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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 561, de 27/01/2023
cve: BOCG-14-D-561
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
27 de enero de 2023
Núm. 561
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página3)
Declaración de intereses económicos ... (Página29)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001129 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la creación de un Fondo Extraordinario de Compensación a Ayuntamientos, entidades y organismos municipales dependientes de estos por el coste energético del
alumbrado e inmuebles competencia de las administraciones locales ... (Página34)
162/001130 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre seguridad, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina cuando se cumplen veinte años de la catástrofe del Prestige en las costas de Galicia
... (Página35)
162/001131 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre impulso a la regulación del cannabis medicinal ... (Página41)
162/001132 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a asegurar el libre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional ... (Página42)
162/001133 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la articulación urgente de una estrategia global de reposicionamiento competitivo y de búsqueda de mejores niveles de rentabilidad para
la industria turística española en el contexto de las incertidumbres económicas y geopolíticas actuales ... (Página43)
162/001134 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la condena a los sucesos acaecidos en la República Federal de Brasil el 8 de enero de 2023, así como el apoyo y compromiso a las instituciones
brasileñas ... (Página46)
162/001135 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la elaboración de un informe que cuantifique la pérdida de aprendizaje motivada por la pandemia COVID-19 ... (Página47)
162/001136 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la atención de la salud mental en los centros educativos ... (Página48)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
233/000031 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5439/2021, planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Barcelona, en relación con el artículo 2.1, letras a) y b), del
Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados ... (Página49)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
093/000026 Adenda al Convenio de Colaboración/Cooperación entre las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León para la ejecución de una política conjunta en materia de transporte colectivo de viajeros, en relación con determinados
municipios de las provincias de Ávila y Segovia ... (Página51)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
ANGUITA PÉREZ, Omar (GS) (núm. expte. 005/000353/0002) 1 ... (Página19)
GARCÍA NIETO, Ezequiel (GCUP-EC-GC) (núm. expte. 005/000399/0000) 0 ... (Página4)
ORIA LÓPEZ, María Inmaculada (GS) (núm. expte. 005/000369/0001) 1 ... (Página14)
ORTEGA DOMÍNGUEZ, José Ramón (GS) (núm. expte. 005/000367/0001) 1 ... (Página9)
TRÍAS GIL, Georgina (GVOX) (núm. expte. 005/000265/0001) 1 ... (Página24)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de intereses económicos presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
GARCÍA NIETO, Ezequiel (GCUP-EC-GC) (núm. expte. 007/000370/0000) 1 ... (Página30)
QUINTANILLA NAVARRO, Miguel Ángel (GP) (núm. expte. 007/000371/0000) 1 ... (Página32)
1 Declaración inicial
2 Modificación de la declaración de intereses económicos
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/001129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la diputada de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras i Camero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en el Pleno de la
Cámara, una Proposición no de Ley para la creación de un Fondo Extraordinario de Compensación a Ayuntamientos, entidades y organismos municipales dependientes de éstos por el coste energético del alumbrado e inmuebles competencia de las
administraciones locales.
Exposición de motivos
Frente a la escalada de precios de la energía debido al momento coyuntural actual, muchos municipios han tenido que hacer frente a gastos energéticos más elevados respecto a los gastos del año anterior. Estas subidas del gasto para el
alumbrado público y los costes energéticos de inmuebles públicos, tanto por parte de los entes municipales como de las entidades y organismos dependientes de ellos, se sitúan entre un 25 % a un 50 %, e incluso hasta un 80 %, del coste total de la
energía, según el tamaño y consumo de los municipios.
Estas cifras se traducen en que, por ejemplo, municipios de entre 9000 a 10 000 habitantes hayan sufrido un incremento de más del 275 % del coste de la electricidad y de más del 360 % del gas, aproximadamente. Que un ayuntamiento de una
ciudad de aproximadamente 200 000 habitantes pase de pagar en 2021 unos 4,6 millones de euros en el recibo de la luz, a unos 6 millones de euros en 2022, con previsión de un incremento para 2023 hasta los 7 millones de euros, según previsiones
iniciales. Eso, a su vez, se traduce en que, por ejemplo, el coste de un semáforo haya pasado de los 20 euros en primavera a los 60 euros en septiembre. Evidentemente, el incremento progresivo del megavatio/hora tiene un impacto mayor tanto en
instalaciones con un consumo más significativo de energía.
Si bien es cierto que el incremento del gasto es desigual entre municipios debido a la diversidad de factores que influyen en el incremento del gasto energético de las administraciones locales, como, por ejemplo, la instalación de bombillas
LED o las medidas conductuales para el ahorro de energía, el incremento del coste de la energía tiene una repercusión grave en los presupuestos municipales. De hecho, en la revisión de precios de suministro de electricidad entre l'Associació
Catalana de Municipis (ACM) y las empresas de suministro, realizada en junio de 2022, ya se confirman las cifras exorbitadas de los precios, ante los cuales, la ACM no le quedó más margen de acción que recomendar a los municipios asociados prever un
incremento de hasta un 100 % del presupuesto para el suministro de energía eléctrica para el segundo semestre de 2022 y confiar en una bajada de precios para los próximos trimestres.
El Gobierno del Estado español ha presentado mecanismos para disminuir la factura de la luz y el gas, como son las rebajas del IVA, el mecanismo de la excepción ibérica, o, en el marco del Plan +SE, el
programa de préstamos para los municipios con el fin de renovar el alumbrado exterior con el fin de mejorar su eficiencia energética. Estas medidas no son suficientes para que los municipios no tengan que dedicar gran parte de su
presupuesto al gasto energético. De hecho, hay municipios que desde antes del Plan +SE ya han realizado la inversión para tener un sistema de alumbrado público y de las administraciones locales más eficiente y, aún así, se ven obligados a sustraer
presupuesto de otros ámbitos para cubrir dicho gasto o incluso algunos se quedarán sin alternativa para pagar.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear un Fondo Extraordinario de Compensación a Ayuntamientos, entidades y organismos municipales dependientes de estos para ayudarlos a aliviar el gasto energético del alumbrado e inmuebles competencia de las administraciones locales y
poder cumplir con sus respectivos presupuestos.
2. Agilizar las medidas económicas necesarias para aquellos municipios que deban renovar sus instalaciones de alumbrado exterior de forma que cumpla con los requisitos exigidos por el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2022.-Miriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
162/001130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre seguridad, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina cuando se cumplen veinte años de la catástrofe del Prestige en las costas de Galiza, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado mes de noviembre se cumplían veinte años del hundimiento del petrolero Prestige frente a la costa gallega. A pesar de los avances parciales producidos en materia de seguridad, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación
marina, logrados, en su mayoría, como consecuencia directa de la masiva presión social ejercida después de la catástrofe, sigue siendo objeto de la máxima preocupación para la Plataforma Nunca Máis la existencia de riesgos objetivos (intenso tráfico
marítimo frente al litoral gallego, condiciones climáticas singulares, etc.), sumados a otros factores directamente relacionados con la voluntad y actuación de las diferentes administraciones y, singularmente, del Gobierno español, titular en la
actualidad de las competencias en materia de salvamento marítimo.
Precisamente en la esfera política provoca estupor la extrema gravedad de las declaraciones públicas, veinte años después de lo sucedido y con la constatación de los daños ocasionados, realizados por los distintos responsables políticos en
aquel momento, en las que no solo no hay autocrítica después de corroborar las terribles consecuencias de sus decisiones, sino que afirman sentirse satisfechos y dicen que lo volverían a hacer. La irresponsabilidad política y la despreocupación son
también un peligro inaceptable para Galiza y su seguridad marítima.
Veinte años después, la Plataforma Nunca Máis traslada una serie de elementos centrales, no resueltos, que precisan de respuesta y actuación por parte del Gobierno español.
1. Sobre el estado del pecio del Prestige, hundido hace veinte años.
El 19 de noviembre de 2002, hace ya veinte años, se hundía a unas 130 millas de la costa gallega y después de partir a la mitad, el buque petrolero Prestige. La popa, a una profundidad de 3545 metros, está separada de la proa, a 3820 metros
de profundidad, por unas 2 millas de distancia. Las dos partes del pecio acumulaban 13 700 tns. de fuel, que seguían vertiendo desde esa profundidad.
Sin embargo, la versión gubernamental inicial, desaconsejaba cualquier tipo de actuación sobre el pecio, básicamente porque:
a) Las bajas temperaturas del fondo marino provocarían la 'solidificación' del fuel del Prestige, por lo que no existía riesgo de fugas y que estas acabaran impactando en la costa gallega.
b) A esa profundidad no existía oxígeno, por lo que tampoco existía peligro de corrosión de la estructura (proa y popa) del buque.
Esta tesis fue refutada no por instituciones españolas, sino por la comunidad científica gallega, y por el organismo francés CEDRE (Centro de Documentación, de Investigación y de Experimentación sobre la Contaminación Accidental de las
Aguas), que advirtió que el fuel no se solidificaba a esas temperaturas (2,5°C), y que evidentemente sí existía oxígeno en esa profundidad y, en consecuencia, riesgo evidente de corrosión de la estructura del buque.
Así, finalmente, se puso en marcha una operación de inspección, extracción de fuel y sellado de las hendiduras en la proa y popa del Prestige entre los años 2003 y 2004, a través de la empresa REPSOL. Después de los trabajos, cálculos
oficiales indican que aún quedan en el interior del pecio del Prestige unas 1100 tns (700 en la popa y otras 400 en la proa).
Pasados veinte años desde el hundimiento se desconoce el nivel de corrosión de la estructura del buque, así como el nivel de resistencia de los materiales utilizados para el sellado de las 15 hendiduras detectadas (11 en la popa y 4 en la
proa), distintos en cada caso, habiéndose utilizado tapones, estachas, sacas de arena, bolsas y resinas. Es necesario que se realice una inspección del pecio y del nivel de riesgo de nuevas fugas de fuel.
2. Sobre la falta de información y transparencia en los episodios de contaminación marina en el litoral gallego.
A pesar de poseer datos proporcionados a nivel global por el sistema satelitario GNOME, o más específicamente por el CSN (CleanSeaNet) de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, que traslada al Estado español, de manera continuada,
imágenes de alta definición que permiten el control, identificación y seguimiento de buques sospechosos de efectuar prácticas ilegales de vertidos contaminantes frente al litoral gallego, lo cierto es que desde este Ministerio no se está informando
ni se hacen públicos datos sobre episodios contaminantes detectados y verificados, buques identificados o sobre la apertura de expedientes sancionadores por este motivo, así como de las correspondientes sanciones administrativas o penales cursadas y
ejecutadas.
Para una mayor eficacia de este sistema de vigilancia satelital, a raíz de la catástrofe del Prestige y, una vez más, gracias a la presión social ejercida, presta su servicio desde el año 2007, con base en el aeropuerto de Santiago de
Compostela, un avión de patrulla marítima (modelo CN-235-300), que tiene, entre sus funciones la realización de misiones de escaneo del litoral gallego con verificación de vertidos y seguimiento e identificación de los buques presuntamente
infractores.
Es objeto de preocupación social y también para la Plataforma Nunca Máis, la persistencia y reiteración de episodios de contaminación marina a través de los denominados 'sentinazos', que periódicamente afectan la costa gallega. El impacto
productivo y ambiental de estas prácticas ilegales afecta gravemente a un ecosistema marino tan delicado, rico y diverso como el existente en Galiza.
Es más, la Directiva 2009/123/CE introduce un sistema de sanciones administrativas por contaminación procedente de buques, infracciones que pasarán a tener carácter penal si se produjeran dolosamente, con imprudencia temeraria o descuido
grave. Sin embargo, no existe ninguna información pública a respeto de la ejecución práctica de esta directiva comunitaria sobre el tráfico marítimo en nuestras costas.
Es necesaria una mayor transparencia en relación con un tema de tanta sensibilidad social y con tan gran impacto desde el punto de vista económico, productivo y ambiental. El Gobierno español debería 'desclasificar' y hacer pública esta
información en su ámbito competencial.
3. Sobre el control del Dispositivo de Separación del Tráfico Marítimo (DST) de Fisterra.
Este es un asunto de capital importancia para la seguridad marítima de la costa de Galiza, frente a la que discurre esa 'autopista del mar' por la que pasan numerosos buques que no cumplen la normativa de la UE porque no tocan ningún puerto
comunitario y, además, en muchos casos, enarbolando una
bandera de conveniencia. Por eso la disuasión mediante vigilancia, inspección y sanciones es fundamental para disminuir el riesgo.
Hoy tenemos, gracias a la movilización social encabezada por la Plataforma Nunca Máis, mejores medios marítimos y aéreos que hace veinte años, sin embargo, la cuestión esencial es cómo se usan para efectivizar esa disuasión e impedir nuevas
prácticas contaminantes ilegales.
De nada sirve la Directiva 2009/16/CE, que permite realizar inspecciones en aguas jurisdiccionales -que no sean puertos-, o la 20009/123/CE, que otorga cobertura legal para sancionar administrativa o penalmente buques infractores, si no se
dotan con los recursos técnicos y humanos precisos para su verificación práctica.
Del 22 de junio hasta finales de octubre de 2021 estuvo operativo en el DST de Fisterra un dron contratado por la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA). Se desconoce, sin embargo, el resultado de su trabajo, ni las previsiones de
activación de esta o de otras aeronaves no tripuladas sobre la costa gallega.
Recientemente Salvamento Marítimo informó de la próxima activación del 'Proyecto iSAR', consistente en el desarrollo de uno o varios sistemas para plataformas aéreas y navales conformado por la integración de sensores inteligentes que
detecten e identifiquen en ambientes diurnos o nocturnos la presencia de náufragos, objetos peligrosos para la navegación y contaminación en el agua o en el aire. Vinculado a este proyecto están los helicópteros no tripulados 'Camcopter S-100', con
sistemas para compartir la información obtenida y distribuirla e integrarla también en buques, aviones y helicópteros de salvamento marítimo. Es evidente que la implementación en Galiza de un sistema de estas características mejoraría notablemente
la capacidad de control e intervención del DST de Fisterra.
Una de las demandas más fundamentadas hace veinte años, teniendo en cuenta la siniestralidad marítima que registra una zona concreta del litoral gallego, como es A Costa da Morte, consistía en la instalación de una base de helicópteros de
salvamento en esa comarca. Se trataba de reducir los tiempos de respuesta para acudir a cualquier alerta activada. Así, el Gobierno español adquirió los terrenos, licitó y finalmente ejecutó las obras de esta infraestructura en Lires (Cee). Sin
embargo, se demostró que el emplazamiento escogido por el Gobierno central no era apto para operar los helicópteros, básicamente por razones climáticas derivadas de la localización elegida. A día de hoy no existe nuevo emplazamiento y las obras
realizadas no cumplen absolutamente ninguna función.
4. Sobre la determinación de lugares o puertos de refugio y acogida de buques.
En noviembre de 2002, el Gobierno español denegó el acceso del Prestige a un lugar o puerto de refugio. Según numerosos expertos, esta controvertida decisión provocó la multiplicación y mayor extensión del daño ocasionado del punto de vista
ambiental y productivo, así como sobre los recursos pesqueros y marisqueros.
Para hacer frente a la problemática de falta de lugares de refugio, evidenciada de manera notoria durante la catástrofe del Prestige y a consecuencia de ella, la Organización Marítima Internacional dictó la Resolución A.949, con fecha de 5
de diciembre de 2003, sobre Directrices Relativas a los lugares de refugio para los buques necesitados de asistencia.
Según la OMI, por lugar de refugio se debe entender el 'lugar en el que un buque necesitado de asistencia pueda adoptar las medidas que le permitan estabilizar su situación y reducir los riesgos para la navegación, así como proteger la vida
humana y el medio ambiente'.
Indica la OMI además que, 'cuando un buque sufre un accidente, la mejor manera de prevenir el daño o contaminación debido a su deterioro progresivo, es aligerar su carga y combustible, y reparar el daño sufrido por el buque. Esta operación
se realiza de manera más apropiada en un lugar de refugio'.
En aplicación parcial de las Resoluciones A.949 y A.950 de la OMI, el Gobierno español dictó el Real Decreto 2010/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo. En este
Decreto se contempla la existencia de 'lugares de refugio', así como de los 'planos de acogida' específicos para buques que lo precisaran.
Sin embargo, no se conoce en la actualidad, ni se hizo público por parte del Gobierno español, ninguna información o inventario de espacios geográficos abrigados o instalaciones portuarias debidamente dotadas que den cumplimiento a la
mencionada Resolución de la OMI sobre lugares de refugio para buques necesitados de asistencia, ni tampoco sobre los denominados 'planos de acogida' en cada caso. Y pasaron ya más de dieciocho años desde la promulgación y publicación de esta
normativa.
5. Sobre el control y eliminación de las 'banderas de conveniencia'.
Tiene toda la lógica la existencia de una correspondencia directa entre el propietario de un buque (casa armadora) y la bandera que enarbola, segundo dispone la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
El propio Prestige navegaba bajo pabellón de las Bahamas. Los registros de banderas de conveniencia dificultan responsabilizar a los armadores de sus actos, lo que también les permite pagar menos impuestos, estar sometidos a una menor
regulación y contratar mano de obra barata y poco cualificada.
Los inmensos beneficios económicos son obtenidos reduciendo derechos laborales y seguridad en el mar. La estadística demuestra la existencia de más siniestros marítimos en los buques con bandera de conveniencia. De hecho, la sentencia del
caso Prestige califica a la dotación del petrolero, literalmente, como tripulación 'de escasa formación'.
En la actualidad trabajan en el transporte mercante global cerca de 1,9 millones de marineros, de los que la mayoría proceden, en orden descendente, de Filipinas, Federación Rusa, Indonesia, China e India, representando aproximadamente el 44
% del total mundial de marineros y oficiales. La cualificación de las personas que trabajan en el mar está directamente relacionada con los costes económicos y con el incumplimiento de la CONVEMAR por falta de voluntad política de los Estados.
Para hacerse una idea del interés económico de las banderas de conveniencia, en el año 1970 los buques de libre matrícula tenían 70 millones de TPM (toneladas de peso muerto que indican la capacidad de carga) y representaban el 21,6 % del
total de TPM de la flota mundial. La presencia global de las banderas de conveniencia fue creciendo de manera progresiva hasta llegar al 2001, en que los países de libre matrícula acumulaban 402 millones de TPM. En 2021 estos países alcanzan
912,79 millones de TPM, representando el 42,8 % de TPM de la flota mundial, dado el gigantesco crecimiento de la globalización económica.
A pesar de la dificultad de abordar este problema de carácter internacional, es indispensable una voluntad activa por parte del Gobierno español en el ámbito de la Organización Marítima Internacional para incrementar la seguridad del
transporte marítimo y la igualdad en la competencia entre las empresas armadoras.
Como triste demostración, cabe recordar que los propios buques de salvamento marítimo del Estado español y del Servicio de Guardacostas de la Galiza, están matriculados en puertos de segundo registro (Canarias) por motivaciones también de
carácter económico, fiscal y laboral. No parece el mejor ejemplo para una administración pública y, mucho menos, para quien tiene como misión velar por la seguridad marítima.
6. Sobre la necesidad de criterios de solvencia técnica y operativa en los comités de gestión de catástrofes marítimas.
Delante de catástrofes como la del Prestige, o de otras de carácter similar, se han creado diferentes 'Comités de expertos' o 'gabinetes de crisis' con criterios discrecionales y dispares por parte del Gobierno español, adecuándose más a
pautas de actuación políticas y gubernamentales que a criterios de solvencia técnica y operativa.
De hecho, en la Directiva 2009/17/CE (artículo 20) se establece que 'los Estados miembros designarán una o varias autoridades competentes que posean la experiencia necesaria y la competencia para poder tomar, en el momento de las
operaciones, decisiones independientes por su propia iniciativa respeto de la acogida de buques necesitados de asistencia'.
También el Considerando 16 de la Directiva indica que es preciso que exista una autoridad a la que un buque necesitado de asistencia pueda recurrir, que tenga competencia y experiencia para tomar la decisión, y que sería oportuno que esta
autoridad tuviera carácter permanente para evitar que sea un cargo político que dependa del correspondiente gobierno del momento.
Existen en otros estados modelos de organización de la gestión de catástrofes acorde con esos criterios, con la figura de la Jefatura de Siniestros Marítimos, que adopta decisiones en base a los conocimientos técnicos, no por presiones
políticas. Sin embargo, en el Estado español pervive la ley franquista que establece que es el Director General de la Marina Mercante -cargo nombrado por confianza política- el que toma las decisiones.
Episodios como el del Prestige, y muchos otros, ejemplifican la perversión de este modelo que debería ser revisado.
7. Sobre las carencias en materia de oceanografía operacional.
Cuando Galiza sufrió la llegada masiva del chapapote a sus costas a lo largo del 2002 y 2003, se comprobó que el Estado español no había hecho un estudio previo de oceanografía operacional para poder predecir el comportamiento de las manchas
de fuelóleo y adaptar más eficazmente sus medios de protección y prevención a las dinámicas de las manchas.
Posteriormente, gracias una vez más a la movilización social tras el hundimiento del Prestige, el Gobierno español, al amparo del 'Plan Nacional de I+D' contra vertidos marinos accidentales, financió el Proyecto ESEOO -establecimiento de un
sistema español de oceanografía operacional- entre 2004 y 2007. El proyecto tenía como objetivo contar con una descripción cuantitativa del estado presente y del comportamiento futuro del medio físico marino a la hora de enfrentar una nueva
situación de derrames petrolíferos. Fue un proyecto que surgió ante la manifiesta incapacidad de predecir la evolución de la marea negra del Prestige por no disponer de un servicio que evaluara la evolución de los vertidos en las corrientes
oceánicas.
En un Estado como el español, con casi 8000 km de costa y con aproximadamente el 50 % de la población residiendo en el litoral, sorprende esta insuficiencia en materia oceanográfica, completamente alarmante en el caso de Galiza, tanto por su
extensa costa -1659 km de perímetro costero- cómo por la densidad de población de los 92 ayuntamientos de su litoral, 59 % del total.
La contribución al PIB gallego del sector del mar triplica la media de los estados de la UE. La contribución al empleo de la pesca, marisqueo, acuicultura, procesado de productos y otras actividades complementarias sigue situando a Galiza
como la más altamente dependiente del mar de toda la Unión Europea.
No existen datos públicos en la actualidad que permitan garantizar el correcto funcionamiento de este proyecto ESEOO. Al margen de las grandes mareas negras, siguen produciéndose numerosos episodios de contaminación marina, de menor
dimensión (los denominados 'sentinazos'), que afectan también a la costa de Galiza y a sus recursos ambientales y productivos, de los que dan cuenta las numerosas aves muertas petroleadas, mamíferos marinos, o impactos reconocibles sobre el litoral,
que distintos grupos ecologistas (ADEGA, CEMMA, SENO/BirdLife, etc.) documentan.
8. Sobre la distribución de competencias entre el Estado español y Galiza en materia de Salvamento marítimo y Lucha contra la contaminación marina.
La estratégica situación de Galiza para el tráfico marítimo de mercancías entre Europa, América y África, convierte a las costas gallegas en punto de paso obligado de un denso tráfico internacional. Según datos oficiales, cada año (cómo
media) atraviesan el Dispositivo de Separación del Tráfico Marítimo de Fisterra, aproximadamente 45 000 buques, de los que unos 14 000 transportan mercancías peligrosas. A todo ello hay que sumar la intensa actividad que se desarrolla en todo el
litoral gallego, con miles de embarcaciones pesqueras faenando en sus caladeros tradicionales y sometidas a unas condiciones meteorológicas adversas propias de la costa de Galiza.
Por todo ello en la costa galega se produce un elevado número de episodios de emergencias, averías, remolques, naufragios y siniestros que, con demasiada frecuencia, tienen costes también en vidas humanas. Se puede afirmar que Galicia
padece la tasa más alta de siniestralidad marítima europea (excluyendo el drama de inmigrantes y refugiados en el Mediterráneo), siendo uno de los lugares donde se han producido mayores y más graves impactos ambientales y productivos por
contaminación.
Toda esta experiencia ha puesto en evidencia, la inadecuación del actual modelo centralizado de salvamento marítimo vigente en el Estado español en relación con las peculiaridades que presenta el litoral gallego. Es necesario organizar para
y desde Galiza, un dispositivo propio, más eficaz, profesional y operativo, y con capacidad para insertarse en los planes y protocolos de emergencia. Hace falta, por tanto, que Galiza adquiera capacidad política de decisión en torno a una materia
que es vital para su futuro. Galiza debe tener derecho a elaborar y ejecutar una política propia en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina y a poder crear su propio dispositivo de titularidad pública, sin perjuicio de
la coordinación necesaria en este ámbito con los Gobiernos del Estado español y de la República de Portugal. En definitiva, Galiza debe asumir las competencias en esta materia para poder diseñar una política adaptada a la realidad peculiar de sus
costas.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Adoptar las medidas precisas que permitan realizar, a la mayor brevedad posible, una inspección en la proa y popa del pecio del Prestige con el fin de analizar el nivel de corrosión de su estructura y el grado de fiabilidad, a día de
hoy, de la operación de sellado de las grietas emprendido en el año 2004. Y que, eventualmente, en caso de detectarse indicios de corrosión, defectos en el sellado o riesgo de contaminación marina, se desarrollen los trabajos precisos en el pecio
para impedir cualquier nuevo episodio contaminante.
2. Trasladar a través de la Dirección General de Marina Mercante y de Salvamento Marítimo, información sobre los episodios contaminantes detectados y verificados frente al litoral gallego (aguas comprendidas entre las 200 millas de Zona
Económica Exclusiva, bajo jurisdicción española) desde el año 2015 hasta el 2022 (incluido), indicando su intensidad, localización y sustancia(s) contaminantes detectadas en cada caso; los buques identificados en cada caso referenciado; los
expedientes sancionadores abiertos en cada caso por este motivo; las sanciones administrativas o penitenciarias cursadas y ejecutadas en cada uno de los casos referenciados; así como los medios operativos utilizados en cada caso para detectar e
identificar los episodios de contaminación marina.
3. Proceder a revisar los medios empleados para efectivizar en la práctica el control sobre el tráfico marítimo que transita por el Dispositivo de Separación del Tráfico (DST) de Fisterra, procediendo a su mejora. En concreto,
implementando en Galiza el proyecto iSAR, con la correspondiente dotación de helicópteros no tripulados vinculados a ese sistema e instalando una base de helicópteros (tripulados) de salvamento marítimo en la Costa da Morte en un emplazamiento que
permita la plena operatividad, diurna y nocturna, de las aeronaves, y que permita el avituallamiento de combustible en esa misma infraestructura.
4. Hacer públicos los lugares refugio existentes en el litoral gallego, así como los correspondientes Planes de Acogida para buques necesitados de asistencia.
5. Impulsar en el ámbito de la Organización Marítima Internacional (OMI) una normativa que prohíba o dificulte el recurso a las 'banderas de conveniencia'. Y más específicamente, defender, en el ámbito de la UE, la eliminación de los
segundos registros en los estados miembros y la obligatoriedad de que las empresas armadoras de la UE tengan que llevar la bandera del pabellón de su respectivo estado miembro, así como corregir, en el caso concreto de las embarcaciones de
Salvamento Marítimo, su matriculación en el segundo registro de Canarias.
6. Consensuar y elaborar una nueva normativa legal que articule los 'comités de gestión de catástrofes' con criterios de independencia, solvencia técnica y operativa, eliminando pautas discrecionales y progubernamentales en su composición.
En definitiva, aplicando en la práctica el dispuesto en el artículo 20 de la Directiva 2009/17/CE.
7. Mantener operativo un sistema de oceanografía operacional enfocado a la detección, predicción de la evolución y control de los vertidos de una manera ágil y transparente en coordinación con los medios operativos de Salvamento Marítimo y
de la Xunta de Galiza, así como analizar en tiempo real las condiciones oceanográficas que pueden afectar al tráfico marítimo, suministrando datos que podrían ayudar a estimar la posible evolución de los vertidos.
8. Transferir a Galiza las competencias en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina, de acuerdo con el dispuesto en los artículos 150.2 de la Constitución española, y 36 del Estatuto de Autonomía de Galiza, y en
concreto las funciones de prestación de servicios de busca, rescate y salvamento marítimo, control y ayuda de tráfico marítimo, prevención y lucha contra la contaminación en medio marino, así como, la elaboración de un 'Plan Galego de Servizos
Especiais de Salvamento da Vida Humana no Mar y Loita contra a Contaminación Mariña', que deberá coordinarse con el Plan Estatal de Salvamento, con otros Estados con aguas limítrofes y con la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2023.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
162/001131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley impulso a la regulación del cannabis medicinal, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El cannabis (Cannabis Sativa L.) tiene unas propiedades terapéuticas ampliamente reconocidas por la evidencia científica, pese a los obstáculos y barreras existentes a nivel regulatorio para poder realizar ensayos clínicos aleatorizados con
esta planta. Es por ello que, cada vez más voces entre expertos, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y actores de incidencia política han apostado por una regulación del cannabis con fines terapéuticos en España. De este modo, se
aspira a facilitar el acceso de pacientes a tratamientos con cannabis de forma segura, controlada, supervisada por facultativos y de forma complementaria a otros tratamientos.
En 2017 el Grupo Parlamentario Ciudadanos propuso, en el seno del Congreso de los Diputados, la creación de una Subcomisión para el estudio del marco normativo y las experiencias internacionales en materia de regulación del cannabis con
fines terapéuticos. La sucesiva convocatoria de elecciones generales se interpuso en la finalización de los trabajos de la Subcomisión. En la actual XIV Legislatura, esa Subcomisión ha vuelto a ver la luz y ha conseguido, esta vez sí, finalizar
sus trabajos con la aprobación de un informe de conclusiones el pasado 21 de junio de 2022.
En dicho informe, se emitían varias recomendaciones clasificadas en cinco grupos principales, a saber: (1) garantizar la disponibilidad de medicamentos derivados de cannabis para su uso terapéutico; (2) preservar y reforzar el rol de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); (3) reforzar el papel de los actores sanitarios clave en el uso terapéutico de cannabis; (4) asegurar que no se permite una mayor disponibilidad de cannabis fuera del contexto
clínico; y (5) evaluar periódicamente el uso del cannabis con fines terapéuticos y los datos de consumo generales en la población. Para el Grupo Parlamentario Ciudadanos estas conclusiones y recomendaciones son poco ambiciosas y no abordan la
totalidad ni la complejidad de la regulación del cannabis con fines terapéuticos.
Para mayor decepción, el Gobierno no ha emprendido ninguna reforma ni acción en el sentido no ya del trabajo de la Subcomisión del Congreso de los Diputados, sino tampoco en la línea de las conclusiones aprobadas en el informe, que ya habían
sido tamizadas por la falta de voluntad del Grupo Parlamentario Socialista, principal apoyo parlamentario del Gobierno.
En el pasado mes de octubre de 2022, de hecho, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos se registró una batería de preguntas para las que se solicitaba respuesta por escrito por parte del Gobierno al respecto. A finales de dicho mes, el
Gobierno afirmó que 'la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) está actualmente trabajando para cumplir, en el plazo establecido, con la tarea encomendada en el citado informe'. Todo ello, además, recordando que el informe
establecía un plazo de seis meses.
Sin embargo, los seis meses ya han pasado y la AEMPS sigue sin haber hecho públicos sus trabajos al respecto de un nuevo marco normativo para la regulación del cannabis con fines terapéuticos, como también apuntaba el Gobierno en su
respuesta escrita, 'para que dichas recomendaciones tengan encaje en la normativa y sean viables, de forma que se permita la disponibilidad en el mercado de extractos o preparados estandarizados de cannabis con fines terapéuticos'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha, a la mayor brevedad posible, los cambios normativos necesarios para establecer una regulación garantista que facilite el acceso a cannabis medicinal y a información veraz
sobre sus propiedades terapéuticas por parte de facultativos, empresas, pacientes e instituciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para asegurar el libre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo
en todo el territorio nacional, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, actualizada por el proyecto de ley pendiente de aprobación en el Senado, reconoce el derecho de la mujer a interrumpir libre
y voluntariamente el embarazo.
El Grupo Parlamentario VOX, en aras de seguir alentando debates superados y un populismo que ataca directamente a la libertad de los ciudadanos, ha llevado a la mesa de la Junta de Castilla y León una propuesta que atenta directamente contra
la libertad de decisión de las mujeres sobre la continuación del embarazo. Tal y como está recogido en nuestro Código Penal, aquellas personas que intenten obstaculizar este derecho, menoscabando su libertad, serán castigadas con penas de prisión
de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días. Ninguna institución puede ni debe condicionar a una mujer que, en el marco de sus libertades individuales, decide interrumpir voluntariamente su
embarazo.
Castilla y León se encuentra a la cola de casos de interrupción voluntaria del embarazo. En mayo de 2022 se registró que casi un millar de personas se habían tenido que desplazar a otra provincia de Castilla y León o, incluso, a otra
comunidad autónoma, para poder llevar a cabo la intervención. La objeción de conciencia de los médicos provoca que solo los hospitales de Burgos (HUBU) y el Santiago Apóstol de Miranda de Ebro cubran este servicio. Sanidad de Castilla y León
(SACYL) tiene conciertos con clínicas privadas de Valladolid y Salamanca y las pacientes de esos lugares pueden acudir a estos centros concertados. Sin embargo, quienes residan en Ávila, Palencia, Segovia, Zamora, León y Soria deben desplazarse a
otros lugares con las incomodidades que eso supone o acudir a la privada y sufragar los gastos.
En definitiva, nos encontramos ante un nuevo caso de moralización por parte de quienes quieren que las administraciones se metan aún más en la vida y las decisiones personales de la ciudadanía. Las mujeres que tienen decidido interrumpir su
embarazo ya se han tenido que enfrentar a una situación nada fácil, y lo último que necesitan es que los populistas se lo pongan aún más difícil, utilizando las instituciones para culpabilizarlas, tratarlas como menores de edad o impedir que ejerzan
su libertad reconocida por la legislación vigente.
Como liberales, no podemos sino actuar para defender esa libertad frente a quienes quieren cercenarla. Las instituciones están para proteger, defender y ampliar derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, no para dictarles cómo
deben gestionar su planificación familiar. Las mujeres son libres de poder elegir si quieren o no quieren ser madres. No existe nada más liberticida que condicionar esta decisión.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados rechaza que las administraciones intenten condicionar y moralizar decisiones individuales que competen únicamente al ejercicio de la libertad de la ciudadanía, e insta al Gobierno de España a:
1. Asegurar el libre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional de acuerdo con la legislación vigente.
2. Garantizar un acompañamiento institucional adecuado a las mujeres que así lo requieran tanto previamente como posteriormente a llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo.
3. Impulsar medidas para fomentar la natalidad y acabar con las barreras socioeconómicas que hacen que en nuestro país exista una gran brecha de maternidad entre el número de hijos deseado y el número de hijos logrado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la articulación urgente de
una estrategia global de reposicionamiento competitivo y de búsqueda de mejores niveles de rentabilidad para la industria turística española en el contexto de las incertidumbres económicas y geopolíticas actuales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
A punto de cumplirse un año desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania que ha dado pie al desenlace de una crisis geopolítica a gran escala acompañada de múltiples daños y consecuencias colaterales de todo tipo, de momento la economía
mundial aún en fase de superación progresiva y definitiva de las secuelas de una pandemia de larga duración, estrena el presente 2023 con un panorama marcado por una desaceleración, que a lo largo del curso de los meses de este año podría desembocar
con mucha probabilidad en una gran crisis.
En efecto, a día de hoy de acuerdo con el pronóstico de los principales organismos multilaterales y casas de analistas de referencia, se prevé que salvo sorpresa, un tercio de la economía mundial y la mitad de Europa entren en un escenario
de recesión a lo largo de este año, donde todo apunta a que las tradicionales locomotoras económicas del Viejo Continente y China se lleven la peor parte de la contracción, y que como resultado lastrará el devenir de numerosos ámbitos productivos,
entre los cuales se halla lógicamente el sector turístico a nivel global. De hecho, a fecha de hoy según los expertos de distintos organismos como resulta el caso de la OCDE, descartan una total recuperación del turismo en 2023 y 2024, retrasando
como pronto hasta 2025 la consecución de una real reactivación del sector turístico a nivel mundial.
Así las cosas, según las últimas estimaciones del FMI, el crecimiento mundial se frenará al menos al 2,7 % en 2023, cuando en 2021 fue del 6 % y del 3,2 % el pasado año. Por lo que respecta al caso concreto de España, las últimas
previsiones de crecimiento de la economía española por parte del Banco de España para 2023 se situarían en el entorno de un exiguo y débil 1,3 % PIB, lo cual sin duda alguna también acarreará consecuencias para la demanda turística de carácter
doméstico, sin olvidar que la renta de los españoles es la que más desciende en Europa desde 2019.
Siendo cierto que gracias a la cultura de los viajes tan firmemente arraigada y a la demanda embalsada por causa de la crisis COVID-19, España fue uno de los países en los que la pasada temporada alta de verano protagonizó en términos de
ingresos una clara recuperación, no obstante, la evolución del negocio turístico en nuestro país se lleva viendo golpeada en cuanto a márgenes y resultados empresariales por los efectos del muy significativo impacto inflacionario y el
desproporcionado incremento de los costes de producción para las empresas turísticas españolas -unido a las dificultades intrínsecas derivadas de su reducido tamaño para capear una coyuntura tan compleja de las presentes características-, sorteando
a lo largo del último año serias dificultades, sin suficiente margen todavía a haber recompuesto sus balances desequilibrados por causa de las restricciones a los viajes durante un periodo prolongado, la imposibilidad de operar con normalidad y en
consecuencia, las cuantiosas y abultadas pérdidas generadas en las cuentas de resultados a lo largo de 2020 y 2021.
En este punto, resulta obligado traer a colación y hacer mención aquí a la falta de una verdadera hoja de ruta por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez a diferencia de los Gobiernos de otros países de nuestro entorno, que sí salieron al
rescate de sus respectivos tejidos productivos turísticos desde el mismo inicio de la pandemia. En el caso español, y cuando va camino de cumplirse dos años desde la aprobación del Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia en abril
de 2021 por parte del Gobierno socialista, a pesar de la discriminación evidente, así como del clamor y reivindicación unánime de la industria turística española para lograr la aprobación pendiente de un PERTE específico para el sector productivo de
mayor retorno estratégico asegurado y líder mundial, sin embargo, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez continúa sin colocar al turismo en la parte alta de la agenda gubernamental.
En el actual escenario de enormes incertidumbres económicas y geopolíticas y de obvio empeoramiento del contexto exterior a lo largo del transcurso de los últimos meses, cabe señalar que hasta el pasado mes de noviembre de 2022, España había
recuperado un 85 % del turismo extranjero
precovid, demanda internacional que actúa como verdadero sostén de la economía turística española y que en el supuesto de continuar agravándose el entorno macroeconómico internacional, podría estar en peligro.
Por todo lo anteriormente expuesto, y ante la pérdida de competitividad turística de acuerdo con el Foro Económico Mundial, España ha descendido del primer al tercer puesto y a la espera de cómo evolucione el conflicto bélico ruso-ucraniano
durante 2023, con la finalidad de despejar la falta a día de hoy de suficiente predictibilidad, anticiparse y desplegar cuanto antes una verdadera y profunda estrategia global de carácter proactivo por parte del Gobierno de España, activando una
batería de medidas eficientes de diversa índole, que resulten capaces de asegurar el mantenimiento y la mejora de los niveles de empleo turístico, actividad y adecuada rentabilidad para todos los operadores de la cadena de valor turística española,
y que en definitiva, preserven bajo toda circunstancia la estabilidad socioeconómica en el corto y medio plazo de la totalidad de nuestros destinos españoles, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción urgente de las siguientes medidas:
Medidas de alineamiento y corresponsabilidad público-privada:
- Promover la elaboración y desarrollo de una ley turística dentro de las competencias estatales de planificación económica y con respeto al principio de cooperación, que sirva de marco legal para el impulso del turismo como sector clave y
vital de la economía española.
- Avanzar hacia una mayor homogeneización de la normativa aplicable al sector tras la entrada ya en vigor de la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, atajando todo lo posible la inseguridad jurídica que puede generarse tanto para
el consumidor de servicios turísticos, como para el prestador.
- Impulsar urgentemente el diseño, la aprobación y gobernanza desde una perspectiva transversal de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) destinado al sector turístico español, dotado de una ficha
financiera global mínima de 12 000 millones de euros, mediante el cual se permita hacer frente a los desafíos y retos estructurales y coyunturales de este sector en el nuevo ciclo pospandemia, incluyendo la rehabilitación y modernización de zonas
turísticas a través de un comisionado.
- Diseño y edición por parte del Gobierno de España en coordinación con las Comunidades Autónomas y las organizaciones sectoriales, de una campaña de divulgación, concienciación y apoyo al sector turístico nacional que tenga por objeto
prestigiarlo, dar reconocimiento de su importancia, valor y trascendencia en el modelo socioeconómico español y de los componentes que forman parte de la marca país.
- Mejorar el valor y reposicionamiento de la marca turística España en un contexto de crisis internacional, así como de fuerte competitividad poscovid ante nuestros mercados consolidados, así como incrementar nuestra notoriedad en los
emisores menos tradicionales y lejanos de alto valor y rentabilidad.
- Evitar en coordinación con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos la implantación de tasas que graven pernoctaciones en los establecimientos turísticos reglados, penalizando en consecuencia la competitividad de los destinos españoles.
- Abordar conjuntamente el estudio y la mejora de la financiación de los municipios turísticos, teniendo en cuenta su casuística particular, así como sus necesidades reales.
- Reforzar la apuesta por la internacionalización de las empresas turísticas.
- Prevenir en colaboración con las Administraciones territoriales el fenómeno de la turismofobia y la estigmatización del turismo de masas atenuado hasta ahora por la falta de actividad.
Medidas de carácter laboral:
- Aprobación de un Plan extraordinario de mejora de la cualificación técnica del talento turístico, en materias clave tales como el dominio de las lenguas extranjeras, herramientas que nos acerquen al turista digital, sostenibilidad y
cualesquiera otros que posibiliten un salto competitivo de los productos turísticos españoles.
- Incentivar fiscalmente el autoempleo de jóvenes y otros colectivos preferentes que realicen actividades profesionales y empresariales turísticas en zonas con problemas de despoblación, así como
fomentar y apoyar la puesta en marcha de proyectos innovadores desarrollados por emprendedores en los destinos españoles de interior.
Medidas de apoyo empresarial:
- Aprobación y ejecución de un programa extraordinario global de apoyo a la reactivación de las agencias de viaje españolas, tratándose de uno de los subsectores turísticos más damnificados y todavía de recuperación más tardía de sus niveles
de actividad prepandemia.
- Financiar un plan RENOVE Hostelería Española de ayudas de adecuación, mejora y modernización de instalaciones y equipamientos para los establecimientos hosteleros.
- Establecimiento de ayudas para sufragar los sobrecostes energéticos en la hostelería, muy dependiente energéticamente, mediante la transferencia por el Estado a las Comunidades Autónomas de las dotaciones necesarias para que estas empresas
puedan recibir como subvención el 50 % del coste de las instalaciones y equipamientos necesarias para cumplir las obligaciones contenidas en el RDL 14/2022; en paralelo, en los establecimientos hosteleros será de aplicación el tipo del IVA del 5 %
en sus consumos eléctricos, aunque superen los 10 kW de potencia contratada; por último, se reducirá el impuesto especial de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por las Directivas Comunitarias y se mantendrá el descuento de 20 céntimos para los
combustibles de uso profesionales en las actividades económicas de estos establecimientos.
Medidas de alcance económico y fiscal:
- Descartar completamente por parte del Gobierno de España toda propuesta encaminada a contemplar la posibilidad de incrementar la tributación de cualesquiera servicios prestados por el sector turístico español.
- Descartar absolutamente por efecto contraproducente en el contexto actual, cualquier iniciativa dirigida al establecimiento y aplicación de impuestos al combustible aéreo (queroseno), que se pueda traducir de manera automática en una
medida disuasoria para el deseo de viajar y las decisiones de viaje, lastrando o encareciendo el precio de los billetes.
- Defensa firme desde el Gobierno de España ante las instituciones comunitarias de la extensión de la excepción de la aplicación del Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE) a los vuelos que conectan las Regiones Ultraperiféricas
(RUP) con el resto de países de la Unión Europea.
- Flexibilización de las condiciones de devolución de las líneas de liquidez ICO de autónomos, mícroempresas y pymes turísticas; así como lanzamiento de una nueva línea de avales dirigida a autónomos y pymes turísticas en un contexto
creciente de encarecimiento de las condiciones de financiación.
Medidas de dinamización e incentivos a la demanda turística:
- Habilitación de todos los créditos presupuestarios necesarios, que posibiliten introducir acciones globales de mejora en la convocatoria de las temporadas 2023-2024 de los Programas de Turismo Social para personas mayores y mantenimiento
del empleo en zonas turísticas y de Termalismo del IMSERSO, tales como la mejora cualitativa de las condiciones de rentabilidad aplicadas a los proveedores mediante la inclusión de precios unitarios con valores de mercado y ajustados a los costes
reales de producción actualmente, preservando parámetros de calidad en las ofertas de los viajes y los servicios prestados, así como ampliando la oferta del número de plazas y pernoctaciones a generar.
- Diseño y ejecución de un Plan Estratégico de Turismo Gastronómico y Enológico de la Marca España 2023, que sirva como palanca de consolidación de la marca España como potencia gastronómica de calidad en el mercado internacional.
- Aprobación urgente de un Plan extraordinario de reactivación turística global para la isla de La Palma.
- Reposicionamiento competitivo del Destino España mediante el diseño e implementación de un plan urgente de actuación de promoción y puesta en marcha de rutas a nuevos destinos, estimulando desde un punto de vista tarifario la captación de
tráfico internacional de viajeros y la apertura del espacio aéreo español a nuevos mercados turísticos, incluyendo el largo radio; así como aplicando medidas singularizadas para el caso de los territorios extrapeninsulares absolutamente
dependientes de la conectividad por razón de sus especificidades.
- Promoción de la marca turística España como destino de asentamiento y residencia de los jubilados extranjeros de los países de nuestro entorno, -favoreciendo la desestacionalización del ciclo turístico y enriqueciendo la economía de
servicios-, mediante la puesta en valor de los elementos característicos de nuestra marca-país.
- Promoción y reposicionamiento de España como gran destino de teletrabajo con una climatología inmejorable, 'business friendly', etc., diseñando para ello una línea de trabajo específica que contemple medidas y acciones que tengan por
objeto la captación de nómadas digitales y teletrabajadores extranjeros, incentivando a las compañías internacionales, etc. y que contribuyan a aumentarla duración de la estancia media y a incrementar el gasto en nuestros destinos locales.
- Promoción del Destino España hacia otros segmentos alternativos a los ya consolidados, tales como el turismo idiomático de enorme valor por sus repercusiones económicas y de perfil prescriptor; la apuesta por el turismo deportivo también
considerado de alto valor (producto golf, práctica de deportes de invierno, celebración de eventos y competiciones deportivas, estancias de clubes y equipos deportivos para el entrenamiento en destinos e instalaciones especializados en alto
rendimiento deportivo, etc.), dadas nuestras benévolas condiciones climatológicas y posibilitando eventualmente seguir profundizando en la diversificación y desestacionalización de la oferta española de calidad.
Medidas deslocalización oferta turística:
- Apostar definitivamente por el turismo en zonas rurales a través del desarrollo de los territorios rurales inteligentes, generando empleo, nuevas oportunidades, reteniendo y atrayendo población'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2023.-Agustín Almodóbar Barceló e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la condena a los sucesos acaecidos en la República Federal de Brasil el
pasado 8 de enero de 2023, así como el apoyo y compromiso a las instituciones brasileñas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El 8 de enero de 2023 la democracia brasileña se vio seriamente amenazada. Una semana después de la toma de posesión del nuevo presidente electo de la República Federal de Brasil, Lula da Silva (elegido democráticamente gracias a la
voluntad del pueblo brasileño el 30 de octubre de 2022), miles de manifestantes asaltaron la plaza de los Tres Poderes en la capital del Estado, Brasilia, lugar donde se ubican las sedes de los tres poderes del Estado: el Palacio del Planalto (sede
del poder ejecutivo); la Cámara de Diputados (sede del poder legislativo); así como el Supremo Tribunal Federal (sede del poder judicial).
Unos hechos que se producen, justo dos años después, del asalto que sufrió el Capitolio de los Estados Unidos, con sede en Washington, el 6 de enero de 2021. En aquella ocasión, miles de manifestantes asaltaron e irrumpieron en la Cámara de
Representantes para impedir que se certificara la victoria electoral del entonces nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en las elecciones presidenciales de 2020.
Lo sucedido en ambos países responde a una estrategia trazada por los movimientos populistas y de extrema derecha a nivel global, cada vez más presentes en las democracias de todo el mundo: poner en tela de juicio la legitimidad de las
instituciones del Estado cuando, democráticamente y a través de la celebración de unas elecciones libres, pierden el poder.
El mensaje es siempre el mismo: tras la derrota electoral, se niegan a aceptar y reconocer los resultados que surgen legítimamente de las urnas y propagan, a través de las redes sociales, determinadas
teorías de la conspiración sobre un supuesto fraude electoral para sembrar la sospecha sobre los sistemas democráticos. Todo ello sin pruebas.
Esta estrategia orquestada de negación de los resultados electorales supone, en el fondo, socavar el sistema democrático desde dentro, ya que parte de sus mensajes están destinados a fomentar crisis institucionales con otros poderes del
Estado, que son los que garantizan el sistema de checks and balances de cualquier sistema democrático. La sociedad civil y las instituciones democráticas de cualquier Estado democrático son vistas como una amenaza y un obstáculo para estos
movimientos populistas de extrema derecha, ya que su modelo de democracia autoritaria se basa en unos liderazgos autoritarios.
Así, las fuerzas políticas y parlamentarias deben ser conscientes del peligro que supone banalizar con algunos mensajes y expresiones reaccionarias que desde el movimiento populista de la extrema derecha están propagando a través de las
redes sociales y de sus medios afines. Ante estas amenazas que van acompañadas de actitudes violentas no cabe reaccionar con tibiezas ni con ambigüedades.
Propagar mensajes sobre una falsa ilegitimidad de los Gobiernos, promover 'golpismos', o el cuestionamiento de los procesos y recuentos electorales no hacen más que contribuir a generar desconfianza y a fomentar la deslegitimación de las
instituciones y a la erosión de nuestras democracias.
Todas estas campañas de deslegitimación, fake news y de desinformación no hacen más que aumentar la polarización política y social, y generan movimientos populistas que cuestionan las instituciones democráticas que sustentan el Estado de
Derecho, y ponen en peligro la convivencia de nuestras sociedades.
Por todo ello, sumándonos a la condena que, sin excepciones, ha hecho la Comunidad internacional al asalto que sufrieron las instituciones brasileñas el pasado 8 de enero, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Condena rotundamente los sucesos acaecidos en la ciudad de Brasilia el pasado domingo, 8 de enero, en la que miles de manifestantes intentaron promover un golpe contra la democracia en el Estado brasileño, asaltando las sedes de los tres
poderes del Estado: la Cámara de Diputados, del Supremo Tribunal Federal y del Palacio de Planalto.
2. Muestra su apoyo y compromiso con las instituciones democráticas de Brasil, así como al Presidente de la República Federal, Lula da Silva, elegido democráticamente gracias a la voluntad del pueblo brasileño el 30 de octubre de 2022.
3. Reitera su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la legitimidad de las instituciones en cualquier sistema democrático e insta a todas las fuerzas parlamentarias a condenar sin ambages el asalto a las instituciones de
Brasil'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2023.-Odón Elorza González, Diputado.-Isaura Leal Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/001135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un informe que cuantifique la
pérdida de aprendizaje motivada por la pandemia COVID-19, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 supuso una profunda transformación de nuestras vidas y de nuestra economía. Debido a la incapacidad de nuestros sistemas de alerta temprana de detectar a tiempo el riesgo de la emergencia sanitaria, de un día para
otro nuestras dinámicas cotidianas cambiaron radicalmente, encontrándonos confinados en nuestros hogares por un período indeterminado. La factura
que esto ha pasado en términos de destrucción de empleo, de decrecimiento económico, de vidas humanas y de salud mental ha sido extensamente analizado en los últimos dos años, arrojando datos escalofriantes en muchos casos.
Esto afectó también a los escolares y a toda la comunidad educativa, que tuvo que adaptarse de la noche a la mañana a un modelo de enseñanza a distancia sin las competencias adecuadas, sin la preparación debida, sin las infraestructuras
necesarias y sin la posibilidad de llevar a cabo dinámicas esenciales en la educación como la socialización o el acompañamiento escolar. Esto ha hecho que, en muchos casos, se lamente el impacto que esto ha podido tener sobre el desarrollo
cognitivo de los escolares, llegando incluso a intentar cuantificar cómo esta situación iba a afectar a las perspectivas de desarrollo profesional futuro de nuestros estudiantes.
Las simulaciones que estimaban que el cierre de las escuelas iba a provocar una pérdida significativa en el aprendizaje del alumnado se está corroborando gracias a los informes que están publicando varios países como México o Brasil, entre
otros. Estos informes han revelado pérdidas sustanciales especialmente en las áreas de matemáticas y lectura. En Estados Unidos por su parte, se hicieron públicos el pasado 1 de septiembre los resultados de una prueba nacional para medir ese
impacto de la pandemia en los escolares. De acuerdo con estos resultados, el desempeño educativo de los escolares de nueve años -equivalente a cuarto de primaria en nuestro sistema- había caído a niveles de hace 20 años en matemáticas y comprensión
lectora.
Además, una vez más, esta pérdida de aprendizaje afecta especialmente al alumnado más vulnerable, aquellos que provienen de entornos con un nivel socioeconómico bajo. Este alumnado encontró mayores dificultades a la hora de acceder al
aprendizaje ante la falta de acceso a las tecnologías y la carencia de electricidad, conectividad y dispositivos, así como a la discriminación y las normas de género.
Ante esta situación es necesario que se impulse desde el Gobierno una evaluación rigurosa para cuantificar cuál ha sido la pérdida de aprendizaje en España y, de esta forma, plantear las correspondientes medidas desde el Gobierno y las
autonomías para que el impacto de la pandemia en el aprendizaje del alumnado, a largo plazo, sea el menor posible.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
Elaborar un informe, en colaboración con las Comunidades Autónomas, que cuantifique y analice la pérdida de aprendizaje en el alumnado motivada por la pandemia COVID-19'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la atención de la salud mental en los centros
educativos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La pandemia COVID-19 ha provocado un aumento de hasta el 47 % en los trastornos de salud mental de los menores. Uno de cada cinco menores de entre 10 a 19 años (el 20,8 %) sufre algún tipo de problema de salud mental diagnosticado, según
datos de Unicef. Lo que sitúa a España como el país europeo con mayor prevalencia diagnosticada de problemas de salud mental en menores. Según la OMS, el 50 % de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, y el 75 % antes de los 18
años.
Entre los factores de riesgo que pueden afectar a la salud mental, se encuentran los abusos sexuales y el maltrato. Según la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR), más de un tercio de las personas con problemas de
salud mental ha sufrido algún tipo de abuso durante su infancia.
La asociación indica que la depresión, la ansiedad, los trastornos graves de la personalidad o el doble de riesgo de intentos de suicidio, son algunas de las consecuencias del maltrato infantil en la edad adulta. Por otro lado, según Save
the Children, entre un 10 % y un 20 % de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. El abuso sexual tiene un impacto directo en la salud mental de la persona agredida y, si no se trata correctamente, puede
llegar a provocar un trastorno mental grave.
La relación entre la salud mental y los centros educativos es inexcusable. El sistema educativo se enfrenta a desafíos de gran relevancia en el cumplimiento de los objetivos que le son marcados por el ordenamiento jurídico y las
responsabilidades que tiene contraídas. Con pocas dudas al respecto, uno de ellos tiene que ver con la atención al desarrollo emocional del alumnado. Es importante que la educación emocional siente las bases desde el principio, desde la infancia,
y que sea una piedra angular de los centros educativos.
Resulta imprescindible incorporar a los proyectos educativos planes integrales que incorporen la educación emocional dotando a la comunidad educativa de las herramientas necesarias para detectar y prevenir el sufrimiento psicológico de los
menores. Entre estas herramientas no cabe duda de que la formación al profesorado debe asumir un papel esencial.
Por estas razones, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar a los centros educativos públicos y concertados del personal necesario para realizar un correcto acompañamiento emocional con el alumnado de manera continuada.
2. Elaborar, en colaboración con la comunidad educativa y los profesionales de salud mental, un dosier de tutorías para trabajar de forma transversal a lo largo del curso académico la salud mental, con el refuerzo de la labor de los
orientadores escolares.
3. Proveer de las formaciones necesarias al equipo psicopedagógico del centro para estar actualizado ante las nuevas dificultades que hacen frente el alumnado, especialmente en la etapa de la adolescencia y en relación con el ciberacoso.
4. Establecer mejores protocolos de detección temprana de posibles problemas de salud mental y de derivaciones al sistema sanitario, mediante la figura del profesional de la enfermería escolar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
233/000031
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5439/2021, planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Barcelona, en relación con el artículo 2.1, letras a) y b), del Decreto-ley del
Gobierno de la Generalitat de Cataluña 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados, así como voto particular formulado a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido
Conde-Pumpido Tourón; la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón; el magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla; y las magistradas doña Concepción Espejel Jorquera y doña Inmaculada Montalbán Huertas, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5439-2021, planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Barcelona, en relación con el artículo 2.1, letras a) y b), del Decreto-ley 34/2020, de 20 de octubre, del Gobierno de la
Generalidad de Cataluña, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en los locales de negocio arrendados. Han comparecido y formulado alegaciones el Gobierno de la Generalitat, el Parlamento de Cataluña y la Fiscal General
del Estado. Ha sido ponente el magistrado don Pedro González-Trevijano Sánchez.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,
Ha decidido:
Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Barcelona y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de las letras a) y b) del art. 2.1 del Decreto-ley
34/2020, de 20 de octubre, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, con los efectos previstos en el Fundamento Jurídico 5 de la presente resolución.
Madrid a 29 de noviembre de 2022.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
093/000026
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(93) Convenios entre Comunidades Autónomas.
Autor: Comunidad Autónoma de Castilla y León - Cortes.
Adenda al Convenio de Colaboración/Cooperación entre las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León para la ejecución de una política conjunta en materia de transporte colectivo de viajeros, en relación con determinados municipios de
las provincias de Ávila y Segovia.
Acuerdo:
Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, poniéndolo en conocimiento de la
Presidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y del Parlamento de la citada Comunidad Autónoma.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ADENDA AL 'CONVENIO DE COLABORACIÓN/COOPERACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE MADRID Y DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA EJECUCIÓN DE UNA POLÍTICA CONJUNTA EN MATERIA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS, EN RELACIÓN CON DETERMINADOS MUNICIPIOS
DE LAS PROVINCIAS DE ÁVILA Y SEGOVIA'
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Natividad Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, cargo para el que fue nombrada por Real Decreto 439/2021, de 18 de junio, habilitada para este acto por el artículo 7.b) de la Ley 1/1983,
de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.1 del Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la actividad convencional de la
Comunidad de Madrid.
De otra, el Excmo. Sr. D. Alfonso Fernández Mañueco, Presidente de la Junta de Castilla y León, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 282/2022, de 12 de abril, habilitado para este acto por el artículo 6 de la Ley 3/2001, de 3 de
julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
La Comunidad de Madrid actúa al amparo de la competencia atribuida por los artículos 26.1.6 y 31 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero.
La Comunidad de Castilla y León actúa en virtud de la competencia que tiene atribuida en el artículo 60.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, así como por las competencias en materia de transportes que le atribuye el artículo
70.1.8.º del citado Estatuto.
Reconociéndose ambas partes la competencia y capacidad jurídica suficiente para obligarse y suscribir el presente documento, en nombre de sus representados,
MANIFIESTAN
I. El 19 de abril de 2018, se suscribió entre las Comunidades Autónomas intervinientes el Convenio para la ejecución de una política conjunta en materia de transporte colectivo de viajeros en relación con determinados municipios de las
provincias de Ávila y Segovia, a través de la regulación de la cofinanciación por parte de ambas Comunidades Autónomas, de compensaciones a los operadores de los servicios de transporte público regular de uso general que, incluidos en el anexo del
Convenio, se incorporen voluntariamente al mismo, para reducir el precio del servicio de transporte a los ciudadanos que se desplazan con frecuencia entre las provincias de Ávila y Segovia y la de Madrid.
Dicho convenio, según lo previsto en el mismo, tiene vigencia inicial de cuatro años; dicha vigencia según dispone su propio texto debe comenzar a computarse a partir de los sesenta días de la comunicación efectuada a las Cortes Generales,
lo que se produjo el día 5 de julio de 2018.
II. La Comisión Mixta de Seguimiento del referido Convenio, en la reunión celebrada el 21 de febrero de 2022, ha estimado conveniente prorrogar nuevamente el Convenio actual durante el máximo plazo posible, esto es, cuatro años.
ESTIPULACIONES
Primera. Prórroga del Convenio.
Las partes firmantes acuerdan mediante la presente adenda, la prórroga por periodo de cuatro años del Convenio suscrito con fecha 19 de abril de 2018, cuya entrada en vigor se produjo el 28 de septiembre 2018, y cuyos efectos se extenderán,
por tanto, desde el día 29 de septiembre de 2022 hasta el 29 de septiembre de 2026.
En el supuesto de que las partes suscribiesen un nuevo Convenio antes de la finalización del indicado periodo de prórroga, la misma quedaría sin efecto.
Segunda.
El contenido del Convenio suscrito, se mantiene inalterado conservando su fuerza vinculante, con las siguientes precisiones referidas a su cláusula cuarta, 'Financiación':
La Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, en adelante CRTM, con base en la distribución de la residencia de los ciudadanos de Madrid, y de Segovia y Ávila que adquieren
los abonos mensuales de los operadores, se comprometen a cofinanciar la bonificación a aplicar al usuario de acuerdo con la siguiente distribución: 82 % Castilla y León, 18 % CRTM, una vez deducidas las rebajas ofertadas por los operadores, en su
caso. Esta distribución podrá modificarse en función de la información disponible al respecto, a través de la oportuna modificación de este Convenio.
Los importes máximos para los cuatro años de prórroga del Convenio son los siguientes:
2022: 405.000 euros.
2023: 2.200.000 euros.
2024: 2.200.000 euros.
2025: 2.200.000 euros.
2026:1.650.000 euros.
La Comunidad de Castilla y León financiará los gastos derivados de este Convenio con cargo a la aplicación presupuestaria 04.04.453A.04.47006.0.
Por su parte el CRTM hará frente a las aportaciones derivadas de la aplicación del Convenio imputándolas al subconcepto presupuestario 48300 'Compensación tarifaria'.
Y en prueba de conformidad y aceptación de cuanto antecede los intervinientes firman la presente adenda.