CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 118

JUSTICIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISAURA LEAL FERNÁNDEZ

Sesión núm. 6

celebrada el jueves,

25 de junio de 2020

Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente
122/000024) ... (Página2)


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente
122/000024) ... (Página8)


Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Continuación).
(Número de expediente 122/000024) ... (Página8)

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Se abre la sesión a las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROPOSICIÓN DE LEY DE DEROGACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PREVISTO PARA LA INSTRUCCIÓN EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente 122/000024).


La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar la sesión de la Comisión. Buenas tardes, señorías.


Vamos a proceder a celebrar la sesión de la Comisión de Justicia conforme al orden del día que les ha sido comunicado. En primer lugar, procederemos, de acuerdo con el debate y votación de los trabajos de la ponencia celebrados en la
anterior sesión, a realizar tres votaciones. En la primera de ellas votaremos las enmiendas vivas que mantienen el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Parlamentario Popular. Tal como hemos acordado en la reunión que hemos celebrado hace unos
minutos entre los portavoces, ambos grupos tendrán un tiempo de cinco minutos para defender el mantenimiento de sus enmiendas. El resto de los portavoces de los grupos parlamentarios tendrán un turno de tres minutos para fijar su posición. Esta
será la única ocasión en que celebraremos turno de intervención de portavoces. A partir de ese momento, pasaremos a las sucesivas votaciones, tanto de la transaccional como del propio informe de la ponencia. Así que, sin más demora y con el ánimo
de agilizar la sesión, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario VOX que, según se me ha trasladado, será el señor Sánchez García. No le veo en esta sala. (Una señora diputada: Está llegando). Si no, vamos a proceder a invertir el
orden y que intervenga, en primer lugar, el Grupo Popular. (Un señor diputado: Ya ha llegado). Para darle tiempo, señor Sánchez García, ¿le damos la palabra a la señora Moro antes que a usted? ¿Le parece bien? (Asentimiento). Entonces, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro.


La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, presidenta.


Es un honor estar de nuevo en esta Comisión de Justicia.


Tengo que comenzar como lo hacía en el Pleno pasado: la investigación tiene plazos y tendrá plazos, aunque descafeinados. Tomaré prestada, en parte, una expresión muy gráfica del juez Mosquera Blanco, en su estudio sobre el actual artículo
324 de la Lecrim, planteado desde la frescura, las pocas ataduras y el entusiasmo que tiene el profesional de excelencia con pocos años de carrera pero sobrada preparación: Una vez que salga el texto de las Cortes Generales, otros deberán descifrar
hacía qué modelo penal del proceso busca el legislador dirigirnos. Y yo digo más, a qué modelo de investigación penal nos dirigen los grupos firmantes de la transacción que aprobaron en ponencia y que hoy debatimos. En los ágiles y urgentes
trabajos de ponencia ustedes han demostrado hasta qué punto han utilizado, desde 2015, este tema con la máxima demagogia. Nos congratulamos de que con sus actos nos den la razón, que den la razón a todo el que defiende que en el siglo XXI no cabe
regular una investigación penal sin plazos, porque los tratados internacionales y nuestra Constitución no amparan una investigación temporalmente indefinida. Fíjense que ya en el siglo XIX lo consideraban un objetivo a conseguir.


No mandamos buen mensaje a los ciudadanos cuando pasan tantos años sin alcanzarse los objetivos que persiguen una mejor defensa de sus derechos, cuando comprueban que a ellos los plazos se les exigen abruptamente, incluso cuando peor lo
están pasando, cuando muere o desaparece un familiar y deben hacer trámites sin fin en pleno duelo y bajo la amenaza de pérdida de derechos y sanciones. O como cuando en esta crisis la sensibilidad del Gobierno no ha permitido prorrogar los plazos
en el ámbito tributario. Hemos pasado, señorías, del 'hay que derogar' al 'hay que modificar'. Ustedes han dado un paso saltando de esa historia de prejuicios por ser una reforma del Partido Popular que han utilizado como excusa, a palpar la
realidad y a recordar el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el 24.2 de la Constitución española. Seguro que también han recordado que la demagogia tiene un límite, porque son varias las condenas de España por parte del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos por no respetar el derecho a un proceso en un plazo razonable. Y a la hora de la verdad, han optado por un modelo dulcificado de plazos, a nuestro juicio insatisfactorio, pero con aparentes plazos máximos de
investigación, conscientes de que es una senda que no se puede abandonar sin consecuencias.


Lo que no se ha conseguido con la enmienda transaccional que se presentó por la mayoría de los grupos en la ponencia es que aceptaran nuestra oferta -tantas veces reiterada desde que en esta

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Cámara se iniciara la presentación de propuestas de derogación del vigente 324- de mejorar el modelo que se había incorporado y respecto al que ha existido resistencia, pero también defensa. Ofertas, primero, mediante enmienda a la
totalidad, luego como enmienda al articulado, sobre la que, por ejemplo, el PNV abiertamente reconoció -y lo agradecemos- que se podía trabajar para mejorarlo. No siempre en el razonamiento jurídico, señorías, las mayorías tienen razón ni defienden
la mejor doctrina. Como se ha argumentado acertadamente, entre otros, por Mosquera Blanco, el 324 de la Lecrim, que ahora se modifica, otorga a las partes mayores poderes con la consiguiente responsabilidad, acercándonos al modelo acusatorio
durante la investigación Y sigue diciendo: Resulta indudable que ello supone cierto coste y esfuerzo para los operadores jurídicos acostumbrados al actual, al anterior sistema. Pero es que dicho esfuerzo es exigido por el principio acusatorio y
por la efectiva vigencia del principio de presunción de inocencia en los términos de la jurisprudencia internacional, debiendo abandonarse la lenta comodidad del modelo inquisitivo. Cierro la cita. Hoy todo apunta a que se da otro giro con marcha
atrás de nuevo hacia el modelo inquisitivo en nuestra maltrecha ley procesal penal, en una suerte de tertium genus, marcando plazos que, en todo caso, quedan en manos del instructor. El esfuerzo invertido estos años por tantos profesionales se
convierte una vez más en papel mojado y no favorece los anunciados y necesarios cambios y una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Reconocemos que se ha avanzado en la ponencia del discurso negacionista a un planteamiento de señalamiento de plazos
con prórrogas que deberán ser motivadas. No cabe automatismo en ellas y esperamos que la inercia de la praxis no lleve a un indeseable automatismo.


Donde no podemos reconocer avance alguno, ni creemos que sea conforme con el respeto al principio constitucional de seguridad jurídica que nos obliga como legisladores, es en la disposición transitoria, que permite la aplicación de la nueva
norma a los procesos ya iniciados, con investigación o instrucción en diversas fases. Tras el vergonzoso espectáculo dado por la fiscal general del Estado con sus decretos contradictorios y con ambiciones de legislador o de intérprete máximo de la
legislación, percibimos una sospechosa huella y poco claras motivaciones en este cambio de las reglas de juego aplicables a procesos en marcha. Si el principio de seguridad jurídica informa con carácter general, todo el ordenamiento debe ser
cuidado especialmente en materia procesal y aún más, si cabe, en el ámbito penal, como es el caso. Se trata, entre otras palabras, como recuerda el profesor Ugartemendia, de protección que despliega el principio de protección de la confianza
legítima; un principio que, con origen en el derecho alemán, ha sido introducido en el derecho español a través del reconocimiento y desarrollo que el mismo ha recibido en el derecho comunitario, razón por la cual mostramos nuestra completa
disconformidad a la disposición transitoria incorporada y por la que mantenemos nuestras enmiendas a votación.


En el siglo XXI no cabe legislar en contra de la presunción de inocencia y esto, señorías, siguen sin verlo. La grandeza de la época en la que vivimos y de un Estado democrático de derecho es que nadie, tampoco los jueces, están por encima
de la ley. La crítica de una opción normativa no puede enturbiarse, como se ha hecho, con los argumentos interesados, incluso difamatorios, que hemos tenido que escuchar a lo largo de este tiempo por los grupos políticos; la última vez en el pleno
de totalidad.


La señora PRESIDENTA: Debe ir terminando.


La señora MORO ALMARAZ: Termino rápido. Le pedí un poquito de tiempo porque no lo calculé exactamente.


La simplificación, la frivolización y la utilización de datos falsos o sesgados han colocado este tema ante un planteamiento inaudito en las reformas de las leyes procesales en España y hoy, que se nos presenta un texto acordado
mayoritariamente en ponencia por los mismos que gritaban derogar los plazos, se certifica que es la demostración inequívoca de que los plazos reciben otra valoración si no lo propone el Partido Popular. Y este argumento es tan pobre y tan
inasumible jurídicamente, por más que reciba muchos aplausos, que no merece mucho más comentario.


Stephen Hopkins tendría que volver a nacer y escribir de nuevo su Brevísima historia del tiempo. Hoy, que llegamos al final de esta tramitación, pensamos en su principio de incertidumbre y nos preocupa, señorías, la incertidumbre ante los
cambios constantes de los modelos normativos de instrucción penal y de la aplicación transitoria elegida.


Una de las grandes enseñanzas que aprendí de mis maestros en derecho y que me esforcé en transmitir a mis alumnos es aquello que a los juristas, y especialmente a los abogados, nos hace poco comprensibles para la gente: lo esencial del
derecho, de ese derecho a la defensa que tienen todos los ciudadanos. Han dejado, señorías, especialmente los juristas, que el discurso político más débil, el más

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sencillo, quizá el más efectista en el tiempo en que vivimos, se haya llevado por delante la objetividad y la defensa de los principios básicos que hicieron grande al derecho continental y europeo.


La señora PRESIDENTA: Por favor.


La señora MORO ALMARAZ: Y alguien en tiempo de descuento -y finalizo- ha tenido que venir a poner un poco de racionalidad, pero que lamentablemente resulta sesgada, con un texto que parte del anteproyecto Caamaño, se nutre en parte del 324
actual y, sobre todo, de la idea esencial de que una investigación penal no puede ser indefinida y nunca puede ser un instrumento sustitutivo de las políticas tecnológicas y organizativas de los recursos humanos en la justicia.


Agradezco, como siempre, el trabajo de los servicios de la Cámara, de los letrados de la Comisión y de sus señorías, además del de mi compañero en la ponencia, el señor Miquel Jerez.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moro.


A continuación, le corresponde el turno de palabra para defender su posición y el mantenimiento de sus enmiendas al portavoz del Grupo Parlamentario VOX, el señor Sánchez. Le agradecería que se ajustara, en la medida de lo posible, a los
tiempos acordados -en este caso, son cinco minutos- para la defensa de sus enmiendas.


Muchas gracias.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Hemos mantenido y vamos a mantener esta enmienda y, por lo tanto, no vamos a votar a favor de la enmienda transaccional, tampoco en este trámite en sesión plenaria de la Comisión, por razones que son de conocimiento público, pero que yo me
veo aquí en la necesidad de recordar a todos. El texto de la proposición de ley del Grupo Podemos es de derogación del artículo 324, tal y como quedó redactado después de dos reformas que sufrió el texto original de 1882: en el año 2009, a
iniciativa en ese momento de quien gobernaba, que era el señor Zapatero, del Partido Socialista, y, luego, en 2015, a iniciativa de quien gobernaba entonces, que era el señor Rajoy. En el entendimiento de este grupo, ambos gobernantes de triste
recuerdo para España.


Pero, en fin, aparte de este comentario general, quiero decir que aquí estamos abocados a enfrentarnos a la enmienda transaccional, que es, como en la batalla de Lepanto, una alianza impía, impius foedus, porque, claro, aquí converge Podemos
con esta tenaz resistencia del Partido Popular a que se derogue o se reforme el actual texto del artículo 324, resultante principalmente de la enmienda del tiempo de Rajoy. ¿Esto a qué obedece? ¡Pero si esto lo saben todos los españoles! ¡No sé ni
por qué tenemos que debatirlo aquí! Esto obedece a que la geografía española está sembrada de imputaciones o investigaciones, de enjuiciamientos criminales, en definitiva, de políticos que, en cargos públicos, pertenecían al Partido Popular, y del
Partido Socialista, que ve con agrado todo aquello que pueda remediar de algún modo, con estas disposiciones procesales, que esos enjuiciamientos sigan adelante. Y entonces llega Podemos, partido revolucionario -pero tampoco tanto, porque ahora ha
caído en lo que llamaba Lenin esa condición de pequeño burgués, como vemos por la vida nueva de sus dirigentes-, que dice que quizá no tanto y, entonces, aparece esta enmienda transaccional. Claro, la razón es la misma; quizá no cuantitativamente
pero cualitativamente, sí. Y es que habrá muchos señores de Podemos que están siendo sujetos pasivos de enjuiciamiento criminal en fase de instrucción. Entonces, claro, todos se asustan y como aquí nos constituimos en legislador, decimos: esto se
arregla fácilmente; tenemos potestad para resolver un problema político modificando las leyes; un problema político de conveniencia de los partidos que han promovido esas reformas en el pasado y del partido que ahora nos hace esta proposición de
ley, la presenta en el Congreso y luego accede a esta enmienda transaccional. Esto no es de recibo porque, primero, es una tomadura de pelo respecto a posiciones anteriores y, segundo, es un abuso de la potestad parlamentaria.


Si se pretende que esto siga adelante, estamos actuando sin atender a los intereses generales. Las leyes no se hacen a la medida de nadie; se hacen para todos, y usted, señora Moro Almaraz, que es colega universitario, esto no lo puede
ignorar, y no me puede venir aquí con historias ni de que la legislación es añeja, ni de que si el siglo XIX, ni pamplinas parecidas. Esto obedece a un propósito claro, en este momento compartido también por Podemos, por el Partido Socialista y ya
no sé quién más porque me pierdo un poco en este consenso que no me atrevo a calificar por respeto a la Comisión y a su

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presidenta, que se distingue siempre por su amabilidad y buen sentido. Así que, ¿cómo pretenden ustedes que nosotros apoyemos esto?


Por lo demás, la proposición de ley es técnicamente defectuosa porque propone la derogación del artículo 324 y no propone un texto, creyéndose los diputados de Podemos que cuando se deroga un artículo, resucita así, como por ensalmo, el
texto anterior, ese denostado y decimonónico texto de 1882. Vamos a ver, pero ¿quién en su sano juicio y atendiendo a la más elemental verdad de las cosas se va a creer que un precepto que ha estado más de 120 años en vigor en España ahora, de
repente, es un texto infumable -y perdonen ustedes esta expresión pedestre-? Y luego, que si el Convenio europeo, que si la Corte de Estrasburgo... La Corte de Estrasburgo, señora Moro Almaraz, no ha dicho lo que usted dice, y si tiene alguna
sentencia relativa a lo que dispone este precepto, le ruego que la lea y nos ilustre usted con su ciencia. No dice eso, es una jurisprudencia general sobre las dilaciones indebidas en el procedimiento. ¡Pues claro! ¿Y qué cree usted, que no lo
sabemos? Pues lo sabemos todos, lo que pasa es que en este caso el proponente y los circunstantes, con la excepción de VOX, están todos conformes con que son deseables las dilaciones indebidas corregidas por la ley aprobada a la medida de los
interesados, que son unos cuantos, unos cuantos miles, es verdad, pero unos cuantos miles de corruptos. Y vamos a dejarnos ya de historias porque esto no se lo cree nadie. Por lo tanto, mantendremos nuestra enmienda y, lamentablemente, creo que
esto no es aceptable ni de recibo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez García.


A continuación, corresponde la intervención de los portavoces, de menor a mayor. Le correspondería a la señora Vehí Cantenys, por parte del Grupo Mixto, que ha trasladado a esta Presidencia su imposibilidad de asistir a esta Comisión, pero
desea que conste en el Diario de Sesiones el apoyo al texto transaccionado y, por tanto, el apoyo, en su momento, a la aprobación del informe de la ponencia.


Sin más demora, le voy a dar la palabra al señor Bal Francés, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


El señor BAL FRANCÉS: Buenas tardes a todos.


El rechazo de las enmiendas a la totalidad se defiende con la defensa de la enmienda transaccional. Para mí es un motivo de alegría, además, que diversos grupos parlamentarios, dejando al margen la ideología y únicamente hablando desde un
punto de vista técnico, hayamos conseguido un texto que pone en un buen equilibrio el derecho que tiene el Estado a investigar los crímenes y que la sociedad los conozca, y también el derecho de aquel que está investigado a un proceso sin dilaciones
indebidas. Sobre todo, porque evita las trabas burocráticas que actualmente colapsaban los juzgados con una serie de trámites que no tenían demasiada eficacia. Le impone al juez, además, la autoevaluación, por dónde tiene que andar su causa,
cuáles son las diligencias que se han practicado y cómo es de compleja esta causa. De esta manera, el órgano jurisdiccional no puede hacer lo que le venga en gana, tiene que responder a los usuarios del servicio público de la justicia, que son las
acusaciones que representan al ius puniendi del Estado, por una parte, y el investigado, por la otra. Como digo, el Estado tiene derecho a investigar estos delitos y si se trata de causas complejas, como la corrupción de partidos políticos, es
razonable que, de acuerdo con sus medios y con la complejidad de la causa, pueda ir acomodando la duración de la misma en los plazos que hemos establecido en esta enmienda transaccional, que son muy razonables, iniciándolos por el de doce meses.
Porque si no, estaríamos premiando a los delincuentes más sagaces, a los delincuentes más listos, a los que establecen esas redes de corrupción que son opacas, que son difíciles de encontrar, de investigar y de condenar, respecto a delincuentes más
impulsivos, más pasionales o más torpes a la hora de cometer el delito. Insisto en que es fundamental que el juez de instrucción tenga herramientas idóneas y proporcionadas respecto al derecho que tiene el investigado para dar a conocer a la
sociedad tramas que le interesan mucho y, sobre todo, en los casos en los que se encuentran implicados los políticos, balanceando este derecho con el derecho a las dilaciones indebidas.


No es verdad que no exista o que no se esté reconociendo el derecho del ciudadano y del investigado a no tener un proceso con dilaciones indebidas. Se está reconociendo este derecho; ya se reconoce la atenuante de dilaciones indebidas, ya
se reconoce en la responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y ahora se reconoce en esa obligación que tiene el juez de instrucción de autoevaluar la causa, y no olvidemos que tiene, además, derecho a
recurso respecto a la decisión que tome el juez, que, por lo tanto, tendrá que hacer su trabajo y motivar esta decisión si quiere que sigan teniendo eficacia las diligencias de investigación que ha acordado. Pero lo que no se puede defender, como
hacen estas enmiendas, es el derecho a la impunidad; el derecho a la impunidad en un

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sistema en que la Administración de Justicia carece de medios suficientes porque durante cuarenta años tanto el Partido Popular como el Partido Socialista no han invertido en medios en la justicia. Si tuviéramos una justicia moderna, si
tuviéramos no una ratio de 12 jueces por 100 000 habitantes sino de 21 jueces por 100 000 habitantes -que es la media de la Unión Europea- no estaríamos hablando de este problema y todas las causas se tramitarían con celeridad. Pero no es así y,
por lo tanto, no podemos dar nuestro voto a favor de la impunidad de los crímenes. Tenemos que establecer ese término medio que yo creo que hemos conseguido con este acuerdo, con este consenso.


Terminará la instrucción cuando el juez llegue al convencimiento, de acuerdo con las diligencias de investigación practicadas, respecto a que existen o no indicios racionales de criminalidad y, desde luego, entiendo que con esta norma -la
primera que se va a publicar, probablemente, como ley ordinaria en dos años en el Boletín Oficial del Estado- podemos felicitarnos todos aquellos que hemos firmado la enmienda transaccional.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal.


A continuación, por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Alonso-Cuevillas.


El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, empiezo por las enmiendas. Doctor Sánchez, me refiero a usted, que es un ilustre profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y, por tanto, cuando ha hablado de impíos me sitúo en la posición de los impíos que defendemos la
enmienda. Supongo que eso lo dice basándose en sus conocimientos de Derecho Eclesiástico. (Rumores). En esta condición de representación de los impíos, quiero recordarle que en el caso de derogación, iríamos a un texto que sobrevivió 133 años,
que era el originario 324, que quiero recordar que decía que el sumario durará, como mucho, un mes y que pasado un mes, el juez dará parte al presidente de la Audiencia, cosa que, lógicamente, jamás se cumplió porque era absolutamente carente de
sentido. La norma que estamos reformando ha tenido una vigencia de cinco años.


Doctora Moro -también profesora universitaria-, quiero destacarle que no comparto sus razonamientos respecto al principio acusatorio; creo que lo estamos reforzando. Hemos conseguido -y yo creo que es muy positivo destacarlo- un equilibrio
entre evitar la impunidad y, al mismo tiempo, garantizar el derecho de defensa. Reforzamos el principio acusatorio por cuanto damos voz a las partes para que puedan opinar al respecto y, en definitiva, lo que estamos limitando es la posibilidad de
arbitrio judicial, ya que la reforma de 2015 -que era, lo dije y lo reitero, chapucera en cuanto a su redacción- daba lugar a demasiado arbitrio judicial, a unas interpretaciones muy desacordes en los diversos órganos judiciales. Como destacaba el
señor Bal, hemos conseguido una enmienda transaccional que busca el equilibrio y debemos estar satisfechos.


Acabo ya -sin agotar el tiempo-, felicitando y agradeciendo a la presidenta, en primer lugar, y, en general, a todos los miembros de la Comisión porque hemos sido capaces de conseguirlo. Creo que es la primera ley, salvo convalidaciones de
decretos-leyes, que aprobamos en esta legislatura. Da gusto estar en esta Comisión porque, aunque en otros puntos tenemos posturas muy encontradas -es, y seguramente los más veteranos lo confirman, la legislatura más encrespada de la historia de
esta Cámara-, en este punto, en el que el debate es esencialmente técnico, hemos conseguido un amplísimo consenso. Por tanto, me congratulo por ello y agradezco y felicito a todas sus señorías y a la Comisión porque hayamos conseguido consensuar
este texto con esta amplitud. Creo que va a salir publicada en el Boletín Oficial del Estado una ley que será buena para los juristas teóricos, y especialmente buena y muy útil para los juristas prácticos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alonso-Cuevillas.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.


Voy a ser muy breve para no reiterarme, ya que durante los últimos años hemos tenido muchas intervenciones en relación con este tema porque ha sido muy recurrente.


Era necesaria una reforma. Las que hemos llevado toga hasta hace muy poquito tiempo hemos sufrido la reforma del 324 que hizo el Partido Popular. Hemos sufrido que se sobreseyesen muchas causas por no dar tiempo a solicitar esas prórrogas
o que se alargaran otras sin necesidad. Era necesaria porque todas las profesionales que nos dedicábamos al derecho y lo ejercíamos en los tribunales hemos visto

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cómo esto nos ha ido perjudicando, pero no solamente a las abogadas y procuradoras, sino también a todo el personal de la Administración de Justicia, a los jueces, magistrados y fiscales. Esta reforma era necesaria porque veíamos que
favorecía la impunidad de los delitos especialmente más complejos, sobre todo los delitos de corrupción. También es cierto que nosotras no estamos de acuerdo con las prórrogas infinitas, por lo que coincidimos con Junts per Catalunya y con el resto
de compañeros que me han precedido en el uso de la palabra en que es necesario establecer ciertos límites a la duración de esas instrucciones, porque también es una garantía para los derechos del justiciable. En ese sentido, vemos que podríamos
haber puesto más límites en esa línea. En definitiva, la reforma era necesaria y no estamos para nada de acuerdo con las enmiendas que se mantienen vivas por parte del Grupo Parlamentario VOX y por el Grupo Parlamentario Popular.


Para terminar, quiero simplemente felicitarnos -como también ha comentado mi compañero de Junts per Catalunya- por el buen entendimiento que ha habido en esta Comisión para lograr esta reforma, por este consenso que se ha conseguido. Ojalá
todo se pudiera conseguir de la misma manera, hablando y dialogando, que es como se consiguen los grandes consensos. Quiero felicitar a la presidenta por su buen tono y por su amabilidad, y también a las letradas de la Comisión, que es evidente que
sin ellas el trabajo legislativo no sería tan pulcro y perfecto.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.


Por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Llodrà.


El señor ASENS LLODRÀ: Gracias, presidenta.


Yo pensaba que hoy veníamos solo a votar, pero déjenme que diga un par de cosas. La primera es expresar mi sorpresa por el calificativo de impío del señor García, portavoz de VOX. (El señor Sánchez García pronuncia palabras que no se
perciben). Sánchez García, perdone. No me habían dicho nunca impío, y la verdad es que carezco de la virtud de la fe en Dios pero no sé qué significa esa declaración. Yo sé que a los impíos los perseguían y que cuando los hallaban los torturaban
hasta la muerte; no sé si eso quiere decir que usted cree que nos merecemos algún tipo de castigo divino o que vamos a ir al Purgatorio. En todo caso, es coherente con la posición en el Plenario: el acoso y las amenazas que sus simpatizantes y
sus concejales hacen hacia nosotros. La verdad es que ya le digo que me han dicho muchas cosas en la vida pero nunca me habían dicho impío hasta ahora.


Dicho lo cual, sobre lo que va a suceder hoy me gustaría decir que es un hecho histórico, efectivamente, es la primera ley que se va a aprobar en esta legislatura, y creo que mandamos un mensaje importante a la ciudadanía. Que formaciones
con ideologías diferentes, que formaciones tan dispares, con programas políticos muchas veces incompatibles seamos capaces de aunarnos en un mismo objetivo, la lucha por la transparencia, la lucha contra la impunidad de la corrupción, es un mensaje
que debería tranquilizar a la ciudadanía, y creo que nos debemos felicitar por ello. Creo que había un gran consenso en que el artículo 324 era un instrumento al servicio de la impunidad que el Partido Popular aprobó precisamente para esquivar la
acción de la justicia, y por tanto hoy, poniendo fin a ese artículo y aprobando una enmienda transaccional, que creo que encuentra el equilibrio justo con todos los derechos que están en juego, hemos hecho un gran favor a la democracia. Pese a las
trabas y al hecho de que el PP lo haya intentado todo, finalmente esta ley verá la luz.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Señor Asens.


Para finalizar el turno de portavoces, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Aranda Vargas.


El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señora presidenta.


Parece que es un mal día para VOX, pero es un buen día para el parlamentarismo, con lo cual estamos satisfechos. Ha quedado claro por la intervención del señor portavoz de VOX que le molesta que se pacte, pero parece que el pacto de los
impíos tira adelante y ellos se quedan fuera, con un discurso que ya han calificado mis compañeros.


Señorías, cuando yo entré de diputado lo hice pensando en días como hoy. Ciertamente a todos nos gusta la confrontación sana, respetuosa, las opiniones dentro de los cánones de la buena política, confrontar proyectos para mejorar la vida de
los ciudadanos y ciudadanas, y honrar las instituciones. Pero

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creo sinceramente que la mejor manera de mejorar la vida de la ciudadanía y de honrar las instituciones es precisamente esta: llegar a acuerdos, transaccionar; en definitiva, unirse para avanzar. Lo dije en mi intervención en el Pleno:
la justicia es un lugar donde se puede llegar a acuerdos y esos acuerdos son no solo buenos para el parlamentarismo, sino para la ciudadanía. Hoy estamos dando un paso importante para la gente que nos ha votado precisamente para esto: para que sus
representantes trabajen por su bien. Por ello, evidentemente, solo me queda congratularme por el trabajo hecho por mucha gente para llegar aquí, para tener esta imagen que a todos nos agrada. En primer lugar, gracias al ministerio, que ha tenido a
bien estar en esta disposición para poder llegar a este acuerdo. Quiero agradecer al grupo proponente, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, y especialmente al señor Santiago y al señor Asens, su trabajo, importante para llegar a
este acuerdo y con los que ha sido muy fácil entenderse. Gracias -y quiero decirlo porque creo que es bueno decir los nombres- al señor Bal, al señor Alonso-Cuevillas, a la señora Telechea, al señor Legarda, al señor Asens y al señor Santiago.
Creo que, al margen de las diferencias, hemos demostrado poder llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía.


Gracias también, presidenta -ya lo han dicho-, por su paciencia, por su buen hacer. Gracias infinitas a los miembros jurídicos de la Mesa por sus enseñanzas y también por la paciencia de aguantar a los que no somos tan expertos en la
materia ni doctores en Derecho Eclesiástico. Gracias a mi grupo por estar detrás y poder aceptar esta enmienda, y sobre todo a la señora Fernández que me ha acompañado en ese trayecto. Es importante también agradecer a aquellos grupos que, por
encima de las diferencias, traen a esta Cámara discursos diferentes pero con respeto. También quiero agradecer a la señora Moro su disposición, que siempre ha tenido un diálogo desde el respeto. Les invitaría a sumarse a la transaccional; sé que
no lo harán y es una pena que nos separe una transaccional, pero es que, señorías, no es baladí, porque el momento de aplicación de la ley es muy importante y creo que también es bueno señalarlo.


Voy acabando. Estoy muy honrado de ser portavoz de este grupo, que ha entendido siempre la justicia como un pilar del Estado. Estoy muy honrado de participar en esta reforma legislativa y espero y deseo que este espíritu de construcción
prevalezca porque a lo largo de esta legislatura, que, señorías, auguro larga, habrá muchos momentos para poder intercambiar opiniones y llegar a acuerdos. De nuestra capacidad de alcanzar acuerdos dependerá que esas mejoras sean reales.


Acabo con una cita, porque me gusta acabar con alguna cita. En este caso, en este entorno donde tenemos tanto aprecio por la palabra -aquí hay gente que tiene el don de la palabra-, lo que importa son los hechos y, como dijo el filósofo
Diógenes el Cínico, el movimiento se demuestra andando y creo que hoy hemos caminado un poquito más.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aranda.


Vamos ya, sin más demora, por orden de procedimiento y conforme me indican los letrados.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROPOSICIÓN DE LEY DE DEROGACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PREVISTO PARA LA INSTRUCCIÓN EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente 122/000024).


La señora PRESIDENTA: Si les parece, ratificamos primero por asentimiento la composición de los miembros de la ponencia, porque no lo habíamos hecho. (Asentimiento).


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROPOSICIÓN DE LEY DE DEROGACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PREVISTO PARA LA INSTRUCCIÓN EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (CONTINUACIÓN). (Número de
expediente 122/000024).


La señora PRESIDENTA: A continuación, comenzamos las votaciones. En primer lugar, votaremos la enmienda que ha mantenido viva el Grupo Parlamentario VOX.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 30.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


A continuación, procedemos a votar las enmiendas que mantiene vivas el Grupo Parlamentario Popular, por el mismo sistema.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 26.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Procedemos a la votación de la enmienda de corrección técnica a la exposición de motivos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 5; abstenciones, 9.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Por último -la última de las votaciones-, votamos el texto del informe de la ponencia con la enmienda incorporada de corrección técnica a la exposición de motivos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 21; en contra, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada, con competencia legislativa plena, la proposición de ley por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (Aplausos).


Antes de terminar, mi agradecimiento en nombre de todos los miembros de la Comisión a las señoras letradas y al señor letrado por su generosidad siempre en su trabajo. Y mi agradecimiento a todos los miembros de esta Comisión, a las señoras
y a los señores portavoces y a los grupos parlamentarios que han mantenido sus enmiendas. El trabajo, el diálogo y el encuentro siempre nos harán mejores a todos. Muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las cuatro y veinte minutos de la tarde.