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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 423, de 22/03/2022
cve: BOCG-14-D-423
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
22 de marzo de 2022
Núm. 423
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003901 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reiterar que Navarra constituye una Comunidad Foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible e integrada en la
nación española y no una nación vasca ... (Página6)
161/003907 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cumplimiento por parte del Gobierno de los mandatos emanados del Parlamento ... (Página7)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003913 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre seguimiento del cumplimiento de la Resolución 2381 (2021) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ... (Página8)
161/003914 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la figura de los permisos de residencia VIP (Visa de oro o 'Golden Visa') y las sanciones europeas por la invasión a Ucrania ...
161/003927 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre creación de una embajada digital española ... (Página11)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003897 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la publicación, en la página web del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de las resoluciones estimadas por el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como la información que, en virtud de las mismas, haya sido instada a remitir al solicitante de la misma ... (Página12)
161/003930 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a acometer una revisión sistemática de las Administraciones Públicas con el fin de evaluar las reformas necesarias para perfeccionar
nuestro sistema público en beneficio de los españoles ... (Página17)
Comisión de Interior
161/003895 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la publicación, en la página web del Ministerio del Interior, de las resoluciones
estimadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como la información que, en virtud de las mismas, haya sido instada a remitir al solicitante de la misma ... (Página21)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003893 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la recuperación de la estación de Atocha para los trenes de Alta Velocidad de Alicante ... (Página25)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003912 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la inclusión de las lenguas oficiales y lenguas propias del Estado en la oferta de las Escuelas
Oficiales de Idiomas ... (Página26)
161/003933 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un Plan de escolarización urgente de los refugiados procedentes de Ucrania ... (Página28)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003896 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la publicación, en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de las resoluciones estimadas por el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, así como la información que, en virtud de las mismas, haya sido instada a remitir al solicitante de la misma ... (Página30)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003902 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre actuaciones para la recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial de la Región de Murcia ...
161/003915 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción y ejecución urgente de medidas extraordinarias de apoyo al sector turístico español con la finalidad de aplacar las
consecuencias del impacto de la invasión rusa de Ucrania sobre la industria global de viajes y turismo ... (Página36)
161/003929 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al mantenimiento del empleo en ArcelorMittal ... (Página37)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003894 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al reconocimiento de los servicios financieros como un servicio básico y esencial para las personas mayores ... (Página38)
161/003910 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la extensión del permiso retributivo derivado del fallecimiento de un hijo a cualquier situación de pérdida de un hijo, incluida la gestacional ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003916 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre alerta rápida en salvamento marítimo ... (Página44)
161/003918 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a rechazar la Agenda 2030 por ser contraria al sector primario español ... (Página46)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003925 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre medidas para garantizar el acceso al gas para los consumidores vulnerables ... (Página48)
Comisión de Cultura y Deporte
161/003480 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre el fomento de la lectura.
Retirada ... (Página50)
161/003932 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Año Fuster, conmemoración del centenario del nacimiento del escritor valenciano ... (Página51)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/003900 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre medidas que garanticen el acceso a las cuentas de pago básicas a las personas que tienen derecho a
ellas ... (Página52)
161/003920 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre cuentas de pago básicas ... (Página55)
161/003926 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre creación de una embajada digital española ... (Página56)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003906 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a mejorar la atención de los pacientes con enfermedad renal crónica ... (Página57)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003898 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la publicación, en la página web del Ministerio de Universidades, de las resoluciones estimadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como
la información que, en virtud de las mismas, haya sido instada a remitir al solicitante de la misma ... (Página59)
161/003921 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar medidas para el sector aeroespacial en el marco de los fondos europeos NEXT GENERATION EU ... (Página63)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003928 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a erradicar la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el contexto de
la crisis climática ... (Página64)
Comisión de Igualdad
161/003909 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar medidas para eliminar la brecha de género en el ámbito empresarial ... (Página66)
161/003919 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas para eliminar la brecha de género en el medio rural ... (Página67)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/003899 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la creación de un plan de renovación del parque automovilístico español que implique una mejora de la seguridad vial ... (Página69)
Comisión de Política Territorial
161/003917 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a seguir promoviendo la descentralización institucional de la Administración General del Estado ... (Página73)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/001701 Pregunta formulada por los Diputados Macarena Olona Choclán (GVOX), Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre medidas del
Ministerio del Interior para frenar la avalancha de inmigración ilegal que está sufriendo Melilla ... (Página74)
181/001702 Pregunta formulada por los Diputados Macarena Olona Choclán (GVOX), Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre órdenes
dadas por el Teniente Coronel Antonio Sierra sobre el asalto de inmigrantes ilegales que se estaba produciendo en la valla fronteriza de Melilla mientras inauguraba en dicha ciudad unas jornadas sobre igualdad dirigidas a miembros de la Guardia
Civil el día 02/03/2022 ... (Página75)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000798 Pregunta formulada por el Diputado Odón Elorza González (GS), sobre actuaciones previstas sobre la renovación integral de las instalaciones de la estación de Herrera-Altza, situada en la ciudad de San Sebastián.
Retirada ... (Página75)
181/001681 Pregunta formulada por el Diputado Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre número de vehículos abandonados en los parkings de las estaciones de tren del Estado, así como procedimientos abiertos (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita 184/075313).
Retirada ... (Página75)
181/001682 Pregunta formulada por el Diputado Jon Iñarritu García (GEH Bildu), sobre número de vehículos abandonados en los parkings de los puertos del Estado, así como procedimientos que hay abiertos (procedente de la pregunta al Gobierno
con respuesta escrita 184/075314).
Retirada ... (Página75)
181/001703 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), sobre
balance de la puesta en marcha de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, en lo que afecta a las agencias de viaje ...
181/001704 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), sobre
medida en que afectará al sector turístico español y a su recuperación el conflicto armado entre Rusia y Ucrania ... (Página76)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001700 Pregunta formulada por la Diputada Ana Belén Vázquez Blanco (GP), sobre fecha prevista para ejecutar el proyecto del río Badella a su paso por Bande ... (Página76)
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001699 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre actuaciones y soluciones que ha puesto en marcha el Ministerio de Consumo para frenar y contrarrestar la escalada de la subida de precios al consumo en el
último año ... (Página77)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/003901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reiterar que Navarra constituye
una Comunidad Foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible e integrada en la nación española y no una nación vasca, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El próximo 17 de abril, Euskal Herria Bildu (EH Bildu), a través de su coordinador general Arnaldo Otegi, ha llamado a manifestarse en Navarra en torno a la festividad nacionalista del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca).
En declaraciones públicas realizadas para presentar dicha convocatoria, manifestó entre otras cosas que 'no hay más camino que el derecho de autodeterminación' y que Navarra forma parte de una nación vasca.
Desde EH Bildu se insistió además en que celebrar el Día de la Patria Vasca en Pamplona es 'una decisión natural' porque es la 'capital de la nación vascona', desde donde reivindican 'un proyecto nacional para el conjunto del país'.
Otegi aseguró que 'en estos 500 años de estrategias permanentes por hacer desaparecer este país, lo que podemos decir como el mejor resumen es que los vascos y las vascas en el conjunto de nuestros territorios hemos sido capaces de hacer un
milagro laico, que es hacer sobrevivir a este país, a la nación vascona, por encima de todas las estrategias que se han planteado por parte de los Estados para hacernos desaparecer'.
Y añadió: 'Nosotros seguimos insistiendo en la tesis de que no hay más camino que el del reconocimiento y el respeto a la plurinacionalidad del Estado español y al derecho de autodeterminación de sus pueblos. Todo lo demás será
infructuoso, no provocará ningún tipo de estabilidad'.
Navarra no es la capital de ninguna nación vasca y los planteamientos de EH Bildu son una quimera que no tienen ningún soporte constitucional.
EH Bildu no sólo defiende una república vasca independiente a la que anexionar Navarra, sino que ha justificado y justifica la búsqueda de la autodeterminación del País Vasco y de Navarra a través del asesinato de inocentes perpetrado por
ETA.
La izquierda abertzale siempre ha estado de todas las maneras posibles, en contra del actual sistema constitucional que los españoles nos dimos en 1978. Su posición no ha cambiado en la actualidad, pero lo que sí ha cambiado es la
influencia que ejerce como consecuencia de los pactos, en el Gobierno de
Navarra y en el Gobierno de España mientras defiende objetivos que van en contra de la Constitución y el ordenamiento jurídico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reiterar que Navarra constituye una Comunidad Foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible e integrada en la nación española y no una nación vasca.
2. Rechazar las exigencias de autodeterminación por ser contrarias a la Constitución Española.
3. Exigir al gobierno de España claridad y firmeza en la defensa de la Constitución sin cesiones a las exigencias nacionalistas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2022.-Ana María Beltrán Villalba, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Isabel María Borrego Cortés, Jaime Miguel Mateu Istúriz, María Jesús Moro Almaraz, Carmen Navarro Lacoba,
Adolfo Suárez Illana, Vicente Tirado Ochoa y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003907
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa al cumplimiento por parte del Gobierno de los mandatos emanados del Parlamento.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 2 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cumplimiento por parte del
Gobierno de los mandatos emanados del Parlamento para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La gestión opaca y carente de transparencia llevada a cabo por el Gobierno de Sánchez es evidente, actitud reprobada por instituciones y medios de comunicación internacionales que abochornan a cualquier español. No existe en nuestra
democracia antecedente alguno del total desprecio a las funciones de los
parlamentarios como la llevada a cabo por este Gobierno. Sus permanentes vulneraciones del Reglamento de la Cámara, la búsqueda permanente de mecanismos para forzar el Reglamento a su favor para eludir el control de los representantes de la
soberanía popular, los obstáculos permanentes para que los Diputados ejerzan su labor, la falta de transparencia y la pertinaz negativa a someterse a control parlamentario es la señal de identidad de su Gobierno.
El Gobierno se ha colocado en una posición de primacía sobre el Parlamento, pervirtiendo la separación de poderes que recoge nuestra Constitución y ha ignorado las obligaciones derivadas de las propuestas aprobadas por la Cámara.
De hecho, en lo que llevábamos de legislatura, más de 60 proposiciones de ley propuestas por el Grupo Parlamentario Popular, aprobadas por la Cámara, no se han cumplido por parte del Gobierno y no se conoce la motivación.
Esta situación ha sido denunciada por el Grupo Parlamentario Popular, y se han enviado escritos a los miembros del Gobierno solicitando información sobre el cumplimiento de nuestras iniciativas, así como se ha solicitado a los Presidentes de
las Comisiones que requieran informe al Gobierno.
Así mismo, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia del Ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ante la Comisión Constitucional, para que informe sobre el cumplimiento de las iniciativas
aprobadas.
Desde que el Sr. Sánchez es Presidente del Gobierno no ha habido Debate del Estado de la Nación, ignorando de nuevo al Parlamento, silenciando su papel, y todo ello teniendo en cuenta la importancia de ese Debate como balance público de la
situación política y como origen, a su vez, de nuevos mandatos parlamentarios, de cuyo cumplimiento se debería rendir cuenta posteriormente a la Cámara. Pues bien, cuando ese Debate se lleva a cabo que se debería celebrar de manera vigente, es
necesario establecer un control para el cumplimiento de las resoluciones derivadas del mismo.
El Grupo Parlamentario Popular reitera al Gobierno su obligación de cumplir con los mandatos emanados del Parlamento, y para ello, propone los términos en los que habría que hacerlo y presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir de forma efectiva los mandatos emanados de la voluntad mayoritaria de la Cámara, sea en forma de Proposiciones no de Ley, aprobadas en Pleno o en Comisión, mociones consecuencia de interpelación o, cuando tengan lugar,
resoluciones derivadas del Debate del Estado de la Nación, como condición imprescindible para garantizar la calidad de la Democracia y la legitimidad del Gobierno.
2. Comparecer en la Comisión Constitucional al inicio de cada período de sesiones, previa remisión del correspondiente informe, para informar sobre el grado de cumplimiento de las iniciativas que hayan contado con el apoyo de la Cámara en
el período de sesiones anterior al de su presentación. Dicho informe, en el que se dará cuenta de forma singularizada del cumplimiento de cada iniciativa aprobada en Pleno y Comisiones del Congreso, deberá ser accesible a todos los ciudadanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2022.-Ana María Beltrán Villalba, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Isabel María Borrego Cortés, Jaime Miguel Mateu Istúriz, María Jesús Moro Almaraz, Carmen Navarro Lacoba,
Adolfo Suárez Illana, Vicente Tirado Ochoa y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003913
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano.
Proposición no de Ley sobre seguimiento del cumplimiento de la Resolución 2381 (2021) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión y entendiendo que la previsión contenida en el punto 2 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Marta Rosique i Saltor, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre seguimiento del
cumplimiento de la Resolución 2381 (2021) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para su debate en la Comisión de en la Comisión de Asuntos exteriores.
Exposición de motivos
España es miembro de pleno derecho del Consejo de Europa desde el 24 de mayo de 1977.
Ser miembro implica formar parte de un sistema de garantía colectiva y firme compromiso con unos estándares mínimos de calidad democrática, respeto del estado de derecho y salvaguarda de los derechos humanos.
El artículo 3 del estatuto del Consejo de Europa (Londres, 1949) reconoce el principio del imperio del Derecho y el principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su Jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, y se compromete a colaborar sincera y activamente en la consecución de la finalidad definida en el capítulo primero.
España, como todos los miembros del Consejo de Europa, está sometida a distintos procedimientos de supervisión y de rendición de cuentas y coopera activamente con la Organización para la consecución de esas finalidades, habiendo firmado y
ratificado más de 134 tratados y convenciones.
En fecha 21 de junio de 2021, durante su 16.ª sesión, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) aprobó la Resolución 2381 (2021) 'Should politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate', dirigida a
las autoridades españolas y turcas.
La Resolución, en su parte expositiva, invita a todos los estados miembros a 'respetar la libertad de expresión y manifestación de políticos para así proteger el diálogo democrático'.
Continúa recordando que la Convención Europea de Derechos humanos y su jurisprudencia protegen la libertad de expresión de todos, 'incluso los pronunciamientos que puedan molestar o alarmar aquellos que no compartan las mismas ideas'.
En concreto y en referencia a España (parágrafos 10.1.1; 10.1.2 y 10.1.3 además del 10.3.1 a 10.3.7), la APCE invita a España a:
10.3.1 reformar los preceptos penales sobre rebelión y sedición de un modo que no se pueda interpretar una despenalización de la organización de un referéndum ilegal, intención del legislativo cuando abolió ese tipo en 2005, o pueda dar
lugar a sanciones desproporcionadas a transgresores no violentos;
10.3.2 considere perdonar o liberar de la cárcel a los políticos catalanes condenados por su participación en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017 y manifestaciones pacíficas masivas, y considere retirar los
procedimientos de extradición contra los políticos catalanes residiendo en el exterior y buscados por los mismos hechos;
10.3.3 retire los restantes procesos penales también a los oficiales involucrados con el referéndum de 2017 y abstenerse de sancionar los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que meramente expresan solidaridad con
aquellos en prisión;
10.3.4 asegurarse que el precepto penal sobre malversación de caudales públicos se aplique de un modo que la culpabilidad se determine una vez se hayan cuantificado las pérdidas para los presupuestos estatales;
10.3.5 abstenerse de pedir a los políticos catalanes que renieguen de sus convicciones y opiniones políticos a cambio de un régimen carcelario más favorable o opciones a un perdón; no obstante se les puede pedir que persigan sus objetivos
políticos de maneras legales;
10.3.6 entrar en un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas en Cataluña, incluidas las opuestas a la independencia, para así fortalecer la calidad de la democracia española bajo la autoridad del estado de derecho, buen
gobierno y total respeto a los derechos humanos, sin recurrir al derecho penal, pero cumpliendo con el orden constitucional para llegar a un compromiso que habilite a España, una democracia europea fuerte, a solucionar sus diferencias políticas,
incluso en temas sensibles;
10.3.7 implementar estas recomendaciones siguiendo los principios del estado derecho como se definen por el Consejo de Europa, prestando especial atención al principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
En ejercicio de la responsabilidad de la actividad de control del ejecutivo español, desde el Congreso debemos asegurarnos que el Gobierno da cumplimiento a la Resolución 2381 (2021).
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a:
1. Enviar un informe sobre el cumplimiento de la Resolución 2381 (2021) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
2. Comparecer mensualmente para informar sobre el cumplimiento de dicha Resolución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2022.-Marta Rosique i Saltor, Diputada.- Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/003914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Inés Sabanés e Íñigo Errejón, Diputados de Compromís y Más País Verdes Equo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la figura de los permisos de residencia VIP (Visa de oro o 'Golden Visa') y las sanciones europeas por la invasión a Ucrania para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Son múltiples las manifestaciones de condena y repulsa de la ciudadanía hacía la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Una invasión incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el resto de principios
del Derecho Internacional, que exige el cese inmediato de toda violencia y el restablecimiento de la paz.
El 28 de febrero, la Unión Europea aprobó un paquete de sanciones hacia individuos, entidades e instituciones de la Federación Rusa con el objetivo de propiciar la vuelta de Vladimir Putin, de su gobierno y de su entorno político hacia vías
diplomáticas en el marco de las instituciones internacionales.
Así mismo, el Parlamento Europeo aprobó el 1 de marzo una resolución exigiendo un endurecimiento de las sanciones, especialmente aquellas dirigidas hacia individuos concretos en Rusia y Bielorrusia, como por ejemplo los oligarcas y
dirigentes políticos próximos al poder. Dentro de esta petición de nuevas sanciones se reclama expresamente poner freno a los conocidos como 'visados de oro' o 'Golden visa', es decir, el acceso privilegiado a permisos de residencia por parte de
aquellas personas que realizan inversiones o que cuentan con un alto nivel de riqueza.
Esta figura está presente en diferentes estados europeos, entre ellos, España desde 2013. La Ley 14/2013 bajo la excusa de fomentar el emprendimiento, facilita los permisos de residencia a los extranjeros que, entre otras cosas, adquieran
bienes inmuebles en España por valor igual o superior a los 500.000 euros, o que cuenten con un millón de euros en depósitos bancarios en entidades financieras españolas, fondos de inversión o acciones o participaciones sociales de sociedades de
capital español.
En 2019 se concedieron un total de 8.061 de este tipo de 'Golden visa' en España entre los cuales destacan los individuos de nacionalidad rusa. Entre 2013 y 2019, los ciudadanos rusos lograron 806 visas oro, siendo la segunda nacionalidad
más beneficiada por detrás de China.
Algunas organizaciones no gubernamentales como Transparencia Internacional, han criticado esta figura por el riesgo que supone atraer capital procedente de la corrupción. Además, en 2018 señalaban que 'otorgar este tipo de visas conlleva
beneficiarse de unos plazos simplificados de tramitación, la cual cosa supone una diferencia inaceptable para las personas sin medios que se ven abocadas a acudir a la tramitación regular'.
Por todo esto, se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar inmediatamente el otorgamiento de nuevos permisos de residencia privilegiados (Golden Visa) a ciudadanos procedentes de la Federación Rusa y Bielorrusia.
2. Revisar las 'Golden Visa' otorgadas desde la entrada en vigor de esta figura para detectar posibles individuos que sean objetos de sanciones por parte de la Unión Europea.
3. Impulsar cambios normativos necesarios para eliminar esta figura garantizando la igualdad de condiciones de acceso a los permisos de residencia para todas las personas sin privilegios por aquellos con un alto poder adquisitivo o
patrimonio, y con especial atención al Capítulo II de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
4. Impulsar en el marco del Consejo Europeo una armonización de este tipo de permisos en todos los países de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2022.-Joan Baldoví Roda e Inés Sabanés Nadal, Diputados.-Iñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/003927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de una embajada digital española para su debate
en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La brutal invasión rusa de Ucrania nos ha hecho tener que repensar las coordenadas sobre las que se establece el orden internacional liberal. Durante muchos años hemos confiado, justamente, en la bondad de la interdependencia, las
instituciones internacionales y la progresiva extensión de los valores liberales y democráticos como remedio frente a las guerras entre estados. Sin embargo, igual que no podíamos ignorar la pervivencia de otros tipos de violencia, no podemos,
ahora, ignorar el peligro que representa este ataque, y la necesidad de dotarnos de las capacidades para defendernos.
Esta defensa no debe limitarse, exclusivamente, al dominio físico, sino que debe estar presente también en el reino de lo digital. Los ciberataques son una dimensión muy presente en los conflictos actuales, tal y como se ha demostrado en
las acciones realizadas por Rusia contra las infraestructuras digitales ucranianas, así como sus acciones previas contra los países en su periferia. La llamada 'guerra híbrida', con ciberataques, acciones militares convencionales y siembra de
desinformación, ha sido un elemento clave de las acciones del Kremlin, y debemos estar preparados para su continuación.
En este sentido, merece la pena aprender de las experiencias de aquellos países que han tenido que sufrir los ataques rusos desde hace más tiempo, y se han convertido en pioneros del desarrollo de capacidades digitales en todos los ámbitos.
Así, Estonia, tras el ciberataque sufrido en 2007, que hizo caer 58 páginas web, comenzó un proceso de mejora de sus defensas, así como los primeros pasos para una iniciativa pionera, que cristalizó en junio de 2017. En ese mes, firmaron un acuerdo
con Luxemburgo para el establecimiento de la primera embajada digital del mundo. Esto suponía el establecimiento de servidores de respaldo de datos en el otro país, con la máxima seguridad posible y con los mismos derechos que las embajadas
físicas, tales como la inmunidad. La existencia de esta embajada digital posibilitaría la continuidad del Estado, incluso frente a una invasión, y la protección de datos y archivos de inteligencia vitales ante la posible toma de los centros de
datos principales por parte del Kremlin.
Esta iniciativa pionera supone un interesante caso de estudio para el refuerzo de nuestras capacidades en materia de ciberseguridad. El desarrollo de tecnologías como blockchain puede resultar clave para mejorar la seguridad de estos
procesos, y, además, el establecimiento de estas embajadas digitales supone profundizar en el europeísmo y los acuerdos entre distintos gobiernos para garantizar la pervivencia de los valores democráticos y liberales europeos. El hecho de que la
guerra, ahora mismo, se sitúe en el Este de Europa, no debe alejarnos de nuestras responsabilidades. El orden liberal debe defenderse, y debemos estar listos para proteger los derechos y libertades de nuestros ciudadanos ante cualquier ataque,
tanto en el dominio físico como el digital, utilizando las mejores armas y experiencias a nuestro alcance.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar los trámites para el establecimiento de una embajada digital española en alguno de nuestros países aliados, de tal manera que se garantice la protección de datos de nuestros ciudadanos y la continuidad del mismo en caso de
ciberataque a gran escala.
2. Reforzar las capacidades defensivas en materia digital, bajo la coordinación del INCIBE, ante los ciberataques que está recibiendo nuestro país por parte de actores internacionales, tanto estatales como no estatales.
3. Aumentar los recursos destinados al Kit Digital para empresas, reforzando el componente de ciberseguridad para preparar a las empresas españolas, especialmente las PYMES, en materia de prevención, detección y resolución de ciberataques.
4. Establecer, junto a nuestros aliados de la Unión Europea y de la OTAN, una fuerza de respuesta rápida multinacional frente a ciberataques, siguiendo el ejemplo del Centro de Excelencia OTAN para la Ciberdefensa Cooperativa (CCDCOE, por
sus siglas en inglés).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Víctor González Coello de Portugal, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Rodrigo Jiménez Revuelta, don Juan Carlos Segura
Just, don Rubén Silvano Manso Olivar, don Pablo Juan Calvo Liste, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, don José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la publicación, en la página web del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de las resoluciones estimadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como la información que, en virtud de las mismas, haya sido instada a remitir al solicitante de la misma, para su
discusión en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, 'LTAIBG') tiene por objeto 'ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de
acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento' (artículo 1 LTAIBG).
El preámbulo de la LTAIBG transmite la necesidad de establecer como ejes de la acción política la 'transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno'. Asimismo, la norma reconoce la relevancia de facilitar el
escrutinio público de la toma de decisiones de los actores políticos con el fin de dar respuesta a una demanda social muy extendida a ambos lados del espectro ideológico: los españoles cada vez son más exigentes respecto al mantenimiento de unas
instituciones y responsables públicos ejemplares.
Igualmente, del preámbulo de la LTAIBG se puede extraer que, si España desea mantenerse en los puestos más elevados de los rankings internacionales en materia de transparencia y calidad democrática, se debe llevar a cabo una política de
evaluación continua de las carencias y posibles mejoras de nuestro sistema en tales áreas. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en la trampa del anquilosamiento y el conformismo que, en consecuencia, conllevarán la degradación de nuestras
instituciones y órganos.
Por el contrario, existe una probada vinculación en el sentido contrario de la que son ejemplo las naciones más avanzadas: la prosperidad económica y social están intrínsecamente relacionadas con las instituciones fuertes que se someten
periódicamente a aquellas reformas necesarias para perfeccionarlas.
De esta manera, con carácter general, es esencial continuar detectando y corrigiendo aquellas prácticas que obstaculizan los avances en relación con la transparencia, la calidad institucional y la rendición de cuentas por parte de los cargos
públicos para con los ciudadanos.
Segundo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El Título III de la LTAIBG crea y regula los fines, las funciones y demás características generales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ('CTBG'). El CTBG es una autoridad administrativa independiente del sector público
institucional estatal cuyos fines se centran en la promoción de la cultura de transparencia en las actividades de la Administración Pública, el control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, la garantía del derecho de acceso a la
información pública y la observancia de las disposiciones de buen gobierno, según se desprende del artículo 34.
Para la consecución de los fines indicados supra, tiene encomendadas las funciones contempladas en el artículo 38.1 de la LTAIBG, así como otras comprendidas a lo largo del texto legal. Entre ellas, destaca el control que ejerce el CTBG
respecto del cumplimiento por la Administración General del Estado ('AGE') de las obligaciones contenidas en el capítulo II de la LTAIBG, esto es, respecto de la publicidad activa.
Así, de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 9 de la LTAIBG, 'en ejercicio de la competencia prevista -control del cumplimiento publicidad activa- en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que
procedan'.
El artículo 24 de la LTAIBG, regula el procedimiento para las reclamaciones ante el CTBG, señalando lo siguiente:
'1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común [actual Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas].
Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar
afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez
se hayan notificado a los interesados.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.
6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo
con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley.'
De ello se desprende que las resoluciones son la traslación jurídica de la función de control que debe y tiene que ejercer el CTBG.
Tercero. Seguimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Así pues, aquellos interesados que hayan requerido de la AGE información comprendida en el capítulo II de la LTAIBG -información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica o económica, presupuestaria y
estadística- y no hayan recibido respuesta o si esta ha sido insuficiente, podrán interponer una reclamación ante el CTBG, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
El CTBG hace un seguimiento de todas las reclamaciones que le son presentados para, posteriormente, rendir cuentas a la ciudadanía sobre su actividad. A tal efecto, el CTBG lleva a cabo una serie de publicaciones, de datos, memorias e
informes anuales, comparados con los ejercicios anteriores. Las cifras globales de las diversas entradas en el CTBG se han incrementado casi todos los años desde su creación en el año 2015.
Así, el CTBG recibió, en sus primeros siete años de existencia (2015-2021) un total de 18.159 entradas, entre las que destacan 9.541 reclamaciones (52,5%), 7.222 informaciones al ciudadano (39,8%), 720 consultas sobre la aplicación de la Ley
(4%), 548 denuncias sobre su incumplimiento (3%) y 128 quejas y sugerencias (0,7%), según consta en su página web 1.
Respecto al conjunto de las reclamaciones (Administración General del Estado y Administraciones Territoriales 2), sólo en 2021 se recibieron un total de 2.245, lo que supuso un incremento del 31,75% respecto a 2020. Si se toma como
referencia los siete años de actividad del CTBG, el aumento del número de reclamaciones se eleva en un 334%.
1 https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Datos-actividades/Estadisticas2021
2 Ha de tenerse en consideración que el CTBG tiene asumidas las competencias de ciertas Comunidades Autónomas que han suscrito convenios de colaboración con este.
El número de reclamaciones resueltas por resoluciones estimatorias en 2021 referidas a la AGE y catalogadas por ministerio son:
Ministerio;N.º de resoluciones estimadas
Presidencia del Gobierno.;49
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.;4
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.;15
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.;17
Ministerio de Ciencia e Innovación.;3
Ministerio de Consumo.;1
Ministerio de Cultura y Deporte.;15
Ministerio de Defensa.;9
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.;8
Ministerio de Educación y Formación Profesional.;4
Ministerio de Hacienda y Función Pública.;24
Ministerio de Igualdad.;7
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.;13
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.;5
Ministerio de Justicia.;14
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.;15
Ministerio de Política Territorial.;7
Ministerio de Sanidad.;77
Ministerio;N.º de resoluciones estimadas
Ministerio de Trabajo y Economía Social.;17
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.;14
Ministerio de Universidades.;3
Ministerio del Interior.;72
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.;8
Fuente: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones-AGE/AGE-2021.html
De las reclamaciones estimadas interpuestas contra la AGE, sólo el 2,1% fueron recurridas por la AGE en vía jurisdiccional, no consta el cumplimiento de un 14,1% y han sido cumplidas un 80,8%.
Cuarto. Necesidad de publicidad activa.
Las resoluciones estimatorias del CTBG instan al organismo reclamado a que, en un plazo determinado, remita la información requerida por el reclamante, o parte de ella, al solicitante de dicha información. De esta forma, sólo tiene acceso a
la información demandada quien haya formulado la reclamación ante el CTBG, no haciéndose pública por el organismo concreto de la AGE para terceros.
Esta circunstancia no tiene sentido. Si el CTBG ha estimado la reclamación y la AGE no ha impugnado la misma, dándole debido cumplimiento, se pueden extraer dos conclusiones:
- Que el CTBG ha entendido y fundamentado jurídicamente que la información solicitada efectivamente reviste de interés público y, en consecuencia, debe hacérsele llegar al interesado.
- Que la AGE lo ha entendido en los mismos términos y, por tanto, ha accedido a dar traslado de dicha información.
Y, huelga decir, que si un ciudadano tiene derecho a conocer determinada información pública, los demás conciudadanos también lo tienen.
Por cuanto antecede, en virtud del criterio rector de sometimiento pleno a la ley y al Derecho con que debe actuar la Administración Pública (artículo 103.1 CE) y del principio de publicidad activa (artículo 5 LTAIBG), la AGE debería estar
obligada a publicar, en la respectiva página web del órgano compelido, la información cuyo conocimiento haya sido reputado relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación
pública.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que haga públicas, en la página web del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, todas las resoluciones estimadas por el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno frente al ministerio del ramo, así como la información que, en virtud de las mismas, haya sido instada a remitir al solicitante de la misma, con el fin de facilitar a los interesados el acceso a la información que se haya reputado relevante
para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2022.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Juan Carlos Segura Just, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Juan Calvo Liste,
Rodrigo Jiménez Revuelta, Inés María Cañizares Pacheco, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Silvano Manso Olivar, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Víctor González Coello de Portugal, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Rodrigo Jiménez Revuelta, don Juan Carlos Segura Just, don Rubén Silvano Manso Olivar, don Pablo
Juan Calvo Liste, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a acometer una revisión sistemática de las Administraciones Públicas con el fin de evaluar las reformas
necesarias para perfeccionar nuestro sistema público en beneficio de los españoles, para su discusión en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. El proceso de desconcentración de las nuevas sedes de entidades del sector público estatal anunciado por el Gobierno.
Según el Diccionario Panhispánico del español jurídico, el término 'desconcentración' responde a '[La] [D]istribución del poder o de las competencias de modo que se ejerzan por órganos distintos, pero dependientes de su titular' 3.
De esta manera, y con base en el artículo 103.1 de la Constitución Española ('CE') 4, el Gobierno anunció, el pasado 1 de febrero de 2022, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, la aprobación de los pilares sobre los
que se sostendrá el novedoso proceso de desconcentración de las nuevas sedes de las entidades del sector público estatal. Asimismo, el Ejecutivo se amparó en los principios generales del artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, a los que añadió los de adecuación al sector de actividad, vertebración y equilibrio territorial, inéditos hasta ahora en el ordenamiento jurídico español referido al régimen jurídico del sector público.
3 https://dpej.rae.es/lema/desconcentraci%C3%B3n
4 Artículo 103.1 de la Constitución Española: 'La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho'.
El acuerdo, aprobado a propuesta de la ministra de Política Territorial, doña Isabel Rodríguez García, surge de la necesidad, a juicio del Gobierno, de reforzar el papel del Estado y el sector público como eje vertebrador del territorio
nacional y, como fin secundario, promover la igualdad de oportunidades y la participación de los españoles en la toma de decisiones públicas.
Igualmente, cabe recordar, a fin de lograr una visión más completa de los motivos del Gobierno para lanzar esta propuesta, las habituales declaraciones en los últimos tiempos de miembros del Ejecutivo nacional 5 y presidentes regionales 6
sobre el presunto 'efecto capitalidad' de la Comunidad de Madrid. Así, desde su punto de vista, la ciudad de Madrid y sus aledaños llevarían beneficiándose años de su posición privilegiada en la localización de las sedes de entidades de la
Administración General del Estado ('AGE') en términos económicos y financieros y, por ende, ahondaría en el fenómeno 'aspiradora' que ejerce la capital de nuestra Patria sobre el resto de localidades, provincias y regiones, especialmente las
limítrofes.
Un efecto 'capitalidad' que, al contrario de lo que sostienen dichos responsables públicos, no se ajusta a la realidad:
'si alguna vez pudo existir un efecto capitalidad, tendría que haberse producido hace más de dos décadas, cuando el peso del sector público estatal más empresas públicas era sustancialmente más alto sobre el PIB de Madrid. Y sin embargo, la
economía de Madrid cuando más ha crecido ha sido cuando el peso sobre el PIB de las instituciones públicas ha ido bajando' 7.
De esta manera, el anuncio de la próxima promulgación de un real decreto de desarrollo del procedimiento para la selección de las nuevas sedes de entidades del sector público estatal nace bajo la sombra de una duda: si es este un proceso de
alcance nacional que busca, con base en el bien común de España y al servicio de los españoles, hacer frente a la falta de presencia del Estado en las provincias y regiones españolas, especialmente aquellas rehenes de los separatismos vasco y
catalán, así como hacer frente al reto de la España silenciada, o bien una acción política de cariz partidista cuyo objetivo no es otro que torpedear a la capital de la Nación por motivos de mera táctica política.
Segundo. Los aspectos centrales del procedimiento de desconcentración.
El procedimiento para determinar las sedes de las nuevas entidades del sector público, de acuerdo con los detalles anunciados por el Gobierno, seguirá un cauce político-administrativo consistente en los siguientes aspectos 8:
1. Constitución de una Comisión consultiva, presidida por el titular del Ministerio de Política Territorial, con el fin de apoyar al Consejo de Ministros en el procedimiento de selección de la ubicación de las nuevas sedes de entidades del
sector público estatal mediante, principalmente, la aprobación de un informe donde dará cuenta de las distintas alternativas y que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
2. Inicio, incoación y finalización del procedimiento por el Consejo de Ministros.
3. Posibilidad de presentar candidatura por cualquier entidad territorial (regiones, diputaciones provinciales, ayuntamientos, cabildos y consejos insulares).
4. Criterios a tener en cuenta en el procedimiento: tasa de desempleo, vinculación con el ámbito de actuación de la entidad, estado del mercado de vivienda o número de instituciones públicas estatales sitos en la región.
De esta manera, el procedimiento se caracteriza, paradójicamente, por una centralización de la toma de decisión en el ámbito del Consejo de Ministros. Asimismo, a priori, carece de suficientes garantías de transparencia y seguridad jurídica
que preserve de posibles maquinaciones ilícitas.
No debe causar asombro alguno la alta probabilidad de intoxicación política en este procedimiento: quien incoa y finaliza las actuaciones para la selección de la localización de la sede es el Consejo de Ministros. Este es el órgano
colegiado superior del Gobierno de la Nación al que corresponde la dirección
5 https://www.elindependiente.com/espana/2021/10/18/sanchez-utiIiza-el-castigo-a-madrid-como-bandera-politica/
6 https://elpais.com/espana/2021-07-21/ximo-puig-reclama-una-compensacion-economica-del-efecto-capitalidad-de-madrid-al-resto-de-espana.html
7 https://www.elespanol.com/porfoIio/actualidad/202111Q9/chiringuito-fiscal-milagro-madrid-empezo-tuneladoras-aviones/1002488831093, 33.html
8 http://www.mptfp.es/dam/es/portal/prensa/notas_de_prensa/notas/2022/02/20220201_CM_DESCONCENTRACIQN.pdf
política y administrativa del Estado 9 y cuyo cariz político puede influir negativamente (nepotismo, arbitrariedad, abusos, etc.) en la toma de la decisión definitiva por un acuerdo inmotivado, a pesar de contar con la asistencia de una
comisión consultiva que, se presume, debería tener carácter estrictamente técnico. Estas sospechas se vuelven más sólidas aún si se tienen en cuenta las declaraciones meritadas anteriormente del presidente del Gobierno contra Madrid en relación con
este presunto efecto 'capitalidad' 10.
Asimismo, los criterios a partir de los cuales se adoptará el acuerdo del Consejo de Ministros resultan insuficientes, poco claros y, como se ha visto en el párrafo inmediatamente anterior, tan vagos que el Gobierno dispondría de manos
libres para designar uno u otro municipio con base en razones puramente políticas en detrimento del bien común de los españoles. De hecho, no se hace referencia alguna a la España silenciada, por ejemplo, como criterio a la hora de determinar una
sede, así como una perspectiva de familia para estudiar qué zonas de España necesitan con más urgencia población joven para revigorizar esos territorios.
De esta manera, es legítima y necesaria, no sólo la crítica al procedimiento, sino la duda, más que razonable, sobre los criterios de determinación de las sedes, cuando los acontecimientos más recientes indican que el fin de esta iniciativa
no tiene base en principios e ideales a favor de España como son el bienestar y prosperidad de los españoles, de las familias y de las empresas, así como la cultura del ahorro y la responsabilidad presupuestaria en oposición al despilfarro del
erario.
Tercero. Una necesaria auditoría para conocer y analizar el estado de las entidades del sector público.
El anuncio del Gobierno merece una reflexión profunda sobre la actual situación de las Administraciones Públicas. La propuesta de un procedimiento para determinar el lugar de las sedes de nuevas entidades del sector público estatal exige el
planteamiento de una cuestión previa sobre el crecimiento elefantiásico de las Administraciones Públicas, particularmente en el ámbito regional desde el inicio del llamado 'Estado de las Autonomías' a comienzos de los años 80.
Así, iniciativas como el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), iniciado su estudio y redacción en octubre de 2012 y publicado en junio de 2013, es un ejemplo de pormenorizada radiografía del
funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas, con especial énfasis en la AGE, para avanzar en términos de mejora de su organización y funcionamiento.
Un proyecto similar al anterior, aunque más ambicioso y completo, es preciso actualmente para España y los españoles: abordar un análisis en profundidad de la actual situación de las Administraciones Públicas, en general (con especial
hincapié en el ineficiente sistema autonómico).
El objetivo debería ser doble: (i) señalar aquellos organismos públicos 11 inútiles e innecesarios para cumplir con el deber de servicio de las Administraciones Públicas a los españoles, respetando el principio de subsidiariedad 12, y (ii)
conocer qué carencias e insuficiencias tiene nuestro sistema público con el ánimo de suplirlos en beneficio de España y los españoles.
Asimismo, un ejercicio de estas características puede ofrecer una oportunidad de detección de aquellas prácticas y métodos virtuosos y eficaces en las Administraciones Públicas. Su extensión al resto de órganos superiores y directivos
podría coadyuvar a cambiar hábitos y trabajos administrativos poco productivos, a fin de propiciar una perfección de los servicios públicos en pro de los españoles.
9 Artículo 97 de la Constitución Española: 'El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la
Constitución y las leyes'.
10 https://www.libremercado.com/2021-1 0-15/descapitalizar-madrid-mitos-efecto-capitalidad-pedro-sanchez-6827744/
11 De conformidad con el artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, integran el sector público institucional estatal los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General
del Estado (organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales), las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones del sector público, los fondos sin
personalidad jurídica y las universidades públicas no transferidas.
12 Aranguren, J. (2022), Sociales o salvajes. Cuatro visiones de una realidad, Madrid, Ediciones Rialp, págs. 278-279: 'En este principio predomina de nuevo el respeto a la libertad, a la creatividad, de las personas. El Estado corre el
riesgo de agigantarse, de querer controlar y legislarlo todo (...) El principio de subsidiariedad defiende la tutela de las iniciativas y pone a la entidad superior (por ejemplo, el Estado) como ayuda, punto de apoyo y promotor de las entidades
menores'.
En este sentido, el dictamen jurídico, minucioso e independiente del Consejo de Estado, como 'supremo órgano consultivo del Gobierno' (artículo 107 de la Constitución Española) y 'de las Administraciones públicas' (Sentencia del Tribunal
Constitucional 204/1992, FJ 2), puede resultar particularmente útil en este proceso de revisión sistemática del organigrama de nuestro sector público. El artículo 25 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado señala 10
siguiente:
'El Consejo de Estado, sea en Pleno o en Comisión Permanente, puede ser oído en cualquier asunto en que, sin ser obligatoria la consulta, el Presidente del Gobierno o cualquier Ministro lo estime conveniente.'
A tal efecto, el Consejo de Estado ha de basarse en la información de la que disponga la Intervención General de la Administración del Estado ('IGAE'), como centro directivo y gestor de la contabilidad pública con plena autonomía. A este
órgano corresponde, entre otras facultades, 'inspeccionar la actividad de las oficinas de contabilidad de las entidades del sector público estatal sujetas a los principios contables públicos', 'gestionar la contabilidad de la Administración General
del Estado' o 'centralizar la información contable de las distintas entidades integrantes del sector público estatal' (artículo 125 y Título VI de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria).
En el mismo sentido, el apartado 2.1.3 de las Normas de Auditoría del Sector Público de 1998 13 señala que el control financiero de la IGAE 'tiene por objeto comprobar la situación y el funcionamiento de los Servicios y Organismos autónomos,
Sociedades estatales y demás Entes públicos estatales, cualquiera que sea su denominación y forma jurídica, en los aspectos económico-financieros para verificar que se acomodan a la regularidad y a los principios de buena gestión financiera, y que
son conformes a las disposiciones y directrices que las rigen, así como la verificación de la eficacia y eficiencia'.
Por todo ello, antes de avanzar en el desarrollo de un procedimiento de selección de las sedes de nuevas entidades del sector público estatal, el Gobierno debería acometer un examen detallado de las Administraciones Públicas, en general, así
como un estudio para:
I. contar con toda la información existente;
II. identificar los organismos públicos inútiles e innecesarios;
III. valorar a qué carencias se enfrenta nuestro sistema público para responder óptimamente a su deber de servicio, y
IV. considerar las medidas adecuadas para avanzar hacia la máxima de nuestras Administraciones Públicas: servir a los españoles.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Acometer, con carácter urgente, una revisión sistemática y minuciosa de las Administraciones Públicas, con objeto de enumerar aquellos organismos públicos ineficientes e innecesarios para cumplir con el fin de servicio público a los
españoles.
2. Identificar las carencias existentes en nuestras Administraciones Públicas, especialmente en el ámbito nacional, bajo el prisma del uso responsable del dinero de los contribuyentes.
3. Someter a consulta del Consejo de Estado el procedimiento de selección de la sede de nuevas entidades del sector público estatal, de conformidad con el artículo veinticuatro Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
4. Instar al Consejo de Estado a elaborar un estudio pormenorizado del actual estado de las Administraciones Públicas para registrar, bajo su criterio jurídico e independiente, qué organismos públicos son ineficientes e innecesarios en su
función de servicio a la sociedad española.
5. Modificar las directrices adoptadas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2022, a fin de que en el real decreto de desarrollo del procedimiento para la designación de la sede de la entidad pública estatal de nueva
creación, aún pendiente de publicación, se retire la potestad del Consejo de Ministros en la incoación y cierre del proceso para ceder dicha facultad a un órgano
13 https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/CFPyAP/Documents/Norma de Auditoria.pdf
estrictamente técnico, con el objeto de garantizar la independencia y la objetividad del trámite administrativo y evitar, así, posibles injerencias políticas y partidistas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2022.-José María Figaredo Álvarez-Salas, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Juan Carlos Segura Just, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Juan Calvo Liste,
Rodrigo Jiménez Revuelta, Inés María Cañizares Pacheco, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Silvano Manso Olivar, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Interior
161/003895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Víctor González Coello de Portugal, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Rodrigo Jiménez Revuelta, don Juan Carlos Segura Just, don Rubén Silvano Manso Olivar, don Pablo
Juan Calvo Liste, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la publicación, en la página web del Ministerio de Interior, de las resoluciones estimadas por el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, así como la información que, en virtud de las mismas, haya sido instada a remitir al solicitante de la misma, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, 'LTAIBG') tiene por objeto 'ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de
acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento' (artículo 1 LTAIBG).
El preámbulo de la LTAIBG transmite la necesidad de establecer como ejes de la acción política la 'transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno'. Asimismo, la norma reconoce la relevancia de facilitar el
escrutinio público de la toma de decisiones de los actores políticos con el fin de dar respuesta a una demanda social muy extendida a ambos lados del espectro ideológico: los españoles cada vez son más exigentes respecto al mantenimiento de unas
instituciones y responsables públicos ejemplares.
Igualmente, del preámbulo de la LTAIBG se puede extraer que, si España desea mantenerse en los puestos más elevados de los rankings internacionales en materia de transparencia y calidad democrática, se debe llevar a cabo una política de
evaluación continua de las carencias y posibles mejoras de nuestro sistema en tales áreas. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en la trampa del anquilosamiento y el conformismo que, en consecuencia, conllevarán la degradación de nuestras
instituciones y órganos.
Por el contrario, existe una probada vinculación en el sentido contrario de la que son ejemplo las naciones más avanzadas: la prosperidad económica y social están intrínsecamente relacionadas con las instituciones fuertes que se someten
periódicamente a aquellas reformas necesarias para perfeccionarlas.
De esta manera, con carácter general, es esencial continuar detectando y corrigiendo aquellas prácticas que obstaculizan los avances en relación con la transparencia, la calidad institucional y la rendición de cuentas por parte de los cargos
públicos para con los ciudadanos.
Segundo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El Título III de la LTAIBG crea y regula los fines, las funciones y demás características generales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ('CTBG'). El CTBG es una autoridad administrativa independiente del sector público
institucional estatal cuyos fines se centran en la promoción de la cultura de transparencia en las actividades de la Administración Pública, el control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, la garantía del derecho de acceso a la
información pública y la observancia de las disposiciones de buen gobierno, según se desprende del artículo 34.
Para la consecución de los fines indicados supra, tiene encomendadas las funciones contempladas en el artículo 38.1 de la LTAIBG, así como otras comprendidas a lo largo del texto legal. Entre ellas, destaca el control que ejerce el CTBG
respecto del cumplimiento por la Administración General del Estado ('AGE') de las obligaciones contenidas en el capítulo II de la LTAIBG, esto es, respecto de la publicidad activa.
Así, de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 9 de la LTAIBG, 'en ejercicio de la competencia prevista -control del cumplimiento publicidad activa- en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que
procedan'.
El artículo 24 de la LTAIBG, regula el procedimiento para las reclamaciones ante el CTBG, señalando lo siguiente:
'1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común [actual Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas].
Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar
afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez
se hayan notificado a los interesados.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.
6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo
con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley.'
De ello se desprende que las resoluciones son la traslación jurídica de la función de control que debe y tiene que ejercer el CTBG.
Tercero. Seguimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Así pues, aquellos interesados que hayan requerido de la AGE información comprendida en el capítulo II de la LTAIBG -información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica o económica, presupuestaria y
estadística- y no hayan recibido respuesta o si esta ha sido insuficiente, podrán interponer una reclamación ante el CTBG, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
El CTBG hace un seguimiento de todas las reclamaciones que le son presentados para, posteriormente, rendir cuentas a la ciudadanía sobre su actividad. A tal efecto, el CTBG lleva a cabo una serie de
publicaciones, de datos, memorias e informes anuales, comparados con los ejercicios anteriores. Las cifras globales de las diversas entradas en el CTBG se han incrementado casi todos los años desde su creación en el año 2015.
Así, el CTBG recibió, en sus primeros siete años de existencia (2015-2021) un total de 18.159 entradas, entre las que destacan 9.541 reclamaciones (52,5%), 7.222 informaciones al ciudadano (39,8%), 720 consultas sobre la aplicación de la Ley
(4%), 548 denuncias sobre su incumplimiento (3%) y 128 quejas y sugerencias (0,7%), según consta en su página web 14.
Respecto al conjunto de las reclamaciones (Administración General del Estado y Administraciones Territoriales 15), sólo en 2021 se recibieron un total de 2.245, lo que supuso un incremento del 31,75% respecto a 2020. Si se toma como
referencia los siete años de actividad del CTBG, el aumento del número de reclamaciones se eleva en un 334%.
El número de reclamaciones resueltas por resoluciones estimatorias en 2021 referidas a la AGE y catalogadas por ministerio son:
Ministerio;N.º de resoluciones estimadas
Presidencia del Gobierno.;49
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.;4
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.;15
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.;17
Ministerio de Ciencia e Innovación.;3
Ministerio de Consumo.;1
Ministerio de Cultura y Deporte.;15
Ministerio de Defensa.;9
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.;8
14 https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Datos-actividades/Estadisticas2021.html
15 Ha de tenerse en consideración que el CTBG tiene asumidas las competencias de ciertas Comunidades Autónomas que han suscrito convenios de colaboración con este.
Ministerio;N.º de resoluciones estimadas
Ministerio de Educación y Formación Profesional.;4
Ministerio de Hacienda y Función Pública.;24
Ministerio de Igualdad.;7
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.;13
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.;5
Ministerio de Justicia.;14
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.;15
Ministerio de Política Territorial.;7
Ministerio de Sanidad.;77
Ministerio de Trabajo y Economía Social.;17
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.;14
Ministerio de Universidades.;3
Ministerio del Interior.;72
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.;8
Fuente: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones-AGE/AGE-2021.html
De las reclamaciones estimadas interpuestas contra la AGE, sólo el 2,1% fueron recurridas por la AGE en vía jurisdiccional, no consta el cumplimiento de un 14,1% y han sido cumplidas un 80,8%.
Cuarto. Necesidad de publicidad activa.
Las resoluciones estimatorias del CTBG instan al organismo reclamado a que, en un plazo determinado, remita la información requerida por el reclamante, o parte de ella, al solicitante de dicha información. De esta forma, sólo tiene acceso a
la información demandada quien haya formulado la reclamación ante el CTBG, no haciéndose pública por el organismo concreto de la AGE para terceros.
Esta circunstancia no tiene sentido. Si el CTBG ha estimado la reclamación y la AGE no ha impugnado la misma, dándole debido cumplimiento, se pueden extraer dos conclusiones:
- Que el CTBG ha entendido y fundamentado jurídicamente que la información solicitada efectivamente reviste de interés público y, en consecuencia, debe hacérsele llegar al interesado.
- Que la AGE lo ha entendido en los mismos términos y, por tanto, ha accedido a dar traslado de dicha información.
Y, huelga decir, que si un ciudadano tiene derecho a conocer determinada información pública, los demás conciudadanos también lo tienen.
Por cuanto antecede, en virtud del criterio rector de sometimiento pleno a la ley y al Derecho con que debe actuar la Administración Pública (artículo 103.1 CE) y del principio de publicidad activa (artículo 5 LTAIBG), la AGE debería estar
obligada a publicar, en la respectiva página web del órgano compelido, la información cuyo conocimiento haya sido reputado relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación
pública.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que haga públicas, en la página web del Ministerio del Interior, todas las resoluciones estimadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente al ministerio del ramo, así como la
información que, en virtud de las mismas, haya sido instada a remitir al solicitante de la misma, con el fin de facilitar a los interesados el acceso a la información que se haya reputado relevante para garantizar la transparencia de su actividad
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2022.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Juan Carlos Segura Just, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Juan Calvo Liste,
Rodrigo Jiménez Revuelta, Inés María Cañizares Pacheco, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Silvano Manso Olivar, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación de la estación
de Atocha para los trenes de alta velocidad de Alicante, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha decidido trasladar a la estación de Chamartín toda la operativa de los trenes que conectan Alicante, Elche y Orihuela con Madrid (AVE) y con el resto de España (Alvia), que
hasta la fecha se efectuaba en la céntrica estación de Atocha.
Esta decisión perjudica y discrimina a los dos millones de usuarios anuales de dichos trenes, ya que no sólo aumentará en unos 15 minutos el tiempo de viaje con Alicante, sino que estos usuarios se verán
obligados al llegar a la estación de Chamartín o bien a perder otros 30 minutos en regresar al centro con transporte urbano, con su correspondiente coste adicional, es decir, perder 45 minutos en total, o caminar durante casi hora y media,
perdiendo casi dos horas en total, para acercarse al entorno de la Puerta del Sol, que es donde se concentra la gran mayoría de la actividad en la capital.
No nos encontraríamos ante esta circunstancia si el Gobierno de Sánchez no hubiera paralizado la inversión de 423 millones de euros anunciada en marzo de 2018 para ampliar la estación de Puerta de Atocha.
Los trenes de Cercanías padecen una reducción histórica en la Comunitat Valenciana, y el plan de choque anunciado por la ministra Raquel Sánchez en enero tan solo ha servido para convertir en permanente la supresión temporal de servicios con
motivo de la Navidad. En la Comunitat Valenciana hemos bajado de 347 trenes diarios a principio de 2018 a 272 programados oficialmente, y si adicionamos las supresiones diarias y las reducciones en media distancia, cada día prestan sus servicios
unos 100 trenes diarios menos de los que había antes del cambio de Gobierno. Todo ello supone un enorme perjuicio para los ciudadanos, pero también económico, ambiental -se usa más el vehículo privado-, turístico... y sanitario, pues en tiempo de
pandemia no resulta de recibo el hacinamiento diario que sufren los usuarios.
El Gobierno discrimina a la Comunitat Valenciana con los trenes de Cercanías y la financiación, pero en el caso de la provincia de Alicante esta discriminación se convierte en ensañamiento. Ya lo hemos podido comprobar en los recientemente
aprobados presupuestos de 2022, donde Alicante es la provincia 50 de 50 en nivel de inversión, además de recortar el agua a sus agricultores. Y ahora se margina de nuevo a los alicantinos desplazando su céntrica estación natural de alta velocidad
al norte de Madrid.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener la estación de Atocha como lugar donde realizar toda la operativa de los trenes que conectan Alicante, Elche, Orihuela y el resto de la Comunidad con Madrid (AVE) y con el resto de España (Alvia), anulando la decisión del ente
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) de traslado a la estación de Chamartín.
2. Recuperar el centenar de frecuencias suprimidas en la Comunitat Valenciana, tanto en Cercanías, como en media distancia -especialmente, Villena y Vinarós- y larga distancia, respecto a las existentes en 2018.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2022.-Macarena Montesinos de Miguel, César Sánchez Pérez, Agustín Almodóbar Barceló, Vicente Betoret Coll, Óscar Gamazo Micó, Belén Hoyo Juliá, Luis Santamaría Ruiz y Óscar Clavell López,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la inclusión de las lenguas
oficiales y lenguas propias del Estado en la oferta de las Escuelas Oficiales de Idiomas, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional correspondientes al curso 2018-2019, existen en el territorio del Estado 449 Escuelas Oficiales de Idiomas, contando las distintas extensiones y secciones de las mismas. Para
ese curso se habían producido en ellas un total de 250.902 matriculaciones en inglés, unas 53.000 en francés y más de 32.000 alumnos y alumnas matriculadas en alemán. De todo ese cómputo global de Escuelas Oficiales de Idiomas, solo trece de ellas
ofrecen catalán, gallego y euskera fuera de los territorios en los que se hablan, según datos recogidos por la Cadena SER en una información del pasado mes de enero. Seis de estos centros están ubicados en lugares fronterizos con los territorios
donde se hablan; es decir, en Aragón, en Castilla y León y en la zona no vascófona de Navarra. Hay que tener en cuenta que las matriculaciones no son bajas: se contabilizaron 8.522 alumnas y alumnos en euskera, la lengua oficial distinta al
castellano con mayor número de estudiantes. La EOI Fernando Lázaro Carreter de Zaragoza cuenta con curso básico y medio de catalán, por ejemplo, y en palabras de su director, Iñaki Campos, hace 16 años que se implantó esta lengua en las enseñanzas
y la demanda se ha mantenido más o menos estable. En el caso de la EOI de Miranda de Ebro, ya hace 30 años que enseñan euskera, y tienen unos ochenta alumnos matriculados. Madrid cuenta en una de sus EOI con un caso único en España: ofrecen los
tres idiomas oficiales distintos al castellano y en todos sus niveles, y su directora, María Loreto Florián, destacó en una entrevista que la demanda de gallego se mantiene estable, y crece en el caso del catalán y el euskera. De igual modo ocurre
en las comunidades con lengua oficial distinta al castellano en cuanto al aprendizaje de otras lenguas oficiales. En Cataluña, por ejemplo, solo la EOI de Drassanes ofrece el euskera, y en Valencia hay tres escuelas oficiales de idiomas que cuentan
con esta oferta.
La motivación para aprender otras lenguas oficiales y propias del Estado distintas al castellano puede venir determinada, en mayor o menor medida, por causas de enriquecimiento cultural y sensibilidad hacia otros territorios, por un lado, o
por causas surgidas por la movilidad laboral.
En cuanto al primer factor, cabe recordar lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española en su apartado tercero: 'La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de
especial respeto y protección'. Es de suponer que ese patrimonio no se ciñe solo al territorio con más de una lengua y que el respeto y la protección también implica la opción de aprendizaje fuera de las fronteras territoriales. Esa sensibilidad
queda reflejada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que establece que 'las escuelas oficiales de idiomas fomentarán especialmente el estudio de las lenguas oficiales de los Estados miembros de la Unión Europea, de las lenguas
cooficiales existentes en España y del español como lengua extranjera. Asimismo, se facilitará el estudio de otras lenguas que por razones culturales, sociales o económicas presenten un interés especial' (art. 60).
Si solo doce escuelas en toda España ofrecen el aprendizaje de lenguas oficiales distintas al castellano sin pertenecer a un territorio con la doble oficialidad, el fomento de ellas no queda bien reflejado en la realidad, aunque lo dicte una
ley. Lo mismo puede decirse del estudio de otras lenguas con interés cultural y social y reconocidas como lenguas propias de sus comunidades autónomas de acuerdo con los respectivos estatutos de autonomía, marco en el que caben, hasta que se logre
su oficialidad, el asturiano o el aragonés.
Más allá del aprendizaje de otra lengua oficial por placer, sensibilidad o inquietud cultural, la movilidad en cuanto a la ocupación laboral también puede ser un factor determinante para la demanda de aprendizaje. Si bien es cierto que el
31,8% de los ocupados no ha cambiado de municipio de residencia desde su nacimiento, existe un 14,2% que se ha movilizado a otra comunidad autónoma en 2020, según muestra la Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica del año 2020 del INE. En
cuanto a los desocupados, la cifra es similar (15,5%). La importancia de conocer las lenguas oficiales resulta, por tanto, muy interesante también a nivel laboral.
España es un estado plurinacional y por tanto rico en su diversidad cultural. Ello también debe quedar reflejado en el fomento de la difusión y el aprendizaje de sus lenguas no solo en los lugares donde se hablan, sino también en el resto
del territorio. El acercamiento a otras realidades culturales conlleva una garantía de empatía y riqueza que los ciudadanos y ciudadanas sabemos valorar, y debe quedar reflejada, también, en el acceso al aprendizaje de todas las lenguas de nuestro
país, ya sean oficiales o propias.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover, previo acuerdo con las Administraciones educativas, el acceso al aprendizaje de las lenguas oficiales a través de la oferta garantizada en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
2. En el caso de las lenguas propias diferentes del castellano y previo acuerdo con las administraciones educativas, abrir la matriculación en las EOI y garantizar los cursos en función de un número mínimo de alumnado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2022.-Joan Mena Arca y Sofía Fernández Castañón, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a un Plan de escolarización
urgente de los refugiados procedentes de Ucrania, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El número de refugiados procedentes de Ucrania que pueda acoger España es incierto, pero se prevé la llegada de un volumen importante. La Comisión Europea, que cifra en siete millones los posibles refugiados por el conflicto, se prepara
para gestionar una crisis sin precedentes. En solo una semana, más de un millón de personas han huido de la invasión de Ucrania por Rusia. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), es solo el principio del mayor
flujo de refugiados de los últimos 75 años.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional debe liderar y adelantarse en la gestión y atención del derecho a la educación de los alumnos refugiados procedentes de Ucrania mediante una política educativa que articule un mecanismo
extraordinario de organización y coordinación docente para garantizar la escolarización de manera efectiva y urgente en las diferentes comunidades autónomas, que sirva a las mismas para resolver los obstáculos en la incorporación en aquellas etapas
educativas, que en la actualidad requieren de la homologación de los títulos de ESO o Bachillerato, o del pago, en su caso, de las tasas correspondientes, así como de legalización y traducción, o de medidas para articular el acompañamiento y
asesoramiento en la lengua de origen en el procedimiento de escolarización, mediante auxiliares de conversación o bien mediante las nuevas tecnologías.
La transmisión y la puesta práctica de valores que favorezcan la solidaridad es uno de los principios del sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y
libertades reconocidos en ella, junto con la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, y los que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación (artículo 1 apartado c)
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).
Algunas comunidades autónomas como Andalucía o Madrid ya han anunciado medidas para acoger a estos alumnos con carácter inmediato.
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) establece en su Disposición adicional décima que el Ministerio de Educación y Formación Profesional en
colaboración con las administraciones educativas definirán un modelo de Plan de Contingencia para dar continuidad a la actividad educativa de modo que garantice el derecho a la educación del alumnado en cualquier circunstancia, pero este plan no se
ha definido hasta la fecha y podría haber previsto situaciones como estas, entre otras.
En 2015 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte trabajó en colaboración con las comunidades autónomas para poder vertebrar de la mejor manera posible la acogida de los refugiados sirios por parte de nuestro país, y, por tanto, existen
precedentes de actuaciones para esta situación. Para ello el Ministerio se reunió con los diferentes representantes de los estudiantes, la ONG Fundación Entre Culturas, la Agencia de la ONU para los Refugiados (UNHCR-ACNUR) y la Confederación de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
La crisis sanitaria causada por la Covid-19, que dejó sin clases presenciales a los alumnos, puso de relieve el papel que juega la tecnología en la innovación educativa y muestra que en estas circunstancias puede ser nuevamente útil,
sirviendo de apoyo en los procesos de aprendizaje y de resultados para los alumnos refugiados procedentes de Ucrania.
Por todo ello se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un Plan de escolarización urgente de los refugiados procedentes de Ucrania en edad escolar que incluya los mecanismos de coordinación y organización educativa entre las diferentes
administraciones. El plan incluirá entre otras medidas las siguientes:
a) La aprobación de transferencias corrientes de créditos a las administraciones competentes que les permita disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para la integración efectiva de estos nuevos alumnos en el sistema
educativo español.
b) La información desde la página web del Ministerio de Educación de las prestaciones educativas para estos alumnos en español y en su lengua de origen.
c) La escolarización del alumnado se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimientos previos, con los apoyos
oportunos.
d) El desarrollo de programas específicos para los alumnos por razones lingüísticas, de competencias y conocimientos básicos.
e) La solicitud de un esfuerzo adicional en espacios, profesorado adicional de apoyo, mediadores en lengua de origen, materiales curriculares y libros de texto, transporte y comedor escolar.
f) Asesoramiento a los padres o tutores del alumnado que se incorpora al sistema educativo sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativo español.
g) La adaptación de las medidas necesarias para que los alumnos refugiados procedentes de Ucrania puedan ser beneficiarios en la próxima convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso 2022-2023.
h) La agilización y adaptación del procedimiento de homologación y acreditación de sus títulos de formación, para favorecer también el ingreso en el mundo laboral en su caso.
i) La promoción de actuaciones de formación para la transmisión de valores como la solidaridad y la justicia entre alumnos y docentes que facilite la integración de estos alumnos en el sistema educativo español.
2. Aprobar en el plazo de un mes el modelo del Plan de Contingencia previsto en la Disposición adicional décima de la Ley Orgánica 3/2022, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2022.-María Sandra Moneo Díez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel y Óscar Clavell López, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Víctor González Coello de Portugal, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Rodrigo Jiménez Revuelta, don Juan Carlos Segura Just, don Rubén Silvano Manso Olivar, don Pablo
Juan Calvo Liste, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, don José María Figaredo Álvarez-Sala y don Juan José Aizcorbe Torra, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la publicación, en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de
las resoluciones estimadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como la información que, en virtud de las mismas, haya sido instada a remitir al solicitante de la misma, para su discusión en la Comisión de Trabajo, Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Primero. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, 'LTAIBG') tiene por objeto 'ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de
acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento' (artículo 1 LTAIBG).
El preámbulo de la LTAIBG transmite la necesidad de establecer como ejes de la acción política la 'transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno'. Asimismo, la norma reconoce la relevancia de facilitar el
escrutinio público de la toma de decisiones de los actores políticos con el fin de dar respuesta a una demanda social muy extendida a ambos lados del espectro ideológico: los españoles cada vez son más exigentes respecto al mantenimiento de unas
instituciones y responsables públicos ejemplares.
Igualmente, del preámbulo de la LTAIBG se puede extraer que, si España desea mantenerse en los puestos más elevados de los rankings internacionales en materia de transparencia y calidad democrática, se debe llevar a cabo una política de
evaluación continua de las carencias y posibles mejoras de nuestro sistema en tales áreas. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en la trampa del anquilosamiento y el conformismo que, en consecuencia, conllevarán la degradación de nuestras
instituciones y órganos.
Por el contrario, existe una probada vinculación en el sentido contrario de la que son ejemplo las naciones más avanzadas: la prosperidad económica y social están intrínsecamente relacionadas con las instituciones fuertes que se someten
periódicamente a aquellas reformas necesarias para perfeccionarlas.
De esta manera, con carácter general, es esencial continuar detectando y corrigiendo aquellas prácticas que obstaculizan los avances en relación con la transparencia, la calidad institucional y la rendición de cuentas por parte de los cargos
públicos para con los ciudadanos.
Segundo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El Título III de la LTAIBG crea y regula los fines, las funciones y demás características generales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ('CTBG'). El CTBG es una autoridad administrativa independiente del sector público
institucional estatal cuyos fines se centran en la promoción de la cultura de transparencia en las actividades de la Administración Pública, el control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, la garantía del derecho de acceso a la
información pública y la observancia de las disposiciones de buen gobierno, según se desprende del artículo 34.
Para la consecución de los fines indicados supra, tiene encomendadas las funciones contempladas en el artículo 38.1 de la LTAIBG, así como otras comprendidas a lo largo del texto legal. Entre ellas, destaca el control que ejerce el CTBG
respecto del cumplimiento por la Administración General del Estado ('AGE') de las obligaciones contenidas en el capítulo II de la LTAIBG, esto es, respecto de la publicidad activa.
Así, de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 9 de la LTAIBG, 'en ejercicio de la competencia prevista -control del cumplimiento publicidad activa- en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que
procedan'.
El artículo 24 de la LTAIBG, regula el procedimiento para las reclamaciones ante el CTBG, señalando lo siguiente:
'1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común [actual Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas].
Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar
afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez
se hayan notificado a los interesados.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.
6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo
con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley.'
De ello se desprende que las resoluciones son la traslación jurídica de la función de control que debe y tiene que ejercer el CTBG.
Tercero. Seguimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Así pues, aquellos interesados que hayan requerido de la AGE información comprendida en el capítulo II de la LTAIBG -información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica o económica, presupuestaria y
estadística- y no hayan recibido respuesta o si esta ha sido insuficiente, podrán interponer una reclamación ante el CTBG, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
El CTBG hace un seguimiento de todas las reclamaciones que le son presentados para, posteriormente, rendir cuentas a la ciudadanía sobre su actividad. A tal efecto, el CTBG lleva a cabo una serie de publicaciones, de datos, memorias e
informes anuales, comparados con los ejercicios anteriores. Las cifras globales de las diversas entradas en el CTBG se han incrementado casi todos los años desde su creación en el año 2015.
Así, el CTBG recibió, en sus primeros siete años de existencia (2015-2021) un total de 18.159 entradas, entre las que destacan 9.541 reclamaciones (52,5%), 7.222 informaciones al ciudadano (39,8%), 720 consultas sobre la aplicación de la Ley
(4%), 548 denuncias sobre su incumplimiento (3%) y 128 quejas y sugerencias (0,7%), según consta en su página web 16.
16 https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Datos-actividades/Estadisticas2021.html
Respecto al conjunto de las reclamaciones (Administración General del Estado y Administraciones Territoriales 17), sólo en 2021 se recibieron un total de 2.245, lo que supuso un incremento del 31,75% respecto a 2020. Si se toma como
referencia los siete años de actividad del CTBG, el aumento del número de reclamaciones se eleva en un 334%.
El número de reclamaciones resueltas por resoluciones estimatorias en 2021 referidas a la AGE y catalogadas por ministerio son:
Ministerio;N.º de resoluciones estimadas
Presidencia del Gobierno.;49
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.;4
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.;15
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.;17
Ministerio de Ciencia e Innovación.;3
Ministerio de Consumo.;1
Ministerio de Cultura y Deporte.;15
Ministerio de Defensa.;9
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.;8
Ministerio de Educación y Formación Profesional.;4
Ministerio de Hacienda y Función Pública.;24
Ministerio de Igualdad.;7
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.;13
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.;5
17 Ha de tenerse en consideración que el CTBG tiene asumidas las competencias de ciertas Comunidades Autónomas que han suscrito convenios de colaboración con este.
Ministerio;N.º de resoluciones estimadas
Ministerio de Justicia.;14
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.;15
Ministerio de Política Territorial.;7
Ministerio de Sanidad.;77
Ministerio de Trabajo y Economía Social.;17
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.;14
Ministerio de Universidades.;3
Ministerio del Interior.;72
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.;8
Fuente: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones-AGE/AGE-2021.html
De las reclamaciones estimadas interpuestas contra la AGE, sólo el 2,1% fueron recurridas por la AGE en vía jurisdiccional, no consta el cumplimiento de un 14,1% y han sido cumplidas un 80,8%.
Cuarto. Necesidad de publicidad activa.
Las resoluciones estimatorias del CTBG instan al organismo reclamado a que, en un plazo determinado, remita la información requerida por el reclamante, o parte de ella, al solicitante de dicha información. De esta forma, sólo tiene acceso a
la información demandada quien haya formulado la reclamación ante el CTBG, no haciéndose pública por el organismo concreto de la AGE para terceros.
Esta circunstancia no tiene sentido. Si el CTBG ha estimado la reclamación y la AGE no ha impugnado la misma, dándole debido cumplimiento, se pueden extraer dos conclusiones:
- Que el CTBG ha entendido y fundamentado jurídicamente que la información solicitada efectivamente reviste de interés público y, en consecuencia, debe hacérsele llegar al interesado.
- Que la AGE lo ha entendido en los mismos términos y, por tanto, ha accedido a dar traslado de dicha información.
Y, huelga decir, que si un ciudadano tiene derecho a conocer determinada información pública, los demás conciudadanos también lo tienen.
Por cuanto antecede, en virtud del criterio rector de sometimiento pleno a la ley y al Derecho con que debe actuar la Administración Pública (artículo 103.1 CE) y del principio de publicidad activa (artículo 5 LTAIBG), la AGE debería estar
obligada a publicar, en la respectiva página web del órgano compelido, la información cuyo conocimiento haya sido reputado relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación
pública.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que haga públicas, en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, todas las resoluciones estimadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente al
ministerio del ramo, así como la información que, en virtud de las mismas, haya sido instada a remitir al solicitante de la misma, con el fin de facilitar a los interesados el acceso a la información que se haya reputado relevante para garantizar la
transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2022.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Juan Carlos Segura Just, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Juan Calvo Liste,
Rodrigo Jiménez Revuelta, Inés María Cañizares Pacheco, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Rubén Silvano Manso Olivar y Juan José Aizcorbe Torra, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la recuperación y puesta en valor
del patrimonio industrial de la Región de Murcia para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El patrimonio industrial se relaciona con una serie de sistemas productivos que son parte de nuestra herencia cultural y que resultan del conjunto no solo de instrumentos, procedimientos o técnicas sino también de los paisajes resultantes,
del impacto social o medioambiental, incluso de sus contendidos simbólicos.
La extraordinaria riqueza en el patrimonio industrial en España fue el considerando para que, en el año 2000, se redactara el primer Documento Base del Plan Nacional de Patrimonio Industrial que ha ido evolucionando.
El Plan Nacional de Patrimonio Industrial se crea para conseguir tres fines: establecer una metodología de actuación unificada sobre conjuntos de bienes; programar las inversiones de acuerdo con las necesidades de conservación y coordinar
la participación de las distintas instituciones que intervienen en la conservación de esos conjuntos patrimoniales.
Desde el 2016 que se revisó por última vez el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, no se ha actualizado a pesar del compromiso para hacerlo y que debía estar aprobado y publicado en el año 2021.
La Región de Murcia es rica en patrimonio industrial, siendo esta particular herencia consecuencia de la actividad antropogénica llevada a cabo principalmente el en siglo XIX.
Al propio tiempo, resulta imprescindible poner aquí de relieve dentro de las tendencias globales de la industria turística, la importancia creciente y el potencial de desarrollo que brinda el turismo industrial incluido por la Organización
Mundial del Turismo (OMT) dentro del segmento del turismo cultural, entendido como una motivación e interés histórico por todo el conocimiento relacionado con las empresas industriales, industrias agroalimentarias en activo, talleres artesanales o
museos y centros de interpretación vinculados con la actividad industrial de cualquier destino; y de ahí, la enorme oportunidad de seguir poniendo en valor y apostar en la Región de Murcia dada su significativa riqueza de activos industriales, por
explotar este nicho en fase de crecimiento, atrayendo con ello mayor cuota de visitantes (turismo familiar, viajes profesionales, de estudios, etc.), que sin ninguna duda contribuiría a seguir profundizando en la desestacionalización y
diversificación de la Marca Murcia, reposicionando y renovando su oferta postpandemia e incrementando por consiguiente, la rentabilidad de los territorios turísticos murcianos. Con todo, cabe recordar que Murcia forma parte de la Red Española de
Turismo Industrial constituida desde el año 2013, cuyo principal objetivo es posicionar a España como un destino de Turismo Industrial.
Entre los elementos industriales incluidos en la lista que incluye el Plan anteriormente mencionado, se encuentran desde su primera edición los siguientes:
1. Paisaje Industrial de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión,
2. El conjunto embarcadero de mineral de El Hornillo. Águilas
3. El Arsenal de Cartagena
Posteiormente, se han incorporado a este patrimonio el conjunto minero del Cabezo de San Cristóbal y de los Perules, en Mazarrón así como la Salinas Reales de Calasparra, también denominadas Salinas de La Ramona, estas últimas explotadas
desde el período argárico.
Es más, alguno de estos elementos son parte de las iniciativas de la lista indicativa como paso preliminar para futuras candidaturas como Patrimonio Mundial de la Unesco.
Sin embargo, el estado de deterioro y/o abandono obligan a una rápida intervención sobre las mismas con el objeto de su recuperación y conservación.
A modo de ejemplo, el embarcadero del Hornillo se encuentra en avanzado estado de corrosión de la estructura, que podría suponer consecuencias catastróficas.
De otro lado, el Paisaje Industrial de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y la puesta en valor de lugares tan emblemáticos como el Parque Minero de La Unión y la Mina Agrupa Vicenta, recuperados y abiertos al público para las visitas
turísticas y encuentros culturales, se encuentran hoy en día en estado de total abandono, al haberse cerrado el complejo hace dos años, lo que impide el acceso a las visitas desde entonces. En este sentido es urgente su reapertura debido, entre
otros, al interés pedagógico que ha despertado este paraje en el ámbito educativo, además del gran aporte de actividad turística que ha supuesto para el municipio de La Unión y la Región de Murcia en su conjunto desde su inauguración en 2010.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Actualizar el texto del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, incluyendo tanto los nuevos aspectos metodológicos, la programación de actuaciones y el modelo de ejecución y seguimiento del Plan.
2. Incluir dentro de los programas de ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, entre ellos el denominado Programa 1,5 % Cultural, las actuaciones de conservación
de los elementos industriales incluidos en la lista que incluye el Plan Nacional de Patrimonio Industrial.
3. Coordinar junto a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los municipios correspondientes, las actuaciones necesarias para la apertura o reapertura de estos lugares emblemáticos, como por ejemplo el Parque Minero de La Unión y la
Mina Agrupa Vicenta, como elementos educativos, turísticos o culturales.
4. Intensificar la promoción de destinos de turismo industrial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2022.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción y ejecución
urgente de medidas extraordinarias de apoyo al sector turístico español con la finalidad de aplacar las consecuencias del impacto de la invasión rusa de Ucrania sobre la industria global de viajes y turismo, para su debate en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Después de padecer y ser testigos de las consecuencias de una pandemia agónica con efectos devastadores sobre numerosos ámbitos productivos de la economía española y de manera especial sobre algunos concretos como ocurre con el caso del
sector turístico español, hasta consolidar pérdidas acumuladas equivalentes a alrededor de 170.000 millones de euros -situándonos en niveles de actividad del año 2003 y dejando por el camino a más de 100.000 empresas del gremio turístico-,
desgraciadamente a día de hoy no cabe ya la menor duda de que la hasta hace unas semanas amenaza de riesgo de un impacto negativo en la economía global a cuenta de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, constituye ya una amarga realidad, que
también tiene su traslación a la ralentización de nuestra economía nacional, donde hasta el estallido reciente de este conflicto su PIB no había alcanzado aún los niveles prepandemia; ello acompañado de una inflación actual situada en el entorno
del 7,4%, y que junto con el aumento de los precios de la alimentación o un eventual cambio de tendencia en la política monetaria, repercuten en el crecimiento, la reducción de renta disponible y las decisiones de compra de los consumidores,
abortando en consecuencia la plena recuperación de la gran industria de los viajes y el turismo.
En esta coyuntura, a lo largo de las últimas fechas nuestras empresas turísticas vienen adentrándose en una fase preventiva ante las inquietudes e incertidumbres lógicas que suscita un conflicto de naturaleza bélica dada la alta probabilidad
de que se produjese una cierta atenuación o estancamiento de la demanda turística, unida a la ya existente lenta recuperación de la demanda de larga distancia en el caso español, así como la debilidad del segmento del turismo de negocios por causa
de los efectos del Covid-19. Convendría hacer hincapié aquí que en cuanto a la recuperación de la demanda internacional España cerró 2021 con sólo 31,1 millones de turistas internacionales, cifra que representa todavía un -62,7% por debajo de los
valores de 2019 y un volumen de gasto turístico no residente de un -62,1% inferior al de ese mismo año.
Asimismo, sobre la base de experiencias precedentes, la lógica apunta a que se genere un sentimiento de desconfianza y temor a planificar decisiones de viaje, reflejándose cambios en los indicadores de tendencias de reservas por parte de
nuestros mercados emisores y de manera particular, entre aquellos de largo radio. Por de pronto, cabe señalar que a lo largo de los últimos días, las bolsas europeas han situado a los valores turísticos entre los tres sectores más castigados por la
invasión de Rusia, reflejando una caída que ronda el 15% de media, después de la remontada que venían experimentando con la progresiva retirada de restricciones Covid-19 y penalizando muy en especial a las compañías ligadas al tráfico aéreo después
de los múltiples cierres de los espacios aéreos en Europa. Al mismo tiempo, el grueso de estamentos de la cadena de valor turística española, entre ellos, los grandes operadores hoteleros, aerolíneas, agencias, etc., vienen alertando a lo largo de
los últimos días de estar registrando una tendencia de ralentización de las reservas e incluso cancelaciones a causa del conflicto. A este mismo respecto, cabe añadir que por el momento Alemania con peor comportamiento, seguida de Países Bajos,
Noruega, Finlandia y lógicamente Rusia, son los mercados emisores que vienen registrando las mayores caídas semanales en las reservas de hotel para alojarse en nuestro país durante las próximas fechas.
Por todo lo anterior, a fin de minimizar de manera clave y proactiva la magnitud del golpe e impacto económico que dependiendo de las variables del alcance, duración y evolución de la invasión rusa en Ucrania se produzcan, y por ende,
lastren y retrasen la ansiada completa y definitiva recuperación de la industria turística española después de afrontar los efectos de dos años de pandemia, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción urgente de las siguientes medidas:
- Impulso y creación inmediata de una Comisión interdepartamental específica en compañía de las organizaciones más representativas del sector turístico español, de análisis y monitorización continua de la repercusión e impacto de la invasión
rusa en Ucrania, sobre el funcionamiento de la actividad turística.
- Aprobación -dado el nuevo escenario internacional inestable y falto de predictibilidad a corto plazo-, de un nuevo marco de concesión de ayudas directas en cuantía global suficiente, dirigidas específicamente a autónomos, microempresas y
pymes que desarrollen la prestación de servicios y/o actividades de naturaleza turística en todos los destinos españoles, acordado previamente.
- Paralelamente, incluir en coordinación con las Comunidades Autónomas, fórmulas compensatorias y de refuerzo hacia aquellos destinos españoles con mayor penetración de cuota de emisor ruso, tradicionalmente de alto poder adquisitivo y
fuerte propensión al gasto (con un desembolso de un 27,5% más que la media), u otros emisores afectados con fluctuaciones significativas de demanda, y consecuentemente, puedan resultar más impactados por la pérdida de actividad y facturación hasta
tanto en cuanto se estabilicen los flujos turísticos.
- Diseñar medidas de incentivos e intensificar la estrategia promocional de la marca país en concordancia con la evolución de la invasión rusa en Ucrania, persiguiendo la absorción de pérdida de flujos, y centrándose fundamentalmente en la
atracción y captación de mercados alternativos de larga distancia y de alto valor añadido para el sector turístico español frente a nuestros destinos competidores.
- Establecimiento y aplicación de una reducción relevante del esquema de tarifas aeroportuarias con el propósito de recuperar y mejorar la competitividad de los aeropuertos españoles, haciéndolos más atractivos internacionalmente en un
contexto geopolítico de mayor inestabilidad y complejidad y teniendo en cuenta asimismo las singularidades de los destinos extrapeninsulares más vulnerables por su total dependencia del transporte aéreo; aumentar dentro del Plan Estratégico de
Marketing 2021-2024 de Turespaña, la dotación presupuestaria del desarrollo de acciones de comarketing con aerolíneas dirigidas a incentivar la creación de nuevas rutas a destinos de largo radio intercontinentales y nuevos mercados alternativos.
- Despliegue inmediato en el exterior de una gran campaña de apoyo Informativo y de comunicación, que tenga por objeto acentuar la proyección de 'España, Destino seguro', aportando a nuestros mercados emisores confianza y certidumbre de cara
a las reservas de las campañas de Semana Santa y temporada alta de 2022 y pueda servir de escaparate para consolidar la recuperación y no pérdida de demanda extranjera.
- Modificación y reducción temporal del IVA aplicado al conjunto del sector turístico español al tipo súper reducido del 4% como mínimo a lo largo del año 2022, en un contexto de escalada inflacionista persistente y de niveles de gasto
turístico internacional recuperados aún insuficientes.
- Adopción de cualesquiera medidas encaminadas a garantizar en todo caso la protección social del empleo turístico hasta la estabilización de la demanda y superación de las circunstancias derivadas del escenario bélico que se vive
actualmente en el este de Europa.
- Aprobación de medidas específicas en materia de sobrecostes energéticos dirigidas a los operadores prestadores de servicios turísticos y hosteleros considerando la alta dependencia energética en el funcionamiento de su actividad y el
desproporcionado encarecimiento de los costes operacionales (combustibles, electricidad, gas, etc.) experimentado por parte de los mismos a lo largo del último año.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2022.-Agustín Almodóbar Barceló, Sebastián Jesús Ledesma Martín e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/003929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al mantenimiento del
empleo en ArcelorMittal, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
ArcelorMittal registró un beneficio neto de 13.087 millones de euros en 2021, frente a los 641 millones de euros de pérdidas registradas en 2020, y su consejo de administración ha propuesto incrementar el reparto de dividendos pasando de los
0,30 dólares por acción abonados en 2021 a los 0,38 dólares por acción a pagar en junio de 2022. Estos resultados económicos se deben principalmente a la recuperación económica a nivel mundial motivada por el progresivo levantamiento de las
restricciones que originó la covid-19 y el incremento de la demanda global en el mercado del acero.
Asimismo, en julio de 2021, la empresa siderúrgica anunció que en los próximos años llevará a cabo un plan industrial para lograr la descarbonización de sus plantas asturianas mediante la puesta en marcha de nuevos procesos de fabricación.
Dicha inversión alcanzará los 1.000 millones de euros y contará en un 50% con financiación pública procedente de los fondos europeos a través del instrumento Next Generation EU.
Sin embargo, ni los altos niveles de rentabilidad ni las nuevas inversiones anunciadas han rebajado los conflictos laborales que se vienen sucediendo en los últimos tiempos en el seno de la empresa, y que tuvieron como último reflejo el
cierre patronal que Arcelor decretó en la acería de Xixón en 2020 y el ERTE por fuerza mayor aprobado ese mismo año, cuya nulidad ha sido ratificada recientemente por el Tribunal Supremo.
De hecho, los sindicatos Comisiones Obreras y Corriente Sindical d'Izquierda, junto con la asamblea de trabajadores, han convocado durante el mes de febrero y marzo diversos paros y movilizaciones al considerar que están sufriendo una
vulneración de sus derechos. Entre sus reclamaciones exigen que se revierta la situación de precariedad que sufre el personal eventual y que se dé salida por contrato relevo a los trabajadores nacidos en 1960 y 1961 en su totalidad. Rechazan
también la merma en el empleo que supondrá la puesta en marcha del Plan de Descarbonización, puesto que se prevé que la plantilla se reduzca hasta en 970 puestos de trabajo. En este sentido, critican la pérdida de capacidades productivas que
implicará esta reconversión y señalan la necesidad de un plan industrial integral que proteja el empleo, basado en el desarrollo de nuevas instalaciones o la modernización de las actuales, como puede ser la reactivación de la línea de pintura de
Avilés o la instalación de más hornos eléctricos, para lograr paliar la caída de la producción.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo todas las acciones que estén a su alcance para apoyar, incentivar y acelerar los contratos relevo de los trabajadores de ArcelorMittal nacidos en 1960 y 1961, así como la plena incorporación de los trabajadores eventuales a
la plantilla.
2. Introducir mecanismos que condicionen la concesión de fondos destinados a acometer el anunciado Plan de Descarbonización al mantenimiento del volumen de empleo por parte de la empresa, con especial atención a los contratos relevo para
los trabajadores eventuales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2022.-Sofía Fernández Castañón, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de los servicios financieros como un servicio básico y esencial para las personas mayores, para su discusión en la Comisión de Derechos sociales y Políticas integrales de
la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. El cierre de las entidades bancarias y sus principales perjudicados.
La Revista de Estabilidad Financiera del Banco de España señala que 'entre 2008 y 2017, el número de entidades bancarias en España ha disminuido un 28% y las oficinas bancarias han reducido su número en un 39% 18' . No obstante, cabe
señalar que el incremento del uso de los servicios de banca por internet ha mitigado y evitado graves situaciones de exclusión financiera en los municipios que sufren los cierres de dichas entidades. Sin embargo, no se puede olvidar que 'el uso de
las facilidades online entraña cierta dificultad para determinados segmentos de la población, en particular las personas de avanzada edad, residentes en zonas rurales' 19. Así, el declive demográfico de las zonas rurales ha contribuido a que sea
precisamente en los municipios de menor población (menos de 500 habitantes) donde se dé un descenso más acusado en el número de entidades bancarias 20.
Fuente: Banco de España
18 https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/18/MAYO/Articulo_Jimenez_Tejero.pdf
19 Ibídem.
20 https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/InformesEstabilidadFinancera/17/IEF_Noviembre2017.pdf
El Grupo Parlamentario VOX aboga por llevar a cabo las actuaciones necesarias para proteger a las personas de la tercera edad de posibles situaciones de exclusión social como consecuencia de su relación particular con las tecnologías de la
información y la comunicación.
Segundo. Las personas mayores como usuarias de la tecnología.
Acerca de las personas mayores como usuarias de tecnología, el Libro Blanco del Envejecimiento Activo (2011) señala que existen diferencias en esta relación en función de distintas variables, como la edad o el entorno (rural o urbano) y
reconoce, a su vez, 'grandes divergencias' entre Comunidades Autónomas. Así, 'las CC.AA. en las que sus vecinos mayores más usan Internet son Madrid y Cataluña, y en el polo opuesto Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia y Extremadura' 21.
Como señala el último Informe eEspaña 22, 'las personas mayores siguen siendo el colectivo donde las dificultades se tornan más visibles, especialmente en lo que respecta al acceso'. Continua el informe señalando que 'las razones por las
que los individuos de mayor edad tienen dificultades en el acceso a las nuevas tecnologías suelen asociarse tanto a una combinación de intereses personales, no alineados con las funcionalidades digitales ni con el contenido disponible en Internet,
como a una mayor limitación de las habilidades físicas y cognitivas necesarias para poder tener una experiencia de usuario satisfactoria en relación con estas tecnologías' 23.
No obstante, 'en el uso de la eAdministración no existe retraso de los usuarios de Internet mayores de 55 años. De hecho, este segmento de población internauta es en el que hay una mayor proporción de internautas que presenta sus impuestos
a través de Internet y, por detrás de los internautas menores de 24 años, es el segundo grupo de ciudadanía que más utiliza los servicios online de las bibliotecas públicas' 24.
Individuos que acceden a Internet en España, por franjas de edad y en % de población de cada estrato.
Fuente: eEspaña 2014 a partir de Eurostat (2014).
Sin embargo, si bien es cierto que el dominio básico de las nuevas tecnologías en las personas mayores es cada vez más frecuente, este grupo poblacional es heterogéneo, en función de su edad o grado de dependencia. Naturalmente, las
circunstancias que rodean a una persona próxima a la jubilación o a una persona mayor de 75 años o con mayor grado de dependencia pueden ser muy dispares. Además, 'deben tenerse en cuenta diferencias significativas en las personas mayores en
función de su situación económica, lazos sociales, intereses personales o entorno vital', como señala el artículo Administración electrónica y e-inclusión de las personas mayores 25.
21 https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/8088_80891ibroblanco env.pdf
22 eEspaña, informe anual sobre el desarrollo de la sociedad de la información en España.
23 http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/eE2014/Informe_eE2014.pdf?_ga=2.9483441.541297580.1631606156-251404834.1631606156
24 Op. cit., p. 104.
25 M. Viñarás-Abad, L. Abad-Alcalá, C. Llorente-Barroso, M. Sánchez-Valle, M. Pretel-Jiménez (2017): 'Administración electrónica y e-inclusión de las personas mayores'. Revista Latina de Comunicación Social, 72, pp. 197 a
218.?http://www.revistalatinacs.org/072paper/1161/lles.html
Atendiendo a los datos que ofrecen el citado artículo, podemos señalar que 'de media el 26,3% de los mayores de 60 años no disponen ni de ordenador, ni de teléfono inteligente, ni de tableta; porcentaje que alcanza un 29,25% en edades de 71
a 75 años y del 42% para 75 años o más. En cambio, los que disponen de los tres equipos son el 55,6% y el 23% de las personas menores y mayores de 60 años, respectivamente. Según concluyen, 'estos datos llevan a pensar que al llegar a cierta edad
el uso de Internet y las tecnologías decae, o bien, que las personas que en la actualidad se encuentran en este tramo de edad no han tenido el tiempo y la capacidad suficiente para adaptarse a este avance' 26.
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística indican que la población total mayor de 75 años en España asciende a 4.243.822 personas (2.889.305 de 75 a 84 años y 1.354.517 de 85 y más años), de las cuales 992.416 fueron usuarias
de Internet en los últimos 3 meses (842.405 de 75 a 84 años y 150.011 de 85 y más años). Es decir, cerca del 70% de los mayores cuyas edades están comprendidas entre los 75 y los 84 años no son usuarios de Internet y alrededor del 90% de los
mayores de 85 años tampoco.
Tercero. El acceso a los servicios financieros como servicio básico.
El pasado 21 de febrero de 2022, miembros del Gobierno asistieron a la firma de la actualización del Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca suscrito entre la Asociación Española de Banca (AEB) y la
Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) 27.
En el documento se integraron propuestas dirigidas, por un lado, a 'adoptar nuevas medidas [con el fin de] mejorar la atención personalizada de personas mayores o con discapacidad' 28. A grandes rasgos, estas medidas consisten en una mejora
de la atención presencial en oficina, mediante ampliación de horarios y prioridad en caso de alta afluencia; en la mejora de la atención telefónica, preferente y sin coste adicional; en 'garantizar la adaptabilidad, accesibilidad y sencillez de
los canales' (cajeros, apps y webs); así como en el refuerzo de la formación y seguimiento a través del Observatorio de Inclusión Financiera.
Por otro lado, el acuerdo se compromete a 'contribuir de forma proactiva a acelerar los avances hacia una economía inclusiva, especialmente en los entornos rurales o colectivos en riesgo de exclusión' 29. Estos avances pasarían, entre otras
medidas de interés, por potenciar 'modalidades de servicio que atiendan debidamente las necesidades financieras de las comunidades rurales en los territorios en los que operen deforma preferente, especialmente la provisión de efectivo y otros
servicios financieros básico'; 'promoviendo el acercamiento a los servicios financieros a todas las personas, haciéndolos más accesibles, considerando especialmente las necesidades de las personas con discapacidad y de las personas mayores, para
ofrecerles un servicio de calidad más adaptado a sus circunstancias, así como para otros colectivos en riesgo de exclusión'; o la 'ampliación del Observatorio para la Inclusión Financiera, para la elaboración y actualización del mapa del acceso a
servicios financieros en la España rural, de modo que en el futuro se puedan arbitrar, en su caso, conjuntamente entre el sector y las administraciones públicas, mecanismos para ampliar el acceso a los servicios financieros básicos de la población'
30.
El citado protocolo puede ser, por tanto, una buena iniciativa para ayudar a proteger a las personas de la tercera edad de posibles situaciones de exclusión social como consecuencia de su relación particular con las tecnologías de la
información y la comunicación. Sin embargo, es necesario que se garantice su efectivo cumplimiento, aplicándose con carácter urgente en aquellos municipios donde la precariedad de los servicios financieros es mayor.
Además, para el Grupo Parlamentario VOX es igualmente necesario el reconocimiento expreso de un derecho básico y esencial a los servicios bancarios de nuestros mayores, especialmente para aquellos que viven en zonas rurales.
No podemos permitir que las transformaciones técnicas y económicas pasen por alto el cuidado y el respeto de nuestros mayores y personas en situación de dependencia. Así, 'frente a la cultura del descarte, España no puede abandonar a
quienes con su trabajo y esfuerzo han levantado la Nación' 31.
26 Ibídem.
27 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2022/210222-protocolo-sostenible-banca.aspx
28 11https://s2.aebanca.es/wp-content/uploads/2022/02/protocolo-estratgico-para-reforzar-el-compromiso-social-y-sostenible-de-la-banca.pdf
29 Ibídem.
30 Ibídem.
31 https://xn--agendaespaa-beb.es/wp-content/uploads/2021/10/AgendaEspana_VOX.pdf
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
- Promover la adopción de las medidas que sean necesarias para que los servicios financieros constituyan un servicio social básico y esencial para las personas mayores y en situación de dependencia, especialmente en las zonas rurales,
promoviendo acuerdos y compromisos con las entidades financieras para garantizar su acceso y presencialidad, así como un servicio adecuado a sus necesidades.
- Promover los mecanismos necesarios para garantizar, con carácter urgente, el efectivo cumplimiento del referido Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, actualizado el pasado 21 de febrero de
2022.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2022.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
161/003910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la extensión del permiso retribuido derivado del
fallecimiento de un hijo a cualquier situación de pérdida de un hijo, incluida la gestacional, para su discusión en la Comisión de Derechos sociales y Políticas integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. El valor de la vida humana.
El artículo 15 de la Constitución Española (CE) recoge que 'todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes'.
Por su parte, el reconocimiento de la dignidad de toda persona constituye una cuestión nuclear del ordenamiento jurídico, pues 'el Derecho existe, ante todo, por causa del hombre y para el hombre' 32. Es por medio del derecho a la vida como
se garantiza el reconocimiento de la dignidad humana, siendo este el presupuesto ontológico sin el cual los restantes derechos carecerían de toda entidad: sin el derecho a la vida, al ser el primero de los derechos, no existirían los demás que
aparecen recogidos en nuestro ordenamiento jurídico. Así lo ha afirmado el Tribunal Constitucional (TC) que, en su conocida sentencia 53/1985, de 11 de abril, FJ 3, sostiene que el derecho a la vida 'constituye el derecho fundamental esencial y
troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible'. Añade que 'indisolublemente relacionado con el derecho a la vida en su dimensión humana se encuentra el valor jurídico fundamental de la
dignidad de la persona, reconocido en el art. 10 como germen o núcleo de unos derechos 'que le son inherentes'' 33
Por cuanto respecta a la vida del no nacido, la referida sentencia afirma que 'si la Constitución protege la vida (...), no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no solo es condición para la vida independiente del claustro
materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma; por lo que ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto este encarna un valor fundamental
32 Marín Pérez, P., Introducción a la Ciencia del Derecho, Tecnos, Madrid, 1979, p. 90.
33 https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolución/Show/433
-la vida humana-, garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional' 34.
Podemos afirmar que la vida humana es un bien de la máxima entidad que debe ser protegido y garantizado por el Estado y valorado como tal por el conjunto de la sociedad civil.
Segundo. Permiso remunerado por duelo gestacional
La vida humana 35 'comienza con la fecundación, es decir, con la fusión de un óvulo y un espermatozoide. A partir de ese momento se está en presencia de un nuevo ser, que se irá desarrollando de manera coordinada, continua y gradual' 36.
Resulta muy significativo señalar que 'a las 24 horas de vida se produce la primera división celular y cada una de las dos células activa en forma diferencial ciertos genes que determinan un destino diferente para ellas: de una derivarán los
precursores del embrión y de la otra, los de la placenta. Las sucesivas divisiones celulares que se producen durante el viaje del embrión por la trompa van acompañadas de progresiva diferenciación celular, de expresión de distintos genes propios
del embrión y de un 'diálogo químico' con la madre que permite preparar la implantación del embrión en el útero' 37.
La pérdida de un hijo en el vientre materno es una situación dramática que trae consigo lo que se conoce como duelo gestacional: 'la reacción y adaptación psicológica ante la pérdida de algo que es apreciado por la persona y que está
vinculado a la misma' 38, o bien 'una reacción adaptativa normal ante cualquier tipo de pérdida, incluidas las simbólicas, aunque constituye un acontecimiento vital muy estresante cuando se trata del fallecimiento de un ser querido. Más aún si
hablamos de la muerte de un hijo o hija, pues es considerada junto a la muerte del cónyuge, una de las peores pérdidas que puede sufrir un ser humano' 39.
En cuanto a las consecuencias provocadas por el duelo gestacional, debemos señalar que 'la mayoría de las parejas, especialmente las mujeres, pasan por un periodo inicial caracterizado por una sensación de shock, de estrés y de gran dolor,
aunque suelen recuperarse y encontrar un sentido a esa pérdida' 40. Más concretamente, destacan, entre las madres, algunos problemas psicológicos como pueden ser 'tristeza, irritabilidad, culpabilidad síntomas somáticos, ansiedad ante la muerte,
depresión, culpa, y preocupación en los siguientes embarazos' 41. Por su parte, los padres sufren 'sentimientos de shock, rabia, vacío, indefensión y de soledad' 42.
Lo cierto es que, desde el mismo momento en el que una pareja se entera de que va a tener un hijo, comienza la creación de un proyecto vital en el que se tiene en cuenta a un nuevo miembro en la familia. La pérdida del bebé durante la
gestación da al traste con este proyecto y trunca, así, la esperanza de los padres de una forma dolorosa. Una de las formas de proteger a quienes viven esta difícil experiencia es dotarla de reconocimiento jurídico. La faceta de protección de la
madre en términos médicos (físicos y psicológicos) entendemos que ya está regulada de forma justa a lo largo de todo el periodo del embarazo, a través del permiso de 16 semanas de baja por maternidad para los casos de pérdida gestacional espontánea
43, la baja por enfermedad común y, eventualmente, la incapacidad temporal.
No obstante, encontramos que existe una incoherencia regulatoria en el reconocimiento del hecho mismo del fallecimiento de un hijo, en función de si la defunción se produce dentro o fuera del seno materno. Así, el artículo 37.3 del Estatuto
de los Trabajadores (ET) establece que 'el trabajador, previo
34 Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de abril, fundamento jurídico quinto.
35 A la luz de las diferentes normativas aprobadas en España a favor del aborto, así como de su reconocimiento como un derecho de las mujeres, hemos de recalcar que el GPVOX es el único partido que verdaderamente defiende la vida humana
desde la concepción hasta su muerte natural, y así lo ha destacado en innumerables iniciativas parlamentarias.
36 Bottini del Rey, Z. La vida humana empieza en la fecundación
37 Ídem.
38 López, A. (2011). 'Duelo perinatal: un secreto dentro de un misterio', Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, vol. 31, n° 1, Madrid, 2011, p. 1.
39 Santos, P; Yáñez, A y Al-Adib, M. (2015). 'Atención profesional a la pérdida y el duelo durante la maternidad', Servicio Extremeño de Salud, 2015, p. 49.
40 Fernández-Alcántara, M y OO. AA. 'Factores psicológicos implicados en el Duelo Perinatal', Index de Enfermería, vol. 21, n.° 1-2, 2012, p. 3.
41 Ídem.
42 Ídem.
43 Los artículos 8.4 y 13.1 del Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia
natural, establecen que existe un permiso de 16 semanas de baja por maternidad para los casos de pérdida gestacional espontánea, siempre y cuando dicha pérdida acontezca a partir del sexto mes de embarazo (180 días).
aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente (...) dos días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días'
Es decir, observamos que los padres tienen derecho, por el hecho causante del fallecimiento de su hijo, a un permiso remunerado de entre dos y cuatro días, según si se requiere o no desplazamiento por tal motivo.
Este permiso, empero, no se reconoce cuando fallece un hijo en el seno materno. Más allá de la baja por maternidad a la que hemos hecho alusión -de la que se beneficia solo la madre, y que atiende a otro hecho causante distinto, como es la
maternidad-, no se establece que los padres tengan derecho a un permiso retribuido cuando el hijo que pierden estaba aún en gestación. Sin embargo, como ya hemos señalado, la vida del hijo es igualmente valiosa y digna, aunque el embarazo no haya
llegado a término, y las necesidades de los padres derivadas de su fallecimiento tampoco son necesariamente menores por esa razón.
El objetivo de la presente Proposición no de Ley es poner de manifiesto, como ya hemos comentado con anterioridad y no nos cansaremos de repetir, la inalienable dignidad de toda vida humana. Es preciso señalar que las élites globalistas, a
través de la promoción de la cultura de la muerte, ataca frontalmente la vida y dignidad de las personas. Sin embargo, los poderes públicos deben tender a garantizar el bien común, inspirados en la defensa de la dignidad humana. Por ello, se debe
velar por garantizar una mayor protección a aquellos padres que sufren la dramática pérdida de un hijo en el seno materno. La pérdida es irrecuperable, pero se debe contribuir a que esos padres afronten el duelo gestacional con las mayores
facilidades posibles.
Es por ello por lo que urge conceder un permiso remunerado a los padres por causa del fallecimiento de un hijo con independencia de cuándo se produzca dicha muerte -en el seno materno o fuera de él, en cualquier momento de la vida del hijo-.
El objetivo es que el permiso regulado en el artículo 37.3 ET, mencionado con anterioridad, se extienda a la pérdida de un hijo durante la gestación, no siendo necesario alcanzar el sexto mes de embarazo -como se exige, en cambio, en la baja por
maternidad-.
Es preciso remarcar que la concesión de este permiso no impedirá tramitar otra clase de permisos derivados de otros hechos causantes, tales como la baja por maternidad (que da respuesta a las necesidades físicas o psicológicas derivadas del
hecho de dar a luz) o la baja por incapacidad laboral, atendiendo a las secuelas físicas que pueda sufrir la madre tras el parto.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores con el fin de aplicar la extensión del permiso remunerado de los padres
en caso de fallecimiento de un hijo a los casos de pérdida gestacional del hijo en cualquier momento del embarazo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2022.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre alerta rápida en salvamento marítimo para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El terrible suceso protagonizado por el buque gallego con base en Marín 'Vila de Pitanxo' hace menos de un mes en Terranova trajo consigo, de nuevo, mucho dolor y, a día de hoy, muchas preguntas sobre lo sucedido que no tienen por ahora
respuesta.
Desde que se tuvo conocimiento de este último naufragio, numerosos profesionales manifestaron públicamente su preocupación por esta nueva tragedia marítima y, al tiempo, fueron dejando sobre la mesa distintas hipótesis sobre lo sucedido que
sirven sin duda para la reflexión y, sobre todo, para tratar de aportar conocimiento sobre distintas materias directamente relacionadas con los buques pesqueros, como las condiciones de trabajo, los dispositivos de seguridad, las comunicaciones,
etc.
Las propias familias de los marineros fallecidos o desaparecidos reclamaron recientemente en una reunión mantenida con el director general de la Marina Mercante aclaración de distintos extremos relativos al naufragio, entre ellas la
'verificación del incumplimiento de varias medidas de seguridad'.
En esa reunión, el propio responsable de Salvamento Marítimo afirmó, sorprendentemente, que 'ni es habitual ni necesario transmitir el formateo del mensaje de la alerta de socorro', cuando el propio Reglamento por el que se regulan las
comunicaciones marítimas a bordo de los buques civiles del Estado español, aprobado mediante el RD 1185/2006, de 16 de octubre, establece: '5. A los efectos de este reglamento, se entiende por: a) 'Alerta de socorro': Una llamada selectiva
digital, con formato de llamada de socorro, en las bandas empleadas para las comunicaciones terrenales o con formato de mensaje de socorro, en cuyo caso se retransmite por medio de estaciones espaciales. La transmisión de una alerta de socorro
indica que una unidad móvil o persona está en peligro y necesita auxilio inmediato. El formateo de las llamadas de socorro y los mensajes de socorro se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones y Recomendaciones del Sector de
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)'.
Entre los expertos que se han pronunciado a este respeto, destacan la 'Asociación de Ingenieros Radioelectrónicos (A.R.E.)' y el 'Grupo de Expertos No Gubernamentales del Sistema Mundial de Socorro (GMDSS)', que se han dirigido a la Comisión
Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) para solicitar que tenga en cuenta su informe en la investigación del accidente del pesquero 'Vila de Pitanxo', así como llevar a cabo una recomendación a las autoridades
marítimo pesqueras sobre el necesario y estricto cumplimiento del Reglamento de Comunicaciones Marítimas del año 2006.
En ese sentido, la propia CIAIM ya había recomendado en el año 2005, a raíz del naufragio del pesquero 'O Bahía', en el entorno de las Illas Sisargas, en la Costa da Morte, la 'realización de una campaña de concienciación dirigida a los
patrones de buques de pesca sobre los peligros de navegación con mar de popa o de aleta, incidiendo especialmente en los factores externos que originan situaciones de reducción de la estabilidad, de aumento de la escora y de acometidas de grandes
olas'.
Es evidente que el objetivo de toda investigación de siniestros marítimos es tratar de evitar siniestros análogos en el futuro y las distintas administraciones deben ser las primeras en tomar buena nota, no solo de la legislación y de su
correcta aplicación, sino también de las recomendaciones de los organismos investigadores.
En el mundo del mar, las comunicaciones pueden marcar la seguridad de un buque, la de su carga y, lo que es más importante, la de sus tripulantes. A pesar de esto, las comunicaciones en general, protocolos, sistemas, servicios, actuaciones
e incluso las responsabilidades, derechos y deberes son una materia de la que, por distintas razones, no todos los profesionales hacen un uso correcto y las propias administraciones deberían poner el máximo empeño en el ejercicio de sus competencias
precisamente para que esto deje de ser así.
Todo accidente marítimo lleva aparejado el riesgo de la pérdida de vidas humanas y, por lo tanto, es razonable, necesario y urgente que se insista en recordar las distintas normativas a los profesionales del mar.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Adoptar las medidas necesarias para que la Dirección General de la Marina Mercante elabore un mensaje (alerta rápida) para ser radiada de forma continua como 'aviso a los navegantes', en el que se recuerde el preceptivo cumplimiento del
Reglamento de Comunicaciones Marítimas del año 2006 para la
activación y emisión de las alertas de socorro en llamada selectiva digital en función de la zona marítima en la que faenen o naveguen.
2. Poner en marcha una campaña de concienciación dirigida a los patrones y marineros de los buques gallegos sobre los peligros de la navegación y su prevención.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamenterio Plural.
161/003918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Ricardo Chamorro Delmo, doña. Magdalena Nevado del Campo, don Rubén Darío Vega Arias, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (G. P. VOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para rechazar la Agenda 2030 por ser contraria al
sector primario español, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. Algunas aportaciones del sector primario español a nuestra soberanía alimentaria.
El sector primario tiene un valor estratégico esencial para España tanto desde un punto de vista económico como desde una aproximación sociocultural, lo que convierten a nuestro sistema agroganadero y pesquero en un pilar fundamental de la
producción nacional.
Por un lado, por su aportación al PIB nacional, ya que contribuye en más de un 10 % a la economía española 44 y tiene un valor añadido bruto ('VAB') de 100.000 millones de euros 45. Además, el saldo comercial del sector es positivo con un
volumen superior a los 18.000 millones de euros y con cifras de exportaciones en más de 53.000 millones de euros 46. Finalmente, el millón de explotaciones agrarias y los casi 9.000 buques pesqueros dan empleo a más de 2,6 millones de personas 47.
No obstante, tales sectores no contribuyen al desarrollo de España sólo desde una perspectiva económica. Su aportación es incalculable desde un punto de vista social, puesto que suponen la realización de actividades con un gran arraigo en
las costumbres del territorio, con una fuerte presencia de la conservación del patrimonio medioambiental y muy imbricadas en el mundo rural. Así pues, su importancia para la soberanía alimentaria nacional es indudable, tal y como se ha puesto de
manifiesto durante la crisis de la COVID-19.
Segundo. Consideraciones de la agenda 2030.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ('ODS') y sus 169 metas de desarrollo fueron aprobados mediante Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, bajo el título 'Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible' 48. En esta Agenda vienen a converger los contenidos emanados de las cumbres sobre medioambiente y desarrollo sostenible, al mismo tiempo que se retoman los Objetivos de Desarrollo del Milenio (naturalmente, no
alcanzados) 49.
Las resoluciones emanadas de la Asamblea General no son vinculantes para los Estados Miembros, sino que tienen naturaleza de recomendaciones políticas y, por tanto, no constituyen un acto jurídico obligatorio. Esta es la regla general de su
actuación, en concordancia con el respeto a la soberanía de las
44 https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/el-pepac-de-espana-resumen-de-la-propuesta-dic-2021_tcm30-583992.pdf
45 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resúmenes/Documents72022/080222-ResumenEiecutivoPERTEAgro.pdf
46 https://www.lamoncloa.gob.es/conseiodeministros/resúmenes/Documents72022/080222-ResumenEjecutivoPERTEAgro.pdf
47 https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/el-pepac-de-espana-resumen-de-la-propuesta-dic-2021 tcm30-583992.pdf
48 https://unctad.org/svstem/files/official-document/ares70dl_es.pdf
49 Casanovas, O. y Rodrigo, A.J., Casos y textos de Derecho Internacional Público, Tecnos, Madrid, 2016, p. 841.
naciones 50, exceptuada por la existencia de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión 51.
Lo contrario no se ajustaría a la Carta de Naciones Unidas, y supondría reconocer que la Asamblea General es una suerte de 'legislativo mundial' 52. La Agenda 2030 se enmarca en la denominada soft law, que 'no tiene de todos modos la
virtualidad de crear por sí solo normas positivas, y por tanto obligatorias, de Derecho Internacional' 53. Por ende, presentarla como un nuevo contrato social es un auténtico disparate ideológico sin soporte jurídico alguno. En conclusión, solo
aquellos ODS de la Agenda 2030 que hayan sido incorporados a nuestro ordenamiento jurídico tienen, como tal, naturaleza jurídica y carácter vinculante. En el resto de los casos, se trata de meras recomendaciones políticas.
No obstante, el Gobierno de España ha asumido la Agenda 2030 como la única hoja de ruta para nuestro país 54, pese a los perjuicios que causa al sector primario español que, desde hace tiempo, tiene que hacer frente a una demolición
progresiva de nuestro sistema agroalimentario y pesquero. La Agenda 2030 se trata de una agenda ideológica que despoja de soberanía a las naciones y, por tanto, choca con el bien común de los españoles.
Por ejemplo, los ODS recogidos en la Agenda 2030 están encaminados a la imposición de una transición ecológica abrupta que culpabiliza a agricultores y ganaderos españoles de la emisión de gases de efecto invernadero, con políticas
restrictivas que están llevando a la asfixia, vía impuestos y regulaciones, de nuestro sector primario y al desmantelamiento vertiginoso de nuestra industria agroalimentaria 55. A todo ello se suma el aumento descontrolado de los costes de
producción en el sector agrario español, que desde hace meses se viene produciendo en nuestro país (aumento de precios de: fertilizantes, gasóleo, piensos).
Este acoso permanente al sector primario español y este intento de desprestigio y criminalización a nuestros ganaderos por parte de las agendas globalistas debe ser condenado por los poderes públicos que entendemos la ganadería, agricultura
y pesca como garantes de la prosperidad y guardianes de un modo de vida sobre el que se debe vertebrar, en gran parte, las soluciones al grave problema de despoblación que atraviesa España.
Tercero. Una agenda para todos los españoles.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario VOX (en adelante, VOX) aboga por el rechazo a la incorporación de la Agenda 2030 y los ODS a nuestro ordenamiento jurídico, ya que los mismos redundan en una mengua de la soberanía de la nación, su
riqueza y diversidad.
Por ello, VOX propone la Agenda España como 'una respuesta a las agendas globalistas que pretenden la destrucción de las clases medias, la liquidación de la soberanía de las naciones y el ataque a la familia, la vida y las raíces comunes de
Occidente' 56.
En concreto, el punto sexto ('Producido en España') reconoce la importancia de las explotaciones agrícolas y ganaderas y la producción nacional frente a la importación descontrolada de productos de terceros países que no respetan los mismos
estándares fitosanitarios y sociolaborales y que arruinan a nuestros productores, violando de manera sistemática las exigencias de una competencia leal 57.
Y entre las medidas se contiene la necesidad de España de desmarcarse de todo acuerdo o legislación internacional que culpabilice a nuestros productores de los problemas medioambientales mientras exonera a los verdaderos culpables; la
revisión de los acuerdos de libre comercio suscritos con terceros países y
50 'Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado' (Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía).
51 Así, la Carta de Naciones Unidas establece: 'La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los límites de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por
esta Carta, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12 podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones Unidas' (artículo 10). El capítulo VII de la Carta se ocupa de la Acción en caso de amenazas a la paz,
quebrantamientos de la paz o actos de agresión.
52 Pastor Ridruejo, J. A., Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 2016, p. 156.
53 Ibídem, p. 160.
54 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2019/250919-sanchez-agenda2030.aspx#: ~:text=%22La%20Agenda%202030%20es%20para,Gobierno%20de%20Espa%C3%Bla%20en%20%C3%Almbitos
55 https://www.zaragoza.es/cont/paginas/organización/plenos/mociones/Vox-4252.pdf
56 https://xn-agendaespaa-beb.es/wp-content/uploads/2021/10/AgendaEspanaVOX.pdf
57 Agenda España, p. 15: https://xn-agendaespaa-beb.es/wp-content/uploads/2021/10/AgendaEspana_VOX.pdf
la aplicación estricta del principio de preferencia comunitaria; o el refuerzo de los controles fronterizos, la defensa del comercio local y el producto nacional; entre otros 58.
Pero también los puntos doce ('España Verde') 59 y diecisiete ('España Rural') 60 para la conservación, preservación y mejora del medioambiente frente a las llamadas 'transiciones ecológicas' que sólo perjudican y culpabilizan a los
españoles y la puesta en marcha de medidas que garanticen la persistencia del mundo rural y sus tradiciones.
Para lo cual se defienden medidas como la interconexión de todas las cuencas y el diseño de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que garantice el agua a todos los españoles; promover las iniciativas ambientales locales y concretas; el
impulso de medidas fiscales para las empresas en las zonas rurales; el refuerzo de las infraestructuras en estos territorios abandonados por los sucesivos gobiernos; o la protección de la actividad cinegética como elemento fundamental de la
conservación del patrimonio medioambiental español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Rechazar la imposición globalista de la Agenda 2030 por su perjuicio al sector primario español.
2. Implementar una correcta defensa del sector agroganadero y pesquero español que asegure la soberanía alimentaria nacional, cuyo único objetivo es proteger a los españoles, atender a sus necesidades y dotar a las próximas generaciones de
un horizonte de libertad, igualdad, prosperidad, justicia y respeto por sus valores y tradiciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2022.-Ricardo Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Rubén Darío Vega Arias, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para
garantizar el acceso al gas para los consumidores vulnerables para su debate en instancia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La ciudadanía viene soportando durante meses unos elevados costes energéticos que han encarecido la factura de la electricidad y del gas de sus hogares. Una carga que resulta particularmente preocupante y excesiva para los consumidores más
vulnerables, cuya situación y renta se ha visto afectada a su vez por los efectos de la pandemia.
Si bien esta situación responde a un conjunto de circunstancias sin duda complejas, debemos asegurarnos de que para paliar los efectos de la situación a la que se enfrenta con carácter general el suministro energético, el Estado emplea de la
manera más adecuada las herramientas que tiene a su disposición conforme a derecho para proteger a aquellos que más sufren las consecuencias.
En este sentido, aunque el Gobierno ha adoptado algunas medidas en esta dirección, todavía es posible un margen de actuación para aliviar la carga de los consumidores más vulnerables, como intervenir sobre el IVA del consumo de gas. En los
últimos meses el Gobierno ha aprobado normas que reducían el IVA sobre
58 Agenda España, p. 16: https://xn-agendaespaa-beb.es/wp-content/uploads/2021/10/AgendaEspana_VOX.pdf
59 Agenda España, p. 28: https://xn-agendaespaa-beb.es/wp-content/uploads/2021/10/AgendaEspana_VOX.pdf
60 Agenda España, p. 38: https://xn-agendaespaa-beb.es/wp-content/uploads/2021/10/AgendaEspana_VOX.pdf
los consumos de electricidad y, sin embargo, nada similar se ha hecho con respecto a la factura de gas. El enfoque diferenciado que, con el IVA, se ha seguido en electricidad y gas difícilmente se justifica.
Mediante el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de
utilización del agua, se estableció la reducción del IVA de la electricidad del 21 % al 10 % hasta el 31 de diciembre. La rebaja del IVA se aplica a la electricidad para todos los consumidores con una potencia contratada de hasta de 10 kilovatios y
está condicionada a que el precio medio mensual del mercado mayorista del mes anterior a la facturación supere los 45 euros por MWh. Es independiente de los precios del mercado mayorista para los hogares perceptores del bono social que, además,
tengan reconocida la condición de vulnerable severo o vulnerable severo en riesgo de exclusión social. A esta medida se añadía la suspensión de 3 meses del impuesto de generación eléctrica.
El Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, prolongaba la suspensión del impuesto de producción de
energía eléctrica hasta finales de 2021, reducía el impuesto especial sobre la electricidad desde el actual 5,1 % al 0,5 %, el mínimo legal permitido por la legislación comunitaria, creaba el denominado suministro mínimo vital para electricidad y
limitaba la revisión de los precios de la tarifa regulada del gas natural.
Poco después, el Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas
natural establecía descuentos del bono social eléctrico desde el 40 hasta el 70 % para los consumidores vulnerables severos y desde el 25 al 60 % en los consumidores vulnerables hasta el 31 de marzo de 2022; e incrementaba la cuantía mínima de
ayuda a percibir por los beneficiarios del bono social térmico (para usos como calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, con productos energéticos que incluyen el gas natural y el GLP envasado).
Posteriormente, el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, mantiene
durante el primer cuatrimestre de 2022 (hasta el 30 de abril de 2022) el tipo del IVA al 10 % para los pequeños consumidores y el tipo del impuesto especial sobre la electricidad al 0,5 %, mientras que el impuesto a la generación eléctrica del 7 %
permanece suspendido en el primer trimestre. Del mismo modo, se mantienen hasta abril los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico. En cuanto al gas, se contemplan medidas de flexibilización de la contratación del gas natural hasta el
31 de marzo de 2022 para instalaciones industriales (con el objetivo de que las empresas que se vean forzadas a reducir su producción no tengan que soportar costes adicionales derivados de las limitaciones que la normativa vigente impone a los
cambios de caudal contratado de gas natural).
Entre tanto, el estado español es uno de los países europeos con mayor IVA en la factura de gas de los consumidores domésticos. Según datos de Eurostat, los consumidores pagan un IVA más alto que los ciudadanos alemanes, franceses o
italianos.
La diferenciación en el tratamiento del suministro de electricidad y gas en lo que se refiere al IVA en todas estas iniciativas no se apoya, o no deriva, de limitaciones que provengan del marco europeo. Al contrario, desde la Unión Europea
se ha aconsejado emplear reducciones en el IVA soportado por los consumos de gas -no sólo de electricidad- como medida coyuntural para reaccionar ante la escalada de los precios energéticos.
Recientemente la Comisión Europea indicaba a los Estados miembros las líneas de actuación o medidas adecuadas a emplear para mitigar el impacto de las subidas temporales de los precios de la energía. Entre ellas, la de aplicar tipos
reducidos del IVA a los productos energéticos, previa consulta al Comité del IVA de la UE. La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 13
de octubre de 2021 recordaba así que la Directiva sobre fiscalidad de la energía y la Directiva sobre el IVA de la UE ofrecen cierta flexibilidad a los Estados miembros y que éstos pueden 'Reducir los tipos impositivos para las poblaciones
vulnerables de manera específica y limitada en el tiempo'.
En efecto, el Artículo 102 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido permite aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, además de
electricidad y de calefacción urbana, siempre que no exista riesgo alguno de distorsión de la competencia. Por consiguiente, es oportuno y adecuado trasladar al gas la reducción del IVA que viene aplicándose a la electricidad. De lo contrario,
podrían además generarse distorsiones que la propia normativa europea procura evitar en la adopción de estas medidas.
La reducción del IVA del gas guarda coherencia con la propuesta de la Comisión Europea de revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, presentada en julio de 2021, que persigue modernizar la fiscalidad de la energía en la UE
adaptándola a los objetivos climáticos y garantizando la justicia social. La Directiva revisada introduciría la posibilidad de exenciones específicas para apoyar a los hogares vulnerables y en situación de pobreza energética, especialmente durante
la transición hacia un sistema energético más limpio. En definitiva, el marco europeo permite a los Estados miembros adoptar con carácter inmediato una serie de medidas específicas para proteger, en el suministro de gas a los consumidores
vulnerables y mitigar los efectos en la industria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español, en el plazo máximo de un mes, a:
1. Rebajar el IVA en el suministro de gas a consumidores vulnerables equivalente a la aplicada al consumo eléctrico.
2. Estudiar medidas que reduzcan la carga fiscal de los productos energéticos, con el fin de evitar encarecer consumos, en situaciones en las que se experimenten precios altos en el mercado como consecuencia de crisis energéticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2022.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Cultura y Deporte
161/003480
Mediante escrito de fecha 22 de diciembre de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común la Proposición no de Ley sobre el fomento de la lectura, publicada en el 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie D, núm. 379, de 22 de diciembre de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/003932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Año Fuster, conmemoración del centenario del nacimiento del escritor
valenciano, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Joan Fuster i Ortells (Sueca, 1922-1992) es una de las personas de la intelectualidad valenciana más destacadas del s. XX.
Abogado, poeta y ensayista se enmarca dentro de una tradición humanista adaptada a la modernidad. Cultivó el aforismo y el ensayo. Mantuvo una decidida actitud pública por las libertades democráticas, especialmente desde el ámbito
valenciano.
Joan Fuster siempre estuvo relacionado con el mundo académico ya que fue profesor y catedrático en la Universitat de Valéncia, que un año después de su fallecimiento creó la Cátedra Joan Fuster, en su honor.
Recibió distintos reconocimientos, los doctorales honoris causa en la Universitat de Barcelona y en la Autónoma de Barcelona y fue miembro de l'lnstitut d'Estudis Catalans, del Consell Valencia de Cultura y de la institució Valenciana
d'Estudis i Investigado, así como director del Institut de Filología Valenciana.
También formó parte del Consistori deis Jocs Floráis de Lo Rat Penat, además de recibir numerosos galardones literarios y cívicos: Joaquim Folguera, Josep Ixart, Concepció Rabell, Per Comprendre, Premi d'honor de les Lletres Castellanes,
Premi de les Lletres del Pais Valenciá, Medalla d'Or de la Generalitat de Cataluña, hijo predilecto de Sueca y a título póstumo la Alta Distinción de la Generalitat, así como las medallas de la Universitat Jaume I y la Universitat de Valencia.
En 2017 se inaugura en Sueca, su ciudad natal, l'Espai Joan Fuster, donde está depositado su legado documental, bibliográfico y artístico y desde donde se reivindica y difunde su legado intelectual.
Este Espai comprende el Aula Didáctica de Cultura Contemporánea Joan Fuster,creada en 2016, además del centro de Documentación y el Museo Joan Fuster, dependiente del Ayuntamiento de la ciudad que lo vio nacer.
Para conmemorar el centenario de su nacimiento y rendirle un merecido homenaje, el pleno del Consell, en noviembre de 2021 aprueba un Decreto por el que declara el 2022 como Año Joan Fuster. Al mismo tiempo da el visto bueno a la creación
de la comisión conmemorativa que desarrollará los actos de la celebración.
De tal importancia es este acontecimiento que el Presidente de la Generalitat ejercerá la presidencia, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, la vicepresidencia primera y el Ministerio de Cultura y Deporte, la vicepresidencia
segunda.
Esta comisión será la encargada de establecer las pautas para la realización de las actividades del Año Joan Fuster y aprobar la programación de actos.
Además, se creará un comité de honor con los organismos públicos implicados en la carrera y obra del escritor, así como con sus herederos. Durante el año 2022 se utilizará la marca Joan Fuster en espacios públicos y soportes publicitarios
que den reconocimiento a la trayectoria del escritor valenciano en el centenario de su nacimiento.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Reconocer la figura de Joan Fuster en el centenario de su nacimiento, como escritor defensor de las libertades democráticas especialmente en el ámbito valenciano.
2. Apoyar los actos programados por la Comisión conmemorativa y el comité de honor, para el Año Joan Fuster.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2022.-Yolanda Seva Ruiz, José Luis Ábalos Meco, Josefa Andrés Barea, Ana María Botella Gómez, Germán Renau Martínez, Vicent Manuel Sarrià Morell, Lázaro Azorín Salar, Alejandro Soler Mur,
Susana Ros Martínez y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/003900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas que garanticen el
acceso a las cuentas de pago básicas a las personas que tienen derecho a ellas, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Las cuentas de pago básicas son un producto financiero a través del cual se pretende promover la inclusión financiera, garantizando a toda la ciudadanía el acceso a los servicios bancarios básicos (depósito y retirada de dinero y operaciones
de pago a través de la ejecución de adeudos domiciliados, transferencias y tarjeta de pago).
En nuestro país, la cuenta de pago básica está regulada a través del Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones, que tiene por objeto incorporar al
ordenamiento jurídico español el régimen previsto en la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el
acceso a cuentas de pago básicas.
Según lo establecido en la normativa vigente todas las entidades de crédito, sin más excepciones que una serie de supuestos limitados que permiten su denegación, están obligadas a ofrecer las cuentas de pago básicas a todas aquellas personas
que residan legalmente en la Unión Europea, las personas solicitantes de asilo y aquellas que no tengan un permiso de residencia pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho. Además, la contratación de este tipo de cuenta no
debe estar vinculada a la suscripción de otros servicios financieros y su comisión, fijada a través de la Orden ECE/228/2019, de 28 de febrero, no debe superar los 3 euros mensuales, salvo en los casos en los que el cliente realice retiradas de
efectivo en cajeros de otra entidad.
Casi un año y medio más tarde de la aprobación del Real Decreto-ley 19/2017, el Gobierno, en el marco de sus competencias a la hora de fijar las comisiones de las cuentas de pago básicas, aprobó el Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por
el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera. De esta forma, se amplía la cobertura de acceso a un conjunto de servicios de pago
esenciales a todas aquellas personas que no podían acceder a este tipo de servicio financiero debido a su grave situación económica. Sin embargo, pese a las medidas regulatorias implementadas desde las Administraciones Públicas, determinados
colectivos continúan enfrentándose a numerosas dificultades para acceder a este tipo de cuentas bancarias, lo que frena la inclusión y cohesión social en nuestro país.
Diversas entidades sociales, que trabajan por la defensa de derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional, llevan desde mediados de 2019 realizando el seguimiento de las irregularidades
identificadas en la contratación de este tipo de cuentas cometidas por las entidades financieras que operan en nuestro país, impidiendo su acceso a personas en situación de vulnerabilidad social y económica.
Entre las principales dificultades con las que se encuentran las personas solicitantes de una cuenta de pago básica destacan las siguientes:
a) No se informa de este producto, ni de la posible gratuidad, a los/as potenciales clientes; de hecho muchas personas empleadas de banca desconocen la existencia y condiciones de las cuentas de pago básicas.
b) No se aceptan documentos acreditativos de la identidad de las personas, como la tarjeta de solicitud de protección internacional (tarjeta roja) o el resguardo de presentación de solicitud de protección internacional, a pesar tener plena
validez.
c) Se requiere certificado de empadronamiento, sin ser este uno de los documentos acreditativos de la identidad contemplados en la normativa.
d) Se solicita documentación adicional a la requerida según la normativa vigente apoyándose en la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo para justificar la no apertura de la cuenta bancaria.
e) Determinadas nacionalidades se encuentran sistemáticamente con mayores dificultades, a pesar de ser solicitantes de protección internacional.
f) Es arbitraria la documentación requerida cuando se trata de acreditar la situación de exclusión y vulnerabilidad de las personas para que dicha cuenta pueda ser gratuita.
g) Se exige la contratación de seguros u otros productos bancarios para autorizar la apertura de la cuenta de pago básica.
h) Se bloquea la cuenta bancaria de forma automática y sin previo aviso en supuestos no contemplados normativamente (por falta de actividad económica, por ejemplo).
i) No consta que las sucursales bancarias estén cumpliendo con la obligación legal de denegar por escrito la apertura de cuentas.
Las irregularidades citadas dejan entrever una falta de seguridad jurídica de la normativa vigente y debilidades en los mecanismos de control y supervisión existentes, lo que permite a las entidades financieras poner distintas trabas para la
prestación de un servicio que tiene escasa o nula rentabilidad económica.
Hay que considerar además que, a medida que avanza el desarrollo tecnológico y nos adentramos en la era digital, la dependencia de los servicios financieros básicos es mayor y, para los colectivos en situación de vulnerabilidad social, las
cuentas bancarias constituyen un servicio imprescindible para poder acceder a las prestaciones sociales concedidas por las administraciones públicas, la contratación de suministros básicos o el pago del alquiler, entre otros.
Por último, cabe señalar, que la situación puede agravarse si tenemos en cuenta las trascendentales consecuencias que tiene sobre nuestra sociedad el proceso de concentración que se está produciendo en el sistema financiero, no sólo por el
número de puestos de trabajo que se están destruyendo en el sector y su impacto en las rentas de las familias, sino también por el aumento de la exclusión financiera que provoca el cierre de oficinas -especialmente en zonas rurales-, el incremento
de las comisiones y la reducción de servicios ofrecidos en ventanilla, entre otros. Además, la reducción de la competencia en el sector (las 5 principales entidades del país copan el 75% del mercado) puede derivar en el aumento de su poder sobre el
cliente.
Desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común creemos que es necesario llevar a cabo una revisión de la normativa relativa a las cuentas de pago básicas y de los mecanismos de control de las
instituciones supervisoras con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente por parte de las entidades bancarias y evitar la exclusión financiera de los colectivos señalados.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Diseñar e implementar las medidas normativas que permitan:
a) Reconocer expresamente que los documentos acreditativos de la condición de solicitante de protección internacional a lo largo de todo el procedimiento como la manifestación de voluntad de solicitar protección internacional, el resguardo
de presentación de solicitud de protección internacional ('hoja blanca'), el documento acreditativo de la condición de solicitante en tramitación de protección internacional ('tarjeta roja') y el documento acreditativo de solicitante de condición de
apátrida ('tarjeta verde'), expedidos por el Ministerio del Interior son documentos de identidad personal expedidos por una autoridad gubernamental considerados documentos válidos, a efectos de identificación formal exigida para la apertura de
cuentas de pago básicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de
mayo.
b) Estudiar e implementar en el plazo más inmediato posible los mecanismos necesarios para que aquellas personas que no tengan un permiso de residencia, pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho, vean garantizado el
derecho reconocido en el artículo 3.c) del Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones.
c) Que ante la demora de la atención directa de determinados Ayuntamientos, cuando el solicitante no disponga de la documentación acreditativa de la vulnerabilidad o el riesgo de exclusión financiera a efectos de ser beneficiario de la
gratuidad de la cuenta de pago básica, aquel pueda aportar un informe
emitido por los servicios sociales del Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma en el que se indique la composición de la unidad familiar o en el que se motive la idoneidad para el acceso a la gratuidad de una cuenta de pago básica, según el
caso.
d) De manera excepcional, y previa autorización de los servicios sociales competentes, las entidades sin ánimo de lucro que forman parte del Sistema Nacional de Acogida e Integración de Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección
Internacional, así como las Entidades del Tercer Sector de Acción Social, debidamente inscritas en el registro que a tal efecto se crea, podrán emitir certificado de riesgo de exclusión financiera con la finalidad de facilitar y agilizar los medios
de prueba ante la demora de la atención directa de determinadas administraciones públicas.
e) Cuando concurran las circunstancias contempladas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, y el artículo 3 del RD 164/2019 relativas a la situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión, se reconocerá
el derecho a la apertura de una cuenta de pago básica de todas las personas que puedan acreditarlo, según lo dispuesto en el artículo 4, y sin perjuicio de las causas de denegación establecidas en artículo 4 del Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de
noviembre.
2. Para mejorar el control sobre la actividad de las entidades financieras que evite la comisión de irregularidades se insta al Gobierno a:
a) Solicitar al Banco de España, como autoridad competente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Real Decreto-ley 19/2017, y al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias (SEPBLAC), como autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, clarificar la concurrencia de las dos legislaciones para garantizar la correcta aplicación de estas
normativas por parte de las entidades bancarias, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo sobre Medidas simplificadas de diligencia debida: Los
sujetos obligados podrán aplicar, en los supuestos y con las condiciones que se determinen reglamentariamente, medidas simplificadas de diligencia debida respecto de aquellos clientes, productos u operaciones que comporten un riesgo reducido de
blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
b) Estudiar la actualización de los 'Criterios comunes de buenas prácticas sobre aplicación de la normativa de prevención de blanqueo al adoptar bloqueos o cancelar relaciones con la clientela' aprobados por el Banco de España y el Sepblac,
implementando medidas concretas que refuercen los mecanismos de vigilancia sobre el cumplimiento de la norma respecto a la comercialización de las cuentas de pago básicas, la denegación motivada y por escrito y a la no obligatoriedad de contratación
de otros productos bancarios para autorizar la apertura de las cuentas de pago básicas.
c) Estudiar medidas que faciliten la interposición de reclamaciones y su seguimiento para todas aquellas personas que tengan dificultades debido al desconocimiento de los procedimientos administrativos, barreras lingüísticas u otros. Para
ello es necesario garantizar que, tal como marca la ley, las denegaciones deben ser notificadas por escrito y motivas.
d) Diseñar medidas que fomenten la transparencia y rendición de cuentas de las entidades financieras y de instituciones supervisoras correspondientes, de manera que se garantice la publicación de datos objetivos sobre el número de cuentas de
pago básicas abiertas, así como de los motivos de denegación alegados.
e) Agilizar los trabajos de creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero que permita resolver de manera extrajudicial casos derivados de las malas prácticas de las instituciones que comercializan productos financieros,
evitando así el colapso de los tribunales y beneficiando a los ciudadanos que no pueden permitirse la vía de los Juzgados para realizar este tipo de reclamaciones.
f) Diseñar medidas que fomenten la transparencia y rendición de cuentas de las entidades financieras y de instituciones supervisoras correspondientes, de manera que se garantice la publicación de datos objetivos sobre el número de cuentas de
pago básicas solicitadas, las cuentas de pago básicas abiertas, así como de los motivos de denegación alegados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2022.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre cuentas de pago básicas, para su debate en Comisión de Asuntos Económicos y Transformación digital.
Exposición de motivos
Los servicios financieros son servicios esenciales en la sociedad actual. Hoy tener derecho a una cuenta bancaria en la que poder recibir cobros y realizar pagos es un derecho esencial de ciudadanía. En este contexto, las cuentas de pago
básicas responden a la necesidad de promover la inclusión financiera en la Unión Europea, facilitando el acceso de los consumidores a los servicios bancarios básicos.
En España, en la actualidad la normativa exige a los bancos ofrecer este tipo de cuentas sin condicionar su contratación a la contratación de otros servicios, sino también a dar a conocer su existencia y a informar sobre sus requisitos de
acceso y permanencia, la documentación exigida para su apertura, sus características de funcionamiento, así como las comisiones asociadas a estas cuentas de pago básicas.
Ahora bien, su funcionamiento está poniendo de manifiesto una serie de deficiencias en la aplicación de la normativa por parte de las entidades bancadas, situación que no ha hecho más que empeorar con la pandemia. Así las cosas, muchos
ayuntamientos están detectando que las personas vulnerables no están teniendo acceso a determinadas rentas y ayudas por no poder disponer de estas cuentas de pago básicas.
Algunas de estas deficiencias están relacionadas con un comportamiento arbitrario de los bancos, tanto en la información a los potenciales usuarios, como en el sistema de reclamaciones, así como en la apertura condicionada a la contratación
de otros productos bancarios, la exigencia de documentación arbitraria para demostrar la situación de exclusión social, o el bloqueo, sin previo aviso, de cuentas de pago básicas abiertas por el hecho de no tener ingresos, supuesto contrario a la
normativa vigente.
Por otro lado, las entidades bancadas advierten problemas con el reconocimiento de la documentación de los solicitantes de cuantas, de pago básicas, como con la tarjeta roja de los solicitantes de asilo o los resguardos de protección
internacional, puesto que no les permite acreditar con veracidad la identidad de las personas que solicitan las cuentas de pago básicas.
Además, en ocasiones para determinadas nacionalidades, las solicitudes son automáticamente denegadas, supuesto relacionado con países de origen de un potencial blanqueo de capitales, según el Banco de España, lo que podría estar dando lugar
a situaciones de discriminación por razón de origen.
Por todo ello, resulta pertinente reforzar la normativa vigente para clarificar la aplicación de las cuentas de pago básicas y adoptar las medidas adecuadas para facilitar su acceso, de manera que se garanticen los derechos de las personas
migrantes y solicitantes de protección internacional y evitar agravar su situación de vulnerabilidad económica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Diseñar e implementar las medidas normativas que permitan:
a) Reconocer expresamente que el documento acreditativo de la condición de solicitante de protección internacional (Documento SPI o tarjeta roja) expedido por el Ministerio del Interiores un documento de identidad personal expedido por una
autoridad gubernamental considerado documento válido, a efectos de identificación formal exigida para la apertura de cuentas de pago básicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
b) Que ante la demora de la atención directa de determinados Ayuntamientos, cuando el solicitante no disponga de la documentación acreditativa de la vulnerabilidad o el riesgo de exclusión financiera a efectos de ser beneficiario de la
gratuidad de la cuenta de pago básica, aquel pueda aportar un informe emitido por los servicios sociales del Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma en el que se indique la
composición de la unidad familiar o en el que se motive la idoneidad para el acceso a la gratuidad de una cuenta de pago básica, según el caso.
2. Mejorar el control sobre la actividad de las entidades financieras:
a) Solicitar al Banco de España, como autoridad competente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Real Decreto-ley 19/2017, sobre cuentas de pago básicas, y al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), como autoridad supervisora de las obligaciones recogidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, clarificar
la concurrencia de las dos legislaciones para garantizar la correcta aplicación de estas normativas por parte de las entidades bancarias.
b) Agilizar los trabajos de creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero que permita resolver de manera extrajudicial casos derivados de las malas prácticas de las instituciones que comercializan productos financieros,
evitando así el colapso de los tribunales y beneficiando a los ciudadanos que no pueden permitirse la vía de los Juzgados para realizar este tipo de reclamaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2022.-Pedro Casares Hontañón, Javier Alfonso Cendón, Patricia Blanquer Alcaraz, Valentín García Gómez, José Carlos Durán Peralta, Pedro Antonio Hurtado Zurera, José Luis Ramos Rodríguez,
María Tamara Raya Rodríguez, Begoña Nasarre Oliva y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de una embajada digital española para su debate
en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La brutal invasión rusa de Ucrania nos ha hecho tener que repensar las coordenadas sobre las que se establece el orden internacional liberal. Durante muchos años hemos confiado, justamente, en la bondad de la interdependencia, las
instituciones internacionales y la progresiva extensión de los valores liberales y democráticos como remedio frente a las guerras entre estados. Sin embargo, igual que no podíamos ignorar la pervivencia de otros tipos de violencia, no podemos,
ahora, ignorar el peligro que representa este ataque, y la necesidad de dotarnos de las capacidades para defendernos.
Esta defensa no debe limitarse, exclusivamente, al dominio físico, sino que debe estar presente también en el reino de lo digital. Los ciberataques son una dimensión muy presente en los conflictos actuales, tal y como se ha demostrado en
las acciones realizadas por Rusia contra las infraestructuras digitales ucranianas, así como sus acciones previas contra los países en su periferia. La llamada 'guerra híbrida', con ciberataques, acciones militares convencionales y siembra de
desinformación, ha sido un elemento clave de las acciones del Kremlin, y debemos estar preparados para su continuación.
En este sentido, merece la pena aprender de las experiencias de aquellos países que han tenido que sufrir los ataques rusos desde hace más tiempo, y se han convertido en pioneros del desarrollo de capacidades digitales en todos los ámbitos.
Así, Estonia, tras el ciberataque sufrido en 2007, que hizo caer 58 páginas web, comenzó un proceso de mejora de sus defensas, así como los primeros pasos para una iniciativa pionera, que cristalizó en junio de 2017. En ese mes, firmaron un acuerdo
con Luxemburgo para el establecimiento de la primera embajada digital del mundo. Esto suponía el establecimiento de servidores de respaldo de datos en el otro país, con la máxima seguridad posible y con los mismos derechos que las embajadas
físicas, tales como la inmunidad. La existencia de esta embajada digital posibilitaría la continuidad del Estado, incluso frente a una invasión, y la protección de datos y archivos de inteligencia vitales ante la posible toma de los centros de
datos principales por parte del Kremlin.
Esta iniciativa pionera supone un interesante caso de estudio para el refuerzo de nuestras capacidades en materia de ciberseguridad. El desarrollo de tecnologías como blockchain puede resultar clave para mejorar la seguridad de estos
procesos, y, además, el establecimiento de estas embajadas digitales supone profundizar en el europeísmo y los acuerdos entre distintos gobiernos para garantizar la pervivencia de los valores democráticos y liberales europeos. El hecho de que la
guerra, ahora mismo, se sitúe en el Este de Europa, no debe alejarnos de nuestras responsabilidades. El orden liberal debe defenderse, y debemos estar listos para proteger los derechos y libertades de nuestros ciudadanos ante cualquier ataque,
tanto en el dominio físico como el digital, utilizando las mejores armas y experiencias a nuestro alcance.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar los trámites para el establecimiento de una embajada digital española en alguno de nuestros países aliados, de tal manera que se garantice la protección de datos de nuestros ciudadanos y la continuidad del mismo en caso de
ciberataque a gran escala.
2. Reforzar las capacidades defensivas en materia digital, bajo la coordinación del INCIBE, ante los ciberataques que está recibiendo nuestro país por parte de actores internacionales, tanto estatales como no estatales.
3. Aumentar los recursos destinados al Kit Digital para empresas, reforzando el componente de ciberseguridad para preparar a las empresas españolas, especialmente las PYMES, en materia de prevención, detección y resolución de ciberataques.
4. Establecer, junto a nuestros aliados de la Unión Europea y de la OTAN, una fuerza de respuesta rápida multinacional frente a ciberataques, siguiendo el ejemplo del Centro de Excelencia OTAN para la Ciberdefensa Cooperativa (CCDCOE, por
sus siglas en inglés).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2022.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Val Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la atención de los pacientes con enfermedad renal
crónica para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública importante, que consiste en la pérdida de funcionalidad de los riñones a lo largo del tiempo, y que tiene una prevalencia de en torno al 7,2 % de la población mayor de 30
años. En nuestro país, según el Estudio Epidemiólogico de la Insuficiencia Renal en España (EPIRCE), esto afecta en torno al 10 % de la población española y, si contamos únicamente a los mayores de 60 años, este porcentaje aumenta hasta más del 20
%. Todo ello, además, teniendo en cuenta que los facultativos consideran que esta enfermedad está infradiagnosticada. En pacientes con enfermedades como hipertensión arterial o diabetes, la prevalencia de la enfermedad renal crónica puede alcanzar
en torno al 35-40 %, a lo que se suma el incremento de la morbimortalidad, especialmente de carácter cardiovascular, relacionado con el deterioro renal.
Muchos de los pacientes que sufren de ERC deben recurrir a un tratamiento de hemodiálisis, que consiste en un proceso de sustitución de la función renal que filtra la sangre periódicamente. Durante este proceso, la sangre se extrae del
organismo y se la hace circular por el dializador, o filtro, donde se
eliminan las toxinas acumuladas y el exceso de líquidos. Después se devuelve la sangre limpia al organismo. Para realizar hemodiálisis se necesita un acceso vascular que permita la circulación de un gran flujo de sangre hacia al dializador
o filtro. Sin embargo, los tratamientos de hemodiálisis pueden resultar pesados para el paciente y para sus familiares o cuidadores, puesto que puede provocar situaciones de presión arterial baja o alta, calambres musculares, problemas para dormir,
anemia, sobrecarga de líquidos, debilitamiento de huesos y enfermedades óseas por falta de vitamina D, o las complicaciones del propio lugar de acceso vascular, como los aneurismas, oclusiones o las infecciones. En el plano de la salud mental,
además, es frecuente que las personas con hemodiálisis sufran depresión o ansiedad.
Por otro lado, la diálisis peritoneal es una forma de eliminar los desechos de la sangre de forma diferente a la hemodiálisis. Durante la diálisis peritoneal, un líquido purificador circula a través de una sonda a parte del abdomen del
paciente. El tejido que reviste el abdomen, llamado peritoneo, actúa como filtro y quita los desechos de la sangre. Después de un período de tiempo determinado, el líquido con los desechos filtrados fluye hacia afuera del abdomen y se descarta.
Esto supone que los tratamientos de diálisis peritoneal pueden realizarse en el domicilio, el lugar de trabajo del paciente o incluso en un viaje, mientras que la hemodiálisis, por sus características, requiere normalmente un entorno de atención
médica como una clínica o un hospital, aunque en algunos casos se realiza en el domicilio del paciente con supervisión y atención médica adecuadas. La diálisis peritoneal, por tanto, puede ofrecer una mayor independencia y flexibilidad al paciente
a la hora de desarrollar sus proyectos personales, además de facilitar el acceso a diálisis para pacientes de zonas rurales o escasamente pobladas que residen lejos de centros de hemodiálisis. También, al realizarse de forma más continua que la
hemodiálisis y reducir así el riesgo de acumulaciones de sodio, potasio o líquidos, permite una dieta más flexible al paciente. Otro de los puntos positivos de este tratamiento es que los facultativos consideran que es el más coste-efectivo para la
sustitución de la función renal. Además, en algunos casos se ha observado que el paciente mantiene una función renal residual durante un período más largo de tiempo que aquellos que se someten a hemodiálisis. Sin embargo, hay que tener en cuenta
también que la diálisis peritoneal puede no ser lo más recomendable para cualquier tipo de paciente, por ejemplo, aquellos con hernias en el músculo abdominal, con cicatrices extensas en él, con historial de enfermedades intestinales inflamatorias o
con capacidad limitada para el autocuidado o para el acceso a cuidados de apoyo.
Pese a ello, los beneficios claros de la diálisis peritoneal han hecho que estos tratamientos continúen en expansión, situándose en el 16 % de todos los pacientes que requieren diálisis durante el año 2020. Según los datos de la Sociedad
Española de Nefrología, más de 1.000 pacientes comenzaron su tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal en 2020 en España, con una mayor incidencia también de la hemodiálisis domiciliaria, facilitando así el acceso de los pacientes al
tratamiento al reducir los desplazamientos y la necesidad de permanecer en un centro sanitario para someterse a ella.
Sin embargo, los expertos alertan de que estos tratamientos menos invasivos y más flexibles aún tienen una incidencia menor entre todos los pacientes con ERC, como recordaron en la XII Reunión Nacional de Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis
Domiciliaria, que se celebró hace unos días en la ciudad de Albacete. De acuerdo a su criterio, es necesario que estas técnicas de diálisis domiciliaria se impulsen de forma más decidida desde las administraciones, aumentando los recursos para
facilitar el acceso a las mismas, y dando un mayor apoyo a los pacientes que por criterios de edad o fragilidad de buena parte de los pacientes. Sin embargo, estas opciones, especialmente cuando se aplican en las etapas más iniciales de la
enfermedad y en los pacientes más jóvenes, pueden suponer una gran mejora de la calidad de vida de los pacientes, de sus familias y de sus cuidadores. Por ello es también tan necesario redoblar los esfuerzos en detección temprana y diagnóstico
eficaz.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en colaboración con las asociaciones de pacientes, las sociedades médicas, los grupos parlamentarios y las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas, un nuevo Documento Marco sobre Enfermedad Renal Crónica (ERC)
dentro de la Estrategia de Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud.
2. Acordar, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un refuerzo de los recursos económicos y humanos destinados al diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica y a la eliminación de barreras en el acceso
de los pacientes a los tratamientos de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria.
3. Negociar con las Comunidades Autónomas un compromiso de reducir, para 2030, los tiempos de espera para un trasplante renal entre un 35-40 % entre pacientes hiperinmunizados con alto riesgo de rechazo y entre un 20-25 % para el resto de
pacientes.
4. Mejorar la información sobre la enfermedad renal crónica, sus síntomas y sus tratamientos entre la población, especialmente en familiares con pacientes o historial familiar de esta enfermedad, facilitando así la atención temprana y
evitando que siga siendo una patología infradiagnosticada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2022.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Val Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Víctor González Coello de Portugal, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Rodrigo Jiménez Revuelta, don Juan Carlos Segura Just, don Rubén Silvano Manso Olivar, don Pablo
Juan Calvo Liste, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón y don Pedro Fernández Hernández, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la publicación, en la página web del Ministerio de Universidades, de las
resoluciones estimadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como la información que, en virtud de las mismas, haya sido instada a remitir al solicitante de la misma, para su discusión en la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades.
Exposición de motivos
Primero. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, 'LTAIBG') tiene por objeto 'ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de
acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento' (artículo 1 LTAIBG).
El preámbulo de la LTAIBG transmite la necesidad de establecer como ejes de la acción política la 'transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno'. Asimismo, la norma reconoce la relevancia de facilitar el
escrutinio público de la toma de decisiones de los actores políticos con el fin de dar respuesta a una demanda social muy extendida a ambos lados del espectro ideológico: los españoles cada vez son más exigentes respecto al mantenimiento de unas
instituciones y responsables públicos ejemplares.
Igualmente, del preámbulo de la LTAIBG se puede extraer que, si España desea mantenerse en los puestos más elevados de los rankings internacionales en materia de transparencia y calidad democrática, se debe llevar a cabo una política de
evaluación continua de las carencias y posibles mejoras de nuestro sistema en tales áreas. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en la trampa del anquilosamiento y el conformismo que, en consecuencia, conllevarán la degradación de nuestras
instituciones y órganos.
Por el contrario, existe una probada vinculación en el sentido contrario de la que son ejemplo las naciones más avanzadas: la prosperidad económica y social están intrínsecamente relacionadas con las instituciones fuertes que se someten
periódicamente a aquellas reformas necesarias para perfeccionarlas.
De esta manera, con carácter general, es esencial continuar detectando y corrigiendo aquellas prácticas que obstaculizan los avances en relación con la transparencia, la calidad institucional y la rendición de cuentas por parte de los cargos
públicos para con los ciudadanos.
Segundo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El Título III de la LTAIBG crea y regula los fines, las funciones y demás características generales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ('CTBG'). El CTBG es una autoridad administrativa independiente del sector público
institucional estatal cuyos fines se centran en la promoción de la cultura de transparencia en las actividades de la Administración Pública, el control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, la garantía del derecho de acceso a la
información pública y la observancia de las disposiciones de buen gobierno, según se desprende del artículo 34.
Para la consecución de los fines indicados supra, tiene encomendadas las funciones contempladas en el artículo 38.1 de la LTAIBG, así como otras comprendidas a lo largo del texto legal. Entre ellas, destaca el control que ejerce el CTBG
respecto del cumplimiento por la Administración General del Estado ('AGE') de las obligaciones contenidas en el capítulo II de la LTAIBG, esto es, respecto de la publicidad activa.
Así, de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 9 de la LTAIBG, 'en ejercicio de la competencia prevista - control del cumplimiento publicidad activa - en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que
procedan'.
El artículo 24 de la LTAIBG, regula el procedimiento para las reclamaciones ante el CTBG, señalando lo siguiente:
'1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común [actual Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas].
Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar
afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez
se hayan notificado a los interesados.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.
6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo
con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley.'
De ello se desprende que las resoluciones son la traslación jurídica de la función de control que debe y tiene que ejercer el CTBG.
Tercero. Seguimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Así pues, aquellos interesados que hayan requerido de la AGE información comprendida en el capítulo II de la LTAIBG - información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica o económica, presupuestaria y
estadística - y no hayan recibido respuesta o si esta ha sido insuficiente, podrán interponer una reclamación ante el CTBG, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
El CTBG hace un seguimiento de todas las reclamaciones que le son presentados para, posteriormente, rendir cuentas a la ciudadanía sobre su actividad. A tal efecto, el CTBG lleva a cabo una serie de publicaciones, de datos, memorias e
informes anuales, comparados con los ejercicios anteriores. Las cifras globales de las diversas entradas en el CTBG se han incrementado casi todos los años desde su creación en el año 2015.
Así, el CTBG recibió, en sus primeros siete años de existencia (2015-2021) un total de 18.159 entradas, entre las que destacan 9.541 reclamaciones (52,5 %), 7.222 informaciones al ciudadano (39,8 %), 720 consultas sobre la aplicación de la
Ley (4 %), 548 denuncias sobre su incumplimiento (3 %) y 128 quejas y sugerencias (0,7 %), según consta en su página web 61.
Respecto al conjunto de las reclamaciones (Administración General del Estado y Administraciones Territoriales 62), sólo en 2021 se recibieron un total de 2.245, lo que supuso un incremento del 31,75 % respecto a 2020. Si se toma como
referencia los siete años de actividad del CTBG, el aumento del número de reclamaciones se eleva en un 334 %.
El número de reclamaciones resueltas por resoluciones estimatorias en 2021 referidas a la AGE y catalogadas por ministerio son:
Ministerio;N° de resoluciones estimadas
Presidencia del Gobierno.;49
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.;4
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.;15
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.;17
Ministerio de Ciencia e Innovación.;3
61 https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Patos-actividades/Estadisticas2021.html
62 Ha de tenerse en consideración que el CTBG tiene asumidas las competencias de ciertas Comunidades Autónomas que han suscrito convenios de colaboración con este.
Ministerio;N° de resoluciones estimadas
Ministerio de Consumo.;1
Ministerio de Cultura y Deporte.;15
Ministerio de Defensa.;9
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.;8
Ministerio de Educación y Formación Profesional.;4
Ministerio de Hacienda y Función Pública.;24
Ministerio de Igualdad.;7
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.;13
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.;5
Ministerio de Justicia.;14
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.;15
Ministerio de Política Territorial.;7
Ministerio de Sanidad.;77
Ministerio de Trabajo y Economía Social.;17
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.;14
Ministerio de Universidades.;3
Ministerio del Interior.;72
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.;8
Fuente: https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones-AGE/ AGE-2021.html
De las reclamaciones estimadas interpuestas contra la AGE, sólo el 2,1 % fueron recurridas por la AGE en vía jurisdiccional, no consta el cumplimiento de un 14,1 % y han sido cumplidas un 80,8 %.
Cuarto. Necesidad de publicidad activa.
Las resoluciones estimatorias del CTBG instan al organismo reclamado a que, en un plazo determinado, remita la información requerida por el reclamante, o parte de ella, al solicitante de dicha información. De esta forma, sólo tiene acceso a
la información demandada quien haya formulado la reclamación ante el CTBG, no haciéndose pública por el organismo concreto de la AGE para terceros.
Esta circunstancia no tiene sentido. Si el CTBG ha estimado la reclamación y la AGE no ha impugnado la misma, dándole debido cumplimiento, se pueden extraer dos conclusiones:
- Que el CTBG ha entendido y fundamentado jurídicamente que la información solicitada efectivamente reviste de interés público y, en consecuencia, debe hacérsele llegar al interesado.
- Que la AGE lo ha entendido en los mismos términos y, por tanto, ha accedido a dar traslado de dicha información.
Y, huelga decir, que si un ciudadano tiene derecho a conocer determinada información pública, los demás conciudadanos también lo tienen.
Por cuanto antecede, en virtud del criterio rector de sometimiento pleno a la ley y al Derecho con que debe actuar la Administración Pública (artículo 103.1 CE) y del principio de publicidad activa (artículo 5 LTAIBG), la AGE debería estar
obligada a publicar, en la respectiva página web del órgano compelido, la información cuyo conocimiento haya sido reputado relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación
pública.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que haga públicas, en la página web del Ministerio de Universidades, todas las resoluciones estimadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente al ministerio del ramo, así como
la información que, en virtud de las mismas, haya sido instada a remitir al solicitante de la misma, con el fin de facilitar a los interesados el acceso a la información que se haya reputado relevante para garantizar la transparencia de su actividad
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2022.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Juan Carlos Segura Just, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Juan Calvo Liste,
Rodrigo Jiménez Revuelta, Inés María Cañizares Pacheco, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Rubén Silvano Manso Olivar, Pedro Fernández Hernández y Mireia Borrás Pabón, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley impulso de medidas para el sector aeroespacial en el marco de los fondos europeos
Next Generation EU, para su debate en la Comisión de Innovación, Ciencia y Universidades.
Exposición de motivos
La industria aeroespacial se encuentra en una fase de amplio desarrollo, con un alto elevado crecimiento en los últimos años donde algunos datos apuntan a un crecimiento de un 83,7 % desde 2008 hasta el año 2019. Además, según el ICEX
España Exportación e Importación, el sector representó en el mismo año el 1 % del total del Producto Interior Bruto y un 7,3 % del índice español de producción industrial. Asimismo, se contabilizan más de 57.600 personas trabajando en el sector.
Se configura, por tanto, como un sector estratégico con alta capacidad de creación de valor, de empleo de calidad y generador de inversión en l+D+i, incluso en otros sectores ajenos al aeroespacial.
La industria de nuestro país participa en proyectos clave del sector aeronáutico y espaciales muy diversos, con multitud de aplicaciones comerciales, industriales y militares como el diseño, producción y mantenimiento de turbinas de baja
presión, aviones de reabastecimiento en vuelo, sistemas de gestión de vuelo, transporte militar, etc. Se trata de una industria fuertemente exportadora, y de gran esfuerzo en l+D+i, catalizador de talento, conocimiento y desarrollo de tecnologías
que impactan directamente en otros sectores como las comunicaciones, la energía, la agricultura, la defensa o el transporte.
La aplicación de iniciativas que favorezcan la mejora del posicionamiento de España a nivel internacional, han de ser fundamentales para que la industria de nuestro país se sitúe en el debate internacional, aunque según el ICEX, España ya
ocupa la quinta posición en Europa en relación con el volumen de ventas y al número de personas que emplea en el sector. Impulsar el liderazgo y competitividad a nivel internacional permitiría transformar la sociedad y relanzar el progreso y el
bienestar social, ya que maximizar el uso del espacio mejorará la vida de las personas, añadiendo y mejorando servicios para los ciudadanos y el medio ambiente.
Por ello, se requiere de una política pública específica con programas a largo que permita la planificación y optimización de las inversiones en programas de l+D+i y en proyectos transformadores. Apostar claramente por la colaboración
público-privada y reforzar el papel de los centros públicos de investigación permitiría la consolidación de empresas a nivel estatal y europeo.
La crisis sanitaria de la COVID-19 ha permitido identificar al sector aeroespacial como estratégico. En este sentido, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado y alabado por la Comisión Europea, contempla la
necesidad de llevar a cabo actuaciones e inversiones sobre las tecnologías aeroespaciales orientadas hacia una industria más sostenible y que permita reforzar sus capacidades y generar valor en toda su cadena de valor.
Aunque el propio PRTR establece numerosos objetivos y acciones concretas de inversión, es de destacar el apoyo en el ámbito aeronáutico a la generación de capacidades tecnológicas del futuro avión de bajas y cero emisiones, ya establecido
como objetivo general del Programa Tecnológico Aeronáutico (PTA). En el ámbito espacial, destaca el impulso al establecimiento de un programa de tecnología espacial que permita generar nuevas capacidades propias y eliminar dependencias
tecnológicas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar, en el año 2022, un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) destinado al sector aeronáutico y espacial que tenga como objetivo la mejora de capacidades tecnológicas e industriales en el
sector, así como la creación de empleo altamente cualificado, la generación de nuevas tecnologías y la mejora del posicionamiento estratégico del sector.
2. Trabajar en colaboración con la Agencia Europea del Espacio (ESA), empresas del sector aeroespacial, centros tecnológicos, universidades y organismos públicos de investigación para el desarrollo de dicho PERTE con el objetivo de lograr,
a través de una gestión eficiente, el aprovechamiento óptimo de los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2022.-Javier Alfonso Cendón, Sandra Guaita Esteruelas, Roberto García Moris, Juan Francisco Serrano Martínez, Cristina López Zamora y Alejandro Soler Mur, Diputados.-José Zaragoza Alonso
y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para erradicar la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el contexto de la crisis climática, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El cambio climático está amplificando la pobreza, el hambre y las desigualdades en todo el mundo y, además, lo está haciendo de manera desigual. Los países pobres son los que menos han contribuido al mismo y, sin embargo, son quienes más
directamente lo sufren, los más perjudicados por sus consecuencias y los que están contando con un acceso más limitado a los recursos que les permitirían adaptarse.
Según datos proporcionados por Oxfam, de 1990 a 2015, la mitad más pobre de la población mundial contribuyó con solo el 7 % de las emisiones de carbono acumuladas, mientras que el 10 % más rico del planeta fue responsable del 52 %. Se
calcula que en 2050 alrededor de 140 millones de personas se verán obligadas a abandonar sus hogares a consecuencia del cambio climático.
Garantizar la realización efectiva de derechos humanos como la alimentación, la salud, el agua y el saneamiento o la vida en entornos saludables, depende directamente de la protección del medioambiente. Además, las desigualdades sociales,
económicas y culturales, y la marginación que resulta de la discriminación por motivos de género, clase, raza, etnia, edad o discapacidad entre otros, incrementan la vulnerabilidad de las personas que la sufren y su capacidad de adaptación a las
mismas. Por ello, las respuestas a la crisis climática deben basarse en los derechos humanos y reducir las desigualdades sin dejar a nadie atrás.
Este año el 66.º período de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la mujer, que tendrá lugar en Nueva York del 14 al 25 de marzo de 2022, focalizará la atención hacia 'Lograr la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas en el contexto de las políticas y programas de cambio climático, medio ambiente y reducción del riesgo de desastres', siendo uno de los asuntos centrales en la agenda internacional. El objetivo de la
comisión será conseguir que el documento final, negociado entre todos los estados miembros de Naciones Unidas, incluya recomendaciones dirigidas a paliar los efectos que las crisis climáticas y humanitarias producen en la vida y el cuerpo de las
mujeres y niñas.
En estos contextos de crisis, las mujeres y las niñas son las que corren un mayor riesgo de experimentar sus efectos nocivos, muchos de ellos relacionados con su salud y sus derechos sexuales y reproductivos como el aumento de la morbilidad
y la mortalidad materna. Por otro lado, el acceso al agua limpia y segura es fundamental para garantizar la atención durante el embarazo y el parto o para la administración de ciertos métodos anticonceptivos. La ausencia de instalaciones
sanitarias adecuadas y puntos de suministro de agua en lugares seguros también incrementa el riesgo de violencia sexual y de género, y afecta a la gestión de la salud menstrual. Finalmente, los riesgos de sufrir violencia sexual y de género se
incrementan durante las crisis humanitarias y los desplazamientos, muchos de ellos debido a los efectos causados por catástrofes naturales, sequías, hambrunas, etc., directamente relacionadas con la degradación del medioambiente. Por no hablar de
los matrimonios infantiles, precoces y forzados, que aumentan en estas situaciones de crisis, y de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales diversas y discriminadas, cuyos derechos y
necesidades suelen, en el mejor de los casos, ignorarse en estos contextos de emergencia.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aplicar un enfoque basado en los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social a la lucha contra el cambio climático.
2. Reconocer las evidencias sobre las interrelaciones que existen entre la salud, los derechos sexuales y reproductivos y la crisis climática, garantizando una financiación sólida y feminista encaminada a erradicar la vulneración de los
derechos de las mujeres.
3. Enmarcar los servicios de salud sexual y reproductiva en contextos de emergencia y crisis humanitaria como esenciales, garantizando una adecuada atención, respaldada con una dotación económica apropiada.
4. Ofrecer ayuda financiera, y de cualquier otra índole necesaria, a países de ingresos bajos y medios para que puedan hacer frente y adaptarse a la crisis climática.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2022.-Pedro Antonio Honrubia Hurtado y Lucía Muñoz Dalda, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Igualdad
161/003909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar medidas para
eliminar la brecha de género en el ámbito empresarial, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Durante los últimos meses, acontecimientos excepcionales y sin precedentes han tenido un impacto imprevisto en el progreso de las mujeres, en la alta dirección, en las empresas, en sus perspectivas y los retos a los que se enfrentan en los
próximos meses y años.
La cifra de mujeres directivas en España se sitúa en el 34 % por segundo año consecutivo, según los datos del informe 'Women In Business 2021' elaborado por Grant Thornton que analiza a empresas de 50 a 500 empleados, cotizadas y no
cotizadas. Un estancamiento que se produce tras una evolución positiva en los últimos dos años, en los que pasó del 27 % al 30 % en 2019 y del 30 % al 34 % en 2020.
Según recoge el Informe de Grant Thornton, el entorno empresarial está experimentando cambios acelerados, principalmente relacionados con entornos de trabajo más flexibles e híbridos que muchas organizaciones han adoptado en los últimos
meses, incorporando las enseñanzas positivas de la pandemia en torno a la diversidad, la inclusión y las mujeres en el liderazgo.
Diversos estudios de investigación realizados a partir de 2020 concluyen que tanto el empleo como el desarrollo profesional de las mujeres se han visto afectados de forma significativa por la pandemia. Pero difieren si esta situación
excepcional ha hecho retroceder varios años el movimiento por la igualdad o si pudiese ser un trampolín para que más mujeres accedan a puestos de responsabilidad.
Un panorama laboral más digital ha eliminado algunos obstáculos tradicionales para las carreras de las mujeres. La flexibilidad en el trabajo, la eliminación de la presión de los desplazamientos y la tecnología para conectarse y participar
plenamente desde una ubicación remota, ha estado durante mucho tiempo en la lista de acciones necesarias para promover la progresión profesional femenina.
Ahora bien, el progreso hacia una mayor diversidad e inclusión, y en particular la igualdad en la alta dirección ha avanzado en la última década más lentamente de lo que debería.
Según el citado Informe de Grant Thornton, los beneficios de la diversidad a nivel directivo incluyen la mejora de los resultados financieros, el aprovechamiento del talento, el reflejo de las perspectivas del mercado y de los clientes, y el
aumento de la innovación.
Sin embargo, el impacto de la pandemia no se ha limitado a un cambio en el trabajo a distancia. Las mujeres se han visto más afectadas por los despidos y las bajas laborales. Según el BBVA Research, en España la brecha de género en el
mercado laboral se ha acelerado en los últimos meses, principalmente porque las mujeres ocupan un porcentaje mayoritario en los sectores de actividad más castigados por la pandemia.
Esta misma conclusión se detalla en el Informe 'Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España', de Cáritas y la Fundación FOESSA. Esta crisis, en 2020, ha tenido más impacto en sectores más feminizados, como el
comercio o la hostelería, lo que ha implicado un retroceso mayor para muchas mujeres en términos de integración social. Mientras que la tendencia general en hogares
encabezados por hombres ha sido el descenso de la integración plena a la precaria, en hogares encabezados por mujeres ha prevalecido el descenso de la integración precaria a la exclusión.
La exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 18 % en 2018 al 26 % en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres (que pasaron del 15 % al 18 %).
En dicho Informe BBVA Research se señala que la cifra de mujeres directivas en nuestro país se ha estancado, ya que es el mismo porcentaje que el año anterior (2020), un 34 %; tras una tendencia alcista en años anteriores, con incrementos
importantes del 27 % al 30 % en 2019 y del 30 % al 34 % en 2020. Cifra que hace que España abandone el top 10 en el ranking de los 29 países analizados en el estudio mundial de Grant Thornton, bajando 4 puestos hasta situarse en el número 14,
frente a las grandes mejoras experimentadas por países como Alemania, que pasa de un 30 % a un 38 % o Reino Unido, de un 29 % a un 34 %, en el ranking liderado por Filipinas (48 %).
Y si analizamos los datos por Comunidades Autónomas que concentran el mayor número de empresas de nuestro país, Madrid lidera con un 39 % de mujeres en puestos directivos (un punto por encima del dato de 2020), pero también mejoran Cataluña,
34 %; Galicia, 33 %; Andalucía, 29 %; Valencia, 26 %, siendo el País Vasco la única que baja un punto hasta el 23 %.
Sin embargo, todos estos datos ponen de manifiesto que queda mucho trabajo por hacer en la gestión de la diversidad y en la creación de culturas dirigidas a garantizar el desarrollo de carreras profesionales de la mujer.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar medidas dirigidas a eliminar la brecha de género en el ámbito empresarial, con especial atención a las empresas situadas en el medio rural.
2. Promover acciones que reviertan la situación descrita, e impulsen el liderazgo femenino para ocupar puestos directivos y de representación y liderar equipos dentro de las empresas.
3. Desarrollar iniciativas de formación destinadas a las mujeres para luchar contra la brecha digital.
4. Implementar iniciativas que luchen contra el aumento de las distintas brechas: salarial, pensiones, como consecuencia de la crisis social y económica derivada de la pandemia.
5. Potenciar medidas como el teletrabajo, la flexibilidad laboral para el cuidado de menores y dependientes, avanzar hacia una reforma horaria acorde con el resto de los países europeos, remuneración por objetivos o establecimiento de
horarios claros para evitar la extradedicación.
6. Programas que fomenten la corresponsabilidad en el sector privado mediante la incentivación de buenas prácticas que avancen hacia una mayor conciliación entre mujeres y hombres y hacia una mayor igualdad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2022.-María Auxiliadora Pérez Díaz y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas para eliminar la
brecha de género en el medio rural, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Las mujeres que viven en el medio rural se enfrentan a una doble desigualdad: la provocada por su entorno de su residencia o hábitat, en términos de oportunidades laborales, acceso a servicios, y conectividad física y digital; y la
provocada por el hecho de ser mujer. Esta es la premisa de partida del
análisis desplegado en el Informe 'Coste de oportunidad de la brecha de género en el medio rural' elaborado por ClosinGap y publicado el pasado 2 de febrero de 2022.
De este Informe se desvela que las brechas de género existen en el medio rural centradas en cuatro dimensiones: demografía, formación, participación y condiciones de mercado de trabajo, y conciliación.
La población rural se encuentra más masculinizada que la urbana, situación que es más acusada en los municipios de menor tamaño. Esto es, mientras que en los entornos urbanos hay 93,8 hombres por cada 100 mujeres, en las poblaciones
rurales, son 101,3 hombres por cada 100 mujeres. Esta tendencia se observa desde 1998 y se debe, en parte, porque las mujeres emigran a las ciudades más que los hombres, 33 de cada 100 mujeres, por 28 hombres de cada 100 mujeres.
Por otro lado, el envejecimiento de la población femenina en el ámbito rural es más intenso: si en zonas urbanas las mujeres de 65 años o más representan el 21,3 %, el porcentaje aumenta hasta el 22,1 % en el medio rural (frente al 16,5 %
de los hombres urbanos y 18,2 % de los hombres rurales). Asimismo, en el caso de la tasa de dependencia (mayor en el medio rural 0,31 %), por cada mujer en edad de trabajar en entornos rurales, hay 0,36 mujeres mayores, mientras que, en el caso de
los hombres, esta cifra baja hasta el 0,28.
En este Informe se destaca que, España se encuentra a la cola de Europa en participación en el mercado de trabajo (medida por la tasa de actividad), rezago que se materializa además con una brecha de género de casi nueve puntos porcentuales
a favor de los hombres.
Además, España ocupa las posiciones de cola en Europa en cuanto a inclusión del talento femenino en el mercado laboral rural: es el quinto país con la tasa de actividad rural femenina más baja (73,0 %); el tercero con la tasa de empleo
rural femenino más reducida (64,0 %); y el segundo con mayor tasa de paro femenino rural (12,9 %).
Mientras que la tasa de temporalidad en el medio rural es del 52 % entre los hombres, para las mujeres es un 8 % superior. La tasa de parcialidad se sitúa en el 13,9 % (frente al 5,3 % de los hombres rurales).
En materia de conciliación, el Informe de ClosinGap destaca que las mujeres rurales dedican dos horas y siete minutos más al día al hogar y la familia que los hombres. Esta desigual dedicación genera un coste de oportunidad para la economía
de más de 38.500 millones de euros, es decir, el equivalente al 3,1 % del PIB de 2019.
El colectivo de mujeres rurales no está tampoco presente en la toma de decisiones. De los 1,6 millones de personas empleadas en explotaciones agrarias, el 65,4 % son hombres y hay aproximadamente tres hombres que son titulares-jefe de la
explotación por cada mujer en la misma posición.
Una de las conclusiones del Informe es poner en valor el potencial del teletrabajo para revertir la despoblación del medio rural, ya que el eventual retorno al medio rural en modalidad de teletrabajo de las personas que migraron a zonas
urbanas, especialmente mujeres, supondría un importante impacto económico.
Estas son solo algunas de las conclusiones derivadas del referido Informe que son reveladoras de la situación actual de las mujeres que viven en el medio rural y, en consecuencia, de las medidas que se deben implantar para revertir esta
situación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Apoyar a las mujeres rurales en situación de desempleo en el desarrollo y formación de competencias laborales.
- Apoyar a las mujeres emprendedoras rurales, así como a las empresas situadas en el ámbito rural y lideradas por mujeres, en el desarrollo de sus planes de negocio y en la búsqueda de financiación.
- Impulsar políticas de fomento de la natalidad para afrontar el reto demográfico en la línea de las adoptadas por países de nuestro entorno.
- Mejorar la conectividad física y digital del medio rural puesto que facilitaría la localización de empresas en territorios rurales.
- Impulsar la formación a distancia, garantizando que sea de calidad, puesto que puede coadyuvar a evitar que un entorno se despueble.
- Potenciar y facilitar la modalidad del teletrabajo dado que podría facilitar el retorno de mujeres al medio rural.
- Impulsar la Titularidad compartida de las mujeres en las explotaciones agrarias y ganaderas, evaluando su diseño y mejorándolo para que tenga mayor impacto.
- Potenciar el liderazgo empresarial femenino en el turismo rural, como incentivo para reflotar la caída de la población rural mediante la diversificación de los sectores productivos fundamentales en el campo.
- Acelerar y garantizar la profesionalización, estandarización y accesibilidad de los servicios de cuidados en el medio rural.
- Fomentar y educar en corresponsabilidad, eliminando los estereotipos desde las edades más tempranas.
- Dar visibilidad al papel de las mujeres en el medio rural y difundirlo en la sociedad, reconociendo sus contribuciones, sus talentos y aportes.
- Impulsar medidas específicas destinadas a las mujeres del medio rural que se encargan de cuidar a mayores, dependientes y personas con discapacidad.
- Promover la incorporación de las mujeres en los órganos y puestos de decisión y participación del ámbito rural, acabando con las barreras que hoy en día siguen existiendo y que limitan el poder de las mujeres rurales, así como a cooperar
para fomentar su empoderamiento político, y socioeconómico.
- Priorizar el acceso de las mujeres en las ayudas al emprendimiento rural en proyectos financiados con Fondos Feader para el desarrollo rural, especialmente en aquellos promovidos por los Grupos de Acción Local.
- Apoyar la labor de las asociaciones de las mujeres del medio rural, como elemento clave de la dinamización social, económica y cultural.
- Incorporar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el diseño de las políticas de fomento del medio rural.
- Mejorar y actualizar el conocimiento sobre la situación de las mujeres del medio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2022.-María Auxiliadora Pérez Díaz y Marga Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguidad Vial
161/003899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Patricia Rueda Perelló, don Francisco José Alcaraz Martos, don Julio Utrilla Cano, don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, don Luis Gestoso de Miguel y don Víctor Manuel Sánchez del Real, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley dirigida
a la creación de un plan de renovación del parque automovilístico español que implique una mejora de la seguridad vial, para su discusión en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Primero. Antigüedad de los vehículos y Seguridad Vial.
1. La antigüedad de los vehículos es un factor de riesgo en cuanto a la seguridad vial. Por un lado, los vehículos más antiguos sufren un desgaste de sus componentes y, por otro lado, no disponen de los nuevos sistemas que en materia de
seguridad incorporan los vehículos actuales, lo que indudablemente incide negativamente en la siniestralidad. Así, representantes tanto de la industria de la automoción, como de asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, han alertado sobre
el mayor riesgo que suponen los vehículos con más edad para la seguridad vial.
2. Según el último Anuario Estadístico General correspondiente a 2020 publicado por la Dirección General de Tráfico ('DGT'), en ese año había en España 34.765.203 vehículos, de los que 24.716.898
eran turismos 63. Y, de estos turismos, sólo 5.761.488 tenían hasta 4 años de antigüedad, mientras que 9.785.365 tenían más de 15 años 64. Asimismo, según el informe 'Vehicles in use. Europe 2022' 65 de enero de 2022 publicado por la
European Automobile Manufacturers Association (ACEA), la edad media de los turismos en España es de 13,1 años frente a los 11,8 que representa la media de la Unión Europea.
3. En cuanto a la relación entre la antigüedad y la accidentalidad, en el estudio 'Las principales cifras de la siniestralidad vial. España 2019', último publicado por la DGT, se indicaba que, en accidentes mortales en vías interurbanas,
la edad media de los turismos implicados era de 12,1 años y que en los vehículos donde viajaban las víctimas era 14,5 años. En cuanto a las vías urbanas, la primera cifra fue de 11,6 años y la segunda de 15 años 66.
4. Se aprecia así que España tiene un parque de vehículos envejecido, el segundo parque móvil más antiguo de Europa (solo detrás de Italia) y que precisa de una urgente renovación para mejorar la seguridad vial.
Segundo. Medidas adoptadas en relación con la adquisición de vehículos nuevos: no se prima la Seguridad Vial.
5. Los sucesivos Gobiernos han adoptado actuaciones del todo insuficientes para afrontar el problema expuesto. Durante la presente legislatura se han llevado a cabo determinadas medidas tendentes a la renovación del parque automovilístico,
pero únicamente enfocadas en vehículos eléctricos o híbridos, siguiendo los postulados de la Agenda 2030 y prescindiendo de la seguridad, los intereses y las capacidades económicas de los españoles, así como la falta de infraestructura de recarga
para el vehículo electrificado de acceso público.
6. Esto se ha apreciado, por ejemplo, con el Programa de Renovación del parque circulante español en 2020 (Plan Renove 2020), creado por el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y
el empleo, por el que se buscaba incentivar la adquisición en España de vehículos con las mejores tecnologías disponibles, que permita la sustitución de los vehículos más antiguos por modelos más limpios y más seguros, incorporando al mismo tiempo
criterios ambientales y sociales (artículo 38.1) y que se encontraba dotado con 250 millones de euros (Disposición adicional primera).
7. El fracaso de este plan se debió a, entre otras, dos cuestiones. En primer lugar, el plazo para solicitar las ayudas fue de tan solo dos meses, desde la entrada en vigor de la Orden ICT/971/2020, de 15 de octubre, por la que se
desarrolla el programa de renovación del parque circulante español en 2020 (Plan Renove 2020) y se modifica el Anexo II del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (18 de octubre
de 2020) hasta el 31 de diciembre de 2020 (artículo 3 de esta misma Orden). En segundo lugar, el trámite de concesión estuvo protagonizado por el mal funcionamiento del servicio telemático y de atención telefónica del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. De hecho, estas deficiencias llevaron al Defensor del Pueblo a pedir explicaciones al Gobierno 67. Lo cierto es que solo se concedieron ayudas por importe de 37,73 millones de euros de los 250 presupuestados 68.
8. También se ha producido una situación análoga, con los programas Moves II 69 y Moves III 70 , con un presupuesto de 100 millones de euros y de 400 millones de euros, respectivamente, creados ambos en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y financiadas por la Unión Europea con los fondos Next Generation-EU.
9. El Programa Moves II, según dispone el Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves II) y se acuerda la
63 https://www-org.dgt.es/Galerías/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/publicaciones/anuario-estadistico-de-general/Anuario-Estadistico-General-2020.pdf [fecha de consulta: 1 de marzo de 2022].
64 Ibíd. Página 95
65 https://www.acea.auto/files/ACEA-report-vehicles-in-use-europe-2022.pdf [fecha de consulta: 1 de marzo de 2022].
66 https://www-org.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/publicaciones/principales-cifras-siniestralidad/#:~ text=Las %20principales %20cifras %20de %201a %20siniestralidad%20vial.% 20Espa %C3 %Bla %202019 [fecha de consulta:
25 de febrero de 2022].
67 https://www.elperiodico.com/es/economia/20210209/defensor-pueblo-pide-explicaciones-gobierno-plan-renove-11507515 [fecha de consulta: 18 de febrero de 2022]
68 https://okdiario.com/economia/sector-del-automovil-critica-plan-renove-sanchez-nunca-habia-sobrado-85-fondos-6715315 [fecha de consulta: 18 de febrero de 2022]
69 https://www.idae.es/ayudas-v-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-ii [fecha de consulta: 18 de febrero de 2022]
70 https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii [fecha de consulta: 18 de febrero de 2022]
concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, consistía en la concesión de ayudas a las regiones autonómicas para que éstas subvencionaran, entre otras actuaciones, la
adquisición de vehículos de energías alternativas (artículo 7).
10. Sobre el Plan Moves III, en el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos
ligados a la movilidad eléctrica (Moves III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, se establecía el plazo de tres meses desde su entrada en vigor para que las autoridades autonómicas realizaran las
correspondientes convocatorias de este plan (art. 7.2). Sin embargo, muchas Comunidades Autónomas, como ya ocurrió con el Plan Moves II, realizaron la solicitud fuera de plazo 71. Asimismo, limita los incentivos a la adquisición de vehículos
eléctricos 'enchufables' y de pila de combustible y a la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
11. Estos programas no han dado los resultados esperados y han sufrido numerosas críticas por el sector tanto por la implantación heterogénea en las regiones autonómicas 72 como por la complejidad de la tramitación de las ayudas,
especialmente en operaciones de renting hace que los usuarios renuncien a las ayudas. En definitiva, según algunos fabricantes de vehículos, estos programas son más campañas publicitarias del Gobierno que verdaderos planes de incentivos a la
renovación del parque de automóviles 73.
12. Además, por el Gobierno se ha condenado la posible adquisición de vehículos que también son menos contaminantes pero que son más asequibles que los coches eléctricos, por ejemplo, aquellos propulsados por energías englobadas dentro de
la categoría Euro VI. Como exponía el presidente de Faconauto, don Gerardo Pérez: El ataque vivido en España contra el diésel no se ha dado en otros países de la UE 74.
Tercero. Últimos datos sobre adquisición de vehículos.
13. El resultado de poner el foco en el vehículo eléctrico como única solución tiene como consecuencia que las familias de rentas más bajas se ven obligadas a adquirir vehículos de ocasión más asequibles, con el perjuicio que ello conlleva
para la seguridad vial. Como exponía don Marcel Blanes, responsable de Relaciones Institucionales de coches.net y motos.net en Los Diálogos de la Vanguardia: el 70 % de los usuarios quiere comprar un coche de ocasión antes que uno nuevo.
Asimismo, subrayaba que [l]os gobiernos deberían escuchar más a las asociaciones del sector del automóvil para llegar al 2030 y al 2050 con una transición correcta. No podemos actuar como si ya estuviéramos en esos años porque el país no está
preparado para dar el paso hacia el coche eléctrico de la noche a la mañana. Ni se fabrican los suficientes, ni tienen todavía un precio asequible para la mayoría de los posibles compradores ni existen las infraestructuras necesarias, ya que apenas
hay conexiones públicas para la recarga de los mismos 75.
14. Efectivamente, esto se ha reflejado en los últimos datos publicados. El pasado 11 de enero de 2022, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios ('GANVAM'), mediante nota de prensa publicó las
cifras de ventas de vehículos de ocasión en 2021 76. Según los datos facilitados por GANVAM, en 2021 se vendieron 1.989.662 vehículos de ocasión; un 9 % más que en 2020 aunque todavía un 5,2 % menos que en 2019. Según se expone 'por cada vehículo
nuevo se vendieron 2,3 de segunda mano'.
15. En cuanto a las operaciones por tramos de antigüedad, las ventas de vehículos que tienen más de 15 años incrementaron su número un 22,7 %, representando el 34 % del mercado. Y, las transferencias de vehículos entre 5 y 8 años de
antigüedad aumentaron un 34,2 %, superando en un 24,5 % las ventas de 2019.
71
https://www.xataka.com/vehiculos/plan-moves-iii-llega-tarde-estas-pocas-comunidades-autonomas-donde-se-pueden-pedir-ayudas-al-coche-electrico,?https://www.autobild.es/noticias/plan-moves-iii-solo-estas-siete-comunidades-han-activado-ayudas-pl
azo-899311 o https://www.motorpasion.com/industria/solo-cuatro-comunidades-han-activado-avudas-a-compra-plan-moves-iii-hoy-se-agota-plazo, entre otros muchos.
72 https://hipertextual.com/2021/05/coches-electricos-espana-plan-moves-iii [fecha de consulta: 18 de febrero de 2022]
73 https://okdiario.com/economía/stellantis-mercedes-benz-cargan-contra-ayudas-electricos-ribera-8434870 [fecha de consulta: 18 de febrero de 2022]
74 https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/10264047/12/19/Gerardo-Perez-presidente-concesionarios-El-ataque-vivido-en-Espana-contra-el-diesel-no-se-ha-dado-en-otros-paises-de-la-UE.html [fecha de consulta: 29 de enero de 2022].
75 https://www.lavanguardia.com/economia/20211018/7797Q78/coche-electrico-espana-brl.html [fecha de consulta: 1 de marzo de 2022],
76 https://www.ganvam.es/wp-content/uploads/2022/01/NP-Mercado-ocasion-2021.pdf [fecha de consulta: 18 de febrero de 2022]
16. Respecto a la forma de propulsión, si bien los modelos eléctricos de segunda mano incrementaron sus ventas un 91,7 %, solo supone una cuota de mercado del 0,5 %. Sin embargo, los modelos con motor diésel crecieron un 7,2 %, aunque
siguen por debajo de las ventas que experimentaron en 2019, y representan un 59 % de las transacciones del mercado.
17. En cuanto a los vehículos nuevos, los datos que proporciona la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones ('ANFAC') sobre las matriculaciones de vehículos ligeros, a cierre de 2021 77, muestran que respecto a 2020 (año
de la crisis sanitaria) únicamente se ha incrementado el número de matriculaciones el 1 %. No obstante, han caído un 32 % respecto al año 2019 (contexto prepandémico), y si se comparan los meses de febrero de 2019 y 2022 se evidencia una caída del
38 %, lo que supone que los planes impulsados por el Gobierno no han dado sus frutos.
Cuarto. Evitar el crecimiento de la brecha entre españoles por poder adquisitivo.
18. En definitiva, debe realizarse una implementación del coche eléctrico de forma gradual y progresiva, tanto para uso privado como transporte público. Ahora bien, ello sin demonizar los motores exclusivamente de combustión, como se ha
hecho hasta ahora.
19. En el presente contexto de crisis, las necesidades de movilidad no han desaparecido, sin embargo, los españoles no han podido adquirir nuevos vehículos y se han decantado por el mercado de vehículos de ocasión, creándose así una brecha
aún mayor entre los ciudadanos e incrementándose la siniestralidad en carretera.
20. A lo anterior se suma que la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética dispone en su artículo 14, entre otras cuestiones, la obligación de los municipios de más de 50.000 habitantes (y los de más de 20.000
según el grado de emisiones), de establecer zonas de bajas emisiones (ZBE) antes de 2023. Y, la forma de controlar la circulación de vehículos por las ZBE se hará mediante los distintivos ambientales establecidos por la Dirección General de Tráfico
78.
21. A estos efectos, la clasificación de los vehículos se encuentra en el apartado E) Clasificación de los vehículos por su potencial contaminante del Anexo II del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Vehículos, donde se clasifican en 'Vehículos 0 emisiones', 'Vehículos ECO', 'Vehículos C', 'Vehículos B' y 'Vehículos A'. Los vehículos A son todos los que no se encuentran en las anteriores categorías y ni siquiera tienen
derecho a distintivo alguno.
22. No obstante, la realidad es que solo 78.057 vehículos tenían la categoría 0 Emisiones; 545.702 la categoría ECO; 8.061.403 la categoría B y 7.997.274 la categoría C, mientras que 6.162.092 vehículos no tienen derecho a distintivo
ambiental y 1.872.370 son de categoría desconocida 79.
23. En consecuencia, la limitación para circular por determinadas zonas a determinados vehículos, según imponen los postulados de la religión climática, ha tenido como resultado también la existencia de una discriminación entre los
españoles que pueden adquirir vehículos menos contaminantes y más seguros y quienes no se los pueden permitir.
24. De los datos expuestos se deduce que la seguridad vial se ve seriamente comprometida por la antigüedad del parque de vehículos. Debido a que la antigüedad del parque guarda una relación directa con la siniestralidad de los vehículos
antiguos, España requiere un Plan Nacional Urgente de renovación del parque de vehículos de cualquier tipología (camiones, autobuses, furgonetas, automóvil y motos), enfocado en la seguridad vial, puesto que, hasta este momento, los planes para
renovación de vehículos han estado enfocados a planes para la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos en varias modalidades que solo ha traído consigo una gran desigualdad entre todos los españoles.
25. En definitiva, es preciso que el Gobierno de la Nación establezca un plan que de incentivos para la renovación del parque de vehículos que contribuya a impulsar la industria nacional de la automoción y toda su cadena de valor a fin de
evitar la accidentalidad y permita la reducción de la contaminación, pero sin poner en peligro, bajo ningún concepto, el empleo de los españoles.
26. Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
77 https://anfac.com/actualidad/la-crisis-economica-y-de-los-microchips-retrasa-la-recuperacion-de-las-matriculaciones/ [fecha de consulta: 18 de febrero de 2022].
78 Resolución de 13 de abril de 2016, de la Dirección General de Tráfico, por la que se modifica el apartado C.1 del punto primero y los anexos I, II y VIII de la de 8 de enero de 2016, por la que se establecen medidas especiales de
regulación del tráfico durante el año 2016.?'BOE' núm. 96, de 21 de abril de 2016, páginas 26896 a 26901
79 Ibíd., pág 103.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las medidas necesarias dirigidas a crear un Plan Nacional Urgente para la renovación del parque automovilístico español que permita a todos los españoles acceder a todo tipo de
vehículos e implique una verdadera mejora de la seguridad vial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Francisco José Alcaraz Martos, Julio Utrilla Cano, Víctor Manuel Sánchez del Real, Luis Gestoso de Miguel y Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Política Territorial
161/003917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para seguir promoviendo la descentralización institucional de la Administración
General del Estado para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Uno de los objetivos de este Gobierno es avanzar en cohesión social y territorial. La desconcentración de organismos públicos es una de las propuestas para profundizar y avanzar en ello. Es necesario desconcentrar para cohesionar porque
sin cohesión territorial no se consolidará la cohesión social.
La Administración General del Estado tiene un papel protagonista en la vertebración del territorio y a través de la desconcentración se pueden revitalizar áreas despobladas o en grave declive demográfico.
El 87 % de los Ayuntamientos de nuestro país tiene una población inferior a 5.000 habitantes, lo que determina la importancia de las zonas rurales en nuestra demografía y conlleva la necesidad de idear mecanismos de vida que no estén
exclusivamente vinculados a la movilidad a zonas urbanas, dando respuesta a los jóvenes al construir un modelo de España diferente, en la que, a la vez que se crece, se corrigen desigualdades y se crean oportunidades.
Un desarrollo equilibrado y competitivo, desde el punto de vista territorial, para que la recuperación económica llegue a los más jóvenes, hace necesario repartir a lo largo de nuestro país la actual concentración de organismos públicos del
Estado, trasladar el peso de la Administración y crear nuevas oportunidades en otros núcleos de población. La mejora de la presencia del Estado en el territorio genera oportunidades a diferentes ciudades, a otros municipios alejados de las ciudades
en las que se concentra la mayor presencia institucional del Estado, al mismo tiempo que permite avanzar en igualdad.
En el camino que ya ha iniciado este Gobierno de promover un cambio en el modelo productivo, se hace necesario hacer frente a la España vaciada, a través de la promoción de una sociedad abierta, mejorando las condiciones de vida de nuestros
ciudadanos, a través de una descentralización de las instituciones más allá de Madrid.
Tenemos el ejemplo de algunos pasos que ya se han dado, como son el Centro de Robótica e Inteligencia Artificial en Castilla La Mancha, el Centro nacional de fotografía en Soria, el Centro de innovación y tecnificación de alto rendimiento de
formación profesional en Segovia, el Centro de adiestramiento del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Cádiz o el Centro de mantenimiento y gestión de infraestructuras de RENFE en Teruel.
Es necesario, por tanto, aprovechar los fondos europeos desplegados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia propiciando que la recuperación justa llegue a todos los territorios de nuestro país. Los propios
Presupuestos Generales del Estado 2022 contemplan una partida de 4.200 millones para el Plan 130 Medidas frente al Reto Demográfico, aprobada en la última Conferencia de Presidentes, y que destina más de 10 mil millones de euros para el impulso de
la descentralización.
Resulta imprescindible incorporar nuevas oportunidades al ámbito rural a través de un modelo inspirado en una capilaridad de servicios en el territorio con cohesión y organización de diferentes Administraciones, entendiendo zonas rurales y
pequeños municipios como espacios de oportunidad capaces de generar actividad económica que aproveche los nuevos talentos.
Es el Estado, la propia Administración la que tiene que acercarse al ciudadano, y no el ciudadano el que se tiene que acercar al Estado.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar el papel de la Administración General del Estado en la vertebración territorial, con pleno respeto a las competencias autonómicas y locales, introduciendo las mejoras necesarias que permitan avanzar en cohesión social.
2. Seguir impulsando la desconcentración de organismos públicos estatales, para reforzar la cohesión territorial con la presencia del Estado en el territorio y mejorar la vida de las regiones que reciban las nuevas sedes.
3. Continuar avanzando en la ejecución del Plan 130 medidas ante el Reto Demográfico, entre las cuales se encuentra el impulso de la descentralización como fomento para la igualdad de oportunidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2022.-Josefa Andrés Barea, Antidio Fagúndez Campo, Ariagona González Pérez, Patxi López Álvarez, Gema López Somoza, José Losada Fernández, María Inmaculada Oria López, Esther Padilla Ruiz,
Raquel Pedraja Sáinz, José Luis Ramos Rodríguez, Herminio Rufino Sancho Íñiguez y Uxía Tizón Vázquez, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/001701
A la Mesa de la Comisión de Interior
Diputados doña Macarena Olona Choclán y don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoces Adjuntos y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados
del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Cuál ha sido la acción del Ministerio que dirige y qué medidas concretas se han adoptado y se pretenden adoptar para frenar la avalancha de inmigración ilegal que está sufriendo Melilla con la entrada
ilegal a España a través de Melilla los días 2 y 3 de marzo de dos mil veintidós de más de 700 inmigrantes y los miles que están esperando en la frontera de Marruecos con el mismo objetivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2022.-Macarena Olona Choclán, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
181/001702
A la Mesa de la Comisión de Interior
Diputados doña Macarena Olona Choclán y don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoces Adjuntos y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados
del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Directora General de la Guardia Civil
Texto:
¿Qué órdenes dio al Teniente Coronel Antonio Sierra sobre el asalto de inmigrantes ilegales que se estaba produciendo en la valla fronteriza de Melilla, mientras éste inauguraba en dicha ciudad unas jornadas sobre igualdad dirigidas a
miembros de la Guardia Civil el pasado 2 de marzo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2022.-Macarena Olona Choclán, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000798
Por escrito de fecha 30 de diciembre de 2021, se ha retirado la pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS) relativa a actuaciones previstas sobre la renovación integral de las instalaciones de la estación de
Herrera-Altza, situada en la ciudad de San Sebastián, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 232, de 3 de marzo de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
181/001681 y 181/001682
Por escrito de fecha 11 de marzo de 2022, se han retirado las siguientes preguntas formuladas por el Diputado don Jon Iñarritu García:
- Número de vehículos abandonados en los parkings de las estaciones de tren del Estado, así como procedimientos abiertos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/075313). (Núm. expte. 181/001681), publicada en el
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 415, de 10 de marzo de 2022.
- Número de vehículos abandonados en los parkings de los puertos del Estado, así como procedimientos que hay abiertos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/075314). (Núm. expte. 181/001682), publicada en el
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 415, de 10 de marzo de 2022.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
181/001703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña Mireia Borrás Pabón, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿Qué balance hace el Gobierno de la puesta en marcha de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en lo que afecta a las agencias de viaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Jose María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.
181/001704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña Mireia Borrás Pabón, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿En qué medida se estima que afectará al sector turístico español y a su recuperación el conflicto armado entre Rusia y Ucrania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Jose María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001700
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno ejecutar el proyecto del Río Badella a su paso por Bande, habida cuenta que el Convenio que firmaron la Confederación y el Ayuntamiento de Bande, finaliza en diciembre de 2022 y los terrenos están a
disposición de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil desde inicio del año 2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001699
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué actuaciones y soluciones ha puesto en marcha el Ministerio de Consumo para frenar y contrarrestar la escalada de la subida de los precios al consumo el último año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.