevamente aquí y que intentan normalizar constantemente. Pensé en compararla con un patio de colegio, pero inmediatamente me di cuenta de que no valía porque a los niños y niñas no
se les ocurre generar las desigualdades que ustedes generan con sus discursos; no se les ocurren. Por favor, dejen de atacar a las mujeres y dejen de atacar al 8-M porque eso se llama igualdad. (Aplausos). Les aseguro que por defender la
igualdad no les va a salir ningún sarpullido en la piel. Es de justicia.



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Pero vamos a la PNL presentada por Unidas Podemos relativa a la lucha contra el sinhogarismo; PNL que mi grupo parlamentario adelanto que votará favorablemente. El sinhogarismo es una realidad a la que no podemos dar la espalda y en la
que, además, la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de seguir trabajando. Es imprescindible seguir avanzando en políticas para la erradicación de esta situación que padecen las personas sin hogar. En el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de
marzo, ya se incorporó el sinhogarismo al Plan Estatal de Vivienda, por ejemplo, a través de la sustitución del Programa de ayudas a las personas en situación de desahucio por el Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas
objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.


Me gustaría hacer referencia a la enmienda presentada por el Partido Popular, que parece dar la idea de que todas las personas sin hogar padecen enfermedades mentales, lo cual, como bien saben, y se ha visto en la exposición de motivos, no
es cierto. En este sentido, el Gobierno de coalición ha demostrado seguir garantizando la continuidad y el acceso al sistema sanitario de las personas sin hogar. Por cierto, y como bien decía su señoría del Partido Popular, si tan interesados
están en tener presupuesto para este tipo de acciones -que es necesario, como bien sabe-, aprueben los presupuestos y así tendremos ese presupuesto. Señorías, no olviden que estamos aquí para legislar para todos y especialmente para quienes más lo
necesitan. Señorías de VOX, esto es una cruel realidad que ustedes parecen no conocer y para la que es necesario legislar. Parecen no conocer otra realidad más que la que hay en algún que otro barrio de Madrid o, mejor dicho, parecen querer o solo
saber legislar para ellos.


Finalmente, señor presidente, desde aquí me gustaría enviar mi reconocimiento y el de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, a los ayuntamientos, otras administraciones y asociaciones que han puesto sus recursos para
garantizar que las personas sin hogar tuvieran las mismas garantías que el resto de la población durante el confinamiento. En particular, mi reconocimiento al Ayuntamiento de Ciudad Real, que en un tiempo récord pudo habilitar un espacio para la
atención a personas sin hogar, con integradores sociales, educadores sociales, ordenanzas y personal de vigilancia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.


A continuación, tiene la palabra, como al terminar cada uno de los puntos, la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común para expresar si acepta o no las enmiendas presentadas o si está llegando
a algún tipo de transacción. Si quiere, si no, seguimos con el siguiente punto del orden del día.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Sí, muy rápido. Rechazamos las enmiendas del Partido Popular y de VOX, y estamos transaccionando con Ciudadanos su enmienda y la vamos a aceptar.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


- RELATIVA A IMPULSAR MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O RIESGO DE EXCLUSIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/001029).


El señor PRESIDENTE: A continuación, el punto 5.º del orden día es la proposición no de ley relativa a impulsar medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión como
consecuencia de la crisis del coronavirus, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra su portavoz, Alicia García. Cuando quiera.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


Pedro Sánchez debe cesar de inmediato a su vicepresidente Iglesias. La Audiencia Nacional acaba de pedir al Tribunal Supremo investigarle por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Con esta hoja de
servicios no puede estar ni un minuto más como vicepresidente y dirigiendo las políticas de las personas más vulnerables.


Señorías, el Partido Popular se va a dedicar a una lucha sin cuartel contra la desigualdad. La actual crisis es de origen sanitario, pero también económica y social, con un elevado coste de vidas humanas. Estamos ante una emergencia grave.
Urge tomar medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión. Durante estos meses, las comunidades



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autónomas, los entes locales y el tercer sector han visto cómo se han multiplicado las peticiones de urgencia social. Precisamente, quiero expresar nuestro reconocimiento a estos profesionales que, sin duda, han estado al pie del cañón y
han permitido que muchas familias hayan podido llenar la nevera y atender los suministros esenciales. Ayer el gobernador del Banco de España, el señor De Cos, decía que la recuperación será parcial y desigual. Para algunos la recuperación no será
y otros saldrán más desiguales. Se trata de una crisis que no es simétrica. En un país con un déficit del 11 %, el paro al 17 %, la deuda pública al 118 % y un desplome histórico del PIB, lo que está claro es que los españoles saldremos más
desiguales y pobres. Por eso consideramos importante que la vulnerabilidad económica no se convierta en vulnerabilidad social.


La verdad es que el escudo social es un escudo más propio del desgobierno que otra cosa. Los datos: 730000 trabajadores en suspensión total o parcial de empleo; 84000 empresas menos; 3,8 millones de parados. España destruye empleo a un
ritmo del 7,5 %, el triple de la destrucción de empleo en la Unión Europea. Además, se destruye más empleo femenino que empleo masculino y lideramos el paro juvenil en Europa, por encima del 40 %. Las familias y la clase media están trituradas.
Demasiadas familias se han visto sin nada de un día para otro y han tenido que recurrir a ayudas para alimentarse, acudir a los servicios sociales municipales o a las entidades del tercer sector. Vemos la fragilidad financiera de las familias, dado
que esta crisis está afectando a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores con salarios bajos y posiciones patrimoniales bajas. Los profesionales de los servicios sociales apuntan que estos en España pasarán de seis millones de usuarios a diez
millones antes de final de año. Cuando afloren las peores consecuencias de esta crisis sanitaria, se volverán a hacer evidentes esos efectos en forma de pobreza y exclusión social en enormes sectores de la población. Se han producido daños
estructurales muy grandes debidos a la mala gestión económica y sanitaria, que van a provocar destrucción de empresas, incremento del endeudamiento público y privado y, lo que es más grave, más desigualdad, más pobreza y más paro; profundizando
además en las familias en situación de desventaja social y generando nuevas situaciones de pobreza. Por eso la situación requiere que pongamos a las personas en el centro, que pongamos su dignidad en el centro de todas las atenciones. Es un
contexto de incertidumbre tremenda y por ello hay que dotar de certidumbre a los ciudadanos.


Por ello, el Partido Popular propone que se den soluciones hoy, ya, a corto plazo, pero que se incorpore también una visión a largo plazo. Consideramos que es muy importante dar una respuesta en colaboración con las comunidades autónomas,
una respuesta urgente a las necesidades más básicas de vulnerabilidad garantizando, pero de verdad, los suministros esenciales: el agua, la energía, el gas. Un ruego, que los ministros dejen de pelearse, algunos con el ego subido se atribuyen la
paternidad de determinadas medidas y, cuando hay problemas, se echa la culpa a otros ministros. Creo que es importante la responsabilidad transversal de todas las áreas de Gobierno de todas las administraciones públicas con el tercer sector,
mejorando la coordinación entre ministerios, coordinando los ministerios con las comunidades autónomas. La pobreza se combate desde Economía, desde Hacienda, desde Empleo, desde Sanidad, desde la digitalización, desde la inclusión, desde los
derechos sociales, pero también se combate desde la economía generando empleo y confianza.


El ingreso mínimo vital está paralizado, está atascado, al ralentí, y cuando llegue a quien lo necesita no erradicará la pobreza. Actuará sobre la pobreza severa y reducirá el sufrimiento de algunas familias, pero no erradicará la pobreza.
Por ello, el ingreso mínimo vital no llega y arruina la vida a muchas personas. El 90 % de las solicitudes están sin atender, y por eso pedimos que el Gobierno refuerce en el Instituto Nacional de la Seguridad Social los medios personales y
materiales que resulten necesarios para agilizar la tramitación, la resolución y el pago del ingreso mínimo vital. Creo que es importante también activar las políticas activas de empleo. No solo con políticas de renta se resuelven las situaciones
de dificultad. Hay que dar formación, hay que capacitar en habilidades que posibiliten la inserción laboral, la empleabilidad de las personas, a través de proyectos de inserción laboral, con especial atención a los jóvenes y a las mujeres. Otro
apartado, la Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social, que se aprobó en marzo del 2019. Año y medio después está sin desarrollar y sin aprobar el Plan Operativo 2021 y sin dotar con presupuestos.
Solicitamos que se apruebe el Plan Operativo para 2020 -ya tarde- y 2021. Además, durante estos meses han sido claves las comunidades autónomas, las entidades locales, el tercer sector, para apoyar a las personas que peor lo están pasando. Por eso
creo que hay que apoyar financieramente a las comunidades autónomas, a las entidades locales y al tercer sector.



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El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Un segundo.


Han quedado fuera del Fondo COVID-19 las políticas sociales con los mil millones de euros que comprometieron y que después excluyeron. Solicitamos también un fondo destinado a las entidades del tercer sector de acción social para afrontar
las nuevas necesidades derivadas del COVID-19. Creo que son medidas con las que entre todos debemos luchar sin cuartel contra la desigualdad y, sin duda, erradicar la pobreza, pero no solo la pobreza, sino las consecuencias de la pobreza.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.


A continuación, por un tiempo de tres minutos, intervendrán los grupos que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz, Sara Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.


La propuesta que hoy estamos trabajando deja muy claro cómo la crisis del COVID ha tambaleado los cimientos de nuestra sociedad, ha tensionado nuestro sistema, que en aquellos sitios donde estaba más frágil, ha llegado incluso a reventar las
costuras y se ha desbordado. Prueba de ello son las dramáticas imágenes de las colas del hambre que hemos tenido y mantenemos en nuestro país, como también las de las personas que, si no fuera por las medidas de distanciamiento social vigentes,
volverían a agolparse formando filas a las puertas de la oficina de empleo. Los datos ponen de manifiesto cómo España está a la cabeza de Europa no solo respecto a letalidad motivada por el coronavirus, sino también en peores datos en el ámbito del
empleo. Según la OCDE, durante esta crisis sanitaria la destrucción de empleo y el desplome de nuestro producto interior bruto arrojan unos datos que no habíamos tenido desde la Guerra Civil: cinco millones de trabajadores se han visto
directamente afectados; más de tres millones han llegado a estar en ERTE, de los cuales todavía quedan 730000 personas sin cobrarlo. Por lo tanto, la situación de pobreza es lamentable y evidente debido a la situación de desempleo a la que han
llegado millones de personas.


Tenemos claro que vamos a apoyar la propuesta que hoy nos presenta el Partido Popular porque creemos que hay que avanzar en el abordaje de la exclusión y de la situación de pobreza, en el apoyo, como ya hemos resaltado en determinadas
ocasiones, al trabajo del tercer sector que está en esa primera línea de la exclusión social. Hemos echado en falta alguna mención a grupos que nosotros consideramos vulnerables, y ahí es hacia donde han ido nuestras enmiendas, hilando la
importancia de tener en cuenta medidas específicas para reforzar la seguridad de los centros sociales, centros de día, residencias de personas mayores, personas con discapacidad; contemplar como vulnerabilidad la situación de soledad no deseada que
igualmente ha afectado a muchos de nuestros mayores. Esperamos que nuestras enmiendas sean aceptadas, pero en general queremos poner a disposición el sentido favorable de nuestra mirada y de nuestra votación hacia esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Cristina Esteban. Cuando quiera.


La señora ESTEBAN CALONJE: Gracias, señor presidente.


La explosión de la pandemia del coronavirus en España, unida a su negligente gestión, ha dado los peores resultados socioeconómicos que conocemos en el mundo moderno en tiempos de paz. El crecimiento de familias vulnerables es exponencial;
un severísimo confinamiento que ha prohibido a los españoles trabajar y ha multiplicado la destrucción de empleo como solo habíamos visto en regímenes comunistas; nos queda todavía por conocer las demoledoras cifras de paro cuando caigan los ERTE;
familias que de la noche a la mañana se han visto en las colas de las parroquias o de Cáritas. A pesar del inmenso movimiento desinteresado por parte de la sociedad civil española y de muchas entidades, estas familias necesitan el auxilio inmediato
de las administraciones. El Ministerio de Derechos Sociales debe identificar de manera urgente las familias en situación de vulnerabilidad y prever las que pronto estarán en esta condición. La ayuda tiene que llegar de manera ágil y acorde con la
necesidad real de cada ámbito familiar. Esta situación de extraordinaria pobreza tiene que venir acompañada de ayudas extraordinarias. La coordinación de las distintas administraciones ha de ser transparente y justa. Ante igual situación de
desabrigo, dotar de iguales ayudas, que no dependa del territorio donde vivan. La igualdad de todos los



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españoles tiene que ser tajante. En VOX remarcamos la obligatoriedad legal y moral de hacer seguimiento exhaustivo del gasto de todos los fondos destinados a ayudas y evitar intermediarios, observatorios y demás estructuras que desvíen
dichos fondos del objetivo para el cual han sido concebidos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.


A continuación, para fijar posición iré citando los grupos por orden de menor a mayor; Grupo Mixto; Euskal Herria Bildu; Grupo Vasco; Grupo Parlamentario Plural; Grupo Parlamentario Republicano. Grupo Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra su portavoz, Pilar Garrido.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.


Intervendré brevemente. Nosotros, en principio, hemos decidido no apoyar esta propuesta por varias razones, básicamente por dos: la primera, porque muchas de las consecuencias que sufrimos hoy en día tienen que ver con las políticas
públicas que ha desarrollado el Partido Popular durante años y años. Podemos citar -no me voy a extender porque no hay tiempo- la salida de la crisis del 2008, la privatización de sectores esenciales para la ciudadanía, que ha supuesto que el golpe
del virus haya sido todavía más fuerte. Es decir, tenemos un sistema de bienestar muy debilitado y, perdóneme, pero es gracias, sobre todo, a las políticas del Partido Popular. Eso, por un lado, y la segunda razón tiene que ver con que ya se están
haciendo muchas cosas desde el propio Gobierno; por citar algunas de ellas, podríamos hablar de los treinta millones en alimentos para los niños y niñas, del Fondo Social Extraordinario de trescientos millones; del plan de choque que se ha
propuesto esta misma semana para discutir con los agentes y con las comunidades autónomas en relación con la dependencia, que va dirigido a intentar mejorar las prestaciones, reducir las listas de espera, mejorar el servicio de atención a domicilio;
24000 empleos de calidad. Se están tomando y poniendo en marcha muchas medidas; medidas que entran dentro de eso que denominamos el escudo social y que marcan la diferencia entre lo que pasó en 2008, con esa salida de la crisis que produjo tanto
sufrimiento, y esta salida que camina en otra dirección y que va a sostener a esas familias que todas entendemos que son vulnerables.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muy bien.


A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Luis Carlos Sahuquillo.


El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, plantean algunas cuestiones que el Gobierno ya ha puesto en marcha. Estamos trabajando con dos objetivos claros: proteger la salud de toda
la población y mitigar el impacto social y económico que la COVID está produciendo en nuestra sociedad. Se han gestionado cien millones de euros para programas sociales con comunidades autónomas, para la protección de la familia y atención a la
pobreza infantil, y se ha promovido la distribución de un suplemento de 25 millones de euros con el fin de hacer frente al derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Además, el ingreso mínimo vital, que
precisamente se configura como un mecanismo de apoyo a grupos vulnerables, fomenta la empleabilidad entre los colectivos más desfavorecidos estableciendo itinerarios de inserción. Conscientes de la importancia de los ayuntamientos como
Administración más cercana a los ciudadanos, el Gobierno ha decidido suspender la aplicación de las reglas fiscales en 2020-2021 como medida extraordinaria, dejándolas sin efecto, y ya ha autorizado a las entidades locales a destinar sus superávits
para financiar gasto social, trescientos millones de euros. También se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas el Fondo COVID-19 no reembolsable ni condicionado, dotado con 16000 millones de euros. Por otra parte, trabajamos con el
tercer sector, al que nuestro grupo quiere agradecer su intenso trabajo. El pasado mes de septiembre se convocó el Consejo Estatal de ONG de Acción Social, para impulsar un plan de trabajo que tenga como una de sus principales prioridades abordar
las necesidades socioeconómicas derivadas del COVID, además de priorizar aquellos programas desarrollados por las entidades del tercer sector de acción social para incidir en las consecuencias del COVID, en ese caso a través de las subvenciones del
IRPF. Por último, los Presupuestos Generales del Estado para 2021 son el instrumento imprescindible para seguir llevando a cabo la recuperación económica y social, y serán una herramienta fundamental para canalizar los recursos que se reciban de la
Unión Europea. Ayer mismo, el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto, 196097 millones de euros, que no tiene parangón.



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Termino, señorías. Cuando hablamos de escudo social para que nadie se quede atrás, no se trata de un eslogan. Los hechos son tozudos y contundentes, y nos alegramos de lo que ahora dice el Grupo Parlamentario Popular en la exposición de
motivos de esta iniciativa, ya que en la anterior crisis económica nada hizo el Gobierno de Rajoy; poner siempre a las personas y a su dignidad en el centro de todas las atenciones. Eso dice su exposición de motivos; un Gobierno que ejecutó
bestiales recortes desde inicios del año 2012; un Gobierno sustentado en una mayoría absoluta y, por tanto, sin excusa alguna para tomar decisiones contrarias a las que tomaron, ahora es el mismo grupo parlamentario al que todo le parece mal, todo
le parece poco. Señorías del Grupo Popular, como dicen en mi pueblo: no es lo mismo llamar que salir a abrir.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.


El señor SAHUQUILLO GARCÍA: No les hablo de la Kirchner, que ya bastante tienen ustedes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.


A continuación, finalmente, solo a efectos de aceptar o rechazar las enmiendas, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Sí, aceptamos las enmiendas de VOX.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Gracias.


- SOBRE APOYO A LAS ENTIDADES CATALANAS DEL TERCER SECTOR SOCIAL Y PARA LA TRANSFERENCIA A LA GENERALITAT DE CATALUÑA DE LA RECAUDACIÓN DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL PORCENTAJE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
DESTINADO A FINES SOCIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 161/001095).


El señor PRESIDENTE: Iniciamos el punto 6.º del orden del día, que es el debate de la proposición no de ley sobre apoyo a las entidades catalanas del tercer sector social y para la transferencia a la Generalitat de Catalunya de la
recaudación de la asignación tributaria del porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF, destinado a fines sociales, iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. A esta proposición no de ley no se han
presentado enmiendas.


En primer lugar, para defender la iniciativa, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.


La señora BASSA COLL: Gracias, señor presidente.


La PNL que Esquerra presenta hoy se basa en reclamaciones específicas respecto, básicamente, a tres puntos, a la transferencia en la recaudación fiscal por IRPF, a la gestión territorializada de los fondos recaudados por medio del 0,7 % para
fines sociales y su justo reparto por territorios, según su recaudación, por un fondo de solidaridad. Sin embargo, la cuestión de fondo no es ninguna argucia técnica ni competencial, lo que nos mueve es el deseo y la necesidad de dar respuesta a
las situaciones de sufrimiento y desigualdad de nuestra sociedad. Se trata de una responsabilidad de los entes públicos que no puede ser eludida, porque la injusticia social y económica es inherente al sistema y, por lo tanto, no se puede
culpabilizar ni desamparar al que la sufre.


Al mismo tiempo, sabemos que las entidades del tercer sector social tienen un papel fundamental en la prestación de servicios de atención a las personas, Creu Roja, Fundació Pere Tarrés, Fundació Catalana de l'Esplai, etcétera. Como todo el
mundo sabe, estas entidades son de naturaleza civil y tienen una vocación social y comunitaria. O sea, no mercantil. Realizan una tarea excelente asistiendo a los más diversos casos de vulnerabilidad, y lo hacen de manera más útil y efectiva que
lo haría cualquier Administración de forma directa. Por todo ello, debemos garantizar su viabilidad económica. Consciente de todo ello, la ciudadanía de Cataluña históricamente ha brindado un gran apoyo a estas entidades colaborando
económicamente, apoyando desde el voluntariado y también marcando la conocida cruz para fines sociales en su declaración de la renta. Tanto es así que en los últimos años Cataluña ha aportado el 25 % de la recaudación estatal del 0,7 % de IRPF que
se destina a fines sociales. Les recuerdo que la Administración catalana ostenta una competencia exclusiva para gestionar estos fondos. Aun así, ha sido el Gobierno central quien ha distribuido dichos fondos para las entidades sociales. ¿Esto qué
ha supuesto?



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Pues que, pese a aportar desde Cataluña un 25 % de los fondos destinados a entidades sociales, después del reparto la Generalitat solo puede disponer de un 14 %. Esto implica una pérdida de más de 26 millones de euros cada año. Es
inaceptable. Cataluña no puede sostener económicamente su red de entidades del tercer sector. Repito, aportamos un 25 % y disponemos solo de un 14 %. Por todo ello, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se han pronunciado hasta en
trece ocasiones a favor de las reclamaciones de la Generalitat en este ámbito. El Gobierno central siempre había hecho caso omiso de tales resoluciones judiciales, demostrando que en España el respeto a la justicia solo impera cuando conviene.


En 2016, el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales acordó de forma extraordinaria y puntual, y solo para 2017, que las comunidades autónomas gestionarían el 80 % de los fondos y la Administración General del Estado el 20 %. Este
acuerdo supuso un avance, claro que sí, pero no es lo que establece la Constitución en su artículo 149, ni el estatuto, ni lo que necesita la ciudadanía de Cataluña. Por eso, pedimos que se crean de una vez por todas la descentralización del
Estado, que se acuerde políticamente lo que judicializándose no se ha podido solucionar. Proponemos, básicamente, tres cosas. La primera, que se publiquen los datos relativos a la recaudación del 0,7 % de la declaración de la renta para que
sepamos quién aporta qué para que podamos ser justos en el reparto. Segundo, que la gestión de estos fondos pase a ser íntegramente de las comunidades autónomas. Tercero, que se garantice que la distribución de fondos se realizará en función de lo
aportado por los contribuyentes de cada territorio en el periodo de liquidación correspondiente y que esto se haga compatible con la creación de un fondo de solidaridad entre territorios respetando el principio de ordinalidad. Lo proponemos,
básicamente, porque: uno, debemos apoyar a los más desfavorecidos; dos, porque la Taula d'entitats del tercer sector en Cataluña reúne a más de 3000 entidades. O sea, que las 3000 entidades son las que han rechazado unánimemente la gestión
centralizada y, sobre todo, la sentencia de 2016. Y finalmente también porque el actual sistema de gestión en dos tramos entre las comunidades autónomas y el Estado implica que en el tramo del 20 % del Estado solo pueden aplicar a entidades de
ámbito estatal y para proyectos que no son de naturaleza social. Eso es un problema, porque ustedes saben que es competencia autonómica y todas estas entidades quedan fuera y son, naturalmente, las más necesarias, son principalmente las que tienen
ámbitos territoriales distintos y que suponen un gran arraigo al territorio y una gran definición del tejido social en Cataluña.


Moltes gràcies.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.


Como no hay ninguna enmienda, no habrá ese primer turno de defensa de enmiendas. Iré citando a los diferentes grupos y les recuerdo que esta vez el turno de palabra es por dos minutos. Grupo Mixto, Euskal Herria Bildu, Grupo Parlamentario
Vasco, no están. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra su portavoz, Sara Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Muchas gracias, presidente.


Tras escuchar la propuesta que nos trae Esquerra Republicana, me sorprende el gran desconocimiento de lo que significa el trabajo, la acción social en el tercer sector de ámbito estatal. Me sorprende realmente porque no sé si usted
considera que no hay trabajo en el ámbito de la acción social que no sea regionalista, que no sea fragmentado y que no sea provocador de desigualdades territoriales. Sorprendente aportación la que nos realizan porque las entidades del tercer sector
de acción social llevan treinta años de una labor altruista a favor de los grupos más vulnerables de la población en la consecución de objetivos de interés general. El papel de estas entidades ha sido clave en la promoción y la consolidación de
nuestro Estado del bienestar, en particular a la hora de proteger y dar voz a grupos que están sometidos a la exclusión, a la pobreza y al rechazo, y lo que han intentado es contribuir a crear una sociedad más cohesionada, más igualitaria entre
todos y todas, justo lo contrario de lo que ustedes proponen aquí.


Porque lo que nos están proponiendo, y a lo que nos vamos a oponer totalmente, es fragmentar el sistema de trabajo del tercer sector. Es importante que tengan ustedes en cuenta que lo que quieren es privar a entidades de ámbito estatal de
la totalidad de fondos, eso es lo que pretenden con su iniciativa, a entidades como, por ejemplo, Cruz Roja, Cáritas, ONCE, o el CERMI, que desarrollan una labor social en nuestro país con una visión mucho menos compartimentada y fragmentada de la
que caracteriza a las formaciones nacionalistas. Quizás desde el nacionalismo catalán se piensa que fuera de Cataluña no hay personas en situación de vulnerabilidad que se benefician de la labor de estas entidades, o quizás realmente lo que sucede
es que no les importa, que es quizás el efecto más nocivo que tiene el nacionalismo: separar entre los nuestros y los otros, reservando el privilegio y negándoselo a los demás.



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Ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional. Respeten el 20 %, que tiene una finalidad específica para reforzar las entidades del tercer sector estatal, que lo que ofrecen es innovación. Lo que ofrecen es incidencia
política en el ámbito de la defensa de los derechos sociales. Lo que ofrecen es profesionalidad, es especialización. Por tanto, dejen de realizar propuestas que solo perjudican la eficiencia en el trabajo con los grupos más vulnerables.


Estamos totalmente en contra de esta visión fragmentaria, divisa y egoísta que ustedes hacen en esta iniciativa; nosotros consideramos vital el refuerzo del papel del tercer sector y la financiación estatal que se necesita para abordar el
ejercicio de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


El representante del Grupo Plural no está. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Ismael Cortés.


El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidente.


Adelanto que mi grupo parlamentario votará en contra de la propuesta de establecer un sistema de gestión de los fondos procedentes de la asignación tributaria para actividades de interés social que suponga la eliminación del tramo estatal
del reparto de fondos en beneficio de un único tramo autonómico.


En 2017, siguiendo la sentencia del Tribunal Constitucional, la Plataforma del Tercer Sector aprobó por mayoría optar por un modelo de gestión compartida formado por un tramo de carácter autonómico y otro de carácter estatal. Ese mismo año,
el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron los criterios del nuevo modelo de gestión del 0,7 %. Se aprobaron tres puntos. Como primer punto se acordó establecer un tramo
estatal del 20 % y un tramo autonómico del 80 %, y para determinar la proporción de fondos que corresponden al tramo estatal se tuvieron en cuenta cuáles son las competencias que el Estado puede ejercer en el ámbito de esos programas. El segundo
punto es que a partir de ese año se elaboró una gestión estatal de un 20 % de los fondos dirigida a actividades de competencia estatal y una gestión autonómica del 80 %, como ya se ha dicho, para programas de asistencia social. Por último, ese
modelo de gestión mixta garantiza que el programa del 0,7 % siga llegando a 7,3 millones de personas. Cabe indicar que los créditos del programa del 0,7 % proceden del tramo estatal del IRPF. Estos fondos proceden del 50 % del tramo del IRPF que
corresponde al Estado y se consignan en los Presupuestos Generales del Estado.


Mi grupo parlamentario se muestra crítico con la propuesta de eliminar el ejercicio de redistribución de los fondos basado en los criterios de reparto que anualmente fijan el Consejo Territorial de Servicios Sociales y el Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, y sustituirlo por un mecanismo de reparto que tenga en cuenta la capacidad recaudatoria de cada territorio autonómico; esto podría representar un golpe al principio de solidaridad interterritorial,
contrariamente a lo que ha expuesto la portavoz del Grupo Republicano. Ellos introducen como criterio principal la residencia de los ciudadanos que marcan la equis solidaria. Sin embargo, nosotros creemos que debería primar el principio de
solidaridad interterritorial. Además, hay que recordar que la asignación tributaria del IRPF para actividades de interés social se aplica sobre la tarifa estatal, por lo que el componente autonómico queda diluido.


Me remito a lo que he dicho al inicio y, como he adelantado, votaremos en contra de esta PNL.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


A continuación, tiene la palabra el representante o la representante del Grupo Parlamentario VOX. ¿Quién es?


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Carla Toscano, en sustitución de Reyes Romero.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Tiene usted la palabra.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Nuestro partido anuncia que vamos a votar un rotundo no a la iniciativa del Grupo Republicano, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque no compartimos el entusiasmo acrítico que tienen ustedes con
las llamadas entidades del tercer sector. Es verdad que dentro del llamado tercer sector hay oenegés muy meritorias que hacen una espléndida labor social, pero otras muchas tienen un contenido ideológico muy sesgado que no es compartido por gran
parte de la ciudadanía. En un país libre, como supuestamente es España, cada persona colabora o se adhiere a la asociación que más se ajusta a sus valores y creencias, y no debe ser el Estado el principal administrador



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de toda esta acción social porque entonces dejarían de ser entidades del tercer sector. Precisamente, muchas de las oenegés que realizan una labor asistencial más reconocida pertenecen a la Iglesia católica y no son del agrado de las
autoridades de muchos partidos. En cualquier caso, en una situación de crisis económica e institucional como la que nos aqueja nos negamos a poner en sus manos la posibilidad de regar con dinero público sus organizaciones afines.


En segundo lugar, esta PNL rezuma más que nacionalismo, rezuma la más descarada y burda insolidaridad con las personas vulnerables que viven fuera del territorio de eso que llaman Países Catalanes. Por cierto, ese concepto que ustedes han
empleado aquí, 'Países Catalanes', es manifiestamente inconstitucional, ya que supondría una especie de federación de regiones, algo que está expresamente prohibido por la Constitución española.


La PNL pretende conseguir una especie de soberanía de su región, en una clara manifestación de egoísmo colectivo que pretende excluir a las personas vulnerables de otras zonas de España de beneficiarse de la acción social pública. Si la
Generalidad de Cataluña dejara de malgastar el dinero de todos los españoles en miniembajadas y en pagar la mansión del golpista Puigdemont a lo mejor tendrían más recursos para atender a los sectores vulnerables de nuestra querida región catalana.


Desde VOX votamos no a esta sectaria y tendenciosa propuesta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Paniagua.


Cuando quiera.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.


Vamos a votar que no, no porque venga de Esquerra Republicana, aunque tampoco les voy a engañar, casi todo lo que viene de ustedes no tiene ni puede tener nuestro apoyo. Estamos en las antípodas. Nosotros pensamos en el interés general de
los españoles y ustedes solo piensan en su proyecto independentista. Pero de vez en cuando traen algún proyecto salvable; al menos antes lo hacían, no sé si en estos momentos son capaces de aportar algo más. Y votaremos que no por el título,
porque no es verdad. Esta no es una proposición para la transferencia a la Generalitat de Cataluña de la recaudación de la asignación tributaria del porcentaje del IRPF destinado a fines sociales. Y votaremos que no porque en la exposición de
motivos hablan de un ente territorial ficticio, los Països Catalans, pero les aseguro que la inmensa mayoría de los ciudadanos valencianos, de las Islas Baleares y de otras comunidades y la mayoría de los ciudadanos de Cataluña no creen ni piensan
en ese ambiguo proyecto.


Hablan también de garantizar la viabilidad económica de las entidades. Para eso no necesitan al Estado, pídanselo a la Generalitat de Catalunya, ya está solucionada su viabilidad económica. ¿Que no pueden, que necesitan el dinero para
otros fines políticos en vez de sociales? Qué se le va a hacer. Díganles, que algunos son de su partido, que cambien los criterios de gestión, así de fácil. Hoy hemos visto, por ejemplo, los datos de dependencia en Cataluña, pero para eso no está
el Gobierno de la Generalitat.


Y siguen mintiendo en la exposición de motivos y en el punto 3 de las peticiones al Gobierno cuando dicen que en el transcurso de los últimos años Cataluña ha aportado el 25 % de la recaudación estatal. Cataluña no ha aportado nada, cero,
son ciudadanos que viven en esta comunidad autónoma los que aportan, unos nacidos en Cataluña, otros en el resto de España y otros de fuera de España. En fin, votaremos que no porque las peticiones, salvo la primera, con la que no tenemos ningún
problema -siempre a favor de la transparencia-, el resto no son aceptables. No podemos estar en contra de un sistema validado por el conjunto de las comunidades autónomas para beneficiar a una que no quiere utilizar el presupuesto para fines
sociales, solo políticos, y quiere que el resto de España se lo aporte. De eso nada.


También debemos dar un tirón de orejas a este y al anterior Gobierno presididos por el señor Sánchez, que no han querido renovar el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales ni han creado el grupo de trabajo a partir de 2018,
como se estipuló en los acuerdos para 2017. El último acuerdo, gobernando el Partido Popular; imposición del Gobierno a partir del Gobierno del Partido Socialista. Esa es la diferencia. Total, señores de Esquerra Republicana, un no así de
grande, igual que el resto de grupos, igual que las comunidades autónomas e igual que las entidades del tercer sector.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, Carmen Andrés.



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La señora ANDRÉS AÑÓN: Gracias, presidente. Buenos días, ya casi tardes, a todos y a todas.


Inicio la intervención sumándome al reconocimiento en nombre de mi grupo de todas las entidades del tercer sector, a las que están aglutinadas en mesas y a las de más pequeña dimensión que no lo están, pero que igualmente contribuyen con su
trabajo diario a ese 1,45 % del PIB y que emplean al 3 % de la población ocupada.


Como sabe bien su señoría Bassa, el 0,7 % para fines sociales se aplica sobre la tarifa estatal y se distribuye a través de acuerdos tomados en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, y en el último año, en 2017, como decía su señoría
de Unidas Podemos, se acordó un sistema de gestión mixto, Estado y comunidades autónomas, con una distribución 80-20, que ya indica la tendencia.


Coincidimos con ustedes en que es necesario reforzar los pilares en los que se sustenta nuestro Estado social incorporando, por ejemplo, el 0,7 % del Impuesto de Sociedades para que mejoren la financiación del tercer sector en las
comunidades autónomas. Nuestro grupo comparte ese objetivo con ustedes, pero no podemos compartir el contenido de esta proposición porque estamos también a favor de reforzar el pacto político y social en el que se asienta nuestro Estado de derechos
y nuestro Estado social. Son tres motivos los que nos impiden hoy apoyar su iniciativa. El primero, proponen que sea el Gobierno de España quien de manera unilateral fije los criterios de distribución del fondo, obviando el Consejo Territorial, al
que nuestro grupo reconoce capacidad y competencia para consensuar esos criterios. Segundo, porque el principio de solidaridad interterritorial consideramos que es la base de la cohesión social en nuestro Estado y lo que permite combatir entre
todos la desigualdad. No olvidemos, por otra parte, que hay muchas entidades que no solo trabajan en el ámbito de su comunidad autónoma, sino también en el ámbito del Estado. Por ejemplo, como usted ha nombrado, la Fundación Pere Tarrés o la Creu
Roja. Y tercer motivo y fundamental, que la caída de la inversión social durante décadas, obra de Gobiernos conservadores, y la situación de emergencia social producida por la COVID19 requiere la adopción de decisiones consensuadas, tal y como se
concluyó en la Comisión de Reconstrucción Social, y también de acciones gubernamentales de gran calado y gran inversión de recursos, como es incrementar en más de 7900 millones la aportación del Estado a las comunidades autónomas, o bien aprobar el
fondo social extraordinario de 300 millones.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.


La señora ANDRÉS AÑÓN: Termino. O la dedicación de los 16000 millones procedentes de los fondos europeos.


Por lo tanto, por estos motivos no podremos apoyar la iniciativa del Grupo Republicano, aunque sí compartimos la necesidad de reforzar los pilares de nuestro Estado social.


El señor PRESIDENTE: Hemos terminado ya este punto del orden del día.


- RELATIVA A LA MEJORA DE LA ATENCIÓN DE LOS SISTEMAS SOCIALES Y SANITARIOS A LAS MUJERES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001254).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7.º, que es la proposición no de ley relativa a la mejora de la atención de los sistemas sociales y sanitarios a las mujeres con enfermedades crónicas. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista. Tiene la palabra para exponerla la portavoz del Grupo Socialista, Fuensanta Lima.


La señora LIMA CID: Gracias, presidente.


Señorías, hoy nuestro grupo presenta esta PNL tras conocer el estudio sobre Mujer y enfermedad crónica realizado, junto a la Universidad Complutense de Madrid, por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y haber mantenido reunión con su
responsable, además de seguir el estudio de la Estrategia de Abordaje de Cronicidad y la Encuesta Nacional de Salud, cuyo objetivo primordial es la equidad en la salud y la igualdad de trato.


Como proponente, creo que debo contestar, ante la presentación de esta iniciativa, a dos cuestiones. La primera es por qué presentamos esta PNL. Lo más importante es que debemos ser la voz de quienes mejor que nadie conocen la realidad de
los y las pacientes con enfermedades crónicas o síntomas cronificados, en este caso, la plataforma de organizaciones, que representa a 27 organizaciones estatales, 1300 locales y regionales y defienden los derechos de 19 millones de personas desde
una



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perspectiva integral, donde los y las pacientes no son simplemente una persona con una enfermedad, sino en este caso una paciente que vive en un entorno social. Como decía el doctor Fernando Bandrés Moya en su conferencia Atención centrada
en las personas, las personas somos alguien y no algo. Pero también desde una perspectiva de género para evitar situaciones de victimización secundaria. Los datos, señorías, son contundentes. Les animo a que lean ese estudio, que es muy profundo.
La percepción del estado de salud de, en este caso, las mujeres, en un 50 % es malo o muy malo, mientras que, por parte de los hombres, hablamos de un 28 %. La mujer espera unos seis años de media para poder acceder a un diagnóstico, mientras que
los hombres lo hacen en un promedio de 3,2, normalmente porque las mujeres acuden mucho más tarde a los espacios sanitarios. Respecto a los certificados de discapacidad, los hombres acceden en un 43 %, las mujeres en un 34 %, por falta de
información o por entender que los baremos no acogen su situación actual. Igual ocurre con las pensiones contributivas, que los hombres se acogen en un 60 % y las mujeres, en un 16 %. O la incapacidad laboral permanente, en este caso son un 11 %
las mujeres acogidas con enfermedades crónicas y los hombres, un 20 %. Por último, y no menos importante, está la soledad no deseada, que la están sufriendo mujeres, un 76 %, y que se ha visto agravada durante este tiempo de pandemia, y un 56 % en
el caso de los hombres.


La siguiente cuestión es cómo podemos cambiar esta situación. Para eso les hemos presentado los acuerdos que están dentro de la PNL: mejorar los mecanismos de coordinación en los sistemas sanitarios y sociales, respetando obviamente las
competencias de las comunidades autónomas; adecuar y revisar los baremos, en lo que se está trabajando desde la mesa técnica; desarrollar campañas informativas, en lo que, aun siendo competencia de las comunidades autónomas en materia de
prestaciones sociales, también los ministerios pueden colaborar directamente; seguir impulsando las ayudas de atención a la dependencia, sobre todo cuando estas mismas enfermas crónicas tienen que cuidar de sus propios dependientes, e impulsar
políticas públicas que atiendan a la creciente soledad de las personas, referencia fundamental en el programa que se plantea desde la Organización Mundial de la Salud, pero que también lo planteamos a nivel del Gobierno.


Señorías, he intentado explicarles la importancia de que acordemos impulsar esta PNL para mejorar la vida de aquellas personas con enfermedades crónicas, y específicamente la situación de aquellas mujeres que, además de padecerlas, sufren
una doble victimización. Está en nuestras manos hacerles la vida algo más fácil -no pido nada más- bajo los parámetros más justos y en igualdad de derechos.


Gracias, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra para defender las enmiendas presentadas, en primer lugar, la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Tomo yo el relevo, Mari Carmen Martínez.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Tiene usted la palabra.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.


Ya hemos hablado antes en esta Comisión sobre la dependencia, y ahora nos toca debatir sobre un asunto que en muchos aspectos está relacionado, que son las personas que tienen enfermedades crónicas, puesto que quienes las padecen sufren
importantes limitaciones en su vida diaria, que en muchos casos llegan a ser incapacitantes. Además, si esta cronicidad no se trata adecuadamente, puede acabar derivando en una verdadera dependencia.


Como señala esta iniciativa, la Organización Mundial de la Salud define la enfermedad crónica como una patología de larga duración, por lo general de progresión lenta y resultante de una combinación de factores genéticos, fisiológicos,
ambientales y conductuales. Entre estas enfermedades, se encuentran las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes e incluso algunas autoinmunes. La eficacia en los tratamientos, y por tanto la
calidad de vida de las personas que padecen estas enfermedades crónicas, está muy influida por factores ambientales, puesto que su evolución no depende de una intervención puntual, sino de tratamientos sostenidos en el tiempo, así como, en muchos
casos, de la adopción efectiva de determinados hábitos. Por ejemplo, entornos saludables en el caso de la EPOC o una alimentación sana y equilibrada en enfermedades cardiovasculares o diabetes. Por esa misma razón, como señala la iniciativa, la
prevalencia de estas enfermedades también



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es sensible a otros factores, como lo es el género de la persona que la padece, que, además de condicionantes físicos, introduce también condicionantes ambientales de tipo social.


Sobra decir que Ciudadanos comparte plenamente las medidas que se enumeran en esta proposición no de ley para mejorar la atención dispensada a las personas que padecen enfermedades crónicas, como comparte la necesidad de no perder de vista
la perspectiva de género en su prevalencia, sin que eso implique en ningún caso tener una mirada restringida que deje de percibir estas enfermedades en todas sus dimensiones. Por eso hemos presentado dos enmiendas que van dirigidas a mejorar o a
aportar a esta iniciativa. La primera de ellas hace referencia a la asimilación de la cronicidad, a efectos de la protección dispensada, a la de las personas con discapacidad recogida por el ordenamiento jurídico. La segunda busca mejorar la
atención dispensada desde los servicios sanitarios a las personas con enfermedades crónicas, que se impulsen acuerdos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que aborden medidas específicas para este colectivo. Entre esas
medidas se incluirían la creación de mecanismos de identificación de estos pacientes y la creación de circuitos rápidos de atención para los mismos, y también planteamos que se evalúe la conveniencia de suspender, al menos durante este estado de
emergencia sanitaria por el COVID-19, el requisito de visado de inspección médica con el fin de que estos pacientes puedan acceder a sus medicamentos, evitando así su exposición al riesgo de contagio de coronavirus.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: A usted.


A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario VOX.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Gracias.


Vaya por delante que en el Grupo Parlamentario VOX estamos a favor de dotar de más ayudas, estudios, apoyo, investigación, medicamentos para las personas con enfermedades crónicas. También tenemos en cuenta que muchas de estas enfermedades
afectan de manera distinta a hombres y mujeres -por ejemplo, la fibromialgia, para la que acabamos de presentar, por cierto, una PNL- por sus diferencias fisiológicas, genéticas y endocrinológicas, por lo que apoyamos la investigación y la
adaptación de medidas en función del sexo del enfermo. Pero cada uno de estos enfermos es una persona con una dolencia concreta con la que tendrá que convivir el resto de su vida. Que sea hombre o mujer nunca puede ser excusa ni explicación
-claro- para un trato distinto y unas ayudas distintas entre ellos. Son absurdos sus calzadores a la hora de imponer la perspectiva de género a cualquier iniciativa, sea para la construcción de una carretera en Villanueva de Arriba o para
investigar la picadura de las moscas del Orinoco. Desde el Grupo Parlamentario VOX no consideramos aceptable que la mejora de las condiciones para las personas que sufren enfermedades crónicas esté condicionada por el sexo.


También tenemos que apuntar que el PSOE en esta propuesta emplea el término 'género' en lugar de 'sexo', demostrando una vez más su confusión de conceptos. El sexo es la realidad biológica con la que se nace, y el género, según sus teorías
acientíficas, es una construcción social que, por lo visto, se puede elegir. Pero si, como dice su secretario general, el virus no entiende de ideologías, los respiradores y las ayudas no entienden de género, y menos de su imaginaria perspectiva.
Así que nosotros, como somos gente seria, vamos a hablar del sexo, entendido como diferencia biológica entre hombres y mujeres, no se vengan arriba. Teniendo en cuenta el sexo y la incidencia de enfermedades crónicas en cada uno, 68 % en mujeres,
frente al 60 % en hombres, creemos que no es admisible un trato desigual, que produciría discriminación a los hombres que sufren estas enfermedades.


La izquierda, manipuladora de la igualdad, pretende con esta iniciativa volver a enfrentar a hombres y mujeres y volver a promocionar la mentira de que la mujer está discriminada en España.


No aceptamos su premisa, señorías, y por ello solo aceptaríamos que las medidas que proponen sean aplicables a hombres y mujeres por igual. Imagínense por un momento que en esta iniciativa sustituyéramos la palabra 'mujeres' por 'hombres' y
que la iniciativa la propusiera VOX. ¿Qué dirían? Dirían que es una propuesta machista, discriminatoria, incompatible con una democracia. Pues eso es exactamente lo que están haciendo ustedes.


Repito, solo apoyaremos propuestas que mejoren las condiciones de todos y que respeten el derecho fundamental y constitucional a la igualdad ante la ley, que contempla el artículo 14 de la Constitución y el 9.2, que garantiza que los poderes
públicos protegen esta igualdad, que es pilar fundamental del Estado de derecho, que ustedes, poco a poco y con iniciativas como esta, quieren dinamitar.


Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.


A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular, Rosa Romero.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Gracias, presidente.


La Plataforma de Organizaciones de Pacientes presentó aquí en el Congreso el estudio Mujer, discapacidad y enfermedad crónica, el 4 de marzo. Aquí nos decía que el tiempo de espera de un diagnóstico para las mujeres con enfermedad crónica
duplica al de los hombres. Es una de las conclusiones importantes que se extrae de este estudio. A mayor retraso en el diagnóstico, lógicamente, peor estado de salud, con las consecuencias que eso implica no solo para el bienestar, en este caso,
para la mayoría de mujeres, sino también tiene consecuencias en dificultades socioeconómicas. Pero, señorías, estos datos hoy están totalmente desfasados, como se pueden imaginar. La realidad de hoy es mucho más terrible. Desde que se declaró la
pandemia de COVID en los meses del estado de alarma y colapso sanitario, las pruebas de diagnóstico precoz se paralizaron por completo. Los screening de cáncer de mama, de cérvix o colon. Por tanto, esto ha llevado a agravar su enfermedad,
incluso, a incrementar el fallecimiento por su enfermedad.


La pésima gestión de la pandemia del Gobierno ha tenido consecuencias muy negativas y daños colaterales durísimos en los enfermos crónicos, en este caso, en las mujeres. Llegaron tarde, muy tarde, desoyeron los informes internacionales,
desoyeron a Seguridad Nacional, hasta once informes les advertían en los meses de enero y febrero que el virus era terrible, que amenazaba y que había que tomar medidas. Pero la realidad es que no tomaron esas medidas, y hoy, otro de los daños
colaterales son las consecuencias para enfermos crónicos, para mujeres con enfermedades crónicas.


Nosotros hemos presentado una batería de enmiendas para actualizar la Estrategia nacional de atención a pacientes con enfermedades crónicas, para fortalecer la atención primaria, que es necesaria, también para implementar medidas de
conciliación que, en este caso, las mujeres con enfermedad crónica y con cuidado de menores a su cargo tienen una doble carga, y también en materia de dependencia, ayudas importantísimas para estas mujeres. El Observatorio de la Dependencia está
denunciando que, en el año 2019, por primera vez, desde el 2016, se están incrementando las listas de espera de personas con dependencia, incluso 31000 personas no llegaron a tiempo a cobrar su prestación por ayuda de dependencia.


Esta es la gestión del vicepresidente Iglesias. Esta es la pésima gestión, por cierto, del que hoy hemos conocido la noticia de que la Audiencia Nacional ha pedido que el Tribunal Supremo investigue al vicepresidente Iglesias, por delitos
gravísimos de denuncia falsa, de revelación de secretos, de daños informáticos. Claro, cómo se iba a dedicar a gestionar la dependencia si estaba en los asuntos de Dina. ¿Cuándo va a cesar Sánchez a su vicepresidente? ¿Para cuándo una comisión de
investigación aquí del vicepresidente Iglesias? Claro, ahora callan y tapan. Esperemos que actúen en coherencia, que es lo que deben hacer según lo que han dicho en otras ocasiones.


Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.


Ahora es el turno de fijación de posiciones, de menor a mayor. Iré citando a los diferentes grupos, y recuerden que tienen dos minutos. Grupo Mixto. (Pausa). Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. (Pausa). Grupo Parlamentario Vasco.
(Pausa). Grupo Plural. (Pausa). Grupo Parlamentario Republicano. (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, su portavoz, Lucía Muñoz, tiene la palabra.


La señora MUÑOZ DALDA: Muchas gracias, presidente.


Cuando miramos con perspectiva de género la realidad que nos rodea, lo que vemos son las desigualdades entre hombres y mujeres. En la exposición de motivos de esta proposición no de ley, lo que se visibiliza es una brecha de género en el
ámbito de la salud. Destaca un hecho muy concreto, que es que el número de mujeres que padecen enfermedades crónicas es significativamente mayor que el de hombres. Entonces, a mí me resulta sorprendente que VOX venga aquí como con un discurso de
confrontación, pero luego haya presentado enmiendas a esta iniciativa. Porque lo que hace esta iniciativa es abordar la cronicidad con perspectiva de género y llevar a cabo una serie de medidas, una serie de acciones que a nosotros nos parecen
acertadas. Con lo cual, yo no sé, señorías, si es que están ustedes un poco despistados o que realmente están abandonando el negacionismo en lo que tiene que ver con el género, y ojalá también con el cambio climático.



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Sin más, por no extenderme mucho, quiero anunciarles que votaremos a favor, porque nos parece que las acciones que propone llevar a cabo el grupo proponente están encaminadas a reforzar los pilares del Estado de bienestar, que permiten
avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres y garantizar, en definitiva, los derechos humanos.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Finalmente, en este punto del orden del día, y solo a efectos de aceptar o rechazar enmiendas, tiene la palabra el grupo proponente, si es que tiene algo que decir.


La señora LIMA CID: Gracias, presidente.


No vamos a aceptar la enmienda de VOX, porque el modelo que defiende no es el modelo de sociedad que nosotros defendemos. En el caso del Partido Popular, quiero agradecer el trabajo que tanto Ciudadanos como el Partido Popular han querido
sumar, porque al final no es una iniciativa solo del Partido Socialista, lo hacemos en representación de los pacientes y de esos colectivos que están representando a los pacientes. En este caso, estamos trabajando una transaccional, presidente. En
cuanto a las de Ciudadanos, lamentamos decir -se lo he dicho a su portavoz- que no podemos aceptarlas, porque la primera es por temas de criterios técnicos, que eso en una mesa técnica es donde se acuerda, y la segunda, porque ya se ha acordado en
la conferencia interterritorial con las comunidades autónomas. Así que muchas gracias por su trabajo.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


- SOBRE IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA ADAPTADA A LA COMUNICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS DERIVADA DE LA COVID-19, Y LA HOMOLOGACIÓN DE LAS MASCARILLAS COMUNICATIVAS. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001413).


El señor PRESIDENTE: Iniciamos el debate de la octava proposición no de ley, sobre implantación de tecnología adaptada a la comunicación de accesibilidad de personas con discapacidad auditiva como consecuencia de la crisis derivada de la
COVID-19 y la homologación de las mascarillas comunicativas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Para ello, tiene la palabra su portavoz, Carmen González.


La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, presidente.


Señorías, en España hay 1064000 personas con una discapacidad auditiva de distinto tipo y grado. De ellas, más del 97 % utilizan la lengua oral para comunicarse. Según el Instituto Nacional de Estadística, 13300 personas son las que
emplean la lengua de signos. Cinco de cada mil recién nacidos presentan una sordera de distinto grado, lo que supone que en España existen 2500 familias con un hijo o hija con problemas auditivos. El 50 % de adolescentes y jóvenes entre doce y
treinta y cinco años de edad en los países más desarrollados están en riesgo de presentar una pérdida de audición, por su sobreexposición al ruido en contextos recreativos, según la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, la presbiacusia
afecta aproximadamente al 30 % de la población entre los sesenta y cinco y setenta años, alcanzando el 80 % de la población por encima de los setenta y cinco, y debido a la contaminación acústica y el estilo de vida, se está produciendo un
incremento de estos problemas de audición propios de la edad, en otras edades más precoces en torno a los cincuenta.


La crisis sanitaria, social y económica ocasionada por el COVID ha afectado de manera especial a las personas con discapacidad, motivo por el cual se necesita la implementación de herramientas que les faciliten la información, medidas de
protección y de prevención sanitaria de manera fácil, accesible y comprensible. A lo largo de estos meses de pandemia, las distintas administraciones públicas han potenciado los servicios de atención telefónica para realizar cribados y para
facilitar información general sobre el coronavirus. Sin embargo, en muchos casos, en la implantación de estos servicios no se ha tenido en cuenta a aquellas personas con discapacidad auditiva, que no pueden realizar una llamada de teléfono de
manera convencional. Por todo ello, es importante que se habiliten canales accesibles de comunicación telefónica, voz, texto, a través de mensajería instantánea, imagen mediante videollamadas, entre otros. En nuestro país ya existen precedentes
con fácil solución tecnológica de otros teléfonos y



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aplicaciones de servicio al ciudadano que permiten dar respuesta a las emergencias de las personas con discapacidad auditiva, como el 112 o el 016, el teléfono de acoso escolar. Por tanto, ante una cuestión tan sensible como es la salud de
las personas, es fundamental que las personas con discapacidad auditiva, concretamente, puedan acceder a la comunicación con privacidad y confidencialidad, sin necesidad de intermediarios, lo que hace esencial que se obtenga respuesta, además, por
el mismo canal que la persona lo haya solicitado.


En este sentido, si bien el Ministerio de Sanidad habilitó, finalmente, un servicio automatizado de información sobre la COVID, al que se podía acceder a través de WhatsApp, la mayor parte de los servicios de atención telefónica continúan
siendo inaccesibles y requieren utilizar intermediación para acceder a ellos, bien a través de otra persona, bien a través de sistemas que permitan la comunicación mediante texto, como el Centro de intermediación telefónica. Aquí quiero hacer
mención, precisamente, al reconocimiento por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones sobre las carencias de accesibilidad universal que el simulador virtual del ingreso mínimo vital y su teléfono de información presentan a
día de hoy. Este reconocimiento se ha hecho esta semana, en respuesta a la queja planteada por Cermi en la Oficina de Atención a la Discapacidad, Oadis, organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.


Por otro lado, y en aras de una mayor accesibilidad, en esta pandemia, distintas asociaciones y entidades de la discapacidad auditiva han fabricado mascarillas comunicativas con ventana cognitiva, lanzando distintas campañas informativas
para su utilización, con el fin de lograr una mejora necesaria para la lectura labial y expresión facial. Pero se han encontrado que, aun cumpliendo todos los requisitos establecidos para la fabricación de estas mascarillas, no se les han
facilitado las vías para conseguir las certificaciones correspondientes, encontrando muchas puertas cerradas.


Soy consciente de que esta semana hubo movimientos en el Ministerio de Sanidad, ninguna en el Ministerio de Derechos Sociales, curioso. El vicepresidente segundo parece estar a otros menesteres, léase petición de apertura de causa penal, y
a pesar de ser este ministerio, el de Derechos Sociales, un ministerio que ha duplicado los altos cargos. Pues bien, estos pasos ya se deberían haber llevado a cabo meses atrás, para ahora tenerlas listas de cara al ya iniciado curso escolar. Como
siempre, este Gobierno llega tarde.


Por todo ello, trataremos de acordar una transaccional con el fin de reforzar y promover canales accesibles de comunicación que incorporen texto y opción de videollamada sin intermediarios, e instar al Gobierno a realizar campañas
informativas para ampliar la utilización de las mascarillas comunicativas, no solo en el ámbito sanitario y educativo, sino a nivel general, una vez obtengan las certificaciones oportunas para que las personas con discapacidad auditiva tengan las
mismas oportunidades que el resto.


El señor PRESIDENTE: A continuación, para defender las enmiendas presentadas, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, su portavoz, Carmen Martínez.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: La iniciativa que ahora debatimos versa sobre la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, concretamente sobre la discapacidad auditiva. Las barreras que limitan o impiden la accesibilidad de las
personas con discapacidad no siempre resultan visibles para las personas que no tienen que vivir con esa discapacidad. De ahí la necesidad de extremar no solo la atención a la posible concurrencia de circunstancias que pudieran estar limitando esa
accesibilidad, sino también la de no dejar de escuchar nunca a estas personas directamente o a través de las organizaciones que representan sus intereses, que son, a fin de cuentas, quienes conocen mejor que nadie la realidad que les afecta.


Si estas barreras estructurales generaban ya dificultades con anterioridad, sus efectos se han vuelto directamente infranqueables en muchos casos con motivo de la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19. Aun cuando la
emergencia del carácter de muchas de las iniciativas para contener la transmisión de esta pandemia puede explicar ciertos errores de bulto o incluso ciertas omisiones que podrían haberse evitado con mayor antelación, por desgracia, hemos tenido que
asistir a verdaderos olvidos generalizados en lo que se refiere a la accesibilidad de las personas con discapacidad, muchos de los cuales no se han subsanado. Es imperdonable que se produzcan estas carencias y que sigan sin solución.


En este sentido, naturalmente, estamos de acuerdo con las medidas que se plantean en esta iniciativa, en lo que concierne a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad, en las comunicaciones que se produzcan relacionadas con
la pandemia del COVID-19, también con respecto a la necesidad de una pronta homologación de la mascarilla comunicativa, esto es, las que incorporan elementos transparentes que permiten ver los labios y el fomento de su empleo en los servicios
públicos,



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especialmente sanitarios y educativos. De hecho, es una medida que, desde Ciudadanos, también llevamos tiempo defendiendo, como dejamos claro en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica. Por eso le adelanto que votaremos a favor.


No obstante, hemos presentado una enmienda que va encaminada a buscar una mejora de esta iniciativa y que tiene que ver también con la accesibilidad de las personas con discapacidades sensoriales o cognitivas. Es por eso por lo que queremos
que la tomen en consideración.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.


A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, también por tres minutos, Maribel García.


La señora GARCÍA LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.


Esta iniciativa que nos presenta el Grupo Popular insta al Gobierno a reforzar y promover canales accesibles de comunicación que incorporen texto y opción de videollamada sin intermediarios, homologar las mascarillas comunicativas y fomentar
su uso. En lo que se refiere al refuerzo de canales accesibles de comunicación que incorpore texto, este Grupo Parlamentario Socialista es sensible a la demanda del colectivo de personas sordas o con discapacidad auditiva que utilizan la
comunicación oral, por lo que coincidimos en la necesidad de que las administraciones públicas incorporen texto u opción de videollamadas sin intermediarios. No obstante, son los departamentos, organismos o administraciones competentes de los
servicios que no dispongan de esta opción los responsables de incorporarlo. Y consideramos importante aclarar este punto.


Hay que recordar que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para facilitar la comunicación de este colectivo y su acceso a los diferentes servicios, financia en base a su correspondiente licitación, el Centro de intermediación
telefónica para personas con discapacidad auditiva y/o fonación. Este centro posibilita la comunicación entre terminales visuales no compatibles entre sí, con lo que se consigue que las personas sordas o con dificultades de fonación que no quieren
optar por la videointerpretación reciban una atención rápida, fluida y sin interrupciones.


En la enmienda que hemos presentado, solicitamos reforzar aún más y promover canales de comunicación que incorporen texto y opción de videollamadas sin intermediarios, de manera que se permita a las personas con discapacidad auditiva una
comunicación accesible en tiempo real, para garantizar que puedan acceder a los servicios de atención telefónica en igualdad de condiciones que el resto de la población ante cualquier situación de emergencia sanitaria. Con respecto a la solicitud
de homologación, por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo, de este tipo de mascarillas, sabemos que no es competencia suya directa, puesto que este tipo de producto no es considerado material sanitario. Por eso, en nuestra enmienda
transaccional, los puntos 2 y 3 del petitum de su PNL quedan unidos y así indicamos que se realicen campañas informativas para ampliar la utilización de la mascarilla inclusiva o de accesibilidad cognitiva, como también se las conoce, una vez que
obtengan las certificaciones oportunas, que entendemos tienen que venir de la mano de los organismos competentes.


Esperamos que nuestra enmienda sirva para llegar a un acuerdo con ustedes y con el resto de los grupos políticos y dar así una respuesta idónea al colectivo de personas sordas o con discapacidad auditiva.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, es el turno de fijación de posiciones.


Como siempre, de menor a mayor, iré citando los grupos: Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa). Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. (Pausa). Grupo Parlamentario Vasco. (Pausa). Grupo Parlamentario Plural. (Pausa). Grupo
Parlamentario Republicano. (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, su portavoz es Marisa Saavedra. Tiene la palabra.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: En esta iniciativa se insta al Gobierno a promover canales accesibles de comunicación que incorporen texto y opción de videollamada sin intermediarios y homologar mascarillas comunicativas y fomentar su uso. Este
Gobierno de coalición y nuestro Grupo Parlamentario, Unidas Podemos, somos sensibles a las demandas del colectivo de personas sordas o con discapacidad auditiva para que las administraciones públicas incorporen texto u opción de videollamada. No
obstante, son las



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administraciones competentes de los servicios que no dispongan de esta opción, las responsables de incorporarlo.


El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 financia el Centro de intermediación telefónica para personas con discapacidad auditiva o fonación. Este centro posibilita la comunicación entre terminales visuales no compatibles entre sí y
de estos con el teléfono, fax, correo electrónico o SMS, para que las personas sordas o con dificultades de fonación reciban una atención adecuada. Además, se trabaja en el reglamento de desarrollo de la Ley 27/2007, por la que se reconocen las
lenguas de signos y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas, dando respuesta al mandato legal y a las demandas específicas de este colectivo. El objetivo es establecer
condiciones de utilización de la lengua de signos y de los medios de apoyo a la comunicación oral básicas para todo el Estado que contribuyan a la eliminación de barreras de comunicación para su inclusión social y la participación efectiva en todos
los ámbitos.


En cuanto a las mascarillas inclusivas, estamos muy de acuerdo en promover su utilización, una vez obtengan las certificaciones oportunas, como se plantea en la enmienda del Grupo Socialista. Unidas Podemos celebra que el Partido Popular,
después de años en los que desde el Gobierno central y los autonómicos han maltratado a las personas con discapacidad o diversidad funcional, recortando recursos de la Ley de dependencia y de autonomía personal, imponiendo copagos y reduciendo
profesionales de apoyo en los centros educativos o recursos, para su inserción laboral, finalmente sean sensibles a sus demandas y planteen cuestiones que mejoren su calidad de vida. Por tanto, apoyaremos esta PNL.


Gràcies.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario VOX. Cristina Esteban, tiene usted la palabra.


La señora ESTEBAN CALONJE: Muchas gracias, presidente.


Las personas sordas necesitan comunicarse. En muchos casos, la comunicación se hace inviable si no hay un intérprete de lengua de signos. En VOX apoyamos sin fisuras a toda la comunidad sorda. Alentamos a que puedan acceder a un
desarrollo pleno, tanto en lo personal como en comunidad, en el empleo, en la familia, en su formación, en su comunicación con el resto de la sociedad. Algo que parece tan simple como una llamada telefónica para pedir una cita es imposible sin un
lenguaje de signos. Además, tampoco pueden acudir a una cita médica sin la presencia de un intérprete que traduzca la información que los sanitarios le tienen que transmitir. Las personas sordas tienen que recurrir a la contratación de intérpretes
de lengua de signos y abonar un importe por los servicios prestados. Estos servicios deberían ser gratuitos y accesibles, tal y como se establece en la Ley 27/2007 de 23 de octubre.


Hemos querido añadir a esta iniciativa que se dote a los centros de salud de atención primaria y hospitales de toda España de un servicio de asistencia de teleinterpretación de lengua de signos española para personas con discapacidad
auditiva. Además, ahora el COVID-19 les pone un nuevo impedimento, ¿cómo leen los labios, ahora? Las personas sordas o con hipoacusia se han quedado fuera de juego. Son conscientes de la necesidad del uso de la mascarilla ante el coronavirus.
Por eso, urge que los ministerios de Sanidad y Consumo homologuen las mascarillas comunicativas a la mayor brevedad. Si no nos concienciamos de la brecha en la comunicación, seguirá siendo inmensa para millones de personas y, desde luego, no es
justo. Esperamos que tomen nota y las mascarillas transparentes no sean una excepción solidaria, sino una realidad en todo el territorio nacional.


Finalmente, quería decirle, señor presidente, que es un uso de la Cámara practicado en toda Comisión que, a pesar de la extemporaneidad de la presentación de una enmienda, si el resto de los grupos lo admite, se incluye. Sucede también en
el Pleno, donde se admiten preguntas orales extemporáneas, si es aceptado por el resto de los grupos. Esta es la única Comisión en la que no se admite un uso generalizado de esta Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias por su intervención.


Finalmente, a los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, tiene la palabra la portavoz del grupo parlamentario proponente, el Grupo Parlamentario Popular.


La señora GONZÁLEZ GUINDA: Sí, nosotros hemos tramitado una enmienda transaccional. Pero no quiero dejar pasar las palabras de la portavoz de Podemos, en el sentido de que el Partido Popular ha



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maltratado y le ruego lo retire, sobre todo viniendo de un partido que respalda a un vicepresidente que tantas puertas ha cerrado a la discapacidad, en el poco tiempo que lleva...


El señor PRESIDENTE: Pero eso no tiene que ver con el punto...


La señora GONZÁLEZ GUINDA: Quería hacerlo constar, igual que se ha escuchado lo otro. Es que me parece una acusación muy fuerte, muy fuerte. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Ya lo ha dicho...


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Presidente, debería retirar la palabra maltrato vinculada a la discapacidad. En cualquier caso, es inadmisible vincular esa palabra a la discapacidad, venga de quien venga. Por eso solicita el Grupo Popular que
se retire.


El señor PRESIDENTE: Es una petición que le hace. ¿Quiere retirarla?


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: No creo que tenga que retirar la palabra, puesto que los colectivos...


El señor PRESIDENTE: No, no. No entréis en discusión.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Los colectivos saben que ha sido esta la situación durante los años de recortes de ayudas a las personas con discapacidad. (Rumores).


La señora GONZÁLEZ GUINDA: No lo admitimos.


- SOBRE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA PERSONAS AUTISTAS MEDIANTE PICTOGRAMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001417).


El señor PRESIDENTE: Entramos en el siguiente punto del orden del día, el punto número 9, que es la última de las proposiciones no de ley, sobre la accesibilidad universal para personas autistas mediante pictogramas. Es una iniciativa
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Tiene la palabra para defenderla, su portavoz, Luz Martínez Seijo.


La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.


Esta iniciativa surge de una reunión mantenida con la Confederación de Autismo España en la que nos explicaron algunos de los problemas que tienen y que sufren en la accesibilidad universal. Y por ello hoy traemos esta iniciativa que
intenta dar solución a algunos de esos problemas y avanzar también en la igualdad de oportunidades.


La accesibilidad universal es entendida como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. En la mayoría de las ocasiones asociamos la accesibilidad universal a la discapacidad física, los obstáculos que personas con
movilidad reducida sufren a diario. También lo asociamos a la discapacidad visual o auditiva, para lo que en muchas ocasiones hay solución, como por ejemplo el sistema extendido Braille. Pero queda un largo camino todavía por recorrer con relación
a la garantía de una plena accesibilidad o accesibilidad universal para las personas con TEA, la discapacidad intelectual, afasia, personas que desconocen el idioma o enfermedades neurodegenerativas, como ejemplo.


En España hay alrededor de 1775000 personas con discapacidad en edad activa, un 5,9 % de la población. Y como ejemplo, cerca de 50000 alumnos y alumnas son autistas y hay 450000 personas con TEA en España. Es decir, algo que afecta a
alrededor de un millón y medio de personas, incluyendo a las familias. Estas personas llevan utilizando desde hace años un sistema de pictogramas universal que facilita y garantiza el derecho a la comunicación. Por consiguiente, la accesibilidad
trata de encontrar la manera de que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar del medio que nos rodea, de la manera más sencilla posible y sin ningún tipo de impedimento.


En los últimos años se han incrementado sistemas que están facilitando la comunicación y movilidad de las personas con TEA en España. El más conocido y utilizado es el de Arasaac, que cuenta con 3 millones de usuarios anuales de sus
recursos, que incluye más de dos mil fichas y da acceso a más de



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treinta mil archivos de materiales y actividades, lo que lo ha convertido en el único centro a nivel mundial que ofrece una sección de estas características. Es un sistema basado en pictogramas, utilizados no simplemente para la
comunicación con personas con TEA, sino también para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también es un sistema útil para multitud de personas que en algún momento puntual de su vida necesitan un sistema de comunicación alternativo. Por esto el
sistema de pictogramas universal cada vez se utiliza más en distintos espacios, como es el sanitario, en centros de salud, en organismos públicos, ayuntamientos, bibliotecas, casas de cultura, incluso también se está extendiendo en tiendas o
comisarías de policía, como ejemplo. Pero el siguiente paso es poder utilizarlos en la calle, espacios abiertos y más lugares públicos, para poder avanzar, verdaderamente, en la accesibilidad universal. Somos conscientes y conocedores de las
grandes ventajas que presenta este sistema de pictogramas que ha desarrollado Arasaac y que ha puesto, como decía anteriormente, a disposición a millones de personas su catálogo de recursos y además se ha traducido a veinte idiomas. Y precisamente
por su universalidad y ese volumen de recursos, este sistema es el más utilizado, por no decir el único, con personas con TEA.


Sin embargo, a fecha de hoy no está estandarizado oficialmente su uso. No hay una norma o sistema universal, lo que está dando lugar a -llamémosle- copias o adaptaciones de los pictogramas en espacios públicos de las distintas localidades,
encargados, en algunos casos, a organizaciones contratadas por las administraciones locales con el objetivo de extender esta accesibilidad universal. El problema surge cuando estas adaptaciones modifican los pictogramas que las personas con TEA
conocen y ya han interiorizado. Es decir, se modifica su propio idioma, lo que está generando una confusión y un riesgo personal, sobre todo en la seguridad vial; un riesgo que, en determinados espacios, los pictogramas indican un sentido
contrario a lo que ellos ya conocen, y desde luego utilizan en su vida a diario. Es decir, se está utilizando un idioma distinto y esto somos muy conscientes de los riesgos que supone para las personas con TEA.


Por consiguiente, el objetivo de esta PNL es avanzar en esa accesibilidad universal, pero también en ese lenguaje universal, que, en el caso de las personas con TEA, es el de los pictogramas. Se trata de trabajar en un catálogo oficial
estandarizado para facilitar sus condiciones personales y evitar riesgos personales como los que están sufriendo actualmente. Se trata de aprovechar los sistemas ya existentes, que tienen validez y extensión universal, para que sean unificados, y
de avanzar en ese objetivo que todos compartimos, para lo que se requiere, como no puede ser de otra manera, el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es por ello por lo que les pido el apoyo para esta iniciativa y para
mejorar la situación de todas aquellas personas con TEA en España.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.


A continuación, para defender las enmiendas que han presentado, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, su portavoz, Mari Carmen Martínez. ¿Lo he dicho bien esta vez?


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias.


Esta es la última proposición no de ley de esta Comisión, en la sesión de hoy, y también tiene que ver con la igualdad de derechos y la inclusión social de las personas con discapacidad.


Como señala la proposición, cerca de 450000 personas en España tienen algún trastorno del espectro autista, 50000 en edad escolar, y si se tiene en cuenta a sus familias, hay 1, 5 millones de personas que viven de cerca esta discapacidad del
desarrollo. Esta discapacidad lleva aparejadas limitaciones para las relaciones interpersonales y la comunicación. Para superar estas dificultades, muchas de estas personas con TEA emplean habitualmente el sistema de pictogramas universal, un
sistema de comunicación alternativa y aumentativa que ha hecho posible la comunicación para muchas de estas personas para las que antes era imposible. Sin embargo, pese a estos avances, todavía no existe una norma general y extendida que
estandarice esa señalización y esa utilización de pictogramas, lo que en ocasiones hace que determinadas adaptaciones generen confusión más que claridad entre las personas que deberían utilizar este sistema de comunicación.


Siendo conscientes de esta realidad, compartimos las medidas que se recogen en esta iniciativa, que consideramos necesaria para avanzar hacia una verdadera igualdad de trato, no discriminación, accesibilidad y plena inclusión de las personas
con discapacidad de desarrollo, en particular con TEA.


Por eso mismo, ya les adelanto que votaremos a favor.



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No obstante, en esa misma línea hemos presentado una enmienda que esperamos que sea aceptada por el grupo proponente, porque, en efecto, estamos de acuerdo con esas medidas particulares, pero consideramos que no pueden quedarse en un mero
compromiso, sino que este marco general de condiciones básicas y garantías comunes mediante ayuda a sistemas auxiliares de apoyo debería estar garantizado por ley con carácter general. En este sentido, nuestra enmienda incorpora un apartado en el
que, en consonancia con estos principios, se recoge un apoyo expreso por parte del Congreso a la tramitación de la Ley general de derecho de las personas con discapacidad para regular las condiciones básicas para la accesibilidad cognitiva, que en
estos momentos se tramita en el Senado. Una iniciativa que, como recordarán, fue promovida por CERMI, presentada por Ciudadanos y admitida a trámite con amplia mayoría. Es una norma que consideramos necesaria para cubrir una laguna que todavía
persiste en nuestro país para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, que esperemos vea pronto la luz, como ya está a punto de verla la reforma, también promovida por CERMI e impulsada por Ciudadanos, por la que por fin se
prohibirá la posibilidad de esterilización forzosa de mujeres con discapacidad.


Muchísimas gracias,


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


La señora TRÍAS GIL: Señorías, en líneas generales, esta propuesta nos parece bien, si bien agradeceríamos algo más de rigor al elaborar una iniciativa parlamentaria, pues el título habla de una PNL sobre la accesibilidad universal para
personas autistas mediante pictogramas, pero en el desarrollo se habla de personas con discapacidad activa, luego de autistas, después de personas con trastorno del espectro autista, hasta que finalmente se entiende que la propuesta en realidad va
destinada a facilitar la comunicación y la accesibilidad cognitiva a todas aquellas personas que presentan algún tipo de dificultad por distintos factores: autismo, discapacidad intelectual, afasia, personas que desconocen el idioma, enfermedades
neurodegenerativas, etcétera.


En todo caso y tal como se expone en la exposición de motivos de la PNL que debatimos, dado que este sistema fue creado para el ámbito educativo, a nuestro modo de ver, deberíamos asegurarnos de que este ámbito esté cubierto de forma
prioritaria, y de ahí la enmienda que proponemos y que nos alegramos que haya sido incluida.


En el informe de agosto de 2020 de la Confederación Autismo España, leemos que los datos oficiales, objeto de su análisis, pueden reflejar el abandono y el fracaso escolar del alumnado con TEA a partir de la Educación Secundaria Obligatoria
o su emplazamiento en modalidades de educación especial, lo que puede estar relacionado con una falta de respuesta educativa adaptada y adecuada del sistema educativo ordinario hacia los niños y adolescentes con TEA una vez que terminan la educación
primaria. En los centros educativos los pictogramas todavía no están generalizados, y cuando existen, varían en sus modalidades de un centro a otro, entre municipios y entre comunidades autónomas. Esta sería una medida básica a implementar, no
exhaustiva pero básica.


Nos parece una PNL de brocha gorda. Todos ustedes deberían saber que autismo es distinto de trastorno del espectro autista y distinto de trastorno generalizado del desarrollo. Sin embargo, los datos oficiales del Ministerio de Educación,
cuando hacen estudios, hacen referencia al alumnado con trastorno generalizado del desarrollo, ya que no existe la categoría específica de trastorno del espectro del autismo en los sistemas de registro estatales sobre datos de educación. Esta
categoría se encuentra desactualizada conforme a las establecidas en los sistemas de clasificación diagnóstica más recientes, que incorporan la categoría específica de trastorno del espectro del autismo. Este hecho, lógicamente, dificulta mucho la
interpretación. Y esto, que es un tema técnico, pero básico, es solo un ejemplo de la cantidad de aspectos pendientes para atender adecuadamente a las personas con TEA. En los últimos siete años se ha triplicado el número de alumnos en educación
ordinaria, mientras se mantiene el número de alumnos en educación especial. Hoy en España, uno de cada cuatro alumnos con necesidades educativas, tiene TEA. La señalización con pictogramas está bien; es, digamos, el mínimo indispensable, pero
hace falta mucho más para atender adecuadamente a las personas con TEA.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.


A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carmen González.


La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, presidente.



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De nuevo, insisto en que se retire la palabra maltrato, vinculada con la discapacidad, y más viniendo del Partido Podemos, cuyo vicepresidente ostenta las competencias de discapacidad y al que solo le he oído hablar sobre discapacidad tres
minutos en todas las comparecencias que ha tenido.


Con todo ello, paso al tema. La accesibilidad universal ha de entenderse como el modo de facilitar a todas las personas acceder de la forma más cómoda y natural a todos los servicios sin que encuentren ningún tipo de impedimentos. La
accesibilidad cognitiva, por su parte, es hacer el mundo más fácil de entender tanto a las personas con discapacidad como a aquellas que no la tienen, es la respuesta a la necesidad que todos tenemos de entender el mundo que nos rodea. Como se
plantea desde distintas asociaciones de la discapacidad, urge promover la accesibilidad cognitiva para que todo sea más fácil de entender, sobre todo para las personas con dificultades de comprensión, personas con discapacidad intelectual,
cognitiva, con parálisis cerebral, con trastornos del espectro de autismo y también personas con alzhéimer.


Los pictogramas, como se ha dicho, constituyen un importante sistema aumentativo y alternativo de comunicación, son una herramienta muy útil que viene empleándose desde hace mucho tiempo en el ámbito educativo para personas con trastorno de
espectro de autismo, así como en terapias para personas con discapacidad intelectual, afasia y personas mayores con degeneración cognitiva. Es una herramienta fundamental para la accesibilidad y ayuda al cumplimiento de los mandatos de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cabe destacar, como ya se ha dicho, el gran trabajo llevado a cabo desde Arasaac, como centro de comunicación aumentativo y alternativo, que se ha convertido en un referente a nivel
nacional y me atrevo a decir que también a nivel internacional, tanto en cuanto a la aportación de materiales en el ámbito educativo, como en el apoyo de pictogramas para la accesibilidad y movilidad en nuestras ciudades. Ahora bien, cuando nos
referimos precisamente, como aquí ya también se ha comentado, a estos últimos, nos encontramos que las señales varían de unas ciudades a otras y que en muchos casos esos pictogramas más que facilitar la accesibilidad la complican. Los sistemas
pictográficos más usados en los diversos territorios del Estado español son: el sistema SPC y el sistema de Arasaac, con libre disposición de licencia Creative Commons. Sin embargo, la inexistencia de una normativa nacional referida a los
pictogramas comunicativos ocasiona que, al ser utilizados, contribuyan en algunos casos más a la confusión que al apoyo a la accesibilidad para la que han sido creados, situación esta ya denunciada por distintas entidades de la discapacidad.


En el Partido Popular creemos esencial la creación de un centro de accesibilidad para regular estas cuestiones. Por ello, es prioritario el impulso de la Ley de accesibilidad cognitiva, ley que ya en 2018 fue presentada en el Senado por el
Partido Popular, pero que la moción de censura malogró. Ahora viene de la mano de Ciudadanos y, repito, es necesario impulsar por parte del Gobierno su tramitación, pues entendemos que es en el articulado de dicha ley, más concretamente en su
disposición adicional segunda, donde se establece la constitución de un centro estatal de accesibilidad cognitiva a crearse dentro del Real Patronato sobre Discapacidad, concebido como instrumento de la Administración General del Estado para el
estudio, investigación, generación y transferencia de conocimiento y, en general, fomento de todo lo relativo con la accesibilidad cognitiva en España, donde creemos tiene cabida lo que esta PNL pretende, que es la estandarización de los pictogramas
en el territorio nacional. En esta línea hemos planteado nuestra enmienda, que creemos mejora la PNL y contribuye al avance tan necesario hacia la accesibilidad universal conducente a una plena inclusión e integración de las personas con
discapacidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, empezamos el turno de fijación de posiciones, de menor a mayor. Iré citando los grupos: ¿Grupo Mixto? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). ¿Grupo
Parlamentario Plural? (Pausa). Entiendo que no toman la palabra. ¿Grupo Parlamentario Republicano?


La señora BASSA COLL: Sí. Muy rápidamente.


Nosotros, evidentemente, compartimos la iniciativa. Todo lo que sea facilitar la comunicación para potenciar la inclusión en la sociedad de todas las personas que tienen problemas es un avance.


Hemos propuesto añadir dos matices en la enmienda transaccional, porque, como se ha comentado anteriormente, el problema es básicamente que los pictogramas varían dependiendo de los territorios. Por eso, en el punto 2, hemos pedido que se
estudie la posibilidad de desarrollar el catálogo oficial, remarcando



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que los pictogramas sean universales, homologados o estandarizados, pensando en que sirvan no solo en el territorio nacional, sino también en la Unión Europea y donde quiera que vaya cualquiera de las personas afectadas. Y en el punto 3
hemos pedido que no solo se incluya acordar con la FEMP, que nos parece muy bien, sino que se añada otro matiz necesario, porque hay otras asociaciones de municipios; en Cataluña, por ejemplo, la FEMP tiene una representación muy muy minoritaria.
Así tendríamos en cuenta la opinión de todos los territorios.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra su portavoz, Lucía Muñoz


La señora MUÑOZ DALDA: Muchas gracias, presidente.


En primer lugar, quiero decirle al Partido Popular que siento que se le atraganten tantas verdades. Esa actitud de ofendiditos es bastante patética.


Por ir a lo que estamos debatiendo, en la exposición de motivos de esta PNL se pone de manifiesto una realidad social en la que existen personas con trastorno de espectro autista, personas autistas, y a estas personas les resulta mucho más
sencillo procesar mensajes con imágenes. Por eso los pictogramas son una herramienta cada vez más utilizada para facilitar la comunicación con estas personas.


El Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común es favorable a la propuesta de extender el uso universal de los pictogramas en espacios públicos y de que se desarrolle este catálogo estandarizado. La verdad es que nos
parece muy acertado que se acuerde con la FEMP y con otras asociaciones de municipios, por qué no. Nos parece que es el marco más adecuado, porque es verdad que hay municipios que van por delante y que ya lo están llevando a cabo, como el municipio
de Palma. Nos parece que es un avance hacia la accesibilidad universal y que tenemos que seguir preguntándonos si los espacios públicos están adaptados para todos y todas.


Nada más y muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


Finalmente, solo a efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luz Martínez Seijo.


La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias presidente.


Hemos presentado una enmienda transaccional basada en lo que nos han propuesto el Grupo Republicano y el Grupo VOX. Por tanto, incorporamos la referencia: el uso de la comunicación aumentativa y alternativa en los centros docentes donde
haya alumnado diagnosticado con TEA. Es el punto que añadimos. Introducimos también una modificación en el punto 2, que amplía a esos pictogramas universales, homologados o estandarizados, como nos ha planteado en el Grupo Republicano.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Con esto terminamos el debate de las proposiciones no de ley incluidas en el orden del día.


En un momento empezaremos la votación. Antes hemos de aclarar qué es lo que votamos, porque hay una serie de transacciones. Aquí nos han llegado las siguientes: al punto número 2...


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Señor presidente, con la venia.


El señor PRESIDENTE: Al punto número 2 ha llegado una transacción; al punto número 7, otra transacción, y al punto número 9, otra. Nos han llegado tres.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Presidente, disculpe.


El señor PRESIDENTE: Si hay alguna más...


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Disculpe. El Grupo Ciudadanos quiere pedir la votación por puntos de nuestra proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Cuando vayamos a votar.



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El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Un momento, un momento. Van a hacer las copias para que todo el mundo pueda tenerlas y las pueda leer. (Pausa).


Empezamos la votación.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: No. Perdóneme. He pedido la palabra tres veces; han hablado varios diputados.


El señor PRESIDENTE: Usted no puede hablar.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Usted no puede impedirme que hable si tengo derecho a hacerlo.


El señor PRESIDENTE: Haga el favor. No le he dado la palabra.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Mi grupo presentará una queja y pedirá amparo a la presidenta del Congreso.


El señor PRESIDENTE: Hágalo.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Es usted un presidente incompetente.


El señor PRESIDENTE: Ya ha dicho lo que quería decir.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Muy mal. (Rumores).


VOTACIONES.


El señor PRESIDENTE: Votamos el 1.º punto del orden del día: proposición no de ley para asegurar la protección y apoyo necesario a colectivos vulnerables durante la emergencia sanitaria del COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos. (La señora Martínez Granados pide la palabra). Señora Martínez.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Solicitamos votación separada, punto por punto.


El señor PRESIDENTE: Entonces votaremos los puntos de la proposición no de ley uno por uno.


En primer lugar, votamos el punto número 1.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el punto 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos el punto número 3.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el punto número 4.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el punto número 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos el punto número 6.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, 2.



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El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el punto número 7.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el punto número 8.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el punto número 9.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el punto número 10.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el punto número 11.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Por tanto, quedan aprobados los puntos números 2, 5 y 11 de la primera proposición no de ley.


Pasamos a votar el 2.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a reforzar el sistema de atención a las personas en situación de dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Esta proposición tiene una
enmienda transaccional que ya se ha repartido y todos ustedes conocen. Se somete a votación en los términos de la transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos a continuación el 3.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a la extensión del concepto de familia numerosa de categoría especial, presentada por el Grupo Parlamentario VOX. Se vota en sus términos.


La señora TRÍAS GIL: Señor presidente, había una enmienda del Grupo Popular que hemos aceptado y también había presentado una el Grupo Ciudadanos que no hemos aceptado. Son enmiendas de adición. No se ha preguntado si se aceptan las
enmiendas de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos.


El señor PRESIDENTE: Estamos hablando de la proposición no de ley número 2.


La señora TRÍAS GIL: Estamos hablando de la proposición no de ley número 3, la que trata de la familia numerosa.


El señor PRESIDENTE: Estamos hablando de la proposición no de ley número 2.


La señora TRÍAS GIL: De la número 3.


El señor PRESIDENTE: Aquí no tenemos nada.


La señora TRÍAS GIL: Hay dos enmiendas, del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos. No hay una transaccional, pero hay dos enmiendas de adición.


El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario VOX las ha aceptado?


La señora TRÍAS GIL: No se lo había dicho porque estaba hablando con el Grupo Ciudadanos. Hemos aceptado la enmienda del Grupo Popular y finalmente no hemos aceptado la del Grupo Ciudadanos porque tiene que ver con el ingreso mínimo vital.
Esa conversación no la habíamos tenido todavía. Se vota la proposición con la enmienda del Grupo Popular únicamente.


El señor PRESIDENTE: Estamos hablando de la proposición no de ley número 3, relativa a la extensión del concepto de familia numerosa.



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La señora TRÍAS GIL: Se vota con la enmienda de adición del Grupo Popular y nuestras autoenmiendas. Repítalo usted para que quede claro.


El señor PRESIDENTE: Votamos el punto 3.º del orden del día: proposición no de ley relativa a la extensión del concepto de familia numerosa de categoría especial, presentada por el Grupo Parlamentario VOX. Las autoenmiendas ya forman
parte del texto.


La señora TRÍAS GIL: Hay autoenmiendas de VOX, enmienda del Grupo Popular y enmienda del Grupo Ciudadanos.


El señor PRESIDENTE: Las autoenmiendas ya forman parte del texto que se vota.


Por tanto, pasamos a votar la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el 4.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a la lucha contra el sinhogarismo, presentada por el Grupo de Unidas Podemos. Votamos el texto con la transaccional a la que han llegado los dos grupos, Socialista y
Unidas Podemos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 5; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el 5.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a impulsar medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión como consecuencia de la crisis del
coronavirus, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus propios términos.


La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Perdón, señor presidente, aceptamos las enmiendas de VOX.


El señor PRESIDENTE: Se vota con la incorporación de las enmiendas de VOX.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos ahora el 6.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre apoyo a las entidades catalanas del tercer sector social y para la transferencia a la Generalitat de Catalunya de la recaudación de la asignación tributaria del
porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, destinado a fines sociales, presentada por el Grupo Republicano. Se somete a votación en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el 7.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a la mejora de la atención de los sistemas sociales y sanitarios a las mujeres con enfermedades crónicas, presentada por el Grupo Socialista. Se somete a votación con
el texto de la transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el 8.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre implantación de tecnología adaptada a la comunicación y accesibilidad de personas con discapacidad auditiva, como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19, y la
homologación de las mascarillas comunicativas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota con la transaccional.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Por último, votamos el punto 9.º del orden del día: proposición no de ley sobre la accesibilidad universal para personas autistas mediante pictogramas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se vota con una transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35.



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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.