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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 49, de 10/03/2020
cve: BOCG-14-D-49
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
10 de marzo de 2020
Núm. 49
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000282 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la anulación de la sentencia dictada cuatro años después de su asesinato contra Blas Infante
Pérez, su viuda y herederos, por el Tribunal de Represión de Responsabilidades Políticas contra la Masonería y el Comunismo ... (Página5)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000279 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a eliminar el sistema de voto rogado, aplicable a los residentes en el exterior en régimen electoral general y establecer un sistema de votación
electrónica que facilite el voto ... (Página7)
161/000286 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la creación de centros del Instituto Cervantes en el Sahara Occidental y en Tinduf (Argelia), con el fin de mejorar la enseñanza del castellano ...
161/000290 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el reconocimiento del genocidio armenio ... (Página9)
Comisión de Defensa
161/000285 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para la adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas ... (Página10)
Comisión de Hacienda
161/000262 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la regulación de la contratación pública en España y la transposición real y efectiva de la Directiva 2014/24/UE a la normativa nacional ...
161/000265 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los requisitos que resultan de aplicación a la deducción por gastos de guardería contenida en el artículo 81.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y su correspondiente desarrollo reglamentario ... (Página13)
161/000266 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a aplicar el tipo reducido del IVA a los servicios funerarios ... (Página15)
Comisión de Interior
161/000264 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que vigilan nuestras fronteras en Ceuta y Melilla, tras la reciente sentencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos ... (Página16)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/000267 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a garantizar la parada de trenes Euromed en la estación de L'Aldea-Amposta-Tortosa ... (Página17)
161/000278 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la transferencia por parte del Estado a la Xunta de Galicia de la AP-53, así como la revisión de sus tarifas ... (Página17)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/000269 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la adopción de acciones y medidas para garantizar que el principio constitucional de la unidad de España sea respetado en los currículos de asignaturas como
Historia de España o Geografía de las distintas Administraciones autonómicas ... (Página18)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000258 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el reconocimiento del derecho de acceso a la tarifa plana a los autónomos societarios ... (Página19)
161/000263 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al cumplimiento del artículo 37 de la Constitución, garantizando la compatibilidad entre el ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el sector
público y la defensa de los derechos laborales con el necesario control del gasto público ... (Página21)
161/000270 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la concesión a título póstumo de la Medalla al Mérito al Trabajo en categoría de oro a todas las víctimas del terrorismo sin distinción ...
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000252 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a defender el empleo de la industria electrointensiva ... (Página24)
161/000271 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para paliar los efectos de la quiebra del grupo empresarial Thomas Cook ... (Página25)
161/000277 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a solicitar la puesta en marcha de un Plan Nacional de Reindustrialización en España ... (Página28)
161/000280 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la sostenibilidad y el impulso del sector de la cogeneración ... (Página29)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000260 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para la protección de los agentes polinizadores, ayudas a la investigación para la apicultura y respeto al medio ambiente y a la
biodiversidad ... (Página32)
161/000268 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas urgentes para el impulso de la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias y la mejora del funcionamiento de la
cadena alimentaria ... (Página34)
161/000272 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a crear, en Lleida, una Unidad Certificadora de Comercio Exterior Ganadero, encargada de emitir los correspondientes certificados
sanitarios de exportación ... (Página36)
161/000287 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la habilitación de una base permanente o semipermanente de hidroaviones contra incendios en las Islas Canarias ... (Página38)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/000261 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración y aprobación de un Estatuto del Directivo Público de la Administración General del Estado ... (Página38)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000257 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la actualización de los Planes de Emergencia Nuclear Exterior de la provincia de Tarragona y la dotación de medios para una implementación
efectiva ... (Página40)
161/000276 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor ... (Página42)
161/000281 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la sostenibilidad y el impulso del sector de la cogeneración ... (Página44)
161/000289 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre apoyo a la industria de impresión para impulsar medidas de sostenibilidad ... (Página46)
Comisión de Cultura y Deporte
161/000274 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la promoción y cuidado de jardines históricos ... (Página48)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000254 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para prevenir la propagación del nuevo coronavirus (2019-nCoV), con el fin de proteger la salud de los españoles y de los
residentes legales en España ... (Página49)
161/000256 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la prohibición de la publicidad del juego online en horario infantil ... (Página51)
161/000259 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para prevenir la propagación de coronavirus (COVID-19) que afecta a la República Italiana, con el fin de proteger la salud de los
españoles y de los residentes legales en España ... (Página52)
161/000283 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la planificación de recursos y a la transferencia de fondos a las Comunidades Autónomas para cubrir las necesidades requeridas para
garantizar la salud pública frente al nuevo coronavirus (COVID-19) ... (Página54)
161/000288 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la protección sociolaboral de las personas donantes vivas de órganos ... (Página55)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000253 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la situación de los centros de A Coruña y Vigo del Instituto Español de Oceanografía ... (Página57)
161/000273 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora en la publicación de datos de las Administraciones públicas para su uso científico ... (Página59)
161/000291 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la generación de incentivos a la I+D+i ... (Página61)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000017 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre fecha prevista para presentar el 'Estudio Informativo del Proyecto línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo Madrid-Oropesa' ...
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000018 Pregunta formulada por el Diputado don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), sobre alcance del traspaso de competencias del Estado al Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco en lo relativo a la Seguridad Social ...
Comisión de Cultura y Deporte
181/000016 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre valoración de las memorias y propuestas preventivas o sancionadoras de la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en
el deporte ... (Página63)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página64)
184/005888 Autor: Rego Candamil, Néstor
Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina para las Lenguas Oficiales ... (Página64)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/000282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la anulación de la sentencia dictada cuatro
años después de su asesinato contra Blas Infante Pérez, su viuda y herederos, por el Tribunal de Represión de Responsabilidades Políticas contra la Masonería y el Comunismo, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Los símbolos tienen una extraordinaria importancia en la vida de los pueblos. De ahí la importancia también de aquellas acciones que tienden a reforzarlos, como pretende ser esta iniciativa justo después de la celebración del día de
Andalucía, expresión de la movilización de un pueblo en demanda de su autogobierno.
Esta voluntad popular que conquistó la Autonomía plena, fue posible porque existió un precursor que constituye ya un importante símbolo para Andalucía, así se reconoce en el preámbulo del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que lo
considera padre de la patria andaluza.
El propio Estatuto señala que Blas Infante con las juntas liberalistas, que él creara, se coloca en la vanguardia del andalucismo al luchar incansablemente por recuperar la identidad del pueblo andaluz, por conseguir una Andalucía libre y
solidaria, por reivindicar el derecho de todos los andaluces a la autonomía. Y a la posibilidad de decidir su futuro. Era de justicia que el Estatuto de Autonomía de Andalucía mediante preámbulo elaborado y creado por el Parlamento andaluz,
reconociera en Blas Infante Pérez un símbolo, precisamente en él, creador de los símbolos de Andalucía como bandera, escudo e himno que fueron aprobados en la Asamblea de Ronda de 1918. Como dice el historiador Juan Antonio Lacomba, la biografía de
Blas Infante viene a ser en buena parte la historia del esfuerzo por la recuperación moral, política y material de Andalucía. Nunca un hombre o una mujer deciden la historia, pero hay muchas ocasiones en que ciertas individualidades, los líderes,
juegan un papel absolutamente determinante en un proceso histórico. Este fue el caso de Blas Infante, que partía de una fe inquebrantable en Andalucía, a la que empujaba hacia un esfuerzo por recobrar la dignidad y la justicia entre los pueblos de
España. Dedicó su vida al estudio y difusión de la historia, la cultura y las señas de identidad de los andaluces, sostuvo durante toda su vida que Andalucía es una nacionalidad, una patria viva en nuestra conciencia, un pueblo diferenciado que
tiene usos y costumbres propias que se expresan en un modo peculiar de vivir y convivir.
Si hoy la historia andaluza se ha acelerado y un conjunto de cambios cualitativos han venido a culminar viejos proyectos que un día parecieron tan lejanos o tan solo sueños casi imposibles, se debe a hombres y a mujeres que con Blas Infante
se esforzaron, lucharon e incluso dieron su vida.
Y así, en la madrugada del 11 de agosto de 1936, aproximadamente un mes después de ser elegido presidente de la Asamblea pro-estatuto que empezaba a ser debatido por ayuntamientos y diputaciones,
teniendo previsto su debate en el Parlamento de la II República en noviembre de aquel año, en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona (Sevilla), Blas Infante caía asesinado y moría gritando, 'Viva Andalucía Libre'. Una muerte para la que
estaba preparado a tenor de sus palabras, pronunciadas con muchos años de antelación: 'Si en la lucha que hemos emprendido nos sorprende la muerte, tendremos la íntima satisfacción de haber cumplido con nuestro deber'.
En el kilómetro 4 de la carretera de Carmona se mataba a un hombre, pero no se podía matar un ideal. Él esperaba que por cada gota de sangre derramada nacieran nuevas fuerzas para la libertad y autonomía del pueblo andaluz, y así ha
ocurrido con la restauración de la democracia. Por la sangre derramada de García Caparrós y con las luchas populares que han dado un sello de clase y unas raíces populares al proceso actual de construcción nacional de Andalucía. Cuatro años
después de su muerte, el día 4 de mayo de 1940, en la ciudad de Sevilla el Tribunal Especial de Responsabilidades Políticas contra la Masonería y el Comunismo que creara el régimen franquista dictó sentencia contra Blas Infante, el expediente número
214 en su registro, estableciendo entre otras cosas:
Primero, resulta probado que don Blas Infante Pérez se significó como un propagandista para la constitución de un partido andalucista, y según la certificación del folio número 46, falleció el 10 de agosto de 1936 a consecuencia de la
aplicación del bando de guerra.
Segundo, que está acreditada en las actuaciones la aplicación al inculpado, don Blas Infante Pérez del bando de guerra dictado por la autoridad militar de la región, lo que supone en él una actitud de grave oposición y desobediencia al mando
legítimo y a las disposiciones del mismo emanadas.
Tercero, que los hechos probados para don Blas Infante Pérez un caso de responsabilidad política de carácter grave previsto en el apartado 1, del artículo 4 del 9 febrero de 1939, que considera impulsos en responsabilidad política y sujetos
a la correspondiente sanción a los que se hubieren opuesto al Movimiento Nacional.
Cuarto, que el fallo de la susodicha sentencia dice que debemos condenar y condenamos a don Blas Infante Pérez, como incurso en un caso de responsabilidad política de carácter grave, a la sanción del pago de la cantidad de 2000 pesetas.
Firmamos y rubricamos la presente sentencia en Sevilla, a 4 de mayo de 1940.
Sin perjuicio del foco político aberrante y de la forma jurídica inadmisible, lo cierto es que esta sentencia implica la negación de principios esenciales que forman el orden jurídico. En efecto, el régimen implantado por los sublevados el
18 de julio de 1936 significó la liquidación de la República y su sustitución por una dictadura fascista que anuló todos los derechos democráticos y todas las libertades públicas, que montó pseudo-tribunales represivos, vengativos, integrados por
pseudo-jueces, en muchos casos, sin título académico de juristas.
Hoy, 84 años después del asesinato de Blas Infante y 80 después de la sentencia, nos encontramos con el genocida responsable de la orgía de sangre desatada en Sevilla y Andalucía, el general Queipo de Llanos, enterrado en un lugar de honor
eclesiástico, en la Basílica de la Macarena, mientras una de sus víctimas, Blas Infante, el padre de la patria andaluza, está enterrada en paradero desconocido en una fosa común.
Por eso, pedir en el Congreso de los Diputados la rehabilitación de su memoria es un deber de justicia para el propio Blas Infante, para sus familiares, para los andaluces, para la democracia y para el Estado.
Blas Infante está rehabilitado por el pueblo andaluz pero todavía queda esa asignatura pendiente a nivel del Estado. A iniciativas como esta y otras en el Parlamento andaluz, siempre nos hemos encontrado con dos argumentos en contra, eso
sí, esgrimidos con 'pulcritud y neutralidad jurídica':
1. Que la Ley de Amnistía de 1977 fue una especie de borrón y cuenta nueva exculpando todos los delitos de cualquier índole, incluidos los cometidos por el régimen franquista.
2. La Ley de Memoria Histórica establece una especie de certificado de 'buena conducta' a las personas que sufrieron la represión franquista, solicitado por ellos mismos o sus familiares.
Existe un precedente en este caso que es el de Lluís Companys, que fue presidente de la Generalitat de Catalunya y fue asesinado por los franquistas. Se ha hecho a petición de la Generalitat y de sus familiares un documento oficial,
certificando la nulidad de pleno derecho del juicio que lo condenó a muerte.
Es una verdadera contradicción que Blas Infante figure en el Preámbulo del Estatuto de Autonomía de Andalucía que es una ley orgánica, la de mayor rango en el bloque de constitucionalidad, y al mismo tiempo exista rodando una sentencia que
le condena por haber defendido los ideales andalucistas.
Tenemos un ejemplo en el seno de la Unión Europea, el ejemplo alemán, Alemania ha anulado todos los juicios nazis, los ha extirpado de la historia judicial y ha rehabilitado con esta decisión a todas las personas que sufrieron el nazismo en
todos sus niveles de sufrimiento y horror. Hemos de destacar que fue en la época del excanciller federal Helmut Kohl, líder conservador.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas:
1. Para declarar ilegítimos los tribunales constituidos para imponer por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa condenas o sanciones de carácter personal y nulas e ilegitimas dichas condenas, entre ellas la que condenó a
Blas Infante el 4 de mayo de 1940, cuatro años después de su asesinato, dictada por el pseudo-tribunal franquista contra la Masonería y el Comunismo.
2. Estudiar todas las posibilidades que existen en España, así como en el derecho internacional (ONU, UE ...), para rehabilitar la figura de Blas Infante.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2020.-Isabel Franco Carmona, María Márquez Guerrero, Martina Velarde Gómez y Pedro Antonio Honrubia Hurtado, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs i Castanyer, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de
Asuntos Exteriores, una Proposición no de Ley para eliminar el sistema de voto rogado, aplicable a los residentes en el exterior en Régimen Electoral General y establecer un sistema de votación electrónica que facilite el voto.
Exposición de motivos
El 28 de enero del año 2011 se aprobó la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, la cual establecía, entre otras medidas, un nuevo procedimiento de participación de los ciudadanos españoles
residentes en el extranjero en los comicios celebrados en el territorio del Estado, lo cual suponía una importante modificación del derecho de sufragio activo.
La norma legal modificó sustancialmente el contenido del artículo 75 de la mencionada Ley Orgánica, estableciendo a partir de entonces, una serie de requisitos para el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de voto, e
instaurando el sistema denominado del 'voto rogado' para los residentes en el exterior. Mediante esta nueva fórmula se impuso un trámite de petición del voto con plazos muy cortos y prácticamente imposibles de cumplir en la mayoría de los países.
En concreto, se pasó del envío de oficio del certificado y las papeletas de votación por parte de las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, establecido en el redactado anterior del artículo 75 de la Ley, al requisito
de envío previo de la solicitud de voto por parte del residente en el extranjero, mediante impreso oficial dirigido a la correspondiente Delegación y a la posterior remisión de la documentación una vez recibida la petición, para ejercer el derecho
de voto por parte del residente. A partir de este momento es cuando puede ejercer el voto por correo o, como novedad, puede depositar en embajadas y consulados el voto en urna entre el cuarto y segundo día anteriores al día de la elección.
No cabe ningún tipo de crítica a la novedad de poder ejercer el derecho de voto en urna por parte de los residentes en el extranjero, pero la incorporación del nuevo requisito de 'voto rogado' se ha mostrado absolutamente perjudicial para el
efectivo derecho al sufragio activo.
Las numerosas situaciones recogidas por el Defensor del Pueblo en sus informes anuales del 2014, 2015, 2016 y 2017 sobre la odisea de ejercer el derecho a voto en las diferentes elecciones que se han celebrado desde entonces son la mejor
muestra de este perjuicio o dificultad añadido.
El Defensor del Pueblo sigue recibiendo numerosas quejas que ponen de relieve el mal funcionamiento y las deficiencias de este procedimiento electoral. Las más comunes son: lentitud en el proceso de solicitud de voto, retrasos en la
recepción por el elector de la documentación necesaria para hacer efectivo el derecho de sufragio, complejidades burocráticas, la dependencia de servicios de correos extranjeros, una inadecuada publicidad e información institucional, horarios
exiguos de los consulados españoles, insuficiencia de recursos de las oficinas de Correos para atender la demanda del voto por correo, falta de gratuidad real del voto por correo, etcétera.
Esta misma institución insiste en cada uno de los informes sobre la urgencia de modificar el voto rogado y abordar un sistema que mejore el ejercicio del voto por correo para los españoles residentes en el extranjero ya que afecta
negativamente al derecho de participación de algunos ciudadanos en los asuntos públicos. De hecho, considera conveniente abordar sistemas que vayan a la raíz del problema, a través, por ejemplo, de un nuevo diseño del conjunto de los plazos o bien
articulando un procedimiento alternativo al de voto por correo, posiblemente basado en el uso de las nuevas tecnologías, que permitiese obviar las incidencias que pueden experimentar los envíos postales, especialmente los internacionales.
Hay que tomar en consideración el problema real de la clara limitación del ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos. En cada convocatoria electoral siempre aparecen públicamente todos los problemas y trabas
para ejercer este derecho provocados por un sistema que es complejo y una organización consular del Ministerio que lo gestiona mal. Hay unanimidad por parte de los grupos parlamentarios en cambiar la ley y facilitar el voto, porqué mejorará la
democracia.
A modo de ejemplo, en las elecciones del 28-A de 2019, el caso más sonado acaeció en Moscú, donde no llegaron las papeletas y los casi 2.000 españoles censados para votar en Rusia no lo pudieron hacer.
Por otro lado, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya proponemos incorporar el voto electrónico a los procesos electorales, como sistema habitual de participación, especialmente para casos como el sufragio ejercido por los
residentes en el extranjero, tanto para facilitar la participación como para agilizar el posterior registro y validación de los votos emitidos. El voto electrónico es un sistema seguro que ya funciona y utilizan otros países de la Unión Europa y
del mundo, por lo que resulta posible adaptarlo e implementarlo a corto plazo en el estado español.
Por todo ello, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya, presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la modificación, en el plazo de tres meses, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para eliminar el sistema de voto rogado y para establecer un
sistema de voto electrónico, a través de medios telemáticos, con las imprescindibles garantías de veracidad y secreto, en aras a facilitar el voto a los residentes en el exterior inscritos en el Censo de Residentes Ausentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/000286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Rubén Darío Vega Arias, don Alberto Asarta Cuevas, don Victor González Coello de Portugal, don Carlos Hugo Fernández-Roca, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez y don Antonio Salvá Verd, en su condición de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de Centros del Instituto Cervantes en el Sahara Occidental y en Tinduf (Argelia), con el fin de mejorar la enseñanza del castellano, para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. El Sáhara Occidental fue una provincia española hasta 1975. Y España continúa siendo, a día de hoy, potencia Administradora del Sahara Occidental. Actualmente, los saharauis que quieren estudiar español en su territorio, tienen
que abandonar el antiguo Sáhara Occidental.
Segundo. Por otro lado, el idioma original de la población saharaui es el 'hasanía', variedad muy antigua del árabe, sin embargo, durante la presencia española, esa lengua convivió con el castellano, y este se extendió en mayor o menor
medida a todos los puntos de la antigua provincia como lengua oficial de la sociedad saharaui.
Así, el castellano es lengua obligatoria en el Sahara Occidental, único país islámico donde se produce esta circunstancia. La situación, en cambio, ha sido bien distinta en los territorios ocupados por Marruecos del Sáhara Occidental.
Desde 1976, las autoridades marroquíes, toman como decisión la desaparición de todo lo relacionado con España en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, incluyendo la enseñanza del castellano, existiendo una demanda, que podemos calificar de
masiva, de los saharauis por aprender español.
Tercero. Dado que el Instituto Cervantes tiene como principal misión la promoción y la enseñanza de la lengua española y la difusión de la cultura española, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Realizar todas las gestiones pertinentes, como potencia Administradora del Sahara, para que atiendan la demanda de la población saharaui y cree en el menor tiempo posible al menos un centro del Instituto Cervantes en el Sáhara Occidental
para el mantenimiento y la difusión del español en este territorio.
2. Llevar a cabo las actuaciones necesarias ante el Gobierno argelino y, de acuerdo con los representantes del pueblo saharaui, cree en el menor tiempo posible uno o más centros del Instituto Cervantes en Tinduf (Argelia) para la mejora en
la enseñanza del castellano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2020.-Rubén Darío Vega Arias, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal y Antonio Salvá Verd,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Marta Rosique i Saltor, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
reconocimiento del genocidio armenio, para su debate en instancia en la Comisión Exteriores.
Exposición de motivos
El genocidio armenio es el término usualmente utilizado para hacer referencia a la deportación masiva, y a la muerte durante la misma, de un número indeterminado de civiles armenios -estimado en más de un millón- durante los años de Primera
Guerra Mundial (entre el 24 de abril de 1915 y el año 1923), así como los años previos y posteriores, como consecuencia de las políticas represivas del gobierno turco.
Al inicio del genocidio, Reino Unido, Francia y Rusia advirtieron a los llamados Jóvenes Turcos, que dirigían el Gobierno de Turquía, que eran responsables de un crimen contra la humanidad. Tras la Primera
Guerra Mundial, tribunales de posguerra de la propia Turquía sometieron a juicio a los Jóvenes Turcos, condenándolos a muerte por un genocidio que fue reconocido por muchos de sus oficiales y por pruebas recopiladas por EEUU, Reino Unido y
Alemania. Sin embargo, y con los Jóvenes Turcos condenados en el exilio, el genocidio armenio continuaría con mayor virulencia si cabe de la mano de Mustafa Kemal 'Atatürk'.
A pesar de todas las evidencias, Turquía siempre ha negado la existencia de un genocidio, arguyendo que las muertes no fueron el resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el estado otomano, sino que fueron causadas por las
luchas interétnicas, las enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de la Primera Guerra Mundial.
No obstante, casi todos los estudiosos -incluso turcos- opinan que los hechos encajan en la definición actual de genocidio, opinión respaldada por las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y una lista creciente de países, entre los cuales
Alemania, Francia, Canadá, Italia, Grecia, Chipre, Armenia, Eslovaquia, Polonia, Líbano, Rusia, Lituania, Bélgica, Suiza, Países Bajos, Suecia, Venezuela, Argentina, Uruguay, el Vaticano e, incluso, Estados Unidos.
El Estado español todavía no se cuenta entre los que han reconocido el genocidio armenio. Sin embargo, Parlamentos Autonómicos como los de Baleares, Catalunya, Navarra, Euskadi o Aragón, así como municipios como Valencia, Málaga, Pinto,
Burjassot o Sabadell, ya han reconocido en distintas ocasiones el genocidio armenio.
En tanto que el reconocimiento histórico de los crímenes perpetrados es necesario para cicatrizar heridas y reconstruir lazos de paz; es importante el reconocimiento del genocidio armenio por parte del Estado español y que se inste en el
marco de los organismos internacionales oportunos a su definitiva recuperación.
Es por todo ello que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados reconoce el genocidio armenio ejecutado por Turquía como un crimen contra la humanidad e insta al Gobierno español a:
1. Instar al Estado de Turquía al reconocimiento del genocidio armenio como un gesto de concordia con Armenia y de buena voluntad en las relaciones regionales, en el marco de la cultura la cultura de la paz, la convivencia y la resolución
pacífica de conflictos y controversias.
2. Reclamar a la Unión Europea el papel de mediador entre los Estados de Turquía y Armenia para la superación definitiva del genocidio armenio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2020.-Marta Rosique i Saltor, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Defensa
161/000285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Agustín Rosety Fernández de Castro, y don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para la adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas, para su
discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. La profesión militar requiere de una considerable exigencia física, formación y capacitación, además de una necesaria disponibilidad para el servicio y la movilidad, con la consiguiente merma en los ámbitos personal y familiar del
personal de las Fuerzas Armadas.
Segundo. En los últimos años, han sido varios los Ministros de Defensa que han propuesto la adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas, sin haberse llegado a adoptar medida alguna para la consecución de tal fin. La entonces
Ministra de Defensa del Gobierno del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, defendió 'la posición del Gobierno del Partido Popular de avanzar en la mejora de los salarios del personal militar en relación con otros sectores de la administración
pública.' Así, en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas en su reunión del 21 de diciembre de 2017 la Sra. Cospedal, mostró su interés en mejorar los sueldos de los miembros de las Fuerzas Armadas e informó que se había iniciado un estudio
cuyo fin sería realizar un análisis pormenorizado de las diferencias retributivas existentes entre el personal de las Fuerzas Armadas y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En el mismo sentido, la Ministra doña Margarita Robles, mostró su compromiso ante las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas) de que aplicará una mejora de las retribuciones
de los militares.
Tercero. No obstante, ninguna iniciativa legislativa fue, ni ha sido puesta en marcha, manteniéndose una gran e injusta brecha salarial entre el personal de los distintos ámbitos de la Administración, en particular (por semejanza laboral)
con el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el de las Fuerzas Armadas.
Como indicábamos 'ut supra', han sido varios los Gobiernos que, en el seno de la Comisión de Defensa, han aprobado iniciativas legislativas por unanimidad que no han llegado a concretarse, mientras nuestro personal de las Fuerzas Armadas
continúa percibiendo un salario paupérrimo.
Cuarto. Tal y como indica la Asociación Unificada de Militares Españoles, en su informe 'Propuesta AUME 08/19 P19-02', en comparación con otros servidores públicos y, en particular, con el personal perteneciente al Cuerpo de la Guardia
Civil -cuyos miembros también tienen la condición de militares-, que desarrollan algunas funciones y cometidos equivalentes en muchas de sus tareas a los de los miembros de las Fuerzas Armadas, a los que se les requieren los mismos requisitos de
titulación que a estos, se comprueba que, aquellos, perciben unas retribuciones que, antes de la subida por equiparación salarial (de policías y guardias civiles con el resto de policías del Estado), eran mayores que las del personal de las Fuerzas
Armadas, y, por tanto, ahora van a ver aumentada su diferencia de forma ostensible. Sirva como ejemplo que un Guardia Civil estará cerca de percibir las mismas retribuciones que un Subteniente de las Fuerzas Armadas.
En el mismo sentido se pronuncia la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas que, en su escrito n.º 66/2016, señala que es imprescindible una revisión y mejora de las retribuciones del personal en la situación de activo
y reserva. Un cabo de carácter permanente o un sargento de las Fuerzas Armadas no deberían tener menor remuneración que un guardia civil o un policía con similar empleo. Además, resulta inexplicable la pérdida de retribuciones que se produce en la
situación de reserva al cumplir los sesenta y tres años de edad. También sería adecuado actualizar y precisar los criterios de asignación del complemento de dedicación especial.
Quinto. A cuanto se ha expuesto, debe añadirse que por Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publicaba el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y
asociaciones profesionales de la Guardia Civil, se calculaba una subida general de unos 720 euros entre los años 2018-2020 para los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil en concepto de Componente Singular del Complemento Especifico y
Productividad, que se sumarian a los actuales y a los que habría que sumar la subida prevista de IPC para el resto de personal de la Función Pública, el personal de las Fuerzas Armadas continua sin la debida adecuación salarial prometida y
ansiosamente demandada y esperada.
Con base en lo expuesto, resulta de urgente y extrema necesidad, tomar cuantas medidas sean necesarias para la adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas. Y ello, tratándose del erario público, debe afrontarse con la debida
responsabilidad y con la necesaria rigurosidad técnica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, tras los informes y estudios preceptivos, lleve a cabo la necesaria equiparación salarial entre el personal de las Fuerzas Armadas y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2020.-Agustín Rosety Fernández de Castro y Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda
161/000262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán y doña Inés Cañizares Pacheco, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la regulación de la contratación pública en España y la transposición real y efectiva de la Directiva 2014/24/UE a la normativa nacional, para su discusión en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Primero. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ('LCSP'), transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, relativas
a la adjudicación de contratos de concesión y contratación pública.
Dichas Directivas responden, principalmente, a la necesidad de una regulación clara y unificada del sistema de contratación pública. Situación que, en palabras de la Directiva 2014/23/UE, 'genera una inseguridad jurídica, obstaculiza la
libre prestación de servicios y falsea el funcionamiento del mercado interior'. La Directiva 2014/24/UE subraya la necesidad de que los Estados miembros respeten los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en
concreto, la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como los principios que se derivan de estos, tales como la igualdad de trato, la no discriminación, el reconocimiento mutuo, la
proporcionalidad y la transparencia. Tal y como se recoge en la exposición de motivos: 'Deben elaborarse disposiciones que coordinen los procedimientos de contratación nacionales a fin de asegurar que estos principios tengan un efecto práctico y
que la contratación pública se abra a la competencia'. Operadores económicos como las pequeñas y medianas empresas (PYME) se ven privados de los derechos que les confiere el mercado interior y pierden grandes oportunidades comerciales, mientras que
las autoridades públicas no dan un uso óptimo a los fondos públicos, impidiendo a los ciudadanos disfrutar de unos servicios competitivos a nivel calidad-precio. De este modo, las Directivas se comprometen a garantizar una verdadera apertura del
mercado así como un justo equilibrio y transparencia en la aplicación de las normas de adjudicación, velando por que no se atente contra la igualdad de trato entre las entidades adjudicadores del sector público y del sector privado.
Mediante la incorporación de ambas Directivas, la Ley 9/2017 se suma a este proceso de revisión y modernización de la normativa sobre la contratación en el sector público. La citada Ley, en la misma línea que las Directivas, establece de
manera clara el incremento de la eficiencia en el gasto público como objetivo. En concreto, poder facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la
contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. Para ello, la Ley prevé la creación de un Comité de Cooperación encargado de coordinar los criterios de interpretación de las distintas Administraciones Públicas en la contratación pública,
elaborar una propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública, proponer los criterios de selección de las actuaciones de supervisión de la contratación, entre otros, y fundamentalmente, es el
encargado de coordinar el impulso de la contratación electrónica así como de promover el cumplimiento de los mandatos y objetivos de las Directivas comunitarias.
Segundo. Sin embargo, a día de hoy, las directrices europeas se encuentran lejos de haber sido implementadas de manera efectiva en nuestro ordenamiento jurídico. El Informe anual de la Supervisión de la Contratación Pública de España de
2019 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación ('OIRe Scon') -órgano que tiene por objeto velar por la correcta aplicación de la legislación y, en concreto, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, ha
señalado los siguientes puntos que requieren medidas urgentes:
1. Inexistencia de un control y verificación de la información que es publicada por cada órgano de contratación, así como de un criterio uniforme respecto de cuál ha de ser publicada.
2. Inexistencia de una coordinación a nivel nacional de prevención y lucha contra la corrupción. De acuerdo con los datos publicados por la 'OIRe Scon', del total de denuncias en materia de contratación pública que han sido comunicadas por
las distintas agencias anticorrupción, el 65,75 % continúa en tramitación, el 13,70 % se ha resuelto con un informe o comunicación al órgano de contratación y 9,58 % han sido archivadas.
3. A pesar de que la contratación electrónica constituye una obligación recogida en la LCSP y uno de los objetivos marcados en la Estrategia Europa 2020, la realidad es que tan solo el 6,92 % de la contratación pública en España se hace de
manera electrónica. A día de hoy, aún no se ha creado el Comité de Cooperación previsto en el artículo 329.3.d) de la LCSP para su impulso e implementación.
Tercero. Para lograr los fines previstos, resulta imprescindible que la Administración normativice y cumpla las condiciones y requisitos que ha de observar la contratación pública, de conformidad con lo establecido en Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el impulso y desarrollo de la 'OIRe Scon', autora del Informe que pone en evidencia todos estos incumplimientos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. La creación de una base de datos única de contratación pública que reduzca cargas a los órganos de contratación y a los licitadores y minimice el riesgo de información múltiple a los órganos de control.
2. La elaboración de una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que incluya un apartado específico sobre la contratación pública, de conformidad con las exigencias de transparencia e igualdad recogidas en la
Directiva 2014/23/UE.
3. La creación definitiva del Comité de Cooperación en materia de Contratación Pública, previsto en el artículo 329.1 de la LCSP, para asumir, en ejercicio de sus competencias, compromisos específicos en las áreas de acción común de las
distintas Administraciones Públicas.
4. La implementación definitiva de la contratación electrónica para dar cumplimiento a la obligatoriedad establecida en la LCSP y, en concreto, mediante la creación de la Sección de Contratación Electrónica dentro del Comité de Cooperación.
5. El desarrollo de la 'OIRe Scon', como órgano de control independiente, mediante la dotación de los medios e independencia necesarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los requisitos que resultan de aplicación
a la deducción por gastos de guardería contenida en el artículo 81.2
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y su correspondiente desarrollo reglamentario, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, modificó el artículo 81 de la Ley Reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para incluir una deducción adicional a la ya establecida
deducción por maternidad de 1.200 euros para madres trabajadoras con hijos menores de tres años.
En concreto, se introdujo una deducción de hasta 1.000 euros adicionales cuando se hubiesen satisfecho también 'gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados'. La ley definía los
gastos de custodia como 'las cantidades satisfechas a guarderías y centros de educación infantil por la preinscripción y matrícula de dichos menores, la asistencia, en horario general y ampliado, y la alimentación [ ...]'.
Los motivos que llevaron a la aprobación de esta nueva deducción fueron, tal y como explica de manera indubitada la Exposición de motivos, el 'fomentar el estímulo para la incorporación de la mujer al mercado laboral, facilitar la
conciliación de la vida familiar y laboral y promover el acceso de los menores al primer ciclo de educación infantil'.
Nos encontramos sin embargo con que, a pesar de la claridad en la redacción de la norma y en los motivos que llevaron a su aprobación, el desarrollo llevado a cabo por el Reglamento del Impuesto enturbia dichas intenciones al exigir, ex
novo, la necesidad del centro de custodia de contar con una autorización de la Administración educativa competente. Como consecuencia de esta exigencia reglamentaria, que no legal, Hacienda y la Dirección General de Tributos -DGT- han venido
haciendo una interpretación tan restrictiva de este incentivo que, en la práctica, se imposibilita su aplicación a la mayoría de las familias que sí cumplen con los requisitos legales establecidos y para las que se pensó este incentivo.
Así, la DGT ha venido interpretando que este incentivo fiscal debe darse, únicamente, cuando los menores estén matriculados en centros o escuelas de educación infantil (que necesitan la doble autorización del ayuntamiento y de la comunidad
autónoma), y no cuando los menores estén matriculados en guarderías (que solo requieren autorización del ayuntamiento), entre otras, en su consulta vinculante CV1952/19. Con ello, Hacienda vincula esta deducción al ciclo educativo del menor y no a
la conciliación familiar de sus progenitores, extralimitándose y haciendo una interpretación errónea tanto del espíritu de la ley como de su literalidad.
Y aseguramos esto porque esta deducción fue introducida durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 por el grupo parlamentario firmante de la presente proposición no de ley, por lo que podemos confirmar que la
motivación de este incentivo era, esencialmente, facilitar a las mujeres su incorporación a la actividad laboral después de dar a luz, y no promover el acceso de los menores a la educación, aunque este pudiera ser también un efecto colateral
positivo del incentivo. Es por ello, que en la literalidad de la norma se incluyó repetida e intencionadamente la palabra 'guardería', que es un término que, si bien no oficial, sí es reconocido por la sociedad como un centro de custodia y cuidado
de niños y que, no en vano, la propia Real Academia define como 'lugar donde se cuida y atiende a los niños de corta edad', sin necesidad de vincularse a ningún ciclo educativo ni plan de estudios homologado.
Esta deducción constituye un incentivo muy relevante en la consecución de la igualdad porque potencia la independencia económica de las madres apoyándolas en su reincorporación al mercado laboral tras la maternidad. La extralimitación
reglamentaria que lejos de limitarse, como debería, a regular los aspectos relativos a la información que los centros deben proporcionar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, introduce condiciones nuevas no explicitadas en la norma
(la necesidad de contar con autorización de la Administración autonómica como centro educativo), desnaturaliza y vacía de contenido la esencia y motivación con la que nació este incentivo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Realizar las modificaciones necesarias en el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en particular, en su artículo 69.9, con el fin de eliminar el
requisito de que el centro de custodia de los menores cuente con una 'autorización expedida por la administración educativa competente'.
2. Realizar cuantas otras modificaciones fueran necesarias con el fin de que la deducción contenida en el artículo 81.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, resulte de aplicación en
todos los casos en los que los gastos de custodia se realicen en centros socialmente conocidos como 'guarderías' o cualquier otro centro de cuidado de menores, siempre que cuenten, al menos, con la preceptiva autorización local.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2020.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs i Castanyer, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de
Hacienda, una Proposición no de Ley para aplicar el tipo reducido del IVA a los servicios funerarios.
Exposición de motivos
A menudo se habla del elevado coste de morirse y del impacto económico que ello tiene sobre las familias, en un momento sentimentalmente intenso, en el que la alta factura funeraria suele ser una gota adicional de las que colma el vaso.
Uno de los aspectos que se considera especialmente gravoso de estos servicios es el IVA que se les aplica. En España el tipo normal es del 21 %, cuando bien se les podría aplicar el tipo reducido del 10 %, tal y como está previsto en la
normativa comunitaria.
En efecto, la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido determina qué productos y servicios pueden tener unos tipos reducidos de IVA. En concreto, es en el
Anexo III donde se detalla la lista de entregas de bienes y prestaciones de servicios que pueden estar sujetas a los tipos reducidos del IVA.
En su apartado 18 establece que la prestación de servicios realizados por funerarias y los servicios de cremación, junto con el suministro de los bienes relacionados con dicha actividad pueden estar sujetos a un tipo de IVA reducido.
A pesar de que la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido recoge algunos de los bienes y servicios que tienen un tipo de IVA reducido, entre estos no se encuentra la prestación de los servicios por funerarias.
No se entiende que este tipo de servicio no cuente con un tipo reducido de IVA, tal como ocurre en otros países europeos, puesto que es un servicio básico. Además, los servicios funerarios tienen un coste muy elevado que, según algunos
análisis comparativos, en ciudades como Tarragona o Barcelona puede situarse por encima de los 5.300 euros o de los 6.400 euros respectivamente. Varios son los conceptos por los que se pagan; de entrada, los trámites burocráticos, que son
obligatorios, a los que hay que añadir la adquisición del féretro, la preparación del cuerpo, la ceremonia, el transporte en coche fúnebre y las flores (estas son las únicas que actualmente tributan a tipo reducido) y los complementos como las
coronas.
Muchas familias se ven obligadas a endeudarse para poder pagar los gastos fúnebres o las personas mayores con pocos ingresos se ven obligadas a ahorrar para poder pagar su funeral. Reducir el tipo del IVA de los servicios fúnebres, del tipo
general actual del 21 % al tipo reducido del 10 % implicaría una reducción de 11 puntos que significaría un ahorro de entre 300 y 550 euros.
Esta misma Proposición no de Ley ya fue aprobada por mayoría absoluta en la Comisión de Hacienda y Función Pública en la XII Legislatura, sin que se haya procedido por parte de los sucesivos Gobiernos a impulsar las modificaciones normativas
instadas en la misma.
Por todo ello los Diputados de Junts per Catalunya presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las modificaciones normativas necesarias para que la prestación de servicios realizados por funerarias y los servicios de cremación, junto con el suministro de los bienes
relacionados con dicha actividad estén sujetos al tipo reducido del IVA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Interior
161/000264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Ignacio Gil Lázaro, don Francisco José Alcaraz Martos, don Javier Ortega Smith-Molina, don Luis Gestoso de Miguel, doña María de los Reyes Romero Vilches y doña María Magdalena Nevado del Campo, en sus
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que vigilan nuestras fronteras en Ceuta y Melilla, tras la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. Las ciudades españolas de Ceuta y Melilla sufren una fuerte presión migratoria, debido a su situación geográfica y al contexto demográfico en que se hallan. La vigilancia de dichas fronteras internacionales frente a la inmigración
ilegal es una tarea muy complicada, que los servidores públicos pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cumplen en situaciones difíciles. En muchos casos, estos funcionarios sufren agresiones por parte de personas que
intentan entrar ilegal y violentamente en nuestro país. Para colmo, nuestros policías son a menudo objeto de acusaciones calumniosas, ya que se les acusa insistentemente de no respetar los derechos humanos o de emplear una fuerza desmedida en el
cumplimiento de sus obligaciones profesionales, por parte de sectores interesados en desacreditar la importantísima misión que tienen encomendada.
Segundo. En este sentido, la reciente Sentencia emitida por unanimidad por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el día 13 de febrero de 2020 supone un respaldo a la actuación de nuestra Guardia Civil, que siempre es legal, proporcionada
y ajustada a Derecho en todos sus extremos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados declara lo siguiente:
El Congreso de los Diputados, como representante del Pueblo español, expresa su felicitación y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la vigilancia de nuestras fronteras en Ceuta y Melilla.'
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la vigilancia de nuestras fronteras en Ceuta y Melilla de todos los medios humanos, económicos, técnicos y legales
que hagan más segura y eficaz su labor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2020.-Ignacio Gil Lázaro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Luis Gestoso de Miguel, María de los Reyes Romero Vilches, María Magdalena Nevado del Campo y Francisco José Alcaraz
Martos, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/000267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs i Castanyer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta para su debate en la Comisión de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una Proposición no de Ley para garantizar la parada de trenes Euromed en la estación de L'Aldea-Amposta-Tortosa.
Exposición de motivos
Recientemente ha entrado en funcionamiento la nueva variante ferroviaria Vandellòs-Camp de Tarragona, que debe permitir una mejor conexión entre Tortosa y Barcelona. En principio debería haber supuesto una mejora de los servicios
ferroviarios entre Terres de l'Ebre y Barcelona, pero no ha sido así.
Las Terres de l'Ebre han sufrido históricamente de unos servicios ferroviarios deficientes, que mejoraron sensiblemente a finales del 2016.
Desde diciembre de 2016, los trenes Euromed, realizaban parada en la estación de l'Aldea-Amposta-Tortosa. Concretamente ocho trenes diariamente efectuaban esta parada, cuatro en sentido Barcelona y cuatro en sentido Valencia. Mientras
estuvo operativo este servicio acumuló una elevada utilización, con más de 36.000 viajeros anuales. Sin embargo, el pasado mes de enero y coincidiendo con la entrada en funcionamiento de la nueva variante Vandellòs-Camp de Tarragona, estos trenes
dejaron de efectuar la mencionada parada, con lo que los servicios ferroviarios de Terres de l'Ebre se han deteriorado, al no cumplir con el compromiso de disponer de la parada en la mencionada estación de un mínimo de cuatro trenes Euromed diarios
a Barcelona, en cada dirección.
Por todo ello los Diputados de Junts per Catalunya presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar, en el plazo máximo de tres meses, la parada en la estación de l'Aldea-Amposta-Tortosa de un mínimo de cuatro trenes Euromed diarios en dirección Barcelona y cuatro en dirección
Valencia, tal como pasaba en 2019.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/000278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la transferencia por parte del Estado a la Xunta de
Galiza la AP-53 así como la revisión de sus tarifas, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En el acuerdo de investidura alcanzado entre el BNG y el PSOE, se incluía en su punto primero, el compromiso por parte del Gobierno de reforzar la capacidad de decisión y el autogobierno gallego, y se comprometía a convocar la Comisión Mixta
de Transferencias Estado-Xunta de Galiza en el primer trimestre de 2020, para programar a lo largo de esta legislatura que comienza, la activación de la transferencia de la totalidad de las competencias pendientes recogidas en el Estatuto de
Autonomía de Galiza, así como de las competencias que fueron objeto de consenso en el Parlamento gallego.
Entre las principales transferencias que deben abordarse está la transferencia del Estado a Galicia de la AP-53, una infraestructura que debiera articular el centro del país, pero que no cumple su función al resultar inaccesible, y
discriminatoria para con los habitantes del interior. Esta vía sería la mejor opción para la mayoría de personas de esta área que deben desplazarse a la capital muy habitualmente por temas sanitarios, educativos o empresariales, pero no es viable
por su alto coste, que la convierte en inasequible. Se trata de una de las infraestructuras más caras de todo el Estado, y ese precio excesivo, tiene como principal efecto que no se utilice, y que los conductores opten por circular y 'masificar' la
N-525, única alternativa a la AP-53.
Debemos tener en cuenta que esta infraestructura es el inicio de la vía que comunica la capital, Santiago de Compostela con la ciudad de Ourense, pero siendo este, el tramo denominado AP-53 entre Santiago y Lalín el único de peaje de la vía.
Las personas que decidan utilizarla para desplazarse hasta la comarca del Deza, deberán abonar desde el pasado 1 de enero 12,10 euros por un viaje de ida y vuelta de Lalín a Santiago, y 24,20 euros los vehículos pesados, por un tramo de algo menos
de 50 km.
Además de la transferencia y la necesaria revisión de los precios, hay que tener también en cuenta los graves problemas del firme de la autopista, pues sobre todo, ante condiciones meteorológicas de lluvia parte del firme don drena,
formándose peligrosas bolsas de agua, que ponen en riesgo la seguridad de las y los conductores que transitan por la misma. Por lo tanto, se debe abordar asimismo de forma urgente una actuación sobre la misma.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que tal y como se ha comprometido, se ponga en marcha la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Xunta de Galiza, en la que se trate de forma específica, además del resto de transferencias pendientes, la transferencia de la AP-53 a la
Xunta de Galiza.
2. Que articule de forma inmediata una reducción en los precios, y se analice en la Comisión la forma de compensar el sobrecoste acumulado a cargo de los Presupuesto Generales del Estado.
3. Que se aborde la puesta en marcha de un plan de mejora del vial para solucionar los problemas del firme y para garantizar la seguridad vial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/000269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, y don Joaquín Robles López en sus condiciones de Portavoz y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan la siguiente Proposición no de Ley en relación con la adopción de acciones y medidas para garantizar que el principio constitucional de la unidad
de España sea respetado en los currículos de asignaturas como Historia de España o Geografía de las distintas administraciones autonómicas, para su debate en Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Uno de los efectos más pernicioso del actual sistema autonómico es la existencia de diecisiete sistemas educativos distintos.
Las autonomías han diseñado una educación orientada a justificar sus serias de identidad regionales, en perjuicio del principio de la unidad nacional, consagrado por la Constitución.
Y lo más grave es que la administración de las autonomías más desleales con el Estado, permite, legislando ad hoc, que se tergiverse la Historia de España, forzando a las editoriales a elaborar contenidos que justifican el delirio
separatista. El objetivo es negar que tengamos una historia común, de la que todos los españoles debemos sentirnos orgullosos, para poner énfasis en episodios particulares de cada región, bajo su particular e interesado prisma. La finalidad de
este adoctrinamiento ideológico es hacer creer a los niños que viven en una nación distinta; de este modo, construyen un relato histórico, geográfico, etc., tendencioso y orientado a fomentar el rechazo a España, a su unidad, a su cultura y su
historia, mientras presentan a su región como una nación oprimida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, dentro de sus competencias y con carácter urgente, las medidas necesarias para acabar con la manipulación de los libros de texto y el adoctrinamiento del que son objeto los niños por
las autoridades educativas de las Comunidades Autónomas más desleales con el Estado, cuestionando la indisoluble unidad de la Nación Española, patria Común de todos los españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2020.-Joaquín Robles López, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del derecho de acceso a la tarifa plana a los
autónomos societarios, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El Tribunal Supremo, por medio de su Sentencia 1669/2019, de 3 de diciembre de 2019, desestimaba el recurso de casación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco que fallaba a favor de una trabajadora autónoma, a su vez administradora de una sociedad, que había solicitado acogerse a los beneficios en la cotización para trabajadores dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) establecidos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, más conocidos como la 'tarifa plana' para nuevos autónomos.
Esta 'tarifa plana', en concreto, consiste en una reducción en la cotización durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, que, en el caso de los trabajadores autónomos que opten por cotizar por la
base mínima, de tal modo que la cuota mensual resulte en 60 euros. En caso de los autónomos que opten por cotizar por una base superior, esta reducción será del 80 por ciento sobre la base elegida. Adicionalmente, durante los seis meses
siguientes, se aplicará una
reducción del 60 por ciento, durante los tres meses siguientes, una reducción del 30 por ciento y, durante los tres meses siguientes, una bonificación del 30 por ciento, hasta completar un total de veinticuatro meses. Estos beneficios serán
de aplicación siempre que el autónomo no hubiese estado en situación de alta en los dos años inmediatamente anteriores, o en los 3 años inmediatamente anteriores cuando ya se hubieran beneficiado de estas medidas en el período de alta anterior.
Asimismo, en el caso de los nuevos autónomos que se den de alta en municipios de menos de 5.000 habitantes, esta tarifa plana de 60 euros se extenderá durante otros doce meses, hasta un total de veinticuatro meses. En el supuesto de nuevos
autónomos menores de treinta años, o treinta y cinco años en el caso de mujeres, se aplicará una bonificación adicional sobre la cotización del 30 por ciento durante otros doce meses, hasta completar treinta y seis meses en total.
Por otra parte, el citado artículo 31 del Estatuto del Trabajo Autónomo reconoce expresamente que todos estos beneficios en la cotización serán también aplicables a los trabajadores por cuenta propia que queden incluidos en el grupo primero
de cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y a los socios de sociedades laborales y a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que queden encuadrados en el RETA o en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, dentro del grupo primero de cotización.
Nada se dice sobre la aplicación de estas medidas, sin embargo, en el caso de quienes estén dados de alta en el RETA por ejercer las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o
presten otros servicios para una sociedad de capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquella, a los que se refiere tanto el artículo 1.2.c) del Estatuto del
Trabajo Autónomo como el artículo 305.2.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, comúnmente conocidos como 'autónomos societarios'. Ahora bien, tampoco su aplicación se excluye expresamente.
Este hecho debería haber llevado a la Tesorería General de la Seguridad Social desde el primer momento que, si estos autónomos deben estar dados de alta en el RETA a los mismos efectos y con las mismas obligaciones que el resto de
trabajadores autónomos, también les deberían ser de aplicación exactamente los mismos beneficios que a aquellos, lo que incluiría el acceso a esta 'tarifa plana' en la cotización para nuevos autónomos. No fue así y, por ese motivo, los autónomos
societarios se han visto obligados a reclamar este derecho directamente ante los tribunales, el cual les ha sido reconocido cada vez que han recurrido en todas las instancias, hasta llegar, como ahora, al Tribunal Supremo.
Así pues, con esta sentencia, el Tribunal Supremo aclara que los autónomos societarios tienen derecho a acceder a la tarifa plana en las mismas condiciones que el resto de trabajadores autónomos, concluyendo con ello definitivamente el
polémico criterio que ha venido aplicando la Tesorería General de la Seguridad Social desde el año 2015.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos nos congratulamos de que por fin se haga justicia con todos los autónomos societarios que se vieron injustamente privados de su derecho a acceder a la tarifa plana en la cotización. No obstante, con
la finalidad de garantizar una efectiva seguridad jurídica, atendiendo al criterio contrario con el que se ha venido actuando hasta ahora por la Tesorería General de la Seguridad Social, consideramos que sería necesario proceder a la modificación
del Estatuto del Trabajo Autónomo, para establecer expresamente que los beneficios en la cotización para nuevos autónomos, incluida la 'tarifa plana', serán también de aplicación a los autónomos societarios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar todas las medidas necesarias y aprobar las modificaciones que procedan del Estatuto del Trabajo Autónomo, para reconocer expresamente, en consonancia con la reciente
Sentencia del Tribunal Supremo, que los beneficios en la cotización para trabajadores por cuenta propia o autónomos, incluida la 'tarifa plana' para nuevos autónomos, serán también de aplicación, en todos los casos y en las mismas condiciones que el
resto, a los autónomos societarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2020.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isidro Martínez Oblanca, Diputado de Foro, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y votación en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones relativa al cumplimiento del artículo 37 de la Constitución, garantizando la compatibilidad entre el ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el sector público y la defensa de los derechos laborales con el necesario
control del gasto público.
Exposición de motivos
La Constitución Española encomendó al poder legislativo el desarrollo de dos regímenes principales de prestación laboral, uno de carácter general para todos los ciudadanos, a través del artículo 35,2, por el que se promulgó del Estatuto de
los Trabajadores, y otro de carácter específico destinado a los funcionarios públicos y derivado del artículo 103,3, por el que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público.
Aunque en ambos se reconoce el Derecho a la Negociación Colectiva establecido en el artículo 37 de la Carta Magna, en el Estatuto de los Trabajadores rige el principio de autonomía colectiva de la voluntad de las partes derivado de la
libertad de contratación establecido en el artículo 1255 del Código Civil, mientras que en el Estatuto Básico del Empleado Público esta autonomía de la voluntad de las partes choca con la necesidad de contar con la suficiente cobertura
presupuestaria.
La Administración Pública se ha ido dotando de un gran volumen de personas trabajadoras que no tienen la condición de funcionarios públicos, sino de personal laboral, lo que ha motivado la necesidad de regular sus condiciones de trabajo y
régimen retributivo.
Con el transcurrir de los años, las Administraciones Públicas también han desarrollado fórmulas para atender ciertas necesidades de los ciudadanos a través de su participación económica mayoritaria en sociedades mercantiles u otro tipo de
Entidades, como las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, generando un gran volumen de empleo que se encuentra en un 'limbo laboral'; una situación intermedia entre los trabajadores del sector privado y los funcionarios públicos.
Las Administraciones Públicas y este tipo de entidades han venido a configurar el Sector Público.
Nos encontramos, en el caso de las sociedades mercantiles públicas o las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, ante un colectivo de personas que debería establecer sus condiciones laborales y salariales a través del Convenio
Colectivo de aplicación a su empresa o sector de actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35,2 y 37 CE, así como en el artículo 82.3 ET, pero que ven como anualmente le son expropiados sus derechos salariales con la aplicación de lo
establecido en los artículos 21 y 27 EBEP, para el personal laboral de la Administración.
Especial relevancia adquiere la situación de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, entidades con naturaleza jurídica privada y más de 100 años de historia, que técnicamente no han formado parte del sector público estatal hasta la
publicación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, cuyas plantillas están viendo como le son recortados derechos laborales conquistados durante décadas de negociación colectiva y acción sindical.
Las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado establecieron el porcentaje de incremento salarial y las cuantías retributivas para el personal funcionario y laboral de las Administraciones Públicas, así como el porcentaje de
incremento de la masa salarial 1 para el personal laboral del Sector Público Estatal, cuya distribución y aplicación individual debe realizarse a través de los procedimientos de negociación colectiva. El procedimiento para la aprobación de la masa
salarial anual se encuentra establecido en el Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio y requiere recabar el informe de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda, previo filtro del ente o del departamento
Ministerial del que dependa (SEPI para el caso de sociedades mercantiles y Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en el caso de las Mutuas Colaboradoras).
Del mismo modo, las LPGE vienen recogiendo desde el año 2015 la obligación de recabar informe previo y preceptivo de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas para determinar las condiciones retributivas
del personal laboral de las sociedades mercantiles públicas y de las mutuas colaboradoras con la seguridad social, lo que supone una intromisión en un espacio que nuestra Constitución ha reservado a los legítimos representantes de empresarios y
trabajadores, a la vez que un obstáculo al ejercicio del derecho a la negociación colectiva.
1 Conjunto de percepciones salariales y extrasalariales, incluidos los gastos de acción social.
A todo esto hay que unir la emisión, por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de las Pautas para la Negociación Colectiva en las Empresas Públicas que, de unas recomendaciones dirigidas a la parte empleadora
sobre lo que evitar, o cómo afrontar los procesos de negociación colectiva en este tipo de empresas, se han terminado convirtiendo en normas que permiten un amplio grado de interpretación por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas, lo que provoca una constante indefensión a quienes deben aplicar y controlar el control de esa aplicación, llegando a socavar el derecho al principio de autonomía de la voluntad de las partes en la negociación, aunque de ella no se
derivasen sobrecostes o incrementos del gasto público.
Lo cierto es que, en los últimos años, este triple filtro supone una verdadera carrera de obstáculos que tiene como consecuencia un interminable retraso en la percepción de unos incrementos retributivos que son un derecho de las personas que
trabajan en este tipo de empresas. Como ejemplo, desde 2015 el personal de la mayoría de las empresas públicas y de las mutuas no han cobrado esta parte de su salario hasta bien entrado en mes de diciembre y, en este momento, cuando el incremento
de las retribuciones de los empleados públicos para 2019 se aprobó en el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre (BOE de 27 de diciembre de 2018), aún hay miles de personas que no han percibido una retribución a la que tienen derecho, debido a
la inoperancia de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda. Una situación que, sin duda, merece nuestra atención y la adopción de medidas que garanticen una solución definitiva de cara al futuro.
Reiterando el compromiso con las exigencias de control del gasto público, cabe expresar el firme compromiso con el ejercicio de derechos reconocidos a los ciudadanos tanto en nuestra Constitución como en la Carta de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea, como son:
- El Derecho a la Negociación Colectiva. (Art. 37 CE y art. 28 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea).
- El Derecho a la protección de la propiedad privada. (Art. 33 CE y art. 17 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea).
- El Derecho a la igualdad de los ciudadanos ante la Ley. (Art. 14 CE y art. 20 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea).
Por todo ello, Isidro Martínez Oblanca, Diputado de Foro, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto presenta para su debate y votación en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a velar por el cumplimiento del artículo 37 de la Constitución, garantizando la compatibilidad entre el ejercicio del derecho a la Negociación Colectiva y la defensa de los derechos laborales
en el Sector Público con el necesario control del gasto público, mediante:
1. La supresión de aplicación de las Pautas de Negociación Colectiva para las Empresas Públicas y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, quedando limitadas tales pautas al cumplimiento escrupuloso por esos entes del respeto a los
límites fijados de la masa salarial autorizada en cada momento.
2. La simplificación del proceso de autorización de la masa salarial, mediante la modificación de la Orden HAP/1057/2013, dotando al procedimiento de seguridad jurídica (pautas más claras, plazos tasados, efectos en caso de silencio
administrativo y posibilidades de recurso), de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. La eliminación del requisito de recabar informe favorable previo de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas sobre los acuerdos de distribución y aplicación individual de la masa salarial, siempre
que el importe de esta haya sido previamente aprobado por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, y la gestión de las Entidades esté sometida al control de la Intervención General del Estado y/o el Tribunal de Cuentas.
4. Subsidiariamente, y en caso de ser necesario el informe previo de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas, que este solo pueda versar sobre la adecuación o no
del acuerdo a los límites fijados de la masa salarial, debiendo ser emitido en un plazo máximo, operando el silencio administrativo positivo en caso contrario.
5. En todos los procesos mencionados anteriormente, deben ser considerados como parte legitimada, las organizaciones sindicales más representativas y los representantes de los trabajadores con presencia en la empresa o entidad concreta, por
cuanto de la resolución de estos procedimientos se derivan efectos sobre sus condiciones de trabajo.
6. En el caso concreto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, teniendo en cuenta que la masa salarial forma parte del presupuesto de la Seguridad Social, aprobado previamente por la Secretaría de Estado correspondiente, la
autorización de esta debería conllevar automáticamente la del Ministerio de Hacienda, evitando así efectos contradictorios entre distintos departamentos de un mismo Gobierno.'
Palacio de Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2020.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Sergio Sayas López, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán y don Francisco José Alcaraz Martos, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la concesión a título póstumo de la Medalla al Mérito al Trabajo en categoría de oro a todas las víctimas del terrorismo sin distinción, para su discusión en la Comisión de
Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Primero. El 21 de mayo del 2004, el Gobierno por Real Decreto concedió a título póstumo la Medalla al Mérito al Trabajo, en su categoría de oro, a las víctimas del terrorismo del atentado del 11 marzo del 2004.
En su argumento expone lo siguiente:
'El Gobierno ha valorado para la concesión de estos galardones que todas las víctimas eran trabajadores y estudiantes que se dirigían a realizar sus tareas en sus lugares de trabajo o estudio y, por tanto, a cumplir con sus obligaciones
laborales y ciudadanas, sin distinción de nacionalidades.'
Posteriormente en el Consejo de Ministros celebrado el 9 de febrero del 2007 concede por Real Decreto, a título póstumo, la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a don Diego Armando Estacio Sivisapa y don Carlos Alonso
Palate Sailema.
Segundo. Todas las víctimas del terrorismo, las pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los civiles que trabajaban en cualquier ámbito laboral, los representantes públicos, incluso los estudiantes a los que no se les
dio la oportunidad de llegar a la edad laboral para trabajar, merecen tener el mismo reconocimiento a merced de los argumentos expuestos para los casos descritos anteriormente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a conceder a título póstumo la Medalla al Mérito al Trabajo en categoría de oro a todas las víctimas del terrorismo reconocidas como tal desde del Ministerio de Interior contribuyendo al trato
igualitario entre españoles según contempla el artículo 14 de nuestra Constitución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2020.-Francisco José Alcaraz Martos, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000252
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a defender el empleo de la industria electrointensiva.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la subsanación de la omisión de la firma del portavoz contenida en el escrito número de registro 13535, y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isidro Martínez Oblanca, diputado por Asturias de Foro, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto al amparo del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y votación en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El sector industrial es un sector básico y estratégico para el desarrollo tecnológico y del empleo de calidad en Asturias, en España y en Europa, como no es necesario que justifique, aunque haya personas empeñadas en sostener lo contrario y
en promover la alternativa de la desertización industrial. En concreto, el desarrollo de las empresas vinculadas a la industria electrointensiva junto con la formación y la creación de empleo para los jóvenes constituye una exigencia porque las
empresas tienen serios problemas para encontrar personal cualificado con el que renovar plantillas y mejorar las tareas de producción favoreciendo la incorporación de España a la nueva concepción industrial de Europa y a las oportunidades para
generar actividad y empleo.
Sin embargo, desde hace varios años la industria electrointensiva española sufre las consecuencias de unos altos precios de electricidad que repercuten en sus costes de producción y lastran las posibilidades de competir en los mercados
europeos e internacionales.
Tanto los acontecimientos que se vienen sucediendo en el comercio mundial del acero y las importaciones de estos productos, así como la última subasta española de interrumpibilidad y la presentación del esperado Estatuto del Consumidor
Electrointensivo están suponiendo duros varapalos para el sector que amenazan su producción, el cierre de instalaciones y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo cualificados.
Los recientes datos sobre el empleo (EPA) acreditan, por malos, la deriva que está sufriendo la industria española de la que dependen decenas de miles de puestos de trabajo y una parte sustancial del empleo en grandes comarcas de población
que es vital para el desarrollo económico y social.
En todo caso, se hace obligada la adopción de medidas extraordinarias y urgentes que permitan a la industria electrointensiva española adaptarse a los grandes cambios para así mantener el empleo y generar nuevos puestos de trabajo. La
adopción de medidas similares a las que ya se están aplicando en
otros países de nuestro entorno debería servir para eliminar algunos de los grandes obstáculos que hoy tienen sumidos en la incertidumbre a empresas y trabajadores.
Asimismo, en el marco de los compromisos de España, como país firmante de los Acuerdos de París sobre el Cambio Climático, que incluyen medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero para detener el Calentamiento
Global del planeta, se hace imprescindible adoptar medidas que paulatinamente aplicadas permitan el mantenimiento de la actividad industrial mientras se adapta a las exigencias de las políticas medioambientales.
En este sentido, el Diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y, en su caso, aprobación por la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
del Congreso de los Diputados.
Proposición no de Ley
'La Comisión de Industria, Comercio y Turismo insta al Gobierno a defender el empleo de la industria electrointensiva mediante:
1. La aplicación en España de medidas de corte europeo que permitan a las empresas electrointensivas acogerse a algunas de estas medidas para fomentar su competitividad y rebajar costes de producción que les facilite el acceso a los
mercados en régimen de igualdad con otros productores internacionales:
- La reducción o incluso la exoneración de la tarifa de utilización de recursos públicos de electricidad (TURPE).
- La eliminación del impuesto de contribución al servicio público de electricidad (CESPE).
- La participación en el dispositivo de interrumpibilidad.
2. El impulso a la formación de consorcios empresariales para la compra de electricidad a largo plazo que redunde en el abaratamiento del coste de la energía eléctrica.
3. El establecimiento de criterios y baremos objetivos para acceder a los beneficios reconocidos en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo.
4. El apoyo a la formación de jóvenes que permita su cualificación y la renovación de las plantillas para mejorar las tareas de producción favoreciendo la incorporación de España a la nueva concepción industrial de Europa y a las
oportunidades para generar actividad y empleo.
5. En el marco de los compromisos de España, como país firmante de los Acuerdos de París sobre el Cambio Climático, que incluyen medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero para detener el Calentamiento Global
del planeta:
- Elaborar y aprobar un Plan de Transición Energética gradual bien estudiado, meditado y consensuado con los agentes implicados, con un programa de aplicación responsable, con plazos más amplios, adaptado a las posibilidades reales que
ofrece el mix de generación actual y las nuevas fuentes de energía, para dar respuesta a las necesidades de garantizar un suministro eléctrico más económico, más seguro, de mejor calidad y que minimice y compense los eventuales costes sociales.'
Palacio de Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2020.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Sergio Sayas López, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Patricia de Las Heras Fernández y doña Patricia Rueda Perelló en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para paliar los efectos de la quiebra del grupo empresarial Thomas Cook, para su discusión en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. La quiebra de las empresas británicas del grupo empresarial Thomas Cook, ha producido unos efectos muy nocivos en el sector turístico, tanto a nivel de empresa como de trabajador, mayoritariamente en las CC.AA. de Baleares y
Canarias, ya que entre ambos destinos se acapara el 90 % de la oferta de Thomas Cook en España, y donde precisamente el turismo supone más del 45 % y 35 % del PIB respectivamente. Además, en dichas comunidades tal sector asegura empleo a más del 30
% del total de trabajadores asalariados en Baleares y del 40 % en Canarias según los datos que recoge el Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre.
La insolvencia del grupo ha afectado en mayor medida a Baleares y a Canarias pero también ha tenido un evidente impacto y un claro perjuicio en el resto de Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de España, con mayor intensidad en los
territorios vinculados al turismo de sol y playa.
Segundo. El Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook alegaba que: 'Esta fuerte dependencia
del grupo empresarial británico que entró en concurso de acreedores, principalmente de los territorios insulares de Canarias y de Illes Balears, ha producido unos efectos nocivos muy relevantes en las empresas turísticas y en los trabajadores
afectados directa o indirectamente por la onda expansiva que desencadenan estas situaciones de insolvencia'. Dicho Real Decreto-ley sentencia que: 'Los turistas británicos que visitaron nuestro país en 2018 mediante el producto del paquete
turístico fueron 7,23 millones, lo que supone un 39,1 % de los turistas británicos en España, y en las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias, hasta el 50,3 % y 58,8 % respectivamente'.
Tercero. En la Diputación Permanente celebrada el pasado 27 de noviembre fue tratado este Real Decreto con carácter de urgencia. Ante dicho Real Decreto el Grupo Parlamentario VOX presentó una enmienda en la que defendía que los efectos
negativos de la quiebra de Thomas Cook también se padecen en otras Comunidades y Ciudades Autónomas de España, como Andalucía, Valencia, Cataluña, entre otras, y que también necesitan medidas urgentes para paliar los efectos.
Sólo hay que escuchar al sector. El presidente de la Confederación Española de Hoteleros y Alojamientos Turísticos afirmó que: 'Los destinos turísticos más dañados son Canarias y Baleares con un 40 % de la planta hotelera afectada seguida
de la Costa del Sol con un 20 % y Cataluña y Comunidad Valenciana con un 10 %' y la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol, cifró, solo en la Costa del Sol, pérdidas de más de cuatro millones de euros. Es por ello que podemos afirmar que la
quiebra de dicho touroperador británico ha asestado un duro golpe en el sector, pero en todo el sector turístico español, y en gran parte del territorio que se traduce en deudas y pérdidas multimillonarias y cientos de despidos.
La quiebra de Thomas Cook ha afectado gravemente, por tanto, al motor de la economía en Baleares y Canarias, y debemos considerar que el turismo es un sector fundamental en la economía de todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.
Cuarto. Por todo lo expuesto, el Gobierno en funciones consideró justificada la inmediata adopción de medidas dándose la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad, lo cual instrumentó a través del Real Decreto-ley 12/2019, de 11
de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, convalidado posteriormente por el Pleno del Congreso para su tramitación como Proyecto de
Ley.
Si bien, dicho Proyecto no concluyó su normal tramitación resultando caducado a día de hoy. De esta manera, las medidas introducidas en la tramitación del Proyecto de Ley para compensar la quiebra quedaron sin efecto y sin previsión de
aprobarse al haber caducado.
Quinto. Habida cuenta de la más que acreditada y justificada urgencia y extraordinaria necesidad de intervenir de forma inmediata en el sector turístico para paliar los graves efectos de la quiebra de Thomas Cook, habiendo resultado
infructuoso todo intento del anterior Gobierno en funciones de materializar las ideas que con carácter electoralista adoptó un mes antes de las elecciones generales para su posterior caducidad, es un derecho de los ciudadanos que se adopten dichas
medidas de manera efectiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo e impulsar todas las actuaciones necesarias para paliar los nocivos y relevantes efectos de la quiebra del grupo empresarial Thomas
Cook, en concreto las siguientes, ya previstas tras su introducción por enmiendas en el proyecto de ley caducado:
1. La concesión de las subvenciones previstas para Baleares, Canarias y Andalucía que no podrán en ningún caso quedar condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente -tal y como recoge el apartado 5 del artículo 5 del Real
Decreto-ley 12/2019- siempre que se encuentren dentro del importe garantizado de 15 y 30 millones, pues de lo contrario supondría una contradicción legal bajo una demagogia política establecer un importe de subvención que en realidad no se
garantiza. Tal limitación a la existencia de crédito adecuado y suficiente operará a partir de las cuantías establecidas. Las referidas subvenciones no sustituirán, en ningún caso, cuantía alguna recogida en los Presupuestos Generales de Estado
destinada a las Comunidades Autónomas citadas para la mejora de su infraestructura turísticas.
2. Extensión a todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de España de las medidas de apoyo a la prolongación del período de actividad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos y de los trabajadores por cuenta ajena con
contratos fijos y fijos discontinuos en los sectores de turismo, comercio, intermediación turística, transporte, distribución, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística, durante los meses de octubre y diciembre de 2019 y los meses
correspondientes de 2020. Habida cuenta de que las reservas de estos paquetes turísticos, en ocasiones, se efectúan a ario vista, hacemos extensible dichos efectos hasta diciembre 2020. Con una bonificación del cincuenta por ciento en sus
aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes. Los contratos indefinidos distintos a los contemplados en este punto y celebrados en los próximos seis meses por empresas del sector turístico podrán aplicar una
bonificación durante un ario del cincuenta por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos
trabajadores.
3. Los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia o autónomos dedicados a actividades encuadradas en los sectores de turismo y afectados por la quiebra de Thomas de Cook,
tendrán derecho a una bonificación durante un año del cincuenta por ciento en sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes.
4. Adopción de las acciones necesarias para asegurar que los archipiélagos de la nación -Baleares y Canarias- como territorios insulares, no se vean afectados por la imposición de tasas aeroportuarias o impuestos de terceros países.
5. La extensión de las medidas de alivio en las tasas aeroportuarias fijadas por las entidades públicas empresariales españolas para aquellos aeropuertos cuyo tráfico de viajeros correspondientes a la compañía británica suponga, al menos,
el 5 por ciento, con el fin de apoyar el mantenimiento de la conectividad de aeropuertos secundarios afectados por la quiebra del grupo empresarial Thomas Cook.
6. El Servicio Público de Empleo Estatal y las Comunidades Autónomas coordinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la protección por desempleo y la ejecución de sus políticas activas de empleo para dar respuesta a la situación
de los trabajadores afectados por esta situación excepcional.
7. Aplazamiento de determinadas cuotas devengadas del Impuesto sobre Valor Añadido respecto de aquellos sujetos pasivos cuya situación económico-financiera a causa de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, les impida de forma
transitoria efectuar el pago dentro de los plazos establecidos en la normativa del citado tributo. Siempre que se trate de cuotas repercutidas y no satisfechas por este grupo empresarial.
8. La puesta en marcha de una línea de financiación para atender a las necesidades financieras de los afectados por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook y sus filiales en España.
9. Un periodo de moratoria extraordinario en la amortización de los préstamos concedidos a través de diversas entidades de crédito cuya administración financiera sea llevada a cabo por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de las empresas
que acrediten tener facturas impagadas por la compañía Thomas Cook por un periodo de doce meses. Estas líneas de financiación estarán condicionadas al mantenimiento del empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2020.-Patricia de las Heras Fernández y Patricia Rueda Perelló, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley para solicitar la puesta en marcha de un Plan Nacional de Reindustrialización en España, para su discusión en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La grandeza de las naciones se encuentra en su potencial industrial. EEUU, Alemania, Francia, Japón, China[ ...]todas ellas son potencias industriales, y entendemos que España no puede seguir más tiempo renunciando a estar entre ese grupo
de grandes naciones con la excusa -propia de perdedores- de que somos una 'Economía de servicios'. Si verdaderamente queremos estar entre las primeras potencias del mundo, necesariamente hemos de volver a convertirnos en una gran potencia
industrial, como antes de los años 80, cuando con carácter previo a la crisis del Petróleo, el sector industrial generaba el 29 % de nuestro PIB.
La desindustrialización de España ha caminado en paralelo con el crecimiento del desempleo, pasando de una tasa de paro del 3,7 % en 1975 (600.000 desempleados) a una tasa del 13,7 % al término del ejercicio 2019.
Paralelamente a estos datos, y sin necesidad de acudir a ningún estudio, es bien evidente que la competencia desleal de terceros países no sólo ha hecho perder millones de puestos de trabajo, sino que además es la responsable directa de la
situación de precariedad laboral en la que se encuentran los trabajadores que aún resisten en el sector industrial. Es un hecho que con un solo sueldo cualquier trabajador industrial de hace unas décadas, podía afrontar el mantener una familia de
seis miembros y financiar una vivienda a diez años. Hoy día sólo es posible con las nóminas de ambos cónyuges, financiando a cuarenta años, y sin exceder de los cuatro miembros.
La Unión Europea, ese mastodonte insaciable, que nació como un mercado común europeo, en lugar de proteger su mercado, ha decidido hacerse el harakiri permitiendo que entren todo tipo de manufacturas, sin ningún tipo de control, ni de
derechos humanos, ni de calidad, mientras que a los propios fabricantes europeos se les exigen cada día nuevas normas e inspecciones cada día más insoportables, y que no tienen más objetivo que justificar el sueldo de miles de burócratas. Así, y
solo en 2017, y según el informe de CEOE sobre 'La producción normativa en 2017', la Unión Europea produjo 65.230 estándares europeos de normalización, que obligan a las diversas industrias europeas, pero que evidentemente no cumplen buena parte de
los productos importados de terceros países.
A pesar del impacto que esta competencia desleal tiene sobre el sueldo de los trabajadores industriales, estos perciben salarios notablemente más altos que trabajadores en otros sectores de actividad. Según datos oficiales del INE de 2017,
si hacemos una media entre los salarios/ario de hombres y mujeres, observamos los datos siguientes:
- Hostelería: 14.650 euros.
- Industria Manufacturera: 25.799 euros.
- Construcción: 21.750 euros.
- Otros servicios: 17.376 euros.
La reindustrialización, por tanto, no es solo una forma de generación de empleo, sino también de empleo digno para nuestros trabajadores.
El sector industrial es, además, por naturaleza, el sector que más empleo inducido genera: Proveedores, almacenes, talleres, servicios generales, mantenimiento, asesores, transportistas[ ...]
Ciertamente no existen dos estudios coincidentes en la cantidad de puestos de trabajo indirectos que genera la industria por cada puesto directo, pero ninguno de los muchos consultados baja de una ratio de 2 x 1.
Numerosos expertos concluyen que son tres los principales efectos aplicables a un aumento del peso de la industria:
- Arrastre del sector servicios y otros, es decir los demás sectores son seguidos del industrial.
- Efecto contra cíclico en recesiones.
- Efecto notable del aumento del I+D y de la actividad exportadora que aumentan la competitividad global del país.
La reindustrialización no es solo una propuesta para solucionar nuestros actuales y angustiosos problemas de desempleo, de bajos salarios o de deuda pública. La reindustrialización es, por encima de todo, la mejor solución posible para
aumentar la productividad de nuestra economía, mejorar nuestra balanza comercial y crear riqueza y empleo de calidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Elaborar, junto con los principales actores del sector, un Plan Nacional por la Reindustrialización, con el objetivo de que el sector industrial supere con amplitud el 20 % de nuestro Producto Interior Bruto (PIB).
2. Abordar un proceso urgente de simplificación normativa. El exceso de regulación es uno de los grandes lastres y obstáculos con los que se encuentra el emprendimiento industrial (Normativas ISO, laborales, sanitarias, medioambientales,
de género, etc).
3. Afrontar, junto con la iniciativa privada, un ambicioso plan de fomento de la I+D+i.
4. Promover y dignificar la Formación Técnica Profesional habrá de ser el objetivo de un plan nacional, íntimamente ligado a las necesidades de reindustrialización y el futuro laboral de nuestra juventud.
5. Introducir los siguientes criterios básicos para la obtención de financiación y ayudas del Estado a la reindustrialización:
a) Priorización por sectores, en función de su necesidad.
b) Sobrada experiencia empresarial en el personal encargado de seleccionar los proyectos.
c) Priorizar una nueva línea de ayudas, basada en exención temporal de pagos a la Seguridad Social, con el claro objetivo de creación de empleo.
d) Desembolso escalonado de las ayudas, en función de cumplimiento de objetivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2020.-José María Figaredo Álvarez-Sala y Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la sostenibilidad y el impulso del sector
de la cogeneración para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La cogeneración es el proceso basado esencialmente en el aprovechamiento del calor útil y la producción eléctrica en el ámbito de la producción industrial. Debido a estas particularidades técnicas, la cogeneración se caracteriza por su alta
eficiencia energética, por ende su contribución al ahorro de energía primaria, la sostenibilidad medioambiental a través de la reducción de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero y al ahorro y la seguridad de suministro energético en tanto se constituye como elemento de generación distribuida.
Actualmente, la cogeneración juega un papel esencial tanto eh el ámbito del sistema eléctrico como del sector industrial de nuestro país. A 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con los datos de Red Eléctrica, aportaba algo más de 5.700
megavatios instalados en el conjunto del sistema eléctrico (con una reducción del 1,3 % con respecto a 2017).
Sin embargo, el papel más significativo en el ámbito del sector eléctrico es su capacidad de producción, cubriendo hasta el 11,4 % de la demanda peninsular el último año; sólo por detrás de la energía nuclear, la eólica y los ciclos
combinados.
Estas cifras no son baladíes; ya que además de la contribución que suponen por sí mismas, proporcionan un funcionamiento firme para la red, además de mitigar las pérdidas en las zonas cercanas a su producción.
Es igualmente destacado, en relación a esta circunstancia, que la actividad aporta más ingresos que los costes que genera al conjunto del sistema eléctrico, lo que se revela como un elemento positivo en la senda de mantenimiento del
superávit eléctrico y de cara a reducir la deuda existente.
Además de ello, la mayoría de cogeneraciones se apoyan en el gas natural como principal combustible, lo que mitiga las emisiones que podrían generarse con la quema de otros combustibles fósiles más contaminantes en el ámbito de la generación
eléctrica.
Asimismo, es evidente que las industrias con capacidad de generación influyen en el conjunto del sector industrial y este sector el que más contribuye al empleo indefinido (con tasas de contratación indefinida cercanas al 90 %) y al signo
positivo de la balanza comercial (al ser el principal sector exportador de bienes).
Por su parte, las directrices comunitarias, contemplan un papel esencial y central para el ahorro energético en el cual toma parte la cogeneración industrial. En concreto, el objetivo de Eficiencia Energética fruto de la negociación en
trílogos del denominado 'Paquete de Invierno', refuerza los objetivos de ahorro energético elevando la meta de mejora de eficiencia hasta el 32,5 %.
Además, el Informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética publicado en 2018, constituido como antesala para la redacción de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España, también se detiene sobre el papel que la
cogeneración jugará en el marco de ese proceso de transición. En concreto, el informe de los expertos plantea una serie de escenarios en donde la cogeneración se eleva a unos 8.500 megavatios de potencia instalada para el año 2030. El informe
detalla: 'Ante el vencimiento de la vida útil regulatoria de grupos de cogeneración y renovables térmicas, es previsible su renovación incorporando las tecnologías más eficientes disponibles. Dichas instalaciones deberían poder participar y ser
retribuidas por los servicios que presten al sector eléctrico, en pie de igualdad con otras alternativas'.
Siguiendo el marco planteado por los expertos, las acciones a tomar implican, no solo elevar la capacidad de la cogeneración en su conjunto en 3.000 megavatios; sino además mantener con un Plan Renove aquellas instalaciones que hoy están en
cuestión a causa de la incertidumbre regulatoria y la acción del ejecutivo.
En efecto, a día de hoy existe la previsión de que al final de este mismo año dejen de funcionar unos 2.000 megavatios de cogeneración industrial a causa del término de su vida útil regulatoria y la necesidad de acometer renovaciones en las
instalaciones con el objeto de hacerlas más eficientes medioambiental y económicamente. Hay que recordar que el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la
industria y el comercio en España; incluyo la extensión de operación de varias instalaciones que sumaban 248 MW, por un plazo de dos años. En otras palabras: tanto las cogeneraciones afectadas por el Real Decreto-ley 20/2018 y como otras muchas
cogeneraciones se encuentran al límite de la desaparición en este mismo año.
Por si todo ello no fuese suficiente, el Ministerio de Transición Ecológica ha publicado recientemente los parámetros retributivos para estas instalaciones en los que se plantea un recorte global de aproximadamente un 35 % para estas
instalaciones.
En concreto, el cálculo de estimación sobre los precios de generación en el mercado eléctrico (y por ende los ingresos que estas plantas obtendrían procedentes de la venta de energía eléctrica) ha quedado desfasado a la vista del
comportamiento de los valores futuros del pool eléctrico en los últimos meses, con hasta más de 15 /MWh de diferencia negativa entre las previsiones del Gobierno y la evolución registrada.
Asimismo, el cálculo para los valores del precio de derechos de emisión en el mercado europeo de derechos no ofrece la posibilidad de revisión periódica lo que, a la luz de lo sucedido en los últimos tres años con una escalada sin
precedentes del precio de estos derechos (pasando de 5 euros la tonelada de CO2 a superar los 25 euros), ofrece una mayor incertidumbre económica a las instalaciones.
Estas circunstancias dan lugar a que se les reconozca a las plantas una retribución menor a la que tendrían derecho conforme al cálculo real de la evolución del pool, por lo que sus sostenibilidad económica queda totalmente en entredicho.
De hecho, el anuncio de estos parámetros ha servido para finiquitar la actividad de Sniace, una empresa cogeneradora de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Sniace es un grupo industrial químico situado en Torrelavega, la segunda ciudad en
importancia de Cantabria, desde el año 1939. Cuenta con más de 400 empleos directos que prácticamente se duplican si se toman en cuenta los indirectos. Además, se sitúa en una zona especialmente castigada desde la última crisis económica, si la
tasa de paro en Cantabria se sitúa entorno al 11 %, en Torrelavega existe un paro registrado del 19,6 % el pasado enero.
Los efectos que va a provocar en la ciudad son ciertamente preocupantes, si ya cuenta con una tasa de paro que casi duplica a la regional, hay que sumar la constante pérdida de población que lleva sufriendo Torrelavega desde hace años y que
la hace estar cerca de perder los 50 mil habitantes (ahora mismo 51.600), lo cual supondría graves perjuicios económicos para la que antiguamente fue la capital industrial de Cantabria.
En conclusión, además de los evidentes perjuicios económicos para España y para Cantabria, con medidas de este tipo se está fomentando el drama de la despoblación, un problema al que precisamente se ha encomendado la tarea de solucionar a la
Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, por lo que resulta todavía más inexplicable la norma aprobada.
La misma suerte que Sniace pueden correr las cogeneraciones del resto de España, que llevan casi una década pendientes de un Plan Renove que no llega y a la que se le suman una orden de retribución condenatoria y dogmática, que hace inviable
la continuidad del sector.
Por todo ello, se presenta la siguiente iniciativa, con el ánimo de incluir los valores más recientes del precio pool en la retribución de las plantas, incorporar igualmente la revisión de los valores relativos al mercado de generación y al
mercado de derechos de emisión europeo y, finalmente, instar a la realización de un Plan Renove que dé continuidad e impulso al sector de la cogeneración en nuestro país antes de fin de año.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reelaborar la Orden por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos, con el fin de que se tomen como referencia para los parámetros retributivos relativos al precio de generación eléctrica los valores futuros vigentes entre el mes de agosto de 2019 y el pasado mes de enero de 2020.
2. Impulsar una reforma legislativa de la normativa correspondiente a los parámetros retributivos de estas instalaciones, con el fin de que se incluya la posibilidad de revisión trimestral de los valores relativos al precio de derecho de
emisión de CO2 y del precio de mercado eléctrico durante todo el período regulatorio.
3. Encontrar una solución a la situación de las cogeneraciones existentes que, siguiendo las recomendaciones del informe de expertos para la transición energética, establezca un Plan Renove antes del 31 de diciembre de 2020 para la
renovación e instalación de nuevas cogeneraciones que cuente con los agentes implicados y prime criterios de competitividad, sostenibilidad medioambiental y seguridad de suministro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2020.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-José María Espejo-Saavedra Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Mireia Borrás Pabón, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, y doña María Magdalena Nevado del Campo, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para la protección de los
agentes polinizadores, ayudas a la investigación para la apicultura y el respeto al medio ambiente y a la biodiversidad, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. Gran parte de los cultivos alimentarios en España dependen de la polinización. Sin embargo, el 40 % de los polinizadores están en riesgo de extinción. Esto supone un grave riesgo medioambiental ya que sin el servicio de
polinización, muchas especies y procesos interconectados dentro de un ecosistema se derrumbarían. Con la polinización aseguran el desarrollo bioquímico natural de toda la zona en contraposición al desierto que crean los pesticidas, y la fauna, en
general, se beneficia de ello. Por tanto, los agentes polinizadores juegan un papel importantísimo para evitar la desertización, grave amenaza para España. La presencia de abejas es una clara serial de que el entorno está sano y es sostenible.
Segundo. El derrumbe de polinizadores se debe principalmente a prácticas agrícolas intensivas, cambios en el uso de la tierra, pesticidas tóxicos (incluidos los insecticidas neonicotinoides), especies exóticas invasoras, enfermedades y
plagas. En España, el 70 % de los principales cultivos de consumo dependen de la polinización por insectos y se estiman en más de 2.400 millones de euros el beneficio económico proporcionado por el servicio de polinización que realizan. Sin
embargo, sus poblaciones siguen muy amenazadas y una de las causas es el uso masivo de insecticidas en la agricultura.
Tercero. El aumento de la mortalidad de las abejas melíferas al que estamos asistiendo resulta preocupante por sus repercusiones negativas no solo para la apicultura sino también para la agricultura, la biodiversidad y los ecosistemas.
Esta problemática es atribuible a múltiples factores, entre los que figuran el grave impacto del ácaro 'Varroa' destructor, la imparable expansión de la avispa asiática 'Vespa velutina' y otras patologías como 'loques' o 'nosemosis'. De
todas las enfermedades que afectan a las abejas, solo existen tratamientos contra Varroa destructor y, por diferentes motivos, son cada vez menos eficaces. Los apicultores se encuentran indefensos al carecer de información, formación y medios
eficaces. El aumento de la mortalidad de las abejas obliga a los apicultores a volver a comprar colonias más regularmente, lo que implica un aumento de los costes de producción y una disminución de la misma, haciendo que las explotaciones no sean
rentables e incluso sean inviables.
Cuarto. Para intentar paliar estos problemas es necesario un mayor esfuerzo en investigación pública y privada que fomente el desarrollo de nuevos productos que tengan como base compuestos orgánicos para el control de la 'varroosis';
métodos alternativos, biológicos y físicos, que sean inocuos para la salud humana y animal, y proyectos encaminados a la cría y selección genética de abejas con comportamiento higiénico sensible a la 'varroa' (VSH, en sus siglas en inglés). Sin
embargo, actualmente solo pueden ser beneficiarios de las subvenciones para ayudas a la investigación en la apicultura las Cooperativas agrarias constituidas de acuerdo con la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, o con la normativa
autonómica en materia de cooperativas, las Sociedades agrarias de transformación constituidas de acuerdo con el Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las Sociedades Agrarias de Transformación, y las
Agrupaciones de defensa sanitaria reconocidas en el sector de la apicultura de acuerdo con el Real Decreto 842/2011, de 17 de junio, por el que se establece la normativa básica de las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera y se crea y regula el
Registro nacional de las mismas, y las agrupaciones de cualquiera de estas figuras. Los
beneficiarios deberán cumplir, además, con el requisito de poseer una dimensión, entendida como la capacidad de producción del beneficiario, que supere las 100.000 colmenas, a excepción de productores acogidos a figuras de calidad
reconocidas conforme al Reglamento (UE) n.° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, o situados en las Comunidades Autónomas de Canarias e
Illes Balears, en los que la dimensión mínima contemplada será de 10.000 colmenas.
Ante la grave situación medioambiental que implica la drástica disminución de los polinizadores, sumado al perjudicial impacto económico que supone para los apicultores, urgen medidas a nivel Estatal que exijan la máxima protección y ayudas
a la investigación para la apicultura, el respeto al medio ambiente y a la biodiversidad.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Inversión para la investigación de las causas de la alta mortandad de polinizadores a nivel estatal.
- Incentivar una formación adecuada y profesional en apicultura, otorgando ayudas a la investigación a la apicultura para conseguir un consenso científico claro que ayude a determinar las causas de la mortalidad de las abejas (Sanidad
Apicola).
- Apoyar a los apicultores e investigadores con un plan de investigación riguroso y viable en el cual se le faciliten recursos al investigador/apicultor con base en términos relacionados con la calidad del proyecto y la formación o
cualificación del sujeto sin estar limitado a una capacidad de producción mínima inalcanzable para la mayoría del sector, como establece la ley actual con 100.000 colmenas. Es decir, promover un sistema de ayudas en el que cualquier investigador,
con la formación y conocimientos necesarios en el sector y que disponga de un plan de investigación viable, pueda ser susceptible de obtener estas ayudas.
2. Inversión para la investigación orientada a desarrollar plaguicidas no tóxicos para los polinizadores, teniéndose en cuenta el principio de precaución tanto para la salud humana como de las abejas.
- Apoyar a los agricultores en la transición hacia una agricultura más eficiente y sostenible, así como en formación e investigación independientes en el ámbito de la agricultura libre de plaguicidas y de organismos modificados
genéticamente.
- Que se facilite la información sobre las aplicaciones autorizadas, ya que la ley obliga a su vista pública y a un Registro de Aplicaciones Aéreas, concretamente el artículo 29 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
3. Que se declare la 'Vespa Velutina' como plaga, calificando de utilidad pública la lucha contra la Vespa Velutina, de acuerdo con los artículos 14 y 15 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, respectivamente, con objeto
de acceder a financiaciones de la Unión Europea y del Estado, para combatirla y poder indemnizar por los daños causados. La plaga invasora que estamos padeciendo resulta muy peligrosa para los ciudadanos y animales por las múltiples picaduras que
puede ocasionar en un único ataque: han causado ya ocho muertes en nuestro país y pérdidas de biodiversidad, así como cultivos que por destrozos de los frutos se dejan sin cosechar, y colmenares completos devorados y sitiados por esta invasora, con
su correspondientes pérdidas, una vez más, para el apicultor.
4. Que España participe con otros países miembros de la Unión Europea en las investigaciones que se están llevando a cabo sobre 'Vespa Velutina'. Asimismo, que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente coordine,
dentro del marco de sus competencias, las actuaciones necesarias en los diferentes proyectos de investigación que se están desarrollando por las Comunidades Autónomas, con el objeto de que sean más operativos y económicamente rentables.
5. Definir un plan de acción y crear programas apícolas de compensación para casos en que la mortalidad en las colonias de abejas haya sido causada por enfermedades o depredadores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2020.- Mireia Borrás Pabón, Eduardo Luis Ruiz Navarro, María Magdalena Nevado del Campo y Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/000268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para el impulso
de la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias y la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Desde el año 2013, la renta agraria tuvo una evolución ascendente, con un crecimiento de un 40 % entre 2013 y 2018, que se ha truncado drásticamente este año, aunque en 2018 ya se advirtió un cambio de tendencia. La segunda estimación de la
renta agraria de 2019, que se sitúa en 26.179,6 millones de euros, refleja un descenso del -7,3 % a precios corrientes con respecto al año anterior. La variación de la previsión inicial fue incluso peor para la renta agraria real por unidad de
trabajo anual, que tiene en cuenta la inflación, con un descenso del -9,7 %.
El retroceso de la renta agraria española se produce como consecuencia de un descenso importante del valor de la actividad agrícola, especialmente por la bajada de los precios (-2,6 %) en origen, especialmente en el aceite de oliva o las
frutas y hortalizas, pero que también ha repercutido en la carne de bovino, ovino, aves y huevos. Otro factor en la bajada de la renta es el aumento los consumos intermedios o costes de producción (+3,2 %), debido al mayor precio de productos y
servicios y al aumento de volumen de insumos y productos consumido.
Por otra parte, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la negociación en curso del Marco Financiero Plurianual para el próximo periodo 2021-2027, amenazan seriamente el capítulo destinado a la Política Agraria Común, tanto en el
primer pilar (ayudas directas), como en el segundo (Fondo de Desarrollo Rural). Las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) al sector agrario representan el 30 % de la renta media que perciben los agricultores de España. Sin estas
ayudas la remuneración media que recibe el agricultor sería el 35 % de la media de los salarios del resto de sectores. Este dato pone de manifiesto la importancia de la PAC para la viabilidad de buena parte de las explotaciones agrarias.
Otra dimensión en la que se constata la crisis del sector agrario es el empleo. El Sistema Especial Agrario cerró 2019 con 762.993 afiliados medios, un -0,83 %, mientras el paro agrícola subió en diciembre un 1,58 % en tasa interanual. Con
datos del mes de enero, se han destruido 49.796 empleos en el sector agrario, lo que supone una tasa interanual del -6 %.
En determinados sectores, además, como el aceite y las frutas y hortalizas, se atraviesa una crisis de precios, agravada por la especulación en los mercados o la entrada de mercancías procedentes de terceros países a bajos costes. A ello se
añade la crisis de aranceles impuesta por la administración norteamericana a determinados productos españoles, como la aceituna, el aceite o el vino, este en menor medida.
En consecuencia, es necesario adoptar medidas a corto y a medio plazo, con carácter urgente, para paliar estas dificultades y para seguir manteniendo un sector moderno, competitivo y sostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Elaborar un Plan de Choque con medidas presupuestarias y fiscales urgentes.
1. Elaborar un Plan para la Gestión de Crisis Agrarias y Estabilización de Rentas que permita dar respuesta inmediata cuando surjan situaciones imprevistas.
2. Revisar el sistema de Seguros Agrarios, incrementando las aportaciones presupuestarias que permitan hacerlo atractivo a todos los cultivos. El nuevo Plan de Seguros Agrarios deberá contemplar:
a) mejorar y actualizar rendimientos en seguros existentes, que actualmente no hace atractiva la contratación, especialmente por el bajo rendimiento determinado actualmente.
b) Aquellas líneas que no tienen seguro, como la sequía en cultivos forrajeros.
c) un seguro de ingresos de explotación asociado a variaciones de precios y no al rendimiento de producciones.
3. Abordar en el mínimo plazo posible la reducción de módulos fiscales en los sectores con problemas sobrevenidos para ajustar su tributación a los ingresos reales.
4. Desgravar las primas a la primera instalación de jóvenes y las inversiones en explotaciones agrarias.
5. Implantar líneas de préstamo bonificado para los sectores en crisis.
6. Analizar el impacto de la subida del Salario Mínimo lnterprofesional, por regiones y sectores, en la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrarias y establecer mecanismos de compensación.
7. Bonificar las cotizaciones de la Seguridad Social en tanto persista la situación actual.
8. Implantar la tarifa de doble facturación eléctrica en la agricultura y la agroindustria a fin de que no haya que pagar potencia máxima durante doce meses cuando su uso se limita a un periodo muy concreto del año.
9. Apoyar la transformación energética del sector, promocionando la implantación de energías alternativas.
10. Ejecutar y actualizar los múltiples Planes específicos existentes que apoyarían la mejora de diferentes sectores, como la fruta dulce, y que están sin aplicar con el consiguiente perjuicio para el sector.
11. Impulsar la modernización de infraestructuras de regadíos para poder mejorar los rendimientos y reducir costes de producción.
12. Impulsar la conectividad y garantizar el acceso ágil a intemet en el cien por cien de los municipios rurales.
13. Renegociar con eficacia los aranceles que en este momento están penalizando las ventas de productos españoles muy por encima de nuestros principales competidores europeos.
14. Aprobar un Plan de control de la fauna silvestre que permita reducir la superpoblación existente de algunas especies, planes cinegéticos o alternativos que deberán ser impulsados por las instituciones competentes.
- Activar medidas urgentes para contribuir al equilibrio de la cadena alimentaria.
15. Reforzar los instrumentos para la vigilancia económica, el conocimiento de los mercados y los sistemas de alerta temprana.
16. Promover, asimismo, el diseño e implantación de instrumentos de garantía para la estabilización de rentas que complementen la PAC, y que faciliten a los productores la gestión de la volatilidad y el futuro de su actividad.
17. Iniciar con carácter inmediato la transposición de la Directiva (UE) 2019/633 relativa a prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
18. Afrontar las reformas legislativas necesarias para impedir las prácticas comerciales desleales y la venta a pérdidas.
19. Desarrollar todos los instrumentos previstos en la Ley 12/2003, de la cadena alimentaria a fin de avanzar en el conocimiento de los costes de producción y su utilización como referencia en la estabilidad de dicha cadena.
20. Incrementar la actividad de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), para controlar el cumplimiento de medidas que mejoren el funcionamiento de la cadena alimentaria en lo que respecta a las relaciones comerciales entre
los operadores.
21. Entablar un diálogo con todos los representantes de la cadena alimentaria para alcanzar un consenso en las medidas que garantice /a estabilidad de los precios.
22. Impulsar una adecuada dimensión de las organizaciones cooperativas agroalimentarias para mejorar las condiciones del sector primario.
23. Impulsar el papel de las Organizaciones Interprofesionales.
- Potenciar medidas que faciliten la comercialización exterior de forma competitiva.
24. Instar a la Unión Europea y a sus Estados miembros a un mayor control, en calidad y cantidad, de las importaciones de terceros países y a tener en cuenta la coyuntura de los productos agrarios españoles en la negociación de futuros
acuerdos de comercio, garantizando siempre competencia en iguales condiciones de producción y control de calidad.
25. Colaborar en la apertura de mercados con el reimpulso del plan de internacionalización del sector agroalimentario.
26. Restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales precisas para que los productos españoles no estén sometidos a aranceles diferentes a los de nuestros países competidores.
Impulsar medidas que permitan la garantía de acceso a los fondos europeos y viabilidad de la aplicación de la normativa comunitaria.
27. Negociar los recursos necesarios para una PAC que asegure una renta viable y la sostenibilidad del sector a largo plazo, nunca con una dotación inferior a la actual.
28. Defender un paquete de ayudas europeas específicas de Desarrollo rural que vayan a impulsar la economía en zonas especialmente despobladas.
29. Solicitar a la Unión Europea respuestas excepcionales ante plagas que están asolando cosechas como consecuencia de la prohibición del uso de determinados productos sin que existan alternativas que eviten la propagación, y que incluso
están causando problemas de salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2020.-Marta González Vázquez y Milagros Marcos Ortega, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs i Castanyer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión
de Agricultura, Pesca y Alimentación, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a crear, en Lleida, una unidad certificadora de comercio exterior ganadero, encargada de emitir los correspondientes certificados sanitarios de
exportación.
Exposición de motivos
Desde el inicio de la crisis económica las empresas cárnicas han abordado estrategias muy importantes de inversión en la internacionalización, con el fin de sostener sus niveles de facturación y crecimiento, compensando las exportaciones el
estancamiento del consumo interno.
Actualmente las exportaciones de la industria cárnica de las comarcas de Lleida representan aproximadamente el 17 % del total de exportaciones cárnicas de Catalunya y sin embargo no disponen del apoyo administrativo que les correspondería.
Para poder exportar es necesario enviar una documentación específica según el país de destino, siempre indicada por CEXGAN, a una Unidad Certificadora encargada de emitir certificados sanitarios de
exportación ganadera, que, para los exportadores de Lleida dada su localización territorial, se encuentra en Barcelona.
El motivo de la presente proposición no de ley es solicitar la creación de una Unidad Certificadora en Lleida capital, que permita agilizar el servicio, reducir el tiempo de tramitación de la documentación, solucionar problemas detectados en
el servicio y, en definitiva, mejorar la competitividad de las empresas leridanas vinculadas al comercio exterior ganadero.
Para el sector cárnico, la falta de una Unidad Certificadora en Lleida implica importantes perjuicios:
- Existe una situación de saturación de la Unidad de Barcelona, fruto del incremento del 37 % de las exportaciones de carne en Catalunya durante los últimos seis años, lo cual retrasa la gestión y en ocasiones pospone la salida de la
mercancía hacia su destino.
- Siempre hay una demora de uno a tres días por el hecho de tener que mandar la documentación por mensajería desde las empresas leridanas hasta la Unidad Certificadora de Barcelona y viceversa, lo cual retrasa las expediciones.
- La desestimación de solicitudes documentarias o cualquier incidencia documental ante la Unidad Certificadora de Barcelona, comporta demoras, aunque las incidencias sean de fácil y rápida subsanación.
- La comunicación directa con los veterinarios de la Unidad para solventar posibles dudas sobre la documentación es difícil, al tener estos un horario de atención telefónica muy limitado, de 13 horas a 14 horas, lo que provoca que las líneas
estén gran parte del tiempo ocupadas.
- Hay una notable incertidumbre e indefensión, por parte de los exportadores, al desconocer si la documentación sigue su curso normal o se encuentra estancada por algún motivo, lo cual dilata el proceso de forma innecesaria.
- Se producen inmovilizaciones en puerto origen o puerto destino por problemas documentarios que requieren diligencias urgentes, que derivan en elevados costes económicos.
Disponer de una Unidad Certificadora en Lleida supondría múltiples beneficios:
- Reducción del tiempo de emisión de la documentación de exportación, para las exportaciones de producto cárnico fresco perecedero, puesto que la demora de uno o dos días puede suponer la pérdida de la venta.
- Reducción de los costes de la documentación al poder presentarla presencialmente, asegurando así la buena recepción y la diligente solución de posibles errores u omisiones.
- Reducción del riesgo de pérdida de embarque por problemas documentarios, evitando además los elevados costes de conexión al frío en el puerto.
- Descongestión y mejora del servicio de la Unidad Certificadora de Barcelona.
Se trata de poner en marcha una Unidad Certificadora (CEXGAN) en Lleida, no se trata de poner en marcha un Punto de Inspección en Frontera (PIF). Estas Unidades Certificadoras existen actualmente en 40 provincias, con independencia si
tienen o no puerto marítimo. Los niveles de exportación de las comarcas de Lleida resultan suficientemente relevantes como para poner en marcha dicha unidad con celeridad, con el fin de favorecer una mayor competitividad al sector cárnico leridano
a los efectos de incrementar su actividad y empleo a través de la exportación.
Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Junts per Catalunya presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en Lleida, una Unidad Certificadora de Comercio Exterior Ganadero encargada de emitir los correspondientes certificados sanitarios de exportación ganadera correspondientes a las
comarcas de Lleida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/000287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán y don Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la habilitación de una base permanente o semi-permanente de hidroaviones contra incendios en las Islas Canarias, para su discusión en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La isla de Gran Canaria ha sufrido durante el verano de 2019 incendios de enorme magnitud, en los que se han calcinado miles de hectáreas. El último y más importante ha puesto en grave riesgo el Parque Natural de Tamadaba, considerado como
el pulmón verde de Gran Canaria, quemando más de 10.000 hectáreas y obligando a evacuar de sus hogares a más de 9.000 personas.
Para hacer frente a estos terribles siniestros, las islas Canarias disponen, solamente durante los meses de verano, de un avión de carga en tierra modelo Air Tractor 802F, con una carga útil de 3.100 litros y base en La Gomera; dos
helicópteros de transporte de brigadas de refuerzo modelo Bell 412 y PZL W3A Sokol, con capacidad para doce pasajeros y carga de entre 1.200 y los 1.500 litros, sitos en la Palma; y un helicóptero bombardero con capacidad para cargar hasta 4.500
litros, con base en Tenerife.
Sin embargo, estos recursos son claramente insuficientes para extinguir los grandes incendios que, como el mencionado anteriormente, han arrasado Gran Canaria. Al no disponer de hidroaviones, mucho más efectivos en la extinción de incendios
por su capacidad para transportar más volumen de agua, y porque pueden trabajar de forma ininterrumpida durante más tiempo (hasta cuatro horas frente a las dos de los helicópteros), los Canarios se ven obligados a esperar durante horas a que lleguen
desde la península.
Tal y como viene denunciando la opinión pública canaria, cargada de razón, esas horas que tardan los hidroaviones en llegar desde la península, una vez que se activan los protocolos anti incendios, son cruciales para poder extinguirlos antes
de que acaben descontrolándose y arrasándolo todo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario VOX, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Que dentro de su dispositivo de prevención y extinción de incendios de carácter nacional, en coordinación con la Administración autonómica, habilite una base permanente para hidroaviones contra incendios en alguna de las islas del
archipiélago canario.
2. Que durante todo el ario permanezca en dicha base, al menos, un hidroavión que garantice la extinción rápida y efectiva de los grandes incendios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/000261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eduardo Luis Ruiz Navarro y doña Macarena Olona Choclán, Portavoz de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración y aprobación de un Estatuto del Directivo Público de la Administración General del Estado, para su discusión en la Comisión de Política Territorial y
Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. El artículo 13 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece lo siguiente:
'El Gobierno y los órganos de Gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo,
entre otros, con los siguientes principios:
1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.
2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.
4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral
estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección'.
Actualmente, la disposición normativa mencionada sigue sin ser objeto de desarrollo, a pesar de que todos los expertos en la materia coinciden en señalar la necesidad de aprobar un Estatuto del Directivo Público que permita separar, de
manera clara y contundente, el proceso de selección y actuación de los órganos superiores de la Administración General del Estado de los correspondientes a los órganos directivos de dicha Administración, dotando a estos últimos de la imprescindible
independencia, profesionalidad, estabilidad y calidad en el desempeño.
Segundo. En el sentido expuesto anteriormente, resulta un exponente de éxito el sistema desarrollado en nuestro vecino Portugal a raíz de la suscripción del llamado 'Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality',
por medio del cual la Unión Europea impuso en 2011 al país luso una serie de condiciones para la obtención de la financiación que precisaba en forma de préstamos. Así, en cumplimiento de dicho Memorándum, Portugal aprobó la Ley 64/2011, de 22 de
diciembre, de modificación del reclutamiento, selección y provisión de cargos públicos, en virtud de la cual se creaba la CReSAP o 'Comisión de Reclutamiento y Selección para la Administración Pública', entidad independiente encargada de proceder a
la selección de los candidatos a ocupar los puestos directivos superiores tanto de la Administración General del Estado como del sector público empresarial. De esta manera, se encomienda a una autoridad distinta del órgano de designación del
directivo la competencia para llevar a cabo la selección de este, partiendo de los principios de mérito, capacidad e idoneidad, y dentro de un procedimiento público, transparente y competitivo. Los miembros de la Comisión de Selección actúan de
forma independiente en el ejercicio de sus competencias, no pudiendo solicitar ni recibir instrucciones del Gobierno o de cualesquiera otras entidades públicas o privadas.
Con el sistema expuesto, Portugal ha conseguido convertirse en un ejemplo a nivel internacional en la selección de Directivos capacitados e independientes del poder político, al eliminar la discrecionalidad absoluta existente hasta entonces
en la designación del cuerpo dirigente de la Administración General del Estado.
Tercero. Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos imprescindible que, al amparo del artículo 13 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se
proponga por el Gobierno a las Cortes Generales la aprobación de un Proyecto de Ley en el que se regule de forma integral el régimen jurídico específico de los Directivos de la Administración General del Estado y del Sector Público Institucional,
derogándose todas las disposiciones dispersas actualmente que les puedan afectar, y emulando el sistema de selección y designación establecido por nuestro vecino Portugal a través de la Ley 64/2011, de 22 de diciembre, de modificación del
reclutamiento, selección y provisión de cargos públicos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Que presente ante las Cortes Generales un Proyecto de Ley que, al amparo del artículo 13 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, regule de forma
integral el régimen jurídico específico de los Directivos de la Administración General del Estado y del Sector Público Institucional, derogándose todas las disposiciones normativas dispersas actualmente que les puedan afectar, y emulando el sistema
de selección y designación establecido por nuestro vecino Portugal a través de la Ley 64/2011, de 22 de diciembre, de modificación del reclutamiento, selección y provisión de cargos públicos.
2. El Proyecto de Ley deberá recoger, cuando menos, los siguientes contenidos específicos:
a) Un Estatuto del Directivo Público de la Administración General del Estado y su Sector Público Institucional, que regule de forma integral su régimen jurídico.
b) Un Código de Conducta del Directivo de la Administración General del Estado que garantice los principios de objetividad, profesionalidad, integridad y ejemplaridad.
c) La creación y regulación básica de una entidad independiente de selección de los Directivos de la Administración General del Estado y del Sector Público Institucional, similar en su funcionamiento a la 'Comisión de Reclutamiento y
Selección para la Administración Pública' portuguesa. En la Administración General del Estado, dicho proceso de selección habrá de servir para designar a los Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores
Generales y Subdirectores Generales.
d) La designación del personal directivo atenderá a principios de mérito, competencia y capacidad, y a criterios de idoneidad y experiencia profesional, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
e) El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.
f) La designación de los Directivos habrá de hacerse por un periodo mínimo de cinco años, que dé estabilidad al puesto y asegure, en su caso, una transición ordenada entre Gobiernos.
g) El sueldo de los Directivos no podrá superar, en ningún supuesto, el establecido para el Presidente del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado o cualquier otra disposición normativa al efecto. No obstante, es preciso proceder
a una mejora de la retribución de los puestos directivos de la Administración General del Estado, que haga más competitiva la misma. En ese sentido, en relación con la media de la OCDE, España paga peor a los Altos Funcionarios que el resto de
miembros de la organización y, sin embargo, mejor a los empleos de categoría inferior.
h) Ningún responsable sujeto a lo dispuesto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, podrá cobrar complemento variable en tanto en cuanto la entidad de cuyo cuerpo directivo forme parte tenga pérdidas en sus Cuentas Anuales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2020.-Eduardo Luis Ruiz Navarro, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Norma Pujol i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
actualización de los Planes de Emergencia Nuclear Exterior de la provincia de Tarragona y la dotación de medios para una implementación efectiva, para su debate en instancia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El estado español dispone actualmente de siete reactores nucleares en funcionamiento, dos de los cuales están ubicados en Ascó y uno en Vandellòs, municipio que también acoge un segundo reactor fuera de servicio desde el accidente del año
1989. Estas centrales situadas en Catalunya se encuentran localizadas en un territorio donde, en un radio muy cercano, sobre todo en el período estival habitan centenares de miles de personas.
Desde hace años los Planes de Emergencia Nuclear Exterior concentran la preocupación y las críticas de los ayuntamientos cercanos a las centrales debido a su falta de actualización, además de la carencia de medios y recursos para poder
llevarlos a cabo de manera eficaz y efectiva. Planes que son competencia del Estado de acuerdo con el PLABEN (Plan Básico de Emergencia Nuclear), y que están bajo su dirección en el caso del PENTA (Plan de Emergencia Nuclear Exterior de las
centrales de Tarragona). La Generalitat, por su parte, ostenta la competencia en exclusiva de protección civil atendiendo servicios como los de bomberos, seguridad pública y salud, entre otros.
Los Planes de Emergencia Nuclear Exterior determinan el radio de la Zona I (o Zona de Medidas de Protección Urgentes) en 10 kilómetros, y el radio de la Zona II (o Zona de Medidas de Larga Duración) en 30 kilómetros. Precisamente la
población incluida en la zona II de las centrales de la provincia Tarragona asciende a cerca de unas 300.000 personas.
La catástrofe de Fukushima, en marzo de 2011, aumentó la conciencia sobre la mayor seguridad de las centrales nucleares y, al mismo tiempo, la voluntad de aprender de los errores cometidos, en especial en referencia a los planes de
emergencia. Durante el accidente radiactivo las autoridades japonesas evacuaron y confinaron a la población de un radio de hasta 20 kilómetros y no solo a los que habitaban a 10 Kilómetros de los grupos atómicos afectados. A raíz del mismo
actualizaron y modernizaron sus planes de emergencia, hecho que nos ha de servir de ejemplo para revisar y actualizar el contenido de los nuestros, así como su aplicación en las zonas exteriores de las centrales.
Vista la experiencia sería conveniente redefinir los radios estipulados en los actuales planes exteriores de emergencia respetando la delimitación de la Zona I para los municipios más próximos a las centrales y modificando la Zona II con la
implementación de una nueva Subzona 11A. Dicha subzona abarcaría los núcleos de población situados en una radio de entre 10 kilómetros y 20 kilómetros de la central nuclear, y que hoy en día son los más desatendidos en recursos y medios.
El accidente de Fukushima también provocó que el año 2014 el Consejo de la Unión Europea modificara la Directiva 2009/71/Euratom, incrementando las medidas y los criterios de seguridad de las instalaciones nucleares, directiva que debía
transponerse por los Estados afectados antes del 15 de agosto de 2017. El Estado español todavía no ha transpuesto totalmente dicha Directiva ni ha incorporado los aprendizajes de Fukushima al PLABEN (2004) ni al PENTA (2009).
La aplicación efectiva de los Planes de Emergencia Nuclear Exterior se sustenta en la necesidad urgente de poner al día sus contenidos solucionando aquellos problemas reales de aplicación y/o desarrollo de los mismos, y la dotación de los
medios, recursos y protocolos necesarios para su implementación. Las carencias en infraestructuras y recursos para poder dar una respuesta efectiva a una emergencia nuclear en Catalunya han sido expuestos de manera detallada por el Síndic de
Greuges en su informe 'Deficiéncies en matéria d'Emergéncia Nuclear', de noviembre de 2019.
Carencias como las que presentan las instalaciones del Centro de Coordinación Operativa del PENTA (CECOP) o deficiencias de gran importancia en infraestructuras necesarias para la concentración y posterior evacuación de la población en caso
de emergencia, son algunos de los déficits más conocidos. Un buen ejemplo de lo expuesto es el estado de la línea ferroviaria Reus-Móra la Nova-Casp. El escaso mantenimiento de la vía, además de ser el origen de algunos descarrilamientos, obliga a
una reducción innecesaria de la velocidad de los combois en diversos puntos de su recorrido al paso por la comarca de la Ribera d'Ebre. A este hecho cabe añadir que una parte de sus estaciones, lugar de concentración y evacuación de la población,
están cerradas al público y presentan unos accesos insuficientes.
Otros de los déficits destacados es la falta de cobertura de las telecomunicaciones (móvil) en los núcleos de población de la Zona 1 y los obsoletos sistemas de alerta y comunicación de las emergencias a los ciudadanos. Además hay una
evidente falta de operatividad de las estaciones de clasificación y descontaminación de la población; así como de instalaciones médicas de descontaminación especializadas de proximidad.
Por lo que respecta a los municipios localizados entre los 10 kilómetros y 20 kilómetros de les centrales, habría que dotarlos de los mismos mecanismos de protección disponibles en los municipios de
la Zona I sobre todo por lo que se refiere a los ámbitos de la formación, información, comunicación, confinamiento y evacuación.
Finalmente destacar las carencias e incumplimientos del 'Programa de Simulacros'. El punto V.5 del PENTA, del Plan de Emergencia Nuclear Exterior en las Centrales Nucleares de Ascó y Vandellós, que compromete a la Dirección de Protección
Civil y Emergencias del Ministerio de Interior y al Consejo de Seguridad Nuclear a coordinar 'un simulacro general cada tres años', cuando en realidad sólo se ha realizado uno en el año 1987. A pesar de la realización de simulacros parciales de
despacho, la no realización de un simulacro general con movilización de operativos y recursos imposibilita el poder comprobar de manera práctica y real la eficacia del PENTA y sus medidas de protección.
Por todo lo manifestado, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno a:
1. Transponer en su totalidad y de manera inmediata la Directiva 2014/87/Euratom del Consejo, del 8 de julio, por la que se modifica la Directiva 2009/71/Euratom, y se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las
instalaciones nucleares.
2. Aprobar un nuevo Plan de Emergencia Nuclear Exterior de las centrales de Ascó y Vandellós (PENTA) de acuerdo con la Directiva 2014/87/Euratom del Consejo y ampliando la zona 1 (zona de medidas de protección urgentes) con una nueva
subzona IIA para incorporar los municipios que tengan el núcleo de población en el área situada entre los 10 kilómetros y 20 kilómetros de las centrales nucleares a los que se dotará de los mismos medios y recursos que a los de la zona 1, para poder
cumplir con eficacia las funciones que establecen los planes de emergencia,
3. Dotar y asegurar, de manera inmediata, a los municipios de la zona 1 (zona de medidas de protección urgentes) una cobertura de telefonía móvil total, así como más de una red de transmisión dentro del espacio radioeléctrico público, para
evitar saturaciones de las telecomunicaciones en caso de emergencia.
4. Realizar, adecuar y mantener en óptimo estado las principales infraestructuras de comunicación (carreteras, vías ferroviarias, estaciones de tren) que han de facilitar según el PENTA las funciones de concentración y evacuación de la
población.
5. Profesionalizar la gestión de los planes municipales de emergencia nuclear mediante la creación de una nueva figura profesionalizada de técnico de protección civil residente en cada área nuclear; con el objetivo de prestar ayuda,
asesoramiento, información y coordinación a los ayuntamientos de las áreas nucleares; así como supervisar sobre el terreno la actualización y seguimiento de los planes de emergencia y los simulacros que se realicen.
6. Acordar, mediante una ley o convenio, el traslado de la dirección y gestión del PENTA al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2020.-Norma Pujol i Farré, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/000276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán y don Luis Gestoso de Miguel, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, para su discusión en Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Mar Menor es un ecosistema único en Europa, de enorme riqueza ambiental y socioeconómica, generadas tanto por la biodiversidad presente en el área como por las diferentes actividades económicas
desarrolladas alrededor de este fenómeno natural, en el que convergen múltiples usos y explotaciones, principalmente turísticos, recreativos, salineros y pesqueros, con un importante aprovechamiento agrícola de su entorno.
Sin embargo, un gran número de actuaciones equivocadas adoptadas a lo largo de las últimas décadas ha generado un deterioro de la situación en la zona que es necesario afrontar de inmediato. El propio Ministerio para la Transición Ecológica
ha señalado que 'es urgente invertir la tendencia del proceso de degradación del Mar Menor, actuando en las causas que lo originan. [ ...] El actual y principal problema en el Mar Menor es el grave estado de eutrofización en el que se encuentra,
alcanzando un estado de crisis ecológica grave, con elevados niveles de nitratos y alteración drástica de las comunidades biológicas asociadas, como consecuencia de las actividades a las que sirve de soporte y de las actividades económicas
desarrolladas en su entorno, el Campo de Cartagena, que han afectado también a la masa de agua subterránea. [ ...] El estado ambiental del Mar Menor se ha considerado como relativamente bueno durante el periodo que va de 1970 a la primera mitad de
2015, en el que existía una relativa oligotrofia de sus aguas. Sin embargo, desde la segunda mitad de 2015, se ha experimentado un cambio drástico en los niveles de eutrofia y actualmente se considera que se encuentra en un estado que se puede
denominar de 'crisis eutrófica grave', que ha supuesto el 'colapso ambiental.''
Por todo lo expuesto, resulta evidente la necesidad de adoptar medidas urgentes que faciliten la mejora, con carácter inmediato, de la situación en que se encuentra el Mar Menor. En ese sentido, nos enfrentamos a dos dificultades
principales. Una de ellas es provocada por la propia naturaleza, que cierra las golas o canales que facilitan el intercambio de agua entre el Mar Mediterráneo y el Mar Menor. La primera actuación, por tanto, sería abrir dichas golas a su dimensión
de 1950, y mantenerlas en ese estado, con lo que se obtendría la alimentación del agua procedente del Mediterráneo, evitando que se produjera en el futuro la desaparición del Mar Menor por cegamiento.
La segunda de las dificultades mencionadas tiene que ver con la actuación del hombre, que ha de conllevar otras acciones paliativas. Así, sólo existen cuatro ayuntamientos sobre el Mar Menor: San Pedro del Pinatar, San Javier, Los
Alcázares y Cartagena. Todas las poblaciones costeras de estos cuatro municipios están dotadas de saneamiento, con sus correspondientes depuradoras, cuyo agua, una vez tratada, es empleada para riego. Al ser un saneamiento unitario y no separativo
(es decir, tener dos tuberías en las calles, una para recogida de aguas negras y otra para recogida de aguas fluviales), durante los días de lluvia en el Mar Menor, se produce una limpieza del saneamiento que conduce a unos caudales superiores a la
capacidad de depuración de las instalaciones y, por tanto, son vertidos por el aliviadero de dichas depuradoras a las ramblas cercanas a las mismas, que terminan vertiendo a su vez nitritos y fosfatos en el Mar Menor. En consecuencia, sería
imprescindible construir saneamientos separativos con vertidos de las aguas pluviales limpias al Mar Menor.
Asimismo, existe una necesidad urgente de evitar que las consecuencias de las actividades agrícolas realizadas en el Campo del Mar Menor sigan perjudicando a este. Con ese fin, se debe acometer, por un lado, una actuación dirigida a
duplicar la acción desalobradora. Por otro, habría de ejecutarse la construcción de un drenaje constituido por una zanja de seis metros de profundidad y dos metros de anchura, construida a 2 kilómetros de la línea de costa, que drenaría con la
correspondiente pendiente a pozos de recogida de agua, que serían impulsados a la desalobradora de El Mojón, interceptando la entrada de aguas de percolación en el Mar Menor, con lo que quedaría totalmente anulado el efecto agrícola sobre el mismo,
pudiendo continuar a pleno rendimiento la actividad motor de la economía murciana.
Desde el Grupo Parlamentario VOX, consideramos imprescindible adoptar las medidas señaladas en la presente proposición con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo e impulsar todas las actuaciones necesarias, tanto en el seno de la Comisión de Seguimiento del Plan de Vertido Cero al Mar Menor como fuera de ella, para que se ejecuten las
siguientes medidas:
1. Abrir las golas o canales que facilitan el intercambio de agua entre el Mar Mediterráneo y el Mar Menor a su dimensión de 1950, y mantenerlas en ese estado, con lo que se obtendría la alimentación del
agua procedente del Mediterráneo, evitando que se produjera en el futuro la desaparición del Mar Menor por cegamiento.
2. Construir saneamientos separativos con vertidos de las aguas pluviales limpias al Mar Menor en los cuatro ayuntamientos existentes sobre el Mar Menor: San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena.
3. Ejecutar y desarrollar un sistema de doble desalobrización con eliminación de salmuera de las aguas extraídas de los acuíferos existentes en el Campo del Mar Menor.
4. Ejecutar la construcción de un drenaje conformado por una zanja de seis metros de profundidad y dos metros de anchura, construida a 2 kilómetros de la línea de costa, que drenaría con la correspondiente pendiente a pozos de recogida de
agua, que serían impulsados a la desalobradora de El Mojón, interceptando la entrada de aguas de percolación en el Mar Menor, con lo que quedaría totalmente anulado el efecto agrícola sobre el mismo, pudiendo continuar a pleno rendimiento la
actividad motor de la economía murciana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2020.-Luis Gestoso de Miguel, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la sostenibilidad y el impulso del sector
de la cogeneración, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La cogeneración es el proceso basado esencialmente en el aprovechamiento del calor útil y la producción eléctrica en el ámbito de la producción industrial. Debido a estas particularidades técnicas, la cogeneración se caracteriza por su alta
eficiencia energética, por ende su contribución al ahorro de energía primaria, la sostenibilidad medioambiental a través de la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero y al ahorro y la seguridad de suministro energético en tanto se
constituye como elemento de generación distribuida.
Actualmente, la cogeneración juega un papel esencial tanto en el ámbito del sistema eléctrico como del sector industrial de nuestro país. A 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con los datos de Red Eléctrica, aportaba algo más de 5.700
megavatios instalados en el conjunto del sistema eléctrico (con una reducción del 1,3 % con respecto a 2017).
Sin embargo, el papel más significativo en el ámbito del sector eléctrico es su capacidad de producción, cubriendo hasta el 11,4 % de la demanda peninsular el último año; sólo por detrás de la energía nuclear, la eólica y los ciclos
combinados.
Estas cifras no son baladíes; ya que además de la contribución que suponen por sí mismas, proporcionan un funcionamiento firme para la red, además de mitigar las pérdidas en las zonas cercanas a su producción.
Es igualmente destacado, en relación a esta circunstancia, que la actividad aporta más ingresos que los costes que genera al conjunto del sistema eléctrico, lo que se revela como un elemento positivo en la senda de mantenimiento del
superávit eléctrico y de cara a reducir la deuda existente.
Además de ello, la mayoría de cogeneraciones se apoyan en el gas natural como principal combustible, lo que mitiga las emisiones que podrían generarse con la quema de otros combustibles fósiles más contaminantes en el ámbito de la generación
eléctrica.
Asimismo, es evidente que las industrias con capacidad de generación influyen en el conjunto del sector industrial y este sector el que más contribuye al empleo indefinido (con tasas de contratación indefinida cercanas al 90 %) y al signo
positivo de la balanza comercial (al ser el principal sector exportador de bienes).
Por su parte, las directrices comunitarias, contemplan un papel esencial y central para el ahorro energético en el cual toma parte la cogeneración industrial. En concreto, el objetivo de Eficiencia Energética fruto de la negociación en
trílogos del denominado 'Paquete de Invierno', refuerza los objetivos de ahorro energético elevando la meta de mejora de eficiencia hasta el 32,5 %.
Además, el Informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética publicado en 2018, constituido como antesala para la redacción de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España, también se detiene sobre el papel que la
cogeneración jugará en el marco de ese proceso de transición. En concreto, el informe de los expertos plantea una serie de escenarios en donde la cogeneración se eleva a unos 8.500 megavatios de potencia instalada para el año 2030. El informe
detalla: 'Ante el vencimiento de la vida útil regulatoria de grupos de cogeneración y renovables térmicas, es previsible su renovación incorporando las tecnologías más eficientes disponibles. Dichas instalaciones deberían poder participar y ser
retribuidas por los servicios que presten al sector eléctrico, en pie de igualdad con otras alternativas'.
Siguiendo el marco planteado por los expertos, las acciones a tomar implican, no sólo elevar la capacidad de la cogeneración en su conjunto en 3.000 megavatios; sino además mantener con un Plan Renove aquellas instalaciones que hoy están en
cuestión a causa de la incertidumbre regulatoria y la acción del ejecutivo.
En efecto, a día de hoy existe la previsión de que al final de este mismo año dejen de funcionar unos 2.000 megavatios de cogeneración industrial a causa del término de su vida útil regulatoria y la necesidad de acometer renovaciones en las
instalaciones con el objeto de hacerlas más eficientes medioambiental y económicamente. Hay que recordar que el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la
industria y el comercio en España; incluyo la extensión de operación de varias instalaciones que sumaban 248 MW, por un plazo de dos años. En otras palabras: tanto las cogeneraciones afectadas por el Real Decreto-ley 20/2018 y como otras muchas
cogeneraciones se encuentran al límite de la desaparición en este mismo año.
Por si todo ello no fuese suficiente, el Ministerio de Transición Ecológica ha publicado recientemente los parámetros retributivos para estas instalaciones en los que se plantea un recorte global de aproximadamente un 35 % para estas
instalaciones.
En concreto, el cálculo de estimación sobre los precios de generación en el mercado eléctrico (y por ende los ingresos que estas plantas obtendrían procedentes de la venta de energía eléctrica) ha quedado desfasado a la vista del
comportamiento de los valores futuros del pool eléctrico en los últimos meses, con hasta más de 15 /MWh de diferencia negativa entre las previsiones del Gobierno y la evolución registrada.
Asimismo, el cálculo para los valores del precio de derechos de emisión en el mercado europeo de derechos no ofrece la posibilidad de revisión periódica lo que, a la luz de lo sucedido en los últimos tres años con una escalada sin
precedentes del precio de estos derechos (pasando de 5 euros la tonelada de CO2 a superar los 25 euros), ofrece una mayor incertidumbre económica a las instalaciones.
Estas circunstancias dan lugar a que se les reconozca a las plantas una retribución menor a la que tendrían derecho conforme al cálculo real de la evolución del pool, por lo que sus sostenibilidad económica queda totalmente en entredicho.
De hecho, el anuncio de estos parámetros ha servido para finiquitar la actividad de Sniace, una empresa cogeneradora de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Sniace es un grupo industrial químico situado en Torrelavega, la segunda ciudad en
importancia de Cantabria, desde el año 1939. Cuenta con más de 400 empleos directos que prácticamente se duplican si se toman en cuenta los indirectos. Además, se sitúa en una zona especialmente castigada desde la última crisis económica, si la
tasa de paro en Cantabria se sitúa entorno al 11 %, en Torrelavega existe un paro registrado del 19,6 % el pasado enero.
Los efectos que va a provocar en la ciudad son ciertamente preocupantes, si ya cuenta con una tasa de paro que casi duplica a la regional, hay que sumar la constante pérdida de población que lleva sufriendo Torrelavega desde hace años y que
la hace estar cerca de perder los 50 mil habitantes (ahora mismo 51.600), lo cual supondría graves perjuicios económicos para la que antiguamente fue la capital industrial de Cantabria.
En conclusión, además de los evidentes perjuicios económicos para España y para Cantabria, con medidas de este tipo se está fomentando el drama de la despoblación, un problema al que precisamente se ha encomendado la tarea de solucionar a la
Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, por lo que resulta todavía más inexplicable la norma aprobada.
La misma suerte que Sniace pueden correr las cogeneraciones del resto de España, que llevan casi una década pendientes de un Plan Renove que no llega y a la que se le suman una orden de retribución condenatoria y dogmática, que hace inviable
la continuidad del sector.
Por todo ello, se presenta la siguiente iniciativa, con el ánimo de incluir los valores más recientes del precio pool en la retribución de las plantas, incorporar igualmente la revisión de los valores relativos al mercado de generación y al
mercado de derechos de emisión europeo y, finalmente, instar a la realización de un Plan Renove que dé continuidad e impulso al sector de la cogeneración en nuestro país antes de fin de año.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reelaborar la Orden por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos, con el fin de que se tomen como referencia para los parámetros retributivos relativos al precio de generación eléctrica los valores futuros vigentes entre el mes de agosto de 2019 y el pasado mes de enero de 2020.
2. Impulsar una reforma legislativa de la normativa correspondiente a los parámetros retributivos de estas instalaciones, con el fin de que se incluya la posibilidad de revisión trimestral de los valores relativos al precio de derecho de
emisión de CO2 y del precio de mercado eléctrico durante todo el período regulatorio.
3. Encontrar una solución a la situación de las cogeneraciones existentes que, siguiendo las recomendaciones del informe de expertos para la transición energética, establezca un Plan Renove antes del 31 de diciembre de 2020 para la
renovación e instalación de nuevas cogeneraciones que cuente con los agentes implicados y prime criterios de competitividad, sostenibilidad medioambiental y seguridad de suministro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2020.-María Muñoz Vidal, Diputada.-José María Espejo-Saavedra Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000289
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano.
Proposición no de Ley sobre apoyo a la industria de impresión para impulsar medidas de sostenibilidad.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 6 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo a la
industria de impresión para impulsar medidas de sostenibilidad, para su debate en instancia en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
En los últimos años uno de los valores que cada vez está más implantado en la sociedad y en la filosofía de muchas instituciones, empresas y de la ciudadanía es la sostenibilidad, entendida como la responsabilidad de que las acciones humanas
no conlleven la destrucción de los entornos y los recursos en las que se realizan. Es decir, que cualquier actividad tenga un impacto mínimo sobre el medio ambiente como para no suponer la degradación del mismo, o que suponga una mejora de los
recursos naturales a nuestro alcance.
Desde esta perspectiva, los consensos internacionales están reclamando la adopción de medidas concretas por parte de todas las instituciones para alcanzar compromisos en este ámbito. A esta filosofía responden, entre otros, los llamados
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los acuerdos sobre el Clima de la Conferencia de París sobre el Clima (COP21).
En el ámbito europeo, se han establecido ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 y de impulso de las energías renovables y la eficiencia energética. Estos objetivos son asumidos por los Estados
miembros, poniendo en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición energética, como vectores clave de la economía y la sociedad para construir el futuro.
La adopción de medidas es necesaria en todos los ámbitos para cumplir estos compromisos en pro de la sostenibilidad. En esta materia, las instituciones públicas y las empresas están llamadas a tener un papel activo en la gestión responsable
y sostenible de los recursos, debiendo primar y priorizar la adquisición de tecnología que sea capaz de mitigar el impacto sobre el medio ambiente, a la vez que resulte un complemento adecuado para alcanzar sus objetivos en materia de sostenibilidad
y eficiencia.
En este sentido, las soluciones de impresión inkjet juegan un papel relevante en materia de sostenibilidad, siendo uno de los conceptos de elevado consumo energético donde se podría actuar para elevar el nivel de eficiencia en el uso de los
recursos. El número global de equipos de impresión en Europa está estimado en aproximadamente 145 millones de unidades, siendo un 54 % dispositivos multifuncionales, un 39 % fotocopiadoras y un 3 % faxes, según datos de la Unión Europea. De estas,
las impresoras láser son responsables del 68 % de las impresiones, seguidas por fotocopiadoras (18 %) e impresoras de inyección de tinta (12 %).
Los principales ámbitos medioambientales relacionados con la impresión son el consumo de papel, el consumo de energía en el modo de funcionamiento y el uso de sustancias peligrosas y sus consecuencias para el medio ambiente.
Por ello, las principales respuestas a estos ámbitos han provocado que se pueda encontrar en el mercado soluciones con una gestión eficiente del papel, de bajo consumo energético, con reducciones significativas de emisiones y eficientes en
el uso de los recursos, para generar pocos residuos y para facilitar la reutilización y el reciclado.
Algunos ejemplos de los resultados que se podrían obtener si estas tecnologías se utilizaran de forma más generalizada son las siguientes:
- Se ahorraría energía suficiente para dar servicio a 24.000 hogares anualmente.
- Dejarían de producirse 9.000 toneladas de residuos cada año.
- La reducción de emisiones de CO2 equivaldría al volumen que absorben más de un millón de árboles.
- No se emitiría gas ozono para estas actividades.
No cabe ninguna duda de que, a la vista de las soluciones que se hallan en el mercado y la necesidad de impulsar la sostenibilidad en todos los ámbitos, los poderes públicos deben adoptar medidas que den señales para dirigir el cambio hacia
modelos económicos más respetuosos con el medio ambiente con el uso de tecnologías más sostenibles y eficientes.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno a, en el plazo de seis meses:
1. Adoptar medidas administrativas y fiscales de fomento de la reducción de residuos y de emisiones de gases y de mejora de la eficiencia energética en el ámbito de las soluciones de impresión.
2. Adoptar medidas en los procesos de compra pública con objeto de valorar la inclusión de puntuaciones adicionales a las actualmente previstas en los criterios de valoración de concursos públicos para tecnologías de impresión sostenibles,
que permitan:
- Optimizar la eficiencia energética, medida conforme con el método de ensayo para determinar el uso de energía de los equipos de impresión de imágenes previsto por la Unión Europea.
- Coadyuvar en la mitigación del impacto medioambiental, con la reducción de emisiones de gases invernadero y de ozono.
- Mejorar la calidad del aire, la salud y la seguridad de los usuarios en los espacios de trabajo y domésticos.
- Apreciar la responsabilidad social empresarial, tanto por lo que respecta a la fabricación responsable en todo el ciclo de fabricación, uso y final de la vida útil o recuperación del producto, como en el respeto a la normativa
internacional del trabajo.
3. Adoptar medidas en los procesos de compra pública con el objeto de incluir la indicación explícita en relación a la concurrencia de proveedores de soluciones de impresión de todo tipo de tecnología, evitando la limitación en concursos
públicos a soluciones tecnológicas únicas, de acuerdo con el principio de neutralidad tecnológica.
4. Incluir bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre Sociedades para incentivar la adquisición de tecnologías de soluciones de impresión sostenibles que permitan optimizar la eficiencia energética y ayuden en la mitigación del impacto
medioambiental, la reducción de emisiones de efecto invernadero y de ozono, así como la mejora de la calidad del aire y la salud.
5. Promover un estudio comparativo sobre los posibles riesgos para la salud que plantea la contaminación del aire en los centros de trabajo por las diversas tecnologías de impresión y recomendaciones, con objeto de mejorar la calidad del
aire y la salud laboral.
6. En el plazo de seis meses desde su aprobación, el Gobierno remitirá a la Mesa de la Comisión un informe sobre las medidas adoptadas en relación con los mandatos contenidos en esta Proposición no de Ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2020.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Cultura y Deporte
161/000274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la promoción y cuidado de jardines históricos, para su
debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Los jardines históricos son una expresión artística que nuestro país no ha sabido apreciar y valorar en su justa medida. Pese a que en nuestro país existen jardines históricos conocidos por gran parte de la población, por ejemplo los
Jardines de Sabatini en Madrid, los Jardines del Palacio de Viana en Córdoba, Jardines de la Alhambra y el Generalife en Granada o el Campo Grande en Valladolid, nuestro país
apenas cuenta con 94 jardines históricos reconocidos como tales por Ley. Una cuantía claramente inferior a la que países de nuestro entorno, como Francia o Italia poseen, donde se superan los varios centenares en cada uno de ellos.
Si bien la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español determina en su primer artículo que los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico serán parte del Patrimonio Histórico
Español, en nuestro país los jardines históricos reconocidos son escasos. Esta falta de reconocimiento por parte de las administraciones tiene importantes consecuencias: la falta de aprovechamiento y disfrute de estos emplazamientos únicos por un
lado, y la falta de conservación, modificaciones y potenciales daños que desde diferentes ayuntamientos o particulares se pueden estar provocando a estos. De hecho, existen numerosas plataformas vecinales que luchan a diario contra sus
ayuntamientos para preservar jardines históricos sobre los que las administraciones Elevan a cabo trabajos de remodelación que no respetan sus diseños originales o que, pudiendo ser declarados jardines históricos, propietarios privados y
administraciones de estos sitios hacen caso omiso a todo principio básico de conservación y restauración.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un estudio actualizado sobre los jardines históricos declarados señalando las actuaciones de conservación, remodelación o mejora llevadas a cabo en los últimos cinco ejercicios sobre estos y próximos trabajos conocidos que se
efectuarán, incluyendo, además, la administración u organismo responsable de estos.
2. Trabajar junto a las administraciones o entes privados responsables, a la hora de diseñar mejoras y reformas en estos jardines a fin de respetar su diseño original y evitar desvirtuar sus características originales.
3. Evaluar la posibilidad de aumentar la formación existente en materia de arquitectura del paisaje y defensa del patrimonio.
4. Llevar a cabo, junto con las Comunidades Autónomas, campañas a fin de promover la declaración de nuevos jardines históricos en España y darlos a conocer entre la población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2020.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Juan Luis Steegmann Olmedillas, don Ignacio Garriga Vaz de Concicao y don Antonio Salvá Verd, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para prevenir la propagación del nuevo coronavirus (2019-nCov), con el fin de proteger la salud de los
españoles y de los residentes legales en España, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Desde el día 7 de febrero de 2020, la Comisión Nacional para la Salud de la Población de la República China, ha notificado 9.010 casos nuevos en China, incluyendo 271 nuevos fallecidos, alcanzando, a día de hoy, el elevado número
de 1.006 muertes. De 40.507 pacientes, 6.484 fueron calificados como graves, y 909 fallecieron. Eso implica que hay un 16 % de pacientes graves, y la mortalidad entre estos últimos es del 14 %. Ante esta evidencia, se están poniendo en marcha
restricciones
a los viajes, tanto voluntarias (véase el caso del Congreso Mundial de Móviles) como forzosas. Recientemente, el 'Center for Disease Control' de EEUU. ha implementado una normativa que restringe la entrada de viajeros procedentes de China.
Segundo. En España, la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), concretamente en su artículo 38, señala que 'son competencia exclusiva del Estado la sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales. Son actividades de
sanidad exterior todas aquellas que se realicen en materia de vigilancia y control de los posibles riesgos para la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de mercancías y del tráfico internacional de viajeros'.
Tercero. Dada la aparición de nuevos casos en España, y con el fin de proteger la salud de los españoles y de los residentes legales que viven en nuestra nación,
El Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo e impulsar todas las medidas y actuaciones necesarias para prevenir la propagación del nuevo coronavirus (2019-nCov), con el fin de proteger la salud de los españoles y de los
residentes legales en España, y en concreto las siguientes:
1. Los extranjeros sin residencia legal en España que hayan visitado China en los catorce días anteriores al viaje de vuelta no podrán entrar en España.
2. A los españoles, residentes legales en España, y sus familias, que hayan estado en China en los catorce días anteriores al viaje de vuelta, se le permitirá la entrada, pero se les redirigirá a cuatro aeropuertos, a fin de someterles a un
cribado de salud, que incluirá al menos medida de temperatura, e historia de fiebre, tos, dificultad al respirar, u otros síntomas sospechosos. Dependiendo de su estado de salud y su historia de desplazamientos y viajes, tendrán alguna restricción
en sus movimientos durante los catorce días posteriores al día en que abandonaron China.
3. En el caso de que el viajero haya estado en la provincia de Hubei en los pasados catorce días pueden darse dos casos:
- Si el viajero tiene fiebre, tos, dificultad al respirar, u otros síntomas sospechosos, las autoridades sanitarias en el aeropuerto evaluarán su estado. Se les llevará a un hospital para evaluación posterior y cuidado.
- Si el viajero no tiene fiebre, tos o dificultad al respirar, u otros síntomas sospechosos, se realizará cuarentena durante catorce días y no podrá completar su viaje.
4. En el caso de que el viajero haya estado en China, pero no en la provincia de Hubei, en los pasados catorce días, pueden darse dos casos:
- Si el viajero tiene fiebre, tos, dificultad al respirar, u otros síntomas sospechosos, las autoridades sanitarias en el aeropuerto evaluarán su estado. Se les llevará a un hospital para evaluación posterior y cuidado.
- Si el viajero no tiene fiebre, tos o dificultad al respirar, u otros síntomas sospechosos, se le permitirá completar su viaje en España, y se le pedirá que chequee su estado de salud durante catorce días. Permanecerá en casa y limitara
todo lo que sea posible sus relaciones sociales. Su centro de salud será avisado y contactará con él para ulterior seguimiento. Se le dará un folleto informativo.
El folleto informativo dirá lo siguiente:
- Deberá Vd. ser monitorizado por personal de su centro de Salud. Contactarán con Vd. Si no lo hacen inmediatamente, llamará Vd. por teléfono. No acuda personalmente a su centro de Salud ni a Urgencias.
- Permanecerá en casa y limitara todo lo que sea posible sus relaciones sociales.
- Chequee su estado de salud durante catorce días.
- Mida su temperatura dos veces al día (ocho y veinte horas).
- Si desarrolla síntomas como fiebre, tos, o dificultad respiratoria, u otros síntomas, llame a su Centro de Salud. Y cuénteles sus síntomas y que ha estado en China. No acuda personalmente ni al centro de salud ni a Urgencias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Ignacio Garriga Vaz de Concicao y Antonio Salvá Verd, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs i Castanyer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su discusión ante la
Comisión de Sanidad y Consumo, una Proposición no de Ley sobre la prohibición de la publicidad del juego online en horario infantil.
Exposición de motivos
Un estudio del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) presentado en enero de 2019, concluye que el 45,3 % de los anuncios de juegos y apuestas en línea se emitieron de 6 de la tarde a 10 de la noche en diez de las televisiones estatales
que se han analizado durante el horario protegido para los menores. Por lo que afecta a la radio, se analizaron cinco emisoras y el porcentaje aún es superior, alcanza el 84,5 %. También se ha realizado un análisis sobre hechos concretos como las
retransmisiones deportivas o plataformas de distribución de vídeos. Un ejemplo, durante la retransmisión del partido de fútbol Barça-Real Madrid del 28 de octubre de 2018 en Movistar BeIN La Liga, uno de cada tres anuncios emitidos fue sobre
apuestas deportivas, se emitieron dentro del horario protegido y en él aparecían futbolistas, presentadores y actores promocionando el juego y apuestas en línea. En las retransmisiones por radio, suele ser el mismo locutor del evento deportivo
quien integra el mensaje publicitario del juego y apuestas en línea dentro de su locución.
Estos hechos analizados en el informe del CAC muestran como los menores de edad tienen un acceso sin barreras a este tipo de anuncios, y, por lo tanto, a juegos y apuestas en línea que incentiva una práctica inmediata cuando se introducen
mensajes como 'apuesta ya' o 'ihazlo ya!' y el incentivo mediante promociones o bonos de juego.
El informe también alerta sobre las técnicas que se utilizan para captar nuevos clientes como son los bonos para jugar gratis o la incorporación de personajes famosos o de los mismos periodistas en la publicidad y promoción del juego y
apuestas.
Otro dato para tener en cuenta es que el 83,9 % de la población se muestra favorable a prohibir o reducir los anuncios de juego y apuestas en línea, según la encuesta del CAC. En contraposición a este consenso, el sector vive un momento de
auge, con inversiones de más de 123 millones de euros al año en el conjunto del Estado y los anuncios se han disparado pasando de los 128.508 (2013), 330.465 (2014), 486.777 (2015), 879.693 (2016) a los 2,744.100 (2017) anuncios.
La OCU también se ha manifestado respecto a esta situación. En un informe del año 2018 muestra que los menores en ocasiones acceden a locales de juego e incluso apuestan. La OCU también muestra datos preocupantes, como los siguientes:
entre 2012 y 2017 el gasto en HIN apuestas se multiplicó por 5, pasando de 1.380 a 7.538 millones de euros; el número de páginas de juego online ha aumentado; el número de jóvenes adictos al juego en tratamiento se ha cuadriplicado en pocos años,
pasando del 3,8 % al 16 %; el 6 % de los alumnos de ESO ha apostado alguna vez; el 44 % de las personas que se iniciaron en el juego siendo menores de 18 años desarrollaron juego patológico; o se emitieron 2,7 millones de anuncios de juego online
en 2017, cuando en 2013 fueron 128.000. O en marzo de 2019, inició la campaña 'No te la juegues. Contra la publicidad de apuestas y juegos online' con el objetivo de impulsar cambios normativos para prohibir dicha publicidad, evitar que los
personajes públicos publiciten o prescriban este tipo de servicios, limitar la ratio de salones de juegos de azar, establecer rigurosos controles de acceso o campañas de información y sensibilización.
Según los datos disponibles en el informe Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de juego en población clínica española (2017), el 35.9 % de los participantes indican un inicio precoz en el juego, es decir, durante la
adolescencia y antes de los dieciocho años. La consideración de la variable edad constata varias conclusiones en lo que se refiere a edad de inicio y conducta de juego: confirman un inicio precoz de la conducta del juego, un alto número de
acontecimientos vitales estresantes, altos niveles de impulsividad cognitiva y emocional, bajos niveles de auto-dirección, o las preferencias de juego en el rango de edad más joven son las máquinas recreativas con premio, loterías y apuestas por
internet. Es más, se observa como en el grupo de edad más jóvenes (dieciocho-treinta y cinco años) las apuestas online superan el 56 % y sus preferencias son apuestas deportivas y póker y videojuegos.
En este contexto hay que añadir que en el Estado el 4,6 % de la población adolescente tiene conductas de riesgo en relación con el juego y apuestas y la media de edad de inicio de los jugadores patológicos es de diecinueve años.
Aunque se ha legislado para garantizar la protección de los menores en este aspecto, la práctica demuestra que los menores de edad están expuestos a contenidos en relación con el juego y apuestas durante las horas que pueden ver la
televisión, escuchar la radio o cuando están mirando un partido de futbol o un vídeo en una plataforma de distribución de vídeo como YouTube, y que los mismos confirman que han iniciado su conducta en el juego y apuestas antes de cumplir la mayoría
de edad.
No hay una protección de las personas menores de edad, no hay ninguna limitación al acceso o un mensaje preventivo sobre el contenido del anuncio. Un hecho como este puede verse como una actividad social y provoca afectaciones en su futuro
importantes como puede ser la adicción.
Cuando más accesible esté el juego, más expuesta está la persona a jugar y a desarrollar una adicción.
En Catalunya y Euskadi, los medios de comunicación públicos, TV3, Catalunya Radio y el grupo ETiB, dieron un paso importante en este sentido cuando aprobaron no emitir publicidad de los juegos en línea y las apuestas. Mediante esta decisión
se cumple con un doble objetivo: primero, proteger al menor, adolescentes, jóvenes, es decir, una de las audiencias más vulnerables ante el riesgo de adicción, y, segundo, no fomentar las actividades relacionadas con el juego durante el horario
protegido. Sin embargo es necesario que también desde la legislación estatal se adopte esta decisión.
Por todo lo expuesto, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Prohibir la publicidad de juego y apuestas durante todo el horario protegido.
2. Prohibir los incentivos al juego y apuestas basados en el obsequio de bonos gratuitos.
3. Instar a las plataformas publicitarias a no incorporar la participación o la presencia de personajes famosos en la publicidad de juego y apuestas por la especial incidencia que tienen entre los menores de dieciocho años.
4. Introducir en los informes y estudios sobre el juego y apuestas un análisis más detallado sobre los factores que influyen en el inicio del juego y apuestas de los menores de dieciocho años, el canal por el cual empiezan, sus preferencias
y otros datos que ayuden a evitar esta influencia.
5. Emprender campañas de concienciación dirigidas a padres, profesores, escolares y entidades juveniles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/000259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Juan Luis Steegmann Olmedillas, don Ignacio Garriga Vaz de Concicao y don Antonio Salva Verd, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para prevenir la propagación de coronavirus (COVID-19) que afecta a la República Italiana, con el fin de proteger la salud de los españoles y de los
residentes legales en España, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. El día 23 de febrero de 2020, con urgencia, el Ejecutivo de Italia aprobó una serie de medidas extraordinarias para intentar contener la difusión de los casos de COVID-19 en el norte del país, donde siete personas ya han fallecido
y más de 200 han sido contagiadas. Se ha prohibido, por decreto ley, la entrada y salida de personas en las once localidades consideradas el epicentro del brote, afectando a más de 50.000 habitantes residentes en las mismas. Localidades de la
Lombardía Italiana como Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo y Sanfiorano, en la región de Lombardia y convirtiéndose las mencionadas, en la zona cero de este foco
de coronavirus en Italia. Asimismo, también se han puesto en estado de aislamiento Vo' Euganeo, en la provincia de Padua, en la región de Véneto, de unos 4.000 habitantes, donde se produjo la primera víctima mortal cuantificada.
Segundo. En España, la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), concretamente en su artículo 38, señala que 'son competencia exclusiva del Estado la sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales. Son actividades de
sanidad exterior todas aquellas que se realicen en materia de vigilancia y control de los posibles riesgos para la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de mercancías y del tráfico internacional de viajeros'.
Tercero. Dada la aparición de nuevos casos en España, y con el fin de proteger la salud de los españoles y de los residentes legales que viven en nuestra nación,
El Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo e impulsar todas las medidas y actuaciones necesarias para prevenir la propagación de coronavirus (COVID-19), con el fin de proteger la salud de los españoles y de los
residentes legales en España, y en concreto las siguientes:
1. Los extranjeros sin residencia legal en España que hayan visitado las regiones italianas de Lombardía y/o Véneto en los catorce días anteriores al viaje de vuelta no podrán entrar en España.
2. A los españoles, residentes legales en España, y sus familias, que hayan estado en las regiones italianas de Lombardía y/o Véneto en los catorce días anteriores al viaje de vuelta, se le permitirá la entrada, pero se les redirigirá a
cuatro aeropuertos, a fin de someterles a un cribado de salud, que incluirá al menos medida de temperatura, e historia de fiebre, tos, dificultad al respirar, u otros síntomas sospechosos. Dependiendo de su estado de salud y su historia de
desplazamientos y viajes, tendrán alguna restricción en sus movimientos durante los catorce días posteriores al día en que abandonaron Italia.
3. En el caso de que el viajero haya estado en Italia, pero no en las regiones de Lombardía y/o Véneto, en los pasados catorce días, pueden darse dos casos:
- Si el viajero tiene fiebre, tos, dificultad al respirar, u otros síntomas sospechosos. las autoridades sanitarias en el aeropuerto evaluarán su estado. Se les llevará a un hospital para evaluación posterior y cuidado.
- Si el viajero no tiene fiebre, tos o dificultad al respirar, u otros síntomas sospechosos, se le permitirá completar su viaje en España, y se le pedirá que chequee su estado de salud durante catorce días. Permanecerá en casa y limitara
todo lo que sea posible sus relaciones sociales. Su centro de salud será avisado y contactará con él para ulterior seguimiento. Se le dará un folleto informativo.
El folleto informativo dirá lo siguiente:
- Deberá Vd. ser monitorizado por personal de su centro de Salud. Contactarán con Vd. Si no lo hacen inmediatamente, llamará Vd. por teléfono. No acuda personalmente ni a su centro de Salud ni a Urgencias.
- Permanecerá en casa y limitara todo lo que sea posible sus relaciones sociales.
- Chequee su estado de salud durante catorce días.
- Mida su temperatura dos veces al día (ocho y veinte horas).
- Si desarrolla síntomas como fiebre, tos, o dificultad respiratoria, u otros síntomas, llame a su Centro de Salud. Y cuénteles sus síntomas y que ha estado en Italia, señalando la región o ciudades donde ha estado. No acuda personalmente
ni al centro de salud ni a Urgencias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Ignacio Garriga Vaz de Concicao y Antonio Salvá Verd, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la planificación de
recursos y la transferencia de fondos a las Comunidades Autónomas para cubrir las necesidades requeridas para garantizar la salud pública frente al Nuevo Coronavirus (COVID-19), para su debate en Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Desde el inicio del brote en China el pasado mes de diciembre de 2019, hasta la redacción de la presente iniciativa el 27 de febrero de 2020, se han confirmado 82.169 casos de pacientes afectados por el Nuevo Coronavirus (COVID-19). De
ellos, 3.623 han sido localizados fuera de China y han fallecido en total 2.800 personas (54 fuera de China).
De acuerdo con los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés), la letalidad global del Nuevo Coronavirus (COVID-19) ha
evolucionado hasta alcanzar el 3,4 %.
Atendiendo también a la información facilitada tanto por la OMS como por el ECDC, Corea del Sur es el país que registra más casos fuera de China con un total de 1.595 afectados.
Por su parte, la última comunicación oficial realizada por el Ministerio de Salud de la República Islámica de Irán contempla un total de 95 casos detectados y 15 fallecidos.
En lo que a la Unión Europea y el Reino Unido respecta, se han confirmado 484 casos en 16 países (400 en Italia, 21 en Alemania, 17 en Francia, 17 en España, 15 en Reino Unido, 2 en Austria, 2 en Suecia, 2 en Finlandia, 1 en Bélgica, 1 en
Grecia, 1 en Dinamarca, 1 en Estonia, 1 en Noruega, 1 en Rumanía, 1 en Suiza y 1 en Croacia) y 14 fallecidos (2 en Francia y 12 en Italia).
Italia, concretamente, ha notificado 400 casos (258 en Lombardía, 71 en Véneto, 47 en Emilia Romaña, 3 en Piamonte, 3 en Sicilia, 2 en Toscana, 11 en Liguria, 1 en Trentino Alto Adige, 1 en Marche y 3 en Lacio) y 12 fallecidos.
Y en lo que a España se refiere, hay 17 casos activos: 6 en las Islas Canarias, 4 en la Comunidad de Madrid, 3 en Cataluña, 2 en la Comunidad Valenciana (Villareal, Castellón) y 1 en las Islas Baleares y 1 en Andalucía (Sevilla, un paciente
que no ha viajado al extranjero ni tenido contacto con otros infectados).
En este contexto, el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas acordaron en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el pasado 25 de febrero reforzar las medidas llevadas a la práctica en las
últimas semanas para efectuar la detección de posibles casos.
Para ello, según expuso el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al término de la referida reunión, se acordó 'aumentar la sensibilidad del sistema de detección para prevenir el coronavirus'; 'ampliar la definición de caso a nuevas zonas de
riesgo, según lo acordado también a nivel europeo'; 'realizar las pruebas y aplicar los procedimientos correspondientes a las personas que presenten síntomas y que en los 14 días anteriores hayan estado en alguna de estas zonas de riesgo' que han
de ser consideradas 'posibles casos', y 'analizar a los pacientes con sintomatología respiratoria grave para los que se hayan descartado otras posibles causas'. Se trata a fin de cuentas, según Illa, de 'ampliar los esfuerzos para reforzar la
detección precoz'.
No obstante, y más allá del 'compromiso de los profesionales sanitarios y la robustez del Sistema Nacional de Salud' destacados por el propio ministro de Sanidad, el citado aumento de esfuerzos lleva inevitablemente aparejadas inversiones
adicionales a las Comunidades Autónomas que dificultan todavía más el ya de por sí complejo equilibrio presupuestario en el que subsisten las citadas Comunidades Autónomas, especialmente en el ámbito de la Sanidad.
Ante esta coyuntura, y teniendo presentes variables como, por ejemplo, la obsolescencia del modelo de financiación autonómico vigente o el pago de 2.500 millones de euros por la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente
al año 2017 que el actual Gobierno tiene pendiente con las Comunidades, parece adecuado que el propio Ejecutivo habilite partidas presupuestarias adicionales con las que cubrir, aunque sea parcialmente, las necesidades de recursos humanos y
materiales que afronten las Autonomías para hacer efectivo el refuerzo de la detección precoz y el abordaje integral del Nuevo Coronavirus (COVID-19).
Por ello, teniendo en cuenta que más allá de favorecer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud se trata de preservar la salud pública de los españoles, y contando también con lo establecido en la normativa reguladora del Fondo de
Contingencia en vigor,
El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a planificar los recursos humanos y materiales que resulten necesarios para que las Comunidades Autónomas puedan llevar a la práctica las actuaciones consensuadas en el seno del Consejo
Interterritorial para preservar la salud pública en España frente al Nuevo Coronavirus (COVID-19).
De igual forma, mediante acuerdo de Consejo de Ministros, el Gobierno autorizará la aplicación del Fondo de Contingencia para dotar a las propias Comunidades Autónomas de los recursos adicionales que requieran para financiar los referidos
recursos humanos y materiales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado, Diputado.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la protección sociolaboral de las personas donantes
vivas de órganos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Cada 27 de febrero se celebra el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos con el fin principal de agradecer a los profesionales que hacen posible salvar vidas mejorando la calidad de vida de las personas y también homenajear a
los donantes que por su aporte altruista han salvado vidas en todo el mundo. En ese sentido, los españoles tenemos muchos motivos para participar de esta celebración, ouest nuestro país continúa, por vigésimo año consecutivo, siendo líder
indiscutido en la donación de órganos en todo el mundo, con 48,3 donantes por millón de población (pmp), lo que supone el 19,8 % de las donaciones en la Unión Europea y el 6 % de todas las registradas a nivel mundial. Igualmente, España sigue
estando a la cabeza en número de trasplantes, con 114,7 órganos trasplantados por millón de población, ligeramente por encima de Estados Unidos (114,4 pmp) y muy superior a la media de la Unión Europea (67,1 pmp), según los datos del Registro
Mundial de Trasplantes.
En España, la mayoría de estas donaciones proceden de donantes fallecidos. En cuanto a la donación de órganos procedentes de donantes vivos, si bien esta ha experimentado una notable subida en nuestro país en la última década, pasando de un
1 % a un 11 % del total de donaciones, sigue siendo muy inferior
a la de otros países de nuestro entorno, como Suecia, Reino Unido (16 pmp) o Países Bajos (31 pmp), en los que esta modalidad de donación representa entre el 20 y el 45 % del total. Otros países donde la donación de vivo ha sido
intensamente promocionada son los Estados Unidos (17 pmp), Australia (39 pmp) y Canadá (12 pmp) donde representa entre un 35-45 % del total de donaciones.
En nuestro país, entre las donaciones en vida destacan especialmente las de riñón, donde el trasplante es considerado el mejor tratamiento frente a la insuficiencia renal crónica, no sólo siendo más efectivo sino también más asequible para
el sistema que un tratamiento de diálisis. Le siguen, con más distancia, las donaciones en vivo de hígado. En todos los casos, la donación de órganos procedentes de donantes vivos se considera siempre más ventajosa que la procedente de donantes
fallecidos, al garantizar, en principio, mayores posibilidades de integridad en el proceso de obtención, así como una mayor calidad del órgano extraído, lo cual redunda a su vez en una mayor calidad de vida para el beneficiario.
Entre las causas que pueden explicar esta menor prevalencia en España de la donación en vida cabe señalar, paradójicamente, los buenos datos que nuestro país obtiene en la donación procedente de donantes fallecidos. No obstante, la
reducción que, afortunadamente, ha experimentado el número de fallecidos por accidentes de tráfico, tradicionalmente uno de los principales nichos de donantes, pasando del 45 % en 1992 al 4,2 % en 2017, motivan la necesidad de explorar vías
alternativas, como lo es la donación en vivo. De ahí que tanto el 'Plan Estratégico Nacional en Donación y Trasplante de órganos 2018-2022' o el 'Plan 50 x 22', con el que se pretende alcanzar los 50 donantes por millón de población y superar la
cifra de 5.500 trasplantes en los próximos cinco años, incluyan entre sus líneas de trabajo el fomento de la donación y trasplante de órganos provenientes de donantes vivos.
La donación de órganos procedentes de un donante vivo se regulan en la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos, y en el Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad. Esta normativa establece que la donación en vida es un procedimiento gratuito que requiere
de los donantes mayoría de edad, plenas facultades y buena salud del donante, así como su consentimiento debidamente informado, de forma expresa, libre, consciente y desinteresada, ratificado por escrito ante el Juez, presentes los médicos que
intervienen en el proceso. Asimismo, exige que la donación se realice previo informe preceptivo del Comité de Ética, que exista compatibilidad de la extracción con la vida, sin perjuicio de la posibilidad de la compensación funcional, y que el
destino del órgano sea una persona determinada con el propósito de mejorar sustancialmente su pronóstico vital o sus condiciones de vida, debiendo existir, en todo caso, amplias posibilidades de éxito del trasplante que habrá de realizarse en centro
debidamente autorizado.
Del mismo modo, las mencionadas normas señalan que deberá proporcionarse al donante vivo asistencia sanitaria para su restablecimiento y se facilitará su seguimiento clínico en relación con la obtención del órgano. Nada se dice en dicha
normativa, sin embargo, en relación a su asistencia y protección sociolaboral. Se trata de una carencia importante, por cuanto el proceso de determinación de la viabilidad del donante, con sus correspondientes pruebas diagnósticas, seguida de la
posterior extracción del órgano y su consecuente rehabilitación, normalmente aparejada de hospitalización o reposo domiciliario, así como la prescripción de menores esfuerzos y mayor descanso hasta culminar una completa recuperación, implican en
todos los casos tanto ausencias recurrentes e incluso prolongadas como un previsible menor rendimiento por el trabajador que decide donar un órgano en vida, con los riesgos que tales consecuencias entrañan para su seguridad laboral. No es de
extrañar que, ante estas circunstancias, muchos de los trabajadores que deciden donar intenten hacer coincidir el proceso con el disfrute de su periodo vacacional. Por otro lado, en lo tocante a consecuencias patrimoniales, los donantes vivos
también suelen enfrentarse a primas más elevadas a la hora de contratar o renovar seguros de asistencia sanitaria, seguros de vida o préstamos bancarios, que no tienen más justificación que su propia condición de donantes.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos creemos necesario dotar de una adecuada protección sociolaboral a los donantes vivos, en primer, como justo reconocimiento de su actuación altruista y solidaria y, seguidamente, como vía para seguir
fomentando esta modalidad de donación con las ventajas que conlleva y, por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las modificaciones normativas necesarias para mejorar la protección sociolaboral de las personas donantes vivas de órganos, en justo reconocimiento
de su actuación altruista y solidaria y como vía para seguir fomentando esta modalidad de donación, incluidas, entre otras, las siguientes:
A) En el ámbito del empleo:
1. Reconociendo a las personas trabajadoras que decidan donar un órgano en vida un permiso retribuido de ausencia del trabajo por el tiempo indispensable para la asistencia a pruebas diagnósticas, estudios de compatibilidad y sesiones
preparatorias que resulten preceptivas con carácter previo al proceso de extracción del órgano.
2. Incluyendo el periodo en el que la persona trabajadora donante en vida se encuentre indispuesta con motivo del proceso de extracción del órgano y posterior convalecencia entre las causas determinantes de la situación de incapacidad
temporal, con el consiguiente derecho a la percepción de la correspondiente prestación económica de la Seguridad Social, hasta la recuperación de su capacidad laboral.
3. Estableciendo la nulidad de la decisión extintiva del contrato de trabajo de las personas trabajadoras donantes en vida que se produzcan durante el tiempo de disfrute del permiso y/o durante las situaciones de incapacidad temporal
señaladas en los apartados anteriores, o con motivo de tales circunstancias.
B) En el ámbito de los servicios financieros, disponiendo que el cambio en las circunstancias de salud que puede sufrir una persona debido a su condición de donante en vida en ningún caso puede conllevar penalizaciones en la renovación de
seguros o préstamos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2020.-Pablo Cambronero Piqueras y María Muñoz Vidal, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre la situación de los centros de A Coruña y Vigo del Instituto Español de Oceanografía, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La Resolución de 14 de enero de 2014, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2013, sobre el régimen de control económico-financiero
aplicable por la Intervención General de la Administración del Estado a determinados organismos públicos impuso un nuevo sistema de control de gasto, que acompañado del descenso de financiación y de inversiones de años anteriores debido a la nefasta
gestión de la crisis económica, supuso que muchos organismos y entidades dependientes de las AA.PP. hayan tenido una drástica y dramática pérdida de posibilidades de desarrollo de actividades, una reducción sin precedentes de personal no repuesto y
un descenso muy difícilmente reparable de líneas de investigación, desarrollo e innovación que hoy en día siguen perdurando, a pesar de las continuas noticias que anuncian que la economía en el Estado español ha salido ya de esa crisis y se
encuentra en proceso de recuperación.
Este es el caso del Instituto Español de Oceanografía (IEO), dándose esta situación en el conjunto de centros y de infraestructuras que a lo largo del Estado tiene distribuidas, pero particularmente en el caso de los centros con sede en la
ciudad de A Coruña y en la ciudad de Vigo.
La gestión del IEO está basada en la centralización de gastos, imponiendo al personal técnico administrativo, la figura de un interventor/a, para el control de las inversiones y de los gastos
necesarios al otro lado de las necesidades particulares e inmediatas de cada centro, de cada laboratorio, de cada planta de cultivo o de cualquier otro tipo de infraestructura necesaria para el desarrollo de sus tareas propias.
Al mismo tiempo, esta centralización no solo atiende al apartado económico, sino que también se extiende a la gestión, a la dotación de personal, a la investigación y a cualquiera de las áreas en las que se estructure: control de proyectos,
tasas de reposición de personal (que no se están cumpliendo), etc., e incluso en la administración del trabajo del día a día, lo que está dando lugar a la demora sine die de tareas y planes (retrasos de hasta más de un año y medio en 'visto bueno'
de proyectos, por ejemplo), acumulación de tareas, desorganización ejecutiva, parálisis estructural e incluso desequilibrios territoriales con centros en mínimos, tanto en personal como en recursos materiales.
Para ejemplificar este escenario existen situaciones diarias que son totalmente incomprensibles. Así, por ejemplo, se establece la necesidad de pedir autorización de salidas al mar que se deben cursar a la sede central del organismo en
Madrid que no son contestadas hasta pasado más de un mes. Sin embargo, estas salidas deben ser formuladas para una misma semana por ser necesario tener conocimiento de las condiciones meteorológicas y marítimas en las que se deben embarcar. Esto
se une a la inexistencia de un seguro general que cubra estas salidas (por tanto se contrata individualmente y por semanas atendiendo a cada una de las salidas, y lo que supone un incremento del gasto), por lo que se puede decir que no hay una
cobertura real del personal laboral y se produce una paralización encubierta de las salidas motivadas por la investigación en el mar.
Consecuencia de esta centralización, también se ha producido la pérdida de financiaciones y subvenciones europeas por la caducidad de la tramitación de proyectos, lo que supone un estancamiento del I+D+i de este organismo con el grave
perjuicio para su prestigio y que incide directamente en la economía del conjunto del Estado español, y particularmente en Galicia.
Otra consecuencia reciente de la centralización y el recorte general ha sido la eliminación, por parte de la dirección de Madrid, de la línea de investigación de cultivos de moluscos en la que durante 40 años se investigó de manera pionera,
siendo el centro de A Coruña una referencia.
A todo lo anterior deben sumarse otras circunstancias como son la reducción de personal, producida en los últimos años derivada de traslados o jubilaciones que no fueron compensadas, ya que no existe ninguna bolsa de trabajo que haya podido
garantizar una reposición de personal, y que asegure un servicio en iguales condiciones, o mismo las propias imposiciones restrictivas en materia económica que dan lugar a que para en el 2018 se produjera una rebaja presupuestaria del 30 %, no
llegándose a ejecutar todo el gasto previsto para el año 2017, algo que se muestra como una tendencia desde el año 2013, y que año tras año se fue manifestando en una rebaja en el presupuesto del organismo.
Los centros de A Coruña y Vigo se habían consolidado como referentes a nivel europeo e internacional. Vigo, en la actualidad, es el centro de referencia a nivel europeo en materia de pescados y pesca, con unas contrastadas líneas de
investigación y de desarrollo de proyectos. A Coruña se referenció como planta de cultivos de bivalvos, siendo distintas entidades las que en las décadas de los años ochenta y noventa del siglo pasado las que quisieron exportar el modelo
investigador y los resultados que se obtenían en este centro. El cierre de este laboratorio, producido hace tres años, supuso un duro golpe, no sólo al propio centro, sino para todo el sector, dado que su labor atendía al asesoramiento a cofradías
y productores y tenía rendimientos objetivos en materia industrial y económica. Se perdieron así, los estudios de la biología del cultivo en especies de moluscos como la almeja, el mejillón, la vieira, la voandeira o la zamburiña que convertían el
IEO de A Coruña en un único organismo estatal con capacidad para asesorar en este ámbito. Y respecto de personal, el centro de A Coruña llegó a tener, por ejemplo, hasta 16 tripulantes de su barco de investigación, quedando en la actualidad tan
solo uno.
Al mismo tiempo, la oferta de empleo aprobada a nivel estatal, que llega hasta las 25 plazas, no prevé ninguna para los centros gallegos. Se suma a esto la indecencia de las asignaciones anuales para las obras de remodelación del propio
centro de A Coruña adelantadas en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, asignación plurianual incumplida, obviando las inversiones fundamentales, desapareciendo las ayudas en el I+D+i, y reduciéndose constantemente al apoyo a las líneas
investigadoras o abandonándose el trabajo científico.
Ante esta progresión de acontecimientos, el Bloque Nacionalista Galego presentó en el Parlamento de Galicia la propuesta de la transferencia a Galicia por parte del Estado de los servicios y funciones en materia de investigación
oceanográfica, aprobándose por unanimidad en marzo de 2016, en la Comisión
de Pesca, instar al Gobierno central la transferencia de las funciones, medios y personal de los centros costeros del Instituto Español de Oceanografía en Vigo y A Coruña, así como del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo.
Mas todas estas iniciativas no llegaron a efectivizarse, perpetuándose y agravándose en el tiempo el abandono, las problemáticas, los recortes y la centralización denunciadas, lo que llevó, nuevamente, a que las trabajadoras y trabajadores
del Instituto Español de Oceanografía hayan salido públicamente a manifestarse y a denunciar la situación que están sufriendo, protagonizando en marzo concentraciones delante de sus centros, y a movilizarse en la demanda de mayor inversión y en
contra de las políticas de recortes que se practican desde el Gobierno del Estado.
A todo ello, hay que sumar las recientes denuncias por parte del propio IOE, con problemas para hacer frente a gastos de mantenimiento y funcionamiento, y que tienen su máximo exponente en el hecho de que el organismo haya dado orden de
regresar a puerto a toda su flota por falta de fondos para víveres, tripulación y gasoil. Así mismo, han salido a la luz pública otros casos concretos como el hecho de que el instituto no se haya podido presentar a las ayudas de la Xunta para la
contratación de personal de alta cualificación para actividades de I+D+i por no tener garantías de poder afrontar su parte del gasto o que el buque oceanográfico 'Francisco de Paula' está en el varadero tres años después de haberse averiado su motor
años después de que se averiarse el motor, pendiente de que se tramite el expediente para cambiarlo, cuando tenerlo parado este tiempo ha costado cientos de miles de euros y la cancelación de varias campañas.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Demandar al Gobierno central el traspaso de competencias a la Xunta de Galiza para la total gestión económico-administrativa de los centros del Instituto Oceanográfico Español hoy en día en Galiza con el objeto de que pasen a formar
parte de la estructura propia de la Xunta.
2. Instar al Ministerio de Ciencia e Innovación del Estado español, mientras no se dé traslado de las competencia en gestión económico-administrativa, a iniciar un proceso de descentralización de los centros y de las infraestructuras del
Instituto Oceanográfico Español, concretamente para los centros e infraestructuras con sede en Galiza, en la ciudad de A Coruña y en la ciudad de Vigo, para ser gestionados según sus propias necesidades.
3. Instar al Ministerio de Ciencia e Innovación del Estado español, a atender a las demandas de las trabajadoras y de los trabajadores de los centros del IEO, en concreto, las referidas a la creación de una bolsa de empleo, al aumento en
inversiones en I+D+i y la atención prioritaria para la aprobación ágil de proyectos y en el diseño de un modelo actualizado, con la necesaria modernización en el sistema de gestión y en la estructura del organismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/000273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora en la publicación de datos de las
administraciones públicas para su uso científico, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Tal y como señalaba recientemente la OCDE, 'una tendencia relativamente reciente en muchos países para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas es poner sus
datos a disposición del público y permitir el uso, reutilización y distribución libre de conjuntos de datos por medio de un formato conocido como formato de datos abiertos'. Esta organización ha analizado este fenómeno cada vez más
importante, identificando el potencial de la extraordinaria cantidad y carácter fundamental de los datos recogidos por los gobiernos no solo en términos de apertura, transparencia y rendición de cuentas, sino también como una vía para aumentar el
intercambio, colaboración y compromiso del público.
En cualquier caso, poner los datos de las administraciones públicas a disposición de la ciudadanía no es solamente un ejercicio de transparencia. Los datos son la materia prima de la investigación empírica, que llevan a cabo cada día
nuestros científicos, nuestros doctorandos y, cada vez más, nuestros estudiantes, en sus trabajos fin de grado y de máster.
Por ejemplo, en las últimas décadas, la investigación en economía se ha vuelto cada vez más empírica. Las mejoras en computación y las nuevas técnicas y herramientas en obtención, procesamiento y análisis de datos han permitido a los
investigadores recopilar y construir extensas bases de datos a partir de fuentes dispares, para posteriormente procesarlas y, de este modo, extraer conclusiones y propuestas, verificar modelos teóricos, o, cada vez más, evaluar políticas públicas.
Esta tendencia se documentó, por ejemplo, en un artículo publicado en 2017, que evidenció, tras analizar una muestra de 135.000 artículos publicados en 80 revistas académicas, que el trabajo empírico se ha vuelto mucho más común en la disciplina
desde los años ochenta.
Sin embargo, pese a que las administraciones públicas contemporáneas son depositarias de una enorme riqueza en forma de datos, para poder llevar a cabo buenos análisis empíricos, es necesario que los gobiernos tengan buenas políticas de
datos abiertos, que permitan a los investigadores acceder a sus registros administrativos, siempre con la plena salvaguarda de la confidencialidad de la información. En la actualidad, son muchos los países en los que existe una cultura que
democratiza entre la comunidad de investigadores el uso de los datos públicos por el bien común, cultura que no ha llegado a España todavía.
De este modo, los países de nuestro entorno han avanzado en los últimos años en desarrollar lo que se ha venido a llamar 'políticas basadas en la evidencia' a partir de la utilización de registros administrativos y otras fuentes
estadísticas. En este sentido, Escrivá citaba en su artículo diversas iniciativas como la Commission on Evidence Based Policymaking creada por Barack Obama, la What Works Network de Reino Unido o el nuevo proceso presupuestario con el que
experimentará la Asamblea Francesa, en el que el calendario presupuestario contemplará expresamente una fase de evaluación de políticas. Otros países vecinos, como Alemania o Portugal, han avanzado mucho y se aproximan también al estándar nórdico.
Las administraciones depositarias de los datos los recopilan, pero solo son capaces de extraer de ellos un mínimo de su potencial, ya que el análisis no es su cometido principal y carecen del personal necesario para ello. Además, y lo que
es más importante, dicho potencial solo se revela a partir del cruce de datos, pero la información está dispersa entre administraciones que no se comunican entre sí y que son muy reacias a cederse información.
Nuestro país se está quedando atrás en esta tendencia mundial y corre el riesgo de perder el tren de esta revolución. Por otra parte, todos deberíamos ser conscientes de que existe un coste derivado de las restricciones de acceso a los
datos por parte de la comunidad investigadora, lo que se traduce, en la práctica, en menos investigación y de peor calidad.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar una política de datos abiertos que promueva la difusión de los datos estadísticos recogidos y/o generados por las administraciones públicas en sus registros administrativos, así como de las metodologías, hipótesis y criterios
empleados para su obtención, siempre con la plena salvaguarda de la confidencialidad de la información, que permita su uso por parte de los investigadores.
2. Avanzar en la creación de un auténtico repositorio seguro de datos de las administraciones públicas para su uso científico, al que las distintas administraciones puedan ceder sus datos con la certeza de que solo se usarán para la
investigación científica y al que la comunidad científica tenga acceso en condiciones de confidencialidad y seguridad estrictas.
3. Identificar las potenciales lagunas en la información estadística existente y contribuir a estandarizar, simplificar y distribuir dicha información, mejorando la compatibilidad entre las distintas bases de datos que actualmente se
encuentran dispersas entre administraciones.
4. Aumentar la cantidad de operaciones estadísticas que tienen disponibles ficheros de microdatos con anonimización estándar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D.ª Mireia Borrás Pabón, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, formula la siguiente Proposición no de Ley relativa a la generación de incentivos a la I+D+i, para su debate ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La presente Proposición no de Ley se presenta con el fin de instar al Gobierno de España a adoptar medidas tendentes a incrementar la inversión en I+D+i y crear un ecosistema que favorezca la investigación, el desarrollo y la innovación, que
el Grupo Parlamentario VOX considera capital como fuente de creación de competitividad y, en definitiva, de puestos de trabajo de calidad.
España no ha recuperado el nivel de gasto en I+D+i previo a la crisis, algo que sí han hecho el resto de países europeos (por ejemplo, Alemania destina el 2,94 % del PIB a este tipo de gasto). Por este motivo, el gasto destinado a I+D+i en
España se encuentra lejos de la media europea.
Desde un punto de vista global, los países europeos se sitúan lejos de la inversión en otros países, tales como China o EE.UU.
La UE ha señalado en múltiples ocasiones la importancia de la inversión en I+D+i, como motor para incrementar la competitividad de los países y hacer frente a los nuevos problemas que plantea la sociedad, en general, y la revolución
tecnológica, en particular.
La Estrategia de Lisboa para el año 2000 fijaba el objetivo de alcanzar el 3 % del PIB en inversión en I+D+i como meta para el año 2010. Su fracaso generó el desarrollo de la Estrategia 2020, en la que se insistía en ese objetivo del 3 %.
Actualmente, en el año 2020, España destina a I+D+i un 1,24 % del PIB (datos del año 2018, según el INE), un porcentaje muy por debajo de la recomendación de la OCDE y lejos también de la media de los países europeos (2,07 %).
Ante este panorama, es ineludible la elaboración de un verdadero programa de inversión en Investigación, desarrollo e innovación en todo el territorio español.
Otro problema acuciante en España es la fuga de talento al exterior que, en el particular caso de I+D+i es especialmente grave. Ante la falta de inversión necesaria creadora de un ecosistema favorable a la investigación y al desarrollo,
profesionales e investigadores se ven obligados a irse fuera de nuestras fronteras. Es imprescindible crear un ecosistema favorable a la investigación, desarrollo e innovación como fuente de nuevas oportunidades y de creación de soluciones a los
retos que plantea el siglo XXI. Tampoco hay que olvidar que una sociedad competitiva es también generadora de puestos de trabajo, por lo que, de este modo, también contribuiría a disminuir las elevadas tasas de desempleo existentes en España.
Por todo ello, el referido programa debe dar solución a estos problemas; el objetivo debe ser, en todo caso, fomentar el I+D+i y retener el talento y el empleo de calidad en España.
En este sentido, uno de los mecanismos existentes actualmente es la deducción por gastos destinados a I+D+i en el Impuesto sobre Sociedades. Actualmente existe un trato desigual en la regulación de los porcentajes de gasto deducible sobre
la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades en función de si se trata de actividades de investigación y desarrollo o de actividades de innovación tecnológica. Este trato
desigual no tiene justificación, máxime teniendo en cuenta el auge e importancia actualmente que tienen las empresas destinadas a innovación tecnológica.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario VOX propone una modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en el sentido de equiparar los porcentajes de gasto deducible para las actividades de innovación tecnológica.
Del mismo modo, el GP VOX también propone reformar la Ley del Impuesto sobre Sociedades consistente en introducir como gasto deducible los gastos relativos a consultoría y certificación de los proyectos.
Asimismo, también es imprescindible introducir medidas que reduzcan la ingente burocracia en esta materia y que favorece a los pequeños y medianos empresarios reducir los trámites y plazos para la recepción efectiva de las ayudas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
a) Elaborar un plan con objetivos a largo plazo que incluya medidas para reforzar la cooperación entre Universidad, investigación y empresa. Asimismo, habrán de preverse mecanismos de financiación de la I+D que faciliten la inversión
privada en Investigación y Desarrollo, de conformidad con las actuaciones llevadas a cabo en esta materia por parte de País Vasco y Navarra.
b) Constituir un Alto Comisionado con el objetivo de fomentar un ecosistema de generación de I+D+i pública y privada, que facilite nuestro desarrollo y crecimiento económico y la generación de un tejido empresarial innovador.
c) Presentar a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, en el sentido de incrementar el porcentaje de deducción sobre los gastos destinados a innovación tecnológica, equiparándolo al
porcentaje previsto para los gastos de actividades de investigación y desarrollo.
d) Reformar la normativa aplicable a fin de incluir como gasto deducible para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) los costes asociados a la tramitación y gestión para la obtención del Informe motivado (gastos de consultoría y
certificación).
e) Implementar las medidas necesarias para agilizar la tramitación de los expedientes de ayudas, estableciendo un plazo máximo de tres meses para resolver el procedimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2020.-Mireira Borrás Pabón, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2020.- P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000017
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Cuando tiene previsto el Gobierno presentar el 'Estudio Informativo del Proyecto línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo Madrid-Oropesa'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2020.-Carmen Riolobos Repadera, Diputada.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Diputado don Juan José Aizcorbe Torra, Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, don José Luis Escrivá Belmonte.
Texto:
¿Cuál es el alcance del traspaso de competencias del Estado español al Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca en lo relativo a la Seguridad Social y en qué medida afectará a los españoles y a su derecho a recibir un trato igual de la
Seguridad Social en todo el territorio español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2020.-Juan José Aizcorbe Torra, Diputado.
Comisión de Cultura y Deporte
181/000016
Grupo Parlamentario Plural.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura y Deporte.
Diputada doña Inés Sabanés Nadal.
Dirigida al Gobierno en la Comisión de Cultura y Deporte.
Texto:
¿Qué valoración hace el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio en relación a las memorias y propuestas preventivas o sancionadoras de la comisión estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autora, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, las preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a la Sra. Diputada preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Núm. expte.: 184/003301.
Núm. registro: 5987.
Autor iniciativa: Gázquez Collado, Paloma (GP).
Objeto iniciativa: Número de servicios de ancho métrico que han sido cancelados en Asturias y en el resto de Comunidades Autónomas, entre los años 2018 y 2019.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000019.
Núm. expte.: 184/003303.
Núm. registro: 5989.
Autor iniciativa: Gázquez Collado, Paloma (GP).
Objeto iniciativa: Índice de puntualidad que ha tenido el servicio de Cercanías en cada núcleo de Asturias en los años 2018 y 2019.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000020.
Núm. expte.: 184/003305.
Núm. registro: 5991.
Autor iniciativa: Gázquez Collado, Paloma (GP).
Objeto iniciativa: Actuaciones recogidas en el Plan de Choque de Cercanías en el Principado de Asturias, así como inversión y plazo para las mismas.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000021.
Núm. expte.: 184/003306.
Núm. registro: 5992.
Autor iniciativa: Gázquez Collado, Paloma (GP).
Objeto iniciativa: Estudios, anteproyectos, proyectos o informes elaborados dentro del denominado como Plan de Choque de las Cercanías en Asturias.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000022.
184/005888
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina para las Lenguas Oficiales.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, adscrito al Grupo Plural, formula las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para su respuesta escrita.
Con fecha de 19 de julio de 2007 el BOE publicaba el Real Decreto 905/ 2007, de 6 de julio, por el que se creaba el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina para las Lenguas Oficiales, y según el
cual, este Consejo tendría que ser el órgano colegiado interministerial encargado del desarrollo, análisis, impulso y coordinación técnica en la Administración General del Estado del uso de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas y
debería reunirse, cuando menos, una vez al año. Sin embargo, en el período 2014-2020 este Consejo solo se reunió una vez.
Es evidente que el Estado español no está adaptado a su realidad plurilingüe, sobre todo en lo referente a la Administración General del Estado y la Justicia, tal y como vienen señalando las principales entidades sociales de impulso,
normalización y defensa de las lenguas propias, y recordaron de nuevo el pasado 11 de febrero en un encuentro mantenido con los grupos parlamentarios del Congreso. Estas entidades mantienen reivindicaciones coincidentes con las recomendaciones del
Comité de Ministros del Consejo de Europa hechas públicas en diciembre de 2019, a saber:
- Eliminar las limitaciones para la enseñanza en otras lenguas oficiales en todos los niveles educativos.
- Corregir la ley, para asegurar el uso de las otras lenguas oficiales en los procedimientos judiciales si alguna de las partes lo solicita.
- Que la Administración del Estado utiliza las otras lenguas oficiales en sus respectivos territorios de implantación.
- Aumentar el uso de las otras lenguas oficiales en los servicios públicos.
- Hacer públicas las evaluaciones del uso de las otras lenguas oficiales en la educación.
Por este motivo, el conjunto de las entidades de defensa de las lenguas en el Estado solicitaron con fecha del 15 de enero un encuentro con la Ministra de Política Territorial y con el Ministro de Justicia, sin obtener hasta el momento
ninguna respuesta.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Piensa el gobierno cumplir el Real Decreto 905/2007 y reunir el Consejo de Lenguas Oficiales?
2. ¿Qué medidas adoptará la Administración General del Estado para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía de territorios con lengua propia?
3. ¿Piensa el Ministerio de Política Territorial y el Consejo de Lenguas contactar con las principales entidades sociales de las lenguas propias para conocer sus reclamaciones como hace el Comité de expertos de la Carta Europea de lenguas
regionales y minorizadas del Consejo de Europa?
4. ¿Piensa la Ministra de Política Territorial atender la solicitud de entrevistas con estas entidades?
5. ¿Piensa el Ministro de Justicia atender la solicitud de entrevista de estas entidades sociales de defensa de la lengua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.