CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 168

TRABAJO, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GOMÉZ-REINO VARELA

Sesión núm. 7

celebrada el miércoles,

7 de octubre de 2020

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Escrivá Belmonte):


- A petición propia, para informar sobre la situación y medidas adoptadas por el Ministerio para hacer frente a los efectos sociales y económicos derivados de la COVID-19. (Número de expediente 214/000073) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Para informar sobre las medidas que va a adoptar su ministerio a raíz de la reciente llegada masiva de inmigrantes irregulares a las costas andaluzas, canarias y murcianas. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente
213/000555) ... (Página2)


- Para explicar las razones del enorme retraso en la aprobación de las solicitudes del ingreso mínimo vital y los plazos para firmar los convenios con las comunidades autónomas para su gestión. A petición de don Joan Baldoví Roda (Grupo
Parlamentario Plural). (Número de expediente 213/000596) ... (Página2)


- Para informar sobre el estado de las actuaciones del citado ministerio en relación con la tramitación y resolución de las solicitudes de la prestación denominada 'ingreso mínimo vital'. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de
expediente 213/000600) ... (Página2)

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- Para que explique las medidas que piensa adoptar para resolver urgentemente la situación de colapso administrativo existente en relación con el ingreso mínimo vital (IMV). A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 213/000605) ... (Página2)


- Para explicar la estrategia y medidas que viene adoptando su departamento en coordinación con el resto de ministerios implicados para abordar la situación de emergencia en materia de flujos de migración irregular que está atravesando
Canarias. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000619) ... (Página2)


Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Buenos días. Bon dia.


Como saben sus señorías, en esta sesión va a comparecer el señor Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y se van a acumular una serie de comparecencias solicitadas por los grupos, pero también por el Gobierno. En el
orden del día, por lo tanto, figuran las siguientes comparecencias: a petición propia para informar de la situación y medidas adoptadas por el ministerio para hacer frente a los efectos sociales y económicos derivados de la COVID-19; a petición
del Grupo Parlamentario VOX, para informar sobre las medidas que va a adoptar su ministerio a raíz de la reciente llegada masiva de inmigrantes irregulares a las costas andaluzas, canarias y murcianas; a petición del señor Baldoví, del Grupo
Parlamentario Plural, para explicar las razones del enorme retraso en la aprobación de las solicitudes de ingreso mínimo vital y los plazos para firmar los convenios con las comunidades autónomas para su gestión; a petición del Grupo Parlamentario
VOX, para informar sobre el estado de las actuaciones del citado ministerio en relación con la tramitación y resolución de las solicitudes de la prestación denominada ingreso mínimo vital; a petición del Grupo Parlamentario Popular, para que
explique las medidas que piensa adoptar para resolver urgentemente la situación de colapso administrativo existente en relación con el ingreso mínimo vital; y a petición del Grupo Parlamentario Popular, para explicar la estrategia y medidas que
viene adoptando su departamento en coordinación con el resto de ministerios implicados para abordar la situación de emergencia en materia de flujos de migración irregular que está atravesando Canarias.


Como decía al principio, todas estas solicitudes de comparecencia se tramitarán de forma acumulada a efectos de la realización del debate. Para ordenar el debate, en primer lugar abrirá la intervención el señor ministro sin límite de
tiempo, como es habitual; a continuación, intervendrán los diferentes grupos parlamentarios y sus portavoces de menor a mayor. El otro día en la Mesa y portavoces hablamos de un reparto aproximado de diez minutos en dos intervenciones. La
Presidencia va a ser flexible para que cada grupo lo trate de adaptar un poco a sus necesidades; en principio contamos con ocho y dos pero con flexibilidad. Como digo, primero un turno de ocho minutos y en su caso, después de que hable el ministro
nuevamente, habrá un segundo turno de réplica en principio de dos minutos por cada grupo, cerrando, como saben, nuevamente el ministro.


Sin más, le doy la palabra al señor Escrivá.


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Muchas gracias, presidente.


Señorías, comparezco ante esta Comisión para abordar y contestar las distintas preguntas que se me han planteado y, además, para añadir algunos elementos informativos de la actividad del ministerio que nos han parecido que son relevantes,
que deben ustedes conocer y sobre los que podemos discutir. (El señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Escrivá Belmonte, apoya su intervención con un powerpoint). Mi presentación la voy a organizar en tres áreas que responden
a los distintos ámbitos en los que hemos estado operando en los últimos meses: mercado de trabajo, migraciones y el ámbito social, en términos generales.


Empezaré con el mercado de trabajo. Para explicar todo lo que hemos hecho en ese ámbito para abordar la situación tan complicada por la que han pasado y están pasando muchos trabajadores y empresas en España, resultado de la crisis del
COVID, yo creo que es bueno empezar con una fotografía

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de dónde estábamos en el momento más agudo de la crisis, que fue a principios de mayo, donde conseguimos -esto es algo que no tiene precedentes en ningún caso en crisis anteriores en España- proteger a más de 6 millones de trabajadores, que
significan el 30 % de la población ocupada, 3 400 000 trabajadores, aproximadamente, en ERTE; un 1,5 millones de trabajadores con una prestación extraordinaria, trabajadores autónomos; 950 000 trabajadores que estaban protegidos por prestaciones
extraordinarias de desempleo y, además, 250 000 trabajadores con la baja laboral COVID en ese momento, y todo esto hace más de seis millones de trabajadores. Este es el punto de partida en el que nos encontramos.


Como decía, esto ha supuesto un comportamiento del mercado de trabajo, desde el punto de vista de evitar el despido y sobre todo el despido de los trabajadores más vulnerables y temporales, que quizá es bueno verlo comparando con episodios
anteriores. Nunca ha habido, obviamente, una caída de la actividad tan brusca y tan concentrada en el tiempo como esta, pero sí hubo una cierta caída de la actividad, que después se prolongó durante varios años porque fue una crisis muy larga -la
crisis financiera que comenzó a finales de 2008- y tuvimos una caída del PIB del 4,6 en los dos primeros trimestres del año 2009. En estos dos trimestres la caída ha sido del 24 %, para ponerlo en perspectiva. Va a ser una crisis mucho más corta
en el tiempo, lógicamente por la naturaleza, pero con una concentración de caída de actividad extraordinaria.


¿Qué pasa con el empleo? La caída de afiliados a la Seguridad Social, que es la mejor proxy mensual de la caída en la evolución del empleo, cayó un 3.5 % en el primer semestre del año 2009, es decir, muy parecida a la caída del PIB; ahora
en ese periodo la caída ha sido del 4,5 %, con una caída del 24. Eso es, precisamente, por todas las medidas de protección que hemos puesto en marcha. Otra forma de verlo es aquí, donde tienen la evolución de los afiliados. Esta es la evolución
del PIB y ahí vemos la enorme caída que se produjo en 2020 y también podemos ver la caída y el periodo de depresión que tenemos en este periodo de aquí. Como ven, la evolución de afiliados históricamente ha seguido una relación extraordinariamente
estrecha entre la evolución, crecimiento o caída del empleo y la evolución de la actividad económica medida por el PIB. Aquí tenemos esta enorme discontinuidad, esta singularidad, en la cual la caída del PIB va seguida -mucho menos que en ningún
otro momento- por la caída del empleo, que ha sido mucho menor que la caída de la actividad. Esto es lo que marca la rapidez y la intensidad de la respuesta que se ha tenido desde el Gobierno y después, con el apoyo del Parlamento, en los distintos
decretos para conseguir que esta vez aguante la actividad económica y el empleo y que esa característica habitual, que hemos visto muchas veces, de enorme destrucción de empleo, muy en línea con la actividad que tiene esa enorme prociclicidad del
empleo del mercado de trabajo español, esta vez no ocurra. No solamente creo que es importante que esto lo vayamos extendiendo -lo iré contando- durante el tiempo, sino que - estamos hablando con los agentes sociales, y después volveremos
obviamente al Parlamento-, lo que hemos aprendido de esta crisis en términos de modelos de ERTE, modelos en los cuales se aguanta el empleo y se mantiene la permanencia de las empresas, pase a ser un factor estructural y permanente de nuestro
mercado de trabajo. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y creo que está habiendo consenso para que eso sea así.


¿Dónde estamos ahora? Ahora nos quedan trabajadores en ERTE total, es decir, inactivos, 495 000, de los 3 400 000; hay 170 000 trabajadores en ERTE parcial, es decir, trabajan a tiempo parcial; autónomos con prestación a finales de
septiembre había 150 000, ahora tenemos que ver en la nueva prestación dónde nos vamos; en desempleo 420 000, de los 950 000 que había, y en baja laboral actualmente con los nuevos rebrotes, 150 000 frente a los 250 000. Eso significa que de los
algo más de 6 millones que había se han reincorporado totalmente al mercado de trabajo en este periodo, que va desde el mes de mayo hasta finales de septiembre, 4 715 000 trabajadores, es decir, 4 de cada 5 de la fotografía que veíamos antes se han
recuperado. Estos son los números que reflejan el esfuerzo que se ha hecho. Una vez que hicimos el esfuerzo en términos de protección de rentas, este es el esfuerzo de activación de actividad en un contexto que no ha sido precisamente fácil.
Cuando discutimos esto con organismos internacionales o hacemos comparaciones con otro países se sorprenden -yo he estado en Bruselas la semana pasada- de que teniendo en cuenta que España es un país con mayor incidencia del COVID que otros y con
mayor especialización, además, en sectores particularmente afectados por el COVID como es el sector turístico y similares, este nivel de activación en el mercado de trabajo sorprende positivamente porque países con menos incidencia no lo están
alcanzando.


Si vamos mirando cada uno de estos elementos, y empezamos por el empleo, aquí vemos cómo desde febrero a abril hubo una caída de casi 800 000 trabajadores y cómo hemos recuperado más del 50 %

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-vemos el gráfico-. El dato de septiembre ha sido un dato, como vemos, particularmente positivo, de tal forma que más del 50 % de los trabajadores -no son necesariamente los mismos-, de la destrucción de empleo que hubo en el periodo que va
desde marzo y abril, se ha recuperado algo más del 50 % en este momento. Desgraciadamente -aquí lo vemos y esto es algo pendiente de resolver en nuestro mercado de trabajo-, el ajuste ha sido fundamentalmente en trabajadores temporales, como se
aprecia en este gráfico y también es verdad que nos hemos recuperado -es la variable buffer, la variable de ajuste del mercado de trabajo-, y aquí lo vemos una vez más con las barras hacia abajo de caída y de recuperación. Aquí volvemos a ver la
caída enorme de temporales y mayor estabilidad de los indefinidos, esta es una serie desde el año 2008, y cómo todo el ajuste en el mercado nacional español se hace con variaciones de los trabajadores temporales. Una vez más ha sido así. Creo que
esto nos debe servir para reflexionar y para ayudar a que el modelo de ERTE se convierta en un modelo permanente en el futuro.


En esta representación tenemos la evolución de los ERTE, que recuerda un poco a la de un candil y que, de alguna forma, refleja también este perfil temporal, lo que está siendo la recuperación de la actividad económica, porque, en el fondo,
el empleo debe tener una relación muy estrecha con la recuperación de la actividad económica. Una caída extraordinariamente brusca hasta casi los 3 400 000 trabajadores, una recuperación particularmente intensa en el mes de junio y julio y,
progresivamente, vamos viendo cómo la aceleración de la actividad va bajando de intensidad, como es lógico. Estamos en un momento de recuperaciones más suaves que, además, han coincidido en este periodo de agosto y septiembre con los nuevos
rebrotes y con algunos sectores de nuevo con incertidumbre. Los sectores asociados al turismo y, sobre todo, en islas y grandes ciudades, han sido los que al final no han podido recuperarse y mantienen un nivel de inactivación importante. Pero, en
términos agregados de todos los sectores y de toda la economía, esta es la fotografía según la cual estamos en esos 700 000; de ellos, como vemos, aproximadamente 150 000 trabajando a tiempo parcial en este momento. Esto es lo que nos dejan las
cifras. Para que esta activación haya sido tan intensa según las referencias internacionales -tan intensa entre comillas, porque la situación es la que es, pero con un resultado de fuerte activación- hemos utilizado dos instrumentos de incentivos.
Uno son los coeficientes decrecientes en cada trimestre, que se hizo en el periodo de abril a junio -que los hemos vuelto a poner en marcha, por cierto, a partir de octubre-, para que las empresas fueran conscientes de que al arrancar un trimestre
con uno de estos programas de ERTE, el mes siguiente el nivel de generación iba a ser algo más bajo, de tal forma que eso, en la duda ante las fluctuaciones de demanda que tenga, le genere un incentivo a intentar activar más trabajadores porque,
según va pasando el tiempo, el nivel de subsidio de incentivo es menor.


El segundo mecanismo ha sido incentivar más en exoneraciones a aquellos trabajadores que se iban activando frente a los no se iban activando. Dado que esta situación es una situación en la cual tienes dudas y bajadas y subidas de demanda,
lo que pretendíamos era que no hubiera muchas tentaciones a volver a desactivar y a introducir en ERTE a los trabajadores y que, ante la duda, existiera un impulso o a una prima para que ello fuera así. De este modelo, que es bastante singular a
nivel internacional, nos han pedido varios países los detalles porque es un modelo que se ha podido implementar por las capacidades técnicas de la Tesorería de la Seguridad Social a la hora de jugar con coeficientes variables y también, descansando
mucho en conceptos económicos -the behavioral economics-, tendemos a pensar que ha sido muy positivo desde el punto de vista de la activación. Ciertamente introduce presión a los agentes económicos a activarse y evita, de alguna forma, la
acomodación al subsidio. Esto es un tema permanente de debate cuando lo discutimos con ellos.


¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Nos enfrentamos a una nueva situación, a principios de octubre, que ya es algo distinta. Tengan en cuenta que, a principios de mayo, lo que teníamos básicamente era 3 400 000 trabajadores inactivos y, con
estos instrumentos de incentivo a la activación, el esfuerzo se dirigía a intentar empujarles para que, ante la recuperación de la demanda y la desescalada, fueran activándose. Ahora ya lo que nos queda es básicamente un conjunto de trabajadores
que no se han podido activar, una parte significativa de ellos concentrada en sectores que, desgraciadamente, sobre todo por las restricciones internacionales a la movilidad, no se pueden activar. Además, tenemos un conjunto de trabajadores o de
empresas y actividades que, ante las nuevas restricciones administrativas que se están introduciendo en distintos puntos del territorio, desgraciadamente, pueden volver a tener dificultades para la actividad. Son dos casos distintos. Para este
último caso, lo que hemos introducido son los dos nuevos ERTE, por lo tanto, se pone el contador a cero y las empresas que crean que directa o indirectamente se pueden ver afectadas por decisiones de las autoridades, a partir de octubre pueden
solicitar un nuevo ERTE. Les hemos llamado ERTE de impedimento y ERTE de limitación. El ERTE de

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impedimento es un ERTE en el cual, simplemente, no pueden desarrollar ninguna actividad, tienen que estar cerrados. Nos recuerda mucho a la situación de marzo y abril. Aquí lo que hacemos es una exoneración del cien por cien de las cuotas
de la Seguridad Social para las empresas de menos de cincuenta trabajadores y del 90 % para el resto. Después hemos creado un ERTE de limitación. El ERTE de limitación quiere decir que son resoluciones administrativas no completas; por ejemplo,
reducciones de aforo, restricciones horarias y situaciones intermedias que te llevan a una situación de actividad parcial. En esos casos hemos establecido este mecanismo de coeficientes decrecientes en el tiempo, suavemente decrecientes desde
octubre a enero, para generar ese incentivo a la activación según pasa el tiempo, y también con la diferenciación para empresas de menos de cincuenta trabajadores.


Después, como decía, hay un conjunto de sectores, más bien empresas y actividades económicas, que antes de estos rebrotes -ya desde el verano- como resultado de las nuevas restricciones y las cuarentenas exigidas por los países europeos,
incluso habían tenido que revertir parte de la activación que se había producido en julio. Las expectativas estaban frustradas. Nosotros lo que hemos creado aquí es un criterio absolutamente objetivo para identificar a esas empresas a partir de un
cruce de dos elementos. Por un lado, hemos establecido que tienen que ser actividades que en el conjunto del país demuestren que no pueden llegar a un nivel de recuperación, y el umbral que hemos establecido es del 65 %. Es decir, si el sector en
el que está la empresa no ha podido superar el 65 % de recuperación, en términos de empleo y de actividades, es un sector que en principio pasa a ser un sector especialmente protegido. El segundo criterio es que más del 15 % de los trabajadores de
ese sector estuviera en ERTE cuando originariamente empezaron los ERTE; es decir, queríamos evitar algunos sectores que, prácticamente, no se vieron afectados por los ERTE, pero en los que alguna empresa entró en ERTE por razones singulares no
necesariamente vinculadas al COVID.


Este doble criterio es el que nos ha llevado a identificar a 400 000 trabajadores aproximadamente, que son los que están más afectados. Tengo que decir que de esos 400 000 hay 200 000 activados; es decir, estamos con un nivel de activación
del 50 %, cuando el nivel agregado, como decíamos, está por encima del 80 para el resto de los sectores. Hemos identificado estos sectores y, para ellos hemos establecido una exoneración del 85 % para las empresas de menor tamaño, las de menos de
50 trabajadores, y del 75 % para el resto y, además, constante en el tiempo. Para evitar incentivos a la desactivación, dado que son empresas con mucha dificultad de demanda, hemos mantenido la exoneración también para el 50 % aproximadamente de
trabajadores activos. Asimismo, hemos permitido que esa exoneración se mantenga si se pasan de ERTE por fuerza mayor a ERTE por causas económicas. Tengo que decir que se podrán extender los ERTE a aquellas empresas que, aunque no estén en estos
sectores, puedan demostrar que tienen una facturación amplia, por encima del 50 %, vinculada a estos sectores o, por otro medio, una actividad muy vinculada. Pensemos, por ejemplo, en una lavandería que trabaja fundamentalmente para hoteles. A lo
mejor el sector lavandería en el conjunto nacional no entra en esta categoría, pero esa lavandería sí y puede demostrar que está tan vinculada, lo que llamamos cadena de valor, y que nos ha llevado a incorporarla. Este es el mecanismo que está en
marcha en este momento.


Ahora voy a referirme a la segunda prestación, que es la de autónomos. En la prestación extraordinaria de autónomos, en el periodo de julio tuvimos hasta 1,5 millones de trabajadores autónomos -está mal esta transparencia, cuando dice
septiembre tiene que decir junio, porque fue el periodo vigente-; después, entre junio y septiembre, pasamos a una nueva prestación similar donde, como resultado de la mayor recuperación de actividad, pasamos a tener unos 150 000 trabajadores
beneficiarios. Esta prestación tiene las siguientes características -hay que hacer algunas distinciones-: hay una primera prestación que es compatible con la actividad; aquí hemos puesto, respecto a lo que teníamos, un límite; acordamos con los
representantes de los autónomos poner un límite basado en facturación y otro que tuviera en cuenta el nivel de renta. Para los trabajadores de temporada, que es una segunda categoría de trabajadores -donde también, por cierto, hicimos un programa
especial de julio a septiembre-, lo hemos extendido con un límite de salario mínimo de 1,75 veces, ajustando el periodo en todos ellos con el 70 % de la base de cotización, y por tanto el beneficio se establece ahí. Después hemos creado una nueva
prestación por si ocurriera que durante algún momento de este periodo algún autónomo verdaderamente no pudiera tener ninguna actividad en un periodo concentrado. Y hemos creado también una prestación extraordinaria de suspensión de actividad con un
plus, además, en el caso de que sean familia numerosa.


Estas tres modalidades las acordamos con las asociaciones ATA Y UPTA en varias discusiones, fue muy fructífero discutir con ellos sobre todo qué podíamos hacer porque en el periodo que va de julio hasta septiembre la verdad es que nos
sorprendió porque, mientras en ERTE el nivel de activación fue del 80 %,

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en el caso de los autónomos ha llegado al 90 %. Además, en el caso de autónomos la afiliación a la Seguridad Social no ha bajado en ningún momento en este periodo, incluso ha subido un poquito, no hay nuevos parados de autónomos. No quiere
decir esto que en el futuro no haya situaciones difíciles, pero, según íbamos constatando la situación, veíamos que el sector de autónomos estaba particularmente protegido. No obstante, queríamos ver con los representantes de los autónomos posibles
cosas que se nos podían estar escapando, y algunas cuestiones de detalle se han introducido en la norma resultado de estas conversaciones.


Finalmente, la incapacidad temporal. Llevamos 1 645 000 bajas acumuladas desde el principio del COVID; en ese gráfico lo que ven es la evolución de las altas y las bajas, y por tanto, la brecha entre los dos datos son las personas que en
cada momento del tiempo están de baja. De alguna forma refleja también el ciclo de la pandemia de una forma bastante clara: primero vemos el pico fuerte, después se estabilizó durante el verano desde junio, y ahora hemos tenido otra aceleración
fuerte de bajas. Por el interés que pueda surgir, diré que el 73 % de las bajas son por aislamiento y el 27 % por infección, saben que las dos modalidades son posibles, y la duración media de estas bajas, que depende de lo que establezca el médico,
es de dieciocho días.


Quería terminar esta sección dándoles los datos, aunque el dato de septiembre todavía no está cerrado, pero será muy parecido a este, el gasto en que ha incurrido el Ministerio de Trabajo e Inclusión Social en todas las políticas COVID mes a
mes y por cada una de las distintas políticas que he explicitado anteriormente -aquí tienen el cuadro, los datos-, al final el resultado es de 13 000 millones de euros. Lógicamente, el máximo lo tenemos en abril y en mayo y después ha ido
decreciendo el coste a medida que se ha ido produciendo la recuperación. Tenemos cuatro meses por delante adicionales con nuevas prestaciones, con nuevas situaciones, e iremos dejando constancia del coste fiscal adicional que esto supone. Con esto
termino el primer bloque de mi presentación centrada en las políticas del ministerio en el ámbito del mercado de trabajo.


Paso a hablar de las políticas en el ámbito migratorio. Quiero recordar en esta transparencia lo que hacemos en el ministerio: tenemos lo que es atención a personas inmigrantes y después está toda la política de la Dirección General de
Migraciones, que es básicamente normativa en términos migratorios. En lo que es atención a personas inmigrantes, la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria tiene un área de atención humanitaria y un área de programas de protección
internacional asociados a las solicitudes de asilo por parte de potenciales refugiados, en cada una de ellas tenemos dos modalidades que aparecen bien explicitadas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Somos conscientes -y lo explicaré- de que hay un
recorrido importante para ser más eficaces y más eficientes en la forma en que operamos en esta área; eficaz en tener capacidad de dar mayor respuesta, y eficientes, mejorando los modelos de gestión en los que estamos trabajando. Es bueno tener
algunas cifras de flujos migratorios en España para hacernos una idea de la dimensión del problema y de la evolución temporal.


Aquí tenemos dos líneas: en la primera aparecen las solicitudes de asilo. Como ven, las solicitudes de asilo en España se dispararon a partir de los años 2017, 2018 y 2019; en 2020, a pesar de la pandemia, hemos tenido -y todavía no ha
terminado el año- más de 70 000 solicitudes de asilo, podemos terminar cerca de los niveles de 2019, y eso con las fronteras muy cerradas y con muy poco flujo aéreo. La mayor parte de estas solicitudes nos llegan de personas que vienen de
Latinoamérica sin visado y después solicitan el estatus de refugiado. Yo tiendo a pensar que a partir del año 2021 vamos a ver todavía mayores solicitudes; esto es un evento que genera una gran presión sobre nuestro sistema de acogida. La segunda
línea son las llegadas en costa -en ambos casos son datos hasta septiembre; son comparables los años-, donde, tras una serie de años de relativa tranquilidad -tampoco España ha tenido nunca un fenómeno importante de refugiados hasta los últimos
años; en el caso de llegadas a costa sí lo hubo en las dos décadas anteriores-, como vemos, ha habido una evolución creciente hasta el año 2018, cuando tuvimos más de 40 000 hasta septiembre; y después hubo dos años, 2019 y 2020, en que estamos en
unos veintitantos mil de llegadas en costa.


Aquí tenemos una fotografía -son años completos, en el año 2020 seguirá subiendo- donde se ve de todos estos migrantes cuáles terminan siendo atendidos por nosotros con alguna de las distintas políticas de atención que tenemos. En las
llegadas en costa creo que es bueno poner de manifiesto que se producen cambios muy significativos entre las distintas rutas. Básicamente, tenemos tres rutas: lo que llamamos la ruta argelina a través del mar de Alborán, la ruta del Estrecho y la
ruta canaria. Aquí ven las llegadas en costa -en el caso del año 2020 hasta los primeros días de octubre- y tienen la información sobre la llegada de la llamada ruta argelina, que tuvo un pico máximo en el año 2018. La ruta del Estrecho,

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que tuvo un enorme pico en el año 2018 también, de más de 40 000, y finalmente la ruta canaria, que estaba prácticamente desactivada, por así decirlo, y que ha empezado a crecer en el año 2019 y en el año 2020 y que, en lo que llevamos de
octubre, estamos con unos 6000 inmigrantes. Esta es la fotografía general y ahí tenemos el agregado de todos, la suma de estas tres vías.


El sistema de acogida. Nos enfrentamos en este momento, cuando vemos este gráfico, a un problema específico. Por un lado, vuelve a activarse la ruta argelina y esto se materializa en llegadas que van desde Baleares, Comunidad Valenciana o
Murcia y la parte más oriental de Andalucía, pero a niveles que están con llegadas cercanas a los 10 000 inmigrantes hasta el mes de septiembre. Esta es una problemática y después hay otra más compleja por la naturaleza de la isla y la gestión
dentro de las islas Canarias que nos lleva a estos cinco mil y pico que han llegado. Esta es la fotografía de las llegadas irregulares a Canarias y esos 6000 que han llegado después de muchos años en los que prácticamente no había habido llegadas;
en el año 2019 hubo 1000 llegadas. De tal forma, que, si tomamos el promedio de los años 2010 a 2019, diez años, de 320 hemos dado un salto a 5940. Probablemente por este periodo tan tranquilo o por lo que sea nos hemos encontrado con un problema
de atención de emergencia en Canarias. Eso nos ha llevado a concentrar las plazas de acogida de emergencia en España al 73 %. De las 3500 aproximadamente que tenemos, las tenemos en este momento en Canarias. Esto no ha sido suficiente y hemos
tenido incluso que utilizar en una parte importante establecimientos hoteleros afortunadamente disponibles como resultado del COVID y hemos atendido solo en septiembre, por ejemplo, a unas 2000 personas y en este momento tenemos acogidos en Canarias
en nuestro sistema de acogida a 2698 inmigrantes. Aquí tienen la evolución de las plazas de acogida. En Canarias prácticamente no teníamos plazas de acogida a finales de 2019. Arrancamos nosotros y abrimos ya un centro en febrero o marzo, que es
la unidad de madres, y empezamos a dar un salto. En julio hemos podido activar algunas más y ahora estamos en esas 3000 aproximadamente.


Somos conscientes de que esto no es suficiente y estamos trabajando en reforzar nuestra capacidad de acogida en la isla y desde que llegamos hemos iniciado distintas iniciativas. La Casa de Madres ya es propiedad de la Secretaría de Estado
de Migraciones. Se ha producido una mutación demanial y en este momento hay, no llega, unas 200 plazas. También la situación del COVID hace que las plazas no puedan utilizarse en su plenitud. El trámite de cesión del Colegio León por parte del
Ayuntamiento de Las Palmas ya está finalizado y podremos tener unas 400 plazas de forma inminente y fundamentalmente estamos trabajando en distintas ubicaciones y muchas de ellas con la Sareb. El problema que hay a la hora de poder generar nuevas
capacidades es que requiere cambios de uso, son promociones que no están terminadas y la posibilidad de tener capacidad de acogida inminente es difícil, pero estamos valorando hasta cuarenta recursos distintos en las distintas islas Canarias para
poder reforzar, que podría llevarnos a dar un salto cualitativo en términos de plazas. También hemos estado explorando distintas ubicaciones con el Ministerio de Defensa, pero no han dado resultado estas negociaciones.


En el plano nacional -y esto se extiende también a la situación en Canarias, pero sobre todo ha sido más relevante la situación a la que nos hemos enfrentado en costa en península, porque casi todas las llegadas de casi 10 000 han sido en
costa en la península-, la situación que nos hemos encontrado es que además hemos tenido el COVID y, por tanto, había riesgo de que los inmigrantes al llegar estuvieran infectados. En la medida en que esto ocurría ya después del estado de alarma
era responsabilidad de las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma abordar el problema, identificar a los contagiados, llevarlos a un centro de salud, aislarlos, así como en el caso de los contactos estrechos. Al mismo tiempo, yo creo que
hemos tenido un problema y es el cierre de fronteras con Marruecos sobre todo, pero en general con África, lo que ha hecho que se cierren los CIE y nosotros tengamos que asumir la acogida de algunos en los CIE adicionalmente en los sistemas de
acogida y los tiempos de permanencia han sido más extensos de lo habitual, también como resultado del COVID.


En este contexto, el 25 de julio la Secretaría de Estado de Migraciones elaboró un protocolo para abordar estas situaciones y marcaba un poco la forma de actuar porque hay que tener en cuenta que nosotros, cuando recibimos a personas en
nuestro sistema de acogida, las distribuimos por toda la península y, por tanto, es absolutamente crucial que haya la seguridad al cien por cien de que estas personas no están contagiadas del virus. Por tanto, hemos estado trabajando con las
comunidades autónomas para asegurarnos de que eso fuera así y de que existieran los procedimientos de testeo con PCR adecuados y después que hubiera las capacidades de confinamiento adecuadas. Creo que en general el trabajo con las comunidades
autónomas ha sido muy positivo, hemos cooperado con ellas en la medida posible incluso en la parte de la capacidad de acogida y, de hecho, los centros de gestión

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compartida que se han desarrollado para aquellas personas que tenían que estar confinadas han permitido abordar situaciones en las que en algún caso -estoy pensando en el caso de Murcia o Andalucía- ha habido momentos de gran concentración
de inmigrantes y había que hacer muchos test y había que confinarles hasta que nosotros les integráramos en nuestro sistema de acogida. Esta ha sido una problemática adicional que estuvo marcada por ese protocolo del ministerio.


En lo que es protección internacional, también hemos tenido que adaptarnos a la situación. Nuestro sistema de acogida y protección internacional también estaba muy presionado. En este gráfico les ponemos de manifiesto cómo España para el
nivel que tiene de solicitudes tiene muy pocas plazas y, aunque vamos acogiendo, en este momento tenemos 8000 personas en lista de espera en el sistema de acogida por incapacidad de tener plazas. Aquí tienen el perfil por nacionalidades de las
personas atendidas, de aquellos que realmente están en el sistema de protección. Como ven, hay una concentración grande de latinoamericanos. El problema que tenemos es que en algunos de los casos donde las peticiones son mayores, la tasa de
reconocimiento final de que esa persona realmente tiene una situación que le permite una protección en España, de asilado o de refugiado, es bajísima. Como ven ahí, esto significa una situación verdaderamente inconveniente porque de los procesos,
debido a la enorme magnitud de peticiones que han llegado, el Ministerio del Interior es el responsable y tarda muchos meses, incluso años, en resolver estos expedientes y, mientras tanto, están en nuestro sistema de acogida. Originariamente estaba
pensado para que esto durara seis meses, ahora dura mucho más de seis meses y, dado que al final no cumplen las condiciones en un porcentaje altísimo, entran en una situación de irregularidad sobrevenida la mayoría de ellos.


Esta es una situación que debería llevarnos a reconsiderar el modelo en distintas direcciones y en eso es en lo que estamos trabajando. Por un lado, estamos aumentando de forma progresiva la capacidad de acogida tanto en la península como
en Canarias para el sistema de protección internacional. Y, por otro, estamos incrementando la participación del Estado en los recursos de la red de acogida. Hasta ahora tenemos un modelo según el cual, probablemente, descansamos en exceso en las
organizaciones no gubernamentales y pensamos que deberíamos tener nuestras propias capacidades -tenemos algunas- y que sean mayores. Obviamente, la producción de capacidad de acogida y de capacidad habitacional en la que estamos trabajando tardará
en materializarse todavía un tiempo, pero esa es la política que estamos marcando desde el punto de partida con el que nos hemos encontrado. También hay que racionalizar las prestaciones y ser más selectivos, de tal forma que focalicemos la
protección internacional en aquellos más vulnerables y donde la tasa de reconocimiento sea mayor. En este momento tenemos un sistema muy poco sofisticado en esa dirección. Y debemos corresponsabilizar a las comunidades autónomas en la atención de
los solicitantes de asilo. Hay una discusión competencial que estamos trabajando con las comunidades autónomas, las cuales tienen distintos niveles de disponibilidad para asumir lo que se ha establecido en varias sentencias. Esto tiene que hacerse
de forma que entre todos encontremos un modelo lo más eficaz posible y que desde el centro podamos tomar decisiones, por ejemplo, en materia de distribución de cuotas. Pasar la gestión a las comunidades autónomas requiere un diseño previo para que
no tengamos los problemas que tenemos a nivel europeo con los inmigrantes. Toda esta parte que tiene que ver con la Secretaría de Estado de Migraciones, a diferencia de otras áreas de la Administración, la hemos encontrado muy poco informatizada,
muy poco tecnificada en términos de manejo de información, estadísticas, cruce con comunidades autónomas y entre administraciones. Aquí también tenemos un trabajo por hacer y ese trabajo en esta área de reforzamiento de capacidades -como digo- y de
mejora del sistema informático pensamos financiarlo con el Fondo Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, que va a presentar en minutos el presidente del Gobierno. Es una cosa pequeñita para todo lo que hay ahí, pero esta parte que estoy planteando
se ha incorporado.


Lo segundo que hemos hecho ha sido pedir una evaluación externa internacional al European Asylum Support Office, EASO, que es la institución responsable en el conjunto europeo. Están ya en Madrid -estarán seis semanas, hasta el mes de
diciembre-, evaluando todo lo que hacemos en esta área, y presentarán un informe. La puesta en marcha de lo que nos propongan en esta área nos ayudará desde el punto de vista técnico. Hacer evaluaciones externas desde organismos internacionales
independientes y objetivos es algo que hay que introducir crecientemente en la Administración española. Nosotros lo acabamos de hacer en la Secretaría de Estado de Migraciones, fundamentalmente en sus programas de protección internacional, pero
también van a evaluar la parte de acogida, es decir, todo aquello de lo que he hablado hasta ahora va a ser evaluado por la EASO en las próximas semanas.

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Como saben, tenemos una dimensión europea. La Comisión ha presentado una propuesta que en este momento está analizándose por los Estados miembros. Creemos que es un paso en la dirección correcta, pues identifica los retos a los que nos
enfrentamos. Hay una parte discursiva de la opinión con la que estamos cómodos y una parte que tiene que ver con la migración legal, que no va exactamente en este primer paquete, que estamos impulsando mucho para que no haya solamente una dimensión
securitaria en frontera a nivel europeo, sino para que haya una verdadera política migratoria, para la migración legal y regular. Y, sobre todo, estamos trabajando en aquellas profesiones más especializadas, que más necesarias son en los mercados
de trabajo. Estamos trabajando bien con la Comisión Europea, con mucha receptividad de nuestras propuestas, para que esta sea verdaderamente una política europea.


En todo lo que tiene que ver con la dimensión del mercado laboral y la política, estamos trabajando en distintas áreas. Una primera es tener un mejor conocimiento de qué necesitamos. Es un tema absolutamente crucial. Ahora mismo tenemos
un catálogo de profesiones de difícil cobertura y cuando uno lo mira, no se reconoce bien con la realidad. Además, la metodología con la que está elaborado no responde. Lo que estamos poniendo en marcha es un sistema para poder tener un mejor
conocimiento de cuáles son las necesidades del mercado de trabajo español estructuralmente. Es verdad que con la pandemia habrá un aumento del paro, pero ya sabíamos -sabemos, de hecho- que hay profesiones que son demandadas y que no se cubren
internamente y queremos que los inmigrantes que llegan a España sean justamente los que tengan esa especialización. Ese calce, ese matching entre la oferta y la demanda de trabajo para nosotros es muy importante. España tiene ya algún programa a
nivel europeo -esta es la parte más de recogida- sobre la migración circular y proyectos con Marruecos de talento joven que están siendo muy valorados, pero tenemos que trabajar más en esa dirección, con proyectos concretos de migración regular y
circular con los países de nuestro entorno. Y tenemos que mejorar muchísimo toda la parte procedimental. Los procedimientos en Extranjería y en la SEM, como he dicho antes, no son, precisamente, el estado del arte. Trabajar mucho con los agentes
sociales en este tema nos parece fundamental.


Paso al tercer ámbito de actuación, el ámbito social. En primer lugar, voy a hablar del ingreso mínimo vital. Como saben, en junio entró en vigor el ingreso mínimo vital. Desde el primer momento nos comprometimos a hacer un proceso de
evaluación continuo, de 360 grados, es decir, cómo iba desplegándose una prestación tan novedosa y compleja en España. Establecimos que haríamos un seguimiento de todo el mecanismo de solicitudes y de tramitación de junio a septiembre -una primera
fase de tres meses- y que haríamos una evaluación justo ahora. Esta evaluación la hemos hecho y nos ha llevado, por un lado, a analizar todo el proceso de canales de recepción y de tramitación y, por otro, a repensar qué aspectos del diseño de la
normativa requerían algunos ajustes. Haremos una segunda evaluación en el mes de enero para reevaluar todas las medidas que hemos introducido en este momento. Hemos recibido casi un millón de solicitudes relacionadas con el ingreso mínimo vital.
Aquí tenemos un gráfico de cómo han ido evolucionando en el tiempo las solicitudes desde que empezamos. Digamos que esto ha estado por encima de nuestras expectativas. Hay que tener en cuenta que la Seguridad Social resuelve unos 725 000
expedientes de pensiones en un año. Esto lo digo para que nos hagamos una idea de la dimensión que supone un millón de expedientes del ingreso mínimo vital, teniendo en cuenta que son expedientes objetivamente mucho más complejos que el de una
pensión, porque hay que mirar muchas más cosas a la hora de resolverlos; son muchos los criterios que hay que mirar.


Éramos conscientes de que teníamos que abordar esa enorme dimensión de peticiones potenciales -que han sido incluso mayores de las esperadas- con las oficinas cerradas y, después, con la apertura progresiva y con personal muy limitado. Hay
que tener en cuenta que sabíamos que la Seguridad Social ha perdido en los últimos diez años el 20 % de sus funcionarios, es decir, teníamos que abordar esta prestación con el 20 % menos de funcionarios de los que había hace diez años: una
prestación nueva, más la incapacidad temporal, los ERTE y la prestación de autónomos. Por tanto, esta se une a todo un conjunto nuevo de prestaciones. Además, en estos diez años la edad media de los trabajadores de la Seguridad Social ha pasado de
cincuenta y uno a cincuenta ocho años, ha aumentado siete años en diez años, lo que básicamente refleja que no ha entrado nadie nuevo en la Seguridad Social. Ante esta situación de insuficiencia de recursos, por primera vez en muchísimo tiempo
hemos empezado a incorporar a trabajadores nuevos a la Seguridad Social, se han creado cerca de seiscientas plazas de nueva creación a finales de junio, una RPT, y en este momento estamos incorporando más de mil trabajadores interinos, en gran
medida para el ingreso mínimo vital. Además, transitoriamente hemos descansado en la empresa Tragsa, que ha aportado unos seiscientos trabajadores para este proceso.

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También éramos conscientes de que íbamos a operar en un periodo en el que no solamente nosotros, sino las demás administraciones autonómicas y locales estaban muy tensionadas y, en el caso del ingreso mínimo vital, dependíamos de ellas para
muchas certificaciones. Por ejemplo, para certificar que estaban en una oficina de empleo, dependíamos de los SEPE autonómicos; para el padrón, dependíamos de los ayuntamientos. Esta es una situación extraordinariamente difícil en el periodo en
el que se ha producido, porque teníamos el doble reto, por un lado, de recibir las solicitudes con estos canales cerrados durante la pandemia y, por otro lado, cómo podríamos procesar estos expedientes. Optamos por un sistema propio multicanal. En
este punto aprovecho para hablar -porque se nos ha preguntado- sobre por qué no trabajamos más con los ayuntamientos y las comunidades. Haber puesto en marcha en este periodo los canales con los ayuntamientos y comunidades autónomas hubiera
retrasado muchísimo el proceso, porque las encomiendas de gestión, los procesos de gestión administrativa y de cambio normativo hubieran sido muy largos y porque, además, habíamos estudiado -y tengo aquí muchos datos- cómo habían funcionado las
comunidades autónomas y los ayuntamientos cuando arrancaron con prestaciones nuevas en las rentas mínimas, y prácticamente tardaron años en poder empezar a procesar. Son prestaciones muy complicadas y, por tanto, ante una prestación nueva como
esta, más compleja si cabe que las que tenían ellos y con necesidad de cruce con renta y patrimonio, cosa que no había ocurrido hasta ahora en España, con la Agencia Tributaria no era una opción factible en esta primera etapa. Por lo tanto, en la
normativa establecimos que evaluaremos en enero, cuando veamos hasta dónde llegamos con estos mecanismos rápidos que tiene la Seguridad Social para recibir y tramitar expedientes, cómo podemos empezar a trabajar en una segunda etapa con las
comunidades autónomas en conjunción con los ayuntamientos para intentar llegar de una forma más selectiva a aquellas personas que por distintas razones no han solicitado el ingreso mínimo vital por los canales preexistentes.


Hemos establecido -y ha sido positivo- canales telemáticos, y al final el canal dominante -lo vemos ahí- es el servicio web, donde eliminamos la necesidad de firma electrónica, que era el procedimiento habitual con las administraciones. Al
eliminar la firma electrónica, desde cualquier ordenador -además había una aplicación relativamente amistosa-, cualquier persona que quisiera acceder al ingreso mínimo vital y pudiera ser ayudada por cualquier otra persona -las ONG han trabajado
mucho aquí, incluso trabajadores de los ayuntamientos- podía acceder a la aplicación, hacer la solicitud y mandar los documentos de una forma bastante ágil. Parece que eso ha sido así, y hemos conseguido que hayan llegado casi 700 000 expedientes,
el 77 %, por ese canal. Como vemos, los demás canales han sido mucho menos relevantes.


Otra cosa que desde el principio hicimos fue desarrollar un conjunto de herramientas que pudieran ser capaces de procesar este número ingente, esta avalancha de cientos de miles de expedientes en los primeros días, de tal forma que el
sistema fuera lo más automático posible. Esto ha descansado en gran medida en técnicas que por primera vez se han utilizado en la Seguridad Social de robotización de RPA, que hacen que el ordenador emule completamente el trabajo de un funcionario a
la hora de tramitar todo el proceso de una solicitud, comprobando todos aquellos criterios que hay que tener en cuenta. Este ha sido un procedimiento del que estamos muy satisfechos y que pensamos que nos va a permitir ser más ágiles incluso en
otras áreas de la Seguridad Social donde todavía no está extendido.


Aparte de los sistemas de robotización, que permiten trabajar con muchos menos funcionarios, hemos podido cruzar datos masivamente con otras entidades. En este caso era fundamental el cruce con la Agencia Tributaria, porque esta es la
primera prestación en la que hay un requisito de renta y patrimonio que se contrasta a nivel de hogar con la Agencia Tributaria. Los cruces con la Agencia Tributaria, que ha trabajado con nosotros extraordinariamente bien han sido muy importantes.
También ha habido un cruce para la comprobación de los datos de identidad con la policía, una consulta con el Registro Civil, para ver determinadas situaciones de la familia, y -esta parte es más reciente- una consulta de los datos patrimoniales con
el INE. Esto ha sido parte de la segunda reforma. Aquí sí que hemos tenido un cuello de botella, porque en primera instancia no era posible, cruzar los datos con el INE; requería un cambio normativo y algunos ajustes en el INE que se han hecho en
esta última reforma. Aquí hemos tenido un cuello de botella justamente con los datos del padrón, que ha supuesto que a muchas personas se les vuelva a pedir información, porque no tenían el padrón histórico. Además, los mecanismos de trabajo de
los ayuntamientos son tantos que se ha podido cruzar con algunos ayuntamientos pero con muchos no.


¿Qué es lo que hemos conseguido con este sistema? Pues, todavía sin introducir las novedades a las que me voy a referir ahora, hemos procesado 320 000 solicitudes. De ellas, hemos aprobado alrededor de 91 000, que tienen ya el ingreso
mínimo vital, la nómina de septiembre; hemos denegado 86 000 y hay

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aproximadamente 142 000 pendientes de subsanación, y aquí no incluyo aquellas que estaban duplicadas. Por tanto, estamos hablando de algo más de un tercio de todo lo que nos ha llegado. Esto es lo que se ha hecho hasta septiembre. Entre
las denegadas, hemos evaluado los distintos elementos. Por ejemplo, en la subsanación hemos visto que había muchos casos que tenían que ver con el padrón y hemos hecho cambios normativos, en la medida que ha sido posible, para conseguir cruzar los
datos con el INE, cosa que no era posible con la normativa anterior. En las denegadas también hemos mirado si había alguna causa que nos pudiera hacer pensar que tuviéramos que ajustar alguna parte de la decisión. Eso nos ha llevado a un análisis
y a un conjunto de modificaciones que al final distribuimos en los decretos-leyes del Consejo de Ministros anterior -hace dos y tres reuniones del Consejo de Ministros- para poder agilizar mucho más el procedimiento administrativo una vez que hemos
detectado estos problemas. En primer lugar, dado que efectivamente sigue habiendo un porcentaje elevado de prestaciones que todavía no han sido resueltas, hemos extendido el periodo de retroactividad que teníamos originariamente para que todo el
mundo pueda recibir la prestación y lo haga con efectos retroactivos desde el mes de junio. También hemos eliminado -es una cláusula general de la Seguridad Social- la desestimación por silencio administrativo. La segunda cosa que hemos hecho ha
sido intentar acelerar la incorporación de beneficiarios inicialmente previstos. Por ejemplo -vamos con el primer punto-, nos hemos encontrado un nivel de requisitos no cubiertos, incluso de denegación, por no estar registrados en los servicios
públicos de empleo. Lo que hemos hecho ha sido que esta obligación ya no sea un requisito a priori, sino que a partir de ahora sea a posteriori, una obligación que hay que materializar, pero no un requisito previo. También hemos excluido algunas
personas, como mayores de sesenta y cinco años, con discapacidad, etcétera, es decir, hemos clarificado un poco más a quién se aplica este requisito. Hemos hecho ajustes en la definición de hogar monoparental, que eran necesarios. Se ha limitado a
los menores de treinta años el requisito de tres años de vida independiente y un año de cotización a la Seguridad Social y hemos extendido la posibilidad de ser titular de prestación a personas mayores de sesenta y cinco años que no sean
beneficiarias de la pensión de jubilación asistencial, de la PNC, no contributiva. Hay que tener en cuenta que aquí el requisito es haber estado diez años en España y al menos los dos últimos o algo así, y había casos en los cuales no se cumplía
esa condición.


Para agilizar los expedientes lo más importante que hemos hecho ha sido lo siguiente: en primer lugar, en la Seguridad Social cuando se recibe un expediente para resolverlo hay que comprobar todos los posibles casos de denegación, pero
teníamos un sistema totalmente automatizado que nos permitía ya comprobar el criterio de vulnerabilidad de renta y patrimonio de forma prácticamente inmediata y automática. Nos dimos cuenta de que eso nos permitía potencialmente informar a
muchísimas personas de que no tenían derecho, porque hay un porcentaje significativo que no tiene derecho porque tiene mayor renta y patrimonio -una de las dos o las dos- y era algo que teníamos claro. Pero eso no era suficiente para seguir todo el
proceso administrativo, que es muy denso, por parte de los funcionarios comprobando todo lo demás. Lo que hemos dicho es que a partir de ahora -y ha habido que cambiar la ley para esto- el criterio de vulnerabilidad es suficiente para no seguir el
proceso, con lo cual agilizamos el proceso administrativo. Se han simplificado los requerimientos del certificado de empadronamiento y ya tenemos este sistema de intercambio con el INE, con lo cual esto va a agilizar mucho más los procesos y va a
haber muchos menos requisitos de subsanación.


Después, en los intercambios de protocolo de información con las comunidades autónomas, la expectativa original era que las comunidades autónomas pudieran trasladarnos -una vez que ellas han hecho unos filtros- aquellos beneficiarios de
rentas mínimas que eran candidatos porque tenían las condiciones para ser beneficiarios del ingreso mínimo vital. Aquí ha habido distintos tipos de problemas, a veces informáticos, a veces los criterios de documentación y de verificación de las
comunidades autónomas no son los estándares de la Seguridad Social y, en cualquier caso, a la Seguridad Social no le es suficiente con que una comunidad autónoma le mande los datos. Necesitábamos un cambio normativo, que hemos introducido, para que
en esta situación excepcional en la que estamos la certificación por parte de las comunidades autónomas de que se cumplen los criterios del ingreso mínimo vital para los beneficiarios originales de sus rentas mínimas le valga a la Seguridad Social y
no tenga que haber una verificación específica y concreta de la Seguridad Social. Este es otro elemento que hemos introducido para agilizar el proceso.


Aquí vienen los detalles de lo que se está hablando con las comunidades autónomas y las expectativas que hay de que con una serie de comunidades autónomas podamos incorporar en bloque ingresos mínimos vitales. También hemos hecho algo que
no aparece aquí, en la transparencia, pero que no

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necesariamente nos va a retrasar. Tiene que ver más con la evaluación que hemos hecho de aquellos a los que se está denegando y que podemos recuperar ahora. Es lo siguiente. Yo me he reunido con equipos del ingreso mínimo vital, con los
funcionarios de a pie y los administrativos que están resolviendo los casos; es muy bueno hablar con ellos porque te dan mucho color y sabes cómo hablan por teléfono con la gente y la problemática que hay. Hemos hecho una evaluación cualitativa
con todos los funcionarios que están involucrados en los equipos del ingreso mínimo vital y yo me he reunido con ellos en algunas partes de España. A veces no nos damos cuenta de que hay una problemática muy complicada y que probablemente sea en
algunos de los casos de mayor vulnerabilidad, que son aquellas situaciones en las que los hogares o las unidades de convivencia o familias -como queramos llamarlas- confluyen, muchas o varias, en una misma vivienda. Cuando en una misma vivienda hay
tres, cuatro y a veces cinco familias en habitaciones distintas, ¿cómo se puede llegar a constatar que realmente allí hay cuatro o cinco familias cuando el padrón te está diciendo que viven equis personas de determinadas características? Primero
hay que aclarar la relaciones de consanguinidad que están en la ley, pero eso no es necesariamente suficiente para poder constatar cuántas unidades de convivencia hay allí, para saber si hay dos ingresos mínimos vitales, uno o cuatro. Esto no es
nada fácil de solucionar. En la nueva ley lo que hemos hecho ha sido introducir un doble criterio. Por una parte, si alguno de estos hogares puede presentar alguna documentación de que realmente tiene un contrato, vive allí, tiene alquilada una
habitación y son ellos realmente y es esa unidad, podemos segregarlos del resto de los que viven en esa vivienda. Eso, desgraciadamente, no es aplicable en todos los casos; es una disposición que empuja a la formalización, pero realmente sabemos
que no vamos a poder llegar a personas que están en una situación no formalizada contractualmente en esas viviendas y tampoco queremos dejarlas completamente fuera. En ese caso, hemos abierto la posibilidad de que un trabajador social de un
ayuntamiento constate que esa familia es una unidad familiar que vive separada de otras en esa vivienda y, en ese caso, se concedería el ingreso mínimo vital. Cuento esto para que se vea el nivel de detalle al que hemos llegado para intentar
realmente evaluar todas las situaciones y buscar soluciones que dentro del marco administrativo existente tengan posibilidad de ser contempladas.


¿Cuál es la expectativa? La expectativa es, como decíamos, que todas estas palancas que hemos puesto en marcha nos den una aceleración de trámite importante, aunque esto va a seguir al ritmo al que puede ir. Entonces, a partir de esta
reforma en la nómina de octubre, que se va a pagar en unos días, pensamos que ya habremos tramitado casi -estábamos hablando de un tercio- un 40. Los expedientes siguen aumentando, porque tengan en cuenta que nos siguen llegando unos 10 000 o 15
000 a la semana a un ritmo bastante constante. Sigue habiendo peticiones y nos seguirán aumentando el número de expedientes hasta superar el millón, pero aquí excluyo a aquellos que están duplicados, aquí ya están excluidos. Pensamos que puede
haber un salto importante en un mes, de septiembre a octubre, hasta casi un 40 % de procesamiento y estaríamos hablando ya de pasar de algo más de 90 000 a 135 000 ingresos mínimos vitales. Y puede haber un salto todavía mayor en noviembre, cuando
podríamos estar ya en torno al 50 % de expedientes, es decir, en un mes más habrá probablemente más de 200 000 ingresos mínimos vitales concedidos. Aquí, como ven, el desglose está entre las aprobadas, las denegadas y las pendientes de subsanación.
Pensamos que esto va a ir en proceso acelerado a medida que todos estos nuevos mecanismos que hemos puesto en marcha a partir de septiembre vayan engrasándose: automatizaciones con el INE, el proceso de que los funcionarios puedan concentrar los
expedientes más complicados y hacer una denegación más rápida, el no tener que tener el requisito de estar registrado en las listas de empleo... En las direcciones provinciales que gestionan estos expedientes todo esto nos va a dar un aumento
considerable en los próximos meses de tal forma que, a principios del año que viene, tengamos ya cifras cercanas al objetivo final. No sé si el objetivo final, porque, si recuerdan, nosotros habíamos hecho un ejercicio conceptual; pensábamos que
en España había unos 850 000 hogares que deberían recibir el ingreso mínimo vital. ¿Cuál es mi impresión en este momento, viendo estas cifras? Que dado el porcentaje de pendientes de subsanación -que, como ven, está en torno a un 30 %,
concretamente el 28 %-, el porcentaje de las que terminan siendo positivas es significativo y, por tanto, lo lógico es que estemos -y esto es tentantivo- aproximadamente con un 50 % de aprobadas y 50 % de denegadas, en gran medida por no cumplir
requisitos de distinta naturaleza, pero muchos de ellos de renta y patrimonio. Con lo cual podríamos estar hablando de que en esta fase en la que estamos y con los canales telemáticos que hemos introducido podríamos llegar a unos 550 000 hogares.
Nos faltarían todavía unos 300 000 hogares.

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En la segunda fase, que surgirá a partir de la evaluación de enero, vamos a ver nuevos canales con los ayuntamientos, fundamentalmente con los trabajadores sociales, otra vez con las ONG, para ver cómo conseguimos identificar de una forma
mejor y acercarnos a aquellas personas que no nos han solicitado el ingreso mínimo vital y para que podamos constatar y evaluar que estemos ya más cerca del objetivo final. Es posible que nuestra fotografía de 850 000 sea demasiado optimista, o no,
puede que nos pasemos. Pero mi sensación es que, en esta idea de etapas que teníamos y con el despliegue progresivo del ingreso mínimo vital, por el momento estamos razonablemente satisfechos de cómo está yendo el proceso y más o menos la
expectativa que tenemos. Quizá nos hemos encontrado con mayores solicitudes por vía telemática de las que esperábamos -en torno a un millón-, esta sería una consideración; yo diría que el porcentaje de subsanación está siendo un poquito más alto y
con las cosas que hemos hecho vamos a conseguir que mucha menos gente necesite subsanar, sobre todo en la parte del padrón. En las aprobadas, con algunos de los ajustes que hemos hecho, vamos a poder incluir a algunas personas más -igual no serán
muchas pero sí son muy vulnerables-, personas que tenían dificultades para probar cuál es su situación como hogar viviendo en un sitio concreto. Esa es la evaluación en la que estamos ahora. Por no extenderme más, quizás en otra ocasión les podré
contar con más detalle quiénes son los que van recibiendo el ingreso mínimo vital y su distribución geográfica.


Si se preguntan por otras prestaciones que se han hecho en España o en las comunidades autónomas, verán que hemos montado un sistema con gran capacidad de seguimiento de información. Nunca se habrán encontrado a nadie que pueda decirles
dónde están en cada momento, dónde está habiendo problemas y cómo está reajustando la prestación, y eso tiene que ver con que la Seguridad Social ha desarrollado un sistema de información y de procesamiento muy moderno que nos permite ir reajustando
decisiones y que no pase mucho tiempo, que evita que estés en la oscuridad sin saber qué está pasando con tu prestación, sobre todo cuando se trata de una prestación de la complejidad que tiene esta. Aquí están las cifras finales que estábamos
esperando. Efectivamente, 540 000 ya en noviembre, que es más del 50 % de lo que está procesado.


Hay una segunda parte en el ingreso mínimo vital que es tan importante como esta y que viene a continuación, que son las políticas asociadas. Aquí estamos hablando solamente de la prestación, pero la prestación va acompañada de políticas de
incentivo al trabajo, va acompañada de itinerarios de inclusión y de integración laboral. Eso requiere desarrollar unos reglamentos que estarán disponibles antes de finales de este año. Hay que crear el consejo consultivo, que requiere también un
reglamento, con los agentes sociales y con las ONG; el comité de seguimiento con las comunidades autónomas y los ayuntamientos y después el sello de inclusión social, que requiere también un reglamento en el que estamos trabajando. Estamos
trabajando para que puedan estar aprobados en el curso de este año.


En el mes de enero se hará una evaluación, como digo, ya mucho más fina, con microdatos, para ver el nivel de non take up -como ven, esta es la jerga anglosajona, que es muy habitual en estas prestaciones- porque sabemos que estas
prestaciones no acaban de llegar a todo el mundo al que deberían llegar, y esto es un patrón común en todos los países y en todas partes. Eso requiere hacer una evaluación muy fina de todas las características, de a quiénes han llegado y de quiénes
pensábamos que tenían que estar y no están, para, a continuación, decidir cómo hacer una política mucho más quirúrgica y acercarnos a esas personas por canales nuevos. Eso lo haremos en el mes de enero.


La segunda parte son los planes de inclusión, que son fundamentales, como no puede ser de otra forma. Aquí ya estamos en conversaciones con comunidades autónomas y con entes locales para empezar planes específicos. Necesitamos tener una
masa crítica de trabajadores de ingreso mínimo vital y esto lo haremos a partir del mes de marzo, cuando tengamos ya la prestación con un nivel relativamente elevado de aprobados y podamos empezar a trabajar específicamente y a nivel multilateral en
los consejos consultivos y el consejo de seguimiento. Trabajaremos con comunidades autónomas y ayuntamientos por vía multilateral, pero también bilateralmente. Hay comunidades autónomas y ayuntamientos que ya se han acercado y que quieren utilizar
a los beneficiarios del ingreso mínimo vital para poder hacer políticas muy concretas y muy específicas; quieren que les ayudemos en el diseño y evaluación y que trabajemos conjuntamente con ellas. Para esta parte de proyectos más bilaterales y
experimentales vamos a tener fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia que podamos vincular a políticas del ingreso mínimo vital y que estén sometidas a una evaluación profunda porque, en el mundo de la inclusión, la verdad es que no hay blancos
y negros, hay grises. Crecientemente se van a probar distintas estrategias de inclusión, por ejemplo, de integración laboral en familias desestructuradas o con problemas de dependencia, de drogadicción, con problemas mentales, para ver exactamente
cuál funciona mejor de entre tres o cuatro

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políticas. Podemos incluso llegar a hacerlas en distintas comunidades autónomas y ayuntamientos en paralelo para entre todos poder aprender cuáles son las mejores políticas. El hecho de tener en España ayuntamientos y comunidades autónomas
con competencias plenas en áreas de integración, inclusión y laboral nos puede permitir hacer ejercicios de experimentación o pruebas que nos vayan dando mayor inteligencia sobre cómo conseguir que todas estas familias u hogares en exclusión social
se integren en la sociedad en mejores condiciones. Al final, el objetivo es que estos 850 000 -o el número que determinemos- seamos capaces de que dejen la situación de exclusión social en un porcentaje significativo, pero para eso no hay una
varita mágica y no hay una política evidente sino que ha habido muchas políticas que han fracasado; hay políticas que son más prometedoras, y lo que tenemos que hacer es probarlas. Afortunadamente son competencias de comunidades autónomas y
ayuntamientos, y están muy interesados en trabajar con nosotros dándoles un poco la plataforma agregada, y en este caso también algunos fondos que van a venir del Plan de Recuperación y Resiliencia. Con esto termino la primera parte de mi tercer
bloque.


Finalmente tenía un pequeño bloque de pensiones, que es lo que se está discutiendo en este momento en el Pacto de Toledo, que no sé si sus señorías quieren que lo contemos aquí o que esperemos unos días a tener más detalle del Pacto de
Toledo. Yo estoy abierto a lo que les parezca. (Una señora diputada: Que lo cuente). Bien, pues lo cuento. La pelota está más en su lado que en el nuestro, aunque también nosotros, evidentemente, tenemos que intervenir y estamos preparándonos
para ello.


Como ha explicado varias veces, la crisis sanitaria no altera el diagnóstico que se hizo en su momento sobre el Pacto de Toledo. De hecho, estaremos todos de acuerdo en que, en una situación en que la pandemia trae incertidumbre,
dificultades económicas y dolor a mucha gente, a pesar de que mitigar los efectos de la pandemia es lo que estamos haciendo todos desde los poderes públicos y desde el Parlamento, si hay otras áreas en las cuales en este momento podamos eliminar
incertidumbre y traer seguridades, es el mejor momento de hacerlo. Para esos diez millones de pensionistas y muchos más futuros pensionistas, a los que además la pandemia les genera una angustia especial, si podemos darles certidumbre sobre el
futuro de sus pensiones y eliminar todos estos elementos de duda que les intranquilizan, no hay mejor momento, yo creo, que este para cerrar el consenso del Pacto de Toledo. Por lo tanto, estamos acelerando los trabajos -me consta que ustedes están
haciéndolo y nosotros también- para estar preparados en nuestro ámbito de actuación. Además, tenemos una dimensión europea que se entremezcla en el momento actual. Esa dimensión europea es que tenemos que presentar un Plan de Recuperación y
Resiliencia en el que también tenemos que explicar ante las autoridades europeas qué vamos a hacer en el ámbito de pensiones, como una de las reformas estructurales que se han identificado. Recuerden que, entre las recomendaciones específicas de la
Comisión Europea a España, está la de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por lo tanto, es muy oportuno que tengamos este pacto a punto de ser cerrado y estemos tan avanzados, porque en el área de pensiones, donde otros países todavía
tienen menos claridad de por dónde van a ir, nosotros tenemos un plan bastante avanzado que podremos incorporar dentro de los planes que van al Plan de Recuperación y Resiliencia. Como he dicho muchas veces, el borrador de recomendaciones del Pacto
de Toledo es muy buen punto de partida, y estoy convencido de que las mejoras y los ajustes que se están introduciendo todavía lo pulirán más.


La otra cuestión de la que quiero hablar es de por qué la pandemia no ha cambiado la situación de partida. La Seguridad Social tenía el famoso déficit de 1,3 puntos del PIB que queremos corregir eliminando gastos impropios, y que en el año
2020 se va a ampliar hasta un 2 %. ¡Ojo! Aquí estamos hablando solo del sistema de Seguridad Social. Recuerden que cuando hablamos en términos de contabilidad nacional, son los fondos de Seguridad Social, que incluyen el SEPE, el Fogasa, etcétera.
Es decir, estamos hablando estrictamente de lo que es el sistema de Seguridad Social. Y este aumento del déficit al 2 % refleja en gran medida una caída coyuntural de ingresos, resultado de menores cotizaciones sociales, porque ha bajado el nivel
de afiliación y el nivel de empleo. Esto es algo transitorio que se irá corrigiendo progresivamente en el tiempo, pero que todavía tendrá algún efecto en el año 2021, de tal forma que nosotros pensamos, tal y como se recoge en el cuadro macro y
como opinan los organismos internacionales, que a finales de 2023, al final de la legislatura, estaremos en una situación preCOVID, por así decirlo, en términos cíclicos. Eso va a permitir ir reduciendo el déficit de la Seguridad Social. Una parte
se va a reducir cíclicamente a medida que avancemos, y otra parte como resultado del trasvase de gastos impropios a la Administración General del Estado. En el techo de gasto que presentó ayer la ministra de Hacienda ya hay una provisión muy
significativa en el techo de gasto para que en el presupuesto del año 2021 se materialice un importante ajuste que, como ya ven ustedes, se manifiesta ahí. Ese 1,3 %

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sigue incorporando, lógicamente, una parte cíclica relevante, pero también ya una parte no cíclica estructural importante. En el gráfico he puesto lo que pasaría con los ingresos en caso de que no vayamos a tener estas aportaciones.


Deseo recordar simplemente las líneas de actuación. La primera es esta, la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social. Daremos un primer paso una vez que nos lo recomiende el Parlamento, pero, preventivamente, en el techo
de gasto ya hemos dejado espacio suficiente para que eso sea así; iremos ordenando todo el sistema de ingresos y gastos progresivamente en esta legislatura. En cuanto al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, como saben, este es un
elemento absolutamente central y crucial para generar certidumbres. Los dos primeros puntos son los que realmente transfieren certidumbre a los pensionistas y futuros pensionistas: primero, la eliminación del déficit, con el que les atormentan
todos los meses los periódicos. La Seguridad Social tiene una situación financiera muy complicada que responde a un problema contable subsanable, y lo vamos a subsanar. Y segundo, que no tenemos un modelo claro de actualización de pensiones en
este momento porque, por una parte, se están haciendo actualizaciones de pensiones cada año en los Presupuestos Generales del Estado y existe acuerdo sobre que el modelo preexistente no es el adecuado. Alinear la edad efectiva de jubilación a la
edad legal es algo que ya hemos hablado en otras ocasiones, y que responde fundamentalmente a un sistema de jubilaciones anticipadas voluntarias con incentivos mal diseñados, que se deben corregir para que no sea un procedimiento regresivo, sino que
sea neutral o eventualmente progresivo. Y después el desarrollo del sistema de previsión social complementaria. En el aumento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal también computa otro elemento que nos parece muy importante, y que en
España hemos explorado muy poco, que son los incentivos a demorar la edad de jubilación. Ahí tenemos mucho margen de actuación y les presentaremos propuestas concretas a este respecto.


En esta transparencia ya simplemente voy recogiendo -y casi se lo saben ustedes tan bien como yo- las recomendaciones clave probablemente más importantes dentro de las distintas recomendaciones del borrador preexistente del Pacto de Toledo,
y cómo cada una de ellas va incidiendo en los distintos aspectos a los que me he referido anteriormente. Me ha faltado mencionar en el último punto el fomento de sistemas de pensiones complementarios que realmente lleven a constituir pensiones a
aquellas personas con rentas bajas y medias que más lo necesitan, no como el modelo actual, que está muy concentrado en rentas altas. Por eso apostamos por los planes de empleo a través de la negociación colectiva y de modelos complementarios que
podemos desarrollar.


Por mi parte me quedaría aquí, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Empezamos con las intervenciones de los grupos parlamentarios, de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Mixto, si no me equivoco, no hay nadie.


Empezaríamos por el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu, con el señor Ruiz de Pinedo.


El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Buenos días.


Muchas gracias, señor ministro. Hay una serie de cuestiones que quería plantearle, primero, sobre migraciones. Mientras aquí se ha expuesto todo el tema del acogimiento, de las necesidades de acogimiento, de los retos que existen en estos
momentos, desgraciadamente nos hemos encontrado con la noticia de que desde el Ministerio del Interior se vuelven a abrir los centros de encerramiento de personas inmigrantes, que ya se ha demostrado además que no son válidos para los objetivos que
pretenden. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha dado orden, precisamente, de apertura de estos centros, de estos CIE. En la actual situación de la pandemia se vuelve a demostrar esa disfuncionalidad que tienen, que es grave. Me
parece un tema que es importante poner sobre la mesa, y tenemos que presentar otras alternativas diferentes, sobre todo cuando ya tenemos informes que dicen que no están cumpliendo la función para la que estaban diseñados, y que lo que están
haciendo es una función totalmente contraria a la que estaban pensados.


Por otra parte, ya nos ha comentado el problema de la falta de medidas de cara a poder trasladar urgentemente a las personas solicitantes de asilo, a poder darles respuesta inmediata, rápida, y que se están creando grandes retrasos. En ese
sentido, ¿está coordinándose con el Ministerio del Interior para que puedan materializarse lo antes posible estos traslados? En este tema concreto -esta es una pregunta que nos hace llegar Amnistía Internacional-, ¿se prevé adecuar el actual
sistema a las necesidades de las personas solicitantes que han llegado en los dos últimos años? Como usted ha dejado muy claro en la

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exposición, tenemos miles de solicitudes, están creciendo y eso necesita una agilización de respuestas y una agilización de tratamiento. Eso con respecto al tema de migraciones.


Con respecto al tema de ingresos mínimos vitales, primero quiero empezar diciendo que celebramos -y celebro- que estén en marcha estas prestaciones, porque es un programa desde todo punto de vista necesario, de ahí que compartamos la
preocupación por ese retraso que se está dando en estos momentos en la tramitación de estos ingresos. Teniendo en cuenta que es un recurso que en estos momentos es de urgencia no es de extrañar entonces que, desde los servicios sociales, desde las
personas usuarias, etcétera, haya una intranquilidad importante. En este sentido, sería importante recabar la ayuda del resto de administraciones en esta agilización. Como usted ha dicho, es un programa necesario, pero también es muy mejorable, y
en este sentido es importante que no se deje atrás a muchos hogares y a personas necesitadas. Por eso le voy a llamar la atención sobre algunas cuestiones que nos están llegando.


Una primera cuestión es la atención a situaciones sobrevenidas durante el año en curso, situaciones económicas de vulnerabilidad, situaciones de pobreza que han sobrevenido precisamente durante la etapa del COVID. En este sentido, se están
solicitando los recursos del año 2019, del año pasado, con respecto a situaciones actuales, pero es una situación que se debe solucionar urgentemente de alguna manera. Sabemos que está habiendo intentos en este sentido, pero hay una parte de los
retrasos que está debiéndose en gran parte a estas situaciones, por lo que nos han hecho llegar desde algunos servicios sociales. Otra situación es la de las parejas de hecho que han empezado su convivencia de dos años a aquí, y otra vez estamos
con la misma situación de urgencia al solicitar el tiempo de dos años de registro legal, cuando son situaciones sobrevenidas, especialmente en el tema del COVID, cuando se han empezado convivencias, etcétera, lo cual crea situaciones particularmente
vulnerables en parejas jóvenes. Otro aspecto, cuando no hay que dejar a nadie atrás, se refiere a las personas sin techo. Son personas a las que se niega el padrón en muchos ayuntamientos, es decir, no tienen el padrón, no han podido empadronarse,
y son precisamente uno de los colectivos vulnerables importantes de cara a los programas de inserción. También, unido al tema de las personas sin hogar, hay que citar a las personas que viven en albergues, en casas de acogida, en residencias,
etcétera, a los que podríamos -por medio del ingreso mínimo vital- incluirlos en programas de inserción, pero que están excluidos en estos momentos de este programa. Sería importante poder crear programas específicos para estas personas, dentro de
un programa de inserción. Por último, quiero citar a las personas menores de veintitrés años, porque ha dicho que se va a excluir el requisito de los tres años viviendo independientes y año cotizado a las personas mayores de treinta años. Qué pasa
con los menores de veintitrés años que se han emancipado, que han salido de casa recientemente y que son, precisamente, los sectores más vulnerables en estos momentos. Habría que pensar en certificados municipales, en certificados de empresa, en
certificados de diferentes tipos con los se pueda atestiguar que estas personas tienen contratos. Estamos hablando de una generación que ha salido de casa e inmediatamente les ha sobrevenido el COVID. No podemos dejar a toda esta juventud
iniciando carreras de exclusión.


Voy a dejar aquí el listado, porque vamos a necesitar flexibilidad, y cuando estudiemos y repasemos el reglamento tenemos que atender a estas situaciones, teniendo en cuenta que el objetivo del ingreso mínimo vital es que no se inicien
carreras de exclusión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo.


Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señor presidente.


Señor ministro, también buenos días. Muchas gracias por su intervención. Como siempre abunda en datos y nos pone en un marco y en un contexto que nos sirve para interpretar mejor las cosas, pero le voy a pedir una cosa para la próxima vez.
Sabemos que usted siempre nos suele aportar estos esquemas pero, por favor, la siguiente vez hágalo al principio de la intervención porque nos sirve para hacer anotaciones y para que seamos capaces de interpretarlas sin necesidad de esperar a la
finalización de la intervención, aunque sabemos seguirle de cualquier manera también.


Son fundamentalmente tres los bloques, al margen de la cuestión de las pensiones, que yo creo que hay que tocar en su marco y en el momento oportuno. Ha hecho usted referencia, en la primera cuestión, a los autónomos. De acuerdo, me ha
gustado la exposición; estoy de acuerdo con el planteamiento de las ayudas que se están contemplando, excepto en una consideración. El tratamiento que se hace desde el

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punto de vista de los beneficios que se contemplan en el Real Decreto-ley 30/2020, y que luego usted traduce aquí, refleja efectivamente la sectorialización de las ayudas. Yo no le voy a negar -y todos somos conscientes- la existencia de
determinados ámbitos sectoriales que están especialmente dañados, especialmente afectados por el COVID, y que evidentemente necesitan planes específicos, pero no tengo muy claro que esa sea la dirección adecuada. Hay otros ámbitos no especialmente
afectados, en principio, como destinatarios de los efectos del COVID, pero sí finalmente, como es el caso de los ámbitos industriales, en donde, por ejemplo, en Euskadi hemos tenido claros casos de empresas que han tenido que parar o incluso
terminar. Ámbitos, tanto del automóvil como del sector aeronáutico como del metal o como otros especializados, que nos parece que están siendo de alguna manera disociados del ámbito de las ayudas que contempla el ERTE. Le voy a poner un ejemplo,
la industria aeronáutica es una clara afectada -ámbito industrial- y, sin embargo, parece que de alguna manera se le excluye de ese tipo de ayudas. Yo le pediría que hiciese una especie de segunda vuelta, una especie no ya de reconsideración de las
ayudas, que creo que son positivas, sino una especie de segunda vuelta teniendo en cuenta este factor, porque creo que es importante.


De igual manera, es verdad que aquellos que están especialmente afectados -hostelería, hotelería, servicios- necesitan este tipo de ayudas, pero también necesitan otro tipo de concreción que me ha parecido deducir también de su intervención,
pero que no ha terminado de precisar. Sabemos que ahora alcanzan un límite temporal determinado, y, sin embargo, estos sectores necesitan saber hasta cuándo van a percibir estas ayudas. Sabemos también que hasta que haya determinadas soluciones en
el ámbito sanitario los efectos del COVID van a permanecer. Por lo que la pregunta que nos hacemos todos es por qué no se asocian este tipo de ayudas al final de los efectos del COVID, sin tener necesidad de hacer precisión de si es el 31 de enero,
el 21 de marzo o el 47 de febrero. Esa es una cuestión que me gustaría que pudiera ser tomada en consideración.


Paso al siguiente capítulo, que es el de las migraciones. La verdad es que en el ámbito de las migraciones y, sobre todo contemplado desde el ámbito del Estado y del ministerio, que afecta fundamentalmente al control de fronteras y a la
preparación de acogida de todos aquellos que están en esa situación, su intervención ha sido correcta. Ha hecho mención incluso a una cuestión concreta como es la atención sanitaria, refiriéndose a que se han hecho actividades en conjunción o en
colaboración con las comunidades autónomas, puesto que es una competencia compartida. Bueno, compartida no; la sanitaria es exclusiva de las comunidades autónomas, pero también la de la atención social; la de las migraciones no. De alguna
manera, en su intervención me ha parecido que ha habido una predicción demasiado expansiva de las actuaciones por parte del Estado, cuando las políticas sociales y la precisión también de las ayudas de inclusión -las políticas de inclusión como
tales- son políticas sociales que están en manos de las comunidades autónomas, sin perjuicio de que, es verdad, es el Estado el encargado, tanto del diseño de alguna manera de las políticas comunes como también -y sobre todo- de la obtención de
ayudas por parte de la Unión Europea, para que luego sean, efectivamente, las administraciones competentes las que las gestionen, porque se trata de eso, de la gestión de estas ayudas.


En tercer lugar, el ingreso mínimo vital. Dos o tres cuestiones. Una, me ha parecido adecuado su diseño, su tratamiento y la necesidad. Desde luego hay un dato evidente, tener la administración de la Seguridad Social en la mano te permite
actuar, desde el punto de vista de la información, de otra manera -ya sea diferente o más intensa- de la que se ha podido actuar hasta el momento. Pero también debe tener en cuenta que existían también otras ayudas en el ámbito competencial
autonómico, en especial en algunas comunidades autónomas -AES y RGI en Euskadi- que, efectivamente, prestan ayudas a situaciones de desatención -que también se han mencionado por parte del anterior interviniente- y respecto de las que, además,
existe ya un compromiso por parte del Gobierno de hacer determinadas actuaciones. Se supone que hay una encomienda de gestión en principio respecto de Euskadi y Navarra -las comunidades forales en concreto- como consecuencia de sus particularidades
en materia de hacienda, y deviene además de la disposición adicional quinta del Real Decreto-Ley 20/2020, si no me he equivocado en su numeración. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de que esas políticas y esas actuaciones están comprometidas
en la disposición adicional quinta de ese real decreto-ley para que sean transferidas antes del día 31 de octubre de este año. Sabemos que está la encomienda de gestión firmada desde el día 1 de septiembre, pero no sabemos qué actuaciones han
tenido a partir de entonces para materializar esa transferencia de competencias antes del 31 de octubre. Me gustaría que me diera algún

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tipo de información. Respecto a los retrasos, efectivamente están dando lugar a malestares que convendría atajar cuanto antes.


Finalmente, en política de pensiones, en el Pacto de Toledo, necesitamos tranquilidad, necesitamos poder debatir serenamente y los datos que nos ha aportado van a ayudar. Efectivamente, es una necesidad imperiosa dar tranquilidad a quienes
son los destinatarios, que no son solo los pensionistas, sino el sistema de pensiones, es decir, quienes son hoy trabajadores y mañana van a ser pensionistas y quienes hoy son pensionistas porque han sido antes trabajadores. Hay que dar confianza a
todos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señorías, vamos a hacer una pausa de dos minutos. (Pausa).


Señorías, si les parece retomamos la sesión. Concluida la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la portavoz del Grupo Ciudadanos, la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.


Gracias y bienvenido, ministro, siempre es un placer escucharle y trabajar con sus presentaciones porque, para los que venimos del mundo de los números y las finanzas, muestran muy bien nuestra capacidad de síntesis. Le quería hacer algunas
apreciaciones. Hemos tratado muchos temas por lo que, si me quedara corta, continuaría en el turno de réplica.


Es cierto que la crisis sanitaria causada por la COVID ha provocado estragos en nuestra economía. Ayer mismo -yo también soy portavoz de Asuntos Económicos- estuvimos con el gobernador del Banco de España y llevaba las previsiones de forma
más pesimista todavía que la portavoz y vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, elevando incluso la tasa de paro posiblemente al 22 % para el año que viene. Eso es lo que nos comentó el gobernador hablando de los escenarios más
negativos, dada la incertidumbre de esta segunda ola de la pandemia.


Ha mostrado aquí las cifras de trabajadores afectados directamente por la pandemia, los ERTE, los que se han reincorporado, los reincorporados parciales y los autónomos atendidos. Y es cierto que esas cifras de empleo hubieran sido mucho
peores si no hubiera habido este mecanismo de los ERTE, que ha desempeñado el papel de red social de protección y que desde mi grupo parlamentario siempre hemos defendido. Nos hemos sentido satisfechos de que se haya puesto en marcha, pero podemos
caer en el error de que todos los esfuerzos y sacrificios realizados por la población española, y también por muchos de los políticos que estamos aquí, se malogren por motivos políticos. Hablábamos ayer con el gobernador sobre que España tendrá
déficits fiscales este año, el que viene y posiblemente el siguiente, y estará enterrada en deuda en las próximas generaciones, así como que necesitábamos un plan para mejorar la productividad, para reformar el sistema educativo y para hacer más
flexible con una reforma profunda el mercado laboral, también se ha referido usted a ese tema. Por eso desde mi grupo -como dije también ayer y he insistido muchas veces-, volvemos a insistir en esa necesidad de tregua política para poder trabajar
todos juntos para contener, responder y vencer a esta pandemia y sus devastadoras consecuencias.


En esa línea, estamos satisfechos de haber podido contribuir, trabajar y colaborar con el Gobierno en las medidas tomadas en materia de empleo tanto con la ministra de Trabajo como con su ministerio, señor Escrivá, así como de haber podido
desvincular los ERTE al estado de alarma, como fue una de nuestras principales condiciones para apoyar aquella prórroga, y que se hayan ido negociando esas posteriores prórrogas también con los agentes sociales, como hemos estado demandando. Pero
le querría preguntar en materia de ERTE, qué pasará en general con los trabajadores que puedan quedar fuera de esos ERTE -ERTE que, por otro lado, se han ido reduciendo a sectores muy concentrados- a partir del 31 de enero, que es la fecha de la
última prórroga. No sé si tienen pensado posponerlos o seguir extendiéndolos, o qué medidas alternativas tienen para estos trabajadores.


Por otro lado, hemos hablado también de los autónomos, que junto con los trabajadores más débiles del sector hostelero son quizá uno de los colectivos que ha estado muy expuesto a esta pandemia y cómo con los ERTE su situación también fue
dramática, y gracias a las ayudas de prestación extraordinaria se consiguió sostener a millones de familias. Por tanto, consideramos positivo que estas ayudas se pusieran en marcha y que también se hayan ido prorrogando, como han estado solicitando
en algunos casos las asociaciones -usted las ha nombrado, ATA y UPTA- y como también nosotros hicimos nuestras sus demandas, porque creemos que nuestros autónomos no merecen menos.

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Pero, al hilo de hablar de autónomos, usted no ha mencionado una cosa que nos preocupa y también sé que preocupa a los autónomos, y es el anuncio realizado desde su ministerio declarando la intención de proceder a una reforma profunda del
régimen de cotización de los trabajadores, por la cual los autónomos pasarían a cotizar según sus bases de cotización establecidas por tramos en función de los ingresos. Nos faltan detalles, por supuesto, para poder valorar esta medida que será
imprescindible para determinar con exactitud cómo puede afectar y cuál será el alcance de esta propuesta. Sin embargo, somos escépticos desde mi grupo parlamentario, a falta de conocer más detalle, sobre todo por el momento en que se vaya a llevar
a cabo, porque consideramos que los autónomos están siendo muy castigados por la pandemia, y esto supondría un incremento de esa incertidumbre y de esas cargas que ya soportan. Me gustaría que nos pudiera confirmar si realmente tienen intención de
presentar esta reforma, cuándo sería y si van a intentar negociarla con las asociaciones profesionales de autónomos o la llevarán a término aunque no tengan su apoyo.


Sobre el ingreso mínimo vital se ha avanzado muchísimo en armonizar las políticas de garantía de ingresos dirigidas a los grupos de población en riesgo de exclusión social, porque hasta ahora era un sistema fragmentado en diecisiete
políticas autonómicas muy dispares entre sí, y era necesario -en eso coincidimos- dotar de un marco común de protección a todos los ciudadanos en el territorio español, porque los derechos son de las personas, no son de los territorios. Celebramos
esta política de garantía de ingresos pero, en muchas circunstancias, se ha desaconsejado que fuera este el momento de poner en marcha esta medida. Nosotros fuimos uno de los detractores y ya advertimos de la dificultad que constituiría ponerla en
marcha ahora porque una política de este calado, tanto por su novedad como por caer como un meteorito en el sistema en el que ya había otras políticas preexistentes a nivel autonómico, requería de mucho estudio, de mucha planificación y de mucho
diálogo. De ahí, la necesidad de establecer su control cada seis meses. Hablar de una primera y una segunda fase está bien, pero igual fue una medida precipitada porque quisieron vender la renta de garantía de ingresos como una ayuda
extraordinaria contra la COVID. Sin embargo, el resultado, paradójicamente, es que el ingreso mínimo vital no ha llegado cuando se necesitaba a todo el mundo afectado ni en el momento en el que lo necesitaban, o sea, ni a todo el mundo afectado por
la crisis sanitaria, ni a aquellos que estaban en situación de pobreza estructural. Esto se ha visto, como usted muy bien ha expuesto, con sus gráficas y sus números y porcentajes. No queremos decir que a ustedes no les preocupe la situación, pero
les advertimos de que no era el mejor momento y hemos visto que en la rectificación a veces se acierta. En cuanto al ingreso mínimo vital, simplemente quería saber, porque muchas de las preguntas que tenía las ha respondido ya, si contemplan algún
cambio más como el último llevado a cabo en el Real Decreto 30/2020 para hacer esta normativa más eficaz y eficiente.


¿Puedo seguir o...? Tengo mucho que preguntarle.


El señor PRESIDENTE: Si quiere, lo dejamos para el segundo turno.


La señora MUÑOZ VIDAL: Perfecto.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Un cambio repentino en los trenes en ADIF ha provocado que algunos llegáramos tarde, pero hemos estado siguiendo su comparecencia por la web del Congreso.


Señor ministro, convendrá conmigo en que la gestión del ingreso mínimo vital podría ser manifiestamente mejorable, aunque yo entiendo perfectamente las dificultades técnicas y personales que usted ha expuesto, las entiendo y las comparto.
Sin embargo, es difícil de explicar esto, como ministro, pero también como alcalde o concejal de Servicios Sociales que fui en su momento y ahora también como diputado. Cuando voy por la calle de mi pueblo y me dice un padre de familia con tres
hijos, al cual ayudé a hacer su petición el 3 de julio, que le mire cómo va su petición, pero me sale que sigue estando en estudio, es muy difícil de explicárselo a un padre de familia parado, sin subsidio, y con su mujer que trabajó dos meses este
verano a media jornada. Por eso celebramos, primero, que a través del real decreto del teletrabajo se hayan escuchado algunas de las aportaciones que se hicieron desde las comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, y segundo, nos alegra
también que se hayan implementado más recursos porque sinceramente la gente está desesperada.

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También quiero decirle que a nosotros no nos gustó mucho el recurso de inconstitucionalidad al real decreto de la Generalitat Valenciana para adaptar la renta valenciana de inclusión al ingreso mínimo vital. Por eso, y siempre en positivo,
celebramos que justamente el BOE de hoy convoque la comisión bilateral Estado-Generalitat, para resolver estas discrepancias y le pedimos desde su ministerio que tenga una actitud positiva y generosa porque, en definitiva, lo que pretendemos allá en
el Gobierno valenciano es complementar la ayuda de la mejor manera posible a los ciudadanos que peor lo están pasando.


Por último, quiero agradecerle también que pasara sus vacaciones en territorio valenciano, que está en su origen, ya que muchos en el sector del turismo lo necesitábamos y por eso está bien que un ministro pase sus vacaciones en territorio
valenciano. Sin embargo, usted también aprovechó para hacer muchas reuniones e hizo alguna con el president de la Generalitat Ximo Puig. El 20 de agosto en reunión conjunta ustedes anunciaron que la Comunidad Autónoma Valenciana sería de las
primeras en tener un convenio para cogestionar el ingreso mínimo vital, como venimos pidiendo desde el primer momento para hacer lo mismo que ya están haciendo el País Vasco o Navarra. Por eso mi pregunta sería: ¿cuándo?, ¿pronto?, ¿tarde?


Por último, como ministro de Migraciones, quiero sumarme a la petición que le ha hecho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, para que no reabran los CIE, porque entendemos que no se deberían reabrir.


Moltes gràcies.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.


Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Dantas.


La señora CARVALHO DANTAS: Moltes gràcies, senyor president.


Moltes gràcies, señor ministro. El Grupo Republicano agradece su comparecencia y queremos ampliar este agradecimiento también a la secretaria de Estado de Migraciones, la señora Hana Jalloul, que siempre ha estado disponible para contestar
preguntas de este grupo parlamentario.


Dicho esto, no podemos empezar nuestra participación en esta Comisión de hoy sin hablar de dos temas imprescindibles y muy importantes. En primer lugar, quiero decirles que en Grecia 'no han pasado'. Esta mañana hemos tenido conocimiento
del mayor juicio después de Núremberg contra los nazis. Amanecer Dorado es una organización criminal neonazi y hay asesinos dentro, sesenta y ocho personas acusadas de asesinatos y por pertenecer a una organización criminal. No pasarán y en Grecia
'no han pasado; en España los tenemos sentados en cincuenta y dos sillas en el Congreso de los Diputados. ¡Viva la lucha unitaria contra el fascismo y contra el racismo! (Protestas.-Una señora diputada: ¡A la cuestión!). El segundo tema
importante del que queremos hablar, como acaba de mencionar el compañero de Compromís, se refiere a la reapertura de los CIE en el Estado español. El CIE de Barcelona fue reabierto el lunes. Llevamos muchos años partidos políticos y organizaciones
proderechos humanos exigiendo el cierre de estos espacios de no derechos.


Dicho esto, dividiremos en dos partes nuestra intervención: el ingreso mínimo vital y migraciones. Señor ministro, el ingreso mínimo vital fue diseñado para sacar de la miseria a más de 830 000 personas, así lo anunciaron usted y el
vicepresidente segundo del Gobierno en sede parlamentaria dirigiéndose a los medios. Transcurridos más de cien días desde su puesta en marcha, se ha reconocido el derecho a percibir esta prestación a 74 000 personas de oficio y a 16 000 a
instancias de las personas interesadas, sumadas apenas alcanzan el 10 % del objetivo. Eso no es admisible ni es buen gobierno desde nuestro punto de vista.


Es justo también reconocer que en el BOE de la semana pasada se mejoraron algunos de los errores de bulto que venimos denunciando desde la publicación inicial del real decreto-ley. Concretamente, fueron tres puntos: primero, el acceso de
personas mayores de treinta años con menos de tres años emancipados; segundo, el acceso de personas que no pueden permitirse nada más que una habitación en piso compartido, y tercero, el acceso de núcleos familiares que se ven obligados a convivir
con amigos o familiares por razón de necesidad. Estos son cambios muy positivos, señor ministro, y lo reconocemos, claro que sí, pero usted sabe tan bien como nosotras que se han presentado un millón de solicitudes y de estas solo se ha resuelto
favorablemente 16 000. Estas pobres cifras no se pueden achacar únicamente a cuestiones burocráticas ni se solventarán con las cuatro modificaciones de la semana pasada. Existen aún tantas grietas en su escudo social que más que un escudo parece
un colador.

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Primero, se está dejando fuera a las parejas de hecho que no llevan dos años legalmente registradas. Esto es importantísimo, señor ministro. Preguntamos: ¿qué tipo de discriminación es exigir matrimonio o antigüedad con la pareja?


Segundo, existe una edad mínima de acceso de veintitrés años. Preguntamos: ¿qué pasa con las personas jóvenes, señor ministro? Siempre que digo el Gobierno más progresista de la historia, añado que me duele mucho decir que parte de una
idea de familia que hace mucho que no refleja nuestra sociedad. A modo de ejemplo, ¿no les parece que algunos menores tutelados necesitan el ingreso mínimo vital cuando cumplen los dieciocho años?


Tercero, se deja fuera a un buen número de personas por haber administrado sociedades mercantiles, incluso muchos años atrás. Preguntamos: ¿qué puede tener eso que ver con necesitar o no esta prestación?


Cuarto, exigen periodos de cotización como si de una prestación contributiva se tratara. Preguntamos: ¿han pensado ustedes en las personas, casi siempre mujeres, que han dedicado su vida entera a tareas de cuidados de familiares? Y aquí
hago mención a una asociación de mujeres empleadas de hogar y a más más de treinta organizaciones que representan a más de 630 000 trabajadoras de hogar que han enviado un comunicado a la ministra Yolanda Díaz.


Quinto, se pone como requisito la no superación de determinados ingresos durante el año 2019. Preguntamos: ¿es que las personas que han caído en desgracia a raíz del COVID no deben poder acceder al ingreso mínimo vital?


Sexto, se exige certificado de empadronamiento y como consecuencia de ello muchas personas sin hogar que viven en las calles y en albergues no pueden solicitarlo, también personas migrantes, personas que no tienen papeles. Tenemos un
problema terrible con el empadronamiento de las personas en todo el Estado español. ¿No les parece esto kafkiano, señor ministro? A todas estas personas, señor ministro, se las está dejando atrás. Por favor, mejórenlo.


En febrero de 2020 el relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza y derechos humanos dijo en su visita -abro comillas- que España está fallando a los más vulnerables y que no se toma en serio los derechos sociales. Señaló que las
condiciones de trabajo de importantes sectores de personas migrantes rivalizan con las peores del mundo. También en abril el relator sobre migraciones junto con la relatora de Naciones Unidas sobre la trata de personas recomendaron que los Estados
también -abro comillas- deberían adoptar medidas para regularizar a los migrantes indocumentadas, con miras a facilitarles el acceso a los servicios sanitarios durante la lucha contra la pandemia. En mayo, el Comité de Derechos Humanos de las
Personas Migrantes recomendó promover también la regularización. En abril, señor ministro, como sabemos todas, el movimiento estatal con más de 1500 entidades adheridas en RegularizaciónYa y la Coordinadora Obrim Fronteres trasladó una carta al
Gobierno apoyada por más de 1500 organizaciones en las que se demandaba una regularización urgente sin condiciones y permanente de todas las personas en situación administrativa irregular. A pesar de ello, de los discursos de odio denunciados por
el Defensor del Pueblo en sus informes de 2018 y 2019, las personas migrantes aportan -es muy importante este dato- al Estado español más de lo que reciben y han ocupado papeles esenciales para la economía y la vida en el país durante la pandemia.
Además, la condición de irregularidad hace que el Estado español pierda anualmente al menos 1500 millones de euros cada año. Señor ministro, preguntamos: ¿qué prioridad da el Gobierno a la regularización de más de seiscientas mil personas
migrantes en condición irregular que se encuentran en la más absoluta falta de protección de sus derechos? Preguntamos también -le comento que estas preguntas vienen directamente de la plataforma RegularizaciónYa-: ¿qué medidas se están tomando
para contrarrestar la irregularidad sobrevenida derivada de la falta de citas para la obtención de requisitos y avances en los procedimientos? Ya sé que es un tema muy interseccional, poliédrico, que son muchos ministerios, el ministerio del señor
Grande-Marlaska, el ministerio de la señora Yolanda Díaz y el suyo también, pero es importante recalcarlo.


Queremos hacerle otra pregunta: ¿se han iniciado ya los procesos encaminados a la derogación o modificación de la Ley de extranjería en relación con el marco de derechos humanos? Le hacemos otra pregunta: ¿tiene el Gobierno previsto
reunirse con el movimiento estatal RegularizaciónYa? Desde aquí insto a la secretaria, al señor ministro y al director general a que, por favor, se reúnan con la plataforma estatal RegularizaciónYa para tratar los puntos señalados en la carta del
Gobierno. ¿Por qué motivo no lo ha hecho hasta ahora?, nos preguntan.


En cuanto a las citas, son muy importantes las citas previas en las oficinas de extranjería o para la toma de huellas en las dependencias de las comisarías de la Policía Nacional para realizar los trámites de

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documentación de residencia para las personas migrantes, con todo, absolutamente todo lo que conlleva no poder acceder a estas citas.


Voy acabando, señor presidente. Me gustaría enseñarle algo que la Coordinadora Obrim Fronteres nos pidió que le mostráramos directamente a usted, y lo voy a hacer (muestra una tableta). Le vuelvo a decir que me duele mucho enseñárselo,
pero también le digo que estoy de acuerdo con esto que nos han enviado. La Coordinadora Obrim Fronteres, que es una coordinadora en Cataluña que también forma parte de RegularizaciónYa, dice lo siguiente: Citas para extranjería, rojo;
Regularización, rojo; Reubicación, rojo; Traslado de los EPI, verde; CIE, verde; Vallas, verde; y Devoluciones, verde. Sabemos que se está haciendo...


El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señora Carvalho.


La señora CARVALHO DANTAS: Sabemos que se está trabajando desde el Gobierno, pero necesitamos más, señor ministro, señora secretaria. Necesitamos más, que sean ustedes más audaces.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Carvalho.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra su portavoz la señora Isabel Franco.


La señora FRANCO CARMONA: Como vamos a tener tiempo en la réplica, he pensado dividir mi intervención en dos partes por las complejidades que tienen ambos temas. Así pues, ahora me voy a centrar en lo que tiene que ver con la Seguridad
Social y después me centraré en las migraciones.


El Gobierno ha sabido poner en marcha -no era fácil- un sistema de protección sin precedentes para atender a una situación también sin precedentes de pandemia mundial, que ha dejado a nuestro país en unas condiciones muy difíciles. Con muy
buen criterio, este Gobierno está sabiendo darle respuesta, algo que no ha pasado en crisis anteriores cuando se dejaba a la sociedad en la cuneta, sin prestaciones, con unas tasas de cobertura y protección ínfimas, con muchos desahucios, con una
situación de desempleo que llegó hasta los seis millones de personas desempleadas, con un período brutal de desempleo de larga duración, es decir, una situación horrible de la que a mucha gente le costó recuperarse y que algunos todavía no han
conseguido hacerlo. Sin embargo, el nuevo Gobierno progresista Unidas Podemos-PSOE está sabiendo hacer frente a esta pandemia. Se está haciendo un gran trabajo con los ERTE y su extensión, con la extensión del cese de actividad para los autónomos
y autónomas, uno de los grandes damnificados no solamente de la pandemia, sino también de la política económica y de la estructura laboral y económica de nuestro país. Me enorgullece decir que nuestro grupo se siente partícipe de este progreso
social que están suponiendo las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno, pero también del progreso social que supone el ingreso mínimo vital y las mejoras aprobadas en las últimas semanas por el Consejo de Ministros.


Voy a centrarme un momento en la situación previa. En 2012, una reforma de la Ley de Empleo decía que hacía falta modificar el sistema de prestaciones y reunificarlo. Hasta ahora no se ha conseguido hacer -ha pasado mucho tiempo- y es una
cuestión importante. En 2008 había alrededor de 240 000 personas beneficiarias de rentas mínimas en nuestro país y en 2018, cuando nos estábamos recuperando -en 2008 se desató la crisis y justo antes teníamos una situación más o menos normalizada,
en la que solo había 240 000 personas eran beneficiarias de las rentas mínimas de las comunidades autónomas- 680 000 personas. Según el informe Foessa, en 2018 los beneficiarios de las rentas mínimas de las comunidades autónomas y estatales
suponían apenas el 33 % de las personas que estaban en situación de pobreza severa. Esto significa que había y sigue habiendo mucha en situación de desprotección total, pero de desprotección total, porque, al final, si hablamos de cifras, todo
queda como muy frío, muy vacío. No, estamos hablando de situaciones reales, de gente que no sabe cómo va a comer la semana que viene, cómo va a llevar a sus hijos al colegio, cómo va a coger el autobús para poder ir a trabajar; que no sabe cómo va
a llenar su frigorífico, cómo va a pagar su alquiler o su hipoteca; que no sabe dónde va a poder vivir el mes que viene porque no tiene un proyecto de vida, ya que no pueden porque el modelo económico de este país, el modelo del Gobierno de España
fomenta que una gran cantidad de gente no tenga ningún tipo de seguridad y que muchos de nuestros jóvenes se tengan que ir fuera de España. Después de haber estudiado y haber adquirido su conocimiento aquí, en España, no pueden revertirlo para
mejorar este país y se tienen que ir fuera porque el país no les ofrece ninguna solución ni ninguna

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garantía de futuro. Esto es lo que conlleva la pobreza severa y lo que venía a atajar el ingreso mínimo vital. Llevo muchos años trabajando en estas cuestiones y me arde la sangre cada vez que lo pienso. Además, las prestaciones de las
comunidades autónomas son muy bajas, de capacidad protectora la mayoría y con una escasa cobertura. Todavía recuerdo la prestación de Andalucía antes de la reforma, que podías cobrarla unos meses sí y unos años no. Es decir, que si te encontrabas
en situación de exclusión social, unas veces podías comer y otras no. Esta es la realidad de algunas prestaciones de comunidades autónomas.


Decía que el ingreso mínimo vital iba a proteger a 850 000 hogares y 850 000 hogares, para que lo tengamos en cuenta, son alrededor de 2,3 millones de personas, una cifra muy cercana a las personas que viven bajo el umbral de pobreza severa.
Es verdad que ha habido problemas en la tramitación del ingreso mínimo vital, es algo público y notorio. De hecho, de las aproximadamente 90 000 solicitudes que se han aprobado, solo 16 000 son nuevas, porque la mayoría, 74 000, son solicitudes que
son de oficio, porque eran personas beneficiarias de la prestación por hijo a cargo. Por tanto, hay un evidente problema de tramitación, problema que tiene que ver tanto con el trámite en sí, con criterios de exclusión, y también con conflictos de
coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Ya sabemos que este Gobierno ha ido tramitando y poniendo en marcha mecanismos que en parte han modificado y mejorado esta situación De hecho, se ha llevado a cabo últimas mejoras,
como la facilitación de la solicitud del ingreso mínimo vital a personas que viven en el mismo domicilio pero que son de diferentes unidades de convivencia, la ampliación a los sesenta y cincos años, la menor restricción de la definición de familias
monoparentales o monomarentales, la extensión a seis meses para considerar o no si se deniega la prestación. Es decir, hay una gran cantidad de propuestas y de hechos que se han puesto en marcha, que van a mejorar y que nos van a dar la idea de
cómo va a funcionando este ingreso mínimo vital tan necesario para tanta gente.


En cualquier caso, nosotras todavía echamos en falta algunas cosas que tienen que ver con la realidad de nuestro país y que me gustaría decir muy sucintamente para que las tuviese en cuenta este Gobierno -sabemos que en parte ya las tiene en
cuenta- y que siguieran trabajando en ellas. Es el caso, por ejemplo, de la facilitación del acceso al ingreso mínimo vital a personas que los servicios sociales certifiquen que se encuentran en exclusión social; la consideración como exentas de
las pensiones compensatorias y de alimentos -las pensiones de alimentos van para los niños, no van para la familia en su situación de pobreza-; el establecimiento de la exención del ingreso mínimo vital en el cómputo del IRPF; un período
trimestral, y no anual, para el cómputo de ingresos debe ser fundamental; la eliminación del requisito de no más de dos titulares de ingreso mínimo vital por domicilio -es una realidad de nuestro país-; la eliminación del requisito de residencia a
emigrantes retornados, a solicitantes de protección internacional y a familias con menores a cargo; que se tengan también en cuenta aquellas situaciones -y con esto voy terminando- en las que si solo una persona no tiene residencia legal, se le
deniega el ingreso mínimo vital a todo el conjunto de la unidad de convivencia; la exclusión del requisito de edad a menores bajo tutela de protección, y algunas otras cuestiones, por ejemplo, el reconocimiento automático del ingreso mínimo vital
de una forma automatizada para aquellas personas que agoten las prestaciones y los subsidios por desempleo porque, si están cobrando los subsidios por desempleo y los agotan, vuelven a caer en esa situación de vulnerabilidad a la que iban dirigidos
los subsidios por desempleo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra inicialmente doña María Ruiz.


La señora RUIZ SOLÁS: Señor presidente, es gravísimo lo que acaba de hacer la diputada de Esquerra. Nos acaba de comparar con una organización criminal y quería saber si esto lo tenemos que consentir, si la Mesa no va a hacer nada al
respecto o si puede pedirle, por favor, que lo retire.


El señor PRESIDENTE: ¿Quiere citar algún artículo al respecto o tiene algo que decir más allá de eso? Revisaremos el Diario de Sesiones, porque tampoco sé exactamente lo que ha dicho la señora Carvalho en el uso de su tiempo y de su
libertad de expresión. A partir de ahí, veremos.


La señora RUIZ SOLÁS: De acuerdo.


Señora Franco, criminales son los que están en la cárcel por delinquir, como algún que otro miembro de su partido y como todos los que han dado el golpe de Estado en Cataluña. Los cincuenta y dos

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diputados de VOX están aquí sentados, porque así lo ha querido el pueblo español democráticamente en las urnas. Puede patalear todo lo que quiera y escupir todo el veneno que quiera, porque mientras el pueblo español lo quiera, aquí nos
vamos a quedar. (La señora Franco Carmona pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señora Franco.


La señora FRANCO CARMONA: Señor presidente. Quiero decir una cosa. Entiendo que el grupo de VOX tiene una obsesión conmigo, pero creo que se estaba refiriendo a otra persona y no a mí, aunque haya nombrado mi apellido.


El señor PRESIDENTE: No entren en estas discusiones ahora mismo. Señora Ruiz, tiene la palabra.


La señora RUIZ SOLÁS: Perdón, lógicamente me refería a la señora Carvalho.


Muchas gracias, señor ministro. Quería hablarle sobre el ingreso mínimo vital, concentrarme en eso, porque creo que ya podemos decir oficialmente que el ingreso mínimo vital ha sido un fracaso y que todos los parches que se han puesto y que
se van a tener que seguir poniendo no van a cambiar el hecho de que esta medida nació muerta. Nació muerta porque era una imposición de sus socios y las cosas impuestas nunca salen bien; nació muerta porque tuvieron que ponerla en marcha bajo
presión y sin tiempo, porque era mucho más importante la propaganda del lanzamiento de la medida que la medida así, y nació muerta porque no se hizo pensando en quienes iban a padecer los efectos económicos de la pandemia, sino en los colectivos más
vulnerables que ya se beneficiaban de otras ayudas, para así cronificar su dependencia y en aquellos que había que discriminar positivamente por cuestiones ideológicas para fidelizar a sus votantes.


Señor ministro, podemos hacernos una idea del encaje de bolillos que usted ha tenido que hacer para poner encima de la mesa en tiempo récord esta pretenciosa medida -complejísima medida-, que finalmente no satisface a nadie y que, por tanto,
ya es un fracaso. Pero este no es solo su fracaso, porque en realidad era imposible que usted pudiera hacer un buen cesto con estos mimbres. Es un fracaso sobre todo del vicepresidente del Gobierno, de Pablo Iglesias, que ha tenido la desfachatez
de enmendarle la plana, como si él no fuera el verdadero responsable, como si no hubiera sido él quien que puso esta condición sobre la mesa de negociaciones y quien condujo a este Gobierno al precipicio, sin tener ni idea de cómo pasar de las musas
al teatro. Pero usted todo esto ya lo sabe, lo sabe aunque no puede hacer nada y no puede hacer más que seguir haciendo malabares para tratar de cumplir las exigencias del señor Iglesias y del señor Sánchez, que sin duda es el responsable último de
todo lo que está pasando, por haber alcanzado el poder vendiéndose al enemigo.


Nosotros ya le dijimos que esto no iba a salir bien, señor ministro, que no lo estaban planteando correctamente, que esta ayuda tenía que ser una ayuda puntual, pensando en las personas que lo estaban pasando mal como consecuencia de la
pandemia, pero ustedes han hecho exactamente todo lo contrario y han dejado fuera para precisamente a estas personas. Ustedes se han limitado a atender fundamentalmente a los que yo lo estaba pasando mal antes de la pandemia, a los que ya
sobrevivían gracias a otras ayudas de inserción, entre los que están esas 75 000 familias a las que ustedes han concedido esta ayuda de oficio, pero a los que se han quedado en la calle de un día para otro, sin nada, a los que hace tan solo un año
mantenían a sus hijos y vivían dignamente de su trabajo, y hoy se ven sin ingresos, sin ERTE y sin paro, a los que han tenido que irse a vivir a casa de sus padres, amigos o familiares porque ya no podían ni pagar el alquiler, a esos no solo no se
les ha tenido, sino que se les ha negado el derecho a recibir la ayuda. Porque justamente son muchas de estas familias las que forman parte de ese 50 % que, aun habiendo solicitado la ayuda, no pueden tener derecho a ella, por sus ingresos del año
anterior o por haber tenido que empadronarse en un domicilio donde hay otra unidad familiar con una mejor situación económica.


Señor ministro, esta medida está siendo un fracaso, porque no está llegando a las personas que la necesitaban con urgencia. Lo único que han hecho ha sido cambiar una ayuda por otra un poquito más generosa a los que ya la recibían,
generando de paso tal caos y tal descoordinación con las administraciones autonómicas que en el cambio hay quien se ha quedado sin una ayuda y sin la otra, y mientras han dejado atrás y sin protección social a muchos ciudadanos, ciudadanos que nunca
antes se habían visto en una situación como esta, que jamás habían pisado una cola del hambre, que no están acostumbrados a mendigar. Ustedes han jugado con las esperanzas de estas personas y han generado una falsa expectativa que jamás van a poder
cumplir, escudándose en el colapso de la Seguridad Social

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-un colapso que, por cierto, era absolutamente previsible; así nos lo ha explicado usted mismo hoy aquí- y ofreciendo retroactividad en el pago de las ayudas, como si se pudiera comer y vestir retroactivamente. Ustedes hablan mucho de
vulnerabilidad, pero tienen una concepto muy selectivo e ideologizado, que hacen valer a la de exigir requisitos o de eximir a los solicitantes de esos requisitos. Ustedes deciden quiénes son vulnerables y quiénes no, como si fuera menos vulnerable
un discapacitado que una madre maltratada o una madre soltera, sola y sin recursos menos vulnerable que un inmigrante ilegal que ha llegado en pateras, víctima de las mafias. ¿Cuándo se van a dar cuenta de que no se trata de privilegiar colectivos
para buscar rédito político, sino de ayudar a todos los que de verdad lo necesitan sea por la causa que sea? Señor ministro, nosotros creemos que tendría que haber planteado esta ayuda como una prestación temporal y extraordinaria, que respondiera
a las actuales circunstancias causadas, y así se lo dijimos desde la tribuna del Congreso. Hoy se lo volvemos a repetir. Si ustedes insisten en una ayuda permanente, incentivarán la cronificación de la pobreza y convertirán a los ciudadanos
beneficiarios en dependientes. Si la convierten en vitalicia, desincentivarán la búsqueda de empleo y la convertirán, como así ha sido, en un reclamo para la inmigración ilegal. Si se hacen excepciones en los requisitos, estarán beneficiando a
unos colectivos en detrimento de otros y seguirán discriminando a la población, abandonando por completo del principio de igualdad. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ruiz.


Tiene la palabra señora De Meer.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


La verdad es que hoy, solo hoy en lo que llevamos de día han llegado a las costas de Almería casi cincuenta inmigrantes ilegales argelinos. Y hoy, la verdad es que voy a empezar con una solución. Podemos meterlos a todos en un autobús y
llevarlos a casa de la señora Carvalho, la señora de la pegatina, que hoy no la trae, por cierto, vamos a empezar a echar de menos la pegatina. De verdad que yo cuando escucho a sus señorías hablar sobre inmigración pienso que no sé en qué mundo
viven ustedes, no sé en qué país viven ustedes y no sé en qué barrio viven ustedes porque no se ajusta a la realidad de lo que están viviendo los españoles día a día en las calles de sus barrios. Me alegro muchísimo, de corazón me alegro de que sus
señorías no tengan cerca de sus casas un piso patera. Me alegro también de que no tengan en sus barrios un centro de MENA, me alegro de que no pasen miedo cuando sus hijos vayan al colegio por la calle y tengan que atravesar también un centro de
MENA. (Rumores). Me alegro también de que en sus urbanizaciones no hayan detenido a ningún yihadista como sí ha pasado en algún otro barrio de Almería. (Continúan los rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Yo de verdad que me alegro de corazón de que ustedes no tengan que vivir esa realidad que están viviendo miles de españoles en sus barrios y concretamente además en los barrios de la provincia de la que yo vengo,
de Almería. (Rumores). Señorías, me alegro por ustedes pero hay gente por la que no me puedo alegrar y son los españoles que lo están sufriendo. Observen sin complejos de una vez por todas y afronten este tema con sentido común y observen lo que
está pasando en el resto de Europa, observen lo que está pasando en Bélgica, observen lo que está pasando en Francia, observen lo que está pasando en Suecia. Y vean de una vez por todas cómo el multiculturalismo que ustedes nos han vendido -y
además nos lo han vendido por orden de terceros y en realidad están actuando ustedes de tentáculos de unas grandes élites que quieren imponer este multiculturalismo en Europa- ha fracasado. De verdad ha fracasado y la izquierda además se ha
convertido en eso, se ha convertido en los tentáculos del sistema económico mundial haciendo que el feminismo sea consumo de masas, que el multiculturalismo sea consumo de masas y que el apocalipsis climático sea consumo de masas. Ustedes son los
lacayos de esas grandes élites, por lo tanto no vayan ustedes de lo contrario. De verdad, se les ha acabado el espíritu revolucionario y solo les apelo al sentido común de la gente humilde de este país, de los barrios humildes de este país que
realmente están viviendo estos problemas. (Continúan los rumores).


¿De verdad creen que importar a miles de africanos para ponerlos a de ambular por las calles no iba a aumentar la criminalidad? ¿De verdad creen ustedes que las Islas Canarias ahora mismo y que los ciudadanos que están viviendo en las Islas
Canarias no están viendo este problema con una preocupación absolutamente brutal? (Continúan los rumores). El problema de Canarias y la parsimonia con la que

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usted, con todo el respeto señor ministro, está hablando de que están metiendo a los miles de inmigrantes que han llegado a Canarias, al 500 % de aumento de la inmigración que está sufriendo las Islas Canarias. Y usted habla con parsimonia
de que están metiendo a los inmigrantes ilegales en hoteles, su sistema de acogida van a ser los establecimientos hoteleros para los inmigrantes ilegales que vienen. Cuando los españoles se están empobreciendo, cuando los españoles no tienen acceso
al trabajo, cuando ya tenemos una tasa de pobreza juvenil del 40 %, ¿realmente tenemos que hacer todas estas políticas de inclusión que van a empobrecer más a los nuestros?


Señorías, tienen ustedes un problema con este tema y cuanto antes lo asuman mejor. El otro día un MENA asfixió a una mujer en el barrio del Batán de Madrid, le robaron y le rompieron el audífono. (Continúan los rumores). Tres de cada
cuatro menores detenidos en Madrid son MENA. Aumentan un 600 % los delitos violentos en Casa de Campo tras la apertura del centro de MENA. ¿Cuántos titulares van a pasar ustedes por alto para no darse cuenta de la realidad de la situación que
están viviendo los ciudadanos españoles día a día en sus calles y en sus barrios? Sin embargo, ustedes y algunas élites minoritarias viven muy bien ocultando estos datos realmente. Viven muy bien ocultando y relacionando todos estos datos que a
ustedes les acabo de relatar (continúan los rumores), pero en VOX nos han votado para que digamos esto aunque a ustedes no les guste, por lo tanto lo van a tener que escuchar. Esos 52 diputados a los que se refería la señora Carvalho, que de
criminales se tendrá que ocupar usted de su propio partido y de los que han dado un golpe de Estado en Cataluña y dejar a los demás tranquilos.


Señoría, también han hablado ustedes de que su proyecto, en aquello en que está usted trabajando, señor ministro, su plan para las migraciones en España es aumentar la capacidad de acogida e incrementar los recursos del Estado para la red de
acogida. Es decir, todo su plan -y yo me he quedado muchísimo más tranquila- es que ustedes están trabajando para más invasión y que además la paguen literalmente los españoles. Es decir, que los españoles se van a quedar seguramente muchísimo más
tranquilos y también con que usted solicite financiación al Fondo Europeo de Reconstrucción para seguir pagando lo que ellos están viviendo el día a día en sus calles. Es decir, para seguir pagando...


El señor PRESIDENTE: Señora De Meer, tiene que ir acabando.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Ya voy, señor presidente.


En lugar de reconstruir negocios, en lugar de crear empleo y en lugar de proteger a todos aquellos españoles de los barrios humildes que se han quedado en la calle, ustedes van a pagar más inmigración ilegal.


Pues nada, muchísimas gracias, de verdad.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Meer.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Angulo.


La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente.


Señor Escrivá, le agradecemos su comparecencia pero siento decirle que creo que vivimos en dos países diferentes y me voy a referir al ingreso mínimo vital, la medida estrella del escudo social del Gobierno que es hoy una medida estrellada
y, si me permite, el mejor ejemplo de cómo no deben hacerse nunca las cosas. Tanto es así que ustedes en tres meses han hecho tres modificaciones que además de aumentar el caos, le digo que es una técnica legislativa poco ortodoxa porque este
Parlamento tramita un proyecto de ley dimanante un real decreto que ya no es el que está vigente. Usted nos vendió como un hito la coordinación que habían conseguido entre ministerios, con la Agencia Tributaria, con todo el mundo. Señor ministro,
sé que no es muy bonito decir eso de 'se lo dije', pero es que se lo dijimos: La improvisación y la falta de diálogo con la que ustedes hicieron la norma iba a impedir o retrasar el acceso al ingreso a muchas familias que lo necesitaban con
urgencia, que les iban a crear falsas expectativas e iban a dejar sin nada a muchas familias vulnerables. Ustedes empezaron la casa por el tejado, sin analizar -y hoy lo ha reconocido- las necesidades, los beneficiarios, las dificultades para
acceder a ello, la complejidad administrativa, los recursos humanos y materiales de los que disponían. Y de aquellos barros, estos lodos, señor ministro. Así, ustedes primero prometieron llegar a 5 millones de personas, luego vinieron los recortes
y lo dejaron en 2 850 000 hogares y ahora nos dice que de casi 1 millón de solicitudes hay 91 000 aprobadas. Y ha puesto ahí unos porcentajes, unas tablas que no me cuadran porque yo le pongo un simple ejemplo con información oficial de su
ministerio bien calentita y reciente. Provincia de Badajoz: 13 881 solicitudes; aprobadas, 241; un 1,7 %, señor ministro. Miles de familias en un limbo de papeles y

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retrasos al que ustedes la solución que le dan es aumentar el plazo de retroactividad. Le digo que nadie come ni paga su hipoteca o alquiler con efecto retroactivo y también le digo que tranquiliza muy poco oír al ministro decir como un
éxito que a finales de año tienen previsto llegar al 50 % de solicitudes reconocidas.


Mire, ministro, yo creo que parte de ese fracaso viene precisamente de la soberbia por despreciar a las comunidades autónomas como constantemente hacen, que son las que tienen la experiencia de décadas gestionando las rentas mínimas. Porque
usted nos ha dicho hoy aquí que hubiera sido peor porque tardaron en su momento mucho tiempo en ponerlas en marcha, pero eso hoy no sirve. Llevan décadas pagándolas mensualmente y ellas saben quiénes son los beneficiarios, las dificultades que
presentan, los procedimientos administrativos y saben cómo resolverlo. Y en lugar de coordinarse con ellas en el diseño estableciendo una pasarela, por ejemplo, entre ambas prestaciones, ustedes las ignoraron y tampoco están contando con ellas
ahora para la gestión. Usted las tacha de incapaces, así de que no saben hacer las cosas pero yo le digo que son junto con los ayuntamientos quienes están sosteniendo a esas familias que ustedes han dejado atrás. Son quienes están teniendo que
seguir pagando la rentas mínimas mientras ustedes resuelven el ingreso mínimo vital para evitar que en ese tiempo se queden sin nada o incluso son quienes están complementando el ingreso a las familias que perciben menos con el ingreso que con la
renta autonómica, cosa muy frecuente. Mire, ustedes están dando ingresos mínimos vitales de 20 euros al mes usted. (Muestra un documento). ¿Usted cree que alguien puede vivir, que es un escudo social, con 20 euros al mes, señor ministro?


Para más inri, usted dice ahora que sí, que van a coordinar con las comunidades autónomas para hacer ese traspaso de información de las rentas autonómicas sin que tenga el INSS ni que evaluar esas prestaciones, pero en una de sus
modificaciones dicen que las harán responsables únicas del cobro indebido si esas prestaciones al final resulta que no eran debidas. En fin, creo que aquí ha habido mucha propaganda y poca realidad.


Por lo que he visto, usted retrasa a marzo la creación de los comités de coordinación y la firma de los convenios, pero he oído aquí al portavoz del PNV que con el País Vasco ya se ha firmado -por lo menos esta encomienda- el 1 de
septiembre. Son más listos los vascos y los navarros que los de las demás comunidades autónomas, a quienes usted desprecia y no les transfiere porque no saben hacer las cosas. Me gustaría que nos informara de esto, es decir, sobre si ya se ha
firmado ese convenio que estaba previsto para octubre con País Vasco y Navarra y sobre si piensa firmar esos convenios con el resto de las comunidades autónomas. Si es así, ¿cuándo y en qué condiciones? Leo aquí que se hará a través de un reparto
de fondos ligado a la evaluación de las actuaciones de los firmantes del convenio. Explique eso, señor ministro, a ver en qué va a consistir. Por favor, explíquelo. Creo que es la mejor solución, hablar de este tema con las comunidades autónomas
porque usted mismo nos ha reconocido el enorme trabajo del INSS por el número de prestaciones que gestiona, y nos ha hablado aquí de algunos recursos que se están destinando.


Insisto, ustedes sabían que esto iba a suponer una sobrecarga de trabajo pero, en lugar de empezar a poner los mimbres o los cimientos de la casa, ustedes empezaron por el tejado. Y ya le digo yo que estos mimbres que están poniendo ahora
son claramente insuficientes. También hemos hablado a pie de terreno, a pie de oficina, con trabajadores del INSS. Están saturados, al límite del enorme esfuerzo personal que están haciendo porque ustedes no han reforzado suficientemente el
personal ni los medios, y además están desconcertados con los continuos cambios que están haciendo ustedes en beneficiarios, titulares, unidad de convivencia, requisitos de acceso, acreditación. Es que así es imposible informar a los ciudadanos y
tramitar esto, señor ministro.


Y aquí también me quiero detener para preguntarle ¿hasta dónde van a seguir ustedes modificando el texto cada martes en el Consejo de Ministros? ¿Están ustedes pensando en transformar las características de esta prestación hasta convertirla
prácticamente en una ayuda social? ¿Cómo están diseñando las estrategias de inclusión laboral, las están diseñando solos o piensan hacerlo con las comunidades autónomas? Si el ingreso mínimo vital iba vinculado a la inserción laboral pero usted
nos dice que esto lo harán a partir de marzo del año que viene, ¿qué pasa con todas esas familias que ya lo están recibiendo?


Término. Señor ministro, el Partido Popular le apoyó esta medida para que pudiera servir de ayuda a las familias que de verdad lo estaban pasando mal ahora, pero los datos están dejando patente la incapacidad de gestión de su Gobierno. Su
negativa a colaborar con las comunidades autónomas, unida a la complejidad de los trámites y los continuos cambios normativos está provocando un atasco que está afectando al ingreso y al resto de prestaciones de la Seguridad Social, y esto hay que
resolverlo de

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manera urgente. La gente no come con el autobombo ni la propaganda y la realidad es tozuda, están dejando atrás a miles de familias y, cuidado con la que se avecina, ya que las previsiones económicas de su Gobierno no son buenas. Les
pedimos que reaccionen y ofrezcan lo antes posible soluciones a estas familias y también que abandonen ya esta técnica legislativa de autoenmendarse ustedes mismos porque, señor ministro, esto -permítame que le diga- no va de datos ni de gráficos en
un papel, aquí lo que está en juego es el pan de muchas familias.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Angulo.


Tiene la palabra el señor Ortiz.


El señor ORTIZ GALVÁN: Con flexibilidad, ¿verdad, presidente?


El señor PRESIDENTE: Sí.


El señor ORTIZ GALVÁN: Muchas gracias, presidente.


Señor ministro, el primer objetivo era que usted compareciera y ya lo hemos conseguido desde el Grupo Parlamentario Popular, tras las reiteradas espantadas que usted ha protagonizado. Ahora nos falta el segundo objetivo y el más importante,
que responda a las preguntas que tenemos desde el Grupo Popular, especialmente las relacionadas con una zona de Canarias que está viviendo una difícil situación por el aumento de la inmigración irregular. Queremos conocer los motivos por los cuales
su ministerio, donde están las competencias de migraciones, es un auténtico caos con una nefasta gestión. Y, sí, nefasta gestión, en mayúscula. Sorprende que los dos objetivos que usted ha puesto en su gráfica sean ser más eficaz y más eficiente
en materia de inmigración. Me gustaría que usted, cuando su agenda se lo permita, hablara con la sociedad canaria. Y el ministro de Migraciones, ¿dónde ha estado, ha estado gestionando? No. ¿Ha estado llamando a las alcaldías y a las
presidencias de las comunidades autónomas? No. ¿Ha estado aprobando protocolos de manera coordinada con el resto de ministerios para mejorar la atención a los inmigrantes y también el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? No.
Le deja en muy mal lugar su compañero Grande-Marlaska al reconocer que no se ha aprobado ningún tipo de protocolo en respuesta parlamentaria. (Muestra un escrito). ¿Ha estado usted aprobando fondos económicos para ayudar a los ayuntamientos y
comunidades autónomas? No. ¿Ha estado visitando esos municipios y zonas de España que han estado desbordadas? No. Usted no ha estado, señor ministro. Usted este verano literalmente se ha lavado las manos con los graves problemas que hemos
tenido en materia de migración y, si me permite el símil, con el mismo gesto que Pedro Sánchez se limpió las manos después de saludar a un migrante que estaba por las calles de Madrid. Usted cada vez se parece más a Pedro Sánchez, y lo lamentamos
porque confiábamos mucho en usted, pero de ministro estrella ha pasado usted en tiempo récord a ministro estrellado. Y no lo decimos nosotros, es una realidad hable con quien hable, al señor Escrivá ni está ni se le espera.


¿Conoce usted los problemas que está teniendo Canarias? Ha aumentado la inmigración en este año un 523 % más que el año anterior. Los hoteles canarios están alojando a migrantes por su falta de planificación al no haber previsto espacios.
El muelle de Arguineguín ha tenido este verano escenas tercermundistas, propias de un Gobierno sin respeto a la dignidad de las personas. Las condiciones de acogida a las personas migrantes en Canarias han sido calificadas como hirientes. ¿Y
saben, señorías, quién ha calificado así está acogida? El portavoz del Gobierno de Canarias. Socialista. Pero, es más, es que este mismo señor ha dicho que la atención a los migrantes por parte del Gobierno de España tiene sus días. Días es lo
que no ha tenido usted para visitar Canarias. En agosto, su agenda completa. De vacaciones. En septiembre, su gabinete fija una fecha para visitar Canarias y da plantón, recibiendo usted las críticas del mismísimo presidente de Canarias, del
Partido Socialista Obrero Español. Para que usted vea que no solamente discrepamos de usted en el Grupo Popular sino que también lo hacen compañeros de su partido; algo inaudito, señor Escrivá, que solo usted ha conseguido. Pero es que vamos a
más, la respuesta que usted ha dado a este vergonzoso plantón -no al presidente de Canarias sino al pueblo canario- es que usted irá a Canarias cuando tenga una agenda suficientemente holgada. Sí, sí, han escuchado bien, 'suficientemente holgada y
con suficientes días para ver los planteamientos en soluciones habitacionales que estamos buscando'. Cierro comillas. Lo dice el señor ministro Escrivá. Señor Escrivá, estos días de vacaciones en Valencia -por cierto, sin mascarillas-, donde
compartió usted un agradable almuerzo con el presidente de la Generalitat Valenciana y el ministro Duque junto a

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otros cargos socialistas, ¿no eran buenos para visitar Canarias? Señor Escrivá, ¿cuándo va a ir usted a Canarias?, ¿cuándo va a aportar soluciones a Canarias, cuando llegue el invierno y no hagan falta las soluciones habitacionales? Este
verano era cuando Canarias, cuando el pueblo canario, necesitaba las soluciones, era este verano, cuando el pueblo canario necesitaba el calor y el apoyo del ministro, y lo único que han hecho han sido llamadas a la calma por parte de la secretaria
de Estado de Migraciones, repito, llamadas a la calma.


Y, al igual que Canarias, Ceuta y Melilla. En Melilla las condiciones de salubridad con las que están acogidos los migrantes en la plaza de toros son indignas de un Gobierno que trabaja por las personas. Pero es que en Melilla en la
actualidad -le invito a que vaya, nosotros hemos ido- pueden ver cómo en el puerto de Melilla grupos organizados de migrantes están asaltando barcos para acceder a nuestro país. Y así en muchas más zonas de España.


Voy acabando, presidente. En Almería, por darle un dato, el alcalde tuvo que lanzar un SOS porque el Gobierno dejó literalmente a los inmigrantes por las calles, cuando tenían que estar guardando cuarentena al haber dado algunos positivo en
COVID. Respecto al coronavirus, cero planificación. Este verano ha sido más complicado y, como ha dicho mi compañera Teresa Angulo, se lo dijimos, se lo advertimos en pleno estado de alarma, que íbamos a vivir un verano complicado. Y ante eso,
cero planificación. ¿Cuál ha sido la respuesta? Que lo hagan las comunidades autónomas. Esa es la respuesta y ese es el resumen de su intervención: todo es culpa de las comunidades autónomas. Parece que usted no tiene competencias, cuando es el
responsable en materia de migración. La izquierda lo vuelve a hacer, llena de paro España; lo vuelve a hacer: ella invita, pero el resto de los españoles pagamos.


Aquí hemos escuchado hablar mucho de solidaridad y de atención a los inmigrantes, y es bueno. Claro que sí, son personas que necesitan de nuestro apoyo y de nuestro consuelo, pero una inmigración regular. Lo que todavía no he visto es a
ninguno de esta izquierda, que da lecciones a los demás, acoger a refugiados en sus casas. A ninguno lo he visto cuando hay ONG haciendo llamadas de que hay que acoger a refugiados.


El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, por favor.


El señor ORTIZ GALVÁN: Aquí hay muchas lecciones, muchos golpes en el pecho, pero no predican con el ejemplo.


En definitiva -y acabo, señor presidente- ¿cuál es la estrategia migratoria del Gobierno de España? Tenemos una magnífica oportunidad ante el nuevo pacto europeo de inmigración que quiere poner fin a la inmigración irregular y apostar por
la inmigración regular y ordenada por la que apuesta el Grupo Popular, pero tampoco estáis de acuerdo.


Con esto acabo. Me gustaría saber cuál es la posición de España ante el nuevo pacto europeo. Nos preocupa, sobre todo, cuando el presidente Sánchez ha citado en Moncloa a los ministros con competencias para fijar la posición, y nos
preocupa porque de Moncloa fue de donde salió el Aquarius y, con ello, el efecto llamada que se produjo en España. En Moncloa esa estrategia nació de Pablo Iglesias, quien espero y confío que dimita en las próximas horas después de haber sido
citado por el Tribunal Supremo por denuncia falsa, y espero que predique con el ejemplo, después de tantas lecciones que han dado. Son muchas preguntas y esperamos su respuesta.


Gracias, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, primero, la señora Baños.


La señora BAÑOS RUIZ: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías. Gracias, señor ministro, por su comparecencia. Voy a centrarme en hablar del bloque de lo que ya ha comentado el señor ministro, del ingreso mínimo vital, y voy a empezar pidiendo que nos felicitemos un poco y no
vayamos hablando tanto de números de esa manera tan alegre como lo hacen algunas de sus señorías aquí presentes, y que seamos conscientes de que detrás de cada uno de esos números que manejan a su manera estamos hablando realmente de personas. Ha
hablado de que son más de 800 000 los expedientes vivos que hay en el ministerio, de los que ya se han gestionado 320 000, es decir casi un 40 % de los que han entrado. El ingreso mínimo vital ya ha llegado a 91 000 familias y cuando hablamos del
concepto de familias, en plural, incluimos en el mismo distintas formas de vivir, distintas circunstancias, distintas casuísticas, distintas composiciones, pero sobre todo

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estamos hablando de más de 280 000 a las personas que, con un programa continuado, podremos sacar de la pobreza. Y ese es nuestro logro, señorías; ese es el logro de una política que echó a caminar solo hace tres o cuatro meses. Hablamos
de dignificar la vida de un cuarto de millón de personas. El Ministerio de Inclusión ha duplicado el gasto en programas de inclusión social, pasando de los 1500 millones de euros que invertían todas las comunidades autónomas juntas a 3000 millones
que invierte el Gobierno central. Si sumamos todas estas inversiones, estamos hablando de 4500 millones. Me tendrán que reconocer sus señorías aquí presentes que el empeño de este Gobierno es sacar de la pobreza a los ciudadanos y ciudadanas que
peor lo están pasando en el peor momento de la historia reciente de nuestro país. Se pretende, así, multiplicar por cuatro el número de beneficiarios y llegar casi a 700 000 familias, y no traspasando beneficiarios, como se ha dicho por parte de
algún representante esta mañana. Es un objetivo realista, hay que decirlo, pero también comprometido; idealista para acabar con una brecha económica que divide generaciones y vecinos, y comprometido, como bien ha señalado el ministro Escrivá en
varias ocasiones, para acabar con las desigualdades entre comunidades autónomas. Ahora bien, este compromiso también tiene que venir acompañado de una unidad de todas las administraciones y ahora más adelante explicaré qué quiero decir con este
tema.


Señorías, desde junio se ha recibido más de 900 000 solicitudes, casi las mismas a las que se pretende llegar cuando se haya implantado la medida. Son los mismos expedientes de pensiones que se tramitan en el INSS en un año y se han
recibido en solo tres meses. Me tendrán que reconocer sus señorías que la tarea y labor de los funcionarios y técnicos que han estado trabajando en el ingreso mínimo vital ha sido encomiable, y no estar diciendo que no saben cómo se ha producido
ese colapso. En tres meses han tenido que tramitar lo que se tramita en un año y con un expediente completamente nuevo, aparte de todos los ERTE y todas las ayudas a los autónomos. A veces parece que estamos hablando de realidades completamente
distintas, pero ustedes son capaces de darse cuenta de la importancia de los expedientes que han llegado y que tienen que estar haciéndolo las mismas personas, con las limitaciones de una crisis.


Desde nuestro Grupo Parlamentario Socialista queremos mandar un reconocimiento a todas estas personas que han trabajado de esta forma encomiable para que la ayuda saliera adelante. Y cierto es -somos conocedores de ello- que no todo sale a
la primera y que la puesta en marcha de un derecho histórico necesita una respuesta histórica. El ministerio ha estado desarrollando todo tipo de verificaciones y mejoras desde el primer momento. Algunos pensarán, a lo mejor, como también se oye
aquí, que esto es una mala gestión, pero ¿saben lo que es una mala gestión? Llevar adelante políticas sobre un escenario fijo que no asume las modificaciones de un contexto tan variable como el actual. Ante esta acuciante necesidad de tantas
personas, se han puesto en marcha numerosas medidas, las cuales ha comentado ya el ministro. Se ha ampliado su cobertura; se han considerado nuevas situaciones de definición de domicilio; ha primado la agilización del procedimiento adoptando
medidas como la utilización de software. Pero me gustaría señalar, porque ha habido alguna señoría que lo ha comentado en varias ocasiones -parece que ustedes no han terminado de leer bien el texto-, el tema de la pobreza sobrevenida.


En el año 2020 también se ha modificado en el real decreto que se aprobó la semana pasada. Lo digo porque lo han comentado ustedes y a lo mejor no se lo han leído; eso ha entrado dentro de las modificaciones que se han hecho. Incluso se
ha generado un procedimiento de inadmisión rápida si no se cumplen los criterios de vulnerabilidad económica. En definitiva, una reevaluación continua de una política nueva que tiene que llegar a quien tiene que llegar, y para esto es necesario ir
evaluándola de forma constante.


Además de todo lo que estamos haciendo, no nos engañemos, porque no es oro todo lo que reluce aquí. El compromiso del Grupo Socialista es incuestionable con respecto al compromiso social y a la ampliación lo máximo posible de esta
prestación, pero no se puede decir lo mismo, señorías del Partido Popular, de los Gobiernos autonómicos que está liderados por ustedes. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular están demostrando ser malas gestoras y bloqueadores
del ingreso mínimo vital. En la mayoría de estas comunidades de los Gobiernos del Partido Popular -lo digo por la coordinación que ustedes pedían, ese modelo de coordinarnos con ese diseño-, ustedes han obligado a la ciudadanía a solicitar el
ingreso mínimo vital con la amenaza encubierta de quitarles la renta mínima de la comunidad autónoma. Por poner un ejemplo, en el diseño en el que había que coordinarse con las comunidades autónomas, la noticia de El Diario: La Xunta de Galicia
regula su renta de inclusión social

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con tres años y medio de retraso. (Mostrando un recorte de prensa). ¿Nos esperamos tres años y medio para ponernos en coordinación con ellos, por ejemplo?


Para muestra un botón. Yo soy de la Región de Murcia. En la Región de Murcia no estamos gobernando nosotros, aunque hayamos ganado las elecciones. ¿Saben, señorías, cuánto tiempo tardó el Partido Popular de la Región de Murcia en aprobar
el reglamento de renta mínima? Diez años; noticia de Onda Cero (muestra un recorte de prensa). ¿Quieren que nos esperemos diez años para organizarnos con el buen diseño de las comunidades autónomas?


¿Conocen sus señorías del Partido Popular el carácter de complementariedad que tiene el ingreso mínimo con respecto a las rentas básicas autonómicas? Espero que sí lo conozcan. Pues la comunidad autónoma de mi región mandó a los
beneficiarios de la escuálida renta mínima una carta en la que se obligaba a los beneficiarios a pedir el ingreso mínimo y los expulsaba de la renta autonómica. Por tanto, basta ya de dar lecciones de la buena gestión que han hecho con su renta
mínima en las comunidades autónomas donde ustedes están gobernando. Y es que el modus operandi del Partido Popular no es aislado en mi región; ya lo hemos visto con la gestión de la pandemia y el desgobierno de Madrid, coordinado con Galicia o
Andalucía. Ellos votan en contra anteponiendo la estrategia partidista de Génova a las vidas y la salud de la ciudadanía. Pues con el ingreso mínimo vital han hecho ustedes absolutamente lo mismo, porque los plazos que han dado ustedes en las
comunidades autónomas donde gobiernan para la presentación de documentación han sido irrisorios. En Castilla y León, un mes, pero es que en la Comunidad de Madrid el plazo que dieron fue de diez días, señorías del Partido Popular. (Muestra un
papel).


Aparte de bloquear la renovación de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, ¿van a bloquear también el Instituto Nacional de la Seguridad Social, señorías del Partido Popular?
¿Saben ustedes lo que significan estos plazos? Que las personas que más lo necesitan se quedan sin ningún tipo de prestación.


Ya les dije en mi anterior intervención en presencia del ministro que los políticos tenemos que hacer algo útil para la ciudadanía, que es para eso para lo que nos han elegido. Debería ser obligatorio, como les dije, para cualquier
representante público; para nosotros también. A todos los grupos les digo que en la tramitación parlamentaria les emplazo a la unidad, porque la gestión lo requiere, las familias lo necesitan, la economía lo exige y la democracia de verdad que lo
anhela.


Dejen de bloquear por bloquear, nuestro país ya no aguantará mucho más. Reconozcamos la importancia de poner en valor un sistema así y coordinemos, por favor, a las administraciones que tienen responsabilidades. Es cuestión de todos, de
nosotros los primeros.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Baños.


Tiene la palabra el señor Diouf.


El señor DIOUF DIOH: Buenas tardes, señor ministro, señor presidente.


Hoy es el Día Internacional del Trabajo Digno. Medidas como ampliar la autorización de residencia y de trabajo de dos años, renovable por otros dos, para aquellos jóvenes extranjeros de terceros países que se acogieron al Real Decreto de
agricultura, dignifican el trabajo y evitan los empleos carentes de seguridad. Le agradezco, señor ministro, esta comparecencia, ya que la información que hemos recibido del ministerio nos da una visión clara de lo que se ha venido haciendo, y del
programa de acción futura del ministerio en materia migratoria. Sabemos que la situación en la que nos encontramos es una situación difícil porque somos frontera sur de Europa, pero también por la emergencia sanitaria, como consecuencia de la
COVID, que se refleja en los flujos migratorios.


En relación con las medidas a las que se refiere el Grupo Parlamentario VOX y el Partido Popular, quiero puntualizar que no hay una llegada masiva en el conjunto del territorio -península, Baleares, Ceuta y Melilla-, la entrada de
inmigrantes ha disminuido en un 54 % en relación con el año pasado, excepto en Canarias donde el incremento, sí que es cierto, ha sido exponencial, pero el cómputo total nos arroja cifras negativas en relación con el año anterior, un 17 % menos que
en 2019. No son datos míos, lo podéis verificar en la página del Ministerio del Interior, y no en las inventadas por la ultraderecha. Estos datos son fruto de muchos esfuerzos, como operaciones conjuntas con países africanos y europeos en la lucha
contra la trata y contra las redes de tráfico de personas. Además está la participación del presidente en la Cumbre del G5 Sahel que tuvo lugar en Mauritania y el viaje de esta semana a Argelia para reafirmar

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el compromiso del Gobierno de España con la zona. También he de recalcar la visita del ministro de Interior junto con la comisaria de Asuntos de Interior de la Unión Europea.


Después del desmantelamiento de las redes de acogida que puso en marcha el Partido Socialista, con la llegada de más de 31 000 personas en 2006, a finales de 2019, se contaba en Canarias con apenas cien plazas de acogida de emergencia; hoy,
y lo hemos visto en la intervención del ministro, disponemos de más de 2600 plazas, un total de 3450 plazas de emergencia en España; la creación en Canarias de 700 plazas en la última quincena de agosto; la habilitación de un centro de inmigración
propio y, además, se está trabajando en otros dos centros de gestión propia en otras islas del archipiélago.


Se ha hablado del turismo. La Federación de Hostelería y Turismo Local, junto a Cruz Roja y la Delegación del Gobierno, coordinó un operativo ante la saturación de la red de acogida que ha permitido, también hay que decirlo, la reactivación
del sector económico en la zona sur de Canarias. Además de todos los instrumentos con los que se cuenta, desde aquí quiero mostrar mi agradecimiento, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a Salvamento Marítimo; a las diferentes
organizaciones no gubernamentales, a las que muchas veces la ultraderecha insulta, que atienden en primera línea a estas personas que llegan en estado de emergencia humanitaria; a los Gobiernos autonómicos; a las instituciones locales y a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


Queda demostrado con esta comparecencia, señor ministro, que este Gobierno tiene un plan de choque, que trabaja de forma coordinada tanto a nivel internacional y europeo como a nivel nacional y autonómico, incluyendo el trabajo que se hace y
la cercanía con los Ministerios de Asuntos Exteriores, Interior, Política Territorial, Fomento y este mismo ministerio, junto con la secretaría de Estado, para disponer de los medios necesarios para atender y adecuar la llegada de personas
inmigrantes en situación administrativa irregular pero, sobre todo, anteponiendo los valores y los derechos humanos. Eso demuestra que estamos todos, menos la derecha y la ultraderecha.


Voy terminando. Solo puedo decir que Canarias demuestra que es un pueblo solidario, así que, por favor, no entren en el laberinto de las falsas noticias, los bulos y los fake, señorías de VOX y del PP. Me temo que vais a seguir instalados
en la micropolítica mientras que el Gobierno de España y el país siguen avanzando. Señora De Meer, ¿le suena el FAMI? Me imagino que no, es el Fondo de Asilo, Migración e Integración, es decir, fondos europeos con los que se está atendiendo a la
población inmigrante en toda Europa en temas de emergencia. El titular de tu canción de verano es África, ¿verdad?: 'África no cabe dentro de España'... Te voy a decir una cosa, y lo podrás comprobar: los africanos son los que menos están y
entran en España. Entérate. ¿Y en cuanto a la cuna de la humanidad? Yo creo que deberías rebuscar de qué continente puede usted hablar.


Concluyo. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista y personas de bien, seguro que desde cualquier espacio y foro de que se trate defenderemos la realidad inmigratoria desde el respeto y la humanidad que le corresponde. Estamos hablando
de vidas humanas, de situaciones dramáticas; desgraciadamente muchas de ellas no consiguen llegar, como bien sabemos.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diouf.


Tiene ahora la palabra el señor ministro, señor Escrivá.


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Voy a empezar por el señor Ruiz de Pinedo. Sobre los CIE, es competencia del Ministerio del Interior; ya sabe que son centros que requieren la autorización
de un juez para que se pueda internar allí a una persona hasta que se le retorna al país de origen dentro de los acuerdos, por tanto, está muy tasado judicialmente el uso que se hace de los CIE y claramente vinculado a una política de retorno. En
muchas de estas cosas de las que estamos hablando tenemos un marco europeo que nos constriñe y nos determina. Hay iniciativas a nivel europeo que se han materializado en la propuesta de la Comisión Europea que estamos discutiendo y negociando con
la Comisión. En alguna de las supuestas espantadas a las que se refería el señor diputado yo estaba en Bruselas negociando con el comisario Schinas o con la comisaria Johansson temas de migración y coincidía con una comparecencia parlamentaria.
Como suele ser lo habitual en todos los Gobiernos, si hay un requerimiento de viaje a Bruselas se retrasa una semana. Eso es una espantada, ese es el tipo de lenguaje que utiliza usted, pero justamente estaba viendo -me he acordado ahora-la
problemática que nos trae el nuevo marco que viene de la Comisión, que no va a ir precisamente -me da la sensación, y nosotros estamos contraponiendo- en la dirección de reducir las necesidades de confinamiento de las llegadas en costa en
determinadas circunstancias.

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Tendremos que ver cómo nos afecta. Esto no es algo que decida España unilateralmente, sino que hay un marco europeo que te plantea exigencias de cómo gestionar la llegada en costa y todo lo que tiene que ver con las políticas de retorno.
Nosotros podemos estar en desacuerdo con algunas de las líneas dominantes en Europa, pero estamos en el área en la que estamos y tenemos que respetarlo.


Sobre la coordinación del sistema de asilo, yo creo que aquí tenemos trabajo pendiente en España, y estoy de acuerdo, un modelo de trabajo conjunto con las comunidades autónomas. Yo creo que es así y nosotros, la secretaria de Estado y yo
mismo, hemos conversado ya con varias comunidades autónomas, aunque necesitemos dar forma al modelo y al sistema de financiación. Pero nosotros estamos absolutamente convencidos de que es algo en lo que tenemos que trabajar entre los distintos
niveles de las administraciones públicas. Me ha planteado también varias cuestiones sobre el ingreso mínimo vital. Yo quiero decirle que -con eso respondo a alguna pregunta más- en el ingreso mínimo vital está contemplado expresamente poder
recibirlo si se produce una caída significativa de ingresos en el año 2020. De hecho, aproximadamente un 20 % de las solicitudes contemplan esta situación. Esto requiere, obviamente, una cierta verificación no con datos fiscales cerrados, sino con
datos más incompletos y con datos de cotizaciones sociales; es una opción que existe y que está ya abierta, pero podemos mejorar. Aprovecho porque algunas de las cuestiones que usted me ha planteado pueden ser motivo de mejora en el real
decreto-ley que está en trámite parlamentario, pero algunas otras sí que ya están, por ejemplo, en el caso de las parejas de hecho, que si están registradas no se requieren los dos años de convivencia y, si tienen hijos, tampoco. Podemos ir un poco
más allá, pero esa es una situación que ya tenemos contemplada.


Ha planteado el caso de las personas sin techo. Las personas sin techo sí tienen derecho al ingreso mínimo vital; el problema está en que, aunque los ayuntamientos estén obligados a empadronarles, en algunos casos desgraciadamente, se
resisten a hacerlo. Es algo que nos supera y, probablemente en un trabajo en el futuro más directo con los ayuntamientos, podríamos incluirlo, pero va a depender, en última instancia, de que un ayuntamiento cumpla su obligación de empadronar a
todas las personas que estén en su municipio, ya que es la obligación que tienen. Hay algún punto adicional del que he tomado nota y que lo iremos viendo en el contexto de la mejora en el trámite parlamentario.


Continúo con las cuestiones del señor Íñigo Barandiaran. Respeto a las empresas, se refería más al caso aeronáutico. En principio sí están acogidas, es decir, dependerá de ver su situación, pero si su dependencia de facturación de sectores
que están en una situación de ERTE es muy grande, aunque ellos no estén directamente, por vinculación podrán estar. Será cosa de verlo. Pensamos que en la norma están contempladas prácticamente todas las situaciones que puedan generar esta
situación, pero no le puedo decir. En lo que se refiere a la vinculación a sectores en ERTE, en este caso sería una vinculación por la vía de las compañías aéreas que, por supuesto, están protegidas, por lo que entiendo que debería. Cada autoridad
laboral en cada comunidad autónoma tiene que evaluar estas situaciones, pero yo entiendo que nosotros, al menos conceptualmente, hemos contemplado el asunto. Me ha hablado de la incertidumbre de cara a la prestación en el mes de enero. Yo, en
ningún caso, lo vería así, lo hemos explicado muchas veces; es decir, el hecho de que nosotros estemos tomando ventanas de tres o cuatro meses -y, además, los agentes sociales están de acuerdo en hacerlo así- es para darnos flexibilidad a la hora
de ir ajustando la prestación a las situaciones tan cambiantes que nos genera la pandemia. Ahora mismo, efectivamente, tenemos la nueva situación de los ERTE de rebrote y hemos ajustado, y tenemos la situación sobrevenida desde el verano como
resultado de las cuarentenas británicas y otras que nos han llevado a proteger más a otros sectores. Yo creo que la palabra clave aquí es flexibilidad, y capacidad para readaptarse a las nuevas circunstancias que te va gestionando un entorno muy
cambiante y complicado. Estas ventanas de tres o cuatro meses nos están permitiendo trabajar flexiblemente, pero, al mismo tiempo, es evidente que nosotros cuando estemos cerca del final de este periodo vamos a reevaluar la situación -lo sabe todo
el mundo y se lo hemos transmitido a los agentes sociales- e iremos readaptando y creando nuevas prestaciones en la medida que sea necesarias. Va a depender mucho de cuándo esté la vacuna, de cuándo se vaya desplegando -que es un elemento también
de gestión incierta- y de cómo va a afectar eso a las actividades económicas. En ningún caso, debe pensarse que esta forma de gestionar cada tres o cuatro meses está pensada para generar incertidumbre, sino más bien para dar respuestas muy precisas
en cada una de las circunstancias. Eso es lo que hemos aclarado siempre.


Sobre el ingreso mínimo vital, me ha preguntado por la encomienda de gestión del País Vasco y Navarra, que está en la norma, y que tiene que ver con el hecho de que el cruce con renta y patrimonio

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-que en el caso de la renta se puede hacer con la Agencia Tributaria-, en el caso de Navarra y el País Vasco no es así, porque tienen sus haciendas forales y, por lo tanto, hay que buscar una fórmula -y en eso se ha trabajado- para que el
cruce se pueda hacer con las agencias forales, que es en lo que estamos trabajando. Esa es la singularidad que tienen el País Vasco y Navarra por su Régimen Foral y es la que nos ha llevado a adelantar una encomienda de gestión, un régimen
competencial diferenciado que, entiendo yo, se está ya discutiendo, y estamos colaborando con el Ministerio de Administración Territorial que es el competente. Yo creo que ahí seguro que nos vamos a poner de acuerdo porque hay mucha sintonía en
cómo abordar esta problemática.


Sin embargo, ahora que hablamos de las comunidades autónomas voy a hacer una reflexión de carácter general porque ha salido mucho esto de las comunidades autónomas y que no colaboramos en distintas intervenciones. Para que vean ustedes, en
cuanto al proceso previo a desarrollar del ingreso mínimo vital, yo personalmente me reuní al menos dos veces con cada uno de los consejeros. Tuvimos en cuenta todas sus observaciones. El diseño final, con el modelo en el cual nosotros hacemos un
nivel mínimo y después las comunidades autónomas complementan, salió a petición de las comunidades autónomas y reajustamos el modelo. Tenemos hasta tres protocolos distintos. Hay grupos de trabajo con cada una de las comunidades autónomas.


A los que ustedes hayan oído decir que no colaboramos con las comunidades autónomas, simplemente desconocen completamente nuestra vida diaria y la de los funcionarios de la Seguridad Social y de la Secretaría General de Inclusión, que están
todos los días hablando y buscando soluciones con cada una de las comunidades autónomas. Porque aquí hay diecisiete rentas mínimas distintas, con sus peculiaridades, y ver cómo casan y cómo se ajustan a la nuestra es de una complejidad
considerable. Por eso nosotros planteamos originariamente a las comunidades un modelo distinto y prefirieron esto. Luego, de las cosas que he oído esta me parece verdaderamente sangrante. Todas las observaciones que se han hecho aquí hoy en
referencia a que no estamos trabajando, colaborando y buscando soluciones con las comunidades autónomas no responden en absoluto a la realidad y, además, son extraordinariamente injustas con todos los funcionarios que están trabajando día a día en
cada uno de los grupos de trabajo con las comunidades autónomas. Esto de hablar de oídas aquí anecdóticamente y denigrar a los funcionarios me resulta muy doloroso oírlo, de verdad, porque no saben ustedes de lo que están hablando cuando dicen que
no trabajamos con las comunidades autónomas. Estamos en grupos de trabajo continuos buscando soluciones con cada una de las comunidades autónomas. Hay muchas que colaboran, algunas colaboran menos, algunas colaboran a ratos, pero no tengan ustedes
ninguna duda de que intentamos trabajar con todas las comunidades autónomas buscando las soluciones. Todas las insinuaciones que se han hecho aquí son falsas, simplemente falsas (rumores) y, además, no probadas. Todo es: bueno, me suena, he oído,
digo... Pues yo ante la especulación devuelvo datos. En la próxima comparecencia les presentaré una lista concreta de cada una de las acciones que hemos hecho con cada una de las comunidades autónomas (rumores.-Aplausos), con cuántos nos hemos
reunido, con cuántas personas hemos hablado y en qué punto está la negociación con cada comunidad autónoma. Esa es la forma de hablar, lo demás no sé lo que es y prefiero no calificarlo. (Rumores). Pero es que, de verdad, hay que tener un punto
de rigor en las cosas, un punto de rigor. Hemos tenido intervenciones sin ningún rigor, basadas en ningún dato, en especulaciones, en lectura de periódicos, en no sé... A mí me resulta muy difícil, de verdad, contestar a algunas de las preguntas
cuando son tan elusivas y tan poco basadas en la realidad que vivimos nosotros en cada momento. Esto me lleva al tema de las comunidades autónomas y, ya que estamos, voy a dedicarles un tiempo, porque claro que nosotros queremos trabajar con las
comunidades autónomas. Lo que pasa es que las comunidades autónomas -y los ayuntamientos en su caso- son las competentes en las políticas de inclusión e integración y, por supuesto, al final en las políticas de inclusión e integración se trabajará
con ellas, pero, evidentemente, desde el principio. ¿Qué quiere, que empecemos a trabajar ya cuando no tenemos todavía ni siquiera definidos...? De verdad, yo he oído, sobre todo en el caso de la señora Ángulo, su presentación y mostraba una falta
de conocimiento de los procedimientos administrativos que a mí me sorprende extraordinariamente. Mire, usted, las comunidades autónomas, cojamos ¿cuál?, ¿Madrid?, ¿Galicia?, por ejemplo, alguna de estas, ¿usted sabe cuánto tardaron en poner en
marcha el ingreso mínimo vital, las rentas mínimas, desde el primer momento en que empezaron? Yo tengo aquí los gráficos. Mire, Galicia empezó con nada y quince años después llegó a 5000 rentas mínimas; tardó quince años, después empezó a subir
más; tardó quince años. ¿Usted sabe lo que tarda Galicia hoy...? (Rumores). ¿Usted sabe lo que tarda Galicia hoy...? (La señora Ángulo Romero pronuncia palabras que no se perciben). No, no; no me interrumpa...

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El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, no interrumpan.


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): No me interrumpa, porque va a oír los datos, frente a sus especulaciones va a oír mis datos. (Rumores.-Aplausos). ¿Cuánto tarda Galicia hoy en procesar el
ingreso mínimo vital veinticinco años después? (La señora Ángulo Romero: ¿El ingreso mínimo vital gallego?). El ingreso mínimo vital gallego, la Risga gallega, ¿cuánto tarda? ¿Usted se atreve a decirme algún número? Se lo voy a decir yo:
ciento cuarenta y cinco días, veinte años después. (La señora Ángulo Romero: Ustedes llevan meses y no lo hacen). Pero es que tengo aquí a Madrid... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, escuchen al ministro.


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Claro, que ustedes, tres meses después de arrancar una prestación nacional, empiecen a decir esas cosas cuando la realidad autonómica, por la complejidad que
conlleva de años, años y años para arrancar una prestación, y que a día de hoy todavía se tarden muchos meses cuando prácticamente es ya simplemente de mantenimiento de la prestación, ¡que se tarden cuatro meses en reconocer una prestación, es que
no puede ser, no puede ser! Para poder comparar una cosa con otra y saber lo que es la capacidad de gestión de la Seguridad Social hay una información que creo que ayuda muchísimo, que es: tenemos pensiones no contributivas y pensiones
contributivas; las pensiones contributivas las paga y las reconoce la Seguridad Social. La Seguridad Social reconoce en trece días de promedio cualquier pensión en España y la paga dentro de un mes. Las no contributivas, transferidas
probablemente sin condicionalidad -yo lo hubiera hecho de forma distinta porque lo pagamos nosotros de los Presupuestos Generales del Estado-, las gestionan las comunidades autónomas; son iguales, pero entre contributivas y no contributivas, ¿sabe
usted cuánto tardan en promedio las comunidades autónomas en reconocer una pensión no contributiva en España? ¿Cuánto? Cuatro meses, tardan cuatro meses, ¡tardan cuatro meses! (Rumores.-La señora Ángulo Romero: No sé para qué quieren que
colaboren las comunidades autónomas si las está poniendo verdes. ¿Para qué?).


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor. Señora Ángulo.


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Tardan cuatro meses frente a trece días de la Seguridad Social. Por tanto, cuando trabajemos con las comunidades autónomas, y estamos trabajando con ellas,
tenemos que asegurarnos que no pase lo que ha pasado con las pensiones no contributivas, que se transfirieron en los años noventa, no se estableció ninguna condicionalidad y hoy, si tienes la desgracia de tener una pensión no contributiva, tardas
cuatro meses en tenerla reconocida; si entras por la Seguridad Social, trece días. ¿Por qué? Porque el presupuesto está donde está y la gestión está donde está, no están bien alineados los incentivos. En las comunidades autónomas con las que
estamos en más avanzado estado de conversación, por ejemplo con Baleares o con Valencia, claro que vamos a hacer un modelo muy distinto del pasado donde se les exijan estándares de gestión mínimos, porque lo que no queremos nadie es soltar las
prestaciones y no asegurar que los estándares de gestión y de resolución sean los mejores, porque se lo merecen los beneficiarios del ingreso mínimo vital, como se lo merecen también las personas que tienen pensión no contributiva y tardan cuatro
meses en recibirla en España de promedio a día de hoy, cuatro meses. Por eso no queremos hacerlo así, no lo vamos a hacer como en el pasado; lo vamos a hacer en condiciones con los mejores estándares, y vamos a empezar con cada una de las
comunidades autónomas que esté disponible a discutir con ellas y con aquellas comunidades -que estamos viendo que hay muchas- dispuestas a tener estándares altos, poner recursos y compartir con nosotros la prestación, no tendremos ningún problema.


Por otro lado, también hay que ver cuál es la actitud que está teniendo cada comunidad autónoma a la hora de modificar su norma, y aquí estamos viendo comportamientos muy distintos. Las comunidades autónomas que realmente han entendido lo
que es el ingreso mínimo vital y que entienden que su norma debe ser complementaria han modificado su norma para coordinarla bien con la nuestra, de tal forma que eso va a facilitar lo que sería -digamos- una ventanilla única, que tiene sentido si
tenemos unos buenos métodos de gestión integrados entre la Seguridad Social y la comunidad autónoma, para que los potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital acudan a la ventanilla y en un caso serán beneficiarios de nuestra renta mínima o lo
serán de la autonómica, que debería ser complementaria, por ejemplo, para

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situaciones que nosotros no cubrimos. Hay algunas comunidades que ya han modificado la norma, con lo cual vamos a poder trabajar muy bien con ellas. Hay otras comunidades que no, no creen en el ingreso mínimo vital, no creen en la última
renta de protección de rentas y es muy fácil comprobar lo bajas que son las prestaciones -lo ha dicho aquí la diputada- en esas comunidades autónomas ¡si es fácil saber quién no estaba interesado!: aquellas comunidades autónomas que tenían rentas
mínimas realmente muy bajas de prestación cuando la competencia era solo suya, con una gestión administrativa compleja o con listas de espera importantes, no estaban interesadas; eso es lo que está pasando ahora y ahí estamos.


Ya que estoy hablando de esto, que nos empiecen a hablar ahora ustedes del ingreso mínimo vital cuando la Comisión Europea y el Consejo Europeo llevan pidiendo a España desde el año 2014 cada año: pongan un ingreso mínimo vital... España
no tiene una red nacional de protección estructural, esto es lo que le lleva pidiendo la Comisión Europea y el Consejo Europeo; entre las cuatro o cinco recomendaciones más importantes que han estado haciendo a España en los últimos cinco años, la
única que se ha repetido todos los años para España desde el año 2014 es la del ingreso mínimo vital como un mínimo nacional. Oír todo esto ahora cuando ustedes han tenido el Gobierno y han estado cinco años sin hacer nada ni responder a la
exigencia europea, es tremendo. (Rumores). En cuanto nosotros hemos podido, lo hemos puesto en marcha, y lo hemos hecho en medio de una pandemia.


Esa es una cuestión que se ha planteado varias veces, aquí surgen dos debates que me parecen interesantes y legítimos en cualquier caso. Uno es: hagan ustedes una prestación temporal y acotada a la pandemia, pero ¿cómo identificamos
realmente a los más vulnerables? Esto no es una cosa fácil; es decir, si fuera fácil, tendríamos ya rentas autonómicas perfectamente funcionando. Por ejemplo, me consta que Esquerra Republicana de Cataluña realmente estaba muy interesada en poner
una renta autonómica en Cataluña, lo ha dicho la señora Dantas; y también tengo los datos de Cataluña, del ritmo al que han ido. Y, como me decía usted a mí: Tenemos margen de mejora (risas), porque la cosa cuesta hacerla. Porque, si lo quiere
hacer uno bien, si quiere realmente evitar que haya fraude, quiere evitar que el dinero vaya..., es planteable porque es un problema de legitimación, que se sigan procedimientos administrativos mínimamente rigurosos pero al mismo tiempo flexibles,
esto no es fácil. Si hubiera sido fácil, alguien lo hubiera hecho antes y lo hubiera puesto en marcha. Por tanto, sabíamos perfectamente que este era un reto enorme y es un reto con el que seguimos comprometidos.


Ahora bien, cuando vayan pasando los meses y nos vayamos acercando a los 2,5 millones de personas que se van a ver beneficiadas del ingreso mínimo vital, yo les tendré que recordar sus palabras a todos los que están aquí o a algunos de los
que están aquí y que decidan qué pasa con toda esa gente. Porque esa gente, por ejemplo, los que lleguen hasta final de año, por primera vez en España van a recibir una renta mínima vital, y la van a recibir más de dos millones de personas, 800 000
hogares, yo creo que este año llegaremos en torno a los 500 000 o algunos más a final de año, al ritmo con las previsiones que estamos haciendo, y eso quiere decir que por primera vez, en medio además de una crisis, vamos a tener protegida a una
gran parte de la población con una renta que va a ser retroactiva desde junio, una renta durante seis meses en uno de los momentos más duros de España, eso es lo realmente importante.


¿Que a mí me gustaría ir mucho más rápido? Cómo no me va a gustar ir mucho más rápido. ¿Que estamos un poco en las situaciones individuales que se nos van planteando, que nos generan mucho dolor? Por supuesto, a nosotros nos generan
dolor, mucho dolor, e intentamos agilizar el procedimiento, adaptarlo lo más posible dentro del marco en el que nos movemos, por supuesto. Y después, más adelante, ya iremos viendo otros canales e intentaremos ir más lejos, porque lo que queremos
es que esta política tenga el mayor despliegue posible, y en eso estamos absolutamente comprometidos.


Respecto a algunas cuestiones que planteaban, estúdiense la norma, el ingreso mínimo vital es un complemento a una renta. Cuando una persona está prácticamente cerca del nivel de protección, lo que le complementa es lo que le falta, ¿no?
Si son 20, son 20 euros; si son 200, son 200 euros; si son 300, son 300 euros. ¿Qué pasa? ¿No les damos los 20 euros para llegar a su renta mínima? ¡Hombre! Llevar esto a la categoría de la anécdota genera un problema que pone manifiesto el
desconocimiento de la norma. Esto es un complemento de rentas, de tal forma que para cada persona se identifican sus rentas del hogar y después se dice que hasta la renta garantizada yo le complemento. Esto es lo que es moderno, lo que no es
moderno son las prestaciones preexistentes donde considerabas a todo el mundo, independientemente de su nivel de renta. Así era la prestación familiar, independientemente de su situación familiar, le doy 200 euros. Esta es la forma de repartir el
dinero de una forma no focalizada y no ser suficientemente eficaz en lo que es la redistribución de renta. (Rumores). Dando 20 euros a esa familia que tiene un nivel de renta ya cercano al ingreso mínimo y dándole 400 al que tiene muy poca renta

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así sí es eficaz y se consiguen efectos redistributivos. Lo que pasa es que a lo mejor ustedes en esto de cuáles son los objetivo de una política, cómo se despliegan y cómo se diseñan técnicamente, pasan un poco por encima, me da a mí la
sensación, sinceramente. (Rumores.-La señora Ángulo Romero pronuncia palabras que no se perciben). Porque es que, cuando oigo estas cosas, me produce sorpresa. Me produce mucha sorpresa.


Señor Baldoví, en el caso de la Comunidad Valenciana es una de las comunidades donde percibimos mayor sintonía y mayor interés porque realmente se ha demostrado en los años anteriores que crear un escudo de seguridad ante la vulnerabilidad
extrema es algo de una gran preocupación. Si es que, además, cuando uno mira a cada comunidad autónoma, cada uno se retrata con la norma que ha hecho sobre su preocupación. Por tanto, va a ser muy fácil trabajar y trabajar en esa idea de la
ventanilla única. Sí, yo creo que va a ser una de las comunidades con las que más rápidamente vamos a poder hacer esos convenios bilaterales que nos permitan trabajar conjuntamente la gestión, gestionar conjuntamente las dos prestaciones y, lo que
es muy importante, trabajar en todos los itinerarios de inclusión e integración laboral con el colectivo de vulnerables. Vamos a intentar hacerlo con todas las comunidades autónomas, pero hay algunas que muestran mucho mayor interés y que, además,
sus decisiones facilitan la integración.


Lo que no vamos a hacer aquí, y lo he explicado antes, es lo que se ha hecho en el pasado, que es soltar prestaciones con dinero estatal como, por ejemplo, las pensiones no contributivas, soltar dinero con dinero estatal y sin control, sin
saber exactamente cómo se está gestionando y pagando y sin tener mecanismos de reconducción porque además en las pensiones no contributivas he hablado de la media, pero hay comunidades autónomas que tardan más de un año en dar una pensión no
contributiva y hay alguna comunidad -me estoy acordando de Baleares- que la está dando prácticamente como la Seguridad Social, en un mes. ¡Es que las diferencias son enormes! ¡Es que son enormes! ¿Y qué pasa? ¿Que no quieren ustedes que
discriminemos al que lo hace bien del que lo hace mal? Esto de café para todos... ¡Es que las políticas modernas se basan justamente en tener los incentivos correctos para que las políticas se desplieguen bien! ¡Es que hay que mejorar muchísimo
los marcos en los que nos movemos! Cuando oigo estas cosas, la verdad es que me sorprendo.


Me habla también de los CIE y extiendo la contestación que ya he hecho. Me da la sensación de que este es un tema de naturaleza administrativa, se pone en marcha un procedimiento porque lo que ustedes habían planteado, y además estamos muy
de acuerdo con todo lo que tiene su norma del ingreso mínimo vital, de poder complementar expresamente una prestación de la Seguridad Social; eso así no se puede hacer. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo para hacerlo de otra forma. Creo
que no es un tema que a mí me preocupe mucho y ya estamos en marcha para verlo.


Ya he contestado a lo de los CIE. La señora Carvallo Dantas me ha planteado muchas y varias cuestiones, algunas sobre el ingreso mínimo vital.


Por ejemplo, sociedades mercantiles. Este tema lo estamos corrigiendo ya porque es verdad que la Agencia Tributaria no tenía bien actualizado su registro de sociedades mercantiles y nos hemos dado cuenta de que se estaban pudiendo rechazar
ingresos mínimos vitales porque eran personas que ya no estaban ejerciendo como administradores. La razón de este elemento de la norma por sugerencia de la Agencia Tributaria es que ha habido en otras prestaciones fraude en la creación de muchas
empresas instrumentales. Queríamos evitar esto, pero, claro, es evidente que hay personas que en algún momento, además es una pequeña actividad mercantil, fueron administradores, han dejado de serlo y efectivamente aquí hemos tenido un problema que
estamos corrigiendo.


En cuanto a los ingresos de 2020 y lo de los albergues, también es algo que estamos mirando. Todas estas cosas las estamos estudiando y algunas de ellas pueden tener cabida interpretativa y otras pueden ir en trámite de audiencia. Lo mismo
con la diputada de Podemos, Isabel Franco, que me ha planteado una serie de cuestiones que tienen encaje perfectamente algunas de ellas y las estamos discutiendo. De hecho, lo haremos en el trámite de enmiendas porque todo lo que sea mejorar la
norma estaremos de acuerdo para que sea más eficaz. No vamos a tener ningún problema.


La diputada María Muñoz me ha planteado un tema general en términos de macro. Creo que es importante en este entorno y, por ejemplo, algún país lo está haciendo y puede ser útil, diferenciar qué parte de la deuda que más está creciendo es
genuinamente asociada al COVID de la que no es porque aquí tenemos dos dinámicas. Tenemos una dinámica pre-COVID, que debería llevarnos a un proceso de consolidación fiscal importante y este efecto de una vez y para siempre, que durará lo que dure,
que no va a requerir un refuerzo adicional, que habrá que ver cómo se hace. Creo que aquí hay dos elementos que a mí me tranquilizan y uno de ellos son los mercados. Es decir, los mercados siguen cotizando la

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deuda española a niveles bajísimos y, por lo tanto, creo que están entendiendo perfectamente la naturaleza temporal del esfuerzo que estamos haciendo y el hecho además de que hay un marco europeo de apoyo que es muy importante. Creo que el
plan de recuperación y resiliencia que está presentando esta mañana el presidente del Gobierno es un marco en el que se pueden encajar muchas reformas, muchas políticas transformadoras y que, además, van a ir acompañadas de una disponibilidad de
recursos extraordinariamente alta. Algunas de las cosas que usted ha planteado hay que verlas en ese contexto.


Los ERTE a 31 de enero. También lo mismo que he dicho antes. El 31 de enero simplemente es el ciclo que nos hemos fijado con los agentes sociales esta vez, que son cuatro meses porque están las Navidades por medio, para volver a reevaluar
la situación y ver en enero dónde estamos y cómo tenemos que focalizar nuestra protección. Sucede exactamente igual con los autónomos. En el caso de los autónomos y lo que me plantea sobre los ingresos reales, nosotros hemos estado con los
autónomos negociando la extensión de su prestación y en esa reunión no pudimos contarles las primeras ideas que teníamos sobre su cotización con ingresos reales y yo creo que la reunión se va a producir esta semana. Por tanto, podría avanzar
algunos elementos, pero casi prefiero tener una primera conversación con ellos, que no se ha producido con el Ministerio por urgencias con ellos mismos en las reuniones que hemos tenido de otros temas. Pero quiero recordarle varias cosas. Primera,
que es una petición de los propios autónomos. Todos ellos en un momento determinado hicieron una petición que estaba registrada de la cotización con ingresos reales. Segunda, que hay una recomendación del Pacto de Toledo en esa dirección a la que
hay que responder también. Tercera, que nosotros hemos ido haciendo el trabajo y, por tanto, ya hemos hecho los cruces con la Agencia Tributaria, con lo cual tenemos una buena visión que queremos compartir primero con los autónomos de cuál es la
fotografía que emerge de este análisis y que de este análisis lo que emerge es una fotografía en la cual yo creo que vamos a poder proponerles un sistema muy gradual, en este sentido no estaría yo preocupado, de adaptación a los ingresos legales por
tipología de autónomos, en primer lugar, y también la secuencia temporal de cómo lo vamos desplegando. Segundo, el número de autónomos que va a tener que cotizar menos porque sus ingresos son menores de lo que en este momento es la cotización media
de los autónomos supera ampliamente a los que van a cotizar más. Por otro lado, entre los que van a cotizar más hay muchos que, como resultado de la pandemia, se han dado cuenta de que cotizar supone tener prestaciones y, por tanto, es algo
deseable, también desde el punto de vista de las pensiones. En la medida en que vayamos a clarificar en el Pacto de Toledo el marco de pensiones a medio plazo, los incentivos para cotizar más para tener una pensión mayor están claros. La
cotización por la mínima te lleva a lo que te lleva, a la pensión mínima. Que los autónomos coticen por niveles más altos es algo que ellos mismos van a ver que es necesario, pero ya digo que hay un porcentaje muy elevado de autónomos que van a
cotizar menos -no más- porque tienen ingresos inferiores.


VOX ha hecho dos planteamientos, uno sobre el ingreso mínimo vital. Creo que ya he contestado ampliamente a muchas de las cosas que se han dicho, pero el análisis que se ha hecho ha estado trufado de inexactitudes adicionales. Por ejemplo,
decir que la gente se va a quedar sin cobrar la prestación autonómica y la prestación del ingreso mínimo vital es ignorar el procedimiento que hemos establecido con las comunidades autónomas desde el primer momento, de tal forma que cada uno de los
beneficiarios que recibe el ingreso mínimo vital inmediatamente lo conoce la comunidad autónoma para que lo pueda dar de baja en su sistema. Y también les decimos aquellos a los que no les hemos dado el ingreso mínimos vital, a los que se lo hemos
dado y a los que no. Esto lo conoce cada comunidad autónoma con una frecuencia semanal; semanalmente, se les vuelcan todos los datos y a partir de ahí la comunidad autónoma puede operar. No hay margen para que ninguna persona pierda la renta
mínima autonómica como resultado de la nuestra. Desde el principio lo establecimos así. He elegido este ejemplo porque es el típico ejemplo de afirmaciones que se dicen con enorme contundencia: Ustedes se van a quedar, están haciendo... Observen
cómo se ha dicho la afirmación. Ustedes están propiciando que haya personas que se queden sin la renta autonómica y sin la renta actual. Eso se dice con enorme contundencia y vehemencia y es completamente incierto, pero es parte de la posverdad.
Ustedes oyen a Trump, ¿no?, cómo habla Trump (rumores), con esa contundencia, que suelta una detrás de otra. Increíble, increíble. Esta técnica de la posverdad tiene como elemento adicional ser muy contundente, hacerlo con mucha seguridad; se
piensa que al decir con más seguridad la inexactitud, el bulo o lo que sea más va a colar. Por ejemplo, lo que la diputada de VOX ha dicho respecto a que estamos propiciando que las personas dejen de cobrar la renta autonómica y la nuestra es
completamente incierto. Da igual cómo se diga de contundente, es completamente incierto. Y se han hecho algunas afirmaciones más en esa dirección.

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Después tenemos la parte de migraciones de la diputada De Meer. Uno puede intentar forzar a través de unos pocos miles de inmigrantes que han llegado. Este año han llegado muchos menos de los que han llegado otros años a España -llegaron
muchos más en el año 2018, por no hablar de los años dos mil-, pero ha llegado un número de inmigrantes por costa. El nivel de control de las autoridades es bastante intenso, pero España tiene la geografía que tiene y la tendrá siempre. ¿O es que
podemos evitar tener las islas Canarias pegadas a África, con esas costas? Lo que hay que hacer es el contrafactual. ¿Cuánta gente no llegaría si no tuviéramos acuerdos firmados con Marruecos, con Mauritania, nuestra labor de vigilancia, nuestro
trabajo contra las mafias? Todo eso, de lo que no se puede contar mucho porque, efectivamente, es muy sensible y no hay que dar muchas explicaciones, hace que a España llegue un número que nos crea problemas humanitarios y de gestión, un número
relativamente limitado para lo que ha ocurrido en el pasado, grandes olas, y lo que está pasando ahora en gran parte de Europa. Ese es el contrafactual que hay que hacer a la hora de hacer ese tipo de reflexión. A partir de la anécdota de los que
van llegando, lo que tiene que imponerse es una sociedad como la española, que ha absorbido a ocho millones de inmigrantes desde principios de los años dos mil. Somos un país ejemplar, en contra de la xenofobia y con capacidad de integración y
convivencia con los integrantes. Hay países -vuelvo al caso de Estados Unidos- donde la multiculturalidad -está estudiado ampliamente- es una de las grandes fortalezas para ser el país con mayor renta e influencia del mundo. La multiculturalidad
de Estados Unidos es sin duda una fortaleza y una aspiración de muchos. Cuando oímos estas cosas, casi prefiero no debatir, pero, claro, la evidencia internacional es tan abrumadora y a mí me resulta un poco... No sé cómo decirlo. Esto de
intentar espolear en medio de una crisis los instintos más xenófobos de algunas partes de la sociedad, con ejemplos traídos de aquí y de allá, verdaderamente no sé. Casi prefiero no entrar a discutir esto; prefiero no calificarlo, prefiero no
calificarlo. (Aplausos).


En cuanto al Grupo Popular, ya contesté un poco a la sensación que tengo sobre su visión del ingreso mínimo vital. Iremos viéndonos mes a mes, según vaya mejorando el número. Compartiremos los datos e irán viendo cómo el ingreso mínimo
vital va creciendo. Aquello que ustedes votaron con nosotros relativo al ingreso mínimo vital podrán verlo pasados unos meses, tras los trámites y los plazos administrativos razonables -ya les he puesto ejemplos- que conlleva una prestación de este
tipo. No seamos impacientes. Cuando esto se vea, verán que votaron por una gran ley, una ley que va a proteger a más de dos millones de personas en un tiempo récord para lo que es la gestión administrativa de una renta de estas características.
Según vayamos compartiendo datos, se irán tranquilizando. Es una ley que he podido compartir en Europa en uno de mis viajes. Hay un enorme interés por parte de la Presidencia alemana, que quiere establecer unas guidelines, unas directrices -no son
de obligado cumplimiento, no es política europea- sobre cómo deben diseñarse las rentas mínimas en Europa, los ingresos mínimos vitales. La verdad es que nuestra política, tal como ha sido diseñada y se está desplegando, va a inspirar,
probablemente, muchos de los elementos de esta política. Es un tipo de diseño de ingreso mínimo vital moderno, eficaz, focalizado, que realmente busca la inclusión social y maximizar la redistribución de la renta que se busca en Europa. Ya verán
cómo han acertado apoyándonos en este tema. Simplemente, vamos a esperar a que se cubran los períodos lógicos de gestión administrativa, que nosotros estamos agilizando para que sean los más cortos posibles. No vean estos cambios que estamos
haciendo en relación con el ingreso mínimo vital con confusión, porque lo que hace es mejorar la eficacia de la prestación. El INSS lo entiende perfectamente porque muchos de los cambios vienen desde abajo. Me consta que algunos de los cambios que
hemos introducido en los últimos dos decretos-leyes provienen de reflexiones y peticiones de los funcionarios del INSS de distintos niveles, que, dado su entusiasmo por la gestión del ingreso mínimo vital, están haciendo aportaciones enormemente
atinadas para que mejoremos el ingreso mínimo vital.


En cuanto al tema de las migraciones y mi viaje a Canarias, de nuevo es otra de las cosas que se construyen. No es ni la primera ni la segunda vez que me lo dicen, pero es que yo nunca planifiqué un viaje a Canarias. De hecho, esa semana
tenía un viaje a Bruselas. Alguien pensó que yo debía ir a Canarias esa semana y se anticipó. Qué le voy a hacer, pero esa semana estaba en Bruselas, en uno de estos viajes. Eso en primer lugar. Por cierto, yo me voy a Canarias hoy y tengo que
estar tres días; a lo mejor se me ha entendido mal. Cuando yo voy a Canarias, me voy a reunir con el INSS y con la Tesorería de la Seguridad Social para ver lo que están haciendo con el ingreso mínimo vital y cómo van avanzando, para que nos den
feedback en todas las prestaciones nuevas que estamos haciendo en ERTE y autónomos. Me voy a reunir con los agentes sociales de la isla, porque quiero pulsar cómo estamos desplegando las medidas de protección, y eso requiere también tiempo. Voy a
estar en las tres islas -en

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Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura- viendo cómo estamos abordando el problema migratorio. Lo que no he hecho y no voy a hacer -por eso, igual tenemos alguna discrepancia- es ir a hacerme una foto al puerto de Arguineguín al lado de un
inmigrante y volverme. Yo no soy de políticas de fotos. (Aplausos). Alguna diputada suya fue -no le pudo acompañar otra persona que le iba a acompañar, por motivos que todos sabemos-, pero yo no voy a ir a hacerme una foto. Yo estoy entregado
con el equipo de la Secretaría de Estado de Migraciones todos los días monitorizando la situación en todos los centros de inmigrantes, pero yo no voy a ir a hacerme fotos al lado del inmigrante; además, eso me parece hasta de mal gusto. Yo iré
cuando tenga que ir -y voy a ir hoy y mañana- a estudiar todas las políticas que estamos desarrollando allí.


Es verdad que tenemos un déficit de acogida, porque durante una serie de años no se han planificado las capacidades de acogida, y las capacidades de acogida no se improvisan de un día para otro. Lo que sí tenemos es flexibilidad. Si
durante equis años alguien no estuvo preparando capacidades de acogida en Canarias, nosotros sí estamos dispuestos a utilizar hoteles, como se utilizan hoteles en todas las partes del mundo cuando hay crisis humanitarias, y no pasa nada. Eso me
parece un poco contradictorio con decir -como creo que ha dicho la representante de VOX- al mismo tiempo que no les tratamos bien. ¿No les tratamos bien, pero estamos dispuestos a ponerles un hotel? No sé si eso es muy consistente. Llegado el
momento, si no tenemos otra opción, utilizamos hoteles que están vacíos, en ERTE, efectivamente por un período temporal limitado. Mientras tanto, le podría contar la lista de iniciativas inmobiliarias que estamos intentando desarrollar en la isla,
y que tienen un periodo de maduración que es amplísimo. Y tendremos capacidades de acogida estructurales que nunca ha tenido Canarias y las tendremos pronto. Por ejemplo, tenemos un colegio en Gran Canaria, el Colegio León, que gracias a la
alcaldía ha pasado a estar bajo la gestión del ministerio, y que nos va a dar cuatrocientas plazas. Nada más llegar, en el mes de febrero, conseguimos del Ministerio de Interior la transmisión de la Unidad de Madres, que nos da otras trescientas
plazas. Claro que estamos trabajando, lo que pasa es que no había nada, es que partimos de cero y, a partir de ese cero, estamos desarrollando capacidades en distintos ámbitos, incluido el ámbito de las administraciones públicas. Mientras tanto,
si hay que utilizar hoteles, pues los utilizamos, ¿o es que los inmigrantes no tienen derecho a ir a hoteles? ¿Verdad que sí? Como todos estamos de acuerdo en que en una situación humanitaria máxima, como esta, si hay hoteles vacíos, porque no se
pueden utilizar, los podemos llevar allí, así lo hemos hecho. Por tanto, en política migratoria, sobre la que ha habido varias preguntas, les pido simplemente que miren la lista de resoluciones e iniciativas de la Secretaría de Estado de
Migraciones respondiendo a distintas situaciones.


Me han planteado el tema del margen de maniobra que tenemos con nuestra legislación actual para atender distintas situaciones difíciles de inmigrantes. Por eso, a mí me han dolido algunos de los planteamientos que se han hecho hoy aquí
sobre los inmigrantes. En esta crisis hemos tenido inmigrantes trabajando en servicios sociales, ayudando en la pandemia, hemos tenido médicos y sanitarios que han complementado nuestras capacidades, y han sido inmigrantes, algunos llegados hace
algunos años y otros recientemente. Desde la Secretaría de Estado de Migraciones hemos posibilitado que algunos se incorporen a ayudar con la pandemia. Entiendo que esta es una visión distinta a la que se plantea por parte de algún partido
político sobre los inmigrantes, pero es la que de verdad la sociedad española entiende, y es de la que después sale esa enorme capacidad de solidaridad y comprensión del fenómeno migratorio que existe en la sociedad española, y que para mí es un
gran valor de nuestra sociedad.


Respecto a las regularizaciones masivas, tengo que insistir en que no se pueden hacer en Europa y que no las ha hecho nadie. Estamos constreñidos por directivas y por el Acuerdo de Dublín. Mientras tanto, hay márgenes, y con eso podemos
trabajar en hacer ajustes en el reglamento de la Ley de Extranjería para poder explorar todas las opciones y efectivamente abordar las situaciones de justicia que nos permita nuestra legislación, pero el marco europeo en el que estamos es el que es.
Cuando uno está en la Unión Europea compra todo. Hay cosas que nos gustan más de Europa y cosas que nos gustan menos del marco europeo. Pertenecer a la Unión Europea es enormemente favorable para España, el saldo es extraordinariamente positivo en
muchos aspectos. Pero esto es como cuando uno entra en un club y no todo lo que hay en el club le gusta. Hay cosas que te gustaría que fueran de otra forma, pero si estas en minoría y no consigues modificarlo, lo que tienes que hacer es insistir e
insistir hasta que lo consigas, pero, mientras tanto, tenemos el marco que tenemos. ¿Tenemos marco nacional donde operar? Sí, hay una Ley de Extranjería, que es una ley orgánica, que estamos viendo cómo se puede abordar -hay distintas
problemáticas-, y tenemos un reglamento donde hay un margen menor. Ahí nos tenemos que mover con ustedes y buscar el máximo consenso, porque la política migratoria debe ser una política

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de Estado, como es en otros países, como acaba de ocurrir en Alemania, en Portugal y en los países nórdicos. Es una política que tiene que ser de Estado, en la que todos nos sintamos cómodos, porque vamos a necesitar -como hemos necesitado
durante los años 2000- siete u ocho millones de inmigrantes. Si miramos nuestra demografía, vamos a necesitar millones de inmigrantes, porque esta sociedad está envejeciendo, va a envejecer muy rápidamente y, aunque mejoremos nuestras tasas de
fertilidad, ya llegamos tarde y vamos a necesitar integrar a muchos inmigrantes en los próximos años, y los tenemos que integrar con el mejor modelo posible. Afortunadamente, esta es una sociedad muy receptiva a los inmigrantes, muy abierta, y ese
es un valor que tiene España.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Los portavoces que quieran ahora tienen la posibilidad de intervenir, aunque pediría, eso sí, que nos ciñéramos al tiempo, porque esta Presidencia y todos hemos sido flexibles hasta ahora.


Señora Muñoz.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, señor presidente.


En la anterior intervención, me quedé queriendo sacar un tema de migraciones, pero para mí va al margen de todo lo que hemos estado hablando sobre Canarias, migración irregular o extranjeros que vienen en pateras, y es saber su opinión sobre
la posibilidad de posicionar a España como un destino de turismo permanente para trabajadores y empresas extranjeras que están incentivando el teletrabajo. Es una propuesta que en Europa ha planteado nuestro eurodiputado, José Ramón Bauzá, y que en
las Cortes Valencianas el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha planteado también en la Generalitat. Estamos hablando de que en España hay calidad de vida inmejorable, buena gastronomía, seguridad, sanidad y sol. Y en un mundo totalmente digitalizado
nos parece una buena oportunidad -como están haciendo otros países como Portugal y como Italia- convertir a España en un hub mundial de teletrabajadores. Solo necesitaríamos, con todos los alicientes que ya le he comentado que tenemos, desarrollar
la red 5G de primer nivel, sobre todo en las islas y en la costa; mejorar la Ley Beckham, como están haciendo otros países de nuestro entorno con incentivos fiscales para atraer talento. Es una posibilidad en cuanto al tema de migraciones.


Y en cuanto al tema de prestaciones de la Seguridad Social y en concreto de entidades colaboradoras con la Seguridad Social y autónomos, querría preguntarle cuáles son también las medidas que piensa adoptar el ministerio, su ministerio, con
las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, que han vivido también en primera persona el reto que ha supuesto la gestión de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria durante todos estos meses colaborando en la prestación para los
autónomos. No tiene mucho sentido que, pese a tener el corsé de una entidad pública, no tengan ninguno de sus beneficios. Creemos que como se ha demostrado durante la pandemia las mutuas necesitan una mayor flexibilidad en su gestión, entre otros
fines, para poder gestionar de una manera más eficaz y suficiente los recursos humanos, especialmente en la atención sanitaria. Me gustaría saber si contempla su ministerio la posibilidad de acometer una reforma del régimen de estas entidades
colaboradoras.


Muchísimas gracias, ministro.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.


Ahora sí, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies. Me permitirá que después del bochorno que hemos sentido algunos ante la intervención de la señora De Meer, diputada de VOX por Almería -bochorno-, le haga caso al ministro y, ante la ignorancia, los
bulos intencionados y la demagogia, demos datos: datos. Yo creo que efectivamente, señor ministro, tiene usted toda la razón. ¿Sabe usted, señora De Meer, que en 1910 la tasa bruta de emigración más grande en qué provincia era? Almería. ¿Sabe
que en 1930 trescientos mil españoles emigraron al norte de África? ¿Sabe de dónde eran principalmente? De Almería, de Murcia, de Alicante. ¿Causa? Turismo no, pobreza. ¿Sabe que entre 1946 y 1973 dos millones seiscientos mil españoles se
fueron a trabajar a Europa? ¿A hacer turismo, a cobrar de las prestaciones sociales? No, a buscarse un futuro. Aquí en esta Comisión hay alguna diputada que es hija de la inmigración, y las palabras que usted ha pronunciado son un insulto.
(Aplausos). Una diputada por Almería no debería decir esas palabras de la inmigración, porque los invernaderos tienen muchísimos trabajadores inmigrantes y probablemente no funcionarían como pueden funcionar.

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Al señor ministro quiero agradecerle sus palabras, primero, reconociendo la voluntad del Gobierno valenciano de avanzar en la protección de las personas y la buena sintonía. Y como me doy por contestado, deseo que esta sintonía alcance a
esa comisión bilateral y que se puedan salvar esas diferencias, en definitiva, porque creo que lo que pretendemos, tanto desde el ministerio como desde la consellería, es que más gente esté mejor protegida.


Moltes gràcies.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.


La señora CARVALHO DANTAS: Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor ministre. Dos cosas muy rápidamente. Quiero agradecerle que haya parado los pies a los discursos de odio con datos objetivos. Se lo agradezco
inmensamente.


Sobre lo que acaba de decir usted, tengo que decirle que discrepo, señor ministro, pero no solo yo, sino muchos juristas con un expertise bastante grande. Por ejemplo, el artículo 10.2 de la Constitución española marca directamente la
jerarquía de la interpretación de los derechos humanos. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más los tratados internacionales, y el pacto europeo no está por encima de los tratados internacionales ni de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos; ni el Tratado de la Unión Europea ni el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establecen prohibición o limitación alguna. No lo digo yo, lo dicen muchísimos juristas con bastante expertise en el tema.


En cuanto a la posibilidad de realizar políticas de regularización de personas migrantes, el único documento que recoge algo sobre tal posibilidad es el Pacto Europeo sobre la Migración y Asilo de 2008, y lo relaciono con artículo 10.2 de la
Constitución, que limita las regularizaciones caso por caso y no generales en el marco de las regularizaciones nacionales por motivos humanitarios o económicos. Pero este pacto no tiene fuerza vinculante para sobreponerse a los tratados
mencionados. Por ejemplo, cuando la diputada Pilar Cancela mencionó en la tribuna que votaron ustedes contra la PNL de regularización ya, y a esto nos referimos. Y también se lo comenté a la diputada. Hay otras normas comunitarias que no prohíben
la posibilidad de regularización extraordinaria de migrantes y aun así, señor ministro, pensamos que caso por caso es como se estudian las peticiones siempre. Finalmente el artículo 127 del reglamento de extranjería habla de la concesión de
autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, por razones de interés público o seguridad nacional. Digo todo esto porque desde nuestro punto de vista -y no solo de nuestro grupo parlamentario, sino recogiendo mucha información de
muchos juristas con bastante expertise- no es cierto que la PNL de regularización y los trece puntos que pide la plataforma violen preceptos de normativa europea.


Muchas gracias, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Carvalho Dantas.


Por el Grupo Parlamentario Confederal, tiene la palabra la señora Franco.


La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.


Me uno a las palabras de las personas que me han precedido en el uso de la palabra, dándole las gracias al señor ministro por desmontar con datos, con cuestiones fiables los discursos de odio tan atroces que está teniendo la ultraderecha, y
que están generando tanto problema y tanto odio en nuestra sociedad. Una sociedad como la española que además no solamente es una sociedad acogedora, sino que también ha sido y es una sociedad migrante. Me sumo al agradecimiento, y de corazón nos
tendrá con ustedes.


Sobre el tema de las llegadas masivas, ya lo expuso usted en su primera intervención. Las llegadas están ahora mismo por debajo de las veinte mil, es decir, es mentira. Es una mentira asociada a los discursos de odio, mentiras de la
ultraderecha. Mentiras que lo único que quieren es crear miedo, odio a personas que se van no por un efecto llamada de nuestro país, sino que se van de sus países por un efecto contrario, que es un efecto salida. Se van por situaciones de
vulneración humanitaria, se van por persecuciones, se van por vulnerabilidad económica y vital, se van por pobreza extrema. Y nadie, nadie, nadie se quiere ir de sus lugares de origen, donde tienen sus redes sociales, donde tienen a su familia y
donde tienen su vida. Nadie se va si no es por cuestiones de vulneración de los derechos humanos

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flagrantes y brutales, nadie. Así que dejen ya, por favor, de jugar con estas cuestiones tan duras y tan importantes. Perdonen, porque me enciendo mucho con estos temas.


Respecto a las llegadas a Canarias, ya lo he dicho antes, es mentira. Lo ha dicho también el señor ministro. Es ciertamente mentira en el cómputo general. Es verdad que en el caso de Canarias sí están llegando más migrantes, y lo ha
mostrado también el señor ministro con datos fiables y reales, pero es mentira en el cómputo nacional. El estado es el descenso, sin embargo sí que se está generando un problema en Canarias, como se ha generado en otras ocasiones en Ceuta y
Melilla, y es que se están impidiendo los traslados a la península de las personas que llegan a estos territorios. Yo sé que esta no es una competencia del Ministerio de Inclusión, es más bien competencia de Interior, pero sí es verdad que genera
directamente de facto un problema en las situaciones de acogida. En este sentido, con el tema de Melilla la semana pasada se cumplieron cuatro meses del último traslado de 136 personas al CETI de Melilla. En la actualidad hay al menos unos 130
casos de brotes de coronavirus en el centro de Melilla, que no está contando con las zonas apropiadas para aislamientos ante brotes como este. Las plazas de toros además tampoco son la mejor solución. A pesar de todo se ha trasladado a 60
personas. Quería preguntarle sobre este tema, ¿qué medidas se están adoptando o se van a adoptar para, a ser posible, trasladar urgentemente a las personas solicitantes de asilo y personas en situación de vulnerabilidad que están residiendo,
hacinadas, desafortunadamente, en el CETI y en la plaza de toros?


Respecto a las medidas migratorias que se han tomado durante la COVID hay que poner en valor el gran trabajo que se ha hecho desde el Gobierno con la concesión de los permisos de trabajo y residencia de dos años a jóvenes migrantes que se
incorporan a trabajar en el campo, y también con la prórroga automática de los permisos de residencia hasta seis meses, después de la finalización del estado de alarma. Por otro lado, sobre la financiación del sistema de asilo, que es fundamental,
es necesario garantizar para la continuidad del sistema de 2021 una dotación presupuestaria de al menos 400 000 millones para atender esta...


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): No, 400 000 no. Son 420 millones.


La señora FRANCO CARMONA: Sí, perdón, 420 millones para atender a este número de personas.


Señor presidente, perdone, pero es que al inicio de mi intervención no me ha quedado otra -por cuestiones humanitarias y por cuestiones de sensibilidad- que tener que hacer esa intervención, que no tenía pensado hacer.


Sobre el sistema de asilo, esta cuestión está directamente relacionada con las plazas de que dispone del sistema, que son más o menos las mismas que el año pasado: 9000 en acogida, 5000 humanitarias y 14 000 en fase de autonomía, mientras
que las solicitudes de asilo están aumentando. A esto se le suma además que Reino Unido está devolviendo a personas sobre la base del Convenio de Dublín...


El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señora Franco.


La señora FRANCO CARMONA:..., por no tener sistema de acogida.


En fin, para terminar quería hacerle un par de preguntas muy rápidas. Por un lado, ¿qué medidas se están adoptando desde el ministerio para reforzar el sistema actual de acogida, y si se prevé revisarlo? Por otro lado, ¿qué medidas se
están adoptando desde el ministerio para garantizar la adecuada acogida humanitaria, por aplicación del reglamento del Convenio de Dublín, que en la práctica se está haciendo imposible?


Y quiero decirle también que nos va a tener a su lado en la insistencia para la regularización, pero que, al igual que han hecho Portugal e Italia, nosotras seguimos estando por dotar de permisos de trabajo y residencia a las seiscientas mil
personas que están viviendo y trabajando en situación irregular en nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco.


Por parte del Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora De Meer.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Veo que hay muchas casas en las que meter a los -ya van más de 50- argelinos que han llegado hoy a las costas de Almería, las casas del señor Baldoví, de la señora Franco y de varias señorías que hay ahora mismo en la sala.

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Sobre las declaraciones del diputado socialista Luc Andre Diouf, voy a citarle a él mismo en una entrevista en El Confidencial: en materia de inmigración no hay comparación; Podemos hablar papeles para todos. ¿Cómo se come eso? ¿Sabes
cuándo decía yo esto? Cuando no tenía papeles, en 1992. Diouf está de acuerdo en proteger al máximo los derechos de los extranjeros, pero no en cumplir la ley. No se pueden prometer papeles para todos porque no es posible, ni siquiera en los
países de África Occidental te puedes mover sin visado. No pueden prometer cosas que no se puedan cumplir, jugando con los sentimientos de la gente, de los que sufren, de los más necesitados. Nada que añadir al señor Diouf. Aunque lo único que
tendría que añadir es que no sé cuántas visitas ha hecho este verano a Canarias (El señor Diouf Dioh: Yo vivo allí), porque en Canarias en el municipio de Tuineje resulta que lo que ha habido este verano han sido barricadas, porque los vecinos del
municipio de Tuineje se oponían a la entrada de decenas de inmigrantes contagiados en su municipio.


No obstante, señor ministro -con todo el respeto-, ha sido usted tan técnico en la réplica que ha hecho al Grupo Parlamentario VOX que ha dicho lo siguiente: no podemos evitar que Canarias tenga las costas donde las tiene. El año pasado
Canarias tenía las costas en el mismo sitio y un 500 % menos de inmigración ilegal llegaba a sus costas. Así de técnico ha sido el señor ministro en su réplica a las señorías de VOX.


La situación, señorías, es dramática, es dramática para los españoles y es dramática además -como han citado buena parte de sus señorías también- para todos aquellos que desempeñan ese viaje, que se van de sus países, sí, señora Franco,
porque les llamamos. Salen de esos países porque les llamamos, porque en los países en que no hay efecto llamada y en los que se lucha contra las mafias, como ha sucedido en Australia, no hay muertos en el mar, hay cero muertos en el mar.
(Protestas por parte de la señora Franco Carmona.-Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Además, estamos constantemente confundiendo dos conceptos para engañar a la población, y son los conceptos de inmigración económica y refugio. Señora Franco, ¿qué guerra hay en Mauritania? Señor ministro, ¿qué
guerra hay en Marruecos? ¿Qué guerra hay en Argelia? No son refugiados, dejen de engañar a la población porque no son refugiados. Es otro fenómeno, y además lo están sufriendo los españoles, los españoles, que ya están en una situación dramática
y que además, cuando se atrevan a quejarse de cómo se están degradando sus barrios, ustedes les llaman racistas.


Quiero terminar mi intervención apelando de nuevo al diputado del Partido Socialista, el señor Diouf. Ha dicho usted que tengo que revisar de qué continente puedo hablar. Señor Diouf, hablo de Europa, hablo de la identidad europea, de la
identidad española o, por lo menos, de lo que queda de ella.


Muchas gracias. (El señor Aizcorbe Torra pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señor Aizcorbe, muy brevemente, por favor.


El señor AIZCORBE TORRA: Brevemente.


Con la misma contundencia, señor ministro, que usted dice que se dice. Lo que se ha dicho por parte de mi grupo es que el solicitante del ingreso nominal en el ingreso mínimo vital -que es actual perceptor del ingreso autonómico-, en el
momento de la solicitud es cuando queda desamparado hasta que empieza a cobrarlo. Y si quiere simplemente, con la técnica que usted habla, puede compararlo y puede verlo. No se trata de cuándo lo van a percibir -que obviamente van a percibir los
dos- o la unificación de los dos, se ha dicho aquí que en el momento en que se están solicitando se está dejando a miles de personas en las comunidades sin esa percepción. Podemos poner una cola aquí en las Cortes, señor ministro. Con la misma
contundencia que usted dijo -acuérdese- el 13 de abril de este mismo año que el ingreso mínimo vital era algo que se tenía que hacer con mucho cuidado, porque había fracasado en muchos sitios, y con la misma contundencia tuvo, al día siguiente, que
tragarse esas palabras ante las declaraciones de su vicepresidente segundo del Gobierno, que anunciaba el ingreso mínimo vital. Es así, señor ministro.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.


Por el Grupo Popular tiene la palabra su portavoz.

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El señor CABEZÓN CASAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, me ha sorprendido mucho su segunda intervención, sobre todo por ese cabreo que ha demostrado hoy con los portavoces del Grupo Parlamentario Popular, cuando en verdad a quien se estaba dirigiendo era al vicepresidente segundo
del Gobierno y al propio presidente del Gobierno, que fueron los que cambiaron los plazos de una idea que llevaba trabajando mucho tiempo, incluso como presidente de la AIReF, a instancias de un estudio que le solicitó el Gobierno del Partido
Popular. Pese a que decía hace un momento -en esas cosas que dice, que es muy riguroso- que nosotros no hicimos nada, pues, fíjese, le encargamos a usted que empezara a trabajar sobre la implantación de la renta garantizada integral. (Aplausos).
Fíjese si iniciamos ya el trabajo preparatorio para ello. Pero, al hilo de eso, usted se debería cabrear, como digo, con el presidente del Gobierno y con el vicepresidente porque, según estaba compareciendo aquí, cuando empezamos a trabajar en
Comisión con la implantación del ingreso mínimo vital, usted lo dejó caer en un primer momento para el segundo semestre de 2021. Posteriormente, en la segunda sesión de la Comisión que hicimos, para el mes de junio o julio aproximadamente. Y cinco
minutos después de salir de la Comisión yo me monté en el coche, no había llegado todavía a Alcalá de Henares -camino a mi circunscripción- y ya salían el presidente del Gobierno y Pablo Iglesias diciendo que en las próximas semanas aprobarían el
ingreso mínimo vital. Eso es lo que a usted le ha hecho fracasar con esta prestación, porque usted sabía muy bien -lo tenía muy estudiado- cuáles eran los recursos que tenía en su ministerio tanto personales como de medios materiales y sabía que no
era capaz de ponerlo en marcha. Usted, en su primera intervención, en la que se centra en los datos -en esa que es tan explícita-, decía que se autoevalúa. Yo entiendo que en esa autoevaluación dice que ha suspendido y por eso se cabrea con
nosotros en vez de cabrearse consigo mismo y empezar a poner remedio a esas actuaciones. Esas actuaciones no nos las puede achacar a nosotros, si estamos pidiéndole que las agilice cuanto antes, si le estamos diciendo nosotros -que hemos apoyado el
ingreso mínimo vital- que no puede haber durante tanto tiempo personas sin recibir esa prestación. Por lo tanto, tiene todo el apoyo para que, cuanto antes, ponga en marcha esas medidas.


Señor ministro, usted ha dado datos; yo también le voy a dar datos porque usted se ha centrado mucho la Comunidad Autónoma de Galicia y habla del Risga. ¿Sabe cuánto se tarda en reconocer la prestación? Usted ha dado unos datos, pero sabe
que para el reconocimiento hace falta previamente informe de los ayuntamientos. ¿Sabe cuánto tarda el Ayuntamiento de Vigo -con alcalde socialista, el presidente de la FEMP-en hacer esos informes? Tarda 160 días. ¿Sabe lo que tarda la comunidad
autónoma en total en reconocer toda la prestación? Son 56 días. Por lo tanto, vaya trabajando con el alcalde de Vigo, anterior ministro y compañero suyo de partido, para que empiece a agilizar y que sean mucho más rápidos en el reconocimiento de
las prestaciones.


Usted sabe también que esta acumulación de prestaciones le está llevando a que las prestaciones ordinarias que ya teníamos asimiladas estén tardando mucho más tiempo en reconocerse. Hoy decía aquí en su segunda intervención -en esa que no
lleva preparada, como la primera, con datos gráficos- que tarda trece días en reconocer las pensiones contributivas. ¿Hoy me puede asegurar que la media del reconocimiento de las pensiones contributivas está en trece días? ¿Hoy puede decir usted
en sede parlamentaria que tardan trece días en hacer el reconocimiento de prestaciones por parte de la Seguridad Social? Yo creo que no, señor ministro.


Le tengo cierto aprecio personal por el trabajo que estamos desarrollando también en Pacto de Toledo, pero lo que sí veo es que usted se está transformando y muy rápidamente, señor ministro. Usted venía de la AIReF, era un analista
prestigioso, y ahora busca ser un ministro meritorio, y los ministros meritorios corren el riesgo de finalmente querer ser tan del Partido Socialista o que los vean tan del Partido Socialista que empiecen a transformar la realidad. Ya lo ha hecho
desde la intervención de marzo a la de hoy. Dijo que íbamos a tener una recuperación en lámpara Aladino -se ve que era porque esperaba que saliera un genio- y hoy habla de candil en plena época de transformación energética. Señor ministro,
céntrese y empiece a trabajar en la realidad, que las colas del hambre están ahí, que el reconocimiento de prestaciones es necesario y urgente.


Concluyo muy rápidamente con unas preguntas muy concretas con respecto a autónomos. ¿Se compromete usted también en sede parlamentaria a que no van a hacer las modificaciones de las cotizaciones sin acuerdo con las organizaciones de
trabajadores autónomos? ¿Se compromete usted, señor ministro, a trabajar para que los autónomos tengan aplazamientos de las devoluciones de los créditos ICO? Ustedes están hablando de que la recuperación de la economía española no va a ser

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hasta 2022, ¿y les van a exigir la devolución de esos créditos ICO en abril de 2021? ¿Se compromete a trabajar para garantizar el mayor número de autónomos que se puedan consolidar en el país?


Ya me centro en lo último que le quería decir, en lo relativo al Pacto de Toledo. Comparto la opinión del portavoz del PNV cuando decía que no metan prisas. Creo que somos muy conscientes todos los portavoces del Pacto de Toledo de que es
urgentísimo aprobar y dar certidumbre en esta cuestión. Somos suficientemente conscientes, no necesitamos que nadie nos meta prisas. Lo que queremos es trasladar certidumbres, pero esas certidumbres también las tiene que trasladar el Gobierno en
sus declaraciones públicas, porque cuando vino a comparecer al Pacto de Toledo me dijeron que usted venía hablar en nombre del Gobierno, de todo el Gobierno. Incluso usted me llegó a decir que ya había pasado por la Comisión de Asuntos Económicos
todas las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero usted viene y habla de las prejubilaciones o de las jubilaciones anticipadas e ipso facto, al día siguiente, nos despertamos con que la ministra de Trabajo cuestiona las jubilaciones anticipadas.
Y yo me pregunto, ¿también le cuestiona el cambio de cotizaciones que usted ha llamado 'el cambio de los gastos genuinos del sistema', es decir, esos 3 puntos que aproximadamente Yolanda Díaz le quiere quitar de incentivos al empleo para
contingencias comunes? ¿También lo tienen ya negociado?


El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señoría, por favor.


El señor CABEZÓN CASAS: Concluyo, señor presidente.


Le formulo una pregunta muy clara. Ayer presentaban el cuadro macroeconómico y hablaban de 18 000 millones de transferencias extraordinarias a la Seguridad Social. ¿Qué significa ese extraordinarias? ¿Son de prestaciones? ¿Es de gastos
impropios que vamos a ir consolidando y ya van a dejar de ser extraordinarios? Con esto concluyo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Perea.


La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidente.


Si me permite y si lo considera oportuno, me gustaría que cerrara la intervención mi compañero, Luc Diouf, más que nada porque me resisto a que nos embarren el discurso. Que el discurso del odio, al que la derecha se suma con una alegría
espectacular, pretenda embarrar de lo que realmente estamos hablando hoy aquí me parece indecente, y lo digo así. Ya no hablo de falta de rigor; no, es que no se miran a las cosas. El señor Diouf es diputado por Canarias y tiene la nacionalidad
desde el año 1991. ¡Oiga, mírenlo! No quiero que se embarre de lo que estamos hablando aquí. Esta pandemia, por mucho que le duela a la derecha, dejará fijada una máxima y es la importancia del Estado como agente económico y social. Esto es,
evidenciar lo público como eje de reconstrucción del país, desde la valentía y el arrojo de un Gobierno de coalición, que apuesta en un momento determinado por medidas para reconstruir no este país, no, sino Europa. Creo que hemos dado una
respuesta socialdemócrata que -y lo ha dicho el ministro- muchos países han acogido positivamente.


La respuesta al COVID por parte del Gobierno de coalición es de ejemplo de manual, de cómo un Estado no puede mirar hacia otro lado, sino que ha de intervenir para dar respuesta, máxime a una situación tan complicada como esta. Porque aquí
parece que la derecha pasaba por ahí, pero es que el COVID lo estamos pasando en el mundo, no solo y exclusivamente como consecuencia de errores del Partido Socialista o del Gobierno de España; está pasando en todo el mundo y no están arrimando el
hombre. El electorado les va a castigar. Solo desde la unidad seremos capaces de tirar para adelante este país. O lo entienden o lo entienden; es que no hay alternativa. Y el Gobierno ha dado muestras de ello. Decía que la respuesta frente al
COVID es un ejemplo de manual porque supone aunar voluntades con los agentes sociales, con los agentes económicos, con los grupos parlamentarios. Decía mi compañera, Carmen Baños, y lo ha dicho también la portavoz de Ciudadanos, solo desde el
diálogo, el apoyo y la suma seremos capaces de tirar para adelante esta situación tan complicada. Son medidas que han querido proteger la salud, la actividad económica y las familias, muy distintas de las que ocurrieron con la gran recesión.


Yo les invitaría a hacer un ejercicio. Sí cerramos los ojos y nos vamos a 2017, a pesar de tres años de crecimiento económico, el cuarto país más desigual de Europa era España. A pesar de tres años de crecimiento económico. Hablamos de
pobreza. Hoy decía el ministro que el empleo se va recuperando

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poco a poco; es cierto, poco a poco, pero se va recuperando. Y vamos al nivel de una V abierta. España desplegó las primeras medidas desde el minuto uno: prestaciones para trabajadores y autónomos, exoneraciones para las cotizaciones,
que fueron un amortiguador para un golpe muy duro, que fue la hibernación. Se tomaron medidas desde el minuto uno que han sido ejemplo para otros países; medidas para los autónomos que nunca se habían dado. Miento, antes sí que se había producido
un apoyo los autónomos, que fue justamente cuando la ministra Valerio aprobó el cese por actividad. Le recuerdo que, gracias a ese cese por actividad, hoy los autónomos han tenido mayor protección.


Voy acabando. Miren, 1 de mayo de 2020, 6 millones de trabajadores protegidos; 2 de octubre de 2020, 495 000 aún están en ERTE, pero más de 80 % se han reincorporado. Fíjense, yo les pediría una reflexión, no hablemos solo de datos. Hay
unos datos que nos indican que tenemos que derogar algunas reformas que se han hecho. El empleo que más ha sufrido es el temporal; volvemos a estar otra vez con la temporalidad castigando los empleos. Es el indefinido el que realmente está dando
respuesta en este momento y eso es lo que tenemos que apoyar. El ingreso mínimo vital es un paso decidido del sistema de protección social para dar una oportunidad a todos.


Voy acabando, presidente. Queremos certidumbre, queremos que nadie se quede atrás, estas son las medidas que hemos adoptado. Por cierto, el Partido Socialista ya llevaba el ingreso mínimo vital en su programa de 2015. Queremos sentar los
cimientos de una nueva oportunidad para millones de ciudadanos; espero que desde el diálogo, el acuerdo, el compromiso colectivo y la valentía colectiva seamos capaces de dar respuesta a millones de personas que lo están esperando.


Muchas gracias, ministro. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Perea.


Pediría una brevedad máxima, señor Diouf, por favor.


El señor DIOUF DIOH: Vale.


No lo podemos llevar al plan personal, señora De Meer. Efectivamente, hablas de cosas que no son ciertas. Desde 1991 tengo la nacionalidad española y además la situación de Canarias la conozco, porque llevo veintinueve años viviendo en
Canarias y trabajando en el ámbito de las migraciones. Siempre hay que consultar las cosas antes de sacarlas a relucir. Cuando hablas de Europa no hablas de Europa, hablas de tu visión europea que es diferente, y cuando hablas del continente
africano, te vuelvo a decir que te queda inmensamente grande hablar de este continente, con más de 1300 millones de almas. Aparte de eso, África es un continente, no es un país. Vete con estas reflexiones.


Si me permite, y cierro, de verdad, solamente quería compartir contigo y con los demás compañeros algo que ha escrito Pasolini. Es una frase nada más: 'Pienso que es necesario educar a las nuevas generaciones en el valor de la derrota
(...)' -y tú eres joven-.'En no ser un trepador social (...). Ante este mundo de ganadores vulgares y deshonestos, de prevaricadores falsos (...)'. Muchas veces lo que sueles trasladar en las redes sociales. El mundo es inmenso y da vueltas.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Diouf.


Va a cerrar el debate el señor ministro.


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Gracias, presidente.


La señora Muñoz me ha planteado dos temas, uno relativo a nuevas fórmulas de migración, por así decirlo, como puede ser teletrabajar. Nosotros estamos muy en sintonía con lo que ha dicho, es una oportunidad y la ubicación geográfica, el
clima de España y el entorno de vida puede ser una oportunidad para que se pueda trabajar a distancia desde nuestro país a otros sitios. Hay que ver los elementos normativos y de distinta naturaleza que implica y los incentivos que hay que crear,
pero es algo que nosotros tenemos apuntado entre las cosas en las que nos tenemos que poner a trabajar y cualquier iniciativa que pueda compartir con nosotros nos ayudará en nuestra formación de criterios.


En relación con las mutuas, primero tengo que hacer un reconocimiento al trabajo de las mutuas durante la pandemia en la gestación de la prestación de autónomos y en las bajas temporales, dos escenarios de actividad en los cuales han tenido
una actuación impecable. Yo creo que tenemos que hablar con las mutuas, sabemos cuáles son sus problemáticas; el tema no es fácil porque funcionan con dinero público, hay recomendaciones del Tribunal de Cuentas que hay que respetar. Tenemos que
ver, cuando pase todo esto -y nosotros no hemos tenía oportunidad desde que llegamos al ministerio de

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tener una relación en términos de mirar hacia adelante-, cómo interactuar con las mutuas. Creo que algunas de las cosas que pueden habernos planteado tienen sentido y estamos abiertos a conocer sus problemáticas, con las restricciones que
tenemos.


Señora Franco, la situación de Melilla es complicada. Sobre la situación del CETI ya veníamos alertando, porque en un CETI con 1300 personas, con una capacidad de 700, el riesgo de contagio era evidente. Nosotros lo anticipamos, lo
transmitimos a las autoridades sanitarias, lo transmitimos a otras autoridades que tienen responsabilidades en gestionar esto. También la situación de la plaza de toros nos parece inadecuada. No es responsabilidad nuestra, pero todo lo que ocurre
en Melilla nos causa mucha desazón, la verdad. Lo único que nosotros tenemos allí es un CETI que estamos intentando gestionar y que tenga una capacidad lo más adecuada a lo que fue diseñado. Estamos trabajando con otras administraciones los
mecanismos para llegar a eso. Desde el punto de vista de la gestión de la pandemia ya teníamos preparados lugares de aislamiento y de confinamiento y esa es la situación y la realidad a la que nos enfrentamos. Creo que la situación de Melilla es
algo que requiere, efectivamente, darle una vuelta completa porque desde el punto de vista de los derechos humanos tenemos que pensarlo. Estoy completamente de acuerdo.


Respecto a la señora De Meer, yo creo que su ejemplo de Australia me ayuda con la geografía y con las costas porque, ¿usted sabe la distancia que tiene Australia a cualquier otro territorio conocido? El mar de Timor hasta Indonesia, así es
muy fácil ¿verdad?; así es muy fácil diseñar políticas migratorias cuando estás rodeado de miles de kilómetros de mar en todas direcciones. Ese es el problema. Nosotros tenemos el Estrecho de Gibraltar, ¿cuántos kilómetros son? ¿Y la distancia
desde Fuerteventura a África cuánto es? Y otras partes de Europa como Grecia e Italia. Cada uno tiene la geografía que tiene y esa geografía le condiciona, y si está tan cerca de un continente como África donde hay situaciones de tanta
vulnerabilidad pues es un elemento de presión. Todos sabemos que las rutas migratorias se van moviendo de un sitio a otro, las mafias se va moviendo; unas veces llegan por el Mediterráneo oriental, otras veces están llegando por el centro, otra
vez te llegan por el Mar de Alborán, se van moviendo. Los países europeos luchan contra las mafias. Yo creo que tienen una efectividad no del cien por cien pero sí importante, si no dado el potencial que hay tendríamos muchos más problemas y
gestionar situaciones mucho más dramáticas. Por tanto siempre hay que hacer análisis contrafactual. Dependiendo de los momentos del tiempo o de los años los inmigrantes llegan por un lado o por otro, pero esto es muy conocido por todos los
especialistas en este tema. Hay que estar preparados y gestionar las situaciones que nos vayan llegando y que nos seguirán llegando en el futuro, porque la geografía es la que es.


Señor Aizcorbe, no sé si le he entendido pero realmente no sé si me ha escuchado. No sé si el problema que nos plantea se ha dado en alguna comunidad autónoma. Las personas que nos solicitan el ingreso mínimo vital pueden en ese momento
estar recibiendo una renta autonómica perfectamente. En el momento en que nosotros o bien aprobamos el ingreso mínimo vital para la persona o se lo rechazamos informamos a la comunidad autónoma, inmediatamente. Entonces la comunidad autónoma tiene
que decidir qué ocurre con la renta autonómica de esa persona. Lo lógico es que en ese momento que empieza a cobrar la nuestra pierda la autonómica o pase a ser complementaria, dependerá de lo que haya decidido cada comunidad autónoma, que es
soberana y, obviamente, si le hemos rechazado porque no cumple las condiciones del ingreso mínimo vital seguirá cobrando la renta autonómica, no tiene por qué haber ninguna discontinuidad. Tal como está diseñado el procedimiento, de verdad, yo creo
que no deberían darse esas situaciones y si se dan será que alguna comunidad autónoma no está... Lo que nos podrían achacar es por no informar a las comunidades autónomas, pero prácticamente semana a semana les vamos diciendo los beneficiarios o no
de su comunidad autónoma cuando se ha resuelto ya la tramitación. No debería haber ningún problema y si lo hay es porque la comunidad autónoma no está... Puede ser, tendrá que verlo la comunidad autónoma.


Se me va a pasar el señor Baldoví y la señora Carvalho Dantas. El señor Baldoví no está. Señora Carvalho, todo esto que plantea lo vamos a ver, pero mi sensación -y es lo que nos ha pasado- es que cuando uno entra en la Unión Europea y en
la unión monetaria hay algunas cesiones de soberanía. Yo no soy un experto en Derecho Internacional pero sí he tenido que estudiar mucho en términos de unión monetaria, y cuando uno entra en la unión monetaria y firma tratados internacionales, el
Tratado de Maastrich, tratados o acuerdos tiene que estar preparado porque está haciendo algún grado de cesión de soberanía a las políticas comunes. De todas formas, lo que plantea estaría bien discutirlo con ustedes en algún momento porque me
parece interesante.

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Ahora el Grupo Popular. Sobre autónomos, claro que sí, vamos a reunirnos con los autónomos inmediatamente y yo creo que llegaremos a un acuerdo con ellos, estoy convencido de ello porque lo que estamos planteando es muy sensato y va en su
beneficio. Luego, yo creo que sí que habrá un acuerdo con los autónomos. Pero no se ha celebrado todavía esa reunión. Los aplazamientos del crédito del ICO se lo trasladaré a la ministra de Economía para ver cómo está esa situación. Lo que sí
que hay es una problemática general -entiendo que no es solamente de los autónomos- en cuanto a unos plazos de carencia más largos ante la nueva situación, entiendo que por ahí van los tiros. Y no solamente para los autónomos, sino también para
empresas de distinta naturaleza que se encuentran con que algo que estuvo diseñado, como nos ha pasado, para una situación que iba a durar menos, pues va a durar algo más. Entiendo que esto tiene todo el sentido del mundo.


Sobre el Pacto de Toledo, yo creo que lo que pasó con las jubilaciones anticipadas fue una confusión realmente, es decir, recuerden que aquí hay dos: tenemos jubilaciones anticipadas involuntarias y voluntarias. Todo el mundo tiene que
estar de acuerdo con que un esquema, como es el que hemos planteado nosotros, de jubilaciones voluntarias tan regresivo y tan mal diseñado, no tiene mucho sentido. Por lo tanto, me consta que ese no es un problema.


Igualmente, en el tema de los gastos impropios, ya verá usted que todo va bien. Además, en los 18 000 millones -yo creo que la expresión 'extraordinarios' no es afortunada, estoy de acuerdo, será la que ponían siempre, yo que sé, estas
cosas pasan-, efectivamente, hay un volumen ya muy considerable para que lo que acordemos en el Pacto de Toledo lo podemos instrumentar. Eso es lo importante y, por tanto, es una solución estructural de traspaso de gastos impropios a la
Administración central e ir poniendo orden. Yo creo que el primer año vamos a hacer más incluso de lo que esperábamos con estos números.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Muchas gracias también a todos ustedes.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.